INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 6 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 6 de marzo de 2018 y que no fueron abordadas. (*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

2. Que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a destinar mayores recursos para fortalecer las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso (Umecas), a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a Pemex, se investigue y en su caso se ejercite la acción penal y/o administrativa por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos que corren por el estado de Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia y atienda los casos de homicidio doloso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a la Cuenta Pública 2016 que realizó la ASF al gobierno del estado de México, suscrito por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Concepción Villa González, Karen Hurtado Arana, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno que mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados cita al director general de Notimex, a una reunión de trabajo con legisladores, para que explique el uso tendencioso de la agencia de noticias del estado mexicano en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para iniciar los procedimientos administrativos y, en su caso, penales contra la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa delegacional en Tlalpan, por la comisión de diversas conductas presumiblemente constitutivas de delito en el caso del colegio Rébsamen, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a realizar una reasignación presupuestaria para fortalecer la labor de investigación y persecución de los delitos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el proceso electoral 2018, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a generar un programa que incluya a pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogas locales, para que en coordinación con los gobiernos locales, realicen campañas de prevención y elaboración de planes de emergencia con el fin de poder identificar zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia en caso de actividad sísmica, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, relativo a la instrumentación de un programa emergente de seguridad pública, que atienda de manera efectiva la violencia e inseguridad permanente que padecen los habitantes de la delegación Cuajimalpa, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a actualizar el portal Tus derechos laborales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco, a agilizar las investigaciones en torno a la desaparición forzada de tres nacionales italianos en la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a realizar los cambios pertinentes en las normas técnicas que regulan a la industria automotriz y sus prácticas en temas de seguridad y calidad con el fin de proteger a las familias y usuarios de autos en México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a esclarecer el destino de los recursos de programas sociales otorgados a personas fallecidas, no localizadas o de forma duplicada, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a garantizar la eficacia de los programas orientados a la mejora de la calidad educativa y al Inifed, a elaborar un diagnóstico nacional de necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas básicas y a ejercer, de forma transparente y apegada a derecho, el total de los recursos etiquetados para mejorar, rehabilitar o reconstruir la infraestructura educativa en el país y a esclarecer las responsabilidades derivadas de la aplicación irregular de recursos y contratos y, en su caso, a sancionar a los funcionarios involucrados, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

«Iniciativa que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social, creado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas de Madrid, España; menciona con certeza que la Economía Social es un vasto yacimiento de oportunidades que juega un papel decisivo en la recuperación económica de las naciones.

El potencial de las formas de organización social que componen el Sector Social de la Economía radica en la creación de empleos de calidad, proveyendo oportunidades a aquellos que encuentran mayores dificultades de inserción laboral. Constituyen, por tanto, un elemento clave de cohesión social que, dadas las circunstancias económicas, sociales y políticas actuales, es más necesaria que nunca.

De acuerdo con el informe del Parlamento Europeo de Asociaciones Sociales, la función económica de la Economía Social se revela como un sector formal particularmente eficaz en el desempeño de diversas funciones, entre las que destacan:

1. Distribución igualitaria de la riqueza: Las reglas de distribución de beneficios priman a las personas, al uso de los servicios y al factor trabajo por encima del capital;

2. Desarrollo económico local: Tienen mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio donde se generan, promoviendo procesos de acumulación y movilización a nivel local, crean y extienden una cultura emprendedora y un tejido empresarial, relacionan la generación y/o ampliación de actividades económicas relacionadas con las necesidades locales, mantienen actividades económicas con riesgo de desaparición, por lo que reactivan zonas rurales y espacios urbanos desagregados o zonas industriales en declive;

3. Autonomía de los territorios: Las decisiones en sus procesos económicos se quedan en la sociedad, frente a los propietarios del capital globalizado que suele ser foráneo;

4. Corrección de desequilibrios del mercado de trabajo: Corrige el paro, la inestabilidad en el empleo, la inempleabilidad y exclusión laboral, al mostrar una gran capacidad creativa en el mercado de trabajo, desarrollando nuevas concepciones del empleo, como el trabajo voluntario por horas o la creación de nuevas profesiones; muestran mayor capacidad que las empresas capitalistas tradicionales, además propician colaboraciones de innovación institucional;

5. Oferta de servicios de bienestar social: Presentan ventajas con relación al sector capitalista, relativas con la producción y distribución de servicios relacionados con las necesidades sociales, como servicios de atención a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, al cuidado de la infancia, servicios educativos, sanitarios o socioculturales;

6. Estabilización económica: Contribuyen a lograr un desarrollo económico sostenido y equilibrado, compatible con la seguridad económica de empresa y empleos, debido a que las empresas son propiedad de los trabajadores, por lo que no existen incentivos para cerrarlas y/o despedir a los trabajadores; y

7. Desarrollo sostenible: Fomenta un estilo de vida y de desarrollo respetuoso con el ser humano y con el medio ambiente, optando por la educación orientada al cambio cultural y de valores.

Por su parte, el informe del Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas reconoció la contribución de las formas de organización social a la promoción del empleo productivo; así como su capacidad para luchar a favor del desarrollo social. Afirma que las organizaciones del tercer sector facilitan el progreso económico y social de sus miembros mediante iniciativas de autoayuda y asistencia; adiciona que los beneficios y empleos generados permiten que sus integrantes alcancen la seguridad económica e impiden que millones de personas caigan en la pobreza, especialmente en las zonas remotas donde las iniciativas del sector público y del sector privado tienden a ser débiles o inexistentes.

Derivado de lo relevante de su función, diversos países, en su mayoría europeos, han adoptado medidas con el objeto de fomentar la Economía Social como un medio no sólo para sobrellevar las crisis económicas que padecen, sino como mecanismos para generar alternativas de mercado en atención a las necesidades sociales.

Para lograrlo, en la obra La economía social y la política económica, Chaves y Monzón mencionan que existe un amplio espectro de medidas de fomento o incentivo para las formas de organización social, entre otras, sugieren medidas institucionales, dirigidas a eliminar obstáculos jurídicos a través de la simplificación de trámites administrativos para su creación y funcionamiento, así como la revisión de la normatividad que las rige, con la intención de suprimir limitaciones innecesarias.

Además, mencionan medidas de carácter cognitivo, dirigidas a difundir, formar, investigar e innovar en este campo, a través de:

1. Promover sus principios y valores, a través de la formación y readaptación profesional;

2. Introducir referencias en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, facilitando el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa;

3. Medidas institucionales de inclusión explícita en diversas políticas públicas, en políticas activas de empleo y en las políticas de desarrollo social y rural; y

4. Inclusión de las empresas en las estrategias para la mejora de la productividad y de la competitividad empresarial.

Durante más de dos décadas, los Estados europeos han reconocido la capacidad de la economía social para corregir importantes desequilibrios sociales y económicos, así como para contribuir a lograr varios objetivos de interés general, por tanto, Fernando Valdés Dal-Ré en La representación institucional de la economía social: Una aproximación desde el derecho vigente y desde el derecho propuesto, considera que se debe asumir una batería de compromisos concretos que permitan comprender que se trata de un área indispensable para la consolidación de una sociedad desarrollada.

En concordancia con lo anterior, la publicación “Panorama de la investigación en economía social”, menciona cuáles son los objetivos de las políticas de promoción de la economía social para los poderes públicos, entre las que destacan:

1. Remover obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica, para lo cual se deberá atender a la simplificación de trámites administrativos;

2. Facilitar las diversas iniciativas de economía social;

3. Promover los principios y valores de la economía social;

4. Promocionar la formación y readaptación profesional;

5. Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa;

6. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales;

7. Involucrar a las entidades de economía social en las políticas activas de empleo, especialmente a favor de los grupos vulnerables;

8. Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas; y

9. Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo social, rural y laboral.

De manera análoga, la Recomendación sobre la promoción de las sociedades cooperativas (Recomendación 193), provista por la Organización Internacional del Trabajo, menciona que una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector de organizaciones sociales no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deben establecer una política y un marco jurídico favorable y compatible con su naturaleza y función, con miras a establecer un marco institucional que permita proceder a la constitución y operación de manera rápida, sencilla, económica y eficaz.

Continúa mencionando que la promoción debe considerarse como uno de los pilares del desarrollo económico y social, por lo que deben beneficiarse de condiciones conformes con la legislación y las prácticas nacionales que sean menos favorables que las que se concedan a otras formas de empresa y de organización social. Para ello, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas de apoyo que respondan a determinados objetivos de política social y pública.

En México, la importancia del fomento de la Economía Social es un tema poco discutido a pesar de tratarse de un mandato constitucional, por ejemplo, el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución dispone que “la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, por su parte, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 del propio ordenamiento dispone que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de fomento a las actividades de la economía social menciona que “la Secretaría (de Desarrollo Social) creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de organismos del sector y la participación en esquemas de financiamiento social”.

Como se desprende de lo anterior, para el gobierno federal y para el constituyente permanente, la promoción de la economía social se reduce a su inserción, casi siempre de manera declarativa, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la creación y operación de un programa de desarrollo social, sin que se estipule de manera concreta a través de qué acciones se atenderá este importante tópico.

Por ello, la presente iniciativa propone reivindicar la importancia al fomento de la economía social, a través de la inserción en la ley, de obligaciones legales a cargo del Estado, con la intención de facilitar la constitución y las funciones de las formas de organización social que componen el sector social de la economía, en beneficio de la economía nacional en general.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Único. Se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

Capítulo IIIDel fomento y financiamiento de los organismos del sector

Artículo 45 Bis. Corresponde a la secretaría, a las entidades federativas, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, la promoción de la Economía Social a través de la realización de, cuando menos, las siguientes actividades:

I. Crear procesos de simplificación administrativa para la constitución legal y operación de las formas de organización social contenidas en esta ley;

II. Promover los fines, principios y valores de la economía social y de las formas de organización social que la componen;

III. Promover la formación profesional en materia de economía social;

IV. Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a las formas de organización social;

V. Crear un entorno que favorezca el desarrollo de iniciativas económicas y sociales creadas por las formas de organización social;

VI. Involucrar a las formas de organización social en la elaboración de políticas públicas en materia de desarrollo social, desarrollo rural y de empleo; y

VII. Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de la educación básica impartida por el Estado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

«Iniciativa que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el texto Economía social y conceptos afines, publicado por José Luis Monzón, catedrático del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, las empresas y organizaciones situadas fuera del sector público y del sector privado, tienen hondas raíces en la historia de la humanidad, sin embargo, a partir del último tercio del siglo XX comenzaron a cobrar importancia y presencia en todo el mundo.

Las organizaciones del denominado “tercer sector” o “sector no lucrativo” por su definición en inglés, adoptan diversas formas y estatutos jurídicos para su constitución y funcionamiento, aunque todas ellas se amparan bajo un nombre que les es común, el de “economía social”, cuya característica principal es la primacía de la persona y del objeto social, por encima del capital.

La economía social ha sido un concepto promovido por sus propios protagonistas, ha sido empleado como un mecanismo que busca resolver necesidades comunes de determinados colectivos sociales, constituye una respuesta de autoayuda de los grupos sociales vulnerables, indefensos y desprotegidos, ante las negativas condiciones de vida generadas por la evolución del capitalismo.

La delimitación conceptual más reciente fue formulada al seno de la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, a través de la Carta de Principios de la Economía Social, donde se establecieron los siete principios que la fundan: 1. Primacía de las personas por encima del capital; 2. Adhesión voluntaria; 3. Control democrático; 4. Conjunción de los intereses de los integrantes y del interés general; 5. Defensa de la solidaridad y responsabilidad; 6. Autonomía de gestión; y 7. Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los miembros y del interés general.

El fuerte impulso de la economía social ha logrado que en la actualidad haya más de 240 mil sociedades cooperativas sólo en Europa, que proporcionaban empleo directo a más de 4 millones de personas, teniendo presencia en todas las actividades económicas, como la agricultura, la intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda, la industria, la construcción y los servicios.

En Alemania, cerca de 20 millones de personas forman parte de una sociedad cooperativa, en Japón, 1 de cada 3 familias llevan a cabo actividades propias de la Economía Social, en India, más de 239 millones de personas forman parte de las actividades realizadas por sociedades cooperativas.

En América es notoria su presencia e importancia. En Uruguay hay más de mil 200 sociedades cooperativas, que producen 90 por ciento de la leche y 34 de la miel consumida en el país; en Honduras, el sector social de la economía participa con cerca de 20 por ciento del producto interno bruto; en Argentina hay más de 17 mil 900 sociedades cooperativas, con más de 9 millones de socios; en Brasil, las sociedades cooperativas son responsables de cerca de 72 por ciento de la producción de trigo, 43 de la soya, 38 del algodón y 21 del café.

Lo anterior ha sido motivado en gran medida gracias al reconocimiento legal de la existencia y, sobre todo, de la importancia de la Economía Social, por ejemplo, en Francia, en julio de 2014, entró en vigor la Ley sobre la Economía Social y Solidaria y, en general, en Europa, diversos países cuentan con legislación en la material, tal es el caso de España, Portugal y Bélgica.

En el continente americano, la creación de normativa en la materia es más añeja, por ejemplo, en Honduras, en 1984 se dictó la Ley del Sector Social de la Economía; en Colombia, en 1996 se decretó la Ley que regula la Economía Solidaria; en Ecuador, en 2011 entró en vigor la Ley Orgánica de la Economía Social y Solidaria. En el caso particular de México, desde 1998 se discutió la necesidad de reglamentar el apartado específico del Artículo 25 de la Constitución, lo que se cristalizó hasta el día 23 de mayo de 2012, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía.

A la fecha, la ley mexicana ha tenido tres modificaciones, las dos primeras se publicaron los días 24 de enero y 11 de junio, ambos de 2013; asimismo, el 30 de diciembre de 2015, fue publicado el decreto por el que se reformaron diversos artículos, así como la denominación de la ley, en atención a la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin menospreciar la importancia que reviste la existencia de una ley en materia de economía social, es menester resaltar que ésta no hay cumplido, a pesar de la reforma de 2015, con los principios elementales de técnica legislativa, puesto que, como se aprecia, se trata de la Ley con la denominación más larga en el orden jurídico nacional, a pesar de que en la reforma más reciente, fue retomado el espíritu reglamentario en el propio cuerpo normativo de la ley; a saber:

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al sector social de la economía.

La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y de las Entidades Federativas, así como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

De lo anterior se desprende que, a pesar de estar dispuesto en el primer Artículo de la Ley, la naturaleza de la misma continúa descrita en su denominación; lo que representa una afrenta que desde la redacción de la Ley debió preverse.

Las leyes deben ser entendidas como el conjunto de normas emanadas de la autoridad legislativa, por tanto, son el producto final de un proceso que tiene su origen en una demanda social y en el que se interrelacionan dos funciones básicas, la política y la técnica legislativa.

Respecto a la técnica legislativa, ésta debe comprenderse como parte fundamental del derecho parlamentario, tiene como objeto el estudio y conocimiento de los procesos a seguir para la elaboración y adecuada redacción, reforma o enmienda de las leyes. Para tales efectos, la redacción de los textos normativos debe caracterizarse por la concisión, precisión y claridad, a fin de asegurar certeza en su aplicación.

El estilo normativo debe ser el más preciso posible, sin embargo, en nuestro país suele ser ambiguo, dada la falta de profesionalización de quienes elaboran los cuerpos normativos. En el caso que nos ocupa, no se aprecia la aplicación de términos técnicos incomprensibles, sino deficiencias en la redacción de la denominación legislativa, que genera una Ley con un nombre extenso, repetitivo y por ende innecesario.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado A, que cuenta con una denominación sobria donde se cumplen los requisitos de técnica legislativa; y por el otro lado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que en su propia denominación estatuye que es reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

Como se aprecia, la legislación nacional no es creada con los mismos criterios o parámetros establecidos por la teoría de la legislación. Sin embargo, es menester atender tales criterios, en aras de crear normatividad que provea certeza y cumpla las más elementales formas de redacción y de creación.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía

Único. Se reformala denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue:

Ley Federal de Economía Social y Solidaria

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las referencias que en los ordenamientos se hagan a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, se entenderán hechas a la Ley Federal de Economía Social y Solidaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

I. Planteamiento del problema

La participación y representación de la ciudadanía en la vida pública son factores que dentro de las sociedades contemporáneas han evolucionado. Ya sea desde la forma en que la sociedad se posiciona ante los poderes públicos, la formulación de demandas o en la búsqueda de nuevos canales de interlocución, cualquiera de ellos, mecanismo que garanticen un nivel de injerencia o representación.

En diversos periodos históricos de México se ha buscado una participación más activa y efectiva en la toma de decisiones que afectan la vida de la colectividad, lo que ha permitido robustecer la vida democrática, misma que demanda perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana, incluso en el ejercicio de la representación vía legisladores.

Si bien es cierto que dicha tarea ha arrojado resultados favorables con las tantas expresiones de participación como las consultas públicas, las iniciativas ciudadanas, los presupuestos participativos y los órganos públicos de transparencia y acceso a la información, también lo es que se trata de una tarea continua que se debe circunscribir al principio de progresividad en materia de derechos humanos a efecto de garantizar y maximizar los derechos político de la sociedad.

Desde 2002, con la promulgación de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado Mexicano sentó las bases para hacer asequible la información sobre las actividades de los poderes públicos, de las autoridades y de otros entes obligados. Transparentar significó someter al escrutinio ciudadano a estos actores políticos pero no necesariamente incidir en sus razonamientos, administración y toma de decisiones que afectan al conjunto social.

Bajo esta nueva visión, el poder legislativo no es la excepción. El proceso para la generación de leyes que incumbe a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, y de las Legislaturas locales, no es aún un espacio abierto; en ellos el papel de la ciudadanía se limita a una figura fiscalizadora. En el mejor de los escenarios, se cuenta con la “iniciativa ciudadana”, misma que se limita a determinados tópicos, que no involucran, por ejemplo, el ejercicio de los recursos públicos en la Ley de Ingresos o modificaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante este escenario, la ciudadanía ha buscado la construcción de un Poder Legislativo incluyente, que permita no sólo el aforo de ideas de los representados, sino un verdadero espacio de injerencia, no para mermar el carácter natural y representativo del legislador, sino para robustecer su visión y generar niveles de legitimidad a los actos propios de ese poder, pues la tarea del legislador no implica por antonomasia contar con una visión especializada sobre la multiplicidad de temas a legislar; incluso las propias comisiones dictaminadoras con las que cuenta el Congreso de la Unión, mediante solicitudes poco claras y que demandan pericia en la materia, tienen la posibilidad de retroalimentarse de las opiniones de grupos de trabajo, sociedad civil y de la ciudadanía en general, pero no la obligación explicita de acatar esa tarea:

En ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.

II. Argumentos que sustentan la iniciativa

A) Transparencia y participación ciudadana

Los instrumentos de participación que permiten el acceso de la ciudadanía a la esfera pública, no siempre resultan claros, operativos y significativos. Lo anterior debido a que en la interacción, los participantes y los objetivos suelen delinearse de manera general. Sin embargo, persiste la univoca idea de que la participación ciudadana debe ceñirse a una actividad intencional y con capacidad real de transformación.

En nuestro país, se han consolidado mecanismos de participación ciudadana en diferentes ámbitos, desde las políticas públicas hasta el acceso a la información de carácter público.

En esta sinergia se encuentra el Poder Legislativo federal y de los estados. El Congreso de la Unión cuenta con estos instrumentos de participación. Ejemplo de ello son las sesiones públicas en el pleno; las transmisiones por internet y por el canal televisivo sobre el trabajo de las comisiones; la página de internet de ambas Cámaras y la difusión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Si bien es cierto que estas herramientas y accesos abonan a la participación de la ciudadanía, también lo es la esfera limitada sobre un control real que garantice la incidencia efectiva.

Canalizar e incentivar la participación de la sociedad no debe ajustarse únicamente a los medios tradicionales, sino englobar una serie de canales actuales, propios de una comunidad política con mayor acceso a la información, capaz de discernir las decisiones colectivas de la vida pública y en la búsqueda constante de transformación en la vida política del país:

...la revolución de la informática en sistemas de comunicación, digitalización, ordenadores electrónicos, ha creado nuevas expectativas de consumo para las sociedades, sobre todo en las concentraciones urbanas, originando transformaciones culturales que rompen con los esquemas tradicionales de las costumbres y de los valores e imponiendo otros parámetros en la economía, la política y la interacción social.

En concordancia, propiciar una mayor participación ciudadana en la labor legislativa implica la generación de mecanismos donde se consulten las iniciativas por un periodo de tiempo determinado, a efecto de brindarle a la ciudadanía un espacio de participación directa donde se puedan verter las distintas opiniones y se generen las acotaciones de dichos productos que la ciudadanía considere conveniente. Hacerlo implicará fortalecer los vínculos de la ciudadanía con el Poder Legislativo; legitimar las decisiones de los representantes a nombre de la colectividad; contar con un marco normativo más justo; contribuir a un estilo de vida democrático e; incidir en la recomposición de las instituciones y el tejido social.

B) Parlamento abierto

Dentro del empoderamiento ciudadano, a nivel internacional, se han propiciado distintas estrategias, políticas públicas y marcos jurídicos que dotan a la sociedad de un verdadero acceso en la vida pública, por canales directos, que no se limita únicamente a transparentar la información de carácter público. Ejemplo de ello son los diagnósticos, estudios e iniciativas orientadas a la formación de un “Parlamento Abierto” en nuestro país.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a través del Instituto Mexicano para la Competitividad, durante 2015, presentó el informe denominado Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México, acerca de los espacios de oportunidad para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales adoptaran las medidas necesarias a fin de concebir un Parlamento Abierto, mismo que tiene como objetivo:

...dotar a los ciudadanos de verdaderos instrumentos de supervisión, participación, difusión y monitoreo que favorezcan tres aspectos: 1) la transparencia parlamentaria; 2) propicien la generación de puentes entre representantes y representados, y 3) abonen a la consolidación democrática a partir del requerimiento a los 34 poderes legislativos del país (Sic, 32 legislaturas locales, Cámara de Diputados y Senadores) para que fortalezcan, transparenten y rindan cuentas sobre el uso de sus facultades constitucionales y legales.

Dicho informe insta a legislar en esa materia a partir de los resultados obtenidos en variables como participación ciudadana e información parlamentaria. En ese sentido, el estudio señala que únicamente 14.7 por ciento de las instituciones legislativas publica una lista de todos los documentos que recibe en el ejercicio de sus funciones; o que sólo 29.4 por ciento de las legislaturas, incluyendo el Congreso federal, explican el proceso legislativo a la ciudadanía en general.

Incluso, en las variables relacionadas con presupuesto y administración, que involucran el ejercicio de recursos públicos por órganos internos del poder legislativo como comisiones, comités, apoyo a grupos parlamentarios y personal, se observa que se conoce por parte de la ciudadanía 8.8 por ciento de la información relativa a los presupuestos aprobados y ejercidos por dichos órganos de apoyo.

El escenario donde se pretende maximizar la participación ciudadana y por ende los derechos políticos de la sociedad no es alentador. El Poder Legislativo federal y local no ha abonado en propiciar el empoderamiento ciudadano encaminado a la formación de un parlamento abierto; únicamente en esta materia, 3 por ciento de las legislaturas han generado iniciativas a favor de éste.

C) Tratados internaciones

Como sujeto de derecho internacional México ha firmado diversos instrumentos en materia de derechos humanos, en los que se ha comprometido a la garantía, promoción y protección de dichos derechos, en los que se encuentra la participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública.

Para asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones que impactan a la colectividad, se ha recurrido al control de convencionalidad, mediante el cual autoridades jurisdiccionales hacen valer los principios internacionales acordes a nuestro marco normativo, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, así como sus Protocolos Facultativos, respectivamente.

Aunado a ello, es de señalar que de 2013 a 2015 México e Indonesia presidieron la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, asumiendo el compromiso de propiciar las mejores circunstancias para la creación de un Parlamento Abierto en la que “...como cuerpo colegiado y a nivel individual, se rinde cuentas, se pone a disposición de la sociedad la información y se presenta de forma transparente, sencilla y accesible a la ciudadanía. Parlamento Abierto es aquel que utiliza las tecnologías de la información y comunicación...”

Asimismo, como parte de los esfuerzos institucionales para adoptar la agenda y los estándares internacionales en derechos humanos, el Senado de la República refrendó la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, en el marco del Comité de Garantía de Transparencia y Acceso a la información, donde se platean metas para cerrar la brecha entre gobernados y el propio poder legislativo.

La iniciativa que modifica y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene como objetivo la promoción fehaciente de los derechos humanos en términos de participación política, mediante la habilitación de una plataforma virtual que afore las opiniones, sugerencias u objeciones de la sociedad civil relativas a las iniciativas de ley, antes de generarse dictámenes y su posterior publicación; y que las comisiones dictaminadoras cuenten como un criterio de ponderación insoslayable la manifestación de la opinión de los ciudadanos.

Se plantea que la plataforma virtual sea administrada por Servicios Parlamentarios de ambas cámaras, a fin de crear un espacio que permita la interacción y toma de decisiones de la sociedad y los representantes populares de manera bidireccional, en el marco de principios preponderantes como el de máxima publicidad y legitimidad.

Por tanto, se propone reformar y adicionar los artículos 45, 49,109 y 139 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reformar y adicionar los artículos 85, 176 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

III. Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados

V. Ordenamiento a modificar

Se modificará reformando el numeral 1 y 4 del artículo 45, adicionando el segundo párrafo al inciso f) del numeral 6 también del artículo 45;se adiciona los numerales 8, 9 y 10 al mismo artículo; se adiciona el segundo, tercero y cuarto párrafo al inciso c) numeral 1 del artículo 49; se adiciona el inciso i), recorriendo el inciso h) al numeral 1, del artículo 109; se adiciona el segundo párrafo al artículo 139, todo relativo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se modificará adicionando el numeral 5 del artículo 77; se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XVI del artículo 85; se adiciona la fracción IV del numeral 1 del artículo 176; se adiciona el segundo párrafo al artículo 242, todo del Reglamento de la Cámara de Diputados.

VI. Texto normativo propuesto

Primero. Se modificará reformando el numeral 1 y 4 del artículo 45, adicionando el segundo párrafo al inciso f) del numeral 6 también del artículo 45;se adiciona los numerales 8, 9 y 10 al mismo artículo; se adiciona el segundo, tercero y cuarto párrafo al inciso c) numeral 1 del artículo 49; se adiciona el inciso i), recorriendo el inciso h) al numeral 1, del artículo 109; se adiciona un segundo párrafo al artículo 139, todos relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 45

1. Las comisiones, previamente a la emisión del dictamen, vigilarán que se hayan publicado en la página de internet creada al efecto, las iniciativas que reciban y que haya transcurrido el plazo para que las personas físicas o morales presenten sus comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias.

Los interesados podrán presentar sus comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la iniciativa, por escrito, utilizando la página de internet creada al efecto.

2. ...

3. ...

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis, mismo que incluirá las observaciones de las personas físicas o morales, vertidas en la plataforma que al efecto se disponga. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

5. ...

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a. ...

...

f. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El presidente de la comisión deberá garantizar que las iniciativas y los dictámenes, así como las observaciones realizadas por las personas físicas o morales que vayan a ser discutidos ante el Pleno hayan sido publicados en la página de internet con al menos cinco días hábiles de antelación al de la celebración de la sesión del pleno correspondiente y se distribuyan y entreguen en copia simple a todos los diputados con un mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que serán discutidos;

7. ...

8. Todo dictamen se elaborará con perspectiva de derechos humanos y estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cinco partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias recibidos a través de la página de Internet o en cualquier otra forma, siempre y cuando consten por escrito, los considerandos, con una clara y precisa referencia a los comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias recibidas y los puntos resolutivos. En caso de haber recibido comentarios en contra u objeciones a la iniciativa, el dictamen deberá fundar y motivar su sentido cuando, a pesar de dichos comentarios u objeciones, se pretenda aprobarla. Asimismo, deberán estar debidamente fundadas y motivadas, las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a la iniciativa y concluir el dictamen con proposiciones claras y sencillas que puedan ser objeto de votación.

9. Los comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias que se hayan recibido de las personas físicas o morales después de la publicación de la iniciativa, deberán ser analizados en el dictamen, refiriéndose a cada ellos de manera individual o agrupada, cuando por la naturaleza y el número de los mismos, esto sea posible, indicando claramente aquellos cuya inclusión sea procedente y la forma en que modifican la iniciativa.

10. Los considerandos deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables. Cuando las modificaciones se deban a comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias recibidos de las personas físicas o morales, se deberá hacer una clara referencia a los mismos.

Sección Segunda De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Artículo 49.

1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a)...

c) Servicios de las comisiones, que comprende los de: organización y asistencia a cada una de ellas a través de su Secretario Técnico; registro de los integrantes de las mismas; seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a comisiones; y registro y elaboración del acta de sus reuniones;

Al efecto creará una página de internet para cada comisión o una sección en la página actual, destinada exclusivamente para la publicación de las iniciativas, la recepción de comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias de las personas físicas o morales a las mismas, la publicación de los proyectos de dictámenes que se presentarán a las comisiones correspondientes y los dictámenes aprobados por las comisiones que se someterán a votación en el pleno;

4. En relación con el inciso anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios deberá publicar en la página de internet creada al efecto, las iniciativas que reciban, dentro de los siete días hábiles siguientes a su recepción, para que en el término de quince días las comisiones encargadas de elaborar el dictamen cuenten con la información suficiente.

Únicamente podrán exceptuarse de su publicación previa las iniciativas que deban dictaminarse en un plazo menor para prevenir o detener una crisis sanitaria, económica o de seguridad pública, en estos casos la comisión o comisiones correspondientes deberán fundar y motivar dicha consideración en el cuerpo del dictamen.

Artículo 109.

1. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios tendrá las funciones siguientes:

...

h) Vigilar y garantizar el funcionamiento de las plataformas de internet en ambas cámaras referidas al artículo 49 de esta ley.

i) Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento, y de los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara.

Titulo QuintoDe la Difusión e Información de las Actividades del Congreso

Capítulo Único

Artículo 139.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan.

2. El Congreso promoverá la participación de los habitantes en el proceso legislativo a través de una plataforma de internet en cada cámara, donde se verterán los comentarios, observaciones, objeciones o sugerencias, dentro de los plazos establecidos en el artículo 45, numeral 5 inciso f) de esta ley.

Segundo. Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XVI del artículo 85; se adiciona la fracción IV del numeral 1 del artículo 176; se adiciona el segundo párrafo al artículo 242, todo del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 85.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar;

II. Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;

III. Fundamento legal para emitir dictamen;

IV. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la perspectiva de género, en su caso;

V. Antecedentes del procedimiento;

VI. Nombre del iniciador;

VII. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;

VIII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar; en su caso contar con las observaciones, objeciones o sugerencias que se hayan recibido realizando el análisis o ponderación de las mismas de manera sistemática

IX. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;

XI. Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan;

XII. En caso de dictamen positivo:

a) El proyecto de decreto;

b) La denominación del proyecto de ley o decreto;

c) El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y

d) Los artículos transitorios.

XIII. En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo,

XIV. En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las diputadas y de los diputados de la comisión o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma autógrafa, y

XV. Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba.

XVI. Contar con el desahogo de las observaciones de las personas físicas o morales, vertidas en la plataforma de internet que al efecto se disponga

Sección Décima SegundaProceso de Dictamen

Artículo 176.

1. En el proceso de dictamen la comisión:

I. Deberá definir el método de dictamen,

II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio, y

III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos.

IV. Deberá dictaminar observando las opiniones, sugerencias y objeciones de las personas físicas o morales dentro de su ponderación, en los términos señalados en la Ley.

...

Capítulo IIDe los instrumentos de difusión

Sección PrimeraServicios de Información en Internet

Artículo 242.

1. Los servicios de información en Internet de la Cámara son el medio por el que se da a conocer su estructura, composición, información legislativa, actividades y otros temas de interés general, así como las cuentas oficiales en las principales redes sociales, mismas que deberán encontrarse continuamente actualizadas y vigentes.

Dichos servicios contemplarán la plataforma de internet destinada a la recepción de las observaciones, sugerencias u objeciones de las personas físicas o morales, relativas a los dictámenes de las comisiones, de conformidad con lo establecido la Ley.”

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gamboa, Claudia. (2006). Democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. México: Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Disponible en internet:

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-17-06.pdf, página 56.

2 Juan López Serrano y Javier López Serrano (2009). “La participación política ciudadana; sus límites y controles institucionales en el caso mexicano”. En Estudios políticos(en línea), Volumen 9, número 16, UNAM, disponible en:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep, página 10.

3 Ibídem, página 19.

4 Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, página 15 disponible en internet:

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_DPA_ DocumentoCompleto_Diagnostico_de_Parlamento_Abierto_en_M%C3%A9xico.pdf

5 Ibídem, página 20

6 Ibídem, página 21

7 Ibídem, página 23

8 Ibídem, página 31

9 Open Government Partnership (2015). Alianza para el Parlamento Abierto en México. Una relación entre ciudadanos y representantes populares,disponible en internet en:

https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Alianza-para-el- Parlamento-Abierto.pdf, pág. 1.

10 Ibídem, página 2.

VIII. Lugar; IX. Fecha; X. Nombre y rúbrica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, el 27 de enero de 2018.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual solicitamos sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 8o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone queno se permitirá la posesión ni portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en la propia Ley.

No obstante, dicha prohibición, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2015 fueron iniciadas 15,353 averiguaciones previas por la portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, y en el 2016 se iniciaron 12,428 averiguaciones previas o carpetas de investigación. Tan sólo de enero a marzo de este año se han abierto 3,286 carpetas.

Según el cuarto informe de labores de la Procuraduría General de la República del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016 se aseguraron 166 armas de fuego, de las cuales 122 son largas y 44 son cortas. De las armas de fuego largas aseguradas predominaron los calibres 7.62, para armas conocidas como AK-47 y .223, para armas conocidas como AR-15. Del total de armas de fuego cortas aseguradas en el periodo mencionado, predominaron los calibres .9mm, .38mm y .22mm

Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone que:

“Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

a) Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.

b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223”, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30” en todos sus modelos.

d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta.

g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.

h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.

i) Bayonetas, sables y lanzas.

j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.

k) Aeronaves de guerra y su armamento.

l) Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.

En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley.”

Así pues, del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se advierte que para regular lo relativo a las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que ahí se enlistan, se atiende a la necesidad justificada de prohibir a los particulares la portación de dichos instrumentos, en atención a su potencialidad lesiva por lo que con la prohibición de esas conductas se busca proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes usan armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas.

Esta iniciativa se presenta con el objetivo de contribuir a salvaguardar la paz y tranquilidad de los habitantes de nuestro país, pues según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Principales Resultados (ENVIPE) 2016, de los 17.1 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma de fuego en 30.4 % de los casos.

Por lo cual debemos reconocer que, si no reformamos el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio puede generar una percepción de impunidad cuando se trata de delitos cometidos con armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.

Actualmente el artículo 19, párrafo segundo constitucional sólo prevé que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por lo que con la presente iniciativa se propone el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Lo anterior en virtud de que en el delito de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea los bienes jurídicos tutelados son la paz y la seguridad pública.

Tal y como se desprende de la parte in fine de la siguiente Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época

Registro: 2014336

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h

Materia(s): (Penal)

Tesis: 1a./J. 19/2017 (10a.)

Portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del mismo calibre, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Se actualiza un concurso ideal de delitos cuando se cometen de manera autónoma y simultánea.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el concurso ideal de delitos se caracteriza por la unidad delictiva, la cual atiende a la interdependencia entre los delitos de que se trate, esto es, que revelen elementos de conexión indisolubles o de dependencia recíproca, sin que ello se defina sólo a partir de los bienes jurídicos que tutelan, sino más bien con el análisis efectuado sobre si cada delito puede actualizarse en forma disociada o si presentan una relación de interdependencia. Consecuentemente, cuando se cometen autónoma y simultáneamente los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del mismo calibre, de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se actualiza un concurso ideal de delitos, porque ambos se ejecutan con una sola conducta, consistente en que el activo mantiene dentro de su rango de disponibilidad y acción los objetos materia de los ilícitos, con la cual se agotan concomitante e instantáneamente los elementos de los tipos penales; es decir, ese actuar se adecua a lo previsto en los artículos 83 y 83 Quat (sic) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se actualiza la unidad delictiva, pues se aprecia una interdependencia entre los dos delitos en cuestión, derivada de que los cartuchos son idóneos para reabastecer el arma y lograr con mayor eficacia la obtención del resultado formal, consistente en la inseguridad de la sociedad y la potencial afectación de otros bienes jurídicos, como la integridad física e incluso la vida; de ahí que existen elementos de conexión indisolubles, que revelan la dependencia recíproca entre los dos delitos, lo que genera una misma afectación a los bienes jurídicos tutelados, consistentes principalmente en la paz y la seguridad públicas.

Primera Sala

Contradicción de tesis 49/2016. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el Pleno del Decimoquinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 1 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés Rodríguez y Julio César Ramírez Carreón.

Criterios contendientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en los Mochis, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo directo 963/2014 (cuaderno auxiliar 854/2014), sostuvo que operan las reglas de concurso ideal de delitos previstas en el artículo 64, párrafo primero, del Código Penal Federal, cuando se cometen de manera simultánea los ilícitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, ello en virtud de que si bien, se actualizan diversos tipos penales, lo cierto es que existe una unidad delictiva que revela ser un acto de exteriorización de una conducta única, ya que por la forma de su comisión y el momento de su consumación, se trata de conductas que no pueden disociarse y que, además, impactan en la puesta en peligro del mismo bien jurídico tutelado, que es la seguridad jurídica.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 141/2015, consideró que existe un concurso real de delitos en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para la misma, de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales, para lo cual interpretó que no existe unidad delictiva, pues los ilícitos fueron acreditados de manera autónoma -porque el primer delito no subsumió al segundo-, no obstante que hayan sido cometidos en las mismas circunstancia de tiempo, modo, lugar y ocasión, y los delitos protejan el mismo bien jurídico tutelado.

Tesis de jurisprudencia 19/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Con la presente iniciativa se propone desincentivar la comisión del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, no sólo por su potencial lesividad sino también para promover el desarrollo armónico de la sociedad.

Por lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la portación, sin el permiso correspondiente, de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea,así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

...

...

...

...”

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/16/sin-tramitar-tema- portacion-armas

2 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/ regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2018.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA FORTALECER LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a destinar mayores recursos para fortalecer las unidades estatales de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado federal por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de justicia penal opera en todo el país desde junio de 2016, lo que permite proteger a las víctimas y respetar los derechos de los imputados.

Uno de sus principales beneficios es evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar. Para ello, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un amplio catálogo de medidas que pueden ser impuestas por los juzgadores, en pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados. Por ejemplo, en el lugar de la prisión preventiva, el Juez puede ordenar otras medidas cautelares como: exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país o de su localidad, entre otras.

Las Umecas cuentan con especialistas encargados de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso. Dicha información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juez de Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar.

Una vez que el Juez ha escuchado los argumentos de cada parte, decidirá si impone o no una medida y en caso de que decida hacerlo, las Umecas darán seguimiento y supervisarán el debido cumplimiento de esta, así como de las condiciones que se establezcan para la suspensión del proceso si es que se accede a esta salida alterna al proceso.

El modelo homologado determina las necesidades de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitación y reorganización institucional para el buen funcionamiento de estas. El modelo debe servir como referencia a las entidades federativas para fortalecer esta figura de vital importancia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio.

Las entidades federativas destinan recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso.

La correcta aplicación de las medidas cautelares, brinda certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reducen el uso de la prisión preventiva y en consecuencia, la disminución de costos procesales. Evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia mediante un mecanismo que facultan a la autoridad a determinar que dicha persona no representa un riesgo para la víctima y la sociedad.

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han dejado al descubierto la necesidad de invertir más en las Umecas, por ser uno de los eslabones más débiles del sistema penal acusatorio, en virtud de que se encargan de elaborar los informes de riesgo de los imputados para determinar la prisión preventiva, así como supervisar las medidas cautelares dictadas por el juez, y requieren mayor atención por parte de las entidades federativas.

Durante el Congreso Internacional Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno señaló que este año se invertirán 36.2 millones de pesos de recursos federales, del FASP, para fortalecer y consolidar las Umecas.

Entre las carencias que presentan la mayoría de las Umecas, son relativas al personal, recursos e infraestructura, así como falta de capacitación, equipamiento y nuevas tecnologías.

De acuerdo con el doctor en derecho Héctor Díaz Santana, quien laboró como director general de Coordinación Institucional de la Secretaría Técnica de Implementación de la Reforma Penal, se trata de una unidad clave, pues emite un dictamen técnico sobre el riesgo de una persona, que es un elemento prioritario para que el juez decida si debe permanecer en prisión.

Por ejemplo, con un dictamen de este tipo se podría establecer que una persona en poder de un arsenal conlleva mayor riesgo que un individuo con una pistola corta, y por lo tanto requiere una medida más severa, como puede ser la prisión.

Pero esa no es la única función de esta unidad. El artículo 177 del Código Nacional establece que ella es la responsable de vigilar el funcionamiento de las medidas cautelares y, si el caso lo amerita, solicitar que dichas medidas sean fortalecidas o revocadas. Incluso puede revisar la localización de la persona procesada, ya sea con visitas o entrevista sorpresas, o con el monitoreo de los brazaletes si es el caso.

Las Umecas también puede ordenar, cuando así lo determine, pruebas físicas en las personas que tengan una medida cautelar, para ver si han ingerido alcohol o drogas. A su vez puede vigilar que las autoridades responsables de aplicar una medida cautelar, como por ejemplo la policía de la PGR, estén cumpliendo con la aplicación correcta de estas.

Claro que, para ello se necesita que la unidad funcione y tenga personal humano que lo lleve a cabo.

En palabras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en 1 de cada 3 casos las Umecas no están realizando la función porque no tienen equipamiento, no tienen personal para poder llevar a cabo las tareas; también habría que señalar que en 1 de cada 3 casos los imputados no cumplen con la medida cautelar impuesta”.

De acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 32 entidades federativas sólo 3 (Querétaro, Morelos y Guanajuato) cuentan con Umecas en condiciones intermedias u óptimas. Del resto de las entidades, 22 tienen unidades, pero con profundas debilidades y carencias; en 4 operan Umecas en condiciones mínimas; y 3 estados no cuentan con su Umeca, por lo que improvisan la función.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a destinar mayores recursos para fortalecer las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) y dar cumplimiento cabal a las atribuciones que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Palacio Legislativo, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Víctor Giorgana Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INVESTIGUE Y SE EJERCITE, EN SU CASO, ACCIÓN PENAL Y/O ADMINISTRATIVA POR LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN DUCTOS DE MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR y a Pemex a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal, administrativa o ambas por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos que corren por Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El robo de hidrocarburos se lleva a cabo a través de las llamadas tomas clandestinas que no son otra cosa que la sustracción no permitida de hidrocarburos directamente de los ductos que las transportan; por lo regular se usan válvulas de paso que desvían la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier derivado hacia contenedores que después se comercializan ilegalmente. Este proceso se le conoce también como “ordeña”, la cual es una forma coloquial de referirse al creciente robo de combustible que se produce en México.

De acuerdo con información de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, en todo el país, en el año del 2017, se dio cuenta con más de 5 mil 75 tomas clandestinas de combustibles.

• De 2010 a junio del 2017 las tomas clandestinas en los ductos de Pemex pasaron de 691 a 5,075;

• El robo de combustible por la delincuencia organizada asciende a 21 mil millones de dólares cada año;

• En promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer combustible de manera ilegal;

• La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos de Pemex Refinación;

Existen, únicamente 23 Entidades Federativas de la República que son llamados petroleros, de los cuales, el Estado de Morelos está en el lugar noveno de las Entidades con mayor número de tomas clandestinas.

Las Entidades Federativas con mayor número de tomas clandestinas en junio del 2017, son Guanajuato con 991; Puebla con 669; Tamaulipas con 619; Veracruz con 543; el estado de México con 460. (Véase cuadro número 1)

2. Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes maneras. El ser humano moderno ha modificado el entorno que lo rodea, moldeándolo con el objeto de adaptarlo a sus necesidades; este proceso ha acarreado consecuencias no deseadas, entre las que se encuentra la grave contaminación del medio natural. Accidental o conscientemente, se han arrojado a la biosfera millones de toneladas de agentes contaminantes. Los detergentes utilizados para el lavado de las prendas textiles, por ejemplo, han desencadenado la aparición de espumas cargadas de fosfatos en los medios acuáticos. Los desechos químicos y derrames de petróleo han contaminado las aguas y matado cientos de especies, originando, asimismo, la proliferación desproporcionada de otras y provocando, de este modo, un desequilibrio ecológico.

El resultado del análisis hecho por los técnicos industriales detectó varios agentes contaminantes que tienen su origen en las aguas usadas, entre los que se encuentran materias orgánicas biodegradables (entre otras: grasas, combustibles, y ciertos detergentes).

Una posibilidad bastante usada es categorizarlos en ocho grupos:

1. Microorganismos patógenos.

2. Desechos orgánicos.

3. Sustancias químicas inorgánicas.

4. Nutrientes vegetales inorgánicos.

5. Compuestos orgánicos.

6. Sedimentos y materiales suspendidos.

7. Sustancias radiactivas.

8. Contaminación térmica.

3. En el municipio de Cuernavaca del estado de Morelos, existe el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC), quien confirmó que el 27 de julio del año en curso, se detectó la presencia de derrame de combustible en los pozos Noria 1, Noria 2 y Jardines de Ahuatepec, en la localidad de Ocotepec, del mismo municipio.

El director general del SAPAC, informó, que en coordinación con Protección Civil (PC) municipal, se descubrió la presencia de un olor a gasolina en el agua.

Aproximadamente, a setenta metros de los pozos se localizó un derrame del combustible, producto de una toma clandestina, que, por gravedad, se escurrió hacia el acuífero contaminándolo.

Al realizar los estudios respectivos sobre reactivos de laboratorio por parte de SAPAC, se detectó la presencia de compuestos orgánicos en el agua.

Por ello, solicito atentamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turne al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el e xhorto al Procurador General de la Republica, al director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos, así como al procurador federal de Protección al Ambiente, con base en la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Petróleo Mexicanos, se investigue y en su caso se ejercite la acción penal y/o administrativa por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos que corren por el estado de Morelos.

Segundo.El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que investigue la contaminación de los pozos de agua potable por residuos de hidrocarburos en el estado de Morelos, en especial los ubicados en el municipio de Cuernavaca.

Notas

1 Pemex,

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/ tomas-clandestinas.aspx

2 Mare Mundi, publicaciones:

http://www.maremundi.com/contaminacion.asp?pg=1&id=3

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE OAXACA A REFORZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DESDE EL ÁMBITO CIVIL, ANTE EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan contingente ante el incremento de la violencia, y atender los casos de homicidio doloso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que seexhorta al gobierno del estado de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Consideraciones

En Oaxaca se genera un grave incremento de la violencia, destacando los siguientes hechos:

1) El pasado 14 de febrero de 2018, en la comunidad de San Juan Lachigalla perteneciente a Ejutla de Crespo, un comando armado de 10 hombres irrumpió aproximadamente a la 1:30 horas en la explanada de dicha comunidad durante la celebración de un baile popular dejando varias personas muertas y lesionadas, por los impactos de bala de alto calibre.

2) El 31 de enero de 2018 el conocido médico cirujano José Larumbe Mendoza fue asesinado por proyectiles de arma de fuego a las afueras de su domicilio, a unas cuadras del Hospital Civil de la capital oaxaqueña, por un grupo armado.

3) La noche del 23 de febrero de 2018 se reportó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera y un cuerpo desmembrado en las inmediaciones de la agencia municipal de 5 señores de la capital oaxaqueña.

Junto a la hielera los autores del crimen dejaron un narcomensaje en una cartulina naranja en la cual se advierte a 5 personas en particular y a la población en general sobre un grupo delictivo que viene a “poner orden” en Oaxaca.

4) El día 27 de febrero de 2018 el empresario Francisco Silva Cancino fue asesinado en el interior de su domicilio en Oaxaca de Juárez por supuestos asaltantes, los cuales accionaron armas de fuego en contra del empresario, para darse a la fuga.

5) Tan sólo durante el mes de febrero han ocurrido dos graves homicidios en Tuxtepec, municipio colindante con el estado de Veracruz, mientras que en el municipio de Matías Romero asesinaron al policía Gabriel Vera Melchor durante una persecución, y en Santa María Tonameca fue hallado un el cadáver de un individuo en una bolsa negra, con varios impactos de bala.

6) La cifra de homicidios dolosos alcanza niveles alarmantes. En 2017 se denunciaron 1,894 casos lo que equivale a 158 homicidios en promedio.

7) El Fiscal General del Estado de Oaxaca ha declarado que la violencia está controlada en la entidad, pero los hechos y el número de homicidios dolosos muestran una realidad muy diferente.

8) Organizaciones como a Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través del Centro Empresarial de Oaxaca, han exigido al Gobierno del Estado de Oaxaca, conocer las acciones que implementará, los tiempos de ejecución y los resultados esperados sobre los índices delictivos. Existe una preocupación generalizada por parte de la sociedad en cuanto al incremento de violencia.

De esta manera los oaxaqueños experimentan un estado de inseguridad por los constantes asesinatos, levantones y la aparición de cuerpos desmembrados en la vía pública, lo cual se está convirtiendo en un hecho cotidiano, lo cual es inaceptable.

9) La Encuesta Nacional de Victimación y Percepción sobre Seguridad Pública, estima que la mayoría de los oaxaqueños considera que su entorno es inseguro; esta percepción tiene fundamento en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo este conjunto de hechos hace necesario que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncie y demande acciones a la autoridad correspondiente, por lo cual se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a tomar medidas para disminuir la violencia en el estado y esclarecer los casos de homicidios dolosos, así como a presentar un plan de contingencia ante el incremento de la violencia.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia y atienda los casos de homicidios dolosos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA 2016 QUE REALIZÓ LA ASF AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la Cuenta Pública de 2016 que realizó la ASF al gobierno del estado de México, suscrita por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Concepción Villa González, Karen Hurtado Arana, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con los datos oficiales, durante los últimos 12 años, en el estado de México, los principales indicadores para medir el bienestar de la sociedad mexiquense han empeorado.

Según el “saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federales, municipios y sus organismos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al tercer trimestre de 2016, el estado de México aparece como la quinta entidad más endeudada a nivel nacional con un monto de 41 mil 778.8 millones de pesos.

En el 2005 la entidad tenía una deuda pública 31 mil 790.4 millones de pesos y al terminar el 2011 el adeudo ascendía a 39 mil 929.3 millones de pesos.

Hasta el primer trimestre de 2015, se mantuvo la deuda en esos números, sin embargo, durante 2016, la deuda se incrementó en más de 2 mil millones de pesos, y en el tercer trimestre de 2016 el adeudo ya era de 41 mil 778.7.

El estado de México no sólo es la quinta entidad más endeudada del país, también es una de las que registra los índices más altos de pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica, de acuerdo con su último informe que data de 2014, que el 46.6 por ciento de la población en el estado vive en situación de pobreza, es decir 8 millones 269 mil personas. Además, el 23.7 por ciento de los mexiquenses, cuatro millones más, son vulnerables por carencias sociales; y 9.3 por ciento (1 millón 554 mil) son vulnerables por el ingreso.

Las cifras agregan que más de 10 millones de mexiquenses no tienen acceso a seguridad social (60.6 por ciento); 3 millones 280 mil personas no cuentan con servicios de salud (19.7 por ciento); 2 millones 500 mil personas viven con rezago educativo (15.3 por ciento), y casi 4 millones carecen de calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

El estudio indica que de 2010 a 2014 la población en situación de pobreza se incrementó de 42.9 por ciento a 49.6 por ciento.

En el estado de México, la Población Económicamente Activa es de 7 millones 508 mil 735, según datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral del estado de México registran, al cuarto trimestre de 2016 y 362 mil 535 no tienen empleo.

De los habitantes empleados, 5 millones 121 mil 991 son asalariados; un millón 548 mil 558 trabajan por cuenta propia; 218 mil 582 son empleadores y 257 mil 060 no reciben un pago.

En cuanto al ingreso, un total de 2 millones 408 mil 416 recibe ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y 2 millones 844 mil 577 ganan entre 2 y 5 salarios mínimos.

Mientras, el grueso de la población ocupada tiene como grados de estudios: primaria, secundaria y media superior. Sólo un millón 385 mil 864 cuentan con el nivel Superior.

De acuerdo con el Semáforo Estatal del estado de México de la iniciativa México ¿Cómo vamos?, el crecimiento económico de la entidad al tercer trimestre de 2016 fue de 3.8 por ciento, por debajo de la meta anual de crecimiento de 4.5 por ciento. En cuanto a los empleos generados el semáforo está en rojo al cuarto trimestre de 2016, pues se crearon 58 mil 799 empleos acumulados, muy por debajo de la meta de 166 mil 600.

Con ocho auditorías hechas a fondos y transferencias federales para apoyos en educación, infraestructura y desarrollo, el estado de México ha causado un daño al erario por mil 551 millones 456 mil 316 pesos sólo en 2016.

De acuerdo con los informes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ese monto se compone por salarios excedentes, a trabajadores dados de baja o no localizados, de rendimientos y subejercicios no reintegrados a la Tesorería de la Federación, transferencias que no hizo la Secretaría de Finanzas estatal o que hizo a cuentas equivocadas, en “uniformes para eventos de orden social” y en “programas sociales” que el dinero en cuestión no contemplaba.

La ASF encontró fallas en el uso del dinero destinado a desarrollo regional, educación, infraestructura social y de seguridad pública.

Se auditó el 92.1 por ciento del total de recursos, es decir, 32 mil 518 millones 887 mil pesos.

Encontró que Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM), quien es el ente ejecutor del gasto, ejerció recursos por 3 mil 041 millones de pesos, quedando pendientes por ejercer 344 millones 360 mil pesos.

El gobierno del estado de México sólo pudo comprobar el uso de 169 millones 528 mil pesos, por lo que se presume un daño al erario federal por 174 millones 831 mil 813 pesos “por falta de aplicación”.

Al 31 de mayo de 2017, las cuentas bancarias del SEIEM generaron un rendimiento por 20 millones 017 mil pesos, pero no hay muestra ni pruebas de que se hayan aplicado de acuerdo a los fines y objetivos del fondo, por lo que, de no comprobar el uso, deberían ser reintegrados.

También realizó el pago de la nómina con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 6 mil 857 millones 137 mil pesos a personal adscrito a centros de trabajo, en categorías y puestos dedicados a la educación básica y formación de docentes.

De ahí, la SEP autorizó pagos con esos recursos por 14 millones 069 mil pesos a 54 trabajadores del “Departamento de Preparatoria Abierta Valle de Toluca y México” y de la “Dirección de Preparatoria Abierta”. Esas personas están tienen cargos no financiables

Por lo que respecta a 111 empleados recibieron pagos, autorizados por la SEP, cuando tenían licencia por comisión sindical. El daño al erario asciende a 3 millones 477 mil 440 pesos.

Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo también salió un pago por 1 millón 121 mil pesos a 5 trabajadores que citaban con seis plazas y estaban adscritos a seis centros de trabajo en el estado de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca “los cuales no son compatibles geográficamente”.

Detectó la Auditoría Superior de la Federación pagos de utensilios, comida, vestuarios y “uniformes para eventos de orden social” que no debían pagarse con ese dinero por 1 millón 224 mil 580 pesos.

De las participaciones federales a entidades federativas, al estado de México le fueron asignados 88 mil 553 millones 802 mil pesos.

En servicios personales, realizó 2 mil 600 pagos con estos recursos por 26 millones 107 mil pesos a 334 trabajadores con cargos no registrados en el Catalogo de Categorías y Puestos„ 10 mil 701 pagos que excedieron el sueldo tabular de 10 mil 492 trabajadores. De los cuales 45 millones 505 mil 958 y otros 10 mil 587 pagos con el dinero de las federaciones por 124 millones 739 mil pesos a mil 579 trabajadores que ya estaban registrados con baja.

Por lo que el estado de México ocasionó un daño al erario por mil 551 millones 456 mil 316 pesos.

Esta partida tuvo como presupuesto asignado al Gobierno del estado de México, mil 922 millones 388 mil pesos. A diciembre de 2016, se habían ejercido mil 061 millones.

La Secretaría de Finanzas no transfirió a la Universidad Autónoma del estado de México 747 mil 142 pesos más los intereses generados. No dio pruebas sobre lo hecho con ese dinero o su situación actual.

Detectó que 25 millones de pesos por una transfirió del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación a una cuenta llamada “nómina cheques FONE” por concepto de pago de la quincena tres del Ejercicio Fiscal 2017, que no se debieron hacer con el dinero de 2016.

El gobierno del estado de México recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), un total de 492 millones 292 mil pesos. A mayo de 2017, había ejercido 454 millones 135 mil, faltando por ejercer 38 millones 154 mil pesos más 7 millones 138 mil de rendimientos que no se han aplicado a los objetivos.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) transfirió los rendimientos financieros generados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades por 3 millones 757 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del Instituto que maneja otro tipo de recursos.

De su presupuesto total, a mayo de 2017, se habían ejercido el 97.4 por ciento. Quedaron sin ejercer 12 millones 814 mil pesos más los rendimientos generados por 5 millones 049 mil pesos que no fueron aplicados en tareas del fondo.

La Secretaría de Finanzas transfirió 748 mil 665 pesos a una cuenta bancaria que debió dar a la Comisión del Agua del estado de México. Esa secretaría tampoco tiene documentación que acredite que el dinero lo utilizó para el fin destinado. Además, de 2 millones 608 mil pesos no se encontró ninguna vinculación a compromisos y obligaciones de pago.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno del estado de México a que explique y haga pública el destino de los recursos egresados durante el ejercicio fiscal 2015 y 2016

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes por los recursos derivados por la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Cuenta Pública de 2016 y se conmine al Congreso del estado de México para que instruya al Órgano de Fiscalización Superior de aquella entidad para que audite, en lo que proceda, especialmente aquéllos en los que se encuentran involucrados recursos federalizados.

Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, haga públicas las acciones respecto de la auditoría al informe de la Cuenta Pública 2016, que involucran al gobierno del estado de México que no pudo comprobar y su probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputadas y diputado: Delfina Gómez Álvarez, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE CORROBORE QUE LAS EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN CON LAS QUE LAS AUTORIDADES MANTENGAN CONTRATOS, CUMPLAN CON EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a autoridades de los tres niveles de gobierno que mantienen contratos con empresas de subcontratación a corroborar que éstas cumplen el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El 28 de septiembre de 2012 se aprobó en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa enviada por el entonces presidente Felipe Calderón, la cual era de carácter urgente, ya que contenía reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas agregar los artículos del 15-A al 15-D sobre la regulación de la subcontratación ( outsourcing).

En 1980 el término outsourcingfue creado por la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. El principal país en utilizarlo es Estados Unidos, en el cual el gasto en prestaciones offshore triplica al de la totalidad de los países del continente europeos.

La definición de outsourcing es un término inglés que está compuesto por dos palabras “ out” que significa fuera y “ source”, cuyo significado es fuente u origen, es decir, se refiere a una fuente externa; es usada comúnmente en ámbito empresarial como subcontratación, externalización o tercerización. Es un proceso empleado por una empresa o compañía, la cual contrata a otra empresa u organización para que ésta desarrolle alguna actividad o cubra alguna área de la empresa contratante.

De acuerdo con varios autores, el objetivo de dicho proceso es el de encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la gestión empresarial. Sin embargo, en la práctica éste es un gran beneficio para las empresas, ya que al usar el outsourcingpara la contratación de personal, a pesar de arriesgarse a no fomentar la lealtad entre sus empleados, a estos también los perjudican, ya que no generan una antigüedad en el puesto, no ganan mayor experiencia debido a la rotación continua de personal, en muchas empresas no hay posibilidades de una mejora laboral, decrece la curva de aprendizaje, puede generar estancamiento profesional, además de considerarse fácilmente remplazables.

En nuestro país existen empresas de subcontratación dedicadas a la limpieza, seguridad, mantenimiento informático, asesoría legal, entre otras; estas empresas continuamente son contratadas por otras empresas, lo cual al estar regulado por la ley y es correcto, sin embargo, de manera continua se sabe de abusos y evasión de algunas obligaciones patronales; por ejemplo, existen empresas que subcontrataban al total de sus empleados, con la finalidad de evitar el reparto de utilidades y generar un ahorro de cargas sociales al implementar prácticas desleales ante el fisco, situaciones de despidos injustificados, entre otros.

El artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo menciona que:

“ La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última”.

A pesar de lo estipulado, existen empresas en las que no respetan los derechos de los trabajadores, a los cuales no se les proporciona el material, uniformes o prestaciones de ley y donde la empresa contratante no se hace responsable de ellos. Contrariamente a que en muchas ocasiones este tipo de actos son evidentes, dentro de la misma honorable Cámara de Diputados contamos con el servicio de una empresa de subcontratación de personal de intendencia, misma que por servir dentro del Palacio Legislativo creeríamos que cumplen con todas las disposiciones de ley, sin embargo, esto no sucede así. Un ejemplo de ello es cuando ordenan al personal de limpieza a barrer el agua de lluvia estancada en las calles aledañas al recinto, donde el personal lo hace en ocasiones descalzo para evitar mojar sus propios zapatos con los que trabajan el resto del día, esto ocasionado porque no se les proporcionan botas plásticas, y donde si ellos desean no mojarse, deben adquirir de manera propia su material de trabajo. Otro abuso cometido en este mismo edificio es el control absurdo a los insumos de limpieza, ya que el material es entregado por semana y en cantidades ridículas, mismas que deben hacer rendir para cumplir sus obligaciones, aunado a esto se les cobran comisiones para entregarles sus pagos, todo esto permitido ya que cada determinado tiempo la empresa cambia de nombre y de razón social sin entregar ningún finiquito o liquidación a los empleados, y donde mágicamente se adjudican los contratos constantemente, y a los empleados, en su mayoría personas de la tercera edad, no les queda más remedio que aceptar o quedarse sin trabajo; de igual forma se aplican de manera injusta descuentos dobles por retardos o faltas, cinco días de vacaciones al año incluyéndoles el día de descanso, entre otras cosas que pasan inadvertidas para las autoridades y para nosotros mismos.

Pues bien, para evitar todos los abusos arriba mencionados, las empresas contratantes, como lo menciona el artículo 15-C antes citado, tienen la obligación de cerciorarse periódicamente de que no se menoscaben los derechos de los trabajadores, es decir, contratar los servicios de empresas serias y profesionales, con experiencia y capacidad de no solo cumplir con lo que las empresas contratantes requieren, sino también con su personal para que estos a su vez proyecten un trabajo eficiente y profesional.

Considerandos

El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo menciona:

En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes:

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

Por lo antes mencionado se solicita a todas las instituciones de gobierno en cualquiera de sus ámbitos a que cumplan con los preceptos del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Notas

1 Sandoval, F. (2012). “Diputados aprueban Reforma Laboral privilegiando cúpulas sindicales”. Agosto 2, 2017, de Animal Político Sitio web:

http://www.animalpolitico.com/2012/09/aprueban-en-lo-general- la-reforma-laboral/

2 Almanza, M. & Archundia, E. (2015). El Outsourcing y la Planeación Fiscal en México. Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato.

3 Ídem.

4 Colegio de Contadores Públicos de México. (Mayo, 2013). Causa y efecto de la reforma laboral en eloutsourcing. Boletín de Investigación de la Comisión de Desarrollo Seguridad Social - Sur, número 2, 15.

5 Ídem.

6 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1970) Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumsplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE CITA AL DIRECTOR GENERAL DE NOTIMEX, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA QUE EXPLIQUE EL USO TENDENCIOSO DE LA AGENCIA DE NOTICIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados cita al director general de Notimex a reunión de trabajo para explicar el uso tendencioso de la agencia contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Por tratarse de una agencia de noticias e información del Estado mexicano, lo menos que se podría esperar es que Notimex ofreciera información alejada de cualquier tipo de tendencia editorial.

La definición orgánica de Notimex se encuentra en el artículo 1o. de su estatuto que se reproduce a continuación:

Artículo 1o. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado Mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial, en los términos de la Ley que lo crea y de este Estatuto Orgánico.

La independencia editorial a la que se refiere este precepto no conduce a sugerir que la agencia noticiosa del Estado tenga la atribución de estar al servicio de la política que se dicta desde la Presidencia de la República.

No obstante lo anterior, lo que se puede apreciar en términos de la cantidad de información difundida sobre los temas y asuntos que tienen como referencia al candidato de “Por México al Frente” a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, es de sugerirse que Notimex carece de imparcialidad y que está interviniendo de manera indebida en el proceso electoral de 2018.

Lo que se puede inferir es que Notimex está siendo utilizada como parte de la estrategia que se está orquestando desde Los Pinos para desacreditar al candidato de la coalición “Por México al Frente” y posicionar al candidato del PRI rumbo a las elecciones del mes de julio.

Debemos recordar que Notimex es fuente noticiosa primaria de mucha de la información que los medios concesionados difunden a la opinión pública.

En la forma en que Notimex está dando a conocer la información sobre los candidatos se percibe que tiene un objetivo tendencioso que lejos de abonar a los principios de oportunidad y veracidad de la información, se alejan de lo que en democracia debe haber en términos de un piso parejo para todos los contendientes.

Aquí los ejemplos de los últimos diez encabezados sobre Ricardo Anaya y José Antonio Meade para revisar las diferencias entre ellos al hacer una búsqueda dentro del portal de noticias de las últimas horas, previas a la inscripción del presente:

Ricardo Anaya:

José Antonio Meade:

Fuente: Notimex.

Como se puede observar en las dos tablas anteriores, además de que en temporalidad José Antonio Meade tiene una mayor cobertura, en materia de contenido y de encuadre o framing, los encabezados para uno y otro son completamente diferentes. Mientras que para Ricardo Anaya el 80% de las notas se observan con una valoración negativa en lo cualitativo, Meade no presenta una sola nota negativa.

Lo que se puede observar con estos ejemplos que pueden ser extendidos en temporalidad, es que Notimex está difundiendo noticias que marcan una tendencia cualitativa negativa para Ricardo Anaya y positiva para José Antonio Meade.

Notimex no es una agencia de noticias que parta de una concesión del Estado como lo son los canales y medios que tradicionalmente se conocen y reconocen por sus líneas editoriales. Notimex debe conducirse con la imparcialidad que le exigen las leyes y que demanda un Estado democrático como el mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita al director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel a una reunión de trabajo con legisladores, para que explique el uso tendencioso de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en contra del candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.

Nota

1 Se le conoce como framing o encuadre al proceso por el cual se influye en la percepción de individuos acerca de los significados atribuidos a ideas o conceptos. Un encuadre es un envoltorio o definición que alienta ciertas interpretaciones y desalienta otras. En: Rodelo, Frida V.; Muñiz, Carlos. Uso del análisis de conglomerados para la detección de encuadres noticiosos en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida. Comunicación y Sociedad, 2016. pp. 53-77.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2018.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y, EN SU CASO, PENALES CONTRA LA EX JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN RELACIONADOS CON EL CASO DEL COLEGIO RÉBSAMEN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, penales contra la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa delegacional en Tlalpan, por la comisión de conductas presumiblemente constitutivas de delito en el caso del colegio Rébsamen, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Evelyn Parra Álvarez, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 19 de septiembre, nuestro país fue cimbrado por un nuevo sismo de magnitudes y efectos catastróficos. Después de 32 años, se repetía la historia en nuestra capital, éramos víctimas de una nueva sacudida de la naturaleza y sus consiguientes efectos. Centenares de personas perdieron la vida, otros tantos más perdieron sus hogares y con ellos la mayoría de sus pertenencias.

El pueblo nuevamente salió a dar la cara, arremangándose la camisa y dejando a un lado las mochilas de las escuelas, decenas de hombres y mujeres de diferentes edades, grupos y estratos sociales; incluso personas que sólo transitaban por esos lugares, tomaron la iniciativa y sin medir peligro iniciaron el rescate y auxilio a personas atrapadas. Nuevamente la sociedad civil demostró a los diferentes niveles de gobierno que para apoyar es suficiente tener voluntad y capacidad de organizarse. No esperaron a que el gobierno encabezara estas acciones, pues pudo haber sido muy tarde para algunas de las personas que encontraron con vida o alcanzaron a poner a salvo.

Segunda. Sin lugar a dudas el colegio Rébsamen se convirtió en el símbolo más lamentable de este acontecimiento, ubicado en avenida de las Brujas y División del Norte, al sur de la ciudad, este edificio que albergaba estudiantes desde preescolar hasta secundaria, sufrió el colapso de la zona que el colegio destinó como salida de emergencia, donde se presume estaba también construida la casa de los propietarios del colegio. De modo que al intentar evacuar a los menores, éstos fueron conducidos a la zona más peligrosa, misma que al no soportar el movimiento telúrico, presumiblemente por omisiones al reglamento de construcción, terminó por ceder, cayendo sobre decenas de niños y trabajadores del plantel.

Tercera. Como es del dominio público, a partir de los sucesos, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, en ese momento jefa delegacional en Tlalpan, inició una serie de declaraciones con la finalidad de evadir su responsabilidad, pues en diferentes medios declaró que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) era la instancia responsable de entregar los usos de suelo, no la delegación. Sin embargo omite de manera flagrante la responsabilidad que tiene toda delegación de expedir permisos de construcción y el Programa Interno de Protección Civil.

Cuarta. La oficina de transparencia de la delegación Tlalpan, dependiente de la titular en ese momento la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, determinó que todo lo relacionado con los inmuebles dañados el 19 de septiembre era información “clasificada como restringida, en la modalidad de reservada”. Hasta el 15 de noviembre de 2017, la ex delegada había rechazado 51 solicitudes de información sobre los inmuebles dañados durante el sismo, de los cuales 22 eran relacionados con el colegio Rébsamen.

Quinta. El intento por ocultar la información que obra en manos de la delegación, y propiamente en manos de la ciudadana Sheinbaum Pardo como delegada en funciones al momento de los hechos, la llevó a clasificar como reservados estos documentos, actuando de mala fe y con dolo, obstruyendo las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes. Así como los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos involucrados y la persecución de los posibles delitos cometidos por omisión o acción.

Sexta. El pasado 16 de febrero del año en curso, se dio a conocer que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF) desclasificó los documentos y ordenó su difusión, muestra inequívoca de que la clasificación de los mismos fue sólo una estrategia de Sheinbaum Pardo para intentar ocultar responsabilidades.

Séptima. La irresponsabilidad de la exdelegada es señalada por particulares como un asunto grave, una de ellas es la manifestada por el abogado constitucionalista Mario Fernández, jurídico del Comité Ciudadano en Coyoacán, quien en un medio de circulación nacional cita “...Y una valoración del juez podría establecer causas de homicidio imprudencial. El hecho de que no se cumplieron las normas de construcción, aunque no exista una norma oficial mexicana, deriva en una responsabilidad civil administrativa, incluso en una pena y por eso me atrevo a decir que habría una pena de homicidio imprudencial”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones certifique el cabal cumplimiento de la ley para que sean sancionadas, en su caso, las faltas administrativas y probables conductas constitutivas de delito, cometidas por la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo en contra de las víctimas del colegio Rébsamen durante el sismo del pasado 19 de septiembre del año 2017, garantizando con ello el derecho de acceso a la justicia para todas y todos quienes habitamos en esta ciudad.

Fuentes

1. https://www.animalpolitico.com/2017/09/colegio-rebsamen-irregularidades-sismo/

2 https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/temblor-sismo-mexico/

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despues-del-sismo-viene- la-tormenta-para-el-Colegio-Rebsamen-20170925-0103.html

4 https://www.vanguardia.com.mx/sancionesaquienincumplalaleyde transparenciaximenapuente-2306954.html

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/abre-infodf-lo-que-sheinbaum- oculto-sobre-el-caso-rebsamen

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER LA LABOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2018

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar una reasignación presupuestaria para fortalecer la labor de investigación y persecución de actos ilícitos de la Fepade en los comicios de 2018, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El combate a los delitos, su persecución, la investigación así como el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado se encuentra garantizado por la Constitución y por múltiples tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

En este sentido el artículo 21 constitucional establece que el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos son tareas del Ministerio Público y que las policías actúan bajo su conducción y mando y a la letra señala:

“ Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”

Por su parte el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A) señala, entre otros puntos:

“ Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

VI. ...

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

......”

En este orden de ideas la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece:

“ Artículo 1. Esta ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución.”

“ Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley.”

Segundo. El contexto y las circunstancias sociales que predominan en nuestro país representan un desafío sin precedentes para los procesos electorales que tendrán lugar en 2018.

Mientras que pasado año 2017 se renovaron un total de 525 representantes de elección popular en cuatro entidades federativas: Nayarit, Coahuila, Veracruz y estado de México y extraordinarias en un municipio de Oaxaca y seis comunidades en Tlaxcala, el proceso electoral de 2018 se convertirá en el más grande y complejo de toda la historia democrática de nuestro país, en el que se incluyen la renovación total del Congreso de la Unión, del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 30 procesos electorales locales concurrentes, incluidos nueve gobernadores y se elegirán 3 mil 637 cargos a elección popular en un solo día de contienda.

En este sentido los próximos comicios presentan múltiples desafíos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y sus homólogos en las entidades federativas, así como para los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones a nivel local y federal.

Al interior de la República, fenómenos de violencia generalizada comprometen la seguridad de las elecciones mientras que la violencia focalizada apuesta por agudizar la desigualdad entre hombres y mujeres en el proceso democrático.

El estudio titulado Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018 publicado por el Senado de la República señala:

“Grupos clientelares se aprovechan de la desigualdad económica para condicionar votos por programas sociales financiados por fondos públicos, lo que la población más pobre termina por aceptar debido al alto valor que representa para ellos conservar sus programas sociales vigentes.

La condenable práctica de la compra y coacción del voto, y el condicionamiento de programas sociales se han convertido en los tipos penales más denunciados ante la fiscalía especializada.

Al presentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (la Encivica), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado que la corrupción (tres de cada cuatro mexicanos y mexicanas consideran que el país es corrupto), la impunidad (95 por ciento de los delitos no obtienen sentencia condenatoria); la desigualdad (1 por ciento de la población concentra 63 por ciento de la riqueza del país) y la discriminación son los problemas más graves que enfrenta México.

Las más graves conductas antidemocráticas que enfrentamos en nuestro país se manifiestan por la vía de la vulneración del estado de derecho, a partir de la violación a los principios constitucionales, las malas prácticas electorales y la comisión de delitos que afectan diversos bienes jurídicos tutelados por la sociedad, fundamentados en los propios valores de nuestra democracia, tales como la libertad del sufragio y la igualdad, pero además se extienden más allá y alcanzan a proteger distintos valores de la democracia participativa, como lo es la equidad en la contienda electoral.

En el sistema jurídico nacional se encuentran previstas conductas delictivas que lesionan el adecuado desarrollo de la función electoral y ponen en riesgo que la renovación de los cargos de elección popular sea efectuada en condiciones democráticas.

La comisión de prácticas que la ley tipifica como delitos electorales o como faltas administrativas, las cuales varían en razón de la gravedad de la falta, siendo los primeros las afectaciones más graves a los fines establecidos en la norma penal electoral. La compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, la alteración al registro federal de electores, el financiamiento prohibido por la ley, el acarreo de votantes, son conductas sancionadas por la norma penal electoral.

Este tipo de conductas deben ser investigadas por la Fepade y las fiscalías locales, quienes tienen a su cargo la labor de prevenir e investigar los hechos que la ley considera como delitos electorales que atentan contra la vida y valores democráticos de nuestro país, y la responsabilidad de ejercer la acción penal en contra de los responsables para que la autoridad judicial haga respetarlas reglas nacionales imponiendo sanciones en el marco de respeto a los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso.

Por ello, la carga y la responsabilidad, así como el nivel de exigencia a la autoridad, en ejercicio de su función penalizadora, debe ser mayor.”

Sin embargo, esta tarea parece muy difícil de cumplimentarse ante el escaso presupuesto que se tiene asignado al respecto.

Para el ejercicio fiscal de 2018, se aprobó únicamente un presupuesto de $161,739,355.00 (ciento sesenta y un millones setecientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Partida presupuestal que a su vez se subdivide en:

Recursos a todas luces insuficientes ante la magnitud de la contienda y el área de responsabilidad que deberá cubrir este órgano especializado.

Tercero. Por su parte los datos obtenidos de la más reciente Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinó que 53.2 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza en materia de ingresos.

Debemos reconocer que esta población es la más vulnerable de todas a sufrir cualquier clase de presión externa que condicione su intención de voto en los procesos electorales. Esta cifra oficial representa una seria condición social y económica que influye en el bienestar personal de la población, y quienes lo saben y no tienen escrúpulos lo usan para intimidar a la ciudadanía y obtener determinados resultados electorales en perjuicio de la democracia. Quienes lo hacen, buscan producir diversas conductas: el ejercicio del derecho de voto en determinado sentido, la abstención del ejercicio del derecho de voto y en otros casos el compromiso de no votar.

El condicionamiento de programas sociales al ejercicio libre del sufragio es una conducta delictiva y la magnitud de su riesgo se puede observar desde el más grande programa gubernamental de inclusión social en el país, como lo es Prospera, que cuenta con la mayor cobertura de todos los programas, con 27,730,875 (veintisiete millones setecientos treinta mil ochocientos setenta y cinco) personas de beneficiarios, de los cuales 15,702,571 (quince millones setecientos mil quinientos setenta y uno) son mayores de edad, ciudadanos y, por tanto, en riesgo potencial de ser víctimas de condicionamiento de programas sociales con fines electorales.

Hay que ser enfáticos en que, en un país de más de cincuenta millones de personas en condición de pobreza, los programas sociales no se detengan y deben llegar a sus beneficiarios. Pero precisamente para avanzar, es necesario dejar claro que los programas sociales son instrumentos para el ejercicio de derechos fundamentales, los derechos sociales o necesidades básicas de las personas, no son prebendas ni canonjías ni logros de partidos, gobiernos o candidatos.

Si bien esta conducta está tipificada como un delito, la estrategia a seguir por la Fepade para afrontar este enorme desafío es doble: preventiva y correctiva. En el primer punto, la parte de la prevención se aborda desde el programa de blindaje electoral, se llevan a cabo acciones para informar y prevenir tanto a servidores públicos como a la sociedad civil sobre este fenómeno en sesiones presenciales o remotas en todo el país y por medio de todos los canales de comunicación a nuestro alcance, informándoles a los primeros que esta conducta está prohibida evitando su comisión, y prevenir a los segundos de no ser amedrentados por nadie y que ejerzan su derecho al sufragio con plena convicción y libertad, sin presiones externas.

Cuarto. Cabe señalar que a principios de 2017, sólo 17 entidades federativas del país contaban con sus propias fiscalías electorales especializadas, una de ellas incluso con reconocimiento constitucional a nivel local, aunque sin autonomía técnica ni de gestión, mientas el resto de entidades federativas cuentan con alguna estrategia menos amplia para atender esta materia.

El resto de los estados han ofrecido diversas soluciones que van desde entidades federativas en donde solo un fiscal de la plantilla laboral de toda una fiscalía o procuraduría tiene que afrontar esta responsabilidad en todo el territorio de su estado, le siguen entidades en donde han apostado por asignar por turno a cualquier fiscal las indagatorias que por delitos electorales se presenten, sin asegurarse de que todos ellos cuenten con una preparación y especialización técnica previa en la materia electoral; para culminar, están aquellas entidades que han creado unidades especializadas —no fiscalías— con personal comisionado a la materia electoral que incluye personal sustantivo, como fiscales y personal de apoyo administrativo para el mejor desarrollo de sus funciones.

Con una plantilla de 278 personas adscritas a la Fepade en 2012, la fiscalía creció 18 por ciento al año 2017, para cerrar con 329 servidores públicos que forman parte de la institución, de los cuales 112 son fiscales federales. Si pensamos que la Fepade tiene en este momento 2 mil 883 carpetas de investigación y 2 mil 386 averiguaciones previas, esto implica más de 46 indagatorias por Ministerio Público.

El número de indagatorias en trámite por Ministerio Público en 2012 era de era 110.

La fiscalización de las campañas electorales será la verdadera prueba de fuego para el órgano electoral, debido a que el INE deberá fiscalizar 90 mil campañas electorales a más tardar 45 días después de la elección, con un personal de 500 servidores públicos. Sin embargo, a pesar de los candados legales, la posibilidad de que las campañas electorales reciban recursos de procedencia ilícita sigue abierta.

La función de fiscalización debe de dar un seguimiento muy estrecho al ejercicio del gasto por parte de los partidos políticos y candidatos para poder detectar la posible existencia de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, por lo que es deseable que esta labor se realice de manera coordinada con otras autoridades del Estado mexicano como podrían ser la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y, desde luego, con la propia Fepade.

Desde la perspectiva pública, la única manera de garantizar esta función de estado es a través de la asignación presupuestaria y dotación suficiente de recursos. Un presupuesto exiguo, casi paupérrimo, no es suficiente para cubrir con la responsabilidad constitucional y legal de este encargo institucional.

Por ello, es necesario prevenir que la insuficiencia presupuestal podría comprometer el ejercicio de las funciones de la Fepade en el proceso electoral de 2017-2018, lo que dañaría seriamente el proceso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una reasignación presupuestaria para para fortalecer la labor de investigación y persecución de los delitos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el proceso electoral de 2018.

Notas

1 Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018”

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/ article/download/432/406

2 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/ recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf

3 Presupuesto de Egresos de la Federación

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/17/r17_afpe.pdf

4 Desafíos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en las elecciones de 2017-2018”. Ob cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROGRAMA PARA QUE DIVERSOS TIPOS DE COMERCIANTES OBTENGAN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a generar un programa destinado a que pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos obtengan dispositivos electrónicos para recibir tarjetas de vales de despensa, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los vales de despensa son una prestación que algunas empresas utilizan para contrarrestar el descuento de impuestos, y como parte complementaria del sueldo de sus empleados. Para la empresa el dar vales y no dinero en efectivo, les genera un beneficio fiscal, ya que los vales no son gravables y la empresa puede deducir el 53 por ciento del gasto, beneficiando también al empleado, ya que recibe la cantidad íntegra en vales, sin que por esa cantidad les retengan impuestos, como sucede cuando pagan con efectivo y les descuentan el Impuesto sobre la renta (ISR).

El uso de vales de despensa está destinado única y exclusivamente a la compra de alimentos, artículos de la canasta básica y despensa en general; por lo que el gobierno decidió no gravar esta prestación, permitiendo que tanto las empresas como los empleados reciban los beneficios.

Sin embargo, los beneficios de los vales de despensa, están limitados y condicionados a comprar solo en establecimientos y comercios afiliados a los emisores de dichos vales. Dentro de estos comercios en su gran mayoría se encuentran: Diconsa, Waldos Mart, Bodega Aurrera, Sams, WalMart, Tiendas del ISSSTE, Costco, Superama, Gigante, Chedrui, Soriana, Comercial Mexicana, Extra, Super Bara, Woolworth, Del Sol, Fabricas de Francia, Suburbia, Liverpool, Famsa, Tiendas Natura, Farmacias Benavides, Farmacia el Fénix, Farmacias Guadalajara, Super G, Calmax, Six, Farmacias del Sol, Vips, Dominos Pizza, Carls Jr, Sanborns, Mega Comercial Mexicana, Toks, El Portón, Pollo Feliz, Subway, S-Mart, entre otros, en su mayoría tiendas de autoservicio, farmacias, algunos restaurantes y algunas tiendas de abarrotes.

En su mayoría los vales son aceptados por las grandes cadenas de autoservicios, dejando en desventaja a las tiendas de abarrotes, locatarios de mercados y pequeños comerciantes.

Los mercados constituyen las principales fuentes de abastecimiento en los barrios, colonias y lugares cercanos a ellos. Solamente en la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, distribuidos en sus 16 delegaciones.

Por años los mercados se han distinguido por ser sitios en los que se pueden adquirir artículos de primera necesidad a precios accesibles, además de ser el sustento de miles de pequeños comerciantes, en nuestro país.

Fortalecer los mercados y apoyar a los pequeños comerciantes es una tarea que económicamente favorecerá a miles de personas, ya que no solo permitirá que los pequeños comerciantes incrementen sus ventas, sino que también le permitirá al consumidor adquirir productos frescos y de buena calidad.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se realice una campaña para incluir a los locatarios de mercados y pequeños comerciantes de productos perecederos y no perecederos, como comercios, a que puedan contar con dispositivos electrónicos, para la recepción de tarjetas de vales de despensa y de esta manera dar oportunidad a que los consumidores a que tengan la opción de hacer su despensa en mercados y no solo con las grandes compañías de autoservicio.

Los tiempos en los que estamos nos indican que debemos apoyar la economía nacional e incrementar el consumo no solo de los productos nacionales, sino también de los comerciantes locales, aquellos que poseen los clásicos negocios en las esquinas o en los mercados, y que también necesitan oportunidades para crecer e incrementar su productividad.

Considerandos

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 27, fracción XI en su primer párrafo menciona que las prestaciones que se otorguen de manera general a todos los trabajadores, podrán ser deducibles de impuesto y especifica que cuando se trate de vales de despensa, tendrán que ser entregados a través de monederos electrónicos, previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

La Miscelánea fiscal 2015, define el concepto de vales de despensa, mencionando en el punto 3.3.1.16 que “se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia... no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.”

Entre las obligaciones con las que cuenta el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa tenemos en el punto 3.3.1.20. numeral V de la Miscelánea Fiscal 2015, que los emisores tendrán que “afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa...”; al mismo tiempo deberán publicar en su página de Internet una lista de los comercios afiliados y mantener esta lista actualizada.

Por lo antes mencionado, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.

Notas

1 “3 preguntas que se repiten sobre beneficios de vales de despensa”. Edenred. 23 de julio de 2015.

http://blog.edenred.mx/tres-preguntas-beneficios-de-vales- de-despensa#sthash.ZbYblDSu.dpuf

2 “Directorio Nacional de Establecimientos Afiliados a Vale Papel Despensa”. Si vale. file:///C:/Users/PC/Downloads/valenacional por ciento20(1).pdf

3 “Ley del Impuesto Sobre la Renta”.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

4 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712 &fecha=30/12/2014

5 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712 &fecha=30/12/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

SE REALICEN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA CON EL FIN DE IDENTIFICAR ZONAS DE SEGURIDAD, RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogas locales a realizar con los gobiernos respectivos campañas de prevención y elaboración de planes de urgencia para identificar zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas en caso de actividad sísmica, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguiente:

Considerandos

La protección civil en el país ha constituido una de las prioridades para el Estado, a fin de impulsar una transición efectiva de las acciones reactivas que se realizaban anteriormente a una cultura de la prevención que permita una mayor eficacia en el ejercicio de los recursos destinados para la protección de la sociedad en materia de desastres.

La protección civil surge en el país a raíz del sismo de 1985 cuando miles de personas quedaron en los escombros y muchas de ellas murieron bajo los mismos, pues no pudieron ser rescatadas. Antes de lo ocurrido en 1985 las labores de rescate, resguardo y auxilio de la población estaban bajo el cargo del Ejercito mexicano, sin embargo los sismos presentados en ese año evidenciaron la necesidad de crear una institución que se encargara de organizar actividades de carácter preventivo y sobre todo de organización social ante posibles desastres naturales o contingencias antropogénicas.

La república mexicana, por su ubicación geográfica, por su ritmo de desarrollo y su gran actividad industrial está expuesta a todos los fenómenos perturbadores, hecho que [...] obliga a tomar las previsiones necesarias.

Dentro de sus principales objetivos se encuentra el dotar a la sociedad de todos los elementos que le permitan hacer frente, con eficiencia y eficacia, a los fenómenos naturales, antes, durante y después de que ocurran; además de apoyar a la población que habita en zonas vulnerables ante desastres naturales o situaciones de carácter antrópico; coordinar las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia y; apoyar en los programas de reconstrucción una vez pasada la situación de emergencia.

En el país, la actividad sísmica es permanente. De acuerdo con la doctora Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, los sismos y sus réplicas no son predecibles e incluso no se puede saber dónde, ni cuándo, ni de qué magnitud van a ocurrir, por lo que estar preparados ante algún movimiento telúrico es una labor de todos.

Uno de los aspectos que han evidenciado los últimos cuatro sismos de 6 a 8.2 grados es la falta de cultura de la prevención y planes de emergencia en los hogares, empresas, centros comerciales, pues en muchos de estos sitios no conocen los protocolos a seguir en caso de un sismo o incendio. Muchas personas no conocen las rutas de evacuación, no saben cuáles son las zonas de seguridad e incluso muchas no tienen ni los señalamientos mínimos.

Un ejemplo claro de la problemática anteriormente mencionada es como las personas salen corriendo y empujándose en cuanto se activa la alerta sísmica, además de que se refugian en las aceras de la calle sin saber si esa es una zona de seguridad, pues se encuentran rodeadas de árboles, postes, cables y edificios que podrían colapsar dependiendo de la magnitud y tipo de sismo.

Si bien, es cierto que la Coordinación Nacional de Protección Civil, desde el sismo del 85, ha puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a la formación de una cultura de protección aún subsisten notables deficiencias en la reducción de riesgos, es decir, la intervención preventiva que permita eliminar o reducir el impacto adverso de los desastres.

El capítulo VII, artículo 43, fracción IV, de la Ley General de Protección Civil, menciona que le corresponde a las autoridades competentes “impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección” mientras que la fracción V menciona que esta autoridades deben elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados con la protección civil.

Es importante resaltar que no contar con una cultura de protección civil repercute de manera directa en la capacidad de respuesta que las personas pueden tener frente los distintos tipos de desastres naturales y antropogénicos.

Para contar con una correcta ejecución, cumplimiento y observancia de las leyes en la materia, resulta necesario que se promuevan campañas de prevención y cultura de protección civil con el objetivo de actuar de manera pronta, eficaz y oportuna en caso de presentarse un desastre natural o antrópico.

Una de las herramientas que funciona son los planes de protección civil, los cuales deben contar con un conjunto de disposiciones reglamentarias que establezcan las acciones específicas que deben emprender las personas, ante un fenómeno de riesgo.

Es importante contar con los instrumentos necesarios que promuevan la coordinación de esfuerzos ante los distintos desastres naturales e incluso contingencias ambientales que puedan afectar el desarrollo de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogos locales a que realicen campañas de prevención y elaboración de planes de emergencia con el fin de poder identificar zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia en caso de actividad sísmica.

Notas

1 Sin Autor. (2015). Reglamento de Protección Civil del Estado de Chiapas. 10/06/2017, de Periódico Oficial Sitio web:

http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/documentos/decretos/ reglamento-proteccion-civil.pdf

2 Fernández, E. (2010). Teoría y práctica de la protección civil. 10/06/2017, de UAM Sitio web:

http://www.uam.mx/proteccioncivil/teoriapractica_proteccivil_UAM_2010.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 6 de marzo de 2018.— Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE ATIENDA LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE PADECEN LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la instauración de un programa urgente de seguridad pública para atender de manera efectiva la violencia e inseguridad permanentes que padecen los habitantes de Cuajimalpa, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Una y otra vez desde diversas instancias, hemos denunciado la creciente inseguridad que se vive en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. Los vecinos de la demarcación viven con miedo adentro de sus casas y al transitar por las calles.

Asaltos a transeúntes, extorsiones, robo a casa habitación, robo de autopartes, narcomenudeo, secuestros, asalto a comercios, violaciones y asesinatos, han sido en los últimos años la constante.

Desafortunadamente, en los últimos meses la situación se ha tornado mucho más alarmante, debido a la recurrencia y a la gravedad de los delitos.

Mientras las actividades delictivas aumentan, la complacencia y evasión de responsabilidades de las autoridades tanto delegacionales como capitalinas se vuelve más evidente. Su respuesta siempre es omisa, con cifras maquilladas y excusas absurdas.

Las autoridades delegacionales pretenden tapar el sol con un dedo. Olvidaron que su obligación y compromiso es con los habitantes de Cuajimalpa, olvidaron que nada ni nadie puede estar por encima de la justicia y de la ley.

Su política de “dejar hacer y dejar pasar” ha lastimado a los vecinos, ha vulnerado a los hogares, ha mermado la economía de las familias, ha ocasionado pérdidas económicas a los comerciantes y ha costado la vida a muchas personas.

Insensibilidad, ausencia de gobierno, omisiones, falta de políticas y programas públicos, incompetencia y nulo profesionalismo, han sido las características de la actual administración delegacional.

La violencia ha llegado a su límite en la delegación Cuajimalpa. La barbarie, la ingobernabilidad y la inseguridad son una realidad que padecen los vecinos todos los días, mientras las autoridades delegacionales y capitalinas los han abandonado.

La gente se ha tenido que organizar en policías civiles para resguardarse de la delincuencia. Han ocurrido eventos en los que incluso se ha hecho justicia por propia mano, tal y como lo denuncié ante la Comisión Permanente, en un punto de acuerdo que fue aprobado. Sin embargo, nada ha cambiado.

La respuesta a la problemática han sido discursos vacíos, promesas falsas, repartición de culpas de un orden de gobierno a otro y cero resultados.

Los comerciantes, las amas de casa, las y los adolescentes, las niñas, los niños, los transportistas, las y los trabajadores y las personas de la tercera edad, están hartos de vivirse constantemente amenazados por la violencia y la inseguridad.

Hartos de ser víctimas de delitos. Hartos de vivir la amenaza de convertirse en víctimas. Hartos de estar en su casa, salir a las calles, acudir a los parques y espacios públicos con miedo.

Cuajimalpa es una delegación de contrastes, con una gran brecha de desigualdad en ingresos, servicios, infraestructura, desarrollo y oportunidades, no obstante, a sus habitantes los identifica un común denominador: el miedo a la inseguridad y a la violencia.

El hartazgo por la incompetencia de las autoridades y la corrupción es generalizado.

Las y los habitantes de la delegación Cuajimalpa nos han pedido levantar la voz para que sus reclamos sean escuchados y sus demandas sean atendidas.

Como sus representantes populares, nos han solicitado a esta Cámara de Diputados, toda nuestra solidaridad y sensibilidad para exigir seguridad, gobernabilidad, orden y paz en la demarcación.

De ahí que, en nombre de los vecinos de las colonias, los pueblos, los campamentos, las unidades habitacionales y los fraccionamientos de Cuajimalpa:

• 1 de Mayo

• Abdías García Soto

• Adolfo López Mateos

• Agua Bendita

• Ahuatenco

• Amado Nervo

• Ampliación El Yaqui

• Ampliación Memetla

• Bosques de las Lomas

• Campestre Palo Alto

• Club de Golf Bosques

• Contadero

• Cooperativa Palo Alto

• Cruz Blanca

• Cruz Manca

• Cuajimalpa

• Cumbres Reforma

• El Ébano

• El Molinito (colonia)

• El Molino

• El Tianguillo

• El Yaqui

• Granjas Navidad

• Granjas Palo Alto

• Jardines de la Palma

• Jesús del Monte

• José María Castorena

• La Manzanita

• La Pila

• La Venta

• Las Lajas

• Las Maromas

• Las Tinajas

• Locaxco

• Loma del Padre

• Lomas de Memetla

• Lomas de San Pedro

• Lomas de Vista Hermosa

• Lomas del Chamizal

• Manzanastitla

• Memetla

• Nueva Rosita

• Prados de la Montaña

• Rincón de las Lomas

• San José de los Cedros

• San Lorenzo Acopilco

• San Mateo Tlaltenango

• San Pablo Chimalpa

• San Pedro

• Santa Fe Cuajimalpa

• Santa Rosa Xochiac

• Tepetongo

• Villas de Cuajimalpa

• Villas Marbella

• Xalpa

• Zentlápatl

Les solicito hacer un enérgico llamado a las autoridades para atender las legítimas demandas de la ciudadanía. En tal virtud, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel Ángel Salazar, y al jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten de manera inmediata un programa emergente de seguridad pública, que atienda de manera efectiva la violencia e inseguridad permanente que padecen las y los habitantes de la delegación Cuajimalpa, garantizándoles el derecho a vivir con la tranquilidad y certeza de que su vida, integridad física y patrimonio no seguirán siendo vulnerados y amenazados por la delincuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

SE ACTUALICE EL PORTAL TUS DERECHOS LABORALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a actualizar el portal Tus Derechos Laborales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo trabajador. Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos. Al igual que los derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en cada empleo e industria.

La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que dicha institución busca fortalecer la política laboral en México, a través de acciones dirigidas a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos. Entre estas acciones, frecuentemente reducidas a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría, en buena medida, las disputas creadas por el desconocimiento de la ley, otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral.

Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser cometidos contra quienes lo desempeña. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente.

Aduciendo lo anterior, propongo que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan al trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que éstos sean respetados y hechos validos en su propio empleo.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, determina que “[...] el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Adicionalmente, argumenta que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Finalmente, la Constitución concede que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación [...]”.

En tanto al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el artículo 6 menciona en su apartado A, fracciones III y IV, que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciara ante los organismos autónomos especializados correspondientes.

En tanto, los derechos de las y los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo establece como condiciones generales de trabajo el: derecho a tener un contrato, sea éste individual (artículo 20), colectivo (artículo 386) o contrato ley (artículo 404); el contar con jornadas de trabajo determinadas (artículos 58-68); el recibir aguinaldo (artículo 87); el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo (artículo 82); el contar con vacaciones y una prima vacacional (artículo 76); el tener días de descanso después de un cierto número de días laborando (artículos 69, 71, 73 y 75); el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación laboral (artículos 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162); el beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que se labora (artículos 117-131); el generar antigüedad y tener oportunidades de ascenso dentro del empleo (artículos 158 y 159); el gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio de sus hijos (artículo 132); y la capacidad de acceder a crédito para el consumo (artículo 103-Bis).

Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en estos sitios. Algunos, como lo son en el caso de Reino Unido, Estados Unidos y Chile, ofrecen herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos necesarios para hacer valido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es en el caso de Colombia, presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada empleador.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia.

Notas

1 Redacción. “Siete derechos laborales que (sí o sí) debes tener”. México. El Financiero Bloomberg. 25 de Mayo de 2017. Consultado en:

http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que- si-o-si-debes-tener.html

2 Gobierno de la República. “¿Cómo se lograron? y ¿cómo defenderlos?”. En Conoce tus derechos laborales. México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en:

https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/ conoce-tus-derechos-laborales-29228

3 Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos – Artículo 23. Nueva York. ONU. 2017. Consultado en:

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ index.html

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Misión y Visión. México. STPS. 2017. Consultado en:

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html

5 Proa, Alma. “Abusan Patrones de Trabajadores por Desconocer sus Derechos”. Saltillo. Zócalo. 2011. Consultado en:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrones-de- trabajadores-por-desconocer-sus-derechos

6 Artículo 6. Párrafo Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma: DOF 15-09-17)

7 Ibíd. Párrafo Segundo.

8 Ibíd. Párrafo Tercero.

9 Ibíd. Apartado A, Fracción III y IV.

10 Artículos 20, 47, 48, 58-68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 103-Bis, 117-131, 132, 158, 159, 162, 386, 404. Ley Federal del Trabajo. (Última Reforma: DOF 12-06-2015)

11 Gobierno de Reino Unido. National Minimum Wage and Living Wage Calculator for Workers. Londres. Gobierno de Reino Unido. 2017. Consultado en:

https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage

12 Departamento del Trabajo. Wage and Hour Division – Resources for Workers. Washington. Gobierno de Estados Unidos. 2017. Consultado en:

https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools

13 Dirección del Trabajo. Centro de Consultas Laborales – Remuneraciones. Santiago. Gobierno de Chile. 2017. Consultado en:

http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html

14 Ministerio del Trabajo. Calculadora Laboral. Bogotá. Gobierno de Colombia. 2017. Consultado en:

http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/ tramites-y-servicios/calculadora-laboral

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE AGILICEN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE TRES NACIONALES ITALIANOS EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Jalisco, a agilizar las investigaciones sobre la desaparición forzada de tres nacionales italianos en la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 31 de enero, los ciudadanos de nacionalidad italiana Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino fueron privados de su libertad en el sur del estado de Jalisco por policías de la misma entidad.

Tras una serie de investigaciones, fue dado a conocer en medios de comunicación que cuatro elementos policiacos habían “confesado” haber detenido y “vendido” a tres ciudadanos italianos a un grupo criminal local. Por esta situación, los policías enfrentan un proceso judicial por la “desaparición forzada” de los italianos, conforme a lo señalado por el propio fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez.

Al respecto cabe mencionar que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que condena hasta con 60 años de prisión, dicho delito. Esta ley fue impulsada por grupos de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición que visibilizaron la seria problemática que México enfrenta al respecto.

De acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), tan sólo entre agosto y octubre de 2017, “en México se denunció en promedio la desaparición o el extravío de una persona cada hora con 33 minutos, o lo que es lo mismo mil 411 personas en tres meses”

“Se trata de una cifra que supera el promedio que se ha observado en el actual sexenio. De acuerdo con los mismos datos del RNPED, en la administración de Enrique Peña Nieto se ha reportado la desaparición de una persona cada 2 horas con 6 minutos”.

Al respecto de la desaparición de sus conciudadanos, Angelino Alfano, ministro italiano de Relaciones Exteriores, ha solicitado al canciller mexicano, Luis Videgaray, agilizar las investigaciones y dar con el paradero de todos.

La violencia en México es una problemática que trasciende nacionalidades, clase y género. Más de 30 mil personas desaparecidas en México, 7 feminicidios al día, la espiral de violencia en el país es innegable y el actual gobierno ha demostrado nula capacidad para hacer frente a ella.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a agilizar las investigaciones en torno a la desaparición de los ciudadanos italianos Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, a identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como a castigar a quienes resulten responsables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a garantizar a la República de Italia una investigación imparcial y expedita con la finalidad de facilitar el desahogo de todas las diligencias jurídicas y resolver con prontitud este bochornoso caso que debilita el prestigio internacional del nuestro país y aumenta la preocupación mundial por el empeoramiento continuo de la inseguridad pública en México.

Notas

1 Aroche, E. “En tres meses desaparecieron o se extraviaron 1,411 personas en México; un caso cada 90 minutos”. Consultado en línea el 1 de marzo de 2018 en:

https://www.animalpolitico.com/2018/01/personas-desaparecidos-registro/

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE REALICEN CAMBIOS EN LAS NORMAS QUE REGULAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE AUTOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a realizar cambios en las normas técnicas reguladoras de la industria automotriz y sus prácticas en temas de seguridad y calidad para proteger a las familias y los usuarios de autos en México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diferentes organizaciones involucradas en la protección de consumidores en México se han pronunciado a favor de mejorar la seguridad y calidad de los automóviles que son comprados en territorio nacional, haciendo un llamado al gobierno y a la industria automotriz para que ofrezca a los consumidores mexicanos el mismo nivel mínimo de seguridad vehicular en todos los modelos, tal como lo hace en otros países, como Japón, Australia, Estado Unidos y Europa.

En México, ocurren más de 16 mil muertes al año en hechos viales, es decir, más de 40 muertes al día y los siniestros vehiculares fueron la segunda causa de muerte en personas de 5 a 34 años de edad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al menos 30 modelos de las distintas marcas de autos vendidos en nuestro país no ofrecen como estándar básico los mínimos niveles de seguridad vehicular recomendados por diversos organismos a nivel internacional, incluida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos niveles mínimos de seguridad contribuirían a reducir el número de siniestros y sus víctimas , esto solo será posible con la sensibilización de las industrias automotrices así como la disposición del gobierno para realizar las mejoras en las normas vigentes con el fin de reforzar la calidad y seguridad de los automóviles vendidos en nuestro país, protegiendo así a todas las familias y usuarios de autos en México.

Asociaciones mexicanas de suma importancia como lo es “El poder del consumidor” la cual realiza el estudio de productos, de servicios y de políticas públicas, la vigilancia del desempeño de las empresas, la identificación de opciones favorables para los consumidores y la denuncia de las prácticas que afectan sus derechos se posicionan en el tema indicando que “el tema de la seguridad vehicular en nuestro país es muy grave, la poca seguridad que ofrecen ciertos modelos de autos es conocido por la industria desde hace décadas, sin embargo la industria automotriz tiene la capacidad de producir vehículos seguros, tan es así que más del 80 por ciento de los autos fabricados en México cumple con los niveles mínimos de seguridad requeridos en países como EE UU y Europa, lamentablemente la mayoría de estos vehículos se exportan a otros países dando un trato distinto a los consumidores mexicanos”, declaró Stephan Brodziak de dicha asociación.

En una encuesta realizada por El Poder del Consumidor en 2015 se pudo constatar el desconocimiento que tienen los consumidores sobre el tema de seguridad vehicular, ya que se comprobó que entre los dueños de un auto Nissan Tsuru casi el 80 por ciento cree que su auto cuenta con el Control de Estabilidad (ESC), mientras que para los dueños de un GM Aveo, el 73 por ciento cree que su auto cuenta con este sistema de seguridad. Pero en ninguna versión de esos modelos existe la posibilidad de ser equipada con el ESC.

El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es la tecnología de seguridad integrada en los automóviles que más muertes evita anualmente en los accidentes de carretera, después del cinturón de seguridad.

A lo largo de cualquier trayecto, un conductor puede llegar a perder el control del vehículo por multitud de causas (desde una curva mal trazada a un coche que cambia de carril, pasando por un peatón que cruza por donde no debería) y acabar sufriendo un accidente. Se calcula que casi la mitad de los accidente mortales en carretera es resultado de pérdidas de control del vehículo, seguidas de una colisión. Y es que, cuando perdemos el control del coche, no todos sabemos o podemos reaccionar de la forma más adecuada. Para ayudarnos en esas situaciones de peligro, nace el Control Electrónico de Estabilidad (conocido por las siglas ESC o ESP).

La labor principal del Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es evitar las pérdidas del control del vehículo. Desde 2014 es obligatorio en todos los vehículos que se lancen en el mercado europeo y se calcula que puede reducir hasta en un 80 por ciento la cifra de accidentes producidos por derrape.

Cabe mencionar que es importante que nuestras normas vigentes sean mejoradas y reforzadas por las autoridades competentes del gobierno mexicano a fin de implementar mayores medidas de seguridad y hacerlas exigibles a las empresas automotrices, así como se hace en diferentes países como Europa entre otros, los cuales han hecho obligatorias las medidas de seguridad para protección de sus usuarios de automóvil.

Por su parte el secretario general de Latin NCAP indico mediante una teleconferencia que “la primera responsabilidad de la seguridad de los vehículos en México es del gobierno, que aún con la nueva norma está al menos 20 años atrasado respecto al mundo desarrollado. La industria es responsable de no oponerse ni demorar lo que el gobierno proponga agregar y acelerar en la norma. El daño que sufre un mexicano o un japonés en el mismo choque no es igual. ¿Por qué entonces merecen menos seguridad los mexicanos que un europeo, japonés, australiano o norteamericano? Los mexicanos merecen recibir la misma seguridad básica en sus autos sin tener que pagar más por ella . Hasta en tanto eso ocurra para que los mexicanos puedan saber de la seguridad de sus autos, todos los autos vendidos en México deberían ser obligatoriamente testeados por Latin NCAP. Salvemos las vidas de mexicanos desde ahora y no dentro de unos años.”

Es por eso que se tienen que tomar en cuenta dichas opiniones de diversas asociaciones y diversos especialistas para establecer una mejora viable en nuestras normas, en especial la NOM 194 de la Secretaria de Economía, la cual establece la seguridad esencial en vehículos nuevos que hasta el momento se aprecia debilitada ante las nuevas tecnologías de seguridad, tal y como lo es el Control Electrónico de Estabilidad entre otros.

La seguridad debe ser una obligación de la industria automotriz y no elección o lujo del consumidor, por lo cual el gobierno debe implementar las medidas necesarias para garantizarlo, y las industrias automotrices sensibilizarse ante importante tema y no esperar a que sea una norma sino adelantarse y dar seguridad y calidad a los usuarios y familias que usan automóviles.

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a realizar los cambios pertinentes en las normas técnicas que regulan a la industria automotriz y sus prácticas en temas de seguridad en especial la NOM 194 expedida por la misma, y a que haga exigibles dichas medidas como obligación de las industrias automotrices.

Referencias

http://elpoderdelconsumidor.org/prensa/poder-del-consumidor-latin- ncap-exigen-cambios-las-normas-tecnicas-regulan-la-industria- automotriz-practicas-proteger-las-familias-usuarios-autos-mexico/

https://www.motor.mapfre.es/coches/noticias/6017/ que-es-esc-por-que-es-importante

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

SE ESCLAREZCA EL DESTINO DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES OTORGADOS A PERSONAS FALLECIDAS, NO LOCALIZADAS O DE FORMA DUPLICADA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a esclarecer el destino de los recursos de programas sociales otorgados a personas fallecidas o no localizadas; o bien, de forma duplicada, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. En la más reciente entrega de la revisión de la cuenta pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron deficiencias en el control presupuestal, operación y seguimiento de los recursos de programas sociales, como es el caso de “Pensión para Adultos Mayores”, Programa de Empleo Temporal (PET) y Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI).

Segunda. La auditoría financiera y de cumplimiento número 1877-DS, referente a la calidad de datos de los Programas “Pensión para Adultos Mayores”, PET y PETI, señala que en el ejercicio presupuestal 2016:

• El Programa “Pensión para Adultos Mayores”entregó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a 3 mil millones de pesos.

• El PETefectuó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a los 16 millones de pesos.

• El PETI realizó apoyos a personas fallecidas, no localizadas o de manera duplicada por un monto superior a los 26 millones de pesos.

Tercera. Por su parte, la auditoría financiera y de cumplimiento, con número 261-DS, que realizó la ASF al Programa “Pensión para Adultos Mayores”, señala que entre las irregularidades evidenciadas en el ejercicio presupuestal 2016 se encuentran las siguientes:

1) se entregaron apoyos sin contar con el formato de aceptación del beneficiario; 2) en algunos casos no se pudo comprobar la supervivencia de beneficiarios que recibieron apoyos; 3) al comparar el Padrón Único de Beneficiarios, del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, con las bases de datos de personas que reciben una pensión de tipo contributiva (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex), la ASF constató que existieron 112,817 coincidencias, contrario a lo que estipulan las Reglas de Operación del Programa.

Cuarta. La auditoría financiera y de cumplimiento del PET, con número 264-DS, establece que en el año 2016 el Programa presentó las siguientes irregularidades: 1) algunos beneficiarios no cuentan con la Clave Única de Registro de Población (CURP); 2) una Organización de la Sociedad Civil recibió apoyos que rebasaron cuantiosamente el límite establecido en las Reglas de Operación del PET.

Quinta.Es preocupante que se desvíen recursos destinados a programas sociales cuya finalidad es reducir carencias como son la seguridad social y mitigar la inseguridad laboral.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a esclarecer el destino de los recursos de programas sociales otorgados a personas fallecidas, no localizadas o de forma duplicada.

Notas

1 El programa Pensión para Adultos Mayores está dirigido a personas adultas mayores de 65 años en adelante, tiene cobertura nacional y es operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Las personas beneficiarias reciben 1,160.00 pesos cada dos meses. Sedesol (2015) Programa de Pensión para Adultos Mayores. Disponible para consulta en:

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultos-mayores

2 El Programa de Empleo Temporal (PET) está orientado a personas que enfrentan una reducción de sus ingresos, así como a población afectada por emergencias. El Programa proporciona un apoyo equivalente al 99 por ciento de un salario mínimo vigente. Sedesol. (2015). Programa de Empleo Temporal. Disponible para consulta en:

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-empleo-temporal

3 El Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) es la “reserva de recursos del Programa [PET] destinada a atender zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, como respuesta a situaciones con impacto negativo en las actividades productivas y para prevenir o mitigar los efectos causados por emergencias que afectan a la población”. Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2018). PET para el ejercicio fiscal 2018. Disponible para consulta en:

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5509816

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

SE GARANTICE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO NACIONAL DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS BÁSICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a garantizar la eficacia de los programas orientados a mejorar la calidad educativa; y al Inifed, a elaborar un diagnóstico nacional de necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas básicas, ejercer de forma transparente y ajustada a derecho todos los recursos etiquetados para mejorar, rehabilitar o reconstruir la infraestructura educativa en el país, esclarecer las responsabilidades derivadas de la aplicación irregular de recursos y contratos y, en su caso, sancionar a los servidores públicos involucrados, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.El derecho a la educación, como derecho humano fundamental, está reconocido por la Constitución y por múltiples tratados internacionales. El desarrollo social y económico de México, así como la paz y la seguridad, serán, en todo caso, correlato del fortalecimiento de la educación y la cultura. La educación tiene capacidad para incidir y encauzar algunos de los principales desafíos y problemas que enfrenta nuestro país, tales como la violencia, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, o la dependencia económica. Corresponde al estado mexicano, particularmente al gobierno federal, la responsabilidad y obligación de garantizar la calidad de los servicios públicos educativos. Lo anterior se vincula con la articulación de estrategias integrales y multidimensionales, entre las cuales, la suficiencia y dignidad de la infraestructura física se erige como uno de los requisitos indispensables para la mejora educativa en nuestro país.

Segunda. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado por la reforma educativa del 2013, establece con claridad que:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo 12, enumera las atribuciones educativas que corresponden en exclusiva al gobierno federal, entre otras:

“Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director”.

En una línea muy similar, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece, en su artículo 7, que:

“La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los programas de desarrollo regional”

Entre las atribuciones que la Ley otorga al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE), se encuentra la de recopilar información sobre el estado de la infraestructura física a nivel nacional. Por tanto, al margen de cualesquiera otras consideraciones, la conformación de un registro nacional de información y datos que sirva para tener un conocimiento claro de las necesidades físicas que existen en las escuelas públicas a lo largo de la geografía nacional es, ante todo, un claro mandato legal.

Tercera.Como parte destacada del paquete de reformas estructurales impulsadas por la actual administración, en 2013 diversos cambios legales y constitucionales consagraron significativas modificaciones en el marco regulatorio de la educación pública en México. Se promulgaron, en aquel año, dos nuevas leyes: la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Pública y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por su parte, uno de los objetivos explícitos del Programa Sectorial Educativo (2013-2018) es la operación de un sistema de Información y Gestión Educativa que permita a las autoridades planear, administrar y evaluar el desempeño educativo.

Cuarta.Relacionado con lo anterior, en su último informe de fiscalización del ejercicio del gasto correspondiente a la Cuenta Pública del 2016, entregado el pasado 20 de Febrero del 2018 a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó graves señalamientos sobre la reforma educativa impulsada por la actual administración. Según el máximo órgano fiscalizador, después de varios años de estar en vigor la reforma, en el nivel básico, 57 por ciento de los alumnos tenían el logro educativo más bajo en matemáticas, idéntico resultado para el 48 por ciento en lectura. En el nivel medio superior, casi un 50 por ciento tenía el rendimiento más bajo en matemáticas y un 45 por ciento tuvo el mismo indicador para lenguaje y comunicación. Por tanto, independientemente del aspecto o nivel que se enfoque, los resultados de la reforma educativa son elocuentes.

Quinta.En concreto, la ASF realiza una crítica general del Programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa. Se indica que la Secretaría de Educación Pública

“No contó con información ni con indicadores para evaluar en qué medida el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa contribuyó a la instrumentación del plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes, ni diseñó un programa de trabajo para definir la estrategia de instrumentación del nuevo plan y los programas de estudio (...) En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, mediante el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se atendió el problema relativo a que las escuelas públicas de educación básica carecían de herramientas técnico-pedagógicas para instrumentar el plan y los programas de estudio vigentes en 2016. Por ello, se requiere que la SEP, en coordinación con el Coneval, valore la necesidad de corregir, modificar o reorientar el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa”

Quinta. En el citado informe, la ASF es contundente: después de 4 años de su aprobación, no se observa ninguna contribución de la reforma educativa a la mejora de la calidad de la educación. La fiscalización indica que no existe armonización entre normas federales y estatales sobre la infraestructura y equipamiento que debe existir en la educación básica y, más grave todavía, que no hay un diagnóstico nacional sobre las necesidades en ese ámbito. Es decir, ni el gobierno federal ni la sociedad conocemos con certeza y precisión las necesidades y carencias en términos de infraestructura y equipamiento de las escuelas del país. Esto último resulta muy grave, en el entendido elemental de que si no conocemos necesidades y carencias, difícilmente podremos articular respuestas y soluciones.

Sexta.Además de lo anterior, según la Auditoría Superior de la Federación, hubo subejercicios injustificados en la aplicación de recursos del Fonden a ejercer por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE) en 2016, destinados a tratar los efectos de desastres naturales ocurridos entre 2013 y 2014 y que afectaron a escuelas de la república. Así, más de 320 millones de pesos no fueron ejercidos por el INIFE, aun cuando había trabajos por realizar, sin que todavía en octubre del 2017 se hubiesen aplicado. En la misma línea de detección de irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la infraestructura educativa, la ASF señala que el INIFE entregó, en 2016, por la vía de la adjudicación directa, el 95 por ciento de los contratos para la rehabilitación de 425 escuelas públicas, por valor de más de 1.5 mil millones de pesos. Lo anterior, según la propia ASF, es contrario a la normativa, ya que se soslayó la realización de las preceptivas licitaciones públicas. Además de lo anterior, el máximo órgano fiscalizador identificó un posible daño a la Hacienda Pública por valor de más 708 millones de pesos, derivado de “la falta de comprobación de la realización y terminación de los trabajos para la rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de las escuelas públicas afectadas por los desastres naturales ocurridos en 2013 y 2014, en el estado de Guerrero”.

La anterior situación descrita resulta más lacerante en el actual contexto, no evaluado por la auditoría, en el que las necesidades de reconstrucción y rehabilitación se han multiplicado como resultado de los destructivos sismos que sufrieron varios estados de la república en septiembre del 2017. En ese sentido, si las instituciones responsables incurrieron en irregularidades manifiestas, incapacidades, subejercicios y, en general, atendieron deficientemente las necesidades de la infraestructura educativa derivadas de desastres naturales en 2013 y 2014, cabe formular la hipótesis de que la situación actual será significativamente más grave y desalentadora. Aunque sobre esto último, por razones obvias, todavía no contamos con resultados de fiscalización.

Séptima. Lo anteriormente expuesto acredita un deficiente y preocupante, incluso alarmante, desempeño de la política educativa del gobierno federal durante el 2016, expresado a través de varios señalamientos e irregularidades detectadas por la ASF en su informe más reciente de fiscalización. A saber:

• Según el órgano fiscalizador, luego de cuatro años de aplicación de la reforma educativa, no se ha podido acreditar ningún avance en términos de la calidad de la educación. Esto resulta particularmente grave, considerando los elevados costos sociales, inclusive en vidas humanas, que generó el conflicto sociopolítico creado por aquella reforma.

• Lo anterior está relacionado con otro de los hallazgos destacados: el gobierno federal no cuenta con un diagnóstico nacional de necesidades de la infraestructura de educación básica, imprescindible para garantizar ambientes apropiados de aprendizaje.

• Vinculado con esto último, la ASF detectó subejercicios e irregularidades multimillonarias en la aplicación, por parte del INIFE, de recursos del Fonden para la infraestructura educativa, los cuales tenían el propósito de paliar las consecuencias de desastres naturales acaecidos en 2013 y 2014.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la eficacia de los programas orientados a la mejora de la calidad educativa.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE) a elaborar un diagnóstico nacional de necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas básicas y a ejercer, de forma transparente y apegada a derecho, el total de los recursos etiquetados para mejorar, rehabilitar o reconstruir la infraestructura educativa de México.

Tercero.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al órgano de control interno del INIFE a esclarecer las responsabilidades derivadas de la aplicación irregular de recursos y contratos y, en su caso, a sancionar a los funcionarios involucrados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.