INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 8 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 8 de marzo de 2018 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 2o. y 20 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

2. Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

3. Que reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de preclusión de iniciativas, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

4. Que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

5. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, así como a la Profepa, para que instrumenten acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península de Yucatán que se encuentra en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a difundir el estado que guardan las investigaciones de las denuncias presentadas por la ASF respecto al presunto desvío de recursos públicos por parte de la Sedesol, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo al apoyo y fortalecimiento de la producción de piña en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a instruir a los ministerios públicos, para atender a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones para el desistimiento de denuncia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y a la Sedatu, para que conozcan y se conduzcan conforme a debido proceso respecto al tema de la etnia tohono o'odham, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones, a que de manera conjunta realicen acciones tendientes a preservar y garantizar el derecho al agua de los habitantes de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, relativo a las observaciones de la revisión 1062, tipo financiera con enfoque de desempeño con clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública 2016 del gobierno del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la posible violación a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, firmado por el Estado mexicano, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud, para que implementen políticas públicas y de acción efectivas, con la finalidad de reducir el índice de embarazo en niñas, jóvenes y adolescentes, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, relativo al supuesto desvío de 73 millones 658 mil 680 pesos que no fueron entregados en tiempo y forma a los trabajadores del ISSSTE, derivado del suministro de vales de despensa con motivo de fiestas decembrinas que el gobierno federal otorga cada año a todos los servidores públicos del país de base y de confianza, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM, a convocar a expertos y académicos universitarios para diseñar e implementar estrategias destinadas a enfrentar la violencia en la máxima casa de estudios, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, relativo a las peticiones de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de mayo de 1535, ubicadas en la ciudad de La Paz, Baja California, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur, a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a difundir el avance de la obra del Túnel Emisor Oriente, la cual tenía prevista su conclusión desde el pasado 2012, y ahora está comprometida su conclusión en 2018 con un costo total de 20 mil 167 millones de pesos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, relativo a la realización de un diagnóstico acerca del origen, los montos, las causas y los efectos de los flujos de capitales que salen del país, los que permanecen depositados o invertidos en el exterior, así como las medidas que se han adoptado para investigarlos y, en su caso, sancionar las operaciones de lavado de dinero, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

«Iniciativa que reforma los artículos 2 y 20 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

Los desastres naturales son fenómenos de distintos ámbitos de la naturaleza que, muchas veces, ocurren de forma inesperada, provocando todo tipo de daños para la humanidad. Ocurren de diferentes maneras y por diversos causales, provocando severos daños a la vida e infraestructura en cualquier lugar del mundo donde ocurra.

Para entender los desastres llamados naturales, poder prevenirlos y recuperarse una vez que se han producido, es necesario desprenderse de una serie de malinterpretaciones que turban nuestras mentes e impiden actuar acertadamente.

Una de las deformaciones más corrientes es suponer que el desastre producido se debe a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales que actúan irremediablemente contra los humanos.

Algunas personas tienen una “conciencia mágica” de estos acontecimientos (como la llama Paulo Freire), porque transfieren la causa de los acontecimientos reales y cotidianos hacia un nivel supra humano, el cual es imposible de penetrar racionalmente; puede ser un dios, o algo semejante. En este caso, los hechos se le presentan al hombre como si fueran provocados por fuerzas extrañas, incontrolables, que le golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo. Concebir como un castigo divino la lluvia, la sequía, el maremoto, el terremoto, etcétera, es todavía común entre la población rural.

Pero otro tipo de concepción también errónea y perniciosa está cobrando vigor y consiste en atribuir los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación maléfica de la naturaleza. Con lo cual se ha remplazado a los poderes sobrenaturales (o dioses) por las fuerzas naturales, y lo que antes era considerado castigo divino ahora se nombra castigo de la naturaleza. Esta malinterpretación es propagada, muchas veces inconscientemente, por los medios de comunicación y va calando la conciencia, generando también fatalismo y reacciones voluntaristas e ineficaces.

El fatalismo o pesimismo en este caso surge de la impotencia que siente el hombre con respecto a la naturaleza, a la cual ve como su progenitora, como la fuente de sustento y, por tanto, dueña de la vida. También forma parte de esta deformación el superponer dos términos que son muy diferentes: “fenómeno natural” y “desastre natural”, utilizándolos muchas veces como sinónimos. Debe quedar claro que no son iguales, ni siquiera el primero supone el segundo.

¿Qué es un fenómeno natural?

Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros tenemos las lluvias en los meses de verano en la sierra, la llovizna en los meses de invierno en la costa, entre otros. Ejemplos del segundo caso serían un terremoto, un tsunami o maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana, etcétera.

Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno natural como un terremoto de gran magnitud en las costas del Pacífico es previsible, según los estudios realizados, aunque no se sepan detalles como el día, magnitud o el epicentro. Sin embargo, las lluvias torrenciales que durante varios meses han caído en la costa norte de Perú, provocando crecida de ríos, desbordes, inundaciones, no fueron previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. El largo ciclo de recurrencia del Fenómeno del Niño significó que no quedaban recuerdos vivos en la sociedad o en la comunidad científica de eventos anteriores.

La ocurrencia de un “fenómeno natural” sea ordinario o incluso extraordinario (mucho más en el primer caso) no necesariamente provoca un “desastre natural”. Entendiendo que la Tierra está en actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación y que su funcionamiento da lugar a cambios en su faz exterior, los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos activos de la geomorfología terrestre. Así, una lluvia torrencial, los huaycos y avenidas pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones cambiando el paisaje natural, pero estos resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos. El hombre debe aceptar que está conviviendo con una naturaleza viva, que ésta tiene sus propias leyes de funcionamiento contra las cuales no puede atentar, a riesgo de resultar él mismo dañado.

Todo lo anterior nos indica que los efectos de ciertos fenómenos naturales no son necesariamente desastrosos. Lo son únicamente cuando los cambios producidos afectan una fuente de vida con la cual el hombre contaba o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía.

Inclusive, a pesar de ello, no se podría asociar “fenómeno natural” con “desastre natural”. Los fenómenos naturales no se caracterizan por ser insólitos, más bien forman conjuntos que presentan regularidades y están asociados unos con otros.

¿Qué es y cómo se produce un desastre natural?

Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, un huracán, un maremoto, etcétera.) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la vivienda, etcétera.) En otras palabras, se puede decir que hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables.

¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso?

No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general, convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, vientos, entre otros.

Algunos fenómenos por su tipo y magnitud, así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos, etcétera, sí pueden ser considerados peligrosos.

El peligro que representa un fenómeno natural puede ser permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es potencialmente dañino. Constituyen peligro, pues, un movimiento intenso de la tierra, del agua o del aire. Éste es mayor o menor según la probabilidad de ocurrencia y la extensión de su impacto.

¿A qué se denomina una situación vulnerable?

Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso (sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etcétera. Hay otras, en cambio, en que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede considerarse protegida.

La vulnerabilidad de los pueblos se da:

1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a huaycos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etcétera.

2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etcétera.

3) Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat adecuado).

Los desastres naturales producen cambios en los siguientes aspectos:

- Densidad de población.

- Desplazamiento de población.

- Interrupción y contaminación del abastecimiento de agua y de los servicios de saneamiento.

- Desorganización de los programas de salud pública.

- Cambios ecológicos que favorecen el desarrollo de enfermedades.

- Desplazamiento de animales domésticos y salvajes.

- Provisión de emergencia de alimentos, agua y refugio en las situaciones de desastre.

Cabe señalar que hay otro tipo de desastres que, en cierta medida, se consideran muy próximos a esta clasificación a pesar de que el hombre tiene gran participación y la responsabilidad de los mismos, por ejemplo, demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

Todos estos tipos de desastres existentes pueden clasificarse en los siguientes grupos:

- Geológicos

- Hidrometeorológicos

- Químico-tecnológico

- Sanitario-ecológicos

- Socio-organizativo

Dicha clasificación está reconocida en México a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en el Atlas Nacional de Riesgos, un sistema integral de información, compuesto por bases de datos, que permite integrar y difundir los resultados de los análisis de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo, elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres; este sistema permite conocer las características de los fenómenos y su distribución geográfica, así como la manera en que impactan en la población, vivienda, infraestructura, agricultura y medio ambiente. Tiene como objetivo emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer medidas de prevención y mitigación de estos fenómenos para las entidades federativas y centros de investigación. Hoy en día, hemos prosperado en materia de protección civil, México ha dado un enorme salto cualitativo y cuenta con la afluencia de todas las autoridades federales y estatales, con la concurrencia de la sociedad civil y de los especialistas; contamos con una política integral, con una política de Estado en materia de protección civil.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos que ha sufrido nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana y de fenómenos fuera de él (actividad espacial), que nos obligan a pensar en qué nuevos riesgos amenazan la estabilidad y el orden de la vida en la Tierra; que somos vulnerables a que desastres de enormes magnitudes, en los cuales no se ha profundizado un análisis y estudio para su prevención, provoquen muertes y destrucción masiva no sólo en México sino en cualquier parte del mundo. Y es que a reserva de lo que puedan opinar muchos sobre que esas cosas no pasan, o con poca frecuencia, quizá una vez en cientos de años, o que puede ocurrir en la actualidad, la verdad es que debemos estar atentos ante eventuales fenómenos, y es que según especialistas y centros de investigación, no estamos preparados ante tales situaciones.

Estos acontecimientos son los denominados “fenómenos astronómicos”, que son agentes perturbadores que se generan por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasionan fenómenos destructivos, poniendo en riesgo la vida humana, causando muerte o alteración al orden natural y social de la vida en la Tierra. Los gigantescos impactos se han considerado como una de las posibles causas de extinción masiva en la Tierra, pero no son los únicos fenómenos que se han considerado como posibles causas de extinciones. Se presenta un listado no exhaustivo de posibles causas: impactos, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos, cambios en los niveles de los océanos, efecto invernadero pronunciado, actividad del Sol, explosiones de supernovas cercanas, explosiones de rayos gamma, etcétera.

Los fenómenos espaciales, en forma de ráfagas solares, partículas solares energéticas y eyecciones de masa coronal que pueden llegar a causar perturbaciones geomagnéticas, se producen con regularidad, algunos con efectos mensurables en sistemas y tecnologías de infraestructura crítica, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), operaciones y comunicaciones por satélite, aviación y la red eléctrica. Los eventos meteorológicos extremos –los cuales podrían degradar significativamente la infraestructura crítica– podrían deshabilitar grandes porciones de la red de energía eléctrica, resultando en fallas en cascada que afectarían a los servicios claves como el suministro de agua, la asistencia sanitaria y el transporte. El clima espacial tiene el potencial de afectar y perturbar simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros. Prepararse con éxito para los eventos meteorológicos espaciales es un esfuerzo de toda la nación que requiere alianzas entre los gobiernos, los administradores de emergencias, la academia, los medios de comunicación, la industria de seguros y el sector privado.

Es política de estado en materia de protección civil, prepararse para los eventos meteorológicos espaciales para minimizar el alcance de las pérdidas económicas y las dificultades humanas. El gobierno federal debe tener la capacidad de predecir y detectar un evento meteorológico espacial; los planes y programas necesarios para alertar a los sectores público y privado para permitir acciones de mitigación para un inminente evento meteorológico espacial; la protección y planes de mitigación, protocolos y estándares requeridos para reducir los riesgos a la infraestructura crítica antes y durante una amenaza creíble y; la capacidad de responder y recuperarse de los efectos del clima espacial. Las secretarías y agencias deben coordinar sus esfuerzos para prepararse para los efectos de los eventos meteorológicos espaciales.

Donde los términos anteriores están definidos como sigue:

- “Preparar” y “preparación”. Se refieren a las medidas tomadas para planificar, organizar, equipar, entrenar y ejercitar para construir y sostener las capacidades necesarias para prevenir, proteger contra, mitigar los efectos de, responder y recuperarse de las amenazas que representan el mayor riesgo para la seguridad de la nación. Esto incluye la predicción y notificación de eventos meteorológicos espaciales.

- “Clima espacial”: variaciones del entorno espacial entre el Sol y la Tierra (y a lo largo del sistema solar) que pueden afectar a las tecnologías en el espacio y en la Tierra. Los principales tipos de eventos meteorológicos espaciales son las ráfagas solares, las partículas energéticas solares y las eyecciones de masa coronal que pueden llegar a causar perturbaciones geomagnéticas.

- “Tormenta solar”: una breve erupción de energía intensa en o cerca de la superficie del Sol que suele asociarse con las manchas solares.

- “Partículas energéticas solares” significa iones y electrones expulsados del Sol que se asocian típicamente con tormentas solares.

- “Tormenta geomagnética”: una perturbación temporal del campo magnético de la Tierra provocado por los efectos de la actividad solar.

- “Infraestructura crítica” sistemas y activos, físicos o virtuales, tan vitales para el país que la incapacidad o la destrucción de tales sistemas y bienes tendría un impacto debilitante sobre la seguridad, la seguridad económica nacional, la salud pública nacional o la seguridad, o cualquier combinación de estos asuntos.

Es decir, el clima espacial es un fenómeno global producido por la actividad solar que puede causar afectaciones a nuestra tecnología. Los fenómenos asociados con las variaciones en el clima espacial son:

1. Eyecciones de masa coronal. Nube de partículas cargadas eléctricamente que salen de la atmósfera solar, causando fallas en las órbitas de los satélites y daños en las corrientes eléctricas de alta tensión (apagones).

2. Fulguraciones solares. El Sol emite rayos equis, gamma, ultravioleta, luz visible, infrarrojos, microondas y ondas de radio, causando interferencias en telecomunicaciones y radiocomunicaciones, fallas en los sistemas de posicionamiento global.

3. Partículas energéticas solares. Protones, neutrones y electrones acelerados por fulguraciones solares, dañando componentes de los satélites, generando dosis de radiación peligrosa para astronautas y afectaciones a los pasajeros de vuelos transpolares.

En cuanto a la cantidad de objetos que entran en contacto con la atmósfera de la Tierra se estima en unas 200 mil toneladas anuales. A partir de la década de los noventa se generó un interés por el descubrimiento de los objetos cercanos a la Tierra: Near Earth Objects (NEOs). Dentro de estos, la población mayoritaria es de NEAs, los que se definen como objetos con distancia perihélica inferior a 1.3 unidades Astronómicas (distancia promedio entre la Tierra y el Sol). Este aumento de interés en la clasificación y caracterización de NEAs queda evidenciado en el dramático incremento que ha tenido la tasa de descubrimiento. Actualmente la población de NEAs descubiertos asciende a más de 7 mil objetos, pero de ellos poco más de 800 son mayores a 1 kilómetro (km) de diámetro. Gracias a los esfuerzos de programas de búsqueda que se fijaron el objetivo de descubrir 90 por ciento de los asteroides potencialmente peligrosos antes de 2013, en el presente se estima que solamente resta por descubrir menos de 20 por ciento de los asteroides mayores de 1 km que pueden impactar la Tierra. Ninguno de los asteroides descubiertos en ese rango de tamaños tiene posibilidades de impactar nuestro planeta en los próximos 100 años. La evolución dinámica futura es imposible de predecir con la actitud necesaria para determinar las probabilidades de colisión dado el carácter caótico del movimiento de estos objetos; ya que se encuentran sometidos a frecuentes encuentros cercanos con los planetas, especialmente la Tierra y en algunos casos Júpiter, que generan inestabilidades en sus órbitas.

A partir de la combinación de diversas fuentes de datos, se ha podido estimar la distribución cumulativa de NEAs en función de diversos parámetros como: magnitud absoluta, tamaño o energía de impacto. Lo que se puede traducir en una frecuencia de impacto y compararlo con alguno de los eventos conocidos antes descriptos.

Para el riesgo que significa la llegada de asteroides a la Tierra se puede hacer el siguiente ordenamiento (para el cálculo del tamaño del impactor se asume un asteroide con velocidad de impacto de 17 km/s y densidad 3 gr/cm3, un cometa generalmente impactará a velocidades mayores, lo que implica un tamaño menor del impactor para una energía dada):

- Bólidos con energías menores a 1 MT (millones de toneladas de TNT), con un diámetro del impactor <25m, no producen generalmente cráteres en la superficie, solamente un gran despliegue luminoso en el cielo, sin daños a nivel superficial.

- Pequeños impactos con energías <15 MT con un diámetro del impactor <65m, pueden producir cráteres de hasta ~1 km. Los daños son similares a una gran bomba nuclear, con la capacidad de destruir un área equivalente a una ciudad de tamaño mediano. Este tipo de eventos se producirán con una frecuencia de pocos cientos de años. El riesgo es menor que el debido a otros desastres naturales como terremotos, huracanes, erupciones, etcétera.

- Catástrofes locales (~10,000 MT), con un diámetro del impactor <500 m, pueden producir cráteres de ~10 km. Un impacto de este orden podría destruir un área equivalente a un pequeño país. El intervalo de tiempo promedio entre este tipo de impactos en la Tierra es de ~100,000 años. El riesgo es moderado respecto a otros desastres naturales.

- Grandes catástrofes regionales (< 1 millón MT), con un diámetro del impactor <2,5 km, pueden producir cráteres de unas pocas decenas de kilómetros. Un impacto de este orden destruiría un continente, pero sus consecuencias se verán a escala global. El intervalo de tiempo promedio entre este tipo de impactos es de unos pocos de millones de años. El riesgo es comparable al de otros desastres naturales.

- Catástrofe global (> 1 millón de MT), con un diámetro del impactor >2,5 km, pueden producir cráteres de >50 km. Los daños ambientales producidos por un impacto de este orden son de escala global, peligrando el desarrollo de la civilización. El intervalo de tiempo promedio entre este tipo de impactos es de 10 millones de años. El riesgo que implica este tipo de eventos, promediando en largos periodos de tiempo y a escala global, es mayor que cualquier otro desastre natural.

Por tanto, las acciones de mitigación y prevención frente a un posible desastre ocasionado por el impacto de un asteroide, se justifican únicamente en los tres últimos casos. La destrucción total del impactor es una opción inviable por las enormes energías necesarias para una destrucción catastrófica y los riesgos que implicaría la generación de una población de nuevos pequeños impactores en órbitas similares al original. Se favorecen las opciones de reflexión del asteroide en una órbita no colisionante. Las acciones a tomar dependerán fuertemente del intervalo de tiempo que habría entre la caracterización del asteroide potencialmente impactor y el momento del impacto. Cuanto más grande sea este intervalo es menor la energía necesaria para la deflexión. Las opciones que involucran el uso de tecnología nuclear presentan riesgos que podrían ser comparables al propio impacto del asteroide. Recientemente se han ideado algunas alternativas no nucleares que pueden ser potencialmente muy favorables para lograr una deflexión en intervalos de tiempo de previsión de meses a años como:

- Remolcador asteroidal: se colocaría una sonda espacial amarrada al asteroide y lo empujaría en una nueva órbita.

- Ablación solar: se colocaría una pantalla gigante cercana al asteroide que reflejara la luz solar, concentrándola en un punto de la superficie, alcanzando grandes temperaturas que ocasionarían la ablación del material superficial.

- Tractor gravitacional: la atracción gravitatoria mutua entre el asteroide y una sonda espacial cercana que esté intentando continuamente alejarse del asteroide, produciría un desplazamiento del asteroide hacia una nueva órbita.

Los impactos han jugado un rol fundamental tanto en el proceso de formación de nuestro planeta como en el desarrollo de la vida en su superficie. Si bien la tasa de colisiones entre pequeños cuerpos del sistema solar y los planetas ha disminuido drásticamente en los últimos 4 mil millones de años, todavía existe una población de objetos que pueden llegar a impactarlos. Ha habido ejemplos recientes de impactos tanto contra nuestro planeta, como en forma más dramática contra Júpiter. La población de asteroides cercanos a la Tierra (NEAs) que puede significar un potencial riesgo para la vida en nuestro planeta se estima en 1000 objetos, de los cuales cerca de 80 por ciento se han descubierto en los últimos años. Si bien ninguno de los objetos conocidos representa un riesgo de impacto en el próximo siglo, se deben continuar los esfuerzos para desarrollar acciones de mitigación y prevención segura ante un evento que estadísticamente, tarde o temprano va a ocurrir.

En 2014, la Ley General de Protección Civil reconoce, por primera vez, a los fenómenos astronómicos y la necesidad de crear y promover políticas públicas relacionadas con sus riesgos. La presente iniciativa pretende complementar este reconocimiento a través de reformar la definición, de manera que sea más acorde con lo que los científicos y académicos entienden por “fenómeno astronómico” y no dé lugar a la ambigüedad.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción XXI del artículo 2 y el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforman la fracción XXI del artículo 2 y el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

...

Artículo 2.Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XX. ...

XXI. Fenómeno Astronómico: eventos y procesos provocados porlos objetos o radiacióndel espacio exterior incluidos el Sol, meteoritos, asteroides y cometas al interactuarcon la Tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas solares y el impacto de meteoritos , cometas o asteroides.

Artículo 20. ...

...

En el caso de los fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos o radiaciónque provengan del espacio exterior.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía y referencias

1. Iniciativa Que reforma los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, LXII Legislatura.

2. (Los Desastres No Son Naturales. Compilador: Andrew Maskrey. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1993).

3. Los desastres naturales y la protección de la salud By Pan American Health Organization, pp. 48, 49.

4. Astrobiología: del Big Bang a las Civilizaciones, Guillermo A. Lemarchand y Gonzalo Tancredi (eds.). Tópicos especiales en ciencias básicas e ingeniería - vol. 1. UNESCO. Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe.

5. Executive Order — Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events, October 13, 2016, The White House Office of the Press Secretary

6. Infografía del Clima Espacial. CENAPRED, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El programa Diputada Amiga/Diputado Amigo se ha consolidado durante los últimos años como una iniciativa pertinente llevada a cabo por legisladoras y legisladores, que busca defender y proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes mexicanas en su retorno y/o tránsito por el país, para que lleguen con bien a su destino sin que sean víctimas de abuso o extorsión.

La coyuntura tan delicada que enfrentan las y los mexicanos por la llegada al poder en Estados Unidos de una nueva administración federal y un Congreso vinculados a posiciones racistas y anti inmigratorias, obliga a la Cámara de Diputados a imaginar nuevas formas de actuación para hacer frente a dichos embates conservadores y extremistas.

Desde el inicio de su administración, el gobierno federal estadounidense ha venido emitiendo una serie de órdenes ejecutivas y memorandos relativos al control fronterizo y a la seguridad interna que sin duda están afectando considerablemente a los connacionales en Estados Unidos. Dichos ordenamientos, que incluyen la puesta en marcha de campañas de odio y hostigamiento, están encaminados a acelerar los procesos de deportación de los migrantes indocumentados.

Desde la perspectiva de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, la defensa y protección de los mexicanos deportados desde Estados Unidos no debe ser una actividad en la que participe solo el Poder Ejecutivo federal o de las autoridades locales de los estados de la federación. La Cámara de Diputados puede y debe emprender acciones de acompañamiento en favor de los connacionales retornados.

No basta sólo con asignar anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para fortalecer la red consular de México en Estados Unidos y otorgar así una adecuada asistencia jurídica de las personas migrante mexicanas en territorio estadunidense; desde nuestra perspectiva es momento de desplegar acciones diversas desde todos los Poderes de la Unión para evitar los efectos más perniciosos de la nueva política migratoria estadounidense.

Por ello, consideramos que es pertinente no solo fortalecer el programa Diputada Amiga/Diputado Amigo, una vez que ha demostrado el cumplimiento de sus objetivos originales, sino que debe ampliarse hacia otras metas complementarias vinculadas a la vigilancia, asistencia y apoyo de las y los legisladores en el proceso de deportación de las personas migrantes mexicanas.

En este sentido, se propone que el programa sea ahora de ejecución permanente y que incluya también la atención a las y los mexicanos deportados y repatriados.

Finalmente, vale la pena mencionar que la presente iniciativa se deriva de mi participación durante la presente legislatura en las actividades del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo. Durante diversos momentos tuve la oportunidad de observar de manera vivencial, a través de visitas, reuniones y recorridos específicos, las distintas vicisitudes que enfrentan las personas migrantes mexicanas en su retorno y  tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen así como constatar las diversas problemáticas inherentes a la región fronteriza.

En este sentido, la presente iniciativa busca justamente contribuir a aliviar algunas de las irregularidades y carencias observadas durante la implementación en la presente Legislatura del programa Diputado Amiga/Diputado Amigo.

Argumentos

El programa Diputada Amiga/Diputado Amigo ha venido siendo implementado por la Cámara de Diputados desde la LVIII Legislatura. En noviembre del año 2000, el Pleno de este órgano legislativo aprobó una proposición con punto de acuerdo para autorizar su operación con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso al país.

En su inicio, los objetivos del programa estuvieron orientados a proteger, orientar e informar, así como coadyuvar en la protección de los derechos de los migrantes que visitan México en la temporada invernal y evitar así actos de corrupción y abusos en su contra, que pudieran ser cometidos por autoridades de los tres niveles de gobierno en las distintas entidades federativas de la república.

Al paso de los años, la operación del programa se ha venido sofisticando con el propósito de organizar de mejor manera la participación de las y los diputados y velar así de mejor manera por el respeto cabal de los derechos de las y los connacionales en su tránsito por el país. En la actualidad, el programa incluye la realización de diversas actividades por parte de las y los legisladores en aeropuertos, cruces fronterizos y aduanas, así como acompañamientos de caravanas de migrantes.

Las y los diputados apoyan a los paisanos instalando módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de ingreso al país, donde se reparten folletos para difundir sus derechos, y se entregan materiales para ser colocados en sus vehículos a fin de protegerlos y prevenir extorsiones, abusos o maltratos.

Progresivamente, el programa ha alcanzado una mayor visibilidad social, además de que se ha logrado una mejor coordinación con las diversas instituciones involucradas en su ejecución.

Desde al año 2003, el programa ha operado de manera regular. No obstante, su falta de institucionalización en el Reglamento de la Cámara de Diputados hace incierto el otorgamiento de los recursos presupuestarios y humanos necesarios para cumplir con sus objetivos.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados es la encargada de ejecutar el programa, conjuntamente con las comisiones de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur-Sureste. Dichas comisiones legislativas mantienen una estrecha coordinación con diversas dependencias federales, estatales y municipales e incluso con distintos congresos locales.

Por lo que respecta a la coordinación con el Poder Ejecutivo federal, el Programa opera en colaboración con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), institución encargada de ejecutar anualmente, durante los periodos de Semana Santa, verano e invierno, el programa Paisano, cuyo objetivo es coincidente con el programa Diputada Amigo/Diputado Amigo, esto es, otorgar acompañamiento, atención, seguridad y protección de los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias o acompañantes que retornan temporal o permanentemente, durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional.

Dentro de los avances recientes podemos observar mejoras en la operación logística, incluida la contratación de una línea telefónica 01 800 nacional y 1 855 internacional desde Estados Unidos y Canadá, que sirven como canal de comunicación permanente de las y los connacionales con los representantes populares, así como la puesta en marcha de una serie de aplicaciones de comunicación a través de las redes sociales.

Durante los último dos años, la Cámara de Diputados lanzó un mensaje en radio y televisión para promover el número 01 800 849 9676, a fin de orientar a los migrantes sobre los derechos que gozan así como las formas de hacer efectivas sus denuncias.

Así, la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo ha venido consolidándose como un programa público de la Cámara de Diputados de enorme relevancia para las y los mexicanos migrantes.

Informe Final 2016 del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo

En el Informe Final 2016 del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo, presentado por las Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur-Sureste, se destaca una serie de datos relevantes que ayudan a encuadrar y justificar la propuesta que hoy ponemos a consideración de las y los diputados. Dicha información proviene de las opiniones de las y los migrantes que fueron atendidos por el Programa, ya sea mediante la página de Facebook que se abrió para tal efecto, la aplicación para redes sociales utilizada durante la campaña 2016 y la atención a llamadas mediante números telefónicos 01 800, con servicio nacional, y 01 855, para servicio internacional.

Por lo que respecta a la internación de vehículos, las personas migrantes señalan que las decisiones sobre los permisos que otorgan las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se dan partir de criterios personales del funcionario o empleado en turno y siempre son de una temporalidad menor a la que el migrante señala para regresar a la frontera, de manera que la fianza que pagan por internación del vehículo la pierden y cuando salen por el punto fronterizo deben pagar una multa por el vencimiento del permiso.

Los connacionales denuncian también los retenes colocados por las autoridades del SAT en diversos tramos carreteros, con el fin de llevar a cabo una “supuesta” revisión de documentos, terminan con extorsiones que oscilan entre los mil y los 2 mil pesos, en promedio, para dejarlos continuar su camino con sus pertenencias.

Otra de las denuncias recurrentes de las y los migrantes es contra los miembros de la Policía Federal, institución que implementa retenes en zonas aisladas de distintas carreteras del país. A través de estos operativos de revisión de permisos de vehículos se busca la imposición de multas que deben pagarse casi de manera inmediata, apercibidos de que de no hacerlo, se procede a la retención del vehículo, lo que puede derivar en pagos de entre mil y 5 mil pesos.

Las policías estatales de entidades fronterizas fueron también señaladas por las personas migrantes mexicanas por realizar prácticas de extorsión en retenes. De acuerdo con los señalamientos de los paisanos, el modus operandi de estas corporaciones estatales es detener los vehículos bajo el argumento de supuestas denuncias en ciudades dejadas atrás, sobre robo a otros migrantes, con lo cual solicitan los papeles que acreditaban la propiedad de sus pertenencias y, ya con ellos, los vehículos era retenidos durante horas, hasta que presuntamente recibían notificaciones con el fin de permitir su paso. Al cabo de un tiempo determinado, se les acercan para pedirles dinero y “ayudarles a irse rápido”.

En el mismo sentido, muchas de las quejas de las y los paisanos están relacionadas con trámites de tipo impositivo y/o burocrático, llevados a cabo ya sea por la Administración General de Aduanas del SAT como por el INM. En la mayoría de los casos las denuncias se relacionan con el tiempo de espera, el poco personal presente para la atención en época de vacaciones y la falta de personal capacitado para servir a los connacionales.

Con relación a las llamadas de emergencia recibidas por el programa, la mayoría de éstas son para denunciar y pedir apoyo para enfrentar extorsiones en la carretera, intentos de secuestro, secuestros virtuales y despojo de objetos que portan las y los migrantes, por parte de bandas delictivas.

Se han dado casos muy preocupantes como la denuncia de migrantes que han sido retenidos por personas encapuchadas, quienes los amagan con armas, les exigen una cuota de derecho de paso, les indican que deben cubrir una cuota similar al regreso, y les estampan para ello una calcomanía en el automóvil para asegurar su registro.

Las llamadas telefónicas al número de atención del programa también reflejan un aspecto muy importante que vale la pena destacar. Se ha venido dando una alta participación de llamadas desde Estados Unidos que denuncian una política de despidos de migrantes mexicanos mediante estrategias de acuerdos violatorios de la ley, entre empresas y aseguradoras, para evitar pagar pensiones y/o liquidaciones o bonos de despido.

Un dato relevante que surge del análisis de la información recabada mediante dichas llamadas telefónicas es el interés manifestado por distintos ciudadanos estadounidenses de participar en actividades de apoyo de los connacionales que pudiesen llevarse a cabo en Estados Unidos. Se trata de una faceta del programa hasta ahora poco conocida que pudiera ser considerada para fortalecer las actividades de apoyo a las y los migrantes mexicanos.

Por otro lado, diversas comunicaciones enviadas por las personas migrantes han manifestado el interés y hasta la exigencia ciudadana de entrevistarse directamente con sus diputados y diputadas, lo que refleja la importancia de fortalecer esta relación entre connacionales y sus representantes populares.

Como se señaló arriba, la presente propuesta surge de las vivencias propias que tuve la oportunidad de experimentar gracias a mi participación durante la LXIII Legislatura en las actividades del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo.

Entre las observaciones más relevantes que se derivaron de dichas actividades de trabajo de vinculación legislativa podemos señalar las siguientes.

De acuerdo con información oficial, aproximadamente el 20 por ciento de las personas deportadas desde Estados Unidos retorna a sus lugares de origen, mientras que el otro 80 por ciento se queda en las ciudades fronterizas, lo que implica un crecimiento exponencial en la demanda de bienes y servicios en dicha región del país.

Una parte importante de quienes se quedan varados en la franja fronteriza lo hace por falta de recursos para regresar inmediatamente a sus lugres de origen y porque los apoyos institucionales para cumplir con tal objetivo son insuficientes. De acuerdo con información aportada por autoridades locales de la región fronteriza norte, si el flujo humano se incrementara tan solo en un 10 por ciento, irremediablemente se presentarían problemáticas sociales más complejas en los estados fronterizos.

De manera particular, existe una carencia de información única y completa por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre la particularidad de la situación física y administrativa de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran varados en diversos estados fronterizos. Esta situación es altamente alarmante debido a que, como sabemos, durante los últimos años se ha precipitado un aumento sin precedentes de este tipo población, que sin duda es la más vulnerable de entre las personas migrantes.

En el mismo sentido, los albergues existentes actualmente para la atención de la población migrante en la región fronteriza son notoriamente insuficientes. Las personas migrantes albergadas no reciben servicios de salud de segundo nivel ni medicamentos suficientes para la atención especializada, como es el caso de mujeres embarazadas y niños que requieren valoración médica especializada, debido a que la atención se da en unidades ambulatorias y no de manera permanente. Aunado a ello, la situación de incertidumbre de los connacionales provoca en algunos estados de tensión, ansiedad y desequilibrios emocionales.

Como podemos apreciar, la capacidad de atención por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales debe fortalecerse urgentemente, sobre todo ante el esperado incremento de las deportaciones a partir del recrudecimiento de las políticas anti-migratorias aprobadas recientemente por el gobierno federal de Estados Unidos.

Ante esta problemática, diversas instituciones eclesiásticas de diversos cultos han tenido que abrir sus puertas para recibir a las personas migrantes, de la misma forma que algunos centros que eran usados para atención de adicciones ha debido adaptarse como albergues. La mayoría de estos lugares carece de subsidios gubernamentales y su manutención depende casi enteramente de la generosidad de las aportaciones de la sociedad civil, quien ha debido tomar acciones firmes y contundentes ante la falta de respuestas de las entidades públicas.

Endurecimiento de la política anti inmigratoria durante la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos

Como hemos visto, las problemáticas que enfrentan las personas migrantes en su tránsito o retorno al país son diversas y complejas. Lo preocupante es que ante la nueva política anti inmigratoria puesta en marcha desde el inicio del nuevo gobierno federal estadounidense, las tensiones en contra de las y los connacionales sin duda se están agravando. En este orden de ideas, las y los legisladores tenemos la enorme responsabilidad de contribuir desde nuestra trinchera para acudir en su apoyo.

A partir del arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas anti inmigratorias adoptadas por su administración se han radicalizado de manera muy preocupante. A través de la emisión de distintas “órdenes ejecutivas” y “memorandos”, el nuevo gobierno avanza progresivamente para cumplir sus promesa de expulsar a cientos miles de migrantes indocumentados de esa nación.

Apenas una semana después de haber asumido su encargo, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas –la primera sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna-, las cuales están configurando tiempos oscuros para las personas migrantes en Estados Unidos, principalmente para aquellas de origen mexicano, quienes ocupan el primer lugar en cuantía.

Entre otros aspectos, las medidas que han venido siendo adoptadas por las autoridades migratorias estadounidenses ordenan prácticamente una “cacería” de inmigrantes indocumentados, además de que fomentan las campañas de odio contra esta población.

Las disposiciones contenidas en estos y otros ordenamientos legales convierten a los policías en agentes con facultades similares a las de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que en los hechos, cualquier policía cuenta ahora con la facultad de investigar, identificar y detener a los migrantes indocumentados.

Con el pretexto de la “transparencia”, las órdenes ejecutivas articulan una agresiva estrategia mediática que asocia la migración con la criminalidad, fomentando el odio y el miedo hacia los indocumentados, y en los hechos debilita el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

Por ejemplo, la orden ejecutiva sobre seguridad interna estipula que las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal o que permanecieron en su territorio después del vencimiento de su visa “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y para el orden público”.

Otra de las medidas que se incluyen es el reclutamiento de diez mil agentes adicionales para la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), dependiente del ICE.

La orden ejecutiva establece además “prioridades” en materia de deportación de migrantes, empleando fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a personas que no fueron sentenciadas.

Además de las personas condenadas, son objetivos prioritarios de deportación ahora también quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a consideración de una autoridad, violó una ley-, quienes mintieron ante una institución o quienes “abusaron de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.

El presidente Trump ha ordenado también al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) reclutar 5 mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en su frontera sur. Trump ha dado la orden también de construir “inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana” incluyendo a los niños.

Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense emitió también a inicios de la administración Trump dos memorándum relativos a la seguridad fronteriza y a la aplicación de las leyes de inmigración, los cuales otorgan instrucciones más precisas para implementar las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, y a las cuales hicimos referencia arriba.

Con estas nuevas disposiciones, cualquier persona en Estados Unidos, sea ciudadano, residente legal permanente, turista, persona sin documentos, entre otros, puede ser detenido y cuestionado sobre su estatus migratorio solo bajo la presunción de encontrarse en dicho país en violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Así, dichas órdenes ejecutivas legalizan en los hechos el uso del perfil racial.

Además, estos documentos establecen que todo extranjero indocumentado que haya entrado a través de un país vecino será expulsado a éste en espera de que se defina su proceso de deportación.

Por su parte, el memorándum ha restaurado en los hechos el controversial programa Comunidades Seguras, que permite la colaboración de policías federales, estatales y locales para identificar en una base de datos biométricos a indocumentados que cometieron delitos y entregarlos a las autoridades migratorias. Vale la pena recordar que el programa fue cancelado en 2014 tras documentarse que afectó a miles de personas que no habían cometido delitos graves.

El memorándum criminaliza también a los padres de menores centroamericanos que cruzan la frontera e incluso llega a considerarlos como “sujetos inmediatos de deportación”, acusados de cometer el delito de tráfico de personas.

A diferencia del gobierno de Barack Obama, que deportó a millones de personas con el pretexto de ir tras delincuentes convictos, el gobierno de Trump ha demostrado en los hechos que no solo está abocado a perseguir a ese grupo, sino también va contra aquellos migrantes con visas expiradas, reingreso o delitos menores.

Así, las redadas de inmigrantes indocumentados, las detenciones indiscriminadas y las deportaciones masivas están generando un clima de ansiedad e incertidumbre entre la comunidad mexicana que habita en aquel país.

El gobierno de Trump está cambiando en los hechos la definición de crimen: ahora se incluyen como criminales a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con visa de turista y que no abandonaron el país; a los que reingresaron ilegalmente; a los que tienen un reporte de violencia doméstica, entre otros.

Durante el primer año de la administración del presidente Trump se han llevado a cabo de manera recurrente operativos en varios estados de la Unión Americana a través de los cuales se arresta a migrantes indocumentados y en donde además se busca sembrar miedo y zozobra entre esta población vulnerable.

Nuevos desarrollos

En este contexto, diversas instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México han llamado reiteradamente a reforzar la protección de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ante la prevalencia durante todo el año 2017 del discurso de odio y de las acciones de discriminación, racismo y xenofobia contra los millones de mexicanos que viven en ese país. La comisión ha considerado necesario también replantear la política migratoria mexicana para que vaya más allá de la de la contención de flujos humanos.

Este sentimiento de preocupación en nuestro país ha aumentado en la medida en que el presidente Donald Trump se ha empeñado en la construcción del muro fronterizo.

Además, una posible solución bipartidista para intentar solucionar el problema de los menores migrantes llegados desde la infancia (mejor conocidos como dreamers) está enfrentando una batalla cada vez más complicada en el Congreso estadounidense.

Como es sabido, la decisión del presidente Donald Trump de terminar en septiembre pasado con el programa de acción diferida para los menores migrantes (conocido como DACA, por sus siglas en inglés) ha provocado una serie de acercamientos legislativos en el Capitolio, pero no hay señales de que pronto un acuerdo pueda llegar a la Casa Blanca.

El problema está en que si el Congreso no llega a un acuerdo a principios de marzo, cientos de miles de inmigrantes correrán el riesgo de ser deportados sin que a la fecha pueda ofrecerse un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que arribaron de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños, pues esta medida es considerada por los legisladores republicanos e incluso algunos demócratas como “amnistía”.

Así, la Casa Blanca y el Congreso tienen que llegar a un acuerdo sobre el programa DACA, pero Trump ha dicho que su propuesta largamente anunciada de construir un muro fronterizo “debe ser parte de cualquier aprobación de DACA”.

Pero mientras esto sucede, la realidad de los menores retornados a México se torna más cruenta y dolorosa, pues la inminente separación familiar, ya sea porque solo uno de los padres fue deportado a México, o bien, porque a la larga, estos hijos de retornados serán quienes terminan dejando a su familia al no poder adaptarse a la vida en México, su país de origen.

Diversas organizaciones civiles mexicanas han señalado que la deportación representa hoy un desafío especial para quienes pasaron un periodo de tiempo en EU, sean adultos o niños. En los casos familiares, si deportan a ambos padres y los hijos son ciudadanos estadounidenses, se quedan allá bajo custodia del Estado. Pero si solo deportan a un padre, el otro puede pedir su regreso voluntario a México y traer a sus hijos consigo porque como tal, la figura de deportación de niños no existe, sino la de niños que regresan con sus papás retornados.

De acuerdo con el sacerdote Alejandro Solalinde, en su escrito en el prólogo del documento “Reintegración Migrante”, resultado del trabajo de Agenda Migrante, “no menos de 10 mil menores son retornados anualmente a México desde hace siete años. En un país tan penetrado por el crimen organizado y el crimen autorizado, y con pocas oportunidades, se prende el foco rojo en el rango de las edades entre 12 y 17 años de los repatriados”.

Algunos de los problemas legales que ahora enfrentan los menores retornados tienen que ver con que se trata en realidad de niños estadounidenses que nunca se registraron como mexicanos.

Así, los retornados tienen un alto grado de vulnerabilidad porque muchas familias no tramitaron papeles mexicanos mientras vivieron en Estados Unidos. Y sin ellos solo dependen de documentos estadounidenses para acreditar la paternidad. Hay casos en los que, por la falta de un solo requisito, viene la separación familiar.

Además, en Estados Unidos es común que los menores tengan un solo apellido, pero en México se trata de dos; y hacer ese trámite de revalidación en México hace que el niño deba acostumbrarse a dejar de ser, por ejemplo, Rodríguez para ahora ser Rodríguez García. El idioma también les es complejo porque al no hablar español sufren de bullying en las escuelas; o se les estigmatiza por tener una cultura híbrida.

Pese a que en el último año el tema migratorio ha sido abordado desde diferentes perspectivas por medios de comunicación y autoridades gubernamentales, la realidad es que a la fecha los programas de apoyo a los mexicanos repatriados (independientemente o no de su funcionalidad) siguen siendo dispersos porque no han sido unificados como una política pública gubernamental.

Si bien, gracias a Trump este tema se ha colocado en la agenda gubernamental y los gobiernos en diferentes niveles están llevando a cabo esfuerzos para atender esta problemática, la verdad es que estos programas no se han consolidado como política de estado para poder ayudar a los retornados en su regreso y reintegración al país para así aprovechar mejor sus cualidades.

En este orden de ideas, ante el clima de incertidumbre que tiene lugar en Estados Unidos en contra de nuestros connacionales, es imperativo que las y los legisladores contribuyamos, a partir de las prerrogativas con las que contamos, a orientar y proteger a las y los connacionales que están siendo objeto de deportación.

Los representantes populares debemos adoptar todas las medidas a nuestro alcance para defender a las personas migrantes mexicanas de los efectos que conllevan la aplicación de las órdenes ejecutivas en materia migratoria y de seguridad fronteriza arriba descritas y, en general, para contribuir a aliviar los efectos más perniciosos contra las y los paisanos de la política racista y anti-migratoria impulsada por la administración Trump.

Es de esperar que el número de connacionales deportados sigan aumentando en los próximos meses por lo que será necesaria la participación activa de los distintos actores del Estado mexicano para garantizar su atención conjunta para procurar que la defensa y protección de nuestros connacionales sea de la mayor calidad.

Tanto mi participación en el programa Diputada Amiga/Diputado Amigo, como las opiniones vertidas por diversos sectores vinculados con el fenómeno migratorio así como por las y los paisanos que tuvieron interlocución reciente con dicho programa, demuestran que existe una convicción general de que esta iniciativa a cargo de las y los diputados no debe ser temporal, ni aplicarse solo en temporada decembrina, ya que hay migrantes mexicanos que viajan durante todo el año hacia el país, ya sea por voluntad o por obligación, y enfrentan situaciones adversas.

Por otro lado, como hemos dicho, la nueva política anti inmigratoria que viene desplegando la administración Trump en Estados Unidos hace necesaria una participación más activa de los representantes populares en defensa de los connacionales.

Las y los legisladores deben contribuir con estrategias de orientación y apoyo que permitan a nuestros paisanos incorporarse a la vida productiva del país, ofreciéndoles oportunidades de empleo, educación, salud y de desarrollo, ante el creciente número de deportaciones desde la Unión Americana.

Los mexicanos retornados y en tránsito requieren orientación con el fin de ser canalizados a las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno que puedan facilitarle la atención de diversos servicios que demandan, como salud, empleo, educación, entre otros.

Ante los abusos del gobierno de Estados Unidos contra las y los paisanos migrantes es fundamental que el programa Diputada Amiga/Diputado Amigo extienda su ámbito de acción para tener injerencia ahora también con las y los mexicanos deportados o retornados, con el fin de apoyar la orientación, defensa y protección jurídica de los connacionales.

En esta coyuntura tan difícil, el fortalecimiento del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo puede ser un complemento magnífico de otras acciones implementadas por el gobierno federal para la defensa y protección de los connacionales, como los programas Paisano y Somos Mexicanos, así como las tareas del Grupo Beta y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La grave crisis humanitaria que amenaza a nuestro país y a nuestros connacionales por la radicalización de las posturas y políticas anti-migratorias implementadas por la nueva administración federal en Estados Unidos amerita llevar a cabo acciones decididas y concretas, tanto inmediatas como de mediano y largo plazo, por parte de los representantes populares.

La contribución del Poder Legislativo puede abonar para atender cabalmente los innumerables desafíos que enfrentan nuestros connacionales migrantes.

Por tanto, es preciso que la Cámara de Diputados no solo institucionalice la implementación del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo para que se pueda desarrollar de manera permanente, sino que amplíe sus responsabilidades con el fin de atender la emergencia nacional que enfrenta México por las crecientes deportaciones llevada a cabo por el presidente estadounidense Donald Trump.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo estipulado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo Sexto al Título Octavo, denominado Del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo, que contiene los artículos 285, 286, 287, 288, 289, 290 y 291, recorriéndose en su orden el artículo subsecuente, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Capítulo VIDel programa Diputada Amiga/Diputado Amigo

Artículo 285.

1. El programa Diputada Amiga/Diputado Amigo es un programa público implementado por la Cámara de Diputados de manera permanente.

2. El objetivo general del programa es orientar y asistir en sus derechos humanos a las personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero en tránsito por territorio nacional y a las y los connacionales deportados o que retornan de manera permanente al país.

Artículo 286.

1. Los objetivos específicos del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo son los siguientes:

I. Coadyuvar a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que visitan el país y velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales.

II. Orientar y asesorar a las personas migrantes mexicanas para que durante su ingreso y tránsito por el país, cuenten con la información necesaria para realizar los trámites y procesos administrativos de manera ágil y apegada a la ley.

III. Realizar actividades de apoyo a las personas migrantes mexicanas, en tránsito o en su retorno al país, en cruces o puentes fronterizos, lugares para la deportación, aduanas, terminales de autobuses, aeropuertos internacionales, puestos de revisión carreteros y casetas de cobro en el interior de la república mexicana.

IV. Asistir y apoyar a las y los mexicanos deportados o repatriados, velar por su protección e integridad física y patrimonial y coadyuvar para otorgarles un trato digno en el país.

V. Recibir y dar seguimiento a las quejas y denuncias que presenten las personas migrantes mexicanas en tránsito o en retorno permanente relacionadas con actos de corrupción, maltrato, extorsión y hostigamiento.

VI. Vincularse con dependencias de los tres niveles de gobierno, congresos locales, personas morales, organizaciones sociales y no gubernamentales y entidades académicas para la eficaz implementación del programa.

VII. Ejercer la diplomacia parlamentaria, en términos de este reglamento, para coadyuvar con los gobiernos de naciones vecinas en la gestión adecuada de los procesos de retorno y repatriación de migrantes.

VIII. Coadyuvar en la sensibilización de los servidores públicos y de la sociedad civil sobre los derechos y las contribuciones de las personas migrantes deportadas y repatriadas.

IX. Llevar a cabo visitas a albergues de migrantes para ofrecer información a las personas migrantes mexicanas sobre sus derechos.

X. Los demás que se consideren necesarios.

Artículo 287.

1. La operación del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo estará a cargo de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos de la Frontera Norte, Asuntos de la Frontera Sur y Relaciones Exteriores de la Cámara.

2. Podrán participar como coadyuvantes del programa legisladoras y legisladores de la Cámara de Senadores y de los Congresos locales de las treinta y dos entidades federativas del país.

3. Para desarrollar las labores del programa habrá un área técnica-administrativa especializada.

Artículo 288.

1. Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la Cámara de Diputados podrá suscribir acuerdos de coordinación y colaboración con dependencias gubernamentales, congresos locales, organizaciones sociales y no gubernamentales y entidades académicas.

Artículo 289.

1. Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la Cámara deberá elaborar un plan de difusión del programa Diputada Amiga/ Diputado Amigo, a través el Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales y redes sociales. Dicho plan deberá contener cuando menos la ubicación, los teléfonos de contacto y demás información institucional propios del programa, así como las principales actividades que lleva a cabo.

Artículo 290.

1. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados otorgará anualmente los recursos necesarios para la operación y cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga/Diputado Amigo, los cuales serán fiscalizados de conformidad con los procedimientos contendidos en este Reglamento.

Artículo 291.

1. Los legisladores y las legisladoras que participen en alguna de las actividades del programa tendrán la responsabilidad de rendir un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad.

2. Los informes a que hace referencia el numeral anterior serán dirigidos a la Junta y se publicarán en la Gaceta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputados: Rafael Hernández Soriano, Felipe Reyes Álvarez, Tania Verónica Arguijo Herrera, Erick Arturo Figueroa Ovando, María Cristina Teresa García Bravo, Leonardo Amador Rodríguez, Tomás Octaviano Félix, Julio Saldaña Morán, Araceli Saucedo Reyes, Arturo Bravo Guadarrama, María Luisa Beltrán Reyes, Olga Catalán Padilla, José Santiago López, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Eva Florinda Cruz Molina, J. Guadalupe Hernández Alcalá, David Gerson García Calderón, Hortensia Aragón Castillo, María Elida Castelán Mondragón, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez, Sergio López Sánchez, Jorge Tello López, Francisco Xavier Nava Palacios, María Concepción Valdés Ramírez, Cecilia Guadalupe Soto González y Erik Juárez Blanquet (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de preclusión de iniciativas, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 24 diciembre de 2010 se publicó enel Diario Oficial de la Federación el actual Reglamento de la Cámara de Diputados. En dicho proyecto se establecieron, entre otras cosas, reglas y condiciones para que las comisiones que integran a la Cámara de Diputados y que se encargan de los trabajos parlamentarios, se fortalecieran como órganos especializados y de debate técnico-jurídico, en los temas de su competencia, elevando la calidad de los trabajos.

Una de las características de este Reglamento fue el origen de los plazos, que al precluir, extinguen la facultad de las Comisiones de realizar el dictamen respectivo, lo que tiene como consecuencia el desechamiento de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que no fueren atendidas, con la finalidad de acabar con el rezago legislativo, pues en cada legislatura se acumulaban muchas iniciativas.

Asimismo, se contempla el derecho a retirar las iniciativas antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar.

Posteriormente el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 71 (Derecho de iniciar leyes o decretos) por la cual se crea la figura de “iniciativa preferente”, adicionando un tercer párrafo en los siguientes términos:

“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.”

Artículo 89

En este sentido, se consideró necesario reformar el Reglamento de la Cámara para regular esta nueva facultad constitucional, adicionando un numeral 3 al artículo 89, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012:

“Artículo 89.

1.y 2. ...

3.En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que fue presentada,

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable,

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación.

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del Pleno.

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en el Apartado G del artículo 72 de la Constitución.

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 71 de la Constitución.”

Es importante señalar que este numeral simplemente señala de manera detallada lo establecido en la Constitución Federal, respecto a la facultad del Presidente de la República para presentar iniciativas preferentes.

Artículo 95

Este artículo establece plazos de dictaminación de las minutas a las que se refiere el artículo 72 constitucional, se establece un plazo de 90 días para que la Comisión presente el dictamen correspondiente. Asimismo, se considera la posibilidad de prorrogar dicho plazo, mediante solicitud que haga la Junta Directiva de la Comisión correspondiente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, antes de que venza el plazo de los 90 días referido.

En caso de otorgarse prórroga, las comisiones tendrán hasta 45 días para minutas de reformas legales y de 90 días tratándose de minutas de reforma constitucional, y no habrá más de una prórroga.

Si transcurren los plazos y la comisión no emite dictamen, entonces el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitirá la declaratoria de publicidad a más tardar 2 sesiones ordinarias después de que el plazo haya precluido.

Las minutas deberán ser aprobadas por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrán por desechadas.

En el caso de las minutas de reforma constitucional, éstas deberán ser aprobadas por mayoría calificada, de lo contrario se tendrán por desechadas. Cabe señalar que esta disposición es secundaria al artículo 135 constitucional.

De igual forma, este artículo establece el procedimiento para minutas sobre iniciativas preferentes:

• El Presidente turna a la comisión o comisiones;

• La comisión tiene 30 días naturales a partir de la recepción para dictaminar; dicho plazo es improrrogable;

• Transcurrido el plazo, sin que haya dictamen, entonces el Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad y la Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente Sesión del Pleno para su discusión y votación, y tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario se tendrá por desechada.

• Cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto con carácter preferente sea desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara, ésta deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes, a la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, Apartados D o E, de la Constitución.

Respecto a este artículo, se coincide con la idea de establecer términos, toda vez que una minuta representa el trabajo realizado en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y por lo tanto se estima necesario fijar plazos para que concluya el proceso legislativo, pues es común que las minutas se queden en la “congeladora” y el trabajo y esfuerzo realizado en la Cámara de origen, no se vea concluido, ya sea aprobándolo o, en su caso, desechándolo, pero siempre debe haber argumentación al respecto.

Por lo anterior, estimamos conveniente conservar el texto vigente, pero es necesario mejorar la redacción, toda vez que el texto actual es redundante y repetitivo.

“Artículo 182.

1.Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamentoy la Constitución establecen.

2.Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta que se instale la comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente.

3. La comisión tendrá como términopara dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada periodo ordinario de sesiones.

4.En caso de que el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las comisiones, con excepción de las iniciativas con carácter de preferente.

5. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en días, se considerarán días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento. Los días inhábiles son los sábados, domingos y días festivos. Al inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establecerá los días que se computarán como inhábiles.

6. El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación.”

Como puede observarse, este artículo establece los plazos generales de 45 días para dictaminar un asunto, por lo cual consideramos que una vez hecha la modificación que proponemos, se tendría que eliminar esta parte, así como la distinción a la que hace referencia en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su discusión, ya que estaríamos eliminando dichos plazos, a excepción de los plazos que se refieren al estudio de las minutas establecidos en el artículo 95 y de las iniciativas preferentes establecidos en el artículo 89 del Reglamento que nos ocupa.

Eliminamos el numeral 3, porque creemos que es repetitivo en relación al artículo 184 numeral 2, en donde señala que las proposiciones con punto de acuerdo se deberán dictaminar dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas.

En este sentido, rescatamos los numerales 2 y 5, pero dando un orden más idóneo en la parte en donde se explica el procedimiento para el cómputo de los plazos.

Artículo 183

En el texto vigente de este artículo encontramos lo conducente en relación a las solicitudes de prórrogas, que en concordancia con nuestro texto sugerido quedaría sin materia, ya que eliminamos plazos de dictamen para iniciativas.

Sin embargo, las minutas sí tendrán plazo para dictaminar, con el objetivo de apresurar el proceso legislativo y darle la importancia que merece el trabajo realizado por la Cámara de origen, en estos casos, específicamente, ya se encuentra establecido en el artículo 95 numeral 2, fracción I.

El numeral 3 de este artículo es rescatable en cuanto a la publicación en Gaceta de las prórrogas de dictaminación de minutas (legales y constitucionales) otorgadas por el Presidente de la Mesa Directiva.

Consideramos que el numeral 4 vigente resulta repetitivo ya que el Reglamento es muy claro en su artículo 95 en donde establece que el plazo de dictamen de las iniciativas preferentes es improrrogable.

Artículo 184

Establece el procedimiento de la discusión y votación de las iniciativas y minutas que no fueron dictaminadas, para el caso de las primeras ya no existiría un plazo y para las segundas ya se encuentra establecido en el artículo 95 referido en varias ocasiones, por lo cual proponemos que únicamente se quede un párrafo en donde se habla del término para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo.

Artículos 77 y 88

Cabe agregar que el derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla, antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar, según lo establece el artículo 77. Con referencia a todo lo anteriormente expuesto, es evidente que esta parte resulta innecesaria en el Reglamento.

Asimismo, quedan sin materia las prevenciones previstas en los casos señalados en el artículo 182; y en el artículo 183, numeral 2, por lo que sólo se mantiene el numeral 3 del artículo 88, el cual a la letra dice:

“3. El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta.”

Consideramos que para acabar con el rezago legislativo se deben dictaminar las iniciativas presentadas y no recurrir a una figura que de un plumazo termina con el trabajo de un legislador sin argumento ni dictamen.

En consecuencia, se estima conveniente desaparecer la figura de la preclusión y que las comisiones legislativas cumplan con su obligación parlamentaria, aun cuando la iniciativa no tenga opinión a favor, deberá dictaminarse en contra, con los argumentos correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único.Se reforma el numeral 2, del artículo 77; se eliminan los numerales 1 y 2 del artículo 88; se derogan los numerales  1 y 2 del artículo 89; se reforma la fracción II del numeral 1, así como las fracciones  I y II y el párrafo primero del numeral 2, las fracciones I, II, III, IV y V del numeral 3, del artículo 95; se reforma el numeral 1 y se derogan el 3, 4, y 6 del artículo 182; se derogan los numerales 1, 2, 4 y se reforma el 3 para quedar como único párrafo del artículo 183; y se reforma el artículo 184, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 77.

1. (...)

2. El derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla, éste lo podrá ejercer sólo el autor, desde el momento de su admisión y hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se haya turnado acuerden un dictamen. Para los efectos de este numeral, por autor se entiende al o a los diputados o diputadas que suscriban efectivamente la iniciativa, antes de ser presentada ante la Mesa Directiva.

3. (...)

4. (...)

Artículo 88.

El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta.

Artículo 89.

En el dictamen de iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que fue presentada,

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable,

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación.

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del Pleno.

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en el Apartado G del artículo 72 de la Constitución.

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 71 de la Constitución.

Artículo 95.

1. En el caso de minutas a las que hace referencia el artículo 72 constitucional:

I. El Presidente dará el turno que corresponda, en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta de éste al Pleno;

II. A partir de la recepción formal del asunto, la comisión tendrá como plazo noventa días para que presente el dictamen correspondiente.

2. En el proceso de dictamen de las minutas referidas, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones que consideren conveniente prorrogar el plazo para dictaminar la minuta turnada, deberán hacer la solicitud al Presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar. La Mesa Directiva resolverá las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta cuarenta y cinco días tratándose de minutas de reformas legales, y noventa días paraminutas de reforma constitucional, en ambos casos el plazo correráa partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término. No podrá haber más de una prórroga.

II. Si transcurre este plazo, sin que la comisión formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente emitirá la declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones ordinarias después de precluido el plazo para emitir dictamen.

b) Una vez emitida la declaratoria de publicidad deberá incluirlas en el Orden del día para su discusión y votación, cuando hayan transcurrido dos sesiones.

c) Las minutas deberán ser aprobadas por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrán por desechadas.

d) Las minutas de reforma constitucional deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

e) Las minutascontinuarán con su proceso legislativo, de acuerdo a lo que establece el artículo 72 Constitucional.

3.Para las minutas sobre iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:

I. El Presidente dará el turno que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de éste al Pleno;

II. A partir de la recepción formal del asunto, la comisión tendrá como plazo improrrogable,treinta días naturales para que presente el dictamen correspondiente;

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente emitirá la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente Sesión como el primer asunto, y deberá ser discutido y votado en sus términos y sin mayor trámite.

c) La minuta deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada.

V. La minuta continuará con su proceso legislativo, de acuerdo a lo que establece el artículo 72 Constitucional.

Artículo 182.

1. Para el cómputo de los plazos señalados en días, se considerarán días hábiles; respecto a los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento. Los días inhábiles son los sábados, domingos y días festivos, salvo disposición legal en contrario. Al inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establecerá los días que se computarán como inhábiles.

2. Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la Legislatura hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente.

Artículo 183.

La solicitud que realice la Comisión para prorrogar el plazo para dictaminar las minutas turnadas, y el acuerdo por el que la Mesa Directiva resuelva dicha solicitud, serán publicados en la Gaceta.

Artículo 184.

Las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a comisión, serán dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas. De lo contrario se tendrán por desechadas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de marzo del año 2018.— Diputada y diputado: Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

EXPIDE LA LEY DEL PRIMER EMPLEO

«Iniciativa que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Primer Empleo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta ya un lugar común afirmar que México es un país de jóvenes, sin embargo, el nulo aprovechamiento del llamado bono demográfico continúa afectando la productividad del país y con ello el avance a mejores estadios de desarrollo económico integral y humano de ese grupo etario en pleno Siglo XXI.

“El desempleo, especialmente el de larga duración, que afecta a la mayoría de la población joven supone la pérdida de espacios de referencia y pertenencia para las personas en sus procesos de integración social y de construcción de identidad individual y colectiva”. Este proceso pareciera estarse convirtiendo en una tendencia social sumamente preocupante: la de exclusión social, económica y política. “El excluido, ya sea a consecuencia del desempleo o porque nunca ingresó directamente en los circuitos que ordenan y norman la vida económica de las sociedades, deja de ser parte de éstas para transformarse en algo ajeno”.

A decir de Pedro Daniel Weinberg, Director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR/OIT), “las probabilidades de ser un excluido se encuentran fuertemente asociadas a la edad de las personas. Y así como el grupo juvenil es el mayoritario entre los grupos de desempleados, subempleados y pobres, también es el más vulnerable a la amenaza de la exclusión. En esta mayor exposición de las personas jóvenes a la exclusión, desempeña un indudable papel el factor demográfico.

Para Weinberg, es imposible esperar una sociedad integrada sin una educación y una formación integradoras y ésta es la raíz de uno de los verdaderos problemas de nuestro país: la exclusión de la juventud de la dinámica del desarrollo económico y social.

Lo anterior, se puede decir, es un padecimiento latinoamericano en el que los jóvenes tienen menos y peores empleos que los adultos. En efecto, una quinta parte (20 por ciento) de los 163 millones de jóvenes que viven en América Latina trabajan en empleos informales, mientras que una proporción equivalente no tiene empleo, no estudia, ni recibe capacitación, comparada con 15 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otra parte, 23 por ciento de los jóvenes son trabajadores formales y casi 40 por ciento son estudiantes. Además, las tasas de desempleo son casi tres veces mayores entre los jóvenes (11.2 por ciento) que entre los adultos (3.7 por ciento) en todos los países de América Latina y el Caribe, situación que se agudiza entre los jóvenes más pobres. Las deficientes oportunidades de empleo son aún peores entre las mujeres jóvenes.

Los jóvenes de esta región están expuestos a un gran número de vulnerabilidades y amenazas, desde la falta de acceso a un empleo, a educación y a salud de calidad hasta la escasa participación ciudadana (factores que les hacen más difícil el camino para participar en los mercados laborales y actividades productivas y les impiden desempeñar un papel pleno en sus sociedades).

En Latinoamérica, casi siete de cada diez jóvenes de 15 años que viven en hogares de pobreza moderada están en la escuela; cuando éstos llegan a los 29 años, tres de cada diez no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación; otros cuatro trabajan en el sector informal; solo dos trabajan en el sector formal; y el resto estudia y trabaja o solo estudia, es decir, solo uno de esos jóvenes tendría algún grado de estabilidad social. Esta situación en el mercado laboral es ya muy parecida cuando los jóvenes cumplen 21 años. En los hogares vulnerables, más de la mitad de los jóvenes de 29 años trabajan en el sector informal o no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación.

La situación descrita genera la mayor brecha mundial entre las competencias disponibles y las competencias que las economías y los negocios requieren. Alrededor de 50 por ciento de las empresas formales de América Latina no encuentran la fuerza laboral dotada de las competencias que necesitan, frente a 36 por ciento de las empresas en los países de la OCDE. Se trata de un problema particularmente apremiante en países como Perú, Brasil y México. En consecuencia, un tercio de los empleadores tienen que emplear personal calificado del extranjero para suplir la escasez de competencias y las empresas tardan más que en cualquier otra región para ocupar las vacantes.

En el caso particular de México la situación no varía del resto del continente. Durante el primer trimestre del año 2016 los jóvenes de 20 a 29 años representaron 41.5 por ciento del total de desocupados del país, cifra que sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo juvenil fue la mayor en más de 11 años.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que alrededor de 887 mil personas de 20 a 29 años no contaban con un empleo en el primer trimestre de 2017, cifra que revela la más grande proporción de jóvenes desempleados desde 2005, año en que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años es de 23.5 por ciento del total de los desempleados en México. Mientras que el segmento de 25 a 29 años de edad, al que corresponde 18 por ciento de los desocupados totales, mostró su mayor tasa desde el primer trimestre de 2005. Otro 12 por ciento corresponde a los desocupados de 15 a 19 años.

“El desempleo entre jóvenes, sobre todo en el segmento de 21 a 24 años, corresponde a una cantidad importante de egresados de universidades públicas y privadas que no son absorbidos por el mercado de trabajo”, dijo Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.

Estar fuera del esquema de ley repercute en los salarios, pues 68 por ciento de los jóvenes percibió, durante el periodo señalado, de uno a dos salarios mínimos o no recibió remuneración. “La precarización en las condiciones laborales que está generalizándose en todas las ramas de la actividad económica le está pegando particularmente a los jóvenes, y no sólo se manifiesta en los salarios, sino también en largas jornadas de trabajo y pocas prestaciones”, dijo Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

La situación laboral para el segmento de la población más joven del país abre otra problemática, ya que en el mismo lapso, seis de cada 10 jóvenes ocupados de 15 a 19 años trabajaron informalmente. La disyuntiva para estos jóvenes, oscila entre autoemplearse (la mayoría de las veces en el sector informal de la economía), o peor aún, caer en las garras de los carteles del crimen organizado, que en muchos casos buscan talento joven especializado para diversificar y dar mayor sofisticación a las actividades ilícitas que llevan a cabo.

Por otra parte, debemos señalar que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De acuerdo a datos del INEGI, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento declararon disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar uno.

Sin duda, la educación y las competencias son factores decisivos para apoyar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo. La educación es fundamental para elevar la débil productividad y encontrar nuevos mecanismos a fin de fomentar el crecimiento a largo plazo, reducir la pobreza, eliminar las desigualdades, lo cual redunda en estabilidad y cohesión social. Sin embargo, debemos reconocer que en la mayoría de los países de Latinoamérica el futuro nos ha alcanzado y hasta ahora no se han implementado mecanismos eficaces para incorporar a los egresados de la educación media superior y superior al mercado del trabajo de manera sólida y sistemática.

Debemos reconocer que la falta de coincidencia de aquello que se enseña en el sistema educativo con los requerimientos del mercado laboral representa un gran problema que fomenta el circulo vicioso del cual hablamos, donde inexperiencia es igual a desempleo.

La falta de competencias de la población joven recién egresada de la escuela, ha motivado que diversos países diseñen programas específicos para mejorar las aptitudes de quienes enfrentan problemas para integrarse al mercado laboral.

Estos programas aportan nuevas soluciones a un problema antiguo pero creciente: la exclusión económica y social de los jóvenes. Entre ellos hay que mencionar a Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Argentina; ProJovem, en Brasil; Jóvenes en Acción,en Colombia; y más recientemente Mi Primer Empleo, en Perú y uno más en Paraguay con idéntico nombre.

Cabe destacar la propuesta del Gobierno de Ecuador, la cual plantea para este 2018 dos programas de subsidios para fomentar la contratación juvenil. En el primero, el Estado asumirá el 50 por ciento del sueldo e igual porcentaje del aporte patronal al Seguro Social de los trabajadores contratados por primera vez por las empresas. Los beneficiarios serán jóvenes sin estudios completos. Este programa se denomina Mi Primer Empleo. El segundo se centra en el sector de pasantías. La propuesta del Gobierno es devolver a las empresas el 100 por ciento del salario pagado al pasante, una vez cumplidos los seis meses de prácticas y siempre y cuando la compañía decida contratarlo. Para estos programas, el fisco ecuatoriano destinará unos 270 millones de dólares.

Esta problemática de la juventud no sólo atañe a las economías en desarrollo, también en el mundo desarrollado se padece esta débil incursión de la juventud al ámbito laboral. Por ejemplo, desde 2011, la Unión Europea ha puesto en marcha un programa denominado Eures, que consiste en una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos de empleo de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE, los países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein, además de otras organizaciones asociadas), para apoyar la movilidad de los trabajadores y ofrecer servicios de alta calidad tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Uno de los tres ejes de Eures es el de “Tu Primer Trabajo en Eures” (TPTE). Éste es un plan de movilidad laboral a pequeña escala dentro de la Unión Europea que ayuda a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años de todos los países miembros, así como de Islandia y Noruega, a encontrar una colocación (trabajo, período de prácticas o de aprendizaje) en otro país que no sea su país de residencia. Además, ayuda a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a encontrar la mano de obra que necesitan en las vacantes difíciles de cubrir.

El plan TPTE se aplica en el marco del eje Eures, donde existe un instrumento de financiamiento denominado Empleo y la Innovación Social 2014-2020 (EaSI). El financiamiento es gestionado directamente por la Comisión Europea con el fin de contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Entre otras prioridades, presta especial atención a los grupos vulnerables como los jóvenes y fomenta un alto nivel de empleo sostenible y de calidad.

Entre los requisitos que el TPTE establece para el empleador está el poder proporcionar una formación y un aprendizaje de destrezas en el lugar de trabajo y expedir un certificado o declaración de las destrezas y competencias adquiridas al concluir el período de prácticas o aprendizaje, el cual tiene una duración mínima de tres meses ( períodos de prácticas) o de seis meses ( trabajos fijos y períodos de aprendizaje), que se pueden desarrollar en períodos consecutivos o separados. A la fecha, según su página electrónica, Eures ha ofertado 1,532,583 empleos en 11,050 empresas europeas.

La situación actual de los jóvenes mexicanos exige une verdadera política pública que aporte soluciones inmediatas. En ese sentido, en el Partido Verde hemos hecho diversas propuestas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y mejorar las vías para su inserción en el mercado de trabajo, permitiendo, cuando es el caso, que ello no les impida terminar sus estudios y que ésta se dé en el sector formal.

En ese sentido, durante esta LXIII Legislatura hemos propuesto reformas legales para que los patrones que den a los jóvenes su primer empleo, gocen de un incentivo fiscal que les permita fortalecer su planta productiva. Además, propusimos recientemente establecer un Fondo de Aportaciones para el Fomento al Autoempleo de Jóvenes Profesionistas Recién Egresados y ahora proponemos crear la Ley del Primer Empleo, con el objetivo de romper de manera estructural el círculo vicioso en el que se ha convertido el vínculo entre inexperiencia y desempleo.

La presente iniciativa tiene como propuesta fundamental, que aquellos empresarios que decidan contratar a jóvenes para su primer empleo, sin experiencia alguna, les otorguen una percepción económica por el monto de entre uno y dos salarios mínimos vigentes y que el Estado cubra un salario mínimo adicional, en el entendido de que la permanencia en el trabajo deberá ser por un año obligatoriamente.

Consideramos que con esta propuesta el joven adquiere la experiencia necesaria que le será requerida en cualquier otro empleo y el patrón tiene la opción de otorgar la permanencia laboral a un empleado que, por las características propias de la edad, es innovador, dinámico y con un cierto grado de preparación académica o técnica.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Primer Empleo

Único. Se expide la Ley del Primer Empleo:

Ley del Primer Empleo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo de los jóvenes concerniente al inicio de su actividad laboral formal, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Artículo 2. Serán sujetos a las disposiciones de esta Ley:

a) Los jóvenes de dieciocho a veinticinco años de edad que comprueben que se trata de su primer empleo formal; y

b) Los patrones que estén sujetos al apartado A del Artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria.

Artículo 3. Para que las empresas puedan incorporar personal en las modalidades contractuales previstas en la presente Ley y obtener los correspondientes beneficios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y contar con una situación regular de sus pagos del aporte patronal en materia de seguridad social;

b) No haber efectuado, en los sesenta días anteriores al pedido de contratación, reducción de personal, ni despidos sin causa justificada;

Artículo 4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá un registro de las personas que deseen ser contratadas bajo este régimen. Para este efecto, los interesados en el régimen del Primer Empleo deberán presentar ante la Secretaría, los siguientes documentos:

a) Identificación oficial;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Acta de nacimiento;

d) Comprobante de domicilio; y

e) Los demás que establezca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Capítulo IIReglas para la contratación del primer empleo

Artículo 5. Los contratos de primer empleo podrán ser convenidos entre patrones y trabajadores de dieciocho a veinticinco años de edad.

Artículo 6. El contrato de primer empleo deberá pactarse por escrito, debiendo constar expresamente las tareas a realizar y su duración, la cual tendrá que ser de un año obligatoriamente. Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la contratación y del inicio de labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo.

Artículo 7. En caso de así considerarlo, el patrón podrá otorgar contrato definitivo, con todas las prestaciones de Ley, al trabajador después del año obligatorio del primer empleo.

Artículo 8. Ningún trabajador podrá contratarse por segunda ocasión bajo el régimen de primer empleo.

Artículo 9. El puesto de trabajo del primer empleo y la práctica laboral deberán ser, cuando sea el caso, adecuados al nivel de formación y estudios cursados por el trabajador.

Artículo 10. Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el término del contrato al año o, en su caso, la continuación del mismo de manera definitiva sujeto a las normas de la Ley Federal del Trabajo. Dicho informe deberá contener la experiencia adquirida por el trabajador en el puesto, así como su asistencia, su comportamiento y su adaptación al trabajo.

Capítulo IIIDerechos y obligaciones

Artículo 11. Los derechos y obligaciones de los sujetos del contrato se regirán por las normas de la Ley Federal del Trabajo, salvo lo expresamente establecido en la presente Ley.

Capítulo IVTerminación del contrato

Artículo 12.El contrato de primer empleo terminará por las siguientes causas:

a) Cumplimiento del plazo establecido en el contrato;

b) El despido del trabajador por el empleador con causa justificada, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; y

c) El retiro del trabajador por causas justificadas y por mutuo acuerdo con el empleador.

Capítulo VDe las jornadas laborales

Artículo 13. La jornada de trabajo será de ocho horas diarias y máximo cuarenta y ocho semanales.  

Artículo 14. Quedarán excluidos de ese horario de la jornada de trabajo, los trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que cumplan actividades fuera del local donde se encuentre establecida la empresa, como agentes y comisionistas.

Artículo 15. Los trabajadores del primer empleo tendrán derecho al pago de las horas extraordinarias de labor, de conformidad con la reglamentación establecida.

Capítulo VIRemuneración

Artículo 16. Los trabajadores contratados bajo el régimen de esta Ley percibirán al menos entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más un salario mínimo adicional que será pagado por el Estado mexicano.

Artículo 17. El empleador que contrate a un trabajador bajo el régimen del primer empleo no podrá otorgar a éste un salario menor al que perciben los demás empleados que desempeñen las mismas funciones.

Artículo 18. Los recursos públicos para la subvención del programa del primer empleo serán aportados de lo recaudado anualmente a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y estarán contenidos en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación.

Capítulo VIIExenciones e incentivos

Artículo 19. Los empleadores estarán exentos, respecto de los trabajadores contratados bajo el régimen de esta Ley, de:

a) Aporte jubilatorio; y

b) Vacaciones.

Artículo 20. Los empleadores deducirán las cuotas por seguridad social que correspondan al trabajador contratado bajo el régimen de esta Ley, de conformidad con la legislación aplicable.

Capítulo VIIIEvaluación

Artículo 21. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará, en conjunto con las empresas participantes, una evaluación anual de la aplicación de la presente Ley e informará públicamente sus resultados.

Capítulo IXMultas y sanciones

Artículo 22. En caso de que el empleador dé por terminado el contrato de trabajo sin causa justificada antes de cumplido el plazo obligado, deberá indemnizar al trabajador de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 23. Los empleadores que no den aviso de la contratación y del inicio de labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo, serán acreedores a una multa de 500 a 750 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 24. Los empleadores que no den aviso de la conclusión de contrato del primer empleo serán acreedores a una multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 25. Al empleador que incurra en los supuestos descritos en los artículos anteriores se le impedirá seguir contratando bajo el régimen de esta Ley.

Transitorios

Primero. El titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, deberá publicar el Reglamento de la presente Ley a más tardar 90 días después de que entre en vigor la misma.

Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevará a cabo un registro de los trabajadores inscritos bajo el régimen del primer empleo establecido en la presente Ley y con base en él calculará los montos necesarios para su aplicación en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará anualmente, de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los recursos necesarios para la implementación del régimen del primer empleo establecido en la presente Ley.

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “Los jóvenes y el trabajo”, Enrique Pieek, coordinador, Universidad Iberoamericana. Prólogo de Pedro Daniel Weinberg.

2 Ibídem.

3 Véase, “Perspectivas económicas de América Latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento”, OCDE, Banco de Desarrollo de América Latina y CEPAL. Disponible en:

https://www.oecd.org/dev/americas/Resumen_LEO2017.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Véase, “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años”, Periódico El Financiero, martes 28 de junio de 2016. Disponible en línea:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jovenes-de-20-a- 29-anos-con-mas-desempleo-en-11-anos.html

7 Véase, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la juventud (12 de agosto)”, INEGI, 10 de agosto de 2017. Disponible en línea:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juv entud2017_Nal.pdf

8 Ibídem.

9 Op. Cit. “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años...”

10 Ibídem.

11 Op. Cit. “Perspectivas económicas de América Latina 2017...”

12 Véase, “Gobierno plantea subsidiar el 50% del sueldo de nuevos empleos jóvenes”, Diario El Comercio, 28 de diciembre de 2017. Disponible en línea:

http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-subsidio-sueldo-jovenes.html

13 Tu primer trabajo Eures Plan de movilidad específico Edición 2017. Disponible en:

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16258/ Tu%20primer%20trabajo%20Eures%20-%20Gu%C3%ADa.pdf

14 Véase, Eures, El portal de la movilidad electrónica. Consultado el 26 de febrero de 2018. Disponible en:

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Arturo Álvarez Angli y diputados del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma energética aprobada por este Congreso de la Unión en 2013 y publicada como reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, conllevó como garantía de su proceso de implementación el fortalecimiento institucional no sólo de quienes se convertirían en empresas productivas del Estado, sino también de los órganos que se constituirían como reguladores en el sector energético mexicano, tal es el caso que la propia Constitución en su artículo 27 determina que:

“El Poder Ejecutivo contara? con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley”.

De igual forma, el artículo décimo noveno transitorio del decreto que contiene la reforma energética establece:

“Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizara? las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la secretaría del ramo en materia de medio ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.”

Derivado de este mandato constitucional en el paquete que integraron las reformas y leyes para la implementación de la reforma energética se incluyó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto de 2014, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante Ley de la Agencia), instrumento con el cual se dio cumplimiento al mandato establecido en el artículo décimo noveno transitorio de la reforma constitucional en materia energética.

Derivado de lo anterior, el Estado mexicano cuenta con tres órganos encargados de regular las actividades del sector hidrocarburos, a saber: la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Reguladora de Energía; y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Si bien cada una de estas instituciones encargadas de la regulación del sector ha brindado hasta el momento certeza regulatoria y jurídica a los participantes del sector hidrocarburos, la naturaleza de cada una de ellas, sus alcances y estructura son distintos.

Al ser dependencias nacidas por mandato constitucional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se sustentan en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, reglamentaria del artículo 28 constitucional, a diferencia de la Agencia, la cual cuenta con su propia ley, por lo cual los alcances como órgano regulador coordinado deberían incluir en su esfera a la Agencia como parte de ellos, tesis que ha sido sustentada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual, derivado del estudio denominado La gobernanza de los reguladores. Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en materia energética de México, apunta que el andamiaje regulatorio del sector energético mexicano es un sistema interconectado de reguladores, cuya coordinación es indispensable para cumplir con su mandato de ley. Dicho documento fue acompañado con una serie de recomendaciones de mejora orientadas a fortalecer la visión sistémica del sector, como elemento para brindar certidumbre de largo plazo a la Reforma Energética.

En ese mismo sentido, el estudio de la Agencia Internacional de Energía denominado Políticas energéticas más allá de los países de la AIE: México 2017, señala que el gobierno mexicano debe continuar implementando la Reforma Energética, teniendo en cuenta la capacidad de los reguladores para adaptarse al nuevo sistema, mismo que debe definir mejor su enfoque de seguridad energética, delimitando claramente las diferentes funciones del gobierno, los reguladores y la industria.

El estudio menciona que el gobierno mexicano debe asegurar que los recursos y la capacidad de la Secretaría de Energía, otras agencias y reguladores federales, aumenten de acuerdo con sus mandatos, refiriéndose en específico al amplio mandato conferido a la Agencia y la necesidad de que el Estado haga hincapié en el enfoque práctico que la Agencia adopte en cumplimiento del mismo, asegurándose de que ésta cuente con los recursos acordes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Reconociendo la necesidad de fortalecer al órgano regulador encargado de la seguridad industrial y operativa, así como de la protección ambiental del sector hidrocarburos y reconociendo éste como un tema toral en la agenda legislativa que siempre ha impulsado el Partido Verde en este Congreso, es que acudo ante esta honorable asamblea a presentar una reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, enfocada a garantizar certidumbre de largo plazo a la Reforma Energética, para que ésta se implemente bajo principios de certeza regulatoria. Dicha reforma integra los siguientes alcances:

• Fortalece el arreglo institucional de la ASEA, y

• Dota a la ASEA de un mayor grado de autonomía.

El contenido de la presente reforma propone confirmar a la ASEA como el órgano regulador previsto en el artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, manteniéndose como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

La presente reforma pretende homologar el funcionamiento y estructura de los órganos reguladores con la Agencia, creando un órgano colegiado como su máxima autoridad, denominado órgano de gobierno, el cual estará presidido por un director ejecutivo y conformado por 6 vocales y un secretario ejecutivo que durarán en su encargo periodos de 7 años con un proceso de renovación inmediato de manera escalonada para garantizar la transparencia e imparcialidad en los procesos de renovación (véase Tabla 1). Dicho órgano colegiado tendrá a su cargo la determinación de los ejes rectores que de carácter institucional se deberán seguir para lograr los objetivos mandatados a la institución, además de ser el máximo cuerpo de decisión de la dependencia; lo cual fortalecerá la transparencia y garantizará la imparcialidad y buen funcionamiento institucional de este órgano regulador, bajo un esquema probado e implementado en los otros órganos reguladores del sector, fortaleciendo así la autonomía técnica, operativa y de gestión de estas instituciones mexicanas y particularmente de la ASEA, lo cual resulta fundamental para continuar de manera exitosa en el proceso de implementación de la Reforma Energética en nuestro país.

Tabla 1

Los órganos reguladores con los que contamos han demostrado la gran capacidad de operación reacción que el país necesitaba en este sector para garantizar el éxito de la reforma, han dado señales concretas y seguridad jurídica a la industria de los hidrocarburos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y en el caso de la Agencia se ha salvaguardado la seguridad industrial operativa y primordialmente la protección ambiental dentro del sector, por lo cual fortalecer su funcionamiento institucional es una acción de certeza y responsabilidad a largo plazo por parte de este Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Artículo Único.Se reformanlos artículos 1o., párrafo primero; 2o., párrafo tercero; 4o.; 5o., fracciones I, IV, IX, XVII y XXX; 6o., fracción I, inciso c); 7o., párrafo primero; 8o., párrafo primero; 9o.; 12, párrafo primero; 23; 25, fracción II en su párrafo segundo y fracción IV; 27; 28, fracciones I y II; 29, párrafos primero, tercero y último; 30, párrafo primero, fracción I y último párrafo; 31, fracciones I a VIII; 32 y 33; se adicionan los artículos 5o., fracciones XXXI a XXXIV; 6o., párrafos segundo y tercero; 8o., párrafo tercero; 25, incisos a) y b) de la fracción IV; 27 Bis; 27 Ter; 27 Quáter; 27 Quintus; 27 Sextus; 29 párrafo cuarto y se recorren los anteriores párrafos cuarto y quinto a los subsecuentes; 30, fracciones IV y VI, recorriéndose las fracciones de forma subsecuente; 30 Bis; 31, fracciones IX a XVI; 33 fracciones VII a XI y 36 Bis.; y se deroga el artículo 34, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto regular la organización y funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y establecer su competencia.

La Agencia es el órgano regulador previsto en el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de:

I. a III. [...]

La Agencia también se identificará institucionalmente como“ Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente” y con el acrónimo“ ASEA” .

Artículo 2o. [...]

[...]

En materia de protección al ambiente, la Agencia aplicará la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en los términos que señale la presente Ley.

Artículo 4o. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5o. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aportar los elementos técnicos sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente a las autoridades competentes, para los programas sectoriales en materia energética y ambiental del país, así como de las políticas públicas en esas materias. Para ello, participará con la Secretaría y con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector;

II. a III. [...]

IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas;

V. a VIII. [...]

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar y aprobar a personas físicas, morales y autoridades estatales para que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente Ley;

X. a XVI. [...]

XVII. Autorizar, suspender, revocar o negar las autorizaciones de los Sistemas de Administración de los Regulados.

XVIII. a XXIV. [...]

XXV. Celebrar acuerdos interinstitucionales en términos de la Ley sobre la celebración de Tratados, dar seguimiento a los mecanismos, acuerdos y convenios internacionales en materia de su competencia y coadyuvar con las dependencias competentes en la negociación y seguimiento de éstos, cuando corresponda;

XXVI. [...]

XXVII. Elaborar y publicar un informe anual sobre el desempeño de sus actividades;

XXVIII. y XXIX. [...]

XXX. Establecer y mantener actualizado, para efectos declarativos, un Registro Público en el que deberán inscribirse, por lo menos:

a) Las resoluciones y acuerdos tomados por su Órgano de Gobierno;

b) Los votos particulares que emitan el Director Ejecutivo y los Vocales;

c) Las actas de las sesiones del Órgano de Gobierno;

d) Los dictámenes, opiniones, instrucciones, aprobaciones y estudios emitidos en cumplimiento de sus atribuciones;

e) Los actos administrativos que emita, y

f) Los demás documentos que señalen otros ordenamientos y disposiciones legales.  

En la gestión del Registro Público se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, tomando en consideración lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia;

XXXI. Interpretar para efectos administrativos y en materia de su competencia, esta Ley y las disposiciones normativas o actos administrativos que emita, así como las Leyes previstas en el artículo 2o, tercer párrafo, de la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ellas deriven, para su aplicación en el Sector Hidrocarburos;

XXXII. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo ante la Secretaría para su entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXXIII. Aprobar sus políticas internas;

XXXIV. Determinar su planeación estratégica y su modelo de administración por procesos, y

XXXV. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 6o. [...]:

I. [...]

a) y b) [...]

c) El requerimiento de garantías o cualquier otro instrumento financiero necesario para que los Regulados cuenten con coberturas financieras contingentes frente a daños o perjuicios que se pudieran generar. Dicha regulación deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

d) [...]

II. [...]

a) a j) [...]

La Agencia regulará, a través de disposiciones administrativas de carácter general, lo previsto en la fracción II del presente artículo. Las referencias que las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental a las actividades del Sector Hidrocarburos hagan a normas oficiales mexicanas se entenderán realizadas a las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Agencia en las materias de su competencia.

Las convocatorias que emita la Agencia, relacionadas con la acreditación y aprobación de personas físicas o morales a que se refiere la fracción IX del artículo 5o de la presente Ley, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 7o. La Agencia podrá integrar en la autorización de los Sistemas de Administración de los Regulados, las siguientes autorizaciones, licencias, permisos y demás actos administrativos previstos en la legislación ambiental federal aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, en los términos de las disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto expida la Agencia:

I. a VIII. [...]

Artículo 8o. La Agencia se coordinará con las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales autónomos, para el intercambio de información y el ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con el Sector.

[...]

Para la mejor eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus atribuciones en materia de protección al medio ambiente en relación con las actividades del Sector, la Agencia podrá establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios con las entidades federativas, así como con las unidades administrativas y demás órganos y entidades sectorizadas en la Secretaría.

Artículo 9o. La regulación que emita la Agencia y, en su caso, el Reglamento de esta Ley, podrán establecer modalidades para integrar las gestiones, trámites y autorizaciones de seguridad industrial, seguridad operativa y en materia ambiental competencia de la Agencia, para dar mayor celeridad, certeza y eficiencia a la protección de las personas, del medio ambiente y de las instalaciones del Sector Hidrocarburos.

Artículo 12. La Agencia establecerá las disposiciones administrativas de carácter general para que los Regulados obtengan la autorización del Sistema de Administración, así como de las autorizaciones, permisos o licencias a que se refiere el artículo 7o. de la presente Ley.

[...]

Artículo 23. Para los efectos previstos por esta Ley, las Actividades del Sector Hidrocarburos son consideradas actividades riesgosas. Por lo que los Regulados deberán asumir los deberes de protección, prevención, preservación y restauración del ambiente, en consecuencia, responderán ante la Agencia con las acciones necesarias para evitar y prevenir todos los daños ambientales derivados de dichas actividades, así como de contenerlos, caracterizarlos y remediarlos con oportunidad bajo sus propios procesos y en cumplimiento de las medidas correctivas que sean aplicables, de acuerdo con la legislación y normatividad vigente. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de subcontratistas.

Artículo 25. [...]

I. [...]

II. [...]

La sanción a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los terceros que operen por cuenta y orden de los Asignatarios, Contratistas o Permisionarios que incumplan o entorpezcan la obligación de informar o reportar a las autoridades que correspondan conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables;

III. [...]

IV. Las violaciones a esta Ley, a la Ley de Hidrocarburos y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas, que sean competencia de la Agencia, podrán ser sancionadas:

a) Con multas de entre setecientas cincuenta mil a siete millones quinientas mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse la infracción, en relación con las actividades enlistadas en el artículo 3o., fracción XI, inciso a) de la presente Ley, y

b) Con multas de entre quince mil a cuatrocientas cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse la infracción, en relación con las actividades enlistadas en el artículo 3o., fracción XI, incisos b), c), d), e) y f) de la presente Ley.

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 27. La Agencia estará a cargo de un Órgano de Gobierno, el cual estará integrado por seis Vocales y un Director Ejecutivo. Asimismo, contará con una Secretaría Ejecutiva.

La Agencia tendrá las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme se establezca en su Reglamento Interno y podrá contar con las oficinas regionales necesarias para el desempeño de sus funciones, en atención a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 27 Bis. Los Vocales serán designados por periodos escalonados de seis años de sucesión anual que iniciarán a partir del 1o. de enero del año respectivo, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un periodo igual.

El Director Ejecutivo del Órgano de Gobierno fungirá como tal por un periodo de cinco años. En ningún caso, la persona que se desempeñe como Director Ejecutivo, podrá durar más de diez años en dicho encargo.

El Ejecutivo Federal nombrará a cada Vocal y al Director Ejecutivo.

La vacante que se produzca en el cargo de Director Ejecutivo o Vocales será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, en términos del presente artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, nuevamente, por única ocasión al término de ese período, por el periodo señalado en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 27 Ter. Las sesiones del Órgano de Gobierno podrán ser ordinarias o extraordinarias. Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria sea notificada por la Secretaría Ejecutiva al Director Ejecutivo y a los Vocales. Serán extraordinarias las que se convoquen con tal carácter debido a la urgencia de los asuntos a tratar. En ambos casos, las sesiones podrán llevarse a cabo a través de medios de comunicación remota.

Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias deberán contener el lugar, la fecha y la hora para su celebración, así como el orden del día correspondiente y la documentación relativa al asunto sujeto a deliberación.

Para que el Órgano de Gobierno sesione válidamente será necesaria la asistencia, física o remota, de cuando menos cuatro de sus Vocales. La deliberación será colegiada y las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, sin posibilidad de abstención, salvo lo establecido en el artículo 27 Quintus del presente ordenamiento, teniendo el Director Ejecutivo voto de calidad. El voto en contra deberá ser razonado y hacerse del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva.

La asistencia de los Vocales y el Director Ejecutivo a las sesiones, así como el desempeño de sus funciones, tendrán carácter estrictamente personal, por lo que no podrán ser representados o suplidos.

En las faltas temporales y justificadas del Director Ejecutivo, las sesiones serán convocadas o presididas por cualquiera de los Vocales, en los términos que establezca el Reglamento Interno.

Artículo 27 Quáter. Los acuerdos y resoluciones del Órgano de Gobierno también serán públicos y deberán publicarse en la página de internet de la Agencia y sólo se reservarán las partes que contengan información reservada o confidencial, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 27 Quintus. El Director Ejecutivo y Vocales estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto. Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando uno de los miembros del Órgano de Gobierno:

I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados o sus representantes;

II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

III. Su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos han aceptado la herencia, el legado o la donación, y

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en un asunto relacionado con las actividades reguladas en las leyes en materia de energía, o haya gestionado en favor o en contra de alguno de los interesados en dicho asunto.

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que se tramiten ante la Agencia las enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación por la expresión de una opinión técnica, ni por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una resolución dictada por la Agencia o por haber emitido un voto particular.

Los miembros del Órgano de Gobierno deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de los impedimentos señalados en este artículo en cuanto tengan conocimiento de su impedimento, expresando concretamente la causa del mismo, en cuyo caso el Órgano de Gobierno calificará la excusa.

Artículo 27 Sextus. El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Expedir el código de conducta al que deberá sujetarse el personal de la Agencia;

II. Aprobar las políticas internas de la Agencia y su Reglamento Interno;

III. Aprobar y vigilar la planeación estratégica y el modelo de administración por procesos que rijan a la Agencia;

IV. Aprobar el nombramiento y remoción de los Titulares de las unidades administrativas;

V. Aprobar criterios de interpretación administrativa de esta Ley y las que otorguen a la Agencia esa atribución;

VI. Crear unidades técnicas especializadas, así como definir sus atribuciones y responsabilidades y, en su caso, delegar en ellas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; y

VII. Ejecutar los actos necesarios que le permitan llevar a cabo las atribuciones previstas en el artículo 5o. de esta Ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 27 de la presente Ley, el Órgano de Gobierno podrá delegar sus facultades en favor de los servidores públicos y las unidades administrativas previstos en su Reglamento Interno, mediante acuerdo delegatorio que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de la atribución prevista en la fracción IV del artículo 5o. de la presente Ley.

Artículo 28. Los servidores públicos de la Agencia sujetarán sus actividades a un código de conducta que será público, el cual establecerá como mínimo:

I. Las reglas para llevar a cabo reuniones de trabajo y audiencias con los Regulados y los mecanismos para hacerlas públicas;

II. Las reglas para participar en eventos académicos o de difusión, así como en foros y eventos públicos, y

III.[...]

Artículo 29. Los servidores públicos de la Agencia que se especifiquen en el Reglamento Interno, podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los Regulados únicamente mediante audiencia y reuniones de trabajo.

[...]

Las audiencias serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose la información reservada, salvo para la Secretaría, los servidores públicos de la Agencia y los órganos de fiscalización de la Federación.

Las reuniones de trabajo serán documentadas con lista de asistencia y minuta firmadas por los asistentes, manteniéndose la información reservada, salvo para la, los servidores públicos de la Agencia y los órganos de fiscalización de la Federación.

[...]

El Órgano de Gobierno de la Agencia, mediante acuerdo administrativo interno, emitirá los lineamientos que regulen el desarrollo de las audiencias y reuniones de trabajo previstas en el presente artículo. Dichos lineamientos deberán publicarse en la página de internet de la Agencia.

Capítulo IIDel Director Ejecutivo y los Vocales

Artículo 30. El Director Ejecutivo y los Vocales deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. a III. [...]

IV. Tener experiencia comprobable, durante los últimos tres años, que acredite su competencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente;

V. [...]

VI. No haber ocupado empleo, cargo o función directiva en partido político alguno, durante el año previo a su nombramiento;

VII y VIII. [...]

El Director Ejecutivo y los Vocales no podrán desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo particular o dentro de la administración pública, a excepción de cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos.

Artículo 30 Bis. Durante el tiempo de su encargo, el Director Ejecutivo y los Vocales sólo podrán ser removidos por alguna de las siguientes causas graves:

I. Haber perdido sus derechos como ciudadano o haber sido suspendido en el ejercicio de los mismos;

II. Ser sentenciado por la comisión de algún delito doloso;

III. Haber sido declarado en estado de interdicción;

IV. Haber cometido alguna de las faltas administrativas graves a que se refiere la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando dicha sanción sea determinada por resolución definitiva;

V. No asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno, sin motivo o causa justificada;

VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser Director Ejecutivo o Vocal;

VII. Desempeñar cualquier otro tipo de comisión o empleo particular o dentro de la administración pública, salvo cargos o empleos de carácter docente o los honoríficos;

VIII. Aprovechar o explotar la información a la que tienen acceso en virtud de su encargo, en beneficio propio o a favor de terceros;

IX. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su cargo, o

X. Emitir su voto mediando conflicto de interés o incumplir con lo dispuesto en el artículo 27 Quintus de esta Ley.

Artículo 31. Son facultades del Director Ejecutivo:

I. Coordinar y dirigir los trabajos de la Agencia;

II. Convocar, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las sesiones del Órgano de Gobierno;

III. Administrar y representar legalmente a la Agencia, con la suma de facultades generales y especiales, incluyendo facultades para actos de administración y de dominio que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable;

IV. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos del Órgano de Gobierno;

V. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas;

VI. Proponer al Órgano de Gobierno y ejecutar la planeación estratégica y el modelo de administración por procesos que rija a la Agencia;

VII. Presentar a consideración del Órgano de Gobierno el proyecto de Reglamento Interno;

VIII. Nombrar y remover, con la aprobación del Órgano de Gobierno, a los Titulares de las unidades administrativas de la Agencia;

IX. Nombrar y remover al resto del personal de la Agencia, incluyendo al Secretario Ejecutivo y al servidor público que lo suplirá en caso que deba ausentarse, salvo al personal de apoyo directo a los Vocales, el cual será nombrado y removido por éstos;

X. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo para su aprobación al Órgano de Gobierno;

XI. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Agencia;

XII. Adoptar en casos excepcionales, bajo su responsabilidad, las medidas de emergencia que estime necesarias respecto de las actividades reguladas y, en su caso, solicitar la intervención de las autoridades competentes, informando detalladamente al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión;

XIII. Emitir acuerdos delegatorios de sus facultades;

XIV. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de interpretación administrativa;

XV. Las previstas en el artículo 32 para los Vocales, y

XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y de la presente Ley.

[...]

Artículo 32. Son facultades de los Vocales:

I. Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno de la Agencia y participar, con voz y voto, en sus deliberaciones y resoluciones;

II. Coordinar los grupos de trabajo que, en su caso, se conformen para tal efecto;

III. Proponer al Director Ejecutivo que incluya en el orden del día de la sesión algún asunto o que convoque a sesión para tratarlo o resolverlo;

IV. Nombrar y remover al personal de apoyo que tenga adscrito; y

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y de la presente Ley.

Artículo 33. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Poner a consideración del Director Ejecutivo los asuntos relativos a las sesiones del Órgano de Gobierno;

II. Preparar y someter a consideración del Director Ejecutivo el proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno y enviar las convocatorias al Director Ejecutivo y a los Vocales;

III. Asistir a las reuniones del Órgano de Gobierno y participar, con voz, pero sin voto, en sus deliberaciones;

IV. Levantar las actas de las sesiones y dar cuenta de las votaciones de los miembros del Órgano de Gobierno;

V. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados durante las sesiones del Órgano de Gobierno;

VI. Organizar, dirigir y operar el Registro Público a que se refiere el artículo 5o., fracción XXX, de la presente Ley;

VII. Delegar las facultades previstas en el presente artículo a las unidades administrativas previstas en el Reglamento Interno y habilitar a los servidores públicos para el desempeño de dichas facultades;

VIII. Expedir, cuando proceda, copia certificada de los documentos que le sean solicitados;

IX. Representar legalmente a la Agencia;

X. Gestionar ante el Diario Oficial de la Federación, las publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia; y

XI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones aplicables y el Órgano de Gobierno.

Artículo 34. Derogado.

Artículo 36 Bis. La Agencia contará con su propio Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sujetándose en lo conducente a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Órgano de Gobierno de la Agencia deberá quedar debidamente conformado dentro de los noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Por única vez, para establecer el proceso de escalonamiento en la designación de los miembros del Órgano de Gobierno, el Ejecutivo federal designará al director ejecutivo de la Agencia por un encargo que concluirá el 31 de diciembre de 2023; la designación de los otros vocales se hará para un vocal por un periodo que fenecerá el 31 de diciembre de 2020, un vocal cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 2021, otro cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 2022, un vocal cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 2023 y por ultimo dos vocales cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 2024, según determine el propio Ejecutivo.

Tercero. La Agencia contará con un Órgano Interno de Control, mismo que tendrá en su adscripción las áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoría, respectivamente, en términos de la legislación vigente.

Cuarto. En tanto el Órgano de Gobierno de la Agencia quede conformado, el director ejecutivo y las unidades administrativas continuarán despachando los asuntos que les competen, con base en las disposiciones aplicables hasta la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. Las solicitudes para la obtención de los actos administrativos a que se refiere el artículo 7o. de la ley de la agencia que, a la entrada en vigor del presente decreto, se encuentran en trámite se resolverán conforme a los procedimientos vigentes.

Sexto. Las normas oficiales mexicanas que haya expedido la Secretaría o la Agencia en las materias a que se refiere el artículo 6o., fracción II, de la ley de la agencia, continuarán vigentes hasta que entren en vigor de las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Agencia.

Séptimo. La Agencia expedirá su reglamento interno dentro de los siguientes sesenta días naturales a partir de la conformación del Órgano de Gobierno de la Agencia.

Octavo. Los derechos de los trabajadores que presten sus servicios en la Agencia se respetarán en todo momento de conformidad con la ley.

Noveno. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, y hasta en tanto la Cámara de Diputados realice las previsiones necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, la Agencia asumirá el impacto presupuestal derivado de la aplicación de la presente reforma, con cargo a sus recursos presupuestales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.— Diputados: Arturo Álvarez Angli, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA ENDÉMICA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a instaurar acciones de prevención y protección de la fauna endémica en la península yucateca en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo se cuenta con una gran biodiversidad, la cual, en su sentido más amplio, se entiende como la variedad de organismos y ecosistemas que existen sobre la Tierra. Representa el capital natural de una región y es tan importante como los otros capitales que generalmente reconocemos: el económico y el humano.

Dependiendo del número de especies que habiten o se encuentren en cada país, estos son considerados como diversos o megadiversos, en el caso específico de México, es de señalar que, se encuentra entre los cinco primeros países en megadiversidad y ocupa el séptimo lugar por superficie, con un millón 972 mil 544 kilómetros cuadrados.

Se estima que de los 1.68 millones de especies descritas en el mundo, en nuestro país se encuentran, entre 10 por ciento y 12 por ciento del total de las especies de vertebrados terrestres y plantas vasculares; poco más de 25 mil corresponden a plantas vasculares, alrededor de 5 mil 500 a vertebrados (la mayoría peces y aves), 7 mil a hongos y cerca de 70 mil a invertebrados (la mayor parte insectos: 47 mil 853 especies).

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar a la península de Yucatán, que se integra por tres estados: Quintana Roo, Yucatán y Campeche, dicha península es el hogar de una gran diversidad de fauna, en esta zona habita el 50 por ciento de las aves conocidas en México, algunas de estas especies de aves se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Las grandes maravillas que ofrece la península de Yucatán en cuanto a biodiversidad, a pesar de las normas y leyes vigentes para su protección, diversas especies de aves que habitan en dicha región, se encuentran en peligro debido a factores ambientales a consecuencia del cambio climático.

Durante el mes de diciembre del año pasado y lo que va del 2018, aves como los trogones o coas cabeza negra, así como diversas especies de tucanes, han aparecido muertas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, se identificó una sequía extrema atípica en la península de Yucatán para el periodo 2016–2017, situación que limitó la producción de un alimento requerido para estas aves.

La falta de alimento ha orillado la migración de aves a zonas urbanas, en donde están destinadas a morir, ya que no cuentan con los medios naturales para su supervivencia y preservación.

Es claro que uno de los principales factores de amenaza para la biodiversidad son las actividades humanas, las cuales, han causado la pérdida de hábitats, la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación del aire, la tierra, los ríos y mares, por mencionar sólo algunas, sin dejar de señalar que cada una de estas actividades son causas para la generación del desequilibrio climático.

De esta forma, los efectos del cambio climático ponen en riego no sólo a los trogones, coas cabeza negra y tucanes que habitan la península de Yucatán, si no, a todos los animales que habitan en la región.

Ante la muerte de diversas especies de aves en dicha zona, se deben de tomar cartas en el asunto, con la finalidad de garantizar su supervivencia y evitar la extinción de diversas especies endémicas de la región que ven amenazada su permanencia por la alteración de su hábitat natural.

Por la problemática descrita párrafos atrás, se propone exhortar a los titulares de las Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que con base en sus atribuciones, instrumenten acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península de Yucatán que se encuentra en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, en coordinación con los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente.

La actual crisis de la diversidad biológica en la península de Yucatán, por la pérdida de fauna silvestre, representa una amenaza para la salud y para la prosperidad futura de la humanidad por lo que es necesario tomar medidas para preservar el hábitat natural de las especies en peligro.

Es necesario proteger la biodiversidad de la península de Yucatán para preservar las especies endémicas que ahí habitan, es un deber como legislador llevar a cabo las medidas necesarias para evitar su extinción y mantener el equilibrio ecológico en la zona.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único:La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a los titulares de las Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que con base en sus atribuciones, instrumenten acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península de Yucatán que se encuentra en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, en coordinación con los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente.

Nota

1 Semarnat, “Biodiversidad conocer para conservar”,

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/ Documents/05_serie/biodiversidad/capitulo1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Zacil Leonor Moguel Manzur (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE DIFUNDA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA ASF RESPECTO AL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA SEDESOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir el estado de las investigaciones sobre las denuncias presentadas por la ASF respecto al presunto desvío de recursos públicos por la Sedesol, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de una estrategia que ha sido definida por medios de comunicación como la “Estafa Maestra”.

Esta operación de corrupción, que parece haber involucrado distintas instancias gubernamentales, era ejecutada desde el gobierno federal para triangular recursos por medio de varias universidades públicas, que a su vez contrataban a otras empresas. Las investigaciones periodísticas señalan que además se utilizaban prestanombres, quienes, en la mayoría de los casos, desconocían completamente formar parte de empresas que habían resultado ganadoras de concesiones millonarias.

Las tres primeras denuncias de la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades fueron por un monto de aproximadamente 540 millones en conjunto, sin que hasta ahora haya avances en las indagatorias.

Estos recursos fueron entregados mediante convenios a tres universidades (Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en el año 2015, periodo en el que la Sedesol estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade.

En el mismo sentido, “la ASF detectó un desvío de recursos que asciende a mil 311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles”. Además, la Auditoría ha señalado que, presuntamente, la Sedesol “pagó más de 3 mil millones de pesos a miles de personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se encuentran duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016” que realizó.

Cabe destacar que hasta septiembre del 2016 la Sedesol fue dirigida por el actual candidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, quien fuera sustituido por Luis Enrique Miranda Nava, actual delegado del PRI para las elecciones a gobernador de Chiapas.

Estos señalamientos de la ASF resultan muy importantes, ya que, como indicó, “la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM puede causar un daño al erario anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”.

Todo lo anteriormente señalado se vuelve peligroso para México en tanto un aspirante a la Presidencia es señalado por un organismo autónomo como la ASF de un gran desvío de recursos que estaban a su cargo. Si como titular de una secretaría se le escapan miles de millones de pesos, ¿qué puede esperar la ciudadanía?

Ante la actual coyuntura electoral de México, donde los niveles de impunidad posicionan al país en el segundo lugar de los países con mayor índice de impunidad, y el lastre de la corrupción permea a los más altos niveles de la administración pública federal, urgen cuentas claras y transparentes, y candidatos presidenciales a la altura de las circunstancias.

Es lamentable que las instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicaciones de los recursos federales etiquetados predestinados a programas sociales en su mayoría, sean objeto de dudas y denuncias.

Frente a lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que haga pública la información sobre el estado que guardan las investigaciones de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto al presunto desvío de recursos públicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Notas

1. Animal Político. “Auditoría revela desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu; Rosario Robles lo niega y pide presentar pruebas”. Consultado en línea el 20 de febrero de 2018:

https://www.animalpolitico.com/2018/02/auditoria-sedesol-desvio-rosario-robles/

2 Sandoval, F. “Sedesol realizó pagos millonarios a adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados, revela ASF”. Consultado en línea el 21 de febrero de 2018:

https://www.animalpolitico.com/2018/02/sedesol-pagos-adultos-mayores-auditoria/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA EN OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al apoyo y fortalecimiento de la producción de piña en Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al apoyo y fortalecimiento de la producción de piña en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La piña es un fruto originario de América, considerado como exótico. Adquiere relevancia por su dinámica económica como generador de empleos en la producción y comercialización y en el proceso de industrialización; sin embargo, los productores de piña enfrentan problemas que afectan la producción. La principal causa de la crisis son las graduales importaciones de piña industrializada subsidiada desplazando la producción nacional y local, particularmente de las zonas piñeras del estado de Oaxaca.

De acuerdo con el sistema de Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –Sagarpa-, México está en el sexto lugar entre los principales exportadores de piña. En los primeros cinco lugares se encuentran: Costa Rica, Filipinas, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos (2016). El Atlas Agroalimentario 2017 indica que Costa Rica sostiene una producción de más de 2 millones 900 mil toneladas mientras que México es el noveno productor mundial con 817 mil 463 toneladas.

Los principales estados productores de piña en México son Veracruz, con el 64.9 por ciento de la producción nacional; le siguen: Oaxaca (12.8 por ciento); Tabasco (6.2 por ciento); Quintana Roo (4.6 por ciento); y Jalisco (2.8 por ciento). De acuerdo con la Sagarpa,

“Las cinco entidades antes referidas concentran el 92.3 por ciento del total de producción en el país, lo que equivale a 808 mil toneladas, aunque el cultivo de este producto se realiza en 12 estados, sobre una superficie estimada de 41 mil hectáreas.

La producción total de piña tiene un valor comercial de alrededor de dos mil 899 millones de pesos y un consumo anual per cápita en México 6.3 kilogramos.

Referentes a las exportaciones de este producto, de 2014 a 2016 (enero- noviembre), las ventas se duplicaron al pasar de 18.1 millones de dólares a 40.1 millones de dólares, rebasando incluso al total de lo comercializado durante todo 2015.

Los principales destinos de exportación para las piñas mexicanas son Estados Unidos, Corea del Sur y España, estas tres naciones concentran más del 95 por ciento de las ventas al extranjero realizadas en dicho periodo... Igualmente indica que... la producción de este cultivo presenta una tendencia hacia el alza desde 2010, con un mayor énfasis en los últimos cuatro años. Lo anterior al pasar de 702 mil toneladas en 2010 a más de 875 mil toneladas el año pasado, conforme a un reporte preliminar elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En los últimos tres años, la producción de piña registró una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.4 por ciento, con un promedio en volumen de 843 mil toneladas”.

El Atlas Agroalimentario 2017 publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA, los municipios con la mayor producción del fruto son:

Fuente:Sevicio de información Agroalimentaria y Pesquera. Atlas Agroalimentario 2017, Sagarpa.

De acuerdo con la tabla anterior, Loma Bonita, Oaxaca, está entre los principales productores piñeros de la república. Este municipio por sí solo aporta más del 9 por ciento de la producción de piña a escala nacional; sin embargo, al inicio de la cosecha 2018 afronta diversos problemas que ponen en riesgo la producción y que ya se vienen advirtiendo desde años atrás por lo que no se ha atendido, de forma eficaz, las cadenas de producción en Oaxaca.

En 2012, el “Plan Rector. Sistema producto piña del Estado de Oaxaca” aprobado por la Sagarpa señaló que, a diferencia de lo que sucede con otros frutos tropicales, México no ha logrado una consolidación en el mercado extranjero:

“La falta de competitividad de los productores de piña no sólo afecta la comercialización de la piña en los mercados internacionales sino también en el mercado interno. Mientras que países como Costa Rica y Honduras, así como países asiáticos como Tailandia, Filipinas y Taiwán, han desarrollado en los últimos años nuevas tecnologías que les han permitido penetrar en el mercado estadounidense, que es el principal mercado de destino de las exportaciones mexicanas de piña, los productores mexicanos se han rezagado.

El cultivo de la piña se ha visto también afectado por los altos costos de producción y por los aumentos desproporcionados de la superficie de cultivo, que no corresponde al consumo doméstico, que se ha mantenido prácticamente sin cambios importantes, lo que dificulta colocar en el mercado los excedentes de producción que se vienen generando. Esta situación se agrava aún más con el ingreso de la piña procesada a territorio nacional a través de prácticas desleales de comercio o vía el contrabando.”

Para el caso de Oaxaca, el municipio de Loma Bonita ha sido desplazado no sólo por la expansión de la producción hacia otros municipios. Ante la falta de incentivos, los productores denunciaron las prácticas desleales y la introducción de piña tailandesa, que deja sin posibilidad de comercialización al producto nacional. En este año, el precio en el mercado alcanza los 150 pesos por tonelada poniendo en riesgo a los productores, que no recuperan costos de producción e insumos.

Anteriormente, en la comercialización existían firmas industriales en el municipio de Loma Bonita que permitían la realización de negocios con los productores piñeros; sin embargo, las marcas se han retirado del municipio cerrando la puerta al mercado nacional más allá del estado de Oaxaca. Además, los productores denuncian el ingreso de piña tailandesa barata que ha desplomado el precio de la oaxaqueña a 150 pesos por tonelada.

De igual forma, los productores enfrentan la escasez de recursos económicos además de la carencia de alternativas de comercialización, así como el acceso al créditos ágiles para elevar la rentabilidad del cultivo. Los sistemas de riego son prácticamente inexistentes en las plantaciones de piña oaxaqueños, por lo que los productores ven inaplazable la instalación de sistemas de riego. La ausencia de riego dificulta y eleva el costo por aplicación de fertilizantes, plaguicidas y de otros insumos en las plantaciones resultando esencial las mejoras y el fortalecimiento de la infraestructura para fortalecer el cultivo y cosecha.

En este sentido, es necesario un exhorto a fin de que el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las acciones para garantizar la rentabilidad de la producción de piña en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Asimismo, es necesario que la Sagarpa efectúe la distribución eficaz de insumos y recursos para ampliar los mercados nacionales en beneficio de los productores de piña oaxaqueños

También se considera el exhorto a la Secretaría de Economía, a fin de considerar la modificación de aranceles a las importaciones de piña y propiciar condiciones favorables para que el sector de la piña sea competitivo respecto a las originarias de países asiáticos manteniendo la protección al producto nacional y sean efectivos los apoyos otorgados al sector.

De igual forma, es necesario un exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia, realice la integración de un fondo de crédito que permita la adquisición de insumos e infraestructura que permitan la producción barata y eficaz de piña producida en el estado de Oaxaca.

Finalmente, se considera oportuno un exhorto al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para que, en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo de información y campañas intensivas que permitan la apertura de los diversos mercados nacionales e internacionales para la piña del estado de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones efectivas para garantizar la rentabilidad del cultivo y producción de piña y ampliar los mercados nacionales en beneficio de los productores del estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al secretario de Economía a que, en el ámbito de su competencia, considere la modificación y alza de aranceles a las importaciones de piña y propiciar condiciones favorables para que el sector piñero nacional sea competitivo, particularmente en el estado de Oaxaca.

Tercero.  Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia, realice la integración de un fondo de crédito para la adquisición de insumos e infraestructura que permitan la producción barata y eficaz de piña en el estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta a la directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera a que, en el ámbito de su competencia, coadyuve en el desarrollo de información que fortalezca la comercialización en los diversos mercados nacionales e internacionales, de la piña producida en el estado de Oaxaca.

Notas

i En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257084/Potencial-Pi_a.pdf

ii http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/ enero/Documents/2017BS029.PDF

iii En: http://dev.pue.itesm.mx/sagarpa/estatales/EPT%20COMITE%20 SISTEMA%20PRODUCTO%20PINA%20OAXACA/PLAN%20RECTOR%20QUE%20CONTIENE%20 PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202012/PR_PINA_OAXACA_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

INSTRUIR A LOS MP PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS Y NO EJERCER ACCIONES PARA EL DESISTIMIENTO DE DENUNCIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a instruir a los agentes del MP, a fin de atender a las víctimas independientemente del delito respectivo y no ejercer acciones para desistirse de la denuncia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que instruyan al personal de los ministerios públicos a que cumplan con su deber atendiendo a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones tendentes a que desistan de realizar su denuncia, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México, 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la cual es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a que los delitos causan un daño económico, moral y en ocasiones incluso físico, ¿Por qué no se denuncian? algunos de los motivos son miedo al agresor, no contar con pruebas, pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad, siendo estas dos últimas causas atribuibles a las autoridades gracias a los trámites largos o difíciles, a la actitud hostil de la autoridad e incluso el miedo a ser extorsionado por parte de las mismas autoridades.

Estos miedos de las víctimas contra las autoridades dentro de nuestro sistema de justicia desafortunadamente no son infundados, pues existen casos documentados de personal del Ministerio Público inmiscuido en delitos de extorsión contra víctimas de delito. En agosto de 2017, se dio a conocer un caso en el que una agente del Ministerio Público extorsiona a una víctima de robo en la Ciudad de México, la víctima se presentó en el Ministerio Público a denunciar un robo a mano armada en la colonia Condesa, los asaltantes viajaban en motocicleta, usaban casco con la careta levantada, 12 horas después lograron capturar a uno de ellos y la víctima lo reconoció, sin embargo, al mismo tiempo aceptó que no lo podía reconocer plenamente por el casco que llevaba. Ante esta situación se le acuso a la víctima de falsedad de declaración y se le pidieron 15 mil pesos para evitar que se le consignará. Tanto la secretaria del ministerio, como la Ministerio Público, presionaron a la víctima con el argumento de que el presunto responsable la estaba acusando de falsedad de declaraciones y tenían que consignarla, sin embargo, ellas podían ayudarla a cambio de esos 15 mil pesos para no cambiar su estatus de víctima a presunta responsable, siendo lo anterior comprobado gracias a la grabación de las llamadas entre las extorsionadoras y la víctima a su número celular.

La justicia en México cuenta con limitantes, ya sea por los protocolos, la interpretación de las leyes, o el personal que las ejerce; cuestiones que en ocasiones contribuyen a que los denunciantes desistan de levantar sus denuncias, sobre todo si a esto le sumamos que al denunciar también nos arriesgamos a caer en manos de servidores sin escrúpulos que pueden terminar extorsionándote. Afortunadamente en el caso anterior detuvieron a las responsables y no todo el personal de los ministerios públicos trabaja de esta manera, sin embargo, es preocupante la facilidad con la que demeritan las denuncias de las víctimas, ya sea por ser de monto bajo, por no querer hacer papeleo o por no querer brindar orientación adecuada a las víctimas, ocasionando que muchísimos delitos queden en la impunidad y muchos delincuentes más no sean perseguidos, pues al no existir denuncias en su contra, no hay delito que perseguir.

La sociedad no se siente segura con sus autoridades, y es que en 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económica emitió un informe destacando temas de corrupción, resaltando que 78 por ciento de los encuestados creen que ganar un juicio se puede con dinero y con relaciones, así como 45 por ciento dijo haber sido víctima de corrupción; pero el que más resalta es el nivel de confianza que tiene la sociedad en las autoridades el cual se encuentra en 44 por ciento un nivel muy por debajo del promedio que es de 52 por ciento.

Desafortunadamente la sociedad y las víctimas son las que tienen que enfrentarse con la incapacidad de las autoridades, la corrupción, que se ha vuelto algo normal y de trámite cuando se busca que algún asunto prospere, y la impunidad por la falta de actuar de la autoridad que ya es una constante. Si bien nuestras autoridades tienen exceso de trabajo, sueldos bajos y falta de personal, ante un delito, re victimizar a la víctima no debe ser una opción.

Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, si no confiamos en las autoridades, entonces ¿qué debemos hacer? Es un deber consagrado en la Constitución Política y es una obligación establecida en el artículo 21, en la que se describe que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, es por ello que además de capacitar a las autoridades, se debería de exigir mayor eficacia y atención en temas de índole cotidiano, no que atiendan de acuerdo a la cuantía o gravedad, un delito es un delito y si ya son pocos los que acuden a denunciar, se debe hacer algo para evitar que estas situaciones se repitan.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe), Laura Londoño, ha planteado una mayor capacitación para un mayor seguimiento al proceso de implementación y problemas procesales que se van presentando, así como la contratación del personal adecuado, medidas necesarias para una mejor implementación en el sistema de justicia penal acusatorio.

Medidas que de igual forma coindicen con la publicación realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, subrayando que, para alcanzar el objetivo en una mejor práctica del sistema penal Acusatorio, es necesario la capacitación, ilustración y entrenamiento de la misma, cambiando el paradigma de justicia desde su vida, haciendo que todo lo que aprenda sea una experiencia personal. La capacitación con lo anterior se plantea que sea más directa y más humana, que se pueda sentir y escuchar el auxilio ciudadano y sobre todo tener más cercanía con los problemas sociales y cotidianos.

Ya que las consecuencias son muchas y los malestares crecen cada día más, es por ello que exhorto a las procuradurías a afianzar la capacitación al personal que labora en los ministerios públicos, ya que es necesario para un mejor resultado y sobre todo la confianza en la gente que a diario vive y sufre el temor de algún delito y que este quede en la impunidad.

Considerandos

Durante el Congreso Internacional Cambio de Cultura en el nuevo modelo de justicia penal, organizado por el  Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, Rommel Moreno, resaltó el temor que se tiene por parte de los Ministerios Públicos, Policías y Jueces, así como también de los defensores públicos y privados, derivado de la falta de capacitación.

Además de que para la directora del área de justicia del CIDAC, María Novoa, la policía y el Ministerio Público, deberán de ser un binomio con el que el ciudadano cuenta, ya que son con los que se entra en contacto en primera instancia por algún delito, estos deben eliminar los problemas que mantienen de coordinación y de desconfianza; esto podemos presumirlo ya que el 50 % de los Ministerio Público considera que hay deficiencias generalizadas en coordinación con la policía.

La capacitación de Ministerios Públicos y Policías, así como del resto del personal que labora en las agencias del Ministerio Público es necesaria para una mayor eficacia y rendimiento en su labor con la sociedad, desde una percepción más humana.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que capacite al personal que labora en los Ministerios Públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que instruya al personal de los Ministerios Públicos para que cumplan con su deber atendiendo a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones tendientes a que desistan de realizar su denuncia.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas y a la Visitaduría General, para que supervisen y se aseguren de que existan teléfonos con línea directa a la fiscalía de delitos de servidores públicos, para denunciar a servidores públicos, instalados en cada agencia del Ministerio Público; que estos estén visibles, funcionen y cuenten con servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Notas

1 Inegi. Nota técnica Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

2 Ídem.

3 “Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017”. Observatorio Nacional Ciudadano. http://onc.org.mx/tag/estadisticas/

4 “Corrupción y Desconfianza en el Sistema Judicial”. Milenio. Jesús Rangel. 28 de abril de 2015.

http://www.milenio.com/firmas/j-_jesus_rangel_m/Corrupcion-desconfianza- sistema-judicial_18_508329189.html

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 “Sistema penal: un año de ir a contracorriente”. El Economista. 15 de junio de 2017.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sistema-penal-un-ano-de-ir- a-contracorriente-20170616-0054.html

7 “El sistema penal acusatorio”. Inacipe. Arely Gómez Gonzales. Noviembre 2016.

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ ReformaPenal2008-2016.pdf

8 “Temen aplicar justicia por falta de capacitación”. El Siglo de Durango. 8 de noviembre de 2017.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/918213.temen-aplicar- justicia-por-falta-de-capacitacion.html

9 “No hay coordinación entre policías y MP”. El Economista. Héctor Molina. 15 de marzo de 2017.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-hay-coordinacion-entre- policias-y-MP-20170316-0068.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE SONORA Y A LA SEDATU, PARA QUE CONOZCAN Y SE CONDUZCAN CONFORME A DEBIDO PROCESO RESPECTO AL TEMA DE LA ETNIA TOHONO O'ODHAM

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y a la Sedatu, a conocer y conducirse conforme al debido proceso respecto al tema de la etnia Tohono O’odham, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Elida Castelán Mondragón, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, pongo a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el 2006, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas declaró que nuestra etnia Tohono O´odham se encontraba en “estatus de gravemente amenazada”, identificó, como factor de la desaparición, el despojo territorial.

Por eso hoy, la etnia, con el objetivo de sobrevivir, amparada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2o. apartado A, fracción V, que a la letra dice:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

No siendo suficiente la etnia Tohono O´odham, una comunidad que habita en la frontera de México con Estados Unidos, entre Sonora y Arizona, con un área de 2,538-99-75 hectáreas de El Bajío, en el estado de Sonora, acudió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la realización de un peritaje antropológico donde se da cuenta y fe de la posesión del territorio por parte de la etnia, le pedimos a la esta soberanía haga lo necesario para regresarnos las tierras que el gobierno nos quitó en 1948.

En el 2016 presentamos nuestro caso ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que en su octava sesión extraordinaria del 2016 aprobó el asunto para ser atendido por el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. Sin embargo, hoy en día no se ha llegado a una solución mientras que nuestra etnia sigue viviendo esta terrible problemática.

Amparados en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional ratificado por el Estado mexicano desde el 5 septiembre 1990, con un estatus de pleno vigor. El cual, por la trascendencia, se trascribe íntegramente:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

De lo escrito se concluye que la entidad federativa de Sonora, la dependencia de Sedatu y el mismo gobierno federal están conculcando las disposiciones constitucionales expresas en materia de la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y al mismo tiempo la inobservancia de un instrumento internacional, por lo cual el grupo parlamentario del PRD se pronuncia a favor de que la etnia Tohono O´odham recupere su territorio que perdió desde 1948, a lo cual se solicita se conduzcan conforme al debido proceso y cumplan a la brevedad posible con los ordenamientos nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a los miembros del Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que den prioridad y solucionen en favor de la etnia Tohono O´odham el Conflicto Social Agrario por las 2,538-99-75 hectáreas de El Bajío, en el estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, prestando particular atención a la situación de los pueblos nómadas y los agricultores itinerantes o semi nómadas.

Notas

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada María Elida Castelán Mondragón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

PRESERVAR Y GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones a realizar acciones conjuntas tendentes a preservar y garantizar el derecho al agua de los habitantes de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente establece que: “...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”...

Que con fecha 4 de marzo de 2018 se dio a conocer en un diario de circulación de la Ciudad de México, una declaración del director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México donde señala lo siguiente:

...“Tenemos detectadas 60 mil tomas clandestinas en la capital del país, que equivale al 3 por ciento de los dos millones de usuarios registrados. Es difícil detectar este tipo de tomas debido a que nos damos cuenta una vez que recibimos las quejas”, externó Aguirre en entrevista con Publimetro.”...

Por otro lado, José Ramón Amieva, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que varias tomas de agua de esta ciudad capital del país fueron tomadas por diversos grupos que las manipulan para generar una “preocupación social”.

En ese sentido, resultan preocupantes las declaraciones de los funcionarios de Ciudad de México, ya que esta serie de tomas clandestinas atentan directamente contra la vida y la salud de los habitantes de ésta capital.

“...Dijo que en los últimos días se han registrado problemas en pozos, válvulas y el vandalismo, como el robo de cables, provocaron fallas en colonias que con anterioridad no presentaban problemas de desabasto, como la colonia Narvarte o la Portales.”...

No olvidemos que, de acuerdo con los datos del programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua de la UNAM (Pumagua), manifestaron que Ciudad de México podría quedarse sin agua en el 2048.

No obstante, lo anterior, y para mitigar el temor de la población respecto de las declaraciones del director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, el mismo señaló al día siguiente, que:

“...En entrevista por Triple W, el director del Sistema de Aguas capitalina, Ramón Aguirre, desmintió que se estén robando el agua ni que se avecine la peor crisis del líquido en la Ciudad de México, como lo reportaron varios medios en los que alertaban a la población de la manipulación de miles de válvulas en varias delegaciones

No se trata de grupo (sic) organizados ni un tema mayor, es algo que hemos vivido durante muchos años en la ciudad y que se confundió este asunto de las válvulas con 60 mil tomas”.

Aguirre dijo que el desabasto de agua se debe a las constantes interrupciones de energía eléctrica que afectan a la red de pozos que surten varias delegaciones en la capital, pues explicó que si estas válvulas dejan de bombear por horas, el agua comienza a escasear y deben de mandar brigadas para reactivar los equipos.”...

Sin embargo, más allá de desmentidos que parecen más la respuesta a un regaño del jefe de Gobierno de Ciudad de México, por decir la verdad, lo cierto es que el desabasto de agua en varias delegaciones de la ciudad continúa, y debemos tomar medidas en consecuencia.

No podemos pasar por desapercibido, que este cinco de marzo acudieron mujeres de la delegación Iztapalapa, con sus cubetas vacías a las oficinas de SACMEX, exigiendo al director de Aguas de Ciudad de México, Ramón Aguirre, que instrumente ya un plan hídrico para mitigar la sed que padece la delegación Iztapalapa desde hace muchos años.

De igual manera, no podemos soslayar sus palabras y sus quejas por no contar con el vital líquido para cubrir las necesidades básicas de sus familiares.

Por lo tanto, es necesario generar políticas públicas y proteger los derechos de los habitantes, sin distinción de generó, en materia de agua.

En consecuencia, se debe exhortar de manera respetuosa al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al procurador federal de Protección al Ambiente; al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales -en suplencia del procurador general de la República-; al director general de la Comisión Nacional del Agua; al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que de manera conjunta realicen acciones tendientes a preservar y garantizar el derecho al agua de los ciudadanos de Ciudad de México, así como a mejorar el servicio a la población, lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al procurador federal de Protección al Ambiente; al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales -en suplencia del procurador general de la República-; al director general de la Comisión Nacional del Agua; al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que, de manera conjunta, realicen acciones tendientes a preservar y garantizar el derecho al agua de los habitantes de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al director general de la Comisión Nacional del Agua y al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que, de manera conjunta, realicen acciones tendientes a mejorar el servicio de suministro de agua a los habitantes de Ciudad de México.

Notas

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/04/se-avecina-la-peor- crisis-agua-cdmx-secuestran-60-mil-tomas.html

2 Ídem 2

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/02/1223813

4 https://regeneracion.mx/la-ciudad-de-mexico-podria-llegar-a-escasez- extrema-de-agua-en-2048-expertos-unam/

5 http://wradio.com.mx/programa/2018/03/06/triple_w/1520296103_ 646622.html

6 http://www.vertigopolitico.com/articulo/52040/Con-cubetas-exigen-agua-a-Sacmex

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

RELATIVO A LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN 1062, CUENTA PÚBLICA 2016, DEL GOBIERNO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, sobre las observaciones de la revisión 1062, tipo financiero con enfoque de desempeño, clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, del gobierno de Jalisco, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) se creó el 9 de diciembre de 2013, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Este fondo sustituyó el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

El Fone es un apoyo económico que llega a los estados con objeto de cumplir lo expresado en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

El fondo tiene como prioridad apoyar a la educación a fin que el estado garantice atender el derecho humano de los niños, niñas y jóvenes a la educación.

Según el Marco de Referencia del Fone, que emitió la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que durante 2016, 8 estados de la república, incluido Jalisco, concentraron 47.6 por ciento de los recursos del fondo.

Por ello, y atendiendo quejas ciudadanas sobre la insuficiente calidad de la educación en el estado de Jalisco, revisamos con detenimiento los informes de auditoría que reporta la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016.

En su análisis se identificó la auditoría financiera con enfoque de desempeño con clave de identificación 16-A-15000-14-1062, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno de Jalisco.

El objetivo de dicha revisión consistió en verificar el uso de los recursos del Fone aportados por la federación durante 2016 al gobierno de Jalisco por 17 748 948.5 miles de pesos.

En la lectura de los resultados se identificaron las siguientes observaciones y de su análisis surgieron inquietudes que se describen a continuación:

Resultado 4.

Al gobierno de Jalisco fueron entregados 258 802.1 miles de pesos por concepto de otros de gasto corriente, y durante su administración se generaron intereses por 4 425.9 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal de 2016 fue de 263 228.0 miles de pesos.

De esos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 198 175.7 miles de pesos, que representaron 75.3 por ciento del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas, en tanto que al 31 de octubre de 2017 se pagaron 221 mil 199.1 miles de pesos, que representaron 84.0 por ciento del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas y se determinó un subejercicio que equivale a 42 029.0 miles de pesos.

Asimismo, le fueron entregados 613 019.8 miles de pesos por concepto de gastos de operación y durante su administración se generaron intereses por 17 985.8 miles de pesos.

Además, se realizaron reintegros a la cuenta del fondo por 40 134.7 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal de 2016 fue de 671 140.3 miles de pesos.

De esos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 369 mil 774.1 miles de pesos, que representaron 55.1 por ciento del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas, en tanto que al 31 de octubre de 2017 se pagaron 489 418.0 miles de pesos, que representaron 72.9 por ciento del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas y se determinó un subejercicio que equivale a 181 722.3 miles de pesos, por lo que el subejercicio total es de 223 751.4 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

No obstante, se identifica discrecionalidad en la determinación de este resultado, donde se da por bueno el ejercicio de 142 667.30 miles de pesos de enero a octubre de 2017 si bien, como expresé en el párrafo anterior, éstos corresponden a recursos de 2016.

Asimismo, 40 134.7 miles de pesos se señalan en el informe de auditoría se obtuvieron como reintegros a la cuenta del fondo sin que se conozcan los motivos reales que los originaron. En otras palabras, nadie regala recursos públicos de la nada.

Este hecho requiere mayor precisión por la Auditoría Superior de la Federación y, con dicha información, permita a la Cámara de Diputados determinar si dichos recursos se requieren o no anualmente.

Resultado 5.

La SEPAF realizó pagos de la cuenta bancaria de gastos de operación en conceptos de los capítulos 4000, “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; y 5000, “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, por 36 822.6 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 36 820.6 miles de pesos a la cuenta del fondo, existiendo una diferencia por 2.0 miles de pesos; tampoco se depositaron los intereses correspondientes.

La ASF omitió incluir la fecha en que estas recursos se mal utilizaron y por igual, en qué mes y año se devolvieron y cuál fue la fuente de los recursos con los que hacen el reintegro.

De igual manera, la ASF asume que el lector debe entender que estos recursos forman parte de los reintegros a los que se refiere el resultado no. 4. Solo debemos recordarles que no todos son fiscalizadores y cuesta mucho trabajo el rastreo de las cifras.

Resultado 6.

La SEPAF no registró contablemente los pagos por 66 332.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación, ni de un pago por 3 042.7 miles de pesos de otros de gasto corriente, y no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente.

De igual manera, la ASF no indica en que mes y año de la presunción de la utilización de los recursos ni del instrumento como puede ser un estado de cuenta bancario que se utilizó para su identificación.

Sin pretender que estos informes de auditoría sean técnicos, se omite información relevante para todo ciudadano y, a su vez, se limita el derecho a saber.

Resultado 10.

La SEPAF, por cuenta y orden de la SEJ, realizó pagos de nómina estatal subsidiada con recursos del Fone de 2016, posteriores a la fecha de clausura de cuatro centros de trabajo a seis trabajadores, por un total de 637.3 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 11.

La SEPAF realizó pagos por 10 063.8 miles de pesos, por cuenta y orden de la SEJ, a 51 personas que tuvieron las categorías de “director de secundaria de 1 turno”, “tecnólogo”, “subdirector de sección general 2 turnos”, “inspector de secundaria DT”, “coordinador académico”, “plaza complementaria inspector de secundaria DT”, “ayudante de laboratorio” y “director de secundaria de 2 turnos”, las cuales no se corresponden con el catálogo autorizado.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 13.

La SEPAF realizó pagos por 571.5 miles de pesos, por cuenta y orden de SEJ, a 5 trabajadores comisionados a cargos de elección popular que son “regidor” y “presidente municipal”, cuando este tipo de comisiones deben ser sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 18.

Se determinó que a Jalisco se realizaron 2 mil 423 pagos a 70 trabajadores que contaron con 102 plazas por un importe bruto anual de 13 088.9 miles de pesos adscritos en 10 centros de trabajo no financiable con el Fone; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ entre los que destacan los denominados “Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de la Unidad Médica Odontológica”.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 19.

Al gobierno de Jalisco se realizaron 27 pagos a 7 trabajadores que contaron con 7 plazas, adscritos a 2 centros de trabajo AGS, personal comisionado al SNTE, por un importe bruto anual de 112.8 miles de pesos cuando este tipo de comisiones deben ser sin goce de sueldo; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 20.

La SEP realizó mil 270 pagos indebidos, por cuenta y orden de la SEJ, por 7 952.7 miles de pesos a 70 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, quienes tuvieron 199 plazas adscritos en 77 centros de trabajo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 21.

Al gobierno de Jalisco realizaron mil 953 pagos, autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ, a 37 trabajadores los cuales contaron con 114 plazas por 12,475.7 miles de pesos quienes tuvieron un cargo de elección popular durante 2016, cuando estas comisiones deben otorgarse sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 23.

La SEP realizó 91 pagos, por cuenta y orden de la SEJ, por 594.2 miles de pesos a 2 trabajadores quienes contaron con el mismo número de plazas los cuales se encontraban adscritos en 2 centros de trabajo en Jalisco, también en el estado de México y Sinaloa, los cuales no son compatibles geográficamente.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 27.

Con la verificación física de 278 centros de trabajo, no fueron localizados 269 trabajadores que recibieron recursos del Fone de 2016 y que estuvieron adscritos durante el ejercicio fiscal de 2016, a los cuales se le realizaron pagos por 6 710.5 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Las observaciones de fiscalización y las inquietudes que observamos de su labor se resumen de la siguiente manera:

Este ejercicio no busca refiscalizar la labor que ha realizado la ASF, pero sí pretende dejar en claro que hay situaciones no sancionadas: en el resultado 4 un ejercicio de 142 667.30 miles de pesos en 2017 siendo recursos de 2016; en el resultado 5 no se aclara la forma en que se integran 3 3312.10 miles de pesos cifra integrante de los 40 134.7 miles de pesos determinados como reintegros; y en el resultado 6 si bien se indica que no se registraron contablemente y se presume la mala utilización de 66 332.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación, y 3 042.7 miles de pesos de otros de gasto corriente, nunca se precisa en qué mes y año se identifican las salidas de efectivo de las cuentas bancarias.

Por lo anterior, consideramos que ese órgano de fiscalización superior deberá considerar emitir las precisiones correspondientes a la opinión pública y considero oportuno emitir un exhorto al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los jaliscienses; asimismo, considere la pertinencia de dar una justificación a la opinión pública sobre el hecho de no ejercer recursos del Fone por 223 751.4 miles de pesos durante el ejercicio de 2016.

Y finalmente, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 4, 5 y 6 incluidos en la revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales da por bueno el ejercicio de recursos por 142 667.30 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2017 siendo que la revisión se centró en el ejercicio de 2016, situación que no se sustenta normativamente, por los 69 375.3 miles de pesos que fueron ejercidos pero por los cuales no se indica el mes y año en que fueron erogados por el ente fiscalizado y por los 3 312.10 miles de pesos que recibe como reintegros pero sin especificar su origen o motivo.

Este ejercicio de revisar a detalle los resultados de los informes de fiscalización superior, es una actividad que estamos emprendiendo compañeros de la bancada de los diputados ciudadanos con la finalidad de demostrar que la ASF ha avanzado en el diseño de esquemas de auditoría vanguardistas que no sólo se centren en una revisión normativa.

Los resultados obtenidos demuestran que existe en su trabajo áreas de oportunidad que son claramente identificadas en sus informes y como lo han compartido mis compañeros de bancada: no buscan castigar a quien lo merece y fomentan la discrecionalidad que solo beneficia a aquellos que no hacen lo correcto.

Su servidora reitera su postura en el combate de la corrupción, y espero que en la Cámara de Diputados se sumen cada vez más legisladores para exigiré que no se acumulen irregularidades y más casos de corrupción.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y, en su caso, las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los jaliscienses.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las justificaciones que impidieron el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 223 751.4 miles de pesos durante el ejercicio de 2016, según revisión de auditoría número 1062 de la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 4, 5 y 6 incluidos en su revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales se da por bueno el ejercicio de recursos 2016 por 142 667.30 miles de pesos en 2017, ejercicio ajeno al sujeto a revisión, situación que no sustento normativamente en su informe de revisión, por los 69 375.3 miles de pesos que fueron ejercidos ajenos al objeto y fin del fondo pero por los cuales no se indicó el mes y año en se erogaron por el ente fiscalizado, y por los 3 312.10 miles de pesos que se recibieron como reintegros pero no se especificó su origen o motivo.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 2013, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013 Consultado el 6 de marzo de 2018.

2 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, disponible en

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2014/noviembre/notacefp0672014.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

3 Marco de Referencia Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ASF, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_MR-FONE_a.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, ASF (tercera etapa), disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0 Consultado el 6 de marzo de 2018.

5 Auditoría financiera con enfoque de desempeño con clave de identificación 16-A-14000-14-1062, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al Estado de Jalisco, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_1062_a.pdf Consultada el 6 de marzo de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

RELATIVO A LA POSIBLE VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL DE 1972, FIRMADO POR EL ESTADO MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la posible inobservancia de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, firmada por el Estado mexicano, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. La Universidad Nacional Autónoma de México, construida de 1949 a 1952, cuenta con edificios, instalaciones deportivas y espacios abiertos diseñados y realizados por más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas. El Campus Central alberga en las fachadas de sus edificios principales obras murales de Juan O’Gorman, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado, por mencionar sólo algunos, los cuales poseen un valor histórico y cultural incalculable y constituyen una parte importante de la memoria colectiva de los universitarios y del pueblo mexicano.

2. El Campus Central de Ciudad Universitaria es más que sólo un recinto educativo y de investigación; es el lugar donde hombres y mujeres han contribuido al engrandecimiento de este país desde múltiples disciplinas, realizando importantes aportes a la cultura, las artes, el conocimiento y el desarrollo nacional y de la humanidad.

3. La Administración Pública del Distrito Federal reconoció la importancia de Ciudad Universitaria como área de conservación patrimonial en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, al especificar que “reúne distintas clases de valores que le confieren una indiscutible relevancia en la historia y el desarrollo del urbanismo y la arquitectura en México”, además de considerarla “una zona de reserva territorial y ecológica, que puede estar sujeta a un régimen que contemple la necesidad de no alterar las vialidades existentes y los deseables equilibrios entre áreas construidas y superficies abiertas”. Este carácter fue ratificado como zona patrimonial, en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán publicado el 10 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

4. El gobierno otorgó mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2005, el carácter de Monumento Artístico al conjunto arquitectónico de Ciudad Universitaria.

5. El 29 de junio de 2007, después de cinco años de gestiones, el Campus Central de Ciudad Universitaria fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por ser un “conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes, asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales, y en particular al pasado prehispánico de México”.

Considerando

1. El artículo 4o. constitucional establece que el Estado deberá ser el principal promovente de los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, con la finalidad de garantizar a todas las personas el derecho de “acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales”.

2. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos especifica que: “Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se expedirá una vez que se exijan en el Reglamento”.

3. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece la responsabilidad del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, para con los bienes y derechos culturales y en particular para “usar y mantener infraestructura física [...] para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales”.

4. Lo establecido en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México: artículos 12, 22, 23, fracciones I y III; 24, 25, fracción I; 41, fracción III, y 42, fracciones II y III; la Ley de Desarrollo Urbano: artículos 2, fracción III, 65, 66 y 67; el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: artículos 3, 28, 39, fracción III, inciso C; 42, fracción III, inciso E, 58, fracción I, inciso G y fracción II, inciso H; la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal: artículos 2, fracción IV; 3, fracciones I, II, III y VII; 22, 23, 24 y 26, así como las distintas disposiciones legales que las leyes locales vigentes de la Ciudad de México contemplan en materia de protección de los bienes públicos, los monumentos artísticos y las zonas de conservación cultural y patrimonial y demás normatividad relativa y aplicable.

5. México es firmante de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. Misma que en su artículo 5, inciso b, establece que los Estados Parte deberán procurar “adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar este patrimonio”.

6. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma [...] serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las autoridades responsables a que hagan público si existe solicitud de licencia de construcción para el desarrollo inmobiliario ubicado en avenida Copilco número 75/ Be Grand, y en caso afirmativo, que hagan público el estado que guarda, por el riesgo que éste representa para la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco).

Segundo. Se solicita a las autoridades correspondientes promover mesas interinstitucionales de diálogo abierto con la participación de todos los actores involucrados para hacer público y, en caso necesario, ofrecer soluciones a este conflicto.

Tercero. De igual manera, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Cultura federal, del Instituto Nacional de Bellas Artesy del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan una opinión técnica respecto a las consecuencias que tendría dicha construcción en términos de afectación al espacio visual de Ciudad Universitaria.

Cuarto. Se insta a la Secretaría de Gobernación a que emita una postura con respecto al riesgo de pérdida de la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco).

Notas

1 ¿Por qué CU es Patrimonio Cultural de la Humanidad?, Fundación UNAM. Texto disponible en

http://www.fundacionunam.org.mx/de_la_unam/por-que-cu-es-patrimonio- cultural-de-la-humanidad/

2 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán (1997), disponible en

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/progdelegacionales/coyoacan[1].pdf

3 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán (2010), disponible en

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/ 2015/PDDU_COYOAC%C3%81N.pdf

4 Unesco. World Heritage List. Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México, información disponible en

http://whc.unesco.org/en/list/1250

5 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 Artículo 6, párrafo 2, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

7 Artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617. pdf

8 México firma dicha convención el 23 de febrero de 1984. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en:

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=S &order=alpha

9 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE ACCIÓN EFECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE EMBARAZO EN NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y el Imjuve a implantar políticas públicas y de acción efectivas para reducir el índice de embarazos entre niñas, jóvenes y adolescentes, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscriben, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según estudios de la Organización Interamericana de la Juventud (CEPAL/OIJ, 2004, 2007, 2008) la juventud fue identificada inicialmente como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez.

Desde la mirada del desarrollo bio-psico-social, el inicio de la juventud se asocia a la pubertad y la adolescencia, con todos los cambios psicológicos, sociales y hormonales que dicho proceso conlleva, como la identificación sexual y el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, la búsqueda de la autonomía e independencia personal, el cambio de la importancia en los grupos de referencia (pasando de una primacía de la familia a la del grupo de pares), el diseño de proyectos personales de vida, entre otros rasgos definitorios (CEPAL /OIJ, 2004 y 2007).

Los elementos a considerar en la definición de la juventud, hacen difícil y complicado el establecimiento de límites analíticos claros y permanentes. Como se señala en la OIJ (2004, 2007) no se puede hablar de una juventud homogénea, “sino de una etapa en que sus integrantes viven procesos de cambio, en cuyo desarrollo se suceden etapas diferenciales en cuanto a las principales actividades que realizan” (CEPAL/OIJ, 2007:16-17). Bajo esta consideración, en términos del criterio estrictamente etario, las Naciones Unidas (UNFPA, 2003) establece:

• Adolescentes: 10 a 19 años de edad (primera adolescencia, 10 a 14 años; segunda adolescencia, 15 a 19);

• Jóvenes: 15 a 24 años de edad;

• Personas jóvenes: 10 a 24 años de edad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como el “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio económica” (OMS, 2010); a su vez, también fija sus límites etarios entre los 10 y 20 años.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señala que la adolescencia, es un periodo del desarrollo humano ubicado entre el final de la infancia y el inicio de la edad adulta y se constituye en un momento coyuntural de crecimiento y desarrollo del ser humano; muchos de los patrones conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes de la vida o hacia la vida, se establecen o fortalecen en este lapso, conformándose como la guía para la edad adulta (SS –CNEGSR- 2008:11).

Ahora bien la OMS considera que el embarazo en la adolescencia es aquel “que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal, al tiempo transcurrido desde la menarquia, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” (OMS, 2010).

Bajo este contexto el embarazo entre la población adolescente en México es un tema que ha cobrado importancia en las décadas recientes; fundamentalmente, desde el ámbito de la salud y población.

La OMS establece que el embarazo adolescente es por definición un tipo de gestación prematura, y por ende de riesgo, no solo por las posibles dificultades durante la gestación y el parto de esta población que interrumpe su proceso de maduración biológica, sino porque los embarazos ocurren mayoritariamente en comunidades de franca vulnerabilidad donde es latente la falta de cuidados o de acceso a los mismos o su elevado costo o su escasa calidad, lo cual resulta determinante ante el peligro de sufrir lesiones, hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia (hipertensión grave con convulsiones), o complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes que durante el embarazo se agravan y pueden desencadenar la mortalidad materna e infantil (OMS, 2015).

La maternidad adolescente es considerada un problema público en México, principalmente desde dos posturas analíticas; primero como un problema de salud pública, pues se ha documentado que la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo para la madre y su producto, tanto durante el embarazo como en el parto. Esto debido a que a nivel mundial, las dificultades durante el embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, en tanto que los bebés de madres menores de 20 años enfrentan 50 por ciento más de probabilidades de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años.

Asimismo, los bebés recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar bajo peso La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Enadid. Versión actualizada. 2017 11 al nacer, aunado al riesgo subsecuente de tener complicaciones de larga duración. En este sentido, entre más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé (OMS, 2014).

Entre otros riesgos de salud de las madres adolescentes se identifica: aumento de peso, hipertensión, preeclampsia, anemia, infecciones de transmisión sexual, y desproporciones cefalopélvicas causantes tanto de la muerte de la madre como del hijo(a), provocando que las complicaciones en la etapa de gravidez sean mayores a las que tienen las mujeres de más de 20 años (Reyes, 2014).

México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años de edad según la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).

La segunda línea de análisis que se desprende del embarazo adolescente es de orden social, en particular respecto al impacto en el deterioro de las condiciones de vida en las mujeres adolescentes y su descendencia, en la reproducción de desventajas sociales que favorecen la transmisión intergeneracional de la pobreza y acentúan los procesos de desigualdad y exclusión social (Villagómez, 2008).

La OMS también afirma que el embarazo adolescente es uno de los principales factores que contribuye al círculo de enfermedad y pobreza, las implicaciones socioeconómicas que comúnmente lo contextualizan, disminuyen las oportunidades de progreso personal, social y profesional de las madres, ya que a muy temprana edad merman el proyecto de vida de los jóvenes limitando el desarrollo de sus competencias y habilidades (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2016); esto impacta en un importante costo económico para cualquier país, dado que se pierde la oportunidad de que las madres adolescentes generen los mismos ingresos anuales que otras mujeres, en el transcurso de su vida.

Por otra parte la fecundidad adolescente es un tema emergente de la agenda pública de muchos países, ya que sus efectos resultan negativos para el desarrollo individual y social. Así lo establece Tobar, asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), quien comenta que en América Latina y el Caribe: “las consecuencias del embarazo adolescente y su impacto sobre la reproducción intergeneracional de la pobreza hacen que el mismo fenómeno genere (o sustente) inequidades dentro de la población [...] por ello, el embarazo adolescente contribuye a sedimentar las grandes inequidades sociales, sanitarias y económicas que caracterizan a la región” (Tovar, s.f.).

Aproximadamente 31.2 por ciento de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a 19 años han dado un paso importante al comenzar su vida sexual, mas no responsable, puesto que 56 por ciento termina en embarazo.

Las relaciones coitales en la población adolescente es una verdad que no puede ser negada. La edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres en edad fértil para 2014 fue de 17.6 años. Del grupo de 15 a 19 años, 29.2 por ciento declararon ya haber tenido relaciones sexuales, y 16.4 por ciento ser sexualmente activas.

Si la salud reproductiva busca asegurar la libertad de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos(as), se entiende que se debe garantizar la información y los métodos para lograrlo. La anticoncepción, definida como el comportamiento o práctica destinada a reducir la probabilidad de concebir un hijo(a) permite comprender y contextualizar el nivel de fecundidad, y su uso ha contribuido a que las parejas puedan decidir con libertad el tener hijos o no, el número de estos y su espaciamiento.

Por ello existe la necesidad de que los adolescentes adquieran la información y medios debidos que les lleve a procurar el auto cuidado, para así garantizar la responsabilidad en su comportamiento sexual. Dicha atención tiene que estar dirigida a toda la población adolescente

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud,para que mediante sus facultades implementen políticas públicas y de acción efectivas, con la finalidad de reducir el índice de embarazo en niñas, jóvenes y adolescentes, ya que las políticas públicas implementadas con anterioridad no han dado resultado del todo efectivo en el combate de esta problemática.

Notas

1 El embarazo en edades tempranas en México. Políticas públicas para su atención.

2 La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México.

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/21/1202660.

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ocde-mexico-primer-lugar- de-embarazo-en-adolescentes.

5 La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Enadid. Versión actualizada. 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS QUE NO FUERON ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al supuesto desvío de 73 millones 658 mil 680 pesos no entregados en tiempo y forma a los trabajadores del ISSSTE en el suministro de vales de despensa que el gobierno federal otorga en fin de año a todos los servidores públicos de base y de confianza, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 20 de diciembre de 2017, a través de una nota informativa publicada en el diario de circulación nacional, La Jornada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que destinaría mil 100 millones de pesos en la prestación de vales de despensa con motivo del fin de año a trabajadores de base y de confianza.

En la nota periodística se dio a conocer que cada trabajador recibiría 11 mil 700 pesos por esa prestación a través de la entrega de una tarjeta personalizada de acuerdo con información del Instituto.

Aún no terminaba el año fiscal 2017 y las quejas de los trabajadores se exteriorizaron; el problema inicial se generó con la nula activación de la tarjeta a través de mensajes MSM y o de un call centery o de su página de Facebook y/o de una aplicación para celular, de acuerdo a las instrucciones de la empresa Hypervale para activar el monedero electrónico.

Posteriormente las tiendas afiliadas a la empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, ganadora de la licitación a invitación a por lo menos tres... condicionaron los montos de consumo; otro caso fue consumir  el total de los 11 mil 700 en una sola emisión o una sola compra al día por determinada cantidad.

En los primeros días de 2018, al menos hubo un registro de tres mil trabajadores del ISSSTE sin poder usar adecuadamente su monedero electrónico por diversas razones; la fundamental, el bloqueo del monedero.

La empresa de call center, contratada por Hypervale, empresa contratada a su vez por Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, aseguraba vía telefónica y chat de Facebook que era necesario enviar los 16 dígitos de la tarjeta electrónica Hypervale y copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral a una dirección de correo electrónico y que en menos de 24 horas sería activada la tarjeta de débito.

El primero de febrero pasado, la suma de trabajadores engañados creció a más de nueve mil en todo el país por lo que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), a través de un comunica electrónico emitido en esa fecha, en hoja con membretes y timbrada, reconoció el incumplimiento  en la entrega en tiempo y forma y los problemas que se generaron para hacer uso de ella.

De manera informal, a través de la misiva electrónica, la representación sindical nacional reconoció “la legítima molestia de los compañeros” y aclaró que “aunque es un trabajo que no nos corresponde y del que no somos responsables, desde un principio hemos estado atentos y propositivos para superar los reportes que nos llegan”.

Enfatizó que “nuestra organización continúa trabajando permanentemente para atender los intereses de nuestros representados por lo que ahora solicitamos a los 48 Secretarios Generales Seccionales, enviar los datos de los trabajadores en el formato Excel que se anexa (nombre, teléfono, sección sindical, número de tarjeta y problema que presenta).”

En su comunicado, la representación sindical destacó que “una vez recibido el formato, la empresa se compromete a resolverlo en un lapso de 24 horas”.

La dirigencia nacional sugiere a sus representados “hagan uso de su saldo para evitar problemas futuros”.

El 13 de febrero, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE de nueva cuenta emite un segundo comunicado a sus trabajadores, donde reconoce que desde el 20 de diciembre ha dado seguimiento a la situación que se generó por incumplimiento en la entrega.

Reitera que aunque la representación sindical no es responsable de los fallos de la empresa ganadora de la licitación, con el apoyo de los 48 comités seccionales coadyuvaron con la administración del ISSSTE y la empresa proveedora para resolver el caso de tarjetas declinadas; bloqueadas; rechazadas en establecimientos autorizados; estados de cuenta erróneos, entre otros.

Reconoce el sindicato del ISSSTE que la empresa no respondió a ninguna solicitud de los trabajadores para activar sus plásticos a través del Call Center, aplicación de celular y Facebook del proveedor.

Destaca en su comunicado que para atender las demandas de nueve mil 217 trabajadores reportados, hasta el corte del 13 de febrero de este año, se realizaron varias reuniones de trabajo con las partes involucradas y se resolvió auditar el sistema para conocer el monto de los saldos personales de los trabajadores.

En ese sentido, destaca el comunicado, como solución “integral” se bloquearon “todos los monederos electrónicos” para conocer el saldo real y que “entre el 22 y 26 de febrero del año en curso, se entregará el saldo neto con vales de despensa de papel en los 31 Estados y las cuatro Delegaciones en la Ciudad de México cuya aceptación será absoluta en comercios afiliados para canasta básica”.

El miércoles 21 de febrero, el subdirector de personal del ISSSTE, Fernando Vázquez Muñoz, emitió un oficio circular No. SP/014/2018 dirigido a todos los responsables administrativos del instituto donde “hace de su conocimiento la logística para la recepción la recepción, entrega y sustitución de monederos electrónicos por vales de despensa de papel... por conducto de una empresa transportadora de valores”.

En espera de que Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, haya cumplido con el Contrato adquirido con el ISSSTE, y este a su vez garantice la entrega de vales de papel efectivos y de libre cambio a los trabajadores.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hagan público de manera pormenorizada y cronológica el desvío de 73 millones 658 mil 680 pesos que no fueron entregados en tiempo y forma a los trabajadores del ISSSTE derivado del suministro de vales de despensa con motivo de fiestas decembrinas que el gobierno federal otorga cada año a todos los servidores públicos del país, de base y de confianza.

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé a conocer de manera íntegra la respectiva licitación donde la empresa ganadora para el otorgamiento de vales, Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, fue la responsable de repartir entre más de 70 mil trabajadores de base y de confianza la cantidad de mil 80 millones 663 mil 453 pesos a partir del anuncio de entrega, el 20 de diciembre de 2017.

Tercero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, realice una investigación exhaustiva  a la empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, para que, derivado del incumplimiento de los compromisos adquiridos con el ISSSTE, posterior a ganar la licitación y firma del contrato respectivo, Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del Ejercicio Fiscal 2017, se investiguen a los responsables de los delitos que se configuren y se emprendan las acciones legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA EN LA UNAM

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM a convocar a expertos y académicos universitarios para diseñar e implantar estrategias destinadas a enfrentar la violencia en la máxima casa de estudios, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Virgilio Dante Caballero Pedraza, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es emblema de ciencia y progreso, es la institución que más ha contribuido a la construcción de nuestro país, en sus aulas ha formado a generaciones de profesionistas y en sus institutos se han consolidado equipos de investigadores que han sido determinantes en el avance científico de nuestro país.

Sin embargo, la UNAM como todas las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas son un espacio social donde se reproducen las relaciones humanas. Razón por la cual no están exentas del contexto de violencia que aqueja a nuestro país.

Debemos subrayar que en nuestra sociedad los espacios educativos son identificados como una de las instituciones con mayor capacidad para contener la conflictividad, es a su vez, una de las pocas vías para el cambio y la movilidad social disponible para la población.

Razón por la cual, genera mayor asombro que en los espacios menos dispuestos para la reproducción de la violencia se registren robos, extorsiones, homicidios, abusos y violaciones sexuales, amenazas y secuestros como ha sucedido en los últimos años en las universidades públicas y privadas de todo el país.

Los últimos casos de violencia registrados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, así como en diferentes universidades públicas y privadas del país, en los últimos años, nos obliga a plantear la necesidad de contar con diagnósticos precisos sobre la creciente complejidad de la violencia en las IES y Universidades.

Casos que se cuentan por decenas en todo el país, entre los que se encuentran el de los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, asesinados por elementos del Ejército en febrero de 2010; el del estudiante de sociología, Bernardo Romero, baleado por otro joven dentro del salón de clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2011; el atentado de bomba en el Tec de Monterrey, en agosto de 2011 del que resultaron heridos los profesores Alejandro Aceves y Armando Herrera,el caso sin aclarar de Liliana Carolina Ricalde quien murió al caer de un tercer piso de la UVM-Tlalpan donde estudiaba.

Así como los casos de Lesvy Osorio hallada muerta el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria; el de la profesora del área de Economía en la FES-Acatlán baleada el 22 de febrero pasado, y la riña protagonizada por dos hombres ajenos a la UNAM en la que ambos resultaron muertos el 23 de febrero, dan muestra de una problemática que ha alarmado a la ciudadanía y, sobre todo, a la comunidad universitaria.

Consideraciones

El incremento de la violencia no suele tener una única causa, más bien es el resultado de la concurrencia de múltiples factores. En el caso particular del aumento de la violencia en las universidades existe literatura académica que ha explorado este fenómeno en distintos escenarios a nivel internacional. Estos estudios han permitido avanzar en el conocimiento de las diferentes modalidades de la violencia, algunas de sus causas y en posibles estrategias para enfrentar este problema.

Así, desde la academia, se ha puesto énfasis en los factores psicológicos vinculados a la reproducción de la violencia entre miembros de la comunidad universitaria (Amórtegui-Osorio, 2005); en los efectos de las desigualdades sociales en el crecimiento de la violencia escolar (Abramovay, 2006); en el papel de la Universidad en la reproducción de la violencia de género (Castro y García:: 2008); en los mecanismos de prevención de las distintas formas de violencia en el interior de la Universidad (Valls, 2009), etcétera.

Asimismo, en México se han dado a conocer algunos protocolos de manejo de conflictos como el Manual de seguridad para instituciones de educación superior. Estrategias para la prevención y atención editado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, e incluso el Instituto Politécnico Nacional puso en marcha el Observatorio Zona Libre de Violencia.

Pese a la preocupación institucional, a la fecha existe poca literatura que analice integralmente el fenómeno de la violencia en el interior de las universidades mexicanas, en contraste con el amplio trabajo existente sobre la violencia en la educación básica, principalmente enfocada al análisis del bullying. Tal como indican Rafael Montesinos, profesor en la UAM-Iztapalapa, y Rosalía Carrillo, investigadora del Conacyt, entre las investigaciones de “corte cuantitativo sobre la violencia”, podemos encontrar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y la Encuesta Nacional sobre la Violencia en el Noviazgo “pero no están enfocadas específicamente hacia las prácticas de la violencia dentro de las IES”.

Ante todo, debemos desmitificar la figura de la educación superior, IES y Universidades públicas o privadas, como espacios libres de violencia, así como debemos subrayar que la respuesta para atender, prevenir y combatir la violencia en la UNAM se encuentra en la misma Universidad, en su basto reservorio de conocimiento científico, en su amplia planta docente y de expertos que convive con los estudiantes universitarios y que labora en sus institutos de investigación.

De igual forma, debemos considerar la literatura académica, la cual ha mostrado con claridad que las estrategias punitivas para combatir la violencia no suelen resolver este problema y, en ocasiones, terminan generando efectos contrarios a los previstos. Esto es así porque, como hemos dicho, la violencia es un problema multifactorial que requiere de un diagnóstico interdisciplinario y de estrategias que atiendan las causas y no sólo los efectos.

El propio rector de la Máxima Casa de Estudios del país, Enrique Graue, ha señalado que la “vigilancia armada no es ni será una opción en la UNAM”. En efecto, si las medidas de carácter punitivo no son la vía adecuada para enfrentar este problema, es preciso diseñar una estrategia que parta de un diagnóstico fundado en los avances del conocimiento en la materia.

Es la propia Universidad, como espacio que alberga los avances en el conocimiento de nuestra sociedad, la que debe ofrecer las herramientas necesarias para enfrentar la violencia que ahora emerge en su seno, una violencia que no puede entenderse sino como parte de un fenómeno más amplio que permea a nuestro país.

Son las y los académicos, las y los expertos, y la comunidad universitaria en su conjunto quienes deben diseñar las estrategias para combatir la violencia, en pleno respeto de la autonomía universitaria, con arreglo a las evidencias científicas pertinentes y en ausencia de cualquier motivación que no sea la de mejorar la vida universitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, a convocar a expertas, académicos y a la comunidad universitaria en general a diseñar e implementar conjuntamente estrategias destinadas a enfrentar la violencia y la inseguridad en el interior de la máxima casa de estudios, en pleno respeto de su autonomía, con arreglo a las evidencias científicas y sin otra motivación que la de mejorar la vida universitaria.

Notas

1 Atacan a balazos a alumno dentro de salón en la UAS, Noroeste, 12 de febrero de 2011.

http://www.noroeste.com.mx/pub/319143

2 Atentado en el Tec de Monterrey; dos profesores, heridos, Excélsior, 9 de agosto de 2011

http://www.excelsior.com.mx/2011/08/09/comunidad/759481

3 Carrillo y Montesinos (2011) “El crisol de la violencia en las universidades públicas”, en:

http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/17006.pdf

4 “Convoca el rector a la unidad de los universitarios contra la violencia”, Boletín UNAM-DGCS-119, 24 de febrero,

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_119.html

Referencias bibliográficas

Abramovay, Miriam (2006). Cotidiano das escolas: entre violências, UNESCO/Observatorio de violências nas Escolas/Ministerio da Educação/Governo Federal do Brasil, Brasil.

Abramovay, Miriam (2004). Violências nas escolas, UNESCO, Brasil. Amórtegui-Osorio.

Castro y García (2008). La Universidad como espacio de reproducción de la violencia de género, El Colegio de México.

Valls, Rosa (2009). Violencia de género en las universidades españolas, UAB-Ministerio de Igualdad, Barcelona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días de marzo de 2018.— Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

RELATIVO A LAS PETICIONES DE LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS ÁLVARO OBREGÓN SALIDO, VENUSTIANO CARRANZA Y 3 DE MAYO DE 1535, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las peticiones de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de mayo de 1535, de La Paz, BCS, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y del estado de Baja California Sur, a atender las peticiones de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de Mayo de 1535, situadas en la Ciudad de la Paz.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero.Como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.

El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.

Por su carácter de derecho habilitante la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Los instrumentos normativos de la ONU y la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. A este marco legal los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan una gran importancia con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

La UNESCO asiste a los Estados para que puedan elaborar marcos jurídicos e institucionales nacionales sólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible. A su vez, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole política como jurídica relativas al suministro de una educación de calidad para todos, así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las políticas y estrategias en los sistemas educativos.

Derivado de lo anterior, en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es en esta Declaración, en concreto en su artículo 26, donde se define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano.

“ 1.Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Este artículo otorga a cada persona el derecho a recibir una educación que cumpla los siguientes requisitos:

a) Disponibilidad: La educación fundamental debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas. Por lo tanto, se deben eliminar las cargas y costes, y dotar de ayudas a la infancia que atraviesa mayores dificultades, como las niñas, los huérfanos del SIDA o aquellos más pobres. El Estado tiene la obligación de financiarla adecuadamente destinando un porcentaje de su PIB a la educación básica.

b) Accesibilidad:Se debe eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación, bien sea por cuestión de raza, etnia, sexo o por cualquier otra causa: “(...) debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma.

c) Aceptabilidad:La educación ha de ser de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

d) Adaptabilidad: La educación debe adaptarse a cada alumno/a.

La educación es el medio principal para que toda persona, niño/a y adulto/a pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad.

De ahí la relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. La educación permite conocer y de esta manera poder defender todos los derechos que corresponden a cada persona.

Por ejemplo, “la realización del derecho a la educación permitiría el disfrute de, entre otros, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la participación”, derechos básicos para el ejercicio de la ciudadanía y la consolidación de la democracia.

La promoción y defensa del derecho a la educación abre las puertas a otros derechos, mientras que negarlo lleva a su vez a negar otros Derechos Humanos y, con ello, a perpetuar la pobreza. Por este motivo decimos que los Derechos Humanos son indivisibles y están interrelacionados.

La Campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas es un ejemplo de la estrecha relación entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. Con esta campaña se propone alcanzar para el 2015 un conjunto de ocho objetivos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, que ayudarían a erradicar la pobreza en el mundo y garantizar la existencia de un mundo desarrollado, justo y equilibrado.

Segundo. De igual manera, The People’s Movement for Human Rights Learning,  menciona que cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación.

El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.

Así, se habla de los siguientes derechos humanos cuando se habla de educación:

1.El derecho humano a la educación confiere a cada mujer, hombre, joven o niño el derecho a una educación básica libre y obligatoria así como todas las formas disponibles de educación secundaria y superior.

2.El derecho de protección para la no discriminación de todas las áreas y niveles de educación como a un acceso igual de educación continua y capacitación vocacional.

3.El derecho a la información sobre salud, nutrición, reproducción y planificación familiar.

4.El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos fundamentales, derechos que son universales, indivisibles, interconectados, e interdependientes, entre los que se incluyen:

a)El derecho a la igualdad entre hombre y mujer y a la participación igualitaria en la familia y sociedad.

b)El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

c)El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión.

d)El derecho a un estándar de vida adecuado.

e)El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afectan a cada una de sus comunidades a un nivel local, nacional e internacional.

Tercero. Dada su importancia, el derecho humano a la educación ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26): “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

2. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículo 13): “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. ...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

3. Convención para la Eliminación de toda Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 10 y 14):“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas. Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales. La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos. La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente”.

4. Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5): “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico. El derecho a la educación y la formación profesional”.

5. Convención por los Derechos del Niño (artículos 28 y 29):“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. Hacer la enseñanza superior accesible a todos. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país”.

6. Convención contra la Discriminación en Educación (artículos 3, 5 y 4): “Los Estados Partes se comprometen a derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza. Formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible la enseñanza secundaria. Lograr que la educación promueva el pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que fomente comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones”.

Cuarto.En atención a lo anterior, los gobiernos han adquirido compromisos para respetar e implementar los instrumentos citados, entre tales compromisos se destacan:

1. Agenda 21 (capítulo 36 párrafo 3; Capítulo 3, párrafo 2 y capítulo 24, párrafo 3):“La Educación deberá ser reconocida como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero potencial. La educación promueve el derecho sustentable y mejora la capacidad de las personas para manejar temas como medio ambiente y desarrollo. Los gobiernos deberían tomar pasos activos para eliminar el analfabetismo y expandir la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto en instituciones educacionales, como para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria”.

2. Declaración de Copenhague (Compromiso 6):“Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad. Formularemos y fortaleceremos estrategias nacionales con plazos precisos para erradicar el analfabetismo y universalizar la educación básica, que comprende la educación en la primera infancia, la educación primaria y la educación para analfabetos en todas las comunidades, en especial y si ello es posible mediante la introducción de idiomas nacionales en el sistema docente, y mediante el apoyo de los diversos medios de educación no oficial, procurando alcanzar el más alto nivel posible de educación. Garantizaremos el pleno e igual acceso a la educación. Fortaleceremos los vínculos entre el mercado laboral y las políticas educacionales. Fortaleceremos las organizaciones intergubernamentales que utilizan diversas formas de educación para promover la cultura; difundiremos información a través de la educación y los medios de comunicación; ayudaremos a difundir la utilización de tecnologías; y promoveremos la formación técnica y profesional y la investigación científica. Intensificaremos y coordinaremos el apoyo internacional a los programas de educación y salud basados en el respeto de la dignidad humana y centrados en la protección de todas las mujeres y niños”.

3. Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 69, 80, 81, y 82):“La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños. Se promoverá el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación. Se asegurará el acceso universal a la enseñanza básica. Se reducirá la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de la tasa de 1990. Se proporcionará acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y procurar lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de dicha enseñanza. Se elaborarán y aplicarán políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo”.

4. Agenda de Hábitat (Párrafo 2.36 y 3.43):“Nosotros nos comprometemos a promover y a cumplir las metas planteadas para lograr un acceso igualitario universal y de la calidad en la educación, haciendo esfuerzos particulares para ratificar desigualdades relacionadas a las condiciones sociales y económicas sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, origen, genero, edad, discapacidad, respetando y promoviendo nuestras propias culturas. La educación de calidad para todos es fundamental para el aseguramiento de las personas de todas las edades sean capaces de demostrar sus habilidades. Nos comprometemos a promover las facilidades apropiadas para combatir la segregación, discriminación y otras políticas, respetando los derechos de todos, especialmente el de las mujeres, niños, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y aquellos pertenecientes a grupos vulnerables y en desventaja”.

5. Declaración Mundial de Educación para todos (Preámbulo y artículo 1):“La educación es un derecho fundamental para todas las personas, mujeres, hombres, de todas las edades y en todo el mundo. Cada persona, niño, niña, joven y adulto debe beneficiarse de las oportunidades educacionales diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas para desarrollar sus plenas capacidades, vivir y trabajar en dignidad, así como mejorar la calidad de sus vidas y la toma de mejores decisiones”.

6. Afirmación de Amman 1996:“La educación da poder, es la clave para el establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo la cual es tanto sustentable como humana y basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar en el mundo moderno”.

Quinto:En aras de acatar lo anterior, el Estado mexicano implementó las denominadas Escuelas de Tiempo Completo, que como parte fundamental está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.

En este servicio, el aprendizaje es el centro de acción del colectivo docente y se garantiza que el tiempo de la jornada escolar sea invertido de manera efectiva en la formación de los alumnos. Por ello, el programa ofrece materiales educativos adicionales pertinentes, que impulsan la renovación de los espacios físicos y el equipamiento de los planteles.

El propósito principal de Escuelas de Tiempo Completo es construir de manera gradual, un nuevo modelo educativo de escuela pública mexicana, y ser un factor de innovación educativa que contribuya al aprovechamiento y uso efectivo de los materiales educativos y de la infraestructura de los planteles escolares.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública menciona que en México operan 24 mil 250 escuelas bajo esta modalidad. Para el Ciclo Escolar 2015-2016, el Programa cuenta con un presupuesto de 6 mil 819 millones de pesos, lo que representa un incremento de mil 68 respecto al ciclo anterior, en beneficio de 3.6 millones de alumnos.

Las escuelas de tiempo completo optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias: Lectura y escritura, Matemáticas, Arte y Cultura, Recreación y Desarrollo Físico, así como los Procesos de la Inclusión y Convivencia Escolar. También, extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación. Estas escuelas brindan un servicio educativo en los mismos 200 días lectivos que los demás planteles, durante una jornada extendida de entre 6 y 8 horas.

En aquellas escuelas ubicadas en los 405 municipios del país en donde opera la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención del Delito, a las niñas y niños se les proporciona alimentos nutritivos. Cada plantel que brinda alimentación, cuenta con un comité integrado por las familias de los alumnos que, de manera voluntaria, apoyan diariamente a este servicio, contribuyendo al desarrollo de las actividades de la escuela, bajo la supervisión del coordinador del servicio de alimentación en cada escuela.

Sexto: Sin embargo, las Escuelas de Tiempo Completo no están exentas de queja; por ejemplo, directores y profesores de educación básica afirmaron que el programa de escuelas de tiempo completo enfrenta un “severo déficit” de financiamiento, pues son los padres de familia y docentes “quienes ponemos los recursos para que se cumpla con un eje central, que es la distribución de comida caliente para los alumnos”.

En entrevista señalaron que en algunas entidades, como el Distrito Federal, el menú diario para alumnos de primaria tiene un costo de 17 a 27 pesos, cuota que deben cubrir los padres de familia. Agregaron que el gobierno federal entregó un “apoyo” de mil 275 pesos por estudiante para el pago de comidas, es decir, “le tocan a cada estudiante seis pesos al día, pero ¿qué calidad se le puede dar con ese costo?”

En algunos casos, dijeron, hay padres que deben aportar hasta 400 pesos semanales para pagar la comida de tres o cuatro hijos que cursan su primaria, lo que es un gasto “demasiado oneroso para muchas familias”.

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública reconoció que de las 29 mil escuelas de tiempo completo que hay en el país, sólo 41.3 por ciento (12 mil) cuentan con comedor, por lo que existe un rezago en la atención de los alumnos en este rubro, por lo que queda claro que el gobierno federal “prácticamente dejó a los padres de familia la responsabilidad de costear el alimento de sus hijos en la escuela”, a pesar de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Educación.

Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Séptimo:Asimismo, existen quejas de profesores a quienes se les cobra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, además, se les descuenta el de la compensación que reciben por trabajar una jornada más amplia, en lugar de haber creado plazas de tiempo completo.

Por tanto, en 2017, alrededor de 150 maestros de las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, interpusieron un amparo contra el descuento del ISR que se hace, a partir de este ciclo escolar, en la compensación que reciben mensualmente por trabajar una jornada más amplia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación, hasta ayer, de 460 escuelas que estaban en el programa, 28 se dieron de baja por su inconformidad en el descuento de dicho impuesto.

Octavo: De forma similar ocurre en las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 5 de Mayo de 1535, ubicadas en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, donde los profesores externan su inconformidad debido al retraso en el pago de sus salarios que redunda en una falta de respeto a su labor y dignidad profesional, sin que alguna autoridad les haya informado el motivo por el cual se han retrasado los pagos, cuándo se llevarán a cabo y si esto continuará sucediendo, por lo que han comenzado a trabajar bajo protesta o, en algunos casos, a ausentarse de su centro de trabajo, con la intención de resolver el problema.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se asignaron $131,226,431,877 a la Secretaría de Educación Pública en el rubro de “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, entre lo que se incluyen $11,243,182,262 a las Escuelas de Tiempo Completo operadas por la Secretaría, por lo que no es posible legitimar un retardo en los pagos de los profesores.

Al respecto, según el coordinador estatal de escuelas de tiempo completo “la Federación tiene 3 meses que no cumple” que los pagos que se han realizado a los maestros has sido “Gracias a la buena relación entre el secretario de educación estatal y el Gobernador, quien le presta al magisterio de lo que le sobra del pago de nómina de sus trabajadores por lo que el pago ha sido irregular porque en ocasiones no le sobra”, que el programa inició depositando a los estados el total del año en una sola exhibición pero que actualmente lo realiza en 3 parcialidades debido a que antes se sacaba de un recurso de Pemex y ahora sale de hacienda. Que es un problema generalizado en las 32 entidades federativas y no exclusivo de BCS.

Los cuestionamientos de los maestros sobre el programa de tiempo completo son 1. Que se les paga en dos cuentas la nómina, la normal y la de tiempo completo 2. Cuando no trabajo no me pagan, aun cuando sea por enfermedad o falta justificada, jornada de tiempo completo no trabajada no es pagada. 3. Cuando trabajo y no se me paga en tiempo y forma, la SEP no tiene ninguna consecuencia, es decir, al maestro si se le descuenta pero la SEP no da compensación por pago tardío 4. Que desde el inicio los problemas de pago son recurrentes, pero si advierten que el programa en lugar de iniciar de menos a más inicio de más a menos cuando se supone que en el final del sexenio debieron cerrar consolidando el programa.

Se realizaron dos publicaciones sobre el tema de las Escuelas de Tiempo Completo. La primera un boletín de prensa enviado por la SEP estatal dando cuenta de un presupuesto de 116 millones de pesos que será aplicado este año en 282 primarias. La segunda un recuadro donde se cita que las escuelas Venustiano Carranza y 3 de Mayo de La Paz, no están laborando con ese programa debido a pagos atrasados a los maestros.

Las reacciones para ambas fueron de molestia por parte del personal docente. Más cuando otra publicación ya difundida por el semanario Zeta señala un desvío de recursos por 215 millones, 349 mil 784 pesos en áreas como Cobach, SEP e Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos.

Es entonces cuando los profesores se preguntan qué pasó con sus sueldos si el año pasado al igual que éste ya se tenía un presupuesto etiquetado. La misma publicación indica que en algunos casos no se pagó nómina y es allí donde la Auditoría Superior de la Federación pide cuentas claras.

El profesor Martín González Fiol responsable del programa no ha dado explicación alguna y menos el Secretario de Educación Héctor Jiménez Márquez. Al respecto el Director de la Primaria Venustiano Carranza, profesor Lorenzo Verdugo informó que su escuela tiene suspendido el programa y que os padres de familia los están apoyando. Valga apuntar que el multicitado programa contempla beneficiar a 13 mil 600 escolares, 282 primarias y 15 comedores en el estado.

El boletín publicado señala muy claramente que se invertirán 6 millones 924 mil pesos mensualmente “en capacitación, equipamiento y pago a personal”, es por eso que los maestros afectados piden una explicación al respecto.

Lo anterior deviene en el incremento del trabajo docente y en la precarización de su trabajo, como se mencionó en el VII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, al mencionar que la precarización del trabajo se inserta en la dinámica de la reciente reestructuración capitalista del mundo contemporáneo.

Este fenómeno es resultado del avance del modelo de acumulación de capital que se ha traducido en una permanente lucha por la competitividad y la eficiencia entre las economías más desarrolladas del mundo. Castel considera que la instalación de la precariedad en el trabajo ha provocado la desestabilización de los puestos de trabajo estables. Por otro lado, la precarización del trabajo se puede identificar a través de tres indicadores fundamentales: el primero, es el aumento e intensificaciones de las jornadas de trabajo de los asalariados; segundo, la reducción de los costos de la fuerza de trabajo traducida en bajos salarios; y tercero, la progresiva pérdida de los derechos de los trabajadores conquistados a través de sus sindicatos.

Este fenómeno se ha traducido en la flexibilidad laboral; la cual por su parte, se refleja en las nuevas formas de contratación de la fuerza laboral con menores prestaciones para los trabajadores, la pérdida de derechos en las legislaciones laborales de los países latinoamericanos, la imposición de políticas de competitividad y eficiencia para mantener salarios deprimidos, la caída sistemática de las tasas de sindicalización de los trabajadores y la desaparición de muchos sindicatos, entre otros.

En el caso de los maestros de educación básica, éstos han sido los mediadores entre las políticas educativas puestas en marcha por el Estado y su ejecución en las aulas. Por ello, su papel ha sido central en las transformaciones educativas. En este sentido, el Estado hasta la restructuración capitalista de los ochenta, estaba comprometido con el sostenimiento de niveles mínimos de vida para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, que explica el interés para la provisión de servicios públicos universales, entre los cuales estaba el impulso a la educación pública gratuita en la que se insertan los maestros.

A partir de la crisis y particularmente en los noventa, las propuestas neoliberales sobre la educación pública se traducen en un conjunto de iniciativas que buscan desmantelar a la educación pública. Una de las cuales es establecer la flexibilidad a la docencia. Ésta, en México se está imponiendo lentamente, por ejemplo, el estatus laboral de los profesores está cambiando. Hoy existen profesores incorporados a programas de competitividad con alto salario, profesores de base fuera de estos programas con menores percepciones que los primeros y profesores por contrato sin prestaciones como los anteriores y con salario precarios.

Uno de los principales efectos de la flexibilidad impuesta por los procesos de reforma educativa es, precisamente, la precarización del trabajo. En este sentido, los cambios establecidos en las relaciones de trabajo han sido caracterizadas por la amenaza creciente de la precarización de las relaciones de trabajo.

A este respecto Castel, al discutir las transformaciones de la cuestión social muestra que el sistema de protecciones y garantías sociales vinculadas al trabajo está siendo rápidamente desmontada para llegar a lo que se ha denominado precarización. Para Pochmann, lo que está siendo considerado como proceso de precarización del trabajo en el contexto latinoamericano es resultado del modelo de crecimiento económico adoptado que no considera la ampliación del número de empleos lo cual ha contribuido al aumento de la desigualdad y la exclusión en las últimas décadas. Pero, además, hay que agregar que los mercados de trabajo latinoamericano viven hoy una situación caracterizada por un desempleo creciente combinado con la presencia de largas e intensivas jornadas de trabajo a que se someten las familias para tratar de mantener sus niveles de vida.

Este fenómeno ha provocado una mayor segmentación del mercado laboral con profundas repercusiones negativas para los trabajadores de la región. Esta realidad también se ha incrustado en el trabajo docente. En otras palabras, el trabajo de los maestros se ha precarizado traduciéndose en el aumento de los contratos temporales para los nuevos docentes; la disminución paulatina de sus derechos laborales; la intensificación del trabajo, la implantación de políticas de competitividad para mejorar sus percepciones salariales; y la entrega de los fondos de pensión de los docentes a las aseguradoras privadas entre las más importantes.

Es muy claro que durante las dos últimas décadas el mundo del trabajo ha cambiado profundamente como resultado de una compleja reestructuración económica derivada del cambio del modelo de acumulación de capital que repercute en la vida económica, política, social y cultural de los trabajadores. En este sentido, la profesión docente también está cambiando. Estas transformaciones provienen de un conjunto de exigencias que emanan del exterior. Las propuestas curriculares, por ejemplo, están en constante cambio, se multiplican las innovaciones, se privilegian las metodologías didácticas y cambian de lógica las estrategias de evaluación; pero fundamentalmente estas transformaciones aumentan las presiones para los profesores; una de las cuales es la intensificación del trabajo.

El concepto de intensificación del trabajo docente ha sido utilizado por Apple y Hargreaves, quienes lo definen como un proceso de racionalización y control del proceso de trabajo en la enseñanza cuya referencia central es la organización del trabajo y su administración científica en la sociedad capitalista.

Apple agrega que la intensificación del trabajo docente representa una de las formas más tangibles mediante la cual los educadores son degradados en su condición profesional y social. Este proceso se caracteriza por la creciente demanda de nuevas tareas que exigen más tiempo para las actividades profesionales. Este fenómeno se traduce en el aumento de la carga de trabajo impuesta a los educadores para cumplir con las actividades básicas de la vida humana y, además, por el cansancio crónico de los trabajadores intelectuales como resultado del exceso de trabajo en el marco de reformas que buscan la racionalización del trabajo docente.

Hargreaves, acuñó el concepto de colonización para representar el proceso por medio del cual los administradores de la educación se apropian (colonizan) del tiempo y los espacios de los docentes para precarizar su trabajo y disminuir sus costos ocupando objetivamente el tiempo de los maestros con tareas exigidas por las instancias administrativas vinculadas con la enseñanza en términos de productividad y control burocrático de los profesores cuyo fin es garantizar la efectiva utilización productiva del trabajo docente. Por otro lado, Apple, relaciona la noción de colonización administrativa y burocrática del tiempo de trabajo con la sobrecarga de tareas y registros de rendimiento.

Este fenómeno como señala Flinders, constituye una estrategia para adaptar a los docentes a estos requerimientos y satisfacer las demandas de la nueva política educativa. Pero, además, en los países latinoamericanos la escuela es un espacio público en el cual se ejecutan programas y actividades sociales emergentes que aumentan el trabajo a los docentes. Es decir, además del trabajo pedagógico el maestro realiza labor social sin que esta repercuta en sus percepciones salariales.

La lógica de la profesionalización docente, desde el discurso dominante, que proviene de las políticas internacionales apuntan a la lógica del control técnico de la práctica docente. Este permite encubrir los niveles de control ideológico que justifican, en términos de modernización, la eficacia y la eficiencia. Esta última determinada por evaluaciones de corte cuantitativo que ocultan las diversas modalidades de la exclusión. La racionalización de las nuevas políticas educativas, traducidas en las reformas neoliberales de los noventa, apuntan hacia el control de las subjetividades humanas orientadas por la administración del tiempo para hacer más eficientes la gestión de la educación.

Uno de los efectos de las actuales reformas a los sistemas educativos latinoamericanos ha sido la prolongación y la intensificación del trabajo docente que ya está siendo documentada por la investigación. Este fenómeno se ha traducido; por un lado, en el aumento del número de días de la jornada laboral. Y por otro, a través del incremento de las horas de trabajo durante el ciclo escolar.

Por ejemplo, en Brasil pasó de 180 a 200 días lectivos; y en México, el número de días laborales ha alcanzado las 200 jornadas durante el ciclo escolar. La intensificación de la jornada laboral se ha reflejado también en la necesidad de que los docentes se desempeñen en dos o más empleos, lo cual obliga a los maestros a trabajar más de ocho horas al día con el consecuente desgaste físico y mental así como la inversión de tiempo en el transporte para cumplir con sus actividades docentes en sus escuelas.

Esta situación que enfrentan los docentes se objetiva en dos fenómenos: en primer lugar, los maestros no llegan a conocer realmente a sus alumnos con serias repercusiones en su desempeño y sus resultados y, en segundo lugar, no les alcanza el tiempo para preparar sus clases, estudiar y actualizarse. Esta intensificación del trabajo es más notoria entre los directivos. Estos trabajan en diversas actividades administrativas que rebasan las ocho horas diarias.

Otra forma de intensificación del trabajo docente se desarrolla dentro de la jornada laboral. Los docentes se ven obligados a responder a las exigencias de las reformas curriculares dentro de las cuales se les demanda nuevas estrategias didácticas y nuevos contenidos educativos y la aplicación de evaluaciones estandarizadas que obligan a los maestros a trabajar en función de estas nuevas exigencias.

Este factor intensifica más el trabajo docente porque la aplicación de evaluaciones nacionales estandarizadas son utilizadas para incentivar los salarios a los docentes y también sirven para mantener deprimidas las percepciones económicas debido a que los resultados determinan los salarios de los profesores como en el caso de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y del estado de Baja California Sur, a restituir el salario de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de Mayo de 1535; a realizar reuniones con los citados profesores, a efecto de aclarar dudas con respecto de la operación del programa Escuelas de Tiempo Completo; y a crear plazas de jornada completa.

Notas

1 https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion

2 http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf

3 https://www.pdhre.org/rights/education-sp.html

4 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/XIII_Tratados_y_Convenios_ Internacionales?page=1

5 http://basica.sep.gob.mx/site/proetc

6 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-mas-sobre-las-escuelas- de-tiempo-completo

7 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/sociedad/038n1soc

8 https://www.vanguardia.com.mx/articulo/estamos-pagando-el-doble-de- isr-maestros-de-tiempo-completo

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117. pdf

10 http://www.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/AMET2011/REC/ TEXTO/06/06_02.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

SE TRANSPARENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PEF 2016 A BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de BCS a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el PEF de 2016, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal de 2016.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

Al llevar a cabo su misión, la ASF busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas. De esta manera, contribuirá a generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.

Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En los últimos años, estos ordenamientos se han modificado para crear un órgano de fiscalización eficiente y moderno.

En el ámbito técnico, la ASF ha emitido diversas normas y procedimientos de auditoría para llevar a cabo sus funciones y los cuales recogen los avances en la materia. Por su calidad, las normas técnicas institucionales son similares a las utilizadas por países de mayor grado de desarrollo, y se actualizan constantemente para garantizar su mejora.

En materia de ética y conducta, la ASF cuenta con una Política Institucional de Integridad que está compuesta por el Código de Ética, el Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses. La finalidad de estos instrumentos es que el personal de la ASF se conduzca bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Conforme a las mejores prácticas internacionales y al marco normativo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) la ASF utiliza como referencia los tres tipos de auditorías: de cumplimiento, financiera y de desempeño. En particular sus revisiones se llevan a cabo con base en diversos enfoques: cumplimiento financiero, inversiones físicas, forenses, desempeño, gasto federalizado y tecnologías de la información.

1. Auditoría de Cumplimiento Financiero:Revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

1.1. Auditoría de Inversiones Físicas:Su materia de análisis son los procesos de adquisición y desarrollo de obras públicas; se evalúa si se justifica su inversión, si cumplen los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, si fueron entregadas en tiempo y forma, y si observaron la normativa vigente.

1.2. Auditoría Forense:Consiste en la revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito.

2. Auditoría de Desempeño:Se orienta a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto (social y económico) y beneficios para la ciudadanía.

3. Auditorías al Gasto Federalizado:Consiste en fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública.

4. Auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Control:Se revisan las adquisiciones, administración y aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y seguridad de la información de las entidades, así como la evaluación de programas de tecnologías. También se revisa el marco institucional, los resultados globales y agregados de las finanzas públicas, además se realizan evaluaciones a los sistemas de control interno.

Adicionalmente, la ASF lleva a cabo otras actividades complementarias vinculadas a la fiscalización de la Cuenta Pública que resultan pertinentes y que proporcionan elementos para tener una mayor comprensión de temas de impacto en materia de la gestión pública.

Asimismo, la ASF lleva a cabo evaluaciones de políticas públicas que constituyen una valoración objetiva (con base en criterios válidos y confiables) sobre la pertinencia de la acción gubernamental para abordar un problema de interés nacional, y su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos, a fin de emitir un posicionamiento integral sobre la solidez, consistencia, eficiencia y eficacia de las políticas públicas, así como una visión prospectiva, realista y que sea útil para los tomadores de decisiones.

Una vez concluidas las auditorías que fueron programadas, la ASF integra Informes Individuales, los cuales, se entregan a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, en esta última fecha, se entrega el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Segundo.Con base en las atribuciones de fiscalización, como lo reporta sinembargo.mx la ASF detectó recursos mal ejercidos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016 del Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis.

El impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce en daños en materias tan sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.

Dos de los rubros donde mayor cantidad de dinero no comprobado se encontró fueron el de recursos federales, que ascendió a 585 millones 522 mil 700 pesos, y el de pago a profesores de distintos niveles educativos, con montos de 215 millones de pesos.

En los dictámenes de la ASF, el Gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas. En algunos casos, según consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada.

En la revisión de diez fondos federales que recibió el gobierno de Baja California Sur en 2016, la ASF detectó recursos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos.

De estos, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del gobierno estatal.

Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El rubro que presenta el mayor quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, por el que el Gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.

De acuerdo con información de la ASF, la cual publicó estas auditorías como parte de su tercera entrega de la revisión a las cuentas públicas de 2016, Baja California Sur destinó estos recursos a 29 programas.

La totalidad del monto fue revisado por la ASF, la cual concluyó “a la fecha del corte de la Auditoría, es decir, al 30 de junio de 2017, el gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos”. Esto significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos. Lo anterior, “por falta de documentación soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.

Estos más de 585 millones de pesos debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte, perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico, pueblos mágicos y atención médica. No obstante, la administración de Mendoza Davis no pudo comprobar, aún seis meses después de cerrar el ejercicio presupuestal 2016, que el dinero haya sido transferido a los distintos programas.

A manera de conclusión, la ASF determina “el gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”.

El segundo fondo federal de donde más recursos desviados fueron detectados por la ASF, estaba destinado a “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por el cual recibió 500 millones de pesos.

Sin embargo, la aplicación de más de la mitad de estos recursos, 226 millones 113 mil 700 pesos, no pudo ser comprobada por la administración estatal, por lo que la ASF determinó esta cantidad como “recuperaciones probables”. Nuevamente, la administración no mostró documentación justificativa y comprobatoria acerca del uso adecuado de estos recursos.

Entre las principales anomalías con el uso de estos recursos, la ASF detectó 215 millones 349 mil 784 pesos que fueron devengados de las cuentas bancarias del gobierno estatal por concepto de pago de nómina al Colegio de Bachilleres del Estado, a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur y al Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos, pero cuyos pagos no pudieron ser comprobados ni justificados a través de la documentación correspondiente.

De manera adicional, la ASF observó que “seis empleados no cumplieron con el perfil requerido para las categorías de enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte)”. No obstante, entre los seis servidores públicos cobraron un millón 343 mil pesos.

También dentro de Cecyte, los auditores federales constataron el pago de 7 millones 769 mil 800 pesos para salarios de 48 plazas no autorizadas.

No solo eso, también se registraron pagos en exceso para cuatro trabajadores por un monto global de un millón 651 mil 100 pesos.

En cuanto a participaciones federales, Baja California Sur recibió 4 mil 440 millones 530 mil 100 pesos en 2016, de los cuales fueron auditados mil 620 millones 866 mil 900 pesos y se determinaron recuperaciones probables por 224 millones 837 mil 200 pesos, los cuales corresponden principalmente a pagos de plazas no autorizadas.

De esta cantidad se desprende, un desvío de 6 millones 100 mil pesos detectado por la ASF al revisar las cuentas bancarias en las que el gobierno sudcaliforniano depositó los recursos federales.

Por otro lado, de 124 millones de pesos supuestamente destinados a partidas como energía eléctrica, arrendamiento de edificios, asesorías, servicios de consultoría y gastos de difusión, el gobierno no pudo comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409 pesos, incluido el Impuesto Sobre la Renta por el pago de estos servicios.

Mientras que el daño más severo en el fondo de participaciones federales se encuentra en un monto de 146 millones 84 mil 390 pesos que fueron utilizados para pagos en nómina a 519 plazas que no fueron autorizadas y 530 plazas que excedieron las autorizadas.

De igual forma, la ASF descubrió otro desvío de 10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió utilizarse para las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en retenciones en nóminas. Por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Baja California Sur recibió 163 millones 102 mil 900 pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra del 91.2 por ciento.

En este caso, el órgano fiscalizador detectó recuperaciones probables por 68 millones 155 mil 100 pesos y un subejercicio por 38 millones 527 mil 800 pesos. Nuevamente, la administración municipal no pudo aportar documentación comprobatoria sobre la ejecución de esos más de 68 millones de pesos.

De entrada, una de las principales observaciones sobre anomalías en la ejecución de los recursos es por un monto de 22 millones 962 mil 100 pesos, destinados a obra pública y servicios básicos que no cumplen con los fines del fondo ni contaron con autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en retiros sin presentar la documentación comprobatoria.

En materia de equipamiento, al realizar una inspección física a las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de la ASF constató que una terminal de radio digital se encontraba extraviada con un reporte de robo levantado y una más presentaba sobrecalentamiento, daños que se contabilizan en 53 mil 662 pesos.

En otra de estas inspecciones físicas, la ASF localizó 327 piezas de uniforme para elementos de la SSP como botas, chamarras y camisas, dentro de un almacén en La Paz que no habían sido distribuidos a los elementos de seguridad. Mientras que en una bodega de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron localizadas otras 18 piezas de uniformes.

Además, la ASF detectó un daño presupuestario por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo destinar a la adquisición de vestuario y uniformes para personal de seguridad, pero que no pudo comprobar su aplicación.

Lo mismo ocurrió con otros 14 millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre. Además, el parque vehicular de la SSP que fue adquirido con los recursos de este fondo en 2016, “no cuenta con placas de circulación y no se han elaborado los contratos de comodato con los municipios”, explica el dictamen.

Otros gastos que no pudieron ser comprobados son 5 millones 650 mil pesos en muebles de oficina y estantería; 3 millones 3 mil 249 pesos en equipo técnico y tecnologías de la información; un millón 646 mil pesos en la adquisición de dos vehículos, así como 1 millón y medio de pesos en la construcción de la sala de juicios orales.

En materia penitenciaria, pese a haber pagado 6 millones 350 mil pesos para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia integral, a la fecha de la auditoría, realizada el 23 de junio de 2017, este sistema no se había puesto en marcha.

Las irregularidades en seguridad pública siguen. La SSP no pudo comprobar gastos por 2 millones 346 mil 200 pesos en uniformes para los custodios, mientras que otros 2 millones 754 mil 143 pesos supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de laboratorio para ciencias forenses, no pudieron ser comprobados. Tampoco se pudo comprobar la aplicación de un millón 816 mil 732 pesos destinados a pólizas de mantenimiento de servicios de radiocomunicación.

A la par de estos desvíos, Baja California registró alzas en índices delictivos: 53.3 por ciento en robo de vehículos, 140 por ciento en extorsión y 23 por ciento en lesiones.

En el programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyos fondos federales sumaron 108 millones 516 mil 100 pesos en 2016 para Baja California Sur, la ASF determinó recuperaciones probables por 66 millones 726 mil pesos.

El principal daño en este rubro es por un monto de 63 millones 677 mil 900 pesos supuestamente destinados al pago de personal directivo y docente de preescolar y primaria. Al revisar las transferencias, la ASF detectó “inconsistencias en los registros, ya que no contenía los campos de plazas y centros de trabajo correspondientes”.

Algunas otras anomalías detectadas en este fondo son la falta de comprobación de viáticos por 158 mil pesos, de diplomados en matemáticas por un millón 563 mil 100 pesos de un mural por 790 mil pesos.

Por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Baja California Sur recibió 4 mil 483 millones 446 mil 300 pesos en 2016. De éstos, la ASF detectó 10 millones 639 mil 200 pesos que no fueron utilizados y otros 38 millones 931 mil 500 pesos en desvíos.

De este monto de más de 38 millones de pesos, se desprenden los siguientes malos manejos. Se utilizaron 18 millones 257 mil 373 pesos en las partidas subsidios y otras ayudas, así como en sentencias y resoluciones (laudos), “los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo”, detalla la ASF.

Además, “se realizaron pagos de varias partidas, los cuales carecen de documentación justificativa y comprobatoria”, mientras que otros 14 millones 649 mil 166 pesos se destinaron a “pagos a 122 trabajadores que no fueron localizados ni identificados por el responsable del centro de trabajo durante las visitas físicas a los planteles del estado”.

Por otra parte, se destinaron 4 millones 818 mil 673 pesos en 485 pagos a 14 trabajadores que trabajaban en centros de trabajo no financiables con recursos de este fondo. De igual forma, se hicieron 137 pagos por un total de 752 mil 205 pesos a 6 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaban con 11 plazas. Esto a pesar de que el destino de este fondo no debe aplicarse en ello.

En 2016, Baja California Sur recibió 62 millones 480 mil 800 pesos por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que a su vez alimenta el presupuesto del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep). En este fondo, la ASF determinó recuperaciones probables por 8 millones 258 mil 100 pesos y observó un subejercicio por 8 mil 200 pesos.

Dentro de los más de 8 millones de pesos en desvíos, documentación de la ASF ubica un millón 22 mil 403 pesos supuestamente destinados a prestadores de servicios profesionales, de quienes el gobierno no pudo acreditar el resultado de las actividades realizadas.

También en servicios personales, el ente fiscalizador determinó que 2 millones 646 mil 288 pesos en retenciones por concepto del Fondo para la Vivienda (Fovissste) no pudieron ser acreditados. Lo mismo con 4 millones 562 mil 611 pesos en retenciones del Impuesto sobre la Renta del personal.

Para realizar 10 proyectos de obra pública, tales como la rehabilitación de palacio del gobierno del estado, pavimentaciones, la remodelación de una cancha de frontón en La Paz y saneamiento de agua potable y drenaje, Baja California recibió 103 millones 109 mil 800 pesos en 2016; de este monto, se detectaron desfalcos por 6 millones 953 mil 100 pesos y un subejercicio por 12 millones 420 mil 100 pesos.

Parte de las irregularidades en la aplicación de este fondo, explica la ASF en su dictamen respecto al fondo de “Proyectos de Desarrollo Regional”, está la retención por 300 mil 171 pesos que hizo la administración local, monto que corresponde “al cinco al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo pagadas de las obras por contrato”.

De igual forma, auditores detectaron que tres de los diez contratos se adjudicaron de manera directa y no por licitación público como debió realizarse. De igual forma, al realizar visitas a las obras públicas en proceso, la ASF detectó tres proyectos en que hacían falta trabajos por 997 mil pesos que ya habían sido presupuestados y pagados.

En otra obra, con inversión de 54 mil 900 pesos, la ASF determinó que los trabajos “no cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas”.

A través del Fondo de Infraestructura Social, Baja California Sur recibió 15 millones 276 mil 700 pesos en 2016. De estos recursos, la ASF determinó 4 millones 689 mil 700 pesos en recursos mal ejercidos y 198 mil 800 pesos en recursos no utilizados.

Acerca del monto de desvíos, la Auditoría explica que “representa el 30.7 por ciento de la muestra auditada que corresponden principalmente a obra pública no autorizada o que haya beneficiado a la población objetivo”.

Estos recursos tenían como objetivo programas de electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda, pero en el caso de los 4 millones 689 mil 700 pesos, el órgano fiscalizador detectó que se destinaron a la construcción de 76 viviendas “que no beneficiaron a la población de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) que deben ser localidades con los 2 grados de rezago social más altos o población en pobreza extrema”.

Precisamente al revisar los montos que el gobierno de Baja California Sur invirtió en las ZAP, la ASF detecto que sólo fueron 7 millones 180 mil 900 pesos, lo cual representa el 47 por ciento del Fondo de Infraestructura Social y no el 70 por ciento como está estipulado en la normativa.

Del Fondo de Aportaciones Múltiples se financian principalmente el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

En 2016, Baja California Sur recibió 209 millones 443 mil 800 pesos por este concepto, de los cuales un millón 734 mil pesos no se ejercieron de manera educada y otros 38 mil 300 pesos simplemente no fueron utilizados.

El daño por un millón 734 mil pesos responde a conceptos de retenciones por derechos de inspección, vigilancia y control de los trabajos. Estas retenciones se destinan al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y para obras de carácter social del mismo Instituto; sin embargo, el gobierno de Baja California Sur “no acreditó su entero a la instancia correspondiente”.

Tercero. Al respecto, el secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Baja California, Isidro Jordán Moyrón, informó que a la fecha 95 por ciento de los recursos observados fueron atendidos administrativamente por la autoridad estatal. Refirió que en términos de recursos, se han atendido administrativamente mil 169 millones de pesos, de los mil 227 millones de pesos que fueron observados al gobierno del estado.

Mencionó que lamenta las expresiones políticas que han pretendido tergiversar un proceso administrativo que todos los gobiernos seguimos ante la ASF, no hay desvíos, no hay delitos patrimoniales como se ha informado dolosamente, el propio informe de la Auditoría lo señala así, lo que hay es un proceso administrativamente que estamos siguiendo y que casi llega a su término.

Explicó que por normativa federal la ASF audita los recursos federales que los gobiernos de los estados, municipios, organismos autónomos y las propias dependencias del gobierno de la República ejercen.

Adicionó que cuando se efectuó la auditoría, buena parte de los recursos observados no habían sido ejercidos, en otros casos, por los propios tiempos que maneja la ASF no se alcanzó a entregar la documentación, sin embargo, ahora que tenemos formalmente las observaciones, hemos entregado la mayor parte de esta documentación, para concluir, dijo que con total responsabilidad el gobierno del estado atiende estas observaciones de carácter administrativas. La información se encuentra en proceso de revisión e integración por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos la certeza de que todo quedará solventado, pues no se advierten desvíos, ni conductas irregulares de servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur, a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con relación al informe de la Cuenta Pública publicado por la Auditoría Superior de la Federación.

Notas

1 http://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF

2 http://www.sinembargo.mx/04-03-2018/3392669

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA A DIFUNDIR EL AVANCE DE LA OBRA DEL TÚNEL EMISOR ORIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a difundir el avance de la obra del Túnel Emisor Oriente, de conclusión prevista para 2018, con un costo de 20 mil 167 millones de pesos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la  presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En 1975 el sistema de drenaje del Valle de México (Emisor Central, Emisor Poniente y Gran Canal) tenía una capacidad de desalojo de aguas negras y pluviales de 280 metros cúbicos por segundo, con una población de 10 millones de habitantes, suficiente para ese momento.

2. Para 2007, la capacidad se redujo a 195 metros cúbicos por segundo, teniendo como consecuencia un déficit de 120 metros cúbicos por segundo, toda vez que la demanda de desalojo se había incrementado a 315 metros cúbicos por segundo, por el crecimiento de la población, que para entonces registraba 19 millones de habitantes y por mayores escurrimientos provocados por la construcción en suelo de infiltración.

3. Para 2007 habían transcurrido 14 años sin mantenimiento al Sistema de Drenaje Profundo, por la necesidad de utilizar permanentemente el sistema, por la pérdida de capacidad de las otras dos salidas, por lo que se advertía el riesgo de un posible colapso del túnel Emisor Central y una inundación de proporciones catastróficas.

4. Para disminuir los riesgos, en el segundo semestre de 2007 se inició la construcción de cuatro plantas de rebombeo que permitieron incrementar la capacidad de desalojo del Gran Canal e iniciar los trabajos de mantenimiento del túnel Emisor Central en la temporada de estiaje.

5. Esas obras de emergencia resolverían parcial y temporalmente, porque se sabía que continuarían los hundimientos y pérdida de capacidad de desalojo de aguas combinadas (pluviales y negras), por lo que se propuso la construcción de un nuevo túnel denominado Emisor Oriente (TEO), que tendría una capacidad de 150 metros cúbicos por segundo, con lo que se cubriría el déficit identificado para ese momento.

6. En marzo de 2008 el gobierno federal anunció la construcción del TEO con una inversión de 9 mil 595 millones de pesos, para 62 kilómetros de túnel, de 7 metros de diámetro, 24 lumbreras y una profundidad variable que va de 28 a 155 metros, debería estar concluida en diciembre de 2012.

7.  Antes de concluir el Gobierno Federal  anterior, en voz del ingeniero José Luis Luege Tamargo, entonces Director General de la Comisión Nacional del Agua, informo que el túnel Emisor Oriente se concluiría en el año 2019 a un costo de 19 mil 500 millones de pesos.

8. En la actual administración, el 13 de junio de 2013 se entregó la primera etapa del TEO que consta de 10 kilómetros. En esa fecha, el titular de Conagua afirmó que las obras se entregarían en 2016 y no en 2019, aunque el costo estimado ahora sería de 20 mil 167 millones de pesos, es decir dos veces más de lo proyectado inicialmente.

9. El 24 de junio de 2017 se firmó un convenio, entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Federal, para la creación de la Comisión para la Operación de la Infraestructura Metropolitana de Drenaje, órgano colegiado de carácter permanente que deberá observar y asegurar el cumplimiento del Protocolo de Operación Conjunta para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos en la zona metropolitana y fungirá como la máxima autoridad en materia de operación y control de inundaciones.

10. La Zona metropolitana del Valle de México está situada hidrológicamente en una cuenca endorreica, es decir, en una cuenca cerrada, con salidas artificiales de aguas combinadas, lo cual representa un riesgo intrínseco para la capital del país.

11. El hundimiento diferencial, por la sobreexplotación de los acuíferos, que afecta la zona norte de la cuenca, ha provocado que el drenaje metropolitano, disminuya su eficiencia, el túnel Emisor Central, el Emisor del Poniente y el Gran Canal –con sus dos portales de salida- son insuficientes para desalojar los flujos de aguas combinadas (residuales y pluviales), especialmente cuando se presentan lluvias atípicas.

12. Desde el año 2008 opera en la Ciudad de México, una Unidad de Atención a lluvias, conocida como Unidad Tormenta, que coordina esfuerzos interinstitucionales del Sacmex, delegaciones, Heroico Cuerpo de Bombero y SSP, que cuenta con un sistema de información en tiempo real que le permite movilizar personal y equipo a los sitios en donde se registra la mayor intensidad de lluvia (a través de 72 estaciones pluviométricas) y los reportes de inundación, con afectación en inmuebles y vialidades.

Por lo expuesto y fundado, solicito de esta soberanía, la aprobación del presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución para ser discutidos y en su caso aprobados en esta misma sesión, el cual resuelve

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga público el avance de la obra del túnel Emisor Oriente, la cual tenía prevista su conclusión desde el pasado 2012, y ahora está comprometida su conclusión en 2018 con un costo total de 20 mil 167 millones de pesos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de dos mil dieciocho.— Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

DIAGNÓSTICO ACERCA DEL ORIGEN, LOS MONTOS, LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS DE LOS FLUJOS DE CAPITALES QUE SALEN DEL PAÍS QUE PERMANECEN DEPOSITADOS O INVERTIDOS EN EL EXTERIOR

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización de un diagnóstico sobre el origen, los montos, las causas y los efectos de los flujos de capitales que salen del país, los que permanecen depositados o invertidos en el exterior, y las medidas adoptadas para investigarlos y, en su caso, sancionar las operaciones de lavado de dinero, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV, V y VI, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

A principios de enero de 2018, se dio a conocer el Informe de evaluación mutua de las medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo en México, por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Éste es un organismo intergubernamental que promueve normas y la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), y en abril de 1990 dio a conocer Cuarenta Recomendaciones contra el lavado de dinero. Desde entonces ha perfeccionado el esquema hasta completar en 2012 cuarenta recomendaciones, incluyendo nueve Recomendaciones Especiales que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países para combatir estos delitos.

No está de más señalar que si bien los funcionarios mexicanos no relacionan el lavado de dinero con la corrupción, es innegable que los movimientos de capital resultantes de los desvíos de recursos y la riqueza inexplicable de algunos cuantos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, deberían estar en el centro de esas investigaciones.

Haciendo a un lado las formas políticamente correctas utilizadas en el lenguaje de los organismos multinacionales, se puede concluir que el resultado de la evaluación que hizo el GAFI acerca de las medidas que aplica el gobierno de México contra el lavado de dinero no fue positiva. La lectura del informe muestra que el gobierno de México ha demostrado poco interés y falta de compromiso para atacar el problema de lavado de dinero que, desde nuestro punto de vista, no sólo se vincula al narcotráfico y terrorismo, sino también, y en gran medida, a la evasión de impuestos o fraudes con recursos públicos. Considerando los múltiples canales de comunicación entre las instituciones financieras y las autoridades reguladoras y de vigilancia, se podría decir que, por ejemplo, las diversas acusaciones por peculado, desvío de recursos o incluso el uso de recursos de procedencia ilícita, de los que se acusa a los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Guillermo Padrés, Jesús Reyna y otros más, que han provocado graves afectaciones contra las finanzas públicas del país y de sus estados, contribuyendo a la inseguridad e impidiendo el desarrollo de sus sociedades, habrían sido identificadas oportunamente y en buena medida impedido, e incluso se habrían sancionado, si la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera hubieran cumplido con la responsabilidad para la que supuestamente están “preparados”, como lo anuncian sus funcionarios, y si realmente hubieran tenido interés en terminar con la corrupción y no utilizarla para promover a sus candidatos, justificando su imposición, como ocurrió en el Estado de México.

Desafortunadamente, para amplios sectores de la sociedad es un hecho que ese tipo de abusos, así como los observados en muchas más entidades y en el mismo gobierno federal, sí fueron conocidos y deliberadamente se mantuvieron impunes, como una forma de conservar el pacto que permitió el paso de las “reformas estructurales” en 2013.

No está de más señalar que en un país democrático, en el que la corrupción no disfrutara de la impunidad, las decisiones legislativas que propician un cambio en los acuerdos básicos entre los sectores que integran a su sociedad, habrían sido sometidos a una amplia consulta, condición básica para fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, en México se atropelló impunemente el derecho de la sociedad a decidir y se ha llegado al extremo de pretender entregar, sin pedir la opinión de la población, los activos públicos estratégicos, para ponerlos en manos de unos cuantos representantes de los intereses privados. Eso sólo fue posible en un régimen que se cohesiona por la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en una terrible ineficiencia e ineficacia para actuar contra el lavado de dinero.

Como resultado de esa falta de atención, de omisión o complicidad por parte de los funcionarios del Ejecutivo Federal y en particular de la Secretaría de Hacienda, se encuentran las observaciones que presentó el GAFI. Entre los principales hallazgos de la Evaluación, destacan:

1. Si bien México tiene un marco legal e institucional bien desarrollado de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, no tiene capacidad de atacar las actividades asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

2. El informe de GAFI señala que las autoridades han adoptado acciones contra el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, las cuales dieron lugar a algunos resultados, pero no fueron acciones integrales ni prioritarias y no produjeron una adecuada asignación de recursos en los ámbitos federal y estatal.

3. El sector financiero conoce las amenazas de lavado de activos generadas por la delincuencia organizada y actividades delictivas asociadas, así como delitos fiscales, pero su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Además, es limitada su comprensión de las técnicas de lavado de activos más complejas, así como el uso indebido de las personas jurídicas.

4. La Unidad de Inteligencia Financiera proporciona información relevante y las autoridades competentes acceden a ella en forma habitual, sin embargo, el volumen de inteligencia financiera comunicada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones financieras.

5. La PGR no investiga ni persigue penalmente, de manera proactiva y sistemática el lavado de dinero, sólo actúa de manera reactiva, caso por caso -como ya se ha comprobado en múltiples ocasiones-. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de dinero es muy baja, además de que se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investiga, porque muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado de activos rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados –a lo que se debe agregar, la discrecionalidad política con la que Hacienda administra su relación con las autoridades estatales- socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.

6. Tampoco se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas y no es proporcional con los riesgos de lavado de dinero. Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. Lo más grave es que no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado. Ese es un faltante que no se puede ignorar por el legislativo.

7. México podría hacer más para garantizar que los responsables de combatir el lavado de dinero estén mejor equipados con las herramientas correctas en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades, a fin de que sean capaces de detectar y desbaratar esas operaciones en forma efectiva.

8. Una preocupación grave en todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada, lo que reduce la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de los riesgos de lavado de activos. En gran medida, debido a las debilidades en el marco jurídico, se dificulta identificar a los beneficiarios finales. Ya se promulgaron modificaciones a la normativa que, según afirman, abordan esta deficiencia, pero falta conocer sus efectos. En la identificación de los sujetos de riesgo, las autoridades depositan una confianza indebida en la auto declaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizadas como de alto riesgo, las instituciones solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. Además, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) generalmente creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales.

9. Los supervisores del sector financiero comprenden los riesgos dentro de los sectores por los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo, razonables para la supervisión. No obstante, la fiscalización de las APNFD se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos. En general, a la fecha, no se aplicaron sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada.

10. México tiene un marco legal e institucional vigente sólido para solicitar y otorgar asistencia legal mutua y extradición. Las autoridades también utilizan frecuentemente otras formas de cooperación internacional para intercambiar información con otros países. En la práctica, México decidió como una cuestión de política, fortalecer y favorecer otras formas de cooperación y solo utilizar la asistencia legal mutua cuando sea estrictamente necesario. Se comprobó que el uso de otras formas de cooperación es efectiva, fluida y que produjo resultados tangibles con Estados Unidos. Sin embargo, la provisión de asistencia legal mutua por parte de México está en cierta forma limitada por la ausencia de una base legal para ciertas técnicas de investigación. De hecho, las autoridades no la solicitan en forma proactiva ni parecen darle prioridad cuando existe un elemento trasnacional, y cuando las evidencias o los activos están ubicados en el exterior, generando un impacto negativo en la efectividad de las investigaciones y procedimientos penales.

A partir de esas conclusiones, nadie se puede considerar satisfecho de las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas contra el lavado de dinero. Las políticas aplicadas, ni siquiera han tenido interés en establecer criterios efectivos para perseguir los recursos financieros de actividades como el narcotráfico, que puede mover sus recursos impunemente, con lo que tienen garantizada una fuente de recursos que le permiten tener una gran fortaleza y es causa de una grave violencia que daña a la sociedad y a las instituciones, incluyendo al Ejército y a la Marina.

Las autoridades de Hacienda y la UIF no se han preocupado por establecer una vigilancia eficaz que permita perseguir los recursos generados por la brutal corrupción del actual sistema político. ¿Cuánto se podría ahorrar México si las instancias responsables de normar y vigilar al sector financiero, como son la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se coordinarán eficazmente con las responsables de investigar el lavado de dinero? El problema está en que, como lo percibe la población, estas omisiones las llevan a cabo los funcionarios como parte del sistema que así alimenta sus necesidades de recursos para corromper y comprar votos, aparentando que esas operaciones cuentan con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público y de su Unidad de Inteligencia Financiera.

De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco han sido eficaces para evitar o para perseguir las operaciones que realizan las empresas con el propósito de evadir o eludir impuestos. Es de suponer que eso se puede complicar con la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos. Ahora ni siquiera los avances que se habían logrado para evitar la erosión de la base tributaria (BEPS) en el marco del G 20 y de la OCDE se podrán consolidar. Cabe recordar que, según la OCDE, cada año las multinacionales eluden 240 mil millones de pesos por sus operaciones internacionales; es decir, ese es un cálculo conservador de lo que las economías nacionales dejan de recaudar cada año por la elusión o evasión que realizan las multinacionales, en contra de los países de origen o de los receptores.

Es en ese contexto y más específicamente, que en 2012 Global Financial Integrity, con apoyo de The Ford Foundation, publicó el trabajo: México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida, de Dev Kar1, quien se basó en modelos macroeconómicos y concluyó que “durante los años noventa y dos mil, la facturación fraudulenta representó el 80% de los fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del TLCAN” Asimismo, señala que el flujo saliente de capital ilícito se ha elevado de forma significativa, pasando de alrededor de 1,000 millones de dólares estadounidenses en 1970, a 68,500 millones en 2010, alcanzando su máximo en 2007 con 91,000 millones de dólares anuales.

Además, señala el autor, el promedio anual de salida de capital ilícito se incrementó a lo largo de las cuatro décadas. Durante los años setenta, la cifra fue de 3,000 millones de dólares; esa salida de recursos llegó a 10,400 millones de dólares en los ochenta; alcanzó los 17,400 millones de dólares en los noventa y creció hasta 49,600 millones de dólares en la última década.

El autor apunta que, en parte, esos flujos de capitales son posibles porque ninguno de los países firmantes del TLCAN acompañó el acuerdo de libre comercio de mecanismos para evaluar y controlar los precios de transferencia abusivos de las empresas multinacionales o la facturación fraudulenta entre socios comerciales no relacionados que colaboran entre sí. Además, aclara que su análisis es conservador, puesto que no incluye los flujos relacionados con el tráfico de drogas, la trata de seres humanos ni algunas formas de facturación fraudulenta, información no disponible en las estadísticas analizadas. Por eso señala que, de existir estimaciones razonables sobre el capital ilícito procedente de estas actividades que pudieran incluirse en el análisis, las cifras serían sustancialmente más elevadas.

Por su parte, en la revista Internacional de Estadística y Geografía del INEGI, de abril de 2013, se publicó la investigación “Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera”, de Ernesto C. Leyva Pedrosa. En dicho artículo se concluye que el lavado de dinero en México entre 1993 y 2008, fue de 1.68%, que en 2008 fue el equivalente a alrededor de 145 mil millones de pesos.

Este trabajo compara el monto estimado de fondos provenientes de actividades ilegales con el del total de las operaciones reportadas como presuntamente vinculadas con el delito de lavado de dinero por las instituciones del sistema financiero a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se puede observar, la diferencia en las estimaciones de los montos que representa el lavado dinero son enormes, de alrededor de tres veces en el primero, con respecto al segundo, dependiendo del tipo de cambio utilizado.

Esa es otra deficiencia del trabajo de los reguladores y de la inteligencia financiera. El problema es que, para un país como México, con tantas carencias y rezagos, con tanta urgencia de conocer el origen y destino de los flujos financieros que se mueven en el país, las autoridades de Hacienda, de la UIF y del Banco de México son o muy permisivas o muy incompetentes.

En ese sentido no podemos dejar de mencionar el comportamiento de algunas de las cifras de la Balanza de Pagos, que proporcionan información acerca de los flujos de fondos que entran y salen del país con diferentes propósitos. Cierto, se debe aclarar que, parte de esos recursos no son producto de operaciones ilícitas o de recursos que buscan ser lavados. La mayoría justifica su salida bajo el argumento de que buscan seguridad frente a los malos resultados por el agotamiento del actual modelo económico, y van en busca de mayores rendimientos y de mercados. No obstante, son recursos que deberían estar en la mira del Banco de México, la UIF y el SAT, porque finalmente tienen una responsabilidad y representan una salida de recursos necesarios para la inversión en el país.

De acuerdo con la balanza de pagos, sin tomar en cuenta el saldo del pago de intereses y el saldo de la remisión de utilidades de las empresas, en el sexenio de Vicente Fox se enviaron 23 mil 200 millones de dólares a inversiones en el exterior; en el gobierno de Felipe Calderón salieron del país 70 mil 547 millones de dólares, cerca de 10 mil millones cada año con el mismo propósito y en el de Peña, hasta 2017, van 37 mil 487 millones de dólares.

La misma fuente señala que para inversiones de cartera, en el sexenio de Fox salieron del país 18 mil 664 millones de dólares, en el de Calderón 60 mil 51 millones de dólares y en el de Peña suman 17 mil 727 millones de dólares.

Si bien se registró una reducción en los recursos que salen del país destinados a inversión de cartera en el último sexenio con respecto al de Calderón, no sucede lo mismo con los capitales destinados “otras inversiones en el exterior”, que pasaron de un “extravío” de 7 mil millones de dólares en el sexenio de Fox, a un egreso de 31 mil 373 millones de dólares con Calderón y a 90 mil millones de dólares en el de Peña.

Sumando los tres registros de flujos de capitales que salen del país para diferentes operaciones en el exterior, tenemos que sumaron 48 mil millones de dólares en el sexenio de Fox, 161 mil millones en el de Calderón y 144 mil 894 en el de Peña.

A esas cifras hay que añadir 7 mil millones de dólares que se acumularon en el registro de errores y omisiones en el sexenio de Fox; 49 mil millones de dólares en el de Calderón y 62 mil 141 millones de dólares en el de Peña. Es importante señalar que estas cifras corresponden, de acuerdo con el registro de la Balanza de Pagos, a capitales que ingresaron formalmente al país y no se sabe qué se hicieron. Sobra decir que no es una cifra que se pueda ignorar. La suma sólo de los errores y omisiones de los sexenios de Calderón y de Peña representan casi 60% de la reserva internacional de divisas del Banco de México.

Por la importancia de esos flujos, por el costo que representa para México financiarlos mediante la contratación de deuda y la venta de activos, sería de esperar que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Banco de México llevaran a cabo una investigación que permita conocer el origen y destino de esos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero, a que presenten, cada una en el ámbito de sus responsabilidades, un diagnóstico acerca del origen, los montos, las causas y los efectos de los flujos de capitales que salen del país, así como las medidas adoptadas para evitar que formen parte de operaciones de lavado de dinero.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero, haga públicos los recursos mencionados en el resolutivo anterior, que permanecen depositados o invertidos en el exterior, los que se dirigieron a paraísos fiscales y qué medidas han adoptado para investigarlos y, en su caso, sancionar las operaciones que no sean legales o no cumplan con las disposiciones fiscales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero a que expliquen su respuesta a las observaciones del Grupo de Acción Financiera y por qué ha tenido efectos tan limitados la estrategia contra la corrupción gubernamental, la impunidad y el lavado de dinero por parte del gobierno mexicano.

Notas

1 http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/ VSPP_GAFI%20%20%20130701.pdf

2 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/ IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf

3 http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/mexico/ gfi_mexico_report_espanol_web.pdf

4 Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera, Ernesto C. Leyva Pedrosa. Realidad, Datos y Espacio, Revista Internacional De Estadística y Geografía, INEGI. Vol. 4 Núm. 2 mayo-agosto 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.