INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 15 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 15 de marzo de 2018 y que no fueron abordadas. (*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 87 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Vivienda, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a que garantice la inclusión de los adultos mayores productores en sus programas de apoyos y fomento ganadero, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedesol y de la Condusef, diseñe e instrumente estrategias, acciones y campañas informativas en materia de educación financiera dirigidas a los receptores de remesas, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a otorgar atención especializada, profesional, oportuna y gratuita a los enfermos con insuficiencia renal crónica, y que este tratamiento sea incorporado al Catálogo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a la dispersión de recursos para la adquisición de insumos y plantas para el desarrollo de la cafeticultora nacional, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen, y a la Comisión Especial del Café, para opinión.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a congresos locales, a homologar sus códigos penales en materia de pederastia, con base en los artículos 209 Bis y 209 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a establecer un protocolo de prevención y atención de los casos de hostigamiento y/o acoso contra las mujeres deportistas, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Deporte, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a que elabore un programa de descuentos a los adultos mayores pequeños productores ganaderos, para la adquisición de los aretes de identificación individual de ganado, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo al Fondo Metropolitano 2018 para que contemple el desarrollo de movilidad urbana sustentable, infraestructura para el transporte público y movilidad no motorizada, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, el Banobras y a Capufe, a suspender la licitación pública nacional número LA-006G1C003-E2-2018, AAS Paquete Sureste, para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de agente administrador supervisor consistente en asesoría integral, gestión, monitoreo supervisión y administración de la operación, mantenimiento y rehabilitación de las autopistas que integran el paquete sureste, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, a cargo del diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Comisión de Infraestructura, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, relativo a las supuestas irregularidades cometidas por Pensionissste en la gestión e inversión de los recursos de los trabajadores, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, relativo a la auditoría financiera con enfoque de desempeño, clave 16-A-19000-14-1229, revisión 1229, Cuenta Pública 2016, realizada por la ASF al gobierno de Nuevo León, bajo el título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ciudad de México, a establecer mecanismos que permitan agilizar los trabajos de demolición de inmuebles de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, relativo a implementar las acciones correspondientes para resolver la problemática actual, que ha generado la falta de agua en diversas entidades y se restablezca de inmediato su flujo, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del sector energético, a difundir las acciones emprendidas en torno al incumplimiento de crear valor económico, por parte de Pemex, en el contrato de entrega y producción de gas etano, a través de la subsididaria Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), dictaminado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2016, suscrito por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama y Sergio López Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a las autoridades estatales y municipales, a salvaguardar la integridad de la población civil y de los especímenes de cocodrilo ante el reporte de avistamiento en zonas habitacionales de dichos reptiles, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Banxico, a la CNBV y a la Condusef, a difundir la información del estado que guarda la reforma financiera en materia de crédito, inclusión financiera, elevadas comisiones, y de las acciones instrumentadas ante los sucesivos incrementos de la tasa de interés de 5 a 7.5% por parte de Banco de México, suscrito por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama, Sergio López Rosales y Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 23, se deroga el artículo 23 Bis y se deroga la fracción I del artículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de impulso al crédito bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los productos de crédito tienen una importancia fundamental en el bienestar socioeconómico de un individuo, ya que le permiten mejorar el manejo de los recursos económicos que va a percibir durante su vida, suavizar su consumo ante variaciones en su ingreso, enfrentar emergencias económicas, construir un patrimonio, incrementar los activos generadores de ingresos, hacer inversiones o comenzar un negocio.

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017 publicado por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, generado con base en los datos publicados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, señala que al respecto, en México más de la mitad de la población adulta cuenta con un crédito formal o informal.

De acuerdo con los datos recopilados por la ENIF 2015, existen 22.1 millones de adultos en México que tienen un crédito en un banco o institución financiera; 29 millones utilizan algún mecanismo informal de financiamiento. La suma de personas que cuentan con un crédito ya sea formal o informal es un total de 34.7 millones.

También, existen 9.6 millones de adultos que cuentan tanto con un crédito formal así como el empleo de algún mecanismo de crédito informal al mismo tiempo.

Como resultado tenemos que en México 41.5 millones de adultos tienen o emplean un mecanismo de crédito formal o informal, lo que es equivalente a 54 por ciento de la población adulta.

La utilización de mecanismos crediticios, ya sea formales o informales, tuvieron un crecimiento entre los años 2012 y 2015; el crédito formal pasó de 27 a 29 por ciento, lo que representa 2.8 millones de adultos más. En el caso del crédito informal, el porcentaje de la población que emplea algún mecanismo informal pasó de 34 por ciento a 38 por ciento, lo que equivale a 5.3 millones de adultos adicionales.

Los tres productos de crédito formal más contratados por la población adulta en México son las tarjetas de crédito departamentales o de tiendas de autoservicio (TCD), las tarjetas de crédito bancarias (TCB) y los créditos hipotecarios; 20 por ciento de los adultos reportó contar con una tarjeta de crédito departamental, 11 por ciento una tarjeta de crédito bancaria y 4 por ciento un crédito hipotecario.

Con respecto al año 2012, el producto de crédito que reportó el mayor incremento fue el crédito hipotecario, toda vez que 1.9 millones de adultos reportaron contar con uno de forma adicional a ese año. El número de adultos que cuentan con una TDC aumentó en 1.8 millones, al pasar de 6.4 a 8.2 millones.

El acceso al crédito formal también se encuentra asociado de forma positiva con el nivel de ingreso de los adultos.

Un adulto que reportó recibir menos de 3 mil pesos al mes tiene un crédito en uno de cada cinco casos, aproximadamente, mientras que entre aquéllos que indicaron percibir más de 20 mil pesos esta proporción es de más de siete de cada diez adultos. La relación que se presenta entre ingreso y crédito sugiere que a medida que aumenta el primero se migra de las vías informales crediticias a formales.

Los datos de la ENIF 2015 muestran que 56 por ciento de la población adulta que tiene un crédito reportó que lo usó o piensa usarlo para motivos relacionados con una inversión, entendiendo ésta como cualquiera de los siguientes tres conceptos: a) comenzar o ampliar un negocio; b) comprar, remodelar o ampliar una casa; c) pagar una deuda.

A su vez, 25 por ciento de la población con un crédito formal destinó o piensa destinar éste para motivos relacionados con atender una emergencia, entendiendo ésta como cualquiera de tres conceptos: a) atender emergencias o imprevistos; b) gastos de educación o c) gastos de salud.

Finalmente, 34 por ciento de la población adulta con un crédito formal usó o piensa usar los recursos obtenidos a través de éste para subsanar aspectos relacionados con los gastos corrientes, entendiendo éstos como: a) pagar vacaciones o fiestas o b) gastos de comida, personales o pago de servicios.

*Los valores referidos anteriormente suman más de 100 por ciento ya que los encuestados pudieron contestar sobre el destino de su crédito formal con una o más respuestas.

Asimismo, la ENIF 2015 indagó sobre la proporción de adultos que habían solicitado un crédito, si los habían rechazado y las razones de rechazo. Los resultados indican que 50 por ciento de los adultos del país nunca ha solicitado un crédito de una institución financiera formal, 34 por ciento obtuvo el crédito solicitado y 15 por ciento fue rechazado al solicitarlo.

Las tres principales razones de rechazo fueron: problemas con el buró de crédito (35 por ciento), imposibilidad para comprobar ingresos o insuficiencia de éstos (21 por ciento), no contar con los documentos que le solicitaron (13 por ciento) y no tener historial de crédito (13 por ciento).

Con respecto a la morosidad, según el estudio dado a conocer por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados a través del Boletín: Evolución del Crédito becefp/017/2017, informa que durante 2016 se observó una baja de 0.42 puntos porcentuales en el Índice de Morosidad de la Cartera, al pasar de 2.30 por ciento en enero a 1.88 por ciento en diciembre. En marzo de 2017, fue de 2.4 por ciento.

Según sus componentes la morosidad de tarjetas de crédito fue de 5.2 por ciento del total de la cartera, mientras que la morosidad en créditos de nómina, personales y de bienes duraderos se ubicó en 2.9 por ciento, 5.2 por ciento, y 1.5 por ciento, respectivamente. Además, el Índice de la Cartera de Vivienda fue de 2.3 por ciento y el de empresas de 1.9 por ciento.

Es decir, el mayor índice de morosidad se observó en créditos personales y de tarjetas de crédito, aunque en rangos manejables con los niveles de capitalización de la banca.

En lo que respecta a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE) aplicada en 2015 de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), señala que a nivel nacional se registraron 4.1 millones de empresas; del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6 por ciento son microempresas y concentran 75.4 por ciento del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que son 2 por ciento y tienen 13.5 por ciento del personal ocupado.

Las medianas representan 0.4 por ciento de las unidades económicas y tienen poco más de 11 por ciento de los ocupados.

El número de empresas con acceso al financiamiento de alguna institución de la banca múltiple ha crecido en los últimos seis años. De acuerdo con la información reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 2010 a 2016el número de empresas de cualquier tamaño con financiamiento creció en 33 por ciento, lo cual implicó un aumento promedio anual de 5 por ciento.

Las empresas pequeñas fueron el segmento más dinámico, al mostrar un crecimiento de 76 por ciento en cuanto al acceso al crédito durante este periodo, al pasar de 44 mil a 78 mil empresas.

El número de empresas grandes con financiamiento creció en 36 por ciento, al pasar de 4 mil 200 a 5 mil 800, mientras que las microempresas con financiamiento pasaron de 209 mil a 262 mil, lo cual implica un crecimiento de 25 por ciento. En su conjunto, las Mipymes con financiamiento crecieron 33 por ciento al pasar de 258 mil a 344 mil empresas.

A pesar de este incremento, la mayoría de las Mipymes no cuenta con financiamiento, toda vez que 344 mil de un universo 4.1 millones obtuvo financiamiento en 2016, es decir 8 por ciento, mientras que 56 por ciento de las grandes sí tuvo acceso a uno.

El monto de financiamiento a las Mipymes ha crecido en consonancia con el acceso al financiamiento de éstas.

Al respecto, el monto de financiamiento de las Mipymes de 2010 a 2016 creció 130 por ciento, lo cual implica un aumento promedio anual de 15 por ciento.

Este crecimiento se compara favorablemente con el crecimiento de la economía en su conjunto, medido a través del producto interno bruto (PIB), el cual ha registrado incrementos promedio de 3 por ciento durante el mismo periodo.

Al primer trimestre de 2017, 84.5 por ciento de las empresas utilizaron algún tipo de financiamiento (85.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2016). Las principales fuentes de financiamiento de las empresas fueron los proveedores, al cubrir 75.9 por ciento de sus financiamientos (76.8 por ciento en el trimestre anterior y 76.6 por ciento en el primer trimestre de 2016), seguidos por la banca comercial con 36.5 por ciento (38.5 por ciento en el trimestre anterior y 35.5 por ciento en el primer trimestre de 2016) y las oficinas matrices (18.8 por ciento), mientras que la banca domiciliada en el extranjero, la banca de desarrollo y la emisión de deuda fue de 5.3 por ciento, 5.1 por ciento y 1.3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con los datos reportados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la tasa de interés promedio otorgada a las microempresas se redujo en 3.6 puntos porcentuales, al pasar de 14.7 a 11.0 por ciento del primer trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2016.

Esta disminución también se presentó en el resto de las empresas, aunque de manera menos pronunciada, ya que las tasas de interés aplicadas a la pequeña, mediana y gran empresa cayeron en 1.7, 1.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.

Esta disminución estuvo influenciada por la disminución en la tasa de interés de fondeo bancario, la cual pasó de 4.6 por ciento al cierre del primer trimestre de 2010 a 3.9 por ciento al cierre del segundo trimestre de 2016, así como a la caída en la tasa de morosidad de las empresas, especialmente las micro que pasaron de un Índice de Morosidad de 8.7 a 4.2 por ciento.

La falta de acceso al crédito es la principal barrera percibida por los microempresarios para el crecimiento de su negocio. Al respecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE), la mayoría de las microempresas reportaron tener problemas para crecer, destacando la falta de acceso al financiamiento como la principal razón que citaron los microempresarios, seguido de la competencia de empresas informales, baja demanda de sus productos, exceso de trámites y altos impuestos.

En contraste, menos de 10 por ciento de las empresas pequeñas y 6 por ciento de las medianas ubicaron a la falta de crédito como una barrera; para éstas, el exceso de trámites y los altos impuestos fueron la barrera más importante para una de cada cuatro empresas. 17 y 20 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, respectivamente, señalaron que no tienen problemas para crecer.

Así, resulta evidente la importancia del crédito como una herramienta financiera sustantiva para el crecimiento económico.

Por ello, el término “crédito” proviene del latín creditum, de credere, tener confianza. La confianza es uno de los elementos sustanciales del crédito.

En este contexto, el Estado mexicano ha facultado a una serie de instituciones o sociedades de información crediticia que tienen el objetivo en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia “La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con entidades financieras, empresas comerciales o las Sofomes E.N.R. (...)”

Este tipo de sociedades de información crediticia en términos de la jurisprudencia con rubro Buró de Crédito. No es autoridad para efectos del amparoemitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuitoestablece que haciendo un análisis de la “autoridad” para efectos del amparo tendrá las siguientes características: “ (...) a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado”.

Por ello se concluye que en términos de lo establecido en los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia:

“ (...) el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular.”

Así, haciendo referencia a la exposición de motivos original de la iniciativa con proyecto de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, presentada por el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez8 en sesión pública ordinaria celebrada en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2001, se argumentó que:

“ (...) En 1993, en aras de promover la cultura del pago y de abaratar los costos de los servicios financieros, en la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, se creó con ello la figura de las sociedades de información crediticia, conocidas comúnmente como Burós de Crédito, cuya actividad consiste en integrar y manejar un banco de datos que registre las operaciones activas de las entidades financieras, a fin de contar con el historial crediticio de los usuarios de la banca y demás entidades financieras. Así, para operar como sociedad de información crediticia se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión del Banco de México, encontrándose sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.”

De igual forma, se expuso que:

“ (...) En este orden de ideas, debido a la importancia de la información que manejan estas sociedades al poder inhibir la actividad crediticia y con ello impedir el desarrollo de nuestro sistema financiero, debido a la importancia que reviste el manejar información confidencial que debe ser considerada para todos los efectos como propiedad de cada ciudadano y de cada persona, debido a la falta de criterios homólogos para conformar el banco de datos de estas sociedades y al estar impedidos los ciudadanos a cambiar el historial crediticio en la base de datos, y en general, al no haber hoy en día mecanismos de protección y defensa para las personas físicas y morales que tengan el derecho de inconformarse por la información errónea que sea ocasionada, y sea por dolo, negligencia o mala fe que hay en el banco de datos de esas sociedades.

Lo que se busca con la presente iniciativa es definir en la Ley, las condiciones que rijan las actividades de este tipo de sociedades, a fin de otorgar certidumbre y seguridad jurídica a los usuarios de las mismas, pero sobre todo, a los particulares que realicen operaciones crediticias y de servicios con las entidades financieras y empresas comerciales que alimentan las bases de datos de estas sociedades.”

“ ... En conclusión, las intenciones que motivan la presente Iniciativa son evitar injusticias cometidas contra los usuarios de la banca y demás entidades por el uso injustificado de la información crediticia, a fin de dar seguridad jurídica a quienes obtienen financiamiento, así como constituir las condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte y, cumplir con el pago por la otra, así como posibilitar la modificación de los errores existentes en la base de datos, establecer criterios homogéneos en cuanto a la interpretación y modificación de la información contenida en el reporte correspondiente, evitar errores en los propios reportes de crédito, publicitar los procedimientos y mecanismos para modificar las bases de datos, así como para proteger los derechos e intereses de las personas que se encuentran en dichas bases de datos, a fin de otorgarles seguridad y certeza jurídica en las operaciones que realicen, así como, constituir las condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte, y cumplir con el pago de la otra, lo cual sólo se logrará teniendo un sistema financiero sano y equilibrado que no vuelva a quebrantarse. Las operaciones crediticias deben de reactivarse si se quiere un desarrollo económico sustentable, y las condiciones para que ello se dé deben depurarse, pues de lo contrario, cualquier estadística de mejoría económica será siempre ilusoria. Los sectores productivos y financiero serán provechosos en la medida en que pacten sanas prácticas económicas por ambas partes.”

Por ello, consideramos que los sistemas de información crediticia son una parte esencial de la infraestructura financiera que permite el acceso al financiamiento y el desarrollo de todos los sectores del desarrollo nacional con el fin de fomentar el poder adquisitivo tanto de los individuos como de las empresas, generando condiciones de activación y fluidez de capital financiero en el mercado.

Desde la publicación de la ley en comento en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002 consideramos que no se ha cumplido con la esencia misma de la iniciativa de esta legislación ya que si bien su fin es generar una serie de condiciones que permitan crear certeza jurídica para todos los usuarios de los servicios financieros, esto no se ha cumplido.

En la práctica existen muchas quejas por parte de los usuarios de los servicios financieros con respecto a la temporalidad de la obligación de las sociedades a conservar los historiales crediticios de los usuarios ya que la base de datos, por diversas razones, no se puede actualizar con agilidad o en su caso, no se actualiza, generando incertidumbre para los usuarios en el acceso a nuevos créditos, inhibiendo, en buena medida la posibilidad del acercamiento crediticio, frenado el acceso a los préstamos, ya que las bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia o Burós de Crédito (conjunto de registros de información, propiedad de los otorgantes de crédito, en la cual se archiva el comportamiento crediticio de los consumidores), son conservadas durante al menos 6 (seis) años para cualquier persona física o moral.

En virtud de que en nuestro país, dicha información es conservada para personas morales durante al menos setenta y dos meses, trae, entre otras consecuencias, que la banca nacional niegue apoyo a las Mipymes.

Lo anterior, sin duda es un freno a la economía, al detener con estas disposiciones importantes proyectos productivos, con fundamento en el artículo 23 Bis y la fracción I del artículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, que permite el primero de ellos a las Sociedades, conservar información una vez vencidos el plazos de 72 meses a que se refiere dicho artículo, a fin de asegurarse de que la información que reciban de sus usuarios con posterioridad a tales plazos, no esté relacionada con aquella que debió haber sido eliminada; y el segundo, es decir, el 24 en su fracción I al permitir conservar información una vez vencidos el plazos de 72 meses, en tratándose de uno o más créditos cuyo monto adeudado al momento de la falta de pago de alguna cantidad adeudada a un acreedor, sea igual o mayor que el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), independientemente de la moneda en que estén denominados.

Así, en el estudio Sistemas de Información Crediticia; Guía informativa, el cual fue elaborada por un equipo liderado por Nataliya Mylenko, que incluyó a los miembros del equipo del Programa Global de Sistemas de Información Crediticia de la IFC: Tony Lythgoe, Oscar Madeddu, Colin Raymond, Shalini Sankaranarayan, Peter Sheerin y Stefano Stoppani en septiembre de 2006 se con concluye que:

“La legislación estipula un periodo específico en el que debe almacenarse la información. Si bien la información histórica permite que los prestamistas evalúen la calidad de la solvencia de un prestatario a lo largo de un lapso de tiempo, la legislación debe especificar una fecha límite para el almacenamiento de información, tras la cual los datos se borran a fin de otorgarle al prestatario la posibilidad de empezar de cero. La información del historial de pagos suele guardarse durante un mínimo de cinco años. La información sobre incumplimientos, en lugar de borrarse una vez que se reembolsaron los préstamos, debe guardarse con el resto del archivo del prestatario durante el período estipulado. (...)”

“(...) Los registros públicos relacionados con quiebras suelen guardarse durante siete años o más. De acuerdo con una encuesta del Banco Mundial, de 78 bureaus de crédito privados, 57 conservaban la información histórica durante más de cinco años, y 34 la conservaban entre cinco y siete años”

Dado lo anterior, considero que se necesita una adecuación en la temporalidad establecida dentro del articulado de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en relación a la conservación de información una vez vencidos los plazos y recuperar la esencia de esta ley en la generación de certeza jurídica en los usuarios de los servicios financieros.

En consecuencia, en la presente iniciativa se propone lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adicionan y reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 23, se deroga el artículo 23 Bis y se deroga la fracción I del artículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Artículo 23.Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a unapersona física, únicamentedurante un plazo de sesentameses y las personas morales por un plazo no mayor a ochenta y cuatro meses.

Las sociedades deberáneliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de sesentameses para una persona física y para las morales por un plazo no mayor a ochenta y cuatro mesesde haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de sesentameses para una persona física y para las morales por un plazo no mayor a ochenta y cuatro mesesde haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 23 Bis. (Se deroga).

Artículo 24.La eliminación del historial crediticio prevista en el artículo anterior no será aplicable en los supuestos siguientes:

I. (Se deroga).

II...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las Sociedades tendrán un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para ajustar sus sistemas y estructuras a lo previsto en el mismo.

Notas

1 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes %20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

2 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Consejo-Nacional-de-IF.aspx

3 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/E NIF%202015.pdf

4 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2017/becefp0172017. pdf

5 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otr as/enaproce/default_t.aspx

6 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes %20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

7 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2017/becefp0172017. pdf

8 http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13&mn=1&id=1266& lg=58&anio=2#10399

9 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8786320049586044a262b 7195 83b6d16/FI-%20CB-KnowledgeGuide-S.pdf?MOD=AJPERES

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.— Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

«Iniciativa que reforma el artículo 87 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputadoErick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Erick Alejandro Lagos Hernández,diputado federal a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley de Vivienda, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estableció desde sus inicios la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres como una de sus principales prioridades, ya que consideró como un despropósito aspirar a mayores niveles de desarrollo cuando alrededor de la mitad de la población carece de los medios para hacer valer sus derechos más elementales, como acceso al trabajo bien remunerado y a los espacios de decisión política, así como a tranquilidad en sus hogares y espacios públicos, donde cotidianamente se presentan prácticas atávicas que reproducen estereotipos y formas de violencia contrarias a un régimen democrático y liberal como el que nos marca la Constitución de la República. Fue por tales razones que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se estableció por primera vez la perspectiva de género como un elemento rector de las políticas públicas. Es decir, como bien se afirma en dicho documento programático, se contempló la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

El objetivo, tal y como se previó en el Plan, fue fomentar un proceso de cambio profundo que comenzara al interior de las instituciones de gobierno, con el objeto de evitar que en las dependencias de la administración pública federal se reprodujeran los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.

De esta manera, el Estado Mexicano haría tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de

Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

Una forma de materializar las pretensiones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra contenida en el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, publicado el 29 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que contiene como una de su líneas estratégicas más interesantes el apoyo a mujeres jefes de familia para adquirir vivienda digna, esto como una forma de reconocimiento a aquellas mujeres que, por una multiplicidad de razones, se han visto precisadas a dirigir sus hogares sin el apoyo de su pareja, lo que en no pocos casos les implica una vasta cantidad de esfuerzos económicos y físicos que se ven sobredimensionados debido a los prejuicios existentes todavía en nuestra sociedad. Una medida de esta naturaleza dista de ser una simple ocurrencia, ya que parte del reconocimiento de la existencia de una forma de familia hasta ahora poco valorada en aras de exaltar el prototipo tradicional consistente en padre, madre e hijos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, de acuerdo con la última Encuesta Intercensal, en 27 por ciento de los hogares se reconoce como jefe a un hombre. Dicho organismo autónomo señala que existe un gran interés en el estudio de estas últimas, debido tanto a que han venido en aumento, pues del 2010 al 2015 este tipo de jefatura aumentó de 24.6 a 27.0 por ciento, como por la posición de la mujer como jefa de hogar, lo que genera cambios en la dinámica de la familia, y suele darse por viudez o separaciones, además de que esta población presenta mayor vulnerabilidad a sufrir carencias o caer en pobreza.

El INEGI también establece que la condición de actividad económica de los jefes de hogares familiares difiere según sexo. Ocho de cada diez hombres (82.4 por ciento) son económicamente activos; característica que presentan cinco de cada diez (48.0 por ciento) mujeres jefas de hogar.

La encuesta de mérito también señala que, los hombres jefes de hogares familiares con actividad para el mercado y bienes de autoconsumo invirtieron, en promedio, 79.3 horas a la semana; mientras que, por su parte, las jefas mujeres invirtieron en estas tareas 60.3 horas promedio.

El referido ejercicio estadístico también refiere que el rol establecido en las mujeres, en que se les confería el cuidado y crianza de los hijos, no necesariamente se ha modificado al incorporarse a la vida pública, laboral o política, lo que da lugar a una ampliación e intensificación de la jornada que dedican al trabajo productivo, reproductivo, de cuidado y comunitario. Así lo muestra el tiempo que dedican al trabajo no remunerado de los hogares, ya que los hombres destinaron 31.3 horas promedio a la semana, y las mujeres jefas, 68.0 horas promedio.

La estadística del INEGI agrega que, además del trabajo para el mercado y bienes de autoconsumo, con respecto a las actividades del trabajo no remunerado del hogar, las jefas de hogares familiares invierten 33.2 horas promedio a la semana en las tareas domésticas, y los jefes 11.1. Para el cuidado a integrantes del hogar, ellas destinaron 25.5 mientras que ellos 14.2 horas promedio.

Una vez hecho el diagnóstico y planteada la medida de política pública antes mencionada, en agosto de 2014 se echó a andar el Programa Vivienda Digna para Jefas de Familia, a través del cual se pensaban otorgar más de 10 mil créditos en todo el país para mujeres de bajos recursos, que fueran el sostén de sus hogares. De acuerdo con información del Gobierno de la República, dicho programa arrancó como piloto, con el otorgamiento de 2 mil créditos, pero al ver la respuesta positiva de las madres de familia, se resolvió incrementarlo a 10 mil créditos.

Cabe señalar que tal programa está dirigido a mujeres jefas de familia que ganan menos de 5 salarios mínimos y que no son derechohabientes del Infonavit, ni del Fovissste, quienes deben pagar hasta 500 pesos semanales por un plazo de máximo 7 años para adquirir su vivienda. El esquema contaba con recursos por 200 millones de pesos en garantías del Fonhapo, 670 millones en subsidios de la Conavi y mil millones de pesos por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal a través de intermediarios financieros.

Ahora bien, si tenemos clara la radiografía sobre las carencias que afectan a las mujeres jefes de familia y se ha establecido una política concreta para apoyarlas a efecto de brindarles oportunidades para su desarrollo y no perpetuar los ciclos de pobreza, lo menos que podemos hacer es garantizar su viabilidad, a efecto de protegerla ante cualquier giro transexenal, sobre todo ahora que está cada vez más cerca el cambio de gobierno en nuestro país.

Es por ello que proponemos una adición a la fracción V del artículo 87 de la Ley de Vivienda, con la finalidad de establecer los requisitos que deberán cumplir las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas. Dicha pretensión lo que busca no sólo es otorgar viabilidad transexenal a una política acertada con cuyos objetivos coincidimos plenamente, sino procurar que los gobiernos futuros la adopten plenamente a fin de que no sea letra muerta, esto en virtud de que la redacción vigente no prevé como obligatoria la formulación de tales acciones. Los requisitos a que nos referimos son del tenor literal siguiente:

• Deberán ser elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres;

• Deberán elaborarse, aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que sea expedido el Programa Sectorial de la secretaría antes mencionada;

• Su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de largo plazo;

• Deberán precisar objetivos y previsiones sobre los recursos que sean asignados para su ejecución;

• Deberán guardar congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial de desarrollo agrario, territorial y urbano y los programas tendientes logar la equidad sustantiva entre hombres y mujeres que al efecto sean expedidos, y

• Deberán contener indicadores y ajustarse a las normas que sobre transparencia resulten aplicables.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 87 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 87. Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:

I. Contemplar todo el proceso de producción habitacional, incluyendo los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda;

II. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza;

III. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y financiera que combine el ahorro, el crédito y el subsidio con el trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos y modalidades de vivienda;

IV. Considerar la integralidad y progresividad en la solución de las necesidades habitacionales, con visión de mediano y largo plazo, continuidad y complementariedad de la asistencia integral y de los apoyos materiales o financieros que se les proporcionen;

V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la familia, las acciones de fomento y apoyo, otorgándoles el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito y el subsidio .

Las estrategias y acciones a que se refiere la presente fracción deberán ser elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y cumplirán con los siguientes requisitos:

a) Elaborarse, aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que sea expedido el Programa Sectorial de la secretaría antes mencionada;

b) Su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de largo plazo;

c) Deberán precisar objetivos y previsiones sobre los recursos que sean asignados para su ejecución;

d) Deberán guardar congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial de desarrollo agrario, territorial y urbano y los programas tendientes logar la equidad sustantiva entre hombres y mujeres que al efecto sean expedidos, y

e) Deberán contener indicadores y ajustarse a las normas que sobre transparencia resulten aplicables.

VI. Atender las distintas formas legales de propiedad y posesión de la tierra, así como de tenencia individual o colectiva, en propiedad privada o no, adecuando los diversos instrumentos y productos financieros al efecto.

Tratándose de las comunidades rurales e indígenas deberán ser reconocidas y atendidas sus características culturales, respetando sus formas de asentamiento territorial y favoreciendo los sistemas constructivos acordes con el entorno bioclimático de las regiones, así como sus modos de producción de vivienda.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf, consultada el 10 de diciembre de 2017 a las 10:29 horas.

2 Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-de-vivienda-para-jefas-de-fam ilia, consultada el 10 de diciembre de 2017, a las 10:22 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.— Diputado Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

INCLUSIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PRODUCTORES EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS Y FOMENTO GANADERO DE LA SAGARPA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a garantizar la inclusión de los adultos mayores productores en los programas de apoyo y fomento ganadero, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que garantice la inclusión de los adultos mayores productores en sus programas de apoyos y fomento ganadero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, lo referente a los adultos mayores, no es visible únicamente por aspectos estadísticos; por el contrario, se ha asumido como un tema de relevancia sociodemográfica y de especial interés en la conformación presente y futura de nuestra sociedad.

Tan es así, que en nuestros ordenamientos es considerado como adulto mayor quien se encuentra en lo que se puntualiza en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores emitida apenas hace 10 años:

“Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I.Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;”

No obstante, y desafortunadamente, ha sido una parte de nuestra población con la cual, históricamente se han tenido y se tienen enormes deudas pendientes.

Situación que se ha desarrollado a lo largo de poco más de tres décadas y nos ha derivado en condiciones para este vulnerable sector de la sociedad; que no sólo son alarmantes, sino también hirientes.

En México podemos afirmar que los adultos mayores en su gran mayoría carecen y sufren.

Carecen de falta de oportunidades de trabajo, de condiciones favorables para su desarrollo integral, de asistencia social, de acceso al disfrute en plenitud de todos sus derechos –marcadamente los elementales– y en síntesis de un entorno de privaciones en todos los aspectos.

Como se dijo anteriormente, también sufren de enfermedades –muchas de ellas altamente incapacitantes– de marginación social, exclusión, discriminación y además desafortunadamente, de acuerdo a cifras oficiales, 16 por ciento del total de los adultos mayores en nuestro país padece de algún tipo de violencia en sus diferentes grados.

Incluso esta cifra es todavía más inquietante, si consideramos que de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se tiene registrado que 3 de cada 5 adultos mayores en México, la violencia que sufren proviene del entorno familiar directo.

En otras palabras, algunos adultos mayores en nuestro territorio también son víctimas incluso de quienes deberían ser sus protectores.

Ante ello, vemos con preocupación que somos una sociedad que tolera, solapa, sobrelleva y disimula las vejaciones, las carencias y las violaciones sistemáticas en sus derechos humanos, hacia los adultos mayores.

La situación hoy es crítica y se augura en un futuro inmediato –si no actuamos al respecto– catastrófica.

Es crítica porque nos estamos refiriendo en el presente, según fuentes oficiales a 11 millones 669 mil 432 personas adultas mayores; y catastrófica en un futuro cercano porque se estima que para 2030, la población adulta mayor respecto al índice registrado desde el año 2000, se incrementará en 330 por ciento, en contra de 45 por ciento que se estima crecerá la población joven en el país para el mismo periodo de tiempo.

Es decir, en 2030 seremos una población conformada en su mayoría por adultos mayores con la atención a sus necesidades rezagadas, que por personas jóvenes y económicamente activas.

Como se puede apreciar, la situación es verdaderamente alarmante, si consideramos además que las tendencias nos muestran que 82 por ciento del total de adultos mayores viven en pobreza, es decir 8 de cada 10 personas adultas mayores no tiene los medios para cubrir sus necesidades; sólo los dos restantes de esos 10 mexicanos tiene los medios para solventar sus gastos o bien cuentan en el mejor de los casos con una pensión.

Aunado a lo anterior, tenemos que la gran mayoría de los adultos mayores no tiene un lugar seguro, estable y digno para vivir. En muchos casos son despojados de su patrimonio, tanto inmuebles como dinero; o bien desplazados hacia un rincón en su misma casa.

Y, en contraparte, no hay ni los suficientes ni los adecuados sitios especializados para atenderlos en sus necesidades específicas; bien sea públicos o de asistencia privada.

Como si no fuera suficiente todo lo anterior, se ha detectado además que, en ciertas ramas económicas, en el diseño y planeación de los programas sociales de apoyo, no se están incluyendo de manera puntual estrategias enfocadas hacia los adultos mayores.

Un caso específico se da en la ganadería.

En México, la agricultura y la ganadería son las dos principales actividades en materia agropecuaria, representando cerca de 88 por ciento de éstas, muy por encima de la pesca, la acuicultura, la silvicultura o bien, la transformación de productos primarios.

A pesar de su gran importancia y de que los productores tanto agricultores como ganaderos, han sido beneficiados por importantes apoyos a través de programas gubernamentales; poco o casi nada se ha hecho para atender y prepararse ante el envejecimiento de nuestra población productora en éstas ramas económicas básicas e imprescindibles.

Es decir, a los adultos mayores agricultores o ganaderos, no se les ha apoyado para que no queden excluidos o bien, marginados en el desempeño de su actividad económica.

Desde un tiempo a la fecha, la edad promedio de los pequeños productores tanto agricultores como ganaderos, ha ido avanzando de manera rápida; actualmente tanto el pequeño productor agrícola o ganadero se encuentra en los 55 años; mucho menor en comparación con los productores de pesca o silvicultura, la cual es de 46 años en promedio.

Es decir, de continuar con esta tendencia, en muy poco tiempo nuestros ganaderos serán adultos mayores, sin apoyos específicos que los prioricen; con las repercusiones obvias en nuestra producción ganadera.

Esta situación no podemos permitirla.

Si bien debemos garantizar la rentabilidad suficiente para los productores ganaderos a fin de que la dinámica de esta trascendental actividad económica básica, motive el ingreso de más productores; también debemos asumir y comprometernos con los productores ganaderos que han hecho crecer de manera exitosa esta actividad, heredándonos un presente y futuro prometedor.

Sin duda alguna, nuestros adultos mayores ganaderos, son mexicanos imprescindibles, en su persona misma y también por la sabiduría que implica su trayecto y experiencia de vida.

Al igual que importantes, por su misma condición de seres humanos; y también, porque debemos asumir en corresponsabilidad tanto sociedad y gobierno el compromiso de atenderlos debido a que en el ayer, ellos con su trabajo y esfuerzo consolidaron los benéficos que hoy disfrutamos todos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que garantice la inclusión de los adultos mayores productores en sus programas de apoyos y fomento ganadero.

Notas

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3.

2 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Secretaria de Salud.

3 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

4 Consejo Nacional de la Población. 2015.

5 Consejo Nacional de Población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

ESTRATEGIAS, ACCIONES Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDAS A LOS RECEPTORES DE REMESAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e instaurar por la Sedesol y la Condusef estrategias, acciones y campañas sobre educación financiera dirigidas a los receptores de remesas, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción III y, 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, cuyo resolutivo se propone de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación financiera es uno de los motores del desarrollo social debido a que propicia la generación del capital humano, pero además ofrece mejores alternativas de vida mediante la toma de decisiones financieras adecuadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Improving Financial Literacy, París, 2005, estableció que la Educación Financiera es un proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar.

La educación financiera crea las estructuras mentales necesarias para administrar adecuadamente los recursos y en caso de considerar una inversión de los mismos, permite evaluar las ganancias potenciales y los posibles riesgos. Gracias a estos preceptos, se puede planificar a futuro, elegir los mejores instrumentos para financiar un proyecto personal o colectivo y estar siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo que nos rodea.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 6 de cada 10 mexicanos carece de educación financiera, el 80 por ciento de las familias ahorra fuera del sistema financiero, hasta 80 por ciento de ciudadanos desconoce cuánto y en qué gastó la semana pasada; y el 31 por ciento de la población económicamente activa gasta más de lo que ingresa.

De hecho; nuestro país tiene uno de los niveles más bajos de educación financiera en comparación con otras naciones; sólo el 35 por ciento de los mexicanos ahorra para emergencias y el 70 por ciento experimenta problemas financieros para cubrir sus necesidades básicas.

Lo anterior pone de manifiesto la falta de educación y de planeación financiera que lamentablemente prevalece en nuestro país.

Por otra parte, los recursos que ingresan a nuestro país por concepto de remesas, se han venido incrementando a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en un factor fundamental para las finanzas nacionales y de millones de familias que, sin este ingreso, difícilmente subsistirían.

Solo en el año 2016, se recibieron en México cerca de 27 mil millones de dólares por este concepto, cifra que constituye un máximo histórico y nos ubica como el cuarto lugar entre los países receptores de remesas en el mundo.

El ingreso por remesas en el año 2015 superó por vez primera al valor de las exportaciones de crudo realizadas por Petróleos Mexicanos, que fue de 18 mil 524 millones de dólares, de acuerdo con datos de la empresa petrolera. A causa de la caída del precio en el petróleo y al incremento que han registrado, las remesas superaron en 33 por ciento a las exportaciones petroleras.

Según la información del Anuario de Migración y Remesas México 2017 que edita la Secretaría de Gobernación, por medio del Consejo Nacional de Población y con la colaboración de la Fundación BBVA Bancomer; de las remesas que se envían a México el 14.4 por ciento se utilizan para comprar o mejorar vivienda, 0.5 por ciento se destina a establecer, ampliar o comprar un negocio y el 0.1 por ciento para la compra de tierras e implementos agrícolas; el resto, más de 80 por ciento se utiliza para pagar deudas, para alimentación, pago de rentas y para la compra de vehículos y aparatos eléctricos.

Como puede observarse, el destino que se le da a los recursos provenientes de remesas, reflejan también la falta de educación financiera, pues la mayor parte de su enorme potencial económico se destina , en el mejor de los casos, para satisfacer necesidades inmediatas como lo es la alimentación, la salud y la educación; y en el peor de los casos para gastos superfluos o para enriquecer a empresas o personas que, por medio de la usura, ofrecen a las familias de los migrantes una amplia gama de créditos, servicios y bienes de consumo caros y de baja calidad. En general, estos cuantiosos recursos no se están destinando para la consolidación del patrimonio familiar de los migrantes o de sus familias.

El hecho de que la gran mayoría de los mexicanos no contemos con una cultura del ahorro ni con fundamentos de educación financiera, coloca a las familias receptoras de remesas en una situación sumamente vulnerable, y las convierte en fáciles víctimas de quienes buscan aprovecharse de ellos.

Un alto porcentaje de los beneficiarios de estas remesas, actúan como si ese recurso lo fuesen a recibir por siempre, y rara vez lo ahorran o lo utilizan para forjar un patrimonio o emprender un negocio. Es por eso que resulta muy importante que las familias de los migrantes generen hábitos financieros saludables y desarrollen la capacidad de planear a futuro, ya que siempre existirá el riesgo de que la persona que les envía el recurso se quede sin trabajo o simplemente decida dejar de hacerlo.

Resulta pertinente que el ejecutivo federal implemente una estrategia de educación financiera dirigida al público en general, pero especialmente a las familias que reciben remesas del extranjero, a efecto de que puedan administrar esos recursos de forma eficiente.

A este respecto, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en el numeral III del artículo 32, que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida.

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, establece en el segundo párrafo de su artículo 5o. que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros procurará el establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes.

El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros prevé, dentro de la estructura orgánica de la dependencia, una Dirección General de Educación Financiera a la cual le asigna entre otras las siguientes atribuciones:

• Coadyuvar, junto con instituciones públicas y privadas, en la realización de acciones y proyectos que contribuyan al fomento de la educación financiera.

• Establecer y mantener relaciones con instituciones educativas, financieras, medios de comunicación, autoridades y organismos públicos y privados, con la finalidad de fomentar la cultura financiera.

• Elaborar y difundir publicaciones institucionales, campañas informativas y cualquier otro material que contribuya al fomento de la educación financiera.

El presente punto de acuerdo pretende exhortar al ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, diseñe e instrumente estrategias que promuevan la educación financiera entre los receptores de remesas.

En los tiempos difíciles que atraviesa la economía nacional, no podemos dejar de promover que los recursos con los que cuentan las familias mexicanas se aprovechen de la mejor forma posible, y es, sin duda, en la conformación de un patrimonio sólido, en el ahorro y en la inversión productiva, en donde ese dinero puede encontrar un mejor destino para el progreso familiar.

Desde luego que es decisión de los beneficiarios de esos recursos el destino que les otorguen, sin embargo dicha decisión podrá ser más conveniente para ellos si cuentan con los elementos de juicio necesarios para actuar con mayor responsabilidad y prudencia.

El Estado debe generar políticas públicas que promuevan la adecuada utilización de los recursos provenientes de la remesas y que protejan a las familias receptoras de mezquinos intereses.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, diseñe e instrumente estrategias, acciones y campañas informativas en materia de educación financiera dirigidas a los receptores de remesas, a efecto de que cuenten con mejores herramientas en la toma de decisiones relativas al destino y administración de sus recursos; fomentando un mejor nivel de vida y el desarrollo económico con sentido social en sus comunidades.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ATENCIÓN A LOS ENFERMOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, E INCORPORACIÓN DEL TRATAMIENTO RESPECTIVO AL SEGURO POPULAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a otorgar atención especializada, profesional, oportuna y gratuita a los pacientes con insuficiencia renal crónica e incorporar en el Catálogo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular el tratamiento respectivo, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Araceli Madrigal Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se estima que en México hay más de 102 mil enfermos renales crónicos en el país, de los cuales sólo 37 mil cuentan con algún tratamiento sustitutivo de manera continua. De estos enfermos, 80 por ciento es atendido por el IMSS o el ISSSTE; sin embargo, esa proporción tiene un crecimiento anual de 11 por ciento, lo cual representa una demanda de servicios de hemodiálisis claramente elevada. Además, la hemodiálisis sigue siendo poco accesible, de cada 10 pacientes, ocho reciben diálisis peritoneal y únicamente dos reciben hemodiálisis.

El problema de los enfermos renales crónicos que requieren ser dializados es de gravedad en México, llegando a dimensiones alarmantes. Si bien no hay registros fehacientes, se sabe que la enfermedad sigue en ascenso sin lograr suavizarse la curva de crecimiento.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010, señalaban que habría unos 120 mil mexicanos con necesidad –sin alternativa inmediata– de recibir tratamiento sustitutivo de riñón (diálisis) para mantenerse con vida.

Sin embargo, otra perspectiva del estudio sugería que menos de la mitad de dichos pacientes (unos 60 mil) reciben alguna forma de tratamiento para su insuficiencia renal. Lo más probable es que terminen muriendo, aunque se registre que el deceso obedeció a alguna otra complicación, no queda el registro de que fue por insuficiencia en el funcionamiento de los riñones.

Hoy se dice que la insuficiencia renal crónica y otras enfermedades renales como la nefritis y la nefrosis están entre las 10 principales causas de muerte en México, pero la realidad es que es un dato que no se tiene totalmente claro porque mientras no haya un registro fidedigno sobre la enfermedad, son sólo estimaciones y cálculos aproximados.

En el país no hay un procedimiento para evaluar el adecuado funcionamiento y la estructura de las unidades privadas de hemodiálisis. Lo anterior genera, entre otras deficiencias, las siguientes:

1. Se carece de un directorio con el registro de las unidades de hemodiálisis a escala nacional. Actualmente se han identificado más de 300 unidades en nuestro país. Sin embargo, es muy probable que exista un número mayor sobre todo de pequeñas dimensiones y de carácter privado que son más difíciles de identificar; y

2. Hay falta de información sobre el funcionamiento y la estructura de las unidades de hemodiálisis, así como ausencia de registros que permitan evaluar su efectividad a través de la evolución y sobrevida de los pacientes sometidos a dicha terapia de sustitución.

Se ha detectado un panorama sumamente preocupante, debido a que al menos 50 por ciento de estas unidades no cumplen los criterios de proceso y resultado para la evaluación de establecimientos de atención médica de hemodiálisis establecidos por el Consejo de Salubridad General, resaltando las de carácter público.

La situación se agrava aún más al evaluar la infraestructura de las unidades. Un segundo aspecto que llama la atención es la falta de procesos para la referencia y contrarreferencia de los pacientes, hecho que explica de manera indirecta el retraso en el ingreso a estas unidades y por ende, la falta de respuesta al tratamiento.

En el estudio se observa la falta de exámenes de laboratorio para evaluar el estado de los pacientes previo a la sesión de hemodiálisis, la falta de personal calificado (nefrólogos) durante el proceso de la hemodiálisis es evidente en las unidades, ya que tenemos un promedio de 57 hasta 73 pacientes atendidos por un nefrólogo.

Esta situación contrasta con la norma que recomienda que cada centro de diálisis debería contar con al menos un nefrólogo por cada 40-50 pacientes en tratamiento.

Se señala la importancia de promover que las disposiciones en materia de salud tengan como objeto fundamental la seguridad del paciente y que busquen anticiparse a las necesidades de estos, de su familia y del propio Estado, debiendo prevenir y reducir la probabilidad de que se presenten eventos adversos que pongan en riesgo su salud y sus vidas, generando gastos extraordinarios al Estado que pudieron haber sido evitados.

En 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 59 mil pacientes bajo tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis y destinó 6 mil 500 millones de pesos a ambas terapias, la cifra año con año aumenta a consecuencia de la creciente epidemia de pacientes con insuficiencia renal crónica.

El Seguro Popular tiene presente el panorama de la insuficiencia renal crónica, pero de sus 55 millones de afiliados, 66 mil requieren terapia de reemplazo renal.

Se tiene identificado que cada diálisis cuesta 800 pesos, mientras que la atención por hemodiálisis cuesta mil 500 pesos, cada una está prescrita tres veces a la semana, lo que genera un alto costo para la sociedad y sobre todo más para los que viven en estado de marginación.

Como se aprecia, es un tratamiento caro y muchas veces las personas o familiares no cuentan con posibilidades económicas para cubrirlo, los hospitales del sector salud no cuentan con la infraestructura suficiente para dar servicio a toda la población que tiene este padecimiento.

Por lo expuesto se propone punto de acuerdo donde se exhorta a las instituciones públicas y privadas del sector salud a llevar a cabo medidas preventivas en materia de protección contra riesgos, con objeto de reducir casos de morbilidad o de complicaciones médicas y desarrollar políticas públicas orientadas a reducir los elevados costos que esto conlleva que, en muchos de los casos, es absorbido por el Estado a través de la prestación de servicios médicos públicos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar medidas preventivas en materia de protección a los enfermos con insuficiencia renal crónica, con el objeto de reducir casos de morbilidad y mortalidad, mejorando en consecuencia su calidad de vida; evitando complicaciones médicas y desarrollando políticas públicas orientadas a reducir los elevados costos que implican a las familias afectadas, para que a través de la prestación de servicios médicos públicos asuma la responsabilidad de garantizar a los pacientes con insuficiencia renal crónica, la atención especializada, profesional, oportuna y gratuita.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a incorporar, dentro de sus facultades, en el catálogo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular el tratamiento de la insuficiencia renal crónica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PLANTAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAFETICULTURA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la dispersión de recursos a fin de adquirir insumos y plantas para el desarrollo de la cafeticultura nacional, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la dispersión de recursos para la adquisición de insumos y plantas para el desarrollo de la cafeticultura nacional en el año fiscal de 2018 al tenor de las siguientes

Consideraciones

México cuenta con un conocimiento de más de doscientos años en el cultivo y producción de café. Ocupa el sexto lugar en el mundo en producción, con 3 por ciento de la producción mundial. En términos de exportación, el país se encuentra en el noveno lugar con 2.8 millones de sacos, lo que representa 900 millones de dólares en ingreso de divisas.

Sin embargo, la problemática de la producción de café en México se ha venido acentuando particularmente por enfermedades y la carencia de recursos económicos a la producción que han paralizado la dinámica del campo mexicano del café. Al iniciar esta legislatura, presenté una proposición con punto de acuerdo que esta soberanía aprobó como de urgente y obvia resolución, el 6 de octubre de 2015. A la fecha de publicación de la presente proposición, aquélla no ha tenido respuesta alguna de conformidad con los registros parlamentarios de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

En esa propuesta de octubre de 2015, suscrita también por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expusimos la grave emergencia de los productores del café debido a la plaga de la roya que se había extendido a los 12 estados cafetaleros del país y estaba arrasando con los cafetales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se produce 85 por ciento del total del café mexicano.

En esa proposición con punto de acuerdo, aprobada por esta soberanía, expusimos que los campos presentaban afectaciones con roya naranja de 50 por ciento de la superficie sembrada. Como consecuencia de ello, el volumen de producción en estos estados descendió hasta en 30 por ciento en los dos últimos ciclos, por lo que se dejó de producir cerca de un millón de sacos por ciclo provocando pérdidas millonarias a los cafeticultores.

En noviembre de 2014, en el marco del anuncio de la creación de tres zonas económicas especiales para el sur-sureste del país, el presidente de la República prometió apoyos especiales para los cafetaleros para poner en marcha un programa para renovar y repoblar cafetales en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y la creación de créditos flexibles. De esta forma, la Cámara de Diputados dirigió los siguientes exhortos

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se establezca un programa de atención integral de corto y mediano plazo, que entre otras medidas incluya acciones de empleo temporal en las regiones cafetaleras, renovación de los cafetales con plantas nativas de la región, apoyos para insumos y apoyo técnico y capacitación para los productores.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que atienda la solicitud de los cafetaleros y de los gobernadores de los estados del sur-sureste para emitir la Declaratoria de Emergencia por la Roya del Café.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 6 de octubre de 2015

No obstante lo anterior, la producción cafetalera nacional continúa en situación de emergencia. El 9 de marzo de 2018, productores cafetaleros del país se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de exponer una agenda para la atención de demandas inmediatas del sector. La Sagarpa publicó el siguiente comunicado:

Número 068/Ciudad de México.

• Se contará con 200 millones de plantas este año para la renovación de cafetales: Calzada Rovirosa.

La recuperación del sector cafetalero, considerado como emblemático de nuestro país, avanza significativamente, lo que se refleja en las buenas cifras de producción que se lograron en dos años, al pasar de 2.2 millones de sacos en el periodo 2015-2106 a tres millones 800 mil sacos en 2017-2018, así como una mejor integración de la cadena productiva.

Lo anterior fue señalado por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, durante una reunión con productores e industriales del aromático, en la que se coincidió que en los últimos dos años de la administración federal se rescató al sector cafetalero en nuestro país.

Calzada Rovirosa agregó que actualmente se tienen buenas cifras pero lo más importante es que los integrantes de la cadena productiva están convencidos de que tienen que trabajar unidos, en coordinación con la Sagarpa, que es una institución cuyo único fin es ser facilitadora para que a todos los que participan en el sector les vaya bien.

En este caso, el secretario de Agricultura informó que este año se tendrá un presupuesto autorizado por más de mil 200 millones de pesos para el sector cafetalero, los cuales se deberán dispersar a la brevedad.

Agregó que la cadena productiva del café tiene un gran impacto social, porque cuenta con más de 500 mil personas que trabajan y colaboran en el sector, con un impacto directo hasta en tres millones de personas, lo que refleja el impacto social que se tiene con una buena política destinada al aromático.

El pasado no se puede cambiar, dijo, pero sí podemos moldear el futuro, por lo que para este año, se espera una dispersión de 200 millones de plantas de café, además de la conservación de las que ya se plantaron durante 2016 (200 millones) y 2017 (150 millones de plantas).

José Calzada agregó que se prevé que el próximo año se estén produciendo más de 4.5 millones de sacos de café en México, lo que será un cambio notable para el campo nacional, luego de que se partió de una producción de 2.2 millones de sacos, lo que beneficiará la economía de las familias que trabajan en este cultivo.

Reconoció la importancia social que tiene este cultivo para el país, pero además se quiere reivindicar este cultivo, porque para México es emblemático.

Indicó que se trabajará paralelamente en los temas de plantación y cosecha, además de proyectos para añadir valor, así como continuar trabajando en el acceso a los mercados internacionales.

En materia de sanidad, el secretario mencionó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene un presupuesto de 200 millones de pesos para que se dispersen en acciones destinadas al combate contra la roya del café.

A su vez, el subsecretario de Agricultura, Jorge Narváez Narváez, resaltó el trabajo coordinado que se tiene con todos los integrantes del sector cafetalero en México y mencionó que existen seis puntos de definición, aclaración y seguimiento que fueron analizados con representantes y líderes de la cadena productiva.

Estos puntos, dijo, son las campañas sanitarias 2018 que llevará a cabo Senasica en todos los estados de la región cafetalera; asimismo se refirió a las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que son cuestiones de solventación y de tiempos para que no se hagan señalamientos.

Asimismo, se abordó el tema de los precios a la baja y las coberturas anticipadas, donde se explicó el mecanismo y quedaron aclarados los montos y procedimientos para este año, además de que se tocaron los rubros de presupuesto y la próxima reunión de la Organización Internacional del Café (OIC) que se realizará en nuestro país.

Por su parte, Cruz José Argüello Miceli, representante no gubernamental del Sistema Producto Café y coordinador ejecutivo de la Asociación Mexicana del Café (Amecafé), reconoció la actuación de la Sagarpa en la recuperación del sector cafetalero mexicano y señaló que desde 2016 se está reescribiendo la historia de aromático en nuestro país.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Café (Anicafé), Félix Martínez Cabrera, resaltó la unidad que existe en la cadena productiva del café y coincidió con los productores en que la responsabilidad de mejorar las condiciones de la cafeticultura nacional es de todos.

En el evento estuvieron presentes, además, por parte de la Sagarpa el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Alejandro Vásquez Salido; el director general de Fomento a la Agricultura, Santiago Arguello Campos y el director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico, Sergio Tapia Medina.

Por parte de los productores e industriales, participaron el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Eduardo Orihuela Estefan, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), José Julio Espinosa Morales, así como los representantes Sistema Producto Estatales de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

En esa reunión, los representantes de los productores de café reconocieron “el presupuesto adicional al otorgado por el Congreso de la Unión. En el año de 2016 se otorgó un monto adicional por parte de Sagarpa de 400 millones de pesos con lo que estuvimos en condiciones de ejercer mil 183.3 millones de pesos. En 2017 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) otorgó para el ejercicio de apoyo a la cafeticultura 729 millones de pesos, la Sagarpa otorgó un apoyo adicional de 200 millones para un total de 929.6 millones de pesos”.

Sin embargo, presentaron a la Sagarpa las siguientes problemáticas:

1. Las restricciones de liberación de pagos se sitúan exactamente en los periodos necesarios para la utilización de insumos y plantas en los cafetales debido a la veda electoral.

2. La gestión efectiva de recursos 2018 para seguir combatiendo la plaga de la roya del café.

3. Encontrar salidas para compensar las pérdidas entre productores y elevar la competitividad de estos en el mercado internacional.

4. Que la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafe) opere en 2018 como agente técnico de la Sagarpa a fin de garantizar la operación de los recursos de acuerdo con el ciclo agrícola.

En este sentido, es necesario dirigir un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia realice la gestión efectiva de recursos para el presente año fiscal de 2018 y seguir combatiendo la plaga de la roya del café; igualmente, para que se realice la puntual aplicación de recursos sin que los periodos de “veda electoral” afecten la utilización de insumos y plantas necesarios para la producción de la cafeticultura nacional.

Igualmente, es necesario dirigir un exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, realice la oportuna y pronta dispersión de recursos para el año fiscal 2018 a fin de ser aplicados en los periodos necesarios para la adquisición de insumos y plantas para el desarrollo de la cafeticultura nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones efectivas para garantizar la gestión de recursos para el presente año fiscal de 2018 y seguir combatiendo la plaga de la roya en los campos cafetaleros afectados por esta enfermedad.

Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, realice la puntual aplicación de recursos y evitar que los periodos de “veda electoral 2018” afecten la compra y adquisición de insumos y plantas necesarios para la producción de la cafeticultura nacional .

Tercero.Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, realice la oportuna y pronta dispersión de recursos para el año fiscal de 2018 a fin de ser aplicados en los periodos para la compra y adquisición de insumos y plantas necesarios para el desarrollo de la cafeticultura nacional.

Nota

1 “Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a hacer la declaratoria de emergencia en zonas cafetaleras y a establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café”. Proposición con punto de Acuerdo en: Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4377-III, martes 6 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo 2018.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen, y a la Comisión Especial del Café, para opinión.

HOMOLOGACIÓN DE LOS CÓDIGOS PENALES ESTATALES EN MATERIA DE PEDERASTIA, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 209 BIS Y 209 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a congresos locales a homologar sus códigos penales en materia de pederastia según los artículos 209 Bis y 209 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 Bis y 209 Ter del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pederastia significa el cometimiento de abuso sexual con menores de edad. Desafortunadamente, México ocupa el horrendo primer lugar mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Pese a las cifras, 25 de las 32 entidades mexicanas no tipifican y consideran como delito grave la pederastia, con lo cual se deja en libertad a personas que invadieron y dañaron la intimidad y seguridad de los niños en nuestro país con tan sólo pagar una fianza que puede ir de 3 días a mil 200 días de salario mínimo, esto por no considerarse como grave la pederastia.

Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran grave este delito y sin derecho a fianza; aunque cabe mencionar que solo en Jalisco el delito tiene una penalidad alta, que va de 12 a 20 años de prisión a quien cometa acto sexual en contra de un menor.

Resulta preocupante que no se considere el abuso sexual contra un menor como una falta grave, ya que, tras un abuso, la víctima debe afrontar traumas y agresiones que no sólo marcan su infancia, sino su vida entera.

El manual de Save the Children expone las consecuencias a las que se enfrentan las víctimas de este delito, en el corto y largo plazos.

En el corto plazo, las víctimas de abuso pueden presentar, entre otros síntomas, ansiedad, problemas de autoestima, fracaso escolar, inadaptación social, Síndrome de Stress Postraumático, pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres, consumo de drogas y alcohol, fugas del hogar, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, miedo generalizado, culpa y vergüenza, aislamiento, depresión, rechazo al propio cuerpo, conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual y déficit en habilidades sociales.

Mientras, en el largo plazo se pueden manifestar dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, desórdenes alimentarios, intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno disociativo de identidad, depresión, ansiedad, dificultad para expresar sentimientos, fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo y alteraciones de la motivación sexual, entre otros.

Cometer un abuso sexual en un menor cae en gran parte en la oportunidad; es decir, lastimosamente las víctimas de este delito son menores cercanos a sus agresores, normalmente mediante un vínculo familiar, o bien, por la cercanía hacia la familia o a algún culto religioso, por lo cual hay gran confianza entre ellos.

Se presume que la pederastia puede tener una relación con distintas variables, como lo puede ser el aprendizaje de actitudes negativas hacia la sexualidad, con un abuso sexual sufrido en el pasado, con sentimientos personales de inferioridad o bien, con la inhabilidad para establecer relaciones sociales y sexuales normales.

Un abuso sexual abre decenas de consecuencias y padecimientos para las víctimas en todas las etapa de su vida, razón por la cual es precisa la tipificación del delito de pederastia en toda la república, así como el aumentar su sanción y hacer obligatoria la privación de la libertad, ya que al dejar libre a las personas que cometen abuso sexual en menores, solo representa la tentativa de volver a cometer el delito, dañando así a más menores y a sus familias; convirtamos la pederastia en un delito que no quede impune, pues el seguir evadiendo tal responsabilidad en las leyes de nuestro país, representa el dejar en abandono a miles de menores de edad.

Si bien el Código Penal Federal fija en los artículos 209 Bis y 209 Ter como castigo para el delito la pérdida de la libertad, el establecimiento del delito dentro de los códigos penales locales abonará a la disminución del delito, así como brindar estadísticas útiles para conocer más y afrontar el mismo, para así prevenir a los menores, como a sus padres, además de informarles el cómo actuar ante un abuso y castigar así a los culpables del acto, además claro, de ofrecerle la seguridad a la víctima en todo momento y que tenga la libre expresión sobre lo vivido, para así brindar la ayuda adecuada tanto a la víctima, como a la familia, ya que es una huella difícil de borrar.

Considerandos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fija en el artículo 47, fracción III, la obligación por parte de las autoridades federales, estatales y municipales de tomar medidas para prevenir y sancionar casos como la trata de menores de 18 años, abuso sexual, explotación sexual infantil y otras conductas punibles .

En refuerzo de lo anterior, la Constitución menciona en el artículo 4o., párrafo noveno, que todas las decisiones que se tomen, así como de las actuaciones a favor de las niñas, niños y adolescentes deberán estar bajo el principio superior de la niñez, así como el garantizar en plenitud sus derechos principalmente para su sano esparcimiento y desarrollo integral.

Dejando de lado lo jurídico, a continuación mencionaré unos datos duros acerca de la violencia sexual vivida en México, ya que este delito va en aumento. Entre 2015 y 2016 se registraron de 27 mil a 30 mil casos en un año, presentando un aumento de 3 mil casos, además de que en el primer trimestre del presente año se presentó un aumento de un 8 por ciento con respecto del año pasado al mismo periodo. En 2016 se tenía un registro de cada 24 horas ocurrían 81 nuevas denuncias de violencia sexual en el país, siendo aproximadamente de 3 a 4 violaciones o abusos sexuales por hora.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el país tiene de los presupuestos más bajos para combatir la violencia sexual. De hecho, sólo 1 por ciento de los recursos destinados a la infancia está asignado a la protección de los menores contra la violencia, abuso y explotación.

La impunidad del delito de pederastia dentro de nuestras fronteras es tal que estados como Guerrero, en concreto Acapulco, se ha convertido tristemente en un destino de turismo sexual para pederastas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda; le siguen localidades como Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula, concurridas por estas personas.

Punto de Acuerdo

Único.Punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 Bis y 209 Ter del Código Penal Federal.

Notas

1 Fundéu. “ Pedófilo y pederasta no son equivalentes”, 29 de marzo de 2010,

http://www.fundeu.es/recomendacion/pedofilo-y-pederasta- no-son-equivalentes-566/

2 “Un país de ‘depravados’”, en Reporte Índigo, María Alesandra Pámanes, 12 de junio de 2017,

http://www.reporteindigo.com/piensa/sustentabilidad/ abuso-sexual-mexico-pederastia-hostigamiento-homicidio-delitos

3 “En 25 estados, el abuso sexual infantil es cosa menor; no lo consideran delito grave”, en Excélsior. Rolando Aguilar, Pedro Tonantzin y Miguel García Tinoco, 23 de mayo de 2016,

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349

4 Ídem.

5 “Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales”, Save the Children, noviembre de 2001,

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/ manual_abuso_sexual.pdf

6 “Abusadores sexuales, identifícalos y aleja a tus hijos”, en Salud y Medicinas.com, 11 de agosto de 2016,

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-infantil/ prevencion/abusadores-sexuales-identificalos-aleja-hijos.html

7 Milenio. “La pederastia y la pedofilia: un análisis”, 9 de noviembre de 2014,

http://www.milenio.com/firmas/laura_telles/ pederastia-pedofilia-analisis_18_406339408.html

8 Código Penal Federal,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_260617.pdf

9 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

11 “Aumentan los delitos sexuales en México; en un año el registro subió de 27 mil a 30 mil casos”, en Animal Político. Arturo Ángel, 3 de abril de 2017,

http://www.animalpolitico.com/2017/04/delitos-sexuales-violencia-mexico/

12 “Un país de ‘depravados’”, en Reporte Índigo. María Alesandra Pámanes, 12 de junio de 2017,

http://www.reporteindigo.com/piensa/sustentabilidad/abuso-sexual- mexico-pederastia-hostigamiento-homicidio-delitos

13 “En 25 estados, el abuso sexual infantil es cosa menor; no lo consideran delito grave”, en Excélsior. Rolando Aguilar, Pedro Tonantzin y Miguel García Tinoco, 23 de mayo de 2016,

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO CONTRA LAS MUJERES DEPORTISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a establecer un protocolo de prevención y atención de los casos de hostigamiento o acoso contra las deportistas, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acoso y el hostigamiento contra las mujeres se han convertido en una expresión concreta de la violencia de género y de la inequidad que rige las relaciones entre hombres y mujeres a nivel mundial.

El Código Penal Federal establece entre los delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, la acción de obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, establece que solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause perjuicio o daño. La victima de hostigamiento sexual, permanentemente se encuentra frente al dilema de soportar el efecto de este acto sobre su persona y la sensación de incapacidad para demostrar que sufrió un perjuicio o un daño; este dilema regularmente produce el desistimiento de la denuncia.

La violencia contra la mujer puede entenderse como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Es importante que como sociedad generemos las acciones de protección necesarias para que las denuncias de acoso continúen su curso de manera efectiva y justa, sin revictimizar reiteradamente a las mujeres que han sufrido de hostigamiento y acoso, o ambos.

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte. Asimismo, establece que corresponde al Estado la promoción de este derecho, su fomento y su estímulo.

En general, el acosador pretende intimar o presionar al acosado para que acceda a mantener algún tipo de relación íntima de naturaleza sexual. En esta pretensión el acosador comúnmente realiza comentarios obscenos, insinuaciones o contacto físico.

En el ámbito del deporte de alto rendimiento, la participación de la mujer se ha incrementado notoriamente, pero no se ha visto desprovista de controles sociales y económicos y presiones que, como se ha evidenciado en diversos casos en nuestro país y a nivel mundial, se han expresado en forma de acoso u hostigamiento de naturaleza sexual.

No debe omitirse que el principal periodo de formación de las mujeres deportistas se realiza durante su niñez y los primeros años de juventud, y que actualmente los sistemas de formación deportiva exigen que dicho periodo inicie cada vez a más temprana edad.

La cercanía que exige el sistema de formación deportiva favorece a los acosadores, que además del poder que poseen sobre los deportistas, derivado de su posición como funcionarios, entrenadores o rehabilitadores, tienen la libertad de pasar largos periodos de tiempo a solas con las deportistas, desarrollando una cercanía que no es cuestionada por los padres ni por alguna otra persona a su alrededor; todo ello genera las condiciones idóneas para la manipulación del deseo de triunfo de las deportistas.

La participación de la mujer en el ámbito deportivo se ha visto obstaculizada por la presión social, la inequidad de género y la dominación masculina. Cuando se realizaron los primeros juegos olímpicos de la era moderna en 1896, no hubo participación de las mujeres porque prevalecía la idea de que podrían adquirir enfermedades graves como la esterilidad, a lo que se agregaba que las mujeres deberían realizar actividades adecuadas e idóneas para su naturaleza delicada.

En el año de 1900, México participó en los Juegos Olímpicos en París, en cuya edición se incluyó la participación de las mujeres en el golf y el tenis. No obstante, tuvieron que transcurrir 28 años para que las mujeres volvieran a participar y representar a nuestro país en los juegos olímpicos, acumulando solo el diez por ciento de los deportistas mexicanos participantes, es decir, 30 de los 300 convocados.

En lo general, y a nivel global, esa proporción se ha mantenido en el periodo que va del año1986 al año 2016, en el que el Índice de feminidad global indica que por cada 100 hombres deportistas participantes en justas olímpicas, solo 36 mujeres deportistas han sido convocadas.

Para el caso de México, solamente han participado 25 mujeres por cada 100 hombres, tendencia que se rompió durante los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en Brasil, en la cual la delegación mexicana estuvo integrada por 126 deportistas, conformada por 81 hombres y 45 mujeres.

El inciso g) del artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física.

Las cifras de violencia contra la mujer en México resultan alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta el año 2011 se identificó que 63 de cada 100 mujeres, de 15 años y más de edad, habían experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica o patrimonial, así como discriminación laboral.

En el ámbito deportivo de alto rendimiento, durante el año de 2016, se denunciaron casi treinta mil casos nuevos de posibles delitos sexuales en todo el país. Tres mil más que en el año de 2015.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el año del 2004, solamente el 13.2 por ciento de las federaciones deportivas contaban con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual; asimismo, en dos terceras partes de las ellas no existen iniciativas especiales para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Únicamente el 20 por ciento de los organismos estatales tienen un área de atención a las mujeres, el 16 por ciento ofrece capacitación sobre la perspectiva de género y sólo el 28 por ciento de los organismos estatales cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual.

En el plano internacional y deportivo de alto rendimiento es conocido el presunto caso que en el año de 2017 involucró a Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, quien fue demandado y acusado de abuso sexual por deportistas y ex atletas, entre las que se encuentran más de 130 deportistas.

Nassar se declaró culpable de abusar sexualmente de siete niñas gimnastas, tres de ellas menores de 13 años. Tras declararse culpable, fue condenado a purgar un periodo de 25 a 40 años de prisión.

En nuestro país, en el año 2004 los padres de la clavadista Laura Sánchez acusaron a su entrenador, Francisco Rueda, de haber cometido estupro contra la deportista. Otra de sus alumnas, Azul Almazán, emigró a la Unión Americana para huir de las presiones del citado entrenador y Cristina Millán, antigua integrante del equipo de clavados, también aseguró haber sido acosada en el año 2000: cuando él le pidió tener relaciones sexuales, ella se negó y eso le costó no ir a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

En el año 2001, la clavadista Azul Almazán publicó una carta que tituló, “yo acuso”, en ella denunció que su ex entrenador Francisco Rueda, quien la hizo víctima de terrorismo psicológico, discriminación, amenazas, abuso de poder, torturas mentales e insultos.

Sin embargo, la clavadista fue ignorada y afirma que la amenazaron diciéndole que si no guardaba silencio no sería considerada para competir en juegos olímpicos. En el año 2004, su entonces entrenador Francisco Rueda fue separado de toda actividad relacionada con el deporte de los clavados; sin embargo, en el año 2009 fue reincorporado para realizar actividades como entrenador. Recientemente azul Almazán ha ratificado su dicho en medios de comunicación masiva.

Resulta claro que los casos en los que deportistas mexicanas han sufrido presuntos actos de acoso u hostigamiento sexual podrían representar solamente una muestra de lo que puede estar sucediendo en el ámbito del deporte de alto rendimiento.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien es cierto que no existe necesariamente una condición de subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensióny de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

En Nueva Alianza consideramos que es urgente que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) intensifique sus acciones institucionales tendientes a proteger a las mujeres deportistas contra actos de acoso u hostigamiento sexual, a fin de erradicar los casos en que las deportistas, incluyendo principalmente a las de alto rendimiento, se vean obligadas a aceptar las conductas que amenazan su integridad y dignidad, a cambio de poder continuar libremente su participación en competencias nacionales e internacionales.

Resulta indispensable que las autoridades deportivas de nuestro país otorguen la protección jurídica y el reconocimiento justo a cada una de las mujeres deportistas que hacen que nuestra nación brille en el ámbito deportivo nacional e internacional.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que realice las acciones necesarias para establecer un protocolo de prevención y atención de los casos de hostigamiento y/o acoso contra las mujeres deportistas; además, a realizar las acciones de supervisión y capacitación de las y los entrenadores, así como de las y los funcionarios del Sistema Nacional del Deporte, para que en su relación con las mujeres deportistas prevalezca el respeto y la equidad de género.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover entre las federaciones deportivas, la instrumentación de mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva Noviembre de 2016.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 Proyecto de Documento Transversalización de la Perspectiva de Género en el Ámbito Deportivo Mexicano. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. 3er trimestre de 2016.

3 El Universal. Zócalo. Tomado el Lunes 2 de octubre.

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/atrapadas-por-maniaticos- acoso-sexual-a-las-deportistas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

PROGRAMA DE DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARETES DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE GANADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar un programa de descuentos dirigidos a adultos mayores pequeños productores ganaderos para adquirir los aretes de identificación individual de animales, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que elabore un programa de descuentos a los adultos mayores pequeños productores ganaderos, para la adquisición de los aretes de identificación individual de ganado, así como apoyos para el traslado de su ganado a los centros señalados para la colocación del arete de identificación individual, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, lo referente a los adultos mayores, no es visible únicamente por aspectos estadísticos; por el contrario, se ha asumido como un tema de relevancia sociodemográfica y de especial interés en la conformación presente y futura de nuestra sociedad.

Tan es así, que en nuestros ordenamientos; es considerado como adulto mayor, quien se encuentra en lo que se puntualiza en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores emitida apenas hace 10 años:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I.Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

No obstante, y desafortunadamente, ha sido una parte de nuestra población con la cual, históricamente se han tenido y se tienen enormes deudas pendientes.

Situación que se ha desarrollado a lo largo de poco más de tres décadas y nos ha derivado en condiciones para éste vulnerable sector de la sociedad; que no solo son alarmantes, sino también hirientes.

En México, podemos afirmar que los adultos mayores en su gran mayoría carecen y sufren.

Carecen de falta de oportunidades de trabajo, de condiciones favorables para su desarrollo integral, de asistencia social, de acceso al disfrute en plenitud de todos sus derechos –marcadamente los elementales- y en síntesis de un entorno de privaciones en todos los aspectos.

Como se dijo anteriormente, también sufren; de enfermedades –muchas de ellas altamente incapacitantes- de marginación social, exclusión, discriminación y además desafortunadamente de acuerdo a cifras oficiales, el 16 por ciento del total de los adultos mayores en nuestro país padecen de algún tipo de violencia en sus diferentes grados.

Incluso ésta cifra es todavía más inquietante, si consideramos que de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se tiene registrado que 3 de cada 5 adultos mayores en México, la violencia que sufren proviene del entorno familiar directo.

En otras palabras, algunos adultos mayores en nuestro territorio; también son víctimas incluso de quienes deberían ser sus protectores.

Ante ello, vemos con preocupación que somos una sociedad que tolera, solapa, sobrelleva y disimula; las vejaciones, las carencias y las violaciones sistemáticas en sus derechos humanos, hacia los adultos mayores.

La situación hoy es crítica y se augura en un futuro inmediato – si no actuamos al respecto- catastrófica.

Es critica porque nos estamos refiriendo en el presente, según fuentes oficiales a 11 millones 669 mil 432 personas adultas mayores; y catastrófica en un futuro cercano porque se estima que para el 2030, la población adulta mayor respecto al índice registrado desde el año 2000, se incrementará en un 330 por ciento, en contra de un 45 por ciento que se estima crecerá la población joven en el país para el mismo periodo de tiempo.

Es decir, en el 2030 seremos una población conformada en su mayoría por adultos mayores con la atención a sus necesidades rezagadas, que por personas jóvenes y económicamente activas.

Como se puede apreciar la situación es verdaderamente alarmante, si consideramos además que las tendencias nos muestran que el 82 por ciento del total de adultos mayores viven en pobreza, es decir 8 de cada 10 personas adultas mayores no tiene los medios para cubrir sus necesidades; solo los dos restantes de esos 10 mexicanos, tiene los medios para solventar sus gastos o bien cuentan en el mejor de los casos con una pensión.

Aunado a lo anterior, tenemos que la gran mayoría de los adultos mayores no tiene un lugar seguro, estable y digno para vivir. En muchos casos son despojados de su patrimonio, tanto inmuebles como dinero; o bien desplazados hacia un rincón en su misma casa.

Y, en contraparte, no hay ni los suficientes ni los adecuados sitios especializados para atenderlos en sus necesidades específicas; bien sea públicos o de asistencia privada.

Como si no fuera suficiente todo lo anterior, se ha detectado además que, en ciertas ramas económicas, en el diseño y planeación de los programas sociales de apoyo, no se están incluyendo de manera puntual estrategias enfocadas hacia los adultos mayores.

Un caso específico, se da en la ganadería.

En México, la agricultura y la ganadería son las dos principales actividades en materia agropecuaria, representando cerca del 88 por ciento de éstas, muy por encima de la pesca, la acuicultura, la silvicultura o bien, la transformación de productos primarios.

A pesar de su gran importancia y de que los productores tanto agricultores como ganaderos, han sido beneficiarios por importantes apoyos a través de programas gubernamentales; poco o casi nada se ha hecho para atender y prepararse ante el envejecimiento de nuestra población productora en éstas ramas económicas básicas e imprescindibles.

Es decir, a los adultos mayores agricultores o ganaderos, no se les ha apoyado para que no queden excluidos o bien, marginados en el desempeño de su actividad económica.

Desde un tiempo a la fecha, la edad promedio de los pequeños productores tanto agricultores como ganaderos, ha ido avanzando de manera rápida; actualmente tanto para el pequeño productor agrícola o ganadero se encuentra en los 55 años; mucho menor en comparación con los productores de la pesca o silvicultura, la cual es de 46 años en promedio.

Es decir, de continuar con esta tendencia, en muy poco tiempo nuestros ganaderos serán adultos mayores, sin apoyos específicos que los prioricen y con las repercusiones obvias en nuestra producción ganadera.

Esta situación, no podemos permitirla.

Por eso es necesario, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación diseñe y opere, programas focalizados hacia los adultos mayores pequeños productores ganaderos, a fin de permitirles mayores y mejores condiciones en el desempeño de su actividad y la obtención de una mayor rentabilidad que les permita un ingreso suficiente para hacerle frente a sus necesidades.

Un buen apoyo para nuestros adultos mayores pequeños productores ganaderos, se puede dar mediante dos situaciones que, a ellos les genera un enorme costo que merma considerablemente o en algunos casos elimina en su totalidad, sus ganancias por su poco ganado.

La primera, es con programas de descuentos para la adquisición de los aretes de identificación individual de su ganado, toda vez que, al ser propietarios de un número muy reducido de ganado y siendo éste su único patrimonio; el costo total final para cumplir con este requisito obligatorio, aunque aparentemente bajo, puede ser excesivo cuando se encuentran en una situación precaria.

La segunda, se da en la necesidad de apoyarlos en el traslado de sus animales a los centros donde se colocan éstos aretes de identificación; que en muchas ocasiones se encuentra a varios kilómetros de distancia.

Lo que representa un gasto adicional exacerbado, que, en muchas ocasiones, les es imposible cubrir y cumplir con ello, esa obligación; lo que finalmente y ante la imposibilidad de cubrir ese requisito, se ven en necesidad de desprenderse en condiciones injustas y desfavorables, de su único patrimonio.

Si bien debemos garantizar la rentabilidad suficiente para los productores ganaderos a fin de que la dinámica de ésta trascendental actividad económica básica, motive el ingreso de más productores; también debemos asumir y comprometernos con los adultos mayores que son pequeños productores ganaderos, que desde su posición han colaborado de manera significativa, para hacer crecer de manera exitosa ésta actividad, heredándonos un presente y futuro prometedor.

Sin duda alguna, nuestros adultos mayores ganaderos, son mexicanos imprescindibles, en su persona misma y también por la sabiduría que implica su trayecto y experiencia de vida.

Al igual que importantes, por su misma condición de seres humanos; y también, porque debemos de asumir en corresponsabilidad tanto sociedad y gobierno el compromiso de atenderlos debido a que en él ayer, ellos con su trabajo y esfuerzo consolidaron los benéficos que hoy disfrutamos todos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que

1. Elabore un programa de descuentos a los adultos mayores pequeños productores ganaderos, para la adquisición de los aretes de identificación individual de ganado.

2. Elabore un programa de apoyos a los adultos mayores pequeños productores ganaderos, para el traslado de su ganado a los centros señalados para la colocación del arete de identificación individual.

Notas

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3.

2 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Secretaria de Salud.

3 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

4 Consejo Nacional de la Población. 2015.

5 Consejo Nacional de Población.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

PARA QUE EL FONDO METROPOLITANO 2018 CONTEMPLE EL DESARROLLO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al Fondo Metropolitano de 2018 a fin de considerar ahí el desarrollo de movilidad urbana sustentable, infraestructura para el transporte público y movilidad no motorizada, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la finalidad de atender los problemas derivados del crecimiento de las ciudades y darles solución, a partir de 2005, los diputados federales asignaron una partida presupuestal, destinada a la zona metropolitana de la Ciudad de México, dando origen al Fondo Metropolitano.

En 2006, dicho fondo se incluyó en el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas en la función de urbanización, vivienda, desarrollo regional y sub-función de desarrollo regional; con la Actividad Institucional de Impulsar los fondos metropolitanos; donde la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era la encargada de ejercer dichos recursos.

Este fondo tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

En la actualidad existe mucha diferencia entre los montos destinados a movilidad, en proporción con los que se le asignan a pavimentación y la infraestructura vial para automóvil.

Con base en lo anterior, desde hace algunos años se ha impulsado desde diversos sectores, el incremento de la inversión en Movilidad Urbana Sustentable. En 2010, la BiciRed realizó la campaña Urge dinero para la bici, sin resultados. En 2011, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, impulsó la campaña 5 por ciento para la bicicleta, con la finalidad de que ese porcentaje se destinara en el Presupuesto de Egresos Federal 2013, para fomentar la movilidad no motorizada, logrando que se incorporara el término “movilidad no motorizada” en 2012.

Este impulso no ha parado a nivel nacional y local, en la zona metropolitana de Guadalajara se estableció que 77 por ciento del fondo metropolitano se usará para proyectos verdes, correspondiendo 36 por ciento a Movilidad Urbana Sustentable en el periodo 2016-2018.

Datos de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, reflejan que el Fondo Metropolitano tuvo un incremento de 0.18 por ciento entre 2015 y 2016 y para 2017 se redujo 68.8 por ciento, con el argumento de que esos recursos eran utilizados de manera discrecional por los gobiernos de los estados.

Uno de los grande logros se dio en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017, donde la Cámara de Diputados aprobó que el artículo 11 considerara como una obligación el destinar al menos 15 por ciento del Fondo Metropolitano a proyectos de movilidad sustentable y no motorizados.

Lo cual fue un gran avance, ya que el porcentaje total del Fondo Metropolitano dedicado a Movilidad Urbana Sustentable en los últimos 5 años había sido de sólo 11.2 por ciento, pero lamentablemente para 2018, ese gran avance de porcentaje, no se vio reflejado en el artículo 10 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Con la intención de incidir en Movilidad Urbana Sustentable, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), ha realizado desde 2011 a nivel nacional un análisis sobre el gasto de los recursos federalizados que ha permitido monitorear desde distintos sectores la inversión en proyectos de movilidad urbana sustentable.

El reporte “Invertir para Movernos” señala que se ha registrado la menor inversión en movilidad en el periodo 2011-2015, de este presupuesto la mayor parte se destinó a proyectos de infraestructura que fomenta el uso del automóvil, superando por mucho a la infraestructura para transporte público como líneas del metro y ecovías, proyectos peatonales y de movilidad, como andadores para bicicletas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país y establece que la movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar y ser eficiente, ya que existe una alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad y en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de transporte urbano masivo, de igual forma propone fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Con el objetivo de promover soluciones de transporte que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental, la pobreza, los tiempos de traslado, los hechos de tránsito y, con ello, mejorar el desarrollo económico y la calidad de vida en las ciudades, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP México), ha realizado diversas investigaciones donde demuestran que se invierten más recursos en infraestructuras viales que fomentan el uso del coche, que en proyectos de movilidad sustentable y no motorizada.

A pesar de que múltiples ciudades mexicanas presentan crecientes problemas de congestión vial debido al incremento del parque vehicular y de que México es uno de los países de América Latina con mayor mortandad debido a la contaminación generada por automóviles, como lo maneja el estudio del Clean Air Institute, los proyectos destinados a impulsar una movilidad sustentable continúan rezagados.

Por lo que es de gran importancia reorientar la asignación de recursos del Paquete Económico para 2018, a proyectos de transporte público masivo y movilidad no motorizada, es indispensable considerar recursos que permitan financiar proyectos de infraestructura peatonal y ciclista, a la fecha el mayor porcentaje del gasto público en transporte, ha sido dirigido a los automóviles, mientras el resto de la población debe enfrentarse a servicios de transporte público deficientes y a la inexistencia de infraestructura para el uso de la bicicleta.

Datos que se mencionan en reporte Invertir para movernos, un diagnóstico de inversiones en movilidad en las zonas metropolitanas de México, 2011-2015, informan que en ese año sólo 13.0 por ciento de la inversión en movilidad urbana se dedicó a modos de transporte sustentables, una vez más, la inversión pública prioriza el uso del automóvil antes que la movilidad urbana sustentable.

Es por ello que a través del presente punto de acuerdo solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dentro del instrumento jurídico y mecanismo presupuestarios y criterios para la asignación de los recursos federales del Presupuesto de Egresos para el Fondo Metropolitano 2018 y dentro de las disposiciones específicas que establecen los criterios, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de este fondo, se considere a la movilidad urbana sustentable y no motorizada, como una prioridad dentro de los proyectos de infraestructura viables, ya que tienen congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, así como con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes.

Es necesario que se impulsen políticas públicas en movilidad urbana sustentable, con la finalidad de que en nuestras ciudades exista mayor apoyo a la infraestructura para facilitar la caminata, el uso de la bicicleta y el transporte público.

Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dentro del instrumento jurídico, mecanismos presupuestarios para la asignación de los recursos federales del Presupuesto de Egresos para el Fondo Metropolitano 2018 y en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2018, se considere destinar el cien por ciento de los recursos federales de dicho fondo, a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que contemplen el desarrollo de movilidad urbana sustentable, infraestructura para el transporte público y movilidad no motorizada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

SE SUSPENDA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-006G1C003-E2-2018, AAS PAQUETE SURESTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, el Banobras y a Capufe a suspender la licitación pública nacional número LA-006G1C003-E2-2018, AAS, Paquete Sureste, para adjudicar un contrato de prestación de servicios de agente administrador supervisor consistente en asesoría integral, gestión, monitoreo, supervisión y administración de la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de las autopistas integrantes de ese paquete, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, a cargo del diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En recientes fechas, Banobras a través del portal virtual de CompraNet publicó la licitación pública nacional número LA-006G1C003-E2-2018, “AAS” “Paquete Sureste”, para la “adjudicación de un contrato de prestación de servicios de agente administrador supervisor consistente en asesoría integral, gestión, monitoreo supervisión y administración de la operación, mantenimiento y rehabilitación de las autopistas que integran el paquete sureste, en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas”, en el cual se propone el comienzo de la privatización de los tramos que a continuación se detallan:

Actualmente en estos tramos se cuentan con 8 plazas de cobro, con 62 carriles, distribuidos en dichos tramos, que generan un ingreso aproximado diario de $5,250,000.00 (cinco millones, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN), lo que representa un ingreso anual de $1,916,250,000.00 (mil novecientos dieciséis millones, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN).

Solo en la Gerencia de Tramo Chiapas que comprende el tramo Las Choapas-Ocozocoautla existe una inversión de mantenimiento y gastos de administración, $290,000.000.00 (doscientos noventa millones de pesos 00/100 MN), contrastado al ingreso aproximado anual de $520,000.000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 MN), representa una utilidad aproximada de casi el 50 por ciento, lo que hace a Caminos y Puentes Federales y sus tramos Carreteros una de las empresas más rentables de nuestro país y tiene una mayor rentabilidad que Pemex y CFE, además que los servicios complementarios que ofrece como el de grúas gratuitas, servicios médicos prehospitalarios (ambulancias) con personal certificado Conocer (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) con aval de la SEP, baños gratuitos en todas las plazas de cobro, torres de auxilio vial, islas que cuentan con agua y arena, además de seguro de usuario, con cobertura más amplia y de mayor beneficio para el usuario que cualquier concesionaria particular o estatal que ofrece actualmente.

Sin olvidar que del paquete sureste tienen el sustento familiar 600 trabajadores de forma directa y mediante sus licitaciones se contrata mano de obra indirecta por otro tanto igual, que además beneficia a los empresarios locales y con ellos se refresca la economía, cabe mencionar que Capufe da un aporte al gobierno de los estados para el beneficio de los municipios que se encuentran por dichos tramos.

Cabe mencionar que los Estados beneficiarios cuentan con un mayor índice de pobreza, según las estadísticas del Inegi, sin olvidar que en recientes fechas padecieron los estragos por el terremoto de mayor intensidad de nuestra historia, que sometieron a la gente bajo un estado de vulnerabilidad social y económica, por lo tanto las acciones privatizadoras que se detallan en el presente punto de acuerdo acarrearían mayores perjuicios económicos y sociales, ya que se eliminarían empleos con salarios justos y se crearían fuentes de empleos con mano de obra barata y con poca seguridad social así como también con precarias prestaciones laborales.

Con el presente punto de acuerdo el Grupo Parlamentario del PRD pretende defender una causa social y laboral a favor de los trabajadores de base y de confianza de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y de Fonadin, así como las capacidades y la experiencia acumulada durante décadas en estas dependencias públicas y en sus trabajadores, porque tenemos la seguridad de que pueden cumplir con estas responsabilidades de manera puntual y profesional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que suspendan la licitación pública nacional número LA-006G1C003-E2-2018, “AAS” “Paquete Sureste”, para la “adjudicación de un contrato de prestación de servicios de agente administrador supervisor consistente en asesoría integral, gestión, monitoreo supervisión y administración de la operación, mantenimiento y rehabilitación de las autopistas que integran el paquete sureste, en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Erick Arturo Figueroa Ovando (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comisión de Infraestructura, para dictamen.

SUPUESTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR PENSIONISSSTE EN LA GESTIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las supuestas irregularidades cometidas por Pensionissste en la gestión e inversión de los recursos de los trabajadores, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El Pensionissste es un órgano público desconcentrado dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que tiene encomendada la administración y gestión de los recursos pertenecientes al ahorro para el retiro de los servidores públicos. Se trata, además, de la única administradora pública de fondos para el retiro y a la que se asigna, de manera automática y por defecto, las cuentas individuales de los funcionarios que no han decidido expresamente optar por otra afore. Más de 13 millones de beneficiarios, entre trabajadores y familiares, se encuentran afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el ahorro de la amplia mayoría de ellos, casi 200 mil millones de pesos, está gestionado por Pensionissste, la principal administradora de fondos de pensiones vinculada al ISSSTE. Su envergadura y relevancia social son indiscutibles, al erigirse como uno de los pilares más destacados del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y, por tanto, de la administración de los fondos de pensiones en México.

Segunda. El 12 de marzo de 2017, la agencia Reuters publicó una exclusiva denunciando que Pensionissste invirtió más de 20 millones de dólares en la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) justo cuanto esta empresa se dirigía a la insolvencia, en 2015. Según la investigación periodística, la citada empresa inmobiliaria se vio afectada por el cambio de gobierno en 2012, entrando en un proceso de deterioro financiero que concluiría con la apertura de un concurso mercantil sólo tres años después. La acaudalada inversión por parte de Pensionissste en ICA acaeció cuando José Reyes Baeza era director y máximo responsable del ISSSTE y José María de la Torre se desempeñaba como vocal ejecutivo de la administradora financiera. La participación adquirida por Pensionissste en ese momento supuso un 10 por ciento de la compañía constructora, convirtiéndose el órgano público en el principal accionista.

Tercera. A mediados de 2015, el valor de las acciones de ICA había experimentado una abrupta caída de aproximadamente 50. A pesar de ello, en esas fechas Pensionissste recapitalizó la constructora en quiebra con más de 400 millones de pesos a un precio de 7 pesos por acción. Por su parte, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la institución encargada de la supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de las políticas de inversión de cada administradora de fondos para el retiro (Afore), indicó, en voz de su máximo dirigente, Carlos Ramírez, que la compra de acciones cumplió con las leyes vigentes y que, por tanto, no existió irregularidad de ninguna índole.

Cuarta. En agosto de 2017, después de la adquisición por parte de Pensionissste, ICA anunció que entraba en concurso mercantil y comenzó a liquidar sus acciones a 1.48 pesos; es decir, a un valor 5 veces menor al precio que pagó el órgano público con los recursos de los trabajadores del estado. Según menciona Reuters, como producto de la reestructuración judicialmente aprobada de ICA, Pensionissste, luego del concurso de acreedores, perderá la inversión. Serán los deudores, y no los accionistas como Pensionissste, quienes tengan acceso al resarcimiento a cargo del capital existente de la constructora. Según la investigación, Pensionissste y otros inversores verán reducida su participación en ICA a 0.1 por ciento.

Quinta. Según el artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el régimen de inversión de los recursos del Pensionissste, que corresponde a su Comisión Ejecutiva aprobar, “deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los Trabajadores”. En ese sentido, cuando, de forma dolosa, se adopta una decisión de inversión que perjudica el ahorro de los trabajadores públicos interpretamos que se está cometiendo una ilegalidad flagrante, al vulnerar, de forma explícita, el texto de lo establecido en la Ley del ISSSTE. Como se ha mencionado, en 2015 era de conocimiento del conjunto de la opinión pública la situación de deterioro financiero de ICA, lo que debió inhibir cualquier tipo de inversión pública en dicha compañía. A pesar de lo anterior, se ejecutó la citada relevante inversión. Por su parte, corresponde a la Consar establecer la regulación general del régimen de inversiones de las Afore, incluido el Pensionissste, esquema que debe ser observado por la comisión ejecutiva al adoptar sus decisiones de inversión.

Sexta. Al tenor de lo anterior, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, dispone en su artículo 36 que “ las administradoras que hayan cometido actos dolosos contrarios a esta ley, que como consecuencia directa produzcan una afectación patrimonial a los trabajadores, estarán obligadas a reparar el daño causado”. En el mismo sentido, el mismo precepto establece que

Las administradoras responderán directamente de los actos realizados tanto por sus consejeros, directivos y empleados, como de los realizados por los consejeros y directivos de las sociedades de inversión que administren, en el cumplimiento de sus funciones relativas a los sistemas de ahorro para el retiro y la operación de la administradora y sociedades de inversión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente.

Lo anterior muestra un régimen jurídico de responsabilidades elocuente, en el que corresponde a Pensionissste garantizar los recursos de los trabajadores y, en este caso, reparar las minusvalías, pérdidas y el daño patrimonial infringido.

Séptima. Según los estados financieros presentados por Pensionissste, los activos reportados por la Afore pasaron de 22.7 mil millones de pesos en 2016 a 17.8 mil millones de pesos en 2017. Esto último resulta particularmente preocupante, en el sentido de que el caso descrito puede ser tan sólo un ejemplo de un modelo general irresponsable y negligente de gestión del ahorro de los trabajadores por parte de Pensionissste. Es necesario recalcar que las decisiones de inversión de la administradora pública, de acuerdo a la ley del ISSSTE, son aprobadas por su Comisión Ejecutiva, la cual está integrada por el Director General del Instituto, que la preside y por los siguientes vocales (artículo 110 de la Ley del ISSSTE):

El vocal ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del director general del instituto;

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos vocales nombrados por el Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Función Pública, y IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

Resulta pertinente exigir responsabilidades- sean administrativas, civiles o penales- a los vocales responsables de las decisiones ilegales o fraudulentas de inversión y, particularmente, a su presidente y vocal ejecutivo.

Octava. Nos encontramos ante un caso de extrema gravedad en el que existen indicios evidentes no sólo de negligencia, sino también, resultando más alarmante, de fraude y corrupción con el ahorro de los trabajadores del sector público mexicano. Se ha acreditado que no se trata de una mera decisión errona, en tanto que la inversión en ICA por parte de Pensionisste se realizó ya cuando la constructora mostraba evidentes signos de deterioro y se precipitaba a la quiebra financiera. Por tanto, es necesario elucidar los motivos que estuvieron detrás de la mencionada decisión de inversión y qué tipo de colusiones espurias, beneficios privados o conflictos de interés, pudieron animar una compra de acciones que reportó relevantes pérdidas para el patrimonio de los servidores públicos de México.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ex director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, a comunicar a la opinión pública los motivos de la adopción de decisiones de inversión fraudulentas por parte de Pensionissste durante su gestión.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al director general del ISSSTE, Florentino Castro López, a reintegrar totalmente al ahorro de los trabajadores las minusvalías y pérdidas generadas por inversiones erráticas y fraudulentas del Pensionissste, con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Consar, Carlos Ramirez Fuentes, a iniciar una investigación para fincar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los responsables de decisiones ilegales de inversión en el Pensionissste.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a abrir una investigación para fincar las posibles responsabilidades penales derivadas de la administración fraudulenta de los recursos del Pensionissste.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, a iniciar una investigación y, en su caso, a fincar las posibles responsabilidades por las irregularidades cometidas por el Pensionissste en la gestión de los recursos de los trabajadores.

Notas

1 https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1QT0JL

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213600/ M_s_Pension_SIEFORE_B_sica_1__S.A._de_C.V._al_31_de_marzo_de_2017.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

AUDITORÍA FINANCIERA CON ENFOQUE DE DESEMPEÑO, CLAVE 16-A-19000-14-1229, REVISIÓN 1229, CUENTA PÚBLICA 2016, REALIZADA POR LA ASF AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la auditoría financiera con enfoque de desempeño clave 16-A-19000-14-1229, revisión 1229, Cuenta Pública de 2016, realizada por la ASF al gobierno de Nuevo León, con el título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Podría expresar muchos sentimientos encontrados al hablar de la educación que se ofrece en México, pero en mi labor como representante popular, la quiero aprovechar esta vez para dejar en claro el uso del dinero público que se destina para este derecho humano.

De la revisión de cifras que se reportan en los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se concluye una sola cosa: al menos en los últimos cuatro años y miles de millones de pesos después, el país sigue en el último lugar en la evaluación educativa que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese sentido, deseo enfocarme en un fondo del ramo 33 denominado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) el cual tiene su origen el 9 de diciembre de 2013 cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, sustituyendo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

En términos muy concretos, ¿Qué es el Fone? Es un apoyo económico complementario, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Sus dos objetivos principales son:

• Apoyar con los recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan a las entidades federativas.

• Apoyar con recursos a las entidades federativas para cubrir gastos de operación

Por la importancia que implican estos recursos en la educación de los nuevoleonenses, nos dimos a la tarea de revisar los resultados de su uso en el Estado de Nuevo León según lo que reporta la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

De esa manera, se conoció que la ASF realizó la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño con clave de identificación 16-A-19000-14-12296, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al Gobierno del Estado de Nuevo León.

El objetivo de dicha revisión consistió en verificar el uso de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) aportados por la Federación durante 2016 al gobierno de Nuevo León por 35 mil 290 millones 827 mil 400 pesos.

Para tal efecto se revisó una muestra de 12 mil 236 millones 712 mil 200 pesos, monto que representó 92.2 por ciento de los recursos transferidos.

De la lectura de los resultados, se identificaron las siguientes observaciones y de su análisis nos surgieron inquietudes como se describen a continuación:

Resultado 3.

La cuenta bancaria del Fone 2016 de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (UIE) generó intereses por un monto de 1 millón 582 mil pesos; asimismo, se generaron 459 mil 700 pesos de intereses en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, los cuales fueron transferidos a la cuenta de la UIE, lo que integra un total de intereses disponibles de 2,041.7 miles de pesos, que no fueron aplicados a la fecha de corte de la auditoría.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 11.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León, 26 pagos por un importe bruto anual de 358.1 miles de pesos a un trabajador que contó con una plaza y que estuvo adscrito en un Centro de Trabajo No Financiable con el Fone; el centro de trabajo observado se identificó con el nombre de “Personal a disposición o dictamen jurídico”.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 13.

Nuevo León realizó 7 mil 9 pagos con recursos del Fone 2016, a 202 trabajadores que contaron con 530 plazas adscritas al centro de trabajo identificado como “19ZNE0040F Personal por reubicar”, sin que se identificara el tipo de actividades que realizaron, por un importe de 34 millones 51 mil 800 pesos; y en ellos se detectaron 447 pagos con tipo de plaza “Administrativo”, por un importe de 2 millones 641 mil 700 pesos y 6 mil 562 pagos con tipo de plaza “Directivo, Docente y Supervisor”, por un importe de 31 millones 410 mil 100 pesos; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 15.

Nuevo León realizó 258 pagos con recursos del Fone 2016, a 70 trabajadores que contaron con 218 plazas, adscritos a un centro de trabajo identificado como “AGS personal comisionado al SNTE”, por un importe bruto anual de 1 millón 264 mil 100 pesos; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León; sin embargo, este tipo de comisiones deben otorgarse sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 16.

La SEP realizó mil 271 pagos indebidos con recursos del Fone 2016 a personal comisionado a la sección sindical, en virtud de que estas comisiones debieran ser sin goce de sueldo, por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León por un monto de 7 millones 305 mil 100 pesos a 48 trabajadores, los cuales contaron con 155 plazas adscritos en 59 centros de trabajo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 17.

Se determinó que en Nuevo León se realizaron 149 pagos con recursos del Fone 2016, autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León, para 9 trabajadores que contaron con ocho plazas, por 1 millón 170 mil 500 pesos, adscritos a un Centro de Trabajo identificado con la clave 19FGD0001H, denominado: “Personal docente federal o estatal de la secretaría de educación comisionado a otra dependencia”, cuando debe ser sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 19.

La SEP realizó 26 pagos con recursos del Fone 2016, por cuenta y orden de la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación de Nuevo León por un monto de 153 mil 900 pesos, a un trabajador quien contó con una plaza adscrita en un centro de trabajo en Nuevo León, así como también en uno de Durango, las que no son compatibles geográficamente.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 20.

El gobierno de Nuevo León abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Fone del ejercicio fiscal de 2016 destinada a gastos de operación, la cual fue productiva y específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del Fone del ejercicio fiscal 2016; también, se dio conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para efecto de la radicación de los recursos del Gasto de Operación; en tanto que, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se gastaron 362,813.6 miles de pesos, lo que representó el 36.7 por ciento del disponible, y al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la auditoría, se gastaron 451 millones 976 mil 400 pesos, que representaron 45.7 por ciento del disponible y se determinó un subejercicio a este último corte de 54.3 por ciento, que equivale a 536 millones 364 mil 800 pesos.

Consideramos que debió emitirse un pliego de observaciones por 625 millones 527 mil 600 pesos, es decir, por 89 millones 162 mil 800 pesos que es el importe ejercido entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017 fecha de la auditoría, en el sentido que la revisión se centra en todo el ejercicio 2016.

Resultado 21.

En la revisión de la documentación de las erogaciones con cargo al Fone 2016 correspondiente a los capítulos 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios generales, 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, y 6000 Inversión Pública, se observó que se realizaron pagos por 12 millones 633 mil 800 pesos en conceptos como “Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y recreativo, Activos intangibles, y Obra pública en bienes de dominio público” los cuales no forman parte de las acciones permitidas en los Lineamientos del Gasto de Operación del Fone 2016.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 22.

Con la revisión de la documentación de las erogaciones con cargo al FONE 2016 correspondiente a los capítulos 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios generales, 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, y 6000 Inversión Pública, se determinó la existencia de gastos sin documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 4 millones 903 mil 800 pesos, lo que no permitió determinar con contundencia si correspondieron a los objetivos del fondo.

La Secretaría de Educación y Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), proporcionó la documentación comprobatoria por 546 mil pesos del monto observado, sin embargo, quedan pendientes por aclarar 4 millones 357 mil 800 pesos.

Si bien consideramos correcto la determinación del pliego de observaciones, en el importe aclarado por 546.0 miles de pesos, no se precisa si la documentación justificatoria correspondió a 2016 o a 2017, hecho que debería ser precisado por la entidad fiscalizadora. Además este importe lo considera como recuperaciones probables lo cual es incorrecto.

Resultado 24.

Se determinó que 112 trabajadores, equivalentes a 155 plazas, durante la visita física no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo donde estuvieron adscritos, ni se contaba con la documentación que acreditara la ausencia; a estos empleados se les realizaron 3 mil 517 pagos con recursos del Fone 2016, por un monto de 24 millones 381 mil 900 pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

En resumen, las observaciones de fiscalización y las inquietudes que observamos de su labor se resumen de la siguiente manera:

Sin pretender realizar la labor de la ASF, se identificaron situaciones no sancionadas en los resultados 20 y 22 por el máximo ente fiscalizador que permiten a la entidad fiscalizada continuar con la discrecionalidad del ejercicio de los recursos del Fone y por los cuales, dicho órgano fiscalizador deberá considerar emitir las precisiones correspondientes a la opinión pública.

Asimismo, la recurrencia en la observación referente a no evaluación del ejercicio del fondo Fone debe llamarnos la atención, ya que su no realización impide que se fortalezca su operación atendiendo las posibles áreas de mejora que generarían beneficios para los fines para los cuales fueron diseñados. Es tiempo de decir basta a la frase “lo que no se conoce, no puede ser mejorado”.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, considero conveniente exhortar al gobierno de Nuevo León, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1229, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-19000-14-1229, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los nuevoleoneses; asimismo, considere la pertinencia de dar una justificación a la opinión pública sobre el hecho de no ejercer recursos del Fone por 538 millones 406 mil 500 pesos durante el ejercicio 2016.

Y Finalmente, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 20 y 22 incluidos en su revisión 1229, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-19000-14-1229, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales se da por bueno el ejercicio de recursos por 89 millones 162 mil 800 pesos en el ejercicio fiscal de 2017 siendo que la revisión se centró en el ejercicio 2016, situación que no se sustenta normativamente, y por los 546 mil de pesos que fueron ejercidos pero por los cuales no se indica el mes y año en que fueron erogados por el ente fiscalizado.

Este ejercicio, que emprendemos algunos de los legisladores que formamos la bancada de los diputados ciudadanos tiene como fin el de demostrar que la ASF no ha logrado diseñar esquemas de auditoría novedosos que vayan más allá de una revisión normativa, pero en cambio, permite que las áreas de oportunidad que son claramente identificadas en sus informes no se corrijan impidiendo castigar a quien lo merece y fomentando así la discrecionalidad que solo beneficia a aquellos que no hacen lo correcto.

En la lucha contra la corrupción todo comentario y aportación debe ser tomada en cuenta para que se evite que nuestros recursos se sigan ejerciendo ajenos a la normatividad y se acumulen irregularidades y más casos de corrupción.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición siguiente con:

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1229, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-19000-14-1229, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los nuevoleoneses.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Nuevo León, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las justificaciones que impidieron el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 538,406.5 miles de pesos durante el ejercicio 2016, según revisión de auditoría número 1229 de la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 20 y 22 incluidos en su revisión 1229, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-19000-14-1229, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales se da por bueno el ejercicio de recursos 2016 por 89,162.80 miles de pesos en el 2017, ejercicio ajeno al sujeto a revisión, situación que no sustento normativamente en su informe de revisión, y por los 546.0 miles de pesos que fueron aclarados como ejercidos pero por los cuales no se indicó el mes y año en se erogaron por el ente fiscalizado.

Notas

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –SHCP, disponibles en

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/ Informes_al_Congreso_de_la_Union, consultados el 8 de marzo de 2018.

2 Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación México, disponible en

http://www.oecd.org/education/school/Revisiones-OCDE-evaluacion- educacion-Mexico.pdf, consultada el 8 de marzo de 2018.

3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental – DOF 9 de diciembre de 2013, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013, consultado el 8 de marzo de 2018.

4 Marco de Referencia Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) –ASF, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_MR-FONE_a.pdf, consultado el 8 de marzo de 2018

5 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 – ASF (tercera etapa), disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0, consultado el 8 de marzo de 2018.

6 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño con clave de identificación 16-A-19000-14-1229, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al Estado de México, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_1229_a.pdf, consultada el 8 de marzo de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

MECANISMOS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE INMUEBLES DE ALTO RIESGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a establecer instrumentos para agilizar los trabajos de demolición de inmuebles de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Jesús Rafael Méndez Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al cumplirse cinco meses del sismo de 7.1 grados que sacudió Ciudad de México el pasado mes de septiembre, se aprecia que aún hay damnificados que no pueden vislumbrar el rumbo que las autoridades tomarán, a fin de dar solución concreta a su tragedia; ante lo cual, la incertidumbre aumenta de manera desesperante debido a la falta de información y transparencia ante esta situación.

Una de las respuestas que dio el gobierno de Ciudad de México a la tragedia fue la creación, e impulso para su aprobación, de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, misma que dio origen a la instalación de la Comisión para la Reconstrucción, integrada por ocho subcomisionados y encabezada por el comisionado Ricardo Becerra.

Entre las funciones de dicha comisión se encontraba “la planeación de los apoyos económicos a mediano y largo plazo para las personas afectadas por el sismo y transparentar el uso, destino y rendimiento de los recursos económicos destinados a la reconstrucción”. Sin embargo, el titular de la comisión y otros integrantes consideraron que sus atribuciones estaban siendo vulneradas por los asambleístas, quienes pretendían decidir el uso de los recursos sin consultar a los comisionados.

Motivo por lo cual, de los nueve integrantes de la comisión, la semana pasada renunciaron Mauricio Merino, Katia D´Artigues, Fernando Tudela y el mismo Ricardo Becerra, argumentando que se no se les tomó en cuenta para determinar el uso que se daría a los 8 mil 792 millones de pesos, contraviniendo la facultad arriba citada, además de soslayar el plan trazado por ellos mismos, el cual versa sobre tres prioridades básicas:

a) Otorgar certeza jurídica a los 120 mil afectados por el sismo, lo cual incluye la entrega del dictamen oficial sobre su inmueble;

b) Anular el riesgo que representan los 130 edificios que siguen sin ser demolidos y 400 que aún se hallan en “alto riesgo”, y

c) Realizar estudios de suelo que revelen cómo debe realizarse, de manera particular, el proceso de reconstrucción.

Estos hechos son relevantes porque dan muestra de la incertidumbre que impera en el proceso de reconstrucción de Ciudad de México, lo cual se observa con el lento avance en los trabajos de demolición que está realizando la Secretaría de Obras local, en los aproximadamente 120 edificios que representan un alto riesgo, de los cuales, al 27 de enero del año en curso, sólo 24 estaban en proceso de demolición y tres habían sido concluidos.

En nuestro grupo parlamentario comprendemos que esta actividad requiere atender las máximas normas de seguridad, mismas que implican un trabajo minucioso y el menor uso posible de maquinaria pesada; sin embargo, también reconocemos la zozobra en la cual viven quienes habitan en sus inmediaciones, poniendo en riesgo su patrimonio y su propia seguridad, así como de quienes deben transitar diariamente cerca de los inmuebles afectados.

En la ciudad hay zonas donde el simple paso de transporte pesado hace cimbrar las estructuras en riesgo de colapso e inmuebles aledaños, así que podemos imaginar el riesgo que representan en una ciudad donde se siguen sufriendo los embates de los sismos constantes, donde cada movimiento aumenta el riesgo de que los edificios dañados puedan colapsar sobre quienes, desafortunadamente, se encuentren cerca.

Por ello, solidarios con la ciudadanía, nos pronunciamos por que las autoridades responsables prioricen los trabajos a llevar a cabo, a fin de demoler, a la brevedad, los inmuebles que representan un peligro; no permitamos que el sismo del 19 de septiembre cobre más víctimas, no permitamos que sean más de 369.

Asimismo, creemos oportuno subrayar que es responsabilidad de la autoridad proteger el patrimonio y tranquilidad de quienes habitan o se movilizan cerca de los edificios siniestrados; a la intranquilidad que se percibe en Ciudad de México debe sumársele la inquietud de vivir en alguno de los inmuebles siniestrados o aledaños, ya que debe añadírsele el temor a que se metan personas con la intención de robar sus pertenencias.

Un efectivo proceso de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad requiere de normas y procedimientos claros y donde el uso de los recursos públicos y particulares sea totalmente transparente para la ciudadanía, a fin de poder afrontar la adversidad, teniendo certeza en los tiempos y mecanismos a través de los cuales sus autoridades deban cumplir con su obligación primordial: representar y dar solución efectiva a sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de Ciudad de México a que, a través de los titulares de las secretarías a su cargo que estén involucradas en el diseño, ejecución, protección y seguridad de los procesos de demolición de los inmuebles siniestrados el 19 de septiembre de 2017, y de acuerdo a sus atribuciones, agilicen la ejecución de las acciones establecidas en el “Programa para la Reconstrucción de Ciudad de México”, a fin de proporcionarles a sus gobernados la tranquilidad de convivencia y tránsito en las múltiples zonas afectadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de Ciudad de México a que promueva y fortalezca, con la debida certeza jurídica, las funciones y atribuciones con las que cuenta la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de Ciudad de México, a fin de que las acciones a desarrollar en beneficio de las víctimas de los sismos no se vean permeadas por disputas político-electorales.

Notas

i Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2017/10/cdmx-reconstruccion-sismo-comision/

ii Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/ dinero-para-reconstruccion-o-dinero-para-las-elecciones

iii Disponible en:

http://www.milenio.com/df/demoliciones-edificios-sismo-gasto-edgar- tunguini-secretario-obras-noticias_0_1111089056.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de marzo de 2018.— Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

ACCIONES PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE HA GENERADO LA FALTA DE AGUA EN DIVERSAS ENTIDADES Y REESTABLECIMIENTO DE SU FLUJO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a implantar acciones para resolver la problemática generada por la falta de agua en diversas entidades y restablecer de inmediato el flujo, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Auditoría Superior de la Federación, a las procuradurías generales de justicia de los estados y Ciudad de México, así como a los organismos de cuenca de las entidades federativas, a que implementen las acciones correspondientes para resolver la problemática actual que ha generado falta de agua en diversas entidades, y se reestablezca de inmediato su flujo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En el mes de julio del año 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, incluyendo en la “Agenda de desarrollo del Milenio” en su Objetivo número 7, que los gobiernos deberán:

“Reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

Ello porque de acuerdo con datos del Programa Conjunto de Seguimiento de la Organización Mundial de la Salud y la Unicef, 2 mil 600 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de saneamiento básico y 884 millones de personas en el planeta carecen de acceso seguro a agua potable.

Se precisan de 50 a 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas y el tiempo necesario para el acopio de agua no debe exceder los treinta minutos; el agua es el pilar de nuestros ecosistemas; nuestras culturas se han moldeado a partir del manejo que le damos a este vital líquido, la vida digna y el bienestar son impensables sin ella.

En México, este derecho humano fundamental se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., sexto párrafo, en febrero del 2012. Sin embargo, es claro que el actual modelo de gobernanza del agua en los grandes conglomerados urbanos como Ciudad de México ha mostrado sus carencias y debe ser modificado. Se debe cambiar ese esquema de manejo sin sensibilidad social y de control y cooptación política abordando la problemática de la falta de agua en las grandes urbes desde una perspectiva multidisciplinaria, basándose en los principios de progresividad de los derechos humanos, multiculturalidad, sustentabilidad y democracia participativa.

De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), una persona consume en promedio 307 litros de agua al día, lo que representa cerca de un 200 por ciento más lo que se recomienda, que es sólo de 96 litros; cabe destacar que esta institución asegura que Ciudad de México podría tener 55 años de provisión, sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que el cambio climático, la sobreexplotación y sobrepoblación comienzan a jugar chueco y desatarían una crisis de escasez de agua en la capital.

El pasado 1 de enero del año en curso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó mediante su cuenta de Twitter que, debido a los trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reduciría el suministro a Ciudad de México en un cincuenta por ciento; esperando que el servicio se normalizara en las siguientes 48 horas.

Por tal motivo, Sacmex puso en marcha el denominado “Programa Emergente de Abastecimiento” mediante pipas en las 13 delegaciones más afectadas por la reducción: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Lo anterior, debido a que la Conagua detectó una posible falla en tuberías de la línea 2 del Acueducto Cutzamala, por lo que decidió restituir los tubos afectados, para darle confiabilidad a la operación del sistema.

Sin embargo y a pesar de que se había anunciado un restablecimiento del flujo del vital líquido en 48 horas, tres días después, el 3 de enero, se anunció que sería hasta el 6 de enero cuando dicho servicio quedaría reestablecido al 100 por ciento. Mientras tanto, se mantendría un operativo de abasto de agua a través de 400 pipas para las colonias con mayores afectaciones.

A pesar de que las autoridades de manera constante anuncian que se encuentra próximo el restablecimiento del flujo de agua, prácticamente todo el mes de enero del presente año y los primeros días de febrero, la constante ha sido la falta de agua y, a más de cuarenta días de que se suspendió originalmente el servicio “por 48 horas”, el mismo no se ha regularizado, afectando gravemente la calidad de vida de las delegaciones de Ciudad de México.

El pasado 12 de febrero se registraron bloqueos de colonos en tres delegaciones para reclamar la falta de agua: en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

La inconformidad vecinal ha sido la constante, en este sentido, residentes de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc han demandado a través de redes la regularización del suministro de agua potable. Incluso, el viernes 16 de febrero del presente año, más de 50 personas de la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, salieron a las calles con pancartas para exigir a las autoridades que hagan algo.

Por su parte, el director del Sacmex, Ramón Aguirre, informó que el desabasto fue una situación “atípica” y reconoció que “el problema se fue un poco de las manos”.

La primera de las razones que enumeró fue que el sismo del 16 de febrero afectó infraestructura a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en 17 Circuito Eléctricos.

Esto generó la interrupción de energía en las instalaciones de agua potable, pozos y plantas de bombeo que abastecen a las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan.

En segundo lugar, explicó que en el Sistema Lerma, localizado en el estado de México, ha habido ráfagas fuertes de viento que han provocado interrupciones de energía eléctrica en los ramales de pozos, lo que ha ocasionado una baja muy sensible en la producción de agua potable.

Abundó que el sábado se cayeron árboles que dañaron líneas eléctricas de 23 mil voltios en un tramo entre cinco postes en el Ramal Malacota, localizado en el municipio de Jiquipilco, producto también de fuertes vientos, que generó la interrupción en la operación de 14 pozos.

Esta falta de agua del Sistema Lerma ha generado problemas de abasto en delegaciones como Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Tlalpan.

Dicho proceso de “estabilización”, explicó Aguirre Díaz, se debe a que “cuando falta agua un día, mucha gente utiliza sus depósitos, las reservas, tinacos, cisternas, entonces cuanto regresa el servicio, no regresa a la normalidad porque hay muchos depósitos que llenar”.

“No podemos nosotros, a pesar de que el servicio ya está restablecido al 100 por ciento, volver a la normalidad tan rápido como quisiéramos”, admitió.

Sin embargo, lo que es una realidad es, que la inconformidad social ha venido en aumento debido en gran parte, a que la autoridad ha alargado de manera incierta los lapsos en donde afirma que el servicio será reestablecido, aunado a cada vez mayores periodos de escasez.

Las y los vecinos de Ciudad de México, particularmente de las delegaciones centrales, entre ellas Benito Juárez, han padecido de manera inusual la falta de agua y junto con ello, la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades; es evidente que la falta de coordinación entre la Conagua y los organismos de cuenca de las entidades federativas es diferenciada y acorde mucho más a criterios políticos de sensibilidad social; estos últimos a pesar de contar con amplias atribuciones no cuentan con la autonomía que requieren, al tiempo que un organismo que centraliza el control del agua no asegura la colaboración con los estados y por el contrario, la falta de mecanismos de regulación, vigilancia y con ello, de sensibilidad para evitar el control burocrático del agua hacen que esta continúe viéndose como servicio público, como concesión del gobernante y no como un valioso derecho humano.

En ese sentido, es importante considerar que, durante los últimos años, como consecuencia del calentamiento global, las altas temperaturas y las pocas probabilidades de lluvia durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, México se ve afectado por la época de estiaje, periodo de menor caudal de los ríos, lagos y lagunas, derivado de la escasez de precipitaciones en esta temporada, mayor insolación y la evaporación más intensa de cualquier curso de agua.

Por tanto, el sector agrícola de la nación se ve afectado pues el suministro de agua disminuye, afectando directamente las zonas de riego y al resto de la población al no ser regular el suministro del líquido vital, aunado a las fallas actuales en el servicio.

No obstante la problemática expuesta con anterioridad, el martes 7 de marzo del presente año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, organismo público descentralizado de la administración pública de Ciudad de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, publicó a través de un boletín denominado “Operación de Válvulas de las Redes de Agua Potable Por Personal No Autorizado”, mediante el cual el jefe de gobierno ordenó un trabajo de supervisión y vigilancia coordinada entre las demarcaciones de Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5 y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para evitar las anomalías detectadas durante el mes de febrero e inicios del mes de marzo de 2018. Pues un notable incremento en la manipulación de válvulas que permiten el correcto y suficiente suministro del líquido vital a los habitantes de Ciudad de México se han visto manipuladas por personal no autorizado, afectando directamente a los mexicanos al violentar su derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para su uso personal y doméstico de forma suficiente, generando la inconformidad en consecuencia a las afectaciones recibidas ante el ejercicio de su derecho humano.

Esta situación, sumada a la problemática normal de mantenimiento y reparación de la red de suministro de agua de Ciudad de México, integrada con más de 13 mil kilómetros de tuberías, 280 plantas de bombeo, 428 pozos y 57 plantas potabilizadoras que cotidianamente atienden las necesidades derivadas de un servicio que debe proporcionarse durante las 24 horas del día, generó el descontento de la población y, a través de redes sociales, se convirtió en una problemática generalizada en donde gran parte de los ciudadanos proclamó y exigió la intervención de las autoridades correspondientes, pues identificaron la situación con los periodos electorales por los que actualmente atravesamos en virtud del proceso electoral 2018, pues los casos de manipulación de válvulas denotan un claro objetivo de afectar al servicio de la ciudadanía y son completamente inaceptables.

En ese sentido, el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ordenó un trabajo coordinado entre las delegaciones, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5 y el Sacmex, para la supervisión y vigilancia de la infraestructura hidráulica con el objetivo de detener a los infractores e identificar la motivación o intereses que mueven a las personas que manipulan dicha red de abastecimiento, aclarando que sí bien no implica una falta grave, la afectación que general al servicio sí lo es.

Al respecto, es importante mencionar que el movimiento de válvulas es parte de los procedimientos normales de operación de las redes de distribución, pero el personal autorizado para ello es exclusivamente del Sacmex y de las áreas de operación hidráulica de las delegaciones.

Bajo el mismo boletín se reconoció que son seis delegaciones donde los problemas tienen mayor frecuencia: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Y se enlistó la ubicación de las cajas de válvulas donde al 7 de marzo se había presentado el problema con mayor frecuencia, concluyendo que 50 válvulas fueron manipuladas dolosamente con el firme objetivo de afectar un derecho humano fundamental.

Por estas razones, esta honorable Cámara de Diputados, siendo sensible a las necesidades de agua de diversos estados, municipios y demarcaciones de Ciudad de México, hace suya la exigencia e inconformidad social, por lo que hace un extrañamiento a las autoridades federales encargadas y exhorta a que de inmediato se tomen las medidas necesarias para que se reanude a la brevedad el flujo del vital líquido al 100 por ciento en Ciudad de México; se informe de manera pormenorizada y pública los estados, municipios y delegaciones que se enfrentarán al desabasto de agua potable por la temporada de estiaje y tomar las medidas necesarias para hacer frente a dicha temporada; se castigue con todo el peso de la ley a las personas a las que se les atribuya la conducta antijurídica de manipular dolosamente las redes de distribución de agua potable con el objetivo de coartar el derecho humano al acceso, saneamiento y disposición de agua potable; y la asignación de un presupuesto de prevención que a través de un fondo emergente pueda abastecer de agua potable sin excepción alguna a cada mexicano y mexicana, cuando el suministro de agua sufra cualquier afectación.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones tendientes a culminar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable y, con ello, restablecer al ciento por ciento el flujo de agua potable en los estados, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México donde se ha visto reducido.

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría extraordinaria de desempeño a la Comisión Nacional del Agua a fin de que se determine la responsabilidad respecto de una posible falta de coordinación con el organismo de cuenca de Ciudad de México (Sacmex), que ha dejado sin el vital líquido a varias delegaciones de la capital.

Tercero. Se exhorta la Comisión Nacional del Agua a rendir un informe pormenorizado y público de los estados, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México que se verán afectadas ante la temporada de estiaje y tomar las medidas necesarias para establecer y difundir las acciones oportunas en toda la república mexicana para hacer frente a dicha temporada, garantizando el derecho de las y los mexicanos al acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a las procuradurías generales de justicia de los estados y Ciudad de México a implementar las acciones correspondientes para investigar, perseguir y fincar las responsabilidades penales a quienes hayan manipulado sin autorización o no estén acreditadas para ello, válvulas, sistemas de distribución, mecanismos y en general, cualquier elemento perteneciente a la red de distribución de agua potable con el objetivo de generar una crisis de gobernabilidad y de inconformidad social, afectando el derecho humano al acceso, saneamiento y disposición de agua potable.

Quinto. Se exhorta a los organismos de cuenca de las entidades federativas a que realicen las previsiones presupuestales y, con ello, soliciten a las autoridades correspondientes una ampliación de presupuesto, y que a través de un fondo emergente o homólogo, puedan con ello garantizar el abasto de agua potable sin excepción alguna a cada mexicano y mexicana, cuando el suministro de agua sufra cualquier afectación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 15 del mes de marzo de 2018.— Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

DIFUNSIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO AL INCUMPLIMIENTO DE CREAR VALOR ECONÓMICO, POR PARTE DE PEMEX, EN EL CONTRATO DE ENTREGA Y PRODUCCIÓN DE GAS ETANO, A TRAVÉS DE LA SUBSIDIDARIA PETROQUÍMICA BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del sector energético a difundir las acciones emprendidas respecto al incumplimiento de crear valor económico por Pemex en el contrato de entrega y producción de gas etano a través de la subsidiaria Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, dictaminado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama y Sergio López Rosales, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Felipe Reyes Álvarez, Julio Saldaña Morán, Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El informe sobre la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a Pemex Transformación Industrial (PTRI), en materia de la gestión financiera del proceso de contratación para el suministro de Etano al complejo petroquímico Etileno XXI, determinó:

1. Qué Petróleos Mexicanos incumplió con las disposiciones legales y normativasrelativas a la planeación, adjudicación, así como en el suministro, transportación, facturación, cobro, y registro presupuestal y contable, resultando observados los siguientes aspectos:

a. La operación derivada del“ Contrato de Suministro de Etano” al“ Complejo Etileno XXI” , no generó valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, incumpliendo lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de Pemex, artículo 2.

Es de destacar, que en el nuevo paradigma energético resultante de la Reforma Energética, mandata a las empresas productivas del Estado, crear valor económico, o rentabilidad económica para el Estado mexicano, lo que a todas luces, las y los mexicanos, perciben y juzgan, que no sólo no han cesado las prácticas corruptas, sino que, por el contrario, han escalado notablemente, como en este asunto.

b.El Informe en comento que, expone concretamente, que:

i. el costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI” (el “comprador”), en 2016, fue de Mil 736 millones 261.8 miles de pesos;

ii. que s umados a los mil 387 millones 208.4 miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un costo de ventas de Tres mil 123 millones 470.2 miles de pesos.

iii. Y comparando este resultado con las ventas de etano realizadas al“ comprador” , por mil 188 millones 382.1 mil pesos, generan una pérdida de mil 935 millones 88. 1 mil pesos.

c. Asimismo, PTRI se comprometió – contractualmente-, a suministrar 66 mil barriles diarios (Mbd) de etano al “comprador” durante 20 años.

d. De tal manera que, si prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, -en cuanto a costos-, principalmente los relacionados con la materia prima adquirida a Pemex PEP, y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio de venta pactado en el “Contrato de Suministro de Etano”, la operación de la venta de etano al “Complejo Etileno XXI” continuará siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato.-vaticina, la ASF-.

2. Concluye, por último, el Dictamen de la Auditoría, recomendando, que a fin de mejorar el valor económico y la rentabilidad de la Subsidiaria Pemex Transformación Industrial, en la venta de etano para el“ Complejo Etileno XXI”, es conveniente “...se analicen las perspectivas técnicas, financieras y económicas relacionadas con esta operación”, y, en su caso, “se tomen las decisiones que se estimen pertinentes (...)”.

Con base en estas recomendaciones y, fundamentalmente de que se trata de recursos públicos que forman parte del patrimonio nacional, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, apremiamos para que el director General de Pemex, el Secretario de Energía y el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, en un ejercicio democrático, de rendición de cuentas y de transparencia, acudan a explicar ante esta Soberanía o, al menos ante la Comisión de Energía, sobre las acciones emprendidas a las observaciones referidas por la ASF, así como las medidas o plan para frenar o revertir el daño patrimonial a Pemex.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Pemex, que previene que al Director General de Pemex, corresponde “...la gestión operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración (...).

En tanto que, el artículo 15 del ordenamiento en comento, establece que el secretario de Energía, preside del Consejo de Administración de la petrolera del Estado; y, finalmente, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, es el Órgano regulador, que válida los permisos y contratos, que convino PTRI.

Sólo quiero enfatizar, que, por este tipo de hechos, el pueblo de México, no cree en el gobierno. ¡Ya basta de mentiras!

Pues mientras, el gobierno y sus funcionarios se ufanan de crear reformas estructurales, nuevas instituciones y leyes, reformas al marco legal, etcétera, las instituciones encargadas de prevenir este tipo de anomalías, a los ojos de las y los ciudadanos mexicanos, son omisas o desvían su atención a temas electorales haciendo un uso faccioso de la información, y persiste, ¡el saqueo al erario público y la impunidad rampante!

En nombre del GP PRD, hago un llamado a mis pares, de los otros Grupos Parlamentarios de esta LXIII Legislatura, para que se sumen a este llamado, en aras de reafirmar y privilegiar el Estado de Derecho, y con ello, frenemos que las empresas privadas en contubernio con funcionarios públicos, sigan lucrando a expensas de patrimonio nacional.

Con base en lo anteriormente referido, y en pleno ejercicio de la facultad establecida en el párrafo segundo del artículo 93 Constitucional que habilita a las y los legisladores a “...convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de organismos autónomos, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, maestro Carlos Treviño Medina; al secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Codwell; así como al licenciado Guillermo García Alcocer, a que hagan del conocimiento público las acciones emprendidas en torno del incumplimiento de crear valor económico, por parte Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), en la entrega y producción del gas etano a Pemex Etileno y a Petroquímica Mexicana De Vinilo (PMV), dictaminado en la revisión de la Cuenta Pública 2016, por la Auditoria Superior de la Federación.

Notas

1 El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (pág. 1).

2 “Artículo 4. Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional”

4 Artículo 46.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DE LOS ESPECÍMENES DE COCODRILO, ANTE EL REPORTE DE AVISTAMIENTO EN ZONAS HABITACIONALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa, a las autoridades estatales y municipales a salvaguardar la integridad de la población civil y de los especímenes de cocodrilo ante el reporte de avistamiento de éstos en zonas habitacionales, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades estatales y municipales a fortalecer en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones tendentes a salvaguardar la integridad de la población civil y de los especímenes de cocodrilo ante el reporte de avistamiento en zonas habitacionales de dichos reptiles, con base en las siguientes

Consideraciones

En el mundo hay 23 especies de cocodrilianos. En México se encuentran 3 especies representativas: el caimán común (Caiman crocodilus fuscus), el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y el cocodrilo de río (Crocodylus acutus).

Según un comunicado de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en el país hay aproximadamente 79 mil ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y se encuentra catalogado en las categorías de menor riesgo tanto de la NOM-059-SEMARNAT-2010, sujeta a protección especial, como de la Lista Roja de la IUCN 2012, menor preocupación (https://www.gob.mx/conabio/prensa/cocodrilos-mexicanos?idiom=es).

En 2010, la especie se transfirió del apéndice I al II (menos restrictivo) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y en 2012 se eliminó del Acta de Especies en Riesgo de Estados Unidos, por lo cual se permite la exportación de pieles a ese país.

Como un esfuerzo por impulsar el aprovechamiento sustentable del cocodrilo de pantano, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca de Quintana Roo, la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre otras autoridades ambientales estatales, federales e internacionales, promovieron el “Proyecto piloto sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en México” en el ejido Chacchoben, Quintana Roo, el cual ha tenido excelentes resultados.

Sin embargo, en otros estados de país se han presentado diversos avistamientos de ejemplares de cocodrilos en zonas residenciales; tal es el caso de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, y otros municipios de Oaxaca. Ello no sólo pone en peligro a la población civil: además, provoca que por no saber cómo actuar ante estos escenarios y querer capturar por cuenta propia a dichos animales, expongan su vida y la de los reptiles.

Por muchas causas, estos animales son obligados a salir de su hábitat. Ejemplo de esto son la depredación de los ecosistemas a que pertenecen, el uso de suelo y los fenómenos naturales como las lluvias abundantes, que aumentan la corriente de los ríos y los arrastran hasta las zonas habitacionales, aunados a la falta de alimento, que los obliga a salir de su medio natural.

La Semarnat elaboró con diversos especialistas el documento Protocolo de atención a conflictos con cocodrilos en México, cuya como finalidad es proveer a las autoridades de métodos de actuación ante la presencia de cocodrilos cerca de los centros de población.

No obstante, las autoridades municipales, principalmente las de protección civil, las primeras respondientes ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, muchas veces no cuentan con capacitación que les permita salvaguardar su integridad física, la de los ciudadanos ni, mucho menos, la de los reptiles.

En consecuencia, me permito proponer a esta soberanía que se exhorte a las autoridades competentes federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones tendentes a la adecuada actuación en caso de algún reporte de avistamiento de cocodrilos en los núcleos de población, así como capacitar a las autoridades estatales y las municipales acerca de los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones.

Por todo lo anterior propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades estatales y las municipales a fortalecer en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones tendentes a salvaguardar la integridad de la población civil y de los especímenes de cocodrilo ante el reporte de avistamiento fuera de su hábitat natural.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, autoridades estatales y municipales a generar estrategias de capacitación en materia de protocolos de actuación para responder de manera oportuna ante el reporte de avistamientos de cocodrilos fuera de su hábitat natural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE DIFUNDA LA INFORMACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA REFORMA FINANCIERA EN MATERIA DE CRÉDITO, INCLUSIÓN FINANCIERA, ELEVADAS COMISIONES, Y DE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS ANTE LOS INCREMENTOS DE LA TASA DE INTERÉS DE 5 A 7.5 POR CIENTO POR PARTE DE BANCO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Banxico, la CNBV y la Condusef a difundir la información sobre el estado de la reforma financiera en materia de crédito, inclusión financiera y elevadas comisiones, y de las acciones instauradas ante los sucesivos incrementos, de 5 a 7.5 por ciento, de la tasa de interés por el banco central, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama, Sergio López Rosales y Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama, Sergio López Rosales y Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En 2013 de efectuó la reforma financiera por parte de esta legislatura, y entre los objetivos de mayor envergadura sobresalía incrementar la proporción del crédito en relación a la economía nacional, así como mitigar el costo de las Comisiones en el sector bancario a los usuarios de los servicios financieros.

2. Hoy, a poco más de cuatro años de su implementación, se observa que si bien el crédito creció poco más de 12 por ciento en 2016, y aunque no dejó de crecer en 2017, si mostró una desaceleración, al registrar 9 por ciento de crecimiento; motivado por la desaceleración en la actividad económica y del poder adquisitivo por el desborde de la inflación registrada de 6.77 por ciento durante 2017.

3. No obstante, la desaceleración del crédito, no constituyó un factor que inhibieran las ganancias de la banca, pues como lo manifiesta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -en el reporte del cierre de 2017-, la banca que opera en México registró ganancias récord al sumar 137 mil 700 millones de pesos, 28.4 por ciento más que en el 2016.

4. Este resultado provino principalmente de los incrementos de tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico), lo que redundó en mayores ingresos a la banca por este concepto. La CNBV afirma que a diciembre los ingresos por intereses crecieron 22.2 por ciento a tasa anual. Pero también hubo más ganancias por comisiones y tarifas cobradas, así como de resultados por intermediación.

5. En medio de esta dinámica, se han incrementado las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef). Mario di Costanzo, Presidente de la Condusef, en agosto de 2017, reportó 554,855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos, (100,000 o 22 por ciento más que las recibidas en el primer trimestre de 2016).

Para el 2018, el sector financiero en México enfrenta riesgos provenientes de la renegociación del tratado comercial, así como la incertidumbre de cara al proceso electoral de este año y las decisiones de política monetaria por parte del banco central, así como de factores internos, como la desaceleración en la actividad económica y la caída del poder adquisitivo ante el desborde de la inflación, y el incremento de las tasas de interés, factores podrían presionar el crecimiento en cartera.

En este contexto es previsible que se encarecerá el crédito a las familias, las pequeñas y medianas empresas, y al final, trastocará la inflación, lo que redundará en mayor pobreza y desigualdad.

Por ello, resulta imperativo, propicio y oportuno que el poder legislativo tenga un informe detallado de los Órganos reguladores en torno de este trascendente tema para la vida económica y de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados al Gobernador del Banco de México, doctor Alejandro Díaz de León; al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, maestro Bernardo González Rosas; al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Mario di Constanzo, que hagan pública la información en donde expliquen de manera pormenorizada las acciones y la estrategia emprendidas con motivo de los incrementos de la tasa de interés de 5.0 a 7.5 por ciento por parte de Banco de México, así como los resultados de la reforma financiera en 2014, en materia de inclusión financiera y de las elevadas comisiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.