Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

ASISTENCIA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales(a las 12:10 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 266 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de marzo de 2018

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la diputada Edna González Evia

Solicita el retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Subsecretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la la Comisión Permanente, relativo a las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad.

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Remite la opinión emitida relativa a la exclusividad de aeropuertos y servicios auxiliares en la prestación de servicios de almacenamiento, comercialización y expendio de combustible en aeropuertos.

De la Secretaría de Relaciones Exteriores

Remite los lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Temas de política Exterior.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite información relativa de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de febrero de 2018, desagregadas por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2017.

Reincorporación de diputado

Solicitudes de licencia de diputados

Iniciativa del Congreso del Estado de Campeche

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional; Revolucionario Institucional; del Trabajo y Verde Ecologista de México.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Efeméride con motivo del 20 aniversario del inicio de transmisiones del Canal del Congreso de la Unión, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Oscar Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 y 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia de género, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 20 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 35, 36 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se adicionan los artículos 175 Bis a la Ley General de Salud y 199 Sextus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 4 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De Decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa por el Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, acaecido el 10 de abril de 1919, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 68 y 70 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 22 y 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 30 y 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 87 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 13 y 182 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley de General de Salud, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 54 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 128 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 22 y 23 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión)

Que reforma los artículos 17, 31 y 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 236 y 237 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 70-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 84 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 91 Bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140, 146 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 34 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la Comisión de Cambio Climático.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 14 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erick Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 18 y 121 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se declara el 16 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres”, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 270 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Agencia Nacional de Inteligencia Financiera, a cargo del diputado Erick Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de geoparques, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 173 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, suscrita por los diputados Abdíes Pineda Morín y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Donación de Alimentos y Combate a la Desnutrición, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 450 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de maltrato animal, a cargo del diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 56 Bis y adiciona un artículo 56 Ter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que declara el 5 de junio de cada año como el “Día Nacional del Medio Ambiente”, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 107 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt y diversos diputados de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma los artículos 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61, 62, 64 y 65 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Carlos Iriarte Mercado, Miguel Ángel Sulub Caamal y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3, 68 y 69 de la Ley General de Salud, en materia de control prenatal, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2448-D del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, Reglamentaria del Artículo 134, Párrafo Octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que expide la Ley de Protección y Derechos del Ciclista, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 64, 65, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Erick Arturo Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 32 y 35 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Jesús Reyes Heroles”, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 20 y adiciona los artículos 33-Bis y 33-Ter de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 102, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 52 de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Gonzalo Guízar Valladares e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, en materia de salud bucodental, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 140 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 140 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 397 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 27 y 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Participación Ciudadana.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Participación Ciudadana.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada Año, como “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud auditiva.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conapred y al Ayuntamiento de Torreón, a fin de evitar las detenciones arbitrarias en contra de miembros de la comunidad LGBT en dicha entidad, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el se exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala, a publicar en el periódico oficial del estado, la actualización del gasto federalizado para el ejercicio fiscal de 2018, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, y a la SE, a que en el marco de la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea soliciten tasa arancelaria cero en la importación de miel mexicana, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la probable ejecución de dos menores de edad en Río Blanco, Veracruz, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a investigar y castigar el asesinato de Grecia y Nefertiti Camacho, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los niveles federal y estatal a garantizar y acelerar la entrega de los apoyos con debida transparencia para la reparación y recontrucción de las viviendas dañadas por los hechos ocurridos en el año 2017, suscrito por el diputado Gonzalo Guízar Valladares e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo relativo al análisis e implementación de campañas informativas destinadas a la prevención de accidentes automovilísticos y de motocicletas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, para ampliar de 10 a 18 años, la edad de detección para dar cobertura a las enfermedades metabólicas contempladas en el catálogo de intervenciones del fondo de protección contra gastos catastróficos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, que promueva y lleve a cabo un proceso de profesionalización del padrón real de apicultores a nivel nacional, y eficientar los recursos destinados a la apicultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a suspender durante el periodo electoral, la entrega del programa “Familias Fuertes Salario Rosa”, y a analizar nuevamente los requisitos para su acceso, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y al INM, a que refuerce la seguridad en las Estaciones Migratorias del país, para evitar el acoso sexual y abusos de autoridad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo que exhorta a la SRE, se investigue la muerte del C. Rubén Gerardo Galindo Chávez, en la ciudad de Charlotte, del estado de Carolina del Norte, en los EUA, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEMARNAT, dé por cancelado de manera definitiva el Proyecto Punta Paraíso, así como a la PROFEPA para hacer un estudio sobre las especies de la zona, suscrito por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la creación de una política administrativa para el uso eficiente de los recursos humanos y materiales del plan de reconstrucción de la CDMX y a difundir la información respecto a la distribución realizada de los recursos asignados para este tema, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de implementar y reforzar las medidas de seguridad sanitarias, tendientes a evitar un posible brote de sarampión en el país, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, a que dentro del marco de la misión, visión y objetivos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haga de conocimiento público las acciones y los avances en su ejecución y evaluación que hasta el momento se han concretado, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, que responda a la brevedad las observaciones realizadas por la ASF a las cuentas públicas de dicha entidad comprendidas en el periodo 2012-2016, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al Gobierno del estado de Puebla, a cesar el acoso institucional y proveer seguridad a las personas integrantes de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titataniske, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP de la CDMX, a implementar mayor vigilancia en la infraestructura hídrica de la ciudad, así como dar con los responsables del sabotaje y manipulación del vital líquido, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, para que den plena observancia a lo consignado en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política pública indígena, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y la Secretaria de Movilidad, a revertir el incremento en las tarifas del transporte público y mejorar la calidad y la seguridad del sistema de transporte público, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar un Acuerdo con las Naciones Unidas, con relación a la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en México, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a difundir la información sobre las distintas actividades que se han realizado en torno a la denuncia formulada por el ciudadano mexicano Gustavo Castro ante la CIDH, contra la República de Honduras por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por esta nación, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a difundir la información relativa a la posición y participación de México en las negociaciones del Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la  sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves quince de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del jueves quince de marzo de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica la modificación de turno de iniciativa con proyecto de decreto, y de proposiciones con puntos de acuerdo que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la diputada María Esther Camargo Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita el retiro de su iniciativa con proyecto de decreto que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Anual de las Concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Comunicaciones  y de Transportes, para su conocimiento.

d) De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite contestación aprobada por la Comisión Permanente, relativo a la transparencia en el manejo y aplicación de los recursos destinados para la reconstrucción en los distintos órdenes de gobierno. Se remite al promovente.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios la diputada y los diputados: Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Salvador Valencia Guzmán, Norma Xochitl Hernández Colín, ambos de Morena; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; y Mario David Mex Albornoz, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones e instruye se inserten íntegramente sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Mario Alberto Mata Quintero, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo cuatrocientos ochenta y seis del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mariana Arámbula Meléndez, y suscrita por diversos integrantes de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, que reforma los artículos ciento sesenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y quince de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma los artículos ciento diez de la Ley Federal del Trabajo, treinta y ocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés Constitucional y adiciona un artículo trescientos treinta y seis ter al Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona un artículo cincuenta y siete bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que adiciona el artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la "Medalla Nezahualcóyotl al Mérito Artístico y Cultural". Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, que expide la Ley Federal de Consulta Indígena. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia de la diputadaMartha Sofía Tamayo Morales

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, que reforma los artículos tercero, ciento setenta y ocho, ciento ochenta y ciento ochenta y tres de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Salvador García González, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo once de la Ley de Migración. Se turna  la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• María Guadalupe Perea Santos, y suscrita por la diputada Nancy López Ruíz, y el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual emite el Dictamen por el que propone al Pleno de la Cámara de Diputados la terna de los candidatos para la designación del Auditor Superior de la Federación para el periodo dos mil dieciocho-dos mil veinticinco, con fundamento en los artículos setenta y nueve, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  ochenta y cuatro, y ochenta y seis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se dispensa su lectura, no obstante a efecto de ilustrar a la Asamblea, la Presidencia instruye a la Secretaría leer sólo los resolutivos. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Maldonado Venegas, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el dictamen con la terna propuesta por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La Presidencia informa a la Asamblea que se procederá a la elección de quien ha de ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación, y que de conformidad con lo que dispone el artículo ciento cuarenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, la elección se llevará a cabo por cédula de votación, refiere el mecanismo que aplicará para la votación y resalta que las cédulas que se utilizarán han sido revisadas y contadas por las diputadas Isaura Ivanova Pool Pech del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Verónica Bermúdez Torres del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ambas Secretarias de la Mesa Directiva. Finalmente informa al Pleno que la lista que será leída considera cuatrocientos noventa y cinco diputadas y diputados, en razón de que hay cinco posiciones no ocupadas, correspondiendo estas a diputados fallecidos o con licencia, cuyos suplentes no han rendido la protesta de ley. Dichas posiciones corresponden a los diputados Carlos Hermosillo Arteaga, Francisco Rojas San Román, Uberly López Roblero, Carlos Lomelí Bolaños y Sandra Luz Falcón Venegas.

Desde su curul realiza comentarios con relación al dictamen en votación el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia hace aclaraciones e instruye que su intervención se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Tras el pase de lista y la votación correspondiente, y realizado el cómputo y escrutinio, la Secretaría informa a la Presidencia del resultado de la votación en la cual se emitieron 5 votos por la opción 1, trescientos setenta y siete por la opción dos, cero votos por la opción tres, y sesenta y cuatro votos nulos. En consecuencia, el ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo, obtuvo la votación por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes.

La Presidencia declara:

"En virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta Soberanía, la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo setenta y nueve, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara: se designa al ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo, como Auditor Superior de la Federación por un periodo de ocho años, a partir de esta fecha y hasta el catorce de marzo de dos mil veintiséis. Désele formato de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Comuníquese".

Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a la discusión y votación del dictamen los diputados: Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática; y Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia hace aclaraciones.

La Presidencia designa a una comisión para acompañar al ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo al interior del Salón de Sesiones, y éste rinde la protesta de ley como Auditor Superior de la Federación a partir de esta fecha y hasta el catorce de marzo de dos mil veintiséis.

Se da cuenta con Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el procedimiento para la discusión de las iniciativas con proyecto de decreto relativas a la expedición de la Ley que Reglamente el Párrafo Octavo del Artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevista en el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes y de juntas directiva en comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con oficios de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, y del diputado David Sánchez Isidoro, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del doce y dieciséis de marzo del año en curso, respectivamente. De enterado. Comuníquense.

Se da cuenta con oficio del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades como diputado federal por el Cuarto Distrito Electoral del estado de San Luis Potosí, a partir del diecinueve de marzo del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Cambio Climático, por el que se adiciona un inciso g) a la fracción segunda del artículo noveno de la Ley General de Cambio Climático.

b) De Desarrollo Social, por el que se adiciona una fracción décima primera al artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social.

c) De Igualdad de Género, por el que se reforma la facción cuarta del artículo veintinueve de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

d) De Vivienda, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo treinta y tres de la Ley de Vivienda.

e) De Defensa Nacional, por el que se reforman los artículos primero, y veintiocho de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

f) De Protección Civil, por el que se reforma el artículo noventa de la Ley General de Protección Civil.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con oficio de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, por el que informa de su incorporación al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Erick Alejandro Lagos Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y siete de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que garantice la inclusión de los adultos mayores productores en sus programas de apoyos y fomento ganadero. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, diseñe e instrumente estrategias, acciones y campañas informativas en materia de educación financiera dirigidas a los receptores de remesas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a otorgar atención especializada, profesional, oportuna y gratuita a los enfermos con insuficiencia renal crónica, y que este tratamiento sea incorporado al Catálogo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, relativo a la dispersión de recursos para la adquisición de insumos y plantas para el desarrollo de la cafeticultora nacional. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen; y a la Comisión Especial del Café, para opinión.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a congresos locales, a homologar sus códigos penales en materia de pederastia, con base en los artículos doscientos nueve bis, y doscientos nueve ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a establecer un protocolo de prevención y atención de los casos de hostigamiento y/o acoso contra las mujeres deportistas. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que elabore un programa de descuentos a los adultos mayores pequeños productores ganaderos, para la adquisición de los aretes de identificación individual de ganado. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Partido Acción Nacional, relativo al Fondo Metropolitano dos mil dieciocho para que contemple el desarrollo de movilidad urbana sustentable, infraestructura para el transporte público y movilidad no motorizada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

• Erick Arturo Figueroa Ovando, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a suspender la licitación pública nacional número LA-006G1C003-E2-2018, AAS Paquete Sureste, para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de agente administrador supervisor consistente en asesoría integral, gestión, monitoreo supervisión y administración de la operación, mantenimiento y rehabilitación de las autopistas que integran el paquete sureste, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Se turna a la Comisión de Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, relativo a las supuestas irregularidades cometidas por PENSIONISSSTE en la gestión e inversión de los recursos de los trabajadores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la auditoría financiera con enfoque de desempeño, clave dieciséis-A-diecinueve mil-catorce-mil doscientos veintinueve, revisión mil doscientos veintinueve, Cuenta Pública dos mil dieciséis, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, al gobierno de Nuevo León, bajo el título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo". Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Ciudad de México, a establecer mecanismos que permitan agilizar los trabajos de demolición de inmuebles de alto riesgo. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional, relativo a implementar las acciones correspondientes para resolver la problemática actual, que ha generado la falta de agua en diversas entidades y se restablezca de inmediato su flujo. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, Julio Saldaña Morán, y Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades del sector energético, a difundir las acciones emprendidas en torno al incumplimiento de crear valor económico, por parte de Petróleos Mexicanos, en el contrato de entrega y producción de gas etano, a través de la subsididaria Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Petróleos Mexicanos, Transformación Industrial (PTRI), dictaminado por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a las autoridades estatales y municipales, a salvaguardar la integridad de la población civil y de los especímenes de cocodrilo ante el reporte de avistamiento en zonas habitacionales de dichos reptiles. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, Arturo Bravo Guadarrama, Sergio López Sánchez, y Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a difundir la información del estado que guarda la reforma financiera en materia de crédito, inclusión financiera, elevadas comisiones, y de las acciones instrumentadas ante los sucesivos incrementos de la tasa de interés de cinco a siete punto cinco por ciento por parte del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidencia levanta la sesión a las quince horas con treinta y cuatro minutos, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes de veinte de dos mil dieciocho, a las once horas.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias. Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Continúe la Secretaría con Comunicaciones.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente al órgano de gobierno que usted preside, sea retirada la siguiente iniciativa:

1. Fecha: 6 de febrero de 2018.

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Presentada por la diputada Edna González Evia y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Turnada para dictamen a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Edna González Evia (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-5-3282, signado por la diputada María Ávila Serna, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia de la atenta nota 017/ 2018, suscrita  por el licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se exhorta a esa dependencia a hacer lo conducente para que los productores agropecuarios de bajos ingresos de Veracruz afectados en sus cultivos por los huracanes Franklin y Katia reciban apoyos en recursos económicos a cuenta del componente Atención a Siniestros Agropecuarios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento de su oficio número SELAP/ 300/ 3812/ 17, de fecha 19 de diciembre de 2017, me permito adjuntar al presente el similar 112.02.319/ 2018, de fecha 1 de marzo de 2018, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018.— Licenciado Julio César Córdova Martínez (rúbrica), coordinador general de la oficina del Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del Secretario.— Presente.

En relación con el oficio número SELAP/ 300/ 3812/ 17, de fecha 19 de diciembre de 2017, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación, me permito adjuntar similar de la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la Subsecretaría de Desarrollo Rural 412.-031, de fecha 7 de febrero de 2018.

Lo anterior, para los efectos pertinentes.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL 63-II-5-3282, emitido por la diputada María Ávila Serna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, relativo al acuerdo con el exhorto a la Secretaría de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer lo conducente en el ámbito de sus atribuciones para que los productores agropecuarios de bajos ingresos afectados en sus cultivos por los huracanes Franklin y Katia reciban apoyos a cuenta del componente Atención a Siniestros Agropecuarios.

Sobre el particular, me permito informar a usted lo siguiente:

Con el propósito de atender a la población productiva del sector agropecuario vulnerable ante la ocurrencia de desastres naturales ante los efectos del cambio climático, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, opera como instrumento de política pública el componente Atención a Siniestros Agropecuarios, del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, tanto para atender a los pequeños productores que no tienen acceso al seguro como apoyar a los que tienen la posibilidad de contratar un esquema de protección.

1. Para atender a los pequeños productores que no tienen acceso al seguro, la Sagarpa promueve con los gobiernos estatales la contratación de un seguro agropecuario catastrófico, en el que la secretaría aporta de 80 a 90 por ciento del costo de la prima de aseguramiento (de acuerdo con el grado de marginación del municipio); y los gobiernos estatales, de 10 a 20.

En este esquema, durante 2017 el gobierno de Veracruz contrató con la empresa Agroasemex el aseguramiento de 667 mil 769 hectáreas, de las cuales 52 mil 870 son de maíz y 614 mil 899 de multicultivo; es decir, abarca todos los cultivos establecidos en esa superficie, en 208 municipios de los 212 del estado, incluidos Martínez de la Torre y Papantla, con aportaciones federal de 83.41 mdp y estatal de 10.96, con una suma asegurada de mil 210.7 mdp.

2. La Sagarpa también promueve un esquema de apoyo a productores que tienen acceso al seguro, quienes contratan directamente la protección de sus activos productivos con fondos de aseguramiento o empresas aseguradoras, y éstas gestionan ante la Sagarpa el incentivo que, en Veracruz, puede ser de 25 a 27 por ciento del costo de la prima en el sector agrícola (que se complementa con el apoyo de la SHCP, que es de 30 a 60 por ciento) y de 70 a 75 en el pecuario.

En el sector agrícola, durante 2017 en Veracruz se apoyó el aseguramiento de 63 mil 822 hectáreas, adicionales a la cobertura anterior contratada por el gobierno del estado, de maíz, cítricos, sorgo, caña de azúcar, arroz, café, soya, plátano y papa, con la aportación de la Sagarpa de 17.8 mdp, la SHCP aportó 35.0 mdp y los productores 14.3, para cubrir primas de aseguramiento por 67.1 mdp y suma asegurada de 668.6, en beneficio de 6 mil 880 productores de 50 municipios, entre los que también se incluyen Martínez de la Torre y Papantla.

En el sector pecuario se apoyó el aseguramiento de 4.89 millones de unidades animal (MDUA) contra muerte de ganado, 4.74 MDUA contra la escasez de forraje en agostaderos, 197 mil colmenas contra la escasez de floración para producción de miel y 203 mil equipos pecuarios productivos, contra daños por la ocurrencia de desastres naturales. La Sagarpa aportó 110.66 mdp y los productores 39.14 para cubrir primas de aseguramiento por 149.8 mdp, con una suma asegurada de 3 mil 592.44 mdp.

3. Atendiendo una demanda sentida de los productores para proteger, además de sus activos productivos, a los jefes y las jefas de familia que tienen a cargo las unidades productivas, a partir de 2017 el componente opera el esquema de apoyo al aseguramiento de las unidades productivas de manera integral, en las que se protege a los propios productores.

Para el caso de Veracruz, se apoyó el aseguramiento de 78 mil 526 productores pecuarios, con la aportación de la Sagarpa de 16.31 mdp y los productores igual monto, para cubrir primas de aseguramiento de 32.63 mdp, con suma asegurada de 3 mil 141 mdp.

Indemnizaciones

A diciembre, en el marco del Seguro Agropecuario Catastrófico, la empresa aseguradora Agroasemex reportaba indemnizaciones al gobierno de Veracruz por 19.95 mdp, de los cuales se habían canalizado 8.16 mdp para atender productores afectados por desastres naturales.

En el esquema del seguro con productores, los aseguradores han reportado indemnizaciones en Veracruz por 3.36 mdp por la afectación de mil 938 hectáreas de maíz, sorgo, arroz y plátano, así como 5.09 mdp por muerte de 291 unidades animal y daños a 311 equipos pecuarios.

En el caso del seguro de protección a productores, el asegurador ha reportado la indemnización de 3.24 mdp por fallecimiento de 81 productores pecuarios.

Asimismo, me permito comentar que en las reglas de operación del componente vigentes en 2018, en el esquema de apoyo a productores con acceso al seguro se ha incorporado en el sector pesquero el apoyo para la protección de embarcaciones y ante la imposibilidad de pesca y captura ante la ocurrencia de desastres naturales, así como la protección de la infraestructura productiva, equipamiento y bienes de unidades productivas de mujeres, con lo cual se busca ampliar la cobertura de operación del componente hacia otros sectores vulnerables ante las contingencias climáticas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.— Ingeniero Víctor Manuel Celaya del Toro (rúbrica), director general de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-2690 signado por la senador Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 363/ 2018 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que considere la posibilidad de crear albergues temporales a fin de recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/ 300/ 410/ 18, de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Comisión Permanente, celebrada el miércoles 24 de enero de 2018, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, consideren la posibilidad de crear albergues temporales a fin de recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal.

Al respecto me permito acompañar oficio DGAJ 205.000.00/ 112/2018, suscrito por el licenciado Guillermo Salvador Rodríguez Zamora, director de Desarrollo Normativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Hago referencia al oficio UCVPS/ 263/ 2017 de 12 de febrero del año en curso, recibido el 20 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión de este organismo respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 24 de enero de 2018, el cual a la letra señala:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, consideren la posibilidad de crear albergues temporales a fin de recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal.

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que mediante oficio DGAJ 205.000.00/ 81/ 2018, se solicitó al licenciado Édgar Mauricio Acra Alva, jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, del Estatuto Orgánico del organismo, las acciones realizadas respecto del punto de acuerdo que nos ocupa.

En atención a lo anterior, mediante oficio 222 000 00/320/2018 de 27 de febrero del año en curso, la Dirección General de Integración Social, señaló:

Esta Dirección General, brinda atención integral a Niñas, Niños, Adolescentes en situación de vulnerabilidad sujetos de asistencia social, en sus cincos Centros: Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Centro Amanecer para Niños, Casa Hogar para Varones y Casa Hogar para Niñas y a Personas Adultas Mayores, en situación de vulnerabilidad sujetos de asistencia social, a través de sus dos centros gerontológicos y de sus dos casas hogar para ancianos: “Arturo Mundet”, “Vicente García Torres”, “Olga Tamayo” y “Los Tamayo”.

Asimismo, cabe señalar que en Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal se autorizó un presupuesto para la operación de los nueve centros asistenciales, por la cantidad de 25 millones 542 mil 430 pesos (veinticinco millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos), monto que se estima suficiente para dar atención integral a 555 niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores planeadas en el Programa Anual de Trabajo de 2018, lo que equivale a un presupuesto anual por persona aproximado de 46 mil 22.40 pesos (cuarenta y seis mil veintidós pesos 40/100 moneda nacional) atendiendo así las necesidades básicas de alimentación, hospedaje, medicinas, vestido y educación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018.— Licenciado Guillermo Salvador Rodríguez Zamora (rúbrica), director de Desarrollo Normativo.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-3061 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SCR/ 109/ 2018 suscrito por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Tirismo.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/ 300/ 316/ 18, mediante el cual informa que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emitió el punto de acuerdo, que a continuación se señala:

• La Comisión Permanente hace un atento y respetuoso exhorto a las Secretarías de Turismo, Cultura y de Economía, del gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y a los municipales, para que, en cumplimiento a sus atribuciones legales y de acuerdo a su capacidad presupuestal, realicen acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como implanten acciones para la difusión del eslogan #valemasdeloquecuesta.

Sobre el particular, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como Enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de la Secretaría de Turismo, sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento las iniciativas que ha realizado el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en impulso y difusión e las artesanías mexicanas a nivel nacional e internacional:

• Durante el evento Longines Global Champions Tour México, celebrado del 6 al 9 de abril de 2017 en el Campo Marte, Ciudad de México, se expuso la escultura de un caballo elaborado por 43 artesanos huicholes con más de 5 millones de piezas de chaquira.

• En la celebración del Gran Premio de México, Formula 1, llevado a cabo del 27 al 29 de octubre de 2017 en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, se exhibieron piezas selectas del acervo patrimonial de Fondo Nacional ART dentro del Pabellón de México colocado por el CPTM.

• Durante el partido de futbol americano de la NFL Patriots versus Raiders, el 19 de noviembre de 2017 en el estadio Azteca, Ciudad de México, se expusieron 40 balones de futbol decorados por artesanos de diferentes comunidades indígenas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Subsecretaría del Trabajo de Nuevo León.

Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

En relación a su atento acuerdo de fecha 9 de enero el 2018, en donde se exhorta a cada uno de los estados que integran la federación, para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refuercen las políticas públicas relacionada con la creación y promoción de empleos de calidad, respecto a el estado de Nuevo León, se expresa lo siguiente:

“En el Estado de Nuevo León se está por cumplir 19 años sin el estallamiento de alguna huelga. Asimismo, en los últimos 10 años se han generado poco más de medio millón de empleos, por ejemplo, es de resaltarse que de febrero del 2017 a enero del 2018 se crearon más de 69 mil 375 empleos formales, ya que cuentan con todas las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo establece a favor de los trabajadores. Es importante también soslayar que el promedio de salarios mínimos que recibe un trabajador en Nuevo León es del 4.83 veces, por encima del salario promedio a nivel nacional, Nuevo León actualmente tiene la tasa de desempleo más baja del país, por cierto, del 3.4%, contando con el porcentaje de informalidad. del 36.2% siendo la más baja a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lo anterior demuestra que en el estado de Nuevo León en plena coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, refuerza día a día las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad, esto se debe a que se han estado generando mejores condiciones para la inversión de capitales en el estado, así como las políticas necesarias para capacitar al personal que día a día demandan las nuevas fuentes de empleo.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 6 de marzo de 2018.— MD Felipe Avilés Fabián (rúbrica), subsecretario del Trabajo en el Estado.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia Económica.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por este medio se hace de su conocimiento que con fecha 8 de marzo de dos mil dieciocho, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, “Comisión”) emitió una opinión en el expediente citado al rubro. Por tal motivo, sírvase encontrar en documento anexo, copia certificada de la opinión a que hace mención este oficio, para los efectos del artículo 163, fracción IV, de las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (en adelante, “Disposiciones Regulatorias “).

El suscrito se encuentra facultado para emitir el presente oficio, con fundamento en el artículo antes referido, así como en los artículos 1, 2, 10, 12, fracciones XIV, XX y XXX, de la Ley Federal de Competencia Económica, 175 de las Disposiciones Regulatorias; y 1, 2, fracción VIII, 4, fracción IV, 18, 19 y 20 fracciones XIII y LVI, y 59, fracción II, del Estatuto Orgánico de la Comisión.

Notas

1 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, "DOF") el diez de noviembre de dos mil catorce, cuya última modificación se publicó en el mismo órgano oficial el catorce de febrero de dos mil dieciocho.

2 Publicada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

3 Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce, cuya última modificación se publicó en el mismo órgano oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.— Fidel Gerardo Sierra Aranda (rúbrica), secretario técnico.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de diputados.— Presente.

Hago de su apreciable conocimiento, el acuerdo por el que se actualizan los “Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Política Exterior”, publicado con verificativo del 6 de marzo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, se pide difundir la información con los representantes que usted considere pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 12 de marzo de 2018.— Licenciado Adrián García Becerril (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edgar romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de febrero de 2018, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2017.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 15 de marzo de 2018.— Miguel Messmacher Linartas (rúbrica), subsecretario.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, numerales I y II, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, me permito informar a usted que con fecha de hoy 15 de marzo del año en curso, me reincorporo a mis actividades legislativas como diputado federal, mismo que pido sea efectivo.

Lo anterior para los fines administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2018.— Diputado David Jiménez Rumbo (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De enterado. Comuníquese.

SOLICITUDES DE LICENCIA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia, por lo que pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo correspondientes.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por los artículos 3, numeral XII, 6, numeral XVI, 12, numeral 1, fracción III, y XIII, así como el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento de manera respetuosa a esta soberanía, solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada federal a partir del miércoles 21 de marzo del 20 18.

A efecto de que se realicen los trámites legislativos correspondientes.

Sin otro particular, me reitero como siempre a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputada Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 29 de marzo de 2018

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2018.— Diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, diputado federal José Santiago López, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitar sea sometida a la consideración de esta soberanía mi solicitud de licencia al cargo de elección popular que ostento, con efectos a partir del 30 de marzo al 2 de julio del año en curso.

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado José Santiago López (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 30 de marzo del año en curso, asimismo le solicito sea llamado mi suplente, el ciudadano Óscar Cuevas Corona, a tomar la protesta del cargo de diputado federal.

Lo anterior con el propósito que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 30 de marzo de 2018.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento le agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.— Diputado Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Ciudadano Victoriano Wences Real, en mi calidad de diputado integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción III, 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por motivo de mi participación en la postulación de un cargo de elección popular, en el proceso electoral local ordinario 2017-218, por el estado de Guerrero, y toda vez que la norma local electoral establece como requisito la separación del cargo 90 días antes de la jornada electoral, por medio del presente escrito le solicito por su conducto se dé tramite a la licencia por tiempo indefinido al cargo de elección popular que ostento, misma que pido sea efectiva a partir del día 1 de abril de 2018.

En el entendido que manifiesto mi conformidad de prescindir de las prerrogativas, derechos y garantías financieras, operativas y materiales; así como del ejercicio de las funciones representativas que el cargo me proporciona, por lo que solicito se giren las instrucciones que correspondan a efecto de que se dé legal cumplimiento a la presente petición.

Sin más por el momento le reitero un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 62 y 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12 numeral 1, fracción III y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto, al Pleno de ésta Cámara de Diputados licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura por el V distrito del estado de Sonora.

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2018.— Diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia de forma definitiva para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 20 de marzo de 2018.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.— Diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica).».

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobadas. Comuníquese y llámense a los suplentes.

TOMA DE PROTESTA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Allan Michel León Aguirre y Ariel Burgos Ochoa, diputados federales electos por el III y V distritos electorales de los estados de Guanajuato y Sonora, respectivamente. Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: la diputada Martha Julisa Bojórquez Castillo, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, la diputada María Cristina Teresa García Bravo y la diputada Georgina Paola Villalpando Barrios. Procedan.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se les invita a los presentes a ponerse de pie.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Ciudadanos Allan Michel León Aguirre y Ariel Burgos Ochoa, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Ariel Burgos Ochoa y Allan Michel León Aguirre: Sí, protesto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí así no lo hicieren, que la nación se los demande.Pueden tomar asiento.

INICIATIVA DE CONGRESO ESTATAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: «Congreso de Campeche.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México.

La LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión efectuada el día de hoy, proveyó un acuerdo que en lo conducente dice:

“...Primero. En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se promueve una iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del inciso e) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

”Segundo. Quedan autorizados los ciudadanos Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva o, en su caso, de la Diputación Permanente de este Congreso, para suscribir y remitir la indicada iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

”Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.”

Lo que se notifica para los efectos legales conducentes, anexando la iniciativa de referencia.

Atentamente

San Francisco de Campeche, Campeche, a 7 de marzo de 2018.— Diputada Marina Sánchez Rodríguez (rúbrica), secretaria.»

«Congreso de Campeche.

Acuerdo

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda:

Número 154

“...Primero. En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se promueve una iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del inciso e) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

”Segundo. Quedan autorizados los ciudadanos Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva o, en su caso, de la Diputación Permanente de este Congreso, para suscribir y remitir la indicada iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

”Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.”

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.— Diputada Marina Sánchez Rodríguez (rúbrica), secretaria;diputada María del Carmen Pérez López (rúbrica), secretaria.»

«Congreso de Campeche.

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado de Campeche.— Presentes.

El que suscribe, diputado Ernesto Castillo Rosado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo para ejercer el derecho de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, para reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa, como su propia etimología y nombre lo indican (initium), consiste en la facultad que tienen ciertos funcionarios de representación popular, investidos de potestad jurídica pública y determinados órganos del Estado, para formular un texto que pueda presentarse ánte una Cámara con el propósito de que, mediante el cumplimiento de un procedimiento reglamentario y constitucional, al aprobarse, se constituya en una ley.

Dicha facultad se encuentra contenida en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando ilimitadamente la potestad referida al Presidente de la República, a los legisladores federales, a los diputados locales de los Congresos de los Estados, así como a los ciudadanos, ya que en ningún momento determina materias específicas para su ejercicio.

En ese tenor y con el propósito de ejercer esa facultad concedida, por este conducto someto a la consideración de la LXII Legislatura del Congreso del Estado la aprobación de un punto de acuerdo cuya finalidad será la de ejercer dicha facultad de iniciativa ante el Poder Legislativo Federal, a efecto de que el Poder Revisor de la Constitución federal reforme el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para especificar que solo estarán exentos de contribuciones los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, aquellos que estén destinados de manera exclusiva a prestar servicios de educación y salud.

Lo anterior con el objeto de reducir el universo de bienes de dominio público, que amparados en la hipótesis constitucional prevista en el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del referido artículo 115 constitucional, no contribuyen al erario público con el pago de sus contribuciones, pues dicha disposición señala que “Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.

Por lo que actualmente, la dinámica de exención de estos gravámenes imposibilita que un número considerable de inmuebles que se encuentran dentro del territorio municipal cumplan con la obligación fiscal de pagar impuesto predial correspondiente, y que constituye la principal fuente de ingresos propios para sus haciendas públicas; por lo que es de particular interés que los Municipios puedan aprovechar al máximo los beneficios económicos que puedan obtener por esta contribución.

Por ende, las exenciones al pago de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, es un factor que debilita la autonomía financiera y política de los Municipios; circunstancia que repercute directamente en los servicios públicos que están obligados a prestar como mandata la Constitución.

En tal virtud, por estimarse necesaria la adopción de medidas legislativas que permitan fortalecer las haciendas municipales para el debido cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, es que se propone el siguiente proyecto de

Acuerdo

La LXII Legislatura del Congreso del estado de Campeche acuerda:

Número ____

Primero. En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 44 de la Constitución Política del estado de Campeche, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los términos planteados en la iniciativa que se contiene en el artículo tercero de este acuerdo, se promueve una iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Quedan autorizados los ciudadanos Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva, o en su caso, de la Diputación Permanente de este Congreso para suscribir y remitir la indicada iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Tercero. La iniciativa para reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone en los términos siguientes:

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La LXII Legislatura del Congreso del estado de Campeche, por acuerdo y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción m del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, somete a la consideración de esa Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de integrante del Poder Revisor de la Constitución Política Federal, la presente iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre...”

De esta forma, siendo que el municipio se erige como la institución básica de la vida política nacional, y el más próximo a la ciudadanía. Su naturaleza jurídica se manifiesta en su capacidad política, administrativa, patrimonial y reglamentaria.

Asimismo, el referido artículo en su fracción IV, indica también que la hacienda municipal se administrará libremente por los municipios, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales, o las provenientes de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que se cubrirán por la federación a los municipios en los términos que se determinen por las Legislaturas de los estados; y c) los ingresos derivados de las prestaciones de servicios públicos a su cargo.

Bajo esta lógica, el municipio libre es una institución indispensable para la vida pública, política y social; pues como primer nivel de gobierno, tiene la misión de cumplir de forma efectiva con sus atribuciones y el deber de lograr el bienestar y la prosperidad colectiva, conjuntando voluntades y esfuerzos para mejorar objetivamente la calidad de vida de los habitantes, así como la modernización de sus programas y proyectos, acciones y obras bajo su responsabilidad.

En contrasentido, debemos reconocer que dicha aspiración no se cumple a cabalidad actualmente, pues dada la situación económica ‘ imperante, el Municipio se ha convertido en la organización de gobierno con menos posibilidades presupuestales para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía.

El impuesto predial es una contribución que corresponde’ a los gobiernos municipales, que al igual que otro tipo de gravámenes inmobiliarios, constituyen una fuente importante de ingresos para las haciendas municipales, por lo que es de particular interés que los municipios puedan aprovechar al máximo los beneficios económicos que puedan obtener por esta contribución.

La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la exención dé pago de contribuciones, a “los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.

Actualmente, la dinámica de exención de estos gravámenes, imposibilita que un número considerable de inmuebles que se encuentran dentro del territorio municipal, cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que provoca un injustificado subsidio de este orden de gobierno. Por ende, las exenciones al pago de las, contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, es un factor que vulnera la autonomía financiera de las administraciones públicas municipales y repercute en los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos.

En tal virtud, la presente iniciativa tiene como propósito fortalecer las finanzas municipales, sin generar mayores obligaciones o impuestos a los ciudadanos, sin que se tenga que recurrir al endeudamiento, ni esperar mayores participaciones de la federación.

Por ello, se plantea que todos los bienes del dominio público, que se encuentren en posesión de particulares, y que el objeto de éste sea distinto a aquel por el cual fue otorgado, sean objeto de pago de los impuestos correspondientes y, con esto generar los recursos que de acuerdo al propio artículo 115 de la Constitución Federal están obligados a cubrir las personas físicas y morales que habitan en los municipios, atendiendo con ello, la obligación general de contribuir al gasto público.

Sin lugar a dudas, robustecer al municipio significa fortalecer al mismo tiempo el federalismo; pues sin el debido impulso a los municipios, los estados de la República no podrán alcanzar la fuerza necesaria para hacer factible, viable y vigente el sistema federal.

En, mérito de lo anterior, en el ejercicio de la facultad que a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados, Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a IV. ...

a) a c). ...

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán, exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios que estén destinados de manera exclusiva a prestar servicios de educación y salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Cuarto.Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.

En mérito de lo expuesto, se solicita se sirvan considerar su resolución, si a bien lo tienen, en términos dejo lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

San Francisco de Campeche, Campeche a de febrero de 2018.— Diputado Ernesto Castillo Rosado (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

INICIATIVAS DE LOS SENADORES

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la República por el estado de Campeche a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 163 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el inciso K) del artículo 2o., fracción I, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; la fracción XI al artículo 2o., y el Artículo 4o. C de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuidado del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas como elementos indispensables para la supervivencia de -los seres humanos es, hoy en día, una prioridad para los gobiernos de todo el orbe, y una exigencia de las sociedades cada vez más interesadas y consientes de la urgencia para detener la degradación del medio ambiente y agotamiento de nuestros recursos naturales.

El desarrollo sustentable parece ser la directriz sobre la que descansan los múltiples esfuerzos mundiales por contener la erosión de los suelos, contaminación de aguas, deforestación, agotamiento de recursos no renovables, contaminación atmosférica y el cambio climático. Pese a ello, los embates a la naturaleza no han tenido tregua, y el panorama para el medio ambiente luce cada vez más sombrío.

En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contaminar ríos, suelos, aire, deforestar y sobre explotar los recursos naturales vitales, no sólo tiene un impacto en nuestra calidad de vida, también tiene inmensos costos económicos.

Lo costos totales por agotamiento y degradación ambiental, en el año 2015, ascendieron a 5.0 por ciento de PIB; en términos monetarios los costos ascienden a 907 mil 453 millones de pesos. Los costos por degradación representan el 4.3 por ciento del PIB, mientras que los costos por agotamiento se ubicaron en 0.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Los costos por degradación ambiental ascendieron a 784,757 millones de pesos, de los cuales 88,402 corresponden a degradación de suelos; 61,253 a residuos sólidos; 57,403 por contaminación del agua y 577,698 millones de pesos por contaminación atmosférica.

En contraparte, los esfuerzos de la sociedad y gobierno por contrarrestar los efectos por agotamiento y degradación ambiental sólo alcanzan 141,933 millones de pesos al año, lo cual representa sólo el 0.8 por ciento del PIB. Por lo tanto, la brecha para alcanzar un balance entre los gastos de protección ambiental y los costos por su degradación y agotamiento es de 4.2 por ciento del PIB anual.

Destinar más de 660 mil millones de pesos anuales para la protección del medio ambiente, en la situación actual de las finanzas públicas de nuestro país, si tomamos en cuenta que el esfuerzo del gobierno federal por reducir gastos onerosos es de 28 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 20i8, no se avizora fácil y mucho menos una posibilidad.

Por el contrario, debemos encontrar mecanismos que desincentiven las prácticas no sustentables en los diferentes sectores industriales y en los hogares. En general, estamos adoptando un estilo de vida desechable; embaces, empaques, envoltorios y bolsas plásticas son parte de nuestro día a día.

Los costos ambientales, como lo hemos anotado líneas arriba son altísimos; sin embargo, parece que la oferta y consumo de productos que utilizan este tipo de recipientes o envoltorios no tiene ningún agente o agentes que se responsabilicen por ello.

En el derecho internacional existe un principio ambiental que es “el que contamina paga”, formulado en un inicio por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como un principio económico para la asignación de costos por el control de la contaminación, bajo la premisa de que en el modelo de desarrollo hasta la década de los 70 no se habían tomado en cuenta los altos costos de la contaminación y daños al ambiente.

Dos décadas después, el principio de quien contamina paga, se convertía en un principio jurídico internacional sobre el medio ambiente. Así lo podemos constatar en el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, Holanda:

“2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga”.

De igual manera quedó establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992, Río de Janeiro, Brasil:

“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”.

En síntesis, el principio de quien contamina paga, debe reflejarse en la cuantificación y costos de las externalidades negativas que una actividad económica determinada tiene sobre el medio ambiente, dichas extremidades deben tener un responsable moral o físico que se haga cargo de los costos ambientales inherentes a la actividad que desarrollaron.

Como bien jurídico colectivo, tutelado por el Estado, todos tenemos derecho al uso y disfrute de un medio ambiente adecuado, por lo que, en caso de daños, no sólo los afectados directos pueden reclamar reparaciones, sino todos los titulares.

La responsabilidad ambiental en la legislación mexicana queda de manifiesto en la ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente:

“Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad ambiental será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente”.

Del enunciado jurídico anterior, se establece la obligatoriedad de reparar los daños causados al medio ambiente por cualquier persona. Sin embargo, existe un tipo de contaminación, cuyas causas no pueden ser imputables a una persona en particular o un agente concreto, puesto que intervienen una larga cadena de causalidades, lo mismo que productores, distribuidores y consumidores finales; se trata de la contaminación provocada el tereftalato de polietileno (PET), que es un tipo de plástico ampliamente utilizado para fabricación de envases para bebidas, principalmente por las industrias de refrescos y agua.

Planteamiento del problema

En los últimos años la oferta, consumo y disposición final de envases de plástico, utilizados en la industria refresquera y del agua embotellada, principalmente, se han convertido en un problema ambiental en aumento, no hay lugar en este país en el que no se encuentre un expendio de agua o refresco, cuyo envase sea de plástico desechable, pero ya, también, son pocos los lugares que se encuentran libres de este tipo de contaminación.

El alto consumo de agua embotellada y refrescos en nuestro país es la causa directa del crecimiento exponencial de la industria del PET. La firma estadounidense de consultoría comercial e industrial Price Waterhouse (por sus siglas en ingles PWC), en su estudio “Beverage Industry in Mexico” señala que el consumo per cápita de agua embotellada asciende a 174 litros, mientras que el consumo medio de refresco es de 163 litros por persona.

Cobra relevancia el hecho de que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en consumo de refrescos, puesto que ha superado en un 40 por ciento el consumo promedio por persona en Estados Unidos de Norteamérica, el cual se ubica en 118 litros.

La industria del refresco, bebidas azucaradas y agua embotellada en nuestro país es un gran negocio. De acuerdo con el estudio arriba citado ésta industria tiene un valor total de 82 mil millones de dólares con un crecimiento de 5 por ciento anual.

En 2009 el valor de la industria de bebidas fue de 55.6 mil millones de dólares, y cerró en 2017, de acuerdo con cifras estimadas, en 82.9 mil millones de dólares. En sólo siete años la industria de bebidas en nuestro país aumento sus utilidades en casi 50 por ciento.

De igual manera, la producción de bebidas ha aumentado a la par del valor monetario que representa esta industria. Se calcula que para el 2018 el volumen total de bebidas en México ascienda a 87.6 millones de litros anuales. El ritmo de crecimiento de la industria ha sido constante desde 2009 superando el 4 por ciento anual. Se estima que el crecimiento a partir del presente año sea de 5 por ciento.

El mercado de bebidas es muy amplio, siendo necesario segmentar el tipo de bebidas envasadas en plásticos tipo PET como son los refrescos, agua, jugos, bebidas energizantes y algunas bebidas con alcohol. De esta manera tenemos que, este tipo de bebidas, representa el 50 por ciento del valor de la producción de bebidas con 40 mil millones de dólares anuales, seguido de las cervezas y sidras con un valor de 25.1 mil millones de dólares.

En México la oferta per cápita de bebidas asciende a 416 dólares anuales; de los cuales, el 55 por ciento corresponde a refrescos, aguas y jugos; el 27 por ciento a cervezas; el 26 por ciento a bebidas espirituosas; el 6 por ciento a café, té y bebidas de chocolate; y 10 por ciento a vinos. Con claridad se puede observar que la industria de refrescos, agua y jugos es preponderante en el sector.

Un dato de suma relevancia que aporta el estudio en cuestión es sobre el incremento de las ventas de refrescos en comparación con la venta de agua embotellada. Se estima que las ventas de refrescos para 2018 sean de 17.8 mil millones de litros; mientras que las ventas de agua embotellada serán de 358 millones de litros.

PET en México

México es uno de los principales países productores y consumidores de resina virgen de tereftalato de polietileno, materia prima para la elaboración de envases PET. De acuerdo con la organización Ecoce, líder en el sector de reciclaje en nuestro país, la producción de resina PET es de 1 millón 100 mil toneladas anuales, aproximadamente, de las cuales 722 mil, son utilizadas en el mercado nacional, y el acopio o recolección de envases es de 422 mil toneladas.

El reciclaje total de envases asciende al 50 por ciento de la materia prima que se consume en el mercado interno, con ello estamos en los niveles de reciclaje que se tienen en la Unión Europea y superamos a países como Brasil, Canadá y Estados Unidos, con porcentajes de reciclaje de 24, 40 y 31 por ciento, respectivamente.

Sobre la producción de envases PET no existe un dato homogéneo, la Semarnat ha calculado que, cada año, se producen 9.000 millones de botellas de plástico PET;  la organización el Poder del Consumidor apunta que, por agua embotellada son desechadas 7 mil 800 millones de envases PET por año, pero si le sumamos las botellas PET utilizadas por la industria del refresco podemos llegar a una cifra aproximada de 18 mil millones de envases PET por año; es decir, 50 millones de botellas desechadas.

Para tener una aproximación más cierta del consumo de envases PET por persona, con lo cual no quiere decir que sea un dato comprobado, podemos inferir que, si el consumo per cápita de refrescos es de 163 litros, mientras que los últimos datos aportados por un estudio -en elaboración- por Raúl Pacheco Vega, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señalan que el consumo per cápita de agua embotellada es de 234 litros, tenemos un total 397 litros per cápita de agua y refrescos.

Bajo el supuesto de que por cada litro se ocupe un envase PET, tendremos un consumo per cápita de 397 envases anualmente.

Impactos ambientales de los envases PET en su fase pos consumo

Debido al incremento constante en el consumo de bebidas embotelladas de la población mexicana en la última década, el manejo, tratamiento y disposición final de los envases PET es pieza clave para reducir y atenuar los impactos provocados al medio ambiente.

Los plásticos representan un porcentaje importante de los residuos sólidos urbanos que se generan en el país. A nivel nacional se producen 42,9 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales 4.6 millones de toneladas corresponden a los plásticos.

Un manejo inadecuado de los residuos de envases PET puede generar potenciales impactos al medio ambiente de los ecosistemas urbanos, rurales y naturales; así lo da a conocer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en la investigación “Estudio de Análisis de Ciclo Vida del manejo de envases de bebidas de polietilen tereftalato en la fase de pos-consumo”.

Dicho estudio evalúa seis tipos de impacto relevantes del PET: cambio climático, agotamiento de los recursos abióticos, agotamiento de la capa de ozono, ecotoxicidad en agua, eutrofización y acidificación.

Los resultados a los que llegó la evaluación son preocupantes. La categoría de impacto al cambio climático genera 80,264 ton CO2 Eq; de donde el 56.6 por ciento de las emisiones son generadas por la disposición de los envases de PET en relleno sanitario; 31.3 por ciento es debido a las consideraciones hechas por actividades de quema en el sitio de disposición final y 12.1 por ciento por el transporte en el sistema de manejo de residuos.

El impacto al agotamiento de recursos abióticos, de los residuos de envases para bebidas de PET genera impactos ambientales potenciales por 86 ton Sb Eq; 79 por ciento de las emisiones son generadas por el transporte en el sistema de manejo de residuos y 21 por ciento es debido a la disposición final en relleno sanitario.

El impacto al agotamiento de la capa de ozono genera daños potenciales en un equivalente de 1.63 kg CFC-11 Eq; principalmente por las emisiones generadas en el transporte correspondiente al sistema de manejo de residuos.

Respecto a la categoría de eco toxicidad, se estimaron potenciales impactos ambientales por 2 217 714 ton 1-4 DCB Eq; 99.95 por ciento de las emisiones son generadas por la disposición final en relleno sanitario. La categoría de eutrofización alcanza impactos ambientales potenciales por 113 ton PO4 Eq; de las cuales el 65 por ciento de las emisiones son generadas por el transporte del sistema de manejo de residuos y 35 por ciento es debido a la disposición final en relleno sanitario.

Finalmente, el impacto por acidificación del sistema de manejo de residuos en la fracción de residuos de envases PET genera impactos potenciales ambientales por 65 ton 502 Eq; donde el 66 por ciento de las emisiones son generadas por el transporte en el sistema de manejo de residuos y 34 por ciento es debido a la disposición final en relleno sanitario.

Es importante mencionar que los resultados disminuyen considerablemente, cuando se utilizan esquemas de re utilización y recolección más eficiente, y la sustitución de resina PET virgen por resinas provenientes del reciclaje.

De la misma manera, debemos de tomar en cuenta que, el polietilen tereftalato es una resina termoplástica derivada del petróleo, y su biodegradación pude llegar a tardar entre 500 y mil años, de acuerdo con información de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Impuesto al PET en otros países

En las últimas décadas la política fiscal se ha convertido en un instrumento económico del Estado para revertir las externalidades negativas de las diversas actividades económicas sobre el medio ambiente. los países europeos y nórdicos, desde finales de la década de los 80 e inicio de los 90, fueron los pioneros en la implementación de políticas fiscales verdes; en un primer momento como ‘medida recaudatoria y disminución de tasas impositivas a trabajadores, y una segunda etapa se enfocaron en el desarrollo sustentable a través de impuestos a la contaminación atmosférica y a la generación de residuos sólidos.

El impuesto a los residuos sólidos es una variante de los diversos tipos de impuestos ambientales. Los residuos generados en los hogares como son envases de plástico, cartón, y laminados que, por sus riesgos potenciales de contaminación, suelen ser el objetivo causante de este tipo de impuestos.

Actualmente, Canadá y Estados Unidos han implementado, en el nivel local, impuestos a todos los envases de bebidas, salvo los que contengan productos alimenticios como la leche y sus derivados.

En Alberta, Canadá, en 1997 se realizó una reforma tributaria que dota de un impuesto de 10 centavos de dólar a todos los envases de todas las bebidas, y de 25 centavos de dólar a todos los envases que sean de más de un litro.

En Columbia Británica - Canadá- a partir de 2004 se impuso una tasa a todos los envases exceptuando los de leche y sustituto de la misma. Las bebidas no alcohólicas de hasta un litro, pagan 5 centavos de dólar y las de, más de un litro 25 centavos. Respecto a las bebidas alcohólicas de hasta un litro pagan 10 centavos y las bebidas de más de un litro 20 centavos de dólar.

En California, Estados Unidos, a partir de 1986, se cobra un depósito de 5 centavos de dólar a todos los envases de aluminio, plástico, metal y vidrio desechables que contengan hasta 24 onzas liquidas (707 mililitros), y de 10 centavos para envases con capacidad superior. Los envases retornables quedan fuera del esquema tributario.

De igual manera, en el estado de New York, a partir de 1982, se implementó el cobro de un depósito de 5 centavos de dólar para todos los envases de plástico, metal, vidrio, papel o cualquier otra combinación entre estos. No se distingue entre retornables o desechables.

En Europa, países como Finlandia, Noruega, Austria, Alemania, mantienen diversos esquemas impositivos para el consumo de bebidas embotelladas. Finlandia tiene el esquema impositivo ambiental más longevo, pues data de 1970, al imponer una tasa a todos los envases no reutilizables de refresco y cerveza. Para refrescos y otras bebidas en vidrio la tasa es de 71 centavos de dólar; los refrescos en plástico 47 centavos y las cervezas 24 centavos por litro, respectivamente.

En Noruega, cuyo sistema de impuesto a envases de bebidas data desde 1994, las tasas aplican tanto para envases retornables y desechables. Para envases retornables de menos de medio litro 16 centavos de dólar y para envases de más de medio litro 45 centavos de dólar. En cuanto a envases desechables, para refrescos y cervezas 48’ centavos y para bebidas no carbonatadas 4 centavos de dólar.

Dentro de este tipo de impuesto, existen medidas fiscales específicas para cierto tipo de materiales, tal es el caso de Austria, donde hay un impuesto puntual al PET ya sea para bebidas en botellas desechables o en botellas retornables.

Alemania, es uno de los países con el impuesto más elevado en bebidas embotelladas, para envases no retornables de vidrio, alumno y plástico de hasta tres litros, la tasa es de 25 centavos de euro (aproximadamente 6 pesos). Los envases retornables para cerveza pagan 8 centavos de euro, mientras que los envases para jugo yagua retornables pagan 15 centavos.

En nuestro país no contamos con un impuesto ambiental a los envases de los diferentes tipos de bebidas embotelladas ya sean de plástico, metal o vidrio. Como hemos visto, existen daños potenciales por el desecho de envase~ de platico al medio ambiente, y al ser nuestro país uno de los principales consumidores de bebidas embotelladas y en específico de PET, es pertinente la creación de un impuesto para tales efectos.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto la creación de un impuesto ambiental a la oferta y consumo de envases desechables PET. Se pretende que, a través de este impuesto, disminuya de manera considerable la disposición final y el desecho al aire libre de millones de envases plásticos, los cuales ocasionan severos daños y afectaciones ambientales.

Para dicho propósito, la iniciativa plantea adicionar un inciso k) al artículo 2, fracción 1, de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, especificando la creación de la cuota para los envases fabricados a base de tereftalato de polietileno (PET) utilizados en la comercialización de bebidas y alimentos.

Se establecen tres tipos de cuotas, diferenciadas por la capacidad de llenado, de tal suerte que los envases hasta de un litro de capacidad tendrán una cuota de 1 peso; los envases cuya capacidad sea entre 1 y tres litros les aplicará una cuota de 2 pesos; finalmente los envases de capacidad superior a los tres litros les aplicará la cuta máxima de 3 pesos.

Es importante aclarar que no están obligados al pago de dichas cuotas, quienes pongan a la venta sus productos, mediante envases de PET retornables.

Se adiciona la fracción XI al artículo 22 de la ley de Coordinación Fiscal, para precisar que la recaudación por concepto de las cuotas al PET no será considerada dentro del Fondo General de Participaciones, y por tanto, su distribución corresponderá a lineamientos y reglas de operación específicas.

En este sentido, se adiciona el artículo 4o. C, en el cual se estipula la creación del Fondo de Agua Potable y Control de Residuos Sólidos Urbanos, compuesto por el 100 por ciento de la recaudación por concepto de cuotas al PET.

El Fondo se distribuirá en un 50 por ciento para los cien municipios con el mayor índice de pobreza extrema, de acuerdo con estimaciones del CONEVAL. Los recursos estarán etiquetados para obras de saneamiento y agua potable. El 25 por ciento se ocupará para instalar bebederos en espacio públicos y centros escolares de todo el país. Con ello se hace realidad la exigencia de la sociedad civil para contar con este tipo de infraestructura.

Finalmente, se destinará un 25 por ciento de la recaudación total para la implementación de un Programa Nacional de Control y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, con la participación activa de municipios y entidades federativas.

Con esta iniciativa; que hoy presento, estaremos cerrando una brecha importante para la protección del medio ambiente, coadyuvamos a fomentar un estilo de vida más saludable y sustentable, y no menos importante, contribuiremos al desarrollo de las comunidades más pobres de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan el inciso K) del artículo 2o., fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la fracción XI al artículo 2o., y el artículo 4o. C de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se adiciona el inciso K) del artículo 2o, fracción 1, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

1. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a J)...

K) Envases fabricados a base de tereftalato de polietileno (PET) utilizados para la comercialización de productos, alimentos y bebidas, previo llenado o envasado, y puestos a disposición del público en general a través de diversos sistemas de abasto y mercadeo.

Las cuotas se aplicarán de conformidad con lo siguiente:

    Cuota

1) A los envases cuya capacidad de llenando o envasado sea hasta de 1 litro          1 peso

2) A los envases cuya capacidad de llenado o envasado sea de 1 hasta 3 litros        2 pesos

3) A los envases cuya capacidad de llenado o envasado sea superior a los tres litros          3 pesos

No estarán obligados al pago de las cuotas señaladas en el presente inciso, los contribuyentes que pongan a disposición del público en general, para la venta y comercialización de sus productos, tereftalato de polietileno (PET) retornables.

Los contribuyentes podrán trasladar al consumidor final hasta el 50% de las cuotas previstas en el presente inciso.

La recaudación por las presentes cuotas, se distribuirán conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. C de la Ley de Coordinación Fiscal.

II. ...

III. ...

Articulo Segundo. Se adicionan la fracción XI al artículo 2o., y el artículo 4o. C de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos,

XI. La recaudación total que se obtenga por las cuotas al PET, en términos del artículo 4o. C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 4o. B. ...

Artículo 4o.-C. La recaudación total que se obtenga por las cuotas establecidas en el inciso K), fracción I artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios será transferida al Fondo de Agua Potable y Control de Residuos Sólidos Urbanos.

Dicho fondo se distribuirá de la siguiente manera:

a) En un 50% para obras de infraestructura tendientes a dotar de agua potable a los cien municipios con el mayor índice de pobreza extrema, de acuerdo con estimaciones del Coneval.

b) En un 25% para la instalación de bebederos en espacios públicos y centros escolares de todo el país; y

c) En un 25% para la implementación del Programa Nacional de Control y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

Los recursos destinados para los municipios con mayores índices de pobreza extrema les serán ministrados cada trimestre; los recursos para la instalación de bebederos en espacios públicos y centros escolares serán administrados y aplicados por el gobierno federal; y los recursos para el Programa Nacional de Control y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos se ejercerán dé manera tripartita, previa planeación y aprobación de las obras y proyectos a realizarse.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos y reglas de operación que estime necesarias para el correcto uso y aplicación por los recursos obtenidos a través de este fondo.

Artículo 5o....

Transitorio

Único. El Presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_11_l0.pdf

2 Ídem.

3 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE. The Polluter-Pays Princlple. Analyses and Recommendations. Paris, 1992.

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/ ?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=En

4 Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. Disponible en:

https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty on european_union_es.pdf

5 ONU. Principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en:

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

6 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo 203. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_240117.pdf

7 Pwc. Beverage Industry in Mexico. Julio 2015. Pp. 16,20. Disponible en:

https://www.pwc.com/mx/es/knowledge-center/archivo_120_150917-kc-beverage.pdf

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ecoce. Estadísticas disponibles en: http://ecoce.mx/cifras.php

13 Semarnat. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187439/ diagnostico_basico_ejecutivo_2012.pdf

14 http://www.sinembargo.mx/25-03-2017/3181164

15 INEGI. Disponible en:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb311 &s=est&c=33223

16 Semarnat. INECC. Estudio de Análisis de Ciclo Vida del manejo de envases de bebidas de polietilen tereftalato (PET) en la fase de postconsumo. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ll0041/ 2013_CGCSA_Estudio_de_AnalisisdeCiclo_de_Vida_de_Envases_de_ Bebidas_de_Polietilen_Tereftalato_en_la_Fase_de_Pos-Consumo.pdf

17 Ibídem. P.35.

18 Ibídem. P. 36.

19 Ibídem. P. 37.

20 Ibídem. Pp. 38-39.

21 Ibídem. P. 40.

22 UNAM. Disponible en: http://www.gaceta.unam.mx/ 20170727Idegradan-plasticos-en-15-dias-lo-usual-esde-500-a-mil-anos/

23 Almeida, María Dolores. Estudios del cambio climático en América Latina. Política fiscal en favor del medio ambiente en el Ecuador. CEPAL. 2014. P.9. Disponible en:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37433/S1420714_es.pdf

Senado de la República, a 15 de febrero de 2018.— Senador Óscar Román Rosas González (rúbrica), senadora María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 8o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la fracción XI del artículo 27; el penúltimo párrafo del artículo 134; el artículo 135; y la fracción V del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un inciso g) al artículo 54 y se derogan la fracción XXX del artículo 28, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, senadores Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 8o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la fracción XI del artículo 27; el penúltimo párrafo del artículo 134; el artículo 135; y la fracción V del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un inciso g) al artículo 54 y se derogan la fracción XXX del artículo 28, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de divisas extranjeras.

En este sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados Unidos de Norteamérica hace altamente probable que, a futuro, México registre un menor ingreso de dólares y, en consecuencia, devaluación del peso, aunado a que, durante los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder adquisitivo haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia de la economía nacional, es de esperar que esta tendencia continúe, incluso en caso de que el manejo de la política macroeconómica, sobre todo respecto al gasto público, sea responsable.

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real del poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, sino a través del ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica.

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas e instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las sanas finanzas.

Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida.

Situación actual del ahorro

El ahorro en pesos

Como se adelantó, la función primordial del ahorro es -al menos- conservar el valor de los recursos destinados a través del tiempo, por lo que un instrumento que se encuentre expuesto al deterioro, es decir, su depreciación, no cumpliría la función esperada.

Tal circunstancia acontece con los instrumentos tradicionales previstos para tal fin.

Lo anterior se evidencia recurriendo al análisis de los métodos más utilizados para el ahorro; de forma general, se podrían clasificar, respecto a su estructura, en informales y formales. Los primeros se refieren a la acumulación de efectivo y las formas de crédito basados en él, comúnmente conocidos como “tandas”, mismos que son los más difundidos entre el grueso de la población (56%) y tienen ·como característica principal la inseguridad y falta de certidumbre en su protección, al carecer de elementos formales y materiales de garantía, máxime que su práctica ordinaria desvía la bancarización de los recursos administrados, obstaculizando los beneficios productivos de la intermediación bancaria y financiera.

Por otro lado, los instrumentos formales son, principalmente, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo; cabe recalcar que son utilizados sólo por un sector de la población, es decir, aquellas personas que tienen acceso efectivo a los servicios bancarios y -hay que resaltarlo- que conocen y confían en los beneficios de la actividad financiera. A lo anterior, habrá que contrastar -de forma objetiva y bajo una perspectiva sin preconcepciones de las funciones de banca y crédito- el beneficio que obtienen los sectores involucrados, es decir, el bancario y el público ahorrador. Mientras el primero puede administrar los recursos depositados para colocarlos mediante operaciones activas y obtener así utilidad, el segundo de los sectores no recibe rendimiento suficiente que permita calificar de efectivos dichos instrumentos formales como medios de ahorro, puesto que su arquetipo legal y funcionamiento operativo los tornan más en un instrumento de transacción y medio de pago, alejándose de la finalidad última que debiera servir, ya que la multicitada inflación, entre otros factores involucrados, ha ocasionado que sus retornos se mantengan desfavorables e insuficientes para superar la pérdida adquisitiva del peso mexicano.

El ahorro y la inflación.

Desde un punto de vista macroeconómico, el ahorro está estrechamente relacionado con la inversión, es decir, al no utilizarse recursos para el consumo de bienes y servicios, es posible invertir dichos recursos para producir capital fijo, como fábricas y maquinaria, lo que indudablemente contribuye al crecimiento económico.1 Por otro lado, el ahorro suaviza el perfil de consumo de las familias ante eventos inesperadas, de tal forma que protege el bienestar de los hogares ante situaciones adversas y permite incluso elevar su patrimonio conforme transcurre el tiempo.

Así, existe otro elemento macroeconómico que debe tenerse en cuenta: el gasto público. Todo dinero que esté destinado para su uso en cuestiones de índole gubernamental, así como su ejecución y distribución, impactan en la economía de un país. Aunque no es objeto de la presente Iniciativa analizar todas las posibles consecuencias de índole financiero-económico que podrían generarse, es de destacar los efectos que se producen en uno de ellos, a saber, la inflación, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo.

En este sentido, cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se pueden adquirir menos bienes y servicios, lo que se conoce como “pérdida del poder adquisitivo de la moneda”.

Para el caso de México la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es especialmente grave. Durante el periodo de enero de 2007, a noviembre de 2017, la inflación ha sido del 55%, provocando que el peso haya perdido más de la mitad de su valor. Este es un dato preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que el 61 % de la población mexicana ahorra en efectivo.

Para promover el ahorro de las familias mexicanas y, en su caso, protegerlas de la inflación, se proponen las siguientes medidas:

El ahorro en los instrumentos bancarios y su rendimiento

Una de las formas más convencionales -considerando al grueso de la población que tiene acceso a los servicios de intermediación bancaria- para ahorrar y así, aunque sea accidentalmente, contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo es la utilización de cuentas de ahorro. En el plano jurídico, consisten en depósitos irregulares cuyos recursos sólo pueden ser dispuestos en momentos prestablecidos contractualmente.

Éstos, según lo que establecen la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros y diversas Circulares del Banco de México, pagan intereses por mantener recursos en dichas cuentas, por el período fijado. Esto, a primera vista, pareciera ser un gran beneficio de una indudable utilidad, pues aparenta ser la materialización del ahorro. Sin embargo, un análisis más profundo arrojaría que dichos intereses no son suficientes para paliar la pérdida adquisitiva del dinero, debido a la inflación.

Lo anterior se debe, medularmente, a la metodología ordenada por la ley e implementada por el banco central para calcular la utilidad total en los instrumentos financieros referidos.

Para explicar lo anterior, es necesario tener presente dos conceptos: ganancia anual total y ganancia anual total real.

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, según los artículos 8, segundo párrafo y 22 precisan lo siguiente:

Capítulo III. De la transparencia en relación con los Medios de Disposición y en el otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos.

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del CAT, en relación con los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen las Entidades. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de los créditos, préstamos o financiamientos a los que será aplicable el CAT.

El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de las operaciones a los que será aplicable la GAT.

Artículo 22. Las disposiciones de carácter general, tales como circulares y reglas, así como actos administrativos y notificaciones que emita el Banco de México en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes, podrán darse a conocer:

I. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, o

II. A través de los medios que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.

Las publicaciones que realice el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación conforme a este artículo, estarán exentas del pago de derechos en términos de la Ley Federal de Derechos

a) Las instituciones de crédito, entidades e intermediarios financieros de que se trate, deberán proporcionar al Banco de México la información que requiera para dar a conocer las disposiciones, actos administrativos y notificaciones mencionadas. Las disposiciones, actos administrativos y notificaciones que el Banco de México envíe o comunique con base en la información que le proporcionen las instituciones de crédito, entidades e intermediarios financieros, obligan y surten sus efectos en los términos que éstas señalen.

b) Cuando las disposiciones, actos administrativos y notificaciones del Banco de México se envíen a las instituciones de crédito, entidades o intermediarios financieros, a través de medios electrónicos distintos del fax, que permitan adjuntar el mensaje de datos y firmarlo electrónicamente, las firmas respectivas deberán corresponder a los funcionarios competentes para emitirlas en términos del Reglamento Interior del Banco de México, y haber sido generadas con base en los datos de creación de firma electrónica conforme a los procedimientos y sistemas de la Infraestructura Extendida de Seguridad que administra el propio Banco de México.

De esta manera, se obliga al banco central a establecer, a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, componentes y la metodología de cálculo de la Ganancia Anual Total.

En cumplimiento a lo anterior, el Banco de México emitió la Circular 35/2010, de la que se desprende (punto 1) la definición de la GAT como “la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura” y el concepto de GAT real (punto 4.2) “Las Entidades deberán calcular la GA T real a partir de la GA T nominal y con base en la inflación esperada para los 12 meses siguientes al momento de celebrar la operación de que se trate, en los términos que se indican a continuación (... )”

De todo lo anterior se puede desprender que la inflación sí está incluida en el cálculo del GAT real; sin embargo, en 2016, 88 millones de cuentas bancarias en México compartían la característica de tener una Ganancia Anual Total (GAT) negativa.

En este sentido, es importante modificar, a partir de una amplia consulta a la sociedad, la normatividad bancaria a fin de que el período proyectado sea menor a 12 meses; pues si se tiene en consideración que todas las variables sociales, políticas y -en general- fácticas, que pudieran tener repercusión en los efectos inflacionarios que originan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no pueden preverse con exactitud por un plazo tan prolongado y que, en cambio, son fenómenos que muchas veces se presentan de forma inesperada.

Si bien es cierto que no será posible prever todos y cada uno de los escenarios que se producen en la economía nacional e internacional, acortar los plazos de la inflación esperada, para efectos de calcular la posible pérdida del poder adquisitivo de la moneda, específicamente en términos de los rendimientos e intereses reales de los instrumentos financieros para el ahorro, se considera una herramienta útil que producirá beneficios en el público mexicano ahorrador, al contar con fórmulas financieras actualizadas y vanguardistas que contemplen a la economía nacional, no como algo estático, sino como un conjunto de fenómenos cambiantes.

Que los ciclos económicos, así como los cambios estructurales en las finanzas públicas -que muchas veces condicionan el cambio de precios- son eventos que difícilmente pueden predecirse con tanta anticipación y que pueden llegar a provocar aumento generalizado de los precios en períodos menores.

El ahorro y los impuestos

La modificación anterior, además, permitirá aprovechar la mecánica del cálculo del impuesto sobre la renta en beneficio de los ahorradores.

El entramado normativo que se aplica al ahorro en instrumentos bancarios y sus implicaciones en la materia tributaria, tal como se concibe hoy en día, genera que indebidamente se calculen como ingresos acumulables los que se derivan de rendimientos nominales sujetándolos al pago del impuesto sobre la renta, cuya operación se determina mediante pagos provisionales (y la consecuente retención por parte del banco) y acreditamiento al final del ejercicio fiscal.

Al gravar los intereses nominales -y no así los reales- los ahorradores sufren la carga de la retención y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que profundiza el nivel de pérdida del rendimiento real. La retención sumada a la inflación del periodo provoca que los instrumentos de depósito tengan tasas de retorno negativas.

Aunque es cierto que, en su caso, los ahorradores podrían reclamar la devolución de los impuestos pagados, no puede desconocerse el hecho de que el procedimiento previsto es engorroso y muchas veces tardado, lo que desincentiva al contribuyente para iniciarlo.

Si la función primordial del ahorro es conservar el valor a través del tiempo, un instrumento cuya operación genera su pérdida, no cumple con su función.

En este sentido, se propone incluir expresamente, para el caso de los rendimientos e intereses que generen los instrumentos bancarios que se debe atender a la fórmula de la Ganancia Anual Total Real.

El ahorro para los planes de retiro y sus implicaciones fiscales

Otro eje del ahorro en México consiste su destino para el retiro. Así, los mexicanos pueden aportar voluntaria o complementariamente a ello y sus patrones pueden hacerlo de la misma forma, a partir de previsiones de seguridad social.

En la medida en que los individuos incrementen sus ahorros para la edad del retiro, gozarán de mayores recursos para satisfacer sus requerimientos en edades en que tradicionalmente ya no gozan de ingreso alguno; consecuentemente, serán menores las presiones financieras respecto de requerimientos y apoyos por parte del gobierno federal.

Conforme a la ley vigente, cada año se pueden deducir de impuestos las aportaciones voluntarias o complementarias en las Afores o en planes personales de retiro, hasta por el 10% de los ingresos anuales del contribuyente, con un máximo de 5 veces el salario mínimo anual.

Por otro lado, cabe precisar que, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran como previsión social las erogaciones de los patrones a favor de sus trabajadores, para satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores.

A pesar de que la intención legislativa de dicha disposición legal haya sido la de beneficiar a los trabajadores y a sus familias, en el sistema fiscal actual, a partir de la reforma de 2014, se limitó la deducibilidad de las prestaciones sociales en un porcentaje del 47% al 53%, desincentivando así que los trabajadores sean beneficiarios de mayores recursos para ser ahorrados.

Ahora bien, en sesiones de 21 de septiembre de 2016 y 26 de octubre de 2016, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país resolvió los amparos en revisión 101.2/2014 y 684/2014,766/2014,925/2014 y 112/2015, respectivamente.

Tales asuntos versaron sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones de derecho tributario, específicamente, las de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuyos términos actuales (a partir de la reforma fiscal propuesta por la actual administración) generaron las problemáticas que en esta Iniciativa se pretenden corregir. De la resolución de los amparos referidos, emanaron 10 tesis jurisprudenciales, a saber, de la 180/2016 ala 189/2016, todas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Del análisis de los asuntos, así como de las tesis jurisprudencia les que emanaron de ellas, se desprende que la Segunda Sala emprendió un estudio respecto (i) a la potestad tributaria y los límites del principio de proporcionalidad y libertad de configuración legislativa; (ii) ponderación de los principios de proporcionalidad y la libertad de configuración legislativa, respecto al tipo de deducciones e intensidad de control constitucional; (iii) precisiones sobre gastos exentos para el trabajador y de protección social (previsión y seguridad) y (iv) determinación del tipo de deducción de los gastos de previsión social.

Sin embargo, no se advierte que las modificaciones normativas cuya constitucionalidad se analizó, se hayan abordado desde la perspectiva del ahorrador, con el correlativo impacto que tendría con el derecho al mínimo vital, ni bajo la concepción de que el ahorro para el retiro constituye, al fin y al cabo, un derecho económico social y cultural.

Respecto al mínimo vital, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversas tesis, cuyo contenido importa al análisis del tópico contenido en este Iniciativa. El rubro y texto de las referidas tesis son los siguientes:

“Derecho al mínimo vital. En el ámbito tributario, tiene fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores que perciben una suma equivalente al salario mínimo, a que no se les impongan contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, no debe perderse de vista que dicho criterio se limitó a discernir sobre los casos en los que los trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con descuentos, sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se agota al exceptuar de embargo, compensación o descuento al salario mínimo; por el contrario, aquél ejerce una influencia que trasciende ese ámbito y, en lo relativo a la materia tributaria, deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los diversos postulados desarrollados por este Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad tributaria permiten apreciar que el derecho al mínimo vital, desde una óptica tributaria, encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz para el legislador, por cuya virtud debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello implique dejar a la persona sin medios para subsistir. En consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario encuentra asidero en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, puede precisarse que lo establecido en la fracción VIII del apartado A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental, en el sentido de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, no es más que la manifestación de dicho derecho, de proyección más amplia, en la materia laboral y, específicamente, para el caso de los trabajadores que perciben dicho salario.”

“Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que desde una óptica tributaria, el derecho al mínimo vital tiene fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de los gobernados en lo general, independientemente de la manera en la que obtengan sus ingresos o de la prerrogativa establecida en el artículo 123 constitucional para la clase trabajadora, consistente en que se exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo; pero también reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal, lo cual en términos de su artículo 1o., resulta concordante con los instrumentos internacionales que son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema. En ese sentido, si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.

“Derecho al mínimo vital. Sus alcances en materia tributaria. Existen diversas acepciones de lo que debe entenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin que exista una posición unánime al respecto. Sin embargo, puede apreciarse una misma postura en cuanto a la forma en la que ese derecho, como derivación del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca resguardar los signos de capacidad económica -mas no contributiva, en tanto no resulta idónea para tal fin- destinados a satisfacer necesidades primarias, de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo, la auténtica capacidad contributiva del causante impone la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido. En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho al mínimo vital se configura, desde el punto de vista tributario, como una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y entraña una garantía de las personas, por virtud del cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones e identificar la capacidad idónea para contribuir, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual le está vedado ejercer sus facultades por no estar legitimada constitucionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable, es decir, un derecho por cuya virtud las personas no serán llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales, correlativo al deber del legislador de respetar este límite.”

“Renta. El respeto al derecho al mínimo vital implica considerar las características y condiciones particulares bajo las cuales se genera el ingreso de las personas, conforme a los diversos capítulos del título IV de la ley del impuesto relativo. El impuesto sobre la renta para las personas físicas es general, porque grava los ingresos obtenidos en diversas actividades económicas (prestación de servicios personales subordinados, prestación de servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, enajenación y adquisición de bienes); sin embargo, deben valorarse las consecuencias que tiene la estructura cedular del Título IV, denominado “De las Personas Físicas”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto el contribuyente debe calcular la cantidad que por cada capítulo debe acumular, considerando los ingresos (activos o pasivos) y, de ser el caso, las deducciones autorizadas y las peculiaridades propias de cada capítulo -por ejemplo: en la prestación de servicios personales subordinados que permiten obtener salarios, debe acumularse el ingreso respectivo sin deducción alguna; en la realización de actividades empresariales y profesionales, los contribuyentes pueden determinar una utilidad fiscal (ingresos menos deducciones), así como una utilidad gravable (utilidad fiscal menos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar) para calcular una renta neta del ejercicio; lo anterior, sin que esté autorizado, por regla general, la compensación de las ganancias de un capítulo con las pérdidas de otro, etcétera-, para aplicar a la suma de dichos conceptos la tarifa anual prevista en el artículo 177 de dicho ordenamiento, a través de la cual se determinará de manera diferenciada (en lo cuantitativo y lo cualitativo) el impuesto a pagar. Lo anterior pone de relieve que el derecho al mínimo vital, como expresión del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -y como lineamiento tendente a que los recursos apenas suficientes para subsistir dignamente queden resguardados frente a la potestad tributaria del legislador-, si bien tiene una proyección sobre todas las personas físicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, no tiene un contenido homogéneo entre todos los sujetos del indicado Título IV y, por tanto, no debe respetarse en idénticos términos para todos sus beneficiarios, sino que debe analizarse por cada categoría de contribuyentes, tomando en cuenta las características y condiciones particulares bajo las cuales se produce el ingreso obtenido.”

“ Derecho al mínimo vital. El legislador cuenta con un margen de libre configuración en cuanto a los mecanismos que puede elegir para salvaguardarlo.Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos demanda que las manifestaciones de capacidad económica no idóneas para contribuir no las afecte el sistema fiscal -y, adicionalmente, que el impacto económico representado por los tributos no debe dejar de valorar las necesidades variadas que en cada caso influyen en la cobertura de las necesidades elementales, ajustándose ello a los diversos niveles de capacidad contributiva, cuando ésta ya permite la imposición de gravámenes-, también lo es que la consecución de tales objetivos no debe sujetarse a los efectos de una particular figura jurídica. En ese sentido, el principio de capacidad contributiva,-a través del reconocimiento del derecho al mínimo vital, no demanda necesariamente la incorporación de una exención generalizada en el impuesto sobre la renta, o bien, una deducción también de carácter general, pues corresponde al legislador tributario diseñar el régimen legal del gravamen y, en lo que hace a este tema, definir· si en un momento determinado resulta más adecuado a las finalidades del sistema fiscal, o más acorde con la realidad económica, un mecanismo u otro. Además, el fenómeno financiero es más complejo que el aspecto impositivo, por lo que el respeto al derecho al mínimo vital no debe implicar, única y exclusivamente, liberaciones de gravamen o la introducción de figuras que aminoren el impacto de los tributos, pues en la medida en que el Estado provea directamente satisfactores para las necesidades más elementales, puede quedar autorizado el establecimiento de contribuciones. En consecuencia, para cumplir con los requerimientos del derecho al mínimo vital como expresión del principio de proporcionalidad tributaria, el legislador cuenta con un margen de libre configuración, de ahí que pueden servir figuras tan dispares como las exenciones generales -o acotadas bajo algún criterio válido-, las deducciones generalizadas, las deducciones específicas por concepto o la valoración de condiciones sistémicas - como puede ser la existencia de tratamientos favorables en otras contribuciones, inclusive, las indirectas-, tomando en cuenta que también aportan elementos para el juicio que se efectúe en relación con el grado de cumplimiento con dicho derecho, la forma en la que el Estado social distribuya sus recursos, verificando la medida en la que las asignaciones directas o subsidios pueden tener un impacto en los más necesitados, valorando cómo inciden unas y otros en la tributación de estos grupos.”

Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales exigen del Estado, incluyendo a este Senado de la República, que se proteja su núcleo esencial y que no se adopten medidas regresivas.

El núcleo esencial de los derechos que se relacionan con la seguridad social (entre ellos, indudablemente el ahorro para el retiro) implica que la normatividad aplicable no adopte métodos, técnicas ni cánones que lo hagan inoperante. Es decir, que se reconozca que, ante la imposibilidad del Estado para proveer al sistema de pensiones y jubilaciones los recursos necesarios, se permita que el ahorro voluntario y las aportaciones patronales a tal fin, sean un método sencillo y eficaz.

A su vez, y a modo de prohibición, la Constitución exige que todos los derechos fundamentales, incluidos los de carácter económico, social y cultural, sean regulados e implementados bajo el principio de no regresividad. Esto es, que se evite la adopción de medidas (administrativas, fiscales y legislativas) que tengan como efecto directo o indirecto menoscabar la protección, garantía y respeto con el que gozaban anteriormente.

Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios de rubro y texto siguientes:

“Progresividad de los derechos humanos. Criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva en la violación de aquel principio. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al principio referido, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad dé los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada.”

“Derechos económicos, sociales y culturales. Deber de proteger de manera inmediata su núcleo esencial. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos sociales atribuyen un deber incondicional de proteger su núcleo esencial. Así, dichos derechos imponen un deber de resultado, esto es, el Estado mexicano tiene el deber de garantizar de manera inmediata la protección del núcleo esencial de los derechos sociales. Esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de otros derechos, sino que atacan directamente su dignidad, luego se entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la dignidad de las personas. Por tanto, los tribunales, en cada caso, deberán valorar si la afectación a un derecho social es de tal gravedad que vulnera la dignidad de las personas y de ser así, deberán declarar que se viola el núcleo esencial de ese derecho y ordenar su inmediata protección.”

Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular.

Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta.

“Derechos económicos, sociales y culturales. Deber de alcanzar su plena protección progresivamente. Una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva. De esta manera, los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque alcanzar la plena realización del derecho social. Sin embargo, son las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales, por tanto, al analizar la razonabilidad de la medida los tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades.”

“Derechos económicos, sociales y culturales. Deberes que generan al Estado. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en la materia, han establecido que los derechos económicos, sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 2) realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas.”

La reforma fiscal de 2014 analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue validada como constitucional, en su mayor parte, desde perspectivas diferentes a las ya mencionadas. Razón por la cual, esta Soberanía, al impulsar el ahorro como una temática conjunta, propone modificar algunos de sus términos:

• Se propone la deducibilidad al 100% de las aportaciones para los fondos de ahorro, independientemente de su monto, y de las demás prestaciones sociales en favor de los trabajadores.

• Para estimular el ahorro voluntario o complementario en las cuentas individuales en la Afores o en planes personales de retiro, se propone la eliminación de los límites a las aportaciones de ahorros voluntarios o complementarios para el retiro, así como los cobros de impuestos por retiros anticipados de dichos fondos.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 8o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la fracción XI del artículo 27; el penúltimo párrafo del artículo 134; artículo 135; y la fracción V del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un inciso g) al artículo 54 y se derogan las fracciones XXX del artículo 28, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 8o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo III. De la transparencia en relación con los Medios de Disposición y en el otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos.

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del CAT, en relación con los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen las Entidades. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de los créditos, préstamos o financiamientos a los que será aplicable el CAT.

El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT nominal y real. En dichas disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de las operaciones a los que será aplicable la GAT. Tratándose de la GAT real, publicará la mediana de las expectativas de la tasa de inflación esperada para 12 meses siguientes, en períodos de 90 días, para efecto de cuantificar los intereses reales a que se refiere el tercer párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Segundo. Se reforma la fracción XI del artículo 27; se deroga la fracción XXX del artículo 28; se adiciona un inciso g) del artículo 54; se reforma el penúltimo párrafo del artículo 134; se reforma el artículo 135; se reforma la fracción V del artículo 151; se elimina la fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

XI. ...

En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstassólo serán deducibles cuando,además de ser sean generales en los términos de los párrafos anteriores,el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el Reglamento de esta Ley

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I.

...

XXX. Se deroga

...

Artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda, y se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses, así como el impuesto retenido.

No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de:

I. Intereses que se paguen a:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) Las personas físicas que hayan percibido ingresos en instrumentos de depósito y ahorro que devenguen intereses cuyos rendimientos reales, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros haya sido inferior al nivel de inflación durante el periodo de inversión, conforme a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley.

Artículo 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta Ley, están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses señalados en el primer párrafo del artículo 54 de esta Ley, no habrá lugar a la retención en el supuesto del inciso g) de la fracción I del mismo numeral por el período trimestral que reporten intereses reales menores a los que resulten del ajuste de la inflación.

Artículo 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen.

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el cálculo a que se refiere este párrafo se realice por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo.

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión, sin considerar los intereses devengados no pagados.

Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los Capítulos I y 11 de este Título. La parte de la pérdida que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en el que aplique o desde que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, según corresponda. También se considerará como pérdida en caso de los intereses reales en los instrumentos de ahorro en el sistema financiero, sean menores a la inflación del período en que se devengaron, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 2 de la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se considerarán percibidos, para los efectos de este Capítulo, en el momento en el que se reinviertan o cuando se encuentren a disposición del contribuyente, lo que suceda primero.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

...

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias,siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, ...

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título.

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva,de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán exceder en el año de calendario de que se trate, del equivalente a $152,000.00, considerando todos los conceptos.

Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo quedarán en custodia del fondo de inversión al que correspondan, no pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas o recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de fallecimiento del titular de las acciones.

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones de los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, así como los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones de los fondos de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de los fondos de inversión, deberán considerarse, como” ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del fondo de inversión del que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ukessays.com/essays/economics/ the-role-of-savings-and-investment-inan-economy-economics-essay.php

2 http://www.elfínanciero.com.mx/economia/pagan-mexicanos-por-ahorrar- en-los-bancos.html

3 Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 151.

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.— Senadores: Héctor Flores Ávalos (rúbrica), Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, José de Jesús Santana García (rúbrica), Laura Guadalupe Herrera Guajardo (rúbrica), Sylvia Leticia Martínez Elizondo (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EFEMÉRIDE

20 ANIVERSARIO DEL INICIO DE TRANSMISIONES DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 20 aniversario de inicio de transmisiones del Canal del Congreso de la Unión.

Se han registrado para referirse a este tema, los diputados siguientes, que tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Llamando al primero de los registrados, el diputado Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social.

El diputado Abel Cruz Hernández: Honorable asamblea, la bancada legislativa del Partido Encuentro Social en esta Cámara se suma a las expresiones que conmemoran su vigésimo aniversario.

Podríamos hacer una reseña de lo que los mexicanos hemos visto y escuchado a través de sus ondas, sin embargo, lo que es a considerar es su misma existencia. Existencia en la que dos han sido sus principales virtudes: la pluralidad, bajo la cual todas las voces sin censura se han expresado en toda su libertad.

Cuando apuntamos que todas las voces, nos referimos también a las de la sociedad civil. Sí, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector empresarial, los científicos, los colegios de profesionistas, las universidades, los artistas, los luchadores, los payasos, los charros, hasta un astronauta.

La lista es larga y no se agota, han dicho sus palabras en el Canal. Todos ellos por medio de los foros, los coloquios, la mesa, las conferencias que el Canal del Congreso ha transmitido en vivo. La transmisión en vivo del diálogo de los actores políticos que todos los días toman decisiones que afectan nuestras vidas cotidianas es la normalidad en el Canal.

Sí, hoy, en vivo y en directo, los mexicanos nos enteramos de lo que dicen los partidos con representación en el Congreso. Gracias al trabajo del Canal del Congreso somos testigos de las palabras y de los dichos, de los votos de los partidos en las Cámaras.

Otro paradigma en el cual ha estado a la vanguardia es la introducción de un intérprete de lengua de señas mexicanas en las transmisiones de las sesiones en pleno de sus Cámaras.

Fuimos de los primeros canales del parlamento en el mundo que con esta medida garantizamos el derecho humano a la información a más de dos millones de personas con discapacidad auditiva en la nación. El Canal, junto con la Gaceta Parlamentaria, son las ventanas del Congreso con la ciudadanía.

En Encuentro Social festejamos y reconocemos las decisiones que se han tomado para fortalecer este medio del parlamento nacional. Una de esas decisiones es la difusión por televisión abierta de su programación.

Hoy, más mexicanos son testigos de lo que los diputados y los senadores hacemos. El Canal de la Unión, la visión de diálogo, son manifestaciones que a sus 20 años de vida aún no llegan a ser la voz de los que no tienen voz.

No hemos sido capaces aún de abrir espacios permanentes a la sociedad civil para que produzca sus programas en nuestra señal. Programas que fortalezcan sus expresiones sociales.

Conminamos a la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a que abramos programas para las organizaciones sociales.

Encuentro Social, a 20 años de vida del Canal del Congreso, se manifiesta a favor de todas las propuestas que fortalezcan a nuestro Canal.

Signemos una propuesta para que el personal que colabora en el Canal del Congreso sea parte del servicio profesional de carrera de esta Cámara, para que se dé seguridad laboral a quienes transmiten nuestras actividades.

Encuentro Social llama a la Junta de Coordinación Política, a que realice lo que haya lugar para que los trabajadores del Canal se integren al personal del servicio profesional de carrera.

Encuentro Social votará a favor de esta medida, en cuanto la Junta lo proponga. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada María Ávila Serna

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Abel Cruz Hernández. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto. Hace 20 años, el 18 de marzo de 1998, se iniciaron las primeras transmisiones del Canal de Televisión del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Surgió como un instrumento para consolidar la vida democrática de nuestro país, pero también para alimentar permanentemente la cultura cívica de la sociedad.

Durante dos décadas se ha encargado de reseñar y difundir la actividad parlamentaria, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la realidad nacional, vinculada con la actividad legislativa propiciando un acercamiento con la sociedad mexicana.

Convertido en una productora de contenido de interés general, con el paso de los años ha consolidado su presencia como la principal fuente de información de la función parlamentaria en el país.

Resulta relevante mencionar que, asumiendo los retos y oportunidades que los adelantos tecnológicos imponen, se llega a este vigésimo aniversario con la inauguración de una nueva planta transmisora con tecnología de vanguardia.

Con la apertura de la estación en el cerro del Chiquihuite, se estima que la señal se extenderá a nueve millones de habitantes en el área metropolitana, cifra que se sumará a los 18 millones de espectadores que obtuvo en 2015 al inicio de la operación de la televisión abierta digital.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos y valoramos la importancia del Canal del Congreso y de los espacios democráticos, plurales e incluyentes con los que cuenta, lo cual permite garantizar el derecho de los ciudadanos de estar informados respecto a los asuntos que aquí se discuten y que impactan con su vida cotidiana.

De igual manera hacemos un reconocimiento a la directora del Canal, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena por su gran compromiso y sentido de responsabilidad, así también como a todo el personal y equipo de trabajo del Canal del Congreso. Muchas felicidades y enhorabuena. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Enseguida tiene el turno en el uso de la voz, el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. En los últimos 20 años el Estado mexicano ha ido siendo capturado por los poderes fácticos de este país, y ha sido capturado con la complacencia de los servidores públicos de los partidos políticos de quienes tenemos un rol que jugar.

Cuando inició el Canal de Congreso, en una legislatura brillante a la que llegaron aquí a dirigir las bancadas de la oposición figuras emblemáticas de la lucha democrática en México, cuando inició el Canal del Congreso este país gastaba alrededor de 2 mil 500 millones de pesos en publicidad oficial cada año. El gobierno le dedicaba eso a promocionar la publicidad oficial.

Este año, el gobierno mexicano le destinará en números cerrados 10 mil millones de pesos en publicidad oficial, y ha destinado en los últimos 4 años 36 mil millones, excediéndose prácticamente cada año al doble de lo que hemos aprobado.

El Canal del Congreso es parte de una red de medios públicos incipiente en el país, que se ha ido deteriorando en los últimos años. En 2013, por ejemplo, el Canal 11 recibía 619 millones de pesos de presupuesto público, y en 2016 cerró con menos de 420 millones de pesos ejercidos de presupuesto.

El Canal 22 en 2013 ejercía 232 millones de pesos, cerró 2016 con 170. El Instituto Mexicano de la Radio, que tiene 18 emisoras, que tiene una gran calidad, pasó de 232 millones de pesos a 170 millones de pesos, y Radio Educación, que es una radiodifusora que es orgullo nacional, que es ejemplo internacional de contenidos, redujo su presupuesto de 98 millones en 2013, a 76 en 2016.

El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, del cual depende el Canal del Congreso, también ha venido reduciendo su presupuesto año con año. El argumento para los medios públicos del presidente Peña Nieto, del gobierno del PRI, es que no hay dinero, pero le han dedicado 36 mil millones de pesos en 4 años a la publicidad oficial. Casi la mitad de ese dinero, a las televisoras y prácticamente el 20 por ciento, 7 mil millones de pesos, a Televisa. Por eso vemos la cobertura mediática de las campañas electorales.

El Financiero publica mes con mes un reporte de cobertura mediática y valúa esa cobertura mediática en pesos y centavos, y si es una cobertura negativa o positiva. Mientras el 98 por ciento de la cobertura que recibe de los medios el candidato del PRI es positiva o neutral, más del 60 por ciento de la cobertura que recibe el candidato del Frente Ciudadano por México es negativa. Lleva más de mil 500 millones de pesos en los últimos cuatro meses de cobertura negativa. Están regresándole al PRI el favor prestado con la publicidad oficial.

Por eso la semana pasada, acatando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentamos una iniciativa para regular el 134 constitucional y limitar el gasto en publicidad oficial al 0.15 por ciento del gasto corriente total de cada dependencia y que además esté expresamente prohibido en la ley aumentar, amplificar, modificar el gasto en publicidad oficial, salvo cuando una emergencia nacional así lo amerite y además eso también va a estar regulado y topado en proporciones que hoy no lo está.

La defensa de los medios públicos es una defensa de nuestro espacio de vocación, no debería de estar al arbitrio de una ideología o de una conveniencia político-electoral. La carrera de cualquiera de ustedes podría ser destruida por cualquier medio de comunicación, sin prácticamente tener un contrapeso desde lo público, porque así conviniera a sus intereses comerciales.

Nos podemos ver en el espejo de lo que ha pasado con el corporativo de Fox en Estados Unidos o en el Reino Unido, y de cómo se ha ido deteriorando la credibilidad de los partidos políticos, de los Parlamentos y de nuestra propia vocación por la política. Podríamos hacer un alto en el camino y decir: Nos desviamos, cedimos un espacio que tenía una naturaleza pública a favor de intereses comerciales, de intereses privados, creyendo que ese pacto nos iba a favorecer.

Porque además el intercambio que se hace con las televisoras, con los medios de comunicación, dura lo que dura el encargo. Dejas de ser el secretario que les da el dinero, dejas de ser el funcionario que está en contubernio con ellos y se acaba el pacto de impunidad y van a atacarte.

¿A cuántos compañeros políticos, legisladores, parlamentarios, no hemos visto que ese código de comportamiento les ha aplicado las televisoras y los medios de comunicación?

México merece que, al conmemorar los 20 años de una decisión afortunada, como fue la creación de este Canal del Congreso, hagamos un alto en el camino y nos creamos en serio el rol que tenemos. Este Poder Legislativo debe delimitar el gasto excesivo en publicidad oficial y reorientarlo hacia medios públicos.

No es posible, de verdad es vergonzante, que Radio Educación reciba lo que recibe Televisa por semana. Es una vergüenza que le demos eso a un puntal, para mucha gente que recibe solamente información a partir de ese tipo de instrumentos.

Si queremos honrar los medios públicos debemos modificar la relación del Estado mexicano con todos los medios de comunicación y, fundamentalmente, relanzar la naturaleza pública de esta batalla central para la democracia. Gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Llamamos a la tribuna a la diputada Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México, para su participación.

La diputada Lia Limón García:Con la venia de la Presidencia. La difusión de las ideas y de los debates parlamentarios dignifica y transparenta la labor legislativa.

El Canal del Congreso es ante todo un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, quienes nos observan pueden no solo conocer y enterarse, sino formarse una opinión crítica del trabajo parlamentario que realizamos.

El Canal del Congreso, a 20 años de iniciar transmisiones, es un ejemplo de televisión pública, que ha enriquecido no solo la vida parlamentaria, sino también la vida democrática mexicana.

Es un medio público con plena libertad editorial, de expresión, que aglutina voces y opiniones diversas, que fomenta el debate y la discusión pública, pero ante todo satisface el derecho a la información de los ciudadanos sobre el quehacer parlamentario.

Cuántas veces no hemos participado nosotros mismos en debates en el Canal del Congreso con compañeros diputados de otros partidos. Con debates intensos sobre distintos temas de interés nacional y el que las personas, el público en general pueda observar estos debates, no solo los que se dan aquí en tribuna, sino los que se dan también en foros específicos del Canal del Congreso, permite a la ciudadanía formarse criterios sobre temas específicos de interés.

Gracias al Canal del Congreso podemos llegar a los hogares mexicanos, los ciudadanos pueden conocer además nuestras propuestas e ideas y se genera una discusión en torno a los asuntos públicos. Es decir, es también una herramienta no solo de transparencia, sino una herramienta que nos acerca a los ciudadanos.

A finales del siglo XX, precisamente en la década de los noventa, nuestro país atravesaba una transformación social y política, en donde cobró mayor relevancia el contrapeso existente entre los Poderes del Estado al aumentar la diversidad de fuerzas políticas al interior del Congreso.

Con una sociedad que exigía cada vez una mayor participación en la toma de decisiones gubernamentales, la necesidad por conocer el trabajo de los representantes electorales fue considerada como una manera de acercar a los ciudadanos con los legisladores.

Recordemos que el acceso a la información es uno de los elementos necesarios para el fortalecimiento democrático de nuestro país y por eso justamente, como una herramienta de transparencia, se crea el Canal del Congreso en el año 1998, que fue uno de los pasos más importantes en el acercamiento de este órgano legislativo a los ciudadanos.

Hay que señalar que el primer director del Canal del Congreso es un compañero diputado nuestro: Virgilio Caballero, que está aquí presente, que fue quien se encargó de ser el primer director.

Sin duda alguna, en congruencia y después de un arduo proceso legislativo, el 18 de marzo justamente del 98 fue cuando iniciaron las transmisiones del Canal del Congreso.

Esta emisora tiene una clara vocación de servicio público, pues fue creada para difundir e informar las actividades que se realizan en el Congreso, tales como las sesiones del pleno y las reuniones de las comisiones donde se discuten prácticamente todos o la mayoría de los temas de interés nacional.

En principio, la transmisión de las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados fue posible gracias a la participación, menciono, de tres elementos: el esfuerzo del Poder Legislativo, el acuerdo que lograron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el compromiso de la entonces Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable. En aquel entonces el Canal del Congreso necesitaba de la Secretaría para poder transmitir, hoy ya no.

Este último organismo empresarial hizo posible la transmisión de la señal del Canal del Congreso mediante el uso de un segmento satelital, cuyo uso se destinó exclusivamente para este fin y gracias a ello fue posible la divulgación del trabajo legislativo, inicialmente a través de la televisión por cable.

Siguiendo esta encomiable labor de difusión, en agosto de 2015, en este periodo legislativo, la Comisión Bicameral de la LXII Legislatura, todavía la pasada legislatura hizo el anuncio oficial de la transmisión del Canal del Congreso por televisión abierta digital.

Y justamente fue en esta legislatura, ya a cargo de la actual directora del Canal del Congreso que aquí nos acompaña, Blanca, que el Canal transitó hacia la televisión digital, a la cual ya está plenamente incorporado. Es decir, el proceso del apagón analógico, que también aplicó a las televisiones públicas, el Canal del Congreso lo logró de manera muy meritoria con los recursos que tiene y hoy ya está completamente, cien por ciento, digitalizado. Incluso, hoy Blanca nos anunciaba además que ya habrá robots que permitan una mejor transmisión. Felicidades, Blanca, por tu trabajo.

A dos décadas de iniciado este proyecto, hoy es posible la transmisión vía Internet desde cualquier lugar, además de que se puede acceder a su videoteca. Hay que decir que se ha hecho un esfuerzo también importante por tener mejores herramientas a través de Internet para transmitir.

Por último, decir que seguimos y seguiremos apoyando el fortalecimiento del Canal del Congreso. Hoy tienen más recursos que antes, espero que así siga siendo cada año para enriquecerlo, porque el enriquecimiento del Canal del Congreso hace más transparente nuestro trabajo. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Hoy en su carácter de diputado, pero por derecho propio al ser fundador del Canal del Congreso, llamamos al diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo de Morena, para su participación.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a finales del siglo pasado la vida política de nuestro país vivió diversos cambios de carácter institucional, sobre todo en los órganos de representación del Estado, en particular el Poder Legislativo.

Desde la ruptura interna del partido en el poder en la década de los ochenta, la oposición fue avanzando y derrotando paulatinamente al partido hegemónico en algunos territorios históricamente controlados por el aparato estatal. Las reformas político-electorales que se diseñaron e implementaron en las siguientes dos décadas detonaron la pluralidad y fórmulas medianamente democráticas para lograr acceder al poder.

El punto de quiebre de esta etapa de la historia política contemporánea se da en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y se configura una correlación de fuerzas distinta a la inercia del autoritarismo y las prácticas antidemocráticas.

Esta nueva configuración permitió que se lograra un piso mínimo de entendimientos entre legisladores provenientes de ideologías diversas.

Fue entonces cuando la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LVII Legislatura de esta Cámara me encargó la planeación, diseño, estructuración y puesta en marcha para elaborar la iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva.

En los primeros meses de 98 el Congreso de la Unión designó una comisión plural integrada por tres representantes de las principales fuerzas políticas de cada una de las Cámaras, a la que se le denominó Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso.

Este órgano colegiado es el encargado de normar las actividades del Canal, incluyendo contenidos, operación, planeación, administración, entre otros aspectos.

Finalmente, el 18 de marzo de 98 se transmitieron las primeras sesiones de ambas Cámaras, ello fue posible gracias a tres actores fundamentales: el impulso del Legislativo, el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el compromiso de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, la Canitec.

Posteriormente, el Poder Legislativo reformó la Ley Orgánica del Congreso General y fue así como el 31 de agosto de 1999 se registró la existencia del Canal del Congreso, que tuve el gran honor de dirigir durante cuatro años. Este esfuerzo colectivo por fundar el Canal tuvo como punto de confluencia el poder contar con otro instrumento para consolidar la vida democrática del país, pero también para alimentar permanentemente la cultura cívica de la sociedad mexicana.

Actualmente el Canal se transmite por más de 700 cable operadoras, con una cobertura de más de 58 millones de televidentes en la industria de la televisión restringida de paga. Sin duda alguna, una gran conquista es haber obtenido la señal abierta, lo que procurábamos desde el primer momento cuando lo estábamos creando, ya que se sumarán más de 18 millones de espectadores que podrán ver el canal de forma gratuita.

Es un hecho que la señal del Canal del Congreso es una gran aportación a la vida democrática de México, ha permitido el acceso de mucha gente al trabajo de las Cámaras, a donde antes solo entraban privilegiados, además de los legisladores y la prensa.

Por increíble que parezca, el nacimiento del Canal no fue fácil, porque hubo que luchar en contra de algunos legisladores que se oponían solapadamente a su existencia. Actualmente en 60 países se transmite, en distinto formato tecnológico, las sesiones legislativas de sus Congresos. Los modelos más avanzados a nivel mundial son los de Estados Unidos, Francia, Brasil, México, Perú, Venezuela y Colombia.

En el marco de la comunicación en la era digital a escala global, nuestro Canal del Congreso ha evolucionado e incursionado en plataformas digitales. Actualmente cuenta con perfiles en Facebook, Twitter, YouTube, además de una cobertura y difusión de la programación con la capacidad de transmitir seis eventos de manera simultánea vía streaming.

El Grupo Parlamentario de Morena reconoce el trabajo que se ha realizado en estos primeros 20 años y felicita a todo el personal, con mucho cariño, que hace posible las transmisiones cotidianas del Canal del Congreso.

Para nosotros es imprescindible que los asuntos que se tratan en el Poder Legislativo sean de conocimiento público en aras de construir una ciudadanía que se integre a las dinámicas de transparencia y rendición de cuentas.

La relación representante-representado no debe ser pasiva ni debe circunscribirse a una participación relativa que se da cada tres años. Por el contrario, al ser el Canal un instrumento que puede llegar a todos los hogares de México, se debe generar una tendencia democrática en la cual la ciudadanía esté en contacto permanente y debidamente informado de la labor legislativa. Muchas gracias, compañeros.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para el diputado Armando Soto Espino, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Armando Soto Espino:Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Es realmente un acontecimiento importante conmemorar y celebrar los primeros 20 años de existencia del Canal del Congreso.

Lo que empezó como una idea, un sueño difícil de alcanzar, hoy es una realidad. Paso a paso este canal, nuestro canal, ha ido consolidando como nuestra ventana hacia México y al mundo.

La vida del Canal del Congreso de la Unión ha ido de la mano con la apertura democrática en México y sin duda, hoy por hoy es un símbolo de nuestra compleja transición a la democracia y es un foro que expresa, cada vez con más fuerza, las diferentes ideologías políticas, y que además es un espacio de libertad de pensamiento y expresión de todos en esta Cámara, y en general del Congreso.

Todos y todas en esta legislatura, y en las legislaturas venideras, debemos cuidar, preservar, aquilatar y robustecer. Por fin, después de mucho tiempo de intentarlo, hemos logrado pasar de las transmisiones por cable a las transmisiones en canal abierto, disponible para todo el público.

El Canal ha dado cuenta de todo el acontecer de este pleno, de sus sesiones en vivo, de las reuniones en comisiones, de los debates, foros y de la vida parlamentaria en general.

Como la televisión en nuestro país, nuestro canal empezó de manera incipiente, simplemente transmitiendo a través de su señal restringida los debates del pleno. Ahora, 20 años después, ya en canal abierto, el Canal del Congreso de la Unión se ha ido consolidando ya no solo como un canal de transmisión, sino como un canal que también hace y produce televisión, genera opinión, tiene programas de análisis y debate, es un espacio abierto para las y los legisladores, para las y los colaboradores de las Cámaras del Congreso, y por supuesto, de expertos académicos, organizaciones sociales y pueblo en general.

Ahora también ya está en marcha de manera embrionaria, el proyecto del Radio Congreso por Internet, en el portal del Canal. Tendremos que seguir impulsando este proyecto para que eventualmente consolidar una emisión radial en la banda de frecuencia modulada y de acceso para todo público.

Debemos invertir en recursos humanos, darle estabilidad y seguridad laboral a sus empleados, que son gente de alta capacidad técnica y muy comprometidos con las labores que cada uno de ellos desempeñan.

Compañeras y compañeros diputados, tengamos muy claro que nosotros debemos permanentemente que procurar a nuestro canal, y debemos invertir en él, dotarlo de recursos suficientes y tecnología de punta para que esté a la vanguardia del desarrollo de la vida política y parlamentaria del país, para que sea un poderoso instrumento del parlamento abierto, un instrumento eficaz de la transparencia y un auténtico símbolo del empoderamiento, no solo del Congreso mexicano, sino también de este pueblo que pide a gritos ser escuchado.

Y no tener duda de que el Canal y su Congreso sea un puente confiable de comunicación entre los ciudadanos y los legisladores, que además es una prioridad de nuestro grupo parlamentario y que vamos a impulsar, hasta donde nos dé fuerzas para ello, para que esto se logre. Por su atención, gracias, y muchas felicidades a todo el personal.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional.

La diputada María Verónica Agundis Estrada: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, el vigésimo aniversario del Canal del Congreso, nuestro canal de televisión, es el marco propicio para reconocer la contribución que ha hecho este medio de comunicación al fortalecimiento de nuestra democracia, pero también para asumir los compromisos legislativos necesarios que le permitan estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico.

Desde sus primeras transmisiones ocurridas el 18 de marzo de 1998, el Canal de Congreso ha realizado grandes esfuerzos para lograr su consolidación. Hace 20 años, quienes nos antecedieron en la labor legislativa, tuvieron la altura de miras para reconocer que el Legislativo debería de ser el ejemplo de la máxima exposición pública de los debates y las decisiones en el Congreso mexicano.

Hoy por hoy podemos afirmar que es ya un referente para entender y comprender la vida legislativa en el Congreso de la Unión.

A 20 años de su creación es preciso reconocer que los objetivos planteados por los legisladores fundadores de este canal de televisión se están cumpliendo, los mexicanos tenemos en el Canal del Congreso una fuente de información plural y objetiva sobre el trabajo que desarrollamos, tanto los diputados como los senadores. Gracias a sus trasmisiones, hoy los ciudadanos son testigos de nuestros debates, de cómo votamos los dictámenes, de los trabajos en comisiones, de lo que opinamos sobre los temas nacionales.

Los ciudadanos pueden ser testigos también de la forma en que en esta legislatura se ha dejado de lado la mayor virtud de cualquier parlamento de carácter deliberativo. Hoy los asuntos no se discuten con suficiencia, hoy no se abre el debate sobre los asuntos políticos, hoy la Cámara está secuestrada por el mayoriteo que imponen el PRI y todos sus aliados. No han entendido que en democracia debe haber debate, diálogo, consenso, acuerdos, reconocimiento a la pluralidad, exposición pública de las ideas.

Por eso, el Canal del Congreso representa un avance en la evolución de la política, de la democracia y de la vida parlamentaria, porque hace visible todo lo que aquí ocurre. Ha promovido la transparencia en las tareas legislativas y ha dado legitimidad a las decisiones de todos los diputados.

Su oferta programática y de contenidos es diversa, porque todas las voces están representadas con profesionalismo. El Poder Legislativo, en suma, se ha fortalecido con las labores cotidianas de nuestro canal de televisión.

En el aspecto tecnológico, el Canal del Congreso también está avanzando. Desde 2015 sus operaciones se realizan en televisión abierta digital terrestre para el valle de México, a través del Canal 45.1. De acuerdo con los datos disponibles, la señal abierta le permitió sumar 18 millones de televidentes en todo el país al número de usuarios de la televisión de paga.

En el marco de su vigésimo aniversario que hoy estamos celebrando, hace unos días fue inaugurada, justo el miércoles pasado, la estación trasmisora del Canal del Congreso en el cerro del Chiquihuite, con la finalidad de llevar la señal abierta a casi nueve millones de habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada.

Diputadas y diputados, si bien hemos consolidado la utilidad del Canal del Congreso para la consolidación de nuestra democracia, especialmente en lo que se refiere al trabajo legislativo, es oportuno reafirmar nuestro compromiso para que este medio de comunicación logre plenamente su desarrollo tecnológico, por eso es necesario seguir respaldando un mayor presupuesto para el Canal del Congreso.

Sabemos que no es fácil lograrlo, pero como diputados ese debe ser nuestro compromiso con este canal de televisión y, en la medida de lo posible, que me honra ser secretaria de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, estaremos trabajando por ello.

Este medio de comunicación surgió con vocación de servicio público y todo esto para difundir e informar a los ciudadanos sobre las actividades de sus representantes populares, que hoy somos nosotros.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su más amplio reconocimiento a todo el personal del Canal del Congreso por su aniversario: camarógrafos, conductores, editores, personas que están en la parte administrativa y, por supuesto, con mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto, a su directora Blanca Lilia Ibarra. Enhorabuena, muchas felicidades, buenas tardes a todos, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.

Esta Mesa Directiva saluda a estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de Querétaro, de las licenciaturas de derecho y administración, invitados del diputado Braulio Mario Guerra. Bienvenidos.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El turno para la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, presidenta, con su permiso. El miércoles 18 de marzo de 1998, en un día como hoy, nace el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Su primer director, nuestro compañero de esta legislatura, don Virgilio Caballero Pedraza, a quien felicitamos por ese fructífero proyecto.

Veinte años de un canal que ha sido testigo, junto con sus televidentes, del debate político en el Congreso de la Unión, un debate político que se intensificó notablemente a partir de la LVII Legislatura y que la sociedad de ese momento jugó un papel importante y determinante en una nueva integración de la composición plural del Congreso no vista antes, principalmente en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, el Canal del Congreso inició sus transmisiones con la encomienda de atender la cobertura de la actividad legislativa.

A partir del año 2000 la sociedad se volvió mucho más exigente e interesada en los asuntos públicos, misma exigencia ratificada en las urnas que hizo del Congreso de la Unión un espacio de debate y de escrutinio permanente.

El Canal del Congreso, con apenas dos años de existencia, estuvo a la altura no solo de cumplir con la cobertura legislativa, sino en comenzar a ser un referente para la cultura cívica de la sociedad mexicana.

A partir del 2005, la ampliación de su programación las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el año, fue el hecho que marcó la madurez de lo que hoy conocemos como el Canal de la Unión, con ello se reconoció el peso de este medio de comunicación para dar a conocer públicamente todo lo relacionado al Poder Legislativo, los acuerdos, los debates y aras también de transparentar la vida parlamentaria y por supuesto también la rendición de cuentas.

El Canal del Congreso ahora también es un espacio que contribuye en el análisis, la discusión pública y amplía también la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

Además, es un canal que genera contenidos permanentes y de calidad, los cuales han merecido premios y reconocimientos en numerosas ocasiones dada su calidad y la aceptación que ha recibido de sus televidentes.

Por mencionar los reconocimientos más importantes, en el 2012 fue reconocido con el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo por su destacada labor informativa, un año después obtuvo el Primer Premio Nacional de Periodismo y además ganó la Medalla de la Fundación Antonio Sáenz por los Periodistas de México, por tres años consecutivos desde el 2011. Por si fuera poco, apenas el año pasado recibió nuevamente el Premio Nacional José Pagés 2017 por el documental Historia del Constitucionalismo Mexicano.

No obstante lo anterior, hace un poco más de dos años el Canal del Congreso requería de cambios para continuar cumpliendo con su tarea, sobre todo, para resarcir algunas deficiencias de tipo operativo, continuar asegurando la calidad en sus contenidos y, por supuesto, garantizar su independencia editorial.

Conscientes de ello, la actual LXIII Legislatura asumió el compromiso de seguir haciendo del Canal del Congreso la mayor herramienta para la difusión legislativa, y fue así que en noviembre del 2016 las diputadas y los diputados aprobamos su autonomía técnica de gestión, el goce de independencia editorial, garantías de participación ciudadana, reglas para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos y de un pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideo-lógicas, étnicas y culturales entre uno de los muchos beneficios.

Con esta reforma, el Canal del Congreso primero transitó como un órgano de transmisión de sesiones a un auténtico canal de televisión y obtuvo nuevas herramientas para modernizarse y ser más eficaz en su objetivo: transmitir ampliamente la función legislativa, y por supuesto, comunicar con claridad el proceso y los resultados de las tareas realizadas.

Renovado el Canal del Congreso no ha dejado de modernizarse permanentemente. Apenas hace unas semanas fue instalada una estación transmisora en el cerro del Chiquihuite, permitiendo llevar la señal abierta a casi nueve millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Así también se presentó una aplicación digital para transmitir en tiempo real las sesiones del Congreso de la Unión, colocándose, como ven ustedes, a la vanguardia en esta materia.

Esto lo hace uno de los medios legislativos más desarrollados y de referencia en toda América Latina. Con 26 millones de televidentes potenciales, con la señal digital abierta, con cerca de 300 mil seguidores en las redes sociales y con una producción del 90 por ciento de su programación, el Canal del Congreso refrenda su compromiso de ser un cristal transparente entre el Poder Legislativo y el escrutinio de la sociedad.

A quienes son, y han sido, parte de este gran proyecto, que es el Canal del Congreso, nuestra felicitación por su trabajo. También nuestro reconocimiento por su gran compromiso.

Felicitamos el entusiasmo de la directora general Blanca Lilia Ibarra Cadena, a Jorge Islas López, el defensor de audiencia y a todos y todas las personas que forman parte de nuestro querido Canal del Congreso. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. La Mesa Directiva se suma a las manifestaciones que se han realizado por todos los partidos políticos representados en esta Cámara.

Felicitamos al personal y a los directivos que conforman el esfuerzo diario del Canal del Congreso. Nuestro reconocimiento a los directores que le han servido: a don Virgilio Caballero Pedraza, a don Guillermo Montemayor Gómez, a doña Leticia Araceli Salas Torres y a su actual directora general, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Nuestra felicitación por este esfuerzo diario y el avance que, desde la LVII Legislatura a la fecha, han alcanzado con su esfuerzo, el cual es evidente ante el auditorio de este Canal. Nuestra felicitación, que le pedimos a la maestra haga extensiva a todo el personal del Canal del Congreso.

Antes de pasar al siguiente punto del día, mencionamos y le damos la bienvenida al doctor Jaime Edelson Tishman, presidente de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana, e Irlanda Flores Millán, coordinadora de Comunicación de la Asociación Dental Mexicana, invitados por la diputada Julieta Fernández.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: En la primera ronda de iniciativas tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Arlet Mólgora Glover, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación en materia de salud bucodental, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Arlet Mólgora Glover:Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Es un gusto presentar esta iniciativa en nombre de mis compañeras y compañeros diputados: Julieta Fernández, Montserrat Arcos, Miguel Ángel Sulub y del diputado dentista de profesión Alfredo Bejos y una servidora aquí presente, para someter a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Oral.

Día para recordar los beneficios de una boca saludable y para hacer consciencia a nivel mundial sobre la salud bucodental y la importancia de cuidar la higiene bucal en todas las edades. Nuestra salud y la de nuestros hijos es motivo de preocupación cotidiana, independientemente de nuestra edad, género, condición socioeconómica u origen étnico, consideramos que la salud es el bien más básico y preciado que tenemos.

Nuestra Constitución en su artículo 4o. garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud y establece la obligatoriedad del Estado para proveer a la población sin excepción de ninguna persona de los servicios médicos y de la protección familiar necesaria a fin de conservar su salud.

Por ello, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así mismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para elevar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella para que se disfrute de toda una gama de factibilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Las enfermedades bucales se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud de nuestro país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar, laboral y del costo de atención y falta de prevención y atención temprana. Esto hace necesario la instrumentación de políticas en materia de educación y prevención en los niveles principalmente de preescolar y de primaria.

Al aprobarse esta iniciativa se traducirá en una menor carga económica al sistema de salud al padecer menos enfermedades bucales y crónico degenerativas, ya que debemos seguir trabajando en la educación para la salud de la niñez de México.

Para promover la salud bucal, cada niña, cada niño debe tener acceso a educación sobre la salud bucal incluyendo instrucciones de higiene bucal y consejo sobre alimentación, intervenciones preventivas que sean adecuadas a la infraestructura y prioridades de nuestro país y ambientes que eliminen la publicidad de comidas no saludables para los niños.

A través de una buena salud bucal, todas las niñas y niños tendrán las mismas oportunidades para crecer con salud y alcanzar su potencial máximo. Es por ello que, como política pública, el Estado debe dar prioridad a conservar la salud y disminuir las enfermedades bucodentales en la población mexicana estableciendo acciones específicas de promoción, prevención, limitación del daño y rehabilitación, aplicando estándares de calidad, equidad y trato digno mediante modelos basados en evidencia y optimización de recursos enfatizando a la salud bucal como parte de la educación y salud integral del individuo y la comunidad.

En este sentido, agradecemos la presencia y el apoyo de las asociaciones médicas y civiles que han manifestado el apoyo y la colaboración con el gobierno federal para implementar medidas relacionadas con la prevención de enfermedades bucodentales, aquí presentes.

Por todo lo anterior expuesto es que sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa que adiciona un párrafo nueve Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación, a fin de realizar y fomentar programas de educación sobre la salud bucodental, así como la práctica de hábitos de higiene dental. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos a los alumnos de la Universidad Iberomexicana del Estado de México, de la carrera de derecho, invitados por el diputado Ángel II Alanís Pedraza, y a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Salvatierra, de la Facultad de Política Económica, y estudiantes de la Universidad Autónoma de México de la Facultad de Economía, a invitación del diputado Juan Romero Tenorio. Muy bienvenidos todos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, le concedemos el uso de la palabra, hasta por diez minutos, a la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Marisol Vargas Bárcena:Gracias, presidenta, con su permiso. En México se ejercen por día de las contrataciones públicas, más de 500 mil millones de pesos anualmente.

Este enorme poder de compra influye sustancialmente en la vida económica, social y política del país. Sus efectos potenciales pueden provocar ventajas en materia social, medioambiental, de innovación y para apoyos para las Mipyme, que repercutan positivamente en la economía y bienestar de los mexicanos.

A esta potencialidad se le denomina contratación pública estratégica. A nivel internacional la contratación pública ha dejado de ser solo un medio para el abastecimiento de productos o servicios de la mejor calidad posible al menor precio, para transformarse en una herramienta que impulsa la implementación de políticas públicas para el desarrollo económico, social y el bienestar.

El sistema de compras públicas en México tiene su base constitucional en el artículo 134, en él se ordena que los recursos públicos sean administrados conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se hagan mediante licitaciones para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Sin embargo, no se encuentra considerado como un principio a la contratación pública estratégica. No obstante, se considera en forma circunstancial dentro de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Según la OCDE, las compras públicas representan en promedio el 29 por ciento del producto interno bruto de los países miembros, en tanto para el caso de México, es del 20 por ciento.

La reforma que se propone servirá para que la aplicación del dinero público en México no pierda de vista objetivos esenciales de desarrollo, de desarrollo económico, social e institucional duradero al tiempo en que se perfeccionan las previsiones de transparencia, participación social y rendición de cuentas que se requieren para enfrentar la amenaza de prácticas corruptas.

Se trata en síntesis de una solución que permitiría aprovechar la contratación pública para dar cumplimiento a objetivos de políticas públicas concretas para el desarrollo nacional, al tiempo que se evitan y combaten actos de corrupción.

En esta reforma constitucional establece como un principio la compra pública estratégica en el ejercicio de los recursos públicos, con el objetivo de trascender a los cambios en la administración pública o bien a cada proyecto sexenal.

Esta reforma se inscribe en la necesidad de fijar los principios y criterios para una mejor gobernanza, una mejor forma de gestionar los asuntos públicos, de modo que se logre un desarrollo económico, social e institucional duradero y, sobre todo, se establezca las bases del derecho a una buena administración. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA POR EL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, acaecido el 10 de abril de 1919.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Con su venia, presidente. Compañeros diputados, hoy quiero proponerles que aprueben que la Casa de Moneda de México emita una moneda conmemorativa por el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata, quien fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, del estado de Morelos.

Para sustentar mi propuesta brevemente debo decirles que el general Emiliano Zapata es una de las figuras más importantes de la revolución mexicana, y no solamente de la revolución mexicana, sino de la historia de México. Es uno de los personajes mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

Él es uno de los mexicanos que ha trascendido nuestras fronteras y prueba de ello es que a lo largo del siglo XX se convirtió en el símbolo del agrarismo en el mundo, porque representa la lucha de los campesinos por la justicia y libertad.

Es importante recordar el legado de Emiliano Zapata porque la revolución mexicana cambió las estructuras políticas, económicas y sociales del país sobre las cuales se construyó la historia del siglo XX mexicano y porque parte de ese cambio se debió a la resolución del problema agrario. La revolución fue una revolución campesina hecha por los sectores agrarios pobres de una buena parte de la república, quienes pugnaron por cambiar el régimen de propiedad.

Como ustedes lo saben, antes de este movimiento social el campo estaba dominado por la hacienda y los latifundios, pero la revolución acabó con los terratenientes y les permitió a los campesinos mexicanos adquirir la tierra.

De esa manera, la revolución zapatista acabó con ese modo de producción y convirtió a los campesinos ejidatarios y comuneros en actores centrales del desarrollo agrícola. Con ello se produjo una de las grandes reformas agrarias más profundas y amplias en la historia latinoamericana, porque además se les entregó la tierra a millones de campesinos cuando más de la mitad del territorio nacional estaba en manos privadas.

Luego entonces, es indudable que se trató de una reforma agraria sin precedentes, que se armoniza con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional.

Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur fueron una parte sustancial de la solución del problema agrario y, por eso, mi general es el símbolo del agrarismo por antonomasia. De ahí la importancia de recordar su figura, pues indudablemente representa la Revolución desde la visión de los campesinos que cambiaron al país para poder tener tierra y libertad.

Por eso me parece muy importante que, para la conmemoración del centenario de la muerte de Emiliano Zapata, ustedes autoricen que la Casa de Moneda de México emita precisamente una moneda que permita a los mexicanos unirse a un acontecimiento cívico de gran envergadura.

Al respecto, debo mencionarles que desde hace varios años el Banco de México ha utilizado la acuñación de monedas y la emisión de billetes para conmemorar hechos de importancia nacional, con la doble intención: uno, de ser de curso legal o de cuño corriente y, la otra, para conmemorar eventos relevantes, como es este caso.

Por lo anterior es que atentamente les pido que sea esta LXIII Legislatura la que apruebe la emisión de una moneda conmemorativa del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, como un justo homenaje a un mexicano que contribuyó a construir el México que ahora tenemos, y más aún, porque en estos momentos es cuando más debemos recordar y conmemorar a nuestros héroes. Por mi parte, es todo, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Gracias, presidenta. Les quiero informar aquí a mis compañeros diputados de esta legislatura que Morena ya cuenta con 19 universidades en los municipios, en algunos de los municipios que gobierna. Con su venia, presidenta diputada.

Como es de su conocimiento, el 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización, UMA.

Lo anterior para estar en posibilidades de realizar la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera, con la finalidad de poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo.

De igual manera, el transitorio cuarto del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, se confiere la obligación al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones que corresponden a las leyes u ordenamiento de su competencia.

Cito: Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas, federal, estatal, del Distrito Federal y municipios deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia según el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Con base en lo anterior, es que se hace necesario legislar para eliminar las referencias de salario mínimo a que se refiere la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Por otro lado, con fecha 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México.

En consecuencia, no solo es un cambio que implica la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, sino que representa una vorágine que transforma la vida política de la ahora Ciudad de México, misma que derivada de esta forma se le reconoce como una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política-administrativa, cambiando también la forma de organización política de las que se conocen al día de hoy como delegaciones políticas para ser alcaldías que en la especie quedan homologadas a lo que hoy conocemos como los municipios.

En este orden de ideas también se debe integrar la referencia de alcaldía, donde se hace referencia a los municipios en la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna.

En conclusión, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dada la trascendencia que tiene la Ley de Amparo en la vida jurídica del país y del ciudadano, ya que no solo implica el cambio de referencia del Distrito Federal por Ciudad de México, sino la integración de las alcaldías donde se hace la referencia a los municipios, ello aunado a la desindexación del salario mínimo, conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización, UMA, en razón de que es un pendiente legislativo de esta Cámara de Diputados del cual debemos legislar de manera inmediata. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Ávila Serna

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en materia de geoparques, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, quien hará uso de la voz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, quiero dar una cordial bienvenida a estudiantes ganadores del Concurso de Interpretación del Himno Nacional, de la Escuela Telesecundaria 81, quien se llevó el primer lugar. Segundo lugar del Concurso de Interpretación del Himno Nacional, a la Escuela Telesecundaria 265, invitados especiales del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez. Bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Es para mí un honor el estar hoy frente a ustedes y presentarles una iniciativa en materia de geoparques, un trabajo que es resultado de la suma de esfuerzos y que nos permitió a los integrantes del Partido Verde Ecologista de México y al diputado Francisco Martínez Neri encontrar las coincidencias necesarias para construir un proyecto conjunto en beneficio de nuestro patrimonio geológico.

Como sabemos, cada país tiene sus políticas para la protección de su flora y su fauna, de sus bosques y selvas. En México seguimos trabajando para lograr un equilibrio entre seres humanos y naturaleza, y en la búsqueda por esa armonización es que estamos conscientes de que falta aún camino por transitar.

Uno de esos pendientes que tenemos es en materia de geoparques, un término que fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1999, con la creación de un programa global.

Fue entonces cuando los geoparques quedaron establecidos como áreas definidas que presentan rasgos geológicos de especial relevancia, rareza o belleza. Estos rasgos son representativos de la historia geológica, de un área en particular y de los eventos y procesos que la formaron.

Los geoparques surgen en Europa, siendo Francia, Alemania, Grecia y España los socios fundadores, y desde entonces su número ha ido en aumento con un total de 127 geoparques repartidos en 35 países.

Los geoparques mundiales buscan aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguran que los geoparques son motivados principalmente para explicar la evolución geológica de un lugar, por lo que se deben concretar todas aquellas acciones que vayan direccionadas hacia su conservación.

En un carácter esencial, la cooperación de la población resulta fundamental para asumir una responsabilidad de cuidado, difusión y gestión de este patrimonio intangible que representa parte importante de su herencia cultural.

En todo este contexto, y gracias a los esfuerzos de los Institutos de Geofísica y de Geografía y de las comunidades, es que México cuenta con la declaración de dos geoparques mundiales por parte de la Unesco, los cuales son la Comarca Minera en Hidalgo y la Mixteca Alta en Oaxaca, ubicándonos con esto entre los primeros cuatro de Latinoamérica, acompañando a Brasil y Uruguay.

El geoparque Comarca Minera cuenta con paisajes geológicos privilegiados, como Peña del Aire o los Prismas Basálticos que fueron descritos y bosquejados por el explorador Alexander Von Humboldt y que son considerados dentro de las 13 maravillas naturales de México.

La Mixteca Alta tiene las características de paisajes que derivan de la erosión y son resultado de la interacción entre sociedad y naturaleza durante al menos cuatro mil años y demuestran presencia humana desde hace cinco milenios. Esta zona incluye aspectos tangibles e intangibles, ante esto México requiere seguir avanzando en su legislación ambiental de una manera integral y eficiente, razón por la cual estamos seguros de que se deben privilegiar todos los componentes, porque en ese desarrollo simétrico será posible atender ampliamente todas y cada una de sus vertientes.

La divulgación del patrimonio geológico es imprescindible para que se tome consciencia de su gran valor. El día de hoy los geoparques han adquirido una relevancia fundamental y representan un área de oportunidad que puedan unificar la preservación, el desarrollo económico y social local. Ante esto debemos avanzar hacia el reconocimiento de los geoparques, mismos que son excelentes herramientas para la divulgación, promoción y conservación del invaluable patrimonio geológico.

Es en ese sentido es que el día de hoy estamos presentando iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de reconocer a los geoparques como áreas naturales protegidas, con lo que buscamos que se garanticen las acciones de conservación y preservación de estos importantes espacios definiendo lo que es un geoparque, así como su consideración como área natural protegida, el establecimiento de subzonas, y por último, la importancia de que solo se puedan realizar actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, con la preservación de sus elementos, así como a la investigación, turismo y educación.

En este tenor, compañeros, el día de hoy solicitamos su valioso respaldo para que de ser posible logremos avanzar en un tema tan noble y de gran trascendencia. Estamos seguros que de hacerlo lograríamos sentar un gran precedente por el patrimonio zoológico de nuestro país.

Agradezco nuevamente la confianza de mi coordinador, del diputado Francisco Martínez Neri y del Instituto de Geografía de la UNAM por toda su apertura y dedicación en un tema que sabemos tiene mucho que aportar. Por su atención, gracias. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que les vengo a presentar es para todas las mujeres de este país, porque tiene que ver con la alerta de género.

Este es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es prácticamente único en América Latina. Además, es una política pública que nos permite que reconozcamos que el feminicidio es un delito y que debe ser sancionado, pero sobre todo que tenemos que erradicarlo de nuestras vidas.

De tal suerte, la alerta de género y quienes la emiten, y todas las personas que participan en la implementación y operación, necesitamos rearticular lo que significa esa alerta, porque como mecanismo —que también es una política pública— tiene una responsabilidad enorme el día de hoy.

Es urgente asegurarse de que sea efectiva y eficiente, y no solamente un trámite vacío que mal funciona por intríngulis burocráticos, y que necesitamos enfrentar la crisis que en nuestro país es prácticamente una epidemia como es la incidencia del feminicidio. Prácticamente siete feminicidios al día son reconocidos.

En este orden de ideas, parte de las acciones que tenemos que emprender para optimizar la ejecución e implementación de las herramientas con las que actualmente cuenta esta figura, es mejorar los instrumentos jurídicos que dan guía al actuar de todos los servidores públicos involucrados con esta alerta.

Urge crear una metodología que optimice el funcionamiento de la implementación de la alerta de género, y el primer paso para lograrlo es la armonización tanto legislativa como de operatividad en todos los órdenes de gobierno.

Asimismo, resulta fundamental indicar y especificar desde nuestra norma jurídica, en dónde recae cada responsabilidad de la cadena de implementación para que no haya justificación válida de la inoperatividad, de la negligencia o de cualquier factor que impida la ejecución de la alerta de género.

También las definiciones, los mecanismos de operación, la distribución de responsabilidades y de recursos, así como las penalidades e incluso la metodología para la creación y presentación de los reportes e informes de cumplimiento que deben armonizarse en todas las legislaciones locales.

La claridad en cuanto a dónde recae la responsabilidad de cada una de las acciones es fundamental para así impedir que haya quien se deslinde de la misma, hecho que se suele presentar en la relación entre los gobiernos municipales, estatal y federal.

Es necesario que los informes de cumplimiento sean un requisito para todos los estados que cuenten con alerta de género, fundamentados en indicadores de resultados y no solo de desempeño.

Es muy importante que la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres recopile los informes, pero los revise y además haga observaciones a los mismos.

Aunado a lo anterior, para que el ejercicio del presupuesto pueda efectuarse de manera óptima, también es necesario que este contemple tanto las medidas estructurales como las inmediatas que eventualmente se tienen que llevar a cabo.

En la reunión que tuvimos aquí con operadores de alerta de género, ni un solo estado tiene involucradas a las policías estatal y municipal, es gravísimo. Entonces cómo se imaginan que van a atender el feminicidio si las policías no participan.

Es necesario una rendición de cuentas plena tanto de la operatividad como del ejercicio del presupuesto otorgado. Se debe crear un consejo interinstitucional de seguimiento formado por la Comisión Nacional, por el Instituto Nacional de las Mujeres y, propongo, por una comisión de diputadas que monitoree el desempeño pleno de todos los mecanismos involucrados en la alerta de género.

Por ello, es que les presento esta iniciativa para hacer realmente eficiente, asequible y operativa la alerta de violencia de género que es urgente en este país para la vida de las mujeres. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

La diputada Lia Limón García (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Con qué objeto, diputada Lia Limón? Sonido a la curul de la diputada Lia Limón.

La diputada Lia Limón García (desde la curul): Con el objeto de pedirle a la diputada Candelaria si me permite adherirme a su iniciativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Sí, adelante.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Está de acuerdo y queda expedita en la Secretaría para la firma.

Saludamos a los alumnos del Centro Universitario Continental del estado de Hidalgo, que vienen invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Muy bienvenidos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Llamamos a la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, cuya finalidad es incrementar las semanas de descanso, anteriores y posteriores al parto para las mujeres trabajadoras.

El texto vigente de la Ley Federal del Trabajo establece que las madres trabajadoras tienen derecho a un periodo de descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, lo que significa un total de 12 semanas. De exceder este lapso corren el riesgo de perder el empleo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en el numeral 2 de su artículo 25, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las tasas de empleo femenino han aumentado en varias regiones del mundo, sin embargo, la calidad de los mismos sigue siendo bastante inferior a la de los hombres.

Las mujeres aún tienen que soportar condiciones de contratación, oportunidades, formación y retribución inferiores a los de los hombres, sin mencionar que su perspectiva de ascenso también se ve reducida.

La OIT señala que las mujeres que se reincorporan a su trabajo tras una licencia de maternidad, tienen que conciliar sus vidas profesionales con sus funciones familiares, cumpliendo entonces una doble función. Muchas mujeres actualmente perciben que en su reincorporación al trabajo es recibida con resentimiento por parte de sus compañeros o un trato desfavorable por parte de sus empleadores.

La vulnerabilidad de las trabajadoras a perder su empleo tras la maternidad es una realidad y es precisamente por ese motivo que la OIT ha procurado proteger su estabilidad en el empleo. En este sentido, la Organización es clara al establecer en su Convenio 183, sobre la protección de la maternidad, signada en el año 2000, que dice que las mujeres trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas.

Si bien es cierto que nuestro país no ha ratificado dicho convenio, también lo es que países como Chile, como Brasil, que se encuentran en la misma situación que México, otorgan hoy a las mujeres trabajadoras 18 o 17 semanas de licencia por maternidad. Consideramos, pues, que es necesario hacer más accesibles los derechos para las madres trabajadoras y adecuar normas a los mínimos que se exigen a nivel internacional.

En el pasado periodo de sesiones ordinarias, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza presentó una iniciativa en este sentido, para que quedara asentado el precepto constitucional por medio del cual las mujeres pudieran gozar de una mejor recuperación, así como del tiempo necesario para atender a sus recién nacidos, siempre velando por los derechos laborales, toda vez que reconocemos que la armonía entre la vida laboral y familiar es uno de los grandes asuntos a tratar, ya que por su trascendencia afectan la naturaleza económica, social y política del país.

Así, nuestra propuesta concreta consiste en que las madres trabajadoras disfruten de un descanso de siete semanas anteriores y siete semanas posteriores al parto y que, a solicitud expresa de la trabajadora, puedan transferir hasta cinco de las siete semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalario, el descanso podrá ser hasta de 10 semanas posteriores al parto.

En Nueva Alianza sabemos que reformas como la que hoy proponemos contribuirán a consolidar los derechos laborales de las madres trabajadoras. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Esta Mesa Directiva saluda con beneplácito la presencia de estudiantes de la licenciatura de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, invitados por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz. Y de la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, del Estado de México, a invitación de la diputada Dalila Rodríguez García. Sean muy bienvenidos.

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, suscrita por él y por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín:Honorable asamblea. Con su venia, diputada presidente. Ocupo este turno del orden del día de nuestra sesión plenaria para poner a su consideración una iniciativa que pretende detener el abuso de las empresas que transfieren el dinero de las remesas que nuestros paisanos envían desde el extranjero, principalmente de los Estados Unidos.

Hoy más que nunca y debido a las políticas racistas en contra de nuestros paisanos del presidente de ese país, Donald Trump, se requiere que nuestra gente que trabaja en esa nación sienta el respaldo de nosotros los legisladores, aprobando leyes que permitan que la mayor cantidad del dinero que mandan llegue a sus familias.

Las empresas dedicadas al envío de dinero cobran en promedio ocho dólares por remesa transferida, lo cual representa una merma cercana a 7 mil 700 millones de pesos por comisiones. Tenemos que poner un alto a esos abusos en los que se cobra una alta comisión y se paga muy por debajo de su valor las divisas que nuestros connacionales envían.

En lo que va del siglo, los migrantes mexicanos en el exterior han enviado a sus familiares remesas alrededor de 280 mil millones de dólares, equivalentes al 45 por ciento del PIB, de los cuales las empresas que los transfieren han obtenido ganancias aproximadas a los 28 mil millones de dólares, es decir, un 10 por ciento de ese dinero. El Banco Mundial estableció que para el año 2020 la comisión promedio por el envío de remesas será del cinco por ciento.

Como legisladores no podemos permitir que se exploten dos años más a los paisanos en el exterior, la presente iniciativa pretende establecer que el tipo de cambio al que tomen los transmisores de dinero a la gente no sea por debajo de la cotización mínima del mercado y que las comisiones que cobran por transferencia no sean superiores al tres por ciento del monto.

De acuerdo con el Banco de México, en el primer mes de este año el envío de remesas representó 2 mil 216 millones de dólares. Esta misma fuente señala que las remesas promedio en enero fue de 306 dólares por persona y que el número de operaciones pasó de 7 a 7.24 millones, la mayoría de ellas transferencias electrónicas.

El año pasado nuestro país recibió 28 mil 771 mil millones de dólares de nuestros connacionales en el extranjero, un incremento del 6.59 por ciento respecto al 2016. En ese año las remesas sumaron casi 27 mil millones de dólares.

La transmisión de dólares desde el extranjero es un extraordinario negocio que se debe de moderar. Es nuestra obligación impedir que se hagan pocos ricos con el dinero de nuestros migrantes que sufren discriminación, acoso y en algunas ocasiones hasta la muerte. Las ganancias de estas empresas no pueden llevar el dolor de nuestros paisanos como fuente de riqueza.

Es por ello que proponemos que las comisiones que se cobren por la transmisión de dólares a nuestro país no sea superior al tres por ciento, y que el tipo de cambio dólar, que se les pague a los usuarios de estas transmisiones de dinero sea la que equivalga al promedio de entre la compra y la venta de la divisa norteamericana.

Con esta iniciativa, diputadas y diputados, beneficiaremos principalmente a los estados de Michoacán, que recibió 2 mil 915 millones de dólares. Jalisco y Guanajuato con 2 mil 797 y 2 mil 559 millones de dólares, respectivamente. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado Abdies Pineda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen esta iniciativa.

El diputado Salvador García González tiene el uso de la voz. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Salvador García González (desde la curul): Con el objeto de agregarnos a la propuesta del diputado Abdies.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputado Pineda, ¿está usted de acuerdo? Adelante, queda en la Secretaría a su disposición para suscribirla.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY DE VIVIENDA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se le concede el uso de la voz, hasta por cinco minutos, a fin de que fundamente el dictamen, a la diputada Carolina Viggiano, esto de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Estimadas compañeras y compañeros, el día de hoy la Comisión de Vivienda presenta ante ustedes el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 33 de la Ley de Vivienda.

Esta propuesta legislativa tiene el objeto de establecer que en las sesiones de la Comisión Intersecretarial tendrá carácter de invitado permanente, con derecho a voz, el Instituto Nacional de las Mujeres, dado a que la Comisión Intersecretarial es la instancia que hace garante la ejecución de los programas y el fomento de acciones de vivienda, a fin de cumplir la política nacional.

Es necesario armonizar lo dispuesto a la Ley de Vivienda con lo que establece el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, debido a que por primera vez en la historia contamos con un Plan Nacional de Desarrollo, que incluye en uno de sus ejes transversales la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de transformar los planes que combaten los problemas de las y los mexicanos.

De igual manera, es importante el ingreso del Instituto Nacional de las Mujeres a dicha Comisión Intersecretarial, puesto que en su propia ley el artículo 7o. hace hincapié que ese Instituto apoyará la formulación de políticas públicas a fin de alcanzar la equidad de género, entendiendo que estas acciones las efectuará con las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada o paraestatal.

También es importante decir que hay que ampliar a otras instituciones en esta Comisión Intersecretarial, de tal manera que podamos tener mejores resultados. Sumar nuevos actores que contribuyan con temáticas y perspectivas transversales, que involucren a sectores significativos de la población para temas de vivienda, como son las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores a través de organismos nacionales rectores de las políticas públicas a favor de estos grupos.

Por esto, la Comisión de Vivienda ha considerado que, además del Instituto de las Mujeres, es necesario incorporar a las siguientes instituciones: al Infonavit, al Fovissste, a Banobras, a la Sociedad Hipotecaria Federal, al Instituto Nacional de las Mujeres, como ya lo he referido, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Mexicano de la Juventud.

Lo anterior se sustenta en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda, que establece que podrán ser invitados a participar otras dependencias y entidades de la administración pública federal a fin de obtener mejores resultados.

Asimismo, el punto central del presente dictamen se fortalece en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Vivienda, el cual refiere que la Comisión Intersecretarial aprovechará las estructuras administrativas de las dependencias que integran las secretarías de Estado, por lo que se concluye que es necesario invitar a estas dependencias involucradas para fortalecer la política nacional de vivienda, sobre todo con una visión más incluyente.

Estimadas diputadas y diputados, como mujer y como presidenta de la Comisión de Vivienda, reconozco que el Instituto Nacional de las Mujeres ha mostrado ser una institución imprescindible en el país para promover y fomentar la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva.

En este sentido, el dictamen contempla incluir a siete organismos como integrantes permanentes de la Comisión Intersecretarial que hará garante la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda. Por lo que de ser aprobado estaremos garantizando que la perspectiva de género esté incluida en la política nacional de vivienda.

Compañeras y compañeros, debemos garantizar que las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores tengan una vivienda digna acorde a sus necesidades. Por eso les pedimos su voto para aprobar este dictamen. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado un diputado por grupo parlamentario para fijar la posición de sus partidos hasta por cinco minutos. En este sentido, se le concede, en el orden acostumbrado, el uso de la voz a la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Gracias. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Honorable asamblea, la Ley de Vivienda coordina la política nacional y los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de vivienda, así como su coordinación con las entidades federativas y los municipios y la concertación con los sectores público, social y privado, sentando así las bases para lograr un desarrollo nacional que permita corregir las inequidades sociales.

Siendo la Comisión Intersecretarial la instancia del Ejecutivo Federal que tiene por objeto garantizar la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, el presente dictamen busca incidir en el fortalecimiento de la perspectiva de género al interior de la comisión, puesto que busca incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como invitado permanente con derecho a voz, lo que coloca a la óptica de género a la par de otros organismos que coadyuvan con la comisión, lo que significa para Encuentro Social favorecer que esta medida contribuirá a construir una institución donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos.

Siendo que para Encuentro Social esta integración es relevante y necesaria debido a que el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres establece la obligación de la participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y Presupuesto de Egresos de la Federación, además de estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

Es por esta razón que Encuentro Social apoya decididamente el presente dictamen, como siempre nuestro grupo parlamentario lo ha hecho en conciencia y a favor de las mejores propuestas en beneficio de todas las mujeres de México. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación, llamamos al diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Partido Nueva Alianza, para que fije postura por su partido político, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a pesar de los avances hacia una cultura basada en la inclusión, misma que haga vigente el ejercicio de los derechos humanos en todos los ámbitos desde nuestra convivencia social, aún existen espacios en los que como legisladores podemos impulsar y fortalecer la perspectiva de género en las normas que fundamentan las políticas públicas gubernamentales.

El no renunciar a este compromiso nos permite incidir de manera positiva en la elaboración de los programas sectoriales, imprimiendo para tal propósito una visión integral a la cual también debemos sumar el actuar institucional de otras dependencias u órganos de gobierno.

Este es el sentido del dictamen que hoy nos convoca, por medio del cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda, fortaleciendo la planeación y ejecución de la política nacional en esta materia, misma que es elaborada, coordinada y supervisada por la Comisión Intersecretarial de Vivienda como instancia del Ejecutivo federal.

Esta reforma, como ya se dijo, es el resultado de implementar una visión integral pues en su origen se proponía que en su seno se impulsara la perspectiva de género a través de la incorporación, como invitado permanente, del Instituto Nacional de las Mujeres, entendiendo que tal enfoque se impulsa en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada o paraestatal.

El debate y enriquecimiento legislativo que se da en un espacio de apertura democrática, como lo ha sido esta LXIII Legislatura, ha derivado en que no solo se incorpore al organismo antes mencionado, sino que también en la citada Comisión Intersecretarial tendrán votos otros organismos que son fundamentales en la ejecución de la política de vivienda en el país.

Por ello, coincidimos con la dictaminadora en que al sumar nuevos actores que son rectores y ejecutores de políticas públicas como Infonavit, el Fovissste, Banobras, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Inapam y el Injuve, se estarán promoviendo temáticas y perspectivas transversales que atañen a sectores significativos de la población como son las mujeres, los jóvenes y las personas adultas mayores.

En Nueva Alianza tenemos la confianza de que esta reforma nos permitirá observar una nueva dinámica en la ejecución de una política pública muy necesaria y apremiante para el país, siempre en beneficio de quienes más lo necesitan, refrendando con ello nuestro compromiso social con la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Gracias, diputado. Es el turno para la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. A todos los ciudadanos que nos siguen y oyen en el Canal del Congreso, de las redes sociales o a través del Internet. Hoy estamos listos para analizar y votar el dictamen que nos propone la Comisión de Vivienda relativo a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda, propuesto por la diputada Guadalupe González.

Debo comenzar diciendo que para la bancada de Movimiento Ciudadano la exigencia de que todo mexicano logre poseer una vivienda digna a la altura de sus necesidades ha sido uno de nuestros planteamientos en la agenda legislativa, pues estamos a favor de la igualdad, de la equidad y del respeto a los derechos humanos.

Por ello, la bancada ciudadana estará a favor de la proponente, sin embargo, no aceptaremos que hayamos hecho lo correcto si no se les diese voz y voto a estas instituciones que tienen la finalidad de velar porque las necesidades de vivienda sean cubiertas en toda la extensión, pues lamentablemente en las comisiones que se encargan de revisar las propuestas de los Legislativos, nos encontramos con que siempre, por impuesto presupuestal, las descafeínan, las modifican y en la mayoría de las ocasiones no respetan la esencia o el sentido que le pretendía dar el legislador inicialmente.

A nadie se le olvida que el gobierno caduco de Peña Nieto se quejaba al iniciar su administración, de todo lo que habían dejado rezagado los antiguos gobiernos en cuanto a la cantidad y calidad de vivienda, pues al inicio del sexenio se remarcaba que 2.8 millones de viviendas necesitan ser reemplazadas y otro tanto número de viviendas, superior en un 11.8 millones, requerían alguna mejora o adecuación y que existían cinco millones de viviendas abandonadas porque en su momento, cuando el adquiriente accesaba a esa vivienda solamente veía la oportunidad de comprar una propiedad, pero no visualizaba las consecuencias que le podría traer el estar alejado de sus centros de trabajo, de la escuela, etcétera.

Hoy estas cifras, sin duda, se verán doblemente impactadas después de los sismos del 19 de septiembre del año pasado.

Al paso del sexenio que está casi por terminar, las cosas no han cambiado, pues existe en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fundamento legal para que la vivienda sea de calidad óptima, de acuerdo a la necesidad de los mexicanos. Sin embargo, la flagrante violación al artículo 123 y al artículo 4o. constitucional no sustenta la calidad que al día de hoy se otorga en esas viviendas. Por eso celebro que cuando menos estén estos organismos ahí, ocupados y pendientes de que se solventen estas necesidades.

Quiero enfatizar que, por hoy, las instituciones gubernamentales, federales y estatales, distan mucho de cumplir con los preceptos de ser créditos sociales al alcance de los trabajadores, para dar cumplimiento a ese mandato constitucional pues, lamentablemente, como ejemplo, en el Infonavit sus créditos van por un 21 por ciento por encima de la tasa de la banca privada. Las deficiencias de la vivienda que ofertan los entes gubernamentales distan mucho de la calidad que están obligados a dar.

Como muestra, les podré hablar del municipio de Tonalá, en donde los nuevos desarrollos solo buscan satisfacer las necesidades de las inmobiliarias y generan vivienda muy alejada de los centros de trabajo, que no garantiza la oportunidad para quienes las adquieren de poderlas habitar, por lo que se ve infinidad de viviendas abandonadas.

Finalmente les diré: A Peña Nieto se le olvidó ser incluyente en su política de vivienda, pues lamentablemente no ha priorizado la vivienda para las personas de menos recursos, con buena calidad y al alcance de sus posibilidades. Se les condena a quienes requieren un crédito a llegar a la antesala del infierno, al tener que accesar a créditos extremadamente caros, que provee el Infonavit, cuando debiera ser una institución de protección social.

Por ello se hace necesario hacer un llamado a la reestructuración de esas políticas públicas de vivienda, para que los que aquí nos encontramos demos salida a esa infinidad que existe de iniciativas guardadas en el baúl del olvido y que vienen a significar un respiro para los que están urgidos de tener una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Es el turno para el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México, para la fijación de postura.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Gracias, presidenta, con su permiso. Como todos sabemos, el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4o. constitucional, fundamenta la política nacional de vivienda como promotora del desarrollo ordenado y sustentable del sector, mediante el mejoramiento y regularización de la vivienda urbana y rural.

Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto, instrumentó cuatro estrategias para la política de vivienda en el país, las cuales consisten en, uno, lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Dos, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. Tres, reducir de manera responsable el rezago de vivienda. Cuatro, procurar una vivienda digna para los mexicanos.

En consecuencia, es la Comisión Intersecretarial de Vivienda el organismo encargado de impulsar la política nacional de vivienda y con fundamento en el artículo que establece el objetivo número quinto, del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, en términos de fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la política nacional de vivienda, es que se ha invitado a distintas reuniones de la Comisión Intersecretarial a varios organismos que no forman parte de la misma, tales como Infonavit, Fovissste, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal.

Las aportaciones de los representantes de los organismos invitados han sido bastantes valoradas, ya que contribuyen con temáticas y perspectivas transversales para atender el que se ha convertido en uno de los principales temas para el bienestar de la población, sobre todo de aquella que aún no es sujeta de crédito para obtener su vivienda.

Si lo anterior se agrega, lo que se propone en el presente dictamen, la incorporación a la Comisión Intersecretarial de sectores significativos de la población, como son las mujeres, los jóvenes y las personas adultas mayores, a través de los organismos nacionales rectores de las políticas públicas en favor de dichos grupos: el Instituto Nacional de la Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sin duda se contribuirá a permear las acciones y decisiones tomadas en el seno de dicha comisión con un mayor sentido social y sectorial.

Por lo anterior, en el Partido Verde estamos de acuerdo en que con la reforma a la Ley de la Vivienda, que hoy discutimos, la Comisión Intersecretarial se fortalece como el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de planes y programas de fomento a la vivienda, consolidando su función de coordinación para ampliar la oferta habitacional, facilitar el crédito de toda la población y la aplicación de acciones e inversiones intersectoriales para el logro de los objetivos de la política nacional de vivienda.

Aunque también pensamos que al menos el Infonavit y el Pensionissste sí podrían contar con voz y voto al seno de la Comisión Intersecretarial, fundamentalmente porque son los principales ejecutores de la inversión en vivienda en todo el país y su gran experiencia como pilares de esta política les faculta para la toma de decisiones en la materia, además de que en el diagnóstico del presente dictamen el único fundamento para no otorgar el voto a estos dos organismos es el propio reglamento de la comisión, lo que en realidad no es obstáculo, ya que la disposición reglamentaria debe adaptarse a lo que dicta la ley.

Sin embargo, la observación anterior no es impedimento para la aprobación del presente dictamen que, reiteramos, vendrá a fortalecer la política de vivienda en el país y con ello beneficiar a miles de mexicanos que aún no pueden gozar de ese patrimonio familiar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, porque la reforma contribuye para que la vivienda sea un factor fundamental en el ordenamiento racional de los asientos humanos en el territorio nacional y para aprovechar el efecto multiplicador de este sector de la actividad económica, además de que con ello avanzamos en el cumplimiento de la disposición constitucional de brindar una vivienda digna y decorosa a todos los sectores de la población. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. A continuación, le concedemos el uso de la voz al diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Morena, también hasta por cinco minutos, para que fije la postura de su partido.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con la venia de la Presidencia.

Nuestro derecho a una vivienda digna está establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en varios tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho implica, aparte de tener cuatro paredes y un techo, el acceso a un hogar y a una comunidad segura para vivir en paz, con dignidad y con salud física y mental.

El contar con una vivienda digna garantiza también el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal y a la salud.

La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos señala que, aunque los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres, ellas carecen de manera desproporcionada de la tenencia de estos bienes.

En México, en el año 2015 se registraron 31.9 millones de viviendas particulares habitadas. El total de mujeres propietarias es del 35.3 por ciento y hombres propietarios del 56 por ciento.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres contempla la transversalidad de género, ya que obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones.

En el diagnóstico que presentaron en materia de vivienda se señala que todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas, ya que alrededor de un 15 por ciento de las mujeres habitan en viviendas con deficiencia de infraestructura, de espacios o de servicios, y que entre la población indígena el porcentaje por carencias en los servicios básicos aumenta un 50.6 por ciento.

La desigualdad de género incide en el acceso al mercado formal del trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, solo un poco de más un 35.3 por ciento de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos en las políticas de vivienda son: mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.

El derecho a la vivienda digna del artículo 4o. de la Constitución se encuentra reglamentado en la Ley de Vivienda. En ella encontramos, en su artículo 32, el establecimiento de una Comisión Intersecretarial, que es la instancia de carácter permanente del Ejecutivo federal que tiene por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se realicen de manera coordinada, a fin de dar cumplimiento a la política nacional de vivienda.

En el artículo 33 se establece la composición de dicha comisión, definiendo a los integrantes que son los titulares de varias secretarías de Estado. El dictamen que hoy votamos incluyendo a otras dependencias y entidades de la administración pública federal que pueden ser invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, como el Infonavit, Inmujeres e Inapam, entre otras.

En Morena votaremos a favor de este dictamen, pues estamos seguros que, en una participación más plural, con dependencias que tienen la obligación de erradicar la desigualdad y la discriminación, se cumplirá con el objetivo de que toda persona cuente con un hogar apropiado.

En nuestro Grupo Parlamentario de Morena la prioridad es que avancemos para que a las mujeres jóvenes y personas de edad avanzada se les pueda garantizar su derecho a una vivienda digna en igualdad de oportunidades. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Llamamos al diputado Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, para que fije posición por su partido.

El diputado Tomás Octaviano Félix:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna a dar posición del Grupo Parlamentario del PRD, respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

La propuesta contempla sumar nuevos actores a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que contribuyan con temáticas y perspectivas transversales específicas que involucren a sectores significativos de la población para los temas de vivienda, como son las mujeres, los jóvenes y las personas adultas mayores, a través de los organismos nacionales rectores de las políticas públicas en favor de dichos grupos.

Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la vivienda en México se encuentra, como todos sabemos, consagrado en el artículo 4o. párrafo sexto constitucional, que señala como una garantía individual el derecho de toda familia al disfrute de una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las disposiciones internacionales sobre derechos humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuada, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.

Si bien es justo reconocer que en materia de viviendas se han hecho grandes esfuerzos en el país y que en el marco jurídico contempla elementos que en el ámbito de los derechos humanos se reconocen, también lo es reconocer que se está muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad para todos los mexicanos por igual.

Así lo demuestra que en 2016 la carencia de servicios básicos en la vivienda afectó a 19.3 por ciento de la población, misma que se profundiza en las zonas rurales en 50.4 por ciento. En el mismo sentido existen grupos de la población particularmente desatendidos. La necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social que representa el 73 por ciento de la necesidad nacional, y solamente recibe el 30 por ciento del financiamiento total destinado a vivienda, según datos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así, actualmente existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas, y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación. Para atender el crecimiento de la población, se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares.

Debemos entonces orientar nuestros esfuerzos para que a partir del reconocimiento como derecho fundamental se replanteen los instrumentos, mecanismos y apoyos que garanticen el derecho humano a una vivienda digna y adecuada por supuesto.

La política en materia de vivienda debe tener una nueva orientación social considerando las características de la población, donde participen mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Es decir, adoptar una visión que promueva la construcción de viviendas de manera incluyente.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen porque reconoce la necesidad de promover y fomentar la edificación de una nueva política de vivienda que considere las características sociodemográficas y capacidades físicas de sus habitantes y a favor de las mexicanas y de los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado. Saludamos a los estudiantes de la licenciatura en Turismo de la Universidad de Londres, invitados por la diputada Gretel Culin Jaime.

A continuación, le concedemos el uso de la voz a la diputada Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, que es la promovente de esta iniciativa.

La diputada Guadalupe González Suástegui:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género es una tarea no de un solo día o de una conmemoración, sino de una tarea constante en todas las comisiones de esta Cámara de Diputados.

El día de hoy subo a esta tribuna a posicionar un dictamen de la Comisión de Vivienda, de una iniciativa que propuse en materia de igualdad de género. Agradezco a las y los integrantes de la Comisión de Vivienda, que se hayan sumado y hayan aprobado esta iniciativa en la cual propuse incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como invitada permanente a la Comisión Intersecretarial en la Ley de Vivienda, la cual sin duda será de gran beneficio para lograr mejores políticas públicas que contribuyan de forma significativa en la calidad de vida de la población, particularmente cuando se trata de cumplir con el deber del Estado mexicano en derechos humanos tan básicos como es el acceso a una vivienda, y que cumpla con criterios de calidad para ser considerada una vivienda digna y adecuada para quienes la habitan.

En nuestro país existe una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres respecto a su derecho humano a tener una vivienda, así como entre otros grupos de población como son los jóvenes y adultos mayores.

Algunos datos. En México hay más de 29 millones de jóvenes, de los cuales poco más de 707 mil tienen entre 18 y 29 años de edad, y de ellos el 36 por ciento se encuentran casados o viviendo en unión libre. Es decir, tienen una familia. Y en la mayoría de los casos no cuentan con una vivienda propia.

Asimismo, se han incrementado los hogares con jefaturas femeninas en un 30 por ciento aproximadamente a nivel nacional, pero en la Ciudad de México es de casi 36 por ciento.

Sin embargo, las mujeres no tienen acceso a la vivienda, 56 por ciento de los propietarios son hombres y solo un 35.3 por ciento son mujeres.

Once millones de personas son adultos mayores y se espera que para el 2020 sumen 14 millones, los cuales necesitan una vivienda acorde a sus necesidades. De ahí que se requiera ampliar la oferta de vivienda y facilitar el crédito a toda la población por parte de las instituciones financieras de vivienda.

Esa es la trascendencia de este dictamen: ampliar el número de integrantes que participarán con voz en la Comisión Intersecretarial de la Ley de Vivienda para fortalecer las funciones de la comisión al contribuir con temáticas y perspectivas transversales específicas para involucrar a sectores significativos de la población.

Por ello, en el dictamen se propone integrar a la Comisión Intersecretarial, a los organismos nacionales rectores de las políticas públicas en favor de dichos grupos como son el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Además, buscamos se incluya la participación de cuatro entidades financieras que inciden en materia de vivienda, Infonavit, Fovissste, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal. Estos siete invitados, que se integran con carácter permanente en la Comisión Intersecretarial, contribuirán a la toma de decisiones para fortalecer la política nacional de vivienda, toda vez que los acuerdos tienen carácter obligatorio.

El PAN votará a favor de este dictamen y les pido su apoyo, compañeras y compañeros diputados, para apoyar a que más mujeres jóvenes y adultos mayores ejerzan su derecho humano a una vivienda digna y adecuada, y a que generemos condiciones favorables para el desarrollo de los hogares mexicanos.

Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Cerramos la ronda de fijación de posturas con la intervención del diputado José Luis Sainz Soto, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Luis Sáenz Soto:Muchas gracias. Escribiera el poeta Oliver Wendell, que al hogar pueden abandonarlo nuestros pies, pero nunca nuestros corazones. El lugar donde uno es esperado por sus pertenencias y recuerdos, pero sobre todo por los seres queridos. Por eso, garantizar una vivienda incluyente para todos significa consolidar un México incluyente.

Contar con una vivienda digna es uno de los sueños más anhelados de toda familia mexicana. Así se ha reconocido por la Presidencia de la República, por el presidente Enrique Peña Nieto, y congruente con ello su gobierno también. Por eso se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para coordinar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y a la Comisión Nacional de Vivienda, también al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo, y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, con la idea de impulsar una nueva política nacional de vivienda.

También se impulsaron las políticas de vivienda de más de una habitación y los cuartos rosas, para evitar el hacinamiento y proscribir la violencia contra la mujer.

Se privilegió la construcción de viviendas en perímetros urbanos, para que las ciudades crezcan ordenadas, con servicios y equipamiento urbanos cercanos.

También se entregaron subsidios a trabajadores con bajos ingresos, para hacer más accesibles sus créditos. Uno de cada tres créditos de los que el Infonavit ha entregado se han otorgado en este periodo. También se otorgan subsidios a través del programa Vivienda Joven, para que los mexicanos entre 18 y 29 años puedan acceder a un hogar.

Por nuestra parte, los diputados del PRI hemos aprobado permitir a los trabajadores al servicio del Estado un segundo crédito, para adquirir nuevas viviendas o realizar mejoras y ampliaciones a las viviendas que ya tienen.

También se ha impulsado el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos estableciendo que los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos tengan prioridad presupuestal por su carácter de interés público y para garantizar que las familias mexicanas puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

La Constitución consagra el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y la Ley de Vivienda es el instrumento jurídico para establecer y regular la política nacional en esta materia, así como los programas y apoyos para hacer realidad este derecho.

En su artículo 32, este ordenamiento jurídico contempla la existencia de una instancia de coordinación permanente, denominada Comisión Intersecretarial de la Vivienda, y tiene por objeto garantizar la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda de manera coordinada, a fin de dar cumplimiento a la política nacional.

En el artículo 33 se define la integración de esta Comisión Intersecretarial: Sedesol; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Semarnat; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la SCT, Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; y la Secretaría de Salud y, por supuesto, Sedatu.

Hoy dicha comisión no contempla la participación de otras instituciones públicas, que son rectoras de cuestiones importantes que ya se han mencionado aquí, y no contempla la posibilidad de que sean invitados permanentes ni les otorga derecho a voz. Esto dificulta que la política sea aún más transversal.

Por eso es necesario sumar más voces que fortalezcan la toma de decisiones en esta materia y, en ese sentido, como diputados nos corresponde facilitar la coordinación y participación de más autoridades para que sumen a la política nacional de vivienda.

Derivado de lo anterior, votaremos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, a favor del presente dictamen que reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda, para permitir que otras instancias puedan participar como invitadas permanentes en las sesiones de la Comisión Intersecretarial. De manera que, sin voto, pero con voz, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se integrará, el Fovissste también, por supuesto el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve).

En suma, votaremos para seguir mejorando la política nacional de vivienda, en aras de consolidar un México que garantice una vivienda digna y decorosa para todos sus habitantes.

Debemos votar convencidos de que un mejor México solo es posible construirlo desde sus ciudadanos. Que el espacio urbano como un todo, solo puede ser mejor con vivienda de calidad, incluyendo en su diseño y proyección a todos los actores que garanticen que la vivienda sea más que eso y que sea el lugar para el hogar digno, que todos los mexicanos merecen. Es cuanto, muchas gracias presidenta, muchas gracias compañeros diputados.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este dictamen.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Hace falta algún diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico, favor de realizarlo. Gracias. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 325, en contra ninguno.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado en lo general y en lo particular por 325 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Comisión de Cambio Climático presenta este dictamen que como todas las reformas aprobadas por la comisión es un avance en el perfeccionamiento de la ley que rige en esta materia.

En esta ocasión se trata de la división de un inciso a la fracción II del artículo 9. El artículo se refiere a la descripción de las atribuciones que en materia corresponden a los municipios.

La fracción II, por su parte, establece las materias específicas en las que los municipios deben formular y aplicar acciones para enfrentar el cambio climático. Los seis incisos detallan las materias en las que tienen, dadas sus funciones, la posibilidad de incidir, como es el caso de agua potable y saneamiento y manejo de residuos sólidos. Sin embargo, se consideró que en el ámbito de la prestación del servicio de alumbrado público existe un potencial realista de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero.

Acciones en este terreno permitirían, además, un beneficio adicional en la forma de ahorros en las tesorerías municipales al reducir sensiblemente el monto de la factura por el consumo de energía eléctrica, ya que pueden aplicar tecnologías de alumbrado de bajo consumo y utilizar energías renovables, como la energía solar.

Este tipo de acciones ya se realizan en nuestro país, incluso ya hay programas de financiamiento para la transición de los gobiernos municipales hacia estas tecnologías, a cargo de Banobras.

El propósito de hacer explicitas estas políticas en la Ley General de Cambio Climático -y felicito a mi compañero Tomás Montoya, proponente- es hacerlas visibles y obligatorias de los programas en materia en todos los órdenes de gobierno.

Aprovecho también para compartir con ustedes que, a lo largo de estos casi tres años, hemos dado pasos para impulsar una política climática nacional sin distingo de colores. Quiero agradecerles a mis compañeros integrantes de la Comisión de Cambio Climático que me honro en presidir, todo su trabajo, esfuerzo y colaboración. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de esta Cámara, se han registrado diversos diputados para fijar posición por sus partidos. Por lo tanto, en el orden acostumbrado llamamos a la diputada Nancy López Ruiz, del Partido Encuentro Social, para que fije la postura por su partido, hasta por cinco minutos.

La diputada Nancy López Ruiz:Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, asumo el compromiso de posicionar a la bancada legislativa del Partido Encuentro Social, con respecto del dictamen de la Comisión de Cambio Climático por el que se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático para dotar a los municipios de la atribución de colocar alumbrado público sustentable y eficiente energéticamente.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señala que este fenómeno es originado por los procesos industriales, se desarrollan quemando combustibles fósiles, petróleo, gas y sus derivados, como la gasolina, y aprovechando de manera desmedida los recursos naturales. Estas actividades están cambiando la composición de la atmósfera terrestre emitiendo más gases y compuestos de efecto invernadero que pueden permanecer en la atmósfera.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la contaminación lumínica se define como el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Es necesaria tanto su intensidad, uso, dirección del alumbrado y horarios de funcionamiento.

Estudios médicos han concluido un incremento en dolores de cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobreexposición de luz o el uso de un tipo de luz con respecto a otra. El instituto universitario recomienda entonces que se utilicen luces de sodio de baja presión: contaminan la menor cantidad del espectro electromagnético y pueden ser casi tan eficientes como los lets e instalar molduras en luces públicas que dirijan la luz al suelo.

Por otra parte, coincidimos con la dictaminadora con respecto de que esta reforma armoniza la Ley de Cambio Climático con la Carta Magna en lo referente a su artículo 115. Finalmente, nuestra bancada prevé que las inversiones que implicarán esta reforma contraponiéndola con el beneficio a la salud de los mexicanos, la podemos considerar como financieramente posible.

Para ello, estimamos que, de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, se requerirá de un fondo municipal para financiar progresivamente un alumbrado público sustentable y eficiente energéticamente. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputada. Es el turno para la diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre, Mahatma Gandhi. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La preocupación en torno al daño que la actividad humana ocasiona a nuestro planeta no es algo nuevo, pero sí es cada día más alarmante el impacto negativo que el calentamiento global causa, el cual va desde el aumento del nivel del mar hasta fenómenos atmosféricos extremos, mismos que con llevan enormes problemas económicos y sociales.

Desde su fundación, en Nueva Alianza compartimos esta preocupación y nos hemos propuesto impulsar acciones encaminadas a combatir este problema. Somos un partido decidido a trabajar en favor del medio ambiente.

Entendemos que el crecimiento poblacional implica enormes retos para el abastecimiento de bienes y servicios, lo que deriva en procesos acelerados de urbanización que en muchas ocasiones no contemplan medidas eficientes que contribuya a aminorar el impacto negativo en el ambiente.

Coincidimos con el dictamen que nos presenta la Comisión de Cambio Climático por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

El objetivo es incorporar en la norma la obligación en los municipios de formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar el cambio climático en materia de alumbrado público sustentable y eficiente energéticamente. Con lo anterior se busca reducir la contaminación que genera el consumo de energía eléctrica favoreciendo el uso de tecnologías compatibles con el medio ambiente.

En Nueva Alianza somos firmes promotores de un desarrollo sustentable. Por ello consideramos que es momento de voltear la mirada hacia nuevas soluciones y transitar hacia esquemas que admitan un desarrollo sostenible que sea armónico y respetuoso con su entorno. Es tiempo de brindar beneficios para nuestra comunidad.

Estamos convencidos de que para reducir los efectos del cambio climático es necesario que todos los sectores de la sociedad y el gobierno sumemos esfuerzos y encaminemos nuestros pasos hacia una cultura de utilización y aprovechamiento de energías limpias, donde los recursos sean aprovechados de forma más eficiente y, sobre todo, que predomine una visión de respeto, pero sobre todo de cuidado medioambiental.

Compañeras y compañeros, como individuos nosotros mismos podemos poner en marcha pequeñas acciones más sostenibles dentro de nuestro entorno. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada Sánchez Ruiz. Es ahora el turno para la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, también para que fije posición por su partido, hasta por cinco minutos.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Yo comienzo felicitando no solamente a mi compañero Tomás Montoya, sino a la Comisión de Cambio Climático, a la que tengo el honor de pertenecer y donde he trabajado de manera responsable junto a mis otras compañeras y compañeros, en donde en la Comisión de Cambio Climático hemos tratado de desdibujar los colores para sacar adelante políticas públicas desde este espacio de representación social en donde somos la voz de los ciudadanos, y hemos sacado adelante temas de relevancia, no solamente nacional, sino que contribuyen a los tratados que México ha firmado con la Comunidad Internacional para trabajar y contribuir a las medidas de mitigar el calentamiento global.

Todos los esfuerzos que tengamos que hacer casi siguen siendo pocos, pero por algo se comienza. Esta reforma forma habla que se adiciona al artículo 9o. en su fracción II de la Ley General de Cambio Climático, que establece que los municipios deberán formular e instaurar políticas y acciones para enfrentar el cambio climático, tales como agua potable y saneamiento, ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, recursos naturales y protección al medio ambiente, protección civil, manejo de residuos sólidos y transporte público de pasajeros eficientes y sustentables.

Pero no establecía el tema del alumbrado público. Es por eso, de gran valor esta iniciativa, pero lo que más aplaudo y celebro es que en esta ocasión, a pesar de ser una iniciativa que puede causar impacto presupuestal, no hayan venido de metiches los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener y a frenar esta valiosa iniciativa.

Son con las pequeñas acciones con las que estaremos solamente así, asegurando que estemos en condiciones de cambiar nuestra forma de vivir las ciudades, nuestra forma de encauzar los recursos de la Federación. Es así como tenemos que trabajar, de cara al futuro, viendo qué es lo que necesita el planeta no hoy, lo que necesita para los siguientes 50 años, porque solamente así estaremos en condiciones de garantizar una vida sustentable, invirtiéndole, no solamente hablando desde la tribuna o fijando posicionamientos que quedan en letra muerta.

Para que este tipo de acciones tomen verdadera acción, pues debemos de asignar recursos. Esos recursos que aquí en la Cámara de Diputados se votan para que al momento en que le llegue a los municipios, pues lleguen etiquetados recursos que sean y se encaminen a energías sustentables, a energías limpias que genere el cambio de paradigma en la forma en la que vivimos nuestras ciudades.

Debemos de invertir en prevención y en preparación, y no solamente gastar el dinero de los mexicanos, que es lo que estamos impuestos: solamente a gastar y a despilfarrar el dinero que los mexicanos necesitan que se invierta y no que se gaste.

Solamente así estaremos en condiciones de encaminarnos a ciudades resilientes, esas ciudades en las que estén preparadas y prevenidas para que tengan una rápida recuperación de los embates de la naturaleza, pero si no invertimos y no abonamos a mejorar la forma en la que hacemos las políticas públicas, -cómo invertimos el dinero de los mexicanos y cómo cambiamos el paradigma de nuestra forma de vivir las ciudades y sobre todo cómo le damos herramientas a los municipios, para invertir en energías sustentables-, no estaremos en condiciones de garantizarle a las mexicanas y a los mexicanos una mejor calidad de vida y mucho menos estamos en condiciones de decir que somos su voz.

Movimiento Ciudadano siempre nos hemos preocupado por generar y apoyar políticas públicas de cara al futuro, no de la inmediatez, no de la ocurrencia, sino de beneficio para los millones de mexicanos que están afuera esperando a que seamos su voz.

Felicito a mi compañero Tomás Montoya, gracias porque impulsaste esta iniciativa, pero sobre todo porque la Comisión de Cambio Climático logramos sacarla adelante. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.

Saludamos la presencia de líderes del municipio del Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, invitados por la diputada Norma Cecilia Reyes Guerrero. El turno es hoy, es ahora para el diputado Ángel Santis Espinoza, del Partido Verde Ecologista de México, a fin de que posicione, fije postura por su partido.

El diputado Ángel Santis Espinoza: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, según datos del Consejo Nacional de Población, en 2016 la población del país ascendía a 122.3 millones de personas, de las cuales 51.2 por ciento estaban constituidas por mujeres y 48.8 por hombres.

Asimismo, se estima que nacieron 2.2 millones de personas y fallecieron alrededor de 703 mil, dejando un aumento neto de 1.5 millones de individuos, lo que equivale a una tasa de crecimiento natural del 1.3por cada 100 personas.

Por su parte, el Inegi ha informado que los lugares donde se concentra más la población son las ciudades, citando la Ciudad de México, Tijuana, Puebla y Guadalajara, como los más poblados del país.

En ese sentido, es de destacar que si bien nuestro país ha transitado hacia el progreso, entendiendo este como un desarrollo, una mejora o un avance, este mismo ha ocasionado, entre otras cosas, un proceso de reconfiguración demográfico, el cual ha propiciado la urbanización de la población, considerando que a mediados del siglo pasado la población se encontraba distribuida en zonas netamente rurales y, actualmente, tres de cada cuatro personas se encuentran sentadas en ciudades con más de 200 mil habitantes.

Este proceso de concentración demográfico ha implicado una serie de retos para la administración y gobernanza en las zonas poblacionales, en virtud de que se polarizan e incrementan geométricamente las demandas de los servicios básicos, tales como la salud, seguridad, educación, movilidad, transporte, tanto público como privado, empleo y alumbrado público, así como las apariciones de situaciones severas de contaminación ambiental, entre otros aspectos.

En el marco de lo ambiental, el crecimiento poblacional impone demandas crecientes en las necesidades humanas, situación que implica un consumo mayor de recursos naturales, recursos que no abundan y a los que hay que darles un uso sustentable.

Los principales problemas de contaminación en el mundo, como lo son el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, son en gran parte provocadas por la actividad industrial de los países desarrollados para satisfacer el estilo de vida de su población.

Al respecto, en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 se han establecido diversas políticas, que combinan la necesidad de adopción en el cambio climático. Consecuentemente, para alcanzar la sustentabilidad es necesario disminuir el consumo y aumentar la consideración ambiental.

En virtud de ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben implementar nuevas acciones que tengan como finalidad el desarrollo sustentable.

En ese sentido, es de resaltar que las facultades de proveer de ciertos servicios públicos a la población, como lo es el alumbrado público, son atribuciones de los gobiernos municipales, permitiendo que en cada administración municipal implante, de acuerdo a sus capacidades presupuestales, la infraestructura necesaria para proveer de este importante servicio.

No obstante, esta diversificación en la infraestructura ha provocado que la calidad y los beneficios de la tecnología de iluminación en el alumbrado público no sean uniformes, toda vez que alumbrados municipales convergen en diversas tecnologías, como aquellas que con beneficios ambientales difieren notablemente de otros cuantos de durabilidad y rango de potencia.

Es por ello que se debe armonizar y formalizar en la Ley General de Cambio Climático el establecimiento de ciertas atribuciones municipales, en las que se implante la sustentabilidad, eficiencia en el servicio de alumbrado público, que brinden a los municipios el uso de tecnologías ahorradoras compatibles con el medio ambiente.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos acertado y necesario que el cuerpo de la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones municipales en el alumbrado público sustentable, de tal manera que lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley sea concordante con lo que señala el artículo 115 constitucional. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Le concedemos el uso de la voz a la diputada Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Con su venia, presidenta. Saludo a todos los compañeros y compañeras que están aquí, a los que nos ven desde sus oficinas y a todo el público que sigue los debates en la Cámara de Diputados.

El PRD, el Grupo Parlamentario del PRD va a votar a favor de esta modificación de la Ley de Cambio Climático porque coincide de manera muy importante con la iniciativa de la diputada Tania Arguijo y de una servidora para impedir la contaminación lumínica.

Esta iniciativa es una modificación a la LGEEPA e inicialmente fue vetada por la Secretaría de Hacienda porque aparentemente, según esta secretaría y haciéndome eco de las palabras de la diputada Mirza, representaba un impacto presupuestal.

Es muy importante ampliar el concepto de impacto presupuestal. Podemos no tener impacto presupuestal y perder el ambiente. Podemos no tener impacto presupuestal y causar inversiones muy importantes, astronómicas en el noroeste de México no lleguen porque en México, en esa parte del país hay un exceso de contaminación lumínica.

Entonces, es muy importante plantear esta coincidencia entre la modificación a la Ley de Cambio Climático y la que propusimos nosotros.

La Constitución ya garantizaba que los municipios pudieran decidir sobre las luminarias que usaban, pero lo que no planteaba, y este es el mérito de la ley, es plantear que las luminarias tienen que cumplir con un papel sustentable y de eficiencia energética. En este sentido, esta es una gran adición del diputado Tomás Montoya y lo felicito desde esta tribuna.

Sin embargo, el problema que tiene esta ley, y aquí disiento de dos diputados que me precedieron en el uso de la palabra, esta ley no es obligatoria, no obliga a los municipios a elegir una alternativa de iluminación que sea sustentable y, sobre todo, que sea eficiente energéticamente.

Y para que sea eficiente energéticamente, una de las características que debe tener es que no debe emitir contaminación lumínica hacia los lados y hacia arriba, exclusivamente tiene que iluminar el área hacia abajo para la que fue electa.

En este sentido, me parece que un paso siguiente sería recomendar a los municipios la elaboración de un reglamento para que su prioridad fuera la elección de este tipo de luminarias.

Ya hay dos ejemplos muy importantes en el país sobre municipios que han tomado la propuesta de no contaminar lumínicamente.

Uno es el municipio de Ensenada, que fue el pionero y precisamente por ser anfitrión de quizás el observatorio astronómico más importante del país, que depende del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y segundo, los municipios fronterizos del estado de Sonora: Cananea, Agua Prieta, Magdalena, Nogales y Naco, que recibieron un exhorto del Congreso local para instalar ese tipo de luminarias.

Nos preocupa, primero, que como decía yo, no sea obligatorio esto. Nos parece que es muy importante la elaboración de un reglamento y que los municipios puedan tener la opinión de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. De tal manera que haya un sustento legal, haya un sustento técnico que resista los embates de la Secretaría de Hacienda para solo pensar en términos estrictamente presupuestales y no tener una visión que incluya desarrollo social y, sobre todo, desarrollo sustentable.

Es por estas razones que el Partido de la Revolución Democrática, sus integrantes en esta Cámara, votaremos a favor de la propuesta de modificación a la Ley de Cambio Climático. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación, le concedemos el uso de la voz a la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para que fije postura por su partido.

La diputada María Chávez García:Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, la iniciativa que en este momento discutimos propone que se incluya en el artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático que los municipios tengan entre sus atribuciones la formulación e instrumentación de políticas y acciones en la materia de alumbrado público sustentable y eficiente.

Efectivamente, en las medidas de mitigación, en las emisiones uno de los ejes básicos es legislar para impulsar políticas públicas que involucren a los tres órdenes de gobierno y a instituciones científicas y financieras.

El análisis de la energía y finanzas públicas ha dejado de ser exclusivo del petróleo y el gas. El agotamiento del crudo convencional y las presiones internacionales por combatir el cambio climático han abierto el área de estudio a las energías renovables.

Otra razón para buscar fuentes adicionales de energías es la creciente demanda, según la Comisión de la Transición Energética, el consumo per cápita anual de energía para garantizar una buena calidad de vida es de 80 a 200 gigajoule. En México en 2015 se consumieron 70.8 gigajoule, México se encuentra en una región considerada de las más favorecidas en recursos solares donde se recibe diariamente el promedio 5.5 kilowatts hora.

El noroeste del país es la zona con mayor potencial donde la radicación excede los ocho kilowatts hora en primavera y verano. No obstante, todo el país tiene suficientes recursos solares para generar energía, diversificar la oferta energética y bajar las emisiones, porque además el gobierno federal tiene el compromiso a través de la Ley de Transición Energética de incrementar la participación de energías limpias en la matriz eléctrica. Es decir que, del total de la energía eléctrica generada, cada vez sea mayor la proporción que se genera de tecnologías verdes, México no solo tiene el reto de satisfacer una demanda creciente de energía sino de hacerlo con medios limpios.

En este sentido, se requiere precisar a los actores y sus funciones para definir objetivos y trazar políticas públicas que lleven a su cumplimiento. Morena está a favor del presente dictamen por los efectos positivos en el medio ambiente y la calidad de vida de los mexicanos, la energía solar es un medio para mejorar la vida de muchos ciudadanos que no tienen electricidad. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Gracias, diputada. Llamamos a continuación a la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, para fijar postura por su partido en este tema.

La diputada Elva Lidia Valles Olvera:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros. El dictamen que se discute en esta honorable tribuna tiene como objeto fortalecer las facultades de los municipios respecto a su obligación de dotar de alumbrado público a su demarcación a través del uso de tecnologías sustentables y eficientes que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero por fuentes de energías fósiles. Esta propuesta es relevante en materia de transición energética por los amplios beneficios para la población al contar con un buen servicio de alumbrado público.

La utilización de nuevas tecnologías sustentables para iluminar los espacios públicos permitirá reducir el costo que implica para los gobiernos municipales la prestación del servicio, ya que de acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad en 2015 el consumo de energía eléctrica en alumbrado público representó el 2.5 por ciento, o sea 5 mil 293 gigavatios horas de consumo de energía eléctrica nacional.

El precio que pagan los ayuntamientos se ubica en el rango de 2.8 a 3.4 pesos por kilowatt hora, que es de los más altos para todos los servicios en la Comisión Federal de Electricidad.

Para un número importante de ayuntamientos en México, el costo de proveer el servicio de alumbrado público con tecnología tradicional y de baja eficiencia representa una fracción importante de su gasto corriente que puede llegar hasta el 10 por ciento, esto sin considerar el gasto de mantenimiento.

Si se aprueba este dictamen, compañeros, los municipios de nuestro país podrán generar economías reduciendo el consumo de kilowatts, participar activamente en acciones de mitigación de los efectos del cambio climático y cumplir con una de las funciones al dotar a la ciudadanía de mejores servicios.

Una mejor iluminación de los espacios públicos reduce la inseguridad y fortalece la cohesión social al permitir a la población reencontrarse en las calles, en los parques, en los espacios de interacción y comunicación.

Coincidimos con la comisión dictaminadora en que además esta propuesta complementa las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional respecto a las obligaciones de los municipios sin vulnerar su autonomía.

Otro aspecto a resaltar es que, de aprobarse este dictamen, no representará un gasto para las finanzas de los ayuntamientos, ya que existen programas federales para financiar el alumbrado público sustentable como lo es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, coordinado por la Secretaría de Energía.

Compañeros, Acción Nacional votará a favor de este dictamen el cual representa un buen número de una adecuación legislativa que atiende las acciones de mitigación por parte de la administración pública municipal a los efectos del cambio climático, con el cual nuestro partido está comprometido, ya que nos interesa mejorar nuestro entorno y dejar un mejor futuro a nuestros hijos. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Para concluir con esta ronda de fijación de posturas, llamamos al diputado Aarón González Rojas, del Partido Revolucionario Institucional para que fije la postura de su partido.

El diputado Aarón González Rojas:Con su permiso, señora presidenta.

Primero. Combate al cambio climático. Dijera John F. Kennedy que la suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Es por ello que efectivamente debemos de asumir la responsabilidad que conlleva aprovechar lo que nos da el planeta sin poner en riesgo que las futuras generaciones puedan verse beneficiadas también.

Segundo. Responsabilidad con el medio ambiente. Los seres humanos somos la causa del cambio climático, y también podemos ser la solución. Así lo ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto, y por eso avanzó en la meta de generar 35 por ciento de la energía a partir de fuentes limpias en el 2024.

Otorgó más de 24 mil préstamos para que pequeñas y medianas empresas adquieran equipos eléctricos más eficientes ecológicamente.

Incluyó apoyos para la instalación de ecotecnologías en hogares con el Programa Mejoramiento Sustentable a la Vivienda Existente.

Disminuyó las emisiones de contaminantes para la generación de energía eléctrica en un 33 por ciento, y lanzó el Proyecto Nacional de Eficiencia en Alumbrado Público Municipal, para apoyar a municipios a adquirir lámparas ahorradoras de energía.

El cambio climático nos preocupa, pero más nos ocupa. Por eso los diputados del PRI aprobamos migrar a un modelo energético responsable con nuestro medio ambiente que incentive el aprovechamiento sustentable de la energía, manteniendo el balance de los ecosistemas para un adecuado desarrollo y bienestar de las personas. Ahora, debemos promover la eficiencia y sustentabilidad energéticas en todos los espacios públicos y en la prestación de servicios.

Tercero. Municipios responsables con el medio ambiente. Transitar a una visión general en la cual la energía y los recursos sean aprovechados de forma sostenible, exige la participación de todos los sectores de la sociedad y de todos los ámbitos de gobierno, subrayadamente de aquellos encargados de prestar los servicios públicos de primera mano, es decir, los municipios.

Estos juegan un papel decisivo en la implementación de medidas de eficiencia energética y cuidado con el medio ambiente, ya que son los encargados de prestar el servicio de alumbrado público que se caracteriza por el alto consumo de energía que en la gran mayoría de los casos no es sustentable e impacta negativamente en el medio ambiente.

Ante esto, cada administración municipal brinda el servicio de acuerdo a su capacidad técnica y presupuestal. Sin embargo, esto se convierte en un problema dado que existe poca continuidad en las políticas públicas de una administración municipal a otra. Y estas tienen dificultades presupuestales para adquirir lámparas ahorradoras por su elevado costo, a pesar de que en el largo plazo estas contribuyen a reducir el consumo eléctrico.

Por ello es importante formalizar un criterio legal de sustentabilidad y eficiencia en la prestación de dicho servicio por parte de los gobiernos municipales que contribuya a garantizar la sustentabilidad energética.

Cuarto. Alumbrado público sustentable y eficiente. La Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 9o. que los municipios formularán e instrumentarán políticas y acciones para enfrentar el cambio climático en las siguientes materias: prestación del servicio de agua potable y saneamiento, ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, recursos naturales y protección al ambiente de su competencia, protección civil, manejo de residuos sólidos municipales, transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional.

Votaremos a favor del presente dictamen que adiciona un inciso g) al artículo 9o., de la Ley General de Cambio Climático para disponer que los municipios deberán implementar acciones en materia de alumbrado público sustentable y eficiente, nos corresponde asumir el compromiso de actuar ahora y no esperar a que sea demasiado tarde.

Ninguna decisión es pequeña para combatir el cambio climático, pues todas contribuyen a preservar lo más valioso que tenemos, que es nuestro planeta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Diputados, ¿hace falta alguien de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico, favor de realizarlo, gracias. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 302, 0 en contra.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado en lo general y en lo particular por 302 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g), a la fracción II del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Ariel Burgos Ochoa cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Ariel Burgos Ochoa cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Ariel Burgos Ochoa cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de marzo de 2018.—Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Rosa Isela Rojas Luna cause alta como secretaria en la Comisión de Infraestructura.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez cause alta como presidenta en la Comisión Especial de la Industria Manufacturera y Maquiladora.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de marzo de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada María Olivia Picazo Olmos cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de marzo de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Que el diputado Alejandro González Murillo cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Abel Cruz Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de marzo de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobadas. Comuníquese.

SOLICITUD DE LICENCIA

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 26 de marzo del 2018.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.— Diputada Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Pido a la Secretaría dar cuenta con el punto de acuerdo respectivo.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la primera circunscripción plurinominal, a partir del 26 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo propuesto.

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres:En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales (a las 15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 21 de marzo a las 11 horas.