INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 9 de enero de 2019 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción de Cámara de Diputados.

2. Que reforma los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

3. Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Banxico, a dejar sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, a fin de que se respete la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo de las tecnologías financieras en las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Bancarios, suscrito por la senadora Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar una investigación profunda y exhaustiva, sobre la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el coordinador del Grupo parlamentario del PAN Rafael Moreno Valle, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a seguir aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante el año 2018 a las gasolinas, mismos que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas específicas en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que disminuya la tasa general del IVA en la región fronteriza del norte del país, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de controles de confianza, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, a resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, respecto a los listados donde se revelan los nombres de las empresas fantasmas o fachada, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INDAABIN, a remitir un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el campo militar N 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que, a través de los conductos diplomáticos, manifieste una condena por los hechos ocurridos el pasado primero de enero de 2019, en la frontera norte, donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, con motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, y empresas productivas del Estado, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, relativo a combatir el huachicoleo de cuello blanco, a cargo del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

13. Con Punto por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a Pemex y a la Sener, a informar a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible, futuras acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles, suscrito por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, relativo a atender las recomendaciones derivadas de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, suscrito por los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República reconoce el aumento histórico del Salario Mínimo, a cargo del senador Pedro Miguel Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a retirar definitivamente a la Embajadora de México ante la República Bolivariana de Venezuela, por la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2019, suscrito por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a revisar la logística del servicio de abastecimiento de gasolina principalmente en los estados de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, suscrito por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, a implementar las acciones que resulten eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos, suscrito por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que, a través de los conductos diplomáticos, México actúe apegado al cumplimiento de los derechos humanos y al ejercicio del estado de derecho sobre la crisis que agobia a los nicaragüenses, suscrito por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Juntas de Coordinación Política de cada Cámara del Congreso de la Unión, integrar la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, con la finalidad de interceder y facilitar el diálogo con el EZLN, suscrito por el senador Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de  del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, relativo al almacenaje, distribución y uso de fuegos pirotécnicos a nivel nacional, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades, a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales, suscrito por el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política y constitucional en Venezuela, suscrito por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, para que solicite a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, suscrito por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable Congreso, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas, la fracción IX del artículo 3; las fracciones III y VI del artículos 12; el párrafo primero del artículo 13; el párrafo primero del artículo 16; la fracción V del artículo 21; el párrafo cuarto del artículo 28; el párrafo segundo del artículo 29; la fracción I del artículo 30; el párrafo primero, segundo y cuarto del artículo 32; el título de la Sección III; el párrafo primero, segundo y tercero del artículo 33; el párrafo primero del artículo 34; el párrafo primero y segundo del artículo 35; el párrafo segundo del artículo 48; el párrafo primero y tercero del artículo 57; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como parte de los acontecimientos que han lacerado a la sociedad mexicana está la corrupción que se convirtió en un fenómeno complejo que ha disminuido a las instituciones y ha dañado a la sociedad, a la economía y a la democracia mexicana.

El esfuerzo por combatir a la corrupción en México se ha reflejado en la modificación y creación de las leyes necesarias para hacer frente a este fenómeno. Como muestra de esto, los últimos años han estado marcados por importantes reformas constitucionales y la creación de nuevas leyes que constituyen el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.

La reforma constitucional de 2014 la cual adiciona y reforma diversas disposiciones del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Esta reforma amplió el catálogo de los sujetos obligados a transparentar su información. La reforma incluyó, por ejemplo, la obligación de hacer pública la información de los partidos políticos, los sindicatos, los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos; fortalece al organismo garante a nivel federal y sienta las bases para crear organismos locales autónomos en todo el país; así como, reconoce y promueve el acceso a la información como un derecho fundamental para el desarrollo de la vida democrática mexicana. Otro gran esfuerzo que se logró a favor de la transparencia fue en mayo de 2014, día en que se publicó la Ley General de Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, en 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en Materia de Combate a la Corrupción. Entre estas reformas, destacan cuatro:

• La primera, es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 constitucional.

• La segunda, es el reconocimiento de la facultad que tiene el Congreso para expedir las leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción.

• La tercera, establece las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción.

• Y, por último, la cuarta reforma amplía y fortalece las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

El tema de la corrupción en México y en el mundo infortunadamente no es un tema novedoso. De hecho, es un tema ya añejo y que hoy ocupa la agenda de organizaciones internacionales y de muchas empresas a nivel global. Si bien se han logrado avances regulatorios notables, tanto a nivel local como a nivel global, también es cierto que cada vez se descubren esquemas más sofisticados para llevar a cabo actos de corrupción. Actualmente el mundo se encuentra dividido en dos polos, uno conformado por países y organismos internacionales que empujan y fomentan medidas más severas para prevenir y combatir la corrupción y otro, conformado por los países, generalmente en vías de desarrollo, que enfrentan retos importantes no solo respecto a la falta de legislación en materia anticorrupción sino en la falta de aplicación de esta. México tiene ya varios años realizando esfuerzos en diferentes niveles para prevenir y combatir la corrupción. Estos esfuerzos van desde la suscripción e implementación de convenciones y tratados internacionales en esta materia, hasta proyectos legislativos en las que se abrogan, reforman y publican nuevos ordenamientos legales como es el recién instalado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA está conformado por una serie de reformas a diferentes ordenamientos jurídicos que abarcan desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes y sus reglamentos hasta la expedición de nuevas leyes secundarias, como a continuación mostramos:

Este esfuerzo de México se ve complementado por lo sucedido en la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en la que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, acordaron actualizar sus respectivos marcos jurídicos para cumplir con los estándares internacionales en la materia y sancionar delitos como el soborno, la malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional. “Ahora, México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias en algunos casos.”

Los instrumentos internacionales en materia anticorrupción las convenciones internacionales en materia anticorrupción, existen convenciones que reflejan el esfuerzo realizado por la comunidad internacional para combatir la corrupción en el mundo y de los cuales tienen como sus principales propósitos y aportaciones en el tema de la lucha contra la corrupción:

I. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) Este primer esfuerzo es patrocinado por la OEA. “Esta convención constituye el primer instrumento jurídico internacional en este campo (anticorrupción) que reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados para combatirla.” La Convención fue aprobada en Caracas Venezuela en 1996. La Convención, de acuerdo con su Artículo II, tiene dos propósitos fundamentales: 1. El primero se refiere al esfuerzo que cada Estado debe realizar al interior para tomar medidas encaminadas a “prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”; y 2. El otro propósito fundamental se refiere a la cooperación que debe de haber entre los Estados firmantes para que estos esfuerzos sean más eficientes y efectivos en su implementación y aplicación.

Una de las principales aportaciones de esta Convención fue el compromiso que hacen los Estados firmantes para adoptar medidas internas que ayuden a crear y fortalecer una serie de controles encaminados a minimizar la exposición de los funcionarios públicos.

Asimismo el compromiso de esta Honorable Cámara de Diputados es la de fortalecer a todas y cada una de las instituciones encargadas de proteger, vigilar, promover y sancionar los actos ejercidos por las y los servidores públicos y particulares realizados en el ejercicio de sus funciones en detrimento de los intereses del estado y que se convierten como actos de corrupción y vulneran los principios rectores para la trasparencia y rendición de cuentas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del honorable Congreso, la iniciativa con proyecto de

Decreto por la que reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Único. Se reforma la fracción IX del artículo 3; las fracción III y VI del artículos 12; el párrafo primero del artículo 13; el párrafo primero del artículo 16; la fracción V del artículo 21; el párrafo cuarto del artículo 28; el párrafo segundo del artículo 29; la fracción I  del artículo 30; el párrafo primero, segundo y cuarto del artículo 32; el título de la Sección III; el párrafo primero, segundo y tercero del artículo 33; el párrafo primero del artículo 34; el párrafo primero y segundo del artículo 35; el párrafo segundo del artículo 48; el párrafo primero y tercero del artículo 57de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a VIII. ...

IX. Secretario ejecutivo: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente ley;

X. a XIII. ...

Artículo 12. Son atribuciones del presidente del Comité Coordinador:

I. y II. ...

III. Convocar por medio del secretario ejecutivo a sesiones;

IV. ...

V. ...

VI.Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del secretario ejecutivo;

VII. a X. ...

Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El secretario ejecutivo podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho comité.

...

...

...

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta ley establece para ser nombrado secretario ejecutivo.

...

...

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del secretario ejecutivo, a la información que genere el Sistema Nacional;

VI. a XVIII. ...

Artículo 28. ...

...

...

Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del secretario ejecutivo, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia.

Artículo 29. ...

Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al secretario ejecutivo, de conformidad con lo establecido por esta ley.

Sección II

De la Comisión Ejecutiva

Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por:

I. El secretario ejecutivo, y

II. ...

Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas por el secretario ejecutivo, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el secretario ejecutivo.

...

La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del secretario ejecutivo.

Sección IIIDel Secretario Ejecutivo

Artículo 33. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

Para efectos del párrafo anterior, el presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado secretario ejecutivo, de conformidad con la presente ley.

El secretario ejecutivo podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo; o bien, en los siguientes casos:

1. a 3. ...

Artículo 34. Para ser designado secretario ejecutivo se deberán reunir los requisitos siguientes:

I. a X. ...

Artículo 35. Corresponde al secretario ejecutivo ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El secretario ejecutivo adicionalmente tendrá las siguientes funciones:

I. a XII. ...

Artículo 48. ...

La plataforma digital nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del secretario ejecutivo de la misma, en los términos de esta ley.

Artículo 57. El secretario ejecutivo solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación ante el Comité Coordinador.

...

En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el presidente del Comité Coordinador instruirá al secretario ejecutivo para que, a más tardar a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Que, en un plazo de 180 días a partir de la publicación en la gaceta oficial, se armonicen las leyes locales correspondientes en cada uno de los congresos locales para tener completo el Sistema Nacional Anticorrupción.

Notas

1 http://sna.org.mx/nosotros/#antecedentes

2 https://www.mgps.com.mx/wp-content/uploads/2018/06/Arti%CC% 81culo-trimestral-Luis-Felipe-Ortiz-Cervantes-1.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de enero de 2019.— Diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de Cámara de Diputados.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que reforma los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente iniciativa tiene como propósito eliminar la posibilidad de extinción de la acción penal para los casos de delito de robo a casa habitación y a negocio o comercio por la vía de acuerdo reparatorio, o por suspensión condicional del proceso.

III. Argumentos que la sustenten (Exposición de Motivos)

El robo a casa habitación y a negocio o comercio es uno de los delitos más sensibles para la sociedad ya que se vulnera el patrimonio de las personas en su espacio íntimo, es decir, su hogar, o bien, en el medio para ganarse el sustento cotidiano. De acuerdo a cifras actualizadas a septiembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se han reportado 58 mil 752 robos a casa habitación, de los cuales 54 mil 20 fueron sin violencia, en tanto que 4 mil 732 se realizaron con violencia. En el mismo orden de ideas, hubo 66 mil 147 robos a negocio, de éstos 36 mil 102 sin violencia, y 30 mil 45 con violencia.

Por otra parte, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, publicado el pasado 25 de septiembre, 64.5 por ciento de los entrevistados considera a la inseguridad como su principal preocupación, por encima de otros problemas como el aumento de precios o el desempleo.

Agregado a esto, y en el mismo documento, se menciona que el hogar es el lugar en donde hay menor percepción de inseguridad, no obstante, en la comparación entre los resultados de 2017 y 2018 se puede apreciar el aumento de esta percepción de inseguridad.

En 2017, 21.2 por ciento de población entrevistada se sentía insegura en su casa, en tanto que en 2018 esta cifra aumentó a 24.3 por ciento, es decir, 1 de cada cuatro mexicanos no se considera seguro ni en su propio hogar. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), en agosto de este año, cada 6 minutos con 26 segundos se reportó, en promedio, una carpeta de investigación por robo a casa habitación en el país, y en el caso de robo a negocio, el ritmo ha sido de 5 minutos y 40 segundos a nivel nacional.

No obstante, en este aspecto, hay que indicar que, como lo menciona el ENVIPE 2018, existe una cifra negra, que es el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no se inicia la averiguación previa o la carpeta de investigación. En este sentido, en delito de robo a casa habitación, la cifra negra llegó a 89.0 por ciento, es decir, sólo se inició una carpeta de investigación o averiguación previa en poco más de 1 de cada 10 casos.

Por otra parte, con la entrada en vigor en 2016 del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, se dispuso la introducción en este sistema penal del principio de justicia restaurativa, a través de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Dentro de este aspecto, fue que en su momento la LXII Legislatura, al analizar, discutir y resolver sobre el proyecto de dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, decidió establecer las figuras de los Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso, cuya operación está regulada más a detalle en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Si bien, estas medidas fueron incluidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una forma de poder resolver controversias judiciales de una manera no sólo alterna al procedimiento tradicional, sino que dicha resolución fuera más rápida y por tanto, proveyera a una más pronta reparación del daño en favor de la víctima, también, debe considerarse que estos mecanismos no puedan aplicar a delitos de mayor impacto en la sociedad, como son los de robo a casa habitación y robo a negocio o comercio.

Por ello, es que se propone reformar los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el primero referente a las causales por la que no procederá el Acuerdo Reparatorio, y el segundo, sobre los escenarios en los que procederá la Suspensión Condicional del proceso, con el objetivo de establecer que, en aquellos casos que se trate de delitos de robo a casa habitación o a negocio o comercio, el imputado no pueda acogerse a alguno de estos beneficios.

IV. Fundamento legal

Lo constituyen los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

VI. Ordenamientos a modificar

Como lo indica el título referido, es el Código Nacional de Procedimientos Penales.

VII. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Único. Se reforman los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:

I. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;

II. Delitos culposos, o

III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, siempre que no se hayan cometido en su modalidad de casa habitación o negocio o comercio.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas.

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto.

Artículo 192. Procedencia

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:

I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;

II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y

III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.

IV. Que no se trate de delitos patrimoniales cometidos en modalidad de casa habitación o negocio o comercio.

Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento.

VIII. Artículos transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultar en

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ CNSP-Delitos-2018.zip

2 Consultar en

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf

3 Consultado en

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Rep_ago18_VF.pdf

4 En 2016, lo que se dio fue la entrada en vigor del Sistema en todo el país, al vencerse el plazo para su implantación nacional; toda vez que desde 2008 surgió la reforma y de manera escalonada las entidades federativas fueron estableciéndolo en sus órganos judiciales.

5 Consultar Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en reunión de Comisiones Unidas el 3 de diciembre de 2013.

IX, X y XI. Lugar, fecha y nombre y rúbrica del iniciador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

Miguel Alonso Riggs Baeza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde antes del inicio del nuevo gobierno hemos podido apreciar el mal e ilegal uso que se ha hecho de la figura que contempla nuestra Constitución llamada consulta popular. El calificativo de mal uso no es gratuito, pues ya vimos cómo una consulta fraudulenta y amañada sirvió para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y mandarlo a erigir en Santa Lucia.

Hablar sobre lo acontecido ese día es ocioso; baste decir que es la primera ocasión en la historia nacional en que un presidente de México, antes de tomar posesión del encargo, amaña un proceso democrático. Lo de ilegal tampoco es gratuito: la Carta Magna contiene un procedimiento que habrá de observarse al momento de celebrar estas consultas. Huelga decir que no se observó. Las consultas del presidente electo son por tanto amañadas e ilegales, y eso lo sabemos todos, aunque les pese.

En un tiempo en que se cierne sobre nosotros la sombra de un autoritarismo que creíamos superado, en un tiempo en que la amenaza de un presidencialismo dictatorial disfrazado a través de la manipulación de la gente que menos puede, menos sabe y menos tiene, se enseñorea, urge pues defender la democracia e impedir que en lo sucesivo y por virtud de estas consultas, se sigan imponiendo decisiones desde el ejecutivo, sean estas por capricho o por irresponsabilidad, como sucedió con el aeropuerto, o con la consulta del Tren Maya cuya fecha de construcción ya hasta se tenía programada como se tenía programado el resultado de esa consulta.

La Constitución establece en el artículo 35, fracción VIII, que es derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión. Es evidente que este Poder nada ha tenido que ver con las consultas del Presidente, quien, de acuerdo con el texto fundamental, no tenía facultad para convocarlas pues ésta corresponde en exclusiva a esta soberanía.

Si bien el artículo 35 constitucional establece que al Congreso de la Unión corresponde convocar a dichas consultas, es menester clarificar de manera determinante que dicha facultad es exclusiva del Poder Legislativo, es necesario que quede por demás de manifiesto que dicha facultad es propia del Congreso de la Unión.

El presidente podrá solicitar la consulta popular, pero será este Congreso quien determine si habrá de proceder o no, quien determine si se reúnen los requisitos para la misma se lleve a cabo o no, y para que, en caso de llevarse a cabo, determine si la misma habrá de ser vinculante o no, y no pase como sucedió con el aeropuerto, donde 747 mil votos fueron suficientes para detener el progreso del país, y eso si damos crédito a los números oficiales, por eso hablo de votos no de votantes, votantes seguramente fueron muchos menos. El caso es que 747 mil votos fueron suficientes para decidir el destino de 123 millones de habitantes; eso es lo verdaderamente grave y no podemos permitir que vuelva a suceder.

Estimados compañeros diputados: urge pues defender la democracia y evitar que a través de la manipulación, el pueblo vuelva a ser verdugo del pueblo. Urge pues que defendamos la Constitución y exijamos que se cumpla con su letra para evitar en lo sucesivo nuevas imposiciones disfrazadas de consultas. México es un país que ha construido su democracia a través de sangre, fuego y esfuerzo, por lo que retroceder no va a ser opción. No más dictadura disfrazada de democracia. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos y no vamos a permitir que se manipule la Constitución y al pueblo de México una vez más.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano

I. a VII. ...

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1. y 2. ...

3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente y aquellos en que por su naturaleza se requiera de conocimientos técnicos o científicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4. a 7. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DEL TRÁGICO HECHO QUE COBRÓ LA VIDA DE LA GOBERNADORA DE PUEBLA Y EL SENADOR MORENO VALLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo del Senado a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado veinte cuatro de diciembre, después del mediodía, comenzó a difundirse en redes sociales el desplome de una aeronave en el estado de Puebla, conforme pasaron las horas fue tomando fuerza la versión de que en ella iba la gobernadora del estado Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle.

Las versiones empezaron a cobrar fuerza a raíz de un mensaje en la red social Twitter por parte del presidente de la República quien refirió que tenía información que estos dos funcionarios iban en la aeronave, fue entonces cuando se empezó a tomar con mayor seriedad la versión.

Según medios locales, el helicóptero había despegado diez minutos antes del helipuerto El Triángulo de las Ánimas, en Puebla, e iba con destino a la Ciudad de México.

Conforme fueron corriendo las horas, se fue teniendo más información sobre el hecho, y fue hasta que se dieron conferencias de prensa, casi al mismo tiempo, por parte de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno de la república, que la noticia fue confirmada.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, informó en rueda de prensa que el helicóptero era marca Agusta 109, con matrícula XEA BON. Confirmó que a bordo viajaban el capitán Roberto Coppel, el primer oficial Marco Antonio Talavera; la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; el senador Rafael Moreno Valle, y el asistente del senador Moreno Valle, Héctor Baltazar.

Las tareas de averiguación de lo ocurrido echaron a andar pocas horas después del accidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunciaron la apertura formal de una investigación para saber exactamente lo ocurrido, y el Ejecutivo federal prometió transparencia en cuanto se tuvieran suficientes elementos para determinar las causas del siniestro.

Desde ese día han corrido distintas versiones sobre los hechos y muchas especulaciones, las cuales provocan una gran incertidumbre en la población, además de generar especulaciones que dañan a las personas e instituciones.

Se ha anunciado que en las investigaciones estarán colaborando instituciones de carácter internacional, de hecho, el portavoz del Ejecutivo poblano, Maximiliano Cortázar Lara, así lo solicitó, además, el apoyo internacional para dar credibilidad a las investigaciones.

Aunado a las investigaciones, es de gran importancia que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones, por ello cabe destacar que deberá crearse una comisión especial plural del Senado de la República que acompañe la investigación, le de agilidad, garantice imparcialidad, transparencia y sobre todo tranquilidad a la población poblana que tanto lo necesita en estos momentos.

El marco jurídico del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (artículos 85 y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículos 119 a 121 del Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico. Añade el artículo 119 que las comisiones especiales se crean a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y del senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Senadores.

SE RESPETE LA LIBRE COMPETENCIA, LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS FINANCIERAS EN LAS REGLAS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS BANCARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a dejar sin efectos las circulares números 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018 para que se respeten la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo de las tecnologías financieras en las reglas del sistema de pagos electrónicos bancarios, suscrita por la senadora Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Indira Kempis Martínez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó en el Senado la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), la cual posteriormente sería aprobada en la Cámara de Diputados y finalmente se promulgaría el 8 de marzo de 2018. Como se establece en el artículo 2, la Ley Fintech se creó basada “... en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica”. Dichos principios se violan en las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, emitidas por Banco de México.

II. La tecnología afectada por esta disposición unilateral emitida por Banco de México afecta a los más de 800 mil mexicanos que utilizan los activos virtuales como medio para realizar envíos de remesas a bajo costo, pagos digitales, o para tener acceso a la economía digital. Es decir, afectan a la población que ha sido ignorada por los instrumentos financieros tradicionales.

III. Banco de México participó en la elaboración de la Ley Fintech, y se encuentra supeditado a esta misma Ley de acuerdo con el artículo 2, el cual indica que “...dichos principios deben ser respetados por todos los sujetos obligados por esta Ley, respecto de su operación, así como las autoridades financieras al ejercer sus facultades.”

IV. Las medidas delineadas en las circulares anteriormente mencionadas atentan contra la inclusión financiera, al pedir que los usuarios de estas plataformas que realicen transacciones cuyo valor supere las 3 mil UDIS entreguen su firma electrónica avanzada o FIEL. Considerando que solo 10 millones de personas en el país cuentan con FIEL, esta es una medida prohibitiva. Por otro lado, al no existir antecedentes de que este requisito se le exija a alguna otra institución financiera en el país, resulta excesiva y anticompetitiva.

Nos encontramos en un punto en donde se requieren medidas inmediatas que permitan la libre competencia y el acceso al sistema financiero, como lo permite la ley citada. No dar marcha atrás a las reglas publicadas por el Banco de México nos pone en desventaja frente a otros países que buscan una sociedad incluyente, con mejores servicios y acceso al sistema financiero. Ya se tiene una ley y disposiciones secundarias, mismas que debemos observar para darle certidumbre al consumidor, no podemos permitir que el interés de unos cuantos afecte los intereses de un país.

Bajo este entendido, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a Banco de México a que realice los actos necesarios para que las reglas antes citadas se atengan a las disposiciones de prevención de lavado de dinero enmarcadas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Este marco regulatorio que permite y observa en principio el uso y trato de activos virtuales y la regulación de sociedades de fondos de pago electrónico que operarán o en su caso que ya operaban en términos del artículo octavo transitorio de la ley conocida como Fintech.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a apegarse a la legalidad y a los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia y protección al consumidor, y, por tanto, a declarar sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.— Senadora Kempis Martínez(rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y EXHAUSTIVA, SOBRE LA CAÍDA DEL HELICÓPTERO EN EL QUE VIAJABAN LA GOBERNADORA DE PUEBLA Y EL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una investigación exhaustiva sobre la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Rafael Moreno Valle, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 24 de diciembre de 2018, pasadas las 16:30 horas, se dio a conocer a la opinión pública la información de que un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el exgobernador de la entidad y senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, se había desplomado a unos minutos de haber emprendido el vuelo.

El helicóptero despegó en la ciudad de Puebla rumbo a la Ciudad de México y cayó en Santa María Coronango, a las afueras de la Zona Metropolitana de Puebla minutos después. En él viajaban también los dos capitanes, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, así como el asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza, todos perdieron la vida.

Las causas de la caída del helicóptero aún son inciertas y hace necesario llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva para conocer los pormenores de lo ocurrido aquella tarde.

El Grupo Parlamentario del PAN lamenta el fallecimiento de los cinco tripulantes de la aeronave, en especial de la gobernadora Martha Érika Alonso y de nuestro compañero senador Rafael Moreno Valle. Nuestra máxima solidaridad y apoyo a sus familias en estos momentos de tanta tristeza.

Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle eran dos políticos con reconocimiento a nivel nacional. Su acción política trascendió en el bienestar y la mejora de la calidad de cientos de miles de personas y familias en Puebla.

Para Puebla y para el resto de México, el deceso de estos prominentes actores políticos representa una tragedia que no puede dejarse pasar por alto y sobre la que el gobierno federal tendrá que ofrecer mucha información y dar respuestas claras y veraces.

Su muerte se da en un contexto sumamente crítico en términos de certidumbre política; apenas unos días antes la gobernadora Alonso había rendido protesta a su cargo después de innumerables pugnas políticas y jurídicas ante los tribunales electorales locales y federales.

En el Grupo Parlamentario del PAN insistimos en que la pugna que se llevó a cabo a través de las instituciones democráticas del Estado, no da razón para desconocer al triunfador de una contienda, y mucho menos a insinuar la no colaboración entre órdenes de gobierno como lo manifestara el presidente López Obrador al referirse a la toma de protesta de Martha Erika Alonso como gobernadora.

Tampoco puede ser pretexto para que, en un momento en donde se espera la actuación institucional y republicana de un jefe de estado durante las exequias de la gobernadora Alonso y del senador Moreno Valle, no acuda a los funerales y mande a una representante de su gobierno. Lamentamos que el Presidente de la República no haya asistido a los funerales de Estado en memoria de la gobernadora de Puebla y del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores.

Se trata de una muestra clara de que el conflicto político en Puebla no está superado y que la ambición política se ha situado por encima de las razones de la República.

En próximos meses el estado de Puebla tendrá que entrar en un nuevo proceso electoral para designar un nuevo gobernador de la entidad. De antemano hacemos un llamado a todos los actores políticos para que dicho proceso se lleve a cabo con la mayor civilidad y a través de los cauces democráticos.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lamenta el sensible fallecimiento de la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Puebla, Martha Érika Alonso, y del ex gobernador de la entidad y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Rafael Moreno Valle.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a girar instrucciones para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y profunda sobre las causas que dieron origen al desplome de la aeronave en la que viajaban la gobernadora de Puebla y el coordinador del Grupo Parlamentario del Pan en la Cámara de Senadores, así como otros tres tripulantes.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a todo el gabinete presidencial, para abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de intervención en las próximas elecciones para la gubernatura del estado de Puebla.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a brindar todo su apoyo y las garantías necesarias para que el próximo proceso para la elección de gobernador en Puebla se lleve a cabo bajo los más altos estándares democráticos y se respeten los principios de equidad y certeza a lo largo de la contienda y durante el periodo postelectoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE SIGAN APLICANDO LOS ESTÍMULOS FISCALES DEL IEPS DECRETADOS DURANTE EL AÑO 2018 A LAS GASOLINAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a seguir aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al acuerdo por el cual se actualizan las cuotas específicas en materia de ese gravamen, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Consumir gasolinas y diésel implica pagar diferentes cuotas de IEPS: una cuota federal, una cuota estatal y una cuota de carbono. Sin embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el precio final de los combustibles, con el fin de que la carga sobre el ingreso de las familias y los consumidores no sea tan onerosa.

Durante los últimos seis años, en México los precios de las gasolinas se incrementaron en más de un 80 por ciento. Para los consumidores el costo de los combustibles prácticamente se duplicó, pues mientras en diciembre del 2012 por cada litro de gasolina Magna pagaban 10.81 pesos, ahora, en el mes de agosto del 2018 pagan 19.39 pesos, lo que representa un incremento de 79 por ciento. A su vez, la gasolina Premium pasó de 11.37 pesos por litro a 20.89, lo que representa un incremento de 84 por ciento, y el diésel pasó de 10.90 pesos a 20.09, aumentando también un 84 por ciento. Así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, en promedio el precio de las gasolinas en nuestro país aumentó un 82 por ciento.

Para contextualizar el impacto del aumento de las gasolinas en la economía cotidiana de las familias mexicanas, se ilustra cómo, mientras en diciembre de 2012, con el salario mínimo diario (62.33 pesos) se podían comprar 5.8 litros de gasolina magna, para agosto de 2018, con el salario mínimo de 88.36 pesos diarios, solo se compran 4.7 litros, es decir alcanza para menos combustible, un litro menos.

Este dato cobra relevancia al considerar que para la generalidad de las familias mexicanas  los altos costos de transporte representan un importante porcentaje del gasto de sus ingresos como se constata en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 donde se muestra que en México, el gasto familiar que se destina a transporte y comunicaciones representa el 19.3 por ciento de sus ingresos totales, monto sólo superado por el gasto que las familias destinan para alimentación y bebidas, rubro que absorbe el 35.2 por ciento de sus ingresos, y mucho más alto que el tercer rubro al que las familias destinan sus ingresos: Educación y Esparcimiento, que representa el 12.4 por ciento, o el cuarto rubro de gastos de vivienda que representa 9.5 por ciento.

En contraste, con base a datos compilados por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el semanario británico The Economist elaboró una infografía que muestra cómo gastan los hogares de Australia, Canadá, los 28 países miembros de la Unión Europea, India, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Estados Unidos. De todos los países incluidos, México es el país donde las familias gastan más en transporte. En la siguiente tabla se puede observar el incremento de las gasolinas en México entre 2012 y 2018, así como su relación con el salario mínimo.

II. El artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece el monto de las cuotas gravables por litro a los combustibles automotrices, disponiendo lo siguiente:

“Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: ...

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: ...

D) Combustibles automotrices:

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Las cantidades señaladas en el presente inciso se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.”

El 27 de diciembre de 2016, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para establecer estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles, lo que se traduce en el cobro menor a la cuota establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del IEPS, con la finalidad de reducir el precio de la gasolina.

El primer acuerdo por el que se dispuso la reducción de cuotas estuvo vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017. A partir de entonces, y hasta la fecha, se han publicado sucesivamente decretos semanales, ajustando las cuotas considerando la fluctuación y la cotización del dólar como uno de los determinantes del precio de referencia internacional de las gasolinas, como se observa en los siguientes cuadros, que muestran el promedio de cuotas establecidas durante el presente ejercicio fiscal 2018 y su reducción porcentual y absoluta en pesos:

Promedio de cuotas cobradas (artículo 2o., fraccción I, inciso D, Ley del IEPS) durante 2018 derivadas de la aplicación de los estímulos fiscales establecidas por el Ejecutovo federal

En este sentido, es importante señalar que el día 28 de diciembre de 2018 y con base Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el gobierno dispuso suprimir los estímulos y cobrarlo directamente a los mexicanos y donde se señalan en lo siguiente:

Con la primera actualización de cuotas para el IEPS, que será vigente del 1 al 11 de enero de este año, la SHCP no aplicará ningún estímulo fiscal para el consumidor final de este bien. Es decir, el ciudadano deberá pagar en su totalidad dicha cuota del IEPS, por lo que el incremento es términos generales un gasolinazo, ya que el con el acuerdo publicado tendrá que pagar 4.71 pesos por litro de IEPS para la gasolina Magna, es decir 22 centavos en comparación de las tablas explicativas del año 2018.

Para el caso de la gasolina Premium, se tendrá que pagar un impuesto de 4.06 pesos por litro, lo que significa 18 centavos comparando la cuota anterior, y en el Diésel de 5.28 pesos por litro, lo que equivale a 24 centavos más.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha referido a que la actualización de las cuotas se realizó con fundamento en el Decreto al que se hace mención y publicado el 27 de diciembre de 2016 tras la liberación de los combustibles. Sin embargo, este estímulo fiscal cambia cada semana acorde a movimientos del tipo de cambio y de los precios internacionales del petróleo y es publicado, semanalmente, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que este último Decreto es a todas luces un gasolinazo.

Este gobierno ha continuado con la política de sexenios anteriores, primero la de financiar del bolsillo de las y los mexicanos las cuentas que se hicieron al momento de la formulación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, además de que en la ruta de aprobación de la Ley de Ingresos se prometió no bajar dichos estímulos. En segunda, esta administración, que prometió que el costo de los combustibles bajaría apenas asumiera sus funciones, ha incumplido su promesa. No sólo fue algo que pregonaron durante la campaña electoral del año pasado, sino que en los Criterios Generales de Política Económica para el 2019 se estableció que se continuaría con una política de estímulos fiscales a las gasolinas, a fin de mantener sus precios constantes en términos reales.

Además de que dicha modificación y actualización del acuerdo generará un impacto negativo en el poder adquisitivo de las personas y que influirá en un alza de precio de los bienes, productos y servicios, por lo que exhortamos a la SHCP para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas, por lo que se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019.

Notas

1 Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Pág. 24.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf

2 “How countries spend their money”, The Economist, Sep 14th 2015

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-9

3 Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 2017. Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505 &fecha=29/12/2017

4 Con base a los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por el que se dieron a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, correspondientes a la primera semana de cada mes del presente ejercicio fiscal 2018. DOF 29-12-2017 Acuerdo 142/2017; DOF 02-02-2018 Acuerdo 12/2018; DOF 02-03-2018 Acuerdo 23/2018; DOF 23-03-2018 Acuerdo 31/2018; DOF 27-04-2018 Acuerdo 41/2018; DOF 01-06-2018 Acuerdo 55/2018; DOF 27-07/2018 Acuerdo 76/2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.— Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE DISMINUYA LA TASA GENERAL DEL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA DEL NORTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a disminuir la tasa general del IVA en la región fronteriza norte del país, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos en nombre propio y de los senadores de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que disminuya la tasa general del impuesto al valor agregado en las región fronteriza norte del país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Marco Jurídico

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, son obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

b) Código Fiscal de la Federación

Que el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF), dispone que las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.

Asimismo, el artículo 39, fracción III, del CFF dispone que el Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá conceder subsidios o estímulos fiscales.

c) Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte” (en adelante, Decreto), el cual otorgaría estímulos fiscales a 43 municipios de las entidades federativas que se encuentran localizados en la franja fronteriza norte de 25 kilómetros.

Región Fronteriza Norte

Baja California

1. Ensenada

2. Playas de Rosarito

3. Tijuana

4. Tecate

5. Mexicali

Chihuahua

1. Janos

2. Ascensión

3. Juárez

4. Práxedis Guerrero.

5. Guerrero

6. Guadalupe

7. Coyame del Sotol

8. Ojinaga

9. Manuel Benavides

Coahuila de Zaragoza

1. Ocampo

2. Acuña

3. Zaragoza

4. Jiménez

5. Piedras Negras

6. Nava

7. Guerrero

8. Hidalgo

Nuevo León

1. Anáhuac

Sonora

1. San Luis Río Colorado

2. Puerto Peñasco

3. General Plutarco Elías Calles

4. Caborca

5. Altar

6. Sáric

7. Nogales

8. Santa Cruz Cananea

9. Naco

10. Agua Prieta

Tamaulipas

1. Nuevo Laredo

2. Guerrero

3. Mier

4. Miguel Alemán

5. Camargo

6. Gustavo Díaz Ordaz

7. Reynosa

8. Río Bravo

9. Valle Hermoso

10. Matamoros

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo con el decreto, los estímulos se aplicarán en materia del impuesto al valor agregado (en adelante, IVA), al impuesto sobre la renta (en adelante, ISR), se homologarán los precios de los combustibles con los estados colindantes de la Unión Americana, y se duplicará el salario mínimo en esa región, a partir del día 1 de enero de 2019.

Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que el estímulo sobre el ISR consistirá en la aplicación de un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales y se aplicará contra el impuesto causado en el mismo ejercicio o en los pagos provisionales, según corresponda.

Los beneficiarios serán las personas morales del régimen general y que optaron por acumulación de ingresos, y las personas físicas con actividad profesional y empresarial.

II. Contribuyentes que llevan a cabo operaciones de magulla

De acuerdo con datos oficiales, la industria maquiladora genera aproximadamente 2.7 millones de empleos en todo el país, lo que se traduce en más del 17% del empleo formal ante Instituto Mexicano del Seguro Social y representa el 60% de las exportaciones totales de México.

Sin embargo, en el Decreto no se consideró otorgarle este beneficio, siendo que este sector representa una importante palanca de desarrollo, no solo en la frontera norte, sino de todo el país.

III. Disminución del Impuesto al Valor Agregado

En materia de IVA, el presidente de la República se comprometió que la tasa general de este impuesto disminuiría a la mitad, sin embargo, revisando el contenido del referido decreto, en Acción Nacional notamos que se trata de un engaño a la sociedad mexicana, debido a que el estímulo al IVA no consiste en una reducción de la tasa general del IVA en la zona fronteriza norte, sino un estímulo fiscal del crédito de 50 por ciento del IVA.

Lo anterior tiene implicaciones muy diferentes a las promesas del gobierno. Un crédito de 50 por ciento del IVA sólo actúa como una reducción en el pago de este impuesto que se encuentra a cargo de los contribuyentes quienes trasladan el impuesto a lo largo de la cadena de valor, y que al final deben declararlo y pagarlo al SAT, por lo que en términos prácticos los precios de los bienes y servicios ofrecidos en la frontera no necesariamente disminuirán en la proporción que se prometió.

Con este decreto, vemos con preocupación que lo que se promete no se cumple y que la confianza de más de 30 millones de mexicanos que lo respaldaron en las urnas una vez más queda defraudada.

En Acción Nacional nos pronunciamos por un manejo equilibrado en las finanzas públicas, disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, y la instrumentación de una estrategia de endeudamiento responsable.

Este gobierno continúa en hacer anuncios que sólo han generado desconcierto e incertidumbre en la sociedad mexicana y por ende han impactado en la confianza de los mercados y afectado los empleos.

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional exige al titular del Ejecutivo federal que dé cumplimiento de sus compromisos y aplique un estímulo fiscal de 50 por ciento en la tasa general del IVA en la frontera norte del país para que efectivamente vaya dirigido al consumidor final. En materia de estímulo al ISR se incluya a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y se analicen los municipios del Estado de Baja California Sur, que podrían ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en las Reglas Generales que se deriven del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte se considere lo siguiente:

1. Una disminución de la tasa general del impuesto al valor agregado de 16 a 8 por ciento en beneficio de los consumidores finales;

2. Que se otorgue el estímulo del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y

3. Que se incluyan a los municipios del estado de Baja California Sur, que podrán ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.— Senadora Minerva Hernández Ramos(rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE RESPETE Y APLIQUE LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE CONTROLES DE CONFIANZA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de controles de confianza, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracciones I y III, y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 1 de diciembre de 2018 rindió protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El presidente designó a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

III. Alfonso Durazo, como titular, ha nombrado a sus colaboradores, entre quienes se encuentran el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia.

IV. En la misma fecha fue designado Arturo Jiménez Martínez comisionado general de la Policía Federal.

V. El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la lera establece:

Artículo 13. El personal de confianza de las unidades administrativas del sistema, del secretariado ejecutivo, de los centros nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del consejo nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

VI. Las evaluaciones de control de confianza contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normativa institucional, así como el personal de nuevo ingreso se ajuste a los principios institucionales de acuerdo con el perfil del puesto; derivado de ello, en su caso se emite la certificación correspondiente.

Al operar el proceso de evaluación de confianza se fortalecen la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad, conforme a la normativa, procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones.

Permite contar con instituciones de seguridad pública o privada que destaquen por servidores públicos competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales (Evaluaciones de control de confianza, disponible en http://ccc.edomex.gob.mx/evaluaciones_de_confianza).

VII. El discurso del presidente López Obrador ha señalado que atacaría y eliminaría la corrupción de las instituciones, además de contar con personal capacitado para las distintas tareas. Señaló en múltiples ocasiones que partiría “de abajo hacia arriba, como se limpian las escaleras”. Sin embargo, sus funcionarios no han demostrado acreditar las evaluaciones de control de confianza “de abajo hacia arriba”.

VIII. Hoy, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no ha respetado el ordenamiento nacional que dispone que todos los funcionarios deben acreditar las evaluaciones de control de confianza, hecho que resulta vital, pues se trata de los altos funcionarios quienes se encargaran de la seguridad de los mexicanos. Tampoco se han presentado los exámenes de control de confianza por el comisionado general de la Policía Federal ni del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otros.

IX. Es evidente que todos los sujetos encargados de la seguridad del país, incluida la Guardia Nacional, en caso de ser aprobada ésta por el Congreso de la Unión, deben acreditar las evaluaciones de control de confianza para poder ocupar dichos cargos. En caso contrario, deben ser reemplazados por quien sí cubra el perfil de dichos puestos. De no ser así, estaríamos violando el ordenamiento nacional, así como los funcionarios estarían actuando ilegítimamente, dado que carecen del reconocimiento y la confianza de la ciudadanía.

Con el presente punto de acuerdo se pretende hacer un llamado a respetar la Carta Magna, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las respectivas leyes orgánicas, a fin de tener certeza y legalidad, así como la confianza de todos los mexicanos.

Por lo expuesto se propone con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal que respete y aplique la legislación nacional en materia de aplicación de controles de confianza, a fin de que los funcionarios de la actual administración pública federal presenten y demuestren haber acreditado dichas evaluaciones para desempeñar los cargos que se les han conferido; y, en caso contrario, sean sustituidos por personal que sí acredite dichos controles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE RESUELVA EN DEFINITIVA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación respecto a las listas donde se revelan los nombres de las empresas fantasma o fachada, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la república e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la república y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

a) Marco Jurídico

El artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del fiscal general de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Al respecto, el artículo 21, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que corresponde conocer a la Salas de la SCJN cuando se ejerza la facultad de atracción anteriormente señalada.

La interpretación que la Primera Sala de la SCJN ha fijado respecto de la facultad de atracción es que su naturaleza jurídica es la de “...un medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia...”

Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 27/2008 anteriormente mencionada, se señaló cuáles son los requisitos que deben acreditarse en forma conjunta a fin de ejercer la facultad de atracción, siendo éstos:

i) Que a juicio del Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y

ii) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la SCJN.

No debe pasarse por alto que en la diversa Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 102/2011 la Primera Sala de la SCJN se señaló claramente que “ ...los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascedente para casos futuros...”

Lo anterior, pues en consideración del citado órgano jurisdiccional, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática.

b) Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Con el objeto de evitar el tráfico de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, en la reforma para el ejercicio fiscal de 2014 se incorporó la facultad de las autoridades fiscales de tener por inexistentes operaciones, cuando un contribuyente emita comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material necesaria para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes que se amparen en los comprobantes emitidos, o en su caso, dichos contribuyentes estén ilocalizables.

A decir del abogado Luis Manuel Pérez de Acha, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) vigente a partir de enero de 2014, establece el procedimiento para que el Servicio de Administración Tributaria investigue y sancione a los emisores de facturas falsas, puesto que éstas son el principal instrumento que utilizan las empresas fachada o fantasma.

Cuando se trata de cometer actos de corrupción —continúa Pérez de Acha— el modo de operar de las empresas fachada es que las dependencias públicas simulen contratos de obra, adquisición de bienes o prestación de servicios sin que ninguno de ellos se ejecute pero que las dependencias sí paguen las contraprestaciones a las que se obligaron e incluso reciban a cambio comprobantes fiscales emitidos por las empresas fachada.

Además, los contribuyentes también utilizan los comprobantes fiscales que emiten las empresas fachada para obtener una serie de beneficios indebidos en claro perjuicio de la Hacienda Pública, pues deduce para efectos del Impuesto Sobre la Renta (en adelante, ISR) acredita para efectos del Impuesto al Valor Agregado (en adelante, IVA) compensa para efectos de ambos impuestos, solicita la devolución de dichas contribuciones, acredita pérdidas fiscales para ISR y disminuye la base de PTU para este mismo impuesto.

El procedimiento aprobado por el Congreso de la Unión para combatir esta tipología de evasión fiscal fue, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 69-B del CFF, facultar al Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes que hayan sido emitidos sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Así, el SAT podrá emitir listados preliminares en los que publica el Registro Federal de Contribuyentes (en adelante, RFC) y los nombres de quienes presuntamente emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, otorgándoles la oportunidad de realizar manifestaciones de derecho y de aportar probanzas que les permitan desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal.

Una vez transcurridos los plazos y habiendo valorado la información, documentación y argumentos de defensa que fueron aportados por los contribuyentes, el SAT podrá publicar un listado definitivo de quienes no hubieran podido desvirtuar los hechos que les fueron imputados. Los efectos de la citada publicación será considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

En este sentido, el artículo en comento establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en forma definitiva en el listado señalado, podrán acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales o bien, procederán a corregir su situación fiscal.

A decir de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF que ha sido resumido en los párrafos anteriores, conforme al cual el SAT publica las listas de las empresas fantasma, resulta fundamental para el combate a la corrupción.

Esta organización de la sociedad civil ha puntualizado que “...la lógica detrás de la actuación del SAT es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera una operación simulada (es decir una empresa fantasma) y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad...” Además, es con base en el citado precepto legal cuando se determina que una persona o empresa facturó operaciones inexistentes que “...(i) se les determinarán los créditos fiscales y (ii) se considerará simulación de actos para efecto de tipificar el delito fiscal...”

Sobre este mismo punto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “ ...la política de Estado para prevenir y combatir estos delitos se materializó en el artículo 69-8 del CFF, con base en el cual el SAT publica los nombres de las empresas fantasma. Estas listas tienen como propósito dejar sin efecto los comprobantes fiscales que ellas emiten, en tanto que respaldan operaciones inexistentes o simuladas...”

A partir de la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF, la Segunda Sala de la SCIN resolvió cinco casos a través de los cuales sentó jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo en cita, i) no vulnera en perjuicio de los gobernados sus derechos fundamentales de audiencia, de irretroactividad de la ley, ni de libertad de trabajo; además de que también se determinó que ii) no se contravino el principio de presunción de inocencia; que iii) los datos de los contribuyentes son de carácter público y, por ende, pueden darse a conocer a terceros; y, finalmente, que iv) la presunción de operaciones inexistentes no constituye una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Carta Magna.

Se trata de los casos de los Amparos en Revisión 51/2015, 302/2015, 354/2015, 361/2015 y 424/2015 que dieron origen a las Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 132/2015, 2a./J. 133/2015, 2a./J. 134/2015, 2a./J. 135/2015, 2a./J. 140/2015 y 2a./J. 161/2015.

Sin embargo, en las citadas Tesis de Jurisprudencia, la Segunda Sala de la SCJN únicamente se pronunció respecto a la constitucionalidad de la facultad del SAT para emitir y publicar los listados preliminares, sin que se hubiese analizado ni la facultad de realizar los listados definitivos, ni tampoco la consecuencia jurídica de los mismos,es decir, que todas las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por los contribuyentes incluidos en los listados definitivos, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

El abogado Luis Manuel Pérez de Acha plantea que “... la constitucionalidad del artículo 69-8 del CFF por lo que hace a los listados definitivos, así como las consecuencias legales que a ellos son aplicables ya ha sido planteada ante la SCJN, sin que a la fecha se haya quedado resuelto...”

Los temas que, en su momento, podría definir la SCJN serían los siguientes:

• La emisión de las listas que en definitiva señalan a los emisores de facturas falsas y la consecuencia de que todos sus comprobantes carecen de efectos fiscales.

• La situación en la que quedan los contribuyentes que utilizaron los comprobantes fiscales para efectos del ISR y del IVA.

• La determinación de créditos fiscales por parte del SAT.

• La comisión de delitos tanto por los emisores de facturas falsas como por los contribuyentes que las utilizaron.

Sobre este particular, cabe mencionar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “... el estado de derecho exige que la interpretación constitucional privilegie el fortalecimiento de las instituciones, la salvaguarda de la Hacienda Pública y los derechos de los mexicanos en general. Las empresas fantasma se contraponen a todo ello...”

La nota publicada por el periódico El Economista el 25 de agosto de 2018, con el cabeceo “Empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos” cuantifica la importancia de este tema y pone en perspectiva el daño que se está causando a la Hacienda Pública.

“...El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en el país más de 8,000 empresas presuntamente, simulan operaciones, las cuales han facturado 2.04 billones de pesos a través de comprobantes apócrifos...” señala la nota, misma que refiere a la entrevista sostenida a Samuel Magaña, entonces administrador central de Planeación y Programación de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien comentó que “...en su totalidad, las 8,301 empresas han facturado 2.04 billones de pesos. Consideramos a todas las empresas publicadas porque, en general, muy pocas de éstas han logrado desvirtuar sus operaciones. Desde que entró en vigor este artículo, sólo 120 han logrado desvirtuar...”

Lo antes expuesto pone de manifiesto que el tema de las empresas fantasma o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es de gran interés, importancia y trascendencia para nuestro país, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la estabilidad de las finanzas públicas.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión en que se ha señalado como acto reclamado la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que el Máximo Tribunal se pronuncie, resuelva y pueda emitir jurisprudencia por reiteración de criterios con relación a la constitucionalidad de los listados definitivos donde se revelan los datos fiscales de los contribuyentes que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como sobre las consecuencias legales derivadas de que dichos comprobantes no produzcan efecto fiscal alguno.

Notas

1 “Facultad de atracción. Requisitos para su ejercicio” Registro 169885. Tesis de Jurisprudencia 1a./.1. 27/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 150

2 “Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales.” Registro 161080. Tesis de Jurisprudencia 1a./1. 102/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 489.

3 Turanzas, Bravo y Ambrosi. Actualización tributaria 2014.

4 Pérez de Acha, Luis Manuel, “Las empresas fachada y los cárteles de corrupción”, en Celorio Vela, Jesús Agustín y Carrasco Parrilla, Pedro José (Directores) Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Tomo III, México, 2018 páginas 51-60.

5 Celorio Vela, Jesús Agustín, El combate penal a la expedición de facturas falsas, en Seminario de Discusión Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción. 17 de octubre de 2018, México, Senado de la República.

6 https://contralacorrupcion.mx/articulo-69b/

7 Ídem.

8 Ídem.

9 http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/ Comunicado-empresas-fantasma-VF.pdf

10 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el principio de irretroactividad de la ley”. Registro 2010275. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1740.

11 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el derecho de audiencia”. Registro 2010274. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1738.

12 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no viola el derecho a la libertad de trabajo”. Registro 2010277. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1743.

13 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el principio de presunción de inocencia”. Registro 2010276. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1742.

14 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación son de carácter público y, por ende, pueden darse a conocer a terceros”. Registro 2010278. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1745.

15 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no constituyen una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Registro 2010621. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 277.

16 Pérez de Acha, Luis Manuel, loc. cit. página 56.

17 Siguiendo la exposición contenida en ibídem.

18 https://www.animalpolitico.com/2018/01/sat-empresas-fantasma-comite- anticortupcion/

19 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresas-fantasma-han- facturado-2.04-billones-SAT-20180827-0125.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Senadora Minerva Hernández Ramos(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL CAMPO MILITAR N 1-F, RESPECTO A SU POSIBLE URBANIZACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Indaabin a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado del campo militar número 1-F respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar Número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, conforme a los siguientes

Antecedentes

En el pasado julio del año anterior, el Campo Militar 1-F situado en Vasco de Quiroga número 1401, en Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón, fue considerado para su venta del terreno que ocupa dicho campo con el propósito de construir un desarrollo inmobiliario, no obstante se desistió de ello y confirmando que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a efecto de que se siga utilizando en actividades castrenses, ello señalado en el “ Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio del año pasado.

Asimismo, conforme al mencionado acuerdo se determina que la superficie de 199 mil 4 metros cuadrados, que forma parte del cauce del río Tacubaya y de la zona federal, por lo que al ser propiedad originaria de la nación, en términos del artículo 27 constitucional y encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás acciones de regularización que correspondan.

En dicho acuerdo, también señala que sí la Secretaría de la Defensa Nacional diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este Instituto. Y que en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el inmueble destinado, previo a su realización, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.

A pesar de lo mencionado anteriormente, de acuerdo con declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presente administración pretende urbanizar el Campo Militar 1-F con el objetivo de financiar las instalaciones de la denominada Guardia Nacional en las distintas regiones del país. De acuerdo con lo dicho por el mandatario federal, se estima recaudar de 20 a 30 millones de pesos.

A pesar de ello, aún no se cuenta con proyecto alguno que detalle las obras de mitigación, estudio de impacto ambiental y el uso de suelo del predio donde se pretende realizar las obras de urbanización.

Cabe mencionar, que en meses pasados cuando se pretendía vender dicho terreno donde se sitúa el Campo Militar en la administración anterior, el entonces senador Mario Delgado, a través de un video publicado en twitter denunció su rechazó, señalando que “...este terreno un negocio con valor estimado en más de mil millones de dólares. Un desarrollo así colapsaría por completo el ya complicado tráfico de la zona, dejaría sin agua a todas las colonias de alrededor y terminaría con uno de los pocos pulmones que le que le quedan a la ciudad”. “Vamos a organizarnos. Primero para detener este mega desarrollo. Y segundo para pedirle al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad que conviertan en esta zona en un área de valor ambiental protegida con un gran parque que todos puedan disfrutar”.

En el mismo sentido se pronunció la entonces candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón, ahora alcaldesa, su negativa a la venta del Campo Militar 1-F.

Considerandos

I. Qué con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.

II. Que de acuerdo con acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado Campo Militar número 1-F, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, señala en el sexto acuerdo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del dicho acuerdo.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE CONDENEN LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA FRONTERA NORTE, DONDE AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA ARROJARON DESCARGAS DE GAS LACRIMÓGENO DE LADO MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a manifestar mediante los conductos diplomáticos una condena por lo ocurrido el 1 de enero de 2019 en la frontera norte, donde agentes de la Patrulla Fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de octubre una caravana de migrantes hondureños salió de su país de origen con el propósito de encontrar refugio y mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos de América (EUA), durante su trayecto visitaron varias ciudades de nuestro país, por lo que autoridades de diferentes niveles de gobierno establecieron mecanismos de ayuda para que en su tránsito fueran, por las diferentes ciudades, respetados sus derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio, asimismo en cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en materia de migración.

En septiembre de 2016, México suscribió la resolución de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en donde se reconoce el creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, estableciendo que estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes. Más personas que nunca viven un país distinto de aquel dónde nacieron. En todos los países del mundo hay migrantes que, en su mayoría, se trasladan de un lugar a otro sin incidentes.

Ante este fenómeno y como medida de respuesta a la aplicación de diferentes marcos jurídicos, se instauró un régimen de protección y reconocimiento de los derechos de todas las personas en esta situación de vulnerabilidad, reconociendo que los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales.

Uno de los principales compromisos asumidos en dicha resolución establece que los estados parte de la misma deberán garantizar en lo posible que se adopten medidas para identificar como refugiados a las personas que necesitan protección internacional; ofrecer condiciones de recepción suficientes, seguras y dignas, prestando especial atención a las personas con necesidades específicas, las víctimas de la trata de personas, la protección de los niños, la unidad de la familia y la prevención de la violencia sexual y por razón de género y la respuesta ante ella; y respaldar la aportación fundamental de las comunidades y las sociedades receptoras a este respecto.

En seguimiento a la Resolución de Nueva York, los pasados 11 y 12 de diciembre se realizó en Marruecos, la Conferencia Intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en la cual los jefes de estado y de gobierno y altos representantes, reafirmaron la Declaración para los Refugiados y los Migrantes y decididos a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones, hemos aprobado el siguiente Pacto Mundial.

Como parte final del recorrido de la Caravana Migrante en nuestro país llegaron a la ciudad fronteriza de Tijuana, estableciéndose en esta ciudad en lo que el gobierno de EUA determina un posible ingreso de migrantes a su país, por lo que el gobierno mexicano ha establecido campamentos y políticas públicas para la atención humanitaria de este grupo de migrante.

El pasado primero de enero, en el deseo de poder ingresar a EUA, un grupo de migrantes intentó cruzar la valla fronteriza, por lo que fueron repelidos por la patrulla fronteriza con gas lacrimógeno, varias de esas descargas de gas fueron lanzadas del lado mexicano. Lo anterior se suma a los hechos ocurridos el pasado mes de noviembre, en donde una concentración de migrantes en la garita de San Ysidro, que une a San Diego, EUA, y Tijuana, México, fue dispersada con la misma técnica, arrojando, la patrulla fronteriza, decenas de envases de gas lacrimógeno del lado mexicano.

Ante tales hechos el gobierno mexicano no se ha manifestado en torno a la defensa de la soberanía nacional, siendo omiso a una responsabilidad del Estado mexicano.

Lo anterior violentando los principios de respeto internacional; si bien es cierto que todos los países tienen derecho de controlar quién entra a su territorio, el hecho de arrojar gas lacrimógeno de nuestro lado de la frontera excede de ese derecho.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los conductos diplomáticos manifieste una enérgica condena a los hechos ocurridos el pasado 1 de enero de 2019, en la frontera norte, donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno al lado mexicano de la frontera, cerca de la playa de Tijuana.

Nota

1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016. ONU. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Página 19

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez(rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TRIBUNAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN, CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALCALDE DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral de Nuevo León con motivo de la elección extraordinaria para alcalde de Monterrey, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Senadores y de Diputados pertenecientes a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, con motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primero de julio de dos mil dieciocho tuvo verificativo la jornada electoral en la que se eligieron diversos cargos de elección popular a nivel federal y local.

En la elección de alcalde del municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, dentro del marco de un proceso electoral equitativo y de una jornada electoral en que el ejercicio de emisión del voto ciudadano se desarrolló en condiciones de libertad, el candidato del Partido Acción Nacional obtuvo la mayoría de los votos dando como consecuencia que la Comisión Municipal Electoral declarara la validez de la elección y entregara la constancia de mayoría al candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.

Los ciudadanos del municipio de Monterrey ejercieron su derecho a elegir a sus autoridades a través del voto y optaron por las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional confiando en que las autoridades electorales se conducirían con respeto a esa decisión.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León emitió una resolución con argumentos y criterios excepcionales y distantes de la debida impartición de justicia electoral que tuvo como consecuencia la anulación de la elección de alcalde del municipio de Monterrey.

Esa resolución fue origen de diversos juicios en materia electoral que concluyeron con la nulidad de la elección decretada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la cual además ordenó la celebración de un proceso electoral extraordinario.

No obstante el perjuicio que se ocasionaba principalmente a los ciudadanos, así como al Partido Acción Nacional, este instituto político en todo momento fue respetuoso durante los procesos judiciales-electorales y de las decisiones emitidas por las autoridades electorales pero exigente para que se apegaran a los principios en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Para la celebración del proceso electoral extraordinario la autoridad correspondiente acordó que las campañas electorales se celebrarían del 5 al 19 de diciembre y la jornada electoral el 23 de diciembre, todo del dos mil dieciocho.

El Partido Acción Nacional durante el proceso electoral extraordinario señaló diversas irregularidades imputables al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato, Adrián Emilio de la Garza Santos, que impiden afirmar que dicho proceso se llevó a cabo con las exigencias requeridas para un proceso democrático y equitativo que conlleve el respeto de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos del municipio de Monterrey.

Esto es, se tiene plenamente documentado irregularidades que deben tener como consecuencia la nulidad de diversas casillas instaladas para el proceso electoral extraordinario como son casillas en donde el ciudadano que votó no se encontró en encarte, ni como elector de la sección donde se ubica la casilla; en donde funcionarios electorales fueron acreditados como representante de partido; en donde hay error aritmético; o con violación a la cadena de custodia.

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Adrián Emilio de la Garza Santos incurrieron en violaciones claras en materia de propaganda electoral, en la entrega de beneficios a cambio de votos a través de la denominada “Tarjeta Regia” y en la violación de los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.

Lo anterior, que causa perjuicio a nuestro sistema electoral y a los derechos políticos-electorales de los ciudadanos del municipio de Monterrey será del conocimiento de la autoridad jurisdiccional local en materia electoral a quien debe exigírsele se conduzca de manera objetiva y que su determinación se apegue a los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Es por ello que se realiza el siguiente exhorto al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León a través de la presente proposición con punto de acuerdo que además obedece al impulso que Acción Nacional ha llevado a cabo en su quehacer político para la división de poderes, el fortalecimiento de las instituciones así corno de nuestro sistema político-electoral.

Por lo anteriormente señalado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente, y dentro del marco de la división de poderes y respeto de las instituciones, exhorta al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León para que la resolución que emita con motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, estado de Nuevo León, se apegue a los principios rectores en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE SUS ADMINISTRACIONES PARAESTATALES, FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, en nombre propio y de los senadores de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, y empresas productivas del Estado, en los términos de la normatividad aplicable y estricto apego a la ley, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Marco Jurídico

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “...Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo...”.

b) Ley Federal del Trabajo

Que el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo dispone que: “...Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador...”.

Asimismo, el artículo 3o. dispone que: “...el trabajo es un derecho y un deber social...”.

II. Despidos de los servidores públicos de la Federación

a) Servicio de Administración Tributaria

Que el 21 de diciembre de 2018, diversos medios y comunicación, así como a través de las redes sociales, dieron a conocer despidos masivos de servidores públicos que laboraban en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) de todo el país, todos ellos cometidos bajo presuntas violaciones a sus derechos laborales.

Como respuesta a esta problemática, el SAT emitió un comunicado de prensa en el que precisó que: “...derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios...”

Sin embargo, no se detalló el número de plazas canceladas ni su nivel jerárquico.

Que, de acuerdo con datos del Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el SAT tenía autorizado 34 mil 56 plazas y el gasto en servicios personales era de 12 mil 353 millones de pesos.

Por otro lado, ante el reclamo y presiones de la sociedad, el Ejecutivo federal se comprometió a realizar una revisión caso por caso y respetar los derechos de los servidores públicos que han sido despedidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer propuesta de solución a este conflicto.

b) Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Que en días recientes de 2019, el director del Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el despido de 3 mil trabajadores que se realizará en las áreas administrativas y médicas del personal que estaba contratado bajo el régimen de honorarios o eventuales.

Que, de acuerdo con datos del Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el ISSSTE tenía autorizadas 109 mil 426 plazas y el gasto en servicios personales era de 188 mil 138 millones de pesos.

En Acción Nacional apostamos por un sistema económico que genere igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos, en el que se incentive una mejora constante en el nivel de vida de las personas, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.

En el proyecto de nación que presentó el entonces candidato a la Presidencia de la República, hoy Ejecutivo federal, manifestó que: “...El nuevo gobierno democrático no será rehén del Poder Legislativo, el cual se ha convertido en un mercado de favores y chantajes...”.

Hoy nos preguntamos: ¿Quién se convirtió en rehén de quién?

Asimismo, manifiesta en este documento que: “...El nuevo gobierno democrático respetará siempre el estado de derecho...”.

Por esa razón, hacemos un exhorto al Ejecutivo federal a que respete los derechos laborales de los trabajadores y fomente la creación de empleos dignos.

En Acción Nacional daremos prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas, pues no se puede pretender aplicar una política disfrazada de austeridad presupuestal en perjuicio de sus conquistas laborales.

Parafraseando este proyecto de nación, coincidimos en que: “...En términos salariales, en México no hay nada bueno que contar...”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, en los términos de la normatividad aplicable y estricto apego a la ley.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que envíe a la brevedad, un informe detallado que contenga el número de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, por remuneración y nivel jerárquico, que hasta el momento han sido despedidos de la administración pública federal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.— Senadora Minerva Hernández Ramos(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

COMBATIR EL HUACHICOLEO DE CUELLO BLANCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a combatir el huachicoleo de cuello blanco, a cargo del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión Joel Padilla Peña, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investiguen las redes de corrupción que al interior de Pemex han hecho posible el masivo robo de combustibles que sufre el Estado mexicano, con la complicidad de algunos funcionarios de alto nivel; asimismo, para que se investiguen las redes de distribución y venta de gasolina y diésel robado a Pemex a nivel nacional; y se combata la venta de combustible robado dentro de la red de gasolineras del país. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días hemos observado en los medios de comunicación nacionales, noticias que señalan la existencia de desabasto de gasolina, desde el 31 de diciembre, en seis entidades: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, estado de México y Jalisco; en muchas de estas notas informativas se ha señalado que esto es el resultado de la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de cerrar por horas las terminales de almacenamiento y reparto disponibles, así como a cambios en la logística de entrega para evitar el robo de combustibles.

Ante ello, Pemex ha comunicado que existen suficientes combustibles para asegurar que la demanda de la población sea cubierta. Las nuevas formas de reparto de combustibles que forman parte del plan conjunto del gobierno de la república para combatir el robo de hidrocarburos han privilegiado el uso de medios de transporte más seguros que contribuyen a hacer más eficiente el reparto del combustible.

El lunes 7 de enero de 2019, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés- Manuel López Obrador, señaló que existen “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Petróleos Mexicanos. En dicha conferencia se informó sobre la desintegración de una red de robo de combustible al interior de Pemex, indicando que se ha logrado disminuir considerablemente el monto robado.

Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, declaró que el punto clave de la red de robo de combustible se encontraba en Pemex Logística, área de la empresa que controla la operación de los ductos y es responsable de detectar la extracción ilegal de hidrocarburos

Los sistemas de la paraestatal hacen posible detectar una baja en la presión del flujo de hidrocarburos, lo cual es alerta de un posible robo y los protocolos de Pemex indican que deben cerrarse las válvulas; sin embargo, funcionarios del área de monitoreo de Pemex Logística mantenían el flujo de combustible a pesar de la evidencia de un posible robo. Alejandro Gertz Manero señaló que la complicidad de los funcionarios de Pemex era una condición necesaria para la ordeña de los ductos de combustible.

El 6 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró que previo a su gobierno se robaban hasta mil cien pipas diarias; ahora bien, dado el gran volumen de combustible robado a Pemex, se conformó a lo largo de los años una estructura paralela de distribución y venta de la gasolina robada. Especialistas consultados por la BBC de Londres señalan que en esta cadena debieron participar propietarios de gasolineras y grandes empresas; ya que en México existe un mercado ilegal de consumo de gasolina robada y diésel de grandes consumidores como las industrias transportistas

En su conferencia matutina, el 7 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador señaló: “Se creó con los años un sistema paralelo en Pemex, con distribución y venta de combustibles. Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con venta de combustible a particulares a través de distintos mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Es una red. En los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también invasión del derecho de vía de los ductos, construyeron bodegas y en esas bodegas se ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche”.

Andrés Manuel López Obrador expresó que este problema ha crecido en los últimos años, con el conocimiento de los gobiernos anteriores.

En el año 2016, el robo de hidrocarburos fue de 26 mil barriles por día, indicó el director de Pemex. Este año el promedio es de 58 mil barriles diariamente. Para el año 2000 las pérdidas económicas eran de aproximadamente 12 mil millones de pesos al año (US$1,200 millones, según la cotización de ese año); actualmente el robo de hidrocarburos representa al menos 66 mil 300 millones de pesos al año (US$3.300 millones, al valor actual del dólar)

La nueva estrategia del gobierno de México, presentada por el presidente el 20 de diciembre de 2018, ha logrado reducir en 17 por ciento el volumen diario de robo de combustible en tan solo ocho días. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que se ha reforzado con marinos, soldados y policías federales la vigilancia de las instalaciones de Pemex, con el objetivo de verificar el monitoreo y comprobación de procedimientos de abastecimiento y reparto: controlar el acceso a las instalaciones, la entrada y salida de todos los vehículos, de todas las pipas, el cuarto de control de las respectivas instalaciones y los tanques verticales.

Pemex ha reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la revocación de 103 contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos, que presumiblemente se deben a la realización de actividades reguladas con hidrocarburos de procedencia ilícita.

En forma paralela a estas acciones, enumeran que se han remitido 70 expedientes integrados para dar inicio con las investigaciones y construir el caso contra los establecimientos donde se detectó la venta de combustibles robados.

De acuerdo con el reporte, este órgano regulador ha revocado los títulos de permiso de expedición de gasolina y diésel a 11 estaciones de servicio; asimismo, existen 5 que están en procedimientos administrativos de revocación.

De acuerdo con la información proporcionada, Puebla registra 17 gasolineras clausuradas por Pemex por vender el combustible obtenido por huachicol y Guanajuato con 11, en donde se encontraron establecimientos clausurados en Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, Guanajuato capital, León e Irapuato.

No obstante lo anterior, se hace necesario redoblar los esfuerzos para acabar con el saqueo de combustibles desde el interior de la paraestatal. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de la República para que realicen las denuncias y las investigaciones necesarias para identificar a los funcionarios corruptos, huachicoleros de cuello blanco, que permiten la ordeña de los ductos de Pemex; para que se identifique a las empresas inmiscuidas en las redes de distribución del combustible robado, así como a las empresas que han sido grandes consumidoras de este mercado negro; para que se identifique a los concesionarios de gasolineras en todo el país que, abusando de la confianza depositada por el Estado para el comercio de combustibles, vendieron de manera sistemática y con pleno conocimiento de su origen ilícito el combustible robado y les sean retiradas las concesiones para la venta de combustibles; para que se castigue a todos los culpables del saqueo de combustibles en nuestro país con todo el peso de la ley, para inhibir que estas conductas se repitan en el futuro, haciendo cumplir el estado de derecho y fomentando la conducta de la legalidad.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46697816

2 https://www.forbes.com.mx/pemex-reconoce-mas-perdidas-por-huachicoleo- durante-2018/

3 https://www.forbes.com.mx/pemex-reconoce-mas-perdidas-por-huachicoleo- durante-2018/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— Senador Joel Padilla Peña(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE OCASIONARON EL DESBASTO DE COMBUSTIBLE, ACCIONES PREVENTIVAS Y LOS COSTOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a Pemex y a la Sener a informar a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente de-sabasto de combustible, futuras acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles, suscrita por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía para que, en uso de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible, futuras acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles.

Exposición de Motivos

I. Desde mediados del mes de diciembre de 2018, a lo largo de diferentes estados de la república comenzó a presentarse un desabasto progresivo de combustible. Para el 17 de diciembre, ciudades como León, Guanajuato, reportaron desabasto en gasolineras sin que sus empleados pudieran explicar las causas de éste, señalando que se había interrumpido el suministro rutinario del combustible en sus respectivas gasolineras.

Para el viernes 4 de enero ya se reportaba desabasto en nueve estados, donde ciudades como Pachuca, Toluca, Morelia y Guanajuato se vieron afectadas por gasolineras que se quedaron sin combustible, y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informaba que dado el desabasto debían considerar limitarse a vender solamente 10 litros por auto, dado a que no contaban con inventario y no estaban recibiendo combustible de las refinerías.

En el estado de México, 25 municipios se veían afectados por el desabasto, decenas de gasolineras se mantenían cerradas, y más de doscientas llegaron a carecer de algún tipo de gasolina. De las que permanecieron abiertas ya varias están racionando la venta generando el malestar de los automovilistas y conductores, y resultando en pérdidas económicas millonarias.

Además del estado de México, para este lunes, los estados de Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Coahuila y Querétaro aun denunciaban un incremento en el desabasto de gasolina. Y, en el caso de Jalisco, el 70 por ciento de las gasolineras están afrontando la posibilidad de cerrar dado el desabasto.

II. El 5 de enero Pemex emitió un boletín por medio de su portal oficial donde manifestó lo siguiente: “como parte del Plan Conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. Esto ha ocasionado retraso, afectando mayormente a los estados de Hidalgo, estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro”.

Adicionalmente, Pemex expresó que no existía escasez de producto ni especulación de precios, asegurando que existía suficiente inventario para satisfacer la demanda de la población, y que incrementarían la distribución en los estados afectados por medio de auto-tanques. Afirmó que dichas medidas se tomaron con el fin de evitar pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos. A pesar de esto, el desabasto ha continuado en varios estados del país.

En un comunicado por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con fecha 3 de enero del presente año, dicha institución gubernamental informó sobre los múltiples reportes referentes al desabasto de gasolina en estaciones del país, por lo que verificaron dicha situación con autoridades de Pemex. Según el comunicado por parte de la Profeco: “Pemex informó que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustible, que es una situación que se ha presentado solo en algunas regiones y que el abasto quedará regularizado en corto tiempo”. La Profeco se limitó a solicitar a la población que continuaran reportando el desabasto.

Este lunes 7 de enero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció las fallas en la logística y estrategia de abasto de combustibles, agregando que el desabasto se presentó únicamente en la zona del Bajío. Sin embargo, estados como el de México y Coahuila también se han visto afectados.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa de este lunes, afirmó que no existía desabasto y que había suficiente reserva de combustible en el país, donde el desabasto en algunos puntos es dado a la distribución de los ductos.

El presidente también admitió que, a pesar del cierre de ductos, este sigue siendo el método más económico para el traslado de combustible, expresando que “hay que tomar en consideración que la forma más barata de transportar los combustibles es a través de los ductos, es más barato, lo mismo que los buque-tanques, el ferrocarril y como en el cuarto, quinto lugar en costo, están las pipas”. Lo que significa que la nueva estrategia de traslado de combustible podría elevar los ya altos costos de los combustibles para la población.

Para el martes de la presente semana, medios de comunicación aún reportaban desabasto en al menos ocho entidades del país, además de largas filas y cierres de estaciones de servicio. Estados como Morelia y Michoacán cumplen 16 días con desabasto de combustible, esto a pesar de que Pemex ha comunicado que avanzan en el restablecimiento de combustible para los diferentes estados del país.

En Movimiento Ciudadano consideramos que las estrategias y acciones implementadas por el nuevo gobierno deben ir más allá de la improvisación, en especial cuando se trata de sectores prioritarios que son de vital importancia para la población y para las industrias del país y donde decisiones equivocadas pueden generar un descontento generalizado de la población y pérdidas millonarias para su economía.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía para que, en uso de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible en diferentes estados de la República Mexicana, las acciones que se tomarán en el futuro para prevenir un desabasto similar y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles.

Notas

1 “Desabasto de gasolina sorprende a despachadores”, El Universal, (17-12-2018), recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/desabasto-de-gasolina- sorprende-despachadores

2 “Desabasto de gasolina ha pegado en 9 estados por estas razones”, Excélsior, (04-01-2019), recuperado de:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desabasto-de-gasolina-ha-pegado- en-9-estados-por-estas-razones/1288316

3 “Desabasto de gasolina en estados podría limitar la venta a sólo 10 litros por auto”, El Financiero, (03-01-2019), recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/guadalajara-enfrenta-desabasto- de-gasolina-y-diesel

4 “Desabasto de gasolina afecta 25 municipios del Edomex”, El Universal, (07-01-2019), recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desabasto-de-gasolina- afecta-25-municipios-del-edomex

5 “¿Qué estados denuncian desabasto de gasolina?”, Televisa News, (07-01-2019), recuperado de:

https://noticieros.televisa.com/historia/desabasto-gasolina-estados- pemex-combustible/

6 “Pemex atiende retraso en la distribución de combustible”, Pemex, (05-01-2019), recuperado de:

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/ 2019-001-nacional.aspx

7 Ídem.

8 “Invita Profeco a identificar gasolineras con problemas de abasto”, Profeco, (03-01-2019), recuperado de:

https://www.gob.mx/profeco/prensa/invita-profeco-a-identificar- gasolineras-con-problemas-de-abasto

9 “Secretaria de Energía acepta error por desabasto de gasolina; ‘Le pedimos disculpas a la gente’”, Reporte Indigo, (07-01-2019), recuperado de:

https://www.reporteindigo.com/reporte/secretaria-de-energia-acepta-error- por-desabasto-de-gasolina-le-pedimos-disculpas-a-la-gente/

10 “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, AMLO, (07-01-2019), recuperado de:

https://lopezobrador.org.mx/secciones/boletines/

11 Ídem.

12 “Persiste el desabasto de gasolina en al menos ocho estados”, Notisistema, (08-01-2019), recuperado de:

https://www.notisistema.com/noticias/persiste-el-desabasto-de-gasolina- en-al-menos-ocho-estados/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Senador Clemente Castañeda Hoeflichy diputada Julieta Macías Rábago (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ATENDER LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL AVANCE SUBNACIONAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a atender las recomendaciones derivadas de la evaluación estratégica del avance subnacional de la política nacional de cambio climático, suscrita por los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

Los senadores que suscriben, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, en relación con la atención de las recomendaciones derivadas de la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático.

En el marco de la presentación del segundo informe de evaluación de la política nacional de cambio climático ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, expuso los diversos avances, retos y recomendaciones que se identificaron en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)1 elaborada por la Coordinación de Evaluación.

La Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático tiene como finalidad revisar las políticas, programas y acciones públicas que se han adoptado, tanto en el orden federal como en los ámbitos estatal y municipal. Esta evaluación se basó en la revisión de 18 municipios de seis distintas entidades federativas de México,3 en la que se analizaron temas claves de mitigación respecto a la generación de energía eléctrica, transporte y gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), mientras que en el tema de adaptación se analizó la capacidad de respuesta a la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático.

Asimismo, se analizó el diseño de los diversos instrumentos normativos, de planeación y programáticos, revisando la pertinencia de los objetivos establecidos en ellos. De igual manera, se analizaron los procesos de implementación para determinar su eficiencia y eficacia para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la PNCC, al análisis del diseño, los procesos y los resultados obtenidos. También se revisó en esta evaluación, en qué medida la implementación de los diversos instrumentos y procesos están produciendo los resultados esperados.

Entre los principales retos identificados en esta evaluación, está incluir la transversalidad del cambio climático en la política de los diferentes sectores, toda vez que de las diferentes acciones de gobierno que se identificaron en la evaluación se considera que no están dirigidas a lograr una política sistemática y consistente, acorde con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se sostiene que los mecanismos de planeación del sector de energía eléctrica carecen de convergencia con la política de mitigación de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GYCEI), toda vez que los documentos de planeación se refieren únicamente a la generación de energía eléctrica sin estimar adecuadamente la mitigación.

Por otro lado, esta evaluación sostiene que la relación entre el sector transporte y la política de cambio climático es prácticamente inexistente. En el orden federal, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes contempla como objetivos consolidar ciudades que faciliten la movilidad, pero ni el programa de transporte ni las acciones específicas consideran su incidencia en el fenómeno del cambio climático. En el orden estatal, ninguna de las entidades federativas consideradas en esta evaluación tiene un programa de transporte publicado. En los municipios considerados en esta evaluación, no se identificó ningún instrumento relacionado con el transporte.

En los Programas de Calidad del Aire (ProAire) hay una relación marginal o nula con la política de cambio climático, ya que las autoridades federales y estatales norman, fomentan, participan, implementan y dan seguimiento a los ProAire con perspectiva de calidad del aire, no como una acción de cambio climático.

La información sobre la generación de RSU en México no es confiable para una toma de decisiones eficaz y eficiente, toda vez que conforme a la información del Inegi, en el país se recogen en promedio 104’349,962 t/día en las 2,458 alcaldías y municipios del país. El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2017-2018, indica que se generan en el país 102’895,000 t/día de residuos. De la misma manera, se estima que las entidades federativas tienen información distinta de la que proveen las instancias federales.

La LGCC, en su artículo Tercero transitorio, fracción II, inciso b, menciona que para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, sin que esta acción haya sido llevada a cabo por los entes a que dicho artículo hace referencia. Igualmente, existe evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, relacionadas con RSU, fueron canceladas, y el apoyo presupuestario de la federación se destinó a la adquisición de equipo y vehículos para la recolección de residuos. No aparecen acciones que lleven a disminuir, minimizar, reciclar, reutilizar o valorizar los residuos y, en general, no hay acciones vinculadas con la Política Nacional de Cambio Climático.

De lo anteriormente descrito se desprende que los instrumentos del Sistema de Planeación Democrática, establecido en el artículo 26 constitucional,4 no contemplan plenamente la transversalidad con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto cobra especial relevancia si se toma en consideración que, de conformidad con el párrafo primero del artículo 21 Bis de la Ley de Planeación, “El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales”, y que de dicho Plan se derivan todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de la Administración Pública Federal.

Conforme a lo anterior, la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático hace una serie de recomendaciones a fin de atender las diversas problemáticas identificados, entre las cuales se encuentran las siguientes:

1. Se recomienda a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Semarnat realizar las acciones de coordinación necesarias para que los próximos procesos de planeación nacional de desarrollo, así como de programación y presupuestación sectorial, vinculen las metas de energías limpias y de intensidad energética establecidas en el sector de energía de acuerdo con la Ley de Transición Energética; así como con los objetivos y metas de mitigación contenidas en la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) y en la LGCC, y en su caso, se incremente la ambición de las metas de reducción de CO2, considerando las contribuciones de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en el próximo ejercicio de definición de la CND conforme al Acuerdo de París y a la LGCC.

2. Se recomienda a los responsables del sector transporte en los tres órdenes de gobierno, que desarrollen las acciones de coordinación necesarias para que, en los próximos procesos de planeación nacional de desarrollo, y de programación y presupuestación sectorial, se vinculen las políticas, planes, programas y acciones de transporte con la mitigación y adaptación al cambio climático. Para lograr esto, además de promover la movilidad y el transporte sustentable, debe considerarse transparentar la información sobre la reducción de emisiones, así como su impacto en la calidad del aire y buscando la mejora de la calidad de vida de las personas.

Asimismo, se les recomienda establecer metas de movilidad y transporte sustentable y de reducción de emisiones de acuerdo con las metas establecidas en la CND de México, integradas en el Acuerdo de París y en la LGCC.

3. Se recomienda que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, establezca metas de uso de energías renovables en sus actividades propias de generación de energía para contribuir al logro de objetivos de mitigación de la PNCC.

4. Se recomienda a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno que lleven a cabo la gestión integral de los RSU, incluyendo su disminución, minimización, reciclaje, reutilización y valorización, y vinculando de manera clara y transparente este tema con el cumplimiento de la meta de reducción del 28 por ciento establecida para este sector en la CND de México integradas en el Acuerdo de París y en la LGCC.

5. Se recomienda a la Sedesol (actualmente Secretaría de Bienestar Social)5 que realice los trabajos necesarios para vincular los programas de desarrollo social, para que consideren el cambio climático como factor que contribuye a exacerbar las carencias y necesidades sociales y para que a través de la aplicación de programas, apoyos y acciones de desarrollo social se contribuya a disminuir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

6. Se recomienda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, promover la creación y fomento del desarrollo de capacidades que permitan hacer frente al fenómeno del cambio climático. Esta situación llama a considerar las necesidades específicas de las entidades federativas y sus municipios, de manera acorde a sus niveles de desarrollo económico, social y ambiental, y de conformidad con su nivel de vulnerabilidad.

7. Se recomienda a los gobernadores de las entidades federativas y a los presidentes municipales, elaborar y publicar los atlas de riesgos que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura, y que las medidas y acciones consideradas en políticas y programas sean congruentes con el nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan los ecosistemas, la infraestructura y las comunidades afectadas.

8. Se recomienda a las autoridades ambientales y de protección civil de los tres órdenes de gobierno, coordinar sus actividades y asegurarse de que el alcance de los riesgos y efectos del cambio climático se conozca y difunda en las comunidades afectadas con un mayor grado de vulnerabilidad.

Ahora bien, como resultado de la presentación de esta evaluación, los senadores integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos necesario se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo las diversas recomendaciones que hizo la Coordinación de Evaluación, a fin de contribuir de manera eficaz y eficiente a la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los efectos adversos asociados al cambio climático.

Especialmente considerando que dicho plan actualmente está en proceso de elaboración y que deberá ser enviado por el presidente de la República a la Cámara de Diputados a más tardar el 28 de febrero de 2019, para su aprobación dentro de los dos meses siguientes.6 Por lo cual, los suscritos consideramos oportuno que se incluyan las distintas recomendaciones que se hicieron en esta Evaluación que resulten procedentes.

Los senadores suscritos consideramos fundamental que se atiendan estas observaciones y recomendaciones, especialmente porque muchas de éstas inciden en los diversos sectores en los que confluye el cambio climático como un tema transversal, y puede contribuir a lograr algunos de los objetivos de la planeación como lo son el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, y que deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la misma manera, es importante que los resultados de esta evaluación estratégica sean considerados en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados por las diversas dependencias, entidades y empresas productivas del Estado de la administración pública federal, tanto los relacionados con la materia de cambio climático, como energía, ambiental y de acceso a la información pública.

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores que suscribimos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional Desarrollo, así como de los diversos programas y estrategias que derivan de éste, se consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se garantice que sus objetivos, estrategias y demás previsiones consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipales de todo el país, para que consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, en la elaboración de los instrumentos de planeación de su competencia, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Notas

1 INECC (2018). Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. 26 de noviembre de 2018. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418239/ EVALUACION_ESTRATEGICA_AVANCE_SUBNACIONAL_PNCC.pdf

2 La Coordinación de Evaluación se establece en la Ley General de Cambio Climático y está integrada por el titular del INECC y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático (Artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático).

3 Entre las entidades federativas y municipios que se incluyeron en esta evaluación están en el estado de México los municipios de Ecatepec, Toluca y Villa de Allende; en el estado de Jalisco los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Guadalajara y Puerto Vallarta; en el estado de Nuevo León los municipios de Galeana, Linares y Monterrey; en el estado de Sinaloa los municipios de Ahome, Culiacán y Sinaloa; en el estado de Veracruz los municipios de Atzalan, Coatzacoalcos y Veracruz; y en el estado de Yucatán los municipios de Chichimilá, Mérida y Tizimín.

4 “Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

...”

5 Cambio de denominación derivado del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

6 Artículo 21 de la Ley de Planeación.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Senadores: Eduardo Enrique Murat Hinojosa, presidente; María Guadalupe Saldaña Cisneros, secretaria; Eva Eugenia Galaz Caletti, Angélica García Arrieta, Susana Harp Iturribarría, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Delgadillo García Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE EL AUMENTO HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República reconoce el aumento histórico del salario mínimo, a cargo del senador Pedro Miguel Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pedro Miguel Haces Barba, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce el aumento histórico al salario mínimo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido al salario mínimo como “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.

Bajo esta tesitura, el objetivo del salario mínimo es proteger a los trabajadores en contra del pago de remuneraciones indebidamente bajas. Además, la existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución del progreso. Asimismo, los salarios mínimos son un elemento integrante de políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad.

En este sentido, la figura del salario mínimo en nuestro país se establece por primera vez con la promulgación de la Constitución federal de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI, que señala:

“ Artículo 123. ...

...

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia” ....

...

En virtud de lo anterior, el 6 de septiembre de 1929, durante la presidencia del licenciado Emilio Portes Gil, fue publicada en el Diario Oficial la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política, que le da facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de nuestra ley fundamental.

De este modo, en agosto de 1931, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, fue promulgada la Ley Federal del Trabajo. Dos años más tarde, en 1933, el presidente interino Abelardo L. Rodríguez, creó una comisión del salario mínimo para promover la aplicación de los preceptos legales, lo que favoreció la entrada en vigor del primer salario mínimo, el 1 de enero de 1934, de 0.0015 pesos.

De igual modo, en estrecha concordancia con lo anterior, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo define al salario mínimo como:

“ Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Es importante mencionar que el salario mínimo se ha fijado cada dos años desde 1934; sin embargo, después de 1976 se ha fijado cada año, aunque pueden ser revisados y modificados en cualquier momento siempre que la situación económica lo justifique.

Ahora bien, en los últimos 80 años la evolución del incremento al salario mínimo en nuestro país ha tenido tres grandes facetas. En la primera etapa, que va desde la década de 1950 hasta la segunda mitad de la década de 1970, el salario mínimo se cuadruplicó a la vez que la economía mexicana vivió su época de oro.

En 1981-1982, la crisis detonada por el colapso de los mercados internacionales del petróleo y de la deuda, junto con las políticas de estabilización adoptadas internamente para enfrentarla, inauguraron una segunda fase del salario minino. Esta fase estuvo marcada por su aguda y persistente contracción; el debilitamiento sindical en un mercado laboral desfavorable ante la baja actividad económica y la preocupación del gobierno por corregir las finanzas públicas y abatir la inflación acentuaron la política gubernamental de rezagar al salario mínimo compensándolo de manera muy insuficiente ante el alza de precios al consumidor.

Hacia finales de la década de los ochenta del siglo pasado, la actividad productiva en el país comenzó a repuntar y la inflación a estabilizarse en un bajo nivel. Pero la política de salarios mínimos siguió virtualmente como un instrumento de la política antiinflacionaria, y traicionó su misión original en el campo laboral y de protección de los ingresos.

A partir de entonces se abre una tercera fase. En ella, el salario mínimo en términos reales sigue una pauta descendente, pero a un ritmo mucho menos agudo que en los anteriores.

Para ejemplificar lo anterior, la siguiente tabla comparativa muestra los incrementos al salario mínimo desde 1950 hasta el recientemente anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Con base en lo anterior, es claro que en nuestro país existe una preocupación natural por mejorar el bienestar de la población con ingresos más bajos y, en especial, de la que se ubica en niveles de pobreza.

Por ello, es razonable que el gobierno federal implemente medidas y programas que busquen aumentar los ingresos de la población más vulnerable y, de ese modo, abatir los niveles de pobreza.

Por ello, el 17 de diciembre del año pasado, el titular del Ejecutivo dio a conocer la Nueva Política de Salarios Mínimos, en la cual se estipula el aumento de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos a partir del primero de enero del presente año; esto, tras el voto unánime de los representantes del sector obrero, patronal y gobierno.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó crear una nueva Zona Económica Salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, donde el salario diario será de 176.72 pesos.

En este contexto, es importante mencionar que este aumento al salario mínimo es una decisión histórica, pues desde 1995 no se había alcanzado el estándar de bienestar determinado por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), además de ser un acto que fortalece al gobierno y a la sociedad, de madurez política y de conciliación, que da confianza para mejorar las condiciones económicas y laborales del país.

De esta manera, el incremento al salario mínimo beneficia directamente a los trabajadores que ganen uno o menos de dos salarios mínimos. Esto es, que alrededor de 8 millones de empleados verán reflejado el aumento en sus salarios.

No obstante, la pobreza extrema se ha combatido de manera poco exitosa, pues aún siguen existiendo altos niveles. El 70 por ciento de los mexicanos sufre esa condición y es drásticamente vulnerable.

El reducido salario mínimo que perduró durante décadas en nuestro país fue el obstáculo más grande para disminuir los niveles de pobreza. Sin embargo, el nuevo régimen político en materia de salario mínimo es esperanzador para resolver esa problemática, ya que, sin este cambio, no podríamos esperar nada alentador para el futuro de nuestro país.

La sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para con los que menos tienen quedó de manifiesto con este importante aumento. Un esfuerzo que es parte de una estrategia de crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por ello, en virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente Congreso de la Unión, en el ámbito de sus facultades, reconoce el aumento histórico al salario mínimo anunciado por el Ejecutivo federal.

Notas

1 Esta información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/ lang—es/index.htm

2 Esta información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_Indicadores/Documents/ salarios_minimos_historico.xls

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los nueve días de enero de 2019.— Senador Pedro Miguel Haces Barba(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE RETIRE DEFINITIVAMENTE A LA EMBAJADORA DE MÉXICO ANTE VENEZUELA, POR LA USURPACIÓN PRESIDENCIAL DE NICOLÁS MADURO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a retirar definitivamente a la embajadora de México ante la República Bolivariana de Venezuela por la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2019, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su artículo 89, fracción X, los principios que el titular del Poder Ejecutivo federal debe observar en la formulación y la ejecución de la política exterior del Estado mexicano. En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el presidente de México debe actuar observando el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, lo cual significa que México asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites, ni fronteras, y que es mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde quiera que ocurran. Retirar al representante de México, con base en nuestra tradición diplomática y la propia doctrina Estrada, tal cual fue formulada en 1930, significa protestar por la ruptura del orden constitucional como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia en los casos de España, Chile, Nicaragua y el Salvador.

Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, para acompañar los esfuerzos de diálogo y entendimiento y apoyar la solución a la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos y por la que miles salen huyendo a diario.

Lamentablemente, el nuevo gobierno mexicano ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer lugar, invitando a Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En segundo término, al no suscribir la declaración del Grupo de Lima y tercero, anunciando que mantendrán relaciones diplomáticas con este país y por tanto que la embajadora Eréndira Paz seguirá, en principio, al frente de la embajada de México en Caracas. Finalmente, y ante la ausencia de la propia embajadora Eréndira Paz quien se encuentra esta semana en la Ciudad de México participando de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, al informar que a la toma de protesta ilegal e ilegítima de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero de 2018 acudirá en representación del Estado mexicano, el encargado de negocios en la embajada de nuestro país en Venezuela, el ministro Juan Manuel Nungaray.

Esta regresión democrática se explica en el discurso presidencial anteponiendo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos por encima del respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, utiliza la no intervención como pretexto para no pronunciarse ni tomar ninguna determinación ante la violación de derechos humanos de los venezolanos ni frente a la evidente ruptura del orden constitucional y la instauración de la dictadura de Nicolás Maduro.

También es totalmente contradictorio lo que mencionó el Canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules “No intervención no significa pasividad, pero sí respeto a los países. Los derechos humanos nos preocupan esencialmente, este gobierno tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”.

Este gobierno margina deliberadamente a México dejando de lado el liderazgo reciente del país en los esfuerzos del Grupo de Lima por buscar una solución pacífica y negociada, pero sin concesiones a ninguna agenda autoritaria.

Quedará para la historia que este gobierno, el de la así llamada “cuarta transformación”, representa una regresión democrática porque ha decidido ser cómplice de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos al ponerse del lado de Nicolás Maduro y sus aliados, y dándole la espalda al pueblo venezolano.

Quien ha sido nombrado subsecretario para América Latina y el Caribe y aún no ratificado por el Senado de la República en el cargo, Maximiliano Reyes, leyó el posicionamiento del gobierno por el que señala que el Grupo de Lima debe colaborar con la mediación y el diálogo sin precisar que es justamente lo que han venido haciendo los 14 países incluído México durante los últimos 18 meses, al llamar al reestablecimiento del orden constitucional sin éxito.

El día de mañana todos seremos testigos de como se consuma la usurpación de la presidencia de Venezuela en manos de Nicolás Maduro.

La única institución democrática vigente en Venezuela –la Asamblea Nacional– hace apenas unos días, el sábado 5 de enero, declaró ilegítima la elección para un segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro y acusó que de protestar como Presidente, Maduro estará usurpando la presidencia de dicho país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró que el segundo mandato de Maduro representa en sí mismo una ruptura del orden constitucional y en nombre de los integrantes del órgano legislativo aseguró que Nicolás Maduro está por iniciar una dictadura.

Estos hechos no nos resultan ajenos a nuestra propia historia. Lo dicho por Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del senador Belisario Dominguez y del diputado Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a retirar definitivamente a la embajadora del Estado mexicano ante la República Bolivariana de Venezuela como medida de protesta por la ruptura del orden constitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a abstenerse de participar en cualquier acto en el que se encuentre presente Nicolás Maduro.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a conducirse conforme al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a conducir una política exterior de Estado y no del gobierno en turno, especialmente en lo que se refiere al principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a apoyar la solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Quinto. La Comisión Permanente de la honorable Congreso de la Unión lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima sobre la crisis venezolana. En consecuencia, cita al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante esta soberanía a efecto de aclarar las razones de esta decisión y la estrategia a adoptar por parte del Estado mexicano frente a la crisis constitucional venezolana.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión resuelve enviar un mensaje de felicitación y respaldo a Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Séptimo. La Comisión Permanente de la honorable Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo venezolano y exige la liberación inmediata de los presos políticos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— Las legisladoras y los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE REVISE LA LOGÍSTICA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a revisar la logística del servicio de abastecimiento de gasolina, principalmente en Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, suscrita por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, así como a su Consejo de Administración para que revise la logística del servicio de abastecimiento de gasolina principalmente en los estados de Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes; así como verificar el abasto de gasolina en los demás estados de la federación, todo lo cual, en virtud de lo que se expresa en la siguiente la siguiente

Exposición de Motivos

1. La gasolina es un insumo estratégico y básico para la actividad de la vida de las personas, ya que con ella se llevan a cabo muchas de las actividades que en el mundo actual son importantes tanto para el desarrollo de la persona como para sus actividades productivas.

Es por esta situación que si el gobierno no asegura este insumo básico a los estados de la república y a sus regiones no estaría cumpliendo con su función prioritaria de asegurar los elementos mínimos que den la posibilidad de tener una igualdad en las personas y en las distintas zonas del país, con lo que la desigualdad económica, cultural y social entre zonas de la federación se puede hacer aún más grande.

2. En este sentido, les informo como buena parte de ustedes ya se han dado cuenta que, en los últimos días, en siete estados de la federación hay desabasto de gasolinas, lo que ha ocasionado un grave trastorno no solo para el día a día de sus habitantes, sino también en las actividades económicas y sociales, así como la afectación de los servicios públicos que requieren de este insumo.

3. Según argumenta el titular del Ejecutivo federal, la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos días ha cerrado los ductos por donde se trasportan las gasolinas como medida para evitar el robo de los combustibles –práctica conocida como huachicoleo.

A su vez, esta acción es el principal origen del desabasto de las gasolinas y, a su vez, ha provocado el fenómeno de las compras de pánico originando que se formen largas filas en las estaciones de servicio.

4. En este sentido, hubiera sido muy importante que se hubiera realizado un estudio serio de planeación y prospectiva para poder haber identificado este problema y con esto controlar los riesgos y los daños que hoy se están causando a la actividad económica y social en los estados señalados anteriormente.

5. Bajo esta perspectiva, quisiera poner a su consideración compañeros senadores, las obligaciones que al respecto la ley le impone a Petróleos Mexicanos tanto a sus directivos como a su Consejo de Administración:

Ley de Petróleos Mexicanos

Título PrimeroDe Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 25, Párrafo Cuarto, de la Constitución y del Transitorio Vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos

Artículo 5. Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos, así? como su recolección, venta y comercialización.

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes:

I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios relacionados con dichas actividades;

Artículo 13. El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos;

XIX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.

6. Como podemos observar, Petróleos Mexicanos no está cumpliendo con los estándares comerciales que le exige la ley a la empresa productiva del Estado, ante esta situación también exhortamos al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que intervenga en la solución en esta problemática que aqueja a los siete estados señalados previamente con los impactos sociales y económicos que esto ha generado como es el caos y la tensión social que empieza a ser cada vez más intensa en varias regiones del país.

7. En este contexto, hay que decir que el Consejo de Administración es el órgano supremo de administración de Pemex y una de sus funciones es evaluar y verificar el buen funcionamiento de la empresa, por esta razón le exhortamos a que ejerza sus funciones de revisión de la dirección general y de sus direcciones, así como de sus políticas y estrategias, principalmente la de logística y abastecimiento de gasolina que tiene importantes deficiencias como lo demuestran los últimos hechos verificados en la realidad nacional.

8. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, así como a su Consejo de Administración, para que revise la logística del servicio de abastecimiento de gasolina, principalmente en los estados de Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, así como verificar el abasto de gasolina en los demás estados de la federación, ya que el desa-basto actual ha ocasionado la paralización de las actividades de la población con importantes repercusiones económicas y sociales para el ciudadano.

Ciudad de México, a 9 de enero de 2019.— Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda(rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ACCIONES PARA COMBATIR, PREVENIR Y SANCIONAR EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS EN OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a implantar acciones para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los delitos, suscrita por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, a que a la brevedad, implementen las acciones que resulten eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos y de la violencia que actualmente imperan en dicha entidad federativa, para el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Diversos sectores de la sociedad mexicana percibieron que la administración pública federal del anterior gobierno se caracterizó por la debilidad institucional, situación que afectó y sigue afectando la vida de las y los mexicanos.

Esta debilidad institucional se apreció con más fuerza en el aumento de la inseguridad y de la criminalidad que impera en la mayoría de las entidades federativas de la República Mexicana.

De acuerdo con el índice de Paz México 2018, el 2017 había sido el año más violento del que se haya tenido registro, toda vez que ocurrieron 29 mil asesinatos, lo que implica un aumento de 25 por ciento respecto a 2016, pero derivado de diversas notas periodísticas, todo indica a que 2018 fue el más violento.

El índice Global de Paz de 2018, colocó a México en la posición 140 de 163 países, esto deja en claro que la estrategia implementada en nuestro país por los gobiernos federales anteriores que consistió en supuestamente perseguir y poner en prisión a las cabezas de las organizaciones criminales, sólo generó que muchos de sus integrantes asumieran el liderazgo de dichos grupos o que los mismos se escindieran, conformando más grupos delincuenciales.

Esta errada estrategia disparó los niveles de violencia en todos los ámbitos y en las distintas regiones del país, lo que afectó negativamente a la inversión y al desarrollo nacional, los efectos de la violencia han generado grandes pérdidas económicas a nuestra nación por aproximadamente 4.72 billones de pesos, es decir el 21 por ciento del producto interno bruto, cifra que es 8 veces mayor a la invertida para el funcionamiento del sector salud, lo que representa un deterioro en la paz y tranquilidad de nuestra nación.

Los hechos violentos y sobre todo, la falta de efectividad en su disminución, nos dejan ver que los miembros de los grupos delincuenciales se aprovecharon de la debilidad de las instituciones de procuración de justicia federal y de las entidades federativas, lo que se refleja en los altos niveles de impunidad que se han registrado año con año.

La violencia va en aumento no sólo en las calles, sino también se percibe en distintos ámbitos de la vida social, ejemplo de esto, es la proliferación de la violencia intrafamiliar, del bullying escolar, así como de diversas conductas antisociales materializadas no sólo por adultos, sino que replicadas por los infantes y adolescentes.

Derivado de la incapacidad de las anteriores administraciones por mantener el “estado de derecho”, la sociedad mexicana se siente acorralada, mantiene un sentimiento de inseguridad y de temor por el aumento de la criminalidad desmedida, así como la impunidad para castigar a los responsables de los delitos.

Si bien el aumento de la violencia y de la criminalidad no se da en la misma medida en todas las entidades federativas que integran nuestro país, si se ha podido establecer que en estados de la república que se consideraban tranquilos la situación ha cambiado dramáticamente en los últimos 12 años.

Este cáncer que representan los altos niveles de violencia y del aumento de la criminalidad también ha contagiado a diversas entidades federativas, entre las que se encuentra el estado de Oaxaca, que pese a ser un estado que cuenta con una pluralidad de culturas, tradiciones, costumbres y gastronomía sumamente enriquecedora, en 2016 comenzó a registrar más de mil homicidios dolosos en ese año, de acuerdo a registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mes de septiembre del presente año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, elaborada por el Inegi, mostró que 76.6 por ciento de la población oaxaqueña de 18 años o más, consideró que Oaxaca se había convertido en una entidad insegura por las conductas delictivas o antisociales como el aumento del consumo de alcohol y drogas, robos, pandillerismo, aumento en la generación de bandas delincuenciales, en la venta de narcóticos, entre otros delitos.

En Oaxaca, 91.3 por ciento de los delitos cometidos no son denunciados, pese a que en 2017 se estima que hubo al menos 17 mil 735 víctimas por cada 100 mil habitantes, siendo una de las motivaciones para no denunciar, la desconfianza que sienten las víctimas hacia la autoridad.

Pareciera que este aumento de la criminalidad y de la inseguridad en Oaxaca no es reportada debidamente por el gabinete de seguridad al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ya que en su segundo Informe de Gobierno no hizo notar el aumento de la violencia en diversos municipios de la entidad.

En dicho Informe de Gobierno se pasó por alto mencionar que en Oaxaca se registran 128 delitos diariamente y en promedio 4 asesinatos cada 24 horas, lo que genera que la mayoría de la población de la entidad viva en zozobra y con miedo de ser víctima de la delincuencia que se ha dejado sentir con más fuerza en los últimos tres años.

A todas y todos los oaxaqueños nos preocupa que las ejecuciones se disparen cada día que pasa, nos resulta alarmante ver que se registren ejecuciones en diversos municipios como los del istmo, ejemplo de esto es Juchitán, o en la cuenca del Papaloapan, como Tuxtepec, municipio que hasta hace unos años se había distinguido por ser apacible, otro ejemplo del aumento de la criminalidad y de los hechos de sangre en la entidad, fue el ataque que sufrieron el primero de enero de este año el presidente municipal y un síndico procurador del ayuntamiento de Tlaxiaco, de nombres Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, que a causa de las heridas por arma de fuego que recibieron perdieron la vida dichos servidores públicos municipales, hecho en el que también resultaron más personas heridas.

Resulta sumamente preocupante e indignante que Alejandro Aparicio Santiago, momentos después de haber rendido su protesta como presidente municipal de Tlaxiaco y al dirigirse a una reunión de trabajo en las oficinas del ayuntamiento de dicho municipio, haya sido atacado y herido de gravedad con armas de fuego, para fallecer minutos después en un hospital de dicha localidad, mientras que el síndico Perfecto Hernández Gutiérrez falleció al día siguiente por la gravedad de sus heridas, situación que genera gran pesar e indignación a todos los militantes de Morena en la entidad y a nivel nacional ante la falta de respuesta efectiva por las autoridades.

Los oaxaqueños sentimos que nuestras autoridades encargadas de la seguridad pública estatal y municipal han demostrado incapacidad e indolencia ante el aumento de los homicidios y otros delitos, como lo demuestran las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de enero a octubre del 2018, señalan que por lo menos unas 992 personas han sido víctimas de homicidio doloso en la entidad y se estima que 60 por cierto de estos homicidios son cometidos por la delincuencia organizada, como lo ha mencionado la organización Semáforo Delictivo, que señala que la incidencia delictiva ha aumentado en los 11 meses del presente año, aumentando la comisión de homicidios en 28 por ciento, ya que actualmente se comenten diariamente 4 de estos crímenes.

El aumento de la criminalidad muestra la existencia de fallas graves en la seguridad pública de Oaxaca que en el primer semestre de 2018 dejaron registros de la comisión de 21 mil 159 delitos del fuero común, y en los últimos dos años se han registrado casi 232 feminicidios, por lo que se implementó la alerta de género en la entidad, sin que la Fiscalía General del estado reconozca este repunte.

De igual manera resulta tardía la reacción de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que pasa por alto su función preventiva del delito e implementa operativos hasta después de que se llevan a cabo ejecuciones en la cuenca del Papaloapan y en el istmo, regiones que registran altos niveles de incidencia delictiva, lo que requiere una implementación inmediata de acciones para frenar el aumento de violencia y criminalidad que está enfrentando Oaxaca.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y de los tres niveles de gobierno, exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, a que a la brevedad, implementen las acciones que resulten eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos y de la violencia que actualmente imperan en dicha entidad federativa, para el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y de los tres niveles de gobierno, exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, para que en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, formulen y ejecuten las acciones necesarias para revertir el aumento de los delitos y de la violencia que se están registrando en el estado de Oaxaca.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que instruya a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia de dicha entidad para que a la brevedad realicen las investigaciones que resulten conducentes para esclarecer los hechos y sancionar al responsable o responsables del homicidio de los ciudadanos Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, quienes fueron atacados y heridos de gravedad el primero de enero de 2019, momentos después de que el primero de los mencionados había rendido su protesta como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el nueve de enero de dos mil diecinueve.— Diputado Irineo Molina Espinoza(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO PARA QUE MÉXICO ACTÚE APEGADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AL EJERCICIO DEL ESTADO DE DERECHO SOBRE LA CRISIS QUE AGOBIA A LOS NICARAGÜENSES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a efecto de que por los conductos diplomáticos, México ajuste su actuar al cumplimiento de los derechos humanos y el ejercicio del estado de derecho en la crisis que agobia a los nicaragüenses, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio de procedimiento de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que establece en su artículo 21 que cuando la Asamblea General constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.

El secretario general de la OEA argumentó que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha provocado “una alteración del orden constitucional”, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por crímenes “de lesa humanidad” contra la población nicaragüense desde el estallido social de abril pasado.

En abril de 2018 iniciaron una serie de protestas en Nicaragua con motivo de un incendio en una reserva natural, conocida como de Indio-Maíz, dicho incendio ocurrió en una de las más grandes reservas de aquel país, sin ser sofocado debidamente. Tras ese incendio y con varias protestas en marcha, el gobierno publicó en el diario oficial, una reforma en materia de seguridad social que incrementaba las aportaciones de los trabajadores y empleadores, además de establecer una retención de 5 por ciento de la pensión de las personas jubiladas; produciendo protestas pacíficas convocadas por estudiantes universitarios y personas mayores.

Después de una irrupción policial a la Universidad Centroamericana en Managua, las protestas en Nicaragua se extendieron a diversas localidades del país como León, Masaya, Granada, Matagalpa, Estelí, Carazo, Rivas, Bluefields, Ocotal y Camoapa y a otras ciudades. En Managua, las protestas se ampliaron en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el informe Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada. Asimismo, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.

Ante tales hechos, el pasado 16 de julio los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración especial ante la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua y condenaron los hechos de violencia que han provocado la pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, así como la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil. Dicha propuesta fue presentada por nuestro país ante la asamblea de la OEA, aprobándose en sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

Las represiones de las protestas ciudadanas fueron creciendo a lo largo de los meses, razón que obligo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertara sobre el nulo avance sobre la mejora y protección de los derechos humanos en Nicaragua.

En el informe presentado sobre el análisis de los derechos humanos en Nicaragua manifiestan lo siguiente: “La OACNUDH sigue profundamente preocupada por las restricciones persistentes e ilegítimas de los derechos humanos y las libertades, la continua reducción del espacio democrático y la falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”.

El Estado mexicano no puede permanecer omiso ante tales violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ni en cualquier otra parte del mundo, tampoco debe de estar ausente de las opiniones de países hermanos que se manifiestan al respecto.

El Partido Acción Nacional manifiesta su respaldo a la solicitud del secretario general de la OEA para que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a la República de Nicaragua a causa de la grave y sistemática violación de derechos humanos en aquel país centroamericano.

En el mismo sentido, expresa su extrañamiento por la postura del Gobierno de México en la última reunión del Grupo de Lima la cual lejos de abonar a una salida democrática y constitucional a la crisis humanitaria que vive la República Bolivariana de Venezuela, representa un reconocimiento de facto al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Finalmente, el Partido Acción Nacional expresa su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos a nivel regional como el único medio para alcanzar el desarrollo y prosperidad de todos los pueblos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los conductos diplomáticos México actúe ajustado al cumplimiento de los derechos humanos y al ejercicio del estado de derecho sobre la crisis que agobia a los nicaragüenses.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INTEGRAR LA COMISIÓN BICAMERAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE INTERCEDER Y FACILITAR EL DIÁLOGO CON EL EZLN

«Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Juntas de Coordinación Política de cada Cámara del Congreso de la Unión, integrar la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, con la finalidad de interceder y facilitar el diálogo con el EZLN.

El suscrito, senador Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El presente punto de acuerdo que pongo a consideración de esta asamblea tiene como finalidad reabrir un espacio de interlocución y de diálogo con aquellas voces de la sociedad y de sus grupos representativos que desean se escuchen sus preocupaciones, se tomen en consideración los intereses de sus comunidades y se respeten sus derechos relacionados con la implementación de políticas públicas que impactan a las propias comunidades y al desarrollo nacional.

Una de esas voces es la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde su surgimiento a la luz pública en 1994, la lucha por la búsqueda de justicia, del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la exigencia de ser incluidos en la vida nacional, han sido la bandera que ligitima su actuación a través del diálogo.

Esa disposición al diálogo abrió un espacio de unidad; de la ruptura se pasó a la reconciliación y aunque las comunidades siguen teniendo necesidades que son urgentes de atender, es en el diálogo y los acuerdos, en donde debe fincarse la búsqueda del interés común.

Ante esta situación, es necesario que aprendamos del pasado y que aprovechemos la experiencia para construir consensos que tienen esos representantes de los pueblos originarios.

No tengo duda de que desde su surgimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha demostrado su disposición al diálogo, y que ésta fue la vía para lograr que se les reconociera con los derechos de esas comunidades, para que fueran plasmados a nivel constitucional y lograron que se respetara su autodeterminación.

Nadie duda de la capacidad de convocatoria y de su representatividad respecto a los pueblos originarios, pero tampoco dudamos que existe deseo de dialogar, de que se construyan compromisos y surjan acuerdos que beneficien a todas las partes, de que la palabra se cumpla.

Si bien se han tenido avances, prevalecen rezagos que es necesario atender y es urgente una vía de interlocución.

Al respecto, considero que es en el Congreso de la Unión, donde el diálogo es la primacía, donde los consensos son la base del actuar y, por ello mismo, representa un canal de interlocución institucional donde, a partir del acuerdo, se puedan alcanzar beneficios para todas las partes, resolver dudas, hacer recomendaciones, realizar gestiones y hacer que la palabra se cumpla.

La ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, se encuentra vigente, y hoy más que nunca es necesaria su aplicación, porque precisamente esta ley dotó al Congreso de la Unión de un instrumento de integración bicameral donde fuera posible escuchar las diversas voces, lograr acuerdos y avanzar en consensos; esa instancia es la Comisión para la Concordia y la Pacificación, creada el 9 de marzo de 1995, pero que, sin duda, sigue siendo un espacio necesario de interlocución.

Considero que es la concordia y no la polarización lo que puede permitir a México una mayor equidad; la unidad y no la ruptura lo que nos puede llevar al bienestar general.

A todos nos conviene que no se profundicen los desequilibrios entre las regiones y que se ofrezcan oportunidades reales a los habitantes de las comunidades chiapanecas. Por ello, debemos reconocer que en lugar de cerrar espacios de negociación, debemos abrir canales de comunicación.

Las comunidades necesitan ser informadas, pero con datos e información fidedigna, necesitan la seguridad de que sus derechos se respetarán y más que nada necesita asegurarse que su voz será escuchada y sus necesidades resueltas.

Desde el Congreso, con la reintegración de la Comisión para la Concordia y la Pacificación podemos seguir contribuyendo a un México más democrático e inclusivo, donde todas las voces se escuchen.

Por esas razones es que someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita, de manera respetuosa, a las Juntas de Coordinación Política de cada Cámara del Congreso de la Unión, que acuerden las medidas necesarias para la integración de la Comisión de Concordia y Pacificación, en los términos señalados en la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, con la finalidad de que sea un espacio institucional que interceda y facilite el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y desde el que se alcancen acuerdos para el interés nacional y el de las comunidades de los pueblos originarios.

Atentamente

Ciudad de México, Palacio de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.— Senador Eduardo Ramírez Aguilar(rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN Y USO DE FUEGOS PIROTÉCNICOS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al almacenaje, la distribución y el uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la coordinación nacional de protección civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, pueda elaborar, identificar y dar seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el almacenaje, distribución y uso de juegos pirotécnicos a nivel nacional.

Consideraciones

Primera. Lamentablemente, en la madrugada del pasado 11 de diciembre, en la comunidad de Fuentezuelas, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, sucedió una tragedia ocasionada por la explosión de cohetes pirotécnicos en la iglesia del lugar, cuando se desarrollaba la festividad religiosa en honor a la virgen de Guadalupe, que dejó ocho personas muertas y, por lo menos, 55 heridas.

Segunda. Así como sucedió esta tragedia en Fuentezuelas, desafortunadamente se han presentado gran cantidad de accidentes trágicos en diferentes lugares del país de manera habitual por el mal uso de la pirotecnia en festejos y celebraciones religiosas, culturales y cívicas. 

Tercera. Estos eventos suceden porque en la pirotecnia se usan sustancias químicas y materiales peligrosos con características explosivas, inflamables y tóxicas, siendo una actividad económica de alto riesgo y que por lo mismo las personas que las manipulan deben tener la preparación suficiente, un cuidado extremo y seguir protocolos claros con las medidas de seguridad más exigentes en su uso para prevenir accidentes fatales.

Cuarta. Si bien es cierto que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula la actividad pirotécnica y que la Secretaría de la Defensa Nacional es la autoridad responsable de aplicarla, es evidente que faltan establecerse protocolos de seguridad para el resguardo temporal del material y el uso de los fuegos artificiales en las múltiples celebraciones y festejos que se tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana. 

Quinta. En esta temporada de fiestas navideñas y de fin de año se incrementaron considerablemente las conmemoraciones y lisonjas en los que se usaron en forma desmedida los fuegos artificiales, lo cual provocó en algunas zonas metropolitanas del país, como las de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, una muy mala calidad del aire a principios de este 2019.

Por eso consideramos urgente exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en combinación con sus homologas en los estados, se homologuen criterios de seguridad en el manejo, almacenamiento y uso de pirotecnia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, elabore, identifique y dé seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el almacenaje, distribución y uso de juegos pirotécnicos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implemente, masifique y fortalezca campañas de divulgación con las mejores recomendaciones y las medidas de seguridad para todas las personas que participan y observan las celebraciones en las cuales se utilizan fuegos artificiales.

Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2019.— Diputada Sonia Rocha Acosta(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PREVENIR Y SANCIONAR ACTOS DE CRUELDAD Y VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales, suscrita por el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Luis Fernando Salazar Fernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo 6 de enero, mediante un video publicado a través de redes sociales y medios de comunicación, tuvimos conocimiento de un nuevo caso de maltrato animal en nuestro país.

El video muestra cómo un hombre que radica en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, de manera consciente e intencional, agrede a un perro con un objeto punzo cortante, para posteriormente burlarse de su acción.

Tras la difusión de estos hechos, representantes de asociaciones protectoras de animales en Coahuila han presentado las denuncias correspondientes, a efecto de que las autoridades puedan proceder conforme lo señala la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Al respecto, la autoridad municipal informó que ha dado instrucciones precisas para que se realicen las diligencias pertinentes a fin de investigar y sancionar estos actos.

Actualmente, el Código Penal de Coahuila tipifica este tipo de conductas, contemplando una pena de seis meses a dos años de prisión y de cien a quinientos días de multa a quien golpee a un animal, por odio o diversión. Asimismo, prevé el aumento en una mitad de la pena, cuando el animal muera a consecuencia de los actos de crueldad de que fue objeto.

Desafortunadamente, estos lamentables hechos ocurren tan sólo unos días después de la indignación causada en otro estado de la República, donde también un perro fue víctima de artefactos pirotécnicos que unos sujetos activarían con el fin de dañar de manera irreparable a dicho animal.

La proliferación de estos actos de violencia y de crueldad en contra de estos seres vivos, deben ser objeto de indignación y rechazo, pero también nos deben obligar como Estado y como sociedad a fortalecer las acciones para combatir y prevenir esta problemática que aqueja a seres indefensos ante la obra y también, en muchas ocasiones, ante la indiferencia de los seres humanos.

Las distintas regulaciones, tanto a nivel federal como local, prevén la obligación de dar un trato digno y respetuoso a los animales. Esto implica brindar un trato y condiciones que procuren su cuidado; permitirles la expresión de su comportamiento natural; suministrarles agua y alimento suficientes; proporcionarles un ambiente adecuado para su movimiento y descanso; así como, en su caso, proveerles la atención médica correspondiente.

No obstante, el aumento de denuncias relacionadas con maltrato animal alrededor de todos los estados del país, y la difusión cada vez más frecuente de casos de especies lesionadas a consecuencia de actos humanos, hacen evidente que como sociedad mexicana tenemos mucho por hacer para atender los múltiples factores que dan lugar a estos actos.

La falta de educación, de sensibilización en torno al cuidado que requieren, pero sobretodo la carencia de sanciones reales que castiguen estas prácticas inhumanas, deben preocuparnos por las implicaciones que conlleva este tipo de violencia en contra de otras formas de vida.

En un país en el que constantemente nos vemos sacudidos por hechos de violencia social, resulta fundamental advertir lo que muchos especialistas han anotado, respecto a la predisposición a este tipo de violencia cuando una persona incurre en actos de maltrato animal. Por tanto, resulta necesario entender y poner en su justa dimensión, la estrecha relación entre la crueldad, el maltrato animal y las acciones violentas que con mayor frecuencia se presentan entre nosotros como seres humanos.

La relación de violencia está tan probada que, por ejemplo, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) considera la crueldad hacia los animales dentro de su “Catálogo de Crímenes contra la Sociedad”, a partir del cual genera un registro de agresores con el objeto de mantener una vigilancia estrecha sobre estas personas, al considerarlas potencialmente peligrosas.

Durante años se ha hablado de cómo la violencia hacia los animales escala, pero es justo en esta conceptualización donde podemos estar errados al aceptar que la violencia hacia los animales es, por definición, menos grave que la violencia ejercida hacia los seres humanos. Si bien, nuestro natural instinto de protección y solidaridad a la propia especie nos lleva a pensar en este sentido, la realidad es que la violencia no escala, la violencia solo se reproduce, independientemente de qué especie sea la víctima.

Quizás ello explica por qué en estados como Coahuila, las propias autoridades han señalado la falta que hace avanzar también en la cultura de la denuncia contra este tipo de delitos. En dicha entidad, durante 2018, la Fiscalía General del Estado recibió 31 denuncias por maltrato animal. No obstante, Agentes del Ministerio Público en la Región Norte, han advertido que se reciben pocas denuncias en virtud de la indiferencia que, en ocasiones, existe respecto a situaciones de maltrato animal.

En el caso particular, la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el estado de Coahuila de Zaragoza prevé la importancia de promover mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales.

Asimismo, se establecen las atribuciones que ayuntamientos, Secretaría de Medio Ambiente del estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente local tienen en materia de protección, imposición de sanciones por infracciones cometidas, así como la promoción de una cultura cívica de responsabilidad y trato digno a estos seres vivos.

Sin embargo, los actos cometidos tan sólo hace algunos días hacen necesario hacer un llamado a las autoridades de Coahuila a reforzar las acciones que permitan, en primer lugar, sancionar a quienes incurran en actos de violencia de esta naturaleza; pero también, a fortalecer los mecanismos que permitan prevenir que más seres indefensos sean lesionados a causa de actos humanos.

De igual forma, al no ser este un fenómeno exclusivo de una entidad federativa se considera necesario hacer un exhorto a los distintos órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan impulsar las acciones que sean necesaria para garantizar que exista el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales.

Desgraciadamente, la violencia en todas sus manifestaciones ha encontrado en México tierra fértil para crecer.

A pesar de que existe legislación en casi todo el territorio que sanciona la crueldad hacia los animales, desafortunadamente la corrupción, el nivel de impunidad, pero sobre todo la falta de entendimiento de las autoridades y la sociedad sobre el maltrato animal y su repercusión sobre la violencia social ha complicado el camino hacia políticas públicas que intenten detener o al menos mitigar el daño social que esto causa, por ello hoy resulta fundamental comprender que un país mejor para todos requiere de la convicción de que una sociedad libre de violencia comienza por respetar y proteger a sus animales.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sean aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a las autoridades municipales y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado a reforzar las acciones para prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila y a los ayuntamientos de dicha entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan, mediante programas y campañas de difusión, la cultura de protección a los animales y denuncia de todo hecho, acto u omisión que cause daño a un animal; así como a que implementen proyectos y programas destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los animales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones necesarias para garantizar el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales, asi como a prevenir y sancionar actos de maltrato y violencia en contra de animales.

Notas

1 Artículo 261 del Código Penal de Coahuila. Página de consulta:

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/ coa08_Nuevo_Codigo.pdf. Fecha de consulta: 07 de enero de 2019.

2 Artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecolo?gico y la Protección al Ambiente. Página de consulta:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf. Fecha de consulta: 07 de enero de 2019.

3 Tracking Animal Cruelty. FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. Febrero 2016. Página de consulta:

https://www.fbi.gov/services/cjis/ucr

4 Pedraza, E. La crueldad y el maltrato animal síntomas preocupantes de violencia social. Agosto 2018. Página de consulta:

http://www.defensoriaanimal.org/newblog/la-crueldad-y-el-maltrato- animal-sintomas-preocupantes-de-violencia-social/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero de 2019.— Diputado Luis Fernando Salazar Fernández(rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE EXPLIQUEN LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE SUSCRIBIÓ LA DECLARACIÓN ADOPTADA POR EL GRUPO DE LIMA, RESPECTO DE LA CRISIS EN VENEZUELA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración adoptada por el resto de los miembros respecto a la crisis política y constitucional en Venezuela, suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Relaciones Exteriores de México a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política y constitucional en Venezuela y a informar oportunamente sobre las acciones que la cancillería mexicana se propone ejecutar, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, a fin de dar respuesta a la situación originada por la usurpación ilegal del poder presidencial de Nicolás Maduro en un nuevo e ilegítimo mandato en el periodo 2019-2025 en ese país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 7 de enero del presente año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia al caso, ampliamente difundido el pasado fin de semana en medios de comunicación nacionales e internacionales, del rechazo mexicano a suscribir la declaración que sobre la delicada situación política venezolana el Grupo de Lima adoptó en su pasada reunión del 4 de enero en Perú. El presidente de la República recordó que era su facultad constitucional, en virtud del artículo 89, fracción X, dirigir la política exterior conforme a los principios ahí enunciados y señaló que el gobierno mexicano no se “inmiscuiría en los asuntos internos” de otros países fundamentalmente para impedir que “otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”. Defendió también, en esa ocasión, la apuesta por el diálogo y la necesidad de respetar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos en la actuación internacional del Estado mexicano, tal cual en su momento hiciera durante la reunión en Perú el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

Sin duda, lo que ocurrió la semana pasada en Perú supone un cambio radical frente a la política de apertura al escrutinio internacional, compromiso con la defensa universal de los derechos humanos y la democracia y de construcción de alianzas estratégicas en defensa de estas premisas en nuestra política exterior de las últimas décadas.

Más aún, el planteamiento que hizo el subsecretario Reyes evadió toda referencia explícita a la grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela, a la situación de ruptura del orden constitucional y del estado de derecho así como de involución democrática a partir de la toma de protesta ilegal e ilegítima de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero para un nuevo periodo presidencial, y no hizo pronunciamiento alguno sobre los temas centrales de la declaración como, por ejemplo, el proceso electoral del pasado 20 de mayo de 2018, el tema de la cooperación militar con el régimen de Maduro, el tema de los prisioneros políticos, la solicitud de investigación a la Corte Penal Internacional sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la cooperación financiera y el otorgamiento de empréstitos al gobierno de Maduro, la necesaria invocación y aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y el restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

La posición mexicana se redujo, por lo tanto, a manifestar una preocupación por la “dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano”, tomar nota de la “situación en torno al respeto de los derechos humanos” y dejar constancia de las “vulnerabilidades en los ámbitos económico y social” para luego señalar que el gobierno de México buscaría apoyar iniciativas de diálogo para la solución de las diferencias entre las partes en conflicto, fomentar condiciones para el acercamiento, diálogo y construcción de acuerdos en ese país y rechazar toda “injerencia en asuntos internos” que “lejos de resolver la situación, abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos”. En consecuencia, hizo un llamado a no romper ni reducir el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela dado que eso podría provocar un aislamiento indeseable de ese país y la “autoexclusión” de los países miembros del grupo de procesos fundamentales para los intereses de la región.

Finalmente, y aunque manifestó que México continuaría siendo miembro activo del Grupo de Lima, señaló que no suscribiría la declaración fundamentalmente porque el gobierno actual “se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano” en supuesto seguimiento a los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

Como era de suponerse, la posición mexicana generó un conjunto de inconformidades e interrogantes derivadas de un planteamiento poco claro, insuficiente y sorpresivo por sus contenidos e implicaciones. En primer lugar sorprendió que, a pesar de no firmar la declaración y de manifestar un planteamiento y una supuesta ruta de acción fundamentalmente antagónicos con los de los otros trece miembros del grupo, el gobierno de México manifestara que continuaría siendo miembro del mecanismo.

En segundo lugar, el cuidado puesto en el lenguaje para no condenar explícitamente al gobierno venezolano ni tomar una posición crítica frente a la usurpación que Maduro se apresta a efectuar de la Presidencia venezolana o bien sobre la severa profundización de la crisis política, constitucional, institucional, económica y humanitaria del país, favoreció la idea de que México se alineaba con los intereses del gobierno venezolano en detrimento de una posición equilibrada y solidaria con la oposición, como corresponde a las democracias que algún aprecio mantienen a los contrapesos institucionales, la pluralidad, la tolerancia y los derechos humanos. Peor aún, alejó al gobierno de la posición equidistante que se supone le permitiría convertirse en un interlocutor confiable, frente al gobierno, pero también frente a la oposición y la población en general.

En tercer término, la posición mexicana abrió la puerta a una ambigüedad a la que algunos analistas han hecho ya referencia al señalar como razones de la misma, o bien la necesidad de respetar la doctrina Estrada para abstenerse de reconocer gobiernos extranjeros, la de implementar el principio de no intervención dada la caracterización de la crisis como limitada a “asuntos internos” o la de permitir una interlocución con todos los actores con la perspectiva de lograr un diálogo y eventualmente una mediación.

En cualquier caso, resulta evidente que este cambio de orientación en materia de política exterior exige una explicación amplia y suficiente sobre su fundamento e implicaciones. Por un lado, si bien es facultad del Ejecutivo dirigir la política exterior, nuestro orden constitucional le otorga al Congreso en general, y al Senado en particular, facultades de escrutinio, control y análisis que deben ejercerse en circunstancias como las actuales. Por el otro, es claro que la cuestión de la aplicación de las doctrinas y principios de política exterior supone un ejercicio interpretativo, cambiante y dinámico en función de la coyuntura y los intereses de México en el exterior.

Muchos consideramos, por lo tanto, que no existe ninguna razón para concebir nada de lo que ocurre en Venezuela como un “asunto interno” y que cuestiones fundamentales como la protección de los derechos humanos, la preservación de la institucionalidad democrática y el estado derecho, las libertades civiles y el respeto al derecho internacional humanitario exigen una jurisdicción universal y una apertura al escrutinio de la comunidad internacional a través de los organismos internacionales con que contamos.

De ahí surgen un grupo importante de preguntas que conviene formularnos a saber: ¿qué asuntos, de acuerdo con el gobierno mexicano, son de carácter interno y cuáles no en la actual agenda global?, ¿qué tratamiento le dará el gobierno mexicano a los temas que compartimos en la agenda bilateral con Estados Unidos?, ¿cuáles son nuestros intereses nacionales en el caso venezolano y cómo los defenderemos?, ¿será una posición semejante a la pronunciada frente a Venezuela la que adoptarán respecto del caso de Nicaragua a revisarse durante esta misma semana en el seno de la Organización de los Estados Americanos?, ¿nos pronunciaremos acaso sobre temas semejantes en el seno de la Organización de las Naciones Unidas o cómo haremos ahí la defensa de nuestros principios constitucionales y de la doctrina Estrada?

En este mismo sentido, resulta evidente que la nueva posición del gobierno mexicano adolece de un problema fundamental. No muestra con precisión cuáles serán los pasos siguientes para lograr ese diálogo y esa mediación para la reconciliación. ¿Tenemos evidencia de la voluntad de las partes para dialogar y negociar?, ¿sabemos que el pronunciamiento ha sido bien recibido por todas las partes involucradas?, ¿contamos con otros actores regionales o hemisféricos para promover esa idea alternativa a la del Grupo de Lima?, ¿por qué el gobierno buscará mantenerse en ese grupo si su posición cambió de manera tan radical al respecto? y, concretamente, ¿cuáles son las acciones diplomáticas que estarán estableciéndose?, ¿cómo buscaremos las “condiciones para el desarrollo del pueblo venezolano, en un marco de paz, democracia y seguridad”?, ¿qué tipo de cooperación internacional estará tratando de instrumentarse con los actores en el conflicto venezolano?

Desde luego, nadie en su sano juicio apuesta por una salida violenta al conflicto ni a que México adopte una posición ajena a sus intereses o principios. Pero conviene repetirlo las veces que sean necesarias. Dejar de levantar la voz frente a un régimen que ha pasado por encima de sus propias leyes y ha atropellado instituciones; que ha hecho de la persecución, el encarcelamiento y la tortura su método para tratar a los opositores; y que ha generado una de las mayores crisis humanitarias jamás vistas en la región, no es neutralidad sino una alineación con la dictadura.

No hace falta recordar cuantas veces en la historia moderna de México, nuestro país ha defendido a la población civil frente a los abusos de la dictadura y el totalitarismo. No se entiende por qué debería ser de otra manera en este caso. Y menos se entiende si no se está dispuesto a ventilar los motivos, las consideraciones estratégicas y coyunturales, la agenda de acciones y la prospectiva que se tiene respecto del papel que México debe jugar frente a la crisis venezolana y eventualmente frente a otros conflictos regionales como el nicaragüense.

La respuesta a tan difícil circunstancia no puede verbalizarse bajo la enunciación de un principio constitucional. Si se está a favor del diálogo para resolver conflictos de esta magnitud en el escenario regional, debería estarse también a favor de un diálogo nacional, que incluya al Legislativo, y eventualmente a otros actores de la sociedad civil, la diplomacia y la academia, para decidir el mejor curso de acción y generar posicionamientos de Estado. No estamos en presencia de un conflicto interno cualquiera, sino seguramente de uno de los más complejos, divisivos y peligrosos que se hayan presentado en las últimas décadas para la estabilidad regional.

Durante la inauguración de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules que está teniendo lugar esta semana en la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard subrayó la manera en que la autoridad moral de México devendrá de su “legitimidad democrática y defensa eficaz de los derechos humanos”. Pues bien, el caso de Venezuela, que carece de ambos, ofrece la oportunidad de ejercer este liderazgo. Más aún, ofrece la oportunidad de dotar de contenido específico y de compromisos concretos hacia el éxodo venezolano, al planteamiento de que México, según señaló el subsecretario para América Latina y el Caribe,  ha cambiado su paradigma migratorio considerando a la migración como fuente de prosperidad, desarrollo económico y riqueza cultural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Relaciones Exteriores de México, a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la Declaración adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política y constitucional en Venezuela y a informar oportunamente sobre las acciones que la cancillería mexicana se propone ejecutar, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, a fin de dar respuesta a la situación originada por la usurpación ilegal del poder presidencial de Nicolás Maduro en un nuevo e ilegítimo mandato en el periodo 2019-2025 en ese país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Relaciones Exteriores a organizar un diálogo nacional sobre la política exterior de México, en el contexto del rediseño de la misma que se ofreció esta misma semana durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, a fin de generar posiciones de Estado, no ideológicas ni exclusivas del grupo en el poder, que cuenten con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Relaciones Exteriores a honrar el principio constitucional del respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y, por tanto, a efectuar, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, la necesaria y enérgica protesta del gobierno mexicano por su violación sistemática en Venezuela y Nicaragua, y a efectuar un posicionamiento sobre el quebrantamiento del orden constitucional y del estado de derecho en ambos países.

Cuarto.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse en apego a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y, en consecuencia, a no acreditar a ningún representante mexicano durante la ceremonia de toma de posesión, ilegal y abiertamente ilegítima por emanar de un proceso electoral simulado, en donde Nicolás Maduro se eternizará como presidente de la República Bolivariana de Venezuela este próximo 10 de enero.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a informar a esta soberanía de las acciones a instrumentarse para, desde México y en convergencia con la nueva política migratoria que se ha anunciado, ofrecer una solución integral al problema de la migración venezolana a nuestro país como resultado del éxodo de miles de nacionales del país sudamericano a partir del agravamiento continuo de la crisis política, económica y humanitaria.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández(rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO PARA QUE EL SENADO DICTAMINE A LA BREVEDAD LA MINUTA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 79, 83 Y 425 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado a solicitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos que dictaminen con la mayor brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, enviada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, suscrita por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen, a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, con base en las siguientes

Consideraciones

El 24 de noviembre de 2016, es decir hace más de dos años, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, por considerar imperioso regular dicha rama de la medicina que actualmente no se menciona en la Ley General de Salud que data de 1984.

Si bien es cierto que dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, prevención de trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, hasta sanidad internacional, no contempla la regulación de la medicina estética.

Ante la necesidad de actualizar la Ley General de Salud para incluir mejores mecanismos de protección a la salud de las personas, es que el pleno de la Cámara de Diputados consideró necesario incluir en dicha legislación diversas exigencias para que las personas que ejerzan, realicen actos, tratamientos, técnicas y apliquen productos relacionados con la medicina estética, así como aquellas que realicen actos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de cirugía estética, se les requiera que cuenten con los títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, incluyéndose dichas prácticas de la medicina al listado de actividades profesionales a que se refiere el artículo 79 de la mencionada ley.

De igual manera, se consideró necesario para fortalecer este mecanismo de protección para las personas que desean sujetarse a tratamientos y productos de medicina estética y de actos quirúrgicos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de cirugía estética, que quienes ejerzan dichos actos médicos no puedan publicitarse bajo la leyenda de “registro en trámite” o cualquier otra leyenda similar, y en los establecimientos en donde se realicen estos actos, cuenten con personal profesional a cargo que tenga títulos profesionales o diplomas de especialización en dichas ramas de la medicina y en caso de que no cumplan con dichas obligaciones se les aplicarán sanciones como la clausura del establecimiento, ya que con dichas medidas se evita que personas que no sean médicos con los estudios necesarios puedan realizar actos relacionados con dichas ramas de la medicina.

La necesidad de que se integren en la ley los mecanismos de protección que han quedado mencionados, es urgente, toda vez que de no hacerlo, más personas sin escrúpulos, charlatanes y sobre todo, sin la preparación médica en dicha rama de la medicina, seguirán aprovechándose de este vació legislativo para ejercer actos de medicina estética, sin que tengan los conocimientos y pericia necesarios, lo que sin duda pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas que recurren a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia.

Sin duda, todos nos hemos enterado de miles de casos de personas que se han sujetado a tratamientos de medicina estética que han sufrido lesiones, reacciones alérgicas, infecciones y hasta han perdido la vida, porque les practicaron dichos actos personas que la mayoría de las veces no son médicos o si lo son, no tienen la suficiente preparación en dichas ramas de la medicina o porque hubo complicaciones y en los establecimientos en donde se los realizaron no contaban con la infraestructura, aditamentos, aparatos e instrumental necesarios para realizar de manera correcta dichos tratamientos que sólo deben realizar médicos capacitados.

Por información contenida en registros de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se puede afirmar que la medicina estética en México existe en programas de estudio que cuentan con reconocimiento de validez oficial por autoridades educativas y en la formación, capacitación de recursos humanos de salud, desde el 2006, y el requisito para que las personas pueden cursarla es que sean médicos, por lo menos en los posgrados con grado de maestría y de especialidad que la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, expide cedulas profesionales con efectos de patente, es decir que desde hace más de diez años, en México ya hay médicos con conocimientos específicos en medicina estética que la ejercen y dicho ejercicio se ve afectado por aquellas personas que ejercen dicha medicina sin ser médicos y sin tener la preparación y conocimientos necesarios que son los que provocan las lesiones, que ponen en peligro la vida y salud de las personas que recurren a tratamientos estéticos y que son un riesgo sanitario latente.

Por ello, no hay razón para que este importante proyecto de reforma no sea aprobada, a la brevedad, en el Senado de la República, pero también es preocupante que hemos detectado que hay algunas personas que han pedido el apoyo de algunos legisladores, porque se oponen a que se incluyan en la ley, las medidas de protección anteriormente descritas, para seguir tolerando y protegiendo a todas aquellas personas sin escrúpulos y sin conocimientos médicos necesarios, en pocas palabras, a los “charlatanes” que aprovechando que actualmente la Ley General de Salud no regula la medicina estética, realizan tratamientos y aplican productos relacionados con dicha rama de la medicina y ganan millones de pesos poniendo a diario en riesgo la vida, integridad y salud de las personas que recurren a estos tratamientos, por ello, es que se solicita a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos del Senado de la República que, a la brevedad, aprueben la minuta que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, lo que sin duda generará una mejor práctica en los tratamientos y ejercicio relacionado con la medicina estética.

Ante los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos de dicha Cámara, que dictaminen, a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, por incluir importantes mecanismos que protegen la salud y la vida de las personas que recurren a tratamientos de esta rama de la medicina.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, a nueve de enero de dos mil diecinueve.— Diputado Irineo Molina Espinoza(rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.