Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año I
Ciudad de México, sábado 5 de enero de 2019
Sesión No. 4

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

De la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, por la que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar Número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación con la que remite doce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Se remite a la Cámara de Senadores

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la que remite algunas consideraciones en relación con el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados

Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite los informes trimestrales de avances financieros de diversos programas de protección a migrantes, así como los avances financieros y el acumulado correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018. Se turna a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, de la Cámara de Senadores

SOLICITUD DE LICENCIA

Del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del PAN, se recibió solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado federal. Aprobada. Comuníquese a la Cámara de Diputados

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

La senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Senadores

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados

LEY GENERAL PARA REGULAR EL USO DE LA FUERZA

El senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Regular el Uso de la Fuerza. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados

AGENDA POLÍTICA

COMENTARIOS RELATIVOS A LA REUNIÓN DE LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PARA HOY

Para referirse al tema, intervienen:

-El diputado Ricardo García Escalante, del PAN

-La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM

-La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD

-El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del PES

-La senadora Patricia Mercado Castro, de MC

-El diputado Armando Javier Zertuche Zuani, de Morena

-El diputado Héctor Yunes Landa, del PRI

-El senador José Félix Salgado Macedonio, de Morena

-El senador Omar Obed Maceda Luna, del PRD

-El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del PES

-El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de MC

-El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI

-La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN

-La senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, de Morena

-La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD

-El diputado Armando Javier Zertuche Zuani, de Morena

-El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI

-La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena

-La diputada Sonia Rocha Acosta, del PAN

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

DECLARAR ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO

El diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la Cuenca del Lago de Cuitzeo, y a la Conagua, a informar a esta legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de zona federal del lago mencionado. Se considera de urgente resolución. Sin oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Aprobado. Comuníquese

INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL CAMPO MILITAR NO. 1-F

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar No. 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el Gobierno Federal. No se considera urgente resolución. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo

PROMOCIÓN PERSONALIZADA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo relativo a la promoción personalizada del presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo

EXHORTO PARA QUE SE DÉ RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DEL PERMISO PARA MANEJO DE ARTIFICIOS, PIROTÉCNICOS, REMITIDAS POR COMERCIANTES DE TULTEPEC

La diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedena y al Gobierno del Estado de México, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del tianguis de pirotecnia San Pablito, en Tultepec. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo

APLICAR EL SALARIO DE LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, A LA ZONA INDUSTRIAL DE PUEBLA

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, a considerar como zona industrial al estado de Puebla para que le sea aplicado el salario de la zona libre de la frontera norte. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo

INFRACCIONES AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y A LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional y a la Ley General de Comunicación Social. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo

DETERMINAR SI SE GENERARON RIESGOS A LA SALUD DE LAS POBLACIONES CERCANAS A LA EMPRESA QUÍMICA CENTRAL EN GUANAJUATO

La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la proposición con punto de acuerdo para realizar las acciones pertinentes y determinar si, derivado de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en el estado de Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas. Se considera de urgente resolución. Sin oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Aprobado. Comuníquese

DICTAMEN A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INEGI

A discusión el dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación de los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Para presentar el dictamen, interviene:

-El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena

Para referirse al dictamen, hacen uso de la palabra:

-La diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI

-La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo Federal

TOMA DE PROTESTA

La Presidencia informa que se encuentran en el recinto los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios y designa a una comisión de cortesía para que los acompañen para ingresar al recinto y rendir protesta de ley

Los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios, rinden protesta de ley como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía



Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que pase lista de presentes.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Muy buenos días, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Voy a proceder a pasar lista de asistencia de la sesión de este día 15 de enero de 2019.

(Pase de lista)

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor secretario, faltan tres legisladores. Vamos a esperar un tiempo prudente, unos cinco minutos. En caso de que no haya asistencia se levantará la sesión. Perdón, se ha hecho mayoría. Vencimos a los huachicoleros del quórum. Indique la Secretaría.

(Continúa pase de lista)

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Le informo, señor presidente, que en este momento tenemos 21 legisladores que han pasado lista de asistencia. Hay quórum, señor presidente. Y Dulce María Sauri Riancho, 22. Hay quórum, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (A las 11:16 horas): Hay quórum de 22 legisladoras y legisladores, por lo tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando la mano, por favor. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de enero de 2019

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz

Solicita el retiro de proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite doce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Remite algunas consideraciones en relación con el Dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Instituto Nacional de Migración

Remite los Informes Trimestrales de avances financieros, de diversos programas de protección a migrantes, así como los avances financieros y el acumulado correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Solicitud de licencia

Del diputado Xavier Azuara Zúñiga

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, y expide la Ley General de Centros de Conciliación, suscrita por el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que expide la Ley General para Regular el Uso de la Fuerza, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Agenda política

Comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada el día de hoy, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe, a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en las plazas de cobro, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a normalizar el suministro de gasolina y diésel en todos los estados afectados, a cargo de los legisladores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Verónica Beatriz Juárez Piña y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que cita a comparecer a los titulares de la Sener y Pemex, para informar a esta Soberanía sobre las causas que están generando la crisis y escases de hidrocarburos en diversas entidades federativas, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Sener y de Pemex, para informar las razones que provocaron el problema en la distribución de combustibles, suscrito por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit y a la Conducef, a atender las presuntas irregularidades en contra de los derechohabientes de la Unidad Habitacional Tepozanes, afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, suscrito por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la CRE, a comparecer ante esta soberanía, para explicar por qué los precios de la gasolina y el diésel no han descendido, a cargo de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y a la Cofepris, a intervenir en la atención médica de los bebés contagiados por la bacteria Klebsiella en el área de cuneros patológicos del Hospital General de Zona 72 del IMSS, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob para que, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la declaratoria de emergencia en apoyo a los productores agrícolas, suscrito por la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca, a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a propiciar el involucramiento de organismos multilaterales para encontrar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional prevaleciente en Venezuela, suscrito por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio Márquez y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a asignar recursos extraordinarios a la Fiscalía General de la República, a cargo de los legisladores Omar Obed Maceda Luna, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al Gobierno del Estado de México, a elaborar las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las niñas y mujeres mexiquenses, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Senado de la República, para que lleve a cabo el análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Puebla, a designar un gobernador interino ciudadano que concilie las divisiones políticas de la entidad a través de un proceso transparente que garantice la estabilidad, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la Cuenca del Lago de Cuitzeo, y a la Conagua, a informar a esta Legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de zona federal del lago mencionado, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía manifiesta desacuerdo con la reducción presupuestal que tuvieron diversos programas en materia de Salud, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a fortalecer la protección de los migrantes en la temporada de fin de año, suscrito por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedena y al Gobierno del Estado de México, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del tianguis de pirotecnica San Pablito, en Tultepec, a cargo del diputado Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo para realizar acciones de coordinación necesarias para prevenir, disuadir y combatir el robo de ganado en las carreteras federales y estatales del estado de Veracruz, suscrito por el diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, a considerar como zona industrial al estado de Puebla para que le sea aplicado el salario de la zona libre de la frontera norte, suscrito por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional y a la Ley General de Comunicación Social, a cargo de los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semanart y a la Conanp, para que elaboren los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete como área de proyección la superficie conocida como Mar de Cortés, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades locales y federales, a implementar diversas acciones en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres, a cargo de la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que remita un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar No. 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el Gobierno Federal, a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la promoción personalizada del Presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover campañas de concientización sobre la miopía, suscrito por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la SHCP, a dispersar los recursos del Programa Social Jóvenes Construyendo el Futuro a través de la banca de desarrollo y otras instituciones públicas, sin fines de lucro, a cargo de los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo para realizar las acciones pertinentes y determinar, si derivado de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en el estado de Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, y a las comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, a incluir la perspectiva de género para la integración y operación de la Guardia Nacional en el dictamen a discutirse próximamente, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo el que se exhorta a la SRE y a la SE, a celebrar una reunión de trabajo con la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente con el fin de explicar diversas publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales de las dependencias que nulifica la vida institucional y violan el artículo 134 constitucional, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, informe sobre el diagnostico de impacto de la influenza estacional y las que se presenten en esta temporada de invierno 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover campañas de concientización sobre los abortos espontáneos, suscrito por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fortalecer medidas de prevención, protección y procuración de justicia a niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez en el marco de los Derechos Humanos, suscrito por el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SCT, explicar de manera detallada su posible conflicto de interés con su participación en Grupo Idesa y su cargo de Secretario de Estado, a cargo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a promover y ejecutar estrategias y soluciones urgentes sobre el problema existente de desabasto de gasolina dentro del país, suscrito por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Puebla, a prevenir y atender los casos de influenza en la entidad, suscrito por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur y a la SRE, a fortalecer la campaña de fomento y promoción turística del municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco de la conmemoración de 500 años de su fundación, suscrito por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a abstenerse de llevar a cabo acciones y hacer declaraciones en torno a la posible descentralización de esa dependencia sin antes hacer públicos los estudios presupuestales, económicos, demográficos e inmobiliarios de factibilidad de tal medida y dar cumplimiento a los establecido por la Ley de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en el estado de Veracruz, suscrito por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SSPC y en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, atiendan, amplíen y fortalezcan sus acciones a fin de garantizar la integridad de la población ante la ola de violencia registrada recientemente en la demarcación, asimismo, a la PGR, a dar celeridad y agotar las líneas de investigación sobre el homicidio de 24 personas en el municipio de Miguel Alemán, suscrito por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a respetar los derechos laborales y humanos de los Servidores Públicos y esclarecer los casos de despidos masivos e injustificados en diversas instancias de la administración pública, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a Pemex, a presentar un informe ante esta soberanía y hagan pública la información referente a los contratos asignados para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán, así como el impacto final del costo de producción de la gasolina, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a SHCP y a la SE, a instrumentar a la brevedad un programa de apoyo económico emergente para evitar una crisis en la planta productiva de las entidades federativas que han sido afectadas por el desabasto de gasolina, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se le dispensa.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles nueve de enero de dos mil diecinueve, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintitrés legisladoras y legisladores, a las once horas con nueve minutos del miércoles nueve de enero de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, por las que el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, remite los siguientes nombramientos:

• La designación de los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios, como miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• La designación de los ciudadanos Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández, como miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

b) Del Congreso del Estado de Nuevo León, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

• Por el que se reforman los artículos: tercero y décimo segundo transitorios, del Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de la Cámara de Diputados.

• Por el que se adiciona un inciso j) a la fracción primera del artículo segundo-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

c) Oficios de licencia de la diputada y el diputado:

• José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Cuarto Distrito Electoral del Estado de Yucatán, del quince al veinte de enero del año en curso.

• Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir del quince enero por tiempo indefinido

En votación económica se aprueban. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

• Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

• Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cincuenta y ocho de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.

• Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

• Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen y la Comisión de Gobernación y Población para opinión, de la Cámara de Diputados.

• Verónica Beatriz Juárez Piña y suscrita por el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen; y a la Comisión de Justicia para opinión, de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de Agenda Política relativo a la posición del Gobierno de México en la reciente reunión del Grupo de Lima, e intervienen las legisladoras y los legisladores: diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional; senadora Verónica Noemi Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Javier Julíán Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social; diputada Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano; diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Partido del Trabajo; senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del senador Martí Batres Guadarrma

diputado Porfirio Muñoz Ledo, y la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, ambos de Morena;

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Partido del Trabajo; Javier Julíán Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social; senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; senadora Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional; y el senador Rubén Rocha Moya, de Morena.

Desde la tribuna, la diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de Alejandro Aparicio y Perfecto Hernández, alcalde y síndico respectivamente, del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, que perdieron la vida el primero de enero del año en curso. La Presidencia obsequia dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a las legisladoras y a los legisladores:

• Diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena, por el que se condena el asesinato de Alejandro Aparicio y Perfecto Hernández, alcalde y síndico respectivamente, del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, ocurrido el pasado primero de enero y exhorta a la Fiscalía General de dicha entidad a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para su esclarecimiento. En votación económica se considera de urgente resolución. La Presidencia informa a la Asamblea, que se recibió propuesta de modificación al punto de acuerdo e instruye a la Secretaría se de lectura a la misma y se someta a consulta si se acepta la modificación. En votación económica se acepta la propuesta, y se somete a discusión e interviene la diputada Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, no habiendo más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

• Diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional, por el que convoca a la titular de la Secretaría de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos, a una reunión de trabajo en relación con el desabasto de combustibles en diversos estados del país. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las legisladoras y los legisladores: diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la senadora Minerva Hernández Ramos

diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo; diputado Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional; senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional; y la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena. La Presidencia informa a la Asamblea que se recibió propuesta de modificación al punto de acuerdo e instruye a la Secretaría dar lectura a la misma. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

• Senadora Sylvana Beltrones Sánchez y suscrito por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para explicar los efectos y alcances del Decreto publicado el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se establecen estímulos fiscales para la región fronteriza. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, para que se investigue el robo de hidrocarburos, se promuevan las acciones penales que correspondan y se sancione a los responsables. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Patricia Mercado Castro, y suscrito por la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca de Juárez, a que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas Lorena Villavicencio Ayala, de Morena; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional; la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional; y el diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Partido del Trabajo, sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a construir acciones por la vía diplomática para promover diversas alternativas con perspectivas de Derechos Humanos a favor de los migrantes centroamericanos. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, y suscrito por el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, a respetar los derechos laborales y humanos de servidores públicos de diversos organismos y dependencias de la Administración Pública Federal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Rogelio Rayo Martínez, y suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega. del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y congresos locales, a establecer acciones en favor de la protección de los animales. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena, por el que se exhorta al estado de Morelos, a implementar acciones a fin de esclarecer el asesinato de la regidora electa María Ascención Torres Cruz, del municipio de Mazatepec. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se da cuenta con comunicaciones en relación con cambios de integrantes en las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y un minutos, y se cita para la próxima que tendrá lugar el día martes quince de enero del dos mil diecinueve, a las once horas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, les ruego hacerlo de la misma manera. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Comunicaciones. La senadora Xóchitl Gálvez, envió un escrito.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Señor presidente:

Me refiero al punto de acuerdo que apareció en gaceta el jueves 3 de enero, que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar Número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal; al respecto le solicito atenta y respetuosamente sea retirado de la comisión a la cual se turnó para su estudio y análisis.

Sin más que añadir, le reitero mis sinceras consideraciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de enero de 2019.— Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Retírese de la Primera Comisión de Trabajo, y pase al Aeropuerto de Santa Lucía. Secretario, continúe.

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El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-4678, signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/ 0010 /2018, suscrito por la licenciada Katya Puga Cornejo, subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita al titular del Ejecutivo federal revocar los 10 decretos de levantamiento de veda en diversas cuencas hidrológicas del país; suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de agua relacionadas con dichos decretos, así como la operación del sistema Conagu@-Digital.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3100, signado por la entonces senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número ASEA/DE/DGAL/274/2018, suscrito por la maestra. María Teresa Souza Bosch, directora general de Asuntos Legislativos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo un informe sobre la existencia de proyectos de hidrocarburos en los, que se utilice o se pretenda utilizar la técnica de la fractura hidráulica en la región de la Huasteca Potosina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-4935 signado por la entonces senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 110.5.2- 5064 suscrito por la licenciada Beatriz Milián Santamaría, directora de Asesoría y Apoyo Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que exhorta a esa dependencia a investigar a fondo la venta realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo el 21 de diciembre de 2018 , del predio lote 56-k ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún, a través de la oferta unilateral de compra número 4108 y remita un informe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-4950, signado por la entonces senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 110.5.2- 5065, suscrito por la licenciada Beatriz Milián Santamaría, directora de Asesoría y Apoyo Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a acelerar los trabajos técnicos que hagan posible la interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción para que esté disponible en un plazo no mayor de 60 días, así como a implantar un programa de capacitación amplio y expedito a todo el personal que tendrá a su cargo la operación de esa plataforma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-4938, signado por la entonces senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 110.5.2- 5076, suscrito por la licenciada Beatriz Milián Santamaría, directora de Asesoría y Apoyo Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que exhorta a esa dependencia a iniciar una auditoría a la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, relacionada con las inversiones efectuadas para comprar acciones de diversas empresas en el periodo 2012-2018 y, en caso de encontrar irregularidades, proceda conforme a derecho e informe sobre los resultados de las auditorías efectuadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-3823, signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 351-A-UCEF-01, suscrito por el doctor Fernando Arechederra Mustre, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a dar celeridad al trámite correspondiente a la solicitud de reestructura de crédito para Nayarit.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-4935, signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DJ/ 019/ 2018-AVA, suscrito por el licenciado Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a informar sobre las condiciones en que se aceptó la oferta unilateral de compra número 4108, así como la justificación para sustentar el precio final de venta y el proceso mediante el cual se determinó dicho precio del predio 56-K, en la segunda sección de Playa Delfines, en Cancún.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y en alcance a mi oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 025/ 19 me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DJ/ AVA/ 04/ 2019 suscrito por el licenciado Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante el cual complementa la respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a informar sobre las condiciones bajo las cuales se aceptó la oferta unilateral de compra número 4108 así como la justificación para sustentar el precio final de venta y el proceso bajo el cual se determinó dicho precio del predio 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-4928 signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/ SDH/ 0014/ 2018 suscrito por el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que solicita información, sobre la ejecución de todos los recursos ejercidos en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-4935 signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGELG/ 001/ 2018 suscrito por el licenciado Carlos Overlin García Cantú, director general de Enlace Legislativo y Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a entregar el avalúo del predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-6125, signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 110.5.2- 22, suscrito por la licenciada Beatriz Milián Santamaría, directora de Asesoría y Apoyo Jurídico de la Secretaría de la Función Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar y, en su caso, fincar las responsabilidades respecto a la licitación referente a las obras de mantenimiento en el sistema Cutzamala efectuadas del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2018, con objeto de remitir un informe y establecer responsabilidades administrativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número CP2R3A.-3019, signado por el entonces senador David Monreal Ávila, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar UCVPS/ 1136/ 2018, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a continuar realizando acciones para eliminar el uso de plaguicidas en el país que afectan a las abejas, mediante la implantación de estrategias de conservación, protección y cuidado de abejas, así como evitar el robo de colmenas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi atención distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número CP2R3A.-1438, signado por el senador David Monreal Ávila, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 0007/ 2018, suscrito por la licenciada Katya Puga Cornejo, subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas mesas de trabajo con los sectores público privado y sociedad civil, a fin de establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por plásticos en las playas y los mares del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Cámara de Senadores.

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El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Doctor Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Estimado presidente de la Cámara de Diputados:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y expresarle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un profundo respeto por la tarea legislativa del país, ya que un orden jurídico adecuado, fortalece el Estado de derecho y contribuye en gran medida al respeto y protección de los derechos humanos.

Conocedores de la gran labor y responsabilidad que se debe tener en los procesos legislativos, me dirijo a usted, para compartirle la preocupación por la aprobación por parte del Senado de la Republica, del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para ampliar el catálogo de tipos penales que ameriten prisión preventiva oficiosa, mismo que les fue turnado como Cámara revisora para su estudio, en virtud de la trascendencia que éste tiene en materia de derechos humanos.

Por tal motivo, me permito externarle algunas consideraciones basadas en principios constitucionales y convencionales en la materia, que podrán servir de reflexión y análisis durante el proceso legislativo.

En el año 2002, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en su visita a México, mediante su informe recomendó al Estado Mexicano, modificar la legislación interna de modo a adaptarla a las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación, e iniciar un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal.

En este mismo tenor, en el año 2003, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, emitió el diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, en el cual mencionó que, un sistema idóneo de justicia penal es aquel que, basado exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad política, sanciona a las y los responsables de los delitos, y garantiza a las personas inocentes que no serán condenados injustamente. Sólo con un sistema de tales características, la población depositará su confianza en las autoridades encargadas de perseguir y sancionar los delitos, lo que constituye una condición indispensable para el éxito contra la impunidad. Asimismo, señaló en el numeral 2.1.1.1 Adopción de un sistema penal acusatorio, del diagnóstico, que:

“...La subsistencia en México de un sistema inquisitorial, en el cual el ministerio público tiene excesivas facultades para apreciar el valor de las pruebas recabadas, tomar declaraciones al inculpado, y la limitación para una adecuada defensa por parte del indiciado, permite que, en la práctica, los casos que llegan a ser del conocimiento de un juez tengan una fuerte carga procesal en contra del acusado, en virtud de que los expedientes llegan ante el juez correspondiente ya integrados.

La necesidad de la adecuación del sistema penal a un modelo acusatorio ha sido reconocida por diversos organismos no gubernamentales nacionales, que han manifestado que se debe adoptar un modelo ‘en el que tanto el inculpado como la víctima de un delito, representada en este caso por el MP, tengan una equidad procesal tal, que permita que sea el juez quien decida la sujeción a proceso de un inculpado y, en su caso, el sentido de la sentencia,’ sobre la base de los medios probatorios aportados por las partes, mismos que deben tener un valor igual. Adicionalmente, un sistema acusatorio implica el establecimiento de juicios orales, públicos, concentrados y adversariales...”

Y dentro del cúmulo de propuestas normativas que realizó la oficina del Alto Comisionado, fue “Reducir los supuestos constitucionales para imponer la prisión preventiva y establecer su improcedencia en los casos en que la penalidad a imponerse admita la posibilidad de una pena sustitutiva a la de prisión”, propuesta que fue retomada en la reforma de la CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

El espíritu de la reforma constitucional de 2008, para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, tratándose de prisión preventiva, fue reflejado en la propia exposición de motivos, al establecer que:

“...uso de la prisión preventiva de acuerdo con lo que ordenan distintos tratados internacionales, según los cuales la privación de la libertad de manera cautelar solamente puede llevarse a cabo de forma excepcional; es decir, la regla general debe ser que una persona permanece libre durante el proceso hasta en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su contra, mientras que la excepción –cuando concurran causas muy graves a juicio del juez competente– debe ser la prisión preventiva. La redacción que se propone permite al Estado mexicano cumplir con las obligaciones que le señala el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU...”

Lo anterior, denota la intención del Órgano Revisor de la Constitución, de acotar la prisión preventiva, mediante el uso razonado de la medida. cautelar extrema, siendo analizada por el juez competente y que ésta se apegue estrictamente a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano, a través de la firma de los diversos tratados, en este caso, el mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con posterioridad a la citada reforma constitucional, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, mediante el Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizó un análisis a dicha reforma, externando su preocupación, pues señaló que diversos aspectos generan escenarios de vulnerabilidad y riesgo de que se cometan actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y recomendó que éstos se evaluaran y modificaran, entre ellos, la imposición de prisión preventiva como obligatoria en ciertos delitos sin atender a las peculiaridades del caso (artículo 19 constitucional).

Asimismo, mencionó que, dentro de los procesos de sensibilización que debería implementar el Estado Mexicano, quedan incluidos el fortalecimiento del principio de inocencia y la disminución de la prisión preventiva.”

Sobre el establecimiento de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por tipo de delito, como se pretende realizar, a través de la reforma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido diversos documentos, entre los que figura el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, que a la letra dice:

“...El respeto al derecho a la presunción de inocencia exige igualmente que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión preventiva. Por ende, también se viola el principio de presunción de inocencia cuando la prisión preventiva se impone arbitrariamente; o bien, cuando su aplicación está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una pena anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de libertad, no difiere en nada de la que se impone como resultado de una sentencia. Cuando la aplicación de la prisión preventiva con base en criterios como los mencionados se hace obligatoria por imperio de la ley. la situación es aún más grave, porque se está “codificando” por vía legislativa el debate judicial; y, por tanto, limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las características del caso específico...”

Es preciso resaltar que, en este informe se afirma categóricamente que la imposición de la prisión preventiva, en los términos señalados en el proyecto de dictamen, resulta violatoria del principio de presunción de inocencia, situación que se debe tener presente en la discusión que se lleve a cabo.

Asimismo, la CIDH presentó el Informe sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, precisando que no existe evidencia empírica sobre las justificaciones realizadas en las iniciativas para la inclusión de delitos en el catálogo, de conformidad a lo siguiente:

“...En particular, las tendencias o mecanismos legislativos que promueven mayor encarcelamiento a fin de enfrentar la inseguridad ciudadana, y que en general buscan potenciar la aplicación de la prisión preventiva, se traducen principalmente en la ampliación de las causales de procedencia de la prisión preventiva más allá de su sola lógica cautelar, a través de fórmulas legales que a) extienden el sentido de la causal de peligro de fuga a hipótesis que la alejan de su lógica cautelar, por ejemplo, al dar preeminencia a consideraciones como la gravedad del acto y de la expectativa de la pena en caso de una eventual condena, o b) establecen causales de procedencia de la prisión preventiva diversas a las tradicionales o cautelares, y que responden a criterios punitivos o peligrosistas, como el “peligro de reincidencia”. Asimismo, los mecanismos que potencian la utilización de la prisión preventiva, se traducen en el establecimiento de delitos inexcarcelables y de mayores restricciones a los mecanismos procesales de excarcelación. Al respecto, la CIDH reitera que no existe evidencia empírica que demuestre que las políticas que se sustentan en mayores restricciones al derecho a la libertad personal. tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia, o resuelvan en un sentido más amplio los problemas de inseguridad ciudadana...”

Aunado a lo anterior, señala que, a pesar de que muchos Estados han adoptado medidas que representan un avance en los procedimientos para decretar la procedencia de’ la medida, también se deja en evidencia que existe una tendencia de realizar reformas con la finalidad de incluir en la legislación interna de los Estados, elementos que alteran la naturaleza excepcional de la medida cautelar, como medio para combatir los altos niveles de inseguridad por los que atraviesan esos Estados, tales como:

• “Incremento de la duración de la prisión preventiva;”

• “La ampliación de procedencia de la prisión preventiva más allá de su lógica cautelar, y”

• “El establecimiento de un catálogo de delitos no excarcelables y de mayores restricciones a los mecanismos procesales de excarcelación”.

El informe en comento, destaca el hecho de que la medida, es por sí sola inconvencional, por lo que, una aplicabilidad oficiosa, resulta mayormente trasgresora de derechos humanos, como son de libertad personal, libertad de tránsito, al debido proceso legal, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, así como a los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva, legalidad en su vertiente de taxatividad y pro persona. De acuerdo al contenido de dicho informe, la prisión preventiva resulta una medida incompatible con el derecho de presunción de inocencia, reconocido como rector del nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado; así también, estima que la medida debe aplicarse de conformidad con tres criterios fundamentales:

1. La legalidad.

2. La necesidad.

3. La excepcionalidad.

En síntesis, de conformidad con lo establecido por el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, se estima que el uso excesivo y no convencional de la prisión preventiva, representa uno de los problemas más graves que enfrentan los Estados Miembros de la OEA, toda vez que da cuenta del fracaso del sistema de administración de justicia que repercute en la vida democrática del mismo al atentar contra el principio de presunción de inocencia. De tal forma que se evidencia un fracaso del sistema democrático al privilegiarse la aplicación de medidas violatorias de derechos humanos como medios para atacar problemas de inseguridad pública, anteponiendo la restricción de la libertad de las personas a la creación de políticas y mecanismos tendentes a asegurar un estado social de derecho.

Por otro lado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, en su artículo 6 establece que la prisión preventiva debe ser el último recurso; mientras que el artículo 36 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión establece que se presumirá la inocencia de toda persona acusada de un delito y será tratada como inocente, hasta en tanto no exista pronunciamiento legal de su culpabilidad.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad

6. La prisión preventiva como último recurso

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Principio 36

1. Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa.

No obstante que, se reconoce la facultad del legislador ordinario de delimitar su catálogo de delitos graves en su normatividad penal, no debe pasarse por alto que por lo que hace a la procedencia de la prisión preventiva ésta debe atender a la regla cerrada de aplicabilidad excepcional contenida en el segundo párrafo del artículo 19 de la CPEUM, para hacer guardar su naturaleza como medida de aplicación de ultima ratio y de aplicación necesaria para salvaguardar derechos de terceras personas, como lo son las víctimas de los delitos.

Una vez señalado lo anterior, debemos concluir que la prisión preventiva oficiosa estipulada en el artículo 19 de la CPEUM como ya se mencionó, se contrapone al derecho a la presunción de inocencia y, por ende, contraviene al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), por lo que atendiendo el contenido del artículo 10 de la CPEUM, que establece el Bloque de Constitucionalidad, no deben añadirse nuevos tipos penales a la aplicación de la medida estipulada. Máxime que la prisión preventiva, sin ser oficiosa, únicamente se admite en el DIDH de manera excepcional y como último recurso.

Ahora bien, el pasado 6 de diciembre, el Senado de la Republica, como Cámara de origen, aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la CPEUM para ampliar el catálogo de tipos penales que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Los tipos penales que aprobaron incorporar como delitos graves son: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, robo a casa habitación, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Dentro de los argumentos presentados para justificar la inclusión de los tipos penales antes citados, en el segundo párrafo del artículo 19 de la CPEUM encontrarnos:

• Por la incidencia e incremento de esos delitos;

• Por la peligrosidad y gravedad del hecho y su impacto en la sociedad.

• Para proteger los bienes jurídicos más importantes (la restricción de la libertad se debe acotar a aquellas conductas que atenten contra esos bienes jurídicos e implique, además el riesgo de que se pueda ver afectado el desarrollo eficaz del procedimiento judicial);

• Evitar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos,

Contextos especiales en los que es necesario aplicar un derecho penal más restrictivo. que ayude a desincentivar la comisión de un determinado tipo de delitos que lesionan los bienes jurídicos más sensibles de la sociedad.

Asimismo, en esa honorable Cámara de Diputados y Diputadas, se tienen diversas iniciativas que, coinciden con los delitos que fueron aprobados por su colegisladora, y que, además contemplan tres adicionales, siendo: delitos fiscales, contra el transporte ferroviario y por intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial.

Al respecto, cabe señalar que toda iniciativa que se presente no puede restringir o condicionar el ejercicio o goce de derechos de manera más estricta a los términos vigentes en la actualidad,durante años se ha hecho un uso excesivo, e incluso arbitrario, de la prisión preventiva, lo cual ha originado que, en promedio, el 40% de las personas privadas de su libertad, tanto a nivel federal como local, estén en espera de sentencia, con independencia de la peligrosidad del hecho y la gravedad intrínseca de los delitos que se les imputan, bajo un esquema en el que resulta intrascendente que al final de proceso se determine su no responsabilidad frente a su tiempo en reclusión. Como se ha mencionado, el derecho a la presunción de inocencia busca, entre otras cosas, que la aplicación de penas, como la privación de la libertad, ú nicamente proceda respecto de aquellas personas que hayan sido condenadas, lo cual limita el uso de la prisión preventiva a casos plenamente justificados. Suponer que un uso amplio de la prisión preventiva abatirá el incremento e impunidad y mejorará la seguridad de las personas, no tiene sustento alguno y, por el contrario, propiciará violaciones a los derechos humanos.

La peligrosidad y gravedad del hecho, no es motivo suficiente para justificar la procedencia de la prisión preventiva, a este respecto, se han pronunciado los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis “ Prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla de trato procesal (legislación del estado de México)”.

Asimismo, el dictamen establece que la imposición de la prisión preventiva no es una medida punitiva, sino una medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención. Para que el juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, ésta debe estar sujeta al auto de vinculación a proceso, y esto sucede sólo si el Ministerio Público aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del debido proceso penal, acusatorio donde el Ministerio público tiene la carga de la prueba.

En este sentido, precisamente por ser una medida cautelar, ésta debe imponerse sólo en casos excepcionales, siempre que otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar alguno de los supuestos del artículo 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que la prisión preventiva es:

“...la más severa de las medidas cautelares que hasta hoy conserva el enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad, con muy importantes consecuencias. Salemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente, es cierto. Sin embargo, considerado este fenómeno de cara a la realidad –aunque ésta tropiece con el tecnicismo– la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: ambas son privación de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas condiciones. causan al sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico,y traen consigo repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. Inclusive, en no pocas ocasiones... la reclusión preventiva se prolonga tanto o más que una reclusión punitiva... Por ello, entre otras cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión preventiva”.

Por último, el Senado de la República a través de las comisiones dictaminadoras señalaron: “...estamos conscientes que la reforma constitucional planteada no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos, ya que el problema está más allá por la falta de impunidad y de solidez de los expedientes presentados por los agentes del ministerio público al momento de solicitar el acto de vinculación a proceso frente al juez y sustentar la acusación. Por ello sabemos que además de la reforma se deben acompañar medidas de formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia penal en nuestro país, fundamentalmente en la capacitación a los Ministerios Públicos, mayores recursos para los departamentos que llevan a cabo las investigaciones y una mayor cantidad de defensores públicos; la finalidad de esta modificación no es inhibir la comisión de los delitos, sino contar con la certeza de que en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando así la a las víctimas y el buen manejo de la investigación”.

En este tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que, efectivamente, se deben reforzar las medidas de formación y capacitación de las y los operadores del Sistema de Justicia Penal, ya que los resultados que se obtengan dependen fundamentalmente, de la calidad y profesionalismo con que actúen, desde los cuerpos policiales, hasta el ministerio público y las y los jueces de control, debiendo ejercer debida, plena y oportunamente sus atribuciones. Sin la capacitación adecuada, la efectiva implementación de los registros y controles que la ley contempla y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda; sin embargo, el aumento de las hipótesis de la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas que México enfrenta en los ámbitos de seguridad y justicia, sobre todo por no revestir como lo exige la Corte Interamericana de los Derechos Humanos carácter excepcional.

En este sentido, un hecho que necesariamente tendría que ser considerado es el que, con el marco normativo actual, todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma Constitucional, pueden ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicite al juez, sustentando debidamente su petición en el hecho de que otras medidas cautelares no serían suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de las y los testigos o de la comunidad, así como el hecho de que la persona imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso. La ampliación del catálogo de delitos que se propone, no garantizaría en modo alguno el que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que las personas imputadas, aun siendo responsables del delito, obtengan su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente. Sobre este particular, garantizar la implementación y operación de las Fiscalías autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes resulta de fundamental importancia.

Ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, debilita la apuesta de nuestro país por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio sin que se haya permitido que el mismo se implemente y opere plenamente. En este momento, más que eso sería necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que nos permitieran conocer las áreas donde el sistema presenta deficiencias o sea susceptible de mejora, a efecto de implementar acciones para su consolidación. Los problemas de inseguridad y falta de acceso a la justicia requieren soluciones integrales, que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley. Si un compromiso real y efectivo en este sentido, no habrá medida o sistema que nos permita acabar con la inseguridad y abatir la impunidad.

De aprobarse por esa honorable Cámara de Diputados la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la CPEUM, en los términos planteados, sería contraria al derecho de los tratados y vulneraría, en particular, el debido proceso reconocido en los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como al principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el artículo 1o. constitucional, se estimaría una regresión al sistema inquisitivo, no abonando a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia; elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria.

Agradeciendo la consideración que brinden al presente, bajo el más estricto apego al respeto de los Poderes y Órganos del Estado, reitero el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para coadyuvar institucionalmente con las tareas legislativas de esa honorable Cámara que representa.

Notas

1 Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita en México. E/CN.4/2003/8/Add.3. 17 de diciembre de 2002. párr. 72.

2 Naciones Unidas. Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. CAT/OP/MEX/1. 31 de mayo de 2010. párr. 43 y 44.

3 Ibídem. párr. 45.

4 CIDH. Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/13. 30 de diciembre 2013. párr. 137.

5 CIDH. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.163. Doc. 105. 3 de julio 2017. párr. 84.

6 Época: Décima Época. Registro: 2011746. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 27 de mayo de 2016 10:27 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: II.10.33 P (10a.).

7 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 18.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Maestro Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

———————— o ————————

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros correspondientes a los programas de protección de migrantes referentes a

a) Grupos Beta de Protección al Migrante;

b) Programa de Repatriación Humana;

c) Programa Paisano; y

d) Oficiales de protección de la infancia.

Al respecto, me permito enviarle los avances financieros del segundo trimestre y el acumulado al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2018.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Licenciado Carlos Gerardo Becerril Castro (rúbrica), subdirector de Control Presupuestal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros correspondientes a los programas de protección a migrantes referentes a

a) Grupos Beta de Protección al Migrante;

b) Programa de Repatriación Humana;

c) Programa Paisano; y

d) Oficiales de protección de la infancia.

Al respecto, me permito enviarle los avances financieros del tercer trimestre y el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2018.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.— Licenciado Carlos Gerardo Becerril Castro (rúbrica), subdirector de Control Presupuestal.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Cámara de Senadores.



SOLICITUD DE LICENCIA

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.

Contador público Xavier Azuara Zuñiga, con el carácter de diputado por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional por el estado de San Luis Potosí, perteneciente a la segunda circunscripción, ante Ustedes con el debido respeto, comparezco y expongo:

Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 12, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia temporalpara separarme de mi cargo por el periodo comprendido entre el martes 15 de enero y hasta el lunes 4 de febrero de la presente anualidad, tiempo en el que requiero realizarme unos estudios y procedimientos médicos por motivos de salud.

Solicitando una vez que se aceptada, se llame a mi suplente Adrián Sánchez Ramiro para que proteste y desempeñe el cargo durante el periodo en que me encontrare ausente.

Sin más por el momento, le reitero mis respetos, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2019.— Diputado Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia al diputado Xavier Azuara Zúñiga, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha y hasta el 4 de febrero del año en curso.

Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO



LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karla Yuritzi Almazán.

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias, señor presidente. Buenos días, senadoras, senadores, diputadas, diputados. A partir de la expropiación petrolera, y hasta principios de los años setentas, Petróleos Mexicanos se reconfiguró y se unificó impulsando el desarrollo de la industria. Desde entonces ha sido un motor de desarrollo nacional.

En 1971 se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, a través de la cual se definió a la empresa como un organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objetivo fue la exploración, la explotación, refinación, transporte, distribución y las ventas de primera mano del petróleo, del gas, de los derivados, así como de las materias primas industriales básicas.

Con esta modificación, Petróleos Mexicanos se convirtió en una de las empresas petroleras más importantes del mundo, que agregaba valor a sus productos en una cadena integrada que otorgaba los mejores beneficios, al mejor precio, para el debido desarrollo de la economía mexicana.

No obstante, el 16 de julio de 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari desintegró a la empresa mexicana en organismos subsidiarios, esto provocó que las actividades de la industria petrolera, llevadas a cabo por una misma empresa del Estado, se vieran afectadas, pues cada una de estas subsidiarias tenía como objetivo individual generar valor agregado, con una visión de empresa particular, sin entender al sector de forma integral.

Con ese cambio se afectó gravemente la producción de la petroquímica básica, debido a eso muchos productos que se producían en el país ahora se importan. El 28 de noviembre de 2008 se publicó la Ley de Petróleos Mexicanos, la cual definía a esta entidad como un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio.

El principal objetivo de esta reforma fue la creación de organismos subsidiarios facultados para realizar operaciones realizadas directa e indirectamente con funciones de Pemex.

Así, con la reforma energética de 2013, Pemex y CFE se convirtieron en empresas productivas del Estado. Derivado de la reforma constitucional de 2013, Pemex quedó dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión. En otras palabras, Pemex podía, en la letra, competir en las mismas condiciones con otras empresas privadas.

Al mismo tiempo se publicó la Ley de Hidrocarburos, en la que se estableció una regulación asimétrica para que Petróleos Mexicanos no compitiera en igualdad de condiciones con empresas privadas.

Además de poner a Pemex en desventaja frente a los particulares, a partir de 2013 la inversión en la empresa disminuyó drásticamente, el gobierno de Peña Nieto siempre culpó la baja inversión a la caída del precio internacional del petróleo.

La actividad petrolera de la industria más importante de la nación se vio reducida a un estado casi de supervivencia, lo que nos condujo a que, a la fecha, la producción nacional de hidrocarburos sea de un millón 730 mil barriles de petróleo diarios, una reducción de más de 50 por ciento respecto de los años 2002 y 2005, cuando se llegó a producir hasta 3 millones 500 mil barriles de petróleos diarios, esta situación nos lleva a reconsiderar la operación de Pemex.

En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del director general de Petróleos Mexicanos, operar de manera integral al ejecutar y, sobre todo, al cumplir con los objetivos de exploración, de explotación y refinación.

Fortalecer a Pemex es proteger el patrimonio de la nación; es un asunto de seguridad nacional y de soberanía energética. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Petróleos Mexicanos, de conformidad a la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos fue creada mediante decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 7 de junio de 1938, con la intención de recuperar la riqueza petrolera y su industria nacional.

La razón que detonó la expropiación petrolera fue la huelga de los trabajadores petroleros que llevaba meses de no ser atendida por empresas extranjeras ante su negativa de firmar un contrato colectivo de trabajo que mejorara los salarios y condiciones de trabajo. El conflicto se llevó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dictó un laudo a favor de los trabajadores y condenó a las empresas petroleras a realizar incrementos salariales a todos los trabajadores de la industria. Inconformes con dicha resolución, las empresas presentaron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien les negó la protección federal.

Ante la negativa de las empresas de acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia que había confirmado el sentido del laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como el paro de labores de los trabajadores petroleros, el 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió un Decreto expropiatorio mediante el cual se declaró causa de utilidad pública, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carrotanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de, al menos, 17 empresas petroleras extranjeras. El Decreto también consideró el pago indemnizatorio correspondiente a dichas empresas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico.

Para el pago de la indemnización de las 17 empresas expropiadas, todo el pueblo de México contribuyó con lo que pudo, pues la voluntad popular fue que contáramos con una empresa cien por ciento mexicana.

Petróleos Mexicanos fue dotada de las facultades y recursos necesarios para emprender la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados en el territorio nacional.

De 1938 a principios de los años setenta Petróleos Mexicanos se reconfiguró y se unificó dándole viabilidad al desarrollo de la industria, siendo Pemex desde entonces motor del desarrollo nacional.

En 1971 se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos mediante la cual se definió a la empresa como un organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objetivo fue la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y las ventas de primera mano del petróleo, del gas, de los derivados, así como de las materias primas industriales básicas.

Ese mismo año se descubrió el yacimiento más importante de México y uno de los más importantes del mundo: Cantarell.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la modificación al Estatuto de 1971, Petróleos Mexicanos pudo realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios por sí misma.

Con esta modificación Petróleos Mexicanos se convirtió en una de las empresas petroleras más importantes del mundo que agregaba valor a sus productos en una cadena integrada que otorgaba los mejores beneficios al mejor precio para el debido desarrollo de la economía mexicana.

No obstante, el 16 de julio de 1992 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, desintegró a la empresa mexicana en organismos subsidiarios. Esto provocó que las actividades de la industria petrolera llevadas a cabo por una misma empresa del Estado se vieran afectadas, pues cada una de estas subsidiarias tenía como objetivo individual generar valor agregado con una visión de empresa particular, sin entender al sector de forma integral.

Derivado de lo anterior, se vieron gravemente afectadas actividades secundarias de la refinación, entre otras, como la petroquímica básica, fertilizantes y demás insumos necesarios para la viabilidad de la industria nacional que, en muchos casos a la fecha, siguen siendo importados.

Desde ese momento y hasta el 2013 se dejó entrever una intención privatizadora de la industria petrolera nacional. Es importante señalar el papel que ha jugado Petróleos Mexicanos ante las necesidades hacendarias, en ese sentido, vale la pena mencionar que Pemex llegó a aportar más del 44 por ciento al Presupuesto de Egresos de la Federación.

tabla alfredo

El 28 de noviembre de 2008 se publicó la Ley de Petróleos Mexicanos, la cual definía a esta entidad como un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto era, entre otros, la creación de sus propios organismos subsidiarios, los cuales estaban facultados para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con el objeto de Petróleos Mexicanos.

Así, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, en el que se estableció que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se convertirían en empresas productivas del Estado.

Como consecuencia de las reformas constitucionales, el 11 de agosto de 2014 se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se reconoce a dicha entidad pública como una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica, operativa y de gestión. La Ley estableció la supletoriedad normativa del derecho mercantil y civil, con el propósito de que la empresa pudiera competir en iguales condiciones con las empresas privadas en toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo se publicó la Ley de Hidrocarburos en la que se estableció una regulación asimétrica para que Petróleos Mexicanos no compitiera en igualdad de condiciones con empresas privadas.

Además de poner a Petróleos Mexicanos en desventaja frente a los particulares, a partir de 2013 la inversión en esta empresa productiva del Estado disminuyó drásticamente, alegando la caída en el precio internacional del petróleo. La actividad petrolera de la industria más importante de la nación se vio reducida a un estado casi de supervivencia, lo que nos condujo a que, a la fecha, la producción nacional de hidrocarburos sea de millón 730 mil barriles de petróleo diarios; una reducción de más del 50 por ciento respecto de los años 2002 y 2005, cuando se llegó a producir hasta 3 mil 5 mil barriles de petróleo diarios. Esta situación nos lleva a reconsiderar la operación de Petróleos Mexicanos.

En el mes de noviembre del presente año por primera vez México tuvo que importar crudo ligero para poder operar sus refinerías; la importación de gasolina es del orden de 66 por ciento de la demanda nacional. La importación de gas natural alcanza un 75 por ciento del total consumido.

En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del Director General de Petróleos Mexicanos, operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación.

Con ese propósito, con la iniciativa que ahora se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, se busca establecer en la Ley de Petróleos Mexicanos, los principios rectores de la actividad petrolera que tengan como criterio preponderante para la toma de decisiones, la seguridad y soberanía energética.

Entre las medidas previstas para lograr tales objetivos, se propone limitar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, pues la regulación con la que hoy operan promueve que se diluya la responsabilidad al momento de tomar decisiones, pues actualmente la Ley le reconoce al Consejo de Administración la toma de decisiones de naturaleza ejecutiva que, en cualquier empresa de estructura corporativa, le corresponderían al director de la misma. En ese sentido, se propone otorgar mayores atribuciones al Director General para la conducción y dirección estratégica de la empresa productiva del Estado conforme a la política energética nacional establecida por el gobierno de México, e instruida por el Ejecutivo federal.

Conforme a lo anterior, se propone atender las premisas siguientes:

• Establecer un marco jurídico que garantice y permita al Director General operar Petróleos Mexicanos y las diversas empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación.

• Limitar las facultades del Consejo de Administración y darle mayores atribuciones al Director General para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa.

• Proponer que los principios rectores de la actividad petrolera tengan como criterio preponderante, para la toma de decisiones, la seguridad y soberanía energética.

• Incorporar al director general de Petróleos Mexicanos al Consejo de Administración de Petróleos mexicanos como invitado permanente con voz, pero sin voto, previéndose que dicho órgano de gobierno no podrá sesionar sin su presencia.

• Transferir al Director General las siguientes facultades que actualmente corresponden al Consejo de Administración de Petróleos mexicanos:

- La conducción central y estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como de cualquier empresa en donde Petróleos Mexicanos tengan directa o indirectamente capital accionario;

- Nombrar y remover a los directivos de Petróleos Mexicanos que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al director general, así como funciones relacionadas con tabuladores y recursos humanos.

A propuesta del propio director general, que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos apruebe o autorice los asuntos relacionados con inversiones; el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales; los precios de bienes y servicios; los lineamientos para pagos extraordinarios y donaciones, así como aquéllos para el desmantelamiento y enajenación de las instalaciones, y cualquier otro proyecto que por su relevancia o trascendencia, deba autorizar el consejo.

Se establece la obligación de actualizar el Plan de Negocios cuando se presenten situaciones de crisis económicas, cambios en el mercado petrolero internacional o se contemplen proyectos de gran magnitud (como la construcción de una nueva refinería).

De manera precisa, se señalan las modificaciones propuestas a la Ley de Petróleos Mexicanos, en cada uno de los apartados que lo integran:

A. Gobierno corporativo

Uno de los principales retos que actualmente enfrenta Petróleos Mexicanos consiste en reducir la brecha entre la producción y la demanda nacional de petrolíferos, con el fin de disminuir la dependencia en la importación de éstos y fortalecer la seguridad energética orientando el negocio de Petróleos Mexicanos hacia actividades estratégicas.

En este sentido, esta iniciativa prevé la posibilidad de actualizar el Plan de Negocios de Petróleos mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, ante la presencia de escenarios de crisis económicas, profundos cambios en el mercado petrolero internacional o se contemple la realización de nuevos proyectos de gran magnitud, de mejora tecnológica, así como nuevas adquisiciones prioritarias.

b. Consejo de Administración

La presente iniciativa busca fortalecer la función del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por lo que se refiere a la actividad propia de un consejo, para que pueda establecer, además de mecanismos de coordinación entre las instancias competentes en materia de responsabilidades y de auditoría, mecanismos de control.

Por lo que se refiere a la integración del Consejo de Administración, se pretende que los consejeros del Gobierno Federal, designados por el Ejecutivo Federal, sean servidores públicos federales, toda vez que son sujetos de responsabilidades, lo cual otorga certeza al ejercicio y confiabilidad en su desempeño.

Asimismo, y atento a la propuesta antes señalada, al tener estos consejeros el carácter de servidores públicos federales, no podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados.

Tratándose de los consejeros independientes, la iniciativa prevé que no pueden ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo o cargo, en cualquier área de gobierno, dentro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o en cualquier organismo autónomo, para evitar un posible conflicto de intereses y promover la atención de tiempo completo a los asuntos de la industria. Asimismo, se propone establecer que la obligación de confidencialidad respecto a los asuntos que conozcan con motivo al ejercicio de su función, será permanente, pues no se entendería que por el hecho de haber sido consejeros independientes gozaran de algún beneficio por la información de la que se allegaron.

Considerando que los secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público son miembros del Consejo de Administración, la iniciativa prevé que podrán designar a su suplente de entre los funcionarios con nivel inmediato inferior al de los mismos.

La presente iniciativa propone que, para su designación, los consejeros independientes, en adición a los requisitos que establece la Ley de Petróleos Mexicanos vigente, tengan conocimiento de la política energética nacional con la finalidad de profesionalizar el ejercicio de sus funciones al interior del órgano de gobierno. Asimismo, busca la agilidad en la designación de los consejeros independientes, al establecer una experiencia necesaria de al menos de cinco años para cumplir con las funciones del cargo.

Por otra parte, se prevé que los consejeros independientes reciban una remuneración de conformidad con los tabuladores que para tal efecto emita el gobierno federal, considerando las remuneraciones existentes en Petróleos Mexicanos y las políticas laborales del gobierno federal, con el objeto de equilibrar el ingreso de todos los consejeros y, de esa forma, evitar que puedan comprometer su independencia en el ejercicio de su encargo.

Para la validez de las sesiones se propone la presencia de al menos cinco consejeros, de los cuales uno deberá ser consejero independiente, con la finalidad de agilizar la toma de decisiones. Asimismo, se reduce el número de votos para emitir y actualizar las reglas para su operación y funcionamiento, pudiendo celebrar las sesiones de consejo en el domicilio de Petróleos Mexicanos o en cualquier otro a juicio del presidente del consejo.

Se propone la reducción del plazo de veinte a cinco días hábiles para que, en caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable del consejero independiente, los consejeros que se opongan puedan emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado.

Se establece la obligación de confidencialidad permanente para los consejeros, secretario y los invitados del Consejo de Administración después de que los obligados a ella dejen de prestar sus servicios o de laborar para Petróleos Mexicanos, a fin de evitar el uso indebido de información sensible que pueda derivar en un riesgo para la empresa.

c. Responsabilidades de los consejeros

Se busca que todos los consejeros, con independencia del cargo que desempeñen dentro del órgano de gobierno, sean servidores públicos o consejeros independientes, serán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción y en la normativa aplicable, pues no se entendería la toma de decisiones que afectan al país sin la responsabilidad que la misma implica. Asimismo, se modifica el plazo en que opera la prescripción para exigir la responsabilidad de los consejeros, pasando de cinco a diez años.

d. Remoción de los consejeros

Con el objeto de mantener y garantizar el funcionamiento del órgano de gobierno, se propone que, en tanto se resuelve la remoción de los consejeros independientes por el Senado de la República, el consejero de que se trate se encontrará impedido para ejercer sus funciones y no recibirá la contraprestación correspondiente hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica. De no ser procedente su remoción, se cubrirán los montos hasta ese momento pendientes de pago.

f. Comités

Con el objeto de ejercer un mayor control de los asuntos de importancia y trascendencia de la empresa, se propone la reducción del número de comités previstos en la ley, para concentrar la atención de los temas en dos comités de apoyo a las funciones del Consejo de Administración que permitan agilizar la toma de decisiones, subsistiendo el Comité de Auditoría y fusionándose dos para crear el Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios, incluyéndose en éste las funciones en materia de inversión y su seguimiento, así como las de análisis y recomendaciones del Plan de Negocios.

Respecto al Comité de Auditoría, se designa como presidente, de forma permanente, al representante de la Secretaría de la Función Pública, dotando de especialidad a la presidencia del comité de apoyo. Adicionalmente, se prevé la participación de un integrante de la Secretaría de Energía y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

g. Director general

Por lo que se refiere a las funciones del director general de Petróleos Mexicanos, en la presente iniciativa se propone un cambio de paradigma en la conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales con la finalidad de que el responsable de éstas sea el mismo Director General, a efecto de fortalecer la administración de la empresa conforme a la política energética nacional.

Buscando que la conducción central y dirección estratégica que se le está otorgando al Director General esté representada en el órgano de gobierno, se prevé su participación como invitado permanente del órgano supremo de administración, adicionando lo siguiente:

1. La obligación de su presencia en las sesiones de dicho órgano o, en su caso, de su suplente o de la persona que el Ejecutivo Federal nombre con el carácter de encargado de despacho, y

2. La facultad para convocar a sesiones extraordinarias.

Asimismo, se faculta al Director General para proponer al Consejo de Administración lo siguiente:

1. La organización y estructura corporativa de Petróleos Mexicanos que mejor convenga para la realización de su objeto;

2. El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como sus modificaciones y actualizaciones, cuidando que las mismas se encuentren alineadas al Programa Nacional de Desarrollo y a la política energética nacional;

3. Las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, y con la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales;

4. Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzcan o presten Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, o bien, las reglas para tal efecto, salvo aquéllos que deban determinarse en términos de las leyes de la materia;

5. Los criterios y lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones, en efectivo o en especie, que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

6. Las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o, en su caso, empresas filiales;

7. Las políticas y bases generales para determinar el factor de rentabilidad con base en el cual Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias participarán en los concursos para la adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y

8. Los proyectos y decisiones cuyas características revistan una importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la empresa, conforme a las políticas y lineamientos.

Asimismo, al director general se le transfieren funciones que actualmente le corresponden al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de naturaleza ejecutiva que llevan implícitas la toma de decisiones y la conducción de la empresa productiva del Estado, relativas a: (i) aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias; (iii) nombrar y remover a los directivos de Petróleos Mexicanos que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de aquél, y concederles licencias, y (iii) aprobar las políticas y procedimientos para la celebración de operaciones entre Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales u otras personas sobre las que ejerzan control o influencia significativa, debiendo señalar aquéllas que deberán ser autorizadas por el propio Consejo.

C. Contratos para la producción y extracción

En concordancia con la propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos, la presente iniciativa prevé la posibilidad de que Petróleos Mexicanos celebre, individualmente o mediante asociación o con participación de particulares, los contratos para la Exploración y Extracción a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

D. Régimen especial

La presente Iniciativa, precisa que las asignaciones se refieren a actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en congruencia con las modificaciones planteadas a la Ley de Hidrocarburos.

Se faculta al director general para ejercer funciones en materia de remuneraciones del personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, de acuerdo al presupuesto de servicios personales aprobado y se estable que la administración de los recursos humanos de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias sólo atenderá a la mejor eficiencia operativa de las empresas.

Se faculta al director general para determinar las reglas para la operación del sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas.

Se prevé la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas para toda persona que labore en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, sus empresas filiales o cualquier empresa en donde Petróleos Mexicanos tenga participación accionaria. Esta modificación busca establecer que nunca más una empresa del Estado sea operada o dirigida por personas que no estén sujetas al control público. No puede entenderse que la empresa que comercializa el crudo del país sea manejada como una empresa de particulares en donde el capital accionario directa o indirectamente, pertenece al Estado, los recursos que se manejan son del Estado y las actividades que realizan son inherentes a funciones de empresas estatales.

Se modifica el plazo en que opera la prescripción para exigir la responsabilidad administrativa de las personas antes señaladas, pasando de cinco a diez años.

Se establece que el Director General autorizará los tabuladores de remuneraciones y las políticas de recursos humanos en cualquier empresa en donde Petróleos Mexicanos tenga participación accionaria.

E. Otras disposiciones

La iniciativa de mérito aclara que el domicilio fiscal de Petróleos Mexicanos es en la Ciudad de México, de conformidad con el “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

Adicionalmente, con dicha propuesta Petróleos Mexicanos tiene la posibilidad de establecer la administración de la empresa en cualquier parte de la República Mexicana, pudiendo ser en las regiones donde se concentra la producción de hidrocarburos, con independencia de la posibilidad que tiene ésta de establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

De acuerdo al compromiso del Gobierno de México, una de las tareas más importantes y urgentes que se debe atender es lograr la autosuficiencia y alcanzar la reducción en los precios de los combustibles, por lo que es necesario establecer que las actividades de Petróleos Mexicanos garanticen la seguridad y soberanía energética.

Por otra parte, la iniciativa propone precisar que Petróleos Mexicanos lleve a cabo la comercialización de productos relacionados con su actividad y objeto que no necesariamente sean de fabricación propia.

Por las razones expuestas, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de:

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de ese Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Petróleos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4; 5, párrafo segundo, fracción VII; 8, párrafo primero; 11, párrafo primero; 13, fracciones III, IV, VII, XIII, XV, XXII, XXIII y XXVIII; 15, párrafo primero y su fracción III; 16; 17, párrafo primero; 20, párrafo primero y su fracción II; 24, párrafos segundo y tercero; 25; 26, párrafo primero y sus fracciones III, V, VII y IX; 28, párrafo segundo; 30; 31, párrafo cuarto; 40, fracción IV; 41, párrafo primero; 42, párrafo primero; 45, párrafo primero y su fracción VI; 46, párrafo primero y su fracción XVII; 48, párrafo primero; 63, fracción I; 73, párrafo primero; 74; 75, párrafo segundo; 85, párrafos primero y tercero; 89, párrafo primero; 90; 91, párrafo tercero; 94, párrafo primero; 96; 104, fracción II y 118; se adicionan el párrafo segundo al artículo 14, pasando el actual párrafo segundo a ser párrafo tercero; una fracción IV y un párrafo segundo al artículo 15, pasando los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto a ser párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; el párrafo tercero al artículo 38; las fracciones VII, VIII, IX y X al artículo 45, pasando la actual fracción VII a ser fracción XI, y las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 46, pasando la actual fracción XVIII a ser fracción XXI, y se derogan las fracciones I, X, XXV y XXVII del artículo 13; las fracciones II y III del artículo 40; y los artículos 43, 44, 49 y 92 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. Petróleos Mexicanos tendrá su domicilio fiscal en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Artículo 4. Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado, garantizando seguridad y soberanía energética para contribuir al desarrollo nacional.

Artículo 5.- Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes:

I. a VI. ...

VII. La comercialización de productos de fabricación propia a través de redes de comercialización, así como la prestación de servicios vinculados a su consumo o utilización;

VIII. y IX. ....

...

Artículo 8. Petróleos Mexicanos podrá celebrar con terceros Contratos para la Exploración y Extracción a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ya sea individualmente o mediante asociación o con participación de particulares. En consecuencia, en dichas actividades Petróleos Mexicanos deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Hidrocarburos.

...

Artículo 11. Petróleos Mexicanos contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración, a propuesta del Director General, en términos de esta ley.

...

Artículo 13. ...

I. Se deroga

II. ...

III. A propuesta del director general, aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, el que deberá estar alineado al Programa Nacional de Desarrollo y a la política energética nacional, con base en una proyección a cinco años, y, conforme a éste, el programa operativo y financiero anual;

IV. A propuesta del director general, aprobar las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, y la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales, debiendo señalar, en ambos casos, aquellas que por su importancia o trascendencia deban ser autorizadas por el propio consejo;

V. y VI. ...

VII. A propuesta del director general, fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzcan o presten Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, o bien, las reglas para tal efecto, salvo aquellos que deban determinarse en términos de las leyes de la materia;

VIII. y IX. ...

X. Se deroga

XI. y XII. ...

XIII. A propuesta del director general, aprobar los criterios y lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones, en efectivo o en especie, que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

XIV. ...

XV. A propuesta del Director General, establecer las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o, en su caso, empresas filiales;

XVI. a XXI. ...

XXII. A propuesta del director general, fijar las políticas y bases generales para determinar el factor de rentabilidad con base en el cual Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias participarán en los concursos para la adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos;

XXIII. Aprobar los proyectos y decisiones que el Director General someta a consideración del Consejo de Administración, cuyas características revistan una importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la empresa, conforme a las políticas y lineamientos.

XXIV. ...

XXV. Se deroga.

XXVI. ...

XXVII. Se deroga.

XXVIII. Establecer mecanismos de control y coordinación entre las instancias competentes en materia de responsabilidad y auditoría, y

XXIX. ...

Artículo 14. ...

I. a IV. ...

Petróleos Mexicanos deberá actualizar su Plan de Negocios cuando se presenten escenarios de crisis económicas, profundos cambios en el mercado petrolero internacional o se contemple la realización de nuevos proyectos de gran magnitud, de mejora tecnológica, así como nuevas adquisiciones prioritarias.

Petróleos Mexicanos difundirá en su portal de Internet una versión pública de su Plan de Negocios, misma que no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias comerciales.

Artículo 15. El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros y un invitado permanente, conforme a lo siguiente:

I. y II. ...

III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y

IV. El director general de Petróleos Mexicanos que tendrá el carácter de invitado permanente con voz, pero sin voto.

El Consejo de Administración no podrá sesionar sin la presencia del director general de Petróleos Mexicanos, su suplente o, en su caso, la persona que el Ejecutivo Federal nombre con el carácter de encargado de despacho.

...

...

...

...

...

Artículo 16. Los consejeros a que se refiere la fracción II del artículo 15 serán servidores públicos federales.

Los consejeros señalados en la fracción III del artículo 15 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento y de lo establecido en el presente artículo.

Los consejeros a que se refiere la fracción III del artículo 15 no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, o cargo, en cualquier área de gobierno, dentro de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, o en cualquier organismo autónomo.

Artículo 17. Los consejeros señalados en la fracción I del artículo 15 podrán ser suplidos por el servidor público que al efecto designen, con nivel inmediato inferior al del titular. Tratándose del Presidente del Consejo, su suplente asumirá todas las funciones de aquél.

...

...

Artículo 20. Los consejeros señalados en la fracción III del artículo 15, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional, conocimiento de la política energética nacional, así como reunir los requisitos siguientes:

I. ...

II. Haberse desempeñado, durante al menos cinco años, en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de Petróleos Mexicanos, ya sea en los ámbitos profesional, docente, o de investigación;

III. a VI. ...

...

...

Artículo 24. ...

Los consejeros independientes recibirán la remuneración que al efecto determine un comité especial que estará integrado por dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un representante de la Secretaría de Energía, de conformidad con los tabuladores que para tal efecto emita el gobierno federal.

El comité especial sesionará por lo menos una vez al año y tomará sus resoluciones por unanimidad. Para adoptar sus resoluciones, deberá considerar las remuneraciones existentes en Petróleos Mexicanos y las políticas laborales del gobierno federal.

...

Artículo 25. El Consejo de Administración designará, a propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos, al Secretario Técnico del mismo.

Artículo 26. El Consejo de Administración, con el voto favorable de seis de sus miembros, emitirá y actualizará las reglas para su operación y funcionamiento, debiendo prever, en todo caso, que:

I. y II. ...

III. Las sesiones serán válidas con la presencia de al menos cinco consejeros, siempre que asista un consejero independiente;

IV. ...

V.Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

En caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable de al menos un consejero independiente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado;

VI....

VII.Sin perjuicio del calendario acordado para las sesiones ordinarias, el Presidente del Consejo, el director general o al menos dos consejeros, podrán instruir al secretario del Consejo para que se convoque a sesión extraordinaria.

VIII. ...

IX. La regulación sobre la participación de invitados en las sesiones, quienes tendrán voz, pero no voto, con excepción del Director General, que estará sujeto a las mismas reglas de los consejeros, pero sin derecho a voto. El Comisario a que se refiere el artículo 117 de esta Ley asistirá como invitado permanente;

X. y XI. ...

Artículo 28. ...

La obligación de confidencialidad referida será permanente después de que los obligados a ella dejen de prestar sus servicios o de laborar para Petróleos Mexicanos.

Artículo 30. Los consejeros, en relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables en términos de lo dispuesto en esta Ley, y estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 31. ...

...

...

La acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en diez años contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto, hecho u omisión que haya causado el daño y perjuicio, salvo cuando se trate de actos, hechos u omisiones de tracto sucesivo o con efectos continuos, en cuyo caso el plazo para la prescripción comenzará a contar cuando termine el último acto, hecho u omisión o cesen los efectos continuos, según corresponda.

...

Artículo 38. ...

...

En tanto, se resuelve la remoción de los consejeros independientes una vez que ha sido enviada la solicitud al Senado por el Ejecutivo Federal, el consejero de que se trate se encontrará suspendido en el ejercicio de sus funciones y no recibirá la contraprestación correspondiente hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica. De no ser procedente su remoción, se cubrirán los montos pendientes de pago desde la fecha en que se dicte la suspensión de funciones y hasta aquélla en que se dicte la resolución que corresponda.

Artículo 40. El Consejo de Administración contará con los comités que al efecto establezca. En todo caso, contará con los comités de:

I. ...

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Inversiones, adquisiciones, obras y servicios.

Artículo 41. Los comités del Consejo de Administración estarán conformados por un mínimo de tres y un máximo de seis consejeros, de los cuales al menos uno será independiente, salvo aquellos cuya integración esté prevista expresamente en esta Ley. Serán presididos y tendrán la integración y funciones que determine el Consejo de Administración, por resolución adoptada por mayoría de votos de sus miembros, sin perjuicio de las señaladas en esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas que emita el propio Consejo.

...

...

Artículo 42. El Comité de Auditoría estará integrado por tres consejeros independientes, un integrante de la Secretaría de Energía, un integrante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un integrante de la Secretaría de la Función Pública, quien lo presidirá y en caso de empate tendrá voto de calidad. El Comité tendrá las funciones señaladas en el artículo 51 de esta Ley.

...

Artículo 43. Se deroga.

Artículo 44. Se deroga.

Artículo 45. El Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios, se integrará conforme lo determine el Consejo de Administración y tendrá las siguientes funciones:

I. a V. ...

VI. Revisar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras y formular las recomendaciones que estime pertinentes al Consejo de Administración;

VII. Auxiliar al Consejo de Administración en la aprobación de las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de Petróleos Mexicanos;

VIII. Analizar el Plan de Negocios;

IX. Formular al Consejo de Administración recomendaciones relacionadas con el Plan de Negocios y sobre las políticas generales en la materia;

X. Dar seguimiento a las inversiones que, en términos de la fracción IV del artículo 13 de esta Ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración, y

XI. Las demás que determine el Consejo de Administración.

Artículo 46. Corresponden al Director General la conducción central y la dirección de las actividades empresariales, económicas e industriales de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; así como la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

I. a XVI. ...

XVII. Difundir la información relevante y eventos que deban ser públicos en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, sujeto a lo dispuesto en el capítulo VII del Título Cuarto y demás disposiciones aplicables de esta ley;

XIX. Nombrar y remover a los directivos de Petróleos Mexicanos que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de aquél, y concederles licencias;

XX. Aprobar las políticas y procedimientos para la celebración de operaciones entre Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales u otras personas sobre las que ejerzan control o influencia significativa, debiendo señalar aquellas que deberán ser autorizadas por el propio consejo, y

XXI. Las demás previstas en esta ley, y las que le asigne el Consejo de Administración, el Estatuto Orgánico o se prevean en otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 48. El director general podrá ser removido discrecionalmente por el Ejecutivo federal.

...

Artículo 49. Se deroga.

Artículo 63. ...

I. Si las actividades se realizan al amparo de una asignación para la exploración y extracción, deberá actuar a través de una o más empresas productivas subsidiarias, sin perjuicio de los contratos de servicios que puedan celebrar para la mejor ejecución y operación en las áreas objeto de la asignación para la exploración y extracción, en términos de esta Ley y de la Ley de Hidrocarburos, y

II. ...

...

Artículo 73. Al ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, el Director General de Petróleos Mexicanos de acuerdo al presupuesto de servicios personales aprobado, observará lo siguiente:

I. a IV. ...

Artículo 74. La creación de puestos, las modificaciones a la estructura organizacional y a las plantillas de personal, la transferencia de plazas y la contratación o el nombramiento del personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias sólo atenderá a la mejor eficiencia operativa de las empresas.

Artículo 75. ...

A las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias les serán aplicables las disposiciones que al efecto establece esta Ley y las demás que deriven de la misma.

Artículo 85. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias contarán con un sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas que deberá actualizarse periódicamente y contener la información de los contratos celebrados en los últimos cinco años, así como el historial de cumplimiento de los mismos, incluyendo, en su caso, la ampliación, incremento o ajuste en dichos contratos.

...

El director general determinará las reglas para la operación del sistema y la información que deberá incluir, considerando el tamaño de los proveedores y contratistas y su relevancia para las operaciones de las empresas contratantes.

...

Artículo 89. El Consejo de Administración emitirá las políticas que regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, de empresas filiales, considerando lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución.

...

Artículo 90. La aplicación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos al personal de Petróleos Mexicanos, al de sus empresas productivas subsidiarias y filiales, y a toda persona que labore en cualquier empresa en donde Petróleos Mexicanos tenga tenencia accionaria directa o indirectamente, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de su competencia y a la Unidad de Responsabilidades, la que será competente para:

I. Recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, y

II. Tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, en términos de las leyes aplicables.

Artículo 91. ...

...

La acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en diez años, contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto, hecho u omisión que haya causado el daño y perjuicio, salvo cuando se trate de actos, hechos u omisiones con efectos continuos, en cuyo caso el plazo para la prescripción comenzará a contar cuando terminen los efectos de dicho acto, hecho u omisión.

...

Artículo 92. Se deroga.

Artículo 94. El personal de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión en las mismas, deberá observar, después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

I. y II. ...

...

Artículo 96. El director general de Petróleos Mexicanos aprobará las políticas para la contratación en favor de los miembros del Consejo de Administración, directores y aquéllos empleados que determine tanto de Petróleos Mexicanos como de sus empresas productivas subsidiarias.

Artículo 104. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

I. ...

II. El director general autorizará los tabuladores de remuneraciones y las políticas de recursos humanos de la empresa y de sus empresas productivas subsidiarias, así como de cualquier empresa en donde Petróleos Mexicanos tenga tenencia accionaria directa o indirectamente;

III. a IX. ...

Artículo 118. Las utilidades que obtengan Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias tienen como fin incrementar los ingresos de la Nación para destinarlos al financiamiento del gasto público, por lo que dichas utilidades no se repartirán entre sus trabajadores.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 enero de 2019.— Diputadas: Karla Yuritzi Almazán Burgos, Miroslava Carrillo Martínez (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.



LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Minerva Hernández Ramos.

La senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, presidente. El espíritu de esta iniciativa es que sea la ciudadanía quien reciba de sus autoridades el trato que siempre ha merecido.

El propósito es que sea la ciudadanía quien reciba de sus autoridades el trato que siempre ha merecido. El propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles.

Los trámites y servicios son los principales instrumentos que tiene un gobierno para interactuar con sus ciudadanos y sus empresarios. Incluso, los trámites pueden representar un proceso complejo y desincentivar la actividad económica y el incumplimiento de obligaciones del ciudadano.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental señala que, a nivel nacional, más del 57 por ciento de los usuarios de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos acuden a las instalaciones de gobierno para realizarlos.

De este universo, que es más de la mitad de la población mexicana, casi cinco de cada 10 señalan que, para poder realizar sus trámites, enfrentan algún tipo de problemas, siendo los más usuales los de hacer largas filas, requisitos excesivos, acudir a un lugar lejano y, lo que más molesta a la gente, que lo estén pasando de una ventanilla a otra sin atender o darle razón de su solicitud.

Pongamos este escenario en perspectiva. Entidades federativas como Tabasco, Chiapas y Estado de México tienen un promedio superior a los mil trámites, una cantidad excesiva si la comparamos con el promedio de 300 trámites en entidades como Colima, Guerrero o Oaxaca.

Además, pensemos que el tiempo de resolución de un trámite representa un costo para la sociedad. Existen estados como Tamaulipas o San Luis Potosí que tardan más de 40 días en resolver los trámites, mientras que en Durango, Tlaxcala o Yucatán el promedio es de menos de 16 días.

La problemática descrita es ejemplo de alguno de los retos que México tiene en materia de mejora regulatoria, razón por la cual presento esta iniciativa de modificaciones a la Ley General de Mejora Regulatoria, con el objeto de eficientar esta política pública, y la finalidad de que no solo los agentes económicos sean más productivos y más competitivos, sino también de que en la atención de sus trámites los ciudadanos reciban un trato digno y adecuado de parte de las instancias gubernamentales.

La adecuada instrumentación de estas reformas tendrá como consecuencia la generación de empleo, el crecimiento del poder adquisitivo y de la economía; además de cerrar espacios a la corrupción, propongo que, en la atención al público, los servidores tengan como obligaciones, entre otras, las relativas a dar trato respetuoso y diligente a todas las personas, sin distingo; a garantizar la atención personal al público, exhibiendo el tiempo máximo de atención y estableciendo horarios que satisfagan las necesidades del servicio; a atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención, y dar orientación al público en materia de quejas y de reclamos.

Con estas acciones garantizaremos a la ciudadanía el respeto a su derecho fundamental de seguridad jurídica, además de que se coadyuvará en el cumplimiento de obligaciones e implicará menores costos de transacción, haciendo los trámites y procedimientos mucho más simples y mucho más transparentes. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Aspectos jurídicos en materia de mejora regulatoria

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 25, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) dispone que: “...Las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia...”.

En este mismo sentido, el artículo 73, fracción XXIX-Y, de la CPEUM dispone que el Congreso tiene facultad para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

Así, los objetivos de la reforma constitucional tienen los siguientes alcances:

-Desarrollar una política nacional de mejora regulatoria;

-Generar un ambiente económico que propicie la competitividad nacional;

-Implementar un nuevo sistema de mejora regulatoria bajo los principios de transparencia, participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de cuentas, y eficiencia de la acción gubernamental;

-Garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, y

-La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas.

b) Ley General de Mejora Regulatoria

Que la Ley General de Mejora Regulatoria tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

II. Datos Estadísticos

De acuerdo con datos del Diagnóstico nacional de trámites y servicios de las entidades federativas de 2018, elaborado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), los estados con mayor número de trámites son Tabasco, Chiapas y el estado de México; con un promedio superior a mil trámites por cada uno. Por otro lado, entre los que tienen menor número de trámites se observa a Colima, Guerrero y Oaxaca oscilando en un promedio de 300 trámites por entidad. La sumatoria de todos los trámites por estado fue de 22 mil 185 trámites.

Asimismo, señala que los estados que se tardan más en dar una resolución se encuentran: estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. El estado de México se puede explicar porque también tiene un volumen amplio de trámites, así que los funcionarios públicos deben atender mayor número de trámites al día. Otro factor que puede pasar se debe al tamaño de la población, a más población mayor será más frecuente en que vayan a realizar un trámite.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, hay estados donde su tiempo de resolución es demasiado bajo, este es el caso para los estados de: Durango, Tlaxcala, Yucatán donde su tiempo promedio para emitir la resolución es menor de 16 días. Una variable que también depende del tiempo de resolución, son las actividades gubernamentales, es decir, cuanto tiempo les toma por realizar dicha actividad y poder eficientarla.

III. Retos en materia de Mejora Regulatoria

A seis meses de la entrada en vigor de la nueva ley, sin duda, hay un antes y un después en las regulaciones y la normatividad, toda vez que este instrumento generará normas claras, así como trámites y servicios simplificados.

No obstante, aún se presentan diversos retos en materia de mejora regulatoria entre los que se encuentran:

-La consolidación de un sistema económico en crecimiento e incluyente, que genere igualdad de oportunidades.

-La simplificación del mosaico de leyes y ordenamientos con distintos niveles de efectividad.

-Adoptar mecanismos y herramientas para asegurar la calidad de las disposiciones normativas que emanan del Congreso, toda vez que, si bien esto ya ocurre en la administración pública federal, las disposiciones emitidas en este ámbito constituyen sólo una parte de la normatividad que se emite en el país.

-Existe una gran complejidad normativa que impacta de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo que crea un marco jurídico complejo y poco accesible con las siguientes características:

a) Solo la normativa federal y estatal puede consultarse fácilmente;

b) Los ordenamientos no siempre tienen una dirección clara o armonizada con políticas públicas, induciendo, en la práctica, poca intervención estatal y municipal, y

c) Se utiliza un lenguaje técnico y de difícil comprensión para la mayoría de la población.

IV. Objeto de la iniciativa

Los trámites y servicios son el principal instrumento que tiene un gobierno para interactuar con los ciudadanos y empresarios.

El tiempo de resolución representa un costo para la sociedad. Los trámites pueden representar un proceso complejo y desincentivar la actividad económica e incumplimiento de las obligaciones del ciudadano.

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto hacer más eficiente la mejora regulatoria para que las empresas sean más productivas y competitivas, lo que propicia la generación de empleo, el crecimiento del poder adquisitivo y de la economía, además de que cierra la puerta a la corrupción.

La corrupción gubernamental es altamente nociva, pues cuando el servidor público obtiene un beneficio extraordinario, no solo causa costos económicos sino que vulnera el estado de derecho.

No es suficiente haber establecido en la ley, que los servidores públicos tendrán responsabilidades administrativas, pues finalmente su incumplimiento será sancionado.

Debemos ir más allá, obligando al servidor público a:

-Dar trato respetuoso y diligente a todas las personas sin distinción.

-Garantizar la atención personal al público, exhibiendo el tiempo máximo de atención y estableciendo horarios que satisfagan las necesidades del servicio.

-Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención;

-Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos;

-Dar orientación al público en materia de quejas y reclamos;

-Utilizar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos, y

-Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público.

Con la implementación de estas acciones podremos mejorar al Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, fortaleciendo la calidad de la prestación de los servicios de la administración pública en todos sus ámbitos, lo que traerá los siguientes beneficios para el ciudadano:

-Seguridad jurídica;

-Cumplimiento de sus obligaciones;

-Menores costos;

-Trámites simples y procedimientos transparentes, y

-Facilitará hacer negocios, lo generará crecimiento económico en todo el país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforman el Título Cuarto “De las obligaciones en la atención al público y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en materia de mejora regulatoria”; el artículo 92, recorriéndose los artículos subsecuentes pasando a ser 93 y 94; Se adicionan un Capítulo Primero “De las obligaciones de los servidores públicos en la atención al público”, y un Capítulo Segundo “De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” de la Ley General de Mejora Regulatoria, para quedar como sigue:

Título CuartoDe las obligaciones en la atención al público y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en materia de mejora regulatoria Capítulo PrimeroDe las Obligaciones de los Servidores Públicos en la Atención al Público

Artículo 92. Los servidores públicos tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, las siguientes obligaciones:

I. Dar trato respetuoso y diligente a todas las personas sin distinción;

II. Garantizar la atención personal al público, exhibiendo el tiempo máximo de atención y estableciendo horarios que satisfagan las necesidades del servicio;

III. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención;

IV. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos;

V. Dar orientación al público en materia de quejas y reclamos;

VI. Utilizar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos, y

VII. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público.

Capítulo SegundoDe las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo 93. ...

Artículo 94. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los quince días del mes de enero del año dos mil diecinueve.— Senadora Minerva Hernández Ramos(rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Julián Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Muy buenos días, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, diputado presidente. Esta es una iniciativa en el mismo tenor de la presentada en la semana anterior con respecto al fortalecimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector.

Y tiene que ver con un decreto que adiciona una fracción II Bis al artículo 16 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y se adiciona un artículo 82 Quáter a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Honorable Comisión Permanente, las organizaciones de la sociedad civil, en la actualidad, son fundamentales para difundir la democracia, desarrollar la economía, defender los derechos humanos, realizar actividades altruistas, entre otras actividades. Además, son de gran importancia en la construcción de un país con gobernabilidad, Estado de derecho, crecimiento y desarrollo económico.

Actualmente hay más de 20 mil organizaciones de la sociedad civil con registro, cada agrupación atiende aproximadamente a más de cinco mil personas, pero ninguna tiene el capital humano, económico o la infraestructura suficientes para realizar esta titánica tarea; aun así, estas organizaciones adquieren relevancia para los ciudadanos porque se agrupan para llevar a cabo objetivos sociales, económicos, culturales y ambientales que benefician a la comunidad, ya que, al cumplir sus metas con recursos propios, dan solución a problemáticas, satisfacen necesidades y defienden intereses comunes.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil, dada su diversidad de objetivos, funciones, orientaciones, programas y esfuerzos dirigidos a la atención de algún sector de la población, encuentran en las donaciones la posibilidad de realizar las actividades que se han planteado, aportando conocimiento y dando solución a temas elementales para la convivencia humana y democrática que en ocasiones el propio Estado deja de atender.

Por ello ya es parte del debate público que las organizaciones de la sociedad civil tengan mayor apoyo por parte del Estado, principalmente en lo relacionado a la simplificación de trámites para su constitución y registro legal, ya que los últimos años la sociedad civil organizada es un actor indispensable en la vida social, democrática del Estado mexicano.

En ese sentido es momento de mirar hacia las organizaciones sociales que desean ser donatarias autorizadas, ya que actualmente el trámite para que adquieran la carta de acreditación de las dependencias correspondientes puede llevarles hasta medio año por la falta de fluidez en la información correspondiente.

Por tal motivo, se deben realizar adecuaciones al marco legal, con la finalidad de construir mecanismos que hagan más fácil y eficiente los trámites para adquirir la carta en comento.

Por tal motivo, en esta iniciativa se propone la creación de una ventanilla única a nivel gobierno federal, la cual debe dar respuesta en los siguientes 30 días naturales para la acreditación de la carta.

También se propone que las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con la clave única de inscripción al registro federal de organizaciones de la sociedad civil, conocida como Cluni, sea un documento probatorio de la acreditación si aún no se ha expedido la carta de acreditación.

De esta forma, y con esta reforma, se da solución para que el registro y constitución de las organizaciones de la sociedad civil con características de donatarias autorizadas sea más pronto y expedido. Lo anterior, con la finalidad de que a las organizaciones se les impulse y fortalezca para que sigan cerca de los sectores más vulnerables a los que atienden.

Para Encuentro Social, el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil llamadas “el tercer sector” es fortalecerlas, asumiendo su importancia en nuestro país como instancias que captan, gestionan, orientan, atienden y resuelven problemáticas de los ciudadanos y que, en muchas ocasiones, son hacia los grupos más vulnerables de la sociedad.

Reconocemos que, hasta hoy, las organizaciones de la sociedad civil, con o sin el apoyo de los gobiernos, han resuelto problemáticas que se presentan en la población que más nos ocupa. Es decir, dando alternativas para mejorar y materializar la gobernanza encaminando a la democratización de las soluciones a problemas sociales, muchos de ellos graves. Seguiremos apoyando las causas sociales. Queremos consolidar aún más a las organizaciones de la sociedad civil como un poderoso motor de cambio social.

Solicito, señor presidente, que se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Javier Julián Castañeda Pomposo, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Las personas morales con fines no lucrativos realizan actividades de asistencia, de servicios, enseñanza, investigación, administración, entre otras, sin perseguir un fin lucrativo.

Ejemplos: Sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, colegios de profesionales.

Asociaciones y sociedades civiles, donatarias, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, la federación, las entidades federativas, los municipios y organismos descentralizados.

En esta iniciativa nos referimos a las donatarias. Las donatarias son organizaciones civiles, fideicomisos, fundaciones autorizadas para recibir donativos deducibles con la finalidad de apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Están obligadas a destinar los donativos y actividades única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto social.

Sin embargo, desde su creación deben de apegarse a algunos lineamientos y procedimientos para evitar ser sancionadas por las autoridades fiscales.

Tienen diferentes obligaciones fiscales, entre ellas, cada mayo publicar el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, informar de , cualquier modificación en sus estatutos o de cualquier otro requisito que se hubiere ,considerado para otorgar esta autorización, expedir los comprobantes fiscales correspondientes por los donativos que reciban, presentar declaración anual a más tardar el 15 de febrero de cada año, realizar actividades que tengan como finalidad primordial el cumplimiento’ de su objeto social, llevar un control de la donación de bienes.

Entre esas obligaciones está la prevista en la fracción V del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece en su segundo párrafo que cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social.

Con la presente iniciativa se está proponiendo adicionar un párrafo que establezca que la solicitud de la restitución dela autorización de donataria suspende el plazo de 12 meses para la renovación sin menoscabo de la obligación de comprobar durante dicho plazo que los recursos obtenidos bajo el estatus de donataria autorizada fueron destinados al objeto social. Lo anterior, porque se asume que tramitar nuevamente la autorización afecta el plazo.

Lo anteriores necesario porque las donatarias hacen muchas labores altruistas que es necesario apoyar, no podemos permitir que se interrumpa su noble labor, hay que reconocer que hay importantes donatarias que realizan funciones muy significativas.

Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles son en general:

asistenciales,

educativas,

investigación científica o tecnológica,

culturales,

ecológicas,

becantes,

de escuela-empresa,

de obras-servicio público,

y de desarrollo social.

Es importante considerar que, tanto el objeto social de las organizaciones civiles o fideicomisos como su actividad cotidiana y estatutos sociales no deben contener cláusulas con actos o actividades contradictorias al objeto, patrimonio o liquidación, como por ejemplo: no deben perseguir lucro alguno, ni tampoco deben ir encaminados a intervenir en campañas políticas ni a realizar propaganda a favor o en contra de partidos políticos o doctrinas religiosas.

Así también no deben realizar actividades remuneradas que influyan en la legislación o pretender la modificación de alguna ley u ordenamiento jurídico, ni deben incluir actividades deportivas y morales, así como tampoco deben incluir actividades de carácter económico o comercial, exportación, franquicias o proyectos productivos.

Igualmente, no deben incluir actividades de creación, fundación, administración, fomento, apoyo, adquisición o posesión de otros organismos mercantiles, empresariales o comerciales, y sólo pueden realizar estas actividades sobre bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento del objeto social. Tampoco deben incluir dar en comodato, mutuo y fideicomiso los bienes de la organización, avalar títulos u operaciones de crédito o garantizar obligaciones a favor de terceros, u otorgar patrocinios, subvenciones o sostener a otros organismos o personas físicas, ni deben contener beneficios o derechos económicos, tales como utilidades, remanentes, préstamos, reducción de capital, proyectos de partición o devolución de aportaciones o partes sociales; o de disposición y disfrute de los bienes de la organización para los integrantes de ésta.

Otro aspecto quena debe incluirse en su objeto social, es la prestación o asesoría de servicios profesionales, gestoría o consultoría ni facultar a los representantes o apoderados legales para ser mandatarios de otras personas físicas o morales. Y tampoco, deben contener actividades de edición, publicación, distribución, impresión o promoción de material impreso o medios electrónicos, explotación y disposición de marcas, patentes: derechos de autor y propiedad industrial, a menos que se establezca que únicamente es para cumplimiento de los fines sociales.

Por, otra parte, para obtener la autorización como donataria ante el Servicio de Administración Tributaria, las organizaciones civiles o fideicomisos deben presentar un documento, según el tipo de objeto social que desarrollen, que acredite la realización de las actividades por las que solicita la autorización. En algunos casos, el documento debe ser emitido por una entidad gubernamental competente, que haga constar que conoce y le consta que la organización civil o fideicomiso realiza las actividades o fines por los que solicita autorización para recibir donativos deducibles.

Las labores altruistas que desempeñan las donatarias son muy importantes por ejemplo hay casas hogar, albergues, prestadores de servicios de salud, asociaciones culturales, bancos de alimentos, centros de derechos indígenas, casas de enfermos, desarrollo sustentable, equidad de género y desarrollo humano.

Como podemos observar son muy variadas sus actividades por eso creemos que con esta iniciativa estamos apoyando a las donatarias para que sigan cumpliendo con su noble labor.

Fundamentación

Artículos 1, 71, fracción II, 73, fracciones VII y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único.Se reforma la fracción V del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 82. ...

I. a IV. ...

V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.

En los casos de revocación de.la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes, a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Respecto de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los deberán destinar a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.

Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior que continúen realizando sus actividades como instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos que integran su patrimonio para realizar dichas actividades y tributarán en los términos y , condiciones establecidos en este Título para las no donatarias. Los recursos que se deban destinar a otras donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización cuando fue revocada o la renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia:

La solicitud de la restitución de la autorización de donataria suspende el plazo de 12 meses para la renovación sin menoscabo de la obligación de comprobar durante dicho plazo que los recursos obtenidos bajo el estatus de donataria autorizada fueron destinados al objeto social.

VI. a IX. ...

...

...

...

...

...

...

a) ...

b) ...

...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 De acuerdo con el directorio de donatarias autorizadas 2018 del SAT.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de enero de 2019.— Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo(rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.



LEY GENERAL PARA REGULAR EL USO DE LA FUERZA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD.

El senador Omar Obed Maceda Luna: Buen día. Con su permiso, señor presidente. Buen día, compañeros senadores, diputados, pueblo de México. El día de hoy vengo a presentar, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, la Ley General del Uso de la Fuerza.

En estos tiempos, en los cuales se ha levantado polémica por las estrategias, por las maneras, por las formas, la fracción del Partido de la Revolución Democrática pretende buscar alternativas.

Este documento, esta iniciativa, creemos que será de gran importancia para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía civil, para las policías municipales, quienes, en algún momento, a título particular, usamos un uniforme, servimos en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y entendemos en carne propia lo que representa el tener un arma de fuego y una licencia para usarla.

Creemos que debemos de dotar a estos cuerpos en nuestro país de documentos que contengan un objetivo legítimo que garanticen la protección a los derechos humanos, y además se recogen en el cuerpo de esta iniciativa experiencias y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Debemos recordar que, en nuestro país, siete entidades federativas ya cuentan con un antecedente, tienen sus propias leyes en la materia de regulación del uso de la fuerza, y es por este motivo que debemos empujar este tipo de iniciativas.

Es un momento en el cual todas las fuerzas políticas hemos tomado diferentes posturas, hemos generado opiniones, hemos querido sumar, pero en esta ocasión queremos rebasar esa parte, queremos rebasar la crítica, queremos rebasar el señalamiento, queremos ser propositivos en estos temas.

Esta ley contiene 55 artículos, y atentamente solicito que se publique íntegra en el Diario de los Debates, y ojalá todas las fuerzas políticas que están hoy representadas tengan a bien, en su momento, entrar a un análisis serio, un análisis propositivo. Créanme que allá afuera las fuerzas que se van a encargar de todas estas tareas de seguridad pública y procuración de justicia requieren instrumentos como estos. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley General para regular el Uso de la Fuerza, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador de la República con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno el proyecto de decreto por el que se promulga la Ley General para Regular el Uso de la Fuerza, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La seguridad pública y la protección ciudadana son tareas fundamentales del Estado Constitucional (Reichstatt) y el Imperio de la Ley (Rule of Law). Al ser bienes públicos, se considera que su provisión está a cargo de las instituciones jurídicas y al ser bienes jurídicos protegidos, son susceptibles de ser protegidos aún contra la voluntad de ciertas personas.

Lo anterior da lugar a que la Seguridad Pública y la Protección den lugar a la necesidad de ejercer acciones que pueden limitar de manera parcial o total la capacidad de los individuos de ejercer su libertad.

Esta limitación de la libertad, que se encuentra prohibida de manera general para los ciudadanos salvo en casos especificados por las normas, solo puede ser ejercida de manera legítima por las instituciones que el mismo sistema jurídico indica, y solamente en los términos que el mismo establece.

A este modo “monopolístico” de ejercer esta limitación de capacidades y libertades se le llama en los Estados de Derecho “El uso legítimo de la Fuerza”.

El uso de término “legítimo”, en la doctrina política y jurídica, se utiliza para distinguir el uso de la fuerza que lleva a cabo el Estado en contraposición a la que ejercen particulares.

Esta capacidad de Estado ha sido considerada por muchos teóricos del Estado y del Derecho, el fundamento de la autoridad política y jurídica. Thomas Hobbes, en el Leviatán, sostiene que el Estado es tal, en tanto tiene la capacidad de “monopolizar el uso de la fuerza”. Hans Kelsen fundamenta su Teoría Positiva del Derecho en el concepto de Sanción y en que solamente aquellas autoridades facultadas por las normas jurídicas válidas pueden ejercer esta coacción de una manera jurídicamente válida.

2. DERECHO COMPARADO

2.1 El Derecho Interamericano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición muy clara sobre el uso legítimo de la fuerza y sus limitaciones para los estados firmantes.

Al respecto, la Corte Interamericana cuenta con doctrina, que puede verse en el extracto del Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150:

“80. En todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”.

De esta manera, la Corte señala que los cuerpos del orden que ejerzan el uso de la fuerza, así como las demás instituciones del Estado, deben probar que sus acciones estuvieron justificadas.

El Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, se establecen por parte de la Corte los lineamientos para el actuar de las autoridades que utilicen armas de fuego, en términos de su obligación de identificarse como tal, y de advertir a las personas que están incurriendo en conductas que pueden ameritar el uso de fuerza letal:

“35. Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego[174] en todo momento; sobre todo cuando se encuentran realizando operativos y, en especial, en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas.

...

[174] En los supuestos señalados en el Principio No. 9, se considera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán identificarse como tales y advertirán, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta dicha advertencia, de manera clara su intención de hacer uso de armas de fuego, siempre que ello no pusiera indebidamente en peligro a dichos, no creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cfr. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principio No. 9".

Así mismo, el trabajo del tribunal interamericano ha establecido de manera muy clara los principios que el sistema interamericano considera necesarios para el uso legítimo de la fuerza, cómo se señala en el párrafo 85 del Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251:

"85. A fin de observar las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad:

i. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo; en este caso detener el vehículo que desacató un alto en un puesto de control. Frente a ello, la legislación y entrenamiento debían prever la forma de actuación en dicha situación[124], lo cual no existía en el presente caso (supra párr. 79).

ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso[125]. El Tribunal Europeo ha señalado que no se puede concluir que se acredite el requisito de "absoluta necesidad" para utilizar la fuerza contra personas que no representen un peligro directo, "inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la perdida de la oportunidad de captura"[126]. Si bien los hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponer resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, aún cuando la abstención del uso de la fuerza hubiera permitido la huida de las personas objeto de la acción estatal, los agentes no debieron emplear la fuerza letal frente a las personas que no representaban una amenaza o peligro real o inminente de los agentes o terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó, en definitiva, una situación de absoluta necesidad.

iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido[127]. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda[128]".

La doctrina interamericana, establece además que los estados firmantes tienen la obligación de establecer los protocolos de uso de la fuerza, especialmente del uso de la fuerza letal como señala la sentencia del Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237:

"49. En razón de lo anterior, de manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso. Al respecto, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales: a) debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control; b) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida, y d) la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma. La obligación de iniciar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva ante el conocimiento de que agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones[45]".

En el caso Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985), la Corte determinó que bajo la cuarta enmienda, un policía no estaba facultado a dispararle a una persona que corriera para escapar, sin que mediara una causa probable que hiciera pensar al oficial que se ponía en riesgo la integridad física de otros oficiales o personas.

En el caso Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, estableció la necesidad de un "estándar de razonabilidad" en el ejercicio de la fuerza por parte de la policía.

En el Caso Mullenix V. Luna, 577 U.S. (2015), la Corte Suprema determinó que un policía que disparaba durante una persecución no contaba con "inmunidad sobre sus acciones", lo que implicaba que sus decisiones y acciones, podían ser sujetas de escrutinio de manera posterior.

El caso de los Estados Unidos es relevante en tanto se ha acusado en la última década la militarización de las fuerzas policiales. La militarización policial puede definirse como la modelación de la policía a través de la adopción de patrones y cultura militar (Kraska 2007).

La militarización policial exhibe tres aspectos: a) la difusión de la línea entre policías y militares; b) el uso de dotación de equipamiento militar, como armamento, vehículos y armas por parte de las fuerzas policiacas y c) el uso de tecnología cada vez más avanzada en las tareas policiales (Kraska 2001).

En este sentido, es importante aclarar que la militarización de la policía es un fenómeno distinto de la polizciación de la milicia.

La distinción que se remarca se relaciona principalmente con el origen y mutación de los cuerpos del orden en un caso y el otro.En el caso de la militarización de la policía, pueden distinguirse grados en el nivel de militarización, como es el caso de SWAT que se considera uno de los primeros ejemplos de militarización policiaca.

En el caso de la poliziación de los cuerpos militares, el proceso es inverso. De la cultura militar, es necesario transitar a la cultura y limitaciones propias de la policía civil, lo que se ha demostrado más complicado (Kraska 2007). En citado estudio, se identifica en las actividades humanitarias del Huracán Katrina, un cambio de enfoque a cuestiones de logística propiamente militar, en contraposición a tareas de protección de carácter civil y ayuda a las personas. Este cambio se observa también en sociedades como la venezolana en la que la tarea de contención de manifestaciones civiles se ha tornado más violenta.

En nuestro país se identifican siete entidades federativas que ya cuentan con una ley sobre el uso de la fuerza. A continuación se presenta una tabla con las entidades y sus normas legales locales:

En el estudio de estas leyes se identifica el uso común de ciertos principios, similares a los que establece la jurisprudencia del sistema interamericano:

De este análisis de derecho comparado se identifica casi sin excepción el principio de legalidad en el ejercicio de la fuerza. Este principio establece que el ejercicio de la fuerza debe ejercerse por aquellas personas facultadas por las normas jurídicas pertinentes y en los términos que estas normas determinen.

También el principio de necesidad. Este principio establece que el uso de la fuerza es una. Es decir, el uso de la fuerza es un recurso se utiliza cuando se han agotado o no es posible agotar otro método para el cumplimiento de las funciones de los sujetos encargados de las tareas de policía.

De igual forma el principio deproporcionalidad y racionalidad cómo dos principios diferentes. Uno, racionalidad, tiene que ver con la idoneidad de los instrumentos u objetos que se usan con el objetivo, el segundo, el de proporcionalidad tiene que ver con la correspondencia en el nivel de daño que puede causar la conducta de una persona y la respuesta de fuerza que puede exhibir un sujeto obligado.

Siguiendo lo establecido por la Corte Interamericana, se considera que los principios de legalidad, del uso en casi todas de la escala proveída por el de uso de la fuerza desarrollado por el Dr. Franklin Graves.

Este modelo gradúa el uso de la fuerza en una escala continua que va desde el control cooperativo hasta el uso de la fuerza letal.

Dentro de la normatividad que se analiza podemos observar:

3. DEFINICIÓN

Para efectos de esta exposición de motivos y para efectos de esta ley, se definirá el uso de la fuerza en términos de los efectos que una acción genera en la capacidad de una persona.

Esta decisión sobre la definición, deviene de la necesidad de contar con un fenómeno empírico de referencia que permita generar normas que puedan evaluarse con la realidad al momento de establecer una imputación.

Se partirá entonces de distinguir que se considera uso de la fuerza y que no. La Fuerza se define como la Masa de una partícula por su Aceleración. En este sentido, se puede establecer que el ejercicio de cualquier fuerza requiere de la acción de un objeto que posee Masa, por tanto, una amenaza no constituiría uso de la fuerza.

En el caso de las personas, la fuerza se genera biomecánicamente, es decir, una serie de reacciones metabólicas sobre los músculos genera la locomoción en cualquier ser humano. El uso de la fuerza por parte de un ser humano requiere necesariamente de esta colección de reacciones biomecánicas.

El uso de la fuerza entendido en la teoría política y jurídica se relaciona con la capacidad de una persona de dañar a otra. Para efectos de un análisis más detallado, es necesario establecer la manera en que se considera que el uso de la fuerza daña a otra persona a fin de que se limite la libertad de ejercerlo.

El "uso de la fuerza" entonces, se refiere al efecto que tiene un evento de locomoción voluntario humano sobre otro ser humano. El efecto, por otro lado, es susceptible de ser analizado en términos de la capacidad que una persona pierde de manera momentánea o crónica.

Al respecto, es útil la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta clasificación posee tres constructos que es importante considerar para efectos del uso de la fuerza:

Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas).

Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.

Deficiencias: son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida.

Por tanto, el uso de la fuerza es la inhibición que lleva a cabo una persona por medios mecánicos o biomecánicos de la realización de una o más funciones corporales de manera momentánea o permanente, de otra.

A la ya existente escala que hay en las acciones o actividad de la persona objeto del uso de la fuerza y la escala entre los procedimiento de uso de la fuerza,se considera necesario agregar una escala paralela adicional basada en las funciones corporales citadas por la OMS. De esta manera se adiciona una forma complementaria de evaluar el uso de la fuerza en términos del impacto que se puede inferir de la acción y del límite superior que pue puede exhibir un agente se seguridad pública en esa situación:

Por lo anterior expuesto, se considera que los elementos empíricos citados completan el estudio de racionalidad que establece la necesidad de regular de manera adecuada y contundente este tipo de actos; asimismo, se considera que los elementos jurídicos en términos de la Legislación actual y de la doctrina judicial aplicable, sustentan la intención y la obligación de proteger a la ciudadanía de este flagelo que se encuentra en los niveles más altos de atención inmediata, por tanto, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA LA LEY GENERAL PARA REGULAR EL USO DE LA FUERZA Título I: Disposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas, en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, la paz pública la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las distintas disposiciones.

Asimismo, tiene como finalidad brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2.- Por uso legítimo de la fuerza se entenderá:

La inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de la realización momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas.

Artículo 3.- Para efectos del uso legítimo de la fuerza se entenderán:

I. Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales tales cómo el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, entre otros.

II. Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;

II. Armas incapacitantes no letales: las que son utilizadas para detener a un individuo;

III. Armas letales: las que ocasionan o pueden ocasionar un cese total de funciones corporales o la destrucción de estructuras corporales vitales.

IV. Detención: la restricción de la libertad de una persona por la Policía con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una orden de aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes aplicables;

V. Sujeto Obligado: a quien se le atribuya ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad pública o fuerzas armadas y que desempeñe funciones vinculadas operativamente a la seguridad pública;

VI. Ley: la Ley que regula el uso de la fuerza por parte de los sujetos obligados;

VII. Reglamento, al Reglamento de la Ley;

Título II: Del Uso de la Fuerza Capítulo I: De los principios del uso de la fuerza

Artículo 5.- El uso de la fuerza se regirá por los principios de:

I. Legalidad: Cuando su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

II. Absoluta necesidad: El uso de la fuerza resulta la última alternativa para evitar la lesión de bienes jurídicamente protegidos, al haberse empleado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;

III. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido y el nivel de riesgo exhibido. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda.

IV. Transparencia y rendición de cuentas: los procedimientos en los que se haga uso de la fuerza transparentaran las consideraciones. planeación, datos de instrumentación. Este principio no incluye la transparentación de datos personales de agentes, detenidos o víctimas.

Artículo 6.- Deben respetarse los derechos humanos siempre que los sujetos obligados ejerzan su facultad del uso de la fuerza. Solo podrán hacer uso legítimo de la fuerza:

I. Los miembros de corporaciones que lleven a cabo funciones de seguridad pública y prevención del delito, en el ejercicio de sus funciones.

II. Los miembros de cuerpos del Ejército, Marina, Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 7.- El impacto en las personas del uso de la fuerza estará graduado de la siguiente manera:

I. Cese total de funciones corporales.

II. Daño en funciones o estructuras corporales no vitales.

III. Impedimento momentáneo de funciones corporales y daño menor en estructuras corporales.

IV. Intervención momentánea en funciones motrices.

Artículo 8.- La responsabilidad del uso de la fuerza se presume del sujeto al que se le adjudique su ejercicio y a su superior inmediato durante el evento en tanto no se deslinden responsabilidades.

La responsabilidad de dicho ejercicio es susceptible de extenderse a toda la cadena de mando del cuerpo hasta en tanto no se lleven a cabo las imputaciones directas.

Artículo 9.- Aquellos casos que versen sobre el uso legítimo de la fuerza en los que se afecten o se involucren civiles estarán sujetos, sin excepción, a la jurisdicción civil.

Artículo 10.- Se consideran amenazas letales inminentes:

I. La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o un arma réplica de un arma de fuego, en dirección a una persona.

II. La acción de no soltar un arma de fuego o un arma réplica después de tres advertencias claras.

III. La acción de amenazar a una persona con un arma punzocortante.

IV. La acción de accionar el disparador de un arma de fuego.

V. La acción de armar o portar un explosivo.

VI. Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas.

Artículo 11.- Se presume, salvo prueba en contrario, un uso excesivo de la Fuerza en casos que se involucre la muerte de menores de edad por el uso de instrumentos del uso de la fuerza.

En estos casos, para acreditar el uso legítimo de la fuerza, se debe acreditar que el menor de edad o sus acompañantes presentaban una amenaza letal inminente.

Artículo 12.- Los protocolos y procedimientos del uso legítimo de la fuerza deberán atender a la perspectiva de género y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Capítulo II: De los Procedimientos del Uso de la Fuerza

Artículo 13.- Los distintos niveles de reacción en el ejercicio de la fuerza son:

I. Controles cooperativos: Indicaciones verbales o señalización.

II. Control mediante contacto: su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices.

III. Técnicas de sumisión: su límite es el Impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales.

IV. Tácticas defensivas: su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales.

V. Fuerza Letal: su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de fuerza letal cuando se empleen armas de fuego contra una persona.

Artículo 14.- La clasificación de las conductas que ameritan el uso legítimo de la fuerza, ordenada por su intensidad, es la siguiente:

I. Ataque de alta peligrosidad: Colapso de estructuras corporales vitales. Se presume un ataque de alta peligrosidad en los caso de fuerza letal inminente.

II. Ataques de media peligrosidad: Daño menor a estructuras corporales.

III. Resistencia Activa: Daño menor a estructuras corporales.

IV. Resistencia Pasiva: No genera daños corporales en otra persona.

Artículo 15.- Los procedimientos del uso de la fuerza, según el orden en que deben agotarse, son los siguientes:

I. Persuasión o disuasión verbal: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a los sujetos obligados cumplir con sus funciones;

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los sujetos obligados cumplan con sus funciones;

III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona; y

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

Artículo 16.- El Uso de la Fuerza sólo se justifica cuando la agresión es:

I. Real: Si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria;

II. Actual: Si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad, o

III. Inminente: Si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría.

Capítulo III: De los Instrumentos del Uso de la Fuerza

Artículo 17.- Los cuerpos de seguridad pública asignarán las armas solamente al sujeto obligado que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso, y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas.

Artículo 18.- Los sujetos obligados podrá tener a su cargo y portar las siguientes armas:

I. Incapacitantes no letales:

a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

b. Dispositivos que generan descargas eléctricas;

c. Esposas o candados de mano; y

d. Sustancias irritantes en aerosol.

e. Mangueras de agua a presión

II. Letales:

a. Armas de fuego permitidas en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego.

b. Explosivos permitidos en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego.

Artículo 19.- Los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas emitirán, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento en el que se establezcan los protocolos de actuación con perspectiva de género, infancia y protección a los derechos humanos, un manual teórico práctico de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte del sujeto obligado.

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que el sujeto obligado deberá cumplir para estar capacitado en el uso de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

Artículo 20.- El entrenamiento para el uso de las armas permitidas comprenderá técnicas de solución pacífica de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego.

Título III: De los Sujetos Obligados Capítulo I: De las Obligaciones

Artículo 21.- Los sujetos obligados solo podrán hacer uso de las armas de fuego y cartuchos que para efectos del cumplimiento de sus funciones les sea entregada por la corporación o institución a la que pertenezcan.

Artículo 22.- El mando de un operativo es responsable de:

I. La evaluación en el uso de las armas de fuego.

II. Conocer a los miembros que integren al equipo asignado a la operación.

III. Contar con el registro de las armas y cartuchos que se utilicen.

IV. Generar un reporte detallado en aquellos casos en los que se lleve a cabo el uso de fuerza letal.

V. La protección de los datos personales de los miembros de un operativo.

VI. Verificar que el operativo se realice en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 23.- Los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada sujeto obligado.

Artículo 24.- Previo al ejercicio de sus funciones, los sujetos obligados deberán acreditar:

I. Un examen de conocimientos sobre el ejercicio legítimo de la fuerza.

II. Un examen práctico sobre decisiones en el ejercicio de la fuerza.

III. Un examen sobre los procedimientos del uso legítimo de la fuerza.

IV. Un examen de conocimiento sobre sus derechos y obligaciones cómo sujetos obligados por esta ley.

V. Un examen sobre el ejercicio de sus facultades respetando el debido proceso y derechos humanos.

VI. Un examen sobre los mecanismos de protección a los que tienen acceso en términos de esta Ley.

Los exámenes a que se refiere este artículo deberán considerar la perspectiva de género e infancia.

Capítulo II: De los Derechos

Artículo 25.- Todo sujeto obligado tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía.

Es obligación de la Institución o Corporación a la que pertenezca proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños colaterales ocasionados por el sujeto obligado a las personas o los bienes cuando las autoridades competentes determinen el uso ilícito de la fuerza.

Artículo 27.- La Institución o Corporación a la que pertenezcan los sujetos obligados proporcionarán a estos:

I. Un seguro de vida.

II. Un seguro de gastos médicos mayores.

III. Un seguro de orfandad en caso de que el sujeto obligado tenga hijos o algún dependiente económico acreditado.

IV. Un seguro de gastos jurídicos.

V. Un seguro por lesiones que generan una condición de discapacidad permanente.

VI. Recibirán los programas, actividades institucionales, trámites o servicios que mejoren la condición y bienestar de los sujetos obligados y sus familias.

VII. Acceso a los programas de vivienda gubernamentales.

Artículo 28.- La familia de los sujetos obligados contará con atención médica, psicológica y social en aquellos casos en los que el sujeto obligado pierda la vida, le sea imputado el uso excesivo de la fuerza o adquiera alguna discapacidad por el ejercicio de sus funciones. Esto en atención a los derechos de protección de niñas, niños y adolescentes.

Título IV: Del Uso no Lícito de la Fuerza

Artículo 29.- Las personas afectadas con motivo del uso no lícito de la fuerza por parte del sujeto obligado, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia.

Artículo 30.- Las personas que sufran perdidas de sus funciones corporales o de sus estructuras corporales por el ejercicio no legítimo de la fuerza tendrán acceso a atención médica, psicológica, cuidados y rehabilitación según sea el caso.

Título V De las Detenciones y Manifestaciones Capítulo I: De la Detención

Artículo 31.- El uso de legítimo de la fuerza para la detención atenderá a los principios y procedimientos de esta ley.

Artículo 32.- Durante una detención, se debe considerar la seguridad de las personas no involucradas, la de los sujetos obligados y la del sujeto de la detención, en ese orden. Los límites en el uso de la fuerza atenderán a lo establecido en esta ley.

Artículo 33.- En las detenciones participará un auditor en derechos humanos y un médico para la evaluación física de los sujetos al momento de la detención.

Artículo 34.- Durante una detención, se dará parte al mando inmediato superior, para los efectos de la presentación ante las autoridades competentes.

Capítulo II: De las Manifestaciones Civiles

Artículo 35.- El uso de la fuerza en las manifestaciones civiles responderá a los principios y procedimientos establecidos en esta ley.

Artículo 36.- El bloqueo civil de avenidas no ameritará en ningún caso el ejercicio de Fuerza Letal.

Artículo 37.- Las detenciones realizadas durante las manifestaciones civiles atenderán a los principios de máxima publicidad, debido proceso y plena identificación de los detenidos.

Artículo 38.- Las manifestaciones civiles que se tornen violentas deberán afrontarse mediante medios no letales.

Artículo 39.- Las instituciones y corporaciones a los que pertenezcan los sujetos obligados deberán contar con protocolos para las previsiones de cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas adultas, personas con discapacidad, y en general, de la atención a los grupos vulnerables.

Artículo 40.- Los sujetos obligados tienen derechos a que las corporaciones a las que pertenecen les doten de los equipos y tecnología para cuidar su integridad corporal, así como para llevar a cabo los cuidados de grupos vulnerables.

Capítulo III: De las personas Detenidas

Artículo 41.- Se presume un uso excesivo de la fuerza cuando se utilice fuerza letal contra una persona detenida.

Artículo 42.- Se presume un uso excesivo de la fuerza cuando se dañen funciones o estructuras corporales de una persona detenida.

Artículo 43.- Los sujetos obligados tienen derecho a preservar su integridad corporal ante una agresión por parte de una persona detenida en los términos que determina esta ley.

Artículo 44.- Las detenciones estarán capturadas en medios audiovisuales y podrán ser accedidas por los medios que establezcan las leyes de acceso a la información y protección de datos personales.

Artículo 45.- De cada detención, se llevará a cabo el registro e informe correspondiente en términos de lo establecido por las leyes correspondientes.

Capítulo IV: De los enfrentamientos en los que se involucra fuerza letal

Artículo 46.-Los sujetos obligados tienen derecho a responder con fuerza letal en los términos previstos por esta ley.

Artículo 47.- Se presume un uso legítimo de la fuerza cuándo se utilice fuerza letal ante un sujeto que amenace con medios que impliquen fuerza letal en los términos de esta ley.

Artículo 48.- Los datos personales de los sujetos obligados que hayan utilizado fuerza letal en los casos en los que respondan al uso de la misma se consideraran confidenciales hasta en tanto no medie una orden judicial en contrario. Los datos que correspondan a su domicilio y familia, serán confidenciales en todo caso.

Título V: De los Informes del Uso de la Fuerza

Artículo 49.- Siempre que las corporaciones e instituciones utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. Una copia de éste se integrará al expediente del sujeto obligado.

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los sujetos obligados bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos y armas de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

Artículo 50.- El reporte pormenorizado contendrá:

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del sujeto obligado;

II. Nivel de fuerza utilizado;

III. Circunstancias de modo tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza;

IV. En caso de haber utilizado armas letales:

a. Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego;

b. Identificar el número de disparos; y

c. Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materiales causados.

Artículo 51.- Los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo con estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.

Artículo 52.- Los cuerpos que realicen funciones de seguridad pública y las fuerzas armadas deberán publicar los informes semestrales que permitan conocer el desarrollo de las actividades que involucren el uso de la fuerza.

Estos reportes deberán contener:

I. Los relacionados con las detenciones.

II. Los resultados de la evaluación corporal que se realice a las personas detenidas.

III. Indicadores de niveles de letalidad.

Artículo 53.- En aquellos operativos en los que se autorice desde la planeación de la fuerza letal, se utilizaran dispositivos tecnológicos con el fin de capturar audiovisualmente el desenvolvimiento del operativo, con fines de verificación.

Artículo 54.- Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán con mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los sujetos obligados y de las personas alrededor.

Artículo 55.- El acceso a los recursos audiovisuales serán accesibles para investigaciones y procedimientos judiciales, atendiendo al derecho a la privacidad y protección de datos personales.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La incorporación de nuevos elementos, de manera posterior a la entrada en vigor de esta Ley, a las instituciones y corporaciones que lleven a cabo tareas de seguridad pública y las fuerzas armadas, deberán atender a lo establecido en la misma.

TERCERO.- El Reglamento para la regulación del uso de la Fuerza deberá ser expedido noventa días después de la entrada en vigor de la Ley.

Nota

1 De Policezation.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.— Senadores: Omar Obed Maceda Barajas,Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.



REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y senadores, diputadas y senadoras, para el cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Diputados cuenta con 49 comisiones, cada una de ellas atiende temas específicos, lo que le permite desahogar de forma ordenada, sistemática, metodológica, cada uno de los asuntos turnados ante la asamblea.

Sin embargo, hay asuntos que, por su naturaleza, implican la intervención de otras comisiones para dictamen, para opinión, o para su conocimiento y atención. Claro ejemplo de ello son los asuntos turnados a la Comisión de Infraestructura, los cuales íntimamente se encuentran ligados con el entorno social, ecológico, natural y físico, por lo que es fundamental la participación de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, ya que no hay obra de infraestructura que no cause un impacto negativo, por mínimo que sea, al medio ambiente.

La infraestructura es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del crecimiento y desarrollo de nuestro país, que facilita el desarrollo de la mayor parte de las actividades económicas, sociales, civiles y culturales. Sin embargo, cada vez es más necesario mantener estricta vigilancia sobre los impactos que la infraestructura genera en el entorno por nuestras generaciones y por las futuras.

Siempre hay efectos sobre la naturaleza, sobre la que la infraestructura se asienta, produciéndose efectos sobre el medio ambiente asociados a la construcción, utilización y teniendo, por tanto, una influencia muy importante en los ecosistemas.

Tanto expertos en construcción como ambientalistas, coinciden en que la responsabilidad de la ingeniería moderna está en reducir al mínimo las afectaciones, y es vital generar acciones de desarrollo que sean compatibles con el planeta a través del desarrollo sostenible.

Es por ello que en el Partido Verde sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que busca contribuir con la reducción del impacto negativo de las obras de infraestructura, teniendo una acción de carácter preventivo cuando estas iniciativas sean turnadas, donde se turnarán los asuntos de infraestructura, Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento, opinión o dictaminación, abonando a un mejor trabajo legislativo, ya que es necesario que se cuente con proyectos que cuenten con todos los estudios, incluyendo los estudios de impacto ambiental.

Es pertinente trabajar de forma coordinada entre ambas comisiones para legislar de manera precisa, insisto, de manera preventiva y poder continuar y contribuir en mejores escenarios que eviten el deterioro del medio ambiente, la explotación irracional innecesaria –en muchas ocasiones– de los recursos naturales, y reducir las emisiones que llevan al calentamiento global, a fin de evitar sus consecuencias más perniciosas.

La sinergia entre ambas comisiones permitirá identificar a tiempo fortalezas y debilidades de cada uno de los asuntos turnados, para que cada una desempeñe un rol en función de sus conocimientos y contribuya a mejorar en cada uno de los aspectos, a fin de legislar de manera óptima y beneficiando a la población, reforzando las deficiencias legislativas, estructurales o de medio ambiente. Es cuanto, señor presidente; gracias por su atención, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que adiciona el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral tercero al artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Es por ello que la Cámara de Diputados cuenta con 49 comisiones ordinarias y especiales que requiere para el cumplimiento de sus funciones; cada comisión tiene temas específicos que permite atender de forma óptima los asuntos turnados a cada una de ellas.

Cuando los asuntos son muy amplios e implican varios temas, son turnados a comisiones unidas para dictamen y/u opinión, lo que implica trabajo en equipo y un desahogo eficiente de los asuntos.

Pero también hay asuntos que por su naturaleza implican la intervención de otras comisiones para dictaminar y los cuales se desahogan en paralelo, sin opinión ni conocimiento de otras comisiones, como tal es el caso los asuntos de infraestructura y medio ambiente.

Si bien el reto de la Comisión de Infraestructura es “ impulsar y ser facilitadora en la implementación de proyectos de infraestructura que sirva a las y los mexicanos en el corto, mediano y largo plazo, garantizando la mejor y mayor conectividad carretera, ferroviaria, portuaria y área, así como el funcionamiento eficaz de la infraestructura, energética y urbana”.

Es importante vincular los asuntos turnados a la comisión de infraestructura con la Comisión de Medio Ambiente, ya que sus efectos tienen una correlación directa en su ejecución. Tal es el caso de proyectos obra pública, como carreteras, puentes entre otros.

No hay obra de infraestructura que no cause un impacto negativo, así sea leve, al ambiente. Tanto expertos en construcción como ambientalistas coinciden en que la responsabilidad de la ingeniería moderna está en reducir al mínimo esas afectaciones.

Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, está el de generar acciones de desarrollo que sean compatibles con el planeta a través del desarrollo sostenible el cual busca satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y preservar a la humanidad a través de generar acciones para revertir el impacto desfavorable de las actividades humanas en el medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas indica en la Agenda Urbana 2030, en lo que se refiere al desarrollo sostenible, que se debe trabajar en una mejora de la industria y la infraestructura.

Con el fin de lograr los objetivos y acuerdos es necesario poner énfasis en la infraestructura sostenible, como lo es el diseño, la construcción y operación de infraestructura, que cumplan con los procesos de preservación en la equidad humana, la diversidad y la funcionalidad de los sistemas naturales.

Sin bien para llevar a cabo un proyecto se debe contar con una serie de estudios incluyendo, los de impacto ambiental, es pertinente trabajar de forma coordinada entre ambas comisiones para legislar de manera precisa y poder construir mejores escenarios para evitar el deterioro del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales y reducir las emisiones que llevan al calentamiento global, a fin de evitar sus consecuencias más perniciosas.

De esta manera considero pertinente reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de permitir que los asuntos que sean turnados a la Comisión de Infraestructura también sean turnados a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para la realización de dictamen, opinión, o conocimiento y atención.

La sinergia entre ambas comisiones permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los asuntos turnados para que cada una desempeñe un rol en función de sus conocimientos y contribuya a mejorar en cada uno de los aspectos a fin de legislar de una manera óptima y que beneficie a la población, reforzando las deficiencias legislativas, estructurales y de medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral tercero al artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adiciona un numeral tercero al artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 67.

1. El Presidente podrá turnar los asuntos a una o más comisiones, para efectos de:

I. Dictamen,

II. Opinión, o

III. Conocimiento y atención.

2. El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas señaladas en el numeral anterior.

3. Los asuntos que se turnen a la Comisión de Infraestructura también deberán ser turnados a la comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para la realización de una o más tareas señaladas en el numeral 1 del artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión de Infraestructura Primer Programa Anual de Trabajo octubre 2018-agosto 2019

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/06/la-agenda-de-desarrollo-so stenible-necesita-un-impulso-urgente-para-alcanzar-sus-objetivos/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.— Diputada Beatriz Manrique Guevara(rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

AGENDA POLÍTICA



COMENTARIOS RELATIVOS A LA REUNIÓN DE LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PARA HOY

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada el día de hoy. Tiene la palabra el diputado Ricardo García Escalante.

El diputado Ricardo García Escalante: Gracias, diputado presidente. Permítanme hacer un relato, compañeros legisladores, sobre lo que sucedió hace un momento.

El pasado 9 de enero esta Comisión Permanente tuvo un acuerdo. Un acuerdo, cito, donde la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ese día, ante propuesta del Partido Acción Nacional, cuando otro grupo parlamentario decidió invitar a más compañeros funcionarios, por supuesto que estuvimos de acuerdo. Votamos todos los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias en favor de este punto de acuerdo.

El día 10 de enero, esta Presidencia, de esta Comisión Permanente, informó a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, sobre este acuerdo de la Comisión Permanente.

Después se nos pidió que retrasáramos un día la reunión, que había quedado acordada para el día de ayer, y accedimos con mucho gusto. Después se nos informó que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no iba a estar en el país, que si había algún inconveniente en que viniera algún subsecretario, por supuesto dijimos que estábamos de acuerdo y accedimos también.

Ayer por la mañana se nos pide que esta reunión de trabajo de la Tercera Comisión solamente tuviera a bien realizar la reunión de trabajo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Accedimos también, por supuesto.

Y hoy por la mañana, de manera informal, a las ocho y veinte, para ser exactos, se nos informa que los funcionarios, tanto de Pemex como de Energía, decidieron no acudir, porque el presidente de la República los había enviado a realizar alguna actividad que tiene que ver con su trabajo.

De manera oficial, el Congreso se entera a las ocho cuarenta de la mañana y, al del uso de la voz, presidente de la Comisión, se nos informa a las nueve y cuarto de la mañana, ya cuando estábamos en el salón donde se iba a llevar a cabo la sesión. Sin lugar a dudas, esto habla de una falta de respeto a este Legislativo.

Si el presidente los envió a tapar ductos, pues hubieran pedido a su segundo a bordo, a las personas que dependen de ellos, que vinieran a resolver las preguntas de los legisladores y de los ciudadanos, porque no queríamos ver a Rocío ni queríamos ver a Octavio. Queríamos a los responsables de las instituciones para que nos informaran cómo va el tema del combate del robo a los combustibles y el desabasto de los mismos.

Lamentamos la falta de seriedad y compromiso por parte de los titulares de las dependencias aludidas, porque hoy no plantaron a los diputados y senadores, hoy no plantaron al Poder Legislativo: hoy plantaron a la ciudadanía, que había hecho llegar a esta Tercera Comisión sus preguntas, sus dudas, para que nosotros, en un parlamento abierto, se las entregáramos a los titulares de las dependencias.

Se les dio la oportunidad de que aportaran información para aclarar todo lo que estaba pasando. La desaprovecharon. No sabemos por qué. No sabemos si ocultan algo; sin embargo, es necesario precisar que, en esta Comisión Permanente, particularmente en la Tercera Comisión, estamos dispuestos a recibirlos cuando ellos quieran, porque este es un problema que afecta a todos y cada uno de los mexicanos, sin distingo de colores, sin distingo de ideología partidista. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Y ya hemos acordado en la Comisión Permanente enviar un escrito, quizá no tan prolijo, en donde señalen todas estas tardanzas a lo largo de la noche. Que usted las sufrió, con toda responsabilidad, pero nosotros también. Lo felicito por su iniciativa.

Tiene la palabra Verónica Noemí Camino.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias presidente, con su permiso. Bueno, efectivamente, lo que acaba de decir el diputado García sobre lo que sucedió en la Comisión es verdad. Enterarnos 20 minutos antes es una situación bastante lamentable y, reitero lo dicho, en el Partido Verde nosotros estamos a favor, completamente, de las acciones y estrategias que se hagan para o contra el robo de combustible. Queremos que no haya impunidad.

Pero, al mismo tiempo, reitero nuevamente, queremos saber si hubo daños al medio ambiente. Queremos saber también quiénes son los responsables. Queremos saber cuánto tiempo va a durar esta estrategia. Queremos saber, en mi caso particular, qué afectación tendrá el sur–sureste y la península de Yucatán.

Y es por ello que este ejercicio o el ejercicio que pretendíamos llevar a cabo por la mañana es algo sumamente natural, la interacción que pudiéramos tener el Poder Legislativo con el Ejecutivo está en ley, es correcta, es natural y con todo respeto, decía un diputado claramente, bueno, ellos tienen que estar en los trabajos de campo. No nos negamos, qué bueno que están en los trabajos de campo, nos da mucho gusto.

Pero hubiera sido también deseable que nos pudieran enviar a alguien, cada uno de los que fueron citados a que compareciera, a que nos diera un poco más de claridad en las dudas. Y son dudas completamente razonables.

Entonces, hacemos votos desde el Partido Verde para que podamos reanudar esta situación, para que podamos tener nuevamente la reunión con ellos o quienes designen, aunque me parece que en esta ocasión sí tendrían que venir ellos y, por supuesto, estamos en toda la disposición de seguir colaborando con esta estrategia, que debe llevar a nuestro país a mejorar también la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hemos escuchado ya aquí algunos comentarios de la ausencia de quienes debieron estar aquí, y esto es también parte de sus responsabilidades.

Como todas y todos sabemos, se ha sufrido en los últimos días en varias entidades federativas sobre el grave desabasto de gasolina, que a estas alturas no solamente pone en riesgo la transportación de las y los ciudadanos, sino el propio abastecimiento de víveres y artículos de primera necesidad.

Es por eso que la Tercera Comisión los invitó a que estuvieran aquí; que estuviera aquí la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el director de Pemex, en una reunión de trabajo, para que nos comentaran, nos explicaran los responsables directos de qué es lo que está sucediendo, y apenas 20 minutos antes comentan que no estarán aquí los responsables de estas dependencias.

El Grupo Parlamentario del PRD quiere ser claro. Consideramos que, más allá de la controversia suscitada por la información de un medio norteamericano relativa a la disminución de las importaciones de gasolina, ni esta Comisión ni la ciudadanía cuenta con la información suficiente para generar confianza en la población. Es por ello que surgió la necesidad del intercambio con estos funcionarios, que básicamente ignoraron el llamado de la representación popular.

Consideramos que esta situación no puede ser tolerada, y es por ello que, en congruencia con lo que hemos sostenido, solicitamos la renuncia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, debido a la grave incompetencia que ha demostrado y a la falta de atención a los llamados de esta soberanía. De igual forma, a quien dirige hoy Pemex.

A la luz de las graves consecuencias que ha generado el desabasto en gasolina en al menos siete entidades, si bien es absolutamente necesario combatir un ilícito que genera pérdidas anuales por aproximadamente 60 mil millones de pesos para Pemex y que, además, disparó los índices de violencia y criminalidad en algunas regiones del país, es necesario cuestionar la forma en cómo se diseñó el operativo, que es, por decir lo menos, irresponsable.

Es inadmisible que una decisión de esta magnitud, que afectaría a varios estados, a millones de personas e impactaría la economía de distintos sectores, generaría además irritación y pánico social, como lo hemos visto, no haya sido consultada con los gobernadores de las entidades más afectadas, como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Michoacán y la propia Ciudad de México.

Ah, pero ¿qué creen?, ya los van a mandar llamar mañana, después de más de una semana de distintos problemas que han estado enfrentando los gobernadores de los estados, algunos atendieron la llamada, de algunos hubo promesas de que, ¿qué creen?, ya les va a llegar la gasolina. Díganme ustedes si no, es una irresponsabilidad. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Tiene la palabra el diputado Javier Julián Castañeda.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Hay delitos que ocurren en las sombras, escondidos y con pocos cómplices y algunos afectados, esos se pueden seguir únicamente cuando se detectan, hay denuncias y requieren una acción de investigación muy puntual y precisa para poderse atender, son propiamente los robos de alto valor y que afectan a pocas personas a la vez, hay otros que ocurren en espacios públicos relativamente visibles y con pocos afectados, son los asaltos, los robos de autopartes, los despojos de bienes y propiedades en la vía pública.

Pero hay una tercera categoría, mucho más grave, y es lo que nos trae a esta discusión en esta Comisión Permanente, y son los robos al patrimonio de todos los mexicanos, delitos de alto impacto que requieren delincuencia organizada y grandes complicidades, no solamente de esa delincuencia organizada, sino también del propio gobierno, tanto del federal como de los gobiernos locales.

Son delitos que además cuentan con respaldo social de comunidades que se benefician de ellos, que les aportan oportunidades atípicas, aunque sean ilegales. Y bueno, si el gobierno lo hace, pues que lo haga el pueblo, lo hacemos los demás, lo hacen los ciudadanos. Si el gobierno pone el mal ejemplo, lo hacemos todos. El narcotráfico, por ejemplo, y la venta ilegal de combustibles.

El robo de combustibles comúnmente llamado huachicoleo, son delitos que nos afectan a todos, perjudican al país y a la sociedad y tienen cobertura de la población en su conjunto. Estados y zonas del país completas eran atendidas por el huachicol. Eran abastecidas por el huachicol.

Combatir este tipo de delitos requiere un tipo de decisión, una decisión muy importante. No cualquiera hace lo correcto cuando hay muchas personas y está el gobierno involucrado.

Por eso reconocemos el valor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de empezar una campaña para detener este robo a la nación que alcanza más de 60 mil millones al año. Son demasiados recursos públicos los que están en juego, compañeros, compañeras. No podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, aun con las consecuencias que estemos sufriendo del desabasto.

La lucha no se detiene ahí. En estos días de 2019 llevamos, según lo que se sabe, mil 700 carpetas de investigación sobre este delito iniciadas en dos semanas. Tres altos funcionarios de Pemex, cuyos casos por daños a la nación ya se judicializaron, y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado.

Adicionalmente se han congelado cuentas por 10 mil millones de pesos, y sigue la investigación por otros 35 mil millones de pesos por lavado de dinero relacionado con todo esto. Es decir, se está actuando bajo todas las vías, administrativas, judiciales y políticas y también económicas para detener este saqueo al erario público de México.

Por eso, porque hay muchas acciones en marcha de manera simultánea para atender la emergencia por ese tema, entendemos la ausencia de los funcionarios, y claro que estamos abiertos y esperamos que terminando esta emergencia podamos reunirnos de manera democrática en un diálogo de Poderes con los funcionarios que fueron convocados y, por una ausencia justificada –creemos–, no pudieron estar en esta ocasión con nosotros.

Esperamos que la posposición de la reunión de hoy –que se pospone, no se cancela, como bien se ha dicho– pueda ser atendida en breve tiempo por este Poder Legislativo. Estamos a la espera de que se resuelva la reunión pospuesta, y estamos con interés de escuchar la nueva fecha para la discusión.

Conocemos, en la reunión de Mesa Directiva, por parte del presidente, del diputado Porfirio Muñoz Ledo, de la comunicación que tuvo el presidente para que se atienda. Se habla de irresponsabilidad de funcionarios. Yo hablaría de irresponsabilidad de funcionarios pasados que dejaron que este tema creciera y que en este momento estemos en una circunstancia tan complicada por el abastecimiento en muchas regiones del país. Es cuanto, legisladores y legisladoras. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Patricia Mercado, por ocho minutos.

La senadora Patricia Mercado Castro: Gracias, presidente Porfirio Muñoz Ledo. Pues como Movimiento Ciudadano nos parece que no hay una explicación aceptable por qué se haya cancelado esta comparecencia, esta reunión de trabajo.

Nos parece que hemos tenido información en los últimos días de la gran aceptación, diferentes encuestas en el país nos hablan de la gran aceptación que hay de los ciudadanos a lo que está haciendo el gobierno y el presidente. De verdad una aceptación de buena lid por parte de la mayoría de la ciudadanía.

Qué mejor que esta tribuna para haber venido a responder preguntas, a dar información, de veras, a honrar esta confianza de una muy buena parte de la población a lo que está sucediendo, con paciencia, de pasar esta crisis.

Así que me parece que, por el lado por donde lo veamos, no hay una explicación aceptable, al no haber estado aquí cuando fue una posición unánime de toda esta Comisión, de la Comisión Permanente del Congreso para citar a estos funcionarios.

De verdad nos parece que no hay ninguna explicación para que no estén precisamente en el momento de la crisis; no después, sino precisamente en el momento de la crisis, porque finalmente los senadores, las senadoras de la República, las diputadas y diputados que responden a una ciudadanía específica, también tiene que ir y rendir cuentas, saber qué han hecho para que esta crisis pase lo más pronto posible.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor, por supuesto, del combate al huachicoleo, un delito que creció y se mantuvo impune desde al menos hace tres administraciones a este año; pero decir que tiene que ver con administraciones pasadas no justifica, es decir, en este momento hay un gobierno, está tomando decisiones, tienen que informar estas decisiones, y nosotros, y aquí lo voy a plantear, teníamos una serie de preguntas, seguimos teniendo al presidente frente a esto, independientemente que reconocemos que efectivamente es un problema que no se creó en este momento, sino es un problema que viene por lo menos de los últimos 10, 12 años.

Este año decía, el presidente implementó una estrategia para combatir este robo de combustible, pero hasta este momento como la única consecuencia pública que vemos es el desabasto de combustible en todo el país. El gobierno federal nos pide que lo respaldemos; sin embargo, cuando el bienestar en la vida cotidiana de las personas que habitamos, que vivimos, que transitamos por este nuestro México, va de por medio, pues se tiene que actuar con mucha seriedad y responsabilidad.

Por eso le estamos solicitando al gobierno federal que responda puntualmente algunas preguntas que las diré para que quede claro, digamos, qué es lo que queríamos hacer en esta comparecencia.

Más de 60 buques cargados con gasolina están esperando autorización de Pemex, autorización que no han recibido, debido a que los ductos están cerrados. Además de agravar el problema del desabasto, ¿qué repercusiones económicas tiene para México que los buques estén detenidos esperando y reteniendo gasolina? ¿Las pérdidas que se generan por este hecho, también están consideradas en el ahorro anunciado?

El presidente ha hablado de ahorros en el combate al huachicol, ¿a qué se está destinando? ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? Hasta hoy, el único lugar que se está yendo es a pagar costos más altos para transportar pipas, gasolina en pipas.

Sobre los sabotajes, ¿en dónde sucedieron? ¿Por qué no estaban siendo vigilados como declaró el presidente que sucedería? ¿Qué tipo de afectación tuvo la infraestructura? ¿Qué procedimientos de reparación se han tomado?

Quisiera terminar mi intervención, porque quisiera dejar quizá unos minutos para otra intervención, pero queremos proponer, precisamente –porque no vemos ninguna explicación como posible, como realmente, digamos, partiendo de esto que yo decía, de honrar esa confianza y ese apoyo contra el huachicoleo que hay en nuestro país– que la Mesa Directiva considere o más bien ponga a consideración un extrañamiento a los funcionarios que no asistieron el día de hoy, como una decisión de esta Permanente. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, Patricia. Tiene la palabra el diputado Armando Zertuche, hasta por ocho minutos.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda el país se encuentra en crisis y el gobierno enfrenta los retos. Los mexicanos han permeado en prácticamente todas las dimensiones de la vida.

Hoy la delincuencia organizada se encuentra sin control, se ha desbocado y controla prácticamente todo el país. Los jóvenes del país se encuentran en una situación crítica, faltan oportunidades de empleo y de estudio, no hay posibles caminos de desarrollo personal en el deporte ni en las artes y la cultura.

Desde hace años su futuro ha sido incierto. El empleo en el país, estancado, sigue sin abrir suficientes fuentes de empleo. La tasa de desocupación y de informalidad siguen estando en niveles insostenibles para cualquier economía sana. Y el salario sigue estancado, sigue siendo insuficiente para poder sostener dignamente a una familia.

Y sí, podemos seguir enunciando los grandes problemas que el país presenta, estos motivos y situación por los que consideramos que el país está en crisis. Sin embargo, hay que hacer la precisión, la crisis no es de hoy, es una crisis que ha venido manifestándose desde hace más de dos décadas y que tiene su origen en la implementación de este fallido modelo neoliberal, que tanto daño le ha hecho a las familias mexicanas.

Hoy quieren que el nuevo gobierno, ese que tiene mes y medio de gestión, tenga los resultados que por décadas no pudieron dar otros gobiernos y piden mágicamente que el país se haya transformado. Pero, señores, el país se encuentra roto, hay que volver a reconstruir a la sociedad mexicana, y eso es algo que, por desgracia, lleva tiempo y esfuerzo. Sin duda existen resistencias al cambio que hoy se está configurando. Todos queremos que las cosas mejoren, pero no queremos perder ni un segundo de nuestra cotidianidad, y eso es imposible.

Hoy tenemos que hacer sacrificios, tenemos que asumir nuestra responsabilidad con nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro país y esto se ve claramente reflejado en la lucha contra el delito y la corrupción tan arraigada en el sector energético.

Claro que nos estamos refiriendo al problema de la gasolina y de huachicoleo y de la participación de altos funcionarios de Pemex en la comisión de estos delitos. El presidente ha iniciado un combate frontal contra el delito del huachicol, contra la corrupción al interior de Pemex, contra los abusos de expendedores y contra toda una red de corrupción y delitos que han generado sangría a la hacienda pública por miles de millones de pesos, tanto por lo que se roban como por lo que dejan de pagar por impuestos y, ante ello, se ha generado molestias de la población.

Como parte de la coalición les pedimos disculpas por ello, pero también les pedimos que nos den un voto de confianza, que permitan avanzar al gobierno en la estrategia y que apoyemos, organizándonos y participando, denunciando a los delincuentes, denunciando a los malos funcionarios públicos y asumiendo que esta estrategia debe ser tan intensa y profunda que no puede dar un paso atrás o perderemos todo lo que se ha avanzado.

El robo y venta ilegal de combustible que se ha venido agudizando en las últimas décadas en contra de la principal empresa de México, Pemex, constituye una problemática de dimensiones sumamente complejas y de carácter estructural, representando uno de los más grandes desafíos, que como sociedad todos debemos enfrentar y erradicar, poniendo nuestra parte de raíz.

De lo que estamos hablando es de recuperar el tejido social e instaurar un auténtico Estado de derecho. La actividad de extracción ilegal de combustibles vía los ductos, así como el robo de combustible dentro de la estructura productiva de la propia empresa productiva del Estado, solo refleja el enorme problema que representa la omisión por parte de las autoridades y funcionarios que han estado al frente de las dependencias correspondientes. Es decir, impunidad y corrupción.

Nosotros estamos a favor de fortalecer nuestras instituciones de procuración de justicia y de coadyuvar para instaurar un auténtico Estado de derecho, lo que se traduce en el combate y eliminación de todas las prácticas que vulneran las finanzas públicas de nuestro país. Pero que también atenta contra la competitividad y productividad de nuestro país.

La omisión y continuidad de estas prácticas solo vulneran nuestra capacidad de acción y de atracción de inversiones.

No desconocemos el descontento generado por la estrategia emprendida. Reconocemos y recogemos el malestar que la ciudadanía ha expresado, pero también entendemos que, dadas las dimensiones del problema del robo de combustible, el tiempo que debe esperarse para la maduración de dicha estrategia va más allá de unas cuantas semanas.

El estado en el que se encuentra Pemex hoy en día, es una situación que se ha generado durante las últimas décadas en el país.

Hoy se argumenta la capacidad técnica y operativa con la que se encuentra funcionando en algunas áreas Pemex; pero se omite decir que tal situación es resultado de las decisiones que en el pasado se tomaron en las administraciones de las que sigue siendo la principal empresa estratégica del país.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le decimos a los mexicanos que estamos trabajando por ustedes; estamos trabajando por cambiar nuestro país. Por acabar con el régimen corrupto que nos dejaron años de malos gobiernos; que estamos trabajando por construir un país de bienestar y esperanza para todos, con justicia y con dignidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Yunes Landa, del PRI.

El diputado Héctor Yunes Landa: Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, pensé que las barbaridades políticas que he vivido en escasos cuatro meses, quince días, de esta legislatura serían imposibles de ser superadas. Pero veo que la cuarta transformación no tiene límites en esta materia.

Quiero hacer una relatoría muy breve de lo que dijo aquí el presidente de la Tercera Comisión, Ricardo García Escalante. Efectivamente, se convocó con toda oportunidad a estos cuatro funcionarios. Ellos aceptaron venir el lunes, después pidieron que se pasara para el martes, después pidieron que se cambiara de hora y, finalmente, una comunicación que llegó hoy a las 8:40 de la mañana, a esa hora tenemos aquí el acuse de recibo, 20 minutos antes de que fuera la reunión de la Tercera Comisión, la Secretaría de Gobernación informa de la imposibilidad de venir de estos servidores públicos.

Hay una notificación que hace el secretario técnico de la Comisión Permanente al presidente de la Tercera Comisión, diciendo que se pospone. Tomémosles la palabra y pongamos fecha, que sea la próxima semana, el lunes o martes y que sea ante el pleno de la Permanente. Si no pueden, entonces que vengan la primera semana de febrero al pleno de la Cámara de Diputados.

Creo que también valdría la pena que los senadores hicieran una invitación atenta a estos funcionarios para que también fueran al pleno del Senado de la República. Entre tanto, si no les quita mucho el tiempo a los señores secretarios y a los señores directores, que pudieran estar enviando informes preliminares, un documento que nos haga ahí el secretario particular, su jefe de asesores; que ellos lo firmen, en el que nos informen de los avances de esto que están haciendo para resolver el problema.

También les pedimos que las preguntas que se hicieron hace un momento en la Tercera Comisión por todos los integrantes de todos los partidos se les envíen a los secretarios y que, junto con este informe preliminar, nos manden la respuesta.

Queremos decirles a todos y a todas ustedes que esta falta de respeto al Congreso es, al mismo tiempo, una expresión de autoritarismo que muestra una errada creencia de que su efímera mayoría en el Congreso de la Unión de este Partido Morena le da al Ejecutivo preeminencia sobre los otros dos Poderes, que es el Legislativo y el Judicial.

La cancelación tardía muestra el temor de estos funcionarios de dar la cara. Yo le quiero pedir a estos servidores públicos que no dejen solo al presidente de la República, que no le dejen el trabajo, la tarea de vocero de la crisis. Porque es lo que está haciendo el presidente, dar la cara por los funcionarios de su gabinete, que no lo han venido a expresar.

Quiero también dejar muy claro que el tema no es oposición de nadie, de ningún partido, al combate al huachicoleo. Lo que estamos dejando muy claro es que nosotros cuestionamos la manera vacilante, errática, contradictoria con la que el gobierno de la República está combatiendo este delito.

Y ya que tanto les preocupa el tema de la corrupción a los de la cuarta transformación, quiero decirles que la ineficiencia es una forma de corrupción. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena.

El senador José Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, diputados, diputadas, senadoras y senadores. Hace rato escuchaba con atención la indignación que hay porque no vinieron los cuatro funcionarios, están indignadísimos porque no vinieron, pero a nadie escuché que están indignados por el robo atroz que se está cometiendo a la nación y desde cuándo se está robando al pueblo de México, al gobierno, su patrimonio.

Yo creo que deben de venir los funcionarios y deben de venir a decirle a la nación, y aquí al Congreso de la Unión, en qué condiciones encontraron esas dependencias y cuál era la función de ellos. Por supuesto que de las más de 600 pipas diarias que salían robadas, sabía el gobernador, sabía el presidente municipal, sabía el presidente de la República, todos sabían, pero de ahí vivían, de ahí se abastecían, eso les servía para muchas cosas. Ese era su capital, esa era su fuerza.

El presidente que más informa es Andrés Manuel López Obrador, diario está informando a la nación de los acontecimientos que dan vergüenza y que nos debería dar vergüenza. Dicen: es que en Guanajuato hay mucho desabasto, en Puebla, en Michoacán, empiezan a mencionar. Pregúntense por qué hay desabasto, porque eran socios de los huachiculeros. ¿Eh? –Eran socios. En Puebla, ¿no hay huachicoleo en Puebla? Sus socios ya les taparon los ductos, ya no tienen para ir a abastecer.

Yo creo que se debe avanzar en las investigaciones y se deben de ir a prisión. Deben ir a la cárcel, y todos debemos de estar unánimemente exigiendo cárcel para todos aquellos que han dado protección al robo, al saqueo. Eso es.

Por eso, entonces yo creo que debemos de respaldar unánimemente las acciones del presidente de la República. El más valiente, el más honesto que tenemos en la vida política contemporánea del país, Andrés Manuel López Obrador. Hay que apoyarlo, hay que respaldarlo.

Sabemos que hay molestia, sí, es cierto, pero vale la pena. Nunca habíamos visto lo que ahora estamos viviendo. Pensaba yo que se robaba la gasolina en la gasolinera, que te daban litros de menos, pero no tenía ni siquiera la más remota idea de la magnitud del robo oficial desde el gobierno y los huachicoleros.

Ustedes van a la gasolinera y piden gasolina roja, la Premium; o piden verde y al final de cuentas les dan verde. No hay roja, solamente hacen como que les despachan roja, pero en realidad es verde, ¿y desde cuándo nos estarán metiendo la verde por la roja? Desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por su atención.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Omar Obed Maceda, del PRD.

El senador Omar Obed Maceda Luna: Con su permiso, presidente. Creo que sería aventurado decir que la población son huachicoleros. No solo lo resentimos los legisladores, quienes forman el gobierno, sino la mayoría de personas sufrimos este desabasto, y estamos como los maderos de San Juan, pedimos gasolina y no nos dan.

Dejemos esta parte, vamos a darle el beneficio de la duda a estos titulares de las cuatro instituciones que no pudieron estar aquí, al PRD nos preocupa una situación y se está llevando a cabo alguna acción para la protección de los funcionarios.

Respetamos profundamente a las instituciones, a quienes se han desarrollado por muchos años en Pemex, en la Profeco, en la Secretaría de Hacienda, y obviamente en la Secretaría de Energía, pero algunas de estas personas, tenemos conocimiento por medio de la prensa, por medio de redes, que están sufriendo amenazas del crimen organizado. Es grave. Ojalá también se diseñe ahora sí una estrategia para su debida protección.

El fenómeno del desabasto de la gasolina ha generado problemas aún mayores. Tenemos conocimiento que en Chihuahua y Guanajuato se han robado pipas enteras del hidrocarburo que iba a abastecer las gasolineras. Un llamado particular para que se refuerce la seguridad en caminos y carreteras nacionales.

En el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl incluso, la policía tuvo que disolver a quienes se encontraban formados para surtir su gasolina; ante este desorden, puede ser que se pierda incluso una vida, que no se va a reponer ni con todos los litros que se pudiesen recuperar.

También nos preocupa un tema. Se ha hablado, por parte del gobierno, del tema del sabotaje. Quisiéramos saber si Pemex ya presentó alguna denuncia. Este delito está contemplado en el artículo 140 del Código Penal Federal, y también de estas mil 700 carpetas que se han iniciado.

Quisiéramos, más adelante, también tener la comparecencia del director de Pemex, y que nos explique si están llevando a cabo en la coordinación de una unidad especializada de esta nueva Fiscalía General de la República, si ya eran investigaciones previas o si, en su caso –lo que pasó durante dos sexenios–, que van a quedar en lo que antes se conocieron como delegaciones estatales.

Nos queremos sumar, queremos buscar una situación alternativa a este desabasto, pero lamentablemente, como dije al principio, pedimos gasolina y no nos dan. Es cuanto. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Javier Julián Castañeda.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Con su permiso, con la venia, diputado presidente; compañeros legisladores, compañeras legisladoras.

Con la implementación de la nueva estrategia en contra del huachicoleo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, requiere de la máxima intervención de todos los servidores públicos involucrados, pues es así como se podrá atender esta contingencia de manera eficaz y eficiente.

Me queda claro que el gobierno de México está trabajando y poniendo todo de sí para que el abastecimiento de combustible se normalice a la brevedad posible, y se pueda restablecer la vida cotidiana de todos los mexicanos; pero, mientras eso ocurre, no se puede ser omisos con los delitos que todo este asunto ha traído en el país, y las consecuencias al quebranto al erario público nacional.

No debemos y no podemos bajar los brazos. Es momento de que el robo del combustible pare, y las personas que realizan este acto, que daña a todos, se presenten ante la justicia y, en caso de que sean responsables, paguen por sus delitos.

Estamos seguros de que los servidores públicos hoy convocados, y que están atendiendo puntualmente la contingencia, estarán con nosotros, son los primeros interesados en contestar todas las inquietudes, que no solo nosotros tenemos, sino la ciudadanía en general.

Por ello, estaremos pendientes a que la Comisión Permanente convoque a la nueva reunión de trabajo, pues consideramos que es esencial para incluso, desmentir rumores que han causado pánico en la sociedad y que han afectado la vida económica del pueblo mexicano en una gran parte del territorio nacional.

En Encuentro Social, estamos convencidos de que la transparencia y rendición de cuentas son necesarias para lograr una verdadera democracia en el país, y por esto estaremos atentos a la nueva convocatoria que esta Comisión Permanente tenga a bien hacer, para escuchar a los funcionarios en los planteamientos debidos. Pero no solamente en el planteamiento del desabasto, porque, más allá de eso, sabemos que la consecuencia del desabasto tiene que ver precisamente con el quebranto que el país ha sufrido por muchos años.

Y en una visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo allá en mi municipio, el domingo anterior, se hablaba del boquete fiscal por el decreto de Zona Económica Especial para la frontera. Decía que probablemente se dejen de captar 50 mil millones de pesos en la reducción al IVA y al impuesto sobre la renta, pero decía: probablemente dejemos de captar 50 mil millones, pero en el huachicoleo tenemos 60 mil millones de pesos de desviación anual por recursos del robo de combustibles. Ahí las cifras para que todos las conozcamos. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por tres minutos, la senadora Patricia Mercado. Perdón, el diputado Tonatiuh Bravo hará uso de ese tiempo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, presidente. A nombre de los legisladores de Movimiento Ciudadano, nos parece y así lo queremos expresar de manera puntual y clara, que la negativa de los funcionarios a acudir al Poder Legislativo, a esta Comisión Permanente, a explicar los elementos de la crisis que se está viviendo en materia de combate al robo, por un lado, y, por otro lado, de desabasto de hidrocarburos, abona a la incertidumbre, en lugar de contribuir a la transparencia y a la claridad.

La cita, precisamente, la convocatoria, era motivada por la falta de respuestas que la ciudadanía en muchos estados de la República tiene respecto de cuándo se normalizará el flujo de hidrocarburos, por un lado, y, por otro lado, para dar certidumbre a la actividad económica.

Lo que en algunas entidades federativas se vive como una falta de abasto en materia de hidrocarburos, en otras entidades que sí cuentan con estos, lo que se puede vivir es un desabasto de otro tipo de productos, entre ellos precisamente los productos básicos o alimentarios; de manera tal que creemos que los ciudadanos, las entidades federativas, los municipios, el Poder Legislativo merece respuestas puntuales frente a lo que está aconteciendo.

Estamos de acuerdo en apoyar las acciones del titular del Ejecutivo en materia de combate al robo de hidrocarburos y, por supuesto, en la defensa del patrimonio de todos los mexicanos. Pero consideramos que todos los Poderes, y particularmente los niveles de gobierno, deben participar en las respuestas que se dan frente a los efectos de estas acciones, y que no considerarlos definitivamente no contribuye a generar un ambiente de certidumbre.

Por eso, rechazamos este gesto de indiferencia oficial ante la crisis y de falta de respeto al Poder Legislativo y, por supuesto, nos sumamos a la necesidad de que esta Comisión Permanente transmita un mensaje puntual Poder Ejecutivo, generando un extrañamiento frente a la falta de los funcionarios el día de hoy y, por supuesto, convocándolos a reprogramar ante este pleno de la Comisión Permanente su presencia. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores legisladores. Con su permiso, señor presidente. Cárcel, sin piedad, caiga quien caiga, hasta donde tope, para los que roban combustible.

Cárcel, castigo, claro que queremos eso, exactamente eso y sin distinciones, el problema es que, en ese camino ocurren muchas cosas que nos llevan primero a la duda, pero peor cuando hay una contradicción franca en el gobierno, entre lo que dice, lo que hace, entre lo que dice un día y dice el otro, y esto es lo que motiva el interés del Poder Legislativo de llamarlos a comparecer, de llamarlos a dar explicaciones.

Pero distingamos, estimados amigos, no estamos hablando hoy del robo de combustible, estamos hablando de la actitud del Poder Ejecutivo frente a las facultades del Poder Legislativo y ponerse a defender a ultranza el hecho de que sean compañeros de partido los que no asistieron a dar la cara disminuye las facultades del Poder Legislativo.

Esa indignación no es por el robo de combustible, es porque se piense que podemos hacer a un lado al Poder Legislativo. Esa indignación es porque los mismos que están pidiendo cárcel, no son capaces de defender y exigir que vengan los funcionarios a decirnos cómo van a meter a la cárcel a los que merecen esa pena.

Contradicciones hay todos los días y por todo. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De sabotaje? Está regulado por el artículo 140 del Código Penal Federal. El Código establece una pena totalmente diferente y un trato diferente al robo de combustible.

El presidente dice sabotaje. Sus funcionarios hablan de robo de combustible. Estamos hablando de cosas diferentes.

El presidente dice que son 60 mil millones. Aquí el secretario de Hacienda dijo que eran 30 mil millones. Las dos son cifras escandalosas, pero merecemos saber exactamente de qué estamos hablando. Contradicciones, dudas, inquietudes, de qué estamos hablando cuando se dice que van a comprar cinco mil pipas. ¿Cuánto tiempo el gobierno está previendo que va a durar esta situación?

Una cosa es pedirle a los ciudadanos sacrificio, porque estamos combatiendo el robo de combustibles, pero al mismo tiempo estamos obligados a darles explicaciones, estamos obligados a decirles cuánto tiempo, cómo, y sobre todo a dar el ejemplo.

Tenemos que tener mucho cuidado. La intención de los que hoy están defendiendo el derecho del Ejecutivo de mandar al diablo al Congreso es crear dos frentes: los que apoyan el robo de combustible, y los que se oponen patrióticamente a esta actividad ilícita, los que obstaculizan la tarea del presidente más valiente de la historia.

Quiero decirles que esta decisión que ha tomado el presidente merece todo el respaldo de la ciudadanía, pero no nos lleva a ningún resultado positivo cuando se cree que solo el presidente la puede hacer, cuando se obvia a un Poder, que es el Poder equilibrante al que le tiene que rendir cuentas.

No estamos oponiéndonos a la tarea del presidente. Celebramos la manera definitiva, la manera clara con que combate este ilícito. Pero eso merece explicaciones.

Estimados amigos, el problema no es que sea el presidente que más veces sale ante los medios de comunicación. El problema es quién nos da las respuestas que necesitamos. El problema es quién nos explica qué va a pasar. El problema es que aún no vemos ningún resultado y sí vemos un gran sufrimiento de quienes, poco o mucho, hacen un esfuerzo para trabajar y los vehículos son una parte indispensable de eso.

Estimados amigos, hay que hacer que vengan, y les dejo este reto. No pongan obstáculos a la comparecencia, que vengan y que hablen todos. Preguntas de un minuto y respuestas de los funcionarios libres de tiempo. Vamos a saber y a desahogar qué va a pasar y qué sigue para México en este tema. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Citlalli Hernández. Martha Cecilia, Martha.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Vengo aquí justamente a aplaudir la valentía del presidente; no estamos en contra de que se combata la corrupción; no estamos en contra de que se combata el robo de combustible, pero ojalá el presidente deje de ser el héroe de epopeya de la política mexicana para convertirse en presidente de México, con seriedad y con estrategia clara.

Hoy se cumplen 11 días desde que se empezó a percibir en México en desabasto de gasolina o, como lo ha llamado el propio gobierno federal, el error de logística de distribución de la gasolina. Son al menos 10 entidades las que han padecido el desabasto de gasolina y que tienen que esperar horas para poder cargar un máximo de 500 pesos.

Se ha mencionado que la decisión de cerrar los ductos y transportar la gasolina a través de pipas, que es 14 veces más caro, es una acción para combatir el robo del combustible. Quiero que quede claro que en Acción Nacional estamos a favor de terminar con este delito; sin embargo, discrepamos de la metodología y de la poca planeación que ha tomado este gobierno para tomar decisiones que ya han comenzado a repercutir en productores, empresarios, consumidores, proveedores, entre otros.

Hoy se había citado a comparecer ante el Poder Legislativo a titulares de las dependencias de la Secretaría de Energía, de Pemex, de Profeco, y de la Secretaría de Hacienda para que informaran al respecto sobre la problemática del desabasto.

Sin embargo, en una falta de respeto e incongruencia de lo que tanto proclaman como transparencia y rendición de cuentas, no se presentaron. No le dieron la cara al Poder Legislativo y, al parecer, no nos la van a dar, porque detrás de las buenas intenciones se encuentra la cara del cinismo, aquella que habla de imponer una moral universal, al tiempo que desacredita a medios de comunicación nacionales e internacionales por sus notas, respecto al tema del desabasto.

Hoy se tienen muchas dudas sobre este tema, el cual no se ve que tenga límite a corto plazo para poder regularizarse, incluso se ha anunciado la compra de 500 pipas para seguir transportando la gasolina de manera segura, lo cual resulta bastante contradictorio, porque se han registrado al menos tres robos de pipa por día.

Tan solo en el 2018, de acuerdo a los datos oficiales de Pemex, se necesitaron 733 mil barriles diarios de gasolina para poder satisfacer esta demanda, el transportar la gasolina a través de pipas no va a lograr que se cubra esta demanda. Dicen que hay suficiente gasolina, entonces ¿por qué no la distribuyen? Si ya reconocieron que hay un error en la logística de distribución, ¿por qué no lo corrigen? Si dicen que se tienen a personas involucradas en el robo de combustible, ¿por qué no hay cuentas bancarias congeladas y por qué no hay detenidos? Somos más las personas y sectores económicos afectados con estas medidas que lo que se ha investigado.

Decía el senador Félix Salgado que no tenía la menor idea de cómo se llevaba a cabo el robo de combustible en el país. De lo que creo que no tiene la menor idea es de economía, porque piensan solo en solucionar como héroes de epopeya y no piensan en las repercusiones económicas que está teniendo el país.

Solo este fin de semana los ciudadanos de los estados afectados no salieron a hacer compras, y esto, desde luego, afectó en la economía; hubo negocios vacíos, hubo calles vacías, hubo ciudades vacías, porque desde luego la gente prefirió quedarse en sus casas a gastar gasolina y, desde luego, esto tuvo repercusiones económicas. Que hablen claro y con la verdad.

Desde luego, también pedirles que no sigan dividiendo a México, porque lo que están haciendo es dividir al país con esta incertidumbre. Por favor, les encargamos a la mayoría de Morena y al presidente que se encarguen de construir un país más unido y menos dividido.

También decirle al senador Félix Salgado que sus acusaciones son graves y aquí estamos para levantar la voz y decirle que, desde luego, no estamos defendiendo a nadie y que, desde luego, no nos traten de decir huachicoleros, porque desde luego no lo somos. Somos gente que ha combatido la corrupción y que tenemos la calidad moral para venir a pararnos aquí.

Entonces no simule, no falte al respeto, no diga mentiras y, desde luego, en general, en esta Comisión Permanente y también en el Senado, le pido que se conduzca con respeto. Con respeto hacia las mujeres en especial, pero a todos los legisladores y a todos los mexicanos, porque han sido constantes sus faltas de respeto hacia los mexicanos, principalmente porque está usted en la tribuna máxima del país y se dirige con irresponsabilidad y con faltas de respeto.

Es lo que le quiero pedir, y desde luego que queda claro. Que lleven a cabo las palabras a las acciones que forman parte de su diccionario y que son su pan de cada día: lo de no mentirle al pueblo de México.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, oradora.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Exigimos que se termine con el desabasto. Que den la cara y que nos digan hasta cuándo termina el desabasto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón. Hay un mínimo de tolerancia maternoinfantiles. Ya lo ha agotado, compañera.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: No, no me falte al respeto también usted, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No le he faltado al respeto.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: No falte al respeto. Desde luego que sí lo está haciendo. Diríjase con respeto, por favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Yo me dirijo con respeto.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Muchas gracias. Únicamente cierro para pedirles que den la cara, que den la cara los funcionarios a los mexicanos y que no dividan más al país. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la senadora Citlalli Hernández.

La senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, diputado presidente. Miren, compañeras, compañeros. Nos hemos escuchado puntualmente desde la Tercera Comisión de la Permanente y me parece que hay que hacer una serie de precisiones.

Cuando tenemos una responsabilidad del tipo que tenemos todas y todos los legisladores aquí presentes, quizá la pregunta constante que deberíamos de hacernos todo el tiempo es qué es lo mejor para nuestro país.

Yo escucho a algunos grupos parlamentarios aquí representados, no a todos, como si todo el tiempo se preguntaran cómo argumento para evidenciar que hay una cuarta transformación que no funciona. Eso me parece alarmante como mexicana, porque creo que de repente damos falsos debates.

Quien nunca dio la cara frente al huachicol fueron los pasados gobiernos federales que quizá prefirieron no meterse en esta serie de conflictos, o no meterse en conflictos de intereses, porque hay funcionarios de los que saldrán a la luz sus nombres, estoy segura, con este gobierno.

Porque hay empresarios, porque hay políticos detrás de este gran negocio que está ligado fuertemente al crimen organizado.

Quienes nunca dieron la cara frente a los mexicanos, de una cotidianeidad que se vive en todos los estados, que es el robo de combustible, fueron los pasados gobiernos, gobiernos que hoy están, o pasados gobiernos de fuerzas políticas que hoy están representadas aquí.

Entonces yo me pregunto: ¿si todos estos que ya han tenido el honor de gobernar este país, dejaran de cuestionar todos los días las acciones del presidente y las acompañaran, quizás nuestro país estaría avanzando de una manera totalmente distinta?

Por supuesto que son legítimas todas las preguntas que se han expresado aquí y en la Comisión, por supuesto que todas y todos tenemos dudas, por supuesto que el Poder Legislativo tiene la obligación y tiene el derecho de escuchar a los funcionarios sobre este plan histórico de combate al robo de combustibles.

Lo que me parece que no es legítimo es que tratemos de manipular la información y decir que los funcionarios nos dieron la espalda, que somos ignorados el Poder Legislativo, cuando en realidad la respuesta de los funcionarios es: disculpen estamos atendiendo un tema de urgencia y vamos a reajustar una nueva fecha para escuchar todas las preguntas y responderlas.

Yo solo quisiera mencionar: cuando éramos oposición, muchas veces quisimos que comparecieran muchos funcionarios, y jamás tuvimos un voto a favor. Se defendían entre gobiernos, funcionarios y Poder Legislativo.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Morena, desde el primer momento votamos a favor de que se realizara esta mesa de trabajo. Nosotros no tenemos miedo en informarle a la ciudadanía, por eso es que todos los días el presidente, a las siete de la mañana, puntualmente, informa cuáles son las decisiones que se están tomando.

Pero yo sí hago un llamado a las y los legisladores a que dimensionemos y salgamos de esa confrontación política partidista y dimensionemos lo que significa este combate al robo de combustibles.

Estamos hablando de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, de corrupción política, de involucramiento de funcionarios públicos, de políticos y de empresarios. Ese combate contra el robo de combustibles apenas inicia.

Por supuesto que hay muchas preguntas que hacer y muchas respuestas que los funcionarios nos tienen que hacer. Y por supuesto que se va a realizar esta mesa de trabajo y se va a dar una nueva fecha, pero me parece que el debate que estamos dando, el gastar en unas hojitas que digan “den la cara”, con los logos de, o con el color de los logos de nuestro partido, es innecesario, porque ese no es el debate. Aquí dicen: sí, el presidente ha dividido al país. Por supuesto que no. Quienes tratan de dividir a este país son quienes tratan de generar debates confrontativos.

Aquí hay una lucha contra el robo de combustible, una lucha histórica. La pregunta es cómo el Poder Legislativo resuelve sus dudas y cómo acompañamos esta acción valiente y contundente del presidente de la República. Que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, tiene el respaldo de la gente a pesar de las complicaciones que esto implica con la distribución de la gasolina ahora a través de pipas.

Hay sabotaje, eso deberíamos de estar planteando aquí en el Poder Legislativo. ¿Cómo vamos a actuar como legisladores frente el sabotaje del crimen organizado a los ductos de Pemex, que no son ductos del presidente, son ductos de la nación? Y eso tendríamos que estarnos preguntando.

Yo concuerdo con todas y todos ustedes, los funcionarios tienen que darnos una nueva fecha, tenemos que realizar esta mesa de trabajo y responder preguntas, pero yo sí pido que, frente a este momento de grandes decisiones, actuemos con responsabilidad, con seriedad, dejando de lado las confrontaciones partidistas y entendiendo que esta lucha no solo va a beneficiar a unos cuantos estados, esto se trata incluso de recuperar el Estado de derecho en este país, que algunos de ustedes fueron cómplices de atentar contra él. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Para rectificación de hechos, la diputada Verónica Juárez, por un minuto, desde su asiento si puede.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, presidente. Espero que en el minuto pueda hacer algunos cuestionamientos. Miren ustedes, el Poder Legislativo pues no quería saludar a los secretarios eh, no quería verlos. Lo que queríamos de ellos es que nos den a este Poder respuestas particulares a particulares, a partir de la responsabilidad que tienen actualmente, que cumplan con su responsabilidad.

¿Hasta cuándo –también quiero preguntar a los que me han antecedido en el uso de la palabra– el nuevo gobierno va a dejar de repartir culpas? ¿Hasta cuándo van a dejar de repartir culpas y asumir su responsabilidad?

En mi opinión, se equivoca el presidente, y algunos diputados y senadores que han subido cuando plantean que tengamos confianza, porque se está combatiendo la corrupción y el huachicoleo.

En esto último estamos de acuerdo, y todas las fuerzas políticas lo hemos manifestado. Estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es de que sea un asunto de confianza, porque esa es una responsabilidad, y eso es lo que llamamos, que tengan responsabilidad, que tengan eficacia y que tengan respeto.

A nombre de miles de ciudadanas y ciudadanos, y quiero decir también que, a nombre de las ciudadanas y ciudadanos de mi estado, del estado de Jalisco, queremos decirles, preguntarles, que nos digan los funcionarios de estas áreas que el día de hoy se ausentaron: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a resolver el problema?

Nos dice aquí alguien: dejen avanzar al gobierno en la estrategia. Que nos digan cuál estrategia. Eso, eso es lo que demanda este Poder al Poder Ejecutivo. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra Armando Javier Zertuche.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani: Con la venia, señor presidente. Compañeros diputados, durante mi participación dejé constancia de nuestro reconocimiento a las molestias y ofrecí disculpas a los compañeros parlamentarios, y se ofrecieron disculpas también al pueblo en general. Celebro la urbanidad política con la que se ha podido llevar esta sesión.

También señalé que no será rápido ni fácil la regeneración de la moral social, de la moral económica y de la moral política. Hacerlo así nos llevaría a cometer, por la simplicidad, más errores.

Por eso en la coalición Juntos haremos historia hemos pedido a la sociedad, como arma de combate a la corrupción, la paciencia, la tolerancia y la confianza en las acciones del gobierno.

Hoy también le pido a las demás fracciones parlamentarias paciencia, tolerancia y, sobre todo, unidad por México. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la voz, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Los discursos que acabamos de escuchar confirman lo que veníamos diciendo, de un lado el autoritarismo se convierte en una forma patriótica; y el hecho de querer preguntar por qué, se convierte en una traición.

Todos los que están envueltos en la bandera del gobierno son, por ese solo hecho, patriotas. Y todos los que se atreven a preguntar: oiga, de verdad va usted a comprar 5 mil o 500 pipas. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va a durar sin que puedan usarse los ductos? Son unos auténticos traidores y huachicoleros.

No, amigos. No se trata de eso. Se trata de que, voy a ponerles un ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, el secretario de Gobernación tenía una comparecencia ante el pleno del Congreso, era Santiago Creel, el hecho de los atentados en Estados Unidos sacudía, por supuesto, no solo a la nación. El secretario vino, dio en persona una explicación y se retiró a cumplir con sus obligaciones. Ese acto de decencia es el que estamos pidiendo. Ese acto de moral política es el que estamos pidiendo. El voto de confianza, quieren que sea eterno y eso es imposible, tiene que tomar decisiones y responder por ellas.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Lilia Margarita Valdez.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Muchas gracias, compañero presidente. Compañeros legisladores y legisladoras, todo en esta vida es relativo. Y allá, como dicen en el norte, pues cada quien habla como le va en la fiesta, así de simple.

En los últimos minutos he escuchado muchas opiniones, pues que son relativas a los intereses que defendemos, a quienes protegemos o a quienes respondemos. Por ejemplo, una nota de hoy en la mañana nos dice que el gobernador de Guanajuato mencionaba que el 85 por ciento de los asesinatos en su estado están relacionados con el huachicoleo. Bueno, a algunos les causará espanto, otros dirán, es consecuencia de lo mismo.

Pero aquí también se ha hablado de algo muy relativo que es el respeto y dice uno de los compañeros diputados que él esperaba ya no ver barbaridades políticas en los últimos meses.

Pues yo lo estaba esperando desde los últimos 40 años y sigo viendo barbaridades políticas, y de los mismos que se oponen, que cuestionan, que no dejan avanzar.

¿Hablan de respeto? ¿Por qué no hablaban de respeto cuando nuestra gente se está muriendo de hambre; cuando a nuestros niños les están poniendo agua en lugar de medicamentos; cuando matan a nuestros jóvenes? En mi estado...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, por favor.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Permítame. Permítame, a todos se les han dado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No perdón, no es cierto. A los que son un minuto, les doy un minuto y usted lleva 58 segundos.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: No llevaba el tiempo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sea rápida.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Muy rápida y perdón por querer un poquito más de tiempo.

Lo único que les digo es que, así como hay quien pide que ya no se tenga confianza, hablo en nombre de millones de mexicanos y me atrevo a no equivocarme. El pueblo de México le ha dado la confianza a quien está gobernando ahorita. Gracias, compañero presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Sonia Rocha.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, hoy los queretanos, los guanajuatenses, los michoacanos, en estados como Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, etcétera; incluso, por supuesto, ya en la Ciudad de México la vimos los que hemos tenido la oportunidad de venir a esta Comisión Permanente.

Hoy, ya en las mañanas nos saludamos, cuando uno saluda a alguien le dice cómo está. Y en lugar de decir voy a trabajar, voy a llevar a mi hijo a la escuela, soy un taxista y voy a hacer mi ronda, voy a llevar alimento a algún municipio de la sierra, de cualquiera de estos estados.

En lugar de eso, la gente en lugar de decir eso, los ciudadanos preguntamos cómo estamos sin gasolina.

Y cuando preguntamos por qué, por qué estamos sin gasolina, en lugar de contestar cuestiones objetivas y reales, pues ya no sabemos cuál es la verdad. Por eso es que hoy estaban citados estos funcionarios, porque entonces vienen las ocurrencias, las ocurrencias de que es una estrategia para combatir el huachicol, cosa que, por supuesto, ya lo dijimos aquí, no esta vez, muchas veces, que estamos de acuerdo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Es un problema...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El tiempo se le ha agotado.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Les está dando dos minutos, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Dos?

La diputada Sonia Rocha Acosta: Cierre a los ductos, etcétera. Quiero decirles que, por supuesto, los funcionarios que estaban aquí citados algunos, como el ingeniero agrónomo director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, no vino porque seguramente él ya está acostumbrado a no venir a esta Cámara. Aquí laboró, aquí se le dio una gratificación y, pues ya están acostumbrados a no venir.

Yo le quiero decir al presidente, con todo respeto, que soy de los 21 millones 426 mil 339 mexicanos que no votó por él. Pero que no se le olvide que sigue siendo presidente de todos, hasta de los que no votamos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Y quiero decirles...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: ...que resuelva, que ya no debe haber desabasto y que no nos hagan una...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: ...racionalización del...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: ...combustible.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo, compañera.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Ya, presidente. Gracias. Ojalá así nos respete usted.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho afecto y respeto a todos. Que no se les vaya el tiempo. Máxime que ahorita voy a hablar yo. Imagínense si no me autocorto.

Son tres cosas. Porfirio Muñoz Ledo, para dos minutos. La relación estructural entre Pemex y el gobierno fue modificada severamente en los años cuarenta, cuando se turnó por los viejos sindicatos marxistas y se reemplazaron por sindicatos cooperacionistas a... los charros.

Desde entonces, en todas las grandes empresas de Estado hubo contubernios para sacar dinero. El caso de Pemex, ¿cuánto le encontraron a...? ¿Cuánto le encontraron a Joaquín Hernández Galicia? ¿Cuánto le encontraron a Emilio Lozoya? ¿Cuánto le encontraron a Pemex Gate? Estas son historias antiguas que debemos investigar, no mendigar respuestas, que nunca las vamos a tener. Investigar conforme a las facultades constitucionales.

El diputado Héctor Yunes Landa: Señor presidente, una pregunta: ¿habló usted como presidente de la Mesa Directiva?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, dije Porfirio Muñoz Ledo. Siempre lo hago.

El diputado Héctor Yunes Landa: Por eso, pero tiene que decidir.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, no, señor.

El diputado Héctor Yunes Landa: No, pero quiero que quede muy claro si habló como presidente de la Mesa Directiva...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, claro que hablé como yo.

El diputado Héctor Yunes Landa: Déjeme preguntar, permítame.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con respeto, ¿eh?

El diputado Héctor Yunes Landa: Sí, con todo respeto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: O mucho.

El diputado Héctor Yunes Landa: Le pregunto, ¿usted habló como presidente de la Mesa Directiva o como representante de su partido Morena?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Yo no habló nunca como representante de partido en la función que tengo. Hablé como Porfirio Muñoz Ledo, y lo dije y usted no oyó.

El diputado Héctor Yunes Landa: Pero tiene que definir.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Y ya lo definí. Mire, el parlamento no es internacional, allá sí de presidente. En el parlamento mexicano lo que hay es el anuncio, desde que se pida la palabra, hasta que se emita la opinión –como yo–, y si te gustaron mis argumentos contéstalo. Háblame, por ejemplo, de cualquiera de uno de ellos, que me tocó vivir muy cerca.

El diputado Héctor Yunes Landa: De acuerdo. ¿Puedo hablar como Yunes?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, no. Cómo Yunes.

El diputado Héctor Yunes Landa: Quiero hablar. ¿Cuánto tiempo?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro. Hable usted como Héctor Yunes. Siempre habla como Héctor Yunes.

El senador José Félix Salgado Macedonio (desde la curul): Habla.

El diputado Héctor Yunes Landa: Entonces yo hablo de dónde yo quiera.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga, si usted lo permite.

El senador José Félix Salgado Macedonio (desde la curul): Habla.

El diputado Héctor Yunes Landa: No, no te confundas. No te confundas.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Quién?

El diputado Héctor Yunes Landa: El presidente es él, no tú. ¿De acuerdo? No, no, no. Yo voy a hablar de dónde yo quiera.

El senador José Félix Salgado Macedonio (desde la curul): Habla.

El diputado Héctor Yunes Landa: No, no, no. Yo voy a hablar de donde yo quiera.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero le falta micrófono.

El diputado Héctor Yunes Landa: Me permite, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le falta micrófono.

El diputado Héctor Yunes Landa: A ver, lo que yo quiero expresar es esto... vengan a defender una falta de respeto que nos hicieron a todos, entre ellos a él, es la primera. Segundo, pedirles a los compañeros de la mal llamada cuarta transformación que no usen la tribuna como muro de lamentaciones y que no usen el pasado para justificar...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Está usted usando la voz fuera del tiempo que tiene concedido.

El diputado Héctor Yunes Landa: Y usted habló más. Usted habló como Porfirio Muñoz Ledo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. Un minuto y medio.

El diputado Héctor Yunes Landa: No, usted habló uno y medio.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno.

El diputado Héctor Yunes Landa: Ahí están 28 segundos. Me quedan 28 segundos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero usted no tiene el mismo problema que yo.

El diputado Héctor Yunes Landa: Me quedan 28 segundos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Usted no tiene el mismo problema que yo. Nunca sé con qué Yunes hablo.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El diputado Héctor Yunes Landa: No hablo tonterías, como otros.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Adelante.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Es el juez de la inteligencia.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, diputado. Señor presidente, se ha cometido una falta, sin lugar a dudas, cuando el presidente hace el uso de la palabra...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Lo he hecho en muchas comisiones.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): ...para externar su derecho, pero su estricta opinión personal.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así es.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En tal situación, el presidente debió haber pasado a la tribuna a hacer uso de la palabra y regresar a cumplir con sus funciones...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Lo hago siempre.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): ...lo cual generalmente hace usted muy bien. Pero si rompemos el orden, por un lado, no podemos esperar que el orden se mantenga por otro, menos en un debate como este. Llamo muy respetuosamente al presidente de la Comisión Permanente y a los señores integrantes de la Mesa Directiva a guardar el debido orden para proseguir con la sesión.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón. Con todo respeto, este magnífico parlamentario y amigo mío, ha dicho exactamente la verdad.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO



DECLARAR ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continuamos con una ronda de proposiciones de punto de acuerdo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos Esteban Barajas.

El diputado Esteban Barajas Barajas: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados y senadores. Vengo a plantear ante todos ustedes un punto de acuerdo que, por la importancia que representa, se debe de considerar como de urgente resolución.

Esto es, un punto de acuerdo por el que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Comisión Nacional del Agua, informe a esta legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de la zona federal del lago de Cuitzeo.

El lago de Cuitzeo es el segundo lago natural más grande de México, uno de los sistemas acuáticos más antiguos del territorio nacional y tiene una gran importancia para la región, ya que contribuye a regular el clima de la cuenca, da sustento y hábitat a diversas especies de flora y fauna, permite la viabilidad económica de miles de familias en la región que viven de la pesca.

Es una gran fuente de recursos naturales, que incluye bosques, zonas de producción ganadera, áreas agrícolas y receptor final de los ríos grandes de Morelia, Queréndaro, Zinapécuaro, y de un sinnúmero de pequeños afluentes que se originan tanto en la zona sur de Morelia, como de Mil Cumbres y Los Azufres.

El sistema hidrológico de la cuenca se encuentra actualmente en un estado de alta fragilidad ecológica y ambiental, producto de la disminución de corrientes hacia el lago, sobre uso de mantos acuíferos, descargas de aguas residuales procedentes de las actividades domésticas, industriales y agropecuarias que son vertidas al lago sin recibir el tratamiento adecuado.

Lo anterior constituye un escenario que pone en peligro el equilibrio del ecosistema de la cuenca, generando problemas de salud para la población por las tolvaneras que se forman, producto de la grave erosión en la parte occidente del lago.

La pérdida y degradación del lago de Cuitzeo tiene como causa la invasión de terrenos para cambio de uso del suelo, la construcción de obras civiles como la autopista México–Guadalajara, la introducción de viviendas en las orillas del lago y el azolve con la deforestación de la cuenca.

Con fecha 7 de noviembre del 2018, llevamos a cabo en este recinto la reunión de trabajo denominada Estrategias para la restauración del lago de la cuenca del lago de Cuitzeo, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la problemática del lago en donde participaron grupos de migrantes de la zona, académicos, funcionarios e integrantes de la organización civil, y se estableció la necesidad de solicitar a los integrantes de esta Comisión Permanente se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudie la posibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo.

Segundo. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicite a la Comisión Nacional del Agua informar a esta soberanía el estado que guarda la metodología utilizada y el avance preliminar del proyecto de delimitación de la zona federal del lago de Cuitzeo.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar estudios para declarar zona de restauración ecológica la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Conagua, a informar a esta legislatura sobre el desarrollo del proyecto de delimitación de zona federal de ese cuerpo de agua, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Esteban Barajas Barajas, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Comisión Nacional de Agua, informe a esta legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de la zona federal de lago de Cuitzeo.

Antecedentes

El 13 de abril de 2000, la diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora presentó ante el pleno de la asamblea una proposición con un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión haga un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que, con fundamento en el artículo 78 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, promueva ante el Ejecutivo federal la expedición de una declaratoria para el establecimiento de la Zona de Restauración Ecológica para el lago de Cuitzeo y sus zonas aledañas. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para su estudio y dictamen. El 28 de abril del 2000, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente presentó un punto de acuerdo en relación a las zonas de Lerma-Chapala, el lago de Cuitzeo y sus zonas aledañas.

Por su parte, con fecha de 17 de enero de 2018, la diputada Cecilia Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que expida la declaratoria para el establecimiento de la zona de restauración ecológica para la cuenca del lago de Cuitzeo y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar la delimitación de la zona federal de dicho lago.

Con fecha del 7 de noviembre de 2018, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, se llevó a cabo la reunión de trabajo: estrategias para la restauración de la cuenca del lago de Cuitzeo, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la problemática del lago de Cuitzeo, derivado de la aportación de grupos de migrantes de la zona, académicos, funcionarios e integrantes de la organización civil, se estableció la necesidad de solicitar a las autoridades competentes se expida la declaratoria para el establecimiento de la zona de restauración ecológica, ordenamiento ecológico territorial y delimitación de la zona federal.

Exposición de Motivos

La lucha por el rescate del lago de Cuitzeo ha sido abordado por varias legislaturas, como es el caso de la LVII y LXIII, 18 años han transcurridos desde que fue presentada la primera propuesta, sin embargo por diversos motivos se ha ignorado el problema de contaminación a uno de los lagos más importantes del país.

El lago de Cuitzeo es el segundo lago natural más grande de México con una extensión de 31,872.90 hectáreas y uno de los sistemas acuáticos más antiguos del territorio nacional. La cuenca del lago de Cuitzeo es una fuente de recursos naturales que incluye bosques, zonas de producción ganadera, áreas agrícolas y el lago como receptor final de los ríos tributarios Río Grande de Morelia, Queréndaro, Zinapécuaro y de un sinnúmero de pequeños afluentes que se originan tanto en la sierra sur de Morelia incluyendo Curimeo, Mil Cumbres y Azufres, como en la sierra de San Pablo en la parte norte de la cuenca.

El sistema hidrológico de la cuenca se encuentra actualmente en un estado de alta fragilidad ecológica y ambiental debido a la fuerte presión antropogénica, producto de la disminución de corrientes hacia el lago; menor recarga de acuíferos por daños a la vegetación de bosque y pastizal; sobreuso de mantos acuíferos que aunado a las descargas de aguas residuales procedentes de las actividades domésticas, industriales y agropecuarias que son vertidas al lago, propician cambios que impactan la calidad de agua, afectando a las especies acuáticas y propiciando una disminución en la captura de peces que afecta la economía de los pobladores locales.

En la última década la cuenca ha presentado un incremento considerable de su población de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015, habitan alrededor de un millón 202 mil 896 personas, es decir un poco más de una cuarta parte de la población del estado de Michoacán; esto ha propiciado un creciente aumento en el consumo de los recursos naturales lo cual ha causado el deterioro de la cuenca y una producción de desechos orgánicos cada vez más altos, que son vertidos en los diferentes ecosistemas de la cuenca, en su mayoría sin recibir un tratamiento adecuado, lo que constituye un escenario que pone en peligro el equilibrio del ecosistema de la cuenca, disminuyendo además la calidad de vida de las comunidades por los impactos ambientales, económicos y de salud pública. Como es el caso de las tolvaneras, que causo uno de los principales problemas de la región, fundamentalmente durante los meses de sequía, formándose grandes cortinas de tierra, producto de la grave erosión en la parte occidental del lago, causando graves enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores, deteriorando su salud y bienestar.

El nivel del agua ha reducido drásticamente por efectos del desequilibrio entre los procesos de precipitación y evaporación así como el inmoderado uso del líquido vital en el riego agrícola, ocasionando una disminución del nivel del agua de 4 metros de profundidad reportados en 1946 disminuyó a 20 centímetros para 1981.

La pérdida y degradación del lago de Cuitzeo tienen como causas, entre las principales, la invasión de terrenos para cambio de uso de suelo, la contaminación urbana, aguas de retorno agrícola, acarreo de azolves, la sobreexplotación del agua subterránea, la construcción de obras civiles como la autopista México-Guadalajara y la introducción de viviendas en las orillas del lago, aunado a ello el azolve por la deforestación de la cuenca provoca la hipertroficación del lago, por otro lado la presencia proliferante de malezas acuáticas que actualmente cubren aproximadamente 13 mil hectáreas; lo cual impide la libre navegación y pesca, aunado a ello el lirio que frecuentemente destruye sus artes de captura (redes) el desequilibrio ecológico y la desecación por el ciclo de vida natural que presentan los lagos y periodos secos de precipitación.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudie la posibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua informar a esta soberanía el estado que guarda, metodología utilizada y el avance preliminar del proyecto de delimitación de zona federal del lago de Cuitzeo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.— Diputados y senadora: Esteban Barajas Barajas,Guillermina Alvarado Moreno, Julieta García Zepeda, (rúbricas).»

Presidencia de la senadora Minerva Hernández Ramos

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, señor diputado. En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores, consulte la Secretaría si se considera de suficientemente discutida la proposición.

El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación económica, se pregunta si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los que estén en contra. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición.

El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación económica, se consulta si se aprueba la propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los que estén por la negativa. Se aprueba por mayoría, señora presidenta.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Aprobada, comuníquese.



INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL CAMPO MILITAR NO. 1-F

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el campo militar número 1–F, ubicado en Santa Fe, respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, todo es según el color a través del cual se mire. Permítanme una licencia para decir que la historia que se cuenta es a conveniencia del color de quien la cuenta. Para ilustrarlo, me remito a finales de julio de 2018, cuando las voces de todos los colores, con excepción del PRI, se levantaron para condenar el proyecto que pretendía poner a la venta el Campo Militar Número 1–F, para que voraces desarrolladores inmobiliarios fraccionaran un millón 522 mil metros cuadrados de área verde, propiedad de la nación, y bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Escándalo mayúsculo. Atentado al medio ambiente. Colapso definitivo de la movilidad en la zona de Santa Fe. Sequía de las colonias aledañas. Las voces de todos los colores denunciaban al gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretendía un saqueo más, agravado este por un irreversible daño ecológico a uno de los últimos pulmones de la Ciudad de México. Todo esto es lo que habría implicado fraccionar y urbanizar el Campo Militar 1–F.

Voces de todos los colores, ecologistas, cerca de 90 mil vecinos y colonos de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, arquitectos, urbanistas, jefes delegacionales, legisladores, como el actual coordinador, que lástima que no está por aquí, Mario Delgado, señaló que se terminaría con uno de los pulmones de la Ciudad, por lo que se organizarían para detener este megaproyecto. En el mismo sentido se pronunció la ahora alcaldesa de Álvaro Obregón.

Por ello o por lo que haya sido, el gobierno saliente se desistió del proyecto, y en julio dejó sin efecto el acuerdo que avalaba la iniciativa.

Estableció, asimismo, que la Sedena debería de gestionar y obtener autorización del gobierno local y federal para realizar cualquier obra de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el predio.

Previo a esto, además se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Indaabin y del INBA y avalúos de bienes nacionales.

Con gran sorpresa, a finales de diciembre nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve un proyecto de desarrollo urbano en ese mismo predio. En voz del líder moral de importantes opositores de aquel proyecto, apenas seis meses antes.

¿Ahora sí conviene fraccionar y construir departamentos de lujo, aunque sea en 30 hectáreas del Campo Militar F–1? ¿Entonces ya no es tanta la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, si es para una buena causa?

Determina que los recursos que se generen en el megaproyecto serán utilizados para financiar las instalaciones de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que aún no cuenta con un marco constitucional, esta misma Guardia Nacional que carece de legalidad y que ya está en campaña de reclutamiento.

Les voy a dar una cifra: para obtener más o menos 30 mil millones de pesos se requiere construir 3.3 millones de metros cuadrados, el actual Santa Fe, que ha llevado a desa-rrollar por más de 25 años tiene 3 millones de metros cuadrados, se tendría que dejar 50 por ciento mínimo de área libre en las 30 hectáreas, por lo que se tendrían que hacer 150 torres de 20 mil metros cada una, o sea, de 20 niveles, y si queremos dejar el 75 por ciento de área libre tendríamos que hacer 75 torres de 40 niveles. De ese tamaño es el megaproyecto para obtener los 30 mil millones que el presidente quiere.

Es cierto que la historia es del color de quien la cuenta, antes de que proceda este proyecto solicitamos información acerca del Campo Militar F–1, que su uso de suelo como área verde y de servicios es respetada; que la voz de los vecinos y ecologistas, urbanistas y especialistas, legisladores y alcaldes sea escuchada nuevamente; que se han realizado los estudios de impacto ambiental y de movilidad que ocasionaría un desarrollo como el propuesto; que quede claro que la razón espacio verde por habitante, establecida por la Organización Mundial de la Salud, es de al menos nueve metros cuadrados y preferiblemente 16 metros cuadrados por habitante. En la Ciudad de México tenemos 5.3 metros cuadrados por habitante de área verde.

Por lo anterior expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente y ojalá me conceda la pronta y obvia resolución por la gravedad del asunto, en la que exhortamos respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar F–1.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que informe el uso del suelo que tiene el Campo Militar 1–F.

Para su sobrevivencia, la Ciudad de México y sus habitantes reclamamos la conservación y mantenimiento de los recursos naturales y espacios verdes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado del campo militar número 1-F, de Santa Fe, respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el campo militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, conforme a los siguientes

Antecedentes

En el mes de julio del 2018, el Campo Militar 1-F, ubicado en Vasco de Quiroga número 1401, en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, fue considerado para su venta como proyecto de la administración federal pasada, con el propósito de construir un desarrollo inmobiliario, no obstante se desistió de ello, confirmando que se destinaba a la Sedena a efecto de que se siga utilizando en actividades castrenses, ello señalado en el “acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1,522,140.00 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México, y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio del 2018.

Asimismo, conforme al mencionado acuerdo se menciona que la superficie de 199,004 metros cuadrados, que forma parte del cauce del río Tacubaya y de la zona federal, por lo que, al ser propiedad originaria de la nación, en términos del artículo 27 constitucional y encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás acciones de regularización que correspondan.

En dicho acuerdo, también señala que sí la Secretaría de la Defensa Nacional diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este instituto. Y que en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el inmueble destinado, previo a su realización, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.

En ese sentido, es pertinente señala que de acuerdo con declaraciones recientes del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presente administración federal pretende urbanizar el Campo Militar 1-F con el objetivo de financiar las instalaciones de la denominada Guardia Nacional en las distintas regiones del país. De acuerdo con lo dicho por el mandatario federal, se estima recaudar de 20 a 30 millones de pesos, con la construcción de departamentos de lujo.

A pesar de ello, aún no se cuenta con proyecto formal alguno que detalle las obras de mitigación, estudio de impacto ambiental y el uso de suelo del predio donde se pretende realizar las obras de urbanización.

Cabe mencionar que, en el año 2018, cuando se pretendía vender dicho terreno donde se ubica el Campo Militar en la administración federal pasada, el entonces senador Mario Delgado, a través de un video publicado en Twitter denunció su rechazó, señalando que “... este terreno un negocio con valor estimado en más de mil millones de dólares. Un desarrollo así colapsaría por completo el ya complicado tráfico de la zona, dejaría sin agua a todas las colonias de alrededor y terminaría con uno de los pocos pulmones que le que le quedan a la ciudad”. “Vamos a organizarnos. Primero para detener este mega desarrollo. Y segundo para pedirle al gobierno federal y al gobierno de la ciudad que conviertan en esta zona en un área de valor ambiental protegida con un gran parque que todos puedan disfrutar”.

En el mismo sentido se pronunció la entonces candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ahora alcaldesa, expresando su negativa a la venta del Campo Militar 1-F.

Pero lo más grave de dicha situación, es el gran descontento que existe por parte de los vecinos de la zona ante dicho proyecto de urbanización, ante ello se han unido vecinos y activistas a la denominada “Liga Ciudadana”, con el objetivo de hacer frente y defender la zona, a decir de Humberto Morgan, uno de los vecinos, señala que las colonias impactadas serán Santa Fe Casco (el pueblo originario), Pólvora, Zona Militar, La Estrella, tres unidades habitacionales de interés social, Real del Bosque, Boscoso, Zenón Delgado, Héroes de 1857 y El Capulín, de la parte de Álvaro Obregón, así como la parte alta de Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

Cabe mencionar que, en relación con lo anteriormente señalado, en el año 2017, el entonces gobernador de Puebla, Antonio Gali, entregó a la Sedena un inmueble de 600 hectáreas, denominado La Célula, en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla, que forma parte del plan de mudarse del Campo Militar 1-F en Santa Fe.

Así, en el mes de noviembre de 2018, se inauguraron dichas instalaciones, en su primer etapa, la obra incluye las fábricas de plásticos y de pinturas, una nave ensambladora militar, almacenes, alojamientos, 12 polvorines para la fábrica de carga y de cartuchos, comedor, barda perimetral con sistema de vigilancia, urbanización y vialidades, instalaciones para los servicios de seguridad, unidad habitacional militar (integrado por cinco edificios y espacios de esparcimiento) y una unidad médica de consulta externa.

No obstante, se tiene contemplado la construcción de una segunda fase que comprende un taller de mantenimiento de armamento, la fábrica de granadas calibre 40, construcción de un helipuerto, un segundo comedor, así como las plataformas y vialidades para las fábricas de armas, proyectiles y morteros.

Considerandos

I.Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.

II.Que de acuerdo con acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1,522,140.00 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México, y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, señala en el sexto acuerdo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente con el siguiente resolutivo:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que informe el uso de suelo que tiene el Campo Militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, debido a que el gobierno federal contempla construir edificios de lujo en dicho predio.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que remita un informe detallado acerca de los recursos que destinó en la construcción de las instalaciones de la industria militar en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla, asimismo, que informe el avance de la canalización de los recursos que se tienen contemplados para la construcción de la segunda fase.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.— Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz(rúbrica).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, senadora. Ha sido registrado con turno a la Primera Comisión, pero en atención a su amable solicitud, en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada senadora presidenta.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): ¿Cuántos fueron de la votación?

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Así, es, mayoría por la negativa. ¿Indica la presidenta que lo volvamos a hacer?

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Pues para tener mejor claridad, sería bueno repetir la votación, si no tienen inconveniente.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Mayoría por la negativa, senadora presidenta.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, secretario. No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.



PROMOCIÓN PERSONALIZADA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la promoción personalizada del presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, suscrita por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del PRI.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia señora presidenta. La Constitución es nuestro pacto político fundamental, además de ser nuestra Ley Suprema. Su respeto garantiza la convivencia pacífica, el equilibrio democrático y nuestras libertades.

Ningún servidor público está por encima de esta; al contrario, somos responsables de ser ejemplares en su cumplimiento. Por ello, preocupa gravemente el uso de propaganda gubernamental por parte del Ejecutivo federal en la que, en violación a la Constitución y a la ley, emplea constantemente elementos que, de forma directa o indirecta, hacen referencia al presidente de la República.

Utiliza diseños y colores semejantes o iguales a los que usa el partido Morena, y convoca a la ciudadanía para ser reclutada y participar en figuras aun inexistentes, como lo es la Guardia Nacional, que ni siquiera ha sido discutido ni aprobado por el Congreso de la Unión, contraviniendo así el principio de seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que expresamente la ley autorice realizar.

Compañeras y compañeros, los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, además de su Ley Reglamentaria en Materia de Propaganda Gubernamental; el 41, Base III, Apartado A, de la Constitución; así como 25, párrafo uno, de la Ley General de Partidos Políticos; 159, párrafos 4 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos brindan el marco legal para manifestarnos en contra de que esta práctica se siga dando por parte del Ejecutivo federal, ya que resulta un franco incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la Ley General de Comunicación Social, en el sentido de que no se podrán difundir campañas de comunicación social con contenidos que tengan por finalidad destacar de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público que incitan de forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, o que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se ha manifestado en el mismo sentido, al definir la necesaria institucionalidad que debe tener la propaganda gubernamental para preservar el principio de imparcialidad.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo federal ha realizado diversos actos que permiten presumir una ilegalidad que debe ser observada por parte de las autoridades correspondientes, al tiempo de adoptar las medidas que se estiman conducentes para prevenir a afectación a los principios rectores de imparcialidad en materia electoral.

Lo anterior, en virtud de que durante las conocidas conferencias mañaneras convocadas por el propio titular del Ejecutivo federal, la propaganda gubernamental en contra del huachicoleo o el video para influir a la ciudadanía con respecto a la Guardia Nacional utilizan con premeditación elementos coincidentes respecto a los colores utilizados por el Partido Morena, así como la imagen del presidente de la República, y contiene elementos de propaganda al emplear frases como: “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo atajar esta situación, al tiempo de impulsar una acción preventiva que nos ayude a garantizar la certeza de los procesos electorales y la confianza en los mismos, y en las instituciones encargadas de realizarlas a través de medidas que abonen al equilibrio democrático y a preservar la voluntad del Poder Constituyente Permanente, y los objetivos y finalidades de la reforma electoral.

Legisladoras y legisladores, cuidar la institucionalidad en cuanto al uso de propaganda gubernamental y diferenciarlo claramente de la utilizada por los partidos políticos resulta de vital importancia para no dañar a la democracia en nuestro país y mantener al gobierno de la República como un ente imparcial e independiente para desempeñar sus funciones, alejados de cualquier ideología de partido.

Es por esto que, las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que con la adopción de las medidas cautelares como la solicitada al INE en esta proposición con punto de acuerdo, sentará un precedente para evitar en el futuro infracciones a la normatividad electoral por parte de cualquier autoridad o servidor público en beneficio de cualquier partido político y con ello lograremos preservar la equidad y la igualdad como piedra angular de nuestro sistema político, pues tal como menciona el presidente de la República, como parte de los Poderes de la Unión debemos dar ejemplo de imparcialidad en nuestras funciones técnicas, porque el gobierno debe trabajar para las y los mexicanos sin distinción de colores. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la promoción personalizada del presidente de la República con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cuidar la institucionalidad en cuanto al uso de propaganda gubernamental por parte del Ejecutivo federal y diferenciarlo claramente de la utilizada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resulta de vital importancia para no dañar a la democracia en nuestro país y mantener al gobierno de la Republica, como un ente imparcial e independiente para desempeñar sus funciones alejado de cualquier ideología de partido.

Afirmamos lo anterior en función de que el gobierno federal utiliza logos y colores para la comunicación social de la administración pública federal, que constituye el uso de propaganda gubernamental, y confunde los colores que identifican a dicho partido político, en franca violación a la ley.

A partir de esta aseveración, consideramos que existen elementos que permiten presumir una ilegalidad que debe ser observada por parte de las autoridades correspondientes, al tiempo de adoptar las medidas que se estimen conducentes para prevenir la afectación a los principios rectores en la materia electoral y proteger el derecho a la libertad de expresión, y el acceso a la información pública.

Los partidos políticos emiten y difunden propaganda electoral de carácter genérico a fin de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía, lo cual realizan en ejercicio de la libertad de expresión y de difusión de ideas con que cuentan, sin embargo, dichas prerrogativas no son absolutas y mucho menos deben ser utilizadas por autoridad alguna para su beneficio electoral.

En este sentido, la legislación mexicana establece ciertas reglas que rigen el contenido de la propaganda electoral y gubernamental, los cuales en esencia buscan que las contiendas electorales se desarrollen bajo condiciones de equidad y legalidad.

Los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, además de su ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental; el 41, base III, apartado A, de la Constitución, así como 25, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 159, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos brindan el marco legal para manifestarnos en contra de que esta práctica se siga dando por parte del Ejecutivo federal. El artículo 134 constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo, señala:

Artículo 134.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público....”

En este sentido, podemos afirmar que el artículo 134 constitucional es muy claro cuando establece la prohibición de que: “ En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”; asimismo, establece que la propaganda “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social...”.Igualmente, los servidores públicos se obligan a “ aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Es por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos importante que la autoridad electoral actúe de manera inmediata en consecuencia, así como realizar un extrañamiento tanto al gobierno federal, como al partido Morena, para abandonar este tipo de prácticas que resultan perniciosas para la democracia y a los derechos de las y los mexicanos.

Lo anterior, en virtud de que durante las conocidas “conferencias mañaneras” convocadas por el propio titular del Ejecutivo federal, la propaganda gubernamental en contra del huachicoleo o el video para influir a la ciudadanía con respecto a la Guardia Nacional, utilizan con premeditación elementos coincidentes respecto a los colores utilizados por el partido Morena, así como la imagen del presidente de la República y de personajes de la historia de México a los que Andrés López Obrador hizo referencia durante la campaña para las elecciones presidenciales, con los que asegura que se identifica y que han influido en la construcción ideológica del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por lo que resulta razonable que de manera preventiva y tutelar, el Instituto Nacional Electoral (INE) adopte las medidas cautelares necesarias a fin de evitar un daño que ponga en riesgo la equidad de las próximas contiendas electorales y la libertad de expresión, que incluye la libertad de pensamiento y de acceso a la información pública como consecuencia de la sobreexposición indebida de la imagen del presidente de la República con los colores de su partido político a partir de una estrategia que se advierte premeditada, reiterada y permanente, como puede observarse:

Las imágenes anteriores, queda de manifiesto que el Gobierno de México utiliza los mismos colores que morena utiliza como base de la imagen de su contenido de difusión social y comunicación social, tal como se muestra a continuación:

Además, de acuerdo con lo que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios.

De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.

En este sentido, los recientes desplegados del gobierno federal resultan contrarios a estos criterios reiterados al hacer mención directa de un funcionario público, utiliza los colores alusivos al partido Morena y contiene elementos de propaganda al emplear frases como “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador” y se utiliza su imagen para promocionar políticas públicas:

Esta proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo atajar esta situación, al tiempo de impulsar una acción preventiva que nos ayude a garantizar la certeza de los procesos electorales y la confianza en los mismos, y en las instituciones encargadas de realizarlos, a través de medidas que abonen al equilibrio democrático y preservar la voluntad del Poder Constituyente permanente y los objetivos y finalidades de la reforma electoral:

[...] impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales (Iniciativa 2007)

Para los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, resulta clara y evidente una estrategia de comunicación social por parte del gobierno federal y del partido Morena donde se aprecia una conculcación por parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a las reglas de propaganda gubernamental y a la prohibición de difundir promoción personalizada.

Lo anterior, en franca violación de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en el sentido de que la propaganda gubernamental no puede tener un contenido de carácter electoral y la Ley General de Comunicación Social, cuya principal finalidad es evitar esta clase de situaciones que permitan influir en las preferencias electorales, desmeritando el trabajo de servidores públicos comprometidos con el ejercicio de sus funciones y atentando directamente contra derechos humanos, cuya protección y vigencia es prioritaria , tan es así que la libertad de expresión no puede ser suspendida, aun en ante la declaración de un estado de excepción de acuerdo con lo dispuesto en la constitución y en los tratados internacionales en la materia.

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social define las Campañas de Comunicación Social, como aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público y establece límites claros y precisos a estas dentro de su artículo octavo, el cual establece que las Campañas de Comunicación Social, deberán:

-Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales;

-Promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras;

-Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos;

-Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable;

-Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como en materia de protección civil;

-Difundir las lenguas nacionales y el patrimonio histórico de la Nación;

-Comunicar programas y actuaciones públicas.

Además, dicha legislación establece que no se podrán difundir como contenido de comunicación social contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, o que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

No obstante, el gobierno federal constantemente hace referencia a las frases empleadas en campaña como parte de su discurso institucional, emplea constantemente elementos que de forma directa o indirecta hacen referencia a Andrés Manuel López Obrador; emplea diseños y colores semejantes o iguales a los que usa Morena y convoca a la ciudadanía a participar en instituciones inexistentes, contraviniendo el principio de seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que expresamente la ley loa autorice para realizar.

Como puede advertirse, existen elementos suficientes que permiten justificar la intervención inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas cautelares para evitar que la propaganda gubernamental sea contraria a la normativa electoral y suspender patrones de sistematicidad que pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal que configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Y es por esto que las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que, con la adopción de las medidas cautelares como la solicitada en esta proposición con punto de acuerdo, sentará un precedente para evitar en el futuro infracciones a la normativa electoral por parte de cualquier autoridad o servidor público en beneficio de cualquier partido político y, con ello, lograremos preservar la equidad y la igualdad como piedra angular de nuestro sistema político, pues tal como menciona el presidente de la República, como parte de los Poderes de la Unión debemos dar ejemplo de imparcialidad en nuestras funciones técnicas.

En este sentido y con los objetivos anteriormente señalados es que las autoridades electorales están obligadas a ponderar el posible riesgo que representa la propaganda denunciada y, en su caso, ordenar el cese de su difusión con el propósito de evitar poner en riesgo futuras contiendas políticas, así como de los valores tutelados en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) a que adopte las medidas cautelares necesarias para ordenar la suspensión de la propaganda gubernamental del gobierno federal por el presunto uso de recursos públicos para la promoción personalizada del presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, que pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal que configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de comunicación social de su gobierno se cumpla estrictamente lo mandatado en el artículo 134 constitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal a que cumplan con lo dispuesto por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la prohibición de utilizar en la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Nota

1 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-270/2017.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—19 de julio de 2017

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de enero de 2019.— Senadores: Sylvana Beltrones Sánchezy Miguel Ángel Osorio Sánchez Chong (rúbricas).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, senadora Beltrones. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.



EXHORTO PARA QUE SE DÉ RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DEL PERMISO PARA MANEJO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, REMITIDAS POR COMERCIANTES DE TULTEPEC

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno del Estado de México sobre la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes de tianguis de pirotecnias San Pablito, en Tultepec.

La diputada Dionicia Vázquez García: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros. Son muchas las aristas en los que México requiere el apoyo de todas y todos para tener una economía fuerte. Por ejemplo, lo relativo a las actividades productivas de nuestros artesanos.

El tema que hoy les expongo es uno de ellos, el arte pirotécnico es factor de comunión y unidad familiar que, por generaciones, se reproducen, generan redes de relaciones entre productores y comercializadores. En la actualidad este oficio es la única fuente de ingresos para gran parte de la población o el complemento al salario de otros tantos.

Lo anterior nos constriñe en la obligación permanente de garantizar que las actividades relacionadas con dicho sector productivo se lleven a cabo con plena observancia y cumplimiento al marco normativo vigente en la materia.

El Estado de México es una entidad federativa en la que, se estima, en más de 72 municipios existe presencia de fabricantes de pirotecnia constante y 53 con actividad temporal. Cabe destacar que en el Estado de México se produce el 50 por ciento de la pirotecnia a nivel nacional.

En ese orden de ideas, nos convoca el caso particular del tradicional tianguis de pirotecnia San Pablito, en el municipio de Tultepec, Estado de México, del cual dependen cientos de familias directas o indirectamente de la comercialización de fuegos artificiales, quienes ven mermadas sus opciones de sustento diario, así como de desarrollo al no contar con los permisos de funcionamiento, toda vez que a la fecha cumplen cabalmente con los requisitos solicitados para el mismo.

Para poner en relieve la magnitud del presente asunto, Tultepec tiene más de 150 mil habitantes, de los cuales más del 60 por ciento depende de la pirotecnia. En ese orden de ideas, si tenemos en cuenta que el tianguis de pirotecnia San Pablito se construye como un centro de desarrollo regional importante, las autoridades competentes estarían obligadas a potencializar y no limitar su desarrollo económico regional, en acompañamiento por protocolos que garanticen la seguridad de las personas que allí se desenvuelven.

En el Partido del Trabajo estamos a favor de preservar la pirotecnia nacional, en el marco de los mejores protocolos de seguridad porque, además de ser el sustento de miles de familias, forma parte de nuestra identidad y riqueza cultural. Pero también estimamos de la máxima importancia garantizar condiciones de seguridad en la fabricación, uso, venta, traslado, almacenamiento, exhibición y, por supuesto, quema de fuegos artificiales.

A través de la presente proposición con punto de acuerdo se busca que, en el marco de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del Estado de México resuelvan las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y consumo de artificios pirotécnicos que les sean remitidos por los comerciantes del mercado de pirotecnia de San Pablito en Tultepec, Estado de México, para que la economía de estos no sea vulnerada.

Cabe señalar que es atribución exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional otorgar los permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos a través de la expedición del permiso general.

En el caso del Estado de México, para la gestión de dichos permisos se requiere presentar documentos emitidos por instancias municipales y estatales reguladas por el gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. En ese sentido, llama la atención que, desde el año 2017, en el gobierno del Estado de México y la Sedena han retrasado las acreditaciones y permisos necesarios para que la Sedena otorgue los permisos respectivos, impactando las ventas de los productores y comerciantes de Tultepec, mismas que han sido afectadas hasta en un 80 por ciento, con pérdidas económicas de hasta 400 millones de pesos por año. Cada año que ha transcurrido.

Asimismo, en Tultepec, más del 47 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. Por si esto no fuera suficiente, con la falta de una política pública que brinde la oportunidad de incrementar su potencialidad económica, por su perfil de gran productor artesanal de pirotecnia con reconocimiento a nivel mundial, se está cerrando la posibilidad de dar sustento y opciones de desarrollo a miles de familias.

Ante esta situación de suspenso por la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes, también se está dando a la consolidación del contrabando de pirotecnia proveniente de China o de la clandestinidad, lo que termina empañando a las administraciones locales cuando se presentan accidentes por no cumplirse...

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Concluya, señora diputada.

La diputada Dionicia Vázquez García: ...con la normatividad y el cuidado que está teniendo responsabilidad. Un momentito, por favor.

Ante ese panorama los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos el llamado a que el Congreso de la Unión contribuya a salvaguardar nuestras tradiciones como lo es la pirotecnia, motor de la economía del municipio de Tultepec, sin dejar de lado la salvaguarda de la integridad y vida de la población.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, señora diputada.

La diputada Dionicia Vázquez García: Debido a la naturaleza del asunto... –un momentito, le pido, por favor– ...solicito el apoyo de todos ustedes para apoyar el presente punto de acuerdo.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, diputada.

La diputada Dionicia Vázquez García: En ese tenor estamos llamados a concentrar esfuerzos del noble propósito de sentar las bases...

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Se ha excedido, señora diputada. La invito a concluir.

La diputada Dionicia Vázquez García: ...para garantizar el pleno... –Ya termino, ya termino–...desarrollo de los artesanos en el marco de los mejores protocolos para la seguridad de todas y todos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y el gobierno del estado de México a llevar a cabo acciones a fin de dar respuesta a las solicitudes del permiso general para comprar, almacenar y vender o consumir artificios pirotécnicos remitidas por los comerciantes del tianguis de San Pablito, en Tultepec, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El uso de fuegos artificiales en las celebraciones nacionales forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Forman parte del conjunto de diversas artesanías que nos han legado prestigio y distinción dentro del contexto internacional, una de las más importantes tiene que ver con la pirotecnia, lo que representa la principal actividad económica y cultural del municipio de Tultepec, en el estado de México.

El arte pirotécnico es factor de comunión y unidad familiar que por generaciones se reproducen y en la actualidad este oficio es la única fuente de ingresos para gran parte de la población o el complemento al salario de otros tantos.

Lo anterior, nos constriñe en la obligación permanente de garantizar que las actividades relacionadas con dicho sector productivo se lleven a cabo con plena observancia y cumplimiento al marco normativo vigente en la materia.

El estado de México es una entidad federativa en la que se estima que en más de 72 municipios existe presencia de fabricantes de pirotecnia constante y 53 con actividad temporal. Cabe destacar que en el estado de México se produce el 60 por ciento de la pirotecnia a nivel nacional.

En este orden de ideas, nos preocupa el caso particular del tradicional Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México, del cual dependen directamente 300 familias –y otros cientos más indirectamente– de la comercialización de fuegos artificiales, quienes ven mermadas sus opciones de sustento diario así como de desarrollo, al no contar con los permisos de funcionamiento toda vez que a la fecha cumplen cabalmente con los requisitos solicitados para el mismo.

En este sentido, a decir del director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Derek Isaac Cancino Aguilar se concluyó a mitad del año pasado con los procesos correspondientes para tramitar como si fuera la primera vez el permiso de funcionamiento.

Por otro lado, el propio funcionario calificó al Tianguis de la Pirotecnia de San Pablito como el “más importante” por la cantidad de producto que se comercializa, así como por su ubicación geográfica y una gran concentración de artesanos.

Para poner en relieve la magnitud del presente asunto, cabe mencionar que de acuerdo a cifras del Inegi, Tultepec tiene 150 mil 182 habitantes, de los cuales, más del 60 por ciento depende de la pirotecnia. En este orden de ideas, si tenemos en cuenta que el Tianguis de Pirotecnia San Pablito se constituye como el principal centro del desarrollo regional, las autoridades competentes estarían obligadas a potencializar –no limitar– su economía, con protocolos que garanticen la seguridad de las personas que allí se desenvuelven.

En este orden de ideas, un aspecto medular alrededor de la pirotecnia en México y en entidades como el estado de México, es la prevención, elemento que a su vez tiene como base protocolos, medidas y recomendaciones de seguridad encaminadas a inhibir accidentes que deriven en menoscabo a la salud e integridad de la población, como es el caso de quemaduras (por cohetes, pólvora y fuegos artificiales) o bien, afectaciones ocasionadas por los altos índices de contaminación que pueden llegar a producir con un manejo y control inadecuado.

En el Partido del Trabajo, estamos a favor de preservar la pirotecnia nacional, porque además de ser el sustento de miles de familias, forma parte de nuestra identidad y riqueza cultural. Pero también estimamos de la máxima importancia garantizar condiciones de seguridad en la fabricación, uso, venta, traslado, almacenamiento, exhibición y por supuesto, quema de fuegos artificiales.

Para ponderar la pertinencia de las acciones planteadas en el presente asunto, es oportuno referir que las consecuencias por accidentes relacionados con el manejo inadecuado de la pirotecnia van desde quemaduras leves, hasta pérdida o daño permanente de extremidades, e incluso, en fallecimientos.

A través de la presente proposición con punto de acuerdo, se busca que en el marco de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de México resuelvan las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estado de México, para que la economía de éstos no sea vulnerada.

Cabe recordar que es atribución exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgar permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos a través de la expedición del permiso general y/o el extraordinario.

En el caso del estado de México, para la gestión de dichos permisos, se requiere presentar documentos emitidos por instancias municipales y estatales reguladas por el gobierno del estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

En este sentido, llama la atención que desde el año 2016 el gobierno del estado de México ha retrasado las acreditaciones y permisos necesarios para que la Sedena otorgue los permisos respectivos, impactando en las ventas de los productores y comerciantes de Tultepec, mismas que han sido afectadas hasta en un 80 por ciento, con pérdidas económicas de hasta 400 millones de pesos por cada año que ha transcurrido.

Ante ello, durante el mes de septiembre de 2018, los representantes de los productores y comerciantes consiguieron un acuerdo para poder comercializar sus productos durante las fechas patrias y en la temporada decembrina, fechas en las que se presentan la mayor demanda de estos productos.

No obstante, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo considera que la fuente de ingreso de las familias que dependen de la pirotecnia no debe estar sometida a negociaciones coyunturales, sobre todo si los productores y comerciantes cumplen y están en disposición de acatar las medidas que garanticen la seguridad. Esto ha causado un golpe muy fuerte para la economía del municipio donde tengo el honor y la responsabilidad de representar a una población de más de 150 mil habitantes (más de 90 mil personas dependen directa o indirectamente de la elaboración y venta de productos pirotécnicos).

En Tultepec, el 47.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza Por si esto no fuera suficiente, con la falta de una política pública que brinde la oportunidad de incrementar su potencial económico por su perfil de gran productora artesanal de pirotecnia con reconocimiento a nivel mundial, no sólo se está cerrando la posibilidad de dar sustento y opciones de desarrollo a miles de familias y de seguir abonando a una de las principales atracciones turísticas que representa la pirotecnia de barrios y pueblos del país, sino que también se está dando pie a la consolidación del contrabando de pirotecnia proveniente de China.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT, hacemos el llamado a que el Congreso de la Unión contribuya a salvaguardar nuestras tradiciones, como lo es la pirotecnia, motor de la economía en el municipio de Tultepec, sin dejar de lado la salvaguarda de la integridad y vida de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno del estado de México para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos en el año 2019 por los comerciantes del Tianguis de Pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estado de México, en virtud de que el retraso en la entrega de estos permisos ha tenido como consecuencia graves afectaciones a la economía familiar de quienes se dedican a esta actividad productiva.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de México y el gremio de artesanos de productos pirotécnicos del municipio, fortalezcan los protocolos para garantizar la seguridad de los productores, comercializadores y consumidores de artesanías pirotécnicas, así como coadyuven al fortalecimiento de los protocolos de seguridad de los comerciantes del Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal de Protección Civil del estado de México, para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca las medidas y acciones en materia de prevención de accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales en el municipio de Tultepec, con énfasis en el Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México, a fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Notas

1 Importancia Social y económica de la Pirotecnia en México,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269970/ 1_IMPORTANCIA_PIROTECNIA_RODARTE.pdf Consultado el 8 de noviembre de 2018.

2 “Sin fecha de reapertura para tianguis de San Pablito”,

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ sin-fecha-de-reapertura-para-tianguis-de-san-pablito, consultado el 21 de noviembre de 2018.

3 Inegi. Encuesta Intercensal 2015, en

https://goo.gl/qUD6Xz, consultado el 7 de enero de 2019.

4 Programa anual de trabajo 2018-2019, de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, aprobado el 21 de noviembre de 2018.

5 En el párrafo segundo y tercero del artículo 37 de la Ley Federal de Armas y Explosivos se establece que:

El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades.

6 El artículo 42 de la Ley Federal de Armas y Explosivos señala lo siguiente:

Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta ley pueden ser:

I. Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se dediquen a estas actividades de manera permanente;

II. Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las negociaciones con permiso general vigente, y

III. Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este título se refiere.

7 Inegi, en:

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/ ?ag=15#tabMCcollapse-Indicadores

8 Tultepec y su explosiva industria de 300 millones de pesos, en:

https://www.forbes.com.mx/tultepec-y-su-explosiva-industria-de-300- millones-de-pesos/

9 Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/42745/Mexico­_108.pdf, consultado el 14 de enero de 2019.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.— Diputada Dionicia Vázquez García(rúbrica).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, diputada Dionicia Vázquez. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.



APLICAR EL SALARIO DE LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, A LA ZONA INDUSTRIAL DE PUEBLA

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Castañeda Pomposo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a considerar como zona industrial al estado de Puebla, para que le sea aplicado el salario de la zona libre de la frontera norte, suscrito por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Con su venia, senadora presidenta. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, a nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el diputado Fernando Manzanilla, hago la presente propuesta.

La definición del hombre como un ser que trabaja, debe cambiarse por la del hombre como un ser que desea. Octavio Paz.

Estamos viviendo cambios sustantivos en todas las esferas del gobierno y de la sociedad mexicana. Hemos visto que la resistencia al cambio es evidente por tantos años de prácticas en materia de política económica con ideas pragmáticas, que solo resolvían intereses privados de los grupos hegemónicos del poder que en esta cuarta transformación de México ya no tiene ni parte ni suerte.

Creemos que nuestro país, en esta transición y con una nueva visión de Estado, tiene grandes retos que tenemos que enfrentarlos con valentía y responsabilidad, con la premisa de que cada mexicano tenga las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo humano pleno.

Cada zona geográfica de cada rincón de nuestra nación aporta grandes riquezas materiales y humanas, así como culturales y bienes intangibles. De ahí que las políticas económicas de esta nueva administración, que dirige con estatura de miras nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos seguros nos llevará a buen puerto.

Sin embargo, también creemos, en Encuentro Social, que la suma de ideas y propuestas por parte de todos los ciudadanos, y, en este caso, nosotros, los que representamos en esta soberanía y día a día recogemos sus anhelos y aspiraciones, tenemos la obligación y responsabilidad de hacer escuchar sus voces y demandas.

El estado de Puebla, en estos últimos años, se ha convertido en una zona geográfica y económica con gran ponderación en la economía nacional. De ahí que el producto interno bruto de Puebla, en 2016, representó el 3.4 por ciento y ocupó el lugar 10 con respecto al total nacional; y en comparación con el año anterior, tuvo una variación con valores constantes de 3.1 por ciento. Sus actividades principales son servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e inmuebles, 14.8 por ciento; fabricación de maquinaria y equipo, 11.3 por ciento; comercio al por menor, 10.1 por ciento; construcción, 7.4 por ciento; y comercio al por mayor, 7.2 por ciento. Juntos representan el 50.8 por ciento del producto interno bruto del estado.

Los sectores relevantes estratégicos son la industria automotriz, autopartes y metal mecánica, química, plásticos, textil, confección e industria alimentaria. Por otra parte, con 304 mil 409 unidades económicas, lo que representa el seis por ciento del total de nuestro país y, por si fuera poco, con 19 parques industriales y tecnológicos.

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el grupo del Banco Mundial, que clasifica las economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar en México, a diferencia del informe anterior, donde ocupaba el onceavo.

Todos sabemos que, en el 2018, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó el incremento de los salarios. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo faculta a esta Comisión a determinar la división de la República en áreas geográficas, que están constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario.

Consideramos que es importante, en este momento, en el que se están tomando decisiones importantes, volver a plantear la rezonificación, considerando homologar los salarios de la zona norte con la zona geográfica de Puebla, dadas las condiciones de competencia económica expuestas y las características particulares que elevan a esta demarcación como una zona emergente, de crecimiento exponencial y seguramente en beneficio en términos generales y regionales.

Por tanto, Encuentro Social está a favor de esta proposición de exhortar, en la medida de sus competencias, a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que reconsidere que el estado de Puebla, como estado industrial, pueda ser incluido en el área geográfica o de la zona libre de la frontera norte y, de esta manera, aspirar a una nación con igualdad de oportunidades para todo el país.

Un México con un marco de igualdad de oportunidades es posible. Muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a considerar Puebla como zona industrial para aplicarle el salario de la zona libre de la frontera norte, suscrita por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Puebla cuenta con una superficie de 34 mil 306 kilómetros cuadrados. Se localiza al centrooriente del país. El clima es templado subhúmedo y cálido subhúmedo, principalmente, con una temperatura media anual de 17.5 grados centígrados, y una precipitación media anual de mil 270 mm.

La población total es de 6 millones 168 mil 883 personas. De ellas, 52.3 por ciento corresponde a mujeres y 47.7 a hombres, según la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El producto interno bruto (PIB) de Puebla en 2016 representó 3.4 por ciento y ocupó el lugar 10 respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 3.1 por ciento.

Entre las principales actividades se encuentran servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (14.8 por ciento), fabricación de maquinaria y equipo (11.3), comercio al por menor (10.1), construcción (7.4) y comercio al por mayor (7.2). Juntas representan 50.8 por ciento del PIB estatal.

Los sectores estratégicos en el estado de Puebla son: automotriz y autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil-confección e industria alimentaria.

El indicador trimestral de la actividad económica estatal ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para el tercer trimestre de 2017, Puebla registró un crecimiento en su índice de actividad económica de 8.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y terciarias registraron una variación anual positiva de 9.6, 17.5 y 3.3 por ciento, respectivamente. Las actividades secundarias contribuyeron más al desempeño económico de la entidad. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 304 mil 409 unidades económicas, lo que representa 6.0 por ciento del total en el país. Al cuarto trimestre de 2017, la población económicamente activa (PEA) ascendió a 2 millones 851 mil 683 personas, lo que representó 61.3 de la población en edad de trabajar. De la PEA, 97.5 por ciento está ocupado y 2.5 desocupado.

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 19 parques industriales o tecnológicos:

• Área industrial San Felipe Chachapa

• Parque industrial El Carmen

• Conjunto industrial Chachapa

• Parque industrial Esperanza

• Corredor Empresarial Cuautlancingo, AC

• Parque industrial Tehueya

• Fraccionamiento industrial Resurrección

• Parque industrial textil

• Parque industrial 5 de mayo

• Parque industrial Valle de Tehuacán

• Parque industrial Volkswagen, Fraccionadora Industrial del Norte, SA de CV (FINSA)

• FINSA, Puebla Industrial Park

• Parque industrial Puebla 2000

• Centro de Innovación y Tecnología del ITESM o Parque industrial San Miguel, corredor industrial Quetzalcóatl

• Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Ibero Puebla

• Área Uno corredor industrial Quetzalcóatl

• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

• Parque Industrial San José Chiapa, Audi

De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016, publicado por el Inegi, Puebla contaba en 2015 con una longitud carretera de 10 mil 319 kilómetros y mil 57.2 de vías férreas, 1 aeropuerto nacional y 1 internacional, y 5 aeródromos.

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica las economías por su facilidad para hacer negocios, Puebla ocupa el cuarto lugar en México, a diferencia del informe anterior, donde ocupó el undécimo.

Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Puebla ocupa el segundo lugar para apertura de una empresa, el cuarto respecto a la obtención de permisos de construcción, el tercero en registro de propiedades y el decimocuarto en cumplimiento de contratos.

De lo expuesto se desprende que Puebla es un estado industrial con grandes ventajas para la inversión y con la mayoría de su población económicamente activa.

En diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó el incremento de los salarios mínimos. La fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo disponen igualmente que los salarios mínimos deben ser fijados por la Conasami.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la comisión nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Con base en este precepto se solicita a la Conasami que se modifique la ubicación en el área geográfica de Puebla para que pase a ser de la frontera norte y se aplique el aumento de salario que se determinó para esa zona, como se expresa a continuación:

De acuerdo con la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional y en el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica propuso al Consejo de Representantes crear la zona libre de la frontera norte, la cual estará vigente a partir del 1 de enero de 2019 e integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de América: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.

Por lo anterior, para efecto de la aplicación del salario mínimo general y para los salarios mínimos profesionales, el país queda dividido en dos áreas geográficas, conformada por la Zona Libre de la Frontera Norte, integrado por los municipios anteriormente citados, y el resto de los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Fuente: salariominimo2018mexico.com/salario-minimo-2019-mexico/

Los incrementos realizados son el primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la Nueva Cultura Salarial.

Según la Coparmex a partir del 1 de enero de 2019 el nuevo gobierno habrá conseguido el primer objetivo de esta nueva política salarial, llegar al bienestar personal.

Los tres retos que faltan son:

Que el SMG alcance el bienestar familiar.

Que los salarios mínimos sean comparables con los de latinoamericanos.

Que el salario mínimo recupere su nivel histórico más remunerativo en cuatro décadas.

Con la presente se propone que Puebla como estado industrial con un producto interno bruto en 2016 que representó 3.4 por ciento y ocupó el lugar 10, respecto al total nacional, tiene oportunidad de compartir el salario mínimo establecido para la frontera norte.

La zona libre de la frontera norte abarca 6 estados y 43 municipios, que dan cuenta de 7.5 por ciento del producto interno bruto del país, cuyo desempeño económico avanza más rápido que el resto de la economía, pues de 2013 a 2017 la región creció 3.1 por ciento en relación con el 2.6 alcanzado a escala nacional.

De lo expuesto a lo largo de la presente proposición se observa que Puebla comparte una característica en común con los estados de la zona libre de la frontera norte, su desempeño económico avanza más rápido que el resto de la economía.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a cambiar de área geográfica a Puebla para que quede en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte con fundamento en el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que reconsidere que Puebla como estado industrial pueda ser incluido en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte.

Notas

1 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/157940/puebla_2016_ 1024.pdf La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.

2 Fuente: salariominimo2018mexico.com/salario-minimo-2019-mexico/

3 manufactura.mx/industrias/2019/01/07/los-estimulos-fiscales-de-la-frontera-nort e-empujaran-a-la-industria

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.— Diputados: Javier Julián Castañeda Pomposo, Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbricas).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, diputado Castañeda. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.



INFRACCIONES AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y A LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica Juárez Piña, a nombre del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El pasado 10 de enero, el Ejecutivo federal situó en sus páginas oficiales una imagen que hace referencia a la estrategia contra el huachicoleo, implementada esta estrategia en los últimos días por el gobierno federal, en la que, a la letra, se leía: Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta imagen fue retirada días después sin ninguna explicación. Lo anterior, sin duda, violenta los principios constitucionales establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional y en la Ley General de Comunicación Social, y de lo que ya platicó también en un punto de acuerdo, con el que estamos coincidiendo, la senadora Beltrones.

Asimismo, el día 13 de enero de 2019, el titular del Ejecutivo anunció el inicio del reparto de la Cartilla Moral que, según se lee en sus páginas, es una reedición del texto de Alfonso Reyes, publicado en 1944 y sacado totalmente de contexto, sin tomar en consideración que se trate de un documento histórico y no una guía ética.

El titular del Ejecutivo federal señaló, abro comillas que “es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México, por eso se va a empezar a distribuirse esta Cartilla Moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, no solo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma”, cierran comillas. Haciendo con esto una apología de la pobreza violando los principios del Estado laico y vulnerando la esfera privada de las y los ciudadanos.

Si bien esta Cartilla tiene un carácter histórico, indudable, no puede ser aplicada en la época contemporánea, debido a que violenta los derechos de las mujeres y los distintos tipos de familia, ya que cuando fue escrito ni las mujeres habíamos logrado el derecho a votar, menos se hablaba de igualdad, ni estaban reconocidos los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual.

Por lo anterior, es importante mencionar que en ambos casos el Ejecutivo federal trasgrede lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, el cual establece, leo: La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales las entidades de la administración pública, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Aún más, la Cartilla Moral contraviene a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5, en la Ley General de Comunicación, el que establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, se deberá atender el respeto a la libertad de expresión, al fomento del acceso ciudadano a la información que debe de contribuirse a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetando la diversidad social y cultural de la nación.

En el propio ordenamiento se establece que toda la propaganda gubernamental deberá respetar los derechos constitucionalmente concedidos, situación que no se cumple dado el anacronismo del texto de la Cartilla Moral, de Alfonso Reyes y la adaptación repartida por el actual gobierno.

Es por lo anterior que atentamente solicitamos a la Oficina de la Presidencia que nos informe respecto a los recursos erogados durante el mes de diciembre pasado, en comunicación social, así como también solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que se inicien las investigaciones correspondientes y que, en su caso, quien sea responsable de esta afrenta a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI sea responsabilizado administrativa y penalmente.

Exigimos que la actuación del gobierno federal respete los derechos de las mujeres, lo que hemos conquistado a fuerza de muchos años de lucha, desde la conquista del voto hasta la igualdad sustantiva, que poco a poco hemos ido arrebatando.

No resulta congruente con el discurso oficial que, en medio de la discusión de la militarización de la seguridad pública –de la que las mujeres hemos sido botín de guerra y víctimas de la violencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas–, el Ejecutivo federal fomente un discurso anacrónico y que atenta contra nuestros triunfos, que han costado vidas y sufrimientos para muchas mexicanas. Es cuanto, presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones del artículo 134 constitucional y la Ley General de Comunicación Social, a cargo de los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades para rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional y a la Ley General de Comunicación Social, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El 10 de enero de 2019, el Ejecutivo federal situó en todas sus páginas oficiales una imagen que hace referencia a la estrategia contra el huachicoleo, implementada en los últimos días por el gobierno federal en la que, a la letra, se leía: “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”. Esta imagen fue retirada días después sin ninguna explicación. Lo anterior, sin duda, violenta los principios constitucionales establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

2. El 13 de enero de 2019, el Presidente de la República anunció el inicio del reparto de la Cartilla Moral que, según se lee en sus páginas, es una reedición del texto de Alfonso Reyes, publicada en 1944 y sacada de contexto. El titular del Ejecutivo federal señaló que “Es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México. Por eso va a empezar a distribuirse esta cartilla moral porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma”, haciendo una apología de la pobreza.

Si bien esta cartilla tiene un carácter histórico indudable, no puede ser aplicada en la época contemporánea debido a que violenta los derechos de las mujeres y de los distintos tipos de familias, ya que cuando fue escrito, ni las mujeres tenían derecho siquiera a votar –menos se hablaba de igualdad– ni estaban reconocidos los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI).

3. En ambos casos, el Ejecutivo federal transgrede lo establecido tanto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional como en el artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social que, a la letra, establece:

Artículo 134. ...

...

...

...

...

...

...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (énfasis añadido).

Ley General de Comunicación Social:

Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar con los siguientes principios rectores:

a) La eficacia, en uso de los recursos públicos;

b) La eficiencia de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto de comunicación social;

c) La economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social;

d) La transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la comunicación social de los entes públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras disposiciones jurídicas aplicables;

e) La honradez que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, que justifique la contratación sujetándose a criterios de calidad cumpliendo los propósitos de la comunicación social;

f) La objetividad e imparcialidad que implica que la comunicación social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos;

g) La institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social;

h) La necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o atención;

i) La congruencia entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo, y

j) La veracidad de la información que se difunde.

Adicionalmente, deberá atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y debe contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetará la diversidad social y cultural de la nación.

La secretaría administradora deberá contemplar en los lineamientos que emita, los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios previstos en el presente artículo.

4. En el propio ordenamiento se establece que toda la propaganda gubernamental deberá respetar los derechos constitucionalmente concedidos, situación que no se cumple dado el anacronismo que el texto de la Cartilla Moralde Alfonso Reyes y la adaptación repartida por el actual gobierno.

5. La Ley General de Comunicación Social indica, en su artículo 25 que las dependencias y entidades de la administración pública deberán publicar, en los primeros 15 días del mes de enero, su estrategia de comunicación para el año en ejercicio. Asimismo, el artículo 33 indica que, en los primeros diez días de cada mes, las dependencias y entidades deberán entregar a la Secretaría de la Función Pública un informe relativo al ejercicio del gasto del mes anterior en materia de comunicación social y que la Auditoría Superior de la Federación deberá auditar, en tiempo real, el ejercicio de estos recursos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Oficina de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República informe relativo a los gastos generados por la campaña personalizada de apoyo al Presidente de la República por la estrategia antihuachicoleo, en los portales oficiales de todas las dependencias de la administración pública federal.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Oficina de la Presidencia información pormenorizada respecto a la estrategia de comunicación social del gobierno federal, en términos de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación inicien las investigaciones correspondientes y, en su caso, finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, en términos de la legislación aplicable, por

a) La campaña personalizada de apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la estrategia antihuachicoleo.

b) El reparto de la Cartilla Moralde Alfonso Reyes, sin la especificación de que se trata de un documento histórico y que violenta los derechos constitucionales de las mujeres y la comunidad LGBTTTI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.— Diputada y diputado: Verónica Beatriz Juárez Piña, Ricardo Gallardo Cardona (rúbricas).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, diputada Juárez. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.



DETERMINAR SI SE GENERARON RIESGOS A LA SALUD DE LAS POBLACIONES CERCANAS A LA EMPRESA QUÍMICA CENTRAL EN GUANAJUATO

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara para presentar proposición con punto de acuerdo para realizar las acciones pertinentes y determinar si, derivado de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central, en el estado de Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la contaminación es un fenómeno multifactorial que se da en el planeta de forma creciente, principalmente por el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y la explotación desmedida de los ecosistemas.

Nuestro país ha sufrido, desde hace décadas, los efectos negativos de la contaminación en el aire, agua y subsuelo, misma que ha buscado revertirse mediante el diseño y la implementación de leyes y políticas públicas que atiendan la problemática de forma preventiva y reactiva.

La contaminación que se presenta varía, dependiendo de la región, de sus actividades, usos y costumbres y sector económico predominante.

La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer, en el 2017, que existían 623 sitios contaminados o potencialmente contaminados en los estados de la República, lo cual evidencia la gravedad de la situación. De acuerdo al total de sitios identificados, los cinco estados con mayor concentración de estos sitios fueron: Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Colima.

En el caso de Guanajuato, cabe mencionar que cuenta con 48 sitios. Es decir, un alto porcentaje de los sitios contaminados del país se encuentran en el estado de Guanajuato; lo que hace urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen para atender la problemática ambiental que se presenta.

Desafortunadamente, esta entidad federativa tiene casos emblemáticos en materia de contaminación ambiental, surgidos como consecuencia de la operación por décadas de empresas, en diferentes ramos de la industria, que no tuvieron los procedimientos adecuados en su cadena productiva.

Hay dos casos emblemáticos: el de Tekchem y el de Química Central. En lo que respecta a Tekchem, hay un plan que podría seguirse implementando, el conocido como Plan Salamanca 2016 y 2018; sin embargo, relacionado con la empresa Química Central, está pendiente de intervención.

En relación con esta empresa, es importante señalar que su situación es particular, porque todavía hay vigentes procedimientos judiciales que no han emitido una situación definitiva en la parte jurídica, por la probable afectación al medio ambiente, derivado de un inadecuado manejo de sus residuos peligrosos. Esto está concentrado en la región de San Francisco del Rincón y algunas zonas aledañas al municipio de León.

Los residuos peligrosos que generó en grandísimos volúmenes esta empresa. Se habla de entre 400 y mil toneladas de cromo hexavalente dispuesto de manera inadecuada. Estamos hablando simplemente de montañas de cromo que no tienen protección hacia el subsuelo y que no tienen más que plásticos encima. Cuando llueve se filtra al subsuelo, cuando hace viento sopla por los aires y dispersa el polvo, que es altamente cancerígeno.

A pesar de la grave situación que se enfrenta en la región a causa de esta empresa Química Central, a la fecha no se ha advertido, de manera oficial, los datos de personas enfermas por causas relacionadas a estos pasivos ambientales.

Por ello, es importante que las autoridades federales y estatales implementen las medidas urgentes para hacer los estudios necesarios y dar a conocer las afectaciones a la salud, así como el tipo de padecimiento que se presenta, con el objetivo de que se diseñen e implementen acciones precisas para revertir dichas afectaciones y prevenirlas, porque el pasivo ambiental de cientos de miles de toneladas sigue ahí, cromo hexavalente, cancerígeno, corrosivo, tóxico, es un veneno que vuela y que se infiltra por todas partes. Derivado de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cofepris, por conducto de la Secretaría de Salud federal, así como a la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, para que realicen las acciones pertinentes para determinar los daños a la salud derivados de los pasivos ambientales de la empresa Química Central y cualquier riesgo que esté potencialmente amenazando a la población. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar acciones y determinar si, de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega y Beatriz Manrique Guevara, así como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Humberto Pedrero Moreno y Francisco Elizondo Garrido, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contaminación es un fenómeno multifactorial que se da en el planeta de forma creciente, principalmente por el desarrollo económico, el crecimiento demográfico, y la explotación desmedida de los ecosistemas.

El país ha sufrido desde hace décadas, los efectos negativos de la contaminación en el aire, agua y subsuelo; misma que ha buscado revertir mediante el diseño e implementación de leyes y políticas públicas que atiendan la problemática de forma preventiva y reactiva.

La contaminación que se presenta en México varía en cada región, pues depende de los usos y las costumbres de la población, las características de su sector económico, y de las acciones que realiza para atender y aminorar sus efectos.

Dada la desigual distribución geográfica de la industria y la dispar presencia de tipos de industrias en cada región, sus efectos ambientales difieren sustantivamente. Se puede distinguir estados con una alta intensidad de generación de contaminantes con relación a su producto, como parece ser el caso de Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Otros estados, en cambio, a pesar de su alta concentración de industrias, presentan una baja intensidad de contaminación por unidad de producto industrial, como es el caso del estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal.

Las afectaciones que provoca la contaminación es diversa y va en detrimento del bienestar de la vida de las personas y su entorno físico, afectado la calidad del aire, agua, flora y fauna de la zona donde se manifiesta.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer que en 2017 se contabilizaron 623 sitios potencialmente contaminados y contaminados en las entidades federativas, lo que evidencia la gravedad de la situación, y alerta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para seguir implantando estrategias tendentes a revertir los efectos negativos que se generan.

De acuerdo con el total de sitios potencialmente contaminados y contaminados identificados en 2017, cabe resaltar que los cinco estados con mayor número son Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima.

Guanajuato, de acuerdo con las cifras de la Semarnat, cuenta con 48 sitios potencialmente contaminados y contaminados, lo que hace urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen para atender la problemática ambiental que se presenta, y así garantizar la calidad de vida de la población.

Desafortunadamente, esa entidad federativa cuenta con casos emblemáticos en materia de contaminación ambiental, surgidos como consecuencia de la operación por décadas de empresas en diferentes ramas de la industria, sin los procedimientos adecuados dentro de su cadena productiva, lo que ha generado importantes pasivos ambientales que afectan el entorno físico de la región, contaminando el aire, agua, flora y fauna; y ocasionando diferentes problemas de salud pública.

Se registran 2 mil 349 empresas, que generan 60 mil 818.24 toneladas de residuos peligrosos, que representan 3.42 y 3.17 por ciento a escala nacional, respectivamente, por tipo de categoría los grandes generadores aportan 58 mil 193.27 toneladas, siendo el sector industrial de mayor generación el automotriz, con 19 mil 752.83 toneladas, y en cuanto a los tipos de corrientes la de mayor generación son los sólidos, con 30 mil 649.61 toneladas.

Los casos de las empresas Tekchem y Química Central son particularmente relevantes en Guanajuato, en razón de que su operación durante décadas ha generado pasivos ambientales, como consecuencia de no realizar adecuados procesos y procedimientos en su cadena productiva, ocasionado en las regiones en donde tienen presencia, afectaciones al medioambiente y a la salud de la población.

Tekchem ha sido objeto de intervención por el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, a través Plan Salamanca 2016-2018, el cual tiene como finalidad atender los problemas en materia de contaminación provocados por algunas empresas en la región, a través de acciones específicas para cada caso concreto.

De acuerdo con lo señalado en el Plan Salamanca, con relación a esta empresa, se identificaron algunos resultados de las acciones emprendidas para revertir las afectaciones causadas en materia de impacto ambiental en la región de Salamanca, sin embargo, los avances son lentos y la atención del problema durará varios años.

Como parte de las acciones implantadas para revertir las afectaciones en la salud de las personas que habitan en la región donde se encontraba Tekchem, se realizó por la Cofepris, tareas para identificar las mismas, con el objetivo de garantizar su adecuada y pronta atención, así como para descartar que los contaminantes siguieran provocando daños a la población.

De esa forma, se observa que pese a que el gobierno federal está interviniendo de forma integral para solucionar las afectaciones generadas por la multicitada empresa, aún queda pendiente establecer acciones para revertir las afectaciones generadas por Química Central en el Guanajuato, que no está siendo sujeta de intervención por las autoridades, para identificar y atender las posibles afectaciones a la salud que pudieran estarse presentando en la población.

La situación de Química Central es particular, pues sigue bajo procedimiento judicial y no se ha emitido una resolución al respecto, por la probable afectación del ambiente, derivado de un inadecuado manejo de sus residuos peligrosos, lo que presumiblemente ha ocasionado afectaciones en el agua de la región, y en la salud de los habitantes de San Francisco del Rincón, y de algunas zonas de León.

No sólo en las instalaciones de Química Central se encuentran residuos tóxicos a su interior, prueba de ello es este cementerio en la comunidad Los Pedroza, sin embargo, se ha hablado que en algunos fraccionamientos de la periferia de León, casi colindantes con el municipio de San Francisco del Rincón, se han hecho reportes a Profepa, que cuando llueve, del suelo brota una salinidad color verde y amarilla, reacción muy similar que se encuentra en el cementerio toxico de la comunidad Los Pedroza.

Los residuos peligrosos que generó la empresa, de acuerdo a lo que se identifica en diferentes notas de prensa, son principalmente cromo hexavalente, que de acuerdo a lo que se señala en la Norma Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2014, es potencialmente cancerígeno, lo que debe de encender los focos de alerta para que con la mayor brevedad se implanten acciones para conocer el estado de salud de la población, y en su caso continuar con las medidas para revertir los efectos negativos que ocasiona el mal confinamiento de los residuos peligrosos de la empresa, toda vez que contaminan el suelo y subsuelo, además de afectar los acuíferos y el ambiente.

De acuerdo con lo señalado en diversas notas de prensa, la empresa Química Central no manejó de forma adecuada sus residuos peligrosos, por lo cual los confinó en sitios no autorizados y a cielo abierto, afectando de forma directa el entorno, así como la salud de las personas.

El 26 abril de 2017, la Profepa fincó una multa económica de 33 millones 396 mil 247 pesos Química Central ubicada en San Francisco del Rincón, al ser una fuente generadora de los residuos peligrosos y responsable de su debido manejo, disposición final y/o tratamiento, derivado del inadecuado almacenamiento y depósito de los residuos peligrosos observados, entre ellos aproximadamente 196 mil toneladas de residuos con cromo hexavalente.

Pese a la grave situación que se enfrenta en la región a causa de la empresa Química Central, a la fecha no se ha advertido que existan datos oficiales sobre el número de personas enfermas por causas relacionadas a los pasivos ambientales de dicha la empresa, por lo que es importante que tanto las autoridades federales como estatales, implementen medidas urgentes para conocer el número de personas con afectaciones en su salud, así como el tipo de padecimiento que presentan, con el objetivo de que se diseñen e implanten acciones precisas para revertir dichas afectaciones.

Derivado de lo aquí expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Cofepris, por conducto de la Secretaría de Salud federal, y a la Secretaría de Salud de Guanajuato a realizar las acciones pertinentes para determinar si derivado de los pasivos ambientales de la empresas Química Central se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, y en consecuencia implantar las medidas necesarias para revertirlas y garantizar la salud de la población.

Notas

1 Véase Semarnat, 2010. Industria y medio ambiente. Recuperado el 7 de octubre de 2018, de

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= D2_R_INDUSTRIA01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

2 Véase Semarnat, 2018. Sitios potencialmente contaminados y sitios contaminados registrados en el Sisco como pasivos ambientales. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_SITIOS03_01 &IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*

3 Véase Semarnat, 2012. Integración y actualización del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos. Recuperado el 1 de octubre de 2018, de

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/ CD001401.pdf

4 Véase Semarnat, 2018. Plan Salamanca 2016-2018. Recuperado el 6 de octubre de 2018, de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389098/ plan_salamanca_31_agosto.pdf

5 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017. Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017. Recuperado el 1 de octubre de 2018, de

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/ 702825092146.pdf

6 Véase Flores, P., 27 de abril de 2017. “Química Central tiene un depósito de residuos tóxicos”. Recuperado el 4 de octubre de 2018, de

http://www.milenio.com/estados/quimica-central-tiene-un-deposito-de- residuos-toxicos

7 Véase Secretaría de Economía, 2015. NMX-AA-044-SCFI-2014. Recuperado el 2 de octubre de 2018, de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166148/nmx-aa-044-scfi-2014.pdf

8 Véase Milenio Digital, 2018. “Retira Química Central residuos peligrosos de manera ilegal”. Recuperado el 5 de octubre de 2018, de

http://www.milenio.com/politica/gobierno/retira-quimica-central- residuos-peligrosos-ilegal

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.— Diputadas y diputados: Beatriz Manrique Guevara, Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Rogelio Rayo Martínez, Jesús Carlos Vidal Peniche, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Humberto Pedrero Moreno, Francisco Elizondo Garrido (rúbricas).»

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, diputada Beatriz Manrique Guevara. En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si se aprueba la proposición.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se consulta si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, les ruego manifestarlo de la misma manera. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Aprobada. Comuníquese.

DICTAMEN A DISCUSIÓN



RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INEGI

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo por el que se aprueba la designación de miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Dictamen de la Primera Comisión de Trabajo por el que se aprueba la designación de miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Para este propósito, tiene la palabra el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos.

El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la Mesa Directiva. El dictamen que hoy ponemos a su consideración propone la ratificación de los ciudadanos Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información.

El Estado mexicano cuenta con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con fundamento en el artículo 26 constitucional. Dicho sistema es un organismo con autonomía propia, técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer su observancia.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los miembros de la Junta de Gobierno deberán reunir los siguientes requisitos:

Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, no tener más de 70 años cumplidos al día de la designación, ser profesional distinguido en las materias de estadística, geografía, economía; así como haber ocupado durante cinco años algún cargo de alto nivel, ya sea en el sector público o privado; no haber sido sentenciado por delitos intencionales, o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo.

Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio para la elaboración del presente dictamen, el día de hoy, 15 de enero, sesionó la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y comparecieron en esta Comisión los ciudadanos:

Enrique Jesús Ordaz López, quien cumple plenamente con los requisitos de ley para ocupar el cargo como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.

Por lo que daré a conocer solamente algunos de los espacios y del currículum de cada uno de ellos.

El ciudadano Enrique de Jesús Ordaz López, ha estado involucrado en diversos proyectos de producción, análisis y difusión de estadísticas. Actualmente es director general de Integración, Análisis e Investigación en el Inegi.

Ha colaborado en proyectos metodológicos de producción de datos. Funge como presidente del Grupo Interinstitucional de Expertos de la ONU sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que elabora el marco de indicadores globales para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con la constancia de puestos expedida por la Dirección General de Administración y la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, el ciudadano Enrique de Jesús presta sus servicios al instituto y los puestos de alto nivel en su trayectoria profesional suman 14 años nueve meses.

Respecto al ciudadano Adrián Franco Barrios, esta Comisión certifica que cuenta con la siguiente experiencia: dirige la generación de información estadística de gobierno, crimen, seguridad pública, victimización, justicia y sistema penitenciario del instituto. Coordina el diseño e implementación de los censos nacionales de gobierno de las encuestas nacionales en hogares y en unidades económicas, y de la compilación y explotación de registros administrativos.

De acuerdo con la constancia de puestos expedida por la Dirección General de Administración y la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, el ciudadano Adrián Franco Barrios presta sus servicios al Instituto y los puestos de alto nivel en su trayectoria profesional suman nueve años ocho meses.

A juicio de los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de esta Comisión Permanente, los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios, cumplen con el perfil y los requisitos precisados por la ley y por la Constitución.

Cabe señalar que en esta Comisión fueron interrogados y fueron requeridos sobre ciertas informaciones para que ellos pudieran ampliar en cada una de sus actividades y de sus labores que han desempeñado.

Felicitamos al gobierno de la República, que proponga a integrantes en la Junta de Gobierno con experiencia y, sobre todo, que tengan las credenciales necesarias para llevar a cabo una gran responsabilidad como es la estadística, la geografía y la informática. Es cuanto, estimada presidenta.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, senador Ramírez. Está a discusión el dictamen.

Se han registrado los siguientes oradores: la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, y la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, por el PAN. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Comisión Permanente está a favor del dictamen emitido por la Primera Comisión en relación a las designaciones del doctor Enrique Jesús Ordaz López y el maestro Adrián Franco Barrios, como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Quiero señalar dos aspectos muy relevantes, a mi juicio, que hay en el perfil de ambos futuros –si así lo aprueba esta Comisión– integrantes de la Junta, en su calidad de vicepresidentes.

El primero de ellos es que ambos son servidores públicos de carrera en el Inegi. Esto, en tiempos de improvisaciones, de nombramientos de personas que no reúnen los perfiles, es verdaderamente un acierto, una perla por parte del gobierno de la República.

Me parece muy importante destacar que en el caso del doctor Ordaz, él comenzó desde 1986 como coordinador de investigación de economía informal; y, en el caso del maestro Franco, tiene bajo su responsabilidad un aspecto muy relevante en materia estadística, como son las estadísticas de seguridad.

La otra cuestión que quiero destacar es que el Inegi se apresta a enfrentar el reto de levantar el Censo de Población 2020. No es la encuesta, no es el conteo, sino el censo que se levanta cada 10 años, y para ello lo va a hacer con los cinco integrantes de su Junta de Gobierno, convenientemente nombrados y ratificados, para que hagan su trabajo.

Espero que el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados haga posible la preparación del censo a la medida de las necesidades que tenemos. Y la otra, el otro elemento que quiero señalar, es que estos integrantes del Inegi, su Junta de Gobierno, tendrán que defender el Concepto 6, porque se está utilizando la palabra en forma por demás libérrima para hablar del Censo de Bienestar, que no es otra más que una encuesta con una dudosa metodología que se está levantando en todo el país para acreditar un padrón de beneficiarios.

El censo, lo sabemos todos y la información estadística por ley, no puede dar nombres de personas, tienen que ser al menos cinco, para que pueda tener característica de información censal.

Entonces, hemos sido cuidadosos siempre en no utilizar el concepto censo, para no confundir a la población, y en otro momento y en otras circunstancias, hablemos de esta integración del padrón de beneficiarios y la falta absoluta de técnica y, sobre todo, de reglamentos para poderlo realizar con la objetividad que demanda la política social del país.

Así que, por ahora, el pleno apoyo al nombramiento de dos personas que, con su perfil técnico, van a contribuir, indudablemente, a fortalecer a este órgano constitucional autónomo. Muchas gracias.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, diputada Sauri. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la senadora Xóchitl Gálvez.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, señora presidenta. La verdad es que queremos reconocerle, a nombre del Partido Acción Nacional, al presidente de la República, los buenos perfiles que envió para ser ratificados como vicepresidentes en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Nosotros no estamos en contra de todo lo que hace el presidente, vamos a apoyar cuando el presidente haga las cosas. Justo en el tema de los secretarios queríamos preguntar a los secretarios, hacerles preguntas meramente técnicas, porque es lo que se espera.

En la comparecencia, en la mañana, el doctor Enrique Jesús Ordaz fue convincente en las respuestas y en su presentación, y eso se felicita, eso se agradece, porque el país lo que está esperando de sus funcionarios es capacidad.

Y en el caso del maestro Adrián Franco, pues sale igual, un hombre experimentado, un hombre con conocimiento, y sí creo que es de celebrar y de reconocer que aquí es un gran acierto por parte del gobierno de la República.

Por eso, a nombre del Partido Acción Nacional, queremos apoyar esta iniciativa, desearles éxito, si así ustedes deciden aprobar, a dos funcionarios de carrera, a dos funcionarios que en la mayoría de los nombramientos deberían de ser de esta índole, gente con experiencia, gente con conocimiento y, sobre todo, que se agradezca la imparcialidad con la que se debe de conducir el Inegi en los futuros días, para que tengamos certeza si están o no funcionando las políticas públicas.

Por lo tanto, pues yo los invito a apoyar este dictamen en favor, para que podamos hoy tener a dos vicepresidentes que ayuden a sacar tanto y tanto trabajo que hay en el Inegi y que el Inegi siga siendo un organismo de referencia mundial, de esos organismos de los que nos sentimos orgullosos, no solo en México, sino en todo el mundo. Muchas gracias por su atención.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, senadora Gálvez. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Suficientemente discutido.

Pido a la Secretaría recoja la votación nominal del acuerdo, iniciando por el lado derecho del salón.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se va a recoger la votación nominal del acuerdo, iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie, mencionar su nombre y manifestar el sentido de su voto.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Sonia Rocha, diputada, PAN, a favor. Sí, apoyamos.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, apoyamos el dictamen, a favor.

El diputado Ricardo García Escalante: Ricardo García Escalante, Acción Nacional, a favor del dictamen.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, sí.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Senadora Sylvana Beltrones, por el Grupo Parlamentario del PRI, a favor.

La diputada Julieta García Zepeda: Julieta García Zepeda, Morena, a favor.

La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Guillermina Alvarado, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Raúl Bonifaz, Morena, sí.

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Miguel Ángel Chico Herrera, Morena, sí.

El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Eduardo Ramírez, senador, sí.

El senador José Félix Salgado Macedonio: Félix Salgado Macedonio, senador, Morena, sí.

La diputada Dionicia Vázquez García: Diputada del Partido del Trabajo, Dionicia Vázquez García, sí.

El diputado Armando Zertuche Zuani: Diputado Armando Zertuche Zuani, PT, Morena, Sí.

El senador Joel Padilla Peña: Joel Padilla Peña, senador del Partido del Trabajo, a favor.

La senadora Margarita Valdez Martínez: Margarita Valdez, senadora por Morena, a favor.

El senador Rubén Rocha Moya: Rubén Rocha Moya, senador, Morena, a favor.

La senadora Citlalli Hernández Mora: Citlalli Hernández Mora, senadora de Morena, a favor y a favor de que Xóchitl acompañe las propuestas del presidente.

La senadora Rocío Abreu Artiñano: Rocío Abreu Artiñano, Morena, a favor del dictamen.

La diputada Beatriz Rojas Martínez: Diputada Beatriz Rojas Martínez, a favor del dictamen.

El diputado Esteban Barajas Barajas: Diputado Esteban Barajas Barajas, Morena, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Beatriz Manrique Guevara, Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Verónica Camino Farjat, senadora, Partido Verde y a favor.

La senadora Patricia Mercado: Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano, senadora, a favor.

El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Tonatiuh Bravo, Movimiento Ciudadano, a favor del dictamen.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

El senador Omar Obed Maceda Luna: Omar Obed Maceda, senador, PRD, a favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se toma el voto de la Mesa Directiva.

El secretario diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Javier Castañeda Pomposo, diputado PES, a favor.

El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Héctor Yunes, PRI, por la afirmativa.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Senadora Minerva Hernández, PAN, a favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Karla Yuritzi Almazán, Morena, a favor.

Disculpe. ¿Algún legislador, legisladora que falte de emitir su voto? Senadora presidenta, se emitieron 30 votos a favor. Ninguno en contra, 0 abstenciones.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Aprobado el acuerdo por 30 votos en pro. Comuníquese al Ejecutivo federal.



TOMA DE PROTESTA

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Se encuentran en este salón de sesiones los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios, cuyos nombramientos como miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía acaban de ser aprobados por esta asamblea.

Para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputada María Guillermina Alvarado Moreno, senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada Sonia Rocha Acosta, senadora Sylvana Beltrones Sánchez, diputada Dionicia Vázquez García y senador Omar Obed Maceda Luna. Pido a la comisión designada, cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Adrián Franco Barrios y Enrique Jesús Ordaz López: Sí, protesto.

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Muchas gracias. Enhorabuena, felicidades.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos (A las 14:18): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero a las 11 horas.

–––o0o–––

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 02 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 22 legisladores

• Comunicaciones oficiales: 4

• Solicitud de licencia: 1

• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 5

• Agenda política:1

• Proposiciones con punto de acuerdo: 7

• Dictamen a discusión: 1

• Toma de protesta de miembros de la Junta de Gobierno del INEGI: 2

• Legisladores que participaron durante la sesión: 24

7 Morena

5 PAN

4 PRI

1 PES

1 PT

2 MC

2 PRD

2 PVEM

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Almazán Burgos, Karla Yuritzi (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos: 26
Barajas Barajas, Esteban (Morena)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la Cuenca del Lago de Cuitzeo, y a la Conagua, a informar a esta legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de zona federal del lago mencionado: 81
Beltrones Sánchez, Sylvana (PRI)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo relativo a la promoción personalizada del presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen: 87
Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (MC)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 72
Camino Farjat, Verónica Noemí (PVEM)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 66
Castañeda Pomposo, Javier Julián (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 43
Castañeda Pomposo, Javier Julián (PES)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 67, 72
Castañeda Pomposo, Javier Julián (PES)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, a considerar como zona industrial al estado de Puebla para que le sea aplicado el salario de la zona libre de la frontera norte: 97
Gálvez Ruiz, Bertha Xóchitl (PAN)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar No. 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el Gobierno Federal: 84
Gálvez Ruiz, Bertha Xóchitl (PAN)
Para referirse al dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación de los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 134
García Escalante, Ricardo (PAN)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 65
Hernández Mora, Minerva Citlalli (Morena)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 75
Hernández Ramos, Minerva (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria: 39
Juárez Piña, Verónica Beatriz (PRD)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política, en dos ocasiones: 66, 76
Juárez Piña, Verónica Beatriz (PRD)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional y a la Ley General de Comunicación Social: 101
Maceda Luna, Omar Obed (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Regular el Uso de la Fuerza: 47
Maceda Luna, Omar Obed (PRD)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 71
Manrique Guevara, Beatriz (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 62
Manrique Guevara, Beatriz (PVEM)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo para realizar las acciones pertinentes y determinar si, derivado de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en el estado de Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas: 104
Márquez Alvarado, Martha Cecilia (PAN)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 74
Mercado Castro, Patricia (MC)
Ramírez Aguilar, Oscar Eduardo (Morena)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 68
Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI)
Para presentar el dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación de los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 133
Rocha Acosta, Sonia (PAN)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política, en dos ocasiones: 73, 77
Salgado Macedonio, José Félix (Morena)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 78
Sauri Riancho, Dulce María (PRI)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 71
Valdez Martínez, Lilia Margarita (Morena)
Para referirse al dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación de los ciudadanos Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 134
Vázquez García, Dionicia (PT)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 77
Yunes Landa, Héctor (PRI)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedena y al Gobierno del Estado de México, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del tianguis de pirotecnia San Pablito, en Tultepec: 92
Zertuche Zuani, Armando Javier (Morena)
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política: 70
Para hacer comentarios relativos a la reunión de la Tercera Comisión de Trabajo convocada para hoy, en el marco de la Agenda Política, en dos ocasiones: 69, 77