SUMARIO
En el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior, interviene:
-El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, de Morena, desde la curul
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual remite la Información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2017. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la que comunica que se encuentra disponible el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, para su consulta en su página electrónica. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento
De la Comisión Nacional de Seguridad, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que la Comisión Nacional de Seguridad intensifique las labores de seguridad en la red de carreteras federales del país. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del fondo revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, Sonora y Michoacán. Se aprueba
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
El diputado Fortunato Rivera Castillo, de Morena, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Ma. Sara Rocha Medina, de Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 38 de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de cannabis. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe, para presentar en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN
La diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca
Se considera de urgente resolución
Para referirse a la proposición, intervienen:
-La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, de Morena
-La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD
-La diputada Ana Priscila González García, de MC
-La diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT
-La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del PES
-El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del PRI
-La diputada Dulce Alejandra García Morlan, del PAN
-El diputado Iran Santiago Manuel, de Morena
Se aprueba, comuníquese
El diputado Fernando Galindo Favela, en nombre propio y de diputados del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al Gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo
Desde la curul, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, solicita moción de orden
Se considera de urgente resolución, con la modificación propuesta
Para referirse a la proposición, participan:
-El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del PVEM
-La diputada Mónica Almeida López, del PRD
-El diputado Jacobo David Cheja Alfaro, de MC
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT
-El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del PES
-La diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI
-La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN
-La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, solicita moción de orden, desde la curul
-La diputada Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, rectifica hechos, desde la curul
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, solicita moción de orden, desde la curul
-La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, rectifica hechos, desde la curul
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo modificado
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, rectifica hechos, desde la curul
Se considera suficientemente discutido. Se aprueba
La Presidencia informa que se recibió un posicionamiento por escrito del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT. Insértese en el Diario de los Debates
Desde la curul, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, solicita moción de orden
La diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos, a implementar estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano; así mismo se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad a los municipios y localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad
Se considera de urgente resolución
Para referirse a la proposición, hacen uso de la voz:
-El diputado Oscar Bautista Villegas, del PVEM
-La diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD
-La diputada Carmen Julia Prudencio González, de MC
-El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT
-El diputado José Ángel Pérez Hernández, del PES
-El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI
-La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del PAN
-La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, de Morena
-La diputada Yolanda Guerrero Barrera, de Morena, para rectificar hechos, desde la curul
Aprobado, comuníquese
La Presidencia informa que se recibió un posicionamiento por escrito del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT. Insértese en el Diario de los Debates
INTERVENCIONES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
-La diputada Carmen Medel Palma, de Morena, desde la curul
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la curul
-El diputado Emmanuel Reyes Carmona, del PRD, desde la curul
-El diputado Maximiliano Ruiz Arias, de Morena
EFEMÉRIDES
Se recibió efeméride con motivo del 50 aniversario de la matanza estudiantil, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Se recibió efeméride con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 2 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
De la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero, para que den cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
Del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal, para implementar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división bajío. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
Del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, para que adecuen el marco normativo vigente en sus estados para incorporar medidas que aseguren el cumplimiento, en la práctica, de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen
Del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a privilegiar un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener finanzas públicas sanas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el Estado de México. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa Pegasus. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
Del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias, a garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que acudan al puerto de Acapulco y se refrende el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la policía en el ayuntamiento de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
ASISTENCIA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a los señores diputados y diputadas tomar sus asientos. Por tratarse de una nueva sesión, sesión ordinaria, debo pedir a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados 489 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 13:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Orden del día
Martes 2 de octubre de 2018
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2017.
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Remite oficio por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta en su página electrónica el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018.
De la Comisión Nacional de Seguridad
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que la Comisión Nacional de Seguridad intensifique las labores de seguridad en la red de carreteras federales del país.
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno
Iniciativas
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del matrimonio entre personas menores de dieciocho años, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de análisis de la Cuenta Pública, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que deroga el inciso D), fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Héctor Rene Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 61 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 129 Bis del Código Penal Federal y 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruíz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Guadalupe Romo Romo y Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 213-Bis del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, para implementar acciones de parlamento abierto, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26, 28, y 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Beatriz Manrique Guevara y Ana Patricia Peralta de la Peña, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma los artículos 13 de la Ley del Seguro Social, y 279 Ter y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Candelaria Maximino, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 76 y adiciona un artículo 137 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que deroga la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de cannabis, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley General de Propaganda Oficial y reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Nayeli Arlen Fernández Cruz, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o., 30, 94 y 95 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 2-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Casimiro Zamora Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. 3o. y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 23, 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el premio nacional de artesanía, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que expide la Ley General para Evitar el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De Decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Nayeli Arlen Fernández Cruz, de los Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que adiciona un artículo 5 Bis, a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 3o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 7o. Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación política de los pueblos indígenas, a cargo de la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar perspectiva de género en los planes y programas de estudio, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 353-E de la Ley Federal del Trabajo y 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o., 3o. y 38 de la Ley del Banco de México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Proposiciones de urgente resolución
Con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al Gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos, a implementar estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano; así mismo se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad a los municipios y localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la PGR, a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los Derechos Ambientales Sergio Rivera Hernández, así como a realizar todas las acciones necesarias para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a establecer mesas de dialogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas, para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Oscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de esta Soberanía, a realizar las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso; y explore la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias, suscrito por diputados integrantes el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Proposiciones de turno a comisión
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, informe el estado que guarda la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, por la que han sido afectadas diversas comunidades en la salud de sus habitantes y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, a cargo del diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la Legislación Nacional, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa "operativo de lluvias", suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos), suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que, en coordinación con la PGR, implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, suscrito por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu De la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CRE, para que revisen las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán; asimismo al Cenagas, a impulsar la construcción de la infraestructura necesaria, a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a difundir un informe detallado de la ayuda proporcionada a los damnificados y deudos del terremoto del pasado 7 de septiembre de 2017 y a señalar los planes de reconstrucción y reactivación económica en las regiones afectadas, a cargo del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la paridad de género tanto en las presidencias de las Comisiones como en la integración de las mismas, suscrito por diputadas integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la reincorporación del inmueble federal denominado Parque Bicentenario 2010 a la Semarnat y se solicita su no privatización, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio en vía pública en sus diferentes formas y condiciones de trabajo y cesen las acciones de violencia de las autoridades en contra de los trabajadores de este sector, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a difundir la información respecto a la atención brindada a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes deportados a México, en materia de equivalencia o revalidación de estudios, suscrito por la diputada Maribel Martínez Ruíz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año 2017, suscrito por el diputado Juan Enrique Farrera Esponda y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al INAH, para que implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al Congreso local del mismo, a detener y revertir la privatización del patrimonio de dicha entidad, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a garantizar la libertad sindical en los procesos de renovación de las dirigencias del Sindicato Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo relativo a la instalación de la Comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción y estudios geológicos de suelo y a los avances y resultados de la entrega de recursos del fonden a los municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a emitir credenciales inmediatas y temporales a los migrantes repatriados, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al INEE, a suspender la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo relativo a los procesos de evaluación del desempeño, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige, a cargo del diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la Fabricación de Culpables en México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a los feminicidios en el Estado de México, suscrito por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a emitir una estampilla postal, a expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa con motivo de los 500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur, a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora del instituto sudcaliforniano de las mujeres, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero, para que den cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la aprobación por parte del Congreso del estado de Puebla de los proyectos políticos y administrativos del Ejecutivo Estatal, así como del respaldo a la pérdida del patrimonio del Estado y al daño al medio ambiente de la Ciudad de Puebla, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la turne para su aprobación por el Senado de la República, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, a la celebración de una Sesión Solemne con motivo del 50 Aniversario de los Caídos en lucha por la Democracia en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, suscrito por los diputados Dolores Padierna Luna y Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, a acordar a la brevedad la integración de los Diputados y Senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, suscrito por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del estado de Oaxaca, para que informe a la opinión pública sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a la Segob, a atender la problemática en la Autopista del Sol, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente de origen chino, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a las actividades que promueven la unidad familiar en las fronteras y el territorio mexicano, en el marco del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones, suscrito por los diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y a la Directiva en turno, a permitir que los procesos para la elección de los órganos de dirección del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México sean libres y democráticos, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la PGR, a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los Derechos Ambientales Sergio Rivera Hernández, así como a realizar todas las acciones necesarias para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a revertir la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del folio real electrónico 0012747-1, e impedir la desincorporación a favor de la misma, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a abstenerse de aumentar las tarifas por el uso de las carreteras, caminos y puentes federales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la situación y grave aumento de violencia feminicida en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a la Semarnat y a la Profeco, para que fomenten, promuevan y difundan en los distintos medios de comunicación la cultura de reutilizar, así como la separación de basura y uso de productos amigables con el medio ambiente que incentive la producción y el consumo responsable, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que fortalezcan las acciones, a fin de vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado Guanajuato y a la Procuraduría de dicha entidad, a asumir el compromiso de velar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el caso de La Ciudad de los Niños, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a no aplicar ningún tipo de aumentos al cobro peaje en las autopistas de Capufe del país, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Chihuahua, a tomar acciones contra la alarmante situación de violencia, delincuencia y resolver el lamentable atentado contra Blas Juan Godínez, Presidente Electo del Municipio de Gómez Farías, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a las cuentas públicas 2015 y 2016 de la Secretaria de Salud en el Estado de México, suscrito por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza y a la Segob, a emitir Declaratoria de Desastre Natural por las lluvias atípicas del presente mes de septiembre, para todos los municipios gravemente afectados en dicha entidad, a cargo de la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias, acciones y medidas prácticas para la prevención del suicidio, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, que la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y de la Ley Federal del Trabajo, sea considerada como prioritaria para su aprobación en este primer período ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, una vez instaladas las comisiones ordinarias, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz y a la Fiscalía General, para que se apegue a los protocolos de notificación a los familiares, eviten la re victimización y se promueva la participación conjunta entre autoridades y familiares; evitando politizar el tema y actuando bajo los conceptos fundamentales constitucionales, a cargo del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que turne a la H. Cámara de Senadores, el Convenio 189 y la recomendación 201 en materia de trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la STPS, para que procedan a la inmediata reinstalación de los profesores cesados de manera unilateral en el contexto de la evaluación educativa en tanto el marco normativo correspondiente sea revisado y en su caso reformado, a cargo de la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP, para que establezcan un plan económico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que permita la continuidad del ciclo escolar, a cargo de la diputada Brenda Espinoza Lopez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SCT, a través de Capufe, y a la SHCP, para que se reconsidere y reduzca el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año, aplicado a las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo, hacer de conocimiento público los criterios para definir la forma de participación de la ciudadanía en la definición de la sede del Nuevo Aeropuerto de la CDMX, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades fiscalizadoras del estado de Morelos a auditar los tres periodos legislativos de la Legislatura LII del H. Congreso del estado, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Chihuahua, a atender las denuncias que diversas organizaciones han realizado sobre presunto desvío y malversación del Presupuesto asignado a la Secretaría del Estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedesol, realice una profunda revisión del contenido de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de dichos recursos, suscrito por la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal, para implementar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Jalisciense de Ciencias forenses y a la Fiscalía General de dicha entidad, a cumplir con las obligaciones que les imponen la Ley General de Victimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Ana Lucia Riojas Martínez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las entidades federativas, a apoyar la creación de centros de capacitación y actualización y promover actividades de capacitación y actualización de médicos, enfermeras y personal de salud que labora en las zonas rurales del país, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del Proyecto Los Cardones, en la Reserva de la Biosfera "Sierra de la Laguna", en el estado de Baja California Sur, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a frenar la inclusión de más estados en la denominación de origen de mezcal y modificar los mecanismos de inclusión al mismo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta CRE, a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división bajío, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit y a la Fiscalía General de dicha entidad, a esclarecer el asesinato del Marakame Margarito Díaz González, defensor indígena de Derechos Humanos y a implementar las medidas cautelares emitidas por la CNDH relativas a este caso, a cargo de la diputada Ana Lucia Riojas Martínez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los Gobiernos Estatales que se tienen catalogados como epicentros sísmicos importantes, a coordinar las acciones necesarias para conectar y ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como actualizar oportunamente el Atlas Nacional de Riesgos, y los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE, a realizar las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora, a no usar el instrumento legal que podría modificar las decisiones del poder legislativo estatal en los procesos de aprobación de los presupuestos próximos en dicha entidad, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los miembros de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, a considerar a que un legislador sin partido presida la Comisión de Participación Ciudadana de la presente legislatura, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos, a considerar la realización de diversas acciones en materia de gestión integral de riesgos en beneficio de la población ante la eventualidad de un sismo en la localidad, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, a realizar las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a desarrollar un programa urgente para la atención de los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, debido a los daños que presentan los planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017, suscrito por los diputados Sergio Mayer Breton e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STyPS, a impulsar las medidas que estime pertinentes para que las madres, padres o tutores de menores de edad cuenten con los permisos necesarios para atender los asuntos escolares en horas laborales, sin que ello implique un perjuicio en su productividad laboral, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a defender los intereses mexicanos en cuánto a los asuntos migratorios, energéticos y de seguridad, y a apoyar la integración de Canadá al acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, en el marco de la renegociación del TLCAN, suscrito por los diputados Leticia Díaz Aguilar y Daniel Gutiérrez Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara, a diseñar un Plan de Emergencia para vigilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, suscrito por los diputados Lorenia Iveth Valles Sampedro e Irineo Molina Espinoza del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa y a la Semarnat, a actualizar la NOM-059-Semarnat-2010 y establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, a cargo de la diputada Laura Patricia Ávalos Magaña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a difundir el destino de los recursos que fueron consignados debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, a pronunciarse sobre el fondo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales derivadas del Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, suscrito por las diputadas Sandra Paola González Castañeda y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a liberar los recursos del fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) del ramo 23 incluidos en el PEF 2018, así como a brindar de manera oportuna la información de su portal digital de transparencia, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y la CFE, revise la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de que se modifique la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, para que la especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, y las especificaciones adicionales, sean homogéneas en la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México, a cargo del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al juzgado quinto de distrito del estado de Morelos, a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a la Segob, a declarar zonas afectadas y de desastre natural por lluvias e inundaciones a distintas colonias de los municipios de Jojutla y Tlalquiltenango en el estado de Morelos, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a iniciar el procedimiento de remoción de los Consejeros Independientes de Petróleos Mexicanos previsto en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Petróleos Mexicanos por haber incumplido con las obligaciones de diligencia, lealtad y responsabilidades que establece dicha ley, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la defensa del derecho colectivo de creadores y herederos del proceso prehispánico del mezcal de origen cultural y tradición artesanal de los pueblos indígenas zapotecas y chontales del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a las denuncias de desvío de recursos y el destino de los 400 mdp etiquetados para obras de mitigación, y a la verificación y rectificación de las obras del Tren Interurbano para evitar afectar los derechos de los vecinos de la colonia Belén de las Flores, a cargo de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía desaprueba la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a cargo del diputado Héctor Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a conceder permisos de pesca comercial para camarón en embarcaciones menores, en favor de las cooperativas pesqueras chiapanecas, y asesoría a las mismas para que puedan acceder a los apoyos que se otorgan por medio de los programas federales de fomento a la actividad pesquera, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a transparentar la asignación de plazas en el Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a realizar las gestiones pertinentes para incluir al Mieloma Múltiple dentro de la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, de la H. Cámara de Diputados, a crear una Comisión Especial para los festejos de los 500 años de la fundación del Puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a que se decrete el 19 de septiembre Como el Día de la Unión y Solidaridad Nacional, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar las medidas necesarias para garantizar la restauración del patrimonio arquitectónico del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras los daños provocados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Nuevo León, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el 17 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, a fin de fortalecer las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de dicha entidad, a aumentar el personal para la adecuada atención del rezago judicial, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León y al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, a revisar e informar a la población el probable incremento de las tarifas del transporte público, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial para dar Seguimiento a la correcta y puntual Implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reiniciar la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, a garantizar la implementación de acciones para mantener la seguridad interior, la gobernabilidad y la disciplina en los centros de reinserción social en dicha entidad y el respeto a los derechos humanos de la población recluida, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CRE, a llevar a cabo una revisión de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit, ante el incremento registrado durante los últimos meses, suscrita por las diputadas Margarita Flores Sánchez y Martha Elena García Gómez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Puebla, a proveer el saneamiento ambiental del entorno del tiradero a cielo abierto de la barranca "El Zoquital" del municipio de Xicotepec de Juárez, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Chiapas, a que implementen todas las medidas necesarias por los eventos violentos que se suscitaron en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 19 de septiembre del presente año, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a que atienda y ejecute diversas acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a implementar y legislar en políticas públicas que atiendan a la reconstrucción psicosocial de los habitantes de dicha entidad, a cargo de la diputada Ana Lucia Riojas Martínez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a los Gobiernos de las entidades federativas, a garantizar que no se vulneren los derechos humanos de personas migrantes en el sistema penitenciario mexicano, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a atender la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a establecer una mesa de dialogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta la Segob y a la SHCP, a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos para que los migrantes que retornan al país de la manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud federales y del estado de Oaxaca, a realizar acciones urgentes de atención ante el brote de dengue hemorrágico en la comunidad de San Juan Jaltepec, en el municipio de Santiago Yaveo, en la sierra norte de dicha entidad, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que en coordinación con los gobiernos municipales, refuercen la estrategia de seguridad pública, ante la creciente la ola de violencia que aqueja a la entidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo al funcionamiento y operación de los depósitos vehiculares y empresas autorizadas para prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos a disposición de distintas autoridades, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SE y a la Profeco, para que los productos denominados "Formula Láctea" y "Producto Lácteo Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no pueden utilizar en su etiquetado la denominación de "Leche", a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a las excesivas tarifas de consumo eléctrico para el sector empresarial del país, a cargo del diputado Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a entregar por anticipado los recursos de los programas federales al estado de Sinaloa, a fin de apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Oaxaca, a establecer las acciones que implementará su gobierno para atender la declaratoria de alerta de género, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la SEP, a dar cumplimiento a la instalación de bebederos y prohibición de venta de comida "chatarra" en las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Martha Robles Ortíz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a mantener la tarifa eléctrica de verano 1F hasta el 31 de marzo de 2019, en los municipios de los estados de Sinaloa y Sonora que han sido declarados zona de desastre por la depresión tropical 19-E, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a apoyar con lo necesario al comité científico formado por la UNAM para atender la problemática del sargazo en Quintana Roo, a cargo del diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a abrogar los 10 decretos publicados el 6 de junio de 2018 en el DOF, relativos a la supresión de las vedas hidrológicas del país, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la protección de los derechos de niñas y niños, hijos de reclusas, nacidos en centros de readaptación social, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jucopo de la Cámara Diputados, a emitir un acuerdo para convocar a la realización de foros que cumplan con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el DOF el 8 de febrero de 2012, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, a atender la situación financiera de la alcaldía de Hermosillo, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, a actuar con estricto apego a la legalidad en el procedimiento de nombramiento de los magistrados, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la instalación de mesas de diálogo para la atención de demandas de habitantes del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, a proponer alternativas de restructuración de deuda, a fin de solucionar las problemáticas que presentan sus derechohabientes en Sinaloa, con particular atención a los afectados en Mazatlán, a cargo del diputado Maximiliano Ruíz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria el nueve de noviembre de 2018, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la CNS, a detener la tala ilegal en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México y en el Parque Nacional Laguna de Zempoala, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo que exhorta a la Segob y a la Sener, a realizar los estudios de impacto social en los términos que mandata la Ley de Hidrocarburos, en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción de hidrocarburos mediante la tecnología de fracturación hidráulica, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones, a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, al Inifed, y a las autoridades educativas locales de las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a que hagan público un informe actualizado sobre los avances en la reconstrucción de la infraestructura física educativa que sufrió daños, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo relativo a restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso y explorar la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias de esta Soberanía, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, para que, adecuen el marco normativo vigente en sus estados para incorporar medidas que aseguren el cumplimiento, en la práctica, de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Chiapas, a crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor como un órgano descentralizado de la administración pública, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a agilizar la entrega de los recursos del Fonden destinados a los municipios afectados en el estado de Sinaloa y a la ASF a fiscalizar la correcta aplicación, a cargo del diputado Maximiliano Ruíz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Evaluar y Analizar el Presupuesto Necesario que Requiere la Ciudad de México, a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, para que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implemente acciones urgentes para dar mantenimiento a este Sistema de Transporte, especialmente aquellas líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a realizar la investigación del derrumbe del fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí, en Tijuana, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a privilegiar un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener finanzas públicas sanas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la CNH, a informar sobre las evaluaciones de impacto social de los contratos derivados de las rondas de licitación en el marco de la reforma energética, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León, para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde expongan cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, a la SCT y al Gobierno de las entidades federativas, a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, se aplique la ley de manera expedita a los responsables del atentado en contra del joven Rodolfo Manuel Palomo Gámez; así como a la FMF se apegue a los protocolos emitidos por la FIFA, a cargo del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a los Gobiernos de los estados, a ampliar el programa de becas para el transporte destinado a los jóvenes estudiantes de nivel medio y superior, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, transparente el recurso aprobado por esta Soberanía en el anexo 40 "Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública", del PEF 2018, a cargo del diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, para llevar a cabo acciones que subsanen los requerimientos para el área de urgencias y terapias intensivas de neonatos y adultos del Hospital General Córdoba Yanga, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta diversas autoridades del Ejecutivo federal y Órganos Constitucionales Autónomos, a no destinar a los Fideicomisos los remanentes del Ejercicio Presupuestal 2018 y los remitan a la Federación, a cargo de la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a establecer en forma coordinada un programa emergente para la detonación del desarrollo económico y social de la Región Huasteca, a cargo del diputado Fortunato Rivera Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que haga públicas las medidas tomadas para atender y subsanar las observaciones de la ASF, contenidas en el primer informe de la revisión de la Cuenta Pública 2017, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cumplir a cabalidad con la ley de la materia, respecto a las víctimas de los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, específicamente por cuanto hace al equipo de fútbol avispones de Chilpancingo, a cargo del diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido el pasado viernes 21 de septiembre de 2018 en la Ciudad de Yajalón, Chiapas, y se exhorta a las autoridades competentes a dar celeridad a la investigación, esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los legisladores que en su momento integren la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que una vez instalada, emitan a la brevedad los dictámenes correspondientes a las revisiones de las cuentas públicas pendientes, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SEP, a la Secretaría de Salud Federal, al Gobierno del Estado de México y al Presidente Municipal de Ecatepec, a intervenir de inmediato y concluir los trabajos de reconstrucción de las escuelas públicas y hospitales del IMSS dañados por el sismo del 19 septiembre del 2017 en dicho municipio, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo al socavón creado en el número 355 de Avenida del Peñón y calle Oriente 158 números 390 y 440, colonia Moctezuma Segunda sección, en la demarcación territorial de Venustiano Carranza en la CDMX el pasado 22 de septiembre de 2018, suscrito por las diputadas Rocío Barrera Badillo y María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la reciente aprobación de reestructuras o refinanciamientos de la deuda pública estatal en diversas entidades federativas, suscrito por los diputados Carmen Medel Palma e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que refuerce el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia toda vez que derivado de la información de la encuesta de victimización del INEGI, el crimen se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la transición de gobiernos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía acuerda prohibir el uso de productos de material plástico de diversos tipos en sus instalaciones y dependencias, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a implementar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados al país, a cargo del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones y a los servicios médicos forenses de las entidades federativas y de la CDMX, a actuar conforme a los protocolos operativos, reglamentos y normas oficiales para el manejo de cadáveres, atendiendo los principios de respeto y trato digno para los cuerpos, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el Estado de México, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía acuerda considerar el día 27 de septiembre fecha relevante nacional y que los 3 poderes de la Unión ensalcen la importancia del General Vicente Guerrero Saldaña como el consumador de la Independencia de México, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y a la SHCP, para que liberen los recursos del Fonden, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para realizar un censo por regiones de las instalaciones deportivas y de los servicios que en ellas se brindan, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa pegasus, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a hacer pública la información pormenorizada sobre el cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo, a hacer pública la información sobre el proyecto de reforma que conformará la Guardia Civil Nacional, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán, a difundir la información relacionada con las acciones y resultados de seguridad pública que se han implementado durante esta administración en dicha entidad, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias, a garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que acudan al puerto de Acapulco y se refrende el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la policía en el ayuntamiento de dicha entidad, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila, a dar solución a la grave crisis del sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación en dicha entidad, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villareal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que, en coordinación con las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y los municipios, instrumenten y fortalezcan protocolos de actuación en materia de prevención, atención y acción en caso de linchamientos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca, a realizar a través de la Secretaría de Finanzas del estado, la ministración de los recursos a favor del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Semarnat y a la Conanp, a emitir la declaratoria de sitio Ramsar para el humedal de "La Ciénega" ubicado en Tláhuac, CDMX, con la finalidad de que se agregue a la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la LX Legislatura del Congreso del Estado de México, a analizar la viabilidad de abrogar el decreto 317 que expide la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado el 10 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno de dicha entidad, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, al Conapred y al Inmujeres, a garantizar la aplicación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación que permitan erradicar la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres por cuestiones de género y/o discapacidad, y al mismo tiempo, informe a esta soberanía el avance de la certificación de los centros de trabajo públicos, privados y sociales en dicha norma, a cargo de la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, a devolver con observaciones al Congreso, el Decreto que adiciona el capítulo tercero bis, con la denominación "Acoso cibernético" y en este el artículo 196 Bis, al título VI del libro segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la CNH, a que hagan públicos los estudios de impacto ambiental de las prácticas de exploración y explotación de gas natural de lutitas en México, vinculadas a la técnica de fracturación hidráulica (fracking), que se encuentran proyectadas para la Cuenca de Burgos y los municipios de Tanlajás, Tamuín, San Antonio y Ébano, en San Luis Potosí, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Veracruz y la eliminación total de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, suscrito por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Órgano Interno de Control del INE, para que inicie una investigación a los integrantes del Consejo General del Órgano Publico Local Electoral de Puebla y a los 26 Consejos Distritales locales, por los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto vinculados con faltas graves, que hayan afectado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante el proceso electoral 2017 - 2018 para elegir Gobernador en dicha entidad, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, atienda a la brevedad y se resuelva el desabasto de los medicamentos ciclofosfamida y purinetho, cuyo suministro es indispensables para la atención de cáncer infantil, en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a tomar medidas inmediatas que deriven en acciones de verificación y observación de las próximas elecciones a representantes sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, garantizando transparencia, equidad e imparcialidad, voto libre y secreto, así como el respeto inalienable de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, a cargo del diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF para que realice una auditoría a la Conapesca por el contrato número DGI-20-03-045-2014 referido a la obra denominada "Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Sagarpa inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión mencionada previamente, en la reconstrucción de la escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, Municipio de Villa Tututepec, en la misma entidad, en el contrato DGI/Fonden/20-01-064-2018, a cargo del diputado Víctor Blas López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedapa del estado de Oaxaca, para que haga de conocimiento público el proceso de regionalización ganadero aplicado durante el periodo 2012-2018 y realice reuniones regionales para aplicar un proceso de reestructura de sistemas de producción ganadera y pecuaria, así como estrategias regionales de conservación de los recursos naturales, para ser integrados e incluidos en la estrategia de la administración 2018-2024, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Efemérides
Con motivo del 50 aniversario de la matanza estudiantil, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta legislatura.
Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del jueves veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
En su oportunidad y desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, realiza comentarios sobre la Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social. La Presidencia hace aclaraciones y una moción de ilustración dando lectura al artículo ciento veintiséis del Reglamento de la Cámara de Diputados.
No habiendo más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Secretaría de Gobernación con la que remite los informes finales de las fichas de:
Monitoreo y Evaluación dos mil diecisiete-dos mil dieciocho de los Programas del Sector Economía.
Monitoreo y Evaluación dos mil diecisiete-dos mil dieciocho de los Programas Presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Se turnan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.
b) Del diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Décimo Primer Distrito Electoral del estado de Chiapas, a partir del primero de octubre del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese y llámese al suplente.
c) Del Congreso del estado de Baja California, con la que remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El siguiente punto del Orden del Día, es el relativo a la presentación de iniciativas, la Presidencia concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las siguientes diputadas y a los diputados:
Merary Villegas Sánchez, y suscrita por diputados de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Ernesto Ruffo Appel, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiséis, sesenta y nueve, y noventa y tres, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Héctor René Cruz Aparicio, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Justicia, para opinión.
Clementina Marta Dekker Gómez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo sexto de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
Kehila Abigail Ku Escalante, y suscrita por diputados de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Javier Salinas Narváez, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática:
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de austeridad. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Que deroga diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales egresados de universidades públicas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Arturo Escobar y Vega, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.
Ricardo Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional por el que se declara el próximo año como "dos mil diecinueve, quinientos años del establecimiento del Municipio de México". Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
Aleida Alavez Ruiz, de Morena, que expide la Ley sobre el Régimen de Capitalidad de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Gobernación y de Población, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Ricardo García Escalante, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y nueve de la Ley de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.
Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Santiago González Soto, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
Alan Jesús Falomir Saenz, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
Presidencia de la diputadaDolores Padierna Luna
Marco Antonio Gómez Alcantar, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos segundo y quinto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su dictamen.
Ana Lucia Riojas Martínez, que abroga la Ley de Seguridad Interior. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
Brenda Espinoza López, de Morena, por el que se declara el año dos mil diecinueve como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos noventa y seis, y ciento cincuenta y dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
Fernando Galindo Favela, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, para su dictamen.
Emilio Manzanilla Téllez, y suscrita por diputados del Partido del Trabajo y de Morena, que adiciona un artículo veinticuatro Ter a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para su dictamen.
Alberto Esquer Gutiérrez, y suscrita por diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
Beatriz Manrique Guevara, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para su dictamen.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona el artículo dieciocho de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
Desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, realiza moción orden.
José Guadalupe Aguilera Rojas, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Presidencia del diputadoMarco Antonio Adame Castillo
El siguiente punto del Orden del Día es el relativo a las proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:
Marina del Pilar Ávila Olmeda, y suscrita por diputados de Morena, relativo a la obra de la garita centro en Mexicali, Baja California. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Nayeli Arlen Fernández Cruz, de Morena; Emmanuel Reyes Carmona, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Alcibíades García Lara, de Movimiento Ciudadano; Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo; Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social; Irma María Terán Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional; Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional; y Jesús Salvador Minor Mora, de Morena. Desde su curul realiza rectificación de hechos la diputada Soraya Pérez Murguía, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
Presidencia de la diputadaDulce María Sauri Riancho
Leticia Mariana Gómez Ordaz, suscrito por diputados del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a implementar una estrategia que permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país.
Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo
En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Villafuerte Zavala, del Partido de la Revolución Democrática; Maiella Martha Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano; Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo;
Presidencia de la diputadaDolores Padierna Luna
Armando González Escoto, del Partido Encuentro Social; Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional; Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Partido Acción Nacional; y Arturo Hernández Tapia, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
Jesús Guzmán Avilés, y suscrito por diputados del Partido Acción Nacional, por el que se convoca al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a una reunión de trabajo con el grupo plural de diputados para evaluar casos relevantes y la eficacia de este órgano, en la representación de los intereses de la sociedad. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo
Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano; Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo; Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional; María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional; y Raquel Bonilla Herrera, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita la modificación del Orden del Día para que sea inscrita en el capítulo de iniciativas con dispensa de trámite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos treinta y nueve, y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el objeto de reducir el número de comisiones ordinarias para la Sexagésima Cuarta Legislatura, de cincuenta y seis a cuarenta y seis. De conformidad con el artículo sesenta y cinco, numeral dos, del Reglamento de la Cámara, se somete a consideración de la Asamblea, en votación económica se autoriza la modificación y se incorpora el Orden del Día como siguiente asunto a desahogar.
En virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se dispensa la lectura, y de la misma manera se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y somete a discusión y votación de inmediato. Está a discusión en lo general, e intervienen la diputada y los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano;
Desde su curul realiza diversos comentarios el diputado Miguel Acundo González, del Partido Encuentro Social.
Alfredo Vazquez Vazquez, de Morena; y Cynthia Iliana López Castro, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular el artículo treinta y nueve, numeral dos, fracción vigésima sexta; y adición de un artículo transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecisiete votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados en términos de la iniciativa.
Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los siguientes diputados:
Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional, al artículo treinta y nueve, numeral dos, fracción vigésima sexta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos de la iniciativa.
José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, adición de un artículo transitorio, que en votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta y se reserva para su votación nominal.
Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinte votos, se aprueba en lo particular el artículo treinta y nueve en términos de la iniciativa; y la adición de un artículo transitorio aceptado por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos treinta y nueve y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
Jorge Luis Montes Nieves, de Morena, que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Francisco Favela Peñuñuri, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo veintisiete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para su dictamen.
Presidencia de la diputadaDolores Padierna Luna
María del Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen.
Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
Claudia Reyes Montiel, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman los artículos ciento ocho, y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo setenta y uno de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituyen las comisiones ordinarias de la Sexagésima Cuarta Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
La Presidencia informa a la Asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las Comisiones Ordinarias.
Agotados los asuntos del orden del día, la Presidencia cita para la próxima Sesión que tendrá lugar el día martes dos de octubre de dos mil dieciocho, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con nueve minutos.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Está levantando la mano el diputado. ¿Para qué efecto, señor diputado? Micrófono, por favor. Por favor, micrófono en la curul del diputado.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (desde la curul): Jaime Humberto Pérez Bernabe. Diputada presidenta, con respecto a la sesión pasada y justamente con este tema, en lo particular me interesa que se anexe en el acta pasada que justamente la fracción de Acción Nacional decía que hay que enviar el resolutivo a la PGR de varios expedientes con el tema de Javier Duarte.
Y sigo sosteniendo que no nada más se tiene que anexar a Javier Duarte, sino a Miguel Ángel Yunes. Y lo que sostenía o comentaba la vez pasada, hoy queda más que sostenido, porque queda al descubierto la corrupción de Miguel Ángel Yunes Linares y eso es lo que yo quiero que se anexe.
Recientemente, el pasado lunes, la Auditoría, el Orfis, acaba de determinar que hay un probable daño patrimonial de 338 millones de pesos al erario de Veracruz y también justamente con toda esta acción de corrupción sí es importante que se anexe investigación sobre Miguel Ángel Yunes Linares, porque tanto Miguel Ángel...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Señor diputado...
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (desde la curul): ... como Javier Duarte son exactamente lo mismo, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El tema fue del 68. Sin embargo, diputado Jaime Humberto, se registra su opinión para el Diario de los Debates.
Queda aprobada el acta.
COMUNICACIONES OFICIALES
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018.
Asimismo, con fundamento en el artículo 107, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2017.
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2018.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018. Miguel Messmacher Linartas (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita apoyar la toma de decisiones en la materia.
En ese sentido, en el Coneval se elaboraron una serie de estudios diagnósticos de los derechos sociales establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Desarrollo Social, entre los cuales se desarrolló el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, con el propósito de analizar el grado de avance en el cumplimiento pleno del derecho social a la vivienda.
Para nosotros es importante que conozca dicho estudio, por ello le comparto la siguiente liga donde podrá consultarlo:
https://www.coneval.org.mxlEvaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/ Estudio_Diag_Vi_vienda_2018.pdf
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018. Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese este documento a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Seguridad.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. Presente.
Distinguido diputado Muñoz Ledo:
Me refiero a su oficio número DGPL 64-II-8-0033, mediante el cual hace de conocimiento que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 11 de septiembre del año en curso, aprobó acuerdo por el que: Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad que se intensifiquen las labores de seguridad en la red de carretas federales del país, que impacte en la reducción de los delitos que se perpetran en ella y en beneficio de los automovilistas y autotransportistas que la utilizan.
Sobre el particular, me permito informar que la Policía Federal, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, bajo mi coordinación, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la ley que la rige, realiza acciones tendientes a salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; prevenir la comisión de los delitos, e investigar la comisión de los mismos, en términos de las disposiciones aplicables y en todos aquellos espacios sujetos a jurisdicción federal.
Por lo anterior, la institución implementa, entre otros, dispositivos permanentes de seguridad, vigilancia y orientación en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, con la finalidad de proteger a las personas en su integridad y patrimonio, mantener el orden y prevenir accidentes.
No obstante lo señalado, considerando que se mantiene una permanente colaboración interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en un marco de respeto a las atribuciones concurrentes entre las instancias de la federación, las entidades federativas y los municipios, se toma conocimiento del exhorto, mismo que se planteará ante los grupos de coordinación de todas las entidades federativas, a través de las 32 Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, proponiendo acuerdos para la implementación y / o fortalecimiento de estrategias, acciones u operativos para generar mayores condiciones de seguridad en las vías generales de comunicación terrestres, así como prevenir la comisión de delitos.
Con estas acciones, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal refrendan su compromiso de trabajar permanentemente en acciones integrales para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, investigación y persecución de los delitos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018. Licenciado Renato Sales Heredia (rúbrica), comisionado nacional de Seguridad.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LIBERACIÓN DE RECURSOS POR LAS RECIENTES LLUVIAS EN SINALOA, SONORA Y MICHOACÁN
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos del fondo revolvente dentro del Fonden, para las familias damnificadas por las recientes lluvias en los estados de Sinaloa, Sonora y Michoacán.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, Sonora y Michoacán.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, Sonora y Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Rene Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fortunato Rivera Castillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Con este punto iniciamos una ronda de presentación de iniciativas.
El diputado Fortunato Rivera Castillo:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Tenemos una gran deuda histórica de justicia social con nuestros hermanos indígenas.
Los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Nuestro país, de acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, existen 68 pueblos indígenas concentrados principalmente en 25 regiones de 20 estados. Esos pueblos conforman uno de nuestros cimientos nacionales culturales más relevantes e importantes en nuestro país por su historia, gastronomía, música, artesanía, medicina, por mencionar algunas, han logrado darnos reconocimiento a nivel mundial.
México es reconocido por su cultura indígena. Desafortunadamente toda esta riqueza no ha sido valorada ni reconocida. Nuestros pueblos siguen manifestándose solo en el discurso y en políticas públicas que no han cumplido con el propósito de brindar un óptimo desarrollo y bienestar a este sector tan vulnerable.
Después de haber estudiado la difícil situación que prevalece en ese sector, se ha determinado generar esta iniciativa que propone crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el cual supliría a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que si bien su naturaleza jurídica es idéntica, esta última tenía algunas limitantes ya que fue concebida como una instancia consultiva y coadyuvante con los entes públicos de la administración pública federal, más no decisiva como es el instituto propuesto en el cual sería la autoridad en la materia.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tendrá una estructura abierta e incluyente, partiendo de la junta de gobierno, la instancia máxima en decisiones, la dirección general como órgano administrativo, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como órgano de participación y vinculación, la coordinación para el fortalecimiento y reconstrucción de los pueblos indígenas como instancia de relación con las comunidades originarias, la coordinación de transversalidad de los pueblos indígenas como órganos de coordinación con los entes públicos y las oficinas de representación de pueblos indígenas como órganos regionales de operación.
A diferencia de su antecesor, el instituto cuenta entre sus funciones el diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas políticos y acciones públicas relativas al reconocimiento pleno e implementación de derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, incluso contaría con la capacidad de elaborar propuestas de reformas constitucionales y legales.
Sus facultades se pueden cimentar de la siguiente manera: relativa al diálogo y la interlocución, relativa a la definición, implementación y evaluación de estrategias políticas públicas, relativa y reconocer y garantizar los derechos en un contexto de disminución de desigualdades y no de discriminación y relativa al reconocimiento y protección de su patrimonio cultural y tradiciones.
De igual forma, es importante mencionar que el Instituto tendrá la facultad de promover medios de comunicación propios de los pueblos indígenas, garantizar el acceso a medios de comunicación no indígenas públicos y privados.
Para su implementación destacan dos instrumentos, los planes integrales de desarrollo regional de los pueblos indígenas, el sistema Milpa, que buscará lograr la autosuficiencia alimentaria, y como mecanismo de comunicación con los pueblos indígenas se reconocerá a una asamblea general comunitaria para la toma de decisiones.
Buscamos saldar la gran deuda que tenemos con nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos mayores de nuestras comunidades indígenas. Es cuanto.
«Iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEn un país con gran diversidad étnica como el nuestro, uno de los principales retos del nuevo gobierno será enfrentar adecuadamente las diferentes necesidades y demandas que experimentan los grupos humanos y sus expresiones culturales. El desafío consiste en lograr la integración social de la comunidad nacional y, de ser posible, lograr eliminar las disparidades regionales que dividen a la sociedad, el objetivo es proporcionar a todos los mexicanos las mismas oportunidades, sin importar su origen o condición étnica.
De acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en México existen 68 pueblos indígenas que se concentran principalmente en 25 regiones indígenas localizadas en 20 estados del país, una gran parte de estos grupos se encuentran en estado de marginación, ya que las políticas públicas establecidas para impulsar su desarrollo, no han sido suficientes para asegurar la adecuada satisfacción de sus demandas de justicia y para mejorar sus condiciones de vida.
El reto de cualquier gobierno democrático debe de ser erradicar la pobreza extrema de los grupos marginados, y de los pueblos indígenas en especial, que no solo requiere de un cambio en la distribución y asignación de los recursos, sino que también una modificación en la relación de los pueblos indígenas y el Gobierno; se requiere transformar las instituciones gubernamentales, así como los programas focalizados a éstos grupos prioritarios.
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), se estima que México tiene una población indígena de 15.7 millones de personas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan más de 7.3 millones de personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional.
El crecimiento del nu?mero de indiígenas se explica en buena medida porque la tasa de fecundidad de este sector poblacional es mayor que la nacional, con 3.1 hijos por cada mujer indígena, frente a una tasa global del 2.3. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca (32.2 por ciento), Yucatán (28.9 por ciento), Chiapas (27.9 por ciento), Quintana Roo (16.6 por ciento) y Guerrero (15.3 por ciento).
Las lenguas indígenas que ma?s se hablan en México son: náhuatl (23.4 por ciento), maya (11.6 por ciento), tseltal (7.5 por ciento), mixteco (7.0 por ciento), tsotsil (6. 6 por ciento), zapoteco (6.5 por ciento), otomí (4.2 por ciento), totonaco (3.6 por ciento), chol (3.4 por ciento), mazateco (3.2 por ciento), huasteco (2.4 por ciento), mazahua (2.0 por ciento), chinanteco (1.9 por ciento), tarasco (1.9 por ciento), mixe (1.8 por ciento) y tlapaneco (1.8 por ciento).
La población indígena de México ha enfrentado condiciones adversas para su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, actualmente es uno de los sectores mayormente afectados por la pobreza, la marginación y la discriminación, entre otros fenómenos sociales que ponen en entredicho sus derechos fundamentales y los derechos fundamentales que protege nuestra Carta Magna.
No obstante que nuestros pueblos indígenas conforman uno de nuestros cimientos nacionales y culturales más relevantes e importantes, esta condición, no se ha traducido en una reivindicación efectiva y permanente frente al Estado o la sociedad, mucho menos en mejores condiciones de vida, al contrario; de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y ocho de cada diez tienen ingresos inferiores a la Línea de Bienestar, es decir, no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades más elementales; el gobierno de México y los mexicanos, contamos con una deuda histórica, lograr que nuestros hermanos indigenas, cuenten con todos los elementos necesarios para lograr el bienestar y un desarrollo humano sustentable.
Ante esta terrible coyuntura, el nuevo gobierno tiene la obligación ineludible de emprender políticas públicas que se encuentren focalizadas a transformar la calidad de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas, articulando las acciones institucionales transversales y de carácter muldimensional, que incluyan la participación de las comunidades, a efecto de saldar la deuda social que tenemos con nuestros pueblos originarios.
Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Único. Se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de conformidad con lo siguiente:
Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
Título IConsideraciones Generales Capítulo IDe la Naturaleza, Objeto y Funciones del Instituto Nacional de Pueblos IndígenasArtículo 1. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en lo sucesivo el Instituto, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.
Artículo 2. El Instituto será la autoridad del Poder Ejecutivo federal en materia de los asuntos relativos a los pueblos indígenas, tiene como objeto diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones de la Administración Pública Federal, para el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.
Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, en el marco de una nueva relación de coordinación, respeto y ejercicio pleno de sus derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional.
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con las siguientes atribuciones:
I. Conducir y orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas, así como aprobar, autorizar y participar, en coordinación con las instancias competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen con relación a los pueblos indígenas, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género;
II. Promover, proteger, respetar y garantizar el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte.
Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas, como sujetos y mediante una relación de respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas basadas en la buena fe;
III. Realizar acciones de colaboración y coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de diálogo, coordinación y participación con los pueblos indígenas, y de concertación con los sectores social y privado, así como con organismos internacionales;
IV. Elaborar y promover las propuestas de reformas constitucionales, legales e institucionales, que se requieran para dar pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos Indígenas;
V. Formular y ejecutar, en coordinación con los pueblos indígenas, los programas para la investigación, capacitación, defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas;
VI. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres indígenas, así como fortalecer su participación en todos los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias visiones y propuestas;
VII. Promover el reconocimiento, respeto y protección de las niñas, niños y jóvenes indígenas, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida, personas mayores, personas con discapacidad y cualquier otro sector indígena en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y discriminación;
VIII. Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y respeto de los derechos de la población migrante indígena tanto a nivel nacional como en el extranjero, con especial énfasis de la población jornalera agrícola;
IX. Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias competentes, el acceso de los pueblos indígenas y sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte se tomen en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, en particular sus lenguas, en el marco del pluralismo jurídico;
X. Promover e impulsar la participación y representación política de los pueblos indígenas en las diversas instancias del Estado, así como impulsar y promover, en coordinación con las instancias competentes, el ejercicio de su derecho a elegir a sus autoridades o representantes, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales;
XI. Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación de las tierras, territorios, bienes y recursos naturales de los pueblos indígenas con pleno respeto a las disposiciones que en ésta materia existan;
XII. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las instancias competentes y los pueblos indígenas, para la conservación y protección de la integridad de la biodiversidad y medio ambiente de dichos pueblos, a fin de generar y mantener modos de vida sostenibles y hacer frente a las consecuencias adversas del cambio climático;
XIII. Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las instancias competentes, en la atención y resolución de los conflictos territoriales, agrarios, sociales, políticos y de otra índole, en las regiones indígenas del país;
XIV. Promover el reconocimiento y respeto de la existencia y funciones de las instituciones de paz y seguridad comunitaria de los pueblos indígenas y su coordinación con las instancias de seguridad del Estado, de conformidad con sus sistemas normativos y las leyes en la materia;
XV. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, así como realizar recomendaciones, para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos, así como para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos;
XVI. Realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y estudios relativos a los pueblos indígenas, y conservar los acervos del patrimonio cultural e intelectual de dichos pueblos;
XVII. Apoyar y fortalecer los procesos de reconstitución y desarrollo con cultura e identidad de los pueblos indígenas;
XVIII. Instrumentar, gestionar, promover y ejecutar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento, mejoramiento y ampliación de las vías de comunicación que permitan la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica productiva;
XIX. Apoyar, capacitar y asesorar a las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y a sus integrantes, en la atención de los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos;
XX. Garantizar, coadyuvar e implementar los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar sus derechos.
XXI. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos indígenas, a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;
XXII. Instrumentar, operar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas;
XXIII. Elaborar, gestionar, impulsar, dar seguimiento y evaluar, de manera conjunta y coordinada con los pueblos indígenas, los Planes Integrales de Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas;
XXIV. Apoyar e impulsar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, los sistemas agrícolas tradicionales y los cultivos básicos, en especial, el sistema milpa, para lograr la seguridad, autosuficiencia y soberanía alimentaria;
XXV. Desarrollar programas de formación y capacitación en todos los asuntos relativos a los pueblos indígenas, destinados a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como para las entidades federativas y municipios, con el fin de proporcionar una atención pertinente y de calidad a dichos pueblos;
XXVI. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los otros poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos indígenas;
XXVII. Concertar acciones con los sectores social y privado, en coordinación con los pueblos indígenas, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de dichos pueblos;
XXVIII. Establecer las bases para integrar y operar un Sistema Nacional de Información sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, en coordinación con las instancias especializadas, que contenga los elementos y características fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos de derecho público;
XXIX. Participar de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la formulación del proyecto de presupuesto consolidado relativo a los pueblos indígenas a ser incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;
XXX. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas;
XXXI. Gestionar y ejercer los recursos establecidos en su presupuesto anual, con el objeto de promover y garantizar el reconocimiento e implementación de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos indígenas;
XXXII. Promover y adoptar medidas, en conjunto con los pueblos indígenas, para la preservación, protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural, material e inmaterial; sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, así como, todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos indígenas;
XXXIII. Promover y adoptar las medidas correspondientes para mantener, proteger y desarrollar la propiedad intelectual, colectiva e individual, con relación a dicho patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales;
XXXIV. Emprender programas de rescate, conservación, fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, en coordinación con las instancias competentes; y promover las acciones afirmativas necesarias para que las instancias de gobierno garanticen los servicios de interpretación y traducción a la población indígena que le permitan acceder al ejercicio de sus derechos;
XXXV. Coordinar con las instancias correspondientes, el reconocimiento y la implementación de la educación indígena en todos sus tipos y niveles, así como participar en la elaboración de los planes y programas de estudio dirigidos a los pueblos indígenas.
XXXVI. Crear los espacios necesarios en las regiones indígenas del país, para la atención integral e· intercultural de los niños, niñas y jóvenes indígenas;
XXXVII. Promover el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, a través de sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la conservación de plantas medicinales, animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital. Asimismo, promover e impulsar, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, el acceso de los pueblos indígenas y sus integrantes a los servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de género, sin discriminación alguna.
XXXIX. Coadyuvar para el reconocimiento institucional de quienes ejercen la medicina tradicional en sus diferentes modalidades;
XL. Promover las medidas eficaces para que los pueblos indígenas puedan adquirir, establecer, operar y administrar sus propios medios de comunicación e información haciendo uso de sus culturas y lenguas; así como, para acceder a los medios de información y comunicación no indígenas, públicos y privados, en condiciones de equidad e interculturalidad y sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto por las leyes en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación;
XLI. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en materia de reconocimiento, protección e implementación de los derechos, así como el desarrollo de los pueblos indígenas y, en su caso, realizar las recomendaciones que correspondan;
XLII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promover la participación de las mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, y
XLIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 5. El Instituto diseñará y operará, en conjunto con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Instituto, un sistema de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán las bases y los procedimientos metodológicos para promover los derechos y la participación de las autoridades, representantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de sus derechos.
De igual forma, podrán llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la efectiva realización del proceso de consulta.
Artículo 6. El Instituto en el marco del desarrollo de sus atribuciones, se regirá por los principios siguientes:
I. Respetar, observar, y promover el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación, así como su diversidad cultural, social, política y económica;
II. Garantizar el reconocimiento y respeto del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas y, como una expresión de ésta, la autonomía, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte;
III. Promover la pluralidad para promover la relación justa y simétrica de los diversos pueblos que componen la Nación con el carácter reconocido, así como la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, intercultural, tolerante y respetuosa de la diversidad de pueblos y culturas que conforman el país;
IV. Garantizar y promover la integralidad, transversalidad e interculturalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el reconocimiento, respeto e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas;
V. Fomentar el desarrollo sostenible para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, con pleno respeto a sus derechos, sin arriesgar o dañar el patrimonio de las generaciones futuras;
VI. Incluir el enfoque de igualdad de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción y ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres indígenas;
VII. Garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos susceptibles de afectarles, y
VIII. Garantizar y promover el pluralismo jurídico que obliga a analizar la situación de los pueblos indígenas desde sus propios sistemas normativos que parten y tienen diferentes concepciones sobre el ejercicio del gobierno comunitario, en un marco de coordinación y respeto con el sistema jurídico estatal.
Artículo 7. En el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Instituto respetará las instituciones, órganos, normas, procedimientos y formas de organización con que cada pueblo y comunidad cuente para la toma de decisiones, en el marco del pluralismo jurídico.
Para estos efectos, se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones; así como a las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades, elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos.
Artículo 8. En su relación con los órganos y autoridades representativas de los pueblos y comunidades indígenas, el Instituto reconocerá y respetará las formalidades propias establecidas por los sistemas normativos indígenas, debiendo surtir los efectos legales correspondientes.
Artículo 9. Será aplicable con respecto de la operación del Instituto, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que no se oponga a esta ley.
Capítulo IIDe los Órganos y Funcionamiento del Instituto Nacional de Pueblos IndígenasArtículo 10. El Instituto contará con los Órganos siguientes:
I. Una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno;
II. Una Dirección General, como órgano de administración;
III. Un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como órgano de participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afromexicano;
IV. Una Coordinación para el Fortalecimiento y la Reconstitución de los Pueblos Indígenas, como instancia de relación con los pueblos indígenas del país;
V. Una Coordinación de Transversalidad de Pueblos Indígenas, como órgano de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Federales y los órganos constitucionales autónomos; y
VI. Las Oficinas de Representación de Pueblos Indígenas, cómo órganos de operación regional.
Artículo 11. La Junta de Gobierno estará integrada por:
I. El o la presidenta de la Junta, que será designado por el titular del Ejecutivo federal de entre sus miembros;
II. El o la titular de cada una de las siguientes secretarías de estado:
a) Gobernación;
b) Hacienda y Crédito Público;
c) Economía;
d) Bienestar,
e) Medio Ambiente y Recursos Naturales;
f) Agricultura y Desarrollo Rural
g) Comunicaciones y Transportes;
h) de la Función Pública;
i) Educación Pública;
j) Salud;
k) Trabajo y Previsión Social;
l) de Desarrollo Territorial y Urbano;
m) Turismo;
n) de Energía;
ñ) de Cultura;
o) de Relaciones Exteriores, y
p) de Seguridad.
III. El o la presidenta del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas;
IV. El director o directora general del Instituto, sólo con derecho a voz;
V. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, sólo con derecho a voz;
VI. El o la titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y
VII. El o la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En los casos a los que se refiere la fracción segunda, cada miembro propietario contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de subsecretario de estado. Los y las integrantes a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera tendrán derecho a voz y voto. El presidente de la Junta podrá invitar a las personas que considere pertinente en relación a los asuntos a tratar, contando solamente con derecho a voz.
Artículo 12. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que proponga su presidente, o en su caso, aquellas que convoquen cuando al menos tres de sus miembros.
Artículo 13. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las y los integrantes presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 14. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:
I. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto y su programa operativo anual, a propuesta de su Director General;
II. Definir los criterios, prioridades y metas del Instituto;
III. Realizar las observaciones y propuestas a los programas, proyectos, estrategias y acciones que las instancias de gobierno integrantes dela misma, realicen en relación con los pueblos indígenas, así como el seguimiento y evaluación que corresponda;
IV. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los otros poderes del Estado, con los organismos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, así como con organismos internacionales, que incluyan la participación de los pueblos indígenas;
V. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas del Instituto que no impliquen la afectación de su monto total autorizado , recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;
VI. Decidir el uso y destino de los recursos autorizados y la aplicación de ingresos excedentes;
VII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera;
VIII. Autorizar los criterios de distribución, a propuesta del director general, del total de los recursos adicionales que se aprueben, en su caso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el reconocimiento e implementación de los derechos, así como el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
IX. Aprobar el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, a propuesta del director general del Instituto, con pertinencia social y cultural;
X. Aprobar, a propuesta del director general del Instituto, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos;
XI. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad, y
XII. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 15. El director general del Instituto será designado y removido por el presidente de la República, de quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 16. El director general del Instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el buen funcionamiento del Instituto, dando cumplimiento a los fines, atribuciones y funciones establecidas en esta ley;
II. Construir y mantener una relación de respeto, coordinación y colaboración con los pueblos indígenas del país, mediante la implementación del diálogo intercultural y la generación de acuerdos constructivos;
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del Instituto;
IV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de cualesquiera actos de dominio, se requerirá la autorización previa de la Junta de Gobierno;
V. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial;
VI. Formular denuncias y querellas y proponer a la Junta de Gobierno el perdón legal, cuando a su juicio proceda, así como comparecer por oficio, al igual que los inferiores jerárquicos inmediatos, a absolver posiciones en términos de la ley procesal que corresponda;
VII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;
VIII. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje;
IX. Formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de reforma constitucional, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República;
X. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
XI. Dar a conocer a la Junta de Gobierno las propuestas del Consejo Nacional del Instituto;
XII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como elaborar el anteproyecto de presupuesto que corresponda;
XIII. Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener cartas de crédito, previa autorización de la Junta de Gobierno sujetándose a las disposiciones legales y administrativas aplicables;
XIV. Elaborar y presentar el Estatuto Orgánico y el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera , para aprobación de la Junta de Gobierno; aprobar las Reglas de Operación y la reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones; y expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del Instituto;
XV. Acordar las condiciones generales de trabajo del Instituto;
XVI. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos;
XVII. Informar a la Junta de Gobierno sobre el ejercicio de las facultades que este artículo le concede, y
XVIII. Las que le confieren los ordenamientos aplicables y las demás que, con fundamento en esta Ley, le delegue la Junta de Gobierno.
Artículo 17. El Instituto contará con un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por:
I. Representantes de los pueblos indígenas y afromexicano, de conformidad con las disposiciones legales aplicables derivadas del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la participación de estos pueblos se atenderá a los criterios de autoadscripción acreditada, representatividad y reconocimiento comunitario, etnolingüísticos, distribución geográfica y demográfica. Asimismo, se promoverá la participación igualitaria de las mujeres indígenas;
II. Representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales, especialistas en materia indígena;
III. Representantes de organizaciones indígenas que trabajen sobre derechos y desarrollo de los pueblos indígenas;
IV. Dos representantes de la población indígena migrante residente en los Estados Unidos de América.
V. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno;
VI. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno; y
VII. Observadores de organismos internacionales especializados en la materia, de conformidad con la consulta que se realice a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los integrantes a que se refieren las fracciones I a IV serán nombrados de conformidad con la reglamentación que expida la Junta de Gobierno, debiendo garantizarse su legítima representatividad.
En la composición del Consejo siempre habrá mayoría de representantes indígenas.
Artículo 18. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Instituto analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al director general sobre las políticas, programas y acciones públicas para garantizar el reconocimiento e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Nacional sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, elegido democráticamente en sesión plenaria del Consejo.
Artículo 19. La Coordinación para el Fortalecimiento Reconstitución de los Pueblos Indígenas tendrá a su cargo la implementación de la nueva relación del Estado mexicano con dichos pueblos, sobre la base del respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales. En especial impulsará y apoyará los procesos de autonomía y reconstitución de los pueblos indígenas, así como en las acciones legales para la defensa y promoción de sus derechos colectivos.
Artículo 20. La Coordinación de Transversalidad de Pueblos Indígenas tendrá a su cargo la vinculación y coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes federales y los órganos constitucionales autónomos, para la debida atención de los pueblos indígenas en el ámbito de sus competencias y atribuciones, con pertinencia social, económica, cultural y lingüística.
Artículo 21. El Instituto contará con las unidades administrativas centrales y en el interior de la República que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y funciones.
Artículo 22. El Instituto establecerá las Oficinas de Representación de los Pueblos Indígenas en cada una de las regiones indígenas del país, para la atención integral e intercultural de los pueblos indígenas con enfoque territorial. Dichas regiones indígenas serán de atención especial prioritaria para la Administración Pública Federal.
Cada Oficina de Representación, contará con un Consejo Regional de Pueblos Indígenas, que analizará, opinará y hará propuestas a la Coordinación sobre las políticas, programas y acciones públicas para el reconocimiento e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas.
Artículo 23. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo federal y los que adquiera por cualquier título legal;
II. Las asignaciones presupuestales, transferencias, subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba y, en general, con los ingresos que obtenga por actividades relacionadas con su objeto, previstas en esta Ley, y
III. Con los productos que adquiera por la venta de sus publicaciones.
Artículo 24. El Instituto administrará y dispondrá libremente de su patrimonio en el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados.
Artículo 25. El Instituto contará con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 26. El Instituto contará con una Contraloría Interna, Órgano de Control Interno, al frente de la cual el contralor interno, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.
Artículo 27. El Instituto contará con un Servicio Profesional de Carrera, aplicable a los servidores públicos de la misma, que se organizará en los términos que establezca el Estatuto que en la materia expida la Junta de Gobierno.
En caso de que los servidores públicos del Instituto pertenezcan a un pueblo indígena y sean nombrados para desempeñar algún cargo en sus comunidades o municipios, se les proporcionará el apoyo y las facilidades que correspondan.
Artículos TransitoriosPrimero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el tratamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como entidad no sectorizada.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas conservará la personalidad jurídica y el patrimonio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Cuarto. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas expedirá el estatuto orgánico de dicha entidad en un plazo de noventa días, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.
En tanto se expide el estatuto orgánico, se continuará aplicando el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en lo que no se oponga a esta ley; y en lo no previsto se estará a lo que resuelva la Junta de Gobierno.
Quinto. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas deberá estar instalado dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta ley.
Sexto. Los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas seguirán siéndolo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, conservando su antigüedad, derechos y condiciones laborales, en términos de la legislación aplicable.
Los recursos materiales, financieros y activos con que cuente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Séptimo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley, las dependencias y entidades de la administración pública federal propondrán al presidente de la República, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones del marco jurídico que consideren necesarias para el pleno respeto e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas.
Octavo. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, seguirán a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Noveno. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y administrativas se haga a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se entenderá hecha al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputados y diputadas: Fortunato Rivera Castillo,Alejandro Ponce Cobos, Bonifacio Aguilar Linda, Claudia López Rayón, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edith Marisol Mercado Torres, Elba Lorena Torres Díaz, Iran Santiago Manuel, Irma Juan Carlos, Jacquelina Martínez Juárez, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julio César Angeles Mendoza, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Martínez González, Leticia Díaz Aguilar, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Guillermina Alvarado Moreno, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Sandra Simey Olvera Bautista, Sarai Núñez Cerón, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»
Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Es de todos conocidos que en México hay un divorcio entre la mal llamada clase política y los ciudadanos, no hay comunión entre ambos porque la clase política no los representa y los ciudadanos, por lo mismo, han dejado de creer.
La corrupción y la mentira han sido la constante del descrédito, por lo tanto no es gratuito y mucho menos injusto. Cada uno de los diputados que fuimos electos en el pasado proceso electoral emanamos de un partido político cuya plataforma política-ideológica debiera ser el lienzo donde se plasmen las ideas que hemos de materializar en las próximas leyes y reglamentos que habrán de regular la vida de México.
En el caso de los diputados que fueron electos sin pertenecer a un partido político, también se deben a determinados postulados y principios que sus electores esperan queden grabados en sus trabajos.
Ahora bien. Si partimos del supuesto que acabamos de enunciar, es inadmisible aceptar la posibilidad de abandonar de un momento a otro una plataforma ideológica por otra diversa, debido a que la naturaleza humana indica que nada cambia en total y absoluto convencimiento de la noche a la mañana.
Es decir, resulta ilegítimo apoyar algún postulado cuando antes se le combatía o simple y sencillamente le era indiferente.
Por otro lado, está el hecho incontrovertible de que los votantes que eligen a un candidato precisamente lo hacen porque se encuentra avalado por un partido político, que les garantiza la defensa o el abanderamiento de distintas ideologías, causas y postulados con las que se identifican: la vida, la naturaleza, la revolución, o el bien común, por mencionar algunos.
Es por ello que podemos asegurar que existe un vínculo ideológico y ético que nos obliga a pertenecer a un grupo parlamentario del partido político por el que fuimos electos. Es decir, los diputados no nos mandamos solos, y el capricho o conveniencia no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el impulso que nos lleve a actuar, porque este ha sido uno de los orígenes del descrédito que hoy aqueja al Poder Legislativo.
En ese orden de ideas, el suscrito considera que no es suficiente ese vínculo ideológico y ético, además se requiere fundamento legal que obligue a dicha permanencia, a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos habla de la posibilidad de que un diputado o diputada pueda pertenecer a un grupo parlamentario, entendido éste en el conjunto de diputadas y diputados que se agrupan según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara, que el artículo 70, tercer párrafo de la Constitución Política precisa que la Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Por tanto, válidamente podemos afirmar que el espíritu del legislador era que esta Cámara se integre con diputadas y diputados y grupos parlamentarios sólidos ideológicamente hablando, a efecto de evitar el pragmatismo en la toma de decisiones, el mercantilismo de votos y el trueque de diputados.
Es indispensable que esta intención del legislador quede debidamente plasmada en la Ley y evitar que en lo sucesivo se vuelvan a dar esas prácticas, que atentan contra la dignidad de este espacio, pues ir de un grupo parlamentario a otro en atención directa a conveniencias y componendas, contradice el sentido de nuestra Constitución, su espíritu, lesiona la imagen de esta Cámara y atenta, sin lugar a dudas, contra la representación que ostentamos.
No puede repetirse lo que hace unos días allá, en el Senado negociaron: Le conceden la licencia a Velázquez y acá, en la Cámara, cinco diputados del Verde brincan a Morena. Se necesita ser muy ingenuo para no ver lo que pasó y se necesita ser muy cínico para avalarlo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo a someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Único. Se reforma el artículo 30, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 30, numeral 1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario no podrán integrarse a otro existente y serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores, apoyándolos conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado.
«Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEs conocido de todos, que en México hay un divorcio entre la mal llamada clase política y los ciudadanos. No hay comunión entre ambos porque la clase política no los representa y los ciudadanos, por lo mismo, han dejado de creer. La corrupción y la mentira han sido la constante, el descredito, por lo tanto, no es gratuito y mucho menos injusto.
Cada uno de los diputados que fuimos electos en el pasado proceso electoral emanamos de un partido político cuya plataforma ideológica debiera ser el lienzo donde se plasmen las ideas que hemos de materializar en las próximas leyes y reglamentos que habrán de regular la vida de México. En el caso de los diputados que fueron electos sin pertenecer a un partido político también se deben a determinados postulados y principios que sus electores esperan queden grabados en sus trabajos.
Por lo tanto, todos y cada uno de los aquí presentes nos encontramos ligados a ideas y corrientes de pensamiento que terminan siendo el fundamento de nuestro actuar. Los que militamos en un partido político lo hacemos por determinadas razones y aun los que no militan en ninguno lo hacen por una determinada razón.
Ahora bien, si partimos del supuesto que acabamos de enunciar, es inadmisible aceptar la posibilidad de abandonar de un momento a otro una plataforma ideológica por otra diversa debido a que la naturaleza humana indica que nadie cambia en total y absoluto convencimiento de la noche a la mañana. Es decir, resulta ilegítimamente apoyar algún postulado cuando antes se le combatía o le era indiferente.
Por otro lado está el hecho incontrovertible de que los votantes que eligen a un candidato precisamente lo hacen porque se encuentra avalado por un partido político que les garantiza la defensa o abanderamiento de distintas ideologías, causas y postulados con las que se identifican: la vida, la naturaleza, la revolución o el bien común, por mencionar algunos a manera de ejemplo.
Es por ello que podemos asegurar que existe un vínculo ideológico y ético que nos obliga a permanecer en el grupo parlamentario del partido político por el que fuimos electos, es decir, los Diputados no nos mandamos solos y el capricho o conveniencia no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el impulso que nos lleve a actuar porque este ha sido uno de los orígenes del descredito que hoy aqueja al Poder Legislativo.
En ese orden de ideas, el suscrito considera que no es suficiente ese vínculo ideológico y ético, además se requiere el fundamento legal que obligue a dicha permanencia a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos habla de la posibilidad de que un diputado pueda pertenecer a un grupo parlamentario, entendido este como el conjunto de diputados que se agrupan según su afiliación de partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara, y que el artículo 70, tercer párrafo, de la Constitución Política precisa que:
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Por tanto, válidamente podemos afirmar que el espíritu del legislador era que esta Cámara se integre con diputados y grupos parlamentarios sólidos ideológicamente hablando, a efecto de evitar el pragmatismo en la toma de decisiones, el mercantilismo de votos y el trueque de diputados.
Es indispensable que esta intención del legislador quede debidamente plasmada en ley y evitar que en lo sucesivo se vuelvan a dar estas prácticas que atentan contra la dignidad de este espacio, pues ir de un grupo parlamentario a otro en atención directa a conveniencias y componendas, contradice el sentido de la Constitución, su espíritu, lesiona la imagen de esta Cámara y atenta, sin lugar a dudas, contra la representación que ostentamos.
Por lo expuesto y fundado, me sirvo a someter a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 30, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 30, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 30.
1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario no podrán integrarse a otro existente y serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores, apoyándolos conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018. Diputados y diputadas: Miguel Alonso Riggs Baeza,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina:Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy he solicitado estar en esta tribuna presentando una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 4o.; esta es nuestra máxima tribuna en donde nuestros electores esperan respuesta pronta de los diputados de esta legislatura.
A efecto de presentar a ustedes la iniciativa que adiciona de manera expresa el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, el principio de progresividad, mismo que recoge la incertidumbre de nuestros adultos mayores, consistente en el temor a perder o no poder acceder al programa de pensión no contributiva de 65 y más.
El programa de Pensión para Adultos Mayores consiste en apoyos económicos de 580 pesos mensuales, con cobertura a nivel nacional, protege a personas de 65 años en adelante, quiero ser muy clara con la edad, 65 años en adelante, que no reciban ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por concepto de pago, jubilación o pensión de tipo contributivo, como las que otorga, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera.
Al cierre del 2017, el padrón de beneficiarios que existe en este país y que opera Sedesol, era de 5 millones 123 mil 500 personas adultas mayores. Y es pagado con cargo al presupuesto federal para que el ejercicio fiscal del año 2017 representó una inversión de 37 millones de pesos.
La proporción de personas con 60 años o más en nuestro país, para 2017 alcanzó los 12 millones, 973 mil 411 adultos mayores, que de acuerdo con el Inegi es el 53 por ciento mujeres y el 46.1 son hombres.
Mientras a nivel nacional cada vez más instrumentos generan un marco de referencia para proteger al adulto mayor, en nuestro querido México se escuchan ideas en sentido contrario. Que quizás va a subir la edad, que quizás podrá desaparecer.
En el ámbito de los derechos humanos, la incorporación del principio de progresividad con la reforma constitucional del 2011 implica el disfrute de los derechos plenos, tendiente siempre a mejorar y sin que sus beneficios puedan ser regresivos.
El ataque a este principio de progresividad es real, toda vez que es el propio presidente electo y su equipo de colaboradores quienes han señalado que retirar el apoyo social a las personas de entre 65 y 67 años de edad, conforme a la base de su propuesta reformista al sistema de pensiones en el país.
Como dato del segundo informe trimestral del 2018, de la Consar, 30.5 millones de mexicanos que representan el 56.6 por ciento de la población económicamente activa trabajan sin seguridad social.
Como demuestra la Consulta Pública sobre la Captación de las Prestaciones Sociales en el Trabajo, de 2018, aplicada por el Inegi, aproximadamente 2.5 millones de mexicanos mayores de 65 años no reciben ingresos de ningún sistema, contributivo o no contributivo.
Conocemos también que es la mujer mayor de 65 años de edad, los abuelos y las zonas rurales los que más requieren de este apoyo social.
Es indispensable, en esta Cámara, compañeras y compañeros diputados, que reconozcamos los derechos de las personas adultas mayores bajo los principios internacionalmente reconocidos de universalidad, no discriminación, progresividad y dignidad humana, entre otros.
Nosotros, los diputados federales, queremos lo mejor para este país. Por tal motivo, los convoco y los invito a sumarse a esta iniciativa, y que no se incremente la edad de acceso al programa que estoy mencionando.
Es por ello, compañeros, que los convoco a que el artículo 4o. tenga...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Abrevie, diputada.
La diputada María Sara Rocha Medina: ... una adición y que sea la progresividad de nuestros adultos mayores. Muchas gracias, diputado presidente.
«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEn los últimos seis años, el sector de los adultos mayores, sobre todo de aquellos que se encuentran en el rubro de entre los 65 y 67 años de edad, han sido incorporados en las políticas públicas del gobierno federal.
En el ámbito de los derechos humanos, la incorporación del principio de progresividad con la reforma constitucional de 2011, implica el disfrute de derechos tendiente siempre a mejorar y sin que sus beneficios puedan ser regresivos.
El Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y más es un instrumento de política pública por el que el gobierno federal atiende y garantiza los derechos humanos de las personas adultas mayores, y con el que se han beneficiado a más de 5 millones de personas.
Este programa consiste en entregar apoyos económicos de 580 pesos mensuales, con cobertura a escala nacional. Protege a personas de 65 años en adelante, que sean mexicanos por nacimiento o con más de 25 años de residencia en el país y que no reciban ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, como las otorgadas por el IMSS, ISSSTE, Pemex y otras entidades de la administración pública federal.
Es pertinente reconocer que, el envejecimiento de la población mexicana presentará grandes desafíos, y que la inclusión y vinculación de los adultos mayores al resto de la población, requerirá de una política pública de largo plazo.
En 1980, la proporción de personas con 60 años o más en México fue del 5.5 por ciento de la población y en 2017 del 10.1 por ciento. Para el año 2050, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, representará aproximadamente el 24.6 por ciento de la población mexicana.
Actualmente viven en el país 12 millones 973 mil 411 personas adultas de 60 años y más, según el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Geografía, de los de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 por ciento son hombres.
De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se consideran a todas aquellas que tengan 60 años cumplidos o más, que vivan en la República Mexicana o que estén de tránsito. A nivel internacional son cada vez más los instrumentos que generan un marco de referencia para proteger al adulto mayor.
Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de progresividad a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a efecto de que, sin importar el gobierno en turno, se garantice el apoyo a las personas de 60 años y más, y no hasta los 65 años.
Además, se pretende generar certeza a este grupo de la población para que en cada etapa de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y su aprobación en la Cámara de Diputados, exista una partida presupuestal.
Ante la posibilidad de que el gobierno federal, que está por asumir sus funciones en diciembre de 2018, incremente la edad de 65 a 68 años para otorgar los apoyos que prevé el Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y más, hecho que generaría una afectación a 3.8 millones de personas, se debe dejar explícito en la Ley el principio de progresividad.
Incrementar la edad de acceso al Programa de Pensión para adultos mayores implicaría ir en contra de un principio constitucional en materia de derechos humanos. Con estas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se coadyuvará en superar las condiciones que impidan el desarrollo integral y bienestar de un grupo endeble de la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
I. al V. ...
VI. Progresividad. Es la obligación positiva del Estado de promover los derechos de las personas de la tercera edad de manera progresiva y gradual, de forma tal que se garantice el incremento en el grado de tutela, respeto y protección de los derechos.
TransitoriosPrimero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una partida presupuestal para garantizar la progresividad de los programas sociales vinculados a los adultos mayores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días de octubre de 2018. Diputadas y diputados: María Sara Rocha Medina,Adriana Lozano Rodríguez, Alán Jesús Falomir Sáenz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Carmen Medel Palma, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ernesto Javier Nemer Álvaraz, Frinne Azuara Yarzabal, Héctor Joel Villegas González, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Ismael Alfredo Hernández Deras, Jaquelina Martínez Juárez, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lenin Nelson Campos Córdova, Lilia Villafuerte Zavala, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortensia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldivar, Olga Juliana Elizondo Guerra, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sarai Núñez Cerón, Xavier Azuara Zúñiga, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
SE DECLARA EL TERCER MIÉRCOLES DE OCTUBRE, COMO EL DÍA NACIONAL SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que declara el tercer miércoles del mes de octubre como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz:Con el permiso de los integrantes de esta Mesa Directiva.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa constituye una forma de contribuir a la recuperación del dolor que representa para una mujer enfrentar una enfermedad como lo es el cáncer de mama.
Los embates de una enfermedad invasiva desafortunadamente generan muchos daños que en ocasiones son irreversibles, como el caso de la mastectomía. Ante este hecho que existe hoy en día gracias a los avances de la medicina, la cirugía de la reconstrucción mamaria. Solo una mujer puede conocer el dolor de un cáncer de este tipo en el que es gravemente dañada al extirparse una parte de su cuerpo.
En nuestro país el tema de la reconstrucción mamaria no ha sido tomado con toda la seriedad e importancia que requiere. El día sobre la reconstrucción mamaria no se conmemora aún. A nivel mundial el Breast reconstruction awareness day, también conocido como BRA day, o Día mundial sobre la Reconstrucción Mamaria, es una iniciativa que promueve la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria post-mastectomía por cáncer de mama.
Uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada para su proceso de reconstrucción. Por tal motivo, esta iniciativa promueve la creación de un día nacional en el que solidariamente se enfatice la reconstrucción mamaria y los beneficios que conlleva.
Para Encuentro Social, la salud de la mujer, y de todos en general, constituye una prioridad, de aquí nuestro compromiso de legislar y trabajar en este sector. Sé que con el apoyo de todas y todos ustedes podemos adoptar el tercer miércoles de octubre de todos los años para que sea declarado como el Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria. Esta propuesta permitirá darle la importancia debida al tema en comento.
Compañeras y compañeros diputados, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de supervivientes del cáncer es nuestra, es ahora. Otro México en que la prevención del cáncer y la recuperación de la salud sea una tarea de todos nosotros es posible. Hagámoslo ya. Muchas gracias, diputado presidente.
«Iniciativa de decreto, por el que se declara el tercer miércoles de octubre como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La suscrita, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por la que se determina que el tercer miércoles del mes de octubre de cada año sea conmemorado el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria ,al tenor de la siguiente.
Exposición de MotivosDía Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria
El Breast Reconstruction Awarness Day (BRA Day) o Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria es una iniciativa que promueve la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria post-mastectomía por cáncer de mama (CaMa). A nivel mundial uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada para su proceso de reconstrucción.
Cáncer de mama en México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos.
En América Latina, el CaMa es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 mujeres, en Uruguay.
El CaMa se presenta con mayor frecuencia en países desarrollados, pero tiene un mayor impacto en la población de países de ingresos bajos y medios como México, debido al aumento en la esperanza de vida, la urbanización y cambios en el modo de vida.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los CaMa, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto el 30.9% de todas las defunciones por cáncer en mujeres.
Por primera vez en la historia de nuestro país el CaMa, en la última década, ha superado la mortalidad del Cáncer Cérvico Uterino: 14 mujeres mueren diariamente por CaMa, lo anterior debido a que es un padecimiento que es detectado de manera mucho más tardía, lo que disminuye de manera considerable las tasas de supervivencia, así como la utilización de tratamientos más asequibles y menos agresivos para la mujer.
En la última década, se han llevado a cabo acciones en materia legislativa, tanto local como federal que pretenden poner en el centro a las mujeres que sufren de dicho padecimiento, ya que al menos en el marco legal en salud de 17 entidades federativas se incluye al CaMa como un padecimiento prioritario e incluso es materia de legislaciones particulares, para su prevención detección, atención y control integral; cabe destacar que algunas de éstas legislaciones incluyen la rehabilitación integral (reconstrucción) y el acompañamiento emocional (cuidados paliativos) como lo establece la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Debido a que la Ley sobre Metrología y Normalización establece que las NOM deben ser revisadas y actualizadas quinquenalmente, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ha convocado a la revisión de la NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.Lo anterior, con la finalidad de actualizar el contenido de las disposiciones que regulan la atención del CaMa atendiendo las nuevas disposiciones en materia de regulación y a los tratamientos más innovadores.
En materia de reconstrucción mamaria, es importante destacar que actualmente el Protocolo Técnico de Atención para Tumor maligno de mama aprobado por el Consejo de Salubridad General y publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluye el procedimiento como parte del catálogo de tratamientos e insumos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que abre la posibilidad a todos los hospitales acreditados por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud a realizar el procedimiento a sus pacientes.
En materia de política pública el Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, esel documento rector para la estrategia de reducción de la mortalidad por CaMa. En él, se marcan las directrices y acciones entre las que se incluye la coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y autoridades municipales.
Las recomendaciones de la OMS señalan la necesidad del apropiado diagnóstico y tratamiento, desde el primer nivel de atención, por lo que actualmente el Sistema Nacional de Salud, mediante el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) ha desarrollado Guías de Práctica Clínica tanto para detección de factores de riesgo, detección temprana, manejo y tratamiento como son:
Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención.
Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y tratamiento de la Patología Mamaria Benigna en el Primer y Segundo Nivel de Atención.
Guía de Práctica Clínica para la Reconstrucción de Mama en Pacientes Oncológicas En Segundo Nivel de Atención, por nombrar algunas.
En los últimos años, mediante artículos científicos especializados como Reconstrucción mamaria y beneficio psicológico, publicado por la Universidad de Navarra en España, la reconstrucción mamaria tras la mastectomía es una opción decisiva que contribuye a disminuir o evitar posibles trastornos emocionales, debidos a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad. Los factores de recuperación en los que contribuye son:
Posibilidad de recuperar una imagen adecuada.
Evita la pérdida de autoestima.
Impide que las emociones negativas se apoderen del estado de ánimo y se cronifiquen.
Mejora ambulatoria mediante el uso de prótesis para mantener la posición simétrica de los hombros.
Destacan las acciones llevadas a cabo en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga que emprendió en el año 2016 la Primer Macro-Campaña de Reconstrucción de Mama, logrando la atención de 319 mujeres provenientes de 25 entidades federativas, refiriendo que será una campaña permanente y que la convocatoria para ser elegible al procedimiento será del mes de enero al mes de septiembre y serán intervenidas de octubre a diciembre de cada año, así como las acciones desarrolladas mediante Fundación IMSS para la procuración de fondos a favor del Banco de Prótesis Mamarias tanto externas como internas, utilizadas para intervenciones de reconstrucción mediante cirugía.
Actualmente el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga ha lanzado la convocatoria para la Segunda Macro-Campaña de Reconstrucción de Mama para llevar a cabo las intervenciones durante el mes de octubre y lograr la intervención de aquellas mujeres que deciden tomar el último paso para su recuperación total.
Por lo anterior, es importante enfatizar el valor terapéutico de la reconstrucción mamaria como parte del proceso de rehabilitación de las pacientes que, posterior a su detección, diagnóstico y tratamiento, se encuentran libres de CaMa, pero con limitaciones para su reincorporación a sus actividades sociales y productivas.
En el país son dieciocho las entidades federativas donde se incluye al CaMa como un padecimiento prioritario, e incluso es materia de legislaciones particulares para su prevención, detección, atención y control integral destaca que diez de estas legislaciones incluyen la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento.
Actualmente los sistemas de salud estatales entre los años 2010 y 2017 llevaron a cabo menos de 1,400 reconstrucciones. En este contexto destaca el caso del Estado de México que realizó 200 procedimientos en el último año sin incluir el término en su legislación estatal; la segunda entidad con mayor número de procedimientos fue la Ciudad de México, misma que actualmente cuenta con una legislación especializada y contempla en su legislación la reconstrucción mamaria como derecho de todas las mujeres.
Debemos entender el justo reclamo de las mujeres mexicanas, para lograr un tratamiento integral que incluya la reconstruccio?n mamaria a la cual todas, las que así lo decidan, deben tener acceso y librar el sinuoso camino de una enfermedad discapacitante y permitirles cerrar el círculo de la enfermedad.
Sin duda, entendemos que el trabajo desarrollado por el Sistema Público de Salud es un parteaguas y un importante legado para las mexicanas que abre la puerta de la recuperación total de las mujeres sobrevivientes de cáncer a un porvenir sin límites.
Propuesta de resolutivos
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa por la que se determina que el tercer miércoles del mes de octubre de cada año sea conmemorado el.
DecretoÚnico. Se declara el tercer miércoles del mes de octubre como el.
Notas
1 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.
http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
2 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
3 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud.
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/ PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
4 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud.
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/ PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
5 Programa de Cáncer de la Mujer. Secretaria de Salud /INEGI
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12950/MortalidadCaMa2000a2013.pdf
6 Emana del Programa Sectorial de Salud para el mismo período.
7 Reconstrucción mamaria y beneficio psicológico en Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Oiz, B.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1137-66272005000400003
8 Un éxito la Primera Macro-Campaña de Reconstrucción de Mama, La Unidad, Revista del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga Cuarta Época. Año 16. No. 101.
http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/dirgral/unidad/LaUnidad_101.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputadas y diputados: Olga Patricia Sosa Ruiz,Adriana Lozano Rodríguez, Alan Jesús Falomir Saenz, Alejandra Pani Barragán, Alejandro Ponce Cobos, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Ruth García Grande, Ariel Rodríguez Vázquez, Benito Medina Herrera, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Medel Palma, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia López Rayón, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Doheny García Cayetano,Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Edith Marisol Mercado Torres, Eduardo Ron Ramos, Elba Lorena Torres Díaz, Eleuterio Arrieta Sánchez, Erasmo González Robledo, Erika Mariana Rosas Uribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Flora Tania Cruz Santos, Frinne Azuara Yarzabal, Gloria Romero León, Graciela Zavaleta Sánchez, Héctor Joel Villegas González, Hildelisa González Morales, Iran Santiago Manuel, Irma Juan Carlos, Irma María Terán Villalobos, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jannet Tellez Infante, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, José Jaime Montes Salas, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Ortiz Guarneros, Juanita Guerra Mena, Julieta Macías Rábago, Julio César Angeles Mendoza, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Martínez González, Leticia Díaz Aguilar, Lilia Villafuerte Zavala, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lourdes Celenia Contreras González, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Lucinda Sandoval Soberanes, Lucio de Jesús Jiménez, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Manuel Huerta Martínez, Marco Antonio González Reyes, Margarita Flores Sánchez, María Beatriz López Chávez, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Hernández Pérez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Guillermina Alvarado Moreno, María Liduvina Sandoval Mendoza, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Elena García Gómez, Martha Olivia García Vidaña, Martha Robles Ortiz, Maximiliano Ruiz Arias, Maximino Alejandro Candelaria, Medeleine Bonnafoux Alcaraz, Miroslava Carrillo Martínez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Olegaria Carrazco Macías, Olga Juliana Elizondo Guerra, Patricia Terrazas Baca, Pilar Lozano Mac Donald, Raquel Bonilla Herrera, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Ruth Salinas Reyes, Sandra Simey Olvera Bautista, Sarai Núñez Cerón, Verónica Beatriz Juárez Piña, Virginia Merino García, Ximena Puente de la Mora, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
LEY DEL BANCO DE MÉXICO
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar dos iniciativas en una sola intervención. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 3o, y 38 de la Ley del Banco de México.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros. Al término de un sexenio tan desastroso como el que concluye, podrá haber temas debatibles y bienvenido que así sea, pero hay otros que más que eso lo que urge es su modificación. En ese contexto están las políticas fiscal y monetaria vigentes.
La verdad es que el sexenio de Peña Nieto nos deja terribles saldos que es prioritario corregir. Miren, si no, los siguientes datos. Una sociedad con 54 millones de pobres y 23 millones cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica.
Un país con los salarios mínimos más bajos del mundo, que además se deterioran cada día gracias a los gasolinazos. Un gobierno en insolvencia financiera porque de cada peso que recibe gasta 78 centavos en deuda pública. Y así, compañeras y compañeros, podría yo seguir en una larga lista de tristes datos duros.
Estos resultados sexenales, señoras y señores diputados, tienen la complicidad silenciosa del artículo 2o., de la Ley del Banco de México, que acota su responsabilidad al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es decir, al control de la inflación sin tomar en cuenta el crecimiento y el empleo.
Resultado de ello es la política monetaria ultra recesiva del Banco de México que deprime el gasto y la inversión pública a la par que devalúa el peso, por ejemplo de 13 a 20 pesos como sucede hoy en día. Aumenta también las tasas de interés y encarece el crédito productivo cuando pasa de 4 a 7.75 por ciento.
Pero mientras eso ocurre, las reservas internacionales llegan a 173 mil millones de dólares. Es decir, en síntesis, mientras tenemos a la mayoría de las familias mexicanas en bancarrota, de manera simultánea tenemos una cantidad de dólares y oro como nunca antes había ocurrido.
Compañeras y compañeros diputados, miren, en países como Estados Unidos, Canadá, China y muchos otros, los bancos centrales tienen como mandato legal, tanto el manejo de su política monetaria como la promoción del crecimiento económico y el empleo, ofreciendo de esta manera la posibilidad de emisión de crédito productivo y/o el uso de parte de sus reservas internacionales.
Es por ello que vengo a nombre de mis compañeras y compañeros diputados del Partido del Trabajo a proponer que el artículo 2o. ya referido sea modificado para que el Banco de México también sea corresponsable del crecimiento económico y el empleo. Es así de puntual la propuesta central que presentamos como bancada.
Por eso no quiero dejar de mencionar, diputado presidente, que desde el anuncio de la presentación de esta iniciativa de ley para ampliar los objetivos del Banco de México, la vocería ortodoxa de la ortodoxia neoliberal, la vocería del monetarismo religioso, del monetarismo fanático, así como del monetarismo camuflado de la izquierda, que también existe, han lanzado sus mitos rasgándose las vestiduras para evitar que el Banco de México asuma a cabalidad su compromiso de impulsar también el crecimiento del empleo.
Es insólito, de verdad, que la mencionada vocería se oponga a que el Banco de México sea agente para el crecimiento del mercado interno. Y digo insólito porque solo por mencionar un ejemplo, puedo reportar, señalar lo que decía el periódico El Financiero del 2 de febrero del 2015, y ahí se señalaba que para el 2014 los activos internacionales bajo custodia del Banco de México habían aumentado en 16 mil 717 millones de dólares, mientras que la adquisición de bonos del tesoro fue por un monto de 19 mil 700 millones.
Por lo tanto, buena parte de la compra de bonos de Estados Unidos se puede explicar por la necesidad de invertir reservas internacionales en activos denominados en moneda extranjera.
En México, compañeras y compañeros y concluyo con esto, diputado presidente México invirtió en bonos de Estados Unidos el equivalente al 43.9 por ciento de nuestras reservas internacionales.
Entonces ¿qué defiende la vocería neoliberal? Insistimos, no hay razón alguna para que la cuarta transformación no incluya un cambio estratégico en el desbarajuste de nuestra política monetaria...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Y por eso las dos propuestas que sobre este tema presentamos a esta soberanía, los diputados del Partido del Trabajo. Me refiero, como lo dijo usted y estoy concluyendo el cambio a los artículos 2, 3o. y 38 de la Ley del Banco de México. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Banco de México y se amplíe su objetivo para coadyuvar al crecimiento del empleo y al crecimiento económico
Exposición de MotivosLa Ley del Banco de México (Banxico), vigente desde el 23 de diciembre de 1993, establece en su artículo segundo que:
Artículo 2o. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
En este sentido, que el banco central tenga sólo como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, le obliga a mantener una política monetaria restrictiva del crecimiento, dado que, le impide promover una emisión primaria de dinero en forma de crédito para la expansión de la producción de bienes. Perdiéndose oportunidades de creación de empleo y de crecimiento económico.
Así se puede constatar en la trayectoria durante la vigencia de la ley, del 1995 al 2018 de la tasa promedio de crecimiento del PIB cuando apenas alcanza el 2.49 por ciento. Esta cifra revela un crecimiento completamente raquítico, uno de cuyos efectos negativos, es el aumento permanente del número de pobres, tal como oficialmente se reconoce en el informe de Coneval, titulado Evaluación de política de desarrollo social 2018, donde se precisa que durante los últimos ocho años al 2016, el número de pobres creció en 3.9 millones más, llegando a la cifra total de 53.4 millones.
Ante esta problemática, se propone que el Banco de México deje de ser un ente basado en una política monetaria restrictiva y amplíe su objetivo para convertirse en un ente estimulador del crecimiento del empleo y del crecimiento económico, en el tenor que se sustenta y redacta la modificación correspondiente, que me permito presentar como iniciativa de proyecto de decreto.
Argumentos
1. En mi calidad de senador de la República en el período 2012-2018, y ahora en mi calidad de diputado federal, he venido insistiendo en diversas ocasiones y por medio de una iniciativa, puntos de acuerdo, declaraciones y escritos, en la necesidad y urgencia de ampliar el artículo segundo de la Ley del Banco de México para el estímulo del crecimiento y combate a la pobreza, porque, tal como se encuentra en la actualidad, no coadyuva al crecimiento del empleo ni al crecimiento económico; y más bien obliga al Banco de México (Banxico) a adoptar serias limitaciones y desventajas como las siguientes:
1.1. Mantiene una ilógica asimetría voluntaria en contra de la economía nacional, dado que las condiciones de socios que norman, todavía, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no se aplican de manera equitativa para México.
Las Leyes del Banco Central de Canadá y de la Reserva Federal de USA establecen que dichos organismos además de mantener un equilibrio en el nivel de precios también están obligados a velar por el crecimiento económico en sus respectivas naciones. Así el Banco Central de Canadá tiene por objetivo promover la prosperidad económica y financiera; mientras que la Reserva Federal la conducción de la política monetaria del país para que se puedan crear las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el fin de generar el máximo empleo, estabilizar precios y generar tasas de interés moderadas a largo plazo, además de otras entre las que se puede destacar el mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico que pueda surgir en los mercados financieros. ¿Entonces, porque el objetivo del Banco de México tendría que estar sesgado a solo controlar la inflación?
Es decir, que la finalidad de apoyar o velar o coadyuvar por el crecimiento económico nacional y el empleo, en el caso de Banxico, queda completamente fuera, afectando seriamente el desempeño económico nacional, al quedar estancados en el Banco de México, cantidades enormes de dinero, que más bien son usados en otros intereses menos en el interés nacional.
1.2. La eliminación legal de emitir nuevo crédito dirigido a la producción, y el hecho que las reservas internacionales sean usadas exclusivamente para la estabilidad de precios y el financiamiento de desequilibrios en el tipo de cambio ha producido ganancias extraordinarios a quienes han venido especulando con las variaciones en el tipo de cambio, como se ha observado claramente en la errática trayectoria del tipo de cambio, que en el gobierno de Peña Nieto pasó de 13 pesos/dólar a prácticamente 20 pesos/dólar (al momento de escribir esta iniciativa). Es decir, esa política monetaria vigente, basada en el control inflacionario, ha producido más del 50 por ciento de devaluación o de apreciación, que para fines de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es lo mismo. ¿Qué sentido tiene esta política monetaria? ¿Quiénes son los beneficiados de esto?
2. Por primera vez en la historia monetaria del país, el monto de las reservas internacionales ha crecido casi exponencialmente al haber pasado de 15 mil 741 millones de dólares en 1995, a 173 mil millones de dólares a la semana reciente del mes de septiembre de 2018.
Pero a pesar de este comportamiento de crecimiento espectacular de las reservas internacionales, la tasa de crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo no alcanza el tres por ciento anual; el número de pobres en lo general crece; el número de nuevos puestos de trabajo disminuye; la desigualdad del ingreso crece en extremo como lo señala el Informe Oxfam del 2017 al precisar que solo el 1 por ciento de los mexicanos más ricos concentra el 28 por ciento de la riqueza. Y según reportes privados, hay 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica.
Es decir, mientras las reservas internacionales, resultado del esfuerzo de los trabajadores de todo México, aumentan en grandes volúmenes, la economía nacional colapsa, está en franca bancarrota porque ellas no se pueden usar para la reactivación. Más bien las reservas internacionales están secuestradas a favor de la especulación y sus secuestradores han llevado a la bancarrota financiera, porque de cada peso que ingresa al gobierno 78 centavos se van a pagar la deuda pública.
3. Por otra parte, la corrupción acompasada de la dependencia del presupuesto federal a los ingresos del petróleo y a los vaivenes de la economía estadounidense han generado la implantación de brutales medidas de austeridad que la población en su conjunto no resiste. En este sentido las mentiras de los funcionarios, tanto de la Secretaría de Hacienda (SHCP) como Banxico, para tratar justificar su cinismo, tienen un amplio récord de errores, en sus pronósticos, sobre el crecimiento económico. Tan solo para 2015, esos organismos anotaban ya su octavo error en el sexenio porque el margen de error entre lo dijeron y lo que ocurrió llegó a 22.5 por ciento de puntos de diferencia. Lo peor del caso, es que estas inconsistencias fueron usadas como argumento en la práctica de recortes presupuestales que se hicieron sistemáticamente cada año. Esta política terminó con varias obras importantes de infraestructura del transporte, con programas sociales; de investigación científica; de educación; de salud; y se justificaron como práctica legal de política económica, o de criterios meramente monetarios de costo-beneficio en base a la metodología del Presupuesto Base Cero que curiosamente se aplicó discrecionalmente a los programas sociales.
Si el mandato del artículo segundo de la Ley del Banco de México estableciera una amplitud de objetivos, a favor del crecimiento y el empleo, entonces, estas situaciones de austeridad no hubieran ocurrido porque las reservas internacionales habrían sido utilizadas para reactivar la economía nacional.
4. En las actuales circunstancias, los fondos que resultarán del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, anunciados por el presidente electo, son de gran utilidad para la recuperación del mercado interno, vía la activación de la demanda y la redistribución de los recursos a jóvenes, adultos mayores y otros. Sin embargo, no serán suficientes para una real expansión productiva, en la dimensión que se necesita, dado que dejan un país en bancarrota.
Por ello es pertinente, usar una parte de las reservas internacionales para ser destinas al créditoinversión exclusivamente productivo como mecanismo de expansión real de la economía. No nos podemos engañar, creyendo que las ganancias privadas que se obtendránde la primera oleada de reactivación para el 2019, serán en automático invertidas en la expansión.
Por el contrario, de no ser usadas adecuadamente esas ganancias, podrían convertirse en agentes inflacionarios o en fuga de capitales. La única y singular garantía es que el gobierno adopte un programa de inversión intensiva por medio de ellas.
5. Finalmente, otros actores de la vida empresarial y académica del país se han manifestado a favor de la propuesta de darle uso productivo a las reservas internacionales. Carlos Slim Helú, el 30 de noviembre del 2015, precisó sería ideal esto, que la función (de Banxico) en México es cuidar la inflación a través de la política monetaria, pero la FED tiene como objetivo cuidar inflación y crear empleo, y sería conveniente que tenga una función adicional a que solo cuidar la inflación, porque en base a eso se busca anclar el tipo de cambio, el salario y ese tipo de cosas tiene repercusiones no deseables.
Igualmente en el Segundo Encuentro del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, realizado el pasado 21 de septiembre, los economistas dirigidos por su presidente Ricardo Ramírez Brum, hicieron un llamado al próximo gobierno de la Cuarta Transformación para atender la observación que la autonomía del banco central, no quiere decir que se trata de la presencia de un estado dentro de otro, y que las reservas internacionales deberán ser usadas para el empleo y el crecimiento, solicitando formalmente, la modificación del artículo segundo de la Ley del Banco de México.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley del Banco de México
Artículo Único.Se reforma y adicionan las fracciones I, II y III al artículo 2o. de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios:
I. Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
II. Procurar las condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación del máximo empleo, la estabilización de precios, tasas de interés moderadas y el crecimiento económico.
III. Proveer de los recursos de emisión primaria de dinero, en forma de crédito exclusivamente productivo, para los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2018. Diputado y diputadas: Benjamín Robles Montoya,Ana Karina Rojo Pimentel, Claudia Angélica Domínguez Vázquez(rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL BANCO DE MÉXICO
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:
«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 38 de la Ley del Banco de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputados a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2; el artículo 3, fracción IV; y el artículo 38, de la Ley del Banco de México, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEl banco central ha tenido como único objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para alcanzar su objetivo prioritario su único instrumento es el manejo de la tasa de interés, a través del alza de ésta es que frena las presiones inflacionarias, ya que ella reduce el crecimiento de demanda y las presiones que ésta ejerce sobre precios. Por otra parte, el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos de América (EUA), atrae capitales, los cuales abaratan al dólar y el precio de los productos importados, lo que contribuye a reducir la inflación. De tal forma, se logra contener la inflación a costa de frenar la actividad económica, de reducir la competitividad de la producción nacional frente a importaciones, lo que nos lleva a tener menos industria, a perder la autosuficiencia alimentaria en granos básicos, y a mayor déficit de comercio exterior. Ello ha incrementado los requerimientos de entrada de capitales para encarar el déficit externo y evitar que desestabilice el tipo de cambio que comprometa la baja inflación de la economía. Tal situación obliga a que la política macroeconómica y las reformas estructurales se dirijan a promover entrada de capitales para financiar el déficit externo y mantener estable el tipo de cambio y baja la inflación, a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo, y de extranjerizar la economía nacional. La alta tasa de interés y la estabilidad cambiaria que se instrumentan para bajar la inflación, contrae el crecimiento de la inversión, baja la productividad, aumentan los rezagos productivos, así como las presiones sobre el sector externo, lo que termina presionando sobre precios y el tipo de cambio, evidenciando que dicha política monetaria ha sido incapaz de asegurar la baja inflación en el mediano y largo plazo. A ello se suma el alto costo que ha implicado al país el bajar la inflación a través de frenar el crecimiento económico y de acentuar la extranjerización de la economía para contar con entrada de capitales que abaraten el dólar y los productos importados que atentan sobre la producción y el empleo nacional. También está el hecho que se configura un contexto donde la tasa de interés crece muy por arriba del crecimiento del ingreso nacional, lo que afecta las finanzas públicas y del sector privado, lo que los lleva a problemas de sobreendeudamiento, que terminan en cartera vencida del sector privado que tiende a desestabilizar al sector bancario y financiero de la economía.
La forma a la que ha recurrido el banco central para reducir la inflación coloca a la economía nacional en una situación de alta fragilidad y vulnerabilidad, debido a que su política monetaria y cambiaria ha atentado sobre las condiciones internas de crecimiento, ha aumentado el desempleo y ha llevado a la economía a depender de la entrada de capitales para bajar la inflación. Cualquier comportamiento adverso de las variables externas (exportaciones, tasa de interés de EUA y comportamiento de los flujos de capital), desestabiliza el tipo de cambio, lo que tiene impacto sobre la inflación.
Ante cualquier expectativa inflacionaria o presión sobre el tipo de cambio, el banco central aumenta la tasa de interés para evitar presiones inflacionarias, sin considerar el origen mismo de dichas presiones. Éstas pueden deberse a rezagos productivos y baja productividad que presionan sobre costos, precios, el déficit externo y el tipo de cambio, y al proceder el banco central a aumentar la tasa de interés, esto encarece el crédito, lo que disminuye la inversión, el crecimiento de la productividad y la capacidad productiva, por lo que persisten las presiones sobre costos, precios y el sector externo y sobre el tipo de cambio. Ello evidencia la inoperatividad de la política monetaria para reducir la inflación.
Los costos económicos y sociales de bajar la inflación con el alza de la tasa de interés, la apreciación del tipo de cambio y la restricción de la actividad económica, son muy altos, superiores a los beneficios que se derivan de la baja inflación, ya que ésta no se traduce en menor tasa de interés, ni en mayor poder adquisitivo de la moneda nacional. El único sector beneficiado de la estabilidad del poder de compra de la moneda ha sido el sector financiero, que es el que posee y controla la moneda, lo que ha recrudecido además la desigualdad del ingreso y la riqueza en el país.
Por más que el banco central ha fijado objetivos de inflación de alrededor de 3 por ciento, éstos resultados no han sido sostenidos en el tiempo y además no se ha demostrado que la baja inflación lograda por el alza de la tasa de interés, la estabilidad cambiaria y los bajos salarios, sean condición para el crecimiento económico, pues éste no se ha logrado, por el contrario, la economía crece cada vez menos, además de acentuarse el desempleo, subempleo, la economía informal y la dependencia creciente de la entrada de capitales. Ello nos ha colocado en una situación de alta fragilidad y vulnerabilidad que compromete el crecimiento económico, como la propia estabilidad de precios y del sector bancario-financiero.
La Ley Orgánica del Banco de México (Banxico) vigente desde el 23 de diciembre de 1993, establece en su artículo segundo que:
Artículo 2o. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
En este sentido, que Banxico tenga sólo como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, le obliga a mantener una política monetaria restrictiva del crecimiento, perdiéndose oportunidades de creación de empleo y de crecimiento económico.
Así se puede constatar en la trayectoria de la tasa promedio anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) que alcanza 2.49 por ciento durante la vigencia de la ley. Esta cifra revela un crecimiento completamente raquítico, uno de cuyos efectos negativos, es el aumento permanente del número de pobres, tal como oficialmente se reconoce en el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), titulado Evaluación de la política de desarrollo social 2018, donde se precisa que en el país hay 53.4 millones de personas en condición de pobreza.
En la experiencia internacional, las Leyes del Banco Central de Canadá y de la Reserva Federal de EUA, establecen que dichos organismos además de mantener un equilibrio en el nivel de precios también están obligados a velar por el crecimiento económico en sus respectivas naciones. Así, el Banco Central de Canadá tiene por objetivo promover la prosperidad económica y financiera; mientras que en la Reserva Federal su mandato establece la conducción de la política monetaria del país para que se puedan crear las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el fin de generar el máximo empleo, estabilizar precios y generar tasas de interés moderadas a largo plazo, además de velar por el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico que pueda surgir en los mercados financieros. ¿Entonces, por qué el objetivo del Banco de México tendría que estar sesgado a sólo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda a costa del crecimiento?
Finalmente, esta inquietud la comparten tanto actores de la vida empresarial y académica del país que se han manifestado a favor de que Banxico tenga un mandato dual. Por ejemplo, Carlos Slim Helú, el 30 de noviembre de 2015, precisó que sería ideal que Banxico tenga una función adicional a solo cuidar la inflación, porque en base a eso se busca anclar el tipo de cambio, el salario y ese tipo de cosas tiene repercusiones no deseables. Igualmente, en el Segundo Encuentro del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, realizado el pasado 21 de septiembre, los especialistas hicieron un llamado al próximo gobierno para considerar la modificación del artículo segundo de la Ley Orgánica del Banco de México.
Objetivos que debe cumplir el Banco de México
La política monetaria seguida hasta ahora por el banco central, evidencia la necesidad del cambio de objetivos de dicha política. Banxico no debe centrarse en el único objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, como ha sido hasta ahora, debido a los efectos negativos que se derivan de la política monetaria restrictiva que instrumenta para tal propósito.
La política monetaria debe responder a los objetivos nacionales de crecimiento económico, alto empleo y baja inflación, para lo cual debe acompañarse y actuar en forma mancomunada con la política fiscal y del resto de la política económica. El objetivo de reducción de la inflación no debe ser exclusivo de la política monetaria, sino del conjunto de la política económica, y deben alcanzar dicho objetivo en condiciones de crecimiento económico y con generación de empleo.
El banco central debe procurar mantener bajas tasas de interés para permitir que el gobierno pueda tener una política fiscal que impulse la dinámica económica y el empleo, sin tener el temor de que aumente en forma desmedida su deuda y el costo de la misma, y sin tener que recurrir al endeudamiento externo.
El banco central debe de ser una institución que incluya las necesidades de los diversos sectores económicos de nuestra sociedad, a través de su representación en su principal órgano de gobierno, ello con el objetivo de propiciar un crecimiento incluyente.
El banco central debe velar por estabilizar la economía y el sistema bancario-financiero regulado, a la vez tiene que asegurar la liquidez necesaria y baja tasa de interés que impulsen el crecimiento, el empleo e ingreso nacional, con estabilidad de precios, para mejorar el ingreso de empresas e individuos para que encaren el pago de la deuda y así evitar problemas de insolvencia que desestabilizan al sector bancario y a los mercados de capital. Ello es actuar en forma efectiva como prestamista de última instancia.
El banco central debe propiciar las reservas bancarias al sistema bancario para que tenga disponibilidad crediticia a baja tasa de interés, para el impulso de un crecimiento económico sin inflación y con alto empleo formal.
El contexto de bajo crecimiento, rezago de los sectores productivos, alto desempleo, bajos salarios, mayor desigualdad del ingreso, crecientes presiones sobre el sector externo y altos requerimientos de entrada de capitales revelan la necesidad e importancia de esta iniciativa de ley que busca complementar el objetivo de Banxico a fin de generar las condiciones monetarias y crediticias en la economía para buscar crear el máximo empleo, y generar mayores tasas de crecimiento económico positivas y estables a largo plazo.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se reforma el artículo 2; la fracción IV del artículo 3; y el párrafo segundo del artículo 38, de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:
Artículo 2. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como alcanzar el pleno empleo y lograr crecimiento económico positivo y estable.
Artículo 3.El Banco desempeñará las funciones siguientes:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Fungir como asesor del gobierno federal en materia económica, financiera y de crecimiento;
V. ...
VI. ...
Artículo 38. ...
La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros que representarán al sector industrial, agrícola, financiero, laboral y académico, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. De entre éstos, el Ejecutivo federal nombrará al gobernador del Banco, quien presidirá a la Junta de Gobierno; los demás miembros se denominarán subgobernadores.
TransitorioArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputados y diputadas: Ángel Benjamín Robles Montoya,Mary Carmen Bernal Martínez, Clementina Marta Dekker Gómez, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Francisco Favela Peñuñuri, Alfredo Femat Bañuelos, Fernández Noroña Gerardo, Silvano Garay Ulloa, Margarita García García, Hildelisa González Morales, Santiago González Soto, Óscar González Yáñez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Javier Huacus Esquivel, María Roselia Jiménez Pérez, Claudia Elena Lastra Muñoz, Emilio Manzanilla Téllez, Maribel Martínez Ruiz, María Teresa Marú Mejía, José Luis Montalvo Luna, Alfredo Porras Domínguez, Armando Reyes Ledesma, Maricruz Roblero Gordillo, Ana Karina Rojo Pimentel, Lizeth Sánchez García, Reginaldo Sandoval Flores, Dionicia Vázquez García, Luis Enrique Martínez Ventura (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Maiella Martha Gómez Maldonado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado:Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: La Cámara de Diputados es la sede natural de los más grandes debates, de la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho.
Por tanto, inclinarse a su perfeccionamiento como eje de la democracia deliberativa, atrae altos beneficios institucionales y democráticos.
En la pasada legislatura, en total se presentaron 6 mil 216 iniciativas, de las cuales 804, equivalentes al 13 por ciento, fueron aprobadas en el pleno, mil 120 fueron desechadas, 638 retiradas y 3 mil 657, que equivalen al 59 por ciento, quedaron pendientes, muchas de las cuales seguramente ya han sido desechadas en término de nuestro Reglamento, por haberse agotado el tiempo para su estudio.
Como se advierte, el desempeño legislativo se percibe negativo, desalentador. Es indiscutible que existen problemas que repercuten en el ejercicio de una adecuada función legislativa y que puede derivar en la posibilidad de que las leyes promulgadas no constituyan una verdadera expresión de la voluntad general, toda vez que no existe un punto de equilibrio entre el tiempo que se destina a un estudio y análisis legislativo, a la carga de trabajo existente.
Lo anterior puede explicarse por el plazo efectivamente asignado para el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias. El Congreso de la Unión celebra dos periodos de sesiones ordinarias al año, el primero que va del primero de septiembre al 15 de diciembre, salvo el año del cambio del Ejecutivo federal, que se puede extender hasta el 31 de diciembre. Y el segundo, que va del primero de febrero al 30 de abril, lo que resulta en seis meses y medio de sesiones ordinarias al año.
Este plazo vigente de labores no promueve la eficiencia de los legisladores, al contrario, los orilla a enfocarse más en agotar rápidamente el trámite parlamentario de mayor número de iniciativas posibles para aligerar la carga de trabajo, en lugar de estudiar y debatir detenidamente y a conciencia cada una de ellas.
Un ejemplo de ello es el 15 de diciembre de 2016, finalizado el periodo de sesiones ordinarias se hubieren aprobado sin analizar ni discutir 154 puntos de acuerdo, o que el 14 de diciembre de 2017 se aprobaran 35 dictámenes de iniciativas de ley sin que hayan sido estudiadas ni discutidas de manera suficiente.
Ahora bien. A diferencia del ámbito federal, existen Congresos locales, como Michoacán, Morelos, Yucatán, entre otros, en los que el tiempo efectivo de trabajo legislativo es de nueve meses adoptando las buenas prácticas parlamentarias internacionales, como países Argentina, Uruguay, Honduras, Francia, España, en el que el promedio efectivo de labores parlamentarias es de nueve a diez meses.
Lo anterior permite inferir que dicho plazo es el que, derivado de una práctica internacional resulta idóneo para una auténtica labor legislativa.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa con el objeto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias, para que en total pasen de seis meses y medio a nueve meses. Concretando, dos meses y medio más al segundo periodo ordinario de sesiones, comprendiendo así del 15 de enero al 31 de julio de cada año.
Compañeras y compañeros, como cuerpo legislativo debemos ser conscientes que el esquema tradicional de trabajo parlamentario debe modernizarse de manera responsable, ya que la Cámara de Diputados constituye la representación fiel del interés de los mexicanos.
No dejemos escapar la oportunidad de conservar y generar mayor confianza por parte de quienes en nosotros la depositaron a través de su voto para seguir gobernando en pro de ellos. Que sea notoria la transformación, acorde a las exigencias democráticas que nos demandan los ciudadanos mexicanos modernos, que nos permite entregarle más y mejores resultados legislativos.
Compañeras y compañeros diputados, los invitamos a que se sumen a este gran proyecto de Movimiento Ciudadano. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de MotivosEl trabajo legislativo tiene distintas facetas y etapas, pero sin lugar a dudas el espacio donde se manifiesta con claridad su productividad es en el trabajo en pleno o en la asamblea de las Cámaras del Congreso de la Unión. Ahí es donde se consuma la discusión de los asuntos y donde finalmente se aprueban y toman resoluciones, muchas de ellas trascendentales para la vida pública y la confección del andamiaje jurídico de la nación.
El Congreso de la Unión celebra dos periodos de sesiones ordinarias al año, el primero que va del 1 de septiembre al 15 de diciembre, como máximo, y el segundo que va del 1 de febrero al 30 de abril como máximo, lo que resulta un total de 6 meses y medio de sesiones ordinarias al año.
Es importante recalcar que, en la vida parlamentaria mexicana, las comisiones legislativas suelen trabajar a la par de los periodos de sesiones ordinarias, por lo que éstas no intensifican sus trabajos durante los periodos de receso, como sí sucede en otros sistemas políticos. Por otra parte, durante los lapsos en los que no hay sesiones ordinarias, la Comisión Permanente no puede discutir ni votar proyectos de decreto.
Asimismo, resulta fundamental destacar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el libro con título El Congreso de la Unión, Integración y regulación, señala lo siguiente:
Las consecuencias de periodos tan reducidos son, por un lado, la ineficacia y, por otro, la antidemocracia, que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado, así lo demuestran las siguientes razones:
El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante siete meses, éste no está reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante sus recesos y que tiene numerosas atribuciones, representa tan sólo 6 por ciento de seiscientos veintiocho parlamentarios en total;
Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente se convoca a sesiones extraordinarias;
Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y obligaciones, por ejemplo, la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73 en sus XXX fracciones, facultades y obligaciones, además de otras previstas en diversos artículos constitucionales;
El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control que debe caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori, pero, sobre todo, continuo, situación que no se da, y quinta: las iniciativas de ley o cualquier otro asunto se conocen de manera superficial o, en lenguaje coloquial, al vapor.
Lo anterior se ha visto reflejado en múltiples discusiones legislativas denominadas fast track, que terminan generando legislaciones improvisadas o meras simulaciones que no necesariamente le abonan al mejoramiento del andamiaje jurídico, ni mucho menos a la oxigenación del debate público y democrático.
Hoy existe una alta expectativa de cambio en nuestro país que exige una transformación sustancial y tangible en la forma de hacer política al interior de las instituciones públicas. Por ello, el Poder Legislativo debe replantearse sus dinámicas de trabajo y considerar ampliar los periodos ordinarios de sesiones, y con ello promover el trabajo de las comisiones legislativas, impulsar la productividad y dinamizar el debate legislativo.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa con el objeto de ampliar los periodos de sesiones ordinarias, para que en total pasen de seis meses y medio a nueve meses, concretamente añadiendo dos meses y medio más al segundo periodo ordinario de sesiones, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa de
Decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único.Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
[...]
[...]
Artículo 66. Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.
[...]
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 El Congreso de la Unión. Integración y regulación, Susana Pedroza de la Llave, pág. 73, Universidad Nacional Autónoma de México, recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/ 142-el-congreso-de-la-union-integracion-y-regulacion
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018. Diputadas y diputados: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado,Alan Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ariel Rodríguez Vázquez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Lourdes Celenia Contreras González, María del Pilar Lozano Mac Donald, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Ruth Salinas Reyes, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de cannabis, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa representa para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el inicio de las discusiones respecto a la despenalización del consumo de la cannabis, que estamos seguras y seguros se producirán durante el transcurso de esta legislatura. Es así que manifestamos nuestra posición e invitamos a todas y todos los actores políticos a expresarse y asumir, desde este momento, una opinión proactiva que nos permita arribar a las mejores conclusiones para nuestro país.
Organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo pronunciándose al respecto. Así otras voces, escuchábamos en días pasados al ex presidente Zedillo, expresarse en contra de la política prohibicionista, al igual que el ex presidente Vicente Fox e integrantes del próximo gobierno. No obstante, no ha sido posible contar con un documento que guíe las discusiones y enmarque un debate serio e informado de cara a la sociedad.
Nuestra iniciativa propone un cambio de paradigma al modelo prohibicionista que ha generado violencia, que ha truncado la vida de muchas familias y que ha impuesto a los consumidores penas desproporcionadas que deben purgar en penitenciarías en condiciones terribles.
También ha sobrecargado el sistema judicial, ha superado la capacidad de las prisiones y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política social más efectiva.
En ese sentido, estamos proponiendo hacer un ajuste a diversas disposiciones de la Ley General de Salud para eliminar toda restricción para el uso de la cannabis con fines recreativos.
En esos términos, la despenalización del cultivo para el consumo personal y el cultivo doméstico hasta tres plantas, sin necesidad de registro alguno, constituyen también algunas de las propuestas que hacemos.
En materia de derechos humanos planteamos que a las personas usuarias deben darse determinadas garantías, ya sea que su consumo sea con fines recreativos o presenten un consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo. Estos derechos constituyen únicamente un piso mínimo.
Planteamos también eliminar los cinco gramos para portación y consumo personal de cannabis y que sea la autoridad federal quien emita la normatividad respecto del cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis. Es decir, que sean la Secretaría de Salud y la Sagarpa las autoridades encargadas de designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo, así como expedir las licencias correspondientes para la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores.
No obstante, un Estado que despenaliza la posesión personal y el uso de la cannabis para fines recreativos debe prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen. De tal manera, que la operación de los clubes de consumo recreativo son una opción donde se les permitiría operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias, que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.
Finalmente, y no menos importante, es el Programa Nacional Especializado de Prevención para Adolescentes y los mecanismos de justicia terapéutica para consumidores problemáticos.
Esta es la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, la ponemos a consideración de la sociedad y exhortamos a todas y todos nuestros compañeros a actuar con la altura de miras que corresponde a un Congreso de vanguardia.
Señor presidente, solicito que la presente intervención, así como la iniciativa respectiva, puedan ser publicadas íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de cannabis, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de la cannabis.
Planteamiento del problema
Uno de los efectos más negativos de las políticas prohibicionistas es el aumento alarmante de la violencia en países como México. En general, los mercados ilegales son muy frágiles, dado que se basan en relaciones de confianza entre sus participantes y carecen de reglas institucionalizadas para solucionar los conflictos. Eso hace que las disputas internas se resuelvan por medios violentos, a lo que se suma además la violencia generada por las políticas de represión como la de guerra contra las drogas, que constantemente quitan mano de obra y rompen las redes de confianza establecidas.
México ha formado parte desde el comienzo de la comunidad de Estados que se sometieron a este marco jurídico internacional prohibicionista, sin embargo, este sistema y las políticas públicas adoptadas en su entorno han sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad a la paz social que los que quiso corregir.
Todavía en el año de 1998, la comunidad internacional mostró una aparente unanimidad al ratificar el enfoque prohibicionista sobre el control de drogas en la Sesión Especial de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés). No hay que olvidar que la declaración de la UNGASS de 1988 fue, un mundo libre de drogas sí podemos lograrlo.Pero lo cierto es que 20 años después, podemos observar que su objetivo fundamental no se logró, por el contrario, los resultados son verdaderamente catastróficos y evidentemente ya no es sostenible por los daños, por el impacto social, por los daños a la paz y por los daños a la salud que ha generado la política prohibicionista aplicada en México.
La aplicación excesivamente represiva del régimen prohibicionista mundial ha provocado un gran sufrimiento humano, truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los condenados penas desproporcionadas en unas condiciones penitenciarias a menudo terribles. También ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a tratamientos más eficaces.
De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el combate internacional contra las drogas que se ha desplegado en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad en América Latina: pese a los altos niveles de violencia que este combate adquirió en algunas zonas y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se le analizó desde una perspectiva de derechos humanos, ni en los ámbitos locales ni en los internacionales. Lejos de dar una batalla eficaz contra las problemáticas asociadas a las drogas y el narcotráfico, el modelo prohibicionista ha ampliado las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales. Este régimen internacional ha mantenido una lógica represiva y orientada a la reducción de la oferta en el medio siglo trascurrido desde la sanción de la primera Convención sobre estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961. Al presionar sobre las áreas de producción o de transito sólo se las ha trasladado junto con la violencia, la desestabilización y el crimen a otras zonas, afectando de esta manera a más y más comunidades. Al mismo tiempo, muchas de estas nuevas áreas han experimentado un aumento en el consumo de drogas y por tanto se han sobrecargado sus sistemas de salud.
Argumentos que sustentan la presente iniciativa
El pasado 19 de junio de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Mediante dicha reforma la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americanao marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.
Se trata de una reforma importante, ya que autoriza la investigación y, en su caso, el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana y/o sus ingredientes activos, ya que el uso de la cannabis en medicamentos, ha auxiliado en tratamientos de enfermedades, y siendo utilizada de manera cotidiana, responsable, informada y bajo la supervisión médica, ésta dando resultados, por ejemplo, en la disminución de los síntomas de las quimioterapias, como los vómitos, depresión, epilepsia, migrañas, entre otras 40 distintas enfermedades, sin embargo, y no obstante que ha transcurrido más de un año, el reglamento de dicha reforma no ha sido emitido por el titular del Ejecutivo federal.
No obstante que, desde julio de este año, la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitario (Cofepris) ha anunciado que el reglamento está prácticamente listo, lo cierto es que hasta este momento no se ha emitido, lo que inhibe que la ciudadanía que lo requiera pueda acceder a estos medicamentos que ya se venden en otras partes del mundo.
A pesar del avance de esta reforma, para nuestro grupo parlamentario en este tema y partiendo desde la perspectiva que en un estado social y democrático de derecho y tal como lo señala Rodolfo Vázquez. no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas. Por otra parte, desde una perspectiva liberal no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias.
Por otra parte, desde que se tomó la decisión de enfrentar el narcotráfico con las Fuerzas Armadas, el país es más violento e inseguro. Más de 250 mil muertes e importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas llevaron a nuestro país a ser observado internacionalmente por organismos internacionales de derechos humanos.
Por ello, proponemos un cambio de paradigma al modelo prohibicionista insostenible por el gran sufrimiento humano que ha provocado, truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los consumidores penas desproporcionadas en unas condiciones penitenciarias a menudo terribles. También ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política social más efectiva.
Un avance importante se da el 4 de noviembre de 2015, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver un juicio de amparo en revisión 237/2014, otorgó la protección de la justicia federal a cuatro ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana para el Consumo Responsable y Tolerante. Dicha resolución les permitirá el cultivo, procesamiento y autoconsumo de la cannabis con fines recreativos, pero sin la autorización para su comercialización, ni el consumo de otras sustancias psicoactivas. Sin duda, se trata de un fallo trascendente para las libertades.
La Primera Sala de la SCJN concluyo lo siguiente:
1. Que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y substancias psicotrópicas previstos en la Ley General de Salud, constituyen un obstáculo jurídico que impide a las personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana.
2. Que el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados de la Ley General de Salud es altamente suprainclusivo, ya que la medida impugnada es más extensa de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan más benignas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad; por tanto, constituye una medida innecesaria.
3. Que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional e innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.
4. Por tanto resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar, en relación única y exclusivamente con el estupefaciente cannabis y el psicotrópico THC. Declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.
Coincidiendo con estos planteamientos la propuesta que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática trae al pleno de esta Cámara de Diputados consiste en:
1. Hacer compatible la Ley General de Salud con el libre desarrollo de la personalidad
La Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 237/2014 declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en el entendido de que ahí se establece una acotación sólo fines médicos y científicos que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media. A pesar de que la SCJN reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad, la SCJN no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo de cannabis.
En efecto, actualmente de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las substancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una autorización de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos, con lo cual se establece una prohibición expresa mediante la cual se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que pudiera solicitar cualquier persona en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en ese sentido proponemos un ajuste a diversas disposiciones de la Ley General de Salud para establecer una acotación para el uso de la cannabis con fines recreativos.
De mantener este sistema prohibicionista, continuaría una restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud, ya que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que lo justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes; en otras palabras, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos.
2. Despenalizar el cultivo para uso personal
Es evidente que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que el Estado al asumir una postura paternalista que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína. La elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad.
Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona. La presente iniciativa plantea que se permita el cultivo doméstico de hasta tres plantas, sin necesidad de registro alguno.
3. Eliminar la cannabis de la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato
Especialistas como el doctor Rafael Camacho Solís han propuesto en muchos foros que en tratándose de las sustancias de marihuana y cocaína es necesario modificar la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Plantea que es necesario proponer reformas para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis mínimas.
Así tenemos que, para el caso de la cannabis sativa, indica o marihuana proponemos eliminar los cinco gramos que actualmente contiene dicha tabla, y en tratándose de cocaína en lugar de los 50 milígramos sustituirla por lo que contenga un sobre con los dobleces de un papel hasta de una pulgada de la falange con la uña del dedo pulgar que es el equivalente a dos miligramos.
Esto permitirá evitar como actualmente sucede que por encima de esas cantidades así sea un miligramo se tenga por acreditada sin más elementos el delito de narcomenudeo. En ese momento, los consumidores que rebasan por mínimo más de la cantidad prevista en la tabla, se les somete a un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión, ni las evidencias concretas, aunque éstas existan y sugieran que la posesión era con fines de consumo.
El resultado de este uso de umbrales para fijar montos máximos de portación para consumo, por encima de los cuales se presume el delito de posesión con fines de comercio, es no sólo la criminalización de consumidores sino también la violación del derecho de presunción de inocencia de estas personas. En otros casos, la legislación exige elementos adicionales para sentenciar a una persona por posesión (establecer intencionalidad de venta o distribución). Sin embargo, aún en este escenario, el usuario queda bajo la esfera de las instituciones penales, siendo materia de policías y fiscales y no de instituciones de salud como se afirma discursivamente.
El uso de sanciones de cárcel implica importantes costos para las personas que son detenidas y encarceladas. Significa no sólo la privación de la libertad sino la vulneración de otros derechos básicos como el derecho a la salud, la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la libertad de consciencia, al derecho a la libertad de expresión y una carga para los familiares de estas. Implica, además, importantes costos para sus dependientes, familias y comunidades que son empobrecidas por el encarcelamiento de su familiar.
4. El Estado debe asumir la cadena respecto del cultivo, procesamiento, distribución transporte y venta al mayoreo
Nuestra iniciativa propone que, respecto del cultivo, procesamiento, distribución transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma.
Es importante aplicar en gran medida los mismos principios y políticas a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia e intimidación o son dependientes de drogas. Arrestar y encarcelar decenas de millones de estas personas en las recientes décadas ha llenado las prisiones y destruido vidas y familias, sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Pareciera no haber límite al número de personas que se vinculan con esas actividades para mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza. Tenemos muchos campesinos en México que están cultivando, que tienen generaciones de conocimiento sobre el cultivo de cannabis y eso es algo que no debemos perder, es algo que México tiene un valor agregado en que es un país productor, pero un país que podría producir también para otros mercados y es algo que deberíamos debatir y discutir.
En ese sentido proponemos que tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico, sea la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las autoridades encargadas de designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo, así como expedir las licencias correspondientes para la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores.
En ese sentido el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo, por tanto, deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por tanto le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que en el año 2013 se recaudó en México por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados un total de 64 mil 179 millones de pesos, lo que representa 4.2 por ciento de toda la recaudación federal no petrolera. (SHCP). Por su parte la Organización de las Naciones Unidas estima que, en la Ciudad de México, para 2012 existían 75 mil usuarios de marihuana entre las edades de 12 a 65 años. El valor de este mercado, sólo en la Ciudad de México, es de 28 millones de dólares anuales, 560 millones de pesos que no se están fiscalizando.
4. Establecer un catálogo de derechos para las y los consumidores y eliminar disposiciones que los criminalizan
A pesar de que existe la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, cuyo objeto es establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones, es decir, regula la calidad de los servicios que se brindan en prevención y tratamiento de las adicciones. Lo cierto es que no existe un catálogo mínimo de derechos para las personas consumidoras, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios y centros públicos y privados relacionados con la atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
El resultado de esto es que persiste una visión discriminatoria y equivocada de los consumidores al ser consideradas como adictos o delincuentes, cuya representación social no corresponde con la realidad, sino más bien se trata de una percepción estereotipada y estigmatizante, con lo cual se establece un límite para el ejercicio pleno para el disfrute de los derechos humanos de las y los consumidores de sustancias psicoactivas, así como para el mejoramiento de su calidad de vida.
Frente a un contexto adverso, marcado por procesos de estigmatización y criminalización arraigados en la sociedad, resulta imprescindible situar la reflexión sobre el uso de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos, reafirmando en primer lugar y como premisa de cualquier estudio o intervención que las personas usuarias de drogas son sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, titulares de todas las prerrogativas que conforman el corpus iuris de derechos y libertades consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa, desde la perspectiva de los derechos humanos, que todas las personas usuarias de drogas son titulares y se encuentran facultadas para ejercer la amplia gama de derechos humanos reconocidos por el Estado; es decir, todos aquellos derechos que corresponden universalmente a las personas. Asimismo, una serie de garantías jurídicas las protegen contra acciones y omisiones, primordialmente de los agentes del Estado, que interfieren con sus libertades fundamentales, sus derechos y la dignidad humana.
Por tanto, el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible. En ese sentido proponemos establecer en la Ley General de Salud un piso mínimo de derechos tanto para las personas usuarias como para las personas con consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios y centros públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo.
Este listado mínimo es la base para reconocer la existencia de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar; esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas para otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad, es decir, derechos plenamente exigibles. Por tanto, cualquier violación a los derechos humanos de las personas usuarias compromete la responsabilidad del Estado, y éstas se encuentran efectivamente facultadas tanto en el ámbito nacional como en el internacionalpara exigir al Estado que asuma dicho compromiso.
5. Clubes para el consumo recreativo
Un Estado que despenaliza la posesión personal y el uso del cannabis para fines recreativos debe prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen. En ese sentido es que proponemos la creación de los clubes de consumo recreativo. Se trata de que a estos centros se les permita operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.
Esta experiencia encuentra en el derecho comparado buenas prácticas que permiten al Estado establecer ciertos controles y contar con información comprobable y verificable que hoy se encuentra en manos del crimen organizado.
Nuestra propuesta va encaminada a que sea la Secretaría de Salud la autoridad encargada de autorizar el registro y funcionamiento de estos clubes, los cuales proponemos que se integren con un mínimo de veinte y un máximos de cincuenta socios, en los espacios y lugares que señale la legislación correspondiente.
Las personas menores de 18 años no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo y queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo recreativo por cualquier medio.
Asimismo, se prohíbe a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100 por ciento libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior así como cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad.
Hay que recordar que en 1976, la ley holandesa del opio, que regula las drogas psicotrópicas, tuvo un cambio profundo al establecer una diferencia entre drogas de riesgo inaceptable o drogas duras como la heroína, el éxtasis, la cocaína, el opio, las anfetaminas y el LSD, y drogas blandas, como el cannabis (hierba y resina), los hongos alucinógenos y las sedativas (valium o seresta). Diferencia basada en el grado en que la droga cambia la personalidad del consumidor; los daños de salud que causa; y los costos que genera a la sociedad.
Aunque la producción, el tráfico, la venta y la posesión de cualquier droga es un acto punible, el gobierno holandés considera el consumo del cannabis y otras drogas blandas menos perjudicial para la salud y la sociedad. A partir de esta diferencia se estableció una política de tolerancia que valora la posesión y el uso de máximo cinco gramos de drogas blandas y máximo medio gramo de drogas duras como un delito menor que no se persigue.
De esta manera, el gobierno logró separar el mercado de drogas blandas del de drogas duras. El ejemplo más claro de esa política son los llamados coffee shops, en donde están permitidos la venta y el consumo de máximo cinco gramos de cannabis por persona. La idea es que los consumidores no tengan contacto con los vendedores ilegales, porque se supone que eso aumentaría la posibilidad de entrar en contacto con las drogas duras. Los coffee shops son una solución pragmática mediante la que el gobierno busca reducir el daño causado por el consumo.
Consideramos que de seguir manteniendo una prohibición a la producción y comercialización de la cannabis, estaremos, en primer lugar, manteniendo a las y los jóvenes de este país en un mercado ilegal, criminal y sin controles.
6. Perspectiva de protección del interés superior de la niñez estableciendo un programa nacional de prevención y tratamiento especializado para adolescentes
Partiendo del principio del interés superior de la niñez, el cual implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente sus derechos humanos, cualquier política pública debe basarse en un enfoque de derechos humanos con perspectiva generacional a fin de evitar consecuencias negativas no intencionales y velar sobre todo por la integridad de las y los adolescentes.
De ahí que necesariamente se debe establecer un Programa Nacional Especializado de Prevención para Adolescentes en el que las autoridades tanto federales como de las entidades federativas se involucren en el mismo.
En dicho programa es necesario establecer:
a) Una cobertura universal de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, y
b) Un acceso universal de prevención a servicios de tratamiento.
Como con cualquier droga, sea legal o ilegal, de uso médico o no, los efectos negativos pueden ser mayores durante el desarrollo, en la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga.
Lo anterior es congruente con la Convención de los Derechos de la Niñez la cual establece en su artículo 33 que Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
7. Mecanismos alternos de justicia terapéutica
Actualmente la Ley Nacional de Ejecución Penal establece las bases para regular en coordinación con las instituciones operadoras, la atención integral sobre la dependencia a sustancias de las personas sentenciadas y su relación con la comisión de delitos, a través de programas de justicia terapéutica, que es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución, por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución, para lograr la reducción de los índices delictivos al interior de los centros penitenciarios.
La Ley General de Salud, al vincular a las dependencias y entidades de la administración pública en materia de rehabilitación respecto a los farmacodependientes, tanto federales como locales, es que proponemos incorporar un artículo que remita al consumidor problemático a estos mecanismos.
Estos mecanismos, también conocidos como tribunales de tratamiento de drogas, son un modelo en el que la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de seguimiento y de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en la comunidad.
El abuso de drogas tiene consecuencias directas a lo largo y ancho de nuestro país, impactando además de la persona que las consume, a las familias, al entorno laboral, y la seguridad ciudadana. En los últimos años, y como parte de la búsqueda por soluciones eficaces, los sistemas de justicia de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de infractores dependientes de drogas mediante la alternativa al encarcelamiento, con supervisión judicial.
Si bien no todas las personas que usan o abusan del consumo de alguna sustancia psicoactiva, comenten algún tipo de delito, una importante proporción de las personas que los comenten son consumidores de alguna sustancia, de ahí que el uso de drogas entre la población que comete delitos es muy superior a la población general. Por tanto, es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delitos para mantener y financiar su dependencia a las drogas, o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados contra la salud o aquellos relativos que merecen prisión preventiva oficiosa.
Una de estas instituciones son los llamados mecanismos alternos de justicia terapéutica o también conocidos como tribunales de tratamiento de adicciones, corte de drogas o tribunales de tratamiento de drogas y que son un modelo en el que la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado y personal especializado. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de seguimiento y de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en su comunidad. A través de un mayor énfasis en la supervisión judicial, una mejor coordinación de recursos, y la celeridad del procedimiento judicial, se busca interrumpir el ciclo de comportamiento delictivo, del uso de alcohol y otras drogas, y del encarcelamiento.
La aplicación de este nuevo modelo y los detalles sobre cómo se han aplicado estos mecanismos y procedimientos varían de una jurisdicción a otra, y de país en país, sin embargo, los fines fundamentales son:
a) Reducción en el índice de delitos
b) Disminución en la recaída del consumo de drogas
c) Menor población penitenciaria
d) Eficiencia en el uso de los recursos: relación costo-beneficio
e) Recuperación del individuo en la sociedad.
Actualmente, en Estados Unidos de América (EUA) hay más de 2 mil 800 cortes de drogas y se han extendido a países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En América Latina, región en donde existe un grave problema de encarcelamiento masivo de personas por delitos de drogas, también se han expandido, en gran medida, gracias al impulso de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Consideramos que esta propuesta representa una opción a la sobrepoblación penitenciaria y a la criminalización de las y los consumidores ya que de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2014, de las 35 mil personas internadas por delitos de fuero federal, 22 mil fueron por delitos contra la salud, es decir dos de cada tres; y el gobierno gasta 8 mil 200 millones de pesos para mantener los centros de reinserción social con un costo promedio por interno de mil 400 pesos diarios, es decir 41 mil pesos al mes por cada persona que se encuentra recluida por estos delitos.
Un dato adicional lo es que más de 100 mil jóvenes tienen abierto proceso por delitos contra la salud, 60 mil lo son por consumo o posesión de marihuana; 15 mil portaban una cantidad menor a 200 pesos de cannabis.
En mérito de los expuesto y fundado sometemos a esta alta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de la cannabis
Artículo Primero. Se reformala fracción XXI del artículo 3; la fracción III del artículo 112; la denominación del capítulo IV; las fracciones I y III del artículo 191; el artículo 192; las fracciones I, III, VIII y IX del artículo 192, el artículo 192 Ter; 192 Quáter; la fracción III del artículo 192 Sextus; el último párrafo del artículo 235; las fracciones II, III y VIII del artículo 473, el artículo 479; se derogael artículo 193 Bis; el último párrafo del artículo 235; s e adicionael artículo 191 Bis; el artículo 191 Ter, la fracción XI del artículo 192 Bis; un segundo párrafo con las fracciones I, II, III, IV y V; el artículo 236 Bis; un último párrafo al artículo 237; la fracción IV del artículo 245; dos últimos párrafos al artículo 247, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
I. a XX. ...
XXI.La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra su consumo problemático;
XXI. a XXVIII. ...
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. y II. ...
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.
Capítulo IVDe los Programas contra el Consumo de Sustancias PsicoactivasArtículo 191. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas, a través de las siguientes acciones:
I. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, en su caso, la rehabilitación de los consumidores;
II. ...
III. La educación e instrucción a las familias y a la comunidad sobre la forma de reconocer las situaciones de un consumo problemático y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento.
...
Artículo 191 Bis. De manera enunciativa, más no limitativa, son derechos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas:
I. Derecho a la salud;
II. De no discriminación;
II. Presunción de inocencia;
III. Respeto a la dignidad humana;
IV: Protección del Libre Desarrollo de la Personalidad;
V. Protección a la identidad y datos personales;
Artículo 191 Ter. Los usuarios de los servicios y centros públicos y privados relacionados con la atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas tienen los derechos siguientes:
I. A la información y acceso a sobre los servicios a los que la persona se pueda adherir considerando en cada momento, los requisitos y exigencias que plantea su tratamiento;
II. A la confidencialidad;
III. A recibir un tratamiento integral adecuado desde un centro autorizado;
IV. A la voluntariedad para iniciar y acabar un tratamiento, salvo los casos en que éste sea obligatorio por orden de autoridad competente;
V. A la información completa y comprensible sobre el proceso de tratamiento que sigue, así como a recibir informe por escrito sobre su situación y el tratamiento que ha seguido o está siguiendo;
VI. A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales;
VII. Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que se les pueda discriminar por ninguna causa; y
VIII. Los demás que establezca la presente ley.
Artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional especializado para eltratamiento de personas en situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas,los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:
I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo problemático de sustancias psicoactivas; y
II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman sustancias psicoactivas.
Artículo 192 Bis. Para los efectos del programa nacional se entiende por:
I. Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;
II. ...
III. Consumidor en recuperación: Toda persona que está en tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso de superación del consumo problemático;
IV. a VII. ...
VIII. Investigación en materia de consumo problemático: Tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de adicción; respetando los derechos humanos y su integridad,
IX. Suspensión: Proceso mediante el cual la persona en situación de consumo problemático participa en la superación de su dependencia con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que provocaron el consumo; y
XI. Reducción de daños. Las políticas públicas y programas progresivos, orientados a evitar o disminuir situaciones de riesgo, a mejorar o limitar las condiciones de uso responsable a fin de reducir los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Artículo 192 Ter. La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas elaborará un Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones Especializado para Adolescentes, para su debida atención integral sobre la base del respeto de sus derechos humanos.
Dicho Programa establecerá una cobertura universal de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas y acceso universal de prevención a servicios de tratamiento con el objeto de reintegrarles de manera saludable su entorno familiar o social.
La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y entidades del sector salud deberán desarrollar campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos que conlleva el consumo problemático.
La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con las instituciones de salud para que en las escuelas del Sistema Educativo Nacional se proporcionen por lo menos dos cursos al año para alumnos y padres de familias sobre la prevención del abuso de sustancias psicoactivas, en los que deberá participar expertos en el tema certificados por el Consejo Nacional Contra las Adiciones.
La Secretaría de Educación Pública deberá incluir en los libros de texto la información científica más amplia referente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y los efectos que propician su consumo.
Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de las personas con consumo problemático, las dependencias y entidades de la administración de justicia de manera conjunta con las autoridades en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona con consumo problemático en los términos que señale la legislación respectiva.
Para los casos de personas sentenciadas, se estará a los programas de justicia terapéutica previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Artículo 192 Sextus. El proceso de superación del consumo problemático por conducto de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, debe:
I. a II. ...
III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la rehabilitación del consumo problemático de las personas que consumen sustancias psicoactivas, en la que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a través del apoyo mutuo, y
IV. ...
Artículo 193 Bis. Se deroga
Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:
I. a VI. ...
Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud, a excepción de la cannabis sativa, índica y americana que también podrá realizarse con fines terapéuticos y recreativos conforme a lo establecido en las leyes y la normatividad de esa materia.
Artículo 236.Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso.
Tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico y recreativo, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán:
I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo.
II. Expedir las licencias para su cultivo, así como la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores:
III. Adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario;
IV. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis; y
V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 236 Bis. La Secretaría de Salud será la autoridad encargada de autorizar el registro y funcionamiento de los clubes de consumo recreativo, los cuales estarán integrados con un mínimo de veinte y un máximo de cincuenta socios, en los términos que señale la legislación correspondiente.
Las personas menores de 18 años no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo para el consumo de cannabis.
Queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo recreativo por cualquier medio.
Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100 por ciento libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad.
Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, ( se elimina cannabis sativa, índicay americana o marihuana), papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.
...
La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo de cannabis se permitirá en los términos previstos en la presente ley y demás disposiciones que al efecto se expidan.
Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:
I. a VI. ...
Toda persona mayor de 18 años podrá sin necesidad de licencia o permiso poseer, cosechar, autocultivar, preparar, procesar o transportar hasta tres plantas de cannabis destinadas para consumo personal o compartido en su domicilio, y el producto de la recolección de la plantación precedente;
También podrá compartir en su domicilio o en el de otros el producto de su autocultivo sin fines de lucro.
Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
I. ...
II. Consumo problemático: El uso de sustancias psicoactivas que provocan problemas a las personas en su salud biológica, psicológica, emocional o social en la funcionalidad con su familia, escuela, trabajo, la comunidad, donde vive, en su economía o con la ley, que incluye cualquier uso por persona menor de 18 años de edad, la intoxicación aguda, el uso nocivo, el abuso, así como dependencia o adicción.
III. Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;
IV. a VII. ...
VIII. Tabla: la de Cantidades Máximas de Posesión prevista en el artículo 479 de esta ley.
Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien ( se elimina: sea farmacodependiente o consumidor y) posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.
...
Artículo 479.Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su posesión, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para los efectos del artículo 193 Ter, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.
Tercero.El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir los lineamientos para designar las zonas, terrenos y permisos para el cultivo previstas en el presente decreto.
Cuarto.El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Salud contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la normatividad para la instalación y el funcionamiento de los clubes de consumo recreativo.
Quinto. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.
Artículo Segundo. Se reformanlos numerales 3 y 17 del artículo 24; el último párrafo del artículo 67; el artículo 193; el artículo 197; y se el artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:
1. a 2. ...
3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables o la voluntad de someterse a la jurisdicción de un mecanismos alternos de justicia terapéutica quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir sustancias psicoactivas y derivado de ello cometan delitos.
4. a 16. ...
17. Medidas de protección para personas menores de 18 años.
18. a 19. ...
...
Artículo 67. En el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo el procedimiento correspondiente.
...
En caso de que la persona imputada tenga un consumo problemático que lo lleve a cometer conductas tipificadas como delitos porel hábito o la necesidad de consumir sustancias psicoactivas, el juez ordenará también su valoración para someterse a la jurisdicción de un mecanismos alternos de justicia terapéutica en los términos de la legislación correspondiente.
Artículo 193. Se consideran sustancias psicoactivas losestupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con las sustancias psicoactivas, entendiéndose por éstaslos estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud.
...
Las sustancias psicoactivasempleadas en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.
...
Artículo 197. Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere persona menor de 18 años de edad oincapaz de comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.
Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es persona menor de 18 años de edad,las penas se aumentarán hasta una mitad.
Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de las sustancias psicoactivasseñaladas en el artículo 193, con excepción del médico legalmente autorizado para ello.
Artículo 198. Se deroga
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Vázquez Rodolfo. Entre la Libertad y la igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho. Primera Edición mexicana 2010. Editorial Trotta, p140.
2 Catalina Pérez Correa, Alejandro Corda y Luciana Boiteux. La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en América Latina. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho 2015.
3 Informe Especial Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p 35.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018. Diputadas y diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña,Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Frida Alejandra Esparza Márquez, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Luz Estefanía Rosas Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Pilar Lozano Mac Donald, Raymundo García Gutiérrez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Así será. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia para dictamen.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Érika Mariana Rosas Uribe, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Érika Mariana Rosas Uribe:Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Érika Mariana Rosas Uribe: México es vulnerable a los efectos negativos que causan los fenómenos naturales que se presentan en nuestro territorio, debido a su ubicación geográfica, al cambio climático y su dinámica social.
De acuerdo con el reporte presentado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres denominado, Desastres en México, impacto social y económico, los sismos, lluvias torrenciales, incendios y erupciones ocurridos en los últimos 15 años produjeron daños en más de un millón 300 mil viviendas.
Recientemente recordamos los efectos ocasionados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del año pasado, que de acuerdo a cifras del VI Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, afectaron las viviendas de más de 170 mil familias, 60 mil afectadas con un daño total y 110 mil con un daño parcial.
Bajo el contexto de vulnerabilidad en que se encuentra nuestro país se han desarrollado instrumentos jurídicos como la Ley General de Protección Civil, la cual faculta a los tres órdenes de gobierno para establecer acciones antes, durante y después de los fenómenos naturales.
El propósito de esta iniciativa es reformar esta ley para adicionar nuevos mecanismos que permitan hacer frente a estos desastres. La ley fija dentro de su contenido, como parte de una política pública, acciones preventivas como la contratación de seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños ocasionados por catástrofes naturales.
En la actualidad este marco normativo no establece como responsabilidad de las entidades federativas implementar o promover acciones para que la ciudadanía contrate seguros, instrumentos de administración y transferencia de riesgos que permitan cubrir daños en sus viviendas. Por lo que es urgente legislar en esta materia para poder proteger el patrimonio de los mexicanos.
Si bien es cierto que es responsabilidad del Estado mexicano el diseño e implementación de políticas públicas en materia de protección civil que permitan atender las contingencias que se presenten, la ciudadanía es corresponsable de proteger sus bienes materiales en casos de algún desastre natural.
Es así que, independientemente de los instrumentos financieros que contraten el gobierno federal y las entidades federativas en medida de lo posible y sin que esto afecte de forma directa su patrimonio, debe adquirir seguros contra daños en su vivienda, que se ajusten a sus ingresos familiares y les otorguen adecuados niveles de cobertura sobre los bienes asegurados.
En materia de seguros en nuestro país, cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 señalan que solo el 24 por ciento de las personas encuestadas manifestó contar con algún tipo de seguro; 12 por ciento cuentan con un seguro de casa y únicamente un uno por ciento con un seguro para su negocio o empresa.
Lo anterior permite darnos cuenta de que la cultura en materia de contratación de seguros en nuestro país es casi nula, ya que existen diversos factores como los costos y la cobertura que ofrecen por los cuales las personas deciden no adquirirlos.
Por ello el sector asegurador en nuestro país ha desarrollado productos a costos accesibles denominados microseguros, dirigidos a los sectores de menores ingresos, lo que permite su fácil adquisición y su viabilidad económica, por lo representar gastos significativos para las personas que los adquieren.
El contar con algún tipo de seguro para vivienda se ha convertido en la actualidad en un importante instrumento para proteger el patrimonio de las personas ante los daños que pudieran sufrir derivados de los efectos negativos que provocan los efectos naturales, haciéndose responsables de esta forma con el gobierno en cuanto a acciones preventivas.
Con el objetivo de fomentar y fortalecer la contratación de instrumentos financieros en materia de seguros tradicionales y micro seguros, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil y se reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para dotar a las entidades federativas y la Ciudad de México de las facultades necesarias para legislar en materia de diseño de esquemas para aseguramientos de viviendas e inmuebles que sean de fácil acceso para la población en cuanto a costo, niveles de cobertura y contratación, así como promover la contratación de seguros contra daños para viviendas e inmuebles. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil y se reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl sistema democrático de nuestro país, está basado en un modelo de división de poderes en el que se distribuye el poder en tres órganos independientes de igual jerarquía con el objetivo de ejercer la soberanía depositada por la ciudadanía en pro del bien común tal y como se señala dentro de los artículos 39, 40; párrafo primero del artículo 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Es de lo anterior que se derivan las funciones y facultades del Congreso de la Unión (artículo 71) para legislar en diferentes materias con la finalidad de garantizar marcos jurídicos que permitan el desarrollo pleno de nuestro país y de sus habitantes, siendo la protección civil un tema de relevancia a nivel nacional y local por los efectos catastróficos que pueden tener en nuestro territorio los agentes perturbadores que se presentan año con año de forma normal o atípica a causa del cambio climático, tal y como se establece dentro de la fracción XXIX-I del art 73 de la propia Carta Magna.
De acuerdo a la bibliografía consultada, se define como fenómeno perturbador lo siguiente:
Se emplea el término genérico de agentes perturbadores para denominar a los diferentes fenómenos que pueden causar un desastre (sismos, huracanes, etcétera), y el de sistemas afectables, para designar a los conjuntos sociales y físicos que están expuestos al agente perturbador y que pueden quedar dañados por éste, en un grado tal que constituye un desastre
En México en las últimas décadas se han presentado diversos fenómenos catastróficos, afectando la dinámica de nuestro país y generando impactos considerables tanto en la económica como en la pérdida de vidas humanas. Es por lo anterior que es importante desarrollar mecanismos eficaces índole legislativa que permitan hacer frente a los graves daños económicos que se presentan como consecuencia de fenómenos naturales y que afectan directa e indirectamente el patrimonio de las familias mexicanas.
El objetivo de la presente iniciativa es desarrollar los instrumentos jurídicos que permitan establecer acciones en preventivas y reactivas (Con apoyo de los tres órdenes de gobierno) a través de la contratación por parte de los propietarios de viviendas o inmuebles, de seguros que absorban el valor destructible de los mismos, o cuyas primas absorban en cierta medida el impacto económico que se genera por la pérdida total o parcial de esos bienes. Con esta iniciativa se pretende beneficiar a las familias mexicanas que a consecuencia de los fenómenos naturales que se presentan en nuestro país ven afectado su patrimonio que con mucho esfuerzo han conseguido a lo largo de los años.
Aunque la contratación de un seguro es obligatorio cuando la casa está hipotecada, después de pagarla, en la mayoría de los casos las familias deciden cancelarlo...
En nuestro país de acuerdo al documento Desastres en México: Impacto social y económico 2015, han ocurrido un importante número de agentes perturbadores, ocasionado cuantiosos daños en materia económica y social por los efectos devastadores a causa de sismos, lluvias torrenciales, incendios, erupciones volcánicas, etcétera. Es así que, con fines ilustrativos, se retoma del documento en mención los datos aportados con la finalidad de conocer los eventos más devastadores en cuanto a impacto social y económico dentro de nuestro país en el periodo de 1980 a 2014.
Como se puede observar, en el cuadro anterior entre 1980 y 1990 en promedio ocurrió un total de 506 decesos anuales además de un total de 700 millones de dólares en pérdidas, cifra que para el periodo de 2000 a 2014 se calculó en 2 mil 147 millones de dólares en promedio.
En cuanto a pérdidas humanas el fenómeno perturbador que más muertos generó por su desarrollo fue el sismo de 1985, donde hubo un total de 6 mil decesos, seguido por la erupción del volcán Chichón en 1982 que generó mil 700 muertes.
De acuerdo al cuadro analizado, podemos darnos cuenta que se han desarrollado una diversidad de eventos catastróficos en nuestro país que han afectado a numerosas entidades federativas, lo que evidencia la vulnerabilidad que sufrimos por la ocurrencia de fenómenos perturbadores a causa de la ubicación geográfica, así como por eventos ocasionados de forma atípica por el cambio climático y por el curso normal de las estaciones del año.
Los fenómenos perturbadores tienen como consecuencia para el país donde se desarrollan, alteraciones a nivel micro y macro, lo que afecta su desarrollo económico y social, siendo los segundos los más graves toda vez que repercute de forma directa la vida y el patrimonio de las personas al ver sus viviendas y objetos personales dañados.
Es por lo anterior que se analizarán los efectos negativos que han tenido este tipo de fenómenos en materia de vivienda en nuestro país, con el objetivo de plantear la propuesta que someteremos a su consideración.
En relación al impacto que han tenido los fenómenos perturbadores en materia de vivienda en nuestro país, se identificó del documento denominado Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México que del año 2000 al 2015, los agentes perturbadores que ocurrieron en nuestro país ocasionaron importantes daños en este sector, por lo que en los cuadros que se presentan a continuación, se muestran datos relacionados al total de eventos ocurridos en el periodo de tiempo mencionado, así como las afectaciones generadas.
Impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México 2000-2015
Total de eventos con viviendas dañadas de 2000 a 2015: 1697
Eventos con viviendas dañadas contabilizadas: 1639
Eventos en los que no fue determinado el número de viviendas afectadas: 58
Total de viviendas dañadas de 2000 a 2015: 1 millón 279 mil 678.
Como podemos observar, en el periodo 2000-2015 se presentaron un total de mil 697 eventos, de los cuales se contabilizó 1 millón 279 mil 678 viviendas afectadas, sin que se especifique el tipo de daños que sufrieron.
De los principales eventos o fenómenos perturbadores que generaron daños a las viviendas en nuestro país en este periodo de tiempo, podemos encontrar que mil 643 fueron en materia geológica, hidrometeorológica, químicos y socio-organizativos; siendo los de mayor frecuencia las lluvias extremas con 988 eventos, seguidos de las explosiones y por ciclón tropical con 115 y 112 respectivamente.
El cuadro analizado permite darnos cuenta que en nuestro país ocurren una amplia variedad de fenómenos perturbadores que afectan el patrimonio de las familias mexicanas.
Total de eventos por tipo de fenómeno, con viviendas dañadas de 2000 a 2015
Geológicos
Agrietamiento: 6
Deslizamiento (Derrumbe por lluvias): 65
Derrumbe: 14
Hundimiento: 6
Sismo: 21
Hidrometeorológicos
Ciclón tropical: 112
Fuertes vientos: 55
Tormenta severa o granizada, tornado: 61
Inundación: 59
Lluvias (lluvia extrema): 988
Mar de Fondo: 3
Marea de tormenta: 3
Sequía: 1
Químicos
Derrame: 3
Explosión: 115
Flamazo: 1
Fuga: 8
Incendio forestal: 7
Incendio urbano: 84
Socio-organizativos
Accidente de trabajo: 1
Accidente de transporte: 25
Derrumbe: 3
Sin clasificación: 2
Total general: 1643
Los datos anteriores muestran la alta vulnerabilidad que tuvo nuestro país de 2000 a 2015, al analizar el número de viviendas dañadas a causa de los fenómenos perturbadores; sin embargo, como último aspecto estudiaremos las afectaciones ocasionadas en nuestro país en vivienda y de pérdidas humanas, a causa de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
En relación a los fenómenos catastróficos que se han dado en nuestro país, hace un año se volvió a presentar un hecho como el que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1985 con el sismo de ese año.
Los sismos de alta intensidad ocurridos en nuestro país tanto el 7 como el 19 de septiembre de 2017, nos hicieron recordar que a pesar de haberse logrado en México en las últimas décadas importantes avances en protección civil, aún falta mucho por hacer en materia preventiva, reactiva y correctiva, con la finalidad de garantizar la protección de la vida de las personas y su patrimonio.
Los daños ocasionados en nuestro país a causa de los sismos mencionados son cuantiosos, y a pesar de que la información se sigue actualizando de forma continua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha publicado un censo de las viviendas afectadas en nuestro país, así como de los apoyos económicos entregados a las familias afectadas, que evidencian los efectos sufridos en las entidades federativas afectadas y de algunas implicaciones económicas que giran en torno a estos acontecimientos (cabe hacer mención que los datos que se muestran en el presente documento son los que se encontraban disponibles dentro de la página oficial de la Sedatu el 10 de enero del año en curso).
De conformidad a los datos encontrados, se observa que en relación a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, el total de viviendas dañadas censadas, así como el total de viviendas dañadas por Entidad Federativa son significativos, lo que nos muestra de forma clara que muchas personas resultaron afectadas en su patrimonio.
Censo de viviendas dañadas por el sismo
Ciudad de México 5 mil 974 3%
Chiapas 46 mil 773 27%
Guerrero 3 mil 928 2%
México 6 mil 60 4%
Morelos 15 mil 801 9%
Oaxaca 65 mil 44 38%
Puebla 28 mil 345 16%
Total General 171 mil 925 100%
En relación al tipo de afectación en las viviendas y de los montos económicos otorgados en cada caso, podemos encontrar dentro del cuadro que se presenta a continuación, los siguientes datos:
Estadístico viviendas dañadas por tipo afectación y monto de apoyo
Total Censados: 172 mil 26, 100%
Daño Parcial: 111 mil 628, 65%
Pérdida total: 60 mil 386, 35%
Monto total de apoyos: 8 mil 917 millones 460 mil pesos
Daño Parcial: Mil 672 millones 710 mil pesos
Pérdida Total: 7 mil 224 millones 750 mil pesos
Como se puede observar en el cuadro anterior, el total de viviendas censadas fue de 172 mil 26, de las cuales 111 mil 628 tuvieron daño parcial y 60 mil 386 fueron pérdida total.
En el caso de las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal, para atender a las familias afectadas en su patrimonio por los sismos de septiembre de 2017, cifras del sexto informe de gobierno, señalan los resultados:
Apoyo a la reconstrucción tras los sismos de septiembre
Se apoyó en forma oportuna y transparente la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos sucedidos en septiembre de 2017. Se registraron 170 mil 867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas; 60 mil 50 con daño total y 110 mil 817 parcial.
Hasta el 10 de julio de 2018, 164 mil 455 titulares de viviendas dañadas ya habían recibido apoyos monetarios y en materiales de construcción por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por 7 mil 878.7 millones de pesos. El apoyo lo recibieron y lo ejercieron las propias familias damnificadas.
Con una asignación de 120 mil pesos por vivienda; 90 mil en materiales y 30 mil en mano de obra; 60 mil 50 familias que padecieron el daño total de su casa, recibieron al 10 julio de 2018, en conjunto, 6 mil 276.4 millones de pesos, de los cuales ya emplearon, 5 mil 752.2 millones de pesos para la reconstrucción de sus hogares.
Con una asignación de 15 mil pesos por vivienda, 106 mil 852 familias cuyos hogares tuvieron un daño parcial recibieron, conjuntamente, mil 602.2 millones de pesos de los cuales ejercieron mil 584.9 millones de pesos en la reparación de sus casas.
Están en proceso de resolverse 6 mil 412 casos especiales de las familias que aún no habían recibido su apoyo debido a que los titulares, no han recogido tarjetas, salieron de la localidad donde residían, hay algún litigio familiar o fallecieron las personas a cuyos nombres estaba el trámite, por citar algunos ejemplos de las causas que han impedido, hasta ahora, la entrega.
( Fuente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.)
Por ello, si tomamos en cuenta los datos vertidos de los agentes perturbadores ocurridos en nuestro país, podemos darnos cuenta que no estamos exentos de sufrir este tipo de desastres; por lo que es importante robustecer la legislación en materia de protección civil que permita salvaguardar la vida de las personas y su patrimonio.
En nuestro país, por lo que hace a la legislación relacionada a temas de protección civil, podemos observar que, a lo largo de los años, y a causa de los fenómenos naturales que han afectado nuestro territorio, se desarrollaron diversos mecanismos jurídicos (mismos que han evolucionado constantemente) con el objetivo de garantizar la protección de la vida de las personas y de sus bienes.
En materia de protección civil, nuestro país cuenta con instrumentos jurídicos que facultan al Estado y a los poderes que lo integran, así como a sus tres órdenes de gobierno; para implantar medidas antes, durante y después del desarrollo de un agente perturbador que afecte alguna parte del territorio nacional, por lo que se establecen de forma clara las funciones y facultades atribuidas a las autoridades federales, estatales y municipales en esta materia para hacer frente a las contingencias que se desarrollen.
La Ley General de Protección Civil, es el instrumento jurídico en el cual se fijan las funciones y facultades anteriormente señaladas, y su estructura permite que las autoridades que participan en las mismas las desarrollen de forma clara dentro de su ámbito de responsabilidad.
En relación con las facultades con las que cuenta el Poder Ejecutivo federal, dentro de la Ley General de Protección Civil, en su artículo 7 se encuentran las otorgadas al mismo, destacando los siguientes elementos establecidos dentro de sus fracciones III, VI y IX, toda vez que se relacionan directamente con el desarrollo de la presente iniciativa:
Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo federal en materia de protección civil:
...
III. Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural;
...
VI. Promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros;
...
IX. Promover ante los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, la homologación del marco normativo y las estructuras funcionales de la protección civil.
Es de destacar que de acuerdo al artículo 8 de la propia ley, los Poderes de la Unión, los integrantes de los tres niveles de gobierno, así como de otros órganos que integran al Estado, están obligados en contribuir en la implementación de las acciones en materia de protección civil para que estas se realicen de forma coordinada y eficaz.
Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.
Como parte fundamental de los elementos que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil en México, se encuentra el desempeño de diversas funciones y facultades, a través de un ente que integra y coordina la política nacional en materia de protección civil, de conformidad a lo que a continuación se detalla:
Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.
Dentro de las acciones a las que están obligadas las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de protección civil, la Ley General establece funciones y facultades entre las que destacan, las relacionadas a la contratación de seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños ocasionados por fenómenos perturbadores que se desarrollen en nuestro país, con lo que se pretende proteger y asegurar los bienes e infraestructura física de las entidades federativas como parte fundamental de la política pública preventiva que garantice cierto nivel de protección ante los fenómenos perturbadores que se presenten. Es así que el párrafo primero del artículo 18 se establece de forma textual los siguientes elementos:
Artículo 18. Es responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas.
...
...
En relación a las atribuciones con las que cuenta la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil es pertinente hacer mención que se encuentran establecidas en el artículo 19 de la propia Ley, sin embargo, para efectos de este análisis únicamente destacaremos los siguientes elementos del mismo por considerar que se orientan de forma directa al diseño e implementación de políticas públicas en la materia:
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:
...
III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil;
...
VII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 18 de esta ley;
...
VIII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, para lo cual podrá solicitar recursos de los instrumentos financieros;
...
XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;
...
XIV. Asesorar a las entidades federativas y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos;
...
XVII. Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad;
...
XVIII. Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la gestión de los riesgos;
...
XXII. Supervisar, a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
...
...
XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;
...
Como podemos observar, nuestro país cuenta con la estructura jurídica adecuada para implementar acciones en materia de protección civil de forma preventiva, reactiva y con posterioridad a los fenómenos perturbadores que tengan lugar en nuestro territorio, destacando como elemento central para el análisis de esta iniciativa, que el Estado Mexicano dentro de su estructura de poderes y en los tres órdenes de gobierno debe de contar con mecanismos financieros que permitan contribuir a la atención de las contingencias que se presentan y al mismo tiempo facilitar la recuperación de las afectaciones económicas relacionadas con la infraestructura física y del patrimonio de las personas.
Para ejemplificar de forma concreta lo que se señala en párrafos previos, es pertinente mencionar que una de las estrategias que se implementa a nivel federal y que tiene como objetivo contribuir a la atención de las contingencias que se presenten por el desarrollo de un fenómeno perturbador, es el denominado Fondo Nacional de Desastres Naturales, que si bien es un excelente instrumento para la atención de los fenómenos perturbadores, es necesario que se complementen con otras estrategias en materia de fondos y de seguros como los que se detallan en el artículo 18 anteriormente citado.
...el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto autorizar recursos para mitigar los efectos que produzcan los fenómenos naturales perturbadores en la infraestructura de los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político- administrativos del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por tales fenómenos.
Si bien es cierto que es responsabilidad del Estado mexicano el diseño e implantación de políticas públicas en materia de protección civil que le permitan atender las contingencias que se presenten, también debe recalcarse que la ciudadanía en un ejercicio de corresponsabilidad, como también se detalla en la propia Ley General de Protección Civil, realice acciones que le permitan proteger sus bienes materiales y los de su familia.
Es así que consideramos importante que independientemente de los instrumentos financieros que contrate el Gobierno Federal y las entidades federativas en materia de seguros, la ciudadanía en la medida de lo posible, sin que esto afecte de forma directa sus ingresos; adquieran seguros contra daños en materia de vivienda que aminoren las repercusiones económicas sobre sus bienes.
Cabe hacer mención que en la normatividad en materia de instrumentos financieros para nuestro país, se han identificado dos tipos de seguros que pueden ser adquiridos, los cuales atienden a diversos sectores de la población (de acuerdo a su nivel de ingresos) que tienen como objetivo en común dotar a los contratantes de cierto nivel de protección o garantía.
De conformidad a lo establecido dentro de la Circular Única de Seguros y Fianzas, podemos definir de la siguiente manera a los seguros Masivos y a los Microseguros como instrumentos financieros que se ofertan a la población para asegurar diferentes áreas de su vida:
XCI. Microseguros, los productos de seguros que se ubiquen dentro de algunas de las operaciones de vida, de daños o de accidentes y enfermedades, con excepción de los seguros a los que se refieren las fracciones II, XI, XII, XIII y XIV del artículo 27 de la LISF, y que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo;
...
CXXXI. Seguros Masivos, los productos de seguros que se ubiquen dentro de algunas de las operaciones de vida, de daños o de accidentes y enfermedades, con excepción de los seguros a los que se refieren las fracciones II, XI, XII, XIII y XIV del artículo 27 de la LISF, que se formalicen mediante contratos de adhesión, que se comercialicen a un gran número de personas y que cumplan con las siguientes características:
...
b) Que no se trate de microseguros, y
Es así que en materia de aseguramiento para nuestro país, de conformidad a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (Inegi 2015), de un total de 76 millones 157 mil 88 personas encuestadas, 18 millones 876 mil 834 (24.8 por ciento) manifestó contar con algún tipo de seguro, de las cuales sólo 2 millones 317 mil 456 (12.3 por ciento) tiene seguro de casa y 217 mil 976 (1.2 por ciento) de negocio o empresa.
Los datos anteriores ponen de manifiesto que la cultura del aseguramiento de la vivienda en nuestro país es casi nula, debido a que por diversos factores las personas deciden no contratar este tipo de instrumentos financieros para proteger su vivienda o negocio.
A los adultos que nunca han sido usuarios de algún tipo de seguro se les preguntó cuáles eran los principales motivos para no tener contratado este tipo de producto, dando como resultado, en primer lugar, que se tiene la percepción de un costo elevado de los seguros; en segundo lugar, no saben qué son, cómo funcionan o no saben dónde contratarlos y, en tercer lugar, consideran que no los necesitan o no les interesa contratar algún tipo de seguro. Adicionalmente, en la ENIF 2015 se agregó el motivo de no tener dinero o trabajo para no contratar algún tipo de seguro, el cual ascendió a 23 por ciento.
Como se ha identificado en los documentos consultados para el desarrollo de la presente, contar con algún tipo de seguro incluyendo el de vivienda, permite hacer frente a cualquier contingencia que se presente que afecte directamente el patrimonio de las personas. Los seguros son variados, y sus niveles de cobertura puede ser distinta de acuerdo a las necesidades de los contratantes y a los costos que impliquen las primas.
La Condusef refirió que un punto muy importante en la póliza es la suma asegurada, que se refiere a la cantidad máxima posible por la que responderá la aseguradora por pérdida o daños al inmueble. En la mayoría de los casos corresponde al valor destructible (no se considera valor de terreno y cimientos) o de construcción del inmueble.
...
...algunos seguros también cubren los contenidos del inmueble; es decir, todos los bienes muebles, enseres, equipo electrodoméstico y electrónico, ropa y efectos propios a la casa habitación, cuya indemnización por lo regular corresponde también a un porcentaje de la suma asegurada o el valor de la construcción.
Es así que el desarrollo de productos diferenciados en materia de seguros ha sido de importancia en nuestro país debido a que contar con productos de distinto costo y nivel de cobertura abre la posibilidad para aquellos sectores de ingresos medios y bajos, así como de la población con necesidades específicas puedan adquirir seguros de bajo costo o productos tradicionales que cumplan con sus necesidades particulares.
...La Política Nacional de Inclusión Financiera resalta la importancia de promover una mayor oferta y uso de seguros por la población sub-atendida o excluida, mediante el diseño de productos y servicios adecuados a sus necesidades, así como la contratación de este tipo de productos a través de los canales adecuados, incluyendo aquellos que derivan de innovaciones tecnológicas.
En relación con el tema de los microseguros, de acuerdo a la bibliografía consultada son instrumentos financieros de bajo costo, los cuales están dirigidos a los sectores de menores ingresos de nuestro país, lo que permite su fácil adquisición y su viabilidad económica por no representar altos costos para las personas que los adquieren.
La creación de sistemas de microseguros que reducen la situación de vulnerabilidad de las personas, son instrumentos de generación de riqueza para la economía. Para el asegurado, limitan las pérdidas sufridas como consecuencia de un hecho adverso y le ayudan a desarrollar actividades de manera más sólida, generando mayores oportunidades de beneficio, estabilidad financiera y progreso sostenible.
...
...Aseguradores, gobiernos, organizaciones internacionales, y especialmente el Banco Mundial, coinciden en reconocer el potencial que esta actividad tiene para reducir la vulnerabilidad de las clases más bajas de la sociedad y la necesidad de impulsarlo como parte integrante del modelo de las microfinanzas.
En nuestro país en lo que respecta a los microseguros, de acuerdo a cifras del (Microinsurance Network, 2017) se ha mostrado una tendencia a la alta respecto a su contratación, por tratarse de productos económicos que permiten garantizar cierto nivel de cobertura, en relación al costo de la prima contratada, volviéndose una excelente opción para los sectores de la población que requieren un instrumento con estas características para garantizarse cierto nivel de aseguramiento en relación a sus bienes o al área asegurada.
En México, el aumento de las primas fue de 36 por ciento por año en términos medios entre 2007 y 2017.
En este orden de ideas ha quedado evidenciada la imperiosa necesidad de involucrar la población para ser corresponsable en el aseguramiento de sus bienes como la vivienda, con la finalidad de que las afectaciones económicas derivadas de fenómenos perturbadores sean cada vez menores.
Con el objetivo fomentar y fortalecer la contratación de instrumentos financieros en materia de seguros tradicionales y microseguros, se pretende modificar la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para dotar a las entidades federativas y la Ciudad de México de las facultades necesarias para:
Legislar en materia de diseño de esquemas para el aseguramiento de viviendas e inmuebles que sean de fácil acceso para la población, en cuanto a costos, niveles de cobertura de los bienes y contratación;
Promover la contratación de seguros contra daños para viviendas e inmuebles; y
Diseñar esquemas para su contratación.
Por lo expuesto, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil y se reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Primero. Se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 18 Bis. Es responsabilidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, promover la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por fenómenos perturbadores para viviendas e inmuebles de particulares que no cuenten con el mismo.
Para garantizar el acceso a la contratación de dichos seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos, los gobiernos estatales y de la Ciudad de México deberán diseñar esquemas de fácil acceso para su contratación y pago, que garanticen principios de economía, eficacia y eficiencia, así como las mejores condiciones para la población que los contrate.
Segundo. Se reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:
Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposiciones para:
I. a IV. ...
V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los centros de población, la promoción y diseño de esquemas de aseguramiento de viviendas e inmuebles que sean de fácil acceso para la población en materia de costos, niveles de aseguramiento contra fenómenos perturbadores y su contratación.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Cenapred. (2001). Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Págs. 7, 8. Recuperado el 25 de enero de 2018, de Atlas Nacional de Riesgos de Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana la República Mexicana:
http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/ diagnostico.pdf
2 Roldán, N. (28 de septiembre de 2017). El costo, un obstáculo para no asegurar inmuebles: sólo 4.5 por ciento tienen protección contra desastres. Recuperado el 6 de octubre de 2017, de
http://www.animalpolitico.com/2017/09/seguro-inmuebles-proteccion- contra-desastres/
3 Para la elaboración del presente cuadro, se retoman los datos vertidos dentro del documento Cenapred. (2015). Desastres en México: Impacto social y económico. Recuperado el 12 de enero de 2018, de
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/ 318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF
4 Segob. (2015). Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/descargas.html
5 Ibíd .
6 Ver Sedatu. (10 de Enero de 2018). Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de
http://transparencia.sedatu.gob.mx/#
7 Elaboración propia con datos publicados en la página Sedatu 2018, ibíd.
8 Elaboración propia con datos publicados en la página Sedatu 2018, ibíd.
9 Para efectos del análisis de la presente iniciativa, se retomó este cuadro de Presidencia de la República. (Agosto de 2018). Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. Recuperado el 5 de septiembre de 2018, de
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf
10 Diario Oficial de la Federación. (6 de junio de 2012). Ley General de Protección Civil. Recuperado el 8 de septiembre de 2018, de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_230617.pdf
11 Ibíd.
12 Segob. (14 de diciembre de 2017). Recursos destinados a desastres por Estado. Obtenido de
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/ Recursos_destinados_a_desastres_por_Estado
13 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. (01 de Septiembre de 2016). Circular Única de Seguros y Fianzas. Recuperado el 8 de enero de 2018, de
http://www.cnsf.gob.mx/Normativa/CUSF/Circular%20%C3%9Anica%20de%20 Seguros%20y%20Fianzas%20compulsada%20sin%20Anexos%20(1-sep-16).pdf
14 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. (2017). Reporte Nacional de Inclusión Financiera. Recuperado el 15 de Diciembre de 2017, de
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/ Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf
15 Juárez, E. (15 de octubre de 2017). Qué cubre su seguro de daños en créditos hipotecarios. Recuperado el 20 de octubre de 2017, de
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/ Que-cubre-su-seguro-de-danos-en-creditos-hipotecarios-20171015-0054.html
16 Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2017), obra citada.
17 Díez, A. (15 de Diciembre de 2016). Microseguros: retos y oportunidades. Recuperado el 5 de enero de 2018, de
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/ columna-ana-diez-16-de-diciembre-502302
18 Mi croinsurance Network. (2017). El panorama del microseguro en América Latina y el Caribe 2017. Recuperado el 7 de enero de 2018, de Mapa Mundial del Microseguro:
http://www.microinsurancenetwork.org/sites/default/files/ Landscape%20of%20MI%20in%20LAC_2017_Preliminary%20Briefing%20Note_SP.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputadas y diputado: Erika Mariana Rosas Uribe,Arturo Escobar y Vega, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): Quiero pedir la palabra, presidenta.
Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señora diputada, ¿con qué objeto? La diputada Irma Juan Carlos, por favor. Sonido a su curul.
La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): Quiero pedir a la Mesa, que permita leer un posicionamiento con respecto a una publicación del periódico El Universal Querétaro en contra de la discriminación de los pueblos originarios.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, en este momento estamos desahogando asuntos del orden del día. Le ruego encarecidamente se dirija a su coordinador con el fin de poder agendar esta inquietud suya.
PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN
ALTAS TASAS DE MORTANDAD DE ESPECIES DE TORTUGAS PROTEGIDAS EN COSTAS DE OAXACA
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos al apartado de proposiciones de urgente u obvia resolución. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez:Con su venia, diputada presidenta. Distinguidos diputados y diputadas. Honorable asamblea. Al iniciar septiembre diversos medios de comunicación reportaron la inusitada mortandad de más de 300 tortugas de las especies golfinas y laúd, frente a las costas de Oaxaca.
La información destacó que, a tres millas náuticas frente a la barra de Santa María Colotepec, cientos de tortugas fueron encontradas muertas al quedar atrapadas en mallas de pesca, lo que representó un serio riesgo de salud y sanitario para pescadores, turistas y habitantes de las costas de Oaxaca.
El hallazgo motivó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se dieron a la tarea de indagar las causas y circunstancias de la mortandad de las especies protegidas. Entre las posibles hipótesis se encuentra el uso de redes de pesca prohibidas que arrastran cualquier clase de vida marina.
En esta época las especies de tortugas protegidas arriban a las costas de Oaxaca y del Pacífico mexicano. Al ser santuarios y reservas protegidas constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza pública de la nación. Deben conservarse para que se aprovechamiento rinda los mayores beneficios a la economía nacional.
En décadas anteriores amenazas por actividades pesqueras y comercio ilícito de productos derivados de las especies de tortugas protegidas, las pusieron al borde de la extinción.
Los movimientos sociales y ecologistas emprendieron la lucha y poco a poco vieron reflejado el fruto de sus esfuerzos. La declaratoria de 16 zonas de reservas y sitios de refugio ubicadas en las costas del golfo de México y océano Pacífico evitó el deterioro del ecosistema para proteger en una franja marítima de cinco millas náuticas la reproducción y anidación de tortugas por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1936.
El estado de Oaxaca tiene zonas de conservación importantes consideradas como santuarios para la anidación de tortugas. La golfina, especie más impactada en la reciente mortandad, se encuentra en las playas oaxaqueñas, lugares protegidos para la anidación. Sin embargo, es necesario considerar que las actividades pesqueras ribereñas, son vitales para el desarrollo de las comunidades cuya principal fuente de subsistencia es la pesca.
Efectivamente, no puede entenderse la protección de las especies sin garantizar a la par un desarrollo sustentable para involucrar a los pescadores oaxaqueños.
Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, nuestra responsabilidad como representantes populares, es traer a esta alta tribuna los legítimos reclamos del pueblo.
Ante ustedes, compañeros y compañeras diputadas, expongo esta grave problemática ecológica en mi estado de Oaxaca que impacta a todos, aun cuando no estemos cerca del mar ni representemos a comunidades que viven de la actividad pesquera.
Nuestro compromiso en esta nueva etapa de nuestra historia democrática es impulsar el desarrollo sustentable para la creación de modelos económicos privilegiando la equidad social y protección del medio ambiente.
Por lo anterior presento ante ustedes esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales competentes y a las del gobierno estatal, a fin de fincar responsabilidades contra quienes resulten responsables de las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en la costa de mi estado.
También considero el reforzamiento de programas de capacitación y de canalización de recursos consolidando alternativas adicionales de pesca que no impacten el ecosistema de especies de tortuga protegidas y permitan el incremento de ingresos económicos para los pescadores ribereños del estado de Oaxaca.
Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas oaxaqueñas, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
María del Carmen Bautista Peláez, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional a LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 76, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A través de diversos medios de comunicación, el martes 28 de agosto se dio a conocer a la opinión pública la inusitada mortandad de más de 300 tortugas de las especies golfina y laúd frente a las costas de Oaxaca. La información destacó que a 3 millas náuticas, frente a la Barra de Santa María Colotepec, cientos de tortugas marinas fueron encontradas muertas al quedar atrapadas en mallas de pesca.
El hallazgo motivó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que, en el ámbito de su competencia, se dieron a la tarea indagar las causas y circunstancias de la mortandad de las especies protegidas, tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea).
De acuerdo con el comunicado de Profepa, del 28 de agosto de 2018, determinó que la causa de la mortandad fue debido al enmallamiento de los ejemplares en redes prohibidas. Así puede leerse:
Determina Profepa que enmallamiento de más de 300 tortugas marinas fue con red prohibida de pesca ribereña en costas de Oaxaca.
La Profepa atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina, las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, Jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca.
Tipo de red donde quedaron atrapadas las tortugas es de pesca ribereña para atrapar pez ojoton, es decir, no es usada para la extracción de camarón o atún.
Profepa atiende mortandad de tortugas enmalladas; e investiga el caso para obtener información de los presuntos responsables.
Encuentra a los quelonios en avanzado grado de descomposición; la causa de la muerte fue por ahogamiento derivado de artes de pesca prohibidos.
Profepa y Conapesca entablarán comunicación con pescadores para concientizarlos por el no uso de redes prohibidas, mismas que afectan a especies marinas en riesgo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina ( Lepidochelys olivacea), las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, Jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca.
Personal de la Profepa, en coordinación con elementos la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el Centro Mexicano de la Tortuga, la Universidad del Mar, pescadores y personal del municipio de Santa María Colotepec, dieron atención a los reportes de los habitantes de la zona, por lo que se acudió al lugar e investigar el caso.
Por las características físicas externas en las que se encontraron a los quelonios, tales como el color y tamaño del caparazón de dichas tortugas marinas, se determinó que se trata tortugas marinas de nombre común golfina ( Lepidochelys olivacea).
En el lugar ubicado en la coordenada 15° 48 08.48 latitud norte y 96° 59 50.21 longitud oeste, jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca, se efectuó el entierro de más de 300 tortugas marinas. De acuerdo con los expertos en la materia, dichos quelonios tenían aproximadamente 8 días de haber fallecido dentro del mar, por ahogamiento, toda vez que estaban enredadas con mallas de pesca prohibidas de 120 metros de longitud aproximadamente y monofilamento nylon de 6 pulgadas.
Es importante resaltar que dichos ejemplares, al momento de la atención, se encontraban en avanzado estado de descomposición, y algunos ya fragmentados.
Por ello y para evitar focos de contaminación, las tortugas marinas fueron enterradas en dos fosas con medidas de 6 por 6 metros y 4 por 5 metros, con una profundidad de 2 metros cada uno, mismas que fueron excavadas con el apoyo una maquinaria pesada tipo retroexcavadora marca Caterpillar.
La especie de vida silvestre antes descrita se encuentran enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo, como en peligro de extinción (P).
Asimismo, se encuentra enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1990.
Cabe señalar que tanto la Profepa como la Conapesca harán recorridos por la zona y entablarán comunicación con los pescadores del lugar, a fin de concientizarlos sobre el no uso de redes prohibidas que afectan a las especies marinas en riesgo.
Con esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) refrenda su compromiso con la conservación y preservación de la fauna marina. Con el objeto de contar con más información se exhorta a la ciudadanía en general que aporte información que permita la identificación del presunto o presuntos responsables de la muerte de estas tortugas marinas, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes por parte de esta Procuraduría.
Las tortugas golfina y laúd son especies que se encuentran bajo veda por lo que está prohibida su captura, comercialización y aprovechamiento. De conformidad con el acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado el 31 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, las arriba señaladas constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza pública de la nación que el Estado tiene el deber de conservar para que su aprovechamiento rinda los mayores beneficios a la economía nacional.
El régimen de protección en zonas protegidas, playas y santuarios lleva diversas acciones e instrumentos mismos que se señalan en el acuerdo citado anteriormente y que se puntualizan a continuación:
a) El establecimiento de campamentos tortugueros en las principales playas de arribazón durante los periodos de reproducción de las nueve especies y subespecies que desovan en territorio mexicano.
b) Disminución del universo de usuarios de estos recursos, reservados legalmente para su aprovechamiento a las sociedades cooperativas da producción pesquera desde 1972.
c) El establecimiento de un régimen de vedas parciales y totales por especie
d) La declaratoria de dieciséis zonas de reserva y sitios de refugio ubicados en las costas del Golfo de México y Océano Pacífico para evitar el deterioro de las condiciones ecológicas del medio natural y la contaminación, tendentes a proteger en dichas zonas y en una franja marítima de cinco millas náuticas la reproducción y anidación de las tortugas marinas por decreto publicado el 28 de octubre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación.
e) Adopción de esquemas de aprovechamiento para que comunidades pesqueras e indígenas tuvieran diversificación de actividades en relación con la explotación de recursos derivados de las especies protegidas de tortugas.
Este mismo acuerdo señala la veda total e indefinida para las especies de tortugas marinas existentes en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California denominadas: tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y tortuga laúd (Dermochelys coriacea) entre otras especies que se enlistan de forma exhaustiva.
El acuerdo citado establece las prohibiciones para las especies protegidas y, en caso de incidencias, cuáles deberían ser los protocolos a seguir en caso de que alguna de las especies fuera capturada por actividades y operaciones de pesca. Así se lee en los artículos segundo y tercero:
Articulo Segundo. Queda estrictamente prohibido extraer, capturar, perseguir y molestar o perjudicar en cualquier forma a todas las especies y subespecies de tortugas marinas en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, Mar Caribe, Océano Pacifico y Golfo de California, así como en las playas de todo el territorio nacional donde arriben para desovar, al igual que destruir sus nidos y recolectar, conservar o comerciar sus huevos.
Artículo Tercero. Los ejemplares de cualquier especie de tortuga marina capturadas incidentalmente durante las operaciones de pesca comercial de otras diferentes, deberán ser devueltas al mar, independientemente de su estado físico, vivas o muertas, quedando en consecuencia prohibida su retención y transportación a bordo de las embarcaciones pesqueras.
A mayor abundamiento, la Semarnat ha publicado diversos programas de protección para la conservación de la especie, entre los que se encuentran las tortugas laúd y golfina mismos que exponen la problemática y desarrollan los subprogramas de conocimiento, manejo, restauración, protección, cultura y gestión de las especies.
En este documento se lee que la tortuga laúd es la más oceánica de las tortugas marinas y por lo mismo, una de las que menos se conoce. Es el reptil marino más grande que existe; en el Caribe pueden llegar a medir hasta 178 cm (largo curvo del caparazón) y pesar hasta 500 kg. Los laúdes del Pacífico mexicano son más pequeñas, alcanzan una talla promedio de 142 cm de largo curvo de caparazón. Sus características anatómicas y fisiológicas la hacen muy diferente al resto de las tortugas, y la colocan como el único miembro viviente de la familia Dermochelyidae.
La golfina es la especie de tortuga marina más abundante en el mundo y es también la más pequeña de la familia Cheloniidae. Se caracteriza por tener un caparazón casi circular, este tiene más de 15 escudos mayores, cinco dorsales y frecuentemente más de cinco pares laterales, aunque también puede presentar desigualdad en el número de escudos en ambos lados; el par lateral anterior está en contacto con el escudo precentral. El plastrón tiene cuatro escudos inframarginales. La cabeza es mediana y triangular, presenta dos pares de escamas prefrontales, el pico es córneo, no es aserrado pero tiene con un reborde alveolar interno. La cola del macho se asoma por debajo del caparazón. Posee dos garras en cada una de sus cuatro extremidades...
De acuerdo con el programa al que se ha hecho mención, las principales causas de declinación de la población de las especies de tortugas protegidas pueden determinarse entre otras, en la captura incidental por la pesquería con palangre, redes de deriva, de arrastre y cerco principalmente, tanto en aguas nacionales como internacionales. A mayor abundamiento, otros factores además de la pesca incidental son el incremento de actividades humanas y la contaminación de los mares con plásticos donde los ejemplares tienden a ingerir basura como bolsas, envases y plásticos.
Las costas del estado de Oaxaca tienen playas y zonas de conservación importantes que son santuarios para la anidación de tortugas. La tortuga golfina, la especie más impactada en la reciente mortandad registrada por el uso de redes prohibidas para la pesca, y laúd encuentran en las playas oaxaqueñas un lugar seguro para la anidación; sin embargo, es necesario tomar en cuenta las actividades pesqueras ribereñas que no perjudiquen a estas especies, dichas actividades son vitales para el desarrollo de las comunidades pesqueras que tienen su principal fuente de subsistencia en la pesca.
En este sentido se considera oportuno el exhorto al secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los Programas de Protección para la Conservación de la Especie de tortugas protegidas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad en costas del estado de Oaxaca.
Igualmente se considera el exhorto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas estado de Oaxaca.
Es oportuno el exhorto al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias y se deslinden las responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables por las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas Estado de Oaxaca.
Finalmente, se estima el exhorto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.
Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, por ser de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero.Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los Programas de Protección para la Conservación de la Especie referidas a las tortugas amenazadas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad de especies registradas en costas del estado de Oaxaca.
Segundo.Se exhorta al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.
Tercero.Se exhorta al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice indagatorias y deslinde responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables de conductas u omisiones que causaron altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.
Cuarto.Se exhorta al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.
Notas
1 Mueren cientos de tortugas marinas en Oaxaca por malla de pescadores, 28 de agosto, 2018, en
https://elrio.mx/mueren-cientos-de-tortugas-marinas-en-oaxaca-por-malla- de-pescadores/
2 En https://www.gob.mx/profepa/prensa/determina-profepa-que-enmallamiento-de- mas-de-300-tortugas-marinas-fue-con-red-prohibida-de-pesca-riberena-en- costas-de-oaxaca?idiom=es
3 Semarnat. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Acción para la Conservación de la Especie, tortuga laúd. En
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350180/PACE_Tortuga_Laud.pdf
4 Ibid. Página 15
5 Cfr. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Monitoreo de la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, 2008, en
http://www.conanp.gob.mx/acciones/fichas/chacahua/info/info.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica).»
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Para efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, hasta por tres minutos, por favor. Disculpe, un momento, diputada, obvie decir que esta determinación es de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados. En ese contexto, tiene usted el uso de la palabra, diputada.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña:Muchas gracias, diputada presidenta. Con su venia, señora presidenta.
Oaxaca es una entidad privilegiada por su riqueza biológica y cultural, de las 808 especies de reptiles: tortugas, lagartos, serpientes y cocodrilos registradas a nivel nacional, 245 se encuentran en el estado, y de las 361 especies mexicanas de ranas, salamandras y otros anfibios, una tercera parte se ubica en sus montañas, bosques, selvas y costas.
La diversidad de ecosistemas plantea la necesidad de establecer diversas estrategias para el uso, manejo y sobre todo protección de los recursos naturales, lo cual no solo es un interés para los locatarios, pues aunado a que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos quienes habitamos este planeta.
La biodiversidad de especies que contienen y los servicios que aportan en beneficio de la sociedad y la economía, hace que la conservación de sus ecosistemas deba ser prioridad a nivel nacional e internacional.
Sus recursos permiten proveer al país alimento, agua, madera y fibras que regulan el clima, conservan los suelos y permiten el reciclaje de la materia orgánica entre otros múltiples beneficios.
En este sentido, este estado de la República cuenta con dos de las tres playas que son santuario de la tortuga golfina, especie que se encuentra listada en la categoría de riesgo de acuerdo a la norma mexicana 059 emitida por Semarnat.
Para todos quienes nos identificamos como defensores de la vida silvestre, la información presentada por las autoridades ambientales, donde se informó de la muerte de más de 300 tortugas de esta especie protegida hace aproximadamente un mes, representó una verdadera tragedia.
El gobierno del estado de Oaxaca confirmó la muerte de estos ejemplares que se encuentran en peligro de extinción debido al uso de redes de pesca ilegales en la costa mexicana del Pacífico, lo que genera una severa preocupación por las prácticas económicas que se están desarrollando en el estado, causando estas terribles consecuencias.
La Procuraduría de Protección Ambiental de Oaxaca sostuvo que la muerte de las tortugas fue provocada por una red de pesca prohibida utilizada para atrapar al pez ojotón. Más alarmante aún es que no es la primera vez que se ve una escena como esta.
El 17 de agosto, solo unos días antes, el gobierno mexicano reportó el hallazgo de 122 tortugas muertas en el Pacífico frente a las costas de Chiapas, pero en esta ocasión el 10 por ciento de los cadáveres tenía signos de golpes en la cabeza y caparazón, lo que es evidencia de maltrato animal.
Lamentablemente las tortugas son presas frecuentes y víctimas de malas prácticas de pescadores, pues a pesar de que el tráfico de productos y subproductos de tortugas marinas se castiga con prisión, aún persiste un comercio ilegal de huevos a los que algunos atribuyen propiedades afrodisiacas.
Es necesario tomar conciencia de lo preocupante de esta situación y hacer todo lo necesario para que estas prácticas no vuelvan a ocurrir. Debemos generar un cambio cultural partiendo del respeto a todos los seres vivos.
Como legisladores hemos de estar comprometidos de apoyar y fomentar el crecimiento económico de todos y cada uno de los mexicanos, pero siempre estando conscientes que de ninguna ganancia, ningún oficio, ninguna actividad económica puede estar por encima del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente.
Por esta razón me sumo a la propuesta del punto de acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, buscando que se fortalezcan los programas existentes sobre la protección de las tortugas amenazadas, para que se investigue y en su momento se castigue a los responsables y sobre todo para que se genere alternativas de pesca que permitan generar una economía sustentable en la localidad afectada. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros, la trágica muerte de más de 300 tortugas de las especies golfina y laúd, frente a las costas de Oaxaca, nos trae de manera desafortunada hoy a esta tribuna.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, dio a conocer las causas del suceso: el enmariamento en redes prohibidas; es decir, la actividad humana sin consciencia de su entorno y de las especies animales.
Debido a la magnitud del suceso, expertos ya lo han señalado como ecocidio. En este sentido, resulta lamentable que semanas antes a lo ocurrido en Oaxaca, en Chiapas se suscitara un hecho similar, lo que nos demuestra que no son hechos aislados o accidentes, como algunos han manejado, sino eventos sistémicos y sistemáticos, producto de una falta de consciencia ambiental y social.
Hemos dañado al medio ambiente como ningún otro efecto y de continuar así, los cambios serán irreversibles.
Hace tan solo un día, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que fueron recuperados 2 mil 200 huevos de tortuga golfina, que habían sido saqueados de sus nidos en la playa de Morro Ayuta de San Pedro Huamelula, Oaxaca.
El gobierno mexicano tiene una ardua labor para garantizar la preservación de las especies animales en México. Oaxaca es santuario de al menos cinco especies de tortugas marinas, pero año con año, éstas disminuyen, no solo por la pesca ilegal y los depredadores marinos, sino también por la contaminación. Sin embargo, el capitalismo voraz que demanda indiscriminadamente especies en peligro de extinción para su comercialización afecta el equilibrio del ecosistema y el ecoturismo comunitario que se encarga de proteger y cuidar a las especies.
Tampoco podemos olvidar que actividades como la pesca son el sustento de miles de familias. En este sentido, los esfuerzos gubernamentales deben enfocarse también en considerar este importante elemento y garantizar una vida digna a las comunidades, para que la pesca ilegal no sea una opción de un ingreso más.
Por ello, el gobierno debe redoblar esfuerzos integrales y rendir cuentas frente a estas situaciones.
Casos de las especies como la vaquita marina y el pez totoaba, en donde han existido esfuerzos centrados supuestamente en detener la pesca y el comercio ilegal del pez, la efectividad ha parecido nula. Nuestras autoridades deben actuar con rapidez, no pueden solo responder ante situaciones específicas, sino trabajar en la prevención de riesgos que afecten a todas las especies animales que cohabitan en nuestro país.
Se debe incentivar la acuacultura y pesca sustentables, así como redoblar la vigilancia en las zonas necesarias que logren evitar el uso ilegal de las redes de malla. En este sentido, en el Partido de la Revolución Democrática apoyamos y votaremos a favor de este punto de acuerdo, que llama a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas y al procurador federal de Protección al Ambiente a atender la mortandad de las tortugas marinas y el caso de ecocidio que ha azotado a Oaxaca.
Asimismo, apoyamos el exhorto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura para reforzar los programas que proporcionen...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Concluyo, presidenta. Que proporcionen alternativas adicionales a la pesca. Sin embargo, consideramos que apoyar e incentivar la pesca sustentable y la acuacultura es también un llamado imprescindible para el beneficio de las comunidades pesqueras y ecoturísticas.
Estamos a tiempo de salvar a estos animales, no podemos ser indiferentes ante el peligro que les asecha y que como personas les hemos ocasionado. Muchas gracias, por su atención. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Perdón, ¿con qué objeto, señor diputado? Sonido a la curul del diputado Fernández Noroña, por favor.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una consulta, diputada presidenta. Es que estamos en el punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de las especies de tortugas protegidas, pero, como usted lo anunció, acá en la fracción nos generó alguna confusión por los nombres que firmaban avalando este punto de acuerdo. ¿No podría ayudarnos en aclarar el punto y quién es el promovente o la promovente? Si es tan gentil.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sí, señor diputado. La promovente es la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Satisfecha su inquietud? Adelante.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Ana Priscila González García:Con su venia, diputada presidenta. La preservación y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país es tarea de todos.
Las acciones que emprendamos como representantes de los ciudadanos para reforestar nuestros bosques, limpiar nuestros mares y salvaguardar la biodiversidad no tiene colores partidistas.
La política del gobierno actual en materia de protección y conservación de especies marinas y cuidado del medio ambiente nos ha quedado a deber.
Tenemos el claro ejemplo de la vaquita marina, especie endémica mexicana, que a pesar de los recursos federales destinados para su preservación hoy está en peligro de extinción.
Es cierto, el pasado 28 de agosto los medios nacionales dieron a conocer a la ciudadanía el extraño caso de 300 tortugas muertas frente a las costas de barra Navidad, en Santa María Colotepec, Oaxaca.
La bancada de los diputados ciudadanos no vamos a permitir que la historia de la vaquita marina se repita con las tortugas. Vamos a dar la lucha para que este ecocidio no sea el primer capítulo de la crónica anunciada de la extinción de una especie más. Sobre todo porque en nuestro país se encuentran seis de las siete especies de tortugas marinas reconocidas a nivel mundial, y a pesar que desde 1990 se encuentran en veda, la caza fortuita por pescadores de la región y el consumo irresponsable y desinformado de los huevos por las falsas propiedades afrodisiacas aún sigue siendo una constante.
De hecho, el pasado 30 de septiembre, en Santiago Huamelula, la Profepa y la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron 2 mil 200 huevos de tortuga golfina. Desafortunadamente, los huevos ya no eran viables para su incubación y tuvieron que ser enterrados. La segunda mala noticia es que aún no hay detenidos.
Desde la máxima tribuna del país, los diputados ciudadanos hacemos un enérgico llamado para que la Profepa haga su trabajo, que se cumpla la norma oficial mexicana para que la flota camaronera use dispositivos que eviten la pesca incidental de las tortugas.
Exigimos a la Profepa, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas redoblar esfuerzos para que no se sigan saqueando y depredando los nidos de las tortugas. Más vigilancia en nuestras costas, que se investigue y que se castigue a quienes están lucrando con las tortugas golfinas.
Proteger a las tortugas marinas es tarea de todos. De su conservación y preservación depende el equilibrio ecológico de los mares, y en gran medida, la mitigación de los efectos del calentamiento global.
Legisladoras y legisladores, las tortugas marinas por millones de años han sido pieza clave en la conservación de los mares y, por lo tanto, en la vida del planeta.
Por último, aprovecho la ocasión para retomar la exigencia de la sociedad civil organizada, de poner un alto al uso indiscriminado de productos plásticos desechables. Es por todos conocido que el aumento de plásticos en el océano y en las playas está matando a las tortugas de todas las especies. Por lo que quiero hacer un llamado a todas las diputadas y diputados en este recinto a que actuemos en consecuencia, dejando a un lado las diferencias ideológicas y de partidos, y apoyemos la propuesta de los diputados ciudadanos para lograr un México sin plástico.
Es nuestra obligación cuidar el planeta para darle a las futuras generaciones un mejor lugar para habitar. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Maribel Martínez Ruiz:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo claro que se suma al punto de acuerdo que nos tiene en discusión.
Habiendo advertido en propuestas anteriores, urge revisar el acuerdo por el que se establece la veda para las especies y subespecies de tortuga marina, pues esta disposición se encuentra rebasada. Y es que el ecocidio de las tortugas es producto tanto del factor humano como del factor natural.
Somos responsables, en primer término, por la basura no degradable e inorgánica que contamina las aguas. Después, por no contemplar un marco legal que autorice y regule la pesca ribereña en beneficio de los pequeños pescadores.
El siguiente factor es el natural. Y es que, atendiendo a la veda que está por cumplir 28 años, la especie marina que se pretendía proteger ha rebasado la media subsistencia y está prácticamente fuera de peligro de extinción. Entonces, al acumular los dos factores descritos ocurren escenarios como los del pasado 22 de agosto.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, quienes recorremos frecuentemente las cosas de nuestro territorio nos damos cuenta de que la pesca en México es obsoleta y extremadamente agresiva. No da para vivir dignamente para quien lo desee hacer de forma no especializada o para consumo propio, en cambio si la práctica es con equipo tecnológico y fines comerciales, se lastima el ecosistema que ahí habita.
Protejamos a las tortugas. Cuidemos su hábitat. Defendamos su ecosistema y replanteemos el marco legal de sus productos y consumo. La urgencia de crear un área de refugio para las tortugas y diversificar las alternativas económicas para un reordenamiento inmediato de los pescadores, de lo contrario las estaríamos condenando a tener un cementerio en las playas por la pesca incidental o ser perseguidas por el alto valor comercial de su carne o el robo de sus huevos.
En consecuencia, solicitamos la aprobación del presente punto de acuerdo. Es nuestro deber como legisladores. Vigilemos la actuación de las autoridades. Denunciemos lo que se está haciendo mal y corrijamos a tiempo antes de evitar problemas ecológicos de consecuencias irreparables. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea. La bancada legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional trae a esta soberanía un asunto que para Encuentro Social es de enorme trascendencia.
Morena nos propone exhortar a las dependencias federales competentes a detener las altas tasas de mortandad en especies de tortugas protegidas en las costas del estado de Oaxaca. Y aquí solicito a los promoventes que se anexe al estado de Guerrero, por el alto índice de mortandad, sobre todo a la hora de salir a desovar de la tortuga marina en las costas guerrerenses, por la depredación.
En México cuatro de las cinco especies: carey, caguama, laúd y verde que están en peligro de extinción viven en nuestras playas. Las playas de Mazunte en Oaxaca; en Michoacán, en Guerrero, en Tulum, Punta Cadena, Chemuyil, Xel-ha, Yu yum en San Juan, son los sitios en donde eligen para desovar.
Por lo que se refiere a la reproducción y reducción del riesgo de extinción, el 31 de mayo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de veda permanente para la pesquería en aguas nacionales de todas las especies de tortuga marina.
Además, el Código Penal Federal estipula que el consumo y venta de carne y huevo de tortuga es ilegal. En caso de incumplimiento se establece una sanción de hasta nueve años de prisión, además de multas económicas.
Es necesario que esta Legislatura, en su agenda de medio ambiente, se aboque al fortalecimiento de las leyes que eviten la extinción de tan importante especie marina.
En el marco internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, en su XXV sesión emitió el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Asimismo, su Comité de Pesca decretó las directrices para reducir la mortalidad de la tortuga marina en las operaciones de pesca.
Los objetivos centrales de estas directrices son presentar medidas para evitar o minimizar las interacciones de las tortugas de mar con la pesca de captura marina, y consolidar las pautas existentes sobre manipulación y liberación de las tortugas marinas.
La bancada de Encuentro Social converge con el Grupo Parlamentario de Morena a fin de llamar la atención a las acciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito federal y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado de Oaxaca implementan con la finalidad de disminuir las altas tasas de mortandad de tortuga marina registradas en las costas de Oaxaca.
Nuestro grupo parlamentario se manifiesta a favor de la proposición de Morena y asimismo porque la Comisión Nacional del Agua efectúe estrategias para eficientar el trabajo de los comités del programa de playas limpias que se reflejen en la conservación y reproducción de las diferentes variedades de tortugas en peligro de extinción en todos los estados costeros de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez:Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados. Por su riqueza natural y el número de especies de animales que alberga, México es considerado un país megadiverso. Basta mencionar que es uno de los pocos países que cada año recibe a seis de las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo.
Por tratarse de especies en peligro de extinción, todas estas tortugas se encuentran protegidas por una norma oficial mexicana que prohíbe su caza, captura y la venta de consumo de sus huevos y carne.
Hace algunos días, diversos medios de comunicación dieron a conocer la muerte de más de 300 tortugas de las especies golfina y laúd en las costas de Oaxaca. La causa fue que habían quedado atrapadas en redes de pesca prohibidas, cuya procedencia no fue identificada.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tomó parte en la investigación sobre este desafortunado caso.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la pesca incidental, el incremento de las actividades humanas y la contaminación de los mares con residuos plásticos, son algunas de las causas de muerte más comunes en las especies marinas como las tortugas.
El estado de Oaxaca es uno de los principales santuarios para la protección de estas especies ya que cada año llegan a sus costas miles de tortugas para poner sus huevos. Las autoridades cuentan con un amplio marco jurídico y protocolos para la protección de tortugas marinas. Sin embargo, la pesca ilegal y la utilización de redes de pesca prohibidas se han convertido en un grave obstáculo en esta misión.
En este escenario resulta necesario revisar y fortalecer los protocolos y programas para la prevención, protección y conservación de estas especies marinas con el propósito de disminuir los niveles de mortandad y evitar su extinción.
México siempre ha sido un referente en el cuidado a las especies en peligro de extinción. Su trabajo de preservación con especies como la vaquita marina, el lobo mexicano y el águila real ha sido reconocido a nivel internacional por diversos organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales.
Esta debe considerarse como una situación de emergencia que pone en peligro la existencia de estas especies de tortugas. Por ello debe de implementarse las acciones necesarias para protegerlas.
Diputadas y diputados, el pasado 13 de septiembre el Grupo Parlamentario del PRI también suscribimos un punto de acuerdo donde exhortamos respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas de nuestro país.
Por estas razones apoyamos el presente punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Morena, esperando con ello a contribuir en la conservación de las tortugas marinas. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, en Acción Nacional consideramos que la aprobación de este punto de acuerdo es pertinente por muchas razones:
No puede ser asunto menor la muerte de 300 tortugas golfinas y menos cuando estas se encuentran catalogadas como en peligro de extinción. Sería injusto atribuir como únicos culpables a los pescadores que de manera irresponsable siguen utilizando redes prohibidas para realizar su trabajo.
El Estado también tiene parte de la culpa. Evidentemente las labores de prevención y de supervisión no han sido suficientes. Claro está también que mucho podemos hacer nosotros para abonar en la solución de esta problemática. Ejemplo de esto, es que en abril pasado el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó reformas para fomentar el no uso de los popotes de plástico.
No podemos dejar de señalar también que el problema de la extinción y depredación de las especies, es también responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Por una parte tiene que ver con la cantidad irracional de contaminantes que México y el resto de los países están emitiendo, pero por otro lado también tiene que ver con la basura y residuos que las personas arrojan al mar.
Tampoco podemos olvidar la depredación de las especies por motivo de su venta para el consumo humano. Tan solo hace unos días, en una playa del municipio de San Pedro Huamelula, en Oaxaca, la Profepa recuperó 2 mil 200 huevos de tortuga golfina que habían sido saqueados de sus nidos. Desafortunadamente no se encontró a ningún responsable, y es aquí donde nos queda claro que las labores de vigilancia permanente en nuestras playas deben reforzarse.
Reconocemos que desde hace por lo menos un par de décadas, los gobiernos y la sociedad civil han trabajado de la mano para proteger el hábitat y el ecosistema de las especies marinas, sin embargo, esto no ha sido suficiente.
No podemos permitir que suceda lo mismo que sucedió ya con el caso de la vaquita marina, para las tortugas marinas. Lo ocurrido en Oaxaca es un golpe severo a la conservación de esta especie que está en peligro de extinción, de tal modo es que nos sumamos a este punto de acuerdo para que las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente en nuestro país pongan atención a la situación de las tortugas en las costas mexicanas, y por supuesto que quien sea responsable del ecocidio pague por ello.
Queremos ver que los daños del medio ambiente y que la depredación de las especies tengan consecuencias serias. Que no haya nada ni nadie que atente contra el equilibrio ecológico ni contra la sustentabilidad de los recursos.
México es un país rico en recursos naturales por su biodiversidad, necesitamos redoblar esfuerzos para poder seguir así. Necesitamos mayor vigilancia y supervisión en la actividad pesquera. Debemos evitar y combatir la pesca furtiva, necesitamos reducir la emisión de desechos y de residuos. Necesitamos reducir al máximo la emisión de contaminantes.
Necesitamos una visión a largo plazo, trabajar de manera más intensa a favor de una cultura de cuidado y protección del medio ambiente. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Iran Santiago Manuel:Con su venia, presidenta. Quisiéramos decir que este hecho de las tortugas marinas no es un hecho aislado, es producto de políticas públicas fallidas y catastróficas, por gobiernos capitalistas y neoliberales que no han hecho más que acumular riquezas a costa de lo que sea, a costa de las plantas, a costa de los animales, a costa de los seres vivos. Incluso si observamos bien, a costa del planeta.
Les pregunto, ¿acaso con tanta riqueza acumulada malamente les ha alcanzado ya para comprar otro planeta? El pobre desempeño que ha mostrado la actual administración en las tareas de inspección y vigilancia pesquera es alarmante, al grado que el propio Instituto Mexicano para la Competitividad estima que seis de cada 10 kilogramos de producto del mar que se encuentra en el mercado son productos ilegales, con la consecuente sobreexplotación de las especies.
Según instancias internacionales, las principales causas de este peligro de extinción de diferentes especies se deben a la captura incidental en pesquerías de palangre, la contaminación del agua, la destrucción de su hábitat. Pero, principalmente, por la explotación de esas tortugas por el ser humano, por recoger sus huevos, por la caza, por la carne, por el caparazón.
Han servido efectivamente los productos marítimos como alimento de diferentes comunidades locales, muchos de ellos no cuentan también debemos decir con otra fuente de sobrevivencia.
La explotación o la captura pesquera de estos pueblos no se comparan con la caza desmedida de barcos atuneros y de otras especies, precisamente con objetivos que hemos planteado.
Las tortugas marítimas son uno más de los seres vivos que están en peligro de extinción, pero también son seres vivos que han sobrevivido según los biólogos a la misma extinción de los dinosaurios. La pregunta es, ¿serán capaces de sobrevivir al ser humano?
Es por ello que en Morena creemos que la pesca es una actividad noble, que proporciona grandes beneficios a nuestro país y a cientos de miles de familias que en ella encuentran su sustento, pero también estamos convencidos que esta actividad se debe llevar a cabo de forma responsable, respetando las normas, atendiendo al ritmo de reposición de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente.
Por lo anterior, nuestro voto será a favor de la presente proposición de punto de acuerdo. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
ESTA SOBERANÍA SE CONGRATULA POR LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ Y FELICITA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A continuación, abordaremos la proposición como urgente resolución con punto de acuerdo por el que esta soberanía se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y felicita al Gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo, que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo. Para fundamentarlo, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Galindo Favela, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los acuerdos comerciales permiten a los países intercambiar los productos y servicios en los que tienen ventajas comparativas.
En ese sentido, el intercambio comercial genera mayor crecimiento y desarrollo económico, mayores inversiones, mayor número de empleos y mejores remuneraciones a los trabajadores.
En el caso de América del Norte, eso ha permitido consolidar a la región como una de las más productivas y competitivas del mundo. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incluyendo a México en la modernización económica y en la tendencia globalizadora del mundo.
América del Norte concentra más del 25 por ciento del producto interno bruto mundial, genera el 16 por ciento del comercio global, es decir, 2.8 mil millones de dólares al día y alberga a más del siete por ciento de la población mundial.
A partir de este acuerdo México incrementó el comercio con sus socios en más de 470 por ciento, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores del mundo y en un socio imprescindible para los Estados Unidos y Canadá.
De cada 100 dólares de intercambio comercial que el país realiza con el mundo, 60 dólares son resultado del comercio con estas naciones.
Hace más de un año que dio comienzo una nueva etapa en la relación trilateral. En aquel momento México percibía un panorama nada favorable para continuar con los beneficios del Tratado. Lo anterior, originado por un ambiente electoral singular que se vivió en el territorio de nuestro principal socio comercial.
Todos llegamos a escuchar que nuestro vecino del norte revisaría el acuerdo comercial con México y Canadá, por considerarlo injusto y un desastre para Estados Unidos. Incluso, en más de una ocasión amagó con salirse del pacto de más de dos décadas de vigencia.
Asimismo, en varios momentos se pronunció a favor de los acuerdos bilaterales por separado con México y Canadá, generando incertidumbre en nuestro país.
El proceso de renegociación representó un gran reto para los países miembros, pero gracias a la voluntad política y al diálogo, los tres países hemos llegado a un buen puerto.
Este 30 de septiembre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron la finalización de las negociaciones y el pacto de un nuevo acuerdo trilateral que recibe un nuevo nombre: Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, generando certidumbre económica de corto, mediano y largo plazo.
Este acuerdo permitirá a la región profundizar su integración productiva, renovará nuestras relaciones y dará nuevo impulso al comercio y a las inversiones en la región.
Reconocemos al equipo negociador del gobierno federal y del gobierno de transición. Ellos tuvieron las capacidades para concretar un acuerdo que se traducirá en grandes beneficios para México durante los próximos años.
La experiencia y el conocimiento de los negociadores mexicanos fueron elementos fundamentales para defender los intereses de México y proteger los sectores sensibles para nuestro país.
Como resultado de la negociación, se tuvieron los siguientes resultados: mayor acceso a los servicios financieros, promoción de la competitividad del sector de las telecomunicaciones, fortalecimiento a la protección de la propiedad intelectual de marcas no tradicionales.
Se determinaron las reglas de origen para afianzar cadenas de valor en la producción de vehículos ligeros, pesados camionetas, autopartes, químicos, televisores y manufacturas eléctricas.
Se mejoraron los procedimientos para la revisión y certificación del comercio agroalimentario y promoción de las Pymes en el comercio regional. Se fortalecieron y ampliaron la protección de los derechos de los trabajadores, incluyendo a los trabajadores migrantes.
Ampliación de los compromisos en materia de protección de medio ambiente, se garantiza la independencia y soberanía de México en materia energética, y se da promoción al comercio digital y al fortalecimiento de la protección de datos de los consumidores.
Por esto se propone el siguiente punto de acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se reconoce el trabajo realizado por el Gobierno de la República, el Gobierno Electo y los sectores involucrados en la materialización de este importante acuerdo. Es cuanto, presidenta.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se congratula por la renegociación del TLCAN y felicita al gobierno de la república por el trabajo realizado para materializar el acuerdo, que traerá al país más inversiones y generación de empleo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al gobierno de la república por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo, que traerá al país más inversiones y generación de empleo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su creación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha generado importantes beneficios para los tres países miembros, promoviendo el crecimiento económico, las inversiones, el comercio trilateral y haciendo de la región una de las más productivas y competitivas del mundo. A partir de este acuerdo, México incrementó el comercio con sus socios en más de 470 por ciento, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores del mundo y en un socio elemental para Estados Unidos y Canadá.
Actualmente, la región representa más de 25 por ciento del PIB mundial, genera el 16 por ciento del comercio global, es el área de mayor comercio del planeta y alberga a más de 482 millones de personas, equivalente al 7 por ciento de la población mundial.
El comercio trilateral generado por el acuerdo asciende a por lo menos 2.8 mil millones de dólares al día, lo cual representa un poco más de 25 por ciento del producto interno bruto del mundo.
Entre los beneficios de este pacto comercial, destaca la generación de empleos, la atracción de inversiones y la modernización de nuestra cadena productiva, así como el fortalecimiento del estado de derecho, generando certidumbre para las operaciones de comercio exterior y las inversiones multilaterales.
Nuestros socios norteamericanos representan más de 50 por ciento de la participación en la inversión extranjera directa en México, y 75 por ciento de los alimentos que importamos proviene de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. De cada 100 dólares de intercambio comercial que el país realiza con el mundo, 60 dólares son el resultado del comercio con Estados Unidos y Canadá.
Este tratado ha consolidado a Estados Unidos y Canadá entre nuestros principales socios comerciales, con los que intercambiamos diariamente productos como partes automotrices, electrodomésticos, equipos de comunicación y alimentos.
Hace más de un año que dio comienzo una nueva etapa en la relación trilateral. Los socios norteamericanos tomaron la decisión de modernizar el TLCAN, a fin de potencializar el comercio y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo.
México siempre vio en la renegociación una oportunidad para explorar nuevas ventajas e intensificar el comercio trilateral, por ello, los negociadores mexicanos imprimieron una perspectiva ganar-ganar en el proceso, con el objetivo de beneficiar a la región en conjunto y no sólo los intereses unilaterales de un país en particular. El país siempre se mostró abierto a la negociación y la construcción de acuerdos.
Fueron más de 250 reuniones de trabajo con representantes de los sectores productivos del país, entre representantes del sector campesino, productores agropecuarios, inversionistas, consultores, instituciones educativas y representantes del sector cultural.
El proceso de renegociación representó un gran reto para los países miembros, pero gracias a la voluntad política y al diálogo, hemos llegado todos a buen puerto. El 30 de septiembre, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, anunciaron la finalización de las negociaciones y el pacto de un nuevo acuerdo trilateral que renovará nuestras relaciones y dará un nuevo impulso al comercio y las inversiones en la región.
En todo momento, la propuesta de México impulsó el libre mercado y el acceso justo de los productos mexicanos a los mercados de nuestros socios.
El nuevo acuerdo permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración productiva, a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. Ahora, el siguiente paso será el análisis y la ratificación por el Senado de la República y los órganos legislativos respectivos de nuestros socios.
Reconocemos que el equipo negociador tuvo las capacidades para concretar un acuerdo que se traducirá en grandes beneficios para México durante los próximos años, permitiendo un mayor comercio entre Estados Unidos y Canadá, con nuevas regulaciones para sancionar actos fraudulentos como hechos de corrupción, una mayor participación de las empresas nacionales en las cadenas productivas.
La experiencia y el conocimiento de los negociadores mexicanos fueron elementos fundamentales para defender los intereses de México y proteger sectores sensibles para nuestro país. Gracias a su esfuerzo, hoy nos congratulamos de celebrar un nuevo tratado que se traducirá en la creación de millones de empleos y en múltiples beneficios económicos para nuestra población.
Para México, es innegable que el TLCAN, ha sido uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico, así como de la competitividad y la apertura con el exterior. Este nuevo acuerdo creará un mercado más libre y un comercio justo que fortalecerá el crecimiento económico en la región.
Por ello, el presente punto de acuerdo tiene el propósito de expresar una muestra de felicitación al Gobierno de la República por haber materializado la renegociación de un tratado más moderno junto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al Gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018. Diputado Fernando Galindo Favela (rúbrica).»
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame, señor diputado, concluir, porque apenas voy a poner a consideración, si es considerado de urgente u obvia resolución.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pues ahorita le daremos la palabra, señor diputado. Si es posible que la tome desde su curul, para hechos, en un momento, por favor.
Consulte la Secretaría para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, si se considera de urgente resolución, con la modificación presentada.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, secretaria. A ver, diputado Fernández Noroña, si es tan amable.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, es que justo le solicito la palabra para argumentar en contra de que sea de urgente resolución, antes de que se vote. No es para hechos, yo estoy en la lista de oradores, pero no estoy a favor de que sea de urgente resolución y quiero...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver. Señor diputado, primero vamos a poner a consideración de la asamblea si es de urgente u obvia resolución.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Yo le estoy pidiendo la palabra, en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si está considerado como de urgente, en ese caso, por favor, cuando se pida la votación por la negativa sírvase usted a expresar en contra.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No, no, diputada presidenta, le estoy pidiendo la palabra para argumentar en contra de que sea considerado de urgente resolución. No estoy alterando el procedimiento, simplemente ya habló el promovente a favor. Yo considero que no debe ser de obvia y urgente resolución, y solicito el uso de la tribuna para dar mis argumentos, antes de que se vote.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, insisto, en este momento procedimental de la asamblea, la manera que tiene usted para expresarse en contra de la urgente y obvia resolución, es votar por la negativa.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se consulta a la asamblea, si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano; quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Se aprueba, presidenta. Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene el uso de la palabra, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche:Con su venia, diputada presidenta. Por todos es conocido que, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, los niveles de comercio e inversión en México, Estados Unidos y Canadá se han incrementado; se ha generado un crecimiento económico, sólido y constante, en la creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor variedad de servicios y bienes de consumo a mejores precios.
Todo lo anterior ha beneficiado a las empresas, a los consumidores, a las familias y a los trabajadores de los tres países miembros.
El TLCAN ha disminuido costos e incrementado las opciones de los consumidores, la reducción de aranceles ha beneficiado a millones de familias, quienes pagan menos por los productos que compran.
Desde el 2003 prácticamente todo el comercio trilateral está libre de aranceles, expandiendo aún más los beneficios del libre comercio. Ha sido un instrumento fundamental para que México sea uno de los principales exportadores mundiales de productos manufacturados y explica que la inversión extranjera directa en el país se haya duplicado en los últimos 20 años.
Es indudable la relevancia que tiene ese acuerdo con nuestros socios del norte. Representa más del 50 por ciento de la participación en la inversión extranjera directa en México, y el 75 por ciento de los alimentos que importamos provienen de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. De cada 100 dólares de intercambio comercial que el país realiza en el mundo, 60 dólares son el resultado del comercio con Estados Unidos y Canadá.
Por esto, reconocemos el trabajo realizado por parte de la actual administración y del próximo gobierno al sacar adelante estas negociaciones y que por primera vez se incluyera el tema ambiental.
Asimismo, representa el inicio de una nueva etapa en las relaciones productivas y comerciales en esta región, y dará garantía a los inversionistas y a la soberanía del sector energético del país.
En el Partido Verde nos sumamos a la congratulación por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y felicitamos al Gobierno de la República por el buen trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Almeida López:Con su permiso, diputada presidenta. Para el Grupo Parlamentario del PRD, el acuerdo comercial logrado entre México, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, representa para los países involucrados un avance en la lucha por consolidar las relaciones multilaterales en un contexto geopolítico complejo.
Sí, con esta renegociación se incorporan importantes mecanismos para incentivar el desarrollo y el uso eficiente de los recursos estratégicos, promover el comercio digital, facilitar los servicios financieros, fomentar la competitividad de las telecomunicaciones, también se incorporan nuevos capítulos que contribuirán a hacer más inclusivo el comercio de los tres países, facilitando la participación de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y fomentando mayor responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad, al fortalecer la protección de los trabajadores.
Se asume un compromiso en el combate a la corrupción. También demuestra el nivel de diálogo que el entrante gobierno mexicano ejercerá durante el próximo sexenio desde la dignidad y el entendimiento.
Estas nuevas condiciones comerciales trilaterales deben ser un paso adelante respecto al anterior tratado de libre comercio, que obviamente manifestaba diferencias innegables en el trato entre productores de un país y otro.
No debemos olvidar que, si algo generó un desastre en el país, fue el abandono de los campesinos mexicanos ante la embestida neoliberal que en ese momento inspiraba un libre mercado, pero asimétrico.
El campo mexicano al encontrarse en desventaja por las diferencias económicas y sociales que existen entre los países, propició que grandes hectáreas de tierras para el cultivo de alimentos quedaran a merced de usos ilegales, lo que se debe corregir en el tenor de demostrar un compromiso particular con este sector productivo del país.
Y si bien reconocemos el triunfo regional de este acuerdo, debemos de ser cautos, por los peligros del proteccionismo y los nacionalismos excluyentes, promoviendo, al contrario, un comercio libre y justo.
No se debe perder de vista que es necesario aún mejorar las condiciones del mercado del azúcar, el aluminio, el acero y revisar profundamente nuestro modelo energético y la protección a la propiedad intelectual.
No menos importante es atender la necesidad de abrir fronteras en el cruce de personas, acorde a los postulados básicos de los derechos humanos, y estar alerta estratégicamente frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ante el dumping en México, así como ante la creciente globalización y automatización, en la que puede verse socavada la fuerza laboral en un 47 por ciento.
Con estas observaciones, aun, votaremos a favor del presente acuerdo, porque coincidimos con que este acto cierra la puerta a la fragmentación comercial. Sin embargo, nos corresponderá que este nuevo marco jurídico se traduzca en verdaderas oportunidades de suma positiva para todos los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro:Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en apego al tiempo establecido y en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, acudo a esta tribuna para fijar la postura en relación al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Las y los diputados ciudadanos reconocemos, de los negociadores por parte de México, la flexibilidad, el profesionalismo y disponibilidad para lograr los resultados que hasta el día de hoy se han obtenido.
En tal sentido, vale la pena recopilar algunos aspectos de la modernización del acuerdo comercial, que inició el 18 de mayo del 2017, cuando el representante comercial estadounidense informó al Congreso de su país la intención del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado con México y Canadá como parte de su nueva política comercial.
Negociaciones que iniciaron el 16 de agosto del 2017, y que culminaron el pasado domingo, cuando Canadá decidiera integrarse al acuerdo comercial con Estados Unidos y, por supuesto, con México.
Reconocemos a los distintos medios de comunicación, que dieron cuenta de cada una de las etapas de negociación del acuerdo destacando las siete rondas formales de negociaciones de un primer avance para que, de manera bilateral, Estados Unidos y México lograran los primeros acuerdos y, no menos importante, lo publicado en la página de Gobierno de la República, cuyo título se lee como resultado de la modernización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Resalto también lo mencionado en la página del Gobierno de la República, que en la nueva versión del tratado las negociaciones de los tres países lograron los balances necesarios para mantener el carácter trilateral del mismo en cuatro apartados:
Uno: Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI
Dos: Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable.
Tres: Fortalecer la competitividad de América del Norte, y
Cuatro: Mantener la certidumbre del comercio y de las inversiones.
El tiempo me impide profundizar en cada uno de los 32 capítulos y en el acuerdo comercial, sin embargo, esperamos que en todos y cada uno de estos se haya priorizado el bienestar de las y los mexicanos.
Por lo anterior, no escatimamos en reconocer lo logrado por la parte mexicana, pero sí es preciso cuestionar de manera respetuosa al Gobierno de la República en algunos temas de los que el pueblo de México nos seguimos preguntando:
Uno: ¿Por qué México aceptó apegarse a los tiempos fijados por el gobierno de los Estados Unidos en la negociación?
Dos: Con la firma del Tratado antes del término de la gestión del actual gobierno, ¿se pretende limpiar la imagen del presidente Peña Nieto?
Tres: ¿Quién desmintió al gobierno de Canadá cuando criticó al gobierno de México por mantener a sus ciudadanos en la pobreza de manera deliberada? Esto durante la segunda ronda de negociaciones en septiembre de 2017.
Que quede claro, estaremos atentos y seremos críticos, de manera responsable, de la revisión, aprobación y posterior ratificación por parte del Senado de la República, para que el acuerdo comercial se traduzca en resultados tangibles para el pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Diputada presidenta, antes de que inicie a correr mi tiempo, quisiera muy puntual comentarle que, según el artículo 104, fracción V, usted debió abrir el debate a favor o en contra de que fuera de obvia y urgente resolución.
Quiero que pare el tiempo, porque solo quería hacerle ese reclamo. Si me regresan los 11 segundos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con mucho gusto, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, a esta hora ninguno de ustedes, ninguna de ustedes tiene el tratado de libre comercio en su mano. No saben en qué términos se acordó.
Ni siquiera el Senado tiene el documento completo a esta hora, tiene un resumen ejecutivo hecho a modo, y van de obsequiosos a felicitar a un desgobierno criminal que se ha caracterizado por sus actitudes de vendepatrias. Ahora resulta que Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo son las guardas de la soberanía nacional y que hicieron un extraordinario trabajo de negociación. Desde Salinas nos dijeron lo mismo, dijeron que este país iba a tener un crecimiento. Ha tenido un crecimiento de dos por ciento.
Yo crecí en una zona industrial en Tlalnepantla, que en el Estado de México era de las más poderosas del país. Toda desapareció Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Tultitlán, hecha pedazos.
Ciudad Sahagún, donde se producían nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, nuestros propios automóviles, desaparecieron.
Toda la empresa nacional ha sido hecha pedazos con el Tratado de Libre Comercio y los productores del campo han sido avasallados.
Estamos importando el 60 por ciento del maíz que consumimos, que es una planta modificada genéticamente por nuestros antepasados.
Es un desastre el resultado del Tratado de Libre Comercio para nuestra economía. Bueno, es la hora que ni siquiera a los transportistas mexicanos los dejan circular por las carreteras de Estados Unidos, a pesar de que hace muchos años se venció el plazo para que esta cláusula entrara en vigor.
Dos millones de empleos agropecuarios se han perdido. Se han caído los precios reales de los productores entre 40 y 70 por ciento. El 80 por ciento de los productos que se exportan están en manos de empresas extranjeras y trasnacionales. Les pagan sueldos miserables, como en San Quintín; ni si quiera les dan los derechos más elementales.
Veinte grandes corporaciones tienen el monopolio del comercio en México y en la relación con Estados Unidos y ni siquiera pagan sus impuestos.
No voy a tener en tres minutos el tiempo, pero los migrantes que han ido de México a Estados Unidos se han incrementado en 12.13 millones, cuando se supone que este tratado iba a frenar la migración.
Se persigue, se trata de manera racista y brutal a los mexicanos que van a contribuir a la economía del vecino país.
Me parece un exceso y un despropósito del Partido Revolucionario Institucional que venga a pedir que le hagamos loas; reitero a quienes se han caracterizado por subordinación, su subordinación al gobierno de Estados Unidos.
Donald Trump dice que fue muy buen tratado. Eso quiere decir que cuando revisemos el tratado vamos a ver que ha sido profundamente lesivo para nuestra patria.
Pido a los compañeros de Morena que, a pesar de la supuesta transición aterciopelada, no validen semejante despropósito, o después tendremos que pagar cara nuestra inconsecuencia. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 30 de septiembre por fin concluyó la etapa de actualización y, como se ha dicho, de modernización del tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.
La renegociación del acuerdo ofrece en teoría un marco para la estabilidad regional y promueve un entorno de certidumbre para nuestra economía, el crecimiento y la generación de empleo. Esperamos que verdaderamente en esta ocasión así sea.
Su ratificación no fue sencilla, las propias representaciones asumieron su responsabilidad, pero sin duda por el lado mexicano el cuidado del interés nacional fue una línea de conducta que debe reconocerse a la misión diplomática de nuestro país.
El proceso de negociación fue acompañado por una estrategia conjunta de coordinación entre la administración saliente y, hay que decirlo, el equipo designado por el presidente electo, dentro de un marco de respeto, orientado bajo los principios que establece nuestra Carta Magna de soberanía, libre autodeterminación y preeminencia de los intereses nacionales como bien superior que tutele el Estado mexicano. Aunque la coyuntura tuvo altibajos, en un entorno de incertidumbre, nuestro país tiene hoy la posibilidad de crecer en un escenario favorable.
Michoacán, junto con Zacatecas, Guanajuato y Nayarit tiene un alto contenido de flujo migratorios, por eso en Encuentro Social, sobre el nuevo acuerdo económico, estamos conscientes que debe favorecer el empleo, el crecimiento y la seguridad, que bajo este clima debe florecer la economía regional.
La responsabilidad es grande, pero hoy la seguridad que debemos darle a partir del nuevo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, debe fortalecer los mecanismos de impulso al desarrollo, siempre dentro de un marco diplomático que refleje respeto y trato justo.
Hoy vemos que el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá ofrece grandes posibilidades de que los mexicanos puedan seguir creciendo, pero, sobre todo, mejorando el bienestar de sus familias. Por eso, desde esta Cámara, en coordinación con el Senado de la República, estaremos pendientes de que se logre ese objetivo.
En Encuentro Social estamos convencidos de que los tratados comerciales internacionales están hechos para eliminar barreras a las mercancías, pero sería deseable que en un futuro también elimine barreras a las personas, a los bienes y servicios, y realmente logremos el bienestar social al que todos aspiramos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Soraya Pérez Munguía:Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el domingo pasado los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron la conclusión de la negociación del acuerdo trilateral y continúan con esta relación comercial que tenemos desde 1994, son más de 20 años de relación comercial.
Y con este anuncio, además, concluye un proceso de renegociación que comenzó hace más de un año y que nos distinguió como una delegación profesional y sensible ante un nuevo escenario económico mundial.
Este acuerdo ha sido uno de los más importantes en la historia moderna del mundo, y por supuesto, de México, ya que ha contribuido al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país y de nuestros socios de la región.
A nivel global, la región de Norteamérica es una de las más dinámicas, representa más del 25 por ciento del PIB mundial, general el 16 por ciento del comercio global y reúne un mercado de casi 500 millones de personas.
Desde su entrada en vigor, México ha aumentado el intercambio comercial con sus socios en más de 500 por ciento, y el tamaño de nuestro comercio trilateral tiene un valor cercano a los tres mil millones de dólares cada día que pasa.
Sin duda, el México actual no podría entenderse sin el TLCAN. Su firma y entrada en vigor abrió la puerta hacia una nueva etapa en el desarrollo de nuestro país.
Recordemos que la entrada en vigor de este acuerdo fue muy criticada, pero la realidad es que pasamos de ser una economía cerrada y proteccionista, a convertirnos en una de las más abiertas del mundo y también de las más grandes, la quinceava a nivel internacional.
Hoy el TLCAN cambiará de nombre, el nuevo tratado se denominará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, en el fondo este nuevo acuerdo continuará aprovechando las oportunidades comerciales de su antecesor en beneficio de todos los mexicanos y en beneficio del desarrollo económico de nuestro país.
Abre nichos de oportunidad, promueve el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, empleos mejor pagados. Fomenta la responsabilidad del medio ambiente y fortalece la competitividad de esta región, convirtiéndola en la plataforma comercial más importante del mundo.
Compañeras y compañeros diputados, por su importancia económica, la renegociación de las relaciones comerciales de México con sus socios norteamericanos es un tema que nos incumbe a todos. Una relación renovada y sana con nuestros vecinos es necesaria para la estabilidad económica y financiera de México, pero también para convertirnos en un país más competitivo y próspero, con mayor desarrollo y con mayores oportunidades para los mexicanos.
Por esta razón los diputados del Grupo Parlamentario del PRI celebramos la conclusión del proceso de negociación del TLCAN y la adopción del nuevo acuerdo comercial.
Desde esta tribuna enviamos nuestras felicitaciones al equipo negociador mexicano, a los representantes del Gobierno Electo, porque sin su trabajo y sin su esfuerzo este momento no habría sido posible. Es cuanto. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame un momento. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Para hechos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señora diputada, permita que desahogue la agenda y al final se le dará la palabra para hechos. Adelante, por favor.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández:Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, vale la pena recordar por qué el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a más de dos décadas de su entrada en vigor, ha sido renegociado.
El entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la renegociación o salida del tratado como una de sus banderas más repetidas. Los migrantes, principalmente los mexicanos, y el TLCAN fueron las piñatas electorales de Trump y su narrativa. Los señaló una y otra vez como los culpables del robo de miles de empleos a los estadounidenses y de generar daños terribles a su economía.
El hoy presidente, Trump, calificó al Tratado como el peor tratado comercial en la historia del mundo, como una de las peores cosas para la industria manufacturera estadounidense y como el responsable de la pérdida de empleos, dinero y plantas, como un desastre total.
A partir de esa acometida contra el TLCAN, tanto desde México como desde Canadá, académicos, empresarios y políticos de todos los partidos iniciamos una campaña para exponer la realidad del tratado: que durante este tiempo los tres países nos hemos beneficiado de él; que unos seis millones de empleos en Estados Unidos están directamente relacionados con éste, etcétera.
En Estados Unidos los sectores beneficiarios del acuerdo también se movilizaron ayudando a desmantelar la narrativa negativa que había permeado en buena parte de la población estadounidense. Para nuestra economía la cancelación del TLCAN hubiera significado un duro golpe, obligándonos a iniciar una negociación bilateral quizás aún más compleja.
Así que la supervivencia de un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es una buena noticia. Este logro, sin embargo, no solo es un logro del gobierno federal, también hay que reconocer a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a los académicos mexicanos, que vinculándose con sus contrapartes canadienses y estadounidenses contribuyeron de manera fundamental a este resultado.
Por eso es que el Grupo Parlamentario del PAN está haciendo una propuesta de modificación al resolutivo de este punto de acuerdo, de tal manera que se reconozca de manera explícita a estos sectores y a los demás sectores involucrados en este proceso. De acuerdo con el gobierno federal, la negociación cumplió con los cuatro objetivos planteados por parte de México: fortalecer la competitividad de América del Norte, mantener la certidumbre del comercio y las inversiones, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI y avanzar hacia un comercio regional, inclusivo y responsable.
Vale la pena destacar el capítulo anticorrupción, que abonará a los esfuerzos que el Estado mexicano ha iniciado en esta materia, así como las cláusulas sobre energía y comercio electrónico, que se actualizan en el acuerdo.
Pero hay que hablar también de los sectores que en México se verán afectados por el nuevo acuerdo, de manera particular el automotriz, salvaguardando el de las autopartes, con quienes debemos iniciar un diálogo, a efecto de esperar posibilidades de apoyo. Tampoco hay que perder de vista los retos que supone el nuevo tratado, como el de mantener y potenciar las actividades de investigación y desarrollo en México con el nuevo salario mínimo de 16 dólares establecido como regla del tratado y evitar que estas actividades migren a Estados Unidos y Canadá.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que la negociación de un acuerdo comercial, que se mantiene trilateral, es benéfico para nuestro país y para la región de Norteamérica, al mismo tiempo que hacemos un llamado al actual gobierno y al próximo para armonizar políticas internas que nos permitan aprovechar al máximo este nuevo tratado. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna:Con su venia, presidenta. Lo primero que hay que aclarar es que no estamos votando ninguna ratificación del tratado. En primer lugar, porque no nos corresponde, le corresponde al Senado. El Senado ya recibió el documento el domingo pasado, y sí es el texto completo. Falta traducirlo al español y al francés.
También es importante señalar que la votación de este tratado no es ahorita, ni próximamente, sino a finales de noviembre y hay tiempo para entrar y profundizar en su análisis.
Tampoco estamos haciendo aquí un balance de los resultados del TLCAN. Se hubiera agendado como tal. Tampoco estaos validando o rechazando el TLCAN, solo estamos enviando una congratulación a la comisión negociadora por algunos acuerdos a los que se llegaron. Quiero señalar algunos de ellos para que se entienda la importancia:
Primero. Las nuevas disposiciones que modernizan el tratado por los cambios tecnológicos. El comercio digital, los servicios financieros de telecomunicaciones, de propiedad intelectual, entre otros que, si bien es cierto que México se incorpora a este tratado en condiciones de desventaja, por las enormes diferencias que existen de desarrollo tecnológico entre nuestro país y los otros países, también abre la oportunidad de que, en el ámbito nacional, por fin se impulsen políticas de desarrollo tecnológico e innovación que permitan cerrar la brecha tecnológica, como plantea el proyecto de nación del licenciado López Obrador.
Se incorporan mecanismos para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas todo el capítulo de las Pyme y el comercio regional. Esperamos que ahora sí se incluya a las Pyme en todo el engarzamiento de la cadena productiva. Cabe señalar también que para nosotros es muy importante, porque nuestro modelo económico nuevo incorpora a las Pyme como un eje central de creación de empleos y fortalecimiento del mercado interno.
Algo positivo es que se establecen compromisos para los derechos laborales y los principios reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido una lucha histórica de nosotros. Por fin se plasmó en ese tratado que no querían que se modificara el tema salarial, ahorita, para la industria automotriz. Ellos abrirán la oportunidad, sin duda, para una recuperación de los salarios en general y para la contratación colectiva y la libertad sindical, que a nosotros sí nos corresponderá aprobar esa ley, y se establece así en el propio tratado.
Otro aspecto positivo es la incorporación del combate a la corrupción. Y algo muy relevante y muy importante en esta renegociación es el tema del sector energético, donde se tenían muchas preocupaciones tanto por el lenguaje rebuscado de un tomo enormemente peligroso que se tenía y que daba lugar a interpretaciones y, por lo tanto, a incertidumbre; ahora se establece con toda claridad, en dos párrafos sucintos, la libertad de México para tomar las decisiones al respecto y que el Estado mexicano tiene todo el derecho soberano en materia energética, la propiedad directa, inalienable, imprescriptible de los hidrocarburos de la nación.
Aunque queda la preocupación de no poder hacer modificaciones a la reforma energética de 2013-2014, ya veremos de qué manera podemos incorporar este tratado.
Lo otro era muchísimo peor. Hay muchas cosas. Se aleja el riesgo de quedar a expensas exclusivamente de los tribunales norteamericanos, porque se refrendan el capítulo 19 y 20 de controversias internacionales. Preocupa el capítulo 11, que es el de conflictos entre un Estado e inversionista, que va a ser vigente para México y Estados Unidos, no para Canadá y Estados Unidos. Son muchos los temas.
Yo, para terminar, diría que vale la pena congratularse por estos acuerdos, porque en caso de que se hubieran cancelado, anulado, hubiera sometido a México en una fuerte inestabilidad que en este preciso momento donde nosotros entramos a gobernar, hubiera sido un desequilibrio mayúsculo.
Se va a revisar. Dentro de seis años vamos a ver varias modificaciones antes de noviembre también. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputado Noroña ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Para una moción de orden, le dio un minuto 45 más a la diputada, además deben pedir la palabra desde su curul, aunque estén en la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, señor diputado, esta Presidencia...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Así es que, por más que me hagan: Ah, hay que ser respetuosos del Reglamento...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, si usted me autoriza...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, cómo no, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ... le voy a dar a continuación la palabra a la diputada Araceli Ocampo Manzanares. No sin antes señalar que esta Presidencia ha sido tolerante con el tiempo de las y los diputados en esta tribuna. He tratado de ser lo más equitativa posible en el excedente del tiempo, y dado el tema, yo creo que lo amerita.
Por favor, diputada Araceli Ocampo Manzanares, que había solicitado la palabra para hechos, puede hacer su intervención desde su curul. Adelante, por favor.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares(desde la curul): Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. Para comentar que no hay nada que halagar al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Es evidente que, de manera humillante, su homólogo estadounidense lo hizo y deshizo a su conveniencia, y lo sometió a su circo mediático. La relación fue masoquista, no hay un cambio de fondo que beneficie a nuestra nación en el contenido del nuevo acuerdo. Los aranceles de aluminio seguirán, Peña Nieto cedió en todo y privilegió la firma por encima del contenido.
Vale la pena considerar los señalamientos y advertencias que ha hecho el presidente del Consejo en el sentido...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver compañera diputada. Compañera diputada, permítame un momento. Le concedí la palabra para hechos, este es un posicionamiento en torno al tema a discusión, hubiese sido deseable que a través de su coordinador parlamentario se hubiese usted inscrito en el turno correspondiente a su partido.
Consulte la Secretaría en votación económica...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, nuevamente, permítame un momento, secretaria. A ver, diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputada presidenta, es una moción de orden. Con todo respeto y con todo cariño, yo le digo que me ilustre dónde dice que para hechos es un minuto y desde su curul, son tres minutos en igualdad de condiciones, en tribuna.
Y, segundo, la compañera diputada está exponiendo su punto de vista y es un debate. A usted le parece razonable que la diputada Dolores Padierna use casi cinco minutos, a diferencia de los que hemos usado tribuna. Nunca se le acercó una tarjeta de que se le había acabado el tiempo, y nunca se lo mencionó, y le parece incorrecto y le corta la palabra a la compañera que está fijando su posición en contra de la felicitación. Me parece que es un manejo incorrecto de la Mesa Directiva, y le pido se apegue al Reglamento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con el mismo cariño y respeto que usted me ha otorgado, diputado, le quiero señalar que los hechos corresponden, de acuerdo a nuestro Reglamento, a cuestiones que se hayan suscitado en esta tribuna, y en este caso l8a compañera diputada Ocampo Manzanares está haciendo un posicionamiento.
Mi atenta sugerencia era en el sentido de que se hubiese dirigido a su coordinador parlamentario para que en el turno del debate hubiera podido hacer uso de la palabra. Entonces, por favor, si fuera tan amable la Secretaría de continuar la consulta, en votación económica, si este trámite se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta...
La diputada María de los Dolores Padierna Luna(desde la curul): Señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Perdón, secretaria. Nueva interrupción. Diputada Dolores Padierna, ¿con qué objeto?
La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Para hechos, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor. Desde su curul, diputada Padierna.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Solamente quisiera señalar que, en la congratulación que estamos haciendo ahorita a la comisión negociadora, se debería incluir de manera muy importante al equipo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en particular al señor Seade, o el equipo, que le dio un impulso nuevo a esta renegociación, que en momentos parecía sucumbir. Se pudo restablecer la renegociación y se llegó a un acuerdo.
También señalar que el tema del acero y al aluminio se tiene que resolver antes del 30 de noviembre. Está escrito también en los acuerdos. Primero hay que leer, antes de opinar, porque luego se dicen cosas sin haber leído lo que se entregó al Senado. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. En razón de su planteamiento, quisiera solicitar a la Secretaría vuelva a dar lectura a la modificación del punto de acuerdo que se ha sometido a discusión.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Punto de acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y reconoce el trabajo realizado por el Gobierno de la República, el Gobierno Electo y los sectores involucrados en la materialización de este importante acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Perdón nuevamente, ¿con qué objeto diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Solo para insistir en mi pregunta de que en qué parte del Reglamento dice que para hechos es solamente un minuto, y desde su curul.
Yo sostengo que es desde la tribuna, tres minutos en igualdad de condiciones. Y a los compañeros que hacen exclamaciones los reto a debatir el tema, porque aquí tenemos posiciones diferentes y no pasa nada de que expongamos nuestras posiciones diferentes.
Me parece que los compañeros de Morena se están equivocando en validar este Tratado de Libre Comercio, nadie lo conoce, nadie lo ha recibido y es falso que el Senado tenga el documento completo. A estas alturas ningún senador de la República ha recibido el documento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, como siempre, sus intervenciones son muy interesantes. Sin embargo, de acuerdo al artículo 121 del Reglamento, es facultad de la Presidencia el dar el tiempo a quienes intervienen en el debate y no establece un tiempo fijo para rectificación de hechos.
Entonces, por favor, vamos a seguir adelante y a someter a esta asamblea el criterio si se encuentra o no suficientemente discutido. Proceda la Secretaría.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor, gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se encuentra suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia informa a la asamblea que el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hizo llegar por escrito a esta Mesa Directiva su posicionamiento en torno al punto de acuerdo, que se acaba de discutir y aprobar, para que sea insertado en su totalidad en el Diario de los Debates. Insértese en el Diario de los Debates.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.
Intervención respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y felicita al gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo.
El anuncio que Canadá se suma al acuerdo bilateral entre México y EUA para conformar un nuevo tratado denominado USMCA (por sus siglas en inglés), es solo una cortina de humo para ocultar los resultados negativos del difunto NAFTA o TLCAN y radicalizar las ventajas para la economía americana.
El modelo maquilador establecido inicialmente por Salinas de Gortari y George Bush padre, es la vieja treta anti-industrial para evitar que las naciones lleguen a tener su propio desarrollo tecnológico y su industria de transformación.
El juego maquilador empieza por evitar que las naciones receptoras tengan el control de las patentes, así como el control del retorno de las utilidades de las empresas transnacionales maquiladoras.
Con la puesta en operación en 1994, de la llegada de las compañías automotrices, también se instauró la política de salarios de hambre, que hoy se expresa en que pagan aquí no más de 4 dólares el día, mientras que en EUA tendrían que pagar por lo menos 7.5 dólares la hora; es decir, 60 dólares el día por el mismo trabajo... Más de 12 veces de lo que aquí pagan... Por eso es que México se inundó de maquiladoras automotrices por todo el país y cuanto más al sur más barato el salario. Por si fuera poco, las empresas extranjeras, de los bienes que exportan, un 85 por ciento de sus materias primas son importaciones, libres de pagos de impuestos completos y con preferencias arancelarias únicas.
Con la firma del nuevo tratado este comportamiento ahora tendrá una modificación a favor de la economía de la unión americana, tanto en la ampliación del control de patentes, como en la sede de las controversias que surgieran, las mismas que se dictaminarán bajo las leyes del vecino país. A ello hay que agregar los todavía secretos no develados de los acuerdos.
Lo que en realidad se está montando es una cortina de humo para pretender ocultar el fracaso del modelo maquilador del TLCAN, cuyas consecuencias para nosotros seguirán siendo un mercado interno rígido, el abandono del campo, la no diversificación de las exportaciones, y una gran dependencia alimentaria al haber convertido a nuestro país en importador neto de sorgo, pollo, puerco, arroz, fructuosa entre otros productos. Y al igual que se está montando una burbuja de propaganda y publicidad para hacer pasar gato por liebre.
Esos son los retos en los años por venir.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Perdón que insista en el respeto al Reglamento, yo estoy de acuerdo en lo que van a proponer, pero el Reglamento establece que solo se pueden presentar dos puntos de obvia y urgente resolución por sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Dos o tres. Dos o hasta tres.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Bueno, si estoy equivocado entonces corrijo, porque yo leí que era hasta dos. Si me obsequiara, puede ser económico, no tiene que ser ante el pleno, si me obsequiara el artículo se lo voy a agradecer.
Y finalizaré mi comentario insistiendo en que de la lectura del artículo 120 no se desprende que sea un minuto para hechos y mucho menos desde la curul. Le pido a la Mesa Directiva corrija este comportamiento, que se está imponiendo, y permita el libre debate, respetando los tres minutos desde la tribuna cuando se pida la palabra para rectificación de hechos. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí. Enseguida le contestamos diputado.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCIONES QUE EVITEN INCITAR A LA POBLACIÓN A HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la siguiente proposición de urgente u obvia resolución. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a implementar estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano.
La diputada María Rosete Sánchez:Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, es preocupante ver diario en los noticiarios, leer en los periódicos, observar en los medios electrónicos o conocer de la misma gente cómo los niveles de violencia que padecemos se incrementan de manera considerable a lo largo y ancho del país.
También es alarmante que nos estemos acostumbrando a ver la ola de violencia como parte habitual de la vida diaria, pero es aún más angustiante ver cómo la población aplica la justicia por su propia mano o mediante el delito de linchamiento.
El linchamiento no solo demuestra la crisis que existe en la impartición de justicia, sino que afecta el tejido social y vulnera los derechos de los acusados. Padecemos una ausencia y fragilidad en el Estado de derecho, que está creando un clima de resentimiento ciudadano, al grado de caer en manifestaciones delincuenciales agresivas y violentas.
Sin educación, sin empleo, sin salud, los jóvenes se convierten en el grupo más vulnerable.
Debemos tomar con seriedad que, mientras las instituciones no garanticen a la ciudadanía su bienestar personal y familiar, no cesarán las amenazas de que las personas sigan respondiendo con violencia para castigar por su propia mano a los presuntos delincuentes o acusados.
La respuesta social ha puesto en problemas de gobernabilidad a diversas localidades de este país. La misma gente ha creado mecanismos de autodefensa y de cuerpos de seguridad, formados por civiles que han tomado en sus manos la aplicación de la justicia. Poseen armas prohibidas y actúan al margen de la ley, ante la ineficiencia e ineficacia de las autoridades encargadas de la seguridad.
Este hartazgo social se ha convertido en un método de control, de control social. Hay vacíos de autoridad que han hecho del linchamiento una práctica común en algunas localidades o sectores sociales.
Desafortunadamente, lo más preocupante es que muchos de los linchamientos tienen que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores ficticios que circulan a través de la red o entre la población, sobre supuestos secuestros de niños, resultando que las víctimas al final eran inocentes.
No podemos seguir viviendo en un país donde en promedio se cometen 82 asesinatos por día, y donde entre tres o cuatro personas son asesinadas cada hora.
El mes de septiembre se convirtió en el mes más sangriento de este 2018. Y los linchamientos cubrieron la nota roja de los noticieros. Además, la participación de niños y jóvenes en delitos violentos y actividades de alta peligrosidad es cada vez mayor, y no vemos para nada que se esté haciendo algo al respecto.
Es momento de poner mayor atención en esta problemática, puesto que las autoridades dan la apariencia de que ya se rindieron o que han bajado la guardia. Vemos una apatía de los gobiernos ante el problema de la inseguridad.
México se siente inseguro, la ausencia de políticas oficiales y la ineficiencia de los servicios de seguridad no nos han garantizado un clima de plena seguridad ni en lo individual y menos en lo colectivo.
Desde esta máxima tribuna de la nación exigimos a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, que se pongan a trabajar, que cumplas con su responsabilidad y obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de la población en México.
Exigimos a las autoridades que cumplan con su obligación hasta el último momento que duren en su cargo. Les exigimos que entreguen bien las cuentas. Muchas gracias. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos a implantar estrategias y acciones para evitar que la población de comunidades afectadas haga justicia por propia mano; y destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada María Rosete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, implementen estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano; se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, y se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre los compromisos asumidos por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su campaña política a la Presidencia de la República, ocupan un lugar fundamental los referentes a la atención oportuna y eficaz de las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Se plantea instituir nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que se ocupe de la estrategia de seguridad del país, y se rediseñen las estrategias para el combate a la delincuencia, ya que hasta el momento no han rendido resultados favorables, a pesar de que las fuerzas armadas participan en labores de seguridad pública.
En México, la criminalidad está tomando más características violentas en ciertas regiones, y su lucha se vuelve cada vez más complicada e implica a más personas fallecidas. Es necesario recurrir a acciones muy concretas y enérgicas para su solución.
Estamos padeciendo un aumento acelerado de homicidios violentos, secuestros, asaltos, violaciones y corrupción de corporaciones policiales que, al enterarnos de los índices de criminalidad y de la ausencia de políticas eficaces que garanticen plena seguridad en lo individual y en lo colectivo, nos alarman. A este problema se suma la insuficiencia e ineficiencia de los servicios de seguridad.
Es urgente un mayor compromiso y respuestas inmediatas en los ámbitos de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, para no poner en riesgo el Estado de derecho.
Los mexicanos nos hemos enfrentado a crisis económicas recurrentes, se han destruido los hilos del tejido comunitario que facilitan respuestas y comportamientos negativos. Se ha agravado la delincuencia en general, lo que también ha derivado la comisión de otros ilícitos cometidos por las mismas víctimas.
Debido a la constante movilidad social se han establecido diversos asentamientos urbanos irregulares, lo que los convierte en centros de marginalidad por las dificultades para dotarlos de servicios, además de facilitar la delincuencia en estos lugares y ser presas de las extorsiones por parte de las autoridades.
Con la carencia de expectativas de superación social y la incapacidad de los gobiernos federal y locales para crear e impulsar condiciones necesarias para vivir, como se mandata en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible la generación de un clima de resentimiento y desesperanza entre sus habitantes, y se afecte a otros sectores de la sociedad con manifestaciones agresivas y violentas.
Sin educación, sin empleo, sin salud, los jóvenes se convierten en el grupo más vulnerable. La presencia de pandillas o grupos conformados por jóvenes con conductas orientadas a cometer delitos, ha agravado la situación de inseguridad.
Mientras no se garantice que la ciudadanía logre su bienestar personal y familiar dentro del respeto al orden jurídico, que las instituciones no favorezcan las condiciones para el mejor desarrollo del individuo y lo protejan contra las actividades delictivas que ponen en riesgo su vida, su salud, su economía, su libertad o sus bienes, no cesará la amenaza de que las personas sigan respondiendo mediante violencia para castigar por propia mano a los presuntos delincuentes.
En los primeros años de este siglo, la delincuencia en México ha crecido desmesuradamente y la seguridad pública, que restringe el campo de acción de ésta, ha ido erosionando la credibilidad de las instituciones y las normas que rigen la convivencia social, al prevalecer un distanciamiento entre los gobiernos y la sociedad.
La respuesta de la población ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad, incluyendo a las fuerzas armadas, ha puesto en problemas de gobernabilidad a diversas localidades del país, al crearse mecanismos de autodefensa y de cuerpos de seguridad formados por civiles, que en algunos casos han tomado en sus manos la aplicación de la justicia, poseen armas prohibidas y se despliegan al margen de la ley.
La seguridad pública debe entenderse como un factor esencial de gobernabilidad, que contribuya sustancialmente a la integración social del país y al fortalecimiento del pacto federal.
El Índice de Paz México 2018 (IPM), elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro que colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y comunicación del valor económico de la paz, con sede en Sídney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya, señala que el incremento de la delincuencia organizada en México ha sido producto de la debilidad institucional.
Un t hink tank es una institución independiente que realiza investigación sobre políticas públicas.
El reporte en mención indica que, el año 2017 ha sido el más violento desde que se tiene registro, deteriorándose 10.7 por ciento con respecto a 2016.
Peor aún, por las altas cifras de violencia colocan a nuestro país en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de Paz 2018, entre Etiopía y Palestina.
De acuerdo con el IEP, el Índice de Paz México examinó tres grandes rubros: las cifras de la violencia, los costos económicos de la violencia y el estado de los aspectos que contribuyen a la paz.
Sobre las cifras de la violencia en el país, el IPM indica que en 2017 éstas tuvieron un aumento de 25 por ciento con respecto a 2016, al registrarse 29 mil asesinatos. La mitad de los homicidios se atribuyen al crimen organizado.
Las entidades con los mayores niveles de violencia son: Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero y Baja California Sur.
Por el contrario, los más seguros son: Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.
Con respecto a los costos económicos de la crisis de violencia, los datos del IPM muestran que en 2017, éstos ascendieron a 4.72 billones de pesos, lo que equivale al 21 por ciento del producto interno bruto (PIB), y un aumento de 15 por ciento en comparación con 2016.
En su estudio, el IEP señala que esta cifra es ocho veces mayor que la inversión pública en salud, y siete veces mayor que la inversión en educación durante 2017. Esta cifra se calcula a partir de los daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico derivados de los incidentes violentos, así como los efectos del miedo a la violencia que alteran el comportamiento de la economía.
Sobre la paz, el IPM concluye que la sociedad ha hecho lo necesario para ir a una sociedad en paz, y el Estado ha sido rebasado en los conceptos de buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción, lo que posibilita la acción del crimen organizado por la debilidad institucional.
Sin lugar a duda, 2018 superará los récords de homicidios históricos de México si la tasa en el número de delitos sigue creciendo a un ritmo acelerado. En lo que va del año, hasta junio, se han registrado 20 mil 506 homicidios.
Durante la campaña electoral, de septiembre de 2017 al 26 de mayo de 2018, se registraron al menos 102 asesinatos de políticos.
Sumado a esto y como ya se mencionó, la aplicación de la justicia en propia mano o el delito de linchamiento, no solo demuestra la crisis de la impartición de justicia, sino vulnera los derechos de los acusados y afecta el tejido social.
El hartazgo social por la inseguridad y por las actividades de la delincuencia organizada ha sido un método de control social ante la ingobernabilidad y la deficiencia de las corporaciones policiacas.
Durante el presente año de 2018, los casos de linchamiento en México han aumentado. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 25 personas han sido linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados.
En los últimos 26 años, en nuestro país se han perpetrado alrededor de 366 linchamientos en diferentes entidades, principalmente en la zona centro-sur.
Un estudio del Senado de la República refiere que, en la mitad de los casos de linchamiento, las personas cometieron el delito de robo; el 16 por ciento atropellaron a alguien o tuvieron un accidente de tránsito; y un siete por ciento fueron acusados de cometer violación, asesinato o secuestro.
Desafortunadamente y lo más preocupante es que, la raíz de los linchamientos tiene que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores que han circulado a través de la red sobre supuestos secuestros de niños, y las víctimas eran inocentes.
Las entidades con mayor número de linchamientos registrados son el estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.
Medios de comunicación locales de Puebla informan que en esa entidad ha habido más de 100 intentos de linchamiento en 2018.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafo I, el Código Penal Federal, en su artículo 16, además de diferentes jurisprudencias y leyes estatales prohíben hacer justicia por propia mano.
Constitución Política
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Código Penal Federal
Artículo 16. En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.
La ola de inseguridad que padecemos no se detiene, a pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y todo indica que este 2018 será el más violento en la historia de México.
Es preocupante ver que hemos llegado a niveles en donde, en promedio, se cometen 82 asesinatos por día, y entre tres o cuatro personas por cada hora.
Además, el involucramiento de menores en los delitos es muy preocupante. La participación de niños y jóvenes en delitos violentos y actividades de alta peligrosidad cada vez es mayor, sin que veamos que se esté trabajando al respecto.
Vemos una apatía de las autoridades ante la problemática de la inseguridad, dan la apariencia que ya se rindieron o bajaron la guardia, porque ya termina el sexenio o algunas administraciones locales.
Es ante estos vacíos que el linchamiento se vuelve una práctica común entre algunas localidades o sectores sociales. Pongámonos a pensar que estas acciones ponen en riesgo el tejido social, afectan a las familias, generan una espiral de violencia y deterioran aún más la imagen de las instituciones.
Ante la urgencia e importancia de los compromisos asumidos por la próxima Presidencia de la República, resulta necesario que la futura acción de gobierno articule cuidadosa y sistemáticamente las políticas específicas y estrategias que den sustento a sus propuestas.
En este sentido, es imperativo proceder a la adopción de nuevas políticas en materia de prevención del delito, que reconozcan las constantes transformaciones que realiza la actividad delictiva y antisocial en el contexto de las condiciones económicas y culturales en las que se desarrolla.
Estas políticas de prevención deben incluir medios para valores comunes, a fin de que se reconozca la responsabilidad personal y de la comunidad, así como la necesidad de un desarrollo social y comunitario, y con él la disminución de las oportunidades para cometer delitos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e implemente una estrategia de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a garantizar el estado de derecho y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta Soberanía, para su resolución.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 2 de octubre de 2018. Diputada María Rosete Sánchez (rúbrica).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera de urgente resolución y, de conformidad con el artículo 113, fracción I, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra, del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Óscar Bautista Villegas. Y se prepara, del PRD, la diputada Abril Alcalá Padilla.
El diputado Óscar Bautista Villegas:Muchas gracias. Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia. El día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a esta propuesta que ha presentado el Partido Encuentro Social.
La seguridad pública es uno de los temas más sensibles en la población, ya que ella depende que las personas tengan una vida tranquila, así como su pleno desarrollo.
En las décadas, ante el incremento de los fenómenos delictivos en nuestro país, el gobierno, dentro de sus tres órdenes, ha enfrentado el enorme reto de garantizar la seguridad de las personas en un entorno social y económico cambiante, que complica esta tarea.
La pobreza y la marginación, así como la pérdida de valores individuales y colectivos ha sido caldo de cultivo para que el fenómeno delictivo de nuestro país se siga incrementando día con día.
En materia de seguridad pública es bien sabido que, a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado, es necesario que se sigan fortaleciendo las estrategias de seguridad, con el objetivo de garantizar bienestar de las familias de este país.
En esta administración ha habido importantes avances, sin embargo, se requiere seguir fortaleciendo los cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional para que la propia ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones.
En este sexenio se han implementado acciones en materia de coordinación, capacitación, adquisición de equipo, sin duda una estrategia que rendirá frutos a mediano plazo y que requiere su propia continuidad.
Bajo este contexto, ante la percepción por parte de la propia ciudadanía del aumento del fenómeno delictivo, en los últimos días se ha presentado en nuestro país la comisión de linchamientos de personas que son acusadas por parte de la población de cometer algún tipo de ilícito.
Estas acciones, que por ningún motivo son justificadas y están a todas luces fuera de la ley, son cometidas por la población, evidenciando una crisis de valores sociales. Es así que el linchamiento trasgrede toda forma racional de actuar, violando preceptos de nuestra propia Constitución y de lo establecido en acuerdos y tratados internacionales, lo que pone en un estado de indefensión al sujeto que padece de estos hechos, negándole el derecho a un juicio justo por los actos de que se le acusa.
Lo grave de estas acciones es que su proceder, muchas de las veces, se sustenta en rumores difundidos por los medios de comunicación, redes sociales y de forma verbal, previo al linchamiento, provocando que, en ocasiones, personas que realmente son inocentes sean lesionadas o asesinadas.
Es por ello que, el día de hoy, en el Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a este punto de acuerdo para evitar este tipo de linchamiento, y que la ciudadanía tenga confianza en cada una de sus propias instituciones. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Abril Alcalá Padilla, hasta por tres minutos. Y se prepara la diputada Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Abril Alcalá Padilla:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La falta de la presencia de la autoridad y la ineficacia de las instituciones para generar un sentimiento de seguridad en la ciudadanía, es cada vez más evidente.
No cabe duda que dicha ausencia constituye uno de los principales riesgos y la mayor de las tareas que esperan al gobierno entrante.
Aunque compartimos la preocupación de los proponentes por establecer políticas que sirvan para que las y los ciudadanos puedan vivir tranquilos, consideramos que, en ocasiones, el problema y causalidad se ha planteado de manera equivocada. Los linchamientos son un síntoma, no la grave enfermedad de la violencia, la inseguridad y la impunidad que hoy aqueja a México.
El punto de acuerdo que aquí discutimos plantea que, en algunos municipios, la falta de la presencia de las instituciones del Estado ha provocado linchamientos, actos por supuesto lamentables y reprochables.
Sin embargo, lo que, de manera paralela, debería ocuparnos es que toda la ciudadanía, a lo largo y ancho del país, se sienta suficientemente protegida por un Estado de derecho que jamás los empuje a tomar la justicia en sus propias manos. Hoy el nuevo sistema penal acusatorio se ha convertido en la famosa puerta giratoria por donde entran y salen delincuentes y que deja a la ciudadanía en absoluta vulnerabilidad.
Las cifras de impunidad en nuestro país, señoras y señores, son críticas. De acuerdo al índice global de impunidad en México, nuestro país es el cuarto más impune a nivel global. Cerca del 99.3 por ciento de los delitos quedan impunes, y 26 de las 32 entidades federativas se encuentran en colapso penal a falta de policías y de jueces.
Con lo anterior, hoy se han generado las condiciones para que los delincuentes se sientan más seguros cometiendo delitos; que los ciudadanos transitando las que deberían ser sus calles.
Es urgente, sí, que destinemos mayores recursos a las instituciones de seguridad pública y que estas actúen con mayor celeridad. Sin embargo, esta Cámara debe responder a toda la ciudadanía sin reducir la problemática a ciertos centros de marginalidad según cita este punto de acuerdo.
Identificar a la pobreza con el origen de linchamientos y violencia en general no es solo erróneo, sino determinista. Señoras y señores, debemos estar de acuerdo en que no todos los pobres son delincuentes ni todos los delincuentes surgen de la pobreza y de la necesidad.
Es por ello que, aprovechando la discusión de este importante punto de acuerdo, respecto al cual esta bancada se pronuncia a favor, y una vez abierto este trascendental tema de la inseguridad, la violencia y la impunidad que sufre nuestro país, la bancada del Partido de la Revolución Democrática exhorta a esta soberanía a que, desde hoy, iniciemos un profundo debate sobre las inconsistencias e inviabilidades del nuevo sistema de justicia penal, que son realmente la causa de tantas desgracias.
Si bien estamos a favor de que se refuercen los operativos de seguridad en aquellos lugares en donde se han presentado linchamientos, seamos conscientes de que este tipo de violencia es de carácter epidémico, por lo que tendremos que abordarlo desde la contención y la prevención.
En otras palabras, cualquier estrategia en defensa de la seguridad de las y los mexicanos debe ser abordada e implementada a nivel nacional con los recursos, el equipamiento, la capacitación y la logística que la circunstancia amerita, de manera real, no simulada. Pero sobre todas las cosas debe ser desde la perspectiva de la prevención, que habrá que atender el problema de raíz, dándole funcionalidad y orden a un sistema de justicia garantista, pero que a menudo pareciera defender más a los delincuentes que a las víctimas. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano, y se prepara el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo.
La diputada Carmen Julia Prudencio González:Con su venia, señora presidenta. La violencia que hoy vivimos en el país no podrá disminuir con actos que estén en contra de la ley; así como la urgente necesidad de justicia no justifica ningún tipo de violencia.
El linchamiento es la ejecución, sin que nadie medie en el proceso legal, de alguien sospechoso o presumiblemente culpable de un delito, por parte de un grupo de personas, haciendo uso de la violencia física, que ocurre de manera espontánea y en el que participa una multitud de personas.
El acto al que nos referimos no otorga dignidad ni derechos adicionales a quienes participan en el mismo, únicamente los marcan de por vida, ya que nadie puede estar orgulloso de lastimar brutalmente a una persona o incluso haberle quitado la vida, peor aún cuando se compruebe que esa persona era inocente.
Nuestra Carta Magna es clara en relación a los derechos humanos y garantías, ya que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Cuando las personas utilizan violencia para solución de conflictos, la sociedad no mejora, solo se deteriora más, ya que la justicia pierde toda la razón de ser.
La violencia debe ser condenada por todos, ya que la demostración de odio, rencor o venganza acumulados no abonan a nada ni a la convivencia social.
La violencia, en realidad, es la negación de un auténtico Estado de derecho. El acto al que nos referimos atenta a todas luces contra lo establecido en nuestra Constitución Política, ya que están prohibidas las penas corporales.
¿Cómo contrarrestar la violencia cometida en nombre de la justicia? Exigiendo el cumplimiento de la ley, desterrando la corrupción de los servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia y profesionalizando a los servidores públicos encargados de la seguridad pública.
La violencia proclamada y llevada a cabo a nombre de la justicia, solo puede desacreditar la justicia misma. Por ello debe ser condenada por todos, y con especial convicción por aquellos que tenemos la alta encomienda de representar a la soberanía popular.
Las personas no pueden invocar justicia para justificar lesiones graves u homicidios. El linchamiento no reivindica derechos, por el contrario, desconoce los ya establecidos.
El Estado es el único facultado para poder ejercer el uso lícito de la fuerza pública y es el encargado de velar por los derechos humanos. En sintonía, nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido a tribunales previamente establecidos.
Hoy estamos en un momento de hacer valer la protección de los ciudadanos y evitar los linchamientos. Solicitamos de manera urgente la intervención del Estado para que haga valer lo que señala el artículo 17 de la Constitución y quién está facultado en la materia de seguridad pública.
Por esa razón, nuestro voto será a favor de este punto de acuerdo. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo, y se prepara José Ángel Pérez Hernández, diputado del Partido Encuentro Social.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel:Con la venia de la Presidencia. Es una desagracia en nuestro país que un pobre robe a otro pobre, pero es imperdonable que un pobre asesine a otro pobre por haberlo robado, por la falta de atención y las políticas fallidas de este sistema corrupto que está instalado en nuestro país.
Compañeras y compañeros, en México, el actual modelo de seguridad pública y procuración de justicia se encuentra en una situación insostenible, donde los mexicanos hemos tenido miedo y desconfianza de nuestras autoridades, donde hemos perdido la libertad de vivir en paz.
Nuestro México, en la actualidad, transita por una profunda crisis de ilegalidad sin precedentes, derivado por la frecuente inestabilidad social, originada por la violencia pública y donde las autoridades en amplias regiones del país han sido suplantadas de sus funciones constitucionales por los poderes fácticos de grupos delictivos, mismos que se infiltraron en las esferas de la vida política y de seguridad en todos sus niveles, y con ello exponen a la ciudadanía a una pérdida progresiva de las libertades.
Michoacán, una de las zonas más violentadas y devastadas por la impunidad, se encuentra en un profundo estado de incertidumbre en materia de seguridad pública, en una descomposición permanente del basamento social; muchas zonas y regiones de la entidad se encuentran tuteladas por la espiral de la violencia, sin ley ni orden.
Derivado de ello, los ciudadanos decidieron organizarse para garantizar la seguridad y el orden comunal de sus localidades, en grupos denominados de autodefensas o policías comunitarias. Esto surge a partir de los profundos vacíos de autoridad que permean en los diferentes puntos de la entidad ante la crisis recurrente de inseguridad que durante más de una década ha agobiado al estado.
Ante la pretensión del gobierno de Michoacán de politizar un tema de seguridad, nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, desde la máxima tribuna del país nos solidarizamos con los alcaldes emanados de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, y específicamente con el alcalde de Zamora, Michoacán, el licenciado Martín Samaguey Cárdenas.
El Partido del Trabajo acompañará las causas sociales más sensibles del pueblo. Queremos de esta manera que sea el Estado quien procure y garantice la justicia, y no los propios ciudadanos por su propia mano. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Partido Encuentro Social, y se prepara el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés.
El diputado José Ángel Pérez Hernández:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado José Ángel Pérez Hernández: Diputadas y diputados, honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos en muy alta estima la protección, cuidado, fortalecimiento y restauración del tejido social.
Somos conscientes de que el respeto a la división de Poderes, el Estado de derecho, el federalismo y las instituciones de la República deben ser en todo momento los referentes mínimos para nuestra actuación como ciudadanos.
Nosotros, como encargados de llevar los anhelos, intereses, reclamos populares en esta alta tribuna, tenemos la obligación de fortalecerlos. Por ello resulta oportuna y pertinente la proposición con punto de acuerdo, así como su consideración de urgente u obvia resolución, que el día de hoy se somete a la consideración de esta soberanía.
Ciertamente los índices de violencia y percepción social de una ciudadanía harta y atemorizada por hechos delictivos que le afectan un día sí y otro también, se suma la incapacidad de las autoridades para brindarle la seguridad, por tanto, decide hacerse por mano propia justicia. Esto es indeseable y reprobable.
En este lamentable contexto, la justicia por propia mano es una negación y retroceso al orden jurídico nacional, falsa resolución que nada remedia, pero sí colabora a la erosión del tejido social.
La procuración inmediata de recursos económicos, logísticos y de seguridad para municipios y localidades que requieren pronta atención, por encontrarse en situación de riesgo, de inseguridad e ingobernabilidad, así como la coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, para dar seguridad, certeza y paz positiva a la población, es de altísima pertinencia política y social.
Por ello estimamos indispensable, en el marco del respeto institucional, adoptar el acuerdo objeto de la proposición, para que el diálogo entre Poderes sirva mejor y ayude a las personas y sus familias en todo México.
Lo sabemos, otro México con paz y bienestar, con Estado de derecho y un clima de justicia y dignidad, es posible, hagámoslo juntos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada, quiero señalar que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este punto de acuerdo, porque nos parece pertinente la propuesta de la compañera diputada, tanto que nosotros presentamos un punto muy similar.
Desde hace algún tiempo los linchamientos o los intentos de linchamiento han quebrantado el orden social en diversas regiones del país, esta práctica es a todas luces condenable y nunca puede ser justificada, se trata de acontecimientos que constituyen un importante obstáculo para la justicia en México y para la consolidación del Estado democrático y derecho que todos anhelamos.
La justicia por propia mano no solo constituye una importante violación al principio de presunción de inocencia, sino que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
A la barbarie de los linchamientos, todos condenables, se suma en la actualidad el fenómeno de las redes sociales, que en ocasiones juegan un papel relevante en la comisión de estos ilícitos.
A través de mensajes se alerta sobre supuestos delincuentes y se invita a la población ejercer justicia por propia mano, lo que en muchas ocasiones termina en tragedias terribles, queda para todos nosotros reflexionar sobre este fenómeno de la modernidad.
Cuando, fuera de la ley, una localidad asume, entre comillas, las funciones de seguridad pública o justicia aviva el resentimiento y acrecienta la injusticia, en muchas ocasiones estos acontecimientos son motivados por la falta de confianza de la ciudadanía a las autoridades encargadas de impartir y administrar justicia.
Sin embargo, ni el crimen más atroz ni la culpabilidad de un delincuente justifica la justicia por propia mano. Los linchamientos se empiezan a convertir en una noticia cotidiana para nuestra sociedad, tanto que en muchas ocasiones pasa desapercibida o pronto se olvida.
Qué importante es tratar este punto el día de hoy en la tribuna; hagamos lo necesario para que estos actos de barbarie cesen. Empecemos por discutirlo y hacerlo público desde aquí.
No dejemos de señalar que el linchamiento y la incitación al mismo también son un delito y deben ser castigados. Bajo este contexto también la bancada del PRI, como se observa en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y los municipios instrumenten y fortalezcan los protocolos en materia de prevención y atención en caso de linchamientos. Asimismo, para que se realicen campañas que fomenten la cultura de la denuncia ciudadana y la no violencia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En uso de la palabra la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del Partido Acción Nacional. Y se prepara la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, de Morena.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza: Compañeras y compañeros diputados, la violencia en México ha llegado a niveles insostenibles, y pareciera que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido rebasadas, y por mucho.
A nivel federal los que en su momento presumieron saber gobernar y saber cómo terminar con una espiral de violencia producida por los grupos de la delincuencia organizada, simple y llanamente han tenido un fracaso absoluto.
Durante este sexenio no solo no frenaron la violencia, sino que, además, aumentó estrepitosamente.
Frente a la incapacidad de las autoridades para frenar la delincuencia mediante y ante una debilidad institucional cada vez mayor, provocada por la corrupción y la complicidad de malos servidores públicos con el crimen organizado, la población ha tomado la justicia en sus propias manos.
Lo anterior es sumamente grave porque refleja el quebranto total de las instituciones encargadas de la administración, impartición y procuración de justicia y del Estado de derecho.
Con pesar debemos admitir que estos hechos sobre linchamientos a presuntos delincuentes por parte de la población se han reproducido en varias entidades de la República.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales no pueden ser ejercidas a plenitud si no se constituyen instituciones sólidas que garanticen la permanencia de un Estado democrático de derecho.
En Acción Nacional apostamos por la legalidad, por el respeto a los derechos humanos y sus garantías. Por la construcción de instituciones sólidas que protejan a la sociedad y que castiguen conforme a la ley a quienes la quebranten.
Es una demanda de todas y todos los mexicanos que se termine con la inseguridad y la impunidad que nos deja como herencia el último gobierno del PRI, y que son los componentes que detonan el que las personas indebidamente tomen la justicia en sus propias manos.
En Acción Nacional sostenemos que la seguridad pública es imperativa para el fortalecimiento de las comunidades y nos pronunciamos por una revisión integral de todo el sistema de seguridad para garantizar a los ciudadanos la protección a su persona y a su patrimonio.
También es necesario hacer cambios estructurales en nuestro sistema de justicia para evitar hechos tan lamentables como son los linchamientos, porque lo único que reflejan es la barbarie y México no lo merece.
Desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado para que se tomen las medidas pertinentes para revirar esta situación de inseguridad y de impunidad. En Acción Nacional hacemos votos para que el próximo gobierno federal tenga éxito en el abatimiento de la delincuencia. Y saludamos la propuesta de reinstalar a nivel federal la Secretaría de Seguridad Publica, que nunca debió haber desaparecido.
Por esas razones, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Sandoval. En el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, de Morena.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Compañeras, compañeros, los linchamientos están prohibidos en México. Sin embargo, castigar estos actos de justicia por propia mano es complicado, porque al cometerse en grupo es difícil identificar a quien participa en ellos.
Factores como la impunidad y debilidad del Estado de derecho son los que propician que diferentes grupos de personas decidan ejercer la violencia y la justicia por propia mano.
El linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados, afectando el tejido social.
Los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores, y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de derecho.
Como sociedad, debemos rechazar toda expresión de violencia al margen de la ley, al tiempo de exigir a las autoridades tanto locales y estatales como de la federación, sancionar estos actos mediante la legislación competente.
Las conductas de una sociedad no tienen justificación cuando se falta al acatamiento de la ley y se recurre a vías indebidas para aplicar justicia.
La libertad de cualquier comunidad en nuestro país se establece en los principios de la Constitución nacional que nos rige a todos, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, el respeto a la vida, dignidad e integridad de las personas.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, de este año 2018, titulado Linchamientos en México, señala que, en los últimos 26 años, en México se han registrado por lo menos 366 linchamientos en los diferentes estados de la República, principalmente en la zona centro sur del país, mostrándonos con ello una clara debilidad o definitivamente un Estado fallido.
En la mitad de los casos de linchamiento, las personas cometieron el delito de robo, un 16 por ciento atropellaron a alguien o tuvieron un accidente de tránsito y un siete por ciento fueron acusados de cometer violación, asesinato o secuestro, el promedio de estos 26 años es de 16 linchamientos por año. En el país se han presentado picos en ciertos momentos.
En 1997 se presentaron 27 casos; en 2010 hubo 47; en 2013, 40, y en 2014, 63 linchamientos, con especial incidencia en Puebla, Estado de México y el Distrito Federal de aquél entonces.
Más que el uso de la fuerza, es necesaria la acción social en comunidades donde existen riesgos o donde ya sucedieron estos hechos, por lo que es importante reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanece en las comunidades después del acontecimiento de violencia.
Identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencia que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos no van a cesar.
Comento esto del Estado fallido porque quiero pedir, desde esta tribuna, la intervención del Estado mexicano para liberar a un municipio que en Michoacán está en estado de sitio desde hace dos semanas, como una prueba de que la procuración e impartición de justicia es omisa, porque mientras en unos lugares se llega al grado de dejar en manos de la delincuencia el resguardo...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz:...de los ciudadanos, en otros, cuando la gente toma por su cuenta y riesgo la justicia, entendemos que el fallo del Estado es en mayor proporción de lo que queremos admitir. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Liberemos Michoacán de la delincuencia, igual a México.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para rectificación de hechos, desde su curul, la diputada Yolanda Guerrero Barrera, de Morena.
La diputada Yolanda Guerrero Barrera:Puedo hacerlo desde aquí, diputada. Sí. Gracias por el uso del micrófono, señora presidenta. Compañeros diputados federales. Gracias por su atención.
Desde este lugar, desde este Palacio Legislativo, quiero hacerle un llamado de atención y una exigencia muy precisa al gobernador Silvano Aureoles Conejo a que deje, por favor, de estar interviniendo en la seguridad de nuestro glorioso y bonito estado de Michoacán.
En Zamora, Michoacán, el gobernador se ha inmiscuido a tal grado en la seguridad, que ha denunciado públicamente y en medios de comunicación. Irresponsablemente ha realizado señalamientos muy precisos.
Pedimos por favor mesura, recato, al señor gobernador. Él es el responsable de la seguridad en mi municipio, y que deje de estar interviniendo. Gracias a ustedes, y un enérgico llamado. Gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el presente acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia informa a la asamblea que el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hizo llegar por escrito a esta Mesa Directiva un posicionamiento sobre el punto de acuerdo que se acaba de discutir y aprobar. Insértese en el Diario de los Debates.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.
Intervención respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos, a implementar estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano; así mismo se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad a los municipios y localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Dicen que la realidad supera la ficción y lo cierto es que nuestra realidad se impone.
Veinticinco personas linchadas y más de 50 intentos frustrados durante 2018, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son un preocupante síntoma de ingobernabilidad y de la ausencia de la autoridad.
Son la muestra del hartazgo ciudadano que, ante la ausencia de estado de derecho, ante la inacción de autoridades, ante la corrupción y la impunidad que privan en nuestro país, optan por hacerse justicia por propia mano.
Es una realidad grave, pero más grave aún es que vaya en aumento.
Según un estudio de Raúl Rodríguez Guillén, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los últimos 26 años se registraron al menos 366 casos de linchamientos en diferentes entidades, principalmente en la zona centro-sur del país.
Como si no fuera suficientemente preocupante que una comunidad se haga justicia por propia mano, a ello se suma que no son pocos los casos en que las personas linchadas resultaron ser inocentes de lo que sus victimarios les acusaban.
Y peor, que dichos actos de barbarie, como bien los ha calificado el propio presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se originaron a partir de noticias falsas, de simples rumores.
Esto es peor que la Ley del Talión.
Compañeras, compañeros, es una realidad que no podemos aceptar.
No debemos habituarnos a ella ni podemos ignorarla. Este es un problema que debe ser atendido ya, con toda seriedad y decisión por parte de los tres niveles de gobierno, pues de lo contrario, corremos el riesgo de que se desborde, como está comenzando a hacerlo.
Urge que este tema ocupe un lugar importante en la agenda de las administraciones públicas y se emprendan acciones, tanto preventivas como de reacción inmediata.
Y desde luego, estas acciones deben incluir la participación de la ciudadanía, a fin de prevenir más casos.
No basta con detener y procesar a instigadores de linchamientos, hace falta prevención, difusión de información entre la ciudadanía.
Por eso, apoyamos este punto de acuerdo y nos sumamos al llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para emprender las acciones necesarias, pero no de manera aislada, sino en el marco de una estrategia integral y coordinada para prevenir los casos de linchamientos en el país.
Y hago también un llamado, para que, desde esta Cámara de Diputados, vigilemos que efectivamente se lleven a cabo esas acciones. Que los gobiernos locales, municipales y el federal, verdaderamente atiendan el tema inmediatamente y no hasta que tengamos un fenómeno desbordado y generalizado.
Es cuanto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»
Para un asunto individual la diputada Irma Juan Carlos, desde su curul, por un minuto. Diputada Irma Juan Carlos.
La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): Declino.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Declina? Correcto.
INTERVENCIONES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
OCTUBRE, MES DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Desde su curul y hasta por un minuto la diputada Carmen Medel Palma, de Morena.
La diputada Carmen Medel Palma(desde la curul): Buenas tardes. Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama. Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama a nivel mundial, y tiene como objetivo aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos desde todos los ámbitos de la sociedad.
Por ello, hago un llamado para que esta Cámara sea el punto de referencia en el fomento de la prevención de enfermedades, pero principalmente de una como el cáncer de mama, en el que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Hasta por un minuto, desde su curul, la diputada Adela Piña Bernal. No está en la sala.
145 AÑOS DEL NACIMIENTO DE MAHATMA GANDHI
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Fernández Noroña, desde su curul, por un minuto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sí, menos, diputada presidenta. solo para comentar que, como fue muy importante la sesión solemne, no se recuperó en las efemérides, hoy se cumplen 145 años del nacimiento del gran Mahatma Gandhi, una figura muy importante en la lucha por la transformación de nuestros pueblos, además de manera no violenta con la desobediencia civil, es un acontecimiento importante y quería que no pasara desapercibido.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Informo también que el diputado Héctor René Cruz Aparicio hizo llegar un saludo al Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Baja California, al cual le mandamos un saludo.
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y REPARACIÓN DE DAÑOS A VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DEL PALMARITO, TOCHAPAN
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Emmanuel Reyes Carmona, desde su curul, del PRD.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona(desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta, como siempre, muy agradecido por su atención. Quiero manifestar el día de hoy que elementos de la Marina implementaron un operativo, la madrugada de este martes, en la comunidad de Palmarito Tochapan, Puebla, para realizar cateos a domicilios del barrio de la Inmaculada Concepción, entre ellos el del alcalde electo, José Alejandro Martínez Fuentes.
De acuerdo con los lugareños, los elementos castrenses hicieron disparos de armas de fuego, lesionando a dos personas, entre ellos a una mujer. Además, denunciaron el robo del dinero en efectivo por parte de los elementos y el uso de bombas de gas y de daños a otras casas.
Decenas de pobladores de la localidad mantienen bloqueada la autopista Puebla-Orizaba luego de un operativo.
La Secretaría de Educación Pública ordenó la suspensión de clases en 12 planteles educativos. El 3 de mayo del 2017, en la misma comunidad de Palmarito hubo un enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros que dejó 10 personas muertas, 26 lesionados y 13 detenidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó graves violaciones a los derechos humanos atribuyéndolas a elementos del Ejército y a la Policía Federal y emitió una serie de recomendaciones que alcanzan a otras dependencias del gobierno federal.
¿Qué exigimos en el PRD, señora presidenta y compañeros diputados y diputadas? El respeto y la protección a los derechos humanos de la comunidad del Palmarito Tochapan, reparación integral de daños a víctimas, la no repetición de los hechos en ninguna parte del país, y operativos de los elementos castrenses que respeten y vigilen los derechos humanos de civiles, que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, muchísimas gracias.
RECUERDA NOMBRES DE MUJERES IMPORTANTES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo. El diputado Maximiliano Ruiz Arias, desde su curul.
El diputado Maximiliano Ruiz Arias(desde la curul): En la sesión solemne fueron manifestados muchos nombres, y yo no quisiera terminar esta jornada para que en la memoria se nos sequen nombres de mujeres que fueron importantes durante ese evento. Me refiero al reconocimiento y al recuerdo de Roberta Avendaño Martínez, La Tita; de Ignacia Rodríguez, Amada Velasco y Adela Castillejos. Es tanto, un recuerdo para ellas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 17:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 3 de octubre de 2018, a las 11 de la
O
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 20 minutos
Quórum a la apertura de la sesión: 489 diputadas y diputados
Comunicaciones oficiales: 3
Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno: 1
Iniciativas de las diputadas y diputados: 9
Proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución: 3
Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 41
11 Morena
4 PAN
5 PRI
5 PES
4 PT
4 MC
5 PRD
3 PVEM
EFEMÉRIDES
50 ANIVERSARIO DE LA MATANZA ESTUDIANTIL
«Efeméride con motivo del 50 aniversario de la matanza estudiantil, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La memoria despierta para herir a los
pueblos dormidos que no la dejan vivir
libre como el viento .
Leon Gieco
Hace cincuenta años, los jóvenes del Movimiento del 68 alzaron la voz y se movilizaron pacíficamente contra un régimen corrupto, para exigir el respeto a los derechos humanos de los presos políticos, el cese del hostigamiento violento por parte de las autoridades estatales y el respeto a la autonomía universitaria.
Lejos del diálogo, las respuestas del gobierno fueron francotiradores apostados en departamentos y azoteas aledañas y militares del Batallón Olimpia infiltrados entre los asistentes al mitin que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas; provocando caos, dolor, muerte y cientos de desapariciones forzadas.
La tarde del 2 de octubre del 68 constituyó un antes y un después en nuestra historia moderna, especialmente para quienes la vivieron en carne propia y para nosotros los ciudadanos libres que compartimos con solidaridad su luchan y nos hemos negado a creer las verdades oficiales por parte del Estado, que no son más que mentiras que usan los corruptos para perpetuarse en el poder.
Con profundo respeto quiero agradecer a los estudiantes del 68, que con su rebeldía nos legaron un México más plural y democrático; sin su sacrificio sería impensable la pluralidad política y la transición democrática que se ha dado en los últimos veinticinco años en nuestro país.
No podríamos hablar como lo hacemos el día de hoy de derechos humanos, feminismo, búsqueda de los desaparecidos sin la gallardía de la generación del 68. Esa tarde empezó el nacimiento de una nueva forma de concebir la libertad del ciudadano y sus múltiples formas de expresarse y asociarse. Hace cinco décadas los jóvenes nos mostraron que sí es posible soñar y pensar diferente, con sus voces y puños elevados sentaron las bases del cambio democrático.
Recordar el 2 de octubre no garantiza que en México el asesinato de estudiantes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado no vuelva a suceder, quienes han levantado la voz en contra del régimen son perseguidos y desgraciadamente no hay que ir muy lejos, a los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa no se les ha hecho justicia.
¡No lo olvidamos ni mucho lo vamos a superar como lo sugirió Peña Nieto!
¿Acaso se puede superar el absurdo impuesto por la violencia y la ineficacia del gobierno priista?
¿Acaso los padres de los cientos de jóvenes desaparecidos en nuestro país podrán alguna vez superar aquellas pérdidas que nos lastiman a todos como mexicanos?
No lo olvidamos. Mantengámoslo en la memoria; estemos juntos para alzar la voz ante las injusticias y no permitamos que los que quieren que olvidemos se salgan con la suya.
Si bien es cierto, el dolor de un país bañado en sangre a veces nos derrumba, pero hoy con la misma rebeldía de la generación del 68; levantémonos una y otra vez para cambiar este México plagado de desgracias.
El 2 de octubre no se olvida, porque es parte de lo que somos como mexicanos.
El 2 de octubre no lo olvidaremos nunca, porque la sangre derramada de los estudiantes en el suelo, es la misma que recorre nuestras venas.
El 2 de octubre no se olvida y sigue vivo, porque estamos en movimiento, luchando con valor por un México libre, justo e igualitario.
¡El 2 de octubre no se olvida!
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputada Ana Priscila González García (rúbrica).»
DÍA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
«Efeméride con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 28 de septiembre se asumió como el día por la despenalización del aborto, en el contexto del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990. Esta propuesta fue hecha por la delegación brasileira, para rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos (as) nacidos de mujeres esclavas.1
A partir de este momento, las organizaciones comprometidas con la campaña, organizan y promueven todos los años acciones para sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos acerca del grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal; de ahí, la necesidad de generar políticas públicas para despenalizarlo
El objetivo de la campaña es crear sinergia en el movimiento feminista latinoamericano y caribeño, alrededor de la lucha por el aborto legal y seguro
A partir de 2009 esta campaña latinoamericana y caribeña se internacionaliza y se extiende por Europa, en África también se iniciaron campañas en países como Ghana.2 Para el año 2010 la campaña contaba con mujeres organizadas de 19 países y por cinco redes regionales
En 2011, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), en inglésWomens Global Network for Reproductive Rights WGNRR, histórica organización internacional creada en 1984 para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asume y se incorpora a impulsar la campaña
A partir de 2012 la campaña internacional adopta el 28 de septiembre como Día de acción como una de sus actividades más importantes.3
En 2014 se realizan más de 100 actividades en 65 países. La conmemoración del día en sí mismo y la necesidad de abortos seguros incrementan el conocimiento de la problemática entre un mayor número de líderes de gobierno, prensa y medios de comunicación
En 2015 la campaña internacional decidió cambiar el nombre porDía Internacional por el aborto seguro.Se solicitó a ONU que adoptara el día como uno oficial de las Naciones Unidas
El relator especial de Derechos Humanos de la ONU declaró en 2016 que: Los abortos inseguros continúan matando decenas de miles de mujeres alrededor del mundo
Recientemente en Argentina vimos la movilización multitudinaria, con la propuesta de ley para despenalizar el aborto coordinada por la Campaña por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
El derecho internacional de los derechos humanos apoya el derecho de las mujeres embarazadas a decidir autónomamente en cuestiones relacionadas al aborto, sin interferencia por parte del Estado o de terceros
En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual, existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y Ciudad de México, en México. En Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela contamos con la legalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está totalmente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana
Aquí en nuestro país, en todas las entidades federativas, el aborto no se penaliza por la causal violación y solo en algunos estados por causal salud, y solo en Yucatán por cuestiones económicas
Esta fecha nos debe servir para recordar que los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias, para asegurar que las mujeres dispongan de acceso informado y voluntario a servicios de aborto legal y seguro como parte del ejercicio de sus derechos reproductivos y de otros derechos humanos. Los servicios de aborto deben ser establecidos en conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los que se refieren a servicios de salud adecuados. Pues para todas las mujeres, se trata de una cuestión de igualdad y para algunas, simplemente de una cuestión de vida o muerte
Notas
1 Campaña 28 de septiembre, Red nacional de mujeres en URL:
http://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre
2 Campaña 28 de septiembre, en URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Acción_Global_por_un_aborto_legal_y_seguro
3 http://www.safeabortionwomensright.org/what-is-28-sept/
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre de 2018. Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
APÉNDICE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 2 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 2 de octubre de 2018 y que no fueron abordadas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero, para que den cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal, para implementar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división bajío, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Energía, para dictamen
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, para que, adecuen el marco normativo vigente en sus estados para incorporar medidas que aseguren el cumplimiento, en la práctica, de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a privilegiar un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener finanzas públicas sanas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
7. Con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el Estado de México, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa pegasus, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen
9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias, a garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que acudan al puerto de Acapulco y se refrende el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la policía en el ayuntamiento de dicha entidad, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La existencia de grupos parlamentarios es relevante para el desempeño del Congreso de la Unión, a través de ellos y de acuerdo al artículo 70, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue adicionado el seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, se garantiza la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados
Asimismo, son de carácter relevante para la vida orgánica de la Cámara de Diputados, esto es, considerando la representación de cada grupo parlamentario se definen cuestiones como la integración de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las comisiones dictaminadoras así como la asignación de recursos, locales y subvenciones
La integración de los mismos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza a través de la agrupación de diputados con la misma afiliación partidista y en cada una de las Legislaturas han servido como mecanismo de contrapeso y rendición de cuentas respecto al Ejecutivo federal, entre otros
Sin duda alguna, los diputados y diputadas que deciden agruparse en un grupo parlamentario lo hacen en un acto de congruencia con el partido que los postuló y con la plataforma electoral impulsada durante la campaña electoral
No obstante la importancia de los grupos parlamentarios para un mejor desempeño del poder legislativo, para el caso de que algún diputado o diputada decida libremente no pertenecer a algún grupo durante su encargo, nuestra legislación prevé algunas consideraciones, esto es, actualmente el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos protege a los diputados sin partido, ya sea por no haberse inscrito a un grupo parlamentario o por dejar ser parte de alguno, y por otra parte el Reglamento de la Cámara de Diputados señala en el artículo 6 como un derecho de los diputados y diputadas el formar parte o separarse de un grupo parlamentario
La pertenencia o no de un diputado o diputada a algún grupo parlamentario debiera ser una decisión libre y quedar registrada como actividad parlamentaria como muchas otras que se desarrollan en la Cámara de Diputados; asimismo, no debería conllevar restricción o consecuencia alguna siempre y cuando se trate de una decisión personal del interesado o interesada
Sin embargo, en un claro abuso de las disposiciones señaladas y aprovechando la ausencia de restricciones o consecuencias, los que integramos este órgano legislativo hace unos días fuimos testigos de un acontecimiento que no debe quedarse registrado como una actividad parlamentaria cualquiera
En un acto carente de transparencia y congruencia, la supuesta renuncia voluntaria de algunos legisladores a su grupo parlamentario y su adhesión a otro diverso, le otorgó a éste último la cantidad suficiente de legisladores para poder aprobar o rechazar cualquier asunto legislativo que sea presentado en la Cámara de Diputados con independencia de su origen
Adicionalmente, los grupos parlamentarios involucrados dieron por asentado que dichas renuncias y adhesiones tienen como origen una negociación llevada a cabo en la Cámara de Senadores, esto es, es consecuencia de actividades y decisiones ajenas a la Cámara de Diputados
Lo anterior ha originado que el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados elimine la posibilidad de deliberar y discutir los asuntos legislativos que sean presentados, principalmente por el Ejecutivo federal que entrará en funciones a partir el primero de diciembre del presente año, al privilegiar intereses particulares en un claro atentado contra el equilibrio y separación de poderes
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de acuerdo a su propuesta incorporada en su agenda legislativa de preservar y fortalecer el equilibrio de poderes, presentamos la siguiente iniciativa
Cabe aclarar que no se trata de un acto de censura o de violación de derechos como son los de asociación o de expresión; asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional actúa con respeto de la integración y vida interna de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que conformamos la LXIV Legislatura
Esta iniciativa tiene como objetivo que se preserve una sana integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados y se privilegie el debido equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo que la nueva realidad democrática requiere y que la ciudadanía exige
En este orden de ideas y para una mayor claridad del planteamiento realizado, se detalla a continuación con un cuadro comparativo las disposiciones a modificar para los efectos señalados:
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue
Decreto que reforma y adiciona los artículos 30, numeral 1, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y se adicionan el 30, numeral 1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XII, párrafo segundo y 8, numeral 1, fracción XXI, recorriéndose la subsecuente, del Reglamento de la Cámara de Diputados
Único. Se reforman los artículos 30, numeral 1, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se adicionan los artículos 30, numeral 1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XII, párrafo segundo y 8, numeral 1, fracción XXI, recorriéndose la subsecuente, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 30
1. Los diputadosy diputadas que no se inscriban orenuncien a un grupo parlamentario serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular
Los diputados sin partido durante el primer año de ejercicio de cada legislatura no podrán integrarse a grupo parlamentario diverso al partido político al que fueron electos
Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo 6
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. a XI. ..
XII. Formar parte de un Grupo o renunciar a él, de acuerdo a sus ordenamientos
La renuncia no podrá realizarse dentro del primer año de la Legislatura de que se trate
XIII. a XX. ..
Artículo 8
1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:
I. a XX. ..
XXI. Permanecer en el Grupo del partido político por el que fue electo durante el primer año de la Legislatura de que se trate;
XXII. Las demás previstas en este Reglamento
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018. Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
EXHORTO AL EJECUTIVO DE GUERRERO, PARA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO 487 PARA PREVENIR Y ATENDER EL DESPLAZAMIENTO INTERNO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a cumplir el mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487, para prevenir y atender el Desplazamiento Interno en dicho estado, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El presente diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que es de reconocer que el Estado Libre y Soberano de Guerrero ha enarbolado la defensa y protección de derechos humanos de todos sus habitantes y de aquellos que lo visitan, tales afirmaciones se ratifican en el transcurso de su historia, pues con la creación de la Procuraduría Social de la Montaña en el año de 1987 se inició esa incesante lucha, seguidamente se instituyo la Procuraduría de la Defensa del Campesino y finalmente, en septiembre de 1990, se creó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado
Que, ante la necesidad de continuar izando la dignificación de los derechos humanos en el Estado, se promulgó la Ley número 487 Para prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de Guerrero
La legislación es resultado de un clima generalizado en el país, dado que el fenómeno denominado Desplazamiento forzado interno es un hecho cotidiano y creciente en el cual se estima que a finales de 2016 se tenían al menos 310 mil 527 personas en esta situación
La citada Ley 487 surgió como una herramienta en el año 2014, período en el cual los movimientos de desplazados encontraban su mayor repunte, provocado por diversos fenómenos naturales, sociales y de inseguridad
Que, hoy los registros no oficiales citan más de 15 mil personas en situación de nómadas, obligadas a moverse constantemente de sus comunidades
El Instituto de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica en 2014, evidencio un desplazamiento de 12 mil 590 personas, principalmente provocados por la violencia e inseguridad
En la actualidad el conjunto de esos hechos y la ausencia de cifras confiables y oficiales sumado a la nula diligencia de las instituciones estatales continúa acentuando la falta de atención adecuada a las familias desplazadas
La entidad guerrerense esta siento reconocida no solo por ser un paraíso turístico, sino por los emigrados de la región centro, la costa chica, Acapulco, por citar algunos
Que, esos datos no son cosa menor, pues la Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Publica, dictaminó que tan solo en el año 2016 la tasa de víctimas, por cada 100 mil habitantes en el Estado, es del orden de 32 mil hombres y 31 mil mujeres
Asimismo se suman a estos actos de inseguridad la pobreza
Que acciones como las señaladas anteriormente han sido señaladas por la Organización de las Naciones Unidas como detonadores de la fragmentación social, en lo cultural, empleo, salud, dignidad humana, adema de dificultar el acceso a la alimentación y vivienda digna
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único:La Cámara de Diputados, exhorta de una manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de Guerrero para que a la brevedad se dé cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de septiembre de 2018. Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE SUSTRACCIÓN DE MENORES Y FORTALECER LOS PROTOCOLOS DE EMISIÓN DE ALERTAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal a implantar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El presente diputado, Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho dio a conocer que del total de personas desparecidas en el país el 18 por ciento de los casos son menores a los 17 años de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas
Asimismo la organización señala que en los últimos doce años se reportaron oficialmente al menos 5 mil 452 menores desaparecidos de los cuales 3 mil 217 son niñas y 2 mil 235 niños.1
Otra organización denominada Red de Madres Buscando a sus Hijos reportó que entre el 2006 y el 2017 en México se reportaron más de 27 mil 605 casos de niños extraviados
Ambas organizaciones coinciden en que una gran cantidad de víctimas proviene de estados como Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala
Por su parte, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México reportó que hasta el 2016 había 45 mil niños y adolescentes desaparecidos, los cuales podrían ser víctima de la explotación sexual, así como de la venta y tráfico de órganos.2
En la tabla anterior3 se detalla y confirma que no existe una cifra oficial que se acerque a la realidad actual. Todas las mostradas tienen un margen diferente
Que un punto de coincidencia de las organizaciones de derechos humanos encargadas de estudiar el caso de menores extraviados señala que este sexenio ha sido el más alto en el número de casos que involucran a personas de menos de 18 años
Que el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5 por ciento (mil 057) corresponde a población de 17 años o menos
Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.4
Que, nuestro país el pasado día 2 de mayo de 2012, puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, para coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional
Existen diversos tratados de los cuales México es firmante y obliga a cumplir con ello
Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Artículo 18, párrafo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
Existen recomendaciones realizadas a nuestro país para aplicar medidas de contención como:
i) Prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes;
ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la
iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la
iv) reparación y medidas de asistencia social
Que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad que la autoridad responsable, articule las acciones emprendidas para la prevención y, en su caso, la recuperación expedita de los menores desaparecidos
Se debe mejorar sustancialmente el registro estadístico de las desapariciones
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
PrimeroLa Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que en el ámbito de su competencia analicen los protocolos de búsqueda de menores, se agilicen las reglas de declaración de alertas y se implementen campañas de prevención para evitar la sustracción de menores
Segundo.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el alcance de sus facultades implementen una campaña de prevención en los centros escolares de educación básica, para obviar la sustracción de menores de edad
Notas
1 www.sinembargo.mx
2 www.reporteindigo.com
3 www.arenapublica.com
4 www.alertaamber.gob.mx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2018. Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
EXHORTO A LA CRE, A RECTIFICAR LAS FÓRMULAS Y REAJUSTAR LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL EN LA DIVISIÓN BAJÍO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división Bajío, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial
Consideraciones
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), es el órgano de la administración pública federal centralizada, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética
La CRE está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades
El artículo 3 del Código de Conducta de la CRE establece que la misión de la Comisión es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad
Con fecha 13 de septiembre del presente año, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno, la CRE aprobó el acuerdo por el que se modifica el anexo B del acuerdo A/017/2018, relativo a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de septiembre a diciembre de 2018
Este incremento en los costos de producción pone en riesgo la estabilidad de empresas que generan miles de empleos en la región. El objetivo central de la política económica debe ser promover un crecimiento vigoroso, sostenido y sustentable, que genere empleos bien remunerados y mejore el nivel de vida de los mexicanos, particularmente de los que presentan condiciones de mayor marginación
Para alcanzar dicho crecimiento se requiere de la acumulación de capital, incrementos constantes en su productividad, aumentos en la disponibilidad de infraestructura pública y la instrumentación de políticas que favorezcan la eficiencia; además de mantener un marco de estabilidad, el aumento en los precios de la energía eléctrica abona a la incertidumbre, al aumento de costos de producción que repercutirán en los precios que los consumidores finales deberán pagar por los productos; en este sentido, este incremento tendrá reflejo de manera inmediata en la renta de las familias
Esto último, derivado de lo que se percibe como un excesivo incremento de hasta 80 por ciento del cobro en las tarifas eléctricas acumulado en el último año de operaciones, por lo que las y los diputados federales en el ámbito de nuestras facultades debemos fomentar la inversión, como medida de generar bienestar en la población en general
Como el propio código de conducta de la CRE se lo indica, ésta tiene la responsabilidad de generar certidumbre que aliente la inversión productiva en beneficio de la sociedad, no obstante, con el empeño presentado en hacer oídos sordos a las demandas de los diversos sectores comerciales e industriales pareciera ser que no tiene interés en cumplir con el mandato para el que fue creada
Como representantes populares las y los diputados, tenemos la responsabilidad de atender con apremio los asuntos inherentes a la estabilidad laboral y económica de las familias mexicanas, ya que de este aspecto dependen muchos otros que apuntalan el buen desarrollo de nuestra sociedad
No podemos ser insensibles ante el llamado de quienes generan fuentes de empleo como es el caso de la industria guanajuatense. Ante el inminente riesgo que estos aumentos representan para su subsistencia, es necesaria la búsqueda de alternativas viables que permitan el fomento de la producción en la industria nacional a fin de evitar que las empresas se vean en la necesidad de desaparecer y los huecos productivos den la oportunidad de ingreso a mercancías extranjeras de bajos costos, pero mala calidad que afectan el patrimonio de las familias mexicanas, tanto de productores como de consumidores
Finalmente, consideremos que la economía nacional no puede ser detenida y esperar a que llegue el primero de diciembre para que sean atendidas las necesidades más apremiantes. México es hoy y ahora un país vivo, con necesidades latentes que requieren de atención inmediata, sin sesgos de coyuntura o de comodidad política
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que rectifique las fórmulas y reajuste a la baja las tarifas finales del suministro básico para el uso comercial e industrial en la División Bajío, ante el incremento excesivo en la facturación del consumo energético del sector, así como a establecer los mecanismos necesarios de conciliación que permitan la regularización de posibles adeudos a efecto de minimizar el riesgo del cese de actividades
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018. Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
EXHORTO AL PODER JUDICIAL FEDERAL, A ACTUAR CON MAYOR DILIGENCIA Y CELERIDAD EN CASOS DONDE SE DIRIMAN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ESPECIALMENTE LOS RELACIONADOS CON LA GUARDA Y CUSTODIA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en los casos donde se diriman los derechos de niños y adolescentes, en especial los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En semanas recientes, se ha dado a conocer el caso de la señora Mayte López García, quien denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, Noé Castañón Ramírez, quien el 22 de septiembre de 2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en la Ciudad de México, donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza y le arrebataron a sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los niños tenga convivencia o contacto con ellos
Mayte López acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México a fin de que a través de su intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su ex pareja, sin embargo, la actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia familiar de la Ciudad de México se ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha interpuesto diversos juicios de amparo en Ciudad de México y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la dilación en la resolución de estos juicios ha impedido que la señora Mayte pueda reencontrarse con sus hijos1 y ha impedido el ejercicio de los derechos también de los menores
La señora Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen en el ámbito penal
Noé Castañón es actualmente senador electo, por ello un grupo de senadoras y senadores lo exhortaron para que no rindiera protesta como senador y esperara a que se resuelva su situación jurídica, ya que el fuero fue pensado como una inmunidad para proteger nuestra labor legislativa, no para gozar de impunidad y utilizarlo para evadir responsabilidades personales
Asimismo, se exhortó a la Mesa Directiva del Senado de la República, presidida por el senador Martí Batres Guadarrama, para que no le tomara protesta, precisamente para evitar que el fuero se convierta en una herramienta para evadir responsabilidades legales y se extienda para salvaguardar intereses personales, y porque desde el Poder legislativo se debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de las personas menores de 18 años previstos en el artículo 4o. constitucional.2 En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño, niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de 18 años.3
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del interés superior del niño, en los casos deguarda y custodia, implica que se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño.4
En ese sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción,la guarda y la custodiade niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con unadiligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades.5
El retardo en la resolución de los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón ha contribuido a mantener una situación arbitraria que se ha vuelto perjudicial para los intereses de los niños, ya que se les ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia familiar sino además el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La dilación en los procedimientos jurisdiccionales en particular en el ámbito federal ha constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los niños y su prolongación en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de la propia madre de éstos
De acuerdo con organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC, Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, AC, y el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, AC, los juicios de guarda en México suelen prolongarse de cuatro a siete años, y cuando están involucrados personajes con poder político y ecónomico suelen ser utilizados como una forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones de desigualdad y prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos durante la primera infancia. Es decir, el caso de Mayte López García y sus hijos evidencia toda una práctica en México
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez
Segundo. Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin de verificar que no exista ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de amparo
Notas
1 Se presentó un juicio de amparo el 23 de marzo de 2017 el cual fue sobreseído y actualmente se encuentra recurrido a través del amparo en revisión 80/2018 presentado en febrero de 2018. Este juicio fue motivado por la cancelación de medidas de seguridad que había solicitado Noé Castañón Ramírez en contra de Mayte López García
El otro juicio de amparo indirecto presentado el 6 de octubre de 2016, se tramito ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 972/2016, juzgador que decreto la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se llevara a cabo la plática con los menores hasta en tanto no se resolviera en definitiva el juicio de amparo. Este juicio, después de una revisión y diversos retrasos, fue resuelto en el mes de agosto pasado. Es decir, casi dos años después
2 Tesis aislada: 1a. XIVii/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, abril de 2011, p. 310. Registro ius: 162354
3 Tesis aislada: 1a. XV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, febrero de 2011, p. 616. Registro ius: 162807
4 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 109
5 Cfr. Asunto L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, Considerando 16
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN LOS ESTADOS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las 32 entidades federativas a adecuar su marco normativo para incorporar medidas que aseguren el cumplimiento en la práctica de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el Convenio número 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detalla que:
Los pueblos indígenas son todos los descendientes de las poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica que actualmente pertenece al país, donde se asentaron en la época de la Conquista, la Colonización o del establecimiento de las fronteras actuales de un país y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o bien, parte de ellas.1
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 señala:
La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.2
Sin embargo, la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir
Lo anterior es de gran consideración a pesar de que según el reporte regional del Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de inversión, en los últimos años se ha visto un aumento significativo en el desarrollo de procesos de consulta previa para proyectos de inversión, pero esto no necesariamente ha significado una disminución en la judicialización de las medidas consultadas, pues aún existen importantes diferencias de criterios e interpretaciones respecto de las obligaciones contenidas en el Convenio número 169, sobre las expectativas y resultados de los procesos de consulta, así como también cuestionamientos a las metodologías utilizadas.3
La importancia de la consulta en materia indígena es de gran calado pues es a través de ella que toda comunidad y/o pueblo indígena conocerá de los elementos necesarios para determinar si, en su opinión, existe una afectación a sus derechos
Es decir que la consulta es una herramienta que permite la armonía para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información para conocer, emitir, intervenir y estar en aptitud de ofrecer elementos que demuestren las afectaciones a sus derechos y/o subsistencia por la o las acciones y, en su caso, dar su consentimiento previo, libre e informado
En la actualidad las comunidades indígenas y originarias han sufrido muchos embates de autorización de los denominados megaproyectos, sin haber sido consultados, considerados y sin haber tomado en cuenta el respeto irrestricto a la consulta, provocando un desplazamiento interno creciente
Si queremos que las comunidades indígenas no sean los eternos perjudicados de dichos proyectos y varias leyes o políticas públicas, es fundamental asegurar que su voz sea escuchada. Esto aplica también para las iniciativas que pretenden ayudar a las comunidades indígenas: hay que superar la tradición del asistencialismo y asegurar el derecho de los pueblos indígenas de decidir sobre el modelo de desarrollo que ellos quieren.4
Es importante señalar que en México habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas indígenas y 364 variantes etnolingüísticas.5
No obstante lo anterior solo dos entidades federativas, San Luis Potosí y Durango, contemplan dentro de su legislación leyes sobre consulta y reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas: antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, teniendo en cuenta que este ejercicio debe ser previo, culturalmente adecuado, informado, a través de los representantes y de buena fe, la SCJN enarbola la necesidad de determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados
Ante panoramas cada vez más impropios en la vida diaria y con posibles repercusiones a futuro de los pueblos indígenas, la libre determinación es el único camino para que los problemas que enfrentan las comunidades se resuelvan desde la visión de las propias comunidades
Es materia de la presente legislatura para que se trabaje desde una óptica propositiva, que logre amalgamar el interés del derecho del Estado a regular en beneficio del interés público y las garantías de protección de los derechos de los pueblos indígenas
Que según el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT, los procedimientos para consultar deben ser apropiados y mediante sus instituciones representativas
Por lo cual se entiende que todo proceso de diálogo debe realizarse a través de procedimientos adecuados, con apego a las tradiciones
Igualmente el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT, manifiesta que los estados deben adoptar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de su competencia y, en armonía con sus congresos locales y con la participación estrecha de los pueblos indígenas, adecuen el marco normativo vigente en sus estados para incorporar en su legislación medidas que aseguren el cumplimiento, en la práctica, de las normas nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
Notas
1 https://www.ilo.org/
2 http://www.diputados.gob.mx/
3 https://www.ilo.org/
4 https://www.hchr.org.mx/
5 http://www.inali.gob.mx/pdf/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018. Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen
PRESUPUESTO CON DISCIPLINA EN EL GASTO, PARA OBTENER FINANZAS PÚBLICAS SANAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a privilegiar en la elaboración del paquete económico de 2019 un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener finanzas públicas sanas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que las finanzas públicas para un país son de vital importancia derivado ya que a través de ellas se pueden estructurar los sistemas y las maneras por medio de las cuales el Estado se procura recursos financieros necesarios para su operación
Que entre los objetivos planteados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2018, la proyección es obtener un superávit primario impulsado por la contención del gasto y el incremento de los ingresos
Que a la fecha se ha generado una mayor captación de ingresos respecto de lo programado, pues para el segundo trimestre de 2018, se superaron las metas de la postura fiscal programadas para el periodo, dado que el Balance Primario registró un superávit de 121.1 miles de millones de pesos (mmp), monto superior en 113.4 mmp a lo programado para el periodo.1
Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el segundo trimestre de 2018, el producto interno bruto (PIB) tuvo una elevación real anual de 2.69 por ciento; lo que está acorde con lo presentado en los CGPE
Que el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior ha mostrado una tendencia ascendente presentando ya 58 meses de alzas consecutivas
Para el me de abril de 2018, el consumo manifestó un decano acentuado al subir 4.44 por ciento, cifra por arriba de lo observado en el mismo mes de 2017 de 1.31 por ciento
Que durante el primer trimestre de 2018 los ingresos presupuestarios se ubicaron en un billón 261 mil 313.1 millones de pesos (mdp), lo que implicó un aumento de 123 mil 337.1 mdp respecto a lo previsto.2
Los ingresos petroleros superaron el monto estimado en 27 mil 120.8 mdp, 8.6 por ciento mayor en términos reales respecto de los obtenidos en el primer trimestre de 2017
Que sin embargo la organización México Evalúa, también ha dado a conocer un factor muy importante dentro de las finanzas nacionales, que es la deuda pública, para el cierre de 2017 se tenía una deuda de 46.8 por ciento con respecto del producto interno bruto (PIB).3
Es ineludible subrayar que en cinco años el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), en donde se congregan todas las obligaciones financieras contraídas por el gobierno federal, es decir, la deuda del sector público federal, pasó de 37.2 por ciento del PIB a un posible cierre en 2018 de 45.5 por ciento, según proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
4
Que, comparando las posturas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo para el sexenio 2018-2024, ha declarado que recibirá un país en bancarrota, según la Real Academia de Española la definición de Bancarrota es;
Del it. bancarotta
1.f. Quiebra de una empresa
2.f. Ruina económica
3.f. Hundimiento o descrédito de un sistema o doctrina.5
La definición anterior significaría un periodo de grave crisis para el país durante el periodo de transición, estaríamos en la antesala de suspender los pagos de la deuda pública y con los privados. Asimismo estarían por cerrarse las posibilidades de adquirir algún tipo de préstamo para cumplir con las obligaciones
La planeación para el desarrollar de programas y políticas públicas residirían en un riesgo volátil
Que, por su parte, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, negó que el país esté en bancarrota, señaló que gracias a que la economía tiene cimientos sólidos, se puede referir a que la inflación está estable y con una moneda nacional con un sólido poder adquisitivo
Por lo tanto, es una tarea de gran envergadura que los trabajos de elaboración del paquete económico para 2019 se realicen con profundo análisis y compromiso por parte del equipo del secretario de Hacienda, doctor José Antonio González Anaya, y el equipo de transición, para garantizar estabilidad económica, sin que se ponga en riesgo con las decisiones por la implementación de nuevos programas que generarían un incremento del déficit público
El paquete económico será realmente la primera acción económica de gran impacto del gobierno entrante, en él se definirá la responsabilidad de las finanzas públicas, las áreas a privilegiar y el énfasis que se quiere dar a determinadas políticas públicas
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga de conocimiento público el estado que guardan las finanzas públicas al cierre del sexenio 2012-2018, así como un balance de su evolución durante la presente administración
Segundo.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el alcance de su competencia y en los trabajos de elaboración del Paquete Económico de 2019, que se está trabajando con el equipo de transición del próximo encargado del Ejecutivo, se privilegie un presupuesto con estricta disciplina en el gasto para alcanzar el objetivo de obtener unas finanzas públicas sanas
Notas
1 http://www.cefp.gob.mx/
2 Ibíd
3 https://www.mexicoevalua.org/
4 https://www.forbes.com.mx
5 http://dle.rae.es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018. Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
CONDENA LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el estado de México, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Reyes Montiel, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con base en las siguientes
Consideraciones
En días pasados, debido a la alarmante situación de violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en el estado de México, organizaciones, víctimas y colectivos, exigieron a las autoridades correspondientes, emitir una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en toda la entidad
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad mexiquense es el lugar más peligroso para ser niña o adolescente. Desde el año 2015, se han registrado 32 casos de feminicidios de menores de edad, lo que vuelve al territorio el número uno a nivel nacional en esta problemática. Adherido a esto, ocupa el primer sitio en homicidios dolosos de mujeres menores de edad con 102 casos de los 696 reportados en las cifras oficiales, y el segundo lugar en lesiones dolosas contra este mismo grupo al registrar mil 479 víctimas de 12 mil 866.1
Aunque desde julio de 2015 ya opera una AVGM en once municipios: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl; organizaciones han denunciado que las acciones de la alerta no han tenido el impacto necesario para prevenir o mitigar el grave fenómeno de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.2
En los once municipios, durante los tres años de la AVGM, se han registrado 113 feminicidios de los 228 en todo el estado. Es decir, al año se cometieron aproximadamente 76 de estos crímenes en la entidad.3
Además, el estado de México es, en todo el país, el de mayor número de casos de mujeres desaparecidas, con mil 790 oficialmente registrados, representando la situación un aumento en los últimos tres años de 227 por ciento.4
De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los asesinatos de mujeres en territorio mexiquense ocurren con extrema violencia, siendo 6 de cada 10 casos con estas características; asimismo, 59.76 por ciento de los cuerpos fueron localizados en lugares públicos
Todas estas cifras indican que el estado de México no es sólo es el lugar más peligroso para ser niña o adolescente, sino también el más peligroso para ser mujer. El número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en la entidad es casi dos veces superior que en otros estados de la República.5 Las autoridades no pueden mantenerse indiferentes y omisas ante esta situación
Al respecto, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en julio del presente año formuló recomendaciones específicas sobre la situación de las mujeres en México y le pidió al Estado mexicano adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD celebra que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) admitiera en pasados meses la solicitud de sociedad civil para que sea declarada una segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de México, y se conformara el grupo interinstitucional de trabajo que evalúa la solicitud de ésta.6
Sin embargo, nos sumamos a la exigencia de sociedad civil para que el grupo interinstitucional emita un informe y recomendaciones a las autoridades mexiquenses que contemple la implementación de medidas urgentes de prevención, investigación, sanción y combate a la desaparición de mujeres en la entidad.7
Garantizar la vida y el libre desarrollo de las mujeres es una obligación de Estado, a la que el gobierno está fallando en la entidad mexiquense, debemos poner un alto al aumento de esa violencia que cobra la vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes que azota al estado de México
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a hacer público el informe del grupo interinstitucional de trabajo con recomendaciones que contemplen la implementación de medidas urgentes de prevención, investigación, sanción y combate a los feminicidios y desaparición de mujeres y niñas en el estado de México
Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer pública la información sobre el avance de las acciones en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de México
Notas
1 Hernández, S. Estado de México: el lugar más peligroso para ser niña o adolescente. Consultado en línea el 18 de septiembre de 2018 en:
https://www.mexico.com/nuestras-causas/estado-de-mexico-el-lugar-mas-peligroso-para-ser-nina-o-adolescente/
2 Animal Político. Colectivos y familiares exigen segunda alerta de género en el Edomex; la que está activa no funcionó, acusan. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en:
https://www.animalpolitico.com/2018/09/segunda-alerta-genero-edomex/
3 Ramos, F. Tres años de Alerta: 228 feminicidios en Edomex. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en línea en:
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/tres-anos-de-alerta-228-feminicidios-en-edomex.-en-los-11-municipios-con-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-persisten-agresiones-1874353.html
4 Animal Político. Colectivos y familiares exigen segunda alerta de género en el Edomex; la que está activa no funcionó, acusan. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en:
https://www.animalpolitico.com/2018/09/segunda-alerta-genero-edomex/
5 Leticia, G. Edomex encabeza casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, alerta ONG. Consultado en línea del 19 de noviembre de 2018 en:
https://www.proceso.com.mx/541929/edomex-encabeza-casos-de-mujeres-adolescentes-y-ninas-desaparecidas-en-el-pais-alerta-ong
6 Ibídem
7 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputada Claudia Reyes Montiel (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
EXHORTO A LA PGR, A HACER PÚBLICOS LOS AVANCES EN TORNO A LA DENUNCIA SOBRE ESPIONAJE CON EL PROGRAMA PEGASUS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa Pegasus, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El reportaje Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos señaló que entre enero de 2015 y julio de 2016 fueron ejecutados diversos ciberataques en contra de comunicadores y activistas mexicanos orquestados por el gobierno de México, que adquirió unsoftware de espionaje llamadoPegasus desarrollado por la compañía israelíNSO Group Technologies Ltd
De acuerdo con la investigación, la empresa que diseñó el malware condiciona su venta a que se utilice únicamente para vigilar criminales, o prevenir amenazas de seguridad nacional.1 Sin embargo, entre las personas que fueron espiadas destacan ciudadanos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), lo que se contrapone a la condición de venta del programa informático y demuestra que más allá de utilizar la tecnología para combatir al crimen organizado, ésta se usa para espiar a activistas y periodistas. Los hechos fueron objeto de una querella radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017
Debido al escándalo que resultó la exposición de la vigilancia a ciudadanos mexicanos, en el año 2017NSO Group Technologies Ltd declaró que en circunstancias en las que exista una investigación oficial por mal uso de su producto, su política es terminar las ventas comerciales y suspender las actividades existentes hasta saber el resultado de la investigación.2
Pese a lo señalado, el 18 de septiembre del año en curso, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, publicó un reporte que señala que elmalware Pegasus sigue siendo utilizado en nuestro país para actividades de vigilancia
En el documento, señalan que entre agosto de 2016 y agosto de 2018 fueron detectadas mil 91 direcciones IP y mil 14 dominios que coinciden con la infraestructura deNSO GroupTechnologies Ltd; también identificaron tres operadores de Pegasus activos en México. Aunado a esto, los ataques incluyeron suplantación de los dominios del sitio de noticiasAnimal Político, y del servicio de noticias por SMSUNO Noticias a través de la estrategia dephishing.3
La evidencia sugiere que existen 17 posibles infecciones de estemalware todavía vigentes [y que pese a la] investigación en curso, esto no parece haber resultado en el término de las operaciones de Pegasus en el país.4
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil han señalado que se debe constituir un panel de gente experta que investigue el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
El uso ilegal desoftware espía en el país no es un tema menor, las autoridades están obligadas a proteger a la ciudadanía no a espiarla o amedrentarla. El uso de los recursos públicos no puede ejecutarse en contra de la sociedad mexicana sino a su favor y en la total transparencia
Garantizar el derecho a la verdad y la justicia, es una obligación institucional a la que no podemos darle la espalda. Además, el derecho a la privacidad no puede ser allanado por las autoridades
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer públicos los avances en torno a la denuncia presentada por el caso de espionaje con el programa tecnológico Pegasus, que fue radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a constituir un panel de personas expertas de talla nacional e internacional para que de manera imparcial y exhaustiva investiguen el uso dePegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y otra que resultara afectada
Notas
1 BBC Mundo, Cómo esPegasus, elsoftwarecapaz de vigilarte usando la cámara y el micrófono de tu teléfono en el centro de un escándalo de espionaje en México. Consultado en línea el 23 de septiembre en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40336088
2Animal Político. Pegasus sigue activo en México: suplantan identidad deAnimal Político para espiar. Consultado en línea el 23 de septiembre de 2018 en:
https://www.animalpolitico.com/2018/09/pegasus-suplantan-identidad-animal-politico/
3 Conocido como suplantación de identidad, es un término informático que denomina un modelo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas
4Animal Político. Pegasus sigue activo en México: suplantan identidad de Animal Político para espiar. Consultado en línea el 23 de septiembre de 2018 en:
https://www.animalpolitico.com/2018/09/pegasus-suplantan-identidad-animal-politico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE HABITANTES Y TURISTAS EN ACAPULCO, Y REFRENDAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA DEL AYUNTAMIENTO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a garantizar la seguridad de los habitantes y los turistas del puerto de Acapulco y refrendar el respeto de los derechos humanos de los integrantes de la policía local, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que el turismo se ha convertido en un eje fundamental en el desarrollo del comercio internacional en especial por la fuente de ingreso que este representa para países con una alta diversificación de destinos
La misma organización informó en su análisisPanorama OMT del Turismo Internacional, que México subió dos lugares en 2017 en elranking mundial frente a lo registrado en 2016. El país recibió 39.3 millones de turistas internacionales el año pasado, 68 por ciento más que en 2012.1
Según la Secretaría de Turismo, a traves de su informe de resultados de la actividad turística en 2018 dio a conocer que:
El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a mil 941 millones de dólares, lo que representa un incremento de 0.7 por ciento con respecto a enero de 2017
La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 916 millones de dólares, nivel inferior en (-) 10.6 por ciento al observado en enero de 2017.2
Que el turismo para el país, en materia de generador de empleo, ocupa un papel de relevancia pues como dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur) en el cuarto trimestre de 2017, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los 4 millones 95 mil empleos, cifra que marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6 por ciento del empleo total nacional
Si bien es cierto que se han emprendido acciones para colocar al país México e impulsarlo como un destino atractivo a través de la diversificación e innovación de la oferta de producto y consolidación de destinos existe una materia pendiente por atender, la seguridad
En 2017 México se ubicabá en la posición 22 de 136 países en el índice de Competitividad de Viajes y Turismo, pero en materia de seguridad se encontraba en la posición 113 de los mismos 136, esto según el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF)
El informe anteriormente citado subraya que, junto con la sustentabilidad ecológica de la infraestructura turística, la inseguridad es uno de los principales obstáculos que frenan el turismo en México.3
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos del fuero común.4 Que unos de los estados más denominado como de los más peligrosos según lo definió el estudio Índice de Paz México 2018, es Guerrero, el cual se posiciona en el segundo lugar nacional
El estado de Guerrero pasó del lugar 32 que ocupó en 2016, al 31 en 2017, esto derivado a la escalada de violencia en Baja California Sur
La entidad registró una tasa de homicidio persistentemente alta, para 2017 aumentó 12 por ciento, para ubicar este delito en 69 por cada 100 mil habitantes
El estado de Guerrero se ubica dentro de los estados peor calificados en el Índice de Paz Positiva México (IPPM) junto con Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Morelos
Que Guerrero ocupa el sitio 27 en percepción de seguridad en espacios públicos, pues sólo 22 por ciento de la población dijo sentirse segura en su municipio
Según el Observatorio Nacional Ciudadano, en la entidad guerrerense durante el año 2017, se superó la tasa nacional de cuatro delitos: homicidio doloso más feminicidio (195.90 por ciento), secuestro (78.18 por ciento), homicidio culposo (13.13 por ciento) y extorsión (6.4 por ciento).5
Que dentro de Guerrero los tres municipios más poblados superaron las tasas estatales y nacionales de los cinco delitos analizados
Los mayores problemas en Acapulco fueron en materia de homicidio doloso más feminicidio, secuestro del fuero común y extorsión, al superar las tasas nacionales en un rango entre 82.75 y 314.00 por ciento respectivamente.6
Que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y Justicia Penal, AC, elaboró el ranking de las ciudades de más de 300 mil habitantes, con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, dentro de las cuales destaca Acapulco, Guerrero, en tercer lugar
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Que datos como los anteriormente citados provocan que el turismo se vea impactado de manera negativa, ejemplo de lo anterior en el caso del estado de Guerrero, el Departamento de Estado del país vecino incluyó, una prohibición para que el personal de gobierno visite dicha entidad, incluyendo Acapulco, municipio que ha tenido un incremento en sus niveles de inseguridad en los últimos años
Que como una acción para contrarrestar los datos anteriores el pasado 25 de septiembre fuerzas federales y estatales entraron a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco
Que los ejecutores de las acciones en el municipio de Acapulco fue el denominado Grupode Coordinación Guerrero, integrado por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el gobierno del estado de Guerrero
Que en el operativo se realizaron labores de desarme a policías municipales y verificaciones al personal, se verificaron chalecos antibalas, armamento, cartuchos, radios comunicadores quedando bajo resguardo del estado
Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento
Que como acción principal se informó que todos los elementos que conforman la seguridad municipal serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia y tras el operativo en la Secretaría de Seguridad Publica del Municipio de Acapulco, se garantice la paz social y la seguridad de los habitantes del municipio así como de los turistas nacionales e internacionales que acudan al puerto de Acapulco
Segundo.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se garantice el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la policía municipal del ayuntamiento de Acapulco
Tercero.La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Guerrero para que haga públicos los resultados del operativo realizado en el municipio de Acapulco el pasado 25 de septiembre de 2018
Notas
1 http://www2.unwto.org/
2 http://www.datatur.sectur.gob.mx
3 https://www.weforum.org/
4 Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo individual
5 http://onc.org.mx/
6 Ibíd
7 https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018. Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen