«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La corrupción es un problema transversal que en México ha alcanzado índices de destrucción del estado de derecho, todos los organismos nacionales e internacionales colocan a México en los primeros lugares, sea cual sea el tema que se relacione con mediciones de corrupción.

Actualmente, el país ocupa el primer lugar en el porcentaje de ciudadadanos que han sobornado a algún funcionario público para acceder a un servicio público gratuito u obligatorio para el funcionario; o bien, para librarse de alguna imposición, pago o sanción.

La corrupción tiene varios planos que deben ser atajados: la impunidad galopante que impera en nuestro territorio, el altísimo número de funcionarios que incurren en actos de corrupción, el índice de 51 por ciento de población que recurre a medios transgresores de las disposiciones administrativas y las autoridades jurisdiccionales que con medios propios de corrupción, liberan y solapan a otros actores y otros actos de corrupción.

Argumentos

El Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en operación en julio de 2017, no ha logrado mayores avances de los que se obtuvieron al ser aprobados los mecanismos legislativos de este sistema en julio de 2016. De la población mexicana, 61 por ciento percibe que la corrupción en el país va en aumento.

La corrupción no es un crimen sin víctima, el Estado mexicano y el desarrollo integral de nuestro país pagan la factura de nuestra convivencia diaria con los actos de corrupción, se calcula que se pierden 347 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con los más recientes números de la organización Transparencia Internacional, mientras tanto el Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción mexicana equivale a 2 por ciento del producto interno bruto.

Considerando que esta cantidad representa la mitad del presupuesto del Instituto Mexicano de Seguridad Social o que con ella se podría multiplicar por 10 la cantidad de alunmos de la Universidad Nacional Autónoma de México nos podemos dar cuenta que en dos rubros de trascendental importancia, la corrupción impide radicalmente el desarrollo nacional.

Sobra decir que el desarrollo social en todos sus aspectos no solo se ve comprometida, si no totalmente sometida al arbitrio de los funcionarios que desvían los recursos a su cuenta personal o pactan con particulares ganancias a cambio de permitir graves transgresiones de la ley en todos sus esferas, ámbitos y materias, esto, con total indolencia hacia los beneficiarios de los diversos programas de desarrollo.

Es muy probable que los corruptos y corruptores simplemente no imaginen la cadena de elementos perniciosos que engarza en su totalidad y que proviene de sus actos de corrupción, no es ninguna exageración decir que la corrupción no solo cuesta dinero y desarrollo, la corrupción cuesta vidas directa e indirectamente.

La impunidad que se deriva de la corrupción de los sistemas de persecución de delitos y administración de justicia agrava directamente la comisión de delitos y el ascenso de la violencia aplicada por los delincuentes, al saberse protegidos e impunes, no cabe duda que la corrupción estimula el narcotráfico, la trata de personas, la desaparición forzada, los secuestros el abuso infantil y la violencia de género, la violencia política y electoral y hasta los simples asaltos a mano armada, todos estos delitos tienen un saldo mortal con números inverosímiles.

Pero no sólo eso: la falta de inversión en el desarrollo o la aplicación distorsionada de esta inversión es causal de incontables muertes, en salud por ejemplo, da lugar a muertes por enfermedades curables, o prevenibles y por casos totalmente previsibles y evitables; en diseño de inmuebles y su arquitectura origina construcciones que no cumplen con las normas, técnicas y principios adecuados de seguridad que lamentablemente provocan graves y numerosas muertes.

Las referencias a los ofensivos efectos de la corrupción pueden ser profusos y siempre serán ominosos y dramáticos, por lo que todas las medidas para hacer frente a la corrupción y sus niveles no sobran en tanto sean viables, justas y aplicadas.

Propuesta

La presente iniciativa, tomando en cuenta el grave avance y la agresiva transcendencia de la corrupción, pretende insertar en las normas nacionales administrativas expresamente la figura de la prevaricación judicial y la inhabilitación permanente de los servidores públicos, así como de los particulares que cometan faltas administrativas graves.

Por una parte, la prevaricación judicial es actora principalísima en la amplia impunidad que caracteriza nuestra realidad social, el dictado de resoluciones injustas o contrarias a la ley, ya sean normas sustantivas o adjetivas, abonan al hundimiento y retroceso del país en todos sus ámbitos y ángulos, por lo que además de su consideración en el Código Penal en su apartado de delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, se busca incluirlo formalmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La corrupción de jueces, magistrados o ministros debe considerarse la peor de las formas de corrupción y una flagrante traición al derecho de la población a la justicia, la seguridad jurídica y un estado de derecho sólido, por lo que lo incluimos en el apartado de faltas graves de los servidores públicos y debiese sancionarse con la inhabilitación ya sea temporal o permanente atendiendo a la gravedad del acto o sus implicaciones.

En cuanto a la inhabilitación permanente se propone para aquellos casos tan graves que socialmente no pueden ser resarcidos con la inhabilitación temporal y mucho menos con el traslado del servidor público corrupto a otra dependencia o entidad de la administración pública, o bien, los que por cuantía superar toda posibilidad de considerar la reintegración de ese funcionario al trabajo público.

Proponemos la cuantía para la inhabilitación permanente en doscientas cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, además de incluir en esta hipótesis normativa a las personas físicas y morales y a los particulares en situación especial.

La inhabilitación permanente para las personas físicas se coloca en los mismos términos que para los servidores públicos con los que unen para realizar actos de corrupción, deriven éstos en delitos o no.

Las personas morales enfrentarán la inhabilitación permanente en la particularización de la prohibición para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a los integrantes de los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de la persona moral, que participen en los actos de corrupción de los que se trate, para evitar que las personas físicas corruptas cambien el nombre de la persona moral y vuelvan a actuar corruptamente.

Y los particulares en situación especial, que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas son los candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, podrían ser inhabilitados permanentemente de acuerdo a la gravedad o cuantía de la falta cometida.

Fundamento

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Único. Se adicionan el artículo 63 Bis, una fracción V y un quinto párrafo al artículo 78, recorriendo el orden de los subsecuentes, un inciso c) en la fracción I y un inciso c) en la fracción II del artículo 81, recorriendo el orden de los subsecuentes y una fracción tercera al artículo 84, recorriendo el orden de los subsecuentes; y se reforma el párrafo cuarto del artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Capítulo IIIDe los Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves

Artículo 63 Bis. Incurrirá en prevaricación el servidor público con competencia jurisdiccional reconocida por la ley que

I. A través de una resolución injusta atenta contra determinadas garantías procesales específicamente tipificadas.

II. Dicta, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, recayendo una resolución manifiestamente injusta.

III. Omita dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.

En los casos en que la resolución haya sido dictada por órganos colegiados, deberán darse en cada uno de los miembros del mismo las características típicas y responderán todos ellos como coautores sin ser suficiente que se haya votado a favor de la propuesta de resolución, siendo preciso que la adhesión se produzca con conciencia de la ilicitud de la misma. Quienes han votado en contra o se han abstenido no asume responsabilidad ninguna.

Existe prevaricación cuando comparadas con cualesquiera de las posibles interpretaciones de la norma la que se hizo resulta manifiesta, clara y terminantemente contrarias al ordenamiento jurídico. La revocación en una segunda instancia de una resolución no da lugar a responsabilidad penal.

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el tribunal a los servidores públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves consistirán en

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica; y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

V. Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, sin posibilidad revertir esta sanción una vez que cause ejecutoria.

A juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaládas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación temporal, será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite y hasta doscientas cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización.

Cuando el monto de afectación de la falta administrativa grave, sea mayor que doscientas cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, la inhabilitación que imponga el tribunal deberá ser permanente.

Cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Título CuartoSanciones

Capítulo IIISanciones por Faltas de Particulares

Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los capítulos III y IV del título tercero de esta ley consistirán en

I. Tratándose de personas físicas:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años;

c) Inhabilitación permanente para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y

d) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

II. Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

c) Inhabilitación permanente para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a los integrantes de los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de la persona moral, que participen en los actos de corrupción de los que se trate;

d) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta ley;

e) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta ley;

f) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta ley.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

A juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las faltas de particulares.

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupcio?n de personas físicas que pertenecen a las no los denuncien.

Capítulo IVDisposiciones Comunes para la Imposición de Sanciones por Faltas Administrativas Graves y Faltas de Particulares

Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares se observarán las siguientes reglas:

I. La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos serán impuestas por el tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del ente público correspondiente;

II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada;

III. La inhabilitación permanente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada; y

IV. Las sanciones económicas serán impuestas por el tribunal y ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad competente de la entidad federativa correspondiente.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: César Agustín Hernández Pérez,Alejandro Viedma Velázquez, Alfredo Femat Bañuelos, Alma Delia Navarrete Rivera, Carmen Medel Palma, Carolina García Aguilar, Edgar Guzmán Valdéz, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Gustavo Contreras Montes, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Jannet Tellez Infante, Juana Carrillo Luna, Julieta Kristal Vences Valencia, Julio César Angeles Mendoza, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lidia García Anaya, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Lizeth Sánchez García, Lorena Villavicencio Ayala, Marco Antonio González Reyes, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Robles Ortiz, Miroslava Carrillo Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olga Juliana Elizondo Guerra, Paola Tenorio Adame, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Santiago González Soto, Sergio Mayer Breton, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del PAN

Josefina Salazar Báez, diputada federal por el V Distrito, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevo a la digna consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona nueva fracción VI al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; con el objeto de establecer por medio de los principios de transparencia proactiva, publicidad y acceso a la información, que todos los documentos producidos durante las etapas del proceso de la alerta de violencia de género, como la solicitud, metodología de investigación, o los avances de la etapa de investigación, sean públicos y accesibles por ley. Con base en la siguiente:

De acuerdo al Capítulo V del Título Segundo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta por violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, con el objeto de garantizar la seguridad de las mujeres, erradicar la violencia en su contra, así como las desigualdades.

Se trata de un mecanismo emanado de la Ley General citada, y que desde el año 2015, se ha declarado en 13 ocasiones en municipios de distintos estados de la república como una contramedida enfocada a remediar las condiciones de violencia contra las mujeres.

Como un conjunto de acciones determinadas, de carácter oficial y federal, la alerta de género se sujeta a la ley y al reglamento pertinentes, sin embargo, a raíz de las propias experiencias de implementación de la alerta de género a lo largo y ancho del país, se impone la necesidad de reflexionar en la necesidad de fortalecer este mecanismo a partir de la legislación sustantiva.

Así, uno de los primeros puntos a considerar, es establecer puntos en común entre el mecanismo de alerta de género, y diversos elementos de avanzada ya existentes en la legislación mexicana.

Ese es el caso de los principios de transparencia proactiva, máxima publicidad y acceso a la información, los cuales se propone sean adicionados a los elementos de la alerta por violencia de género, con la finalidad de que todos los documentos producidos durante las etapas del proceso, verbigracia la solicitud, la metodología de investigación, o los avances de la etapa de investigación institucional, sean públicos y accesibles por ley.

Resulta necesario definir estos principios y de qué forma su inclusión vendrá a fortalecer el diseño de la alerta por violencia de género.

Primeramente, en lo relativo al principio de transparencia, en los últimos años, éste ha estado relacionado al combate a la corrupción de manera que, de acuerdo a especialistas en el tema:

“Si se concibe la transparencia, exclusiva o preferentemente, desde este punto de vista, es decir, como factor preventivo de la corrupción, los indicadores atenderán principalmente al control económico y se buscará comprobar si se publican informaciones tales como los presupuestos, el control de gasto, la adjudicación de contratos”.

Sin embargo, de hecho, el concepto abarca más elementos, y que incluso se proyecta hacía el tema de la democracia y el gobierno:

“De forma amplia, la transparencia se relaciona con el derecho esencial a la participación democrática e incluye, además de la prevención de la corrupción, la información sobre las actuaciones y decisiones políticas para que puedan ser conocidas y evaluadas, y la provisión de información veraz a la ciudadanía y a los medios de comunicación (Bertot, Jaeger y Grims, 2010) en beneficio del control democrático y de las posibilidades de diálogo, participación y rendición de cuentas, (...) la transparencia estaría definida como un ideal democrático que obligaría a las administraciones públicas a hacer accesible para la ciudadanía toda información de interés general”

Por lo tanto, el principio de transparencia conforma la base general para el acceso a la información sobre acciones y decisiones de relevancia pública, y en esa medida, es también la base para la existencia de buenas condiciones de un gobierno democrático.

La forma específica de cristalizar esas condiciones sería por medio del acceso a la información, que es el segundo principio en cuestión, el cual se puede definir como:

“Un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.”

Y dentro de esa misma definición, podemos destacar dos vertientes en el derecho de acceso a la información:

“Transparencia Proactiva: Es la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas;

Transparencia Reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.”

Finalmente, las ideas anteriores se relacionan con el principio de máxima publicidad, que establece que las autoridades deben manejar la información bajo la premisa de que ésta:

“Es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”

La importancia de tales principios respecto a la cuestión de la alerta de género radica en la amplitud de los alcances de la transparencia, en el contexto de una acción pública que se implementa en respuesta a un problema urgente. La disponibilidad y publicidad de la información, establecida en la ley, y sobre todo en el caso de la transparencia proactiva como parte de las acciones institucionales, estimulará la respuesta de las autoridades en el mejor tiempo y forma, así como el involucramiento de la ciudadanía, y una mayor concientización de la sociedad frente a los feminicidios y las condiciones en que ocurren. Elementos que se pueden encontrar ilustrados en las apreciaciones de la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora:

“Para lograr la conciencia social y acortar tiempos de implementación de políticas, resultan favorables los ejercicios de gobierno abierto y transparencia proactiva, asimismo la exigencia y vigilancia social. Esto último es clave, entre otras cosas, para visibilizar las brechas de género en lo laboral, lo político y el ejercicio de los derechos humanos. Cuando la sociedad exige su derecho de acceso a la información propulsa otros derechos, de los cuales las instituciones deben asumirse como catalizadores positivos. Ilustra lo anterior el caso de una persona que recientemente solicitó los informes sombra que existieran en relación a las posibles emisiones de alerta de violencia de género en estados y municipios”.

Respecto a la transparencia proactiva, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), su objetivo es:

“Generar conocimiento público útil, con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.”

Por lo tanto, con esta reforma se busca fortalecer el cumplimiento del objetivo citado, ya que el conocimiento de los aspectos sensibles de la alerta por violencia de género por parte de la sociedad y esencialmente de las mujeres, motivaría el interés de la comunidad, aumentando la visibilidad y la participación, alrededor de un tema que lanza un grave cuestionamiento a nuestro adelanto normativo e incluso social; ya que el feminicidio, como manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, parte de una problemática endémica y que demanda mejoras en los mecanismos institucionales para atenderla, particularmente los de orden preventivo. El garantizar la transparencia proactiva por Ley, no es sino un paso en esa dirección.

Desde el punto de vista legislativo, debemos señalar que existe una disposición de transparencia en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 36 Ter:

Artículo 36 Ter. Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de voto de sus integrantes. En caso de empate, la persona coordinadora del grupo tendrá el voto de calidad. Las posiciones minoritarias deberán constar en un apartado del documento para conocimiento del público interesado.

La documentación y demás información que genere el grupo de trabajo observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás normativa aplicable.

Sin embargo, estimamos que existe una necesidad evidente de fortalecer la transparencia por medio de su inclusión en la Ley General, junto con la necesidad de que sea proactiva, así como de incluir al resto de los documentos en ese requisito, como la solicitud, declaratoria, e informes de las autoridades, además de solo la documentación generada por el grupo de trabajo.

Resta subrayar que, por medio de su objetivo previamente citado, la transparencia proactiva se orienta a un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores determinados de la sociedad; en este caso, las mujeres. El derecho a la información aplicado a los documentos producidos por la solicitud e implementación de la alerta por violencia de género, contribuiría de hecho a la necesidad de ejercer el derecho a una vida libre de violencia; conocer las acciones y los resultados del trabajo de las autoridades y especialistas es fundamental para la ciudadanía.

Finalmente, y de forma global, el objetivo general de la propuesta es avanzar rumbo a la reforma y consolidación de vertiente de transparencia, derecho a la información e involucramiento de la sociedad civil, en la implementación del mecanismo de Alerta por Violencia de Género a través del perfeccionamiento del marco normativo en aras de lograr el pleno cumplimiento de los principios generales de la propia Ley General de Acceso.

Fundamento Legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el V Distrito, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y artículo 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de transparencia y acceso a la información referente al mecanismo de Alerta por Violencia de Género

Único. Se adiciona nueva fracción VI al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

...

VI. Observar los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, para lo relativo a todos los documentos generados durante todas las etapas del proceso relacionado a la alerta de violencia de género, practicando la transparencia proactiva, prevaleciendo en todo caso la reserva de datos personales de víctimas de agresiones y cuyos casos sustenten la emisión de la alerta de género. La misma restricción aplicará respecto de personas investigadas como autores de dichas agresiones en tanto prevalezca en su favor la presunción de inocencia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Ambas citas de: P Molina Rodríguez-Navas, N Simelio Solà, M Corcoy Rius (2017): “Metodologías de evaluación de la transparencia: procedimientos y problemas”. En:Revista Latina de Comunicación Social, 72, pp. 818 a 831. En:

http://www.revistalatinacs.org/072paper/1194/44es.html Consultado el 15 de agosto 2018.

2 El Derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y principios básicos. Access Info Europe. Junio 2010. En:

https://www.access-info.org/wp content/uploads/El_Derecho_de_ acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdf Consultado el 20 de agosto 2018.

3 Tesis 2002944. I.4o.A.40 A (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013. En:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002944.pdf Consultado el 20 de agosto 2018.

4 Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI. En:

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ ximena-puente-de-la-mora/nacion/2017/03/16/la-transparencia-no-tiene Consultado el 28 de agosto 2018

5 Transparencia Proactiva. En:

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx Consultado el 27 de agosto 2018

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Josefina Salazar Báez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Alfredo Femat Bañuelos, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carolina García Aguilar, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Clementina Martha Dekker Gómez, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Appel Ruffo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Hildelisa González Morales, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juana Carrillo Luna, Julieta Macías Rábago, Julio César Angeles Mendoza, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Barrera Fortoul, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Lizeth Sánchez García, Lorena Cuéllar Cisneros, Lorena Villavicencio Ayala, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marco Antonio González Reyes, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Carmen Cabrera Lagunas, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Guadalupe Almaguer Pardo, María Guadalupe Román Ávila, María Libier González Anaya, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, María Teresa Marú Mejía, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Maribel Martínez Ruiz, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Eugenia Hernández Pérez, Martha Robles Ortiz, Miguel Alonso Riggs Baeza, Miroslava Carrillo Martínez, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruíz, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sandra Simey Olvera Bautista, Santiago González Soto, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del PAN

Josefina Salazar Báez, diputada federal por el V Distrito, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevo a la digna consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona nueva fracción X, con lo que la actual X pasa a ser XI, al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de establecer que el Instituto Nacional de las Mujeres deba incluir dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, la realización de campañas de acompañamiento a la alerta de género, para difundir entre la población en que consiste la alerta por violencia de género, su importancia, y motivos de existencia; con el fin de dar a conocer a la población en general este mecanismo, su alcance, y promover la concientización sobre las graves circunstancias que han llevado a su creación,.con base en la siguiente:

Hasta este momento, la alerta por violencia de género se ha declarado en 13 entidades de la república, si bien existen diversas opiniones alrededor del tema, es necesario retomar puntos de vista surgidos durante la implementación, por ejemplo, emitidas por los grupos de trabajo, que apuntan hacia varios aspectos que pueden ser atendidos para fortalecer el mecanismo.

Por ejemplo, entre los obstáculos que detectaron al momento de formular la solicitud para la alerta, encontraron:

“Falta de conocimiento de parte de la población en general. La población en general y en ocasiones las autoridades desconocen qué es la AVG y cómo funciona.”

Y entre las buenas prácticas que consideran efectivas y positivas para el cumplimiento de los objetivos de la alerta por violencia de género destacan

“Campaña mediática. La presencia en los medios de comunicación ha sido importante para dar a conocer el mecanismo a la población, pero también como un mecanismo de presión a las autoridades.”

Por lo tanto, los grupos de trabajo señalan, por un lado; el problema de la falta de conocimiento general de la alerta por violencia de género y por el otro, el impacto positivo de las campañas de comunicación en varios aspectos.

De hecho, las observaciones vertidas subrayan la necesidad y el impacto positivo de la articulación entre las campañas de comunicación y los programas institucionales, un elemento que no ha pasado desapercibido para especialistas que evalúan el impacto de la comunicación gubernamental en la sociedad, que en muchos casos busca incidir en las actitudes por medio de la concientización social sobre un problema público. Se considera que

“El instrumento fundamental para conseguir una sociedad informada y sensibilizada es el formativo y participativo, dado que uno de los principios orientadores es actuar para que las personas, tras un proceso de aprendizaje activo, modifiquen sus actitudes y comportamientos y, más ambiciosamente, las normas sociales y los patrones culturales...”.

Para el caso específico de la violencia de género, expresada en el feminicidio que es el motivo de la alerta, resulta vital que a largo plazo se modifiquen patrones, actitudes y comportamientos, para sensibilizar a la población, visibilizar el fenómeno y cambiar la actitud de la sociedad y los servidores públicos; para eso a su vez, resulta necesario aumentar el impacto de las campañas de comunicación asociadas a la Alerta, para establecer con claridad el motivo y las circunstancias que la originaron, por lo que la labor de comunicación debe ser sostenida y constante, en la actualidad “la comunicación con visión de género es una prioridad mundial. Sin embargo, los esfuerzos para establecerla e impulsarla tendrán pocos resultados en los hechos si no se comprende y utiliza cotidianamente con eficiencia y compromiso.”

Además, la comunicación respecto a la problemática de género, de acuerdo con los especialistas, se inscribe en un debate de mayor alcance. Ya que uno de los objetivos de las campañas de comunicación social emprendidas por los organismos públicos, es lograr un cambio en las actitudes y prácticas de la sociedad, que pueda ser duradero, y colabore en una transformación estructural de los patrones que han justificado la violencia contra las mujeres.

En lo relativo al género, el valor de la comunicación es ya bien conocido, puesto que entre otros, es un eficaz instrumento para aminorar la desigualdad en la difusión de mensajes afirmativos en pro de la igualdad sustantiva y para evitar la formación de estereotipos en la sociedad:

“La comunicación es un gran apoyo en la construcción de una sociedad más igualitaria, sin estereotipos discriminatorios, que facilita el intercambio de información, motiva a la acción y visibiliza las aportaciones de mujeres y hombres para un orden social basado en el respeto a los derechos humanos.”

En ese contexto las campañas de comunicación emprendidas por los organismos oficiales son de gran valor y utilidad, ya que tienen el potencial para visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia que viven las mujeres, promoviendo la concientización y la observación de los derechos entre todos los que estén expuestos a esos mensajes, además de que se puede proyectar la adopción de medidas preventivas del delito específico o las modalidades que toma en contextos particulares donde se declara la alerta. Operativamente hablando y relacionado a la alerta de género, el Instituto de las Mujeres de Querétaro considera que las campañas:

“Son una estrategia eficaz para la prevención de la violencia contra las mujeres, pues contribuyen a la visibilización de la problemática, incrementan el conocimiento que existe sobre el tema, fortalecen la cultura de la denuncia entre la ciudadanía, propician que el servicio público destine recursos para atender el tema y pueden influir incluso en personas tomadoras de decisiones.”

Por esos motivos, esta iniciativa propone establecer que el Instituto Nacional de las Mujeres incluya dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, la realización de campañas de comunicación, para difundir entre la población qué es la alerta de violencia de género, su importancia, y motivos de existencia.; con el fin de dar a conocer a la población en general este mecanismo, su alcance, y concientizar acerca de las circunstancias que han llevado a su creación.

Se propone así mismo, que el Instituto, deba ejercer esta obligación en conformidad con la Ley General de Comunicación Social, que, por ejemplo, en su artículo 4 define qué se entiende por campaña de comunicación social:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público;

De la misma manera, la Ley citada determina lo relacionado a la Estrategia anual de Comunicación Social, en su artículo 23:

Artículo 23. Los entes públicos deben elaborar una estrategia anual de comunicación social, para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

La estrategia anual deberá contener, cuando sea aplicable:

I. Misión y visión oficiales del ente público;

II. Objetivo u objetivos institucionales y objetivo de la estrategia anual de comunicación social;

III. Metas nacionales y/o estrategias transversales relacionadas con los objetivos señalados en el inciso anterior, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Programa o programas sectoriales o especiales correspondientes al ente público, de ser aplicable;

V. Objetivo estratégico o transversal, según corresponda, alineado y vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, y

VI. Temas específicos derivados de los objetivos estratégicos o transversales que abordarán en las campañas del programa anual de comunicación social.

Por lo que en esta propuesta se pretende que el Instituto Nacional de la Mujer adicione esas campañas a su estrategia anual de manera que pueda incluirla en su planeación y la contemplación de su presupuesto, de conformidad con lo aplicable en la propia Ley General de Comunicación Social, y en otras normas.

La importancia, requerimientos y beneficios de la comunicación social frente a la violencia de género, han sido subrayadas por el propio Instituto Nacional de las Mujeres, remarcando, por ejemplo, que si no se tiene en cuenta desde “los primeros pasos del proceso estratégico de cualquier política pública muy poco se podrá lograr con solidez y trascendencia.”

Ese punto de vista, en particular, no puede ser ignorado, si lo que se pretende es fortalecer y apuntalar el mecanismo de la alerta por violencia de género en la legislación, por medio de la adición de controles y de elementos estratégicos.

Por esos motivos, “no basta con elaborar una estrategia de comunicación para difundir los avances de un gobierno y sus políticas, sino que además es necesario concebir la comunicación como un componente de la estrategia del Estado y de los gobiernos.”

De esta forma se busca que las campañas constantes de comunicación en materia de la alerta de género y de la violencia contra las mujeres, sean un componente integral y estratégico de las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de las Mujeres y que fortalezcan, acompañen y enmarquen la existencia de este mecanismo.

Fundamento legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el V Distrito, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de comunicación social referente al mecanismo de alerta por violencia de género

Único. Se adicionanueva fracción X, con lo que la actual X pasa a ser XI, al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

...

X. Incluir dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, y en términos de la Ley General de Comunicación Social, la realización de Campañas de Acompañamiento a la Alerta de Género, para difundir entre la población en que consiste la alerta de violencia de género, su importancia, y motivos de existencia, en la entidad en que se emita la declaratoria correspondiente.

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Ambas citas de: Sistematización de discusiones del conversatorio nacional de alerta de violencia de género y experiencias regionales para la prevención del feminicidio. Reflexiones finales. Pp. 8-9.

2 Alejandra Peña. David Ortega. Análisis crítico de las campañas de comunicación para fomentar la “cultura del agua” en México. Comun. soc no.26 Guadalajara may./ago. 2016. En:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0188-252X2016000200223 Consultado el 6 de agosto 2018.

3 Comunicación para la igualdad y no violencia contra las mujeres: Guía para la Administración Pública. Gobierno Federal. Instituto Nacional de las Mujeres. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. P.16

4 Instrumento para la medición de impacto de campañas con perspectiva de género. Instituto Queretano de las Mujeres. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En:

http://institutoqueretanodelasmujeres.gob.mx/ONU/nuevos/ FINAL%20instumentomedicioncampania.pdf Consultado el 6 de agosto 2018.

5 Citas de: Comunicación para la igualdad y no violencia contra las mujeres: Guía para la Administración Pública. Gobierno Federal. Instituto Nacional de las Mujeres. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. P.16

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Josefina Salazar Báez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Appel Ruffo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 23, 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del PAN

Josefina Salazar Báez, diputada federal por el V distrito, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que disponen la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6., numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, eleva a la digna consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 23; reforma el artículo 25; y reforma la fracción I del artículo 42, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de que la Secretaría de Gobernación deba establecer plazos para el cumplimiento de las acciones derivadas de la alerta por violencia de género, con base en la siguiente

La violencia contra las mujeres en México es un inaceptable flagelo que se ha manifestado y agudizado de forma histórica, la expresión más grave de esa agraviante violencia es sin duda el feminicidio. De hecho, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, recogidos en el documento La alerta de violencia de género como figura de protección de los derechos humanos de las mujeres, entre 1985 y 2013 fueron asesinadas más de 44 mil mujeres en México; y ante esa panorama de violencia incesante, en nuestro país se desarrollaron herramientas legales propias para luchar para proteger la integridad de las mujeres. Un ejemplo de ello, es la Alerta por Violencia de Género, incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el año 2007.

Desde entonces, esta figura ha sido solicitada en diversas ocasiones, sobre todo en los años más recientes; a pesar de la puesta en práctica de esta medida, sin embargo, es necesario observar que las estadísticas de casos registrados como feminicidios por año, muestran un incremento constante desde 2015:

Año Número de casos

2015 389

2016 580

2017 671

Se puede apreciar que del año 2015 al 2017, el delito de feminicidio creció más de 50 por ciento, y su aumento se aproxima a 70 por ciento. De acuerdo a Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, las estadísticas de 2017 muestran que los estados donde se declararon alertas de género, siguen presentando cifras altas de feminicidios respecto a otros estados.

De hecho, si se considera el último corte estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto 2018, la tendencia señalada por la activista se confirma y se extiende; ya que los datos recientes ubican a los estados donde se ha declarado alerta de género dentro de los primeros lugares en incidencia de feminicidios.

Por ejemplo, Nuevo León, con 37 casos, Veracruz con 41, estado de México con 54 casos, Sinaloa con 30 y Michoacán con 12 feminicidios registrados.

Pero la situación es aún más grave, ya que estadísticamente hablando, la implantación de la alerta por violencia de género en diferentes municipios de distintas entidades del país, no ha conseguido reducir el número de feminicidios, sino que las cifras han aumentado.

De acuerdo al reporte Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información actualizada al 20 de agosto de los corrientes, se han registrado un total de 484 feminicidios en México, de enero a agosto del 2018.

El número de casos contabilizado en 7 meses del presente año ya supera al total acaecido en el año 2015, y de seguir esa tendencia, podría superar al número de incidencias a nivel nacional, presentado en 2016 y 2017, el más alto hasta el momento.

Como se puede observar, el número de feminicidios en años recientes ha ido en aumento a pesar del establecimiento de 13 mecanismos de alerta de género en diferentes entidades hasta la fecha. Ante este panorama, hemos visto como tanto miembros de la sociedad mexicana, como integrantes del servicio público en diferentes niveles, e incluyendo por supuesto a activistas e integrantes de la academia, han hecho distintos cuestionamientos respecto de la efectividad del mecanismo de alerta por violencia de género, ante la ominosa realidad cotidiana y ante la creciente problemática de la violencia extrema contra las mujeres en nuestro país.

Por la problemática manifestada es que es necesario revisar el diseño legal de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en aras de hacerla más eficaz y expedita para cumplir con los objetivos que inspiraron su creación. Con el objetivo de mejorar el funcionamiento y las posibilidades de éxito de un mecanismo, que de hecho es uno de los que la sociedad civil mejor identifica, como una respuesta de las autoridades a un delicado problema público, se ha incluido una serie de iniciativas de reforma dentro de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional.

Desde nuestra visión humanista, el feminicidio debe que ser un delito cuya comisión es inaceptable en nuestra sociedad, por tanto, no debe ocultarse, no debe normalizarse, y no debe aceptarse. Tenemos la convicción de que debemos continuar realizando esfuerzos mediante la legislación y los instrumentos de políticas públicas, que de hecho, como es el caso de la Alerta por Violencia de Género, son perfectibles.

Esta iniciativa en concreto, tiene como objeto establecer dentro de las líneas generales de la alerta por violencia de género, el establecimiento de plazos definidos para el cumplimiento de las medidas originadas por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, los cuales deberán ser precisados por la Secretaría de Gobernación, en concordancia con sus facultades existentes al respecto, y deben ser introducidos en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante una reforma subsecuente.

Con esta medida se busca que el cumplimiento, dentro de plazos definidos, de las medidas originadas por la alerta por violencia de género, por parte de los organismos responsables, sea parte de los deberes de las autoridades para alcanzar el objetivo fundamental de este instrumento, que se establece en el artículo 23, de la Ley General de Acceso como garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos. De esa forma, se adicionaría a la ley y a su Reglamento de un mecanismo que pudiera garantizar la respuesta de las autoridades en el lapso de tiempo en que resulta de mayor necesidad, para aumentar la efectividad de las acciones.

En general, se trata de fortalecer un mecanismo ya existente para dar respuesta a un problema que trasciende demarcaciones y administraciones, que es en estricto sentido un asunto que debe atenderse como una política de Estado y que ha demostrado ser endémico y estar presente en muchas regiones del país.

Este es el momento de ser sensibles a una realidad que nos indica con claridad que es necesario revisar el diseño y eficacia de la alerta de género, con el objetivo final de ofrecer unas mejores condiciones de vida a las mujeres mexicanas, garantizar el ejercicio de sus derechos y dar certidumbre al actuar de las autoridades.

Fundamento legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de Diputada Federal por el V Distrito Federal de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de fortalecimiento del mecanismo de alerta de género

Único. Se reforman la facción I del artículo 23, el artículo 25 y la facción I del artículo 42, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo, y vigile el cumplimiento de los plazos establecidos para ello;

II. a V. ...

Artículo 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, y, asimismo establecer los plazos para el cumplimiento de las medidas originadas por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Presidir el sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, y establecer los plazos para el cumplimiento de las medidas originadas por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género;

II. a XV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las reformas que sean necesarias al reglamento de la ley.

Notas

1 Wendy Balcázar Pérez. Documentos de trabajo. 677. La alerta de violencia de género como figura de protección de los derechos humanos de las mujeres.Fundación Rafael Preciado Hernández, AC, Partido Acción Nacional. 2016 páginas 4, 8.

2 Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Información con corte al 31 de diciembre de 2017. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320848/ Info_delict_persp_genero_MAR18_250418_22hrs.pdf Consultado el 27 de agosto 2018.

3 http://www.eluniversal.com.mx/estados/ estados-con-alerta-de-genero-lideran-cifras-de-feminicidios

Consultado el 27 de agosto 2018.

4 Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018, Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ CNSP-Víctimas-2018.pdf Consultado el 26 de agosto 2018.

5 Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018, Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ CNSP-Víctimas-2018.pdf Consultado el 26 de agosto 2018.

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Josefina Salazar Báez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Appel Ruffo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de lo siguiente

El transporte representa un sector estratégico para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Al respecto, el Banco Mundial, señala que es esencial para el desarrollo económico y social de cada nación, ya que genera oportunidades, siendo más competitivo y eficiente.

Contar con una correcta infraestructura de transporte contribuye a que las personas puedan llegar a sus lugares de trabajo, a establecimientos educativos y a los servicios de salud, así como permitir la distribución de bienes y servicios.

En el caso de México, las políticas en materia de transporte cuentan con un impacto significativo para el desarrollo económico y, por ende, en la calidad de vida de la población.

Con toda la infraestructura carretera se ha logrado conectar a 64,017 localidades en el territorio mexicano, lo que permite el acceso a más del 95 por ciento de la población en 4,542 localidades urbanas y 59,475 localidades rurales.

Datos de la Dirección de Estudios Económicos del Banco Nacional de Comercio Exterior, indican que el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías.

El autotransporte federal de pasajeros es un servicio destinado al traslado de personas que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios para la llegada y salida de vehículos en lugares autorizados para el ascenso, así como para el descenso de pasajeros en terminales registradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el territorio nacional hay 3,360 permisionarios del transporte terrestre de pasajeros con 54,531 vehículos, de los cuales el 83.8 por ciento son autobuses.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que la SCT, es la autoridad encargada de regular: los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Así mismo, le corresponde establecer las bases de regulación tarifaria en el transporte ferroviario y de autotransporte de pasajeros, así como las modalidades en la prestación de los servicios para los usuarios, por el tiempo que resulte necesario.

En este marco, como un mecanismo para apoyar la economía de las familias, la SCT establece descuentos a estudiantes durante la temporada vacacional, de acuerdo con el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública. Al respecto publica una circular que establece lo siguiente:

Los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros en su modalidad de regular interurbano y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros en los servicios de primera y económico, deberán otorgar tarifas reducidas en un 25 por ciento y 50 por ciento de los costos que se encuentren aplicando y que estén a la vista del público, a maestros y estudiantes, respectivamente, que utilicen sus servicios en los periodos de vacaciones aprobados por la Secretaría de Educación Pública en cada ciclo lectivo, así como durante los periodos de vacaciones aprobados por las diversas universidades del país para el mismo ciclo lectivo.

Los maestros y estudiantes deberán acreditar su carácter ante los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, mediante la exhibición de la credencial correspondiente en vigor o, en su defecto, a través de la constancia que par-a el efecto expida la escuela a la que pertenezcan, misma que deberá contener cuando menos el nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula.

Cuando los maestros y estudiantes disfruten de vacaciones en fechas distintas a las señaladas en el calendario lectivo establecido por la Secretaría de Educación Pública, la solicitud del descuento ante los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, se realizará mediante el acreditamiento de la constancia oficial expedida por la escuela o universidad a la que pertenezcan, misma que deberá especificar que los interesados se encuentran en periodo de vacaciones, así como el periodo de duración de ellas.

Lo anterior, es una medida que no sólo reduce el costo de transporte, también es un incentivo para que los estudiantes, principalmente del nivel medio superior y superior, puedan regresar a sus lugares de origen y convivir con sus familias.

El objetivo de la presente iniciativa es que el descuento que se realiza sólo en periodo vacacional se amplíe a todo el año, a fin de que los estudiantes que utilizan diariamente el autotransporte federal de pasajeros paguen sólo la mitad del costo.

Basta señalar que existe un gran número de jóvenes en el territorio nacional que se mueve todos los días y transitan por las distintas carreteras del país para acudir a clases. Un claro ejemplo de este fenómeno, lo constituyen la Ciudad de México o Monterrey, a donde llegan a estudiar.

Otros no pueden visitar regularmente su lugar de origen por los altos costos de pasaje, por lo que solamente lo hacen en periodos vacacionales, e incluso abandonan la escuela cuando por falta de recursos no pueden trasladarse a estudiar.

Resulta imperativo que las niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para lograr su pleno desarrollo y mejorar su bienestar personal y el de sus familias.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el sistema escolarizado en sus diversos tipos, niveles y servicios concentró a 36.4 millones de alumnos en el ciclo escolar 2017-2018.

La movilidad constituye un factor fundamental para mejorar la calidad de vida y bienestar social de todas las personas; por ello, propongo reformar el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue

Artículo 5. ...

I. ... a VII. ...

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, ofrecerán el 50% de descuento a estudiantes de educación media superior y superior, durante todo el año.

IX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre del año 2018.— Diputados y diputadas: Juan Francisco Espinoza Eguía,Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Ron Ramos, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel López Castillo, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con decreto de reforma que adiciona la fracción IX al artículo 35 y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

En su Ensayo sobre el pensamiento reaccionario, Cioran señala: “Lo trágico del universo político reside en esa fuerza oculta que lleva a todo movimiento a negarse a sí mismo, a traicionar su inspiración original y a corromperse a medida que se afirma y afianza. Es que en política, como en todo, uno no se realiza más que sobre su propia ruina”. Verdad demasiado evidente, que no simplemente se aplica a la política sino también a la democracia.

Se debe de recordar que la democracia es un sistema de organización política en el que el poder reside en el pueblo. En sentido estricto, la democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad. En sentido menor, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas y también cuando se le facilita a la ciudadanía un amplio mecanismo plebiscitario. Estas tres formas no son excluyentes sino que pueden integrarse como mecanismos complementarios.

En ese sentido, Rosseau y Mostesquieu reconocieron la imposibilidad de la democracia “pura”, es decir el gobierno en manos de la totalidad de un pueblo, por ello, es que se pronunciaban por las democracias indirectas. Sin embargo, la democracia –así como la aparejada división de poderes y garantías-, fueron creados como sistema y derechos, que no pueden ser ejercitados plenamente por el pueblo, permaneciendo en el estado de las meras facultades. Tales derechos, cuyo goce ideal la ley reconoce, se convierten en una amarga ironía sin la implementación de los mecanismos que los hagan efectivos.

La democracia directa es el mecanismo por el cual los ciudadanos toman decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las decisiones con intereses públicos y nacionales que pueden o no convenir a la sociedad. En cambio, la democracia representativa se basa en los mecanismos electorales donde el pueblo elige a su representante por la vía institucional.

Lo anterior es una verdad obvia, es por ello que la finalidad de la presente iniciativa radica en que los derechos de los ciudadanos no se queden en una mera facultad, en una utopía legal, sino por el contrario, que en el ámbito del derecho políticoarlamentario se de una participación a la sociedad, a efecto de que sean escuchados de manera efectiva en los procesos legislativos, actividad que es de suma injerencia en la vida política, social y política del país.

“El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, frase acuñada por Abraham Lincoln, misma que se considera en desuso o poco realista; en el mundo permea una idea de que la democracia si tiene un sentido institucional, representativo y vinculatorio entre gobiernos y ciudadanos.

No se concibe un gobierno sin un sistema institucionalizado procurador de la democracia y por tanto de la armonía entre ciudadanos y gobiernos, sin embargo, y de acuerdo a los propósitos fundamentales de la democracia referente a que “sólo se puede considerar una situación democrática cuando los ciudadanos de una comunidad determinada logran tomar la responsabilidad de sus destino”.

La democracia también responde al fin “mejor calidad de vida de la población” si éste no se cumple tampoco se está desarrollando su ejercicio democrático. Latinoamérica, en especial México tiene una enorme deuda en materia de democracia, pues las mayorías no tienen un nivel de vida mejor y las decisiones de su destino han sido trazadas por una minoría, en ocasiones internacionales.

Muchos casos emblemáticos existen en el mundo y en Latinoamérica que han logrado construir gobiernos a partir del consenso “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, todo surge a partir de contar con una ciudadanía consiente, fuerte, participativa y responsable.

Existe un problema para definir la participación ciudadana, y es que este concepto se encuentra en constante construcción y existe una carencia documental en términos de teorización. Sin embargo, hablar hoy de aspectos de gobernabilidad, desarrollo y democratización implica necesariamente referirnos a aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana.

Cuando se habla de participación ciudadana frecuentemente hablamos de la democracia formal y directa, y en ocasiones representativa. Los enfoques de la participación ciudadana desde un punto de vista formal, frecuentemente la asocian con la emisión del voto ciudadano en elecciones, plebiscitos, referéndum, consultas públicas e iniciativas populares; ponen énfasis en los procedimientos y en reglas claras para todos, así como en ámbitos de competencia para su ejercicio.

Por otro lado, los enfoques de la participación ciudadana directa ponen énfasis en la resolución de problemas locales con participación pública. Para ello, se aluden a las experiencias de autogobierno, procesos autogestivos, y formas de acercamiento entre el gobierno y la población para la definición de procedimientos y mecanismos que se adecuen a los problemas que se quieren resolver.

El concepto de participación ciudadana es una figuración social también, y frecuentemente no se toman en cuenta estas otras definiciones sobre la democracia a la hora de discutir sobre ella. Es por esta razón que la participación comunitaria, la participación social y la participación ciudadana frecuentemente se definen como sinónimos.

Si separamos las palabras del concepto, la participación quiere decir tomar parte en, mientras que lo ciudadano corresponde a aquellos sujetos portadores de derechos y obligaciones dentro de un Estado nacional. En estricto sentido, los ciudadanos son todas aquellas personas que tienen garantías individuales y derechos sociales reconocidos por el Estado. Sin embargo, en las constituciones nacionales, como en la nuestra, las personas no adquieren la ciudadanía sino hasta determinada edad, y todavía en algunos países, el sexo, la raza o la religión son motivo de exclusión ciudadana.

Así pues, podemos definir la participación ciudadana como aquella en la que los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones- toman parte de los asuntos públicos del Estado. Así, la participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el gobierno y los ciudadanos, a ese espacio público en el que ambos están inmiscuidos.

La participación ciudadana definida por el Estado implica, paradójicamente, una relación activa con él. Implica, en el ámbito del espacio público, el ejercicio de las garantías individuales y los derechos sociales otorgados por el Estado.

En ocasiones, las formas de participación están reglamentadas y debidamente enmarcadas en procedimientos y atribuciones específicas de los ciudadanos o de los órganos de participación correspondientes, sin embargo, la participación ciudadana también implica el ejercicio de las libertades, por lo que incluye todo proceso generado autónomamente por los individuos o colectivos con iniciativas públicas particulares.

La participación ciudadana tiene una intención que surge de la misma ciudadanía, que busca una aproximación entre las diferentes instancias de gobierno y los ciudadanos en su conjunto, conlleva la decisión de la intervención en los asuntos públicos buscando incidir en las estructuras, relaciones institucionales, procedimientos y prácticas de gobierno, y con ello el empoderamiento.

La participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el sistema jurídico político de México, contribuye a la creación tanto de mecanismos de control ciudadano (monitoreo y seguimiento) de la gestión pública como de exigibilidad y rendición de cuentas, y favorece la generación de espacios de consulta, análisis y propuesta desde la sociedad civil.

La participación ciudadana requiere de factores que propicien su surgimiento y establecimiento en las comunidades y programas de gobierno; la participación ciudadana no puede ser asumida como homogénea, al contrario, el ciudadano debe participar de acuerdo a sus intereses, capacidades y disponibilidad, los cual garantiza que cada uno de los ciudadanos se comprometa.

Sin embargo, es importante mantener en claro, que si bien se perfila un futuro más democrático, la eterna disputa entre el ejercicio del gobierno unilateral y el trabajo más participativo se mantiene como una constante. En los últimos años, si bien se avanzó en un trabajo más abierto y consultivo lo cierto es que aun prevalece, institucional, jurídica y en voluntades sistemáticas, una actitud reticente hacia gobernar de cara y de frente a la ciudadanía.

La participación ciudadana contribuye a:

1.- Crear hábitos interactivos y esferas de deliberación pública que resultan claves para la consecución de individuos autónomos.

2.- Hace que la gente se haga cargo, democrática y colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y gobernabilidad.

3.- Crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creados de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida especifica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad.

La participación ciudadana y la representación se configuran como una técnica para articular la confianza política de la sociedad que es transferida a los partidos. En el caso de la representación y a diferencia de la participación ciudadana es una institución jurídica, hablando de su función que realiza determinado sujeto a nombre de otro u otros, como es el caso del Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores, etcétera. En sentido material son representantes de quienes les autorizaron a decidir por ellos, o sea, el pueblo o comunidad que los eligió para que actuaran por ellos. La representación permite una transferencia de carácter pacífico de los cargos representativos, a la vez que regula la rotación en el poder.

La representación, es la presencia del pueblo a través de sus representantes, es un mecanismo que permite la incidencia real del pueblo en la toma decisiones. La verdadera diferencia es el logro evolutivo, la verdadera estructura de conformación y de articulación de la vida social con la vida jurídica del Estado. Lo que participa y lo que se representa no es otra cosa que una pluralidad de intereses y valores que son contingentes y cambiantes según como procede la evolución de la diferencia propia de la sociedad.

La participación y la representación, mecanismos contingentes de acercamiento y de reconocimiento de una diferencia que nos sobrepasa como sociedades y como culturas. El “pueblo” coexiste, ni es posible la plena realización de sus necesidades y expectativas. La diferencia es un elemento que atraviesa al conjunto del ciclo colectivo de formación de decisiones públicas, entendiendo estas decisiones como resultante de un largo proceso de Constitución, en el cual confluyen elementos de participación y de representación, pero de manera diferente.

El enfrentamiento entre participación y representación como ilusorio, técnicamente respecto a sus definiciones y conceptos; deben relacionarse funcionalmente: la participación, es la formulación de expectativas, de demanda de realización y de inclusión.

Por lo tanto, se mueve en la lógica de la búsqueda de identidad que es siempre diferenciada; la representación, es parte de la idea de homogenización a partir del principio de la igualdad natural de los seres humanos, que es la base de la Constitución del estado de derecho y de la revolución moderna.

Finalmente aclarada la diferencia para fines de esta iniciativa, puedo decir que la participación y la representación son dos aspectos de un mismo fenómeno jurídico-político y forzando un poco las cosas, diría que es una manera de expresar democracia ya no representativa, sino participativa.

Por lo que hace a esta iniciativa de ley, en cual se pretende una participación ciudadana en temas de representación, al proponerse la inclusión, en nuestra Carta Magna, de la revocación de mandato

De acuerdo a la Real Academia Española, el vocablo revocar proviene del latín revocare, que significa:

1. Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución.

2. Apartar, retraer, disuadir a alguien de un designio.

3. Hacer retroceder ciertas cosas.

En ese sentido, la revocación de mandato puede entenderse como “el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el período para el cual fue elegido. La revocación de mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo para el cual fue designado”.

En una democracia en la que la sociedad exige una mayor participación en la toma de decisiones y también demanda que los representantes populares cumplan de manera adecuada y transparente las funciones encomendadas, es necesario dotar a la ciudadanía de los mecanismos tendientes a exigir ese cumplimiento.

En ese sentido, Salvador Moreno Pérez y Atenas Nelly Lizarra Morales exponen que “la democracia directa como forma de participación continua del pueblo otorga facultades, tanto a los ciudadanos como a los órganos electorales y legislativos, de contar con instrumentos que intervengan en el proceso de destitución de servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones para el Estado; asimismo le da la oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía y los derechos de los ciudadanos de regular los poderes del Estado para fortalecer la legitimidad y las regulaciones jurídicas hacia un gobierno democrático y moderno”.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 35 y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero.Se adiciona la fracción IX al artículo 35 y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 35. (...)

I. a VIII. (...)

IX. Presentar solicitudes de revocación de mandato de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Deberá de ser peticionada por al menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.

2o. Se pedirá por una sola vez, durante el período del cargo de representación popular de que se trate.

3o. El representante popular del que se pide la revocación debió de haber transcurrido cuando menos la mitad del período del cargo para el cual fue elegido.

4o. Los resultados serán obligatorios cuando participen al menos el cuarenta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del ámbito respectivo y de éstos el sesenta y cinco por ciento se expresen a favor de la revocación.

5o. El Instituto Nacional Electoral verificará los porcentajes mencionados en la presente fracción.

6o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Artículo 73. (...)

I. a XXIX. (...)

XXIX-A a XXIX-P. (...)

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana , consultas populares y revocación de mandato.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos tendrá hasta 120 días para realizar la legislación deberá expedir la Ley en materia de Revocación de Mandato, dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir del día en que entre en vigor el presente decreto.

Tercero. En consecuencia, las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán de reformar sus ordenamientos legales que sean necesarios para cumplir con el presente decreto.

Cuarto.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 García Campos, Alán, La revocación de mandato: Un breve acercamiento teórico,Revista Quid Iuris, Instituto de Investigaciones Jurídicas de las Universidad Nacional Autónoma de México, Año 1, Volumen 1, página 26.

2 Moreno Pérez, Salvador, y Lizarra Morales, Atenas Nelly, Revocación de mandato, En Contexto, Centros de Estudios y de Opinión Pública, México, septiembre 2017, página 11.

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.— Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el premio nacional de artesanía, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 6 y un Capítulo XXIII Bis, y se reforma el artículo 131 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con base en la siguiente

Mediante el uso de materiales, imagen o sonidos el ser humano recrea la realidad estéticamente, anteponiendo la forma sobre el contenido.

Las personas usamos el arte para generar experiencias estéticas que nos ayuden a vincularnos con la realidad a través de la belleza; en tal sentido, hay tantas expresiones artísticas como personas en el planeta. Por otra parte, el arte popular es definido como: el arte cultivado por artistas con frecuencia, anónimos y fundado en la tradición.

Nuestro marco jurídico, en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal define artesanía, como:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. ...

II. Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, y (énfasis añadido).

Para mejor proveer, el siguiente cuadro permite distinguir de mejor forma el desarrollo y diferencia existente entre arte, artesanía y arte popular:

Términos afines y diferencias

Arte

Actividad mediante la cual la persona genera una idea, misma que puede estar vinculada con aspectos de su vida o de la cultura a la que pertenece.

Artesanía

Es la materialización de la creación del intelecto de la persona que ha generado una idea y que reúne las características necesarias previstas en la legislación para ser considerada como tal.

Arte popular

El arte fundado en la costumbre de un pueblo.

Los mexicanos contamos con un amplio abanico de expresiones y actividades artísticas, podemos presumir la obtención de innumerables premios y galardones obtenidos por artistas mexicanos.

Uno de los gremios artísticos que más renombre y reconocimiento le han dado a nuestro país, es el de nuestros artistas artesanos que con sus creaciones y tradiciones artísticas ponen todos los días en alto a México.

Las artesanías mexicanas tiene su origen en las zonas rurales del país, desde tiempos prehispánicos y posteriormente durante el virreinato, nuestros artesanos elaboraban gran variedad de utensilios de barro madera, cerámica y alambre; vestimenta; talabartería; figuras decorativas de migajón, cobre y papel; trabajo de textiles, cantera, vidrio, talavera, entre otros, desde entonces las artesanías mexicanas han plasmado la estética del folclor mexicano, nuestra diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros pueblos.

De acuerdo con la página electrónica “México Desconocido”, las diez artesanías más representativas en nuestro país son:

• Alebrijes: figuras elaboradas en cartón, originarias de Oaxaca;

• Sombrero charro;

• Barro negro, originario de Oaxaca;

• Talavera poblana;

• Rebozo;

• Tablas de estambres (nierikas);

• Árbol de la vida, originario de Metepec, México;

• Sarape;

• Platería; y

• Barro.

Los artesanos mexicanos se han encargado de transmitir de generación en generación las técnicas necesarias para la elaboración de sus artesanías, contribuyendo a enriquecer el patrimonio cultural de la nación, al tiempo de crear pequeños polos de desarrollo económico alrededor de la elaboración y comercialización de productos artesanales.

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México de 2008 a 2014, la participación económica de este sector, alcanzó el 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, en dicho periodo.

Asimismo, conforme a la Nota Técnica de la propia Cuenta Satélite, los hogares, el gobierno, las sociedades no financieras, y los no residentes en el país, entre otros, realizaron un gasto en bienes y servicios culturales que alcanzó un monto de 549 mil 325 millones de pesos, 60 por ciento correspondió a la adquisición de artesanías y juguetes tradicionales y medios audiovisuales.

En el mercado internacional las artesanías mexicanas gozan de un amplio reconocimiento, alto valor y gran demanda en países como España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, Australia entre otros.

Al respecto, resulta importante destacar que México se ha convertido en un importante centro turístico de nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) con base en el documento “Panorama OMT del Turismo Internacional 2018”, las cifras del ranking mundial correspondientes a 2017, confirma que México es el sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar el arribo de 39.3 millones de turistas internacionales, durante 2017. Dicha situación debe ser utilizada para favorecer y potencializar la promoción y comercialización de las artesanías producidas en el país.

Por tal razón, resulta indispensable alentar la producción artesanal mediante la creación de estímulos y el reconocimiento de la creatividad artística de nuestros artesanos.

Si bien, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), tiene como finalidad el fomentar la actividad artesanal y proteger su desarrollo, lo cierto es que no contempla un reconocimiento nacional como el que se pretende instaurar con la presente iniciativa.

El Fonart tiene las siguientes vertientes:

• Capacitación integral y asistencia técnica: La capacitación integral tiene por objeto coordinar y administrar un proyecto enfocado al mejoramiento de la condición productiva y comercial de las y los artesanos, a través de la transmisión de conocimientos en organización, materias primas, proceso productivo, comercialización, informática, administración, salud ocupacional, aspectos jurídicos y de aprovechamiento sostenible, así como en el desarrollo de certificación en competencias laborales.

• Apoyos a la producción: Esta vertiente apoya a las y los artesanos con recursos económicos y/o en especie para fortalecer la adquisición de activo fijo e insumos destinados a la producción artesanal.

• Salud ocupacional: Las actividades propias de esta vertiente se encaminan a reducir la incidencia de las enfermedades y accidentes derivados de la actividad artesanal, así como a fomentar un estilo de vida y ambientes de trabajo saludables.

• Apoyos para impulsar la comercialización: Esta modalidad beneficia a las y los artesanos en forma individual a través de la compra de su producción artesanal hasta por 15 mil pesos (quince mil pesos 00/100 M.N.) al año.

• Apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones: Esta vertiente beneficia a las y los artesanos con recursos económicos destinados a pagos de viaje para asistir a espacios y eventos artesanales, así como material gráfico publicitario, renta, construcción o acondicionamiento de espacios comerciales.

• Concurso de arte popular: Con las acciones de esta vertiente se reconoce a las y los artesanos, independientemente de su nivel de ingreso, de las diferentes regiones y centros productores del país, que se distinguen por la preservación, rescate o innovación de las artesanías, así como aquellos que mejoran las técnicas de trabajo y recuperan el uso y aprovechamiento sostenible de las materias de su entorno natural.

El Fonart tiene a su cargo la organización del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular, que premia las artesanías con base a la preservación, rescate e innovación de las técnicas usadas para su elaboración y el uso sustentable de los recursos naturales usados como materia prima.

Por el contrario, la presente iniciativa propone la creación del Premio Nacional de Artesanía con la finalidad de reconocer las habilidades artísticas de los artesanos mexicanos.

La labor artística de nuestros artesanos es poco valorada, cuando no se les mal paga su espléndido trabajo, son víctimas de plagio por parte de importantes empresas.

La presente iniciativa busca favorecer la revalorización de la manufactura artesanal; además de dar prestigio y renombre, nacional e internacional, a los mejores artesanos del país.

A nivel internacional, son numerosos los reconocimientos que se otorgan a la actividad artesanal, entre los más destacados se encuentran:

1) Premio UNESCO de Artesanía 1990-2005

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó este premio y fue creado en 1990 en el marco del “Plan de Acción Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el Mundo”, tuvo por objetivos: recompensar a los artesanos por la creación de modelos originales, dar a conocer sus productos fuera de su contexto de origen y promover exposiciones y ferias de artesanías regionales.

2) Medalla de la OMPI para la Creatividad

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con su medalla a la Creatividad, recompensa a autores, diseñadores, artistas intérpretes y ejecutantes y productores, incluido los creadores de programas informáticos que se hayan distinguido por su obra y talento.

La medalla se concede a personas que hayan contribuido notablemente al desarrollo cultural, social y económico en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos. Con ella se recompensa a aquellos que con su talento artístico e imaginación han creado obras y diseños (incluidos los diseños textiles), representando obras y realizado producciones de gran relevancia o cuyas actividades han fomentado un mayor respeto por la actividad creativa de los que trabajan en los sectores de la cultura, el ocio y los programas informáticos.

En este sentido, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles contempla el Premio Nacional de Artes y Literatura, el cual abarca las siguientes categorías:

• Lingüística y literatura

• Bellas artes

• Historia, ciencias sociales y filosofía

• Artes y tradiciones populares

No se incluyó a la labor artesanal, a pesar de tratarse de una manifestación artística provista de estética y belleza. Incluso dentro del mismo ordenamiento se contempla el Premio Nacional de la Cerámica, que es un tipo de artesanía.

Como se podrá observar, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles no contempla un premio para el reconocimiento de la creación artística de los artesanos del país, la creación del mismo significará mayor valor, prestigio y reconocimiento a la labor de los artesanos mexicanos.

Con la finalidad, de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios y adiciones propuestos a la Ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 6 y un Capítulo XXIII Bis, y se reforma el artículo 131 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIX al artículo 6, se adiciona un Capitulo XXIII Bis y se reforma el ahora artículo 131 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas para quedar como sigue:

Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominará y tendrán el carácter de nacionales:

I. a XVIII. ...

XIX. De Artesanía.

Artículo 127-A. El Premio Nacional de Artesanía, es otorgado a los artesanos cuyas habilidades destaquen en la elaboración de bienes u objetos de artesanía.

Serán acreedores al Premio Nacional de artesanía de forma individual, familiar o comunitaria todos los artesanos nacidos en la República Mexicana.

Artículo adicionado

Artículo 127-B. El Premio Nacional de Preservación del Medio Ambiente se entregará en las siguientes categorías:

I. Textiles;

II. Alfarería;

III. Talla de madera;

IV. Metalistería;

V. Pintura;

VI. Vidrio, y

VII. Talabartería.

Artículo adicionado

Artículo 127-C. Las bases y la convocatoria serán publicadas anualmente las cuales, se realizarán con los criterios de evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Secretaría de Cultura.

Artículo adicionado

Artículo 127-D. El premio consistirá en la entrega de una placa, acompañada de una entrega por numerario de 250 mil pesos.

Artículo adicionado

Artículo 127-E. Para la entrega del Premio Nacional de artesanía, el consejo de premiación se integrará por el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Cultura, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Artículo adicionado

Artículo 131. Las recompensas señaladas en efectivo por la presente ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique la Unidad de Medida de Actualización en la Ciudad de México.

Artículo reformado

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, consultado el día 14 de septiembre del 2018 en

http://dle.rae.es/?w=diccionario

2 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, Consultada el dia 14 de septiembre de 2018 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/127.pdf

3 México desconocido, Las 10 artesanías más representativas de México, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

https://www.mexicodesconocido.com.mx/artesanias-representativas-mexico.html

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Cuenta satélite de la cultura de México 2014, consultada el 14 de septiembre de 2018 en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_06_06.pdf

5 PRO México Inversión y Comercio, Las tradiciones artesanías mexicanas, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/ las-tradicionales-artesanias-mexicanas.htm

6 Secretaría de Turismo, Boletín Cuatrimestral de Turismo enero - abril 2014, p. 6, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-sexto-lugar-del-ranking- mundial-en-arribo-de-turistas-internacionales-confirma-omt

7 Fonart, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/conoce-fonart/ vertientes-del-programa

8 Organización de las Naciones Unidas, Premio UNESCO de Artesanía 1990-2005, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35668 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultado el 21 de septiembre de 2016 en:

http://www.wipo.int/ip-outreach/es/awards/awards.html#creativity

Referencias

• Oxford Living Dictionaries, consultado el 14 de septiembre de 2018 en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/arte

• Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, Consultada el día 14 de septiembre de 2018 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/127.pdf

• Fonart, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, consultado el 14 de septiembre de 2018 en:

https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/conoce-fonart/vertientes-del-programa

Salón del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Miguel Acundo González, Adela Piña Bernal, Alfredo Femat Bañuelos, Armando González Escoto, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carolina García Aguilar, Carolina García Aguilar, Claudia Báez Ruiz, Clementina Marta Dekker Gómez, Erika Mariana Rosas Uribe, Gustavo Contreras Montes, Hildelisa González Morales, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pomposo, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Juana Carrillo Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lizeth Sánchez García, Lorena Cuéllar Cisneros, Lorena Villavicencio Ayala, Lucio Ernesto Palacios Cordero, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Teresa Marú Mejía, Martha Robles Ortiz, Miroslava Carrillo Martínez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Rocío Barrera Badillo, Sandra Simey Olvera Bautista, Vicente Alberto Onofre Vázquez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Nuestro derecho laboral, nacido de la Constitución del Congreso Constituyente de 1917 en Querétaro, dadas las causas que lo originaron y las funciones que se le han encomendado, ha adquirido ciertos caracteres especiales que lo distingue de las demás ramas jurídicas.

Así como lo establece el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo: “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio”.

Dicho lo anterior el derecho al trabajo es un derecho humano, como lo reconoce el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Es decir que este derecho está reconocido no solo por la norma suprema sino además por los tratados internacionales en materia de derecho humanos en los que México es parte; como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23:

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Todo aquel trabajador debe tener una remuneración igual su trabajo, para mantener a su familia e incluso obtener protección social o en el caso de nuestro país, “seguridad social”.

La Real Academia Española, define a la albañilería como: “Arte de construir edificios u obras en que se empleen, según los casos, ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes.”

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2013, la población de 14 años y dedicada a las actividades de albañilería y análogas asciende a los 2.4 millones de mexicanos.

La población que se dedica a esta actividad, se encuentran principalmente los Estados de Jalisco, México, Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal), Veracruz, Guanajuato, Puebla, Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Michoacán, y Chihuahua.

La edad promedio de los trabajadores en actividades de albañilería es de 37 años. De cada 100 albañiles, 48 tienen entre 30 y 49 años de edad, 33 entre 14 y 29 años, de los cuales destaca que 8 son menores de 20 años, los mayores de 50 años de edad son solamente 18. Por lo que se considera que los adultos prevalecen frente a los jóvenes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nueve de cada 100 albañiles en el país hablan alguna lengua indígena; de los hablantes de lengua indígena en actividades de albañilería, de cada 100 sólo uno no habla español, por lo que puede presumir que en su mayoría son de descendencia indígena. Y que el 95.2% es analfabeta y el 4.8% no sabe leer ni escribir un recado.

En México el promedio de horas laborales es de 8 horas por día, durante 5 días y de descanso dos, pero en la albañilería las horas laborales aumentan entre 45 y 48 horas por semana, lo que es considerado un exceso laboral; por lo que en su mayoría no se pagan horas extras.

Según el Inegi la distribución por tipo de unidad económica donde laboran, de cada 100 albañiles, 85 trabajan en el sector de los hogares, específicamente dentro de la informalidad, en tanto que 13 lo hacen dentro de empresas o negocios y 1 para instituciones ya sea públicas o privadas. Considerando la diferencia por sexo, pese a que son pocas las mujeres en estas ocupaciones, llama la atención que es mayor la proporción de mujeres que trabajan en el sector formal (35%) respecto de los varones (12.8 por ciento).

De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los mexicanos que se dedican a esta actividad están bajo el régimen de informalidad laboral, por lo que se deja en un estado vulnerable al trabajador al no contar con seguridad social y demás prestaciones que deben garantizarse por ley.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 176 fracción II numeral 13, menciona que:

“Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

I. (...)

II. Labores

1. a 12. (...)

13. En obras de construcción”.

Es decir que, la ley laboral en nuestro país considera, que los labores en obras de construcción son por si solas peligrosas o insalubres, dejando en un estado de vulnerabilidad al trabajador que, si llega a accidentarse, no tiene seguridad social o peor aún, si fallece, su familia quedará desprotegida, ya que él era el sustento o cabeza de familia.

Por ello, materia de esta iniciativa es la creación de un “Fondo de Apoyo para Trabajadores de la Construcción”, que busca dar seguridad social y un apoyo económico a cualquier mexicana o mexicano que se dedique a este oficio, por el estado de vulnerabilidad que se encuentran, ya que el Estado está obligado a que todas las personas deben de gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, esto engloba a la salud, vivienda, salario digno y seguridad social.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Se adiciona el Capítulo XVIII del Título Sexto y se adicionan los artículos 353-V, 353-W y 353-X a la Ley Federal del Trabajo, para un “Fondo de Apoyo para Trabajadores de la Construcción”.

Único.Se adiciona el Capítulo XVIII del Título Sexto y se adicionan los artículos 353-V, 353-W y 353-X a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 353-V. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las y los trabajadores en obras de construcción y análogos.

Artículo 353-W. Las y los trabajadores en obras de construcción a través del Fondo de Apoyo para Trabajadores de la Construcción, se les garantizará seguridad social y derecho a un apoyo económico mensual, que será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 353-X. El Fondo de Apoyo para Trabajadores de la Construcción será administrado por el Gobierno Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo dispuesto a las disposiciones aplicables.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Federal del Trabajo, 2018.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos.

4 Real Academia Española, Diccionario, 2018.

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=1V8EDdP

5 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Albañil, México, 2013.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/ 2014/alba%C3%B1il0.pdf

6 ibídem, p. 6.

7 Ibídem, p. 9.

8 Ley Federal del trabajo, 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez y ocho días del mes de septiembre de dos mil diez y ocho.— Diputados y diputadas: Juan Martín Espinoza Cárdenas,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Edith García Rosales, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Francisco Ramírez Salcido, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Lourdes Celenia Contreras González, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Angélica Zamudio Macias, Martha Robles Ortiz, Nohemí Alemán Hernández, Pilar Lozano Mac Donald, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, para implantar acciones de parlamento abierto, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 37, 39, 45, 46, 139 y 142 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; y los artículos 8 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes consideraciones:

El Estado mexicano se encuentra en un momento indiscutible de cambio, pero el verdadero cuestionamiento de muchos es ¿Qué tipo de cambio queremos? Estoy convencida que la sociedad mexicana requiere instituciones políticas destinadas a lograr un sistema de frenos y contrapesos; ya que en un sistema democrático debemos aspirar a que las instituciones democráticas que han demostrado ser instrumentos imperfectos logren ser una balanza entre los poderes y que impulsen una tarea más relevante, el empoderamiento de los ciudadanos libres a asumir sus responsabilidades.

En palabras del filósofo vienés Karl Raymund Popper quien dedicó gran parte de su estudio a la democracia, la sociedad abierta y el papel de los ciudadanos.

La sociedad abierta es tal que los hombres han aprendido a mostrarse considerablemente críticos con respecto a tabúes mágicos, basando sus decisiones en la autoridad de su propia inteligencia (Popper, 2006: 189- 497).

Las sociedades abiertas conllevan obligatoriamente valores democráticos que son adoptados por los individuos y cuando se da un proceso de transición entre lo cerrado a lo libre o lo que muchos conocemos como transparente; este valor se vuelve base de la gobernabilidad con instituciones modernas que favorecen su realización.

“Gobierno abierto” es entendido como la apertura, disposición y obligación que los representantes del Estado deben tener para rendir cuentas, no sólo entre los organismos públicos de control interno y externo que también tienen compromisos en la materia, sino y primordialmente, con la población que se encargará de legitimarlos o no. Se trata entonces de construir acuerdos y consensos no únicamente entre los políticos o los partidos tanto de regímenes presidenciales o parlamentarios, la alianza debe ser con los ciudadanos organizados y con todas aquellas personas interesadas en ejercer sus derechos de libertad e igualdad para opinar sobre asuntos públicos, gestión pública y agenda legislativa.

Este círculo virtuoso entre sociedad abierta –gobierno abierto– transparencia y vigilancia es el objeto de la presente Iniciativa. Pero para que esto se logre, es necesario el diseño e implementación de mecanismos eficientes que permitan dar a conocer información de oficio veraz y oportuna por medio de datos abiertos, así como poner a disposición sistemas electrónicos que garanticen el acceso a la información requerida sin tener que movilizarse generando costos o tiempos de espera, se requieren instrumentos con formatos sencillos y fáciles de utilizar.

Lo antes planteado lleva a proponer los cambios a las leyes internas que nos rigen, como poder legislativo para iniciar desde nuestro ámbito. Es así como, aunque observamos dentro del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la implementación de acciones a favor de la transparencia como son la publicidad de las órdenes del día, la gaceta parlamentaria, la publicidad de las sesiones de comisiones, la creación de un canal legislativo, entre otras; estas acciones no han sido suficientes para lograr un efectivo parlamento abierto.

De acuerdo con el doctor Khemvirg Puente, en su libro “El Congreso Mexicano: ¿De la opacidad legislativa al parlamento abierto?”

La principal característica de un parlamento moderno democrático o “abierto” –como algunos lo denominan– es la accesibilidad. No solamente se garantiza el derecho de acceso a la información existen políticas de transparencia parlamentaria, sino que, por un lado, las decisiones se basan en amplias convocatorias de participación ciudadana y, por otro lado, se obliga a establecer mecanismo de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados y en la actuación individual de los legisladores.

Establecer reglas claras para la implementación de un verdadero parlamento abierto es una acción legislativa necesaria para mejorar la imagen del Congreso de la Unión, la vigilancia de sus acciones y su relación con la ciudadanía.

Es necesario continuar avanzando en favor de la transparencia activa y superar las limitaciones que todavía encuentra el ciudadano en la búsqueda y el manejo de la información que genera este poder legislativo; toda la información del Congreso de la Unión debe ser accesible para todos los interesados, y superar el cumplimiento de plazos para avanzar en la calidad del contenido donde la información explique y justifique de forma efectiva cada acciones y decisiones, garantizando el acceso a la información pública de manera proactiva e involucrando en los procesos legislativos a la pluralidad de grupos políticos y sociales.

Planteamiento del problema

De acuerdo con Transparencia Mexicana, se pude entender el parlamento abierto como aquella institución en la que, como cuerpo colegiado y a nivel individual, se rinde cuentas, se pone a disposición de la sociedad la información y se presenta de forma transparente, sencilla y accesible a la ciudadanía.

Parlamento abierto es aquel que utiliza las tecnologías de la información y comunicación canal bidireccional que no solo informa, también se retroalimenta de la ciudadanía. Un parlamento abierto permite la vigilancia y monitoreo, garantiza el uso y manejo de la información con la que cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos.

De acuerdo con la escalera de participación del Laboratorio Ciudadano impulsado por la Universidad de Toronto la relación entre legisladores y ciudadanos para la toma de decisiones se basa en 4 aspectos fundamentales:

1. Empoderar. Pedir a la ciudadanía que tome la decisión.

2. Colaborar. Trabajar con la ciudadanía para identificar soluciones factibles y adoptar una decisión en conjunto Involucrar Incluir a la ciudadanía en una relación bidireccional y considerar sus contribuciones en la toma de decisiones.

3. Consultar. Solicitar la retroalimentación de la ciudadanía y considerar los comentarios remitidos en la toma de decisiones.

4. Informar. Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades y de las decisiones adoptadas a fin de fortalecer la comprensión y crear conciencia pública.

En este orden de ideas, llama la atención la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria que se generó derivado de la conferencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario, que se celebró en Washington, DC, del 30 abril al 2 mayo de 2012 y que se puso a disposición del público a partir del 15 de septiembre de 2012 a través del enlace

https://openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf

Dicha declaración establece 44 principios de transparencia del parlamento que buscan efectivo derecho de acceso a la información parlamentaria, la implementación de legislaciones a favor del gobierno abierto, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas, la implementación de medidas que permitan la accesibilidad y difusión de los procedimientos parlamentarios, la disposición de la información histórica, la incorporación de formatos en datos abiertos y no propietarios, el uso de tecnologías de la información, la disponibilidad de información presupuestal y administrativa, la implementación de mecanismos que eviten conflictos de intereses, la simplicidad en la disposición de información parlamentaria y la publicación de información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que integran el parlamento.

Es en este contexto, las propuestas planteadas por la presente iniciativa tienen por objeto que la información que pone a disposición el Congreso de la Unión sea accesible para todos los interesados, donde se explique y justifique de forma efectiva cada acciones y decisiones, garantizando el acceso a la información pública de manera proactiva e involucrando en los procesos legislativos a la pluralidad de grupos políticos y sociales.

No debemos olvidar que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Republica se han comprometido en diversos foros internacionales a fortalecer las acciones a favor del parlamento abierto en temas como:

1. Promover la adopción de marcos normativos que garanticen la participación efectiva de las y los ciudadanos en el proceso legislativo para asegurar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de todos los sectores de la sociedad en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

2. Procurar la institucionalización de espacios y poner en práctica metodologías y mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en el establecimiento de las prioridades y temas en la agenda legislativa, la identificación de problemas, la elaboración de soluciones, la redacción de leyes, así como en su respectiva implementación, supervisión y evaluación.

3. Fomentar el uso y diseño de herramientas tecnológicas que habiliten espacios para la inteligencia colectiva recogiendo las opiniones y aportes ciudadanos en las diferentes etapas del proceso legislativo, y mejorando así los resultados del quehacer parlamentario a través de mecanismos de crowdsourcing, peticiones, consultas, audiencias públicas y otros espacios en línea.

4. Establecer medidas que permitan evaluar el nivel, la calidad y el alcance de la participación en las prácticas aplicadas para asegurar que sean inclusivas, con atención particular a los grupos tradicionalmente marginados.

5. Fortalecer el vínculo con nuestras y nuestros representados por medio de reuniones o actividades en persona en lugares seguros y de fácil acceso, en horarios convenientes, con servicios apropiados para reducir las dificultades que impidan la asistencia de mujeres, jóvenes, adultos mayores y minorías, publicando las propuestas y/o acuerdos realizados durante esas actividades.

6. Propiciar el diálogo e interacción con nuestras y nuestros representados, teniendo en cuenta el alcance de las redes sociales para informarles sobre los asuntos en los cuales trabajamos y sus impactos, así como involucrarles en los temas de su interés.

7. Difundir los derechos de las y los ciudadanos en materia de participación ciudadana, la importancia de su participación para el fortalecimiento de la democracia y los mecanismos que la posibilitan por medio de la página web del parlamento, medios tradicionales, redes sociales, e inversiones en programas de educación cívica.

8. Fomentar la revisión, adopción o actualización de marcos normativos para el acceso a información pública y asegurar su implementación por medio de un órgano garante independiente facultado para resolver las controversias que se presenten.

9. Promover la cocreación de planes nacionales y compromisos de apertura legislativa con la sociedad civil, y su incorporación en los planes de acción nacionales presentados a la Alianza para el Gobierno Abierto, según su política legislativa.

Análisis de constitucionalidad

De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, todos los mexicanos contamos con el derecho humanos de acceso a la información gubernamental tanto en la federación como en las entidades federativas.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Bajo el amparo del anterior artículo constitucional las adiciones planteadas en la presente iniciativa se encuentran dentro del reconocimiento de un Derecho Humano.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental contenido en el Sistema Legal Mexicano, por lo que su ejercicio por cualquier ciudadano, obliga a cualquier poder a aplicar las normas relativas al derecho sustantivo señalado, bajo un enfoque que privilegie la solución más favorable a su ejercicio pleno, esto es, preferir aquella interpretación que haga eficaz el cumplimiento de la norma sustantiva.

Es así que la búsqueda de una transparencia proactiva siempre será preferible a aquella que represente mayores obstáculos para un ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública.

Objeto de la iniciativa

Establecer mecanismos de parlamento abierto al marco jurídico del Congreso General que permita la participación ciudadana y la eliminación de cualquier intento de opacidad en la toma de decisiones legislativas.

Además, la presente iniciativa busca incorporar un mayor grado de razonabilidad en las asignaciones presupuestales dentro del Poder Legislativo a efecto de tener plena certeza sobre los ahorros que se pretenden realizar con las medidas de austeridad anunciadas y el destino de los recursos que serán redirigidos.

Derivado de las anteriores consideraciones es que propongo la siguiente iniciativa:

Primero. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 37, 39, 45, 46, 139 y 142 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Tercero.Se establecen los siguientes transitorios:

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República deberá modificar su Reglamento en un término de 30 días hábiles a efecto de hacer efectivas los mecanismos de parlamento abierto planteados en la presente iniciativa.

Por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 37, 39, 45, 46, 139 y 142 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 8 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sique:

Artículo 35.

...

3. Toda la información que sea tratada en las sesiones de la Junta deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 37.

...

3. Toda la información que sea tratada en las sesiones de la Conferencia deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 39.

...

Toda la información que sea tratada, elaborada, generada o utilizada en las sesiones de las Comisiones deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 45.

6. Las Comisiones tendrán las tareas siguientes:

...

g) Establecer acciones de inclusión a la ciudadanía en las etapas del proceso legislativo, estableciendo metodologías apropiadas y una combinación de mecanismos para incorporar en sus actividades de forma efectiva las contribuciones de la ciudadanía.

h) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las Comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación y pondrán la información que sea tratada, elaborada, generada o utilizada en sus sesiones a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 83.

...

2. Toda la información que sea tratada en las sesiones de la Junta de Coordinación Política deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 93.

...

2. Toda la información que sea tratada en las sesiones de las Comisiones deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 97.

...

4. La información enviada a las Comisiones será puesta a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

Artículo 99.

...

3. La Comisión de Administración pondrá a disposición de la ciudadanía toda la información que haya utilizado para determinar el presupuesto del Senado de la República, incluyendo las deliberaciones que le permitieron determinar los montos de cada gasto.

Artículo 106.

...

Toda la información que genere, reciba o se encuentre en posesión de los anteriores órganos técnicos y administrativos del Senado de la República serán puestos a disposición de la ciudadanía a través de medios electrónicos, en formatos de datos abiertos y sin restricción alguna.

Título Sexto Del Parlamento Abierto

Artículo 139.

...

2. Toda la información de las actividades del Congreso de la Unión deben ser puestas a disposición de la ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con efectiva difusión.

...

3. El Presidente de la Mesa Directiva de cada Cámara será el responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y contará con un titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara. La información derivada de esta actividad deberá remitirlos en un plazo máximo de 30 días hábiles, conforme a los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

Artículo 142.

1. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” en el que se publicará en datos abiertosla fecha y lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del que presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura.

2. Las actas de las sesiones secretas serán publicadas en datos abiertos salvaguardando únicamente la información que se encuentre en los siguientes supuestos:

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

II. Pueda, afecte la recaudación de contribuciones;

III. Obstruya la prevención o persecución de delitos;

IV. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

3. El Presidente de la Mesa Directiva de cada Cámara será el responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y contará con un titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara. La información derivada de esta actividad deberá remitirlos en un plazo máximo de 30 días hábiles, conforme a los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

Reformas y adiciones a los artículos 8 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

...

VIII. Aperturar a la ciudadanía todos los datos que tengan a su disposición sin ninguna limitación, únicamente guardando reserva respecto de la información que las leyes respectivas consideren como reservada o confidencial;

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representados donde propicie la participación ciudadana, la apertura de información legislativa y la publicidad y la generación de agendas legislativas; a través de una oficina física y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo.

Artículo 214.

...

2. Toda la información que se generé en las comisiones y comités estará disponible en medios electrónicos, en formatos de datos abiertos y sin ninguna restricción.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República deberá modificar su Reglamento en un término de 30 días hábiles a efecto de hacer efectivos los mecanismos de parlamento abierto planteados en la presente iniciativa.

Notas

1 XX Congreso Internacional del CLAD sobre reforma del Estado y de la administración pública, Lima, Perú. Noviembre 2015.

2 Khemvirg Puente, “El Congreso Mexicano: ¿De la opacidad legislativa al parlamento abierto?”

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4064/13.pdf, Consultado el 10 de septiembre de 2018.

3 https://citizenlab.ca/

4 Alianza para el Parlamento Abierto. (2017). Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017.

https://drive.google.com/uc?export=download &id=1prxF-Q5SkrZhiLv3dsPTfTotjsaJ0VPJ consultado el 10 de septiembre de 2018

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Luz Estefanía Rosas Martínez,Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Emmanuel Reyes Carmona, Frida Alejandra Esparza Márquez, Héctor Serrano Cortes, Javier Salinas Narváez, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Guadalupe Almaguer Pardo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Teófilo Manuel García Corpus, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal del Trabajo; y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de un Día de Trabajo en Casa y Horarios Escalonados, al tenor de la siguiente

El crecimiento exponencial de la concentración poblacional en torno a los polos de desarrollo como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y que en muchos aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el reflejo de las crecientes necesidades de trabajo y vivienda, lo que trae como consecuencia una alarmante afectación del medio ambiente provocando que la calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.

En este contexto, el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la situación de contingencia ambiental que ha atravesado la zona metropolitana de nuestro país, refirió que indudablemente la concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación incremente.

La velocidad promedio en la ciudad es 17 kilómetros por hora, pero ante un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a solo 4 kilómetros por hora, velocidad comparable a estar estacionado con el motor encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores cantidades de emisiones de contaminantes.

Asimismo, refirió que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 1.6 g/km a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan el 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por dicha Secretaría.

En este sentido se cree conveniente implementar, mayor flexibilidad en los horarios de los trabajadores de estas zonas metropolitanas, ya que como ha demostrado el índice internacional de congestionamiento vial, medido por la empresa holandesa de tecnología TomTom, la Ciudad de México se ubica como la más saturada a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se enfrente con un embotellamiento durante las horas pico de la mañana es de un 97 por ciento, mientras que por la tarde es del 94 por ciento, esto debido a que la mayoría de las empresas comparten, los mismos días laborables, así como las mismas horas de entrada y de salida de su personal.

Por otro lado, está el nivel de competitividad que presenta el país, el estudio mundial anual en esta materia, en donde se evalúan a 144 países, incluyendo México, tuvo los siguientes resultados:

• En el índice de competitividad global obtuvo 4.3 descendiendo al lugar 55 siendo Suiza el primer lugar con un ranking de 5.7.

• En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121.

• En flexibilidad se posicionó en el 102.

• En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116 y

• En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en el 120.

Estos números son expresión de la poca flexibilidad laboral que presenta el país, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la ineficiente capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia gubernamental.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera conveniente implementar las propuestas de un día de trabajo en casa, y horarios escalonados, como parte de una estrategia para reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante e incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores, y además de ser una medida idónea para mitigar la contaminación, mejorar la calidad medioambiental y contribuir al objetivo de un medio ambiente sano del artículo 4 constitucional.

Pues al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia actividad laboral, y cambiar los horarios de entrada y salida de personal, aportaran una mayor fluidez en el tránsito vehicular, y una disminución en el uso del sistema de transporte público, para evitar su saturación, beneficiando la movilidad en las ciudades.

Un ejemplo de esto es Semarnat, quien argumenta que el crecimiento económico y poblacional del país en las últimas décadas, ha generado un aumento significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un incremento en la emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósiles. Por tal motivo, estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha dependencia en un 20 por ciento, evitándose 75 mil viajes en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.

Ejemplo de empresas con horarios flexibles y trabajo en casa

Empresas, instituciones/Implementación

Semarnat

• Estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios, distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas por el personal y la disminución del uso del vehículo.

AXA México

• Está comprometida en promover una alternativa de trabajo flexible orientada a incrementar la productividad, que impacte positivamente en la calidad de vida de los colaboradores de acuerdo a las siguientes condiciones:

• Cubrir la jornada laboral diaria esperada de lunes a viernes. (Los horarios de entrada van de las 7:00 a las 10:00 horas.)

• Elegir de entre varios escenarios empatando las necesidades del negocio con sus preferencias individuales de horarios.

• Previo acuerdo de las partes (colaborador - jefe inmediato o gerente) se podrá establecer el horario para completar la jornada laboral, siendo exclusiva responsabilidad del colaborador el cumplimiento del escenario que el colaborador creo para completar su jornada laboral.

• Asegurar que los horarios flexibles no interfieran con las necesidades del departamento en atención al cliente, cobertura de la operación, servicios de soporte, etcétera. Según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior de Trabajo inciso e) cualquier colaborador deberá solicitar la autorización necesaria para salir del centro de trabajo durante su jornada. Cuando el colaborador no pueda asistir a sus labores, estará obligado a dar aviso a su jefe inmediato, precisando la causa del impedimento. Cuando se ausente de sus labores por accidente o enfermedad no profesional deberá justificar la incapacidad mediante la constancia requerida, en caso contrario se entenderá como falta injustificada.

• Aceptar que se evalúe el cumplimiento de su horario periódicamente.

• Asumir las sanciones correspondientes en caso de faltar a lo establecido en la presente política.

Grupo Urrea

• Quienes tienen dificultades para acudir a la oficina, en situaciones como enfermedades de familiares, pueden hacer su trabajo a distancia.

• Permite flexibilizar el horario para poder atender asuntos personales, así como permutar jornadas de trabajo para gozar de determinados días de descanso. Para reducir los tiempos de traslado diario, la empresa presta sus instalaciones para que terceros ofrezcan diferentes actividades a los empleados, por ejemplo, clases de inglés o de yoga.

Bancos GT Continental

• Trabajo de lunes a viernes con horarios flexibles.

• Ambiente agradable de trabajo

• Programa de inserción laboral brindan una oportunidad de trabajo a personas con capacidades diferentes.

Microsoft

• Gracias a la tecnología los trabajadores pueden mejorar su productividad en un entorno de trabajo flexible y móvil, es el primer peldaño que Microsoft propone para impulsar la competitividad en el entorno empresarial español.

• Actualmente la tecnología de Microsoft ayuda a la flexibilidad laboral, gracias a sus productos y servicios que han evolucionado, para aprovechar las ventajas que ofrece internet, permitiendo a las empresas ahorrar entre un 10 por ciento y un 50 por ciento en sus costes de tecnología.

• Cabe señalar que otro punto a destacar de esta iniciativa es que permite un ahorro de tiempo y dinero, esto se ve reflejado en importantes beneficios en cuanto costo, también fomenta el compromiso del empleado con la empresa y reducir la rotación laboral.

• Finalmente, hay que destacar que el trabajo desde casa posibilita que el medio ambiente sea uno de los grandes beneficiados de estas medidas, al evitarse los desplazamientos y reducirse, por tanto, la emisión de gases de efecto invernadero.

El implantar el día de trabajo en casa, reduciría tiempos y costos, para lograr mayor productividad, las empresas contratan servicios de terceros, que permiten administrar su negocio por medio de aplicaciones o programas, que facilitan la integración de toda la información de sus empresas.

Ejemplo de compañías que proporcionan servicio de software para las empresas

Compañía/Características

Islonline

• Es un software llamado ISL LIGHT 4 que provee de herramientas multiplataforma para el control remoto de equipos y dispositivos móviles para empresas como:

– Coca Cola

– Canon

– Telefónica

– Televisión azteca

– HP

– Mercedez-Benz

Befective

Business effective

• Es una empresa que proporciona consultoría e implementa un software para elevar la productividad de las empresas.

• Permite mejorar la productividad de una empresa, el portal solicita que proporciones los datos necesarios para realizar un análisis para que sea más eficiente la empresa.

• Registro automatizado: Ningún esfuerzo extra es necesario, basta bajar el agente y el recolectará los datos automáticamente.

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• Jerarquía Corporativa: Cree cuantos grupos y subgrupos su empresa necesite.

• Niveles de Productividad: Configure qué actividades son productivas e improductivas para cada grupo.

• Reportes: Obtenga informaciones reales y precisas de lo que realmente está siendo hecho en su empresa.

• Gestión de Alertas: Mejore la productividad y evite la pérdida de tiempo.

• La licencia por usuario por mes se encuentra entre 7,00 a 9,00 dólares.

Join.Me

• Programa para tener juntas virtuales y compartir pantallas es indispensable para trabajar de manera remota. Join.me se usa de manera intuitiva y no requiere descargas o suscripciones de tu parte o tus clientes.

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Infusionsoft

• Este servicio de correo para las pequeñas empresas es una gran solución ya que te permite automatizar grandes partes de tu marketing digital con envíos de correo a bases específicas de datos.

Los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la posibilidad de implementar un día de trabajo en casa así como horarios flexibles que ayude a mejorar el clima laboral, la productividad y la su calidad de vida, siempre y cuando se cumpla con las actividades laborales que se le solicite por su jefe inmediato. De acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal establecido en los siguientes artículos:

Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada por necesidades del servicio debidamente comprobadas, con la intervención del Sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4° de estas Condiciones.

Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por turnos o jornadas acumuladas.

Artículo 66.El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y se realizará mediante sistema digitalizado y/o tarjetas.

La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal podrá, en atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro.

Artículo 75.Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el Gobierno proporcionará:

Fracción I. Implementos necesarios y adecuados a la función encomendada ,los cuales serán de la más alta calidad;

Fracción II. Capacitación y adiestramiento ,con intervención de la Comisión de Capacitación;

Fracción III. El gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención del Sindicato, la planeación, distribución y reestructuración de las actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y despierten el interés al trabajador en sus funciones encomendadas.

A nivel mundial, sirven de ejemplo los siguientes países que han reducido su jornada laboral, teniendo beneficios directos en la población:

Nota: Las horas laborales con asterisco (*) es el promedio nacional, no significa que sea la jornada estándar en todo el país, pero por ley hay un límite de horas para laborar por semana.

La propuesta que presentamos es producto de un ejercicio de armonización con los trabajos ya implementados y probados a nivel internacional, ejercicios que han permitido a dichas naciones obtener beneficios tangibles a su productividad y medio ambiente.

De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios, de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más productivos porque toman menos descansos, le prestan más atención a sus tareas, casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su empleo.

Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los problemas que implican el endurecimiento de programas” como la restricción de usar el auto una o dos veces por semana, dependiendo del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.

En este contexto consideramos que estas acciones generarán beneficios inmediatos, ya que la propuesta establece una semana laboral que contemple un día de trabajo en el domicilio, de por lo menos un 20 por ciento del personal de las instituciones correspondientes, y la opción de la consideración de los horarios escalonados para flexibilizar la jornada laboral.

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las cuales se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales como la movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas en las zonas metropolitanas.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México busca con esta propuesta de reformas, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que hoy en día se ven severamente afectados por diversos factores relacionados principalmente con la congestión vehicular, la cual trae como consecuencia daños al ambiente y la salud pública, así como afectación al estado de ánimo de las personas.

Para ello, se busca:

1. Facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a identificar la correlación del aumento de la contaminación con los traslados de los trabajadores a sus centros laborales.

2. Se modifique la Ley Federal del Trabajo, para que dentro de las condiciones Generales de Trabajo, se precisen cláusulas que permitan de manera opcional establecer un día de trabajo en casa,

3. Se establezca, dentro de las Condiciones Generales de Trabajo, y siempre que la naturaleza de la labor lo permita y así lo acuerden los empleadores y los trabajadores, la ejecución de horarios escalonados óptimos de entrada y salida al centro de trabajo para la reducción de los daños medioambientales y el favorecimiento de la movilidad.

4. De igual modo, se proponen reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteccón al Ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar a la Semarnat a indicar el óptimo de horarios escalonados de ingreso y salida laboral para la disminución de contaminantes en las actividades industriales, empresariales y de gestión pública.

5. Por último se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, para que los trabajadores tengan horarios escalonados de entrada y salida, así como un día de trabajo en casa.

La Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 320 que los patrones están obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio, el cual debe estar autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que debe contar con una serie de requisitos como es el nombre nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo, así como los días y el horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios, por lo que consideramos que el promover un día de trabajo en casa conlleva al bienestar del trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Primero.Se adiciona la fracción XV del artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 111. Para controlar, reducir, o evitar la contaminación de la atmosfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I a la XIV. ...

XV. Diseñar y proponer a las instituciones públicas y asesorar a las empresas del sector privado que así lo solicite, la implementación de horarios escalonados de entrada y salida de trabajadores para favorecer la movilidad.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción XLI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la XL...

XLI. Diseñar, ejecutar, con la participación de la Secretaría del Trabajo, las mediciones ambientales para la implementación obligatoria de horarios escalonados de entrada y salida de trabajadores en las instituciones públicas, así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten;

LXII...

Artículo Tercero.Se reforman; las fracciones IV del artículo 15; los artículos 22 y 27, las fracciones III y IV del artículo 132; Se adiciona una fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional

Artículo 15.Los nombramientos deberán contener:

I a la III...

IV. La duración de la jornada laboral en el centro de trabajo y en el hogar del trabajador;

V. En caso de que así esté acordado entre las partes, el reconocimiento de un día de trabajo en casa, cada semana laboral, siempre y cuando la naturaleza de la labor lo permita.

VI a la VII...

Artículo 22. La duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas , misma que deberá considerar un horario escalonado de entrada y salidas entre los trabajadores en las áreas laborales que así lo permitan.

Artículo 27. Los trabajadores, por cada seis días de trabajo, incluida la jornada en el domicilio del trabajador, en caso de que estén en este supuesto, disfrutarán, cuando menos, de un día de descanso, con goce de salario íntegro.

Artículo 132.Son obligaciones de los patrones:

I a II...

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores la tecnología de la computación y el software adecuado para la protección y seguridad de la información,los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, permitir utilizarlos en domicilio opermanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;

V a la XXVIII...

Artículo Cuarto.Se reforman; fracción IX del artículo 25, fracciones III y IV del artículo 132, fracciones IV y V del artículo 391; Se adicionan las fracciones XXIX y XXX del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:

I a la VIII...

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, jornada laboral en el domicilio del trabajador,vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones.

I a la II...

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores la tecnología de la computación y el software adecuado para la protección y seguridad de la información,los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, permitir utilizarlos en domicilio opermanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;

V a la XXVIII...

XXIX. Implementar opcionalmente una jornada laboral en el domicilio del trabajador, por lo menos un día de su semana laboral. Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador;

XXX. Opcionalmente podrá implementar horarios escalonados de entrada y salida entre los trabajadores, en los centros laborales.

Los empleadores remitirán a la Secretaría semestralmente los horarios y los porcentajes de su planta laboral que trabajará desde su domicilio.

Artículo 391.El contrato colectivo contendrá:

I a la III...

IV. Las jornadas de trabajo, las cuales podrán considerar un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores en los centros laborales;

V. Si es que así se ha acordado, los días de jornada en el domicilio del trabajador,descanso y vacaciones;

VI a la X...

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para establecer las directrices de implementación de la reforma, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de doce meses llevará a cabo, el análisis de reducción de contaminantes; igualmente, en el mismo lapso, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales implementará programas pilotos en las entidades federativas que así lo considere pertinente, de los horarios escalonados y el día de trabajo en casa, por cada dependencia con la finalidad de obtener indicadores para la mejor efectividad de la reforma.

Tercero.Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo un día de labor en el domicilio del trabajador contarán con un plazo de un año a efecto de que adecuen sus condiciones de trabajo en concordancia al presente Decreto, debiendo considerar, los lineamientos que al efecto publique la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si una vez ejecutado el día laboral en domicilio no cubre el rendimiento del trabajador podrá este de manera automática regresar a sus condiciones de trabajo que indique el patrón.

Notas

1 Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, 2014; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015; ONU – Hábitat por un mejor futuro urbano

2 Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 de junio de 2016. En

https://youtu.be/O6S7LJypoms

3 Consultado en Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana.16. México

http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf

4 Consultado en Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana.16. México

http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf

5 “TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Word Wide”, en TomTom, s/f, consultado el 22 de junio de 2016,

https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list.

6 Consultado en

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

7 Consultado en

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ economies/#indexId=GCI&economy=MEX

8 Consultado en http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/ MEX.pdf

9 Información obtenida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

10 Información obtenida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un ejercicio piloto para la “Reducción de Emisiones de Empleados de Semarnat, mediante la disminución de demandas de viajes en Semarnat”.

11 Consulta en http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen- ejecutivo-la-implementacion-de-tu. 8 de noviembre de 2016.

12 Consúltese:

http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=31

13 http://www.gt.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de- banquero-persona-experto-en-guatemala-ciudad-AEF813A586EE490F y

http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/lanzamientos/ 894039-330/banco-gt-continental-mantiene-su-programa-de- inserci%C3%B3n-laboral

14 Consúltese:

https://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2011/06/ n014-microsoft-dia-oficina-casa

15 Consúltese: Condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal.

16 http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=NL,

https://labourrights.vrijebond.org/2014/12/04/derechos-laborales-en-los- paises-bajos-version-larga/

17 http://uk.bm.dk

https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/work.htm

http://spanien.um.dk/es/conoce-dinamarca/informacion-sobre-dinamarca/ politica/flexiguridad-educacion-y-el-estado-de-bienestar-en-dinamarca

18 http://www.noruega.org.mx/

19 http://www.mexiko.diplo.de/

http://moncat.gencat.cat/es/alemanya/informacio-sobre-tramits/ informacio-laboral-basica/jornada-vacances-i-permisos

20 http://www.infosuiza.com/condiciones-laborales-en-suiza/

21 http://www.portaloceania.com/au-work-law-esp.htm

22 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2016, En Contexto, Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés,Adolfo Torres Ramírez, Arturo Escobar y Vega, Erika Mariana Rosas Uribe, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Lilia Villafuerte Zavala, Nohemí Alemán Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el presidente de la República comparezca ante el pleno del Poder Legislativo, a efecto de presentar un informe detallado, tanto de manera verbal y escrita, del estado general que guarda la administración pública del país, al tenor de lo siguiente:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a casi doscientos años de su instalación, ha constituido el poder popular por excelencia, lo que establece que la soberanía de una elección popular se deposita en esta representación del pueblo para su ejercicio.

En la verdadera esencia de un país republicano, la presencia del presidente de la República ante el Congreso de la Unión, es para que el titular del Poder Ejecutivo informe a los representantes populares de la nación, ampliamente de manera verbal y escrita circunstanciada sobre la gestión administrativa y política del Ejecutivo.

En este informe se debe mostrar detalladamente la administración del mandatario, para que los diputados y senadores tengamos mayores elementos al legislar y para que esa legislación responda a los requerimientos que por muchos años el pueblo ha planteado, tal y como lo señala el artículo 39 de la Constitución que a la letra dice: La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo.

El 1 de enero de 1825, el general Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México en rendir un informe, quien, a pesar de no estar obligado, se presentó ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno, informando principalmente, sobre las penurias económicas por las que atravesaba el país, después de la lucha por la Independencia y del fallido imperio de Agustín de Iturbide.

Noventa y dos años después, el 5 de febrero de 1917, se promulgó la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas, retoma en el artículo 69, la obligación del Ejecutivo de acudir presencialmente a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, para informar por escrito sobre el estado general que guardaba la administración pública de la nación.

De esta manera, todos los presidentes de la República, acudieron puntualmente a cumplir con este mandato constitucional.

Cabe mencionar, que el 1 septiembre de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, acudió por última vez desde entonces al Congreso de la Unión del Poder Legislativo para presentar ante el pleno, su Informe de Gobierno como lo citaba la Carta Magna.

En julio de 2008, con 107 votos a favor y tres abstenciones, la Cámara de Senadores de la LX Legislatura presidida por Manlio Fabio Beltrones Rivera, reformaron los artículos 69 y 93 constitucionales, con lo que determinó que ya no era necesaria la presencia del presidente de la República para informar del estado general que guarda la nación durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Resultado de ello, en ese año y por primera ocasión en 99 años, un mandatario dejó de asistir personalmente a entregar su Informe de Gobierno; condición que defraudó la soberanía y democracia del país, y fue entonces, que el Congreso decidió eliminar “El día del Presidente de la República”.

Planteamiento

El artículo 69 constitucional, no hace más de diez años imponía la obligación al presidente de la República, para que se presentará formalmente ante el Congreso de la Unión, y rindiera un informe, por escrito, sobre la situación que guardaba la administración pública federal.

Sin embargo, el actual informe presidencial que rinde el titular del Ejecutivo, se ha desvirtuado, ha perdido su esencia republicana y se ha utilizado básicamente con el objeto de proyectar la figura presidencial por encima de los mandantes del Ejecutivo, en este caso los diputados.

Se transformó en un acto del Ejecutivo federal que dispone, además, de todos los medios de comunicación masivos para su difusión desmedida, sin dar cabida a ninguna réplica directa o cuestionamiento alguno por parte del Poder Legislativo, el cual termina en hacer una apología de su obra anual.

En su reciente Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, señala que durante su sexenio en el Poder Ejecutivo, se realizó un gasto ejercido por mil 298 millones 239 mil pesos tan sólo en servicios de comunicación social y publicidad en su administración pública federal entre los rubros de Presidencia y Gobernación.

La Constitución de 1857 establecía la obligación al presidente de la República para que, al iniciar el período de sesiones del Congreso de la Unión, pronunciara un discurso por medio del cual daba a conocer el estado que guardaba el país. En tanto que la Constitución de 1917 solamente obliga a presentar un informe por escrito, con fundamentación también en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.

La Ley Suprema establecía anteriormente que a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistiría el presidente de la República y presentaría un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

No obstante, el término “asistir”, no obliga como tal al mandatario a comparecer ante el pleno del Congreso de la Unión, por lo que en un sentido estricto, se debe puntualizar la presencia del Ejecutivo y la debida presentación tanto verbal como escrita, del Informe de Gobierno ante los legisladores.

En agosto de 2008, el Poder Ejecutivo de la Cámara de Senadores, publica un acuerdo parlamentario para normar el formato de la sesión de Congreso General para la apertura del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, para regular la recepción y trámite del Informe por escrito que debe presentar el presidente de la República sobre el estado general que guarda la administración pública del país el 1 de septiembre de 2008, así como para establecer criterios generales para que las Cámaras de Diputados y de Senadores lleven a cabo su análisis y, en su caso, citen a comparecer a los servidores públicos a que se refiere el artículo 69 constitucional y formulen preguntas por escrito al presidente de la República.

(Énfasis añadido.)

Dicho documento, desde 2008, ha exentado al Poder Ejecutivo de asistir personalmente a rendir su Informe de Gobierno al Congreso de la Unión; sin embargo, claramente establece que fue otorgado para el entonces presidente Felipe Calderón en su segundo Informe de Gobierno.

En el artículo 7, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al pie de la letra dice que “El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución”.

(Énfasis añadido.)

Por lo tanto, sí en su momento fue violentada esta obligación constitucional por un acuerdo parlamentario vigente a la fecha, se pretende que nuevamente asista el titular del Ejecutivo, no por una disposición reglamentaria sino por un mandato constitucional como anteriormente se establecía; la presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el presidente de la República para presentar dicho Informe de Gobierno, fortaleciendo con esto el ejercicio democrático y republicano que ha ponderado el presidente López Obrador.

Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro:

Texto vigente

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Propuesta

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso el presidente de la República comparecerá ante el pleno del Poder Legislativo, a efecto de presentar un informe detallado tanto de manera verbal y escrita, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Por lo planteado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso el presidente de la República comparecerá ante el pleno del Poder Legislativo, a efecto de presentar un informe detallado tanto de manera verbal y escrita, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este decreto, se dejarán sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan a éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputada: Rubén Terán Águila,Francisco Javier Ramírez Navarrete, Julio César Ángeles Mendoza, Marco Antonio González Reyes, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones XVII y XVIII y se adiciona una fracción XIX al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente

Esta iniciativa tiene como objeto coadyuvar con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción desde un enfoque ciudadano.

Las auditorías superiores de los estados y de la federación, son finalmente órganos del estado y por lo tanto sus trabajos debes ser asumido como de naturaleza interna.

El pueblo como otorgante del mandato de gestión a sus mandatarios, se verá favorecido si puede contar con la facultad de contratar auditorias independientes o de naturaleza externa para conocer, sin posibilidad de conflictos de interés, si sus mandatarios están o no trabajando a la altura de las expectativas.

Los reportes de dichas auditorías externas “auditorias ciudadanas” se dirigirán “masivamente” al pueblo haciendo uso tanto de los medios de comunicación oficiales del estado como de los medios de comunicación propiedad de particulares.

Proceso

1. Al inicio de un ejercicio presupuestal anual, los mandatarios deberán precisar el 20% de las partidas presupuestales que contribuyen aproximadamente al 80% del monto del presupuesto anual.

2. Acompañado esta precisión se deberá informar los objetivos cuantitativos y cualitativos de los proyectos y actividades que conforman dichas partidas, así como los planes detallados de ejercicio presupuestal correspondientes.

3. 30 días hábiles después del inicio del ejercicio presupuestal, los organismos empresariales de mayor relevancia y prestigio, recibirán las solicitudes de todo aquel ciudadano que quiera formar parte del comité de auditoría ciudadana. Para poder formar parte de dicho comité se deberá acreditar fehacientemente que cuenta con la preparación técnica y experiencia práctica de al menos 10 años en materia de administración pública o privada.

4. Los comités de auditoría ciudadana deberán ser totalmente honoríficos, es decir sin retribución económica alguna. Cada comité estará integrado por 5 ciudadanos con la misma capacidad de voz y voto dentro del comité.

5. El mismo día de cierre del ejercicio presupuestal anual, en acto público y bajo coordinación de representantes de al menos 3 organismos empresariales, se efectuará sorteo abierto para conformación del comité.

6. 10 días hábiles después, el comité de auditoría ciudadana invitará, al menos a las 10 mejores empresas privadas de auditoría y servicios forenses de ámbito nacional, a presentar cotizaciones para llevar a cabo las auditorias por partida presupuestal.

7. 30 días hábiles después, el comité de auditoría ciudadana elegirá a la mejor empresa de auditoría para cada partida y hará pública su decisión fundamentándola a detalles.

8. En esa misma fecha, el ejecutivo deberá entregar toda la información referente al ejercicio presupuestal de cada partida y se dará inicio a la auditoría con alcance forense.

9. 30 días después de haberse iniciado la auditoría ciudadana, la firma encargada de la auditoría en cuestión, deberá entregar un reporte detallado de aciertos, errores y temas a aclarar. Estos reportes se difundirán a la sociedad.

10. El poder ejecutivo tendrá 30 días a partir de la publicación de los reportes, para aclarar públicamente las desviaciones encontradas.

11. El ejecutivo deberá pagar por el costo de estas auditorías exactamente el mismo día en que sus resultados sean entregados al comité ciudadano.

De acuerdo con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana tiene entre sus funciones el coadyuvar al Comité Coordinador del SNA al cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran el diseño y la promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos; además de que el Comité de Participación Ciudadana funciona como vínculo directo con las organizaciones sociales.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones XVII y XVIII y adiciona una fracción XIX al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Único. Se reforman las fracciones XVII y XVIII y se adiciona una fracción XIX al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. ... a XVI. ...

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional ,

XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana , y

XIX. Proponer al Comité Coordinador la realización de mecanismos ciudadanos de auditorías independientes a contratos de obra pública de alto impacto económico, en términos de la reglamentación correspondiente, sin menoscabo de las atribuciones que en la materia corresponden a las autoridades correspondientes.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité de Participación Ciudadana expedirá en el plazo de 180 días la reglamentación necesaria a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Sergio Fernando Ascencio Barba, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Appel Ruffo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago ,Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Martha Hortencia Garay Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

Planteamiento del problema

De acuerdo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población, en 2017 habitaban en el país casi 13 millones de personas de 60 años o más.

La proporción de este grupo de población, el de las personas adultas mayores, en los últimos años ha crecido a ritmos más acelerados que la de otros grupos. Tan solo entre 1970 y 1990, el porcentaje de personas adultas mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2 por ciento; para 2017 dicho porcentaje era ya de 10.5 por ciento y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, su tendencia esperada para los próximos años la colocan como una de las transformaciones sociales de mayor trascendencia del siglo XXI.

Lo anterior representa una conquista para la medicina, pues el incremento en la expectativa de vida en los últimos años ha sido exponencial. Sin embargo, no solo es necesario aspirar a aumentar la expectativa de vida, sino además, incrementar la calidad de la misma para lo que resulta necesario el reconocimiento de las problemáticas y desigualdades fácticas que puede enfrentar este grupo de población, principalmente de quienes se encuentran en especial vulnerabilidad, como lo son las personas adultas mayores internas en los centros penitenciarios.

Argumentos

La comunidad internacional ha reaccionado al crecimiento demográfico de las personas adultas mayores y ha llamado su atención la necesidad de generar las condiciones que permitan dignificar el proceso de envejecimiento, a partir de una mayor protección y garantía de sus derechos humanos. Al respecto, el 5 de junio de 2015, en el marco de la cuadragésima quinta (XLV) Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Este instrumento regional, que si bien aún no vincula al Estado mexicano, ofrece por sí mismo, una valiosa herramienta para el quehacer gubernamental, y nos invita a adoptar las medidas políticas, institucionales, administrativas y legislativas tendientes a hacer efectivos los derechos y libertades de las personas adultas mayores.

En efecto, el artículo 5 de la convención establece la obligación de los estados parte de desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, entre las que contempla a las personas privadas de libertad.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sus diversos diagnósticos penitenciarios anuales, ha señalado las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores, principalmente en tópicos relativos al derecho a la salud y alimentación, así como de ciertas condiciones que propician una mayor vulnerabilidad y desventaja con respecto a otros internos.

En los diagnósticos más recientes, el referido organismo nacional ha destacado la falta de ubicación adecuada de las personas adultas mayores a partir de considerar su edad y la dificultad para la accesibilidad al interior de las instalaciones.

Asimismo, en el pronunciamiento Supervisión penitenciaria de 2016, la comisión nacional, consideró de manera específica, la vulnerabilidad de estas personas adultas mayores y estableció la necesidad de que los centros penitenciarios tengan registros de esta población y de sus necesidades, se cuente con accesibilidad en las instalaciones, atención médica, equipos médicos de apoyo, talleres de acuerdo a sus necesidades, dietas adecuadas, acceso a instalaciones deportivas, instalaciones de visita íntima y familiar así como acciones para evitar que sean discriminados.

En atención a lo anterior, se considera que esos pronunciamientos deberían ser asumidos como valiosos instrumentos orientadores de las instituciones penitenciarias, a efecto de que las personas privadas de la libertad de 60 años o más, puedan acceder a una vida digna, en igualdad de condiciones al resto de la población, como lo refieren algunos autores, lo que implica “comprender los derechos del adulto mayor como persona, de manera sistemática e integral.

Al respecto, el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana, publicado en septiembre de 2017, además de referir ampliamente las circunstancias antes descritas, establece una serie de recomendaciones orientadas a que las personas adultas mayores privadas de la libertad, accedan a una vida digna. Entre las propuestas recomendadas por la comisión se encuentran:

1. Armonizar la normatividad nacional a fin de que se brinde atención eficaz y eficiente a las personas privadas de la libertad de más de 60 años de edad;

2. Se establezca la obligación de que los centros de reclusión penitenciaria de la República Mexicana cuenten con un registro de personas de más de 60 años que incluyan, condiciones de salud, necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos;

3. Promover programas para evitar su discriminación, procurando condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento, y

4. Prever los recursos presupuestales pertinentes e infraestructura de los centros penitenciarios conforme a los estándares internacionales para poder garantizar que las personas de más de 60 años, internas o visitantes, puedan tener mejor acceso al establecimiento penitenciario.

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios

Único.Se creael artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como sigue:

Artículo 35 Bis.Los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a efecto de que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento.

Para lo anterior, la autoridad penitenciaria deberá prever los recursos presupuestales pertinentes e infraestructura de los centros penitenciarios, conforme a los estándares internacionales en la materia.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas [ONU] (s/f). Envejecimiento. Recuperado el 6 de junio de 2017, de:

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html.

2 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, disponible en línea en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_ interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

3 El estado de la suscripción y ratificación está disponible en línea en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_ A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp.

4 Martínez Aparicio, Erika. “Proteccionismo, derechos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida”. CNDH. México, 2016. pág. 28.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Martha Hortencia Garay Cadena, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Ismael Alfredo Hernández Deras, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo undécimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Los padres somos los principales responsables de la educación de los hijos. Como se sabe, somos seres sociales y dependientes, dependencia que se muestra de modo más patente en los años de la infancia; por ello, pertenece a la niñez, el recibir una educación, crecer en sociedad, adquirir conocimientos.

De ahí que todo hijo tenga derecho a la educación, y a este derecho de los hijos, corresponde el derecho y el deber de los padres a educarlos.

El término educare significa primordialmente “acción y efecto de alimentar o nutrir”, alimento que evidentemente, no es sólo material, sino que abarca también el alimento de las facultades morales e intelectuales de los hijos.

Los atentados contra el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos, constituyen en definitiva, un atentado contra el derecho del hijo, derecho que en justicia debe ser reconocido y promovido por la sociedad.

Sin embargo, que el derecho del hijo a ser educado sea más básico, no implica que los padres puedan renunciar a ser educadores, tal vez con el pretexto de que otras personas o instituciones puedan educarlos mejor.

Cualquier otro agente educativo de nuestros hijos lo será por delegación de los padres y subordinado a ellos.

Esto es así ya que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental, son educadores por ser padres, aunque comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como el Estado.

Sin embargo, la participación del estado en la educación de la niñez, tendrá el carácter de auxiliar, apoyando a los padres en una educación integral.

Por ello la escuela ha de ser vista en este contexto, como una institución destinada a colaborar con los padres en su labor educadora.

Por lo anterior, el Estado debe, por un lado reconocer que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos y por otra parte salvaguardar la libertad de las familias, para que éstas puedan elegir con rectitud la escuela o los centros que juzguen más convenientes para la educación de sus hijos.

Ciertamente, en su papel de tutelar el bien común, el Estado posee derechos y deberes sobre la educación; pero tal intervención no puede chocar con la legítima pretensión de los padres de educar a sus propios hijos, lo anterior en consonancia con principios que ellos sostienen y viven y que consideran convienen a sus hijos.

De ahí la importancia que el Estado reconozca constitucionalmente, el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

Lográndose así, el derecho del menor a que no se deforme su personalidad y no se anulen sus aptitudes, evitando se abuse de su docilidad natural para imponerle opiniones o criterios; de esta forma, se muestra que el interés paterno en este campo va más allá de los resultados escolares.

Por todo lo anterior, en el numeral 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos, y es más significativo aún el hecho de que los Estados firmantes incluyan este principio entre los básicos que un Estado no puede negar o manipular.

No obstante que el país es firmante de tratados internacionales, en los cuales se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos, la Constitución Política no establece de manera literal tal derecho.

Si bien el artículo 1o. de la Carta Magna establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Hoy, bajo el embate de fuerzas que intentan vulnerar instituciones básicas de la sociedad, como la institución del matrimonio y la unidad de las familias, se hace necesario proteger estos y otros derechos fundamentales.

Tal como lo han establecido constitucionalmente otros países firmantes de pactos internacionales; cito como ejemplo los casos de Italia, Brasil, Colombia, Chile, Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros.

Lo anterior en atención a los siguientes tratados internacionales de los que México forma parte:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:

Artículo 13

3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 1960, que establece en el artículo 5:

Artículo 5

1. Los Estados parte en la presente convención convienen

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales:

1. De elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2o. de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones;

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece:

Artículo 5. El derecho a ser orientado por tus padres

El estado debe respetar el derecho y la obligación de tus padres de guiarte y aconsejarte en el ejercicio de tus derechos y en el desarrollo de tus capacidades.

Artículo 18. Las obligaciones de tus padres

1. Tus padres deben criarte y garantizarte un desarrollo adecuado.

2. El Estado debe ayudar a tus padres en esta tarea, creando instituciones y servicios cuyo trabajo sea cuidar de tu bienestar.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico:

Los padres o encargados tienen una responsabilidad sobre el desarrollo educativo de sus hijos. El 100 por ciento de la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en el Estado, representado por el Departamento de Educación.

Tomando en cuenta los tratados citados anteriormente, y considerando lo establecido tanto en el artículo primero, como el propio artículo 133 constitucional, así como las razones expuestas hasta aquí, resulta conveniente y necesario, adicionar los preceptos constitucionales a efecto de proteger los derechos ya aludidos.

Aunado a lo anterior y con la finalidad de tener en cuenta un contexto internacional, en relación al tema, encontramos que en algunos países de Europa y América Latina, se tienen establecidos los mencionados derechos, en sus respectivas constituciones; por ejemplo:

La Constitución de España establece:

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La Constitución de Italia establece:

Artículo 30: Es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a los hijos, incluso a los habidos fuera del matrimonio. En los casos de incapacidad de los padres, la ley dispondrá lo necesario para que sea cumplida la misión de los mismos. La ley garantizará a los hijos nacidos fuera del matrimonio plena protección jurídica y social, en la medida compatible con los derechos de los miembros de la familia legítima. La ley dictará las normas y los límites de investigación de la paternidad.

La Carta de los Derechos y Responsabilidades de los Padres en Europa

2. Los padres tienen el derecho del reconocimiento de su primacía como educadores de sus hijos. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos de manera responsable y no desatenderlos. Los padres deben trabajar juntos, en las escuelas, con las escuelas, y también a escala europea y en las asociaciones nacionales. Nuestros objetivos consisten en una mutua inspiración y crecimiento orientados hacia la solidaridad europea.

En Brasil, por ejemplo, en la Constitución se establece:

Artículo 208. El deber del Estado con la educación será efectuado mediante la garantía de

3o. Compete al poder público empadronar a los educandos en la enseñanza fundamental, hacerles llamar y velar junto a los padres o responsables, por la frecuencia a la escuela.

Artículo 229. Los padres tienen el deber de asistir, criar y educar a los hijos menores, y los hijos mayores tienen el deber de ayudar y amparar a los padres en la vejez, carencia n enfermedad.

En la Constitución de la Republica de Ecuador se establece:

Artículo 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.

Realizando una comparación entre los países de América Latina, se encuentra como el denominador, que los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos, con la libertad para elegir el tipo de educación que desean para ellos, siendo este un derecho constitucionalmente reconocido.

En México, la legislación secundaria en materia familiar sí considera el derecho que tienen los padres a educar convenientemente a sus hijos, como es el caso del Código Civil Federal, cuyo título octavo, relativo a la patria potestad respecto de la persona de los hijos, establece lo siguiente:

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente.

Recalcando tal obligación en el párrafo segundo del citado precepto, al establecer lo siguiente:

Cuando llegue a conocimiento de los consejos locales de tutela o de cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda.

Por otra parte, en la Ley General de Educación se establece que debe haber un trabajo de educación en la familia, como se alude en los siguientes preceptos:

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

...

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos;

...

El hecho de que los padres tengan el derecho a educar a sus hijos, se ha convertido en un debate social y político, dado que a pesar de todo lo expuesto con antelación en relación a las constituciones de otros países y lo establecido en los diversos tratados internacionales, aún se considera erróneamente que las instituciones educativas son las únicas encargadas de la educación de la niñez.

Resulta necesario precisar literalmente los derechos referidos en el cuerpo de la presente, en la Constitución, a fin de dejar establecido de una vez, el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

Lo anterior, sin menoscabo de la obligación que tiene el estado de establecer las condiciones necesarias para dar una educación de calidad, sin perjuicio del derecho preferente de los padres.

Por todo lo anterior y considerando que los padres son los principales responsables de la educación de los hijos. Que México es integrante de diversos pactos en los que se establece el derecho de los padres para educar a sus hijos y que teniendo en cuenta que en el marco constitucional internacional de diversos países, se reconocen los derechos aludidos en el cuerpo de la presente, es que se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto, a fin de adicionar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

Para facilitar el análisis respecto a la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal

Por lo motivado y fundado, y con base en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribimos sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo primero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto normativo propuesto

Único. Se adiciona un párrafo décimo primero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado reconoce el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

...

...

...

Única.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Adriana Paulina Teissier Zavala,Absalón García Ochoa, Adriana Lozano Rodríguez, Ana Karina Rojas Pimentel, Armando González Escoto, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carolina García Aguilar, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Báez Ruiz, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Francisco Javier Saldivar Camacho, Héctor Joel Villegas González, Héctor René Cruz Aparicio, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José de la Luz Sosa Salinas, José Luis García Duque, Karen Michel González Márquez, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lizeth Sánchez García, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Rosete Sánchez, Maribel Martínez Ruiz, Martha Elena García Gómez, Miguel Acundo González, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nayeli Salvatori Bojalil, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ricardo de la Peña Marshall, Santiago González Soto, Sarai Núñez Cerón, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación política de los pueblos indígenas, a cargo de la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de garantizar la representación política de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, de conformidad con la siguiente

El desafío en México por una representación política que en efecto sea un espejo de la composición de la población sigue sin resolverse. Los pueblos indígenas continúan sin tener garantizada su inclusión en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados de la República.

Hasta nuestros días y de manera más evidente en el proceso electoral de 2018, hemos sido objeto de usurpación de identidad, otros ocupan nuestros espacios de representación sin ser plenamente de algún pueblo indígena, se burlan de nosotros con el aval de las mismas autoridades electorales.

A esto se suma, la falta del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; los derechos colectivos que nos permite la elección de nuestras autoridades de acuerdo a sistemas normativos propios; la ley de consulta con consentimiento libre, previo e informado, una secretaría de Estado que concentre el presupuesto del Anexo 10 incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el destinado a la CDI. Varios rezagos del México contemporáneo.

Según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, México cuenta con 25,5 millones de indígenas. Eso es al menos el 21,5 por ciento de la población. Sin embargo, la representación de los pueblos originarios está lejos de alcanzar esa proporción, además de que no está garantizada en ninguna norma.

La representación política de los pueblos indígenas, debe reconocerse desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Recordemos que el artículo 50 define que el Poder Legislativo se deposita en dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, mientras que el artículo 51 establece que la Cámara de Diputados, “...se compondrá de representantes de la nación...”, y la Cámara de Senadores, de acuerdo con el espíritu del artículo 56, por representantes de las entidades federativas.

Así, a través del principio de democracia representativa, los ciudadanos y los estados de la república llevan a los órganos legislativos la voz, las necesidades, las propuestas y las alternativas que, en forma de ley han de atender los anhelos de sus representados.

El medio para esto fue en su momento a través de los partidos políticos, es decir las instituciones que, según el artículo 41 constitucional, tienen la tarea de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan...”

Pero en pleno siglo XXI es evidente que para los pueblos indígenas la fórmula de los partidos políticos no ha sido la ideal.

Si bien, algunos parlamentarios y parlamentarias indígenas han arribado por esta vía, su participación ha sido como militantes de estos institutos o motu proprio, lo que ha dado como resultado que respondan más a los intereses de sus grupos políticos que al de sus pueblos y comunidades de origen.

La figura de las candidaturas independientes, por otra parte, no resuelve el problema de la escasa representación de los pueblos indígenas, no solo por los estrictos requisitos que impone para lograr la candidatura, sino porque no se trata de un mecanismo diseñado para atender la representación política multicultural.

Ahora que estamos arribando a la Cuarta Transformación de la República es imperativo garantizar a los pueblos indígenas de México su inclusión representativa en el Congreso de la Unión, a través de legisladores y legisladoras indígenas con identidad propia, sin que sus espacios a que tiene derecho sean usufrutuados por otros actores políticos ajenos a estas sociedades.

El reconocimiento a la representación política de los pueblos indígenas es un pendiente ancestral de México con sus pueblos que sustentan la identidad del país.

Es pertinente, por lo tanto, conocer el Informe Preliminar de la Misión Indígena Internacional de Observación Electoral de Pueblos Indígenas, que estuvo en esa calidad el pasado 1 de julio.

La Misión Indígena de Observación Electoral dice que pudo constatar “una importante participación –en las elecciones del 1 de julio de 2018- de los pueblos indígenas, la juventud y las mujeres a pesar de los desafíos, limitaciones y pobrezas de la población. Esto representa un paso significativo para el enriquecimiento de la democracia e implica superar la exclusión y el reclamo por mayor participación en los asuntos públicos de México”.

En su Informe enumera además lo siguiente:

“El objetivo general de esta Misión Indígena de Observación Electoral fue la realización de su despliegue sobre el proceso electoral de México 2018 con el fin de realizar recomendaciones referidas al ejercicio de derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Particularmente, tuvo como propósitos analizar los avances y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de los Pueblos Indígenas de México; desarrollar un diálogo pertinente con la Defensoría Pública Electoral para Cuestiones Indígenas respecto a la participación en la esfera político institucional de los Pueblos Indígenas; y conocer la evolución del avance de la participación indígena en los sistemas propios de representación y en el proceso electoral.

La Misión se llevó a cabo del 27 de junio al 2 de julio de 2018 y consistió en reuniones con diferentes actores y autoridades, además de la visita a recintos electorales del Estado de México y la preparación y presentación de un Informe de Misión.

La Misión Indígena de Observación Electoral ha recibido la preocupación de los representantes de Pueblos Indígenas ante una divergencia entre las democracias en México: una democracia occidental, oficial y procedimental y una democracia indígena construida con instituciones emanadas de sus usos y costumbres, que busca consolidar espacios de representación en el sistema político electoral.

Para el proceso electoral federal 2017-2018, el INE ha desarrollado la figura de redistritación indígena de acuerdo con criterios demográficos, las cuales se establecen en tres sentencias emitidas por la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que organizaciones indígenas han litigado con el propósito de defender la participación y representación política tanto en el ámbito federal como local. Mediante la sentencia 726 se logró que fueran 13 y no 12 las diputaciones federales de candidatos indígenas en los distritos con una población indígena mayor al 60 por ciento, en la que se reconoció también la autoadscripción calificada para ser candidatos y contender a los puestos de elección popular.

Reconocemos como un avance la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, esta Misión hace suya la preocupación de que su ejecución, en términos de la participación de Pueblos Indígenas, sea trasladada hasta el 2021.

Valoramos la agenda presentada por parte del Movimiento Indígena Nacional para los Pueblos Indígenas, misma que consiste en seis puntos: convocatoria a un Congreso Nacional para la Coordinación Nacional Indígena; que el total del presupuesto del Estado para los pueblos indígenas se concentre en una sola entidad; reformar el artículo 27 constitucional para retomar las tierras comunales y ejidales; la creación de una sexta circunscripción plurinominal indígena en la que los pueblos estén representados por 50 diputados federales y 20 senadores; que se convoque a un nuevo congreso constituyente en el que se contemple a los indígenas; y que el presidente de México se comprometa a respetar las tierras y territorios indígenas. En su discurso luego de la publicación de los resultados del conteo rápido de las elecciones del día 1 de julio y que lo colocan como virtual ganador de la presidencia de la República, López Obrador se comprometió a dar preferencia “a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México”. Más allá, no hubo propuestas concretas que el equipo de la Misión Indígena pudiera identificar en las plataformas de los candidatos a la presidencia de la República.

Apreciamos que el Concejo Indígena de Gobierno (CIG)..., lanzara a su vocera Nahua María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, para contender por la candidatura a la presidencia de la República. A pesar de haber contado con 94.5 por ciento de firmas (según el INE), la precandidata no alcanzó el número necesario de firmas para aparecer en la boleta electoral. Esto es importante porque representa un acto simbólico en el mundo. La precandidatura deen México se trata del primer caso donde una mujer indígena, venida del área rural, bajo condiciones económicas adversas y de histórica discriminación, busca contender a la Presidencia de la República. Esta participación es un serio llamado de atención al sistema político y económico del país, para desarrollar acciones transformadoras urgentes que permitan a los pueblos indígenas el cumplimiento de sus derechos. La Misión Indígena Internacional valora el esfuerzo y la iniciativa que retoma y reafirma el papel de liderazgo que las mujeres indígenas están tomando en el país.

En la reunión de nuestro equipo de la Misión Indígena de Observación Electoral con organizaciones de pueblos indígenas de México celebrado el 30 de junio de 2018 en la Ciudad de México, se conocieron casos puntuales de falta de representación y participación de organizaciones, comunidades y pueblos indígenas en los actuales mecanismos de representación electoral.

En la reunión, las organizaciones indígenas mostraron su preocupación sobre la falta de representatividad política de los pueblos indígenas en la democracia mexicana. Los nulos avances en materia de representación política, establecen que “no hay un mandato para elegir senadurías de procedencia indígena”; señalando además que a las mujeres indígenas que contienden por cargos de representación, los partidos políticos las envían a distritos donde tienen nulas posibilidades de ganar.

Se hizo referencia a la identidad indígena y de género para la construcción de ciudadanía, estableciendo que el proceso de exclusión y expoliación de la población indígena desde la colonia ha generado impactos psicológicos en las mujeres, como falta de autoestima y rechazo de sus lenguas, tradiciones y cultura. También se hizo mención de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas; a la corrupción en la entrega de apoyos de programas gubernamentales, como la solicitud por parte de partidos políticos de credenciales de elector a cambio del servicio de agua potable; a la falta del tema de migración indígena en la agenda legislativa; amenazas de muerte por denuncias formales contra mecanismos de coacción del voto; falta de indicadores reales que contemplen la violencia política y el crimen organizado en la incidencia negativa sobre las comunidades y Pueblos Indígenas, así como los límites en el accionar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ante las denuncias que se elaboren.”

Como podemos observar, el problema de la representación política indígena tiene raíces estructurales y jurídicas profundas. En la historia reciente, nuestros pueblos han luchado, incluso con las armas en la mano, por ese derecho fundamental, entre otros.

El alzamiento de indígenas mayas y de otros pueblos en el estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, agrupados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), demandando justicia para sus pueblos y comunidades, es la muestra más fehaciente de la situación de exclusión en que se encuentran nuestros pueblos.

Resultado de ello fue la reforma constitucional en el año 2001 del artículo 2o., para dar respuesta al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a la superación de las desigualdades que les caracterizan.

Pero de todos es conocido que esta reforma fue inconclusa y ahondó más la diferencia.

Por ello, ahora nos corresponde en esta LXIV Legislatura reconocer los derechos plasmados en los Acuerdos de Andrés Larráinzar, alcanzados entre el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado mexicano.

El derecho de nuestros pueblos a la representación política, está plenamente reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en la Declaración Americana de los Derechos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT señala:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a )...

b ) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;...

La Declaración de las Naciones Unidas establece:

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.2

La demanda de los pueblos indígenas es impostergable, porque solo con representantes propios en el Congreso de la Unión y los congresos locales, legisladoras y legisladores que lleven su voz, su lengua, sus demandas, sus proyectos y su forma de ver la vida y la política. Solo así se puede garantizar que los intereses de los pueblos originarios se abran paso en los espacios donde se asumen las decisiones públicas fundamentales.

Con el fin de actualizar la reflexión sobre este tema, se celebró El foro La Agenda Legislativa Indígena rumbo a la Cuarta Transformación, en esta Cámara de Diputados, el 12 de septiembre de 2018. Emanó dentro de sus resultados el reiterado llamado de las representaciones indígenas a contar con diputados y senadores sin que obligatoriamente sea por intermedio de los partidos políticos sino de manera directa.

Esta misma recomendación fue vertida en los tres Foros en cuestión organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2017.

Los resultados del INE fueron presentados este 13 de septiembre como: La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de México.

Como parte de sus reflexiones, pide reconocer el carácter pluricultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas los cuales, ha sido insuficiente para que la democracia mexicana pueda considerarse plenamente incluyente.

En su afirmación, apunta que aunque ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que iniciamos la transición a la democracia no hemos tenido una representación indígena estable y sistemática en los órganos del Estado.

Para las autoridades electorales los temas vinculados con la inclusión, la igualdad y la representación política, son motores para el desarrollo de políticas y procedimientos de diversa índole. De ahí que durante los procesos de redistritación, al realizar consultas con las diversas comunidades sobre los trazos que se estaban proponiendo para los nuevos distritos electorales uninominales, surgieron diversas inquietudes relativas a la representación política de las personas indígenas.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral decidió trascender el debate de los linderos geográficos, y contribuir a reflexionar sobre los factores que inciden en la representación política, como una forma de abonar, desde nuestro ámbito de competencia, a la inclusión y al derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos del Estado mexicano.

En su reporte el INE indica que fue así como, en 2017, “organizamos, en conjunto con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres foros regionales (Chihuahua, Puebla y Mérida) con la finalidad de escuchar los planteamientos de las diferentes comunidades indígenas del país”.

Parte de los resultados que alcanzaron es la importancia de “crear cuotas de representación proporcional, o escaños reservados para representantes indígenas.

Buscar que se garantice la representación política de los indígenas por la vía uninominal en los 28 distritos federales, y por la vía plurinominal en las listas de las cinco circunscripciones federales.

También se debe ir hacia la proporcionalidad o la instauración de cuotas en el sistema uninominal.

El Instituto Nacional Electoral, estima en base a esos encuentros que se trabaje una propuesta para que “el 20-30 por ciento de los diputados y senadores federales indígenas sean electos bajo el principio de representación [proporcional] 50 por ciento mujeres y 50 por ciento pueblos indígenas”.

En sus conclusiones plantean la creación de una circunscripción especial, pluricultural, autónoma e independiente, y que a través de las comunidades y de sus sistemas normativos se elijan a quienes serán representantes de esa circunscripción plurinominal.

Y enfatizan: “Es necesario el establecimiento de una circunscripción especial en la cual las comunidades que se adscriban no lo hagan porque pertenecen a un partido político, sino por su auto-adscripción como indígenas. Se tendrán que establecer normas propias, eliminando la posibilidad de que los partidos puedan ser intermediarios”. Y replicar este ejercicio en el ámbito estatal.

Subrayan que sin esta representación, no puede ejercerse adecuadamente la participación efectiva, ni tampoco el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y ratificado por el gobierno mexicano

Por lo anterior, se plante la presente iniciativa, que tiene por objeto garantizar la inclusión indígena por la vía plurinominal en la Cámara de Diputados, y por la vía de las fórmulas de candidatos plurinominales en la Cámara de Senadores.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 41, fracción I, segundo párrafo; se reforman las fracciones II y III del artículo 54;se reforman el párrafo segundo del artículo 56 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 53, pasando el actual párrafo segundo a ser párrafo tercero, mismo que se reforma; se adiciona un párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo cuarto del artículo 55 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 58, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. (...)

(...)

I. (...)

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y la representación indígenaen candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

(...)

(...)

II. VI. (...)

Se modifica el II párrafo del artículo 53 corriéndose en su orden el actual párrafo II para pasar a ser párrafo tercero mismo que se reforma, quedando entonces de la siguiente manera:

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

En los distritos electorales donde se asiente 40 por ciento y más de población indígena, los partidos deberán postular en cada una de las fórmulas, un candidato indígena, hablante de su lengua, que cuente con el aval de las asambleas comunitarias indígenas del distrito electoral.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales, cuatro regionales y una nacional destinada a la representación indígena.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas votadas, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para la listas de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados que le corresponda en cada circunscripción plurinominal con base en las listas registradas. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en dichas listas.

IV. a VI.

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. a II. ...

III. ...

Para poder figurar en las listas de las cuatro circunscripciones regionales electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción o avecindado, con residencia efectiva de más de tres años anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Además, para ser incluido como candidato indígena en las fórmulas de los distritos con 40 por ciento y más de población indígena y para figurar en la lista de candidatos a la Circunscripción Nacional Indígena, se requiere ser originario de algún pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, hablar su lengua, y contar con el aval de asambleas comunitarias indígenas. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades.

IV a VII

Artículo 56. ...

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional . Los partidos políticos deberán postular en las dieciséis primeras fórmulas de sus listas, a cuatro candidatos propuestos por los pueblos indígenas. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

......

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.

Para ser registrado como candidato indígena en las 16 fórmulas a que se refiere el artículo 56, se requiere pertenecer a algún pueblo indígena, hablar su lengua y contar con el aval de las asambleas comunitarias indígenas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, y contar con la acreditación de, por lo menos, una comunidad indígena. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de un plazo a los noventa días naturales a partir del inicio de vigencia del presente decreto, realizará las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputada María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La proponente, Adriana Gabriela Medina Ortiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal.

El interés superior de la niñez es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y en la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Corresponde a las autoridades velar porque estos derechos se respeten y todos los menores tengan acceso a ellos.

En pleno siglo XXI las niñas, niños y adolescentes, siguen siendo un grupo vulnerable cuyos derechos deben ser protegidos ante actos que pongan en peligro su integridad física; desarrollo emocional, dignidad personal, libertad, igualdad, salud y privacidad.

En este contexto, para que los menores tengan condiciones para proteger y acceder al ejercicio de los derechos fundamentales, es necesario que se les inscriba de manera oportuna ante el Registro Civil, ya que con ello se les garantiza el derecho a tener un nombre, nacionalidad e identidad propia, y consecuentemente el acceso a recibir atención médica, asistencia social y acceso a la educación.

Por lo anterior y bajo el principio del interés superior de la niñez, se origina el derecho a la identidad, el cual no sólo conlleva a tener nombre y apellido, sino también el derecho a vivir en familia; siendo esta un eje fundamental y primordial en su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y afectivo de los menores.

Las niñas, niños y adolescentes son menores a quienes no se les debe etiquetar con expresiones que denigren su dignidad, palabras como, naturales, ilegítimos, adúlteros, incestuosos o con cualquier otro calificativo que pueda atentar contra sus derechos. Sin embargo, en la actualidad aún existe legislación en la que esto es común, por ejemplo, dentro del Código Civil Federal en el artículo 62 se menciona al menor como “hijo adulterino”, lo cual atenta contra el derecho de ser siempre hijo legítimo, aunque sea concebido en cualquier circunstancia no imputable a éste.

El mismo artículo 62 también da apertura para que el menor pueda ser el centro de una disputa entre cónyuges al permitir que se asiente el nombre del padre, sin importar su estado civil, pero no el nombre de la madre cuando ésta sea casada, aunque no viva con el marido, a menos que éste desconozca al hijo y exista sentencia ejecutoria en la que declare que no es su hijo, lo cual evidentemente es perjudicial para el menor. Asimismo, la redacción vigente daña el principio de igualdad de género, porque tal como se aplica el código actualmente se permite al hombre casado asentar su nombre en el acta sin importar si vive o no con su esposa, pero en el caso de la madre si es casada pero no vive con el marido no puede registrar al infante, a menos que el marido de ésta haya desconocido al infante y exista sentencia ejecutoria que así lo declare.

En este sentido, claramente el Código Civil Federal, tal y como esta, protege de diferente forma en similares circunstancias según el género, sin importar que el objeto principal la protección legal en el articulado vigente de dicho código deberían ser los derechos del niño, porque la paternidad biológica es un acto que genera responsabilidades hacia el menor, independientemente de si están casados o no los padres biológicos.

Lo cierto es que los infantes procreados en esas circunstancias están en posibilidad de ser registrados con una filiación que no les corresponde, es decir, como hijos de un padre que no es el suyo, en el mejor de los casos, ya que generalmente son registrados sólo por la madre privándolos de los derechos a los que podrían acceder por parte del padre biológico.

Cabe resaltar que la redacción vigente del Código Civil Federal, en el sentido expuesto, impacta especialmente en la población migrante, debido a que una consecuencia del fenómeno migratorio es precisamente el tema de las mujeres casadas que permanecen en sus comunidades de origen y en muchos los casos la mujer casada es abandonada por su marido y después de algún tiempo por la incertidumbre de quedar abandonada, falta de recursos, o ignorancia, nunca concluyen el vínculo matrimonial y cuando la mujer decide formar una nueva familia y tener hijos con persona distinta a su marido, el menor no puede ser registrado por el padre biológico ya que generalmente el marido no es localizable y por lo tanto, no puede cumplir con el precepto del artículo 62, dejando en estado de vulnerabilidad tanto a los hijos como a la madre, esto sin contar con la exposición social a la que se debe enfrentar al tener que registrar a sus hijos sólo con sus apellidos.

Esta propuesta pretende evitar expresiones denigrantes para la dignidad del infante y atentar contra sus derechos, permitiendo que el padre biológico tenga acceso a ejercer sus derechos y obligaciones.

Por lo que, en la propuesta se plantea que cuando una mujer casada que ya no viva con su marido y procree un hijo con otro hombre, distinto al marido, éste pueda reconocerlo como suyo, con el consentimiento de la madre, siempre y cuando se demuestre para tal efecto la separación física conyugal de la madre, por más de trescientos días anteriores al nacimiento del hijo, con dos testigos con los cuales no deberán tener parentesco alguno, ante el Oficial del Registro Civil. Con la modificación propuesta se logrará registrar al menor de manera inmediata al nacimiento, protegiendo su derecho a la identidad y evitando que los padres deban pasar por una serie de trámites que retardan el registro del menor como sucede actualmente.

El tiempo que se requiere para un juicio en el cual se solicite se declare sentencia para que el padre biológico pueda registrar a su hijo ante el Oficial del Registro Civil, puede ser mayor a un año, además de ser oneroso, ya que el gasto puede superar los 20 mil pesos; eso sin tomar en cuenta en muchas ocasiones los progenitores no cuentan con el recurso y para llevarlo a cabo adquieren deudas o simplemente desisten de registrar correctamente a los menores.

Por lo antes mencionado propongo modificar los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, como a continuación se indica:

Texto actual

Artículo 62. Si el hijo fuere adulterino, podrá asentarse el nombre del padre, casado o soltero, si lo pidiere; pero no podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea casada y viva con su marido, a no ser que éste haya desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que declare que no es hijo suyo.

Texto propuesto

Artículo 62. Si los padres del menor tuvieran impedimento para contraer matrimonio entre sí, por estar uno de ellos o ambos casados con persona distinta, y la madre no hubiera vivido con su marido por más de trescientos días anteriores al nacimiento del hijo, el oficial del Registro Civil, podrá asentar como padre a otro distinto al marido, siempre y cuando se presenten ambos a la declaración de nacimiento. Para acreditar la separación de los cónyuges, deberán presentar ante el Oficial del Registro Civil dos testigos, con los cuales no deberán tener parentesco alguno.

No se expresará en el acta el estado civil de los padres.

Artículo 63. Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, en ningún caso, ni a petición de persona alguna, podrá el juez del registro asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que éste haya desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare.

Artículo 63. El marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que durante los primeros ciento veinte días de los trescientos que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa, o que, estando separada del marido, viva maritalmente con otro varón y este reconozca como suyo al hijo de aquella.

El oficial del registro civil valorará en todo momento el interés superior del menor y exhortará a velar el reconocimiento de paternidad dentro o fuera del matrimonio y a quien tenga el derecho legítimo una vez decretado y la cual quedará reservada y no se publicará, salvo mandato judicial.

Con la presente reforma, se pretende que el porcentaje de registros de nacimientos que no cuentan con el dato del padre disminuyan, así como las discriminaciones en contra de los hijos nacidos fuera de un matrimonio; se trata de protegerlos, de igualar su situación entre todos los hijos procreados, sin importar que nazcan dentro de un matrimonio o fuera de este, simplemente se trata de eliminar todo tipo de discriminación, dando prioridad al principio de igualdad de los hijos y los padres respecto de los derechos y las obligaciones que nacen de la filiación, así como al reconocimiento de la dignidad y valor de las personas.

Considerandos

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 2 menciona:

...

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

...

El artículo 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se determina que: “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”; en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, se reafirma este derecho: “el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y aprobada por la Cámara de Senadores el 19 de junio de 1990 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, al respecto cabe señalar lo siguiente:

En su artículo 1o., define al niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad...”. Asimismo, el artículo 3o. establece el principio básico por el cual los Estados deben basar sus decisiones y cumplir sus obligaciones en relación con las niñas, los niños y los adolescentes:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Por su parte, el artículo 7o. señala:

El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Por lo expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal.

Primero. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 62. Si los padres del menor tuvieran impedimento para contraer matrimonio entre sí, por estar uno de ellos o ambos casados con persona distinta, y la madre no hubiera vivido con su marido por más de trescientos días anteriores al nacimiento del hijo, el Oficial del Registro Civil, podrá asentar como padre a otro distinto al marido, siempre y cuando se presenten ambos a la declaración de nacimiento. Para acreditar la separación de los cónyuges, deberán presentar ante el Oficial del Registro Civil dos testigos, con los cuales no deberán tener parentesco alguno.

No se expresará en el acta el estado civil de los padres.

Segundo. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 63. El marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que durante los primeros ciento veinte días de los trescientos que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa, o que, estando separada del marido, viva maritalmente con otro varón y éste reconozca como suyo al hijo de aquella.

El oficial del registro civil valorará en todo momento el interés superior del menor y exhortará a velar el reconocimiento de paternidad dentro o fuera del matrimonio y a quien tenga el derecho legítimo una vez decretado y la cual quedará reservada y no se publicará, salvo mandato judicial.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En las entidades federativas contaran con un lapso de 180 días a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación; para adecuar sus códigos estatales y demás reglamentaciones, para que no contradecir el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Guadalupe Almaguer Pardo, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al tenor de los siguientes aspectos:

Planteamiento del problema

Las elecciones del pasado 1 de julio de 2018 fueron las más violentas de la región en los últimos años. Así lo señala la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe sobre el proceso electoral de nuestro país.

Dicho documento destaca que del 8 de septiembre de 2017 al 29 de junio de 2018 se registraron 103 asesinatos de actores políticos en 25 estados: 46 candidatos y precandidatos, 21 funcionarios municipales, 22 exfuncionarios municipales, seis integrantes de partido, cuatro exlegisladores, dos funcionarios de órganos autónomos, un legislador y un excandidato.

De acuerdo con múltiples actores entrevistados por la Misión que visitó nuestro país, el número de asesinatos y amenazas dirigidas a actores políticos ocurridos durante el período electoral, sugiere la existencia de motivaciones políticas. Representantes de partidos y candidatos entrevistados por la Misión manifestaron haber sido víctimas de intimidaciones telefónicas y mensajes agresivos a través de las redes sociales. Como consecuencias de amenazas, algunos aspirantes decidieron dejar la contienda. Sumado a esto, la Misión tomó conocimiento de episodios de violencia política de género, dirigida a limitar la participación de candidatas a diversos cargos de elección popular.

La OEA puso en evidencia que las condiciones de la competencia electoral son todavía desiguales y que las mujeres continúan enfrentando desafíos por razones de género. Entre los factores que afectan a la participación política de las mujeres se destacan la resistencia interna de los partidos políticos, la desigualdad en la cobertura de los medios y las mayores dificultades para el acceso a financiamiento. Estos problemas se agravan a nivel local.

Adicionalmente, en México, como en otros países de la región, la violencia política por razones de género continúa amenazando a las candidatas. En las elecciones de 2015, la OEA ya había identificado esta problemática. Tres años más tarde, la Misión observó que en 29 entidades federativas se han aprobado reformas a distintas leyes locales para avanzar en esta materia. Asimismo, a través de su jurisprudencia, el Tribunal Electoral ha establecido la obligación de las autoridades de actuar en los casos de violencia política por razón de género para evitar la afectación a los derechos político-electorales.

Si bien estos avances son importantes, la OEA considera necesario aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la problemática desde una perspectiva integral para asegurar su prevención, atención, sanción y erradicación.

Finalmente, la OEA recomienda que se requiere de una nueva legislación, la cual deberá encaminarse a tipificar la violencia política por razón de género, establecer claramente las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su tratamiento, priorizar las medidas de prevención, señalar mandatos apropiados para los partidos políticos e incorporar las sanciones correspondientes.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

De acuerdo al Protocolo de Atención de la Violencia Política en Razón de Género, la violencia política se define como:

“Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

Para este protocolo dos son las condiciones indispensables para para considerar que un acto de violencia se basa en el género:

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto es, a) cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o b) cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En consecuencia, los Estados deben tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.

La Constitución reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos políticos a votar y a ser votadas en las elecciones, contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el principio pro persona, y la no discriminación, desde el enfoque de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En suma, se trata de violencia contra las mujeres en cualquier de sus modalidades y/o tipos, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo no permitir que los perpetradores de estas conductas queden en absoluta impunidad.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone definir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo que debemos entender por violencia política por razón de género, así como sus alcances y modalidades de la misma. Asimismo, proponemos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la tipificación de la violencia política en contra de las mujeres, incorporando como el bien jurídico tutelado adicional la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, estableciendo además como agravantes las intimidaciones, las coacciones, las presiones o los actos de violencia física.

En mérito de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales

Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 6; y se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I a V ...

VI. Violencia política. Es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.

VII ...

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres; puede expresarse a través de los siguientes medios:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que consignan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;

II. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

III. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a la autoridad administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de anular las candidaturas de mujeres;

V. Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones;

VI. Impedir o restringir la reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad;

VI. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a cualquier puesto o encargo público, asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto;

VII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género;

VIII. Establecer conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en público o privado; comunicaciones por cualquier medio convencional y/o electrónico; acecho, hostigamiento o acoso sexual;

IX. Intimidar mediante agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus familiares;

X. Revelar o difundir información personal y privada, para denostarlas y menoscabar su dignidad, con el propósito de obtener su licencia y/o renuncia al cargo al que aspiran u ostentan;

XI. impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político-electorales, mediante la aplicación de sanciones sin motivación o fundamentación, contraviniendo las formalidades esenciales del procedimiento, sin respetar la presunción de inocencia ni el derecho humano al debido proceso legal.; y

XII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de poder o de decisión.

Segundo. Se adiciona la fracción XV del artículo 3, un último párrafo al artículo 7; el artículo 7 Bis; un último párrafo al artículo 9; una fracción VII y un último párrafo al artículo 11; y una fracción V al Artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIV. ...

XV. Violencia Política: La prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 20 Bis.

Artículo 7. ...:

I. - XXI. ...

La pena se aumentará hasta el doble cuando la conducta, contenida en la fracción XVI del presente artículo, se cometan tenga como resultado afectar la candidatura de una mujer.

Artículo 7 Bis. A quien impida, restrinja, anule o limite el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género, se impondrán de cien a cuatrocientos días multa y prisión de tres a siete años.

Para efectos de este artículo, se entenderá que existen razones de género cuando:

I. Se ocasione un daño o menoscabo en la igualdad del ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer;

II. Existan datos que establezcan que hubo amenaza, acoso, violencia física, psicológica o sexual del sujeto activo contra la víctima;

III. Exista entre el sujeto activo y la víctima una relación de subordinación; y

IV. Exista datos que establezcan un trato diferenciado por su condición de mujer;

V. Exista un trato diferenciado por su condición de mujer;

VI. En caso de que se utilice violencia o coacción, el sujeto activo sea superior en fuerza física que la víctima; o

VII. El sujeto activo comete el delito por la condición de género de la mujer víctima. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán hasta en una mitad si el delito se comete a través de engaño, o simulación, o coacción, o amenaza, o violencia o del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en los siguientes casos:

a) Que el sujeto activo sea servidor público o funcionario electoral;

b) Que el sujeto activo sea funcionario partidista o dirigente en términos de la presente Ley; o

c) Que el sujeto activo para cometer el delito utilice cualquier medio de telecomunicación, radiodifusión o medio impreso.

Para el caso del inciso a) además de la sanción prevista en el párrafo séptimo de este artículo se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Artículo 9. ...

I. - X. ...

La pena se aumentará al doble cuando las conductas contenidas en las fracciones I y VI del presente Artículo, se cometan en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres o en caso de que dichas conductas tengan un impacto diferenciado en las mujeres o les afecte desproporcionadamente.

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota

1 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. — Tercera edición. Ciudad de México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: María Guadalupe Almaguer Pardo,Ana Karina Rojo Pimentel, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Kehila Abigail Ku Escalante, Lorena Cuéllar Cisneros, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María Eugenia Hernández Pérez, Maribel Martínez Ruiz, Nohemí Alemán Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, coordinador, y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente:

La producción mundial de residuos plásticos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Se estima que los residuos de plástico representan un porcentaje del 60 al 80 por ciento de todos los desechos marinos, situación que pone en evidencia el acelerado crecimiento de esta problemática a nivel mundial.

Según la Global Ocean Commission, en su documento denominado Plastics, keeping them out of the ocean, entre 2002 y 2013 la producción global anual de plásticos aumentó casi un 50 por ciento, pasando de 204 millones de toneladas a 299 millones, esperando que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas para el año 2020.

La situación en nuestro país no es diferente, ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales un alto porcentaje termina en tiraderos de basura a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y los océanos, desplazándose por esta vía hacia todo el mundo.

El 90 por ciento de la contaminación flotante del océano está compuesta por plástico, sin embargo, sólo 10 por ciento subsiste en la superficie, mientras que el resto se hunde y permanece en el fondo del mar por tiempo indefinido; el impacto ambiental de esta contaminación es incuantificable.

Además, se debe señalar que algunos de estos plásticos al degradarse liberan agentes tóxicos como el bisphenol A (BPA), lo cual provoca alteraciones hormonales que pueden derivar en infertilidad tanto en animales como en el ser humano, ya que no se debe perder de vista que algunas de las especies marinas afectadas por estos residuos son destinadas al consumo humano.

Sin duda, cualquier objeto ajeno a la composición natural de los ecosistemas en sí mismo representa una alteración e impacto negativo para su conservación; sin embargo, existen diversos grados de contaminación, dependiendo del tipo de residuo del cual se trate.

En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en la actualidad, su alta demanda lleva en consecuencia al aumento en la generación de residuos, de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.

Al respecto, uno de los casos más alarmantes son los popotes, ya que están hechos de un derivado del petróleo llamado propileno (plástico #5), por lo cual su proceso de degradación es prácticamente nulo, persistiendo casi infinitamente en miles de pequeños pedazos que ocasionan severos daños ecológicos, principalmente a los animales que los ingieren confundiéndolos con alimento.

La mayoría de los materiales plásticos pueden reciclarse o transformarse en otros materiales, pero no es tan fácil hacer esto con los popotes. “El problema principal es que son muy pequeños, se pierden en los tiraderos y es muy difícil recolectarlos”, señala Sergio Palacios, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 95 por ciento de los popotes que se utilizan no son reciclables y tienen una vida útil muy corta ya que sólo son utilizados por única ocasión.

Resulta complicado conocer la cifra exacta de contaminación por popotes, sin embargo, según un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), alrededor del 12 por ciento de la basura en México es plástico. Esto equivale aproximadamente a 10,350 toneladas diarias de las 86 mil 343 del total de basura que producimos.

Se estima que un restaurante desecha aproximadamente 45 mil popotes al año y que una persona podría llegar a consumir alrededor de 38 mil popotes durante su vida, mismos que al no ser biodegradables permanecen durante años en depósitos e incluso, en los mares y océanos. Al respecto, la organización no gubernamental The Ocean Conservancy, la cual realiza una campaña anual de limpia de playas a escala mundial, reportó haber encontrado en el año 2015 un aproximado de 439 mil 570 popotes en las arenas de varios continentes.

Precisamente, son los mares, los ecosistemas que más sufren con la presencia de dichos residuos, pues se estima que el 90 por ciento de aves marinas, ballenas, delfines y algunas especies de tortugas han ingerido algún tipo de plástico durante su vida, incluyendo, por supuesto, los popotes.

Existe una falsa idea que hasta hace poco era muy popular, según la cual se podría utilizar la inmensidad de los océanos para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de esta creencia afirman que la solución a la contaminación es la dilución, sin tomar en cuenta que aproximadamente 1.5 millones de aves, peces, ballenas y tortugas mueren cada año por desechos plásticos en el mar.

Ejemplo icónico de las afectaciones a los ecosistemas marinos es el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un dolor indescriptible, el cual al serle retirado resultó ser un popote de al menos 8 centímetros de largo.

Dicha situación no puede continuar sin atención; a nivel internacional existen diversos esfuerzos que han venido a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación en los mares y océanos, las cuales debemos armonizar e implementar en nuestra realidad.

Desde 2011, Milo Cress, un niño de entonces nueve años de edad lidera la organización no gubernamental Eco Cycle, la cual inició en Estados Unidos el proyecto Be Straw Free(Vive libre de popotes) y convenció a la Asociación Nacional de Restaurantes de ese país de eliminar la práctica de introducir los popotes en las bebidas cuando son servidas a los clientes.

Nuestro país no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiban el consumo de popotes, una de ellas es la que ha implementado Grupo CMR, a través de su Dirección de Responsabilidad Social, que en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de 43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el año 2014, intercambiados por productos elaborados con fécula de maíz.

Asimismo, desde del año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales con resultados positivos tanto social como financieramente, por lo que han demostrado que el ser responsable y respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.

Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, debemos sumarnos a las acciones que buscan erradicar el uso de un utensilio que resulta prescindible para casi todas las personas.

Estamos conscientes de que existen casos de excepción, es por ello que proponemos que la fabricación de dichos productos continúe pero que se haga usando materiales más amigables con el medio ambiente.

Una de las principales preocupaciones para el Partido Verde dentro del tema ambiental es la reducción del impacto que causan los residuos sólidos en nuestro país, en específico el plástico; por ello, proponemos modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de establecer dentro de sus objetivos la regulación el manejo integral de residuos plásticos generados en los establecimientos comerciales o de servicios, con especial atención a los popotes como un residuo de alto impacto ambiental, así establecer la prohibición de la entrega de popotes de plástico dentro de las leyes de las entidades federativas.

En virtud de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Único. Se adiciona una fracción XIV al artículo 1; se modifica la fracción XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XXI, recorriéndose las demás en su orden subsecuente, al artículo 9; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los demás en su orden subsecuente, al artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

[...]

I. a XIII. [...]

XIV. Regular el manejo integral de residuos plásticos generados en los establecimientos comerciales o de servicios, con especial atención a los popotes como un residuo de alto impacto ambiental.

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. a XVI. [...]

XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, en el que se incluya el fomento a la no utilización de materiales plásticos no indispensables y altamente contaminantes;

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XX. [...]

XXI. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de popotes de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios.

XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

[...]

[...]

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. [...]

[...]

Igualmente, dicha legislación deberá prohibir la entrega de popotes de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios.

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización de Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación y bases correspondientes, así como la actualización y armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

Cuarto. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente decreto, deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada a cada dependencia anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Marco Antonio Gómez Alcantar, Arturo Escobar y Vega, Carmen Julia Prudencio González, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Tello Espinosa, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martínez Flores, Lorena Cuéllar Cisneros, Madeline Bonnafoux Alcaraz, María Eugenia Hernández Pérez, Mario Alberto Ramos Tamez, Rosalba Valencia Cruz, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena

Javier Ariel Hidalgo Ponce, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:

Ante los grandes retos que hoy enfrenta nuestro país, emerge una sociedad cada día más activa y que busca incidir en la toma de decisiones políticas. Una sociedad que exige un adiós a los exiguos métodos que utilizan los gobernantes para la solución de problemas públicos. Una sociedad participativa que evidencia la falta de atención hacia sus causas y que reclama la aplicación de métodos más directos y de participación activa.

Existe un diagnóstico muy claro: La ausencia de una interlocución entre los representantes y representados ha polarizado esta sociedad y la ha llevado a altos índices de violencia que ha provocado que el tejido social este fragmentado. Por ello, durante muchos años se ha visibilizado la apatía, el desencanto por la política y la baja participación electoral en las urnas. Hechos que provocaron que un pequeño grupo en la clase política utilizara la misma para acrecentar su riqueza y masacrar a nuestra nación en el limbo de la pobreza, la violencia, la exclusión y la falta de políticas públicas para su bienestar.

Por esta razón, es que a través del Congreso de la Unión se debe transformar esta crisis para darle cauce a mejores formas de inclusión y de participación democrática; ya que existe la necesidad imperante de valerse de instrumentos de incidencia, que inviten a la ciudadanía a festejar el inicio de una transformación, en la que confluyan todas las voces.

En un país verdaderamente democrático, es importante que las y los ciudadanos opinen respecto a temas que tengan impacto en su entorno. La gobernabilidad solamente es posible cuando hay un diálogo permanente entre esta última y los gobernantes; en donde se relacionan la participación activa de la ciudadanía con un gobierno presto que escucha las voces de la disidencia y de los acuerdos. Ello permite un régimen abierto, donde la participación evita que existan tendencias autoritarias que sobrepongan sus intereses particulares por encima del bien público. Así, la construcción de sociedades más participativas, hacen más dinámica a una democracia. Pues entre más participación exista en un régimen democrático, más evoluciona éste. Lo anterior debido a que una ciudadanía activa expresa control y vigilancia de las acciones de sus representantes, engrandeciendo a nuestro orden democrático pues los mecanismos de participación ciudadana surgen como complemento de la democracia representativa.

La participación ciudadana promueve un dialogo permanente en toda democracia, el cual es necesario para la abrir canales institucionales y con ello contribuir a la realización de políticas públicas que impulsen el desarrollo social. Por ello, la consulta popular es un instrumento que puede impulsar el empoderamiento ciudadano de las decisiones o voluntades políticas de los gobernantes. Es un mecanismo que, entre sus tantos fines, busca el empoderamiento ciudadano como una herramienta de participación directa. Sin embargo, a pesar de que esta figura ya se encuentra contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya reglamentación se encuentra establecida por la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el actual marco legal no permite el fácil acceso a este instrumento de democracia participativa. Además, esta figura se encuentra restringida a ser aplicada sólo al orden de trascendencia nacional, excluyendo a los niveles más cercanos a los ciudadanos: el estatal y municipal.

Por tal razón, se considera como imperativo adecuar el marco legal para asegurar el goce de una democracia participativa como un derecho constitucional y garantizar el ejercicio de la Consulta Popular como un mecanismo eficiente y ágil para hacer cumplir este último.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35.-Son derechos del ciudadano:

...

VIII.-Gozar de una democracia participativa al proponer y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, estatal o municipal, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del ámbito en que se realiza la consulta, el resultado será vinculatorio para las autoridades competentes;

2o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

3o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

4o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

5o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Javier Ariel Hidalgo Ponce,Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Julio César Angeles Mendoza, Raquel Bonilla Herrera, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Planteamiento del problema

La administración pública federal, a cargo del Poder Ejecutivo, se encuentra presente día con día en la vida de los ciudadanos. Desde su nacimiento las personas interactúan con las instituciones que buscan dar atención a los problemas de una compleja vida en sociedad. Debido a esto, la administración pública, bajo el fundamento del artículo 90 constitucional, se divide en centralizada y paraestatal; esta organización es necesaria para el despacho de los diversos problemas públicos y atención a la ciudadanía en sus necesidades.

Esto coadyuva a la garantía de atención y solución institucional, fruto de un entramado jurídico robusto, que busca un actuar con base en códigos y leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, para garantizar la neutralidad del actuar institucional en todo momento.

Debido a la complejidad de las instituciones y las materias que tratan, las dependencias y entidades se han visto rebasadas en la atención a diversos problemas públicos de gran importancia para el país. Ayudada por la apertura gubernamental en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, la administración pública tuvo que modificar la naturaleza jurídica de algunas instituciones, garantizándoles una autonomía técnica y de gestión, incluyendo capacidad jurídica, patrimonio propio y lo más importante, no encontrarse subordinadas a alguna dependencia de gobierno para garantizar esa autonomía.

Era necesario que lo que estaba escrito se llevara a la práctica, por lo que después de años de lucha por parte de los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y políticos, se otorgó una verdadera autonomía a instituciones medulares en el quehacer público del país. Esta autonomía quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se aseguraba la permanencia de dicha autonomía.

Con el paso del tiempo cada vez más instituciones adquirieron el carácter de “organismos constitucionales autónomos”, debido a su trascendencia y aportes al bienestar del país. Gracias a esta nueva clasificación hoy contamos con instituciones fuertes, que colaboran desde diversas trincheras en favor de México.

Dentro de los organismos constitucionales autónomos con los que contamos, se encuentra el Banco de México, encargado de la emisión y control de la moneda nacional; el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de velar por el respeto y protección de los mismos en todo el territorio nacional; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encargado del mejoramiento de la calidad educativa nacional; el Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger e informar a los usuarios de servicios de telecomunicación; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con la función de captar y difundir información en cuanto al territorio, recursos, población y economía; entre otros.

Todos estos temas son fundamentales en el desarrollo de México como un país democrático, comprometido con la transparencia y con mirada hacia el desarrollo mediante las mejoras institucionales a las que coadyuvan estas instituciones. Por esto es necesario que se garantice la completa independencia de los titulares de estos organismos.

Debido a esta necesidad y a la responsabilidad que implica ocupar el cargo de titular de alguna institución con autonomía constitucional, se considera menester que estos titulares no recurran a la protección de algún cargo público abusando del fuero constitucional, debilitando y desprestigiando la institucionalidad que requieren los organismos constitucionales autónomos.

Debemos considerar una falta importante el tratar de escudarse en algún cargo público, bajo algún partido político o de manera independiente para deslindarse de las responsabilidades, actos u omisiones por las que pudieran ser sancionados en el periodo en que ocuparon la titularidad de un organismo autónomo.

Es importante mencionar que actualmente en la Constitución se encuentra una restricción para ser legislador, la cual dice a la letra

“Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

...

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección

...”

Esta restricción de tres meses resulta insuficiente, ya que equipara a los organismos constitucionales con los puestos de secretario o subsecretario, que en la mayoría de los casos forman parte de la fuerza política que ocupa la presidencia, lo que desprestigia el accionar de estas instituciones y pone en duda su autonomía con respecto a su función.

Adicionado a esto, el segundo párrafo la fracción antes mencionada dice a la letra:

“...

No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

...”

En esta fracción se coloca una restricción de tres años al consejero presidente, a los consejeros electorales en consejos generales, locales o distritales del INE, así como a diversos puestos del mismo instituto, con lo cual se amplía la restricción mencionada en la fracción V del artículo 55 pero sólo para el caso del INE.

Es necesario que se trate con la misma importancia a todos los organismos constitucionales autónomos, por lo que la independencia debe estar asegurada. Esta modificación aumenta la restricción a tres años para todos los titulares de los organismos constitucionales autónomos, con lo que se busca garantizar que estos no puedan formar parte de una legislatura federal, obteniendo fuero, además de demostrar una relación directa con algún partido político.

Cabe mencionar el caso de Ximena Puente de la Mora, ex comisionada, del organismo garante del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la cual renunció el 18 de marzo de 2018, presentando una carta expresando su decisión con carácter de irravocabe, de renunciar al cargo de comisionada del INAI.

Ximena Puente de la Mora, se desempeñó como comisionada del INAI desde 2014, encargo que concluiría el 31 de marzo de 2018. Sin embargo renunció en la fecha mencionada en el párrafo anterior, mismo día en que el Partido Revolucionario Institucional entregó al INE la lista de candidatos de representación proporcional al Congreso. En dicha lista, Ximena Puente ocupaba el sexto lugar, con lo que se ponía en duda la imparcialidad con la que podría haber desempeñado sus funciones en el INAI, relacionandola con el Partido Revolucionario Institucional.

Sumado a esto, Ximena Puente votó a favor de reservar información sobre una compra de Emilio Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual había sido señalada con sobrecostos por la Auditoría Superior de la Federación. Esta y diversas tendencias que favorecieron al gobierno federal, desprestigiaba la función del organismo garante de la Transparencia y Acceso a la Información. Cabe mencionar que Ximena Puente no se encuentra afiliada al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo forma parte del grupo parlamentario de dicho partido en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.

Requerimos organismos imparciales que cumplan con su función establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desempeñen sus labores con completa independencia, especialmente los titulares de los mismos.

Con el fin de evitar casos en los que los titulares de los organismos en comento ocupen el cargo de legisladores y cuenten con fuero constitucional, se propone una reforma del artículo 55 constitucional, que contiene los requisitos para ser diputado, ya que el artículo 58 de la Constitución, establece que los requisitos para ser senador serán los mismos que para ser diputado, excepto el de la edad.

De esta manera se impediría que los titulares ocupen su cargo para buscar una posición política bajo el apoyo de algún partido, además de posibles desviaciones en la conducción de su función con el apego debido a los códigos de ética y valores que deben caracterizar a todo servidor público.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que los titulares de organismos constitucionales autónomos no puedan ser legisladores a menos que se separen definitivamente de sus funciones tres años antes del día de la elección

Ordenamientos a modificar

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto normativo propuesto

Único.Se modifica la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 55.Para ser diputado se requiere:

...

V. No ser secretario o subsecretario de estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto o titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Luis Alberto Mendoza Acevedo, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Appel Ruffo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago ,Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

María Lucero Saldaña Pérez, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En abril del presente año fui partícipe de la aprobación en el Senado de la República de un conjunto de reformas para combatir de manera integral el robo de hidrocarburos.

Como todos sabemos, el sector energético es uno de los más importantes en México y es estratégico para la economía nacional. Inegi estima que este sector aporta cerca del 7 por ciento del producto interno bruto.

Este recurso, tan valioso para el pueblo mexicano, ha enfrentado en los últimos años un constante saqueo por delincuentes que se dedican al robo de combustible en los ductos que atraviesan varios estados de la república.

De acuerdo con sus propias autoridades, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una pérdida económica de 30 mil millones de pesos anuales por robo de combustible a sus ductos. La estrategia de combate al robo de combustibles ha logrado la detención y presentación al Ministerio Público de casi 2 mil 500 personas, de las cuales se sigue un proceso judicial a alrededor del 2 por ciento únicamente.

El robo de combustible es un delito grave que ha llegado a constituir la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado.

De acuerdo con Pemex, en 2017 se detectaron 10 mil 363 tomas clandestinas de combustible, lo que representa un aumento del 51 por ciento respecto a las detectadas en 2016. La tendencia permanece, ya que de enero a julio de 2018 se tienen contabilizadas 8 mil 742 tomas, que representan 50 por ciento más de las registradas en el mismo período de 2017 (5 mil 806 de enero a julio de 2017).

Siendo originaria de uno de las entidades del país más afectadas, que es Puebla, puedo afirmar que si bien por sí mismo este delito es grave ya que atenta contra el patrimonio de las y los mexicanos, además, en las regiones en donde acontece ha tenido múltiples y negativos efectos: pérdida de la paz social en comunidades enteras, riesgo inminente al patrimonio y la vida de miles de familias, inseguridad, violencia, incremento de otros delitos (como el robo de vehículos), afectaciones al medio ambiente y la salud de poblaciones enteras, el involucramiento de adolescentes y jóvenes en la comisión de este delito, la corrupción de autoridades y complicidad de familias, lo que rompe el tejido social.

La reforma integral al Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos que aprobada en abril del presente año, recoge diversas iniciativas presentadas y constituye un esfuerzo integral de combate al robo de hidrocarburos que tiene importantes beneficios:

1. Proteger el patrimonio nacional, el de las familias, el ecológico, el hacendario y la vida de miles de personas, en especial jóvenes.

2. Abarcar todos los eslabones de la cadena económica de la gasolina y permitir la coordinación entre el SAT y la Comisión Reguladora de Energía.

3. Obligar a todos los eslabones de la cadena productiva a llevar un control del volumen de entrada y salida de los petrolíferos, a través de máquinas y programas que solo pueden ser vendidos por proveedores certificados por el SAT.

4. Asegurar un control de la contabilidad y emisión de comprobantes fiscales, permitir visitas de supervisión por parte de la autoridad, recoger muestras y hacer análisis. Se imponen sanciones si se falla en materia de controles volumétricos, contabilidad y emisión de comprobantes fiscales digitales.

5. Modificar la Ley Aduanera para un mayor y mejor control de la entrada de gasolinas al país.

6. Establecer nuevos delitos y sanciones que inhiban estas conductas antisociales, con consecuencias jurídicas para las personas que colaboren en estas conductas delictivas, para desestimular la probabilidad de su participación.

Si bien esta reforma constituyó un importante avance, es necesario transitar hacia medidas aún más firmes que contengan este grave delito que sigue en aumento.

Tan solo el día de 12 de septiembre de este año, en la propia ciudad de Puebla capital, las y los habitantes de alrededor de una decena de colonias del norte de la ciudad (zona de Villa Frontera y Camino a Tlaltepango), tuvieron que ser evacuados al presentarse una grave fuga de gas provocada por este tipo de acciones delictivas de robo de combustible.

Esta afectación implicó la suspensión de clases en 95 planteles educativos y la evacuación –parcial– de los 180 pacientes que se encontraban en el Hospital General del Norte en dicha ciudad, afectando las actividades de la Central de Abasto, principal surtidor de alimentos del estado de Puebla. Cabe reconocer que la intervención oportuna de autoridades locales, de Pemex y CFE impidieron una tragedia mayor.

Es cierto que Puebla (con el llamado “Triángulo Rojo”, conformado por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco), junto con los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco representan los sitios en los que se concentra el robo de combustible del país.

El año 2017 cerró con 10 mil 363 tomas clandestinas y hasta julio de 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía contabilizadas 8 mil 742 tomas clandestinas a sus ductos. Las entidades con mayor número de tomas clandestinas son:

-Puebla: mil 318

-Hidalgo: mil 55

-Guanajuato: mil 16

-Veracruz: 951

-Jalisco: 902

La situación en las entidades afectadas no parece contenerse aunque se han firmado y llevan a cabo acciones coordinadas entre las autoridades federales y estatales:

-Puebla: a pesar de que el denominado Grupo de Coordinación Puebla Segura —en el que participan Pemex, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Policía Federal, así como el gobierno estatal, sus instancias de seguridad y las de los municipios— aseguró que en un año se realizaron 2 mil 2 operativos en el estado con un saldo de 3 mil 138 vehículos asegurados, 781 personas remitidas a las autoridades, mil 334 tomas clandestinas inhabilitadas y más de 6 millones de litros de combustible decomisados, el robo de combustible en la entidad durante abril llegó a 801 ilícitos, con un incremento anual de 73 por ciento.

-Hidalgo: en donde se cuenta con memorándum de entendimiento para fortalecer las actividades de la industria petrolera en el estado y combatir de manera conjunta al crimen organizado, presenta 606 tomas que implican un incremento de 116 por ciento.

-Guanajuato: donde también se anunció una estrategia de combate, lleva 563 ilícitos, que son 14 por ciento menos que los reportados en los primeros cuatro meses del año pasado.

Más allá de las pérdidas materiales y económicas a causa de esta actividad, la problemática involucra a la base social, inicialmente se hace presente la delincuencia organizada como principal controlador de esa actividad; en segundo lugar, se involucra voluntaria o involuntariamente a la sociedad que tiene que ver directamente con la extracción de los hidrocarburos como son los dueños de los predios donde se realiza la llamada “ordeña”; finalmente la consolidación del mercado negro que genera esta actividad, involucra a niñas y niños, los cuales en algunos casos, venden directamente los productos extraídos y/o se encargan de alertar a los presuntos delincuentes de la presencia de las autoridades locales y federales.

Lo anteriormente mencionado es solamente una parte del efecto que produce el robo de hidrocarburos. A la fecha, los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer aspectos relacionados con esta actividad que van desde corrupción de los funcionarios, cierre de gasolineras, enfrentamientos armados; hasta muerte de civiles, militares y elementos de policía, y presuntos delincuentes defendidos por los mismos pobladores.

Ante tales afectaciones y conductas, la presente iniciativa propone establecer la prisión preventiva oficiosa, cuando cualquier persona presuntamente cometa los delitos en materia de robo de hidrocarburos establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En la especie, la prisión preventiva oficiosa representa una limitante al derecho a la libertad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en diversos instrumentos internacionales de la materia.

Para reforzar este razonamiento se hace referencia a la jurisprudencia 390783.914. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Apéndice de 1995. Tomo II, parte HO, página 578:

... Libertad personal. Restricción a la. (Cambio de situación jurídica).

La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior...

Este derecho puede ejercerse de múltiples formas, lo que en definitiva regula la Convención en este artículo “son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción” a este derecho (análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Integridad Personal y Privación de Libertad).

Para contextualizar la problemática antes mencionada, es necesario aludir a la importancia de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, las reformas constitucionales de junio de 2011 incorporaron a México una nueva forma de entender al derecho, al colocar a las personas y sus derechos humanos como eje central de todo el ordenamiento jurídico.

Este cambio dio lugar a un catálogo de derechos, que deben relacionarse entre sí en términos de armonización y de coordinación, a través de la interpretación conforme y el principio pro persona a que alude el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional.

Por esa razón, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, párrafo tercero, toda autoridad tiene la obligación cumplir con sus diversos mandatos a fin de contribuir al respeto, protección, promoción, sanción y reparación de sus eventuales violaciones.

Sin embargo, y de acuerdo a las características propias de nuestro país, es necesario trazar límites a los derechos humanos para que no se abuse de ellos, esto es, establecer claramente las limitantes a los derechos, con la finalidad de no violentar los derechos de terceros.

Ante tal afirmación, surge la necesidad de establecer, para casos concretos, limitaciones externas para solucionar esa aparente colisión de derechos, sin olvidar que tales restricciones son figuras normativas incorporadas a los ordenamientos jurídicos como soluciones preestablecidas, aludiendo al principio de interdependencia inherente a los derechos humanos.

La plena satisfacción de los derechos humanos debe llevarse a cabo en la medida posible, considerando los recursos que disponga el Estado y atendiendo los límites intrínsecos que conlleva el ejercicio de los mismos.

Bajo esta tesitura, es incuestionable que los derechos humanos no son absolutos, consecuentemente, admiten restricciones, mismas que deben adecuarse a los parámetros nacionales e internacionales con la finalidad de que tales restricciones no vulneren los derechos humanos en mención.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre las excepciones constitucionales en materia de derechos humanos:

Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Es importante resaltar, que las restricciones a los derechos humanos, también encuentran su fundamento en la Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 7, párrafo segundo, 30 y 32, párrafo segundo, en donde establece una excepción a la privación de la libertad, según lo establezcan las constituciones políticas de los Estados Partes; las restricciones permitidas, y las limitaciones de los derechos, respectivamente:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

...

Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

...

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos

...

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

...”

(énfasis añadido)

En este mismo sentido, y para reforzar la restricción de derechos, se transcribe el siguiente criterio jurisprudencial:

Restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades. Adicionalmente a que se traten de una manifestación expresa del constituyente mexicano que impide su ulterior ponderación con otros instrumentos internacionales, también se encuentran justificadas en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Conforme a lo resuelto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General.

Por lo que se repara en la importancia que tiene la cláusula normativa sobre restricciones a derechos humanos, se fijaran los casos y las condiciones en los que sea posible restringir o suspender el ejercicio de esos derechos y las garantías para su protección.

Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:

a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna;

b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y,

c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Jurisprudencia 160267.

Dicho lo anterior, en el caso específico de la prisión preventiva como medida cautelar, cumple con todas las características que debe tener una figura de restricción de derechos, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver de fondo el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sostuvo que del artículo 8.2 de dicha convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva; asimismo, estableció que el aludido concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre los que puede nombrarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la imposición de la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privar de la libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, y que ello sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual es contrario a los principios generales del derecho universalmente reconocidos. Tesis aislada 166872.

Como se ha dicho, la restricción debe tener un carácter de excepcionalidad, esto es, que únicamente debe aplicarse cuando se considere que no existen medidas alternas para el objetivo que se pretende en la presente iniciativa.

De acuerdo a los argumentos esgrimidos en la presente iniciativa, se propone establecer la prisión preventiva oficiosa, a toda aquella persona que presuntamente cometa delitos en materia de hidrocarburos, establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Lo propuesto, se considera con la intención de evitar la sustracción de la acción de la justicia a quien presuntamente cometa el delito, en atención a la gravedad que representa esta actividad, la cual afecta múltiples ámbitos de la vida nacional, como la economía, daño severo al tejido social, incremento en la inseguridad pública y daño irreversible al medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto es obligatorio que el Estado actúe con rigor sobre los delitos en materia de hidrocarburos.

Para mayor claridad de la propuesta vertida, se presenta el siguiente comparativo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

...

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, de acuerdo con la ley de la materia, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

Segundo. Por el que se modifica el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

...

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, de acuerdo con la ley de la materia, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-pierde-30000-mdp-por-robo-de-com bustible-20180410-0065.html

2 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas20 17.aspx

3 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/principales/evacuadas-6-colonias-de-la-zon a-norte-por-fuga-de-gas-que-provocaron-huachicoleros/

4 http://www.e-consulta.com/nota/2018-09-12/seguridad/tras-4-horas-controlan-tota lmente-la-fuga-de-gas-en-villa-frontera

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incontenible-robo-de-gasolina-en-ducto s-de-Pemex-20180610-0090.html

6 Idem.

7 Idem.

Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 19 días de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Escobar y Vega, Beatriz Manrique Guevara, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Alberto Puente Salas, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Reza Ochoa, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Fernando Galindo Favela, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lilia Villafuerte Zavala, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Soraya Pérez Munguía, Verónica María Sobrado Rodríguez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 3o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Héctor Joel Villegas González, integrante del grupo parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Dentro del marco jurídico vigente y las políticas públicas para regular las relaciones comerciales entre los prestadores de bienes y servicios y los consumidores no se han atendido el cobro exacto por estos.

Conocido comúnmente como redondeo, que es una herramienta de todo un programa estructurado de responsabilidad social en una empresa, o bien parte de una fundación. Estos sistemas están registrados y debidamente establecidos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social.

De acuerdo con el Banco de México los precios del 69 por ciento de dichos productos actualmente ya se expresan en unidades de 0 o 50 centavos, por lo que en estos casos el redondeo no tiene efectos sobre los precios

Sin embargo, la acumulación de estas fracciones en centavos, al año podría representar un recurso del que podrían disponer las familias mexicanas.

Argumentos que la sustentan

El 16 de junio de 1986 la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial de Metrología NOM-Z-59-1986. Valores Numéricos - Guía para el Redondeo e Interpretación de Valores Límites.

El objetivo y campo de aplicación de la Norma Oficial era proporcionar los procedimientos que pueden seguirse en el redondeo e interpretación de valores numéricos, expresándolos en concordancia con el Sistema Decimal y se aplican en la expresión de valores numéricos, tales como: constantes físicas, expresiones inexactas y especificaciones; ya sea durante las operaciones de cálculo de las mismas o en la forma final de proporcionar su resultado, a fin de compararlo con un valor establecido previamente.

La Norma conceptualizaba al intervalo de redondeo, como la menor diferencia posible (excluyendo “cero”), entre dos valores redondeados en la misma serie. Ejemplo: Si un valor es redondeado lo más cercano a una unidad en el segundo lugar decimal, el intervalo de redondeo es 0,01. Si un valor es redondeado a dos unidades en el segundo lugar decimal, el intervalo de redondeo es 0,02. Si un valor es redondeado a cinco unidades en el segundo lugar decimal, el intervalo de redondeo es 0,05.

Además, establecía las siguientes reglas siguientes:

Redondeo hacia abajo.Si el dígito siguiente al último lugar retenido es 0, 1, 2, 3 o 4 (seguido o no por otros dígitos), “consérvese” el valor del dígito situado en el último lugar retenido.

Redondeo a dos dígitos significativos.

1,5493 se redondea a 1,5

6,2032 se redondea a 6,2

Redondeo hacia arriba.Si el dígito siguiente al último lugar retenido es 5 (seguido de otros dígitos no todos cero) o es 6, 7, 8 o 9 (seguido o no de otros dígitos), “increméntese” el dígito existente en el último lugar retenido, en una unidad.

Redondeo a tres dígitos significativos.

49,850 1 se redondea a 49,9

27,086 4 se redondea a 27,1

Redondeo al valor “par” más próximo.Cuando el dígito siguiente al último lugar a ser retenido es un 5 y no hay dígitos más allá de ese número o son solamente ceros, “increméntese” en una unidad el dígito en el último lugar a ser retenido si es impar, dejando el dígito sin cambio si es par.

Esta regla se aplica también para valores positivos y negativos, considerando el “cero” como dígito par.

Una de las razones por las que se propone que el redondeo se acumule a favor del consumidor, y se quite este recurso a las empresas, es la especulación y duda de la sociedad de a cuánto ascienden estos recursos. GRUPO CHIRINO MARTINEZ señaló en una solicitud a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que prohíba el redondeo en OXXO BECALOS en cajeros automáticos y centros comerciales que “si calculamos que en un día de quincena, por una caja pasan 30 clientes por hora, y si lo multiplicamos por 25 cajas, por 15 horas en que está abierta la Walmart, con un supuesto de 50 centavos de redondeo por cada compra, nos da un total de 5,625 pesos... por tienda. Existen 220 tiendas de Walmart en la república, se metieron $1,237,500 pesos. ¡¡Es un robo hormiga!! Si gana y ese es un milloncito diario, calcula mensualmente por 30 días, o mejor aún por 365 días del año da un total de la nada despreciable lanita de $451’687,500.00 que es la forma en que se deduce y nada más chécate la gran cantidad de $$$ que no pagan... de impuestos que forma de robar, no tienen descaro! y nosotros sí, pague y pague impuestos, mientras que ellos evaden al fisco, franca y descaradamente, y a dónde va tanto dinero?”

Que el dinero de la gente siga en los bolsillos de la gente. De centavo en centavo se acumulan pesos.

Es intención del presente proyecto de reforma legislativa que la totalidad del dinero de las personas sea gastado en un cien por ciento por ellos.

Podemos encontrar en fuentes de fundaciones que estos redondeos se destinan a proyectos con un fin social particular, que van desde el apoyo a alguna asociación de niños con cáncer, la contribución a la operación de cataratas para gente de la tercera edad, la manutención de niños huérfanos, la ayuda a comunidades indígenas de bajos recursos, la adquisición de equipo para escuelas en zonas humildes, en fin, a un gran número de alternativas.

Es común que surja la duda sobre a dónde irá a parar el dinero que se junta con el redondeo. Uno de los casos más fuertes de sospecha sobre estos recursos lo protagonizó la ex primera dama de México, Martha Sahagún y su fundación Vamos México, ya que en 2004 el organismo fue acusado por el Financial Times de presuntas irregularidades financieras. Aunque la organización negó que hubieran contado con recursos provenientes del redondeo, en el informe anual de la fundación en 2003 aparece una aportación de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD) que alcanzó los 17 millones de pesos. Este dato deja ver que las operaciones no son en todos los casos transparentes, y que puede perderse la esencia del programa.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se ha manifestado por que las empresas están obligadas a entregar el cambio completo a los consumidores, ya que estas deben de contar con monedas de 5 pesos a 10 centavos, en caso de que estas no lo entreguen como debe de ser, los consumidores pueden acudir a las oficinas de la Profeco a levantar su denuncia para obligar a los supermercados a devolver el importe que está siendo reclamado.

En abril de 2018, la Procuraduría realizó operativos contra otro tipo de empresas y establecimientos comerciales en todo el país y recuperó 429 mil 223 pesos para los consumidores luego de lograr la conciliación en 140 de 149 quejas que interpusieron por condicionar o negar la venta, no respetar las promociones u ofertas anunciadas, no respetar los precios exhibidos, tener información o publicidad engañosa, aplicar cargos y redondeos sin consentimiento, no exhibir precios y no entregar notas o comprobantes.

Los redondeos sin consentimiento no tiene excusa, ya que datos del Banco de México (Banxico) el 38.4 por ciento de las monedas en circulación en el país son de 10 centavos, el 16.6% son de 1 peso, el 14.2% son de 20 centavos, el 12.0% son de 50 centavos, un 5.6% de 5 pesos, un 5.3% de 2 pesos, y un 3.6 por ciento de 10 pesos.

No sólo en el caso de los bienes, las personas ven afectados sus intereses, también en la prestación de servicios de telefonía.

Desde el 2006, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca atajar la libertad tarifaria4 de la que gozaban los concesionarios de telefonía en el cobro por redondeo en llamadas, a través de la aplicación de una Norma Oficial Mexicana en materia de medición telefónica que permita a los usuarios pagar justo lo que hablan.

De acuerdo con la Profeco, las empresas de telefonía móvil obtienen cerca 400 millones de pesos al año por las llamadas que no completan el minuto.

El artículo 207 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión resolvió el problema arriba referido, al establecer:

Artículo 207.En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y los autorizados deberán incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas , el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

Con la reforma, las compañías de telefonía celular ya no cobran o redondean en dos minutos una llamada con una duración de solamente un minuto y medio. De un universo estimado de 100 millones de aparatos telefónicos que cobraban un redondeo de un peso al día por aparato telefónico, eran, cerca de 100 millones de pesos que en forma injusta recibían de ingresos ilegítimos las compañías que prestan este servicio.

La presente iniciativa, mantiene el interés de los legisladores porque las fracciones del peso al adquirir bienes o servicios sean devueltos o acumulados en favor del consumidor.

El 28 de abril de 2017 la diputada María García Pérez presentó la iniciativa que reforma el artículo 7o. Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor5. Esta iniciativa fue dictaminada en sentido negativo el martes 31 de octubre de 2017, con el argumento de que la Secretaría de Economía emitió opinión de que fuera desechada por considerar que los artículos 7 y 7Bis ya contemplaban el supuesto promovido por la legisladora.

Tal argumento, resulta insuficiente, ya que no demuestra la inviabilidad de la pieza legislativa promovida.

Una cuestión que es importante precisar, es que si con esta reforma las fundaciones y asociaciones de filantropía dejaran de recibir donaciones de empresas llamadas socialmente responsables. La consideración inmediata es que no, ya que no limitan a las personas a expresar su voluntad de que sus fracciones de pesos de cambio en sus compras se destinen a la donación de causas que las empresas donan.

Sin embargo, la presente iniciativa deberá de poner manifiesta la vocación filantrópica de las empresas al donar con sus propios programas y recursos y con ello consolidar el espíritu de socialmente responsables.

A nivel internacional, en Argentina, el 29 de noviembre de 2006, se promulgó la Ley 26.179, que suplió el artículo 9 Bis de la Ley número 22.802, sobre diferencias de vueltos menores a cinco centavos en el monto total a pagar a favor del consumidor. Ley sancionada el 3 de Noviembre de 2004 y promulgada de hecho el 2 de Diciembre de 2004

Esta ley se denomina Ley de Lealtad Comercial establece:

Ley 25.954. Modifícase la Ley Nº 22.082, en relación con la devolución al consumidor de diferencias menores a cinco centavos.

Artículo 1o. Incorpórase como artículo 9o. bis de Ley Nº 22.802 el siguiente: Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.

Artículo 2o. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley número 22.802 a realizar una amplia campaña de difusión de la presente.

Artículo 3o. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

En el caso peruano, el Banco Central de Reserva del Perú retiró de circulación las monedas de un céntimo (0,01) en mayo de 2011, debido a que dejaron de ser usadas por el público en los últimos años. El retiro de monedas de aquellas denominaciones contribuyó a facilitar las transacciones.

Finalmente, y con el objeto de facilitar su análisis, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7o. Ter a la Ley federal de Protección al Consumidor, en materia de redondeo

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 3 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

...

Las fracciones de peso entre 0.1 y 0.24 centavos se efectúen por el monto del pago serán ajustados a la unidad monetaria inmediata inferior. En el caso que los que incluyan fracciones entre 0.25 y 0.74 centavos se ajustarán a 50 centavos, y los que incluyan fracciones entre 0.75 y 0.99 centavos se ajustarán a la unidad monetaria inmediata siguiente.

Artículo Segundo.Se adiciona el artículo 7o. Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 7 Ter. En caso de pagos por bienes y servicios menores a 50 centavos, y no fuera posible el cambio monetario correspondiente, la diferencia, en todos los casos serán siempre a favor del consumidor, que podría ser entregada por medio de un monedero electrónico de consumo. Para tales efectos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos correspondientes para su operación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 26 de septiembre de 2018.— Diputado Héctor Joel Villegas González (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maribel Martínez Ruiz, en nombre propio y del Diputado Benjamín Robles Montoya, y las diputadas Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cuando una mujer que es madre o un hombre que es padre es condenado a una pena privativa de su libertad, sus hijos e hijas son afectados de manera negativa y, al menos en nuestro país, los órganos jurisdiccionales no los ven ni los oyen, es decir, las hijas e hijos de las personas que se encuentra privadas de su libertad son, en todos los aspectos, las víctimas olvidadas.

El tipo y magnitud de los efectos que tiene el encarcelamiento de los padres y madres en las niñas y los niños depende de su edad, el tipo y duración de la condena, la posibilidad de mantener una relación cercana con entre ellos y la red de apoyo.

Esta situación se agrava en los casos de las niñas y los niños que, al igual que sus madres, viven en reclusión al lado de sus madres, sí, pero sin el goce de ningún otro derecho como lo es la educación, la salud y un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

De tal manera, la presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, particularmente en el caso de hijos de madres privadas de libertad.

En México, el número de mujeres en los reclusorios o centros de readaptación social ha ido en aumento y los motivos por los que delinquen son varios; sin embargo, no podemos ignorar que la necesidad económica, el amor y el miedo son factores recurrentes y derivados de la falta de políticas públicas que doten a las niñas de autosuficiencia y dignidad, lo que, al paso de los años, deriva en mujeres temerosas, inseguras y sumisas.

La situación de las mujeres y sus hijas e hijos en reclusión, de acuerdo con el estudio realizado por la doctora Carla Angélica Gómez Macfarland, denominado “Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México”, y publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en el año 2014 es sumamente precaria.

De acuerdo con los datos arrojados por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país, pero al mismo tiempo, existen centros penitenciarios en donde no es posible que las madres vivan con sus hijos e hijas.

Por otro lado, si tomamos en consideración que en general, los centros de reclusión son sitios en los que se violentan frecuentemente derechos humanos de las mujeres que ahí se encuentran, los derechos de las niñas y niños que viven ahí con sus madres y sus condiciones de vida son realmente injustas.

Bajo estas condiciones, las hijas e hijos de mujeres que se encuentran en reclusión merecen que sus derechos sean respetados y garantizados, merecen crecer en un espacio que les permita desarrollar sus habilidades cognitivas, perceptuales y motrices.

Recordemos que esas niñas y niños que viven a lado de sus madres en situación de reclusión, no son los culpables de las decisiones adoptadas por sus madres, no es justo que purguen penas por delitos que no cometieron y que, además, al cumplir tres años, sean separados de manera abrupta de sus madres, cuando en el mejor de los casos irán con algún familiar que le brinde afecto y la posibilidad de estudiar; sin embargo, la mayoría de estas niñas y niños, al ser expulsados del centro penitenciario serán enviados con familiares que no los desean, que los ignoran o lastiman (en cualquier ámbito) o a una casa hogar.

En este sentido, la situación de invisibilidad que viven día con día las niñas y los niños de madres que están recluidas es insostenible; ya que, además de que estas niñas y niños crecen y se desarrollan aislados de la sociedad, son separados bruscamente de sus madres al cumplir los 3 años, lo que hace nugatorio el ejercicio de sus derechos y los coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad que en las que vivían dentro de los centros de reclusión.

No obstante, las condiciones en las que viven estas niñas y niños dentro de los centros penitenciarios, también es deplorable, carecen de medicamentos, de alimentos adecuados para su edad, de espacios lúdicos donde puedan jugar, interactuar y convivir con los demás niños y niñas, y, mucho menos, cuentan con servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en los centros penitenciarios, es decir, el interés superior de las y los menores es ignorado.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés superior del menor es un concepto triple, ya que se considera como derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo y como una norma de procedimiento. En ese sentido, dicho principio debe considerarse en cualquier decisión y también en actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y otras iniciativas.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracciones XXIX-P y XXX, en relación con los artículos 1o. y 4o. párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 7, un párrafo tercero al artículo 23, los párrafos segundo a sexto al artículo 44; se reformanel segundo párrafo del artículo 10, la fracción II del artículo 103, el primer párrafo del artículo 104, la fracción III del artículo 105, la fracción IV del artículo 116 y la fracción IV del artículo 125, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 7....

Asimismo, las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán garantizar el respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión, con la implementación de acciones y mecanismos que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral pleno de las y los menores.

Artículo 10. ...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria , apátrida o de reclusión por haber nacido o vivir en algún centro penitenciario con su madre,o bien, circunstancias relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 23. ...

...

Para garantizar el derecho de niños y niñas a vivir en familia, la autoridad jurisdiccional o ejecutora competente dispondrá, para la madre reclusa bajo los términos, condiciones y modalidades establecidas en las normas correspondientes, las medidas alternativas que correspondan para cumplir la sentencia, siempre y cuando esta determinación no sea contraria al interés superior de la niñez.

Artículo 44. ...

Los niños tendrán el derecho de permanecer junto con sus madres, hasta los tres años de edad, cuando éstas se encuentren privadas de su libertad y extinguiendo condena en centros penitenciarios.

En la expedición de actas de nacimiento está prohibida toda alusión al hecho de haber nacido en un centro penitenciario.

Las niñas y los niños que sean hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad recibirán una alimentación saludable, acorde con su edad, compatible con sus necesidades de salud y que contribuya a su desarrollo físico y mental.

Todo niño y niña que viva en un centro penitenciario tendrá derecho a recibir educación inicial, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica permanente. Asimismo, podrá beneficiarse de otros programas de atención médica, federales o locales, instaurados para el cuidado del desarrollo físico y psicológico de la niñez.

Los centros penitenciarios deberán contar con áreas que permitan el descanso y esparcimiento básicos en el crecimiento y desarrollo de niñas y niños.

El Estado mexicano garantizará a las madres en reclusión la obtención de información periódica del estado de salud de sus hijos, con base en un expediente clínico, que también se compartirá con la persona o institución que se haga cargo del menor a partir de su egreso del centro penitenciario. El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizará la continuidad de la atención médica y, en su caso, los tratamientos correspondientes, que requieran los niños después de su salida del centro penitenciario y hasta su llegada a la mayoría de edad.

Artículo 103....

I....

...

II.Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida, aun cuando las niñas y niños vivan con sus madres progenitoras en situación de reclusión;

III.a XI. ...

...

...

Artículo 104.Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos o con sus madres en situación de reclusión, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa.

...

Artículo 105....

I....

II....

III.Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas, penitenciarias y de readaptación social o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y

IV....

Artículo 116.Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente las atribuciones siguientes:

I.a III. ...

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o de reclusión por haber nacido o vivir en algún centro penitenciario con su madre,, o bien, circunstancias relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;

V.a XXV....

Artículo 125....

...

I.a III. ...

IV.Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes , que incluyan asignaciones para llevar a cabo la protección especial de las niñas y los niños en situaciones de vulnerabilidad a que se refieren el artículo 7 de la presente ley.

V.a XVIII....

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la adecuación en la infraestructura penitenciaria, a fin de garantizar el desarrollo integral de los niños en reclusión.

Tercero. Los estados de la República y la Ciudad de México, contarán con un plazo de un año, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar su normatividad al contenido y objetivos de la presente reforma en materia de derechos fundamentales de los niños en situación de reclusión, así como para dar inicio con las adecuaciones físicas a la infraestructura penitenciaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Maribel Martínez Ruiz,Ana Karina Rojas Pimentel, Ángel Benjamín Robles Montoya, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Margarita García García, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elena García Gómez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. El fracturamiento hidráulico es un tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo y gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formación que permitan la fácil liberación del hidrocarburo.

Esta es una de las tecnologías para la extracción de hidrocarburos más cuestionadas a nivel mundial debido a los impactos ambientales que genera. La extracción de hidrocarburos mediante el fracturamiento hidráulico implica riesgos de contaminación de acuíferos, del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmosfera, mismos que conllevan daños a la salud de la población.

Esta serie de problemáticas ambientales alrededor del fracturamiento hidráulico ha derivado en investigaciones en todo el mundo, los cuales han llevado a la prohibición de esta tecnología en regiones de Alemania, España, Estados Unidos y Francia, siendo este último país el que legisló la prohibición absoluta de esta técnica.

Una de las principales preocupaciones en torno al uso de esta tecnología es el empleo de grandes volúmenes de agua utilizados en el proceso de fracturamiento, pues el volumen promedio de agua utilizado se encuentra en un rango de 2 a 4 millones de galones por pozo, de la cual después de su inyección sólo se recupera de un 30 a un 40 por ciento del volumen, sin mencionar que al regresar a superficie contiene una mezcla de químicos que la hace inadecuada para el consumo humano, además de que esta se reutiliza tan solo en una quinta parte por los altos costos que ello implica.

Los fluidos de fracturamiento para la extracción de gas en formaciones lutíticas están constituidos por agua, apuntalante y una cantidad de fluidos no acuosos diseñados para reducir la caída de presión ocasionada por la fricción, mientras se bombea el fluido al interior del pozo. Estos fluidos incluyen geles, reductores de fricción, reticuladores, rompedores del gel y surfactantes similares a cosméticos y productos de limpieza domésticos, los cuales varían dependiendo de las condiciones del pozo que será fracturado.

Los químicos adicionados al fluido de fracturamiento son para cambiar sus propiedades físicas y químicas como puede ser viscosidad, Ph o densidad. Aproximadamente el 1 por ciento de los fluidos fracturantes está compuesto por una mezcla de químicos, por ejemplo, para un fluido de 4 millones de galones se necesitarían 40 mil galones de químicos.

La contaminación de fuentes de agua cercanas a los pozos que son sometidos al fracturamiento hidráulico es una más de las afectaciones que tiene este proceso sobre la población, pues incide directamente en el abastecimiento, consumo y salud de las localidades que dependen de dichas fuentes.

Las afectaciones que se tienen en aguas subterráneas localizadas en las cercanías de pozos de lutitas están relacionadas con los procesos de fracturación hidráulica, pues estos modifican las condiciones naturales de permeabilidad de la formación, permitiendo la conexión de esta con otros materiales de permeabilidad intrínseca natural como lo son los acuíferos, produciendo intercambio de fluidos en ambas formaciones. Este proceso puede conectar agua subterránea con el fluido del fracturamiento, hidrocarburos y salmueras del yacimiento principalmente.

Para ejemplificar lo anterior, durante el proceso de fracturamiento de la formación la estructura tanto de la tubería como la de la cementación se ven afectadas por las grandes presiones a las cuales son sometidas. Si bien el proceso de cementación funge un papel fundamental para mantener aislados acuíferos que se encuentran cerca de pozos petroleros, la presión a la que es sometido el pozo durante el proceso de fracturamiento hidráulico genera fallas mecánicas en el revestimiento del pozo.

En 2011 el Departamento de Protección del Medio Ambiental (EPA) de los Estados Unidos presentó un reporte realizado en Pensilvania en el cual mencionaba numerosos casos donde la contaminación de acuíferos era el producto de una cementación defectuosa.

Adicionalmente, varios de los químicos contenidos dentro de los fluidos fracturantes causan impactos sobre la salud. La siguiente tabla muestra algunos de los compuestos químicos más comunes utilizados en los fluidos para fracturamiento hidráulico.

Además de los efectos negativos en el ambiente y en la salud que puede generar esta técnica, hay una crítica fuerte hacia la viabilidad económica de los proyectos gasíferos de lutitas, pues las características geológicas de los yacimientos generar una rápida declinación en la producción. En Estados Unidos de América se observó que hubo una reducción en más de un cincuenta por ciento de equipos de lutitas en operación de 2008 a 2013.

Los pozos más antiguos y productivos de EUA, localizados en el Barnett Shale en Texas, han disminuido su productividad en un 44 por ciento. Estudios realizados a estos pozos reportan una declinación de 65 por ciento el primer año y 53 por ciento el siguiente, hasta caer gradualmente a un 20 por ciento anual. Los pozos de lutitas rinden en promedio más de la mitad de su producción total el primer año, por lo que se debe seguir perforando para mantener una tasa fija de producción, con todas las implicaciones negativas para el ambiente que ello conlleva.

II. La situación de México ante la explotación de yacimientos de lutitas mediante el fracturamiento hidráulico es de desventaja, pues las implicaciones que ello conlleva no se equilibran con el poco beneficio que se pudiese obtener por la extracción de este tipo de recursos y, fundamentalmente, por los severos daños ambientales y a la salud que provoca.

De acuerdo con Pemex, México tiene “potencial de recursos gasíferos en yacimientos no convencionales” en cinco provincias geológicas ubicadas en el noroeste del país:

1. Chihuahua, ubicada en los estados de Chihuahua y Coahuila.

2. Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en los estados de Coahuila, Tamaulipas y en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León.

3. Burgos, ubicada en Tamaulipas.

4. Tampico-Misantla, en Veracruz.

5. La cuenca de Veracruz, ubicada en el estado de Veracruz.

En México, el desarrollo de shale gas ha tenido resultados poco satisfactorios, en 2010 Pemex inicia los trabajos exploratorios de shale gaso-oil, desarrollando el proyecto Emergente-1 en el bloque Olmos de la cuenca de Burgos, el cual fue el primer pozo que Pemex perforó utilizando la técnica de la fractura hidráulica. La empresa mexicana logró una extracción de 4 mil 20 millones de pies cúbicos de gas de lutitas y de los 17 pozos que perforó desde 2011 en el norte del país, solo cuatro de ellos resultaron con una producción rentable, lo que significó costos de perforación superiores a 60 por ciento de los que se tienen en un pozo convencional.

Es cierto que hay diversas cuencas en el territorio nacional con recursos potenciales, en donde se cuentan con una estructura geológica compleja o se encuentran a profundidades de más de 5 mil metros, lo que hace inviable que se exploten con la tecnología actual. Sin embargo, las cuencas de Sabinas y Burgos, que tienen un mayor potencial cuentan con poca disponibilidad de agua, por lo que la ejecución de procedimientos de fracturamiento hidráulico traería consecuencias sumamente negativas.

A finales de octubre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó el primer plan de exploración de Pemex para que busque recursos en la cuenca de Tampico Misantla, donde invertirá 70 millones de dólares para 45 pozos que se explotaran mediante fracturamiento hidráulico, sin embargo, la aprobación se dio pese a aun no se contaba con una regulación específica sobre la seguridad ambiental e industrial, así como sobre sus consecuencias en el entorno.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Tamaulipas, Coahuila y Monterrey, donde se localizan las cuencas de Burgos y Sabinas, cuentan con una disponibilidad de agua muy baja por habitante, además de que el incremento población de los próximos años naturalmente aumentará la demanda, impactando en los niveles de consumo de la población por lo que el uso eficiente, la conservación y el reúso resultarán fundamentales.

La falta de agua es uno de los principales problemas que afecta a las regiones del norte, centro y noroeste del territorio nacional, misma que ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos por lo que el desarrollo de recursos no convencionales, como el fracturamiento hidráulico, aumentaría la escasez de agua en los municipios y regiones cercanas a las áreas de explotación, sin mencionar los efectos negativos en el medio ambiente que ya han sido detallados en esta exposición de motivos.

III. El proceso de fracturamiento hidráulico en yacimientos de lutitas trae graves consecuencias tanto al medio ambiente como a la salud de los seres vivos que dependemos de éste, además de ello, la relación costo-beneficio basada en la rápida caída de la tasa de producción de los pozos y los efectos perjudiciales sobre los ecosistemas es a todas luces negativa, pues es mucho mayor el costo a largo plazo de los daños ambientales que los beneficio obtenidos de este tipo explotación de hidrocarburos.

En síntesis, la tecnología de fracturamiento hidráulico está severamente cuestionada debido a los químicos utilizados, la contaminación de los acuíferos, los daños a la salud de la población, la explotación de recursos gasíferos en zonas con baja disponibilidad de agua y el beneficio económico real. Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar que todo esto contraviene el derecho a la salud, a un ambiente sano y al agua, plasmados en la Carta Magna.

Por la presente iniciativa planteamos adicionar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una disposición específica para prohibir la utilización de técnicas como el fracturamiento hidráulico en nuestro país, como una medida de largo plazo y una apuesta nacional para salvaguardar el ambiente y la salud de los mexicanos.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección ambiental

Artículo Único. Se reforma y adiciona el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 27. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente.

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contaran con un plazo de 180 días naturales para la adecuación de sus respectivas legislaciones locales.

Notas

1 “Hydraulic Fracturing”, Oilfield Glossary, Schlumberger, (2016).

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/h/hydraulic_fracturing.aspx

2 “Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health”, Parlamento Europeo, (2011).

https://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf

3 “Lista de países que prohibieron el ‘fracking’. Antecedentes para la discusión” ecoportal.net, (2013)

http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Lista_de_paises_que_prohibieron_ el_fracking_._Antecedentes_para_la_discusion

4 “Prohibición del fracking en Francia: Lecciones para América Latina”, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (2015).

http://www.aida-americas.org/es/blog/prohibicion-del-fracking-en- francia-lecciones-para-america-latina

5 “Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water Resources”, US Environmental Protection Agency, (2015).

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/ hf_es_erd_jun2015.pdf

6 Ídem.

7 “Texas Study Finds Increase in Water Used for Fracking, The Texas Tribune”, (2013).

https://www.texastribune.org/2013/01/15/texas-study-traces-fracking- and-water-use/

8 Oilfield Glossary en Español, Schlumberger, (2016)

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/frac_fluid.aspx

9 Evaluating the Environmental Implications of Hydraulic Fracturing in Shale Gas Reservoirs, All Consulting, (2008)

http://www.all-llc.com/publicdownloads/ArthurHydrFracPaperFINAL.pdf

10 “Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica”, Instituto Geológico y Minero de España, (2014)

https://web.ua.es/es/fracking/documentos/documentos-de-interes/ igme-recomendaciones.pdf

11 Natural Gas’s Toxic Waste, The New York Times, (2011)

http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas- documents-1.html#document/p417/a9945

12 Se seleccionaron algunos químicos a partir del estudio Assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing for oil and gas on drinking water resources, Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015.

13 Fichas Internacionales de Seguridad Química: persulfato de amonio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, (2003)

http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/ persulfatoamonio0632.pdf

14 Riesgo Químico - Accidentes Graves Isopropanol, Consejería de Sanidad Dirección General de Salud Pública Servicio de Sanidad Ambiental, Comunidad Autónoma de Canarias, (2007)

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/105452-Isopropanol.pdf

15 Riesgo Químico - Accidentes Graves N, N-Dimetilformamida, Consejería de sanidad, Murcia (España), (2008)

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/132201-N-N-DIMETILFORMAMIDA.pdf

16 Etilenglicol-Hoja de Datos de Referencia, Dorwil Química Analítica, (2008),

17 Hoja de seguridad- Borato de Sodio, Corporación Química Venezolana, (2007)

http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/borato-de-sodio.pdf

18 “Desarrollo del gas lutita (shale gas) y su impacto en el mercado energético de México: reflexiones para Centroamérica”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2013)

19 Ibídem.

20 “Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Mexico” Energy Information Administration (EIA), (2015).

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Mexico_2013.pdf

21 ibídem.

22 “Agua potable y drenaje”, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2015.

23 Atlas del Agua en México 2015. Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional del Agua, 2015.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Jacobo David Cheja Alfaro, Adriana Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Alfredo Porras Domínguez, Ana Priscila González García, Ana Ruth García Grande, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando González Escoto, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Julia Prudencio González, Cipriano Charrez Pedraza, Claudia Tello Espinosa, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Flora Tania Cruz Santos, ItzcoatlTonatiuh Bravo Padilla, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martínez Flores, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lilia Villafuerte Zavala, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lourdes Celenia Contreras González, Manuel López Castillo, María Bertha Espinoza Segura, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Libier González Anaya, María Luisa Veloz Silva, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Miguel Acundo González, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Raquel Bonilla Herrera, Rosalba Valencia Cruz, Sandra Simey Olvera Bautista, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El principio de igualdad y no discriminación reconocido en la Constitución debería ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional.

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como “delitos de sodomía”, “crímenes contra la naturaleza humana” o “actos antinaturales”. Una telaraña de leyes y prácticas niegan la igualdad: en Malasia, por ejemplo, la “relación carnal contra el orden natural” es castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en 2000 a 9 varones jóvenes a prisión y penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por “conducta sexual desviada”.

La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En el país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera:

• La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

• En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

• En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

• Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

• En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no dejan de ser actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que daña sus derechos y libertades fundamentales.

Argumentación

Los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda personas, en nuestro ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine por orientación sexual.

En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a este tema y que ha abonado en la argumentación sobre la construcción del derecho a decidir de las personas y al reconocimiento de la diversidad de la integración de las familias en nuestro país producto de la propia dinámica social.

Al respecto, es preciso mencionar la sentencia emitida sobre la acción de inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el procurador general de la República contra las reformas que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para modificar la definición de matrimonio y avanzar en un matrimonio igualitario, sin distinción de género; los argumentos utilizados en dicho criterio de la SCJN los exponemos a continuación:

Sobre la diversidad de las familias

234. En cuanto al segundo aspecto, lo que se consagra constitucionalmente es la protección de la familia –su organización y desarrollo–, dejando al legislador ordinario garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujery, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección constitucional a la familia, como esgrime el accionante.

235.Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, en un estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a las familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.Al respecto, adquiere relevancia que el propio Código Civil, en su artículo 338, dispone que: “La filiación es la relación que existe entre el padre ola madre y su hijo, formando el núcleo primario de la familia(...).

Cambio del concepto de familia conforme a la realidad social

238.Por consiguiente, si conforme al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario,a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia –en sus múltiples organizaciones o manifestaciones–, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época(datos que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi).

239. De este modo, fenómenos socialescomo la incorporación, cada vez más activa, de la mujer al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de divorcios y, por ende, de nuevas nupcias, que ha dado origen a familias que se integran con hijos de matrimonios o de uniones anteriores e, inclusive, con hijos en común de los nuevos cónyuges; el aumento, en ese tenor, en el número de madres o padres solteros; las uniones libres o de hecho; la reproducción asistida;la disminución, en algunos países, de la tasa de natalidad; la migración y la economía, entre muchos otros factores, han originado que la organización tradicional de la familia haya cambiado.

Dinámica social en la transformación del concepto de familia

243.Efectivamente, en cuanto a la dinámica de las relaciones sociales,sobre todo, en las últimas décadas (a partir de los setenta), se advierten transformaciones sociales relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia.Así, existen muchas personas que deciden vivir una vida en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen contraer matrimonio (uniones libres o de hecho), evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras, ya mencionadas, del concubinato o las sociedades de convivencia. También existenmatrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; otros que, por razones biológicas, no pueden tenerlos y que, en algunos casos, recurren a los avances médicos para lograrlo, mediante la utilización, por ejemplo, de donaciones de esperma o de óvulos, aunque no en todos los casos la ciencia ofrezca soluciones adecuadas;unos más que, aun cuando no tienen impedimento para procrear, optan por la adopción; otros tantos que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera.

Libre desarrollo de la personalidad

251.En efecto, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Corte(amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

263.Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008 1 (1 “Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende” (novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVI/2009, página 7; y “Derechos a la intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual. Constituyen derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana” (novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVII/2009, página 7) esta Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad,es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende,entre otras expresiones, la libertadde contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos;la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual.”

Concepto de matrimonio desvinculado de la función de procrear y libertad para hacerlo

273.Pretender, como hace el procurador, que dicha desigualdad encuentra razonabilidad en la conservación de la familia, como núcleo de la sociedad, argumentación que considera, entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “amenaza” u “oposición” a dicha estructura, tampoco puede admitirse por este tribunal constitucional, en tanto refiere una afectación inexistente, pues, como ya mencionamos, en primer lugar, la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer; en segundo lugar, este último también ha evolucionado de forma tal que se ha desvinculado la unión en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando, incluso, al extremo de que, aun teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no es producto de la unión sexual de ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva,o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; en tercer lugar, las uniones entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una “familia”; por último, no se advierte de qué manera podría limitar o restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la formación de una familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera, su finalidad,como afirma el accionante.”

Libertad de procrear

274. La decisión de procrear no depende de la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras,cualquiera que sea su preferencia sexual.

En congruencia con esa resolución y derivado de la resolución de diversos amparos promovidos, el 12 de junio de 2015mediante una tesis jurisprudencial determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último sea la procreación; dicho criterio se establece en la tesis siguiente:

Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.)

Primera Sala

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima época

Libro 19, junio de 2015, tomo I, página 536.

Jurisprudencia (constitucional, civil)

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional.Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”.Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014, 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este tribunal, en sesión privada del 3 de junio de 2015.

Un criterio que se suma a este actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, donde de manera unánime el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que una parte del artículo 260 del Código Civil de Jalisco era inconstitucional, pues atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, pues a se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Por esos motivos, la propuesta que sometemos a consideración busca plasmar en la Constitución esta realidad y poner el ejemplo sobre la manera de legislar con base al principio constitucional de igualdad y no discriminación, además de que el Poder Legislativo, muestra su responsabilidad de contribuir a los principios y valores de la Constitución se hagan efectivos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido realizando.

Se propone retomar la propuesta que en su momento formuló el Presidente de la República y reformaba el primer párrafo del artículo 4o constitucional para establecer que toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Con ello se da pauta para que en los congresos locales y el federal se legisle en la materia con base a una definición de matrimonio para establecerla como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, la cual debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige; además de quitar la referencia a que su propósito es la perpetuación de la especie que, en muchos casos, da cabida a lo que se le conoce como débito conyugal y es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias.

Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad tiene una sinergia, es cambiante y que esa realidad nos dice que mujeres y hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y no debe sujetarnos a criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos. Afirmar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la diversidad sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reformael párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

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Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión y los congresos locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente decreto, dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputada y diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña,Antonio Ortega Martínez, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Juan Carrillo Luna, Julieta Macías Rábago, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, María del Pilar Lozano Mac Donald, Raquel Bonilla Herrera, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Francisco Elizondo Garrido y Arturo Escobar y Vega diputados integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben y presentan con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 28, así como el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de legitimación para interponer acciones judiciales por responsabilidad ambiental, al tenor de la siguiente

El Estado mexicano, a partir de los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Cumbre de Río de 1992, ha venido desarrollando legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano. Sin embargo, en la práctica se han presentado distintos obstáculos para la aplicación de estos mecanismos jurídicos, pues los mismos contemplan requisitos o candados para poder acceder a la justicia ambiental, o bien, se concentra la potestad para ejercer una acción de responsabilidad ambiental en una sola autoridad, dejando al arbitrio de ésta el acceso efectivo a una eventual reparación de daños ambientales o a la salud de los mexicanos.

Dentro de los compromisos asumidos por México en materia de responsabilidad de daños ocasionados al ambiente, en la Declaración de Río se destaca el contemplado en el principio número 13, mismo que a la letra establece:

“Principio 13

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.”

En ese sentido, con gran acierto, nuestro país, a través de sus órganos legislativos, se dio a la tarea de redactar una legislación que contemplase la obligación de reparar los daños ambientales e indemnizar a los afectados por daños ocasionados al ambiente, con lo cual se llegó a la elaboración de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siendo ésta un cuerpo normativo que presenta una nueva forma de entender la procuración de justicia ambiental.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, desde su promulgación, contempla nuevos mecanismos de justicia en la materia, involucrando al Poder Judicial en la resolución de controversias ambientales, del mismo modo que incorpora principios ambientales internacionales como el de internalización de costos, entre otros.

Si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental implica un gran avance en materia de protección al ambiente y a los recursos naturales, también lo es que hasta ahora la misma no ha sido utilizada por las autoridades ni por la sociedad en general, pues de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta el año 2015, esta ley no había sido aplicada en ningún procedimiento administrativo ventilado ante dicha autoridad, y sólo se iniciaron tres procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental de los contemplados en el capítulo tercero de dicho cuerpo normativo, no obstante que éste se encuentra vigente desde el 7 de junio de 2013. Para el año 2017 las cifras no son más alentadoras pues de la revisión del informe de labores que presentó Profepa se desprende que a diferencia de los asuntos presentados en materia penal y judicial, respecto a los procedimientos iniciados en materia administrativa, específicamente a través de las acciones colectivas, no se cuentan con cifras exactas.

A la letra señala:

6.5 Acciones Colectivas

En atención a las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental otorgan a la Profepa para iniciar acciones colectivas y de responsabilidad ambiental con el objeto de demandar judicialmente la responsabilidad de aquellos que hayan cometido daños al ambiente y exigir la reparación del mismo, la Procuraduría durante el 2017 dio seguimiento y reactivó los procedimientos de acción colectiva que se tenían en curso, fomentando la negociación para alcanzar acuerdos de reparación ambiental.

Consideramos que uno de los factores que influyen en el limitado ejercicio de esta ley se debe a las restricciones que presenta en sí misma para ejercitar las acciones en materia de responsabilidad ambiental contempladas en su capítulo tercero, en específico las contenidas en los artículos 28 y 43.

El artículo 28 de la multicitada ley establece que las personas físicas, jurídicas y/o públicas que cuentan con legitimación para promover ante los tribunales judiciales una acción por responsabilidad ambiental, limitando el acceso a este procedimiento de la siguiente manera:

Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:

Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

La federación a través de la procuraduría, y

Las procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Del texto antes citado, se desprende que la legitimación para accionar este tipo de procedimiento es exclusivo de: i) los habitantes de comunidades adyacentes al sitio en donde se realizó el daño ambiental , ii) Las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto social sea el de proteger el medio ambiente, iii) La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y iv) Las procuradurías ambientales de las entidades federativas con la anuencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,limitando a las autoridades estatales el acceso a la vía jurisdiccional en materia de responsabilidad ambiental.

En ese mismo orden de ideas, el artículo 43 de esta misma ley establece lo siguiente:

Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

El hecho de remitir al Código Federal de Procedimientos Civiles la legitimación activa para intentar una acción por responsabilidad ambiental representa un grave obstáculo para que cualquier persona pueda acceder a los mecanismos de impartición de justicia ambiental; esto es así debido a que si bien el legislador reguló una forma de representación para los afectados, también es cierto que las acciones de responsabilidad ambiental y las acciones colectivas en materia ambiental deben tener un trato preferente y especial ya que su finalidad es garantizar un derecho colectivo, el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

No podemos pasar por alto que existen pequeñas comunidades en nuestro país en donde habitan menos de 30 personas, por lo cual sería imposible para ellos llevar a cabo una acción por responsabilidad ambiental ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles exige en su artículo 585 un mínimo de 30 miembros de la colectividad para iniciar una demanda colectiva.

Aquí conviene destacar que este criterio es compartido por juzgadores en materia administrativa, así lo evidencia la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en el año 2016, misma que se transcribe literalmente para mayor ilustración:

Época: Décima Época

Registro: 2011868

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 31, junio de 2016, Tomo IV

Materia(s): Administrativa

Tesis: VIII.A.C.3 A (10a.)

Página: 2972

Responsabilidad ambiental. No se requiere un mínimo de treinta miembros de una colectividad para instar la acción judicial prevista en el artículo 28, fracción I, de la ley federal relativa.

Esa ley tiene como objetivo específico, normar la responsabilidad que nace con motivo de los daños ocasionados al ambiente, así como su reparación y compensación, cuando sea exigible a través de procesos judiciales federales. También regula mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos y los que correspondan a la comisión de delitos ambientales. Asimismo, en su artículo 28, fracción I, prevé que cualquier persona física de una comunidad adyacente al lugar donde se produzca el daño, podrá recurrir a los tribunales federales civiles en caso de que un tercero cause daño ambiental, para obtener la reparación o compensación correspondiente y para que el causante pague una sanción económica que sirva para disuadir a otros de cometer esas conductas, lo cual debe entenderse a él o a los individuos que habiten la comunidad adyacente, pues si el legislador reconoció que las “personas físicas”, entre otras, tienen derecho e interés legítimo para ejercer la acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, no que se requiere un mínimo de treinta miembros de una colectividad para instar aquélla, como lo establece el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo al libro quinto denominado “De las acciones colectivas”, porque, de ser así, el legislador lo habría dispuesto en esos términos, lo cual es jurídicamente razonable, a fin de privilegiar el derecho fundamental de debido proceso y, por ende, el principio de seguridad jurídica que es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano.

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito.

Por lo anterior es que se propone eliminar la limitación contemplada en el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto al número de personas que pueden iniciar una acción de responsabilidad ambiental, dejando abierta la posibilidad para que cualquier persona de la comunidad adyacente al sitio que ha sufrido un daño o deterioro ambiental pueda exigir la reparación del daño en favor de todos los habitantes y en especial del medio ambiente.

Relativo a la fracción I del artículo 28

En relación a la fracción I del artículo 28 citado con anterioridad, la legitimación planteada para los habitantes de comunidades adyacentes que han resentido un daño ambiental se ha visto coartada en distintos procedimientos jurisdiccionales en los que se intenta la acción de responsabilidad ambiental (al no reunir el mínimo de miembros mencionados en el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Un claro ejemplo se desprende de la acción de responsabilidad ambiental intentada en contra de una empresa del ramo minero por la grave y lamentable contaminación a los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora ocurrido el 6 de agosto de 2014. En este caso en particular el juez que conoció de la acción de responsabilidad ambiental intentada por miembros de las comunidades afectadas, desechó la demanda, ya que consideró que la misma debía cumplir con la condición establecida en la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles,artículo que regula la legitimación para intentar acciones colectivas y que establece como requisito que la acción sea intentada por cuando menos 30 personas. Lo cual resulta totalmente inadecuado pues nuestra Carta Magna establece en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, no se debe de coartar ni hacer gravoso el acceso a la justicia y menos el acceso a la justicia ambiental cuyo objeto como ya se ha mencionado es el de garantizar el acceso a un medio ambiente sano tal y como lo dispone el párrafo quinto del artículo 4o. de nuestra Constitución federal.

Cabe destacar que en agosto de 2017 la SCJN atrajo el asunto considerando que el caso toma enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la debida interpretación de los requisitos de procedencia de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación.

Resolución que hasta la fecha no ha emitido por lo que se sigue dejando a los mexicanos sin una tutela efectiva.

De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de realizar la reforma a este artículo para así permitir a cualquier ciudadano afectado, accionar los mecanismos legales que busquen restablecer el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.

En este mismo sentido, no podemos permitir que el acceso a las acciones por responsabilidad ambiental que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental sea limitada a que un grupo de personas (mínimo 30) decida si es que intenta exigir la reparación de daños causados al medio ambiente, sino que debe bastar con que una sola persona habitante de la comunidad adyacente exija la reparación del daño a su ecosistema para así accionar los mecanismos de justicia que con tanto trabajo ha consolidado el Estado mexicano.

Así pues, se propone la adecuación a la fracción primera, para que de esta manera cualquier persona habitante de la comunidad adyacente al sitio afectado pueda exigir por sí misma la reparación o remediación del daño causado.

Relativo a la fracción IV del artículo 28

Como ya ha quedado asentado, la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental limita a las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia ambiental a contar con la anuencia de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, para poder iniciar una acción por responsabilidad ambiental, esto entorpece el fácil acceso a la justicia ambiental y genera un control concentrado en la federación para el uso de una herramienta creada para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano contemplado en el artículo 4o. constitucional.

El sistema jurídico nacional se ha ido trasladando de un control de constitucionalidad concentrado a uno difuso, en donde a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional del año 2011 resulta una obligación para todas las autoridades judiciales, administrativas, y legislativas aplicar el control de convencionalidad y garantizar el respeto a los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna, así como en tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo cual el hecho de que la fracción IV en comento limite a las autoridades locales para accionar mecanismos tendientes a garantizar un derecho humano, resulta a todas luces contrario a dicho principio.

Por las razones expuestas, proponemos la legitimación autónoma de las autoridades locales para poder accionar procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental por sí mismas y así robustecer y coadyuvar con las autoridades federales en la procuración de justicia en materia ambiental, dotando de más y mejores herramientas legales a las autoridades públicas estatales para poder garantizar los derechos contemplados en el artículo 4o. constitucional, en específico: el acceso a un medio ambiente sano.

Con la finalidad de facilitar la comprensión de las reformas propuestas se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Para quienes suscriben un sistema de protección y procuración de justicia ambiental debe de ser amplio, dinámico y de sencillo acceso para responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población con una atención oportuna y de calidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 28 y el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Artículo Único.Se reforman las fracciones I y IV del artículo 28 y el artículo 43, ambos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:

I. Cualquier persona física habitante de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente , sin restricción de número.

II. y III. ...

IV.Las procuradurías o instituciones públicas estatalesque ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas en el ámbito de su circunscripción territorial.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo, deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 43. Para promover acciones de responsabilidad ambiental o acciones colectivas en materia ambiental, no se requerirá un número mínimo de demandantes de la colectividad.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Nota

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311596/Informe_ de_actividades_Profepa_2017.pdf. Página 51.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Francisco Elizondo Garrido,Arturo Escobar y Vega, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a bajar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para San Felipe en Mexicali, Baja California, suscrito por los diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda y Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena

Los proponentes, diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda, y Erik I. Morales Elvira, diputados por el estado de Baja California, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, III, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado el 13 de junio del 2003 a través de publicación en el Diario Oficial de la Federación; este fondo tiene como principal objetivo atender los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando la magnitud de éstos supere las capacidades económicas y logísticas de las entidades federativas.

El 10 de octubre de 2003 se publicó un acuerdo en el que se establecieron las reglas de operación, entre éstas destacan los recursos otorgados tanto a dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objetivo de destinarlos para realizar las acciones y los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

El 15 de agosto del 2006 se emprendieron modificaciones en las reglas de operación para que mejorara su procedimiento y se ampliara el número de proyectos, con la posibilidad de poder hacer uso de los recursos autorizados en caso de cancelación o desistimiento.

Desde su creación a la fecha, y con el objetivo de obtener los recursos necesarios, se ha incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación año con año. El manejo y la puesta en marcha de estos montos de operación es responsabilidad directa de la Secretaria de Gobernación.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió este lunes una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali, del estado de Baja California, por el inminente impacto del huracán Rosa.

Según los últimos comunicados, dicho huracán Rosa, ubicado en el Pacífico, ya es categoría 2 y ha originado tormentas de fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como grandes inundaciones en Baja California.

Dicho huracán al día de hoy derrumbo carreteras originando oleajes de 2 a 4 metros en las costas occidentales de la península de Baja California.

Este martes, Baja California esta devastada, con entre 3 y 6 pulgadas de lluvia (7.6 a 15.3 cm), mientras que hay zonas que alcanzaron las 10 pulgadas (25 cm).

En San Felipe, en el mismo estado, aunque aún no se tienen cifras oficiales son muchas las familias afectadas en sus hogares quedando damnificadas por las pérdidas, 50 por ciento de las calles están inundadas, los centros de salud como el IMSS tuvieron severos daños, La infraestructura carretera también se vio seriamente afectada, como ejemplo, la carretera Puertecitos- Laguna de Chapala colapsó.

Por lo que bajo ninguna circunstancia es admisible que los recursos del Fonden se usen como botín político o como caja chica de algún gobierno, su entrega debe ser lo más rápida posible ya que sirve para atender a damnificados que fueron castigados por la naturaleza.

Por la ineficiencia de las autoridades locales al no saber cómo dotar de obras que resultan necesarias en épocas de lluvias en sus entidades, el día de hoy solicitamos que se entreguen dichos fondos a la brevedad para aminorar las afectaciones de dichos actos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Único. Que esta soberanía exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, liberen a la brevedad posible los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a atender la problemática que dejó las lluvias e inundaciones del huracán Rosa en San Felipe, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018— Diputada y diputado: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Erik Isaac Morales Elvira (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol a establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para considerar sus demandas y propuestas en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles de 2019, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Como parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el año 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país debe “velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”

Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que para el año 2018 la población de niñas y niños en México de 0 a 5 años será de más de 13 millones, lo que representa a más de 10 por ciento del total de la población a nivel nacional.

En nuestro país los padres de familia se enfrentan al enorme desafío de conciliar la búsqueda de opciones de empleo y desarrollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación.

En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca asegura la viabilidad de los programas de estancias infantiles para que los padres de familia puedan incorporarse al mercado laboral, y al mismo tiempo que los encargados de prestar este servicio cuenten con las mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños beneficiarios de este servicio.

Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el mercado laboral y la evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el desarrollo infantil temprano (DIT).

En el contexto internacional, los programas de desarrollo infantil temprano (DIT) en niños menores de cinco años han demostrado resultados positivos para favorecer el aprendizaje temprano y las habilidades cognitivas, y alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Además, entre los efectos a largo plazo de este tipo de programas, podemos destacar:

• Una mayor cantidad de individuos que concluyen sus estudios de preparatoria.

• Un mayor número de años estudiados.

• La obtención de mejores ingresos y una reducción en el crimen y embarazo durante la adolescencia.

• Desde el punto de vista macroeconómico, existen datos que indican una recuperación de 3 a 7 dólares por cada dólar invertido en menores de 5 años.

En nuestro país, en el año 2006 se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.

Actualmente el Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

El Programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación.

Las estancias infantiles además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un circulo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán los menores.

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que, si dicho programa se interrumpiera, 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender a sus hijos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que hasta el mes de julio de 2018, las estancias infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.

El estudio Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil es el primero que se realiza en niños menores de tres años en ambiente de estancias infantiles y llegó a la conclusión de que: “el tiempo de permanencia en el PEI a partir de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal independientemente del sexo y edad.

En días recientes los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo organizamos el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia. En dicho evento se contó con la presencia de los representantes de las más de 9 mil 300 estancias infantiles que existen a nivel nacional.

Este foro tuvo como objetivo escuchar las propuestas y demandas de los representantes de las estancias infantiles, para darles el cauce institucional que contribuya a mejorar las condiciones bajo las que operan. Quién mejor que ellos que conocen el día a día del funcionamiento y necesidades que se requieren en sus centros de trabajo para definir las principales problemáticas a las que se les debe dar respuesta.

Los participantes señalaron diversas problemáticas que van desde la insuficiencia de los recursos entregados por el gobierno federal, hasta lo relacionado con excesivas cargas administrativas.

Por ejemplo, las estancias infantiles reciben 900 pesos mensuales por cada niña o niño que atienden o mil 800 pesos en el caso de niños con alguna discapacidad, cantidad que resulta insuficiente para sufragar sus gastos y lo que pone en riesgo la viabilidad operativa de estas instancias.

Durante el foro, los representantes de estancias infantiles expresaron sus principales propuestas para mejorar las condiciones bajo las que operan, entre las que destacan los siguientes aspectos:

• Aumento de recursos federales.

• Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias infantiles.

• Creación de un convenio con autoridades municipales y estatales para que no se les considere como guarderías privadas.

• Que los hijos de madres responsables de estancias infantiles puedan también ser beneficiarias del programa.

• Que los asistentes que han cumplido con las certificaciones puedan estar a cargo de la estancia infantil cuando no se encuentra el responsable.

• Que no restringa el derecho de las madres a afiliarse.

• Que los niños que han cumplido cuatro años puedan continuar siendo beneficiarios hasta que concluya el ciclo escolar.

• Redefinir con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la naturaleza jurídica de las estancias infantiles.

En el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asumimos el compromiso de impulsar las acciones institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones bajo las que operan las estancias infantiles. Es por ello, que hoy presentamos esta proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.

Con estas acciones los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a un desarrollo adecuado de las niñas y los niños y garantizar el respeto de los derechos de los infantes. Estos asuntos representan una de las principales prioridades de nuestra agenda legislativa. Garantizar el interés superior de la niñez no sólo es una obligación constitucional de los Poderes del Estado mexicano, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al mejorar las condiciones de nuestros niños en la primera infancia es la clave para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a 5 días naturales.

Notas

1 Rizzoli-Córdoba A, Vargas-Carrillo LI, Vásquez-Ríos R, Reyes-Morales H, Villasís-Keever MA, O’Shea-Cuevas G, et al. “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Volumen 74, Issue 2, Marzo – Abril de 2017,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114616301642> Consultado el 19 de septiembre de 2018.

2 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, Secretaría de Desarrollo Social, <

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancias-infantiles- para-apoyar-a-madres-trabajadoras> Consultado el 19 de septiembre de 2018.

3 Ibíd.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de Procesos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2012, citado en “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

5 Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputada y diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez, José Luis Montalvo Luna (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso; y explorar la utilización de biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso, y explore al mismo tiempo la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, con objeto de establecer mejores prácticas en el Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que desde 1950 hasta la actualidad se han fabricado alrededor de 8.3 mil millones de toneladas de plástico. La producción global de este material se ha disparado en los últimos 50 años. Anualmente se producen 311 millones de toneladas a escala mundial. De hecho, algunas estimaciones señalan que para 2020 la producción de plástico superará 500 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 900 por ciento comparado con 1980.

II. Que este escenario se agrava con este dato: 90 por ciento del plástico generado en el mundo se deriva de recursos no renovables y, por tanto, su lento proceso de degradación genera daños considerables al ambiente y la salud de los seres humanos. Desafortunadamente, sólo 14 por ciento de estos plásticos se recoge para su reciclaje.

III. Que la situación en torno a este tema en el país también resulta complicada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, en México hay 4 mil empresas en el sector manufacturero de este material. La producción de plástico en el país se estima anualmente por encima de 600 mil toneladas, representando un incremento de 60 por ciento en los últimos 5 años.

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en el cuarto párrafo del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)” y agrega, en el quinto párrafo del citado artículo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”.

V. Que además del reconocimiento constitucional que se les otorga a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, existe una obligación por parte de las instituciones del Estado Mexicano para garantizar la protección efectiva de estos derechos humanos.

Esta obligación resulta aún más evidente si nos remitimos al contenido del artículo 1o. de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (...)”. Además, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)”.

VI. Que es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, realice una serie de acciones concretas para restringir el uso de productos plásticos en sus instalaciones, sobre todo los plásticos denominados “de un solo uso”.

VII. Que acciones como éstas, contra los productos plásticos, tienen como objetivo promover buenas prácticas en la Cámara de Diputados. Sin duda, es necesario que se explore la posibilidad de utilizar vidrio o materiales biodegradables en los utensilios y productos que sean requeridos en las instalaciones de esta soberanía, en especial durante el desarrollo de las actividades parlamentarias como la sesión del pleno o de las comisiones legislativas.

VIII. Que así, los integrantes de la LXIV Legislatura estaríamos cumpliendo la obligación constitucional de proteger el ambiente y la salud de los mexicanos.

IX. Que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara, el cuidado del ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos, ya que desde la LXIII Legislatura hemos insistido en este mismo asunto a través de la presentación de un punto de acuerdo por la diputada Verónica Delgadillo y una iniciativa por el diputado Clemente Castañeda, y quedó plasmado en el eje 4 de nuestra agenda legislativa para el periodo 2018-2021.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos, principalmente los denominados como artículos plásticos desechable de un solo uso; y explore al mismo tiempo, la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias, con el objeto de establecer mejores prácticas dentro del Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente.

Notas

1 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/ datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/

2 González Vergara, David; Massimi Revelo, Santiago; Medina Montes, Areli; y Sánchez López, Alinari. Producción y consumo sustentable de bolsas plásticas, Careintra e ITESO, julio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputada y diputado: Ana Priscila González García, Tonatiuh Itzcoatl Bravo Padilla (rúbricas).»