«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Como resultado del ejercicio del poder por parte de un solo partido, durante más de la mitad del siglo XX se originaron diversos vicios y atribuciones presidenciales que tenían un asidero político más no legal, los cuales la doctrina denominó facultades metaconstitucionales, por tratarse de facultades de hecho sin ningún sustento constitucional.

Por mucho tiempo, este tipo de facultades bastaron para resolver los problemas que enfrentaba la Nación. No obstante, nuestra realidad ha evolucionado y en el marco democrático que hoy nos encontramos es cada vez más difícil para el titular del Poder Ejecutivo circunscribirse a estas facultades.

En el siglo XXI el ejercicio del poder presidencial debe ser transparente y democrático, para ello debe circunscribirse a un marco de acción constitucional y legal. Es por ello que si bien la figura del titular del Poder Ejecutivo (a diferencia de los otros Poderes que se establecen en un sistema democrático, el Legislativo y Judicial), requiere que sea ocupado por una sola persona (como resultado de una elección directa y por un tiempo determinado), para su funcionamiento necesita de una serie de órganos de operación, que son las Secretarías de Estado.

Es por ello que, aunque en esencia, las decisiones administrativas y políticas, de un régimen presidencial tienen como origen al presidente de la República, este debe tomar sus decisiones asesorado por la secretaría del ramo correspondiente.

Sin embargo, muchos de los temas políticos y administrativos requieren la presencia y la coordinación de más de una secretaría, en este sentido, el artículo 21 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la posibilidad de que el presidente de la República constituya comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado, mismo que se cita a continuación:

Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado.

Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República.

No obstante lo anterior, ese diseño institucional, útil para un régimen de partido hegemónico resulta insuficiente para nuestra realidad actual, por lo que debe considerarse su ampliación conceptual, para que abarque otro tipo de instituciones así como grupos de expertos, que respondan directamente al Presidente de la República sin necesidad de que intervengan las propias Secretarías de Estado.

Es en este sentido que en el mundo existen ejemplos de democracias presidenciales que cuentan con un dispositivo para hacer frente a situaciones que requieren de la colaboración de varias instituciones las cuales generalmente tienen como objetivo diseñar una estrategia de Estado y no de gobierno.

Un caso destacado es el de Estados Unidos que del año 1900 a la fecha han existido 75 comisiones presidenciales. Diversas han sido las temáticas que tratan temas como: Seguridad, como la del ataque a Pearl Harbor (1941), la Comisión Warren por el asesinato del presidente Kennedy (1963) o aquella constituida por el atentado del 9/11 la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas en Estados Unidos (2002); cuestiones económicas, como la Comisión para la Seguridad Económica surgida en 1934 a raíz de la crisis de 1929 o la Comisión Presidencial para Fortalecer la Seguridad Social (2001); Derechos Humanos. Como el Comité presidencial para los Derechos Civiles (1946), la Comisión sobre Seguridad Interna y Derechos Individuales (1951) y la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (1961); Salud, la Comisión para el Estudio de los Problemas Éticos en la Medicina y la Investigación Biomédica y del Comportamiento (1979); y la Comisión Presidencial sobre la Epidemia del VIH (1987); y Educación, ciencia y tecnología, como la Comisión de organización del trabajo científico del gobierno (1903); La Comisión sobre Excelencia en la Educación (1983); La Comisión Rogers sobre el accidente del transbordador Espacial “Challenger” (1986); o aquella que se creó sobre el futuro de la industria Aeroespacial (2001).

Estas comisiones han estado integradas por especialistas en los temas, políticos retirados, jueces, legisladores, empresarios y miembros del gabinete. Guardan una semejanza con las comisiones de investigación propias de los Congresos y de los Parlamentos, las cuales son comunes en casi todos los sistemas democráticos, constituyéndose como grupos de trabajo ad hoc cuyo objeto es llevar a cabo investigaciones de interés público y recabar información para que las Cámaras (o en este caso el Ejecutivo) puedan cumplir adecuadamente las funciones que la Constitución les encomienda. Al tener un objeto de creación definido, estas comisiones son de carácter especial y transitorio, en virtud de que una vez que cumplen con su objetivo se disuelven.

México cuenta con antecedentes en su historia. Comisiones originadas por iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, pero restringidas en sus alcances por la legislación aplicable y en varios casos, descansando en el apoyo de una Ley o Decreto Legislativo, para que el presidente no extralimitara sus facultades. Tal es el caso de ejemplos como los siguientes:

1. Consejo Supremo de la Defensa Nacional. El 22 de mayo de 1942 (En el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho) el Congreso Mexicano declara al país en estado de guerra, de conformidad con el artículo 73, fracción XII, lo que dota al Ejecutivo con facultades extraordinarias para nombrar en agosto de 1942 al Consejo General de la Defensa Civil que se convertiría en septiembre de ese año en el Consejo Supremo de la Defensa Nacional.

2. Comisión del Río Balsas. Fue un decreto del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1960 (En el periodo presidencial de Adolfo López Mateos). Se crea como un organismo técnico y administrativo que dependió de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

3. Comisión Ejecutiva del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada. El 28 de mayo de 1963, López Mateos ordenó por decreto presidencial la creación del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada. Sin embargo, fue hasta la elección de la Ciudad de México en octubre de ese año que el Comité se constituyó formalmente. Inicialmente el puesto de presidente permaneció vacante (Más adelante, durante la gestión del presidente Gustavo Díaz Ordaz, la vacante sería ocupado por el propio ex presidente López Mateos). Por esa razón, se creó la Comisión Ejecutiva dirigida por Clark Flores, Agustín Legorreta se encargó de las finanzas y el arquitecto Ramírez Vázquez de la construcción.

4. Comisión Intersecretarial y un Consejo Asesor para la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es muy probable que el entonces presidente Carlos Salinas adoptara el ejemplo de una Comisión Presidencial norteamericana para la creación de estas instancias de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 5 de septiembre de 1990 instruyó crear en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) la Oficina de Negociación del Tratado de Libre Comercio, así como la Comisión Intersecretarial y el Consejo Asesor. Si se suman estos tres elementos el resultado es una comisión presidencial al estilo de Estados Unidos de América.

La Comisión Intersecretarial del Tratado de Libre Comercio estuvo encabezada por la Secofi y compuesta por representantes de las Secretarías de: Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, el Banco de México y la Oficina de la Presidencia. Asimismo, participaron otras secretarias en temas específicos de su competencia: Gobernación, Energía, Minas e Industria Paraestatal, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Pesca.

El Consejo Asesor estuvo integrado por representantes de los sectores laboral, agropecuario, empresarial y de las principales universidades e instituciones de educación superior.

5. Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones. Fue creada por Carlos Salinas de Gortari, en el contexto de las negociaciones del TLCAN, pero se le dio una base legal en la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993.

6. Comisionado para la Paz en Chiapas. Fue una responsabilidad (comisión) asignada a Don Manuel Camacho Solís, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, tras el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Esta comisión fue un nombramiento de carácter unipersonal y en cierta forma un nombramiento administrativo para el despacho de un asunto determinado.

7. Comisión para la investigación de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Quizá sea el ejercicio más parecido a una Comisión Presidencial. El presidente Carlos Salinas de Gortari, incorporó en abril de 1994 a la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio una comisión de “notables”, integrada por empresarios, periodistas y los principales partidos, como un intento de abrir la investigación más allá de lo estrictamente judicial.

La comisión fue integrada por cinco personas: Carlos Payán, director del diario La Jornada, de tendencia centro-izquierdista; Agustín Santamarina, abogado y actual secretario del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; Fernando Gómez Mont, diputado del Partido de Acción Nacional y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Leonel Godoy, abogado y dirigente del Partido de la Revolución Democrática; y Agustín Basave, diputado del PRI y editorialista del diario Excelsior.

8. Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. A petición del Ejecutivo, el Congreso de la Unión expidió un decreto para crear esta comisión que se encargaría de organizar la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, que sería responsable de preparar un Programa Base para los eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país, para llevarse a cabo desde su entrada en vigor y hasta el último día de 2010.

El decreto mandataba que la comisión se integrara por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien fungirá como presidente de la misma; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, quienes fungirían como secretarios de la comisión y el jefe del gobierno del Distrito Federal. El decreto contemplaba que todos estos integrantes podían designar a un responsable que ocupara su puesto.

9. Comisión para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Se crea por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2014, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Al igual que en el caso de la Comisión de Paz en Chiapas, fue de carácter unipersonal y en cierta forma un nombramiento administrativo para el despacho de un asunto determinado.

Como se puede observar, en los hechos estos órganos han tenido los efectos de comisiones presidenciales, pero al no existir un fundamento jurídico específico, han tenido diversos orígenes, en algunos casos incluso se podría cuestionar la validez de su creación.

Hoy, ante el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero de crear una Comisión de la Verdad que investigue dichos hechos, se requiere un asidero legal sólido que permita abrir las puertas del país a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a especialistas nacionales, que nos ayuden a clarificar estos lamentables hechos, que ayude a orientar las investigaciones para que todas las dependencias de gobierno federal cooperen con la búsqueda y se procurará la asistencia internacional.

En este sentido, esta propuesta no se trata de regular una consulta interna del Ejecutivo en donde solo participen los miembros del gabinete, eso ya lo plantea el texto vigente del citado artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tampoco tiene como fin principal regular las consultas a especialistas, ya que actualmente se hacen constantemente, y la reforma únicamente dota a estas reuniones de transparencia.

Esta iniciativa tiene como su principal objeto introducir al sistema político mexicano una institución que permita al presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a través del diseño de estrategias Nacionales que trasciendan a los partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes públicos.

Por ello, retomando la idea de la obsolescencia del diseño institucional del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es que se pretende ampliar la existencia de otras comisiones, y su diseño para incluir a las comisiones presidenciales junto con las intersecretariales y las consultivas. Tres tipos de comisiones con efectos y alcances específicos.

De esta manera las comisiones intersecretariales seguirán siendo aquellas que se conforman con dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal y se encuentran previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica vigente.

Por su parte, las consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean académicos o especialistas en un tema determinado que tendrán un objeto de consulta, establecido en su decreto de creación. La incorporación de estas comisiones tiene la finalidad de formalizar y transparentar las consultas que el titular del Ejecutivo y sus dependencias realizan actualmente con personajes de la sociedad civil.

Finalmente, las comisiones presidenciales serán aquellas que integren los esfuerzos de la sociedad civil y el sector público, que permita la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, con la finalidad de atender con la visión más amplia, un problema o situación de importancia nacional.

Las comisiones en términos generales, se establecerán para analizar la problemática o situación que les da origen, diagnosticarla y proponer directrices para abordar y solucionar los problemas plasmados en su objeto de creación. Pero serán las comisiones presidenciales las que atiendan los grandes problemas nacionales y emitan opiniones, para que el Ejecutivo resuelva. Porque las grandes crisis no deben tomarse a la ligera, ni depender de un solo hombre. El presidente de la República tiene derecho a solicitar ayuda y los mexicanos tenemos derecho a que esa ayuda sea la mejor calificada.

Es una propuesta que no merma las facultades presidenciales, sino por el contrario, las fortalece en el ámbito de su función como Jefe de Estado y en beneficio de sus responsabilidades como Jefe de gobierno. Se trata de una propuesta que sin duda fortalece al sistema presidencial desde una perspectiva democrática.

En este sentido la propuesta robustece el contenido del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para integrar estas nuevas dos formas de comisiones presidenciales, así como las reglas para decretarlas, de tal suerte que se circunscriban a parámetros y no dependan del arbitrio del titular en turno del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión respaldada legalmente.

A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las reformas propuestas:

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único. Se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 21. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.

Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la administración pública federal. Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a las comisiones intersecretariales, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

Serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el presidente de la República con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objeto de su decreto de creación. Estas comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes.

Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores así como ex servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación, en los términos previstos por el presente artículo.

Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República.

El decreto de creación de las comisiones descritas en este artículo deberá contener al menos las siguientes disposiciones:

I. Su denominación;

II. El nombre de sus integrantes y sus respectivos cargos, así como la definición de quien la presidirá;

III. Su objeto y las funciones que se les asignan;

IV. Su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado;

V. El período de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República; y,

VI. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad pública de la cual dependen.

El cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Rocío Barrera Badillo,Alma Delia Navarrete Rivera, Ana María Rodríguez Ruiz, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, David Bautista Rivera, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Elba Lorena Torres Díaz, Flor Ivone Morales Miranda, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jannet Tellez Infante, Julieta Kristal Vences Valencia, Laura Martínez González, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Rosete Sánchez, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Olivia García Vidaña, Miroslava Carrillo Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Olga Patricia Sosa Ruiz, Samuel Herrera Chávez, Sandra Paola González Castañeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de participaciones federales, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de PAN en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confiere los artículos 71, fracción II; artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de participaciones federales, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde los orígenes del pacto fiscal, nuestro país ha sufrido una serie de transformaciones políticas y económicas que sin lugar a dudas obligan al gobierno federal y todos los actores del país a transformarse también.

Sin embargo, a pesar de los cambios significativos, tal parece que nuestro sistema fiscal camina en rumbos y circunstancias diferentes a pesar de que existe presión por parte de los actores involucrados para cambiar y adaptar dicho sistema a los tiempos actuales.

El panorama resulta aún más desolador y el futuro más incierto si se hace una lectura de los planteamientos que el gobierno electo está haciendo para concentrar el poder.

Un Congreso de la Unión controlado, esquemas de control “virreinal” en las entidades federativas a través de las figuras de coordinadores estatales, un control de los sindicatos más poderosos del país y una simulación de desconcentración y descentralización de la administración pública que se aleja del concepto bien entendido desde el punto de vista teórico.

Tal parece que en los próximos seis años, los estados y municipios se mantendrán estáticos en su desempeño administrativo y de inversión en tanto que la instrumentación de políticas públicas y los servicios que éstos prestan no cambiará bajo la visión que al parecer pretende implementar el nuevo gobierno.

En este contexto, se debe señalar que dentro de los principios de doctrina que integran la lógica del Partido Acción Nacional podemos encontrar el de subsidiariedad y el de federalismo fiscal, bajo los cuales se ha trabajado en el ámbito legislativo desde hace muchos años, a través de propuestas de reformas a las leyes correspondientes.

Justo por lo anterior, en la presente legislatura nuestro grupo parlamentario busca dar un fortaleza y desarrollo a los gobiernos locales por medio del presente proyecto de iniciativa, que busca incrementar sus recursos mediante el Fondo General de Participaciones, pues resulta lo justo si consideramos el inminente control que tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no con miras a consolidar y desarrollar en el corto y mediano plazo los gobiernos estatales y municipales, sino de controlar los recursos con la posibilidad de perpetuarse otros seis años o más, en el poder.

Bajo esta realidad, lo que procede es seguir trabajando en beneficio de los órdenes locales, dejando los propósitos partidistas y políticos de lado, y apoyando e impulsado de una manera decidida y franca su desarrollo y el de las y los ciudadanos mexicanos.

Para justificar el presente proyecto de reforma es importante señalar que nuestro Sistema de Coordinación Fiscal data del año de 1953, cuando en México comienza a surgir por primera vez el concepto de Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. No obstante, es a partir de 1978 cuando dicho sistema queda plasmado en lo que hoy conocemos como la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

A partir de esa fecha la LCF ha sufrido diversas reformas que han intentado sin éxito consolidar el sistema de coordinación fiscal que, en un contexto de centralización de poderes y recursos, resulta quizá el elemento más importante de las Haciendas de las Entidades Federativas y de sus Municipios, al constituir en promedio entre el 85 y 90 por ciento de sus ingresos totales, misma que financia prácticamente el gasto corriente y de inversión de los gobiernos locales.

A pesar de las diferentes reformas, los gobiernos estatales y municipales siguen padeciendo la necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar su propio desarrollo. Hace falta un verdadero cambio que los catapulte a la autonomía de sus haciendas y auto gestión.

Uno de los principales fondos que alimentan los ingresos locales es el Ramo 28: Participaciones Federales, que se alimenta de todos los ingresos por concepto de impuestos, que recaudan tanto Federación como gobiernos locales y que por pacto fiscal, es redistribuido por la primera señalada.

En el caso particular de dicho fondo, podemos decir que los cambios han sido mínimos y que no abonan al concepto de autonomía presupuestaria y de desarrollo local.

En 2008 se aprobó una reforma importante a la LCF vinculada específicamente al Fondo General de Participaciones con el objeto de modificar las fórmulas con las que se calcula la distribución de recursos entre las entidades federativas. El objetivo en términos generales fue premiar con más participaciones a aquellas entidades federativas que incrementen sus ingresos propios a partir de sus mecanismos de recaudación anual.

Posteriormente, con la reforma fiscal de 2014 propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se realizan cambios a la ley para hacer participables los ingresos por concepto de hidrocarburos y los mecanismos de distribución de dichos ingresos y sus excedentes a las entidades federativas establecidas.

Una vez más, las reformas a la ley parecen no haber contribuido en toda la amplitud de la palabra, al concepto de federalismo fiscal, y prueba de ellos es que el tema de los recursos que la Federación canaliza a los órdenes locales sigue en el centro del debate.

El porcentaje de recursos que reciben las entidades federativas por concepto del Fondo General de Participaciones continúa cuestionándose por parte de los estados y municipios bajo el argumento de que resulta insuficiente y más aún, necesario un cambio a la alza si se considera que no ha sufrido modificación desde que se estableció el porcentaje en la ley correspondiente.

El artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que del monto total de la Recaudación Federal Participable (RFP), el 20 por ciento de dichos recursos será destinado a las entidades federativas y municipios.

De acuerdo con los registros de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, desde septiembre de 1997 al mes de agosto de 2015, se han presentado 27 propuestas de reforma al artículo 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal (sin éxito alguno) por parte de diferentes grupos parlamentarios y congresos estatales, con el objeto de modificar los porcentajes de distribución y asignación de recursos.

Específicamente en materia de reforma al artículo 2o. y sobre el porcentaje del Fondo General de Participaciones, no ha sufrido cambios desde 1996 cuando el mismo quedó establecido como lo conocemos actualmente, en 20 por ciento. El antecedente lo tenemos en 1980, cuando éste era de 16.93750 como referencia de la RFP.

En más de 30 años el porcentaje se ha mantenido prácticamente estático mientras que las necesidades de inversión, de impulso al desarrollo, la población y las necesidades de servicios que su crecimiento conlleva, han ido cambiado. Dicho de otra manera, en más de 30 años el porcentaje sólo ha crecido 3 por ciento, mientras que las necesidades de los gobiernos locales y de sus habitantes han crecido muy por encima de este porcentaje.

Por esta razón, el objetivo de la presente iniciativa es seguir impulsando un auténtico Federalismo, ya que es parte de las mayores prioridades del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de tal forma que proponemos incrementar el porcentaje de asignación de recursos del Fondo General de Participaciones en 1 punto porcentual para que en los siguientes años su incremento sea gradual en un punto porcentual hasta alcanzar en un plazo de 10 años el 30 por ciento.

De acuerdo con las estimaciones de la Ley de Ingresos 2017, la RFP estimada ascendió a 2 billones 740 mil 714.7 millones de pesos. Con relación a la RFP el incremento en un punto porcentual representa un monto de 27 mil 407 millones de pesos, y con respecto a la asignación del Fondo General de Participaciones el monto rondaría los 5 mil 482 millones de pesos.

Si consideramos que en 2018 las entidades federativas podrían recibir poco más de 585 mil millones de pesos por el Fondo General de Participaciones, y si sumamos los 27 mil 407 millones de pesos, los gobiernos locales estarían en la posibilidad de recibir en total un monto superior a los 600 mil millones de pesos.

Además de que el proyecto de iniciativa plantea de forma consciente un incremento gradual con el propósito de no afectar las finanzas públicas austeras del próximo gobierno federal, se esperaría que con la reforma propuesta, los estados y municipios estén en la posibilidad de atender sus demandas más apremiantes de inversión al contar con mayores recursos públicos, en un contexto y ante un gobierno central que parece tendrá la pretensión clara de controlar todo el presupuesto del próximo año.

El proyecto de iniciativa se plantea bajo un principio de justicia redistributiva y de descentralización de los recursos públicos federales y con una perspectiva de consolidación de las finanzas públicas locales.

De tal manera que es importante decir que el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, sin detrimento de ninguno de ellos.

Como legisladores estamos obligados a contribuir en el perfeccionamiento de las bases jurídicas que regulan las relaciones financieras entre los tres órdenes de gobierno.

Los tiempos actuales de las finanzas públicas donde el peso de los ingresos petroleros ha disminuido y el de los ingresos tributarios se consolida, hacen necesario un replanteamiento de la asignación de los recursos públicos, incrementando las participaciones federales y darle así, un mayor sentido al concepto de Estado federalizado. En tanto no sea cubierta dicha demanda histórica, no tiene sentido hablar de una república federal si la federación concentra y maneja a discreción los recursos públicos.

En suma, además de que el proyecto plantea un incremento del 1 por ciento (para quedar en 21 por ciento) el monto asignado al Fondo General de Participaciones, en paralelo se plantea que en un plazo de 10 años podamos revertir un sistema que parece estar diseñado para prolongar y perpetuar en el tiempo la dependencia que tienen los gobiernos locales con respecto a la federación.

Las diversas demandas de congresos locales y por supuesto de legisladores son ejemplo claro de los reclamos permanentes de dicho incremento pero también de la problemática por la que atraviesan los estados y municipios en materia presupuestaria. Por otro lado, también refleja que el porcentaje vigente de distribución del Fondo ha quedado rebasado ante una población que crece de forma constante junto con sus demandas de servicios públicos y de inversión en infraestructura para el desarrollo.

Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 21 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

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Transitorios

Primero. Una vez aprobado la reforma y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Fondo General de Participaciones a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se determinará de acuerdo a los porcentajes que se citan a continuación y según corresponda al número de años hasta alcanzar el 30 por ciento de la Recaudación Federal Participable:

Segundo. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 La estimación para 2018 no se realiza porque sólo existen datos hasta el segundo trimestre del año, pero si tomamos en cuenta el promedio de crecimiento de la RFP durante el sexenio actual, el monto podría rondar en los 33 mil 200 millones de pesos de incremento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Ricardo Villarreal García,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verástegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe: Ximena Puente de la Mora, diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de publicación estadística respecto a los casos de violencia de género ocurridos en las universidades de México.

Antecedentes

La importancia del derecho de acceso a la información pública es ineludible porque garantiza los derechos a la libertad de opinión y expresión, promueve la participación ciudadana en la gestión pública como eficiente generador en la intervención política efectiva; es una plataforma necesaria para el debate informado sobre esas acciones; se trata de un derecho autónomo y humano, que consiste en que toda persona puede solicitar y acceder a ella porque trasciende a todos los sectores de la sociedad, los medios de comunicación utilizan el acceso a la información para el periodismo investigativo, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente aprovechan dichas leyes para comprender las decisiones sobre las políticas de gobierno; es un instrumento de la transparencia y la transparencia es un instrumento de un sistema de rendición de cuentas; ahora bien, la rendición de cuentas y la transparencia son ideas ligadas que no deben confundirse.

Un gobierno democrático rinde cuentas cuando explica o justifica sus acciones a los ciudadanos; un gobierno es transparente cuando exhibe u ofrece información sobre su funcionamiento y se somete al escrutinio público; como principio fundamental de las sociedades democráticas.

Respecto a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica una doble e importantísima dimensión del derecho a la información: “En lo individual y en lo colectivo”:

Se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado y también como un medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna.

En cuanto a la dimensión colectiva, el acceso a la información pública consiste en que todas las personas tienen derecho a recibir información necesaria y oportuna a fin de que se pueda formar la opinión pública libre e informada, la cual es requisito esencial en un sistema democrático como herramienta fundamental para el control ciudadano pleno o real sobre la actuación estatal.

Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas; poniéndose de manifiesto así, las dos dimensiones de la libertad de expresión: “por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, pero implica también, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

Actualmente, nuestro país diseña y transita por un camino substancial en materia del derecho de acceso a la información pública. A partir de 2013 ha cambiado el paradigma que existía respecto a ello; promoviendo el libre flujo de información e ideas así como la pluralidad en los medios de comunicación con la intención de cambiar la perspectiva que se tenía del antiguo régimen, todo ello, ha sido resultado de un trabajo colectivo entre el gobierno y la sociedad civil, produciendo una transformación importante en la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.

A partir de la aprobación y vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como órgano garante de la aplicación de la ley; este derecho está reconocido expresamente en nuestra legislación secundaria como libertad preferida y herramienta necesaria para ejercicio de otros derechos.

Aun así, el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en México, sigue presentando grandes retos y la ley general abona de forma significativa a superarlos con la intención de alcanzar su potencial democrático.

Reconociendo que el acceso a la información es la fuente principal del conocimiento, y que este insumo por si sólo es insuficiente, en tanto hay que utilizarlo para generar nuevos conocimientos; es en este terreno en donde el papel de las universidades mexicanas es fundamental como actor clave del progreso. Nuestra educación superior constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales y piedra angular para las trasformaciones, consolidando el crecimiento, contribuyendo a la elaboración y resignificación de nuestro proyecto de nación; formando profesionales de alto nivel, portadores de una cultura científica y humanística, capaces de resolver problemas con racionalidad y objetividad; difundiendo la ciencia y la cultura bajo el principio de libertad y compromiso social, respondiendo a los problemas de su entorno bajo una sociedad productiva, innovadora, justa y segura en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos , difundiendo los ideales de paz, de progreso, de justicia social y de respeto a los derechos del hombre, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores, porque aunque ya han pasado 89 años de la instauración de la autonomía en la Universidad Nacional; hoy se puede afirmar que este atributo sigue vigente y es indispensable para que entidades como esta casa de estudios realicen sus tareas sustantivas.

Hoy en día, la UNAM goza de una consistente autonomía, merced al esfuerzo de muchas generaciones, resultado de la labor continua de académicos, funcionarios, alumnos y trabajadores de esta institución, se trata de un atributo de todos los tiempos, articulado a su tiempo y espacio, que les permite dedicarse de una manera libre e independiente a la búsqueda y transmisión del saber, al acceso a la información, que es la fuente principal del conocimiento. “Es, además, una condición natural de defensa de la Universidad frente a coacciones externas; porque mediante ella se ha protegido su misión frente a presiones políticas, económicas o que van en contra de la búsqueda del saber”, una garantía social ante un contexto de enormes reclamos sociales, así como de fuertes presiones.

Es nuestra obligación reconocer que desde tiempos remotos se ha manifestado abiertamente que en las escuelas de todos los niveles educativos y contextos, se viven día a día actos de violencia de género, la cual forma parte de una cultura patriarcal. Estudios de la Universidad Autónoma de México (UNAM), indican que las alumnas, profesoras y administrativas son violentadas dentro del entorno escolar; los resultados indicaron que 49.3 por ciento de las alumnas; 45.8 por ciento de las profesoras de asignatura y 39.5 por ciento de las investigadoras han sido acosadas en la institución; encontrándose que los elementos principales que impulsan la reproducción de la violencia son: el abuso de poder, la falta de aplicación de las normas, la impunidad y la corrupción; aunque tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de tales actos, la mayor parte de las agresiones son perpetradas por hombres.

El tema que hoy nos ocupa, y expongo ante esta alta tribuna, se refiere al tema de la violencia en las universidades de nuestro país y la necesidad de transparencia en cuanto a la visibilidad de las estadísticas que rodean esta grave problemática.

Los hechos actuales nos dejan ver que nuestras universidades no han podido librarse de la violencia, la exclusión y la discriminación en contra de las mujeres, manteniendo con ello las asimetrías de poder y la violencia de género. En universidades como la Autónoma de Chapingo (UACH), Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedagógica Nacional (UPN) y Autónoma Metropolitana (UAM), 80 por ciento consideró que esa conducta proviene de varones, y 20 por ciento de mujeres; además que 6.1 por ciento de las alumnas dijo haber sufrido acoso sexual ocasional y 0.6, haber sido víctima de alguna violación; de 517 estudiantes universitarios, 16.7 por ciento reveló haber sufrido alguna agresión verbal de tipo sexual.

En respuesta a estas directrices, varias universidades, por ejemplo la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, entre otras, se han realizado diagnósticos sobre la discriminación y desigualdad de género al interior de la institución, incluyendo información sobre la violencia de género; elaborándose protocolos de actuación con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en algunas instituciones de educación superior (IES) como la UNAM, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Quintana Roo, Universidad Iberoamericana, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Veracruzana.

Respecto a resultados descriptivos sobre la discriminación y violencia de género en la población estudiantil de licenciatura en la Universidad de Colima, de la matrícula total de 12 mil 538 estudiantes en el nivel superior, respecto a la vivencia de alguna situación no deseada (amenaza y/o burla de carácter sexual, roces, presiones, etcétera) en la facultad en la que estudian, el 3.4 por ciento del total (n=35, 18 mujeres, 16 hombres y 1 “otro”) aseguró haber experimentado una. De esta cifra, el 40 por ciento (14 estudiantes) respondieron no haber hecho nada por el suceso.

Es cierto que desde 1995, en México se han impulsado diversas políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, realizándose innumerables esfuerzos para prevenir y erradicar este tipo de violencia: como el Programa Nacional de la Mujer, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la reforma al artículo 1o. constitucional, en el cual queda prohibido cualquier tipo de discriminación en razón del género, por mencionar algunos.

Observamos que esta violencia escolar se manifiesta como multifactorial, por aspectos socio-culturales, familiares, personales, institucionales, entre otros; arraigados a una cultura androcéntrica, afectando en mayor medida a las mujeres en el sistema educativo; no sin considerar, que nuestro país, atraviesa por problemas de pobreza, desigualdad social, exclusión y vulnerabilidad, agresiones por parte del crimen organizado, entre otros; esta problemática hace que las “instituciones sean permeables” al impacto de la violencia importada de la comunidad a la escuela, y que se exporta de nuevo de la escuela a la calle, de tal forma que existe una complicidad entre la violencia escolar y otros tipos de violencia presentes en el entorno social; originándose así u círculo vicioso difícil de erradicar.

Tenemos mucho por legislar, se descubre la ausencia de una cultura de la denuncia, pues los actores (especialmente alumnos) manifiestan miedo a las represalias, así como desconfianza hacia las autoridades universitarias dada la reiterada negligencia de los funcionarios para hacer valer los derechos de la comunidad; el desafío urgente es generar conciencia sobre este hecho; para dar seguimiento y sanción pertinente al agresor o agresora; y evitar vacíos institucionales que dejen a las afectadas poco margen de acción dentro de los procedimientos institucionales, contar con la seguridad de que se dará seguimiento a los casos de violencia a través de protocolos institucionales apegados a las normas y leyes nacionales e internacionales; hoy no se trata sólo de incluir en el discurso la palabra género, equidad, no violencia, paz, entre otras palabras en un proceso superficial; sino que llevemos a cabo reformas estructurales para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en las instituciones de educación en donde la violencia se encuentra arraigada.

Compañeros legisladores: no perdamos la capacidad de asombro ante las noticias e imágenes de hechos violentos que con mayor continuidad se ven dentro en estas instituciones; se trata de una realidad que muchas personas conocemos pero sobre la que apenas se ha roto el silencio para sacarla a la luz púbica y, por lo tanto, debemos de desarrollando acciones contundentes y transparentes para erradicarla. “ No esperemos a que un caso más de violencia o agravio por motivos de género se vuelva noticia para empezar a actuar”; porque las instituciones de educación superior “no sólo deben ser casas del conocimiento”, sino que “deben consolidarse como casas del reconocimiento y vigencia de los derechos humanos, del respeto y convivencia pacífica entre las personas, así como de la igualdad sustantiva entre los géneros”.

Consideraciones

Frente a la búsqueda de soluciones y propuestas, es necesario que las instituciones educativas se sientan apoyadas y consideren como su gran aliado al Poder Legislativo, visibilizando las estadísticas reales de estos sucesos y las medidas de apremio tomadas en cada uno de los casos; generándose compromisos, normatividades, lineamientos y protocolos que den atención y seguimiento a casos de violencia, con personal capacitado y sensible que sea capaz de dar solución a los casos que en cada institución se presenten; que no sean tratados como problemas del orden común, ni se minimicen cuando ocurren.

Estas agresiones de género corresponden a un quebrantamiento de riesgo superior hacia las instituciones de educación universitaria públicas dotadas de una consistente y respetable autonomía, la situación es compleja y ante esta transgresión, reconozcamos que el tema es importante y se debe de abordar de una manera integral, logremos que estas instituciones se sepan apoyadas por el Poder Legislativo y respaldadas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para que publiquen las estadísticas respecto a las denuncias de los procesos de las investigaciones relacionadas con los casos de violencia de género en sus instalaciones; en el entendido de que ello, no pone en riesgo ni vulnera su autonomía; al contrario, que esto se manifieste en el hecho de que estas instituciones de educación superior no han perdido la posibilidad de acudir a las autoridades cuando se producen, como ahora, las notables violaciones de estudiantes; pero no se puede tolerar el uso de la violencia y es deber fundamental del Estado intervenir para evitarla, sin afectar con ello al principio de autonomía universitaria, que corresponde, entre otras actividades: a que la Universidad se gobierna a sí misma eligiendo libremente a sus autoridades, como el rector, los miembros de la Junta de Gobierno, los integrantes del Consejo Universitario, los del Patronato, los directores de Facultades, Escuelas e Institutos; también en virtud de su autonomía ejerce su presupuesto, previa aprobación del Consejo Universitario, al que cada año se rinden cuentas de su ejercicio, dicho Consejo aprueba y seguirá aprobando los estatutos de docentes e investigadores, al igual que los planes de estudio, la Universidad lleva a cabo tareas de docencia e investigación concebidas y realizadas libremente por sus miembros; igualmente difunde la cultura y la hace llegar a incontables personas por todos los medios de que dispone.

Refrendemos nuestro compromiso por el buen uso de la información; porque sin información clara, oportuna y veraz no podremos lograr esto con eficacia y andaremos a ciegas.

Por lo anterior, propongo que este proyecto de iniciativa represente un verdadero acto de alianza del Poder Legislativo con las instituciones de educación superior en materia de transparencia y acceso a la información pública; para que se visibilicen las estadísticas de las denuncias y carpetas de investigación relacionadas con los casos de violencia de género ocurridos en las instalaciones de educación superior; para que esta información sea utilizada en implementar acciones específicas y mejorar los protocolos de acción y prevención.

-Señalar con precisión y oportunidad, el número de quejas presentadas por violencia de género.

-El incremento de denuncias.

-El número de casos que cuentan con elementos suficientes para iniciar un proceso de investigación formal.

-Cuántas de estas denuncias y carpetas de investigación han sido concluidas mediante sanción y/o medidas de apremio.

-Cuántas de estas denuncias y carpetas de investigación han sido resueltas a través del procedimiento de “justicia alternativa” y cuántas no lo han sido; y por último,

-Cuántas de las personas que iniciaron una queja por violencia de género en las instituciones de educación superior públicas, decidieron desistirse de su denuncia porque los agresores interpusieron un recurso de reconsideración o inconformidad por las sanciones que se les impusieron y en cuántos de los casos, el castigo fue revocado.

Iniciativa de Ley

Con las consideraciones expuestas y en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto lo siguiente a la consideración a esta asamblea:

Proyecto de decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de publicación estadística respecto a los casos de violencia de género ocurridos en las universidades de México

Único. Se reforma inciso k) del artículo 74 y se adiciona artículo 75 Bis, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Que encuentra protección en el ordenamiento jurídico internacional, a través de diversos tratados internacionales y también de jurisprudencia de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2 Revista de Derecho, Vol. 32, número 1, Año 2011: 29-47

3 La corte interamericana de derechos humanos,(Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985.- artículo 13

4 Casanova Cardiel, Hugo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

5 Buquet, et al. (2013)

6 Investigación de la psicóloga social y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ángeles Bautista López.

7 Primer Congreso sobre Violencias de Género contra las Mujeres La discriminación y la violencia de género en el alumnado de licenciatura en la Universidad de Colima

8 Miguel León-Portilla, Humanidades, Ciencias Sociales y Autonomía Universitaria.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Ximena Puente de la Mora,Alan Jesús Falomir Saenz, Alfredo Villegas Arreola, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Alberto Puente Salas, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Ron Ramos, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Barrera Fortoul, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Marco Antonio Gómez Alcantar, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Bautista Villegas, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sergio Mayer Breton (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputadas y diputados Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Claudia Domínguez Vázquez y Emilio Manzanilla Téllez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

El desarrollo del cooperativismo ha sido incesante e intenso en las últimas tres décadas, con alcances visiblemente positivos en inversión, empleos e ingresos en más de 100 países, ya que el 14. 3 por ciento de una población mundial aproximada de 7,000 millones, trabaja en una organización cooperativa y mutualista que atiende diversas necesidades económicas, sociales y culturales.

Las cooperativas en el mundo contribuyen de forma determinante a un desarrollo económico integral, pues la riqueza que se genera se distribuye entre los cooperativistas de una manera más equitativa, multiplicando significativamente el número de empleos y generando importantes ahorros para las economías de las familias.

Se trata de un modelo de desarrollo económico y social más justo, porque las responsabilidades y los beneficios se reparten de manera democrática y con criterios de solidaridad y generosidad humanas.

En México operan miles de cooperativas, en su mayoría de consumo y producción de bienes, y participan en ellas más diez millones de personas, que se topan con escaso acceso al financiamiento público y privado, lo cual obstaculiza su funcionamiento, lo que lleva a este sector a estar rezagado respecto de otros países latinoamericanos.

Aunque no se tienen cifras sobre la contribución de las cooperativas al PIB mexicano, se ha podido medir que, en 17 de los 32 estados, 200 instituciones autogestionarias muestran un peso relativo de importancia en el desarrollo regional.

México necesita redoblar el esfuerzo para fortalecer el mercado interno y otros objetivos, apoyándose en una estrategia de abierta participación solidaria.

La ausencia de una política social no asistencialista, apremia a dar atribuciones legales a la población socialmente organizada para que pueda constituirse en agente transformador de cambios, en funciones como la producción y el consumo, y la promoción del ahorro y el crédito cooperativo nacional.

Este proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas amalgama la necesaria vinculación de México con el exterior en un conjunto de toma de decisiones obligatoriamente globales.

La modalidad jurídica de una Ley General de Cooperativas, ha dado lugar a la identificación de cooperativas de todo tipo: urbanas y rurales, primarias y secundarias, bajo la jurisdicción de una sola autoridad gubernamental.

Dicha medida evita la fragmentación del propio movimiento cooperativo, que ocurre cuando se registran cooperativas diseminadas en diversas leyes bajo la supervisión de diferentes autoridades.

Una legislación cooperativa, como ocurre con la de cualquier legislación, no es estática, sino que evoluciona para reflejar los cambios que se producen en las condiciones económicas, sociales y políticas de un país.

La legislación mexicana de 1994 y sus reformas posteriores han avanzado de forma sistemática en la norma institucional y definición del modelo cooperativo, pero sin abandonar una visión netamente mercantil pero hoy se necesita que las cooperativas se extiendan al papel de impulsar el desarrollo nacional.

El libre mercado no ha podido remontar los desequilibrios inherentes y los márgenes de maniobra para elevar el nivel de bienestar de los mexicanos son cada vez más estrechos.

En el articulado de este proyecto Legislativo se rescata y prevalece la razón implícita de aminorar y reducir los programas asistenciales de bienestar para impulsar la multiplicación popularizada de participación social en cooperativas como una política central del Estado mexicano que tienda a beneficiar a miles, tal vez a millones de socios y sus comunidades. Y, por ende, sus efectos valorados tanto en una dimensión macroeconómica como de justicia social, sean altamente positivos para el presente y futuro del país.

La propuesta de esta Ley General de Sociedades Cooperativas tiene el propósito fundamental y estratégico de que las cooperativas se constituyan en motor del crecimiento de México, con los siguientes planteamientos novedosos:

• Las organizaciones se rigen por el derecho social, por lo que se elimina cualquier tipo de regulación mercantil.

• Una sola autoridad federal responsable de encauzar las políticas de fomento cooperativo en todo la República, sin consigna partidista alguna.

• La simplificación administrativa para el registro, la autorización y el funcionamiento de las sociedades cooperativas.

• La autonomía de gestión y libertad plena de asociación de las cooperativas en cumplimiento de sus objetivos y valores.

• La promoción y establecimiento de convenios y normas de colaboración, intercambio y asistencia con sociedades cooperativas.

• Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituyen en agentes financieros para impulsar el desarrollo del movimiento cooperativista nacional.

• La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la figura de fomento cooperativo, como una de las tareas sustantivas de los gobiernos municipales.

• Se incorpora al Ramo General el Fondo “Aportaciones para el Fomento Cooperativo”, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

• Una política fiscal que atienda el desarrollo integral de las cooperativas.

• La educación cooperativa en planes y programas, en los niveles medio superior y superior.

• Las organizaciones cooperativas están basadas precisamente en fomentar la libre asociación de los seres humanos, con fines económicos y sociales, apoyados en los valores de solidaridad, iniciativa y responsabilidad.

Es deber de todo Estado nacional, legislar y definir las políticas públicas que faciliten e impulsen la creación y fortalecimiento de cooperativas, así como la de los demás tipos de empresas que caracterizan a la economía social.

Esta estrategia social no solamente protege las fuentes de empleo existentes y facilita la creación de nuevas, incrementa la demanda de bienes y servicios y fortalece los mercados internos, sino además y muy especialmente, genera formas autogestivas de producción, consumo y financiamiento, factores tan esenciales en una época en que los recursos son limitados y deben usarse con inteligencia y mesura.

Lo anterior podrá obtenerse de manera estable y consistente si esta Soberanía decreta una legislación orientada al hito de una democracia participativa que propenda a mejorar los niveles de vida de la sociedad y a inducir una política alternativa de desarrollo económico y social, responsable y sustentable.

La Ley que se presenta queda asentada en una relación de Derecho Público Cooperativo con reglas aplicables a todo el entorno social, con un enfoque universal de cooperativismo moderno actualizado y el compromiso irrenunciable del Estado mexicano de observancia y acatamiento.

Argumentos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción XXIX-N de su artículo 73 establece, no sólo la competencia federal en la expedición de esta Ley, sino además señala claramente su objeto, que debe ser: expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Establecer las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La base normativa de esta Ley es el derecho cooperativo que se sustenta en normas propias derivadas y las de Derecho Constitucional, de donde emanan las leyes secundarias de derecho administrativo, Agrario, Laboral, Civil, Mercantil y Fiscal, principalmente.

El derecho cooperativo nace entonces de las garantías y derechos humanos de libertad de trabajo y asociación consagrados en los artículos 5º y 9° de la Constitución que sustenta la libertad de toda persona para dedicarse a la actividad que más le acomode y que este derecho puede ser limitado solamente por decisión de una autoridad judicial, así como de asociarse libremente con un fin lícito.

En este sentido las normas de derecho cooperativo son constitutivas del sector social al que se refieren los párrafos cuarto y séptimo del artículo 25 constitucional que a su vez generan los derechos de organizarse económicamente para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es por ello que artículo 28 constitucional en su párrafo octavo consagra a las cooperativas en su función de actividades prioritarias no monopólicas al amparo de la Federación o los Estados, así no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad.

El artículo 73, fracción XXIX-N de nuestra Carta Magna señala que el contenido de esta norma debe ser principalmente: Promover la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, así como la de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa, una de las bases centrales de la presente Ley.

El derecho administrativo guarda con el derecho cooperativo, una relación de ordenación racional de los asuntos públicos, principalmente en los ámbitos del Ahorro y el Préstamo y los de la Economía Social y Solidaria, en el marco de los preceptos constitucionales y de las normas legislativas vigentes en el orden federal que regulan la relación cooperativa con la organización y el cometido de los poderes públicos.

Esta Ley tiene el propósito de desplazar las normas administrativas vigentes en el ámbito cooperativo que tienen un contenido rígido y de imposición jerárquica, hacia a un derecho cooperativo de objetivos consensado, tutelando que los medios de ejecución forzosa armonicen y se complementen con las estrategias de convencimiento y persuasión de naturaleza normativa social.

Las diversas instituciones de la Administración Pública, deberán atender el propósito de ejercitar sus actividades en el marco del derecho cooperativo con el fin de lograr una autonomía democrática en el ejercicio de las actividades constitucionalmente respaldadas.

Con el propósito de promover el desarrollo rural cooperativo y de conformidad con el artículo 27, fracción XX, las sociedades cooperativas agrarias, junto con las de consumidores y productores de bienes y servicios, podrán abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para sus actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, no solamente como destinatario final, sino que tendrán la condición de mayoristas y podrán detallar como minoristas en la distribución y venta de sus productos.

La actividad cooperativa, por su gran capacidad generadora de empleos debe actuar en concordancia con las normas laborales para no ser vista como una alternativa para su incumplimiento, ni planteando una falsa contradicción entre ambos órdenes jurídicos así en correspondencia a la normatividad constitucional, debe legislarse para que los postulados Constitucionales, como el establecido en el artículo 123, fracción XXX, que considera de utilidad social a las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.

La originaria naturaleza de derecho privado de las sociedades cooperativas que en la legislación civil las reconoce como personas morales con capacidad de ejercicio para realizar el objeto de su institución de acuerdo a su escritura y bases constitutivas.

Por ello, es menester hacer hincapié en que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades cooperativas son regidas por una legislación especial que las considera como una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática y social, distintas en sus conceptos, principios y caracteres a las organizaciones mercantiles con fines de lucro.

Ello tiene una historia, pues en el periodo 1927-1933 se produjeron incipientes intentos por darle base jurídica al cooperativismo en México, por eso la primera Ley General de Sociedades Cooperativas con un enfoque social fue promulgada por Lázaro Cárdenas el mismo año de la expropiación petrolera, la cual tuvo vigencia hasta 1994 cuando fue indispensable aprobar una ley que empatara con la exigencia mundial de mercados abiertos.

La apertura comercial y financiera de nuestro tiempo, las nuevas premisas y paradigmas del cooperativismo internacional demandan mayores esfuerzos comunes para solucionar los problemas de alta responsabilidad democrática y compromisos de igualdad, justicia y libertad.

Fundamentos legales

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas

Artículo Único.Se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue:

Ley General de Sociedades Cooperativas Título I
Organización, Funcionamiento y Regulación Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley es de interés público y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto:

I. Normar la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las cooperativas;

II. Establecer las bases para la concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Garantías

Las instituciones de la República garantizarán la libertad y autonomía de las sociedades cooperativas en áreas económicas no reservadas como actividad exclusiva del Estado Mexicano.

Sus disposiciones son de orden público y de interés social en toda la República.

Artículo 3. Concepto de cooperativa

La sociedad cooperativa, está compuesta por personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Está fundada en los valores de esfuerzo propio y ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás.

Las cooperativas pueden dedicarse libremente a la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, de ahorro y préstamo, y mutuales, mediante una empresa de propiedad compartida y democráticamente gobernada.

Artículo 4. Principios

Las cooperativas deben observar en su funcionamiento los siguientes principios:

I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;

II. Aportación económica equitativa para su formación y desarrollo;

III. Administración democrática, independiente y autónoma;

IV. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios;

V. Fomento de la educación y capacitación cooperativa solidaria;

VI. Información sobre las cooperativas y sus resultados;

VII. Cooperación, ayuda, promoción y fomento entre las sociedades cooperativas;

VIII. Respeto individual a todo tipo de preferencias sexuales, políticas y religiosas;

IX. Transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y a sus socios;

X. Preocupación efectiva por la comunidad a la que sirven, y

XI. Protección al medio ambiente en sus procesos productivos y de servicios.

Las cooperativas establecerán en sus raíces constitutivas las formas específicas bajo las cuales instrumentarán estos principios.

Artículo 5. Contenido del acta constitutiva

En la constitución de las cooperativas quedarán asentados por lo menos:

I. Número de socios y capital ilimitado y variable;

II. Plazo de duración indefinido;

III. Independencia religiosa, racial y de partidos políticos;

IV. Igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes;

V. Un voto por cada socio, independientemente de sus aportaciones; y

VI. Los fondos de reserva como irrepartibles.

Artículo 6. Actos cooperativos

Son actos cooperativos los que tienen las siguientes características:

I. Aquellos cuyo contenido proviene de los usos y las costumbres de las personas que los desarrollen y que las partes en ellos implicados decidan someterlos a la regulación y privilegios de esta Ley;

II. Aquellos cuya característica proviene de la Ley, independientemente de las personas que los realicen y que tengan por objeto:

a) Alguno de los señalados en esta Ley, en las disposiciones que sobre ella se establezcan, así como todas las acciones de gobierno en materia cooperativa;

b) Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de cooperativos, incluyendo los incorporados o derivados de los certificados de aportación;

III. Aquellos cuyo fin sea participar en el mercado cooperativo; y

IV. Aquellos que se deriven de otros actos cooperativos, siempre que las partes que los generen pacten expresamente someterlos a las prevenciones que establece esta Ley.

Artículo7. Prestación de servicios a terceros

Las cooperativas pueden prestar servicios propios de su objeto social a no socios, en los términos de sus bases constitutivas, pero dichos servicios no podrán otorgárseles en condiciones más favorables que a los socios.

Artículo 8. Registro

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica.

Artículo 9. Modalidades

Conforme con su naturaleza las cooperativas pueden ser:

I. De consumo, o de abasto y distribución de bienes y servicios;

II. De producción de bienes o servicios;

III. De ahorro y préstamo, y

IV. Mutuales.

Artículo 10. Actividades

Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas, excepto las reservadas constitucionalmente a los organismos del Estado en funciones de Derecho Público.

Artículo 11. Denominación

La denominación social debe incluir el vocablo “Sociedad Cooperativa o su abreviatura” con el agregado de las palabras o abreviaturas que corresponda a su responsabilidad.

Artículo 12. Restricciones

Queda prohibido el uso de la denominación “sociedad cooperativa” a entidades no constituidas conforme a la presente Ley.

Las personas o sociedades mercantiles que simulen constituirse en sociedades cooperativas, o bien utilicen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes judiciales respectivas.

Artículo 13. Asociación con otras personas jurídicas

Las cooperativas pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio, ni transfieran a terceros, beneficios legales que les fueran propios.

Artículo 14. Transformación

Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda decisión en contrario y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten.

Artículo 15. Solución de Controversias

La Conciliación es uno de los mecanismos previstos legalmente para resolver los conflictos que se planteen entre cooperativas o entre éstas y sus socios o asociados, dicho mecanismo es competencia del Consejo Superior del Cooperativismo.

La conciliación cooperativa, que es previa y voluntaria, deberá ejercitarla el reclamante antes de acudir a los tribunales.

Lo acordado en conciliación tendrá efecto de sentencia judicial obligatoria para las partes y ejecutiva para los tribunales, si las partes no lograsen conciliarse, podrán hacer uso de las acciones que les correspondan.

Artículo 16. Definiciones

Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

Confederación Nacional Cooperativa: Una agrupación no inferior a diez federaciones o uniones de cooperativas sin importar la proporción, con presencia en por lo menos diez entidades federativas;

Consejo Superior del Cooperativismo: Organismo de integración para la representación del sistema cooperativo en toda la República;

Empleo: Derecho humano consagrado como garantía social por el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, de dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo socialmente útil y de forma remunerada;

Federación de Cooperativas: Una agrupación de sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica;

Movimiento Cooperativo Nacional: Todas las organizaciones cooperativas e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo;

Organismos de Integración Cooperativa: Las federaciones, uniones, confederaciones y el Consejo Superior del Cooperativismo;

Secretaría: La Secretaría de desarrollo Social;

Sector cooperativo: Población que desarrolla o es beneficiada por los actos cooperativos;

Sistema Cooperativo. Estructura económica, social y jurídica que integran las sociedades cooperativas y sus organismos de representación, integración y de articulación;

Sociedad Cooperativa. Forma de organización social integrada por personas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas de naturaleza económica, social y cultural, a través de empresas de propiedad conjunta y gestión democrática;

Socio: La persona o personas que participen en la formación y desarrollo de una cooperativa, sociedad y organización cooperativa;

Unión de Cooperativas: Una agrupación de sociedades cooperativas de distintas ramas de actividad económica.

Título II
Derecho Público Cooperativo Capítulo I
Bases Normativas

Artículo 17. Conceptogeneral

El derecho cooperativo es un conjunto de normas especiales, de jurisprudencia, doctrina y costumbres basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y las personas que en ellas participan.

Las cooperativas se regirán por las disposiciones de esta Ley y el contenido de sus normas reglamentarias y en general por el Derecho cooperativo.

En materia de fomento cooperativo serán aplicables las normas de Derecho económico y, en sus relaciones de Derecho privado, supletoriamente se regirán por el Derecho común en cuanto fuera compatible con la naturaleza social de las cooperativas.

Artículo 18. Plataforma constitucional

En cuanto al Derecho público cooperativo, las sociedades cooperativas y sus organismos de representación, integración y de articulación quedan supeditados a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Artículo 19. Sistema jurídico mexicano

La base normativa de esta Ley es el Derecho cooperativo que se sustenta en el Derecho Constitucional y las leyes secundarias de derecho administrativo, Agrario, del Trabajo, Civil, Mercantil y Fiscal.

I. Esta Ley establece que el derecho cooperativo se sustenta en la libertad de toda persona para dedicarse a la actividad que más le acomode y que este derecho puede ser limitado solamente por decisión de una autoridad judicial.

A las personas les asistirá el Derecho de organizarse económicamente mediante los mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Las cooperativas ejercen actividades prioritarias no monopólicas al amparo de la Federación o los estados, no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

Mediante esta ley se promueve la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, así como la de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa, una de las bases centrales de la presente Ley, así como las facultades implícitas, tácitas, complementarias y compartidas atribuidas a los poderes de los propios estados y consigna los lineamientos generales de las disposiciones legislativas y con posterioridad corresponde a cada poder de la Soberanía nacional, el derecho al uso de los medios necesarios para la consecución de sus fines.

II. El derecho administrativo en materia cooperativa, ha de proyectarse, en su función de ordenación racional de los asuntos públicos de acuerdo con la justicia, en el marco de los preceptos constitucionales y de las normas legislativas vigentes del orden federal que regulan y vertebran la organización y el cometido de los poderes públicos.

Esta Ley se basará en el propósito de desplazar un Derecho administrativo rígido y de imposición jerárquica a un Derecho cooperativo de objetivos consensado, tutelando que los medios de ejecución forzosa armonicen y se complementen con las estrategias de convencimiento y persuasión de naturaleza normativa social.

Las diversas instituciones de la Administración pública con facultades jurisdiccionales relacionadas con las cooperativas, procurarán atender el propósito de ejercitar el Derecho administrativo constitucionalmente sustentado con el Derecho cooperativo que propende a una autonomía democrática en el ejercicio de actividades también constitucionalmente respaldadas.

III. Con el propósito de promover el desarrollo rural cooperativo y de conformidad con el artículo 27, fracción XX, las sociedades cooperativas agrarias, junto con las de los consumidores y productores de bienes y servicios, podrán abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para sus actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, no solamente como destinatario final, sino que tendrán la condición de mayoristas y podrán detallar como minoristas en la distribución y venta de sus productos.

IV. Se determina que serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. Las sociedades cooperativas en todo tiempo y lugar podrán hacer uso de este derecho.

V. Se reconoce a la sociedad cooperativa como una persona moral que puede ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución y para regir las leyes correspondientes, su bases y escrituras constitutivas.

Las sociedades cooperativas son regidas por una legislación especial a la que les identifica como una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática y social, distintas en sus conceptos, principios y caracteres a las organizaciones mercantiles con fines de lucro.

VI. Las leyes fiscales de ingresos y gastos de la Federación, de Coordinación Fiscal, así como los Códigos Financieros y los ordenamientos fiscales de la Federación, estatales y municipales, y de la Ciudad de México considerarán a los organismos cooperativos en los términos de esta Ley y establecerán organismos de fomento cooperativo que establezcan sus respectivas competencias.

Artículo 20. Facultades públicas concurrentes

Las políticas, programas, acciones y actividades de fomento cooperativo provendrán de la coordinación de facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México, excepto las que expresamente señalan la Constitución General de la República como potestad exclusiva de la Federación y las que, de acuerdo al artículo 124 constitucional, indicadas previamente en el numeral 1, párrafo quinto del artículo 19 de esta misma Ley, están reservadas a las entidades federativas. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, las facultades se contienen en los artículos siete a nueve de la Ley de Fomento Cooperativo de su jurisdicción. Los Ayuntamientos tendrán las facultades que establece el artículo 115 constitucional y las que en la materia dispongan los Congresos estatales, así como las leyes orgánicas del Municipio Libre, los códigos fiscales y los reglamentos formulados o que pudieran modificarse ex profeso.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno y la Ciudad de México, en el ejercicio de sus facultades públicas, tendrán responsabilidades compartidas y complementarias en cuanto a fomento cooperativo y desarrollo sustentable.

Artículo 21. Concurrencia social

En los programas económicos o financieros de los gobiernos, federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones y del Consejo Superior del Cooperativismo.

Capítulo II
Fomento Cooperativo

Artículo 22. Principios

Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo al conjunto de normas jurídicas y acciones que se observarán para la organización, expansión y desarrollo del cooperativismo.

La presencia del sector público en materia de fomento cooperativo se orientará por los siguientes principios:

I. Respeto a los derechos humanos laborales, al empleo, la libertad de profesión e industria y a la organización social para el trabajo, como una de las bases de la existencia, convivencia y bienestar de la sociedad;

II. Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin discriminaciones, atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros, manifestaciones y valores de los individuos y grupos sociales que componen la población del país;

III. Respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la integración y solidaridad entre estas y su interés y servicio social por la comunidad;

IV. Protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social del sistema cooperativo por parte de las autoridades del Gobierno;

V. Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las cooperativas como organismos de utilidad pública para el bien común y sujetas al fin social que establecen nuestras leyes, y

VI. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos.

Artículo 23. Acciones de Fomento

El fomento cooperativo comprende, entre otras acciones, las siguientes:

I. Acciones jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico que tengan como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal funcionamiento;

II. Acciones de registro, investigación, análisis y estudio para el exacto conocimiento de la situación del sistema, sector y movimiento cooperativo para mejorar, planear y consolidar las políticas públicas en la materia;

III. Acciones de difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y modelo cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico y social para los habitantes de la República;

IV. Acciones de capacitación y adiestramiento para la formación de personas aptas para desarrollar empresas sociales;

V. Acciones de apoyo diverso para la organización, la protección y el impulso de los modos tradicionales solidarios de producción colectiva de las culturas indígenas populares y de las demás comunidades rurales;

VI. Acciones de cooperación con la federación, los estados y municipios, y con otros países u organismos internacionales públicos y privados;

VII. Acciones de fomento de las empresas cooperativas de participación estatal; y

VIII. Los demás conceptos a los que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos les den ese carácter.

Artículo 24. Valores sociales

Son materia de protección y consolidación en los términos de la presente Ley, el fomento y desarrollo de sociedades cooperativas que tengan por objeto promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los bienes y valores de interés público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados con actividades de equidad de género, desarrollo sustentable, indígenas, jóvenes, actividades culturales, discapacitados y adultos mayores.

Capítulo III
Lineamientos y Políticas Públicas

Artículo 25. Planeación cooperativa

El fomento cooperativo y le economía social son obligaciones del Estado Mexicano y corresponde a los gobiernos federal, estatal y municipal y a los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los Organismos Cooperativos.

Artículo 26. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación de las políticas y programas federales de fomento cooperativo, se ejercerá en los términos que establezca la presente Ley y las disposiciones que de la misma se deriven, al igual que las funciones de fiscalización o de vigilancia sobre los distintos tipos de sociedades cooperativas, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, y con las que podrá actuar en coordinación.

Artículo 27. Acciones de apoyo

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, implementarán acciones de apoyo a las sociedades cooperativas de acuerdo con las reglas de operación vigentes de sus programas. En particular realizarán, además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las siguientes actividades:

I. Propiciar la celebración de convenios entre los sectores público, privado y social para establecer acciones de fomento que tengan por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;

II. Incentivar la incorporación de las sociedades cooperativas y sus Organismos Cooperativos en los programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales de fomento;

III. Incentivar la celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la constitución de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas; y

IV. Difundir la importancia en el desarrollo económico y social del país de las sociedades cooperativas.

Artículo 28. Exención de gravámenes

Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en la presente Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 29. Opinión del sector

En los programas de apoyo técnico, económico, financiero o fiscal que establezca el Gobierno Federal, y que incidan en la actividad de las sociedades cooperativas, se observará el establecimiento de derechos y preferencias hacia el sistema cooperativo tomando en cuenta la opinión de los Organismos Cooperativos

Artículo 30. Fondos de garantía

El Gobierno Federal de común acuerdo con los Organismos Cooperativos, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las Instituciones de Crédito estarán obligadas al otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Artículo 31. Líneas estratégicas

Las acciones de Gobierno en materia de fomento cooperativo atenderán las siguientes líneas estratégicas:

I. Legales y administrativas

1. Simplificar procedimientos de constitución y ampliar mecanismos de control de gestión;

2. Emitir recomendaciones a las cooperativas para que en sus actas constitutivas no demeriten la democracia participativa, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la protección de los derechos humanos de todos sus asociados;

3. Difundir entre las cooperativas las ventajas de modernizar los sistemas de información que utilizan;

4. Proporcionar gratuitamente a todas las cooperativas asesoría jurídica, financiera y administrativa, y

5. Propiciarla actualización legislativa cooperativa en materia fiscal.

II. Fiscales y financieras

1. Alentar métodos de financiación novedosos para el fortalecimiento financiero de las cooperativas;

2. Favorecer mecanismos que estimulen en las cooperativas el incremento de recursos financieros propios.

III. Educación y capacitación

1. Estimular la educación y capacitación en la formación de cooperativas;

2. Apoyar los servicios de investigación y asesoría sobre gestión cooperativa, y

3. Hacer operativo y dinamizar los principios cooperativos, particularmente los referidos a capacitación e integración.

IV. Fomento y desarrollo

1. Crear y utilizar fondos para el fomento al desarrollo de sociedades cooperativas y la producción cooperativa;

2. Fortalecer garantías de los asociados y de terceros en relaciones económicas con las cooperativas, y

3. Posicionar alternativas de innovación tecnológica y desregulación comercial.

Artículo 32. Políticas públicas

El Estado Mexicano favorecerá acciones que auspicien políticas en los distintos ámbitos de competencia concurrente de la sociedad y el sector público.

I. Políticas de fomento y desarrollo cooperativo

1. Fomentar formas de empleo socialmente generadoras de empleos e ingresos, mediante la formación de sociedades cooperativas en todo el país;

2. Identificar e instrumentar proyectos de desarrollo cooperativo sustentable y de preservación ecológica, e

3. Impulsar la cultura de cooperativas de consumo que oferten productos de primera necesidad a precios reducidos a socios y sectores más débiles de la sociedad.

II. Políticas fiscales

1. Articular programas fiscales y presupuestales del sector público para constituir convenios de colaboración con sociedades cooperativas para efectuar proyectos de desarrollo regional sustentable;

2. Todos los actos relativos a la creación y registro de cooperativas, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal;

3. Los fondos de previsión social, prestaciones y disposiciones fiscales federales para cooperativas no serán objeto de ninguna afectación impositiva;

4. Las autoridades federales y locales determinarán las acciones de fomento a las que concurran las sociedades cooperativas en pujas o concursos de proyectos o asignaciones basadas en licitaciones;

5. Gestionar los fondos de garantía de origen federal que apoyen a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito;

6. La aplicación de estímulos fiscales originados por convenios de colaboración administrativa con la Federación, estarán sujetos a la verificación y pago derivados de las leyes sobre ingresos federales;

7. Los recursos federales correspondientes a entidades federativas y municipios en materia de fomento cooperativo son inembargables; no podrán destinarse a otros fines, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las Legislaturas, y

8. En el paquete económico de la Federación para entidades federativas, municipios y el Gobierno de la Ciudad de México, definirlos recursos etiquetados hacia el fomento cooperativo, sin que en ningún caso se destinen a gasto corriente.

III. Políticas financieras

1. Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, incluyendo los costos de servicios de asesoría y asistencia técnica;

2. Para la evaluación de la procedencia de descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de las cooperativas;

3. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituyen en agentes financieros de las demás cooperativas, para impulsar el desarrollo del movimiento cooperativista y la economía nacional, y

IV. Políticas educativas y de capacitación

1. Establecer convenios de enseñanza con instituciones de educación de nivel básico, medio y superior para incluir la materia de cooperativismo dentro de sus respectivos programas de estudio;

2. Convenir con universidades públicas, tecnológicos, institutos y centros de análisis e investigación, las especialidades sobre cooperativas en los diferentes campos del conocimiento humano;

3. La formación de estímulos, becas y cualquier otra clase de reconocimientos y apoyos;

4. Establecer convenios para dar cursos de capacitación a socios y trabajadores de sociedades cooperativas, y

5. Realizar cursos, reuniones, conferencias y tele-conferencias para consultas, capacitación y extensión de cooperativistas.

V. Políticas de información y comunicación

1. Crear y consolidar el sistema nacional de información de sociedades cooperativas con bases de datos derivados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los registros públicos y del escrutinio directo del sistema cooperativo;

2. Constituir la red nacional de comunicación de sociedades cooperativas que agranden el movimiento cooperativo nacional con fines de unión, investigación y fortalecimiento de las cooperativas, y

3. Vincular y ordenar el sistema de información y la red nacional de comunicación de las sociedades cooperativas para clasificar programas y proyectos de desarrollo diversos por entidades federativas, municipios y de la Ciudad de México, cohesionando el derecho cooperativo con la democracia participativa.

Artículo 33. Coordinación fiscal

Los municipios tendrán las funciones de fomento cooperativo no reservadas a otros niveles de gobierno, para dar vigencia operativa al espíritu del artículo 115 Constitucional en la Ley de Coordinación Fiscal, adonde se incorporará el Fondo de Aportaciones para el Fomento Cooperativo.

Artículo 34. Atribuciones locales

Los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, en la esfera de sus respectivas competencias, procurarán:

I. Participar en la planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de fomento cooperativo;

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en coordinación con las dependencias del ramo;

III. Promover la concertación con las instancias de la administración pública y de los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en sus áreas de influencia geográfica;

IV. En forma concurrente, promulgar leyes reglamentarias de fomento cooperativo, y

V. Cada gobierno dispondrá de una estructura administrativa adecuada para crear políticas y programas de fomento cooperativo, y

VI. Crear los mecanismos que permitan auditar los recursos y programas derivados del ejercicio de las políticas de fomento cooperativo por parte de los diferentes órganos de fiscalización que correspondan.

Título III
Sociedades Cooperativas Capítulo I
Constitución, Registro y Padrón

Artículo 35. Constitución

La constitución de la sociedad cooperativa deberá realizarse cuando menos por cinco personas en el caso de las de producción, de consumo, dos de mutuales y de veinticinco en el caso de las de ahorro y préstamo, quienes suscribirán el acta constitutiva y la ratificarán ante Juez del Fuero Común o Juez de Distrito, o Presidente o Secretario Municipal, o Alcalde en la Ciudad de México, fedatario público, notario o corredor público, del domicilio adonde tendrá su domicilio la cooperativa.

Los socios fundadores deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva.

En el acta constitutiva deberán nombrarse delegados o representantes legales para los trámites de inicio de operaciones a nivel municipal, estatal o nacional sin que sea necesario que se presenten todos los socios.

Artículo 36. Socios

Las sociedades cooperativas podrán integrarse con socios que sean personas físicas, morales o ambas, con las limitaciones que en su caso señalen las bases constitutivas. Las personas morales que participen como socios de las sociedades cooperativas podrán ser entidades públicas, privadas o del sector social.

Cada socio tendrá un solo voto, ya sea persona física o moral. La suma de los votos de los socios que sean personas morales en ningún caso podrá representar más de una tercera parte de la totalidad de los votos.

La participación de los socios extranjeros se sujetará a lo señalado en la fracción I del artículo 27 Constitucional y la Ley de Inversión Extranjera,

Artículo 37. Registro

Las sociedades cooperativas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social. En su inscripción inicial presentarán su acta y bases constitutivas.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán solicitar además su inscripción en el fondo de protección a que se refiere la Ley que las regula dentro de los 180 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente.

Artículo 38. Régimen asociativo

Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. El régimen adoptado debe señalarse en las Bases Constitutivas. A la denominación social se añadirán siempre las palabras “de Responsabilidad Limitada” o “de Responsabilidad Suplementada” o sus abreviaturas “de R. L. “ o “de R. S. “, respectivamente.

La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación obligatoria que hubieren suscrito.

La responsabilidad será suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

En todo caso los fedatarios públicos o la autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 14 de esta Ley, insertarán este artículo en el documento constitutivo y explicarán las implicaciones de cada uno de los tipos de responsabilidad.

Artículo 39. Contenido de las bases constitutivas

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán al menos la siguiente información:

I. Denominación;

II. Domicilio social, el cual será la localidad en la que esté asentada la sociedad cooperativa;

III. Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar; en el marco de los valores y principios cooperativos establecidos en esta Ley;

IV. Nacionalidad;

V. Duración, la cual podrá ser indefinida;

VI. Los valores y principios cooperativos establecidos en esta Ley

VII. La mención de ser de capital social variable;

VIII. El régimen de responsabilidad limitada o suplementada que sea adoptado;

IX. Forma de constituir, disminuir e incrementar el capital social; expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y tiempo para rembolsar su valor; así como los criterios de valuación de los bienes, derechos, servicios o trabajo, en caso de que se aporten;

X. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año calendario, así como el tipo de libros o registros electrónicos que deberán llevarse.

XI. Formas de administración y dirección, así como sus atribuciones y responsabilidades;

XII. Requisitos, causales y procedimientos para la admisión, suspensión, exclusión y renuncia de los socios;

XIII. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su finalidad y reglas para su aplicación;

XIV. Garantías que deberán presentar los miembros del Órgano de Administración;

XV. El procedimiento para convocar y formalizar las Asambleas Generales, definiendo si se acepta o se rechaza el mecanismo de representación expreso en el artículo58 de esta Ley;

XVI. Organización y funcionamiento del Órgano de Administración, del Órgano de Vigilancia y de la Asamblea General;

XVII. Derechos y obligaciones de los socios;

XVIII. Mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje, en caso de controversia;

XIX. Capital social mínimo fijo, si así se decidiere;

XX. Requisitos y procedimiento para que la Asamblea General pueda exigirle aportaciones complementarias a los socios;

XXI. Normas disciplinarias, tipos de faltas y sanciones consideradas en forma opcional dentro de un reglamento interno.

XXII. Forma de reparto de rendimientos y sus anticipos;

XXIII. Datos que deberán contener los certificados de aportación

XXIV. Procedimiento para nombrar beneficiarios del certificado de aportación.

XXV. La mención de los Reglamentos que vayan a emitirse para cuestiones específicas, en su caso, y

XXVI. Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa.

Las cláusulas de las bases constitutivas que sean contrarias a lo dispuesto por esta Ley serán nulas de pleno derecho.

Artículo 40. Modificación de las bases constitutivas

La modificación de las bases constitutivas se realizará mediante acuerdo de Asamblea General, el cual deberá ser protocolizado ante fedatario público y se informará al Instituto Mexicano de Cooperativas.

Capítulo II
Clases de Sociedades Cooperativas

Artículo 41. Sistema cooperativo

Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:

I. De consumo de bienes y servicios;

II. De producción de bienes y servicios;

III. De ahorro y préstamo, y

IV. Mutuales

Artículo 42. Cooperativas de consumo

Son sociedades cooperativas de consumo, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y servicios.

Las sociedades cooperativas de consumo también pueden distribuir bienes y servicios.

Los rendimientos que reporten las sociedades cooperativas de consumo se distribuirán con base en las transacciones que realicen con sus socios en cada ejercicio social.

Las sociedades cooperativas de consumo podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución con el público en general, así como a la producción de bienes y servicios.

Artículo 43. Cooperativas de producción

Son sociedades cooperativas de producción, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y servicios de manera preponderante aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán realizar cualquier otra actividad sin limitación alguna en los términos de esta Ley para el cumplimiento de su objeto social.

Las sociedades cooperativas de productores podrán realizar operaciones con el público en general, a nivel nacional o internacional sin limitación alguna.

Los rendimientos que reporten las sociedades cooperativas de productores se distribuirán con base en el trabajo aportado por cada socio durante el ejercicio social.

Los socios de las sociedades cooperativas de productores podrán recibir anticipos a cuenta de los rendimientos que se complementarán al final del ejercicio según los criterios establecidos en sus bases constitutivas.

Artículo 44. Cooperativas de m

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son aquellas cuyos miembros se asocian, entre otros fines, para prestarse servicios de ahorro y préstamo, son parte del sector social en los términos consagrados en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como tales, en protección del ahorro de sus socios gozan de las siguientes garantías:

I. No podrán ser afectadas en sus derechos sin que previamente se hayan agotado las instancias previstas en esta ley;

II. Gozarán de los beneficios de orden y de excusión;

III. No podrán ser intervenidas administrativamente sin que se dicten las medidas necesarias para protección del ahorro de sus socios;

IV. Sus organismos de integración y las autoridades de vigilancia al efecto serán corresponsables, cuando hayan aprobado las operaciones involucradas en una controversia.

Podrán financiar actividades de consumo, producción y fomento a otras entidades y organismos del sector social de la economía.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se normarán por los criterios prudenciales y conforme a las Normas de Información Financiera.

Además, podrán financiar actividades de consumo, producción y fomento a otros organismos del sector social de la economía.

Artículo 45. Cooperativas de actividad integral

Las sociedades cooperativas de actividad integral las conforman uniones, federaciones y las confederaciones por ramas o sector de actividad económica o de actividades diversas, preferentemente por entidad federativa o región que comprenda uno o más estados de la República.

Las federaciones podrán agrupar sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica.

Artículo 46. Sociedades cooperativas mutuales

Las personas físicas y morales, que formen parte del sector social al que se refieren los párrafos quinto y octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán asociarse en sociedades cooperativas mutuales, las que tendrán como objeto social la ayuda mutua y solidaria en el emprendimiento de actividades productivas de producción o de servicios sin ánimo de lucro que conjuguen las finalidades propias de los diferentes tipos de sociedades que las integren y que complementen sus actividades para la consecución común de sus objetos sociales.

Los órganos sociales de las sociedades cooperativas mutuales se constituyen conforme a lo establecido en el Capítulo V del presente Título y lo establecido en el artículo 52 de esta ley.

Artículo 47. Fines de las Cooperativas Mutuales

Los fines que perseguirán las sociedades cooperativas mutuales, serán los siguientes:

I. Promoción del desarrollo integral del ser humano;

II. Participación en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para contribuir al desarrollo socioeconómico del país;

III. Cooperar para la viabilidad económica de sus socios;

Las Sociedades Cooperativas mutuales tendrán prohibido participar en el capital social de sus coasociadas

Artículo 48. Estrategias de integración

Las sociedades cooperativas mutuales habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de:

I. Abatir costos;

II. Estructurar cadenas de financiamiento, consumo, producción y servicio;

III. Crear unidades de producción y comercialización;

IV. Crear comunidades cooperativas autosustentables;

V. Realizar en común cualquier acto cooperativo, para el desarrollo económico, tecnológico o cualquier actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios coasociados;

VI. Establecer planes económico-sociales entre coasociados;

VII. Articular actividades económicas para la ejecución de planes económicos o proyectos productivos, de consumo, producción y financiamiento a nivel local, estatal, regional y nacional, y

VIII. Prestar servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario.

Artículo 49. Órganos de las cooperativas mutuales

Los órganos sociales de las sociedades cooperativas mutuales se constituyen conforme a lo establecido en el Capítulo V del presente Título, salvo lo que se señala a continuación:

I. El objeto social se establecerá en las Bases Constitutivas y contendrá la representación de las actividades económicas integradas de sus coasociados;

II. La asamblea general se conformará con un representante con derecho a voz y voto de cada uno de sus socios, el cual será electo democráticamente por la asamblea general de cada una de sus mismos socios y fungirán por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección;

III. Las sociedades cooperativas integradoras establecerán en sus Bases Constitutivas un sistema de representación, conforme a lo establecido en la presente Ley;

IV. La Asamblea General de las sociedades cooperativas mutuales debe celebrarse conforme a lo establecido por la presente Ley, y se llevará a cabo en cualquier localidad en la que opere alguno de sus coasociados;

V. El Consejo de Administración, estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince, debiendo ser siempre un número impar de integrantes, siendo nombrados y en su caso, removidos por la Asamblea General;

VI. El Consejo de Vigilancia, estará integrado por tres o cinco personas, quienes serán nombrados y en su caso, removidos por la Asamblea General, y

VII. Bajo ninguna circunstancia, los cargos en los Consejos de Administración y Vigilancia de las sociedades cooperativas mutuales podrán ser asumidos por personas que no tengan el carácter de socios de alguna de las sociedades coasociadas.

Artículo 50. Fondos cooperativos

Para el mejor cumplimento de los fines de los fondos cooperativos de las Sociedades Cooperativas Integradoras y de sus sociedades coasociadas; se podrán establecer en las Bases Constitutivas, la integración de fondos sociales de previsión social, de educación cooperativa y de desarrollo comunitario.

Artículo 51. Fondos sociales

El fondo social de las cooperativas mutuales se integrará con las cantidades afectas a la reserva de dicho fondo, los remanentes de ejercicios anteriores y cualquier otra reserva creada con recursos aportados por los socios, para la consecución de una finalidad determinada.

Las sociedades cooperativas mutuales son sociedades cerradas de inversión que despliegan en diversas actividades y servicios para sus socios y no abiertas al público, por lo que no son sociedades de crédito, ni intermediarios financieros.

Las sociedades cooperativas mutuales constituirán un fondo social que reúna los medios necesarios para sustentar el proceso de capitalización de la sociedad, las cuotas que aporten los socios a este fondo deberán incluirse en los términos que se establezcan en las Bases Constitutivas, en el caso de retiro de los socios, estas aportaciones se devolverán a los aportantes, a menos que no existan reservas suficientes, debiendo en este caso procederse a su acopio, para que a más tardar un año después de haber sido solicitadas sean satisfechas, por supuesto la mutual se reservará el derecho de descontar de dichas cantidades, los adeudos del solicitante.

Artículo 52. Operaciones comerciales

Las sociedades cooperativas que realicen operaciones con no socios no podrán hacerlo en condiciones más favorables que con los socios. Las sociedades cooperativas de productores podrán realizar operaciones con el público en general sin limitación alguna.

Las sociedades cooperativas de consumidores podrán realizar operaciones con el público en general. En este supuesto, deberá permitirse el ingreso de los compradores no socios a la sociedad cooperativa de consumidores si éstos lo solicitan por escrito.

La admisión deberá ser efectiva según los requisitos y dentro del plazo que señalen las Bases Constitutivas, el cual no podrá ser mayor de un año.

En caso de que los compradores no socios ingresen a la sociedad cooperativa de consumidores, los rendimientos generados por sus transacciones serán aplicados al pago de su certificado de aportación.

Capítulo III
Socios

Artículo 53. Admisión

La calidad de socio se adquiere al ingresar a la sociedad cooperativa, ya sea en su constitución o por acuerdo del Órgano de Administración a solicitud del interesado y de acuerdo con los requisitos y disposiciones establecidos en las Bases Constitutivas y en esta Ley. La Asamblea General deberá confirmar o revocar la decisión del Órgano de Administración conforme a los mecanismos que señalen las propias Bases Constitutivas.

Artículo 54. Derechos de los socios

Los socios gozarán de los siguientes derechos:

I. Participar con voz y voto en la Asamblea General sobre bases de igualdad, disponiendo un solo voto por socio, independientemente de sus aportaciones;

II. Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en los órganos de la sociedad cooperativa;

III. Utilizar los servicios de la sociedad cooperativa;

IV. Recibir la información emitida por el Órgano de Administración o el Órgano de Vigilancia sobre la marcha de la sociedad cooperativa;

V. Recibir educación cooperativa;

VI. Formular denuncias por incumplimiento de esta Ley o las Bases Constitutivas;

VII. Participar en los rendimientos que la Asamblea General determine como repartibles;

VIII. Recibir el reembolso de los certificados de aportación que estuvieren pagados, por cualquier causa de terminación de membrecía con la sociedad cooperativa, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la Ley y las Bases Constitutivas, y

IX. Los demás que establezca esta Ley y las Bases Constitutivas

Artículo 55. Obligaciones de los socios

Los socios tendrán las siguientes obligaciones:

I. Respetar y practicar los valores y principios cooperativos;

II. Prestar el trabajo personal que les corresponda, en su caso

III. Realizar las aportaciones obligatorias;

IV. Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos;

V. Cumplir los acuerdos que adopte la Asamblea General y el Órgano de Administración;

VI. Abstenerse de cualquier actividad perjudicial en contra de la sociedad cooperativa. La sola participación en varias sociedades cooperativas no se considerará como una actividad perjudicial, excepto si existiera conflicto de intereses;

VII. Apegarse a las Bases Constitutivas de la Sociedad Cooperativa;

VIII. Asistir a los cursos y formación cooperativa que la Comisión de Educación organice, y

IX. Observar las demás obligaciones sociales, económicas y de trabajo que establece esta Ley.

Artículo 56. Causas de exclusión

Las causas de exclusión de un socio enmarcadas en las bases constitutivas de la sociedad, tomarán en consideración, por lo menos, los siguientes motivos:

I. Por desempeñar sus labores sin cumplir con los parámetros que la sociedad cooperativa defina en sus acuerdos de asamblea, reglamentos, bases constitutivas y esta Ley, y

II. Incumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones.

Artículo 57. Pérdida de calidad de socio

La calidad de socio se pierde por:

I. Muerte de la persona física o extinción de la persona moral;

II. Renuncia presentada ante el Órgano de Administración, la cual surtirá efectos desde que dicho Órgano la reciba, y

III. Exclusión.

Artículo 58. Trabajadores

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas establecerán los mecanismos y condiciones mediante los cuales sus trabajadores puedan ingresar progresivamente como socios y tendrán preferencia frente a candidatos externos, siempre que la situación financiera de la cooperativa lo permita.

La relación entre las sociedades cooperativas y sus trabajadores no socios estará sujeta a la legislación laboral. Para los efectos del reparto de utilidades a estos trabajadores, previsto en la legislación laboral, los rendimientos de las sociedades cooperativas serán considerados como utilidades.

Capítulo IV
Funcionamiento y Administración

Artículo 59. Órganos y duración de la sociedad cooperativa

Los órganos de la sociedad cooperativa son:

I. La Asamblea General;

II. El Órgano de Administración, ya sea se trate de un Consejo de Administración o un Administrador Único;

III. El Órgano de Vigilancia, ya sea se trate de un Consejo de Vigilancia o un Comisionado de Vigilancia, y

IV. Las Comisiones que la Asamblea General determine.

Artículo 60. Asamblea General de Socios

La asamblea general de socios es el órgano supremo de la sociedad cooperativa, resolverá todos los asuntos relacionados con la misma que considere necesario conocer y podrá otorgar poderes dentro de lo señalado en esta Ley y las bases constitutivas. Sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que estén apegados a derecho y conforme a las Bases Constitutivas.

La asamblea general de socios podrá ser ordinaria o extraordinaria. Ambas se celebrarán en la localidad contemplada como domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 61. Atribuciones de la Asamblea General

La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social y económico. Además de las facultades que le conceden la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá entre otros:

I. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios;

II. Modificación de las bases constitutivas;

III. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento;

IV. Aumento o disminución del patrimonio y capital social;

V. Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia; de las comisiones especiales y de los especialistas contratados;

VI. Examen del sistema contable interno y aprobación de los estados financieros resultantes del último ejercicio.

VII. Informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos;

VIII. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, para el efecto de pedir la aplicación de las sanciones en que incurran, o efectuar la denuncia o querella correspondiente

IX. Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;

X. Aprobación del reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios,

XI. Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan;

XII. La disolución, liquidación, fusión o escisión de la sociedad cooperativa;

XIII. Afiliación de la sociedad cooperativa a un organismo de integración, y

XIV. Definición de los programas y estrategias a realizar en materia de educación cooperativa y la relativa a la economía solidaria.

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse por mayoría de votos en la Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos en que se requiera una mayoría calificada.

Artículo 62. Actas de Asamblea General

Se debe de levantar un acta siempre que la asamblea general se reúna, la cual deberá estar firmada por el presidente y secretario de la misma, y se asentará en el libro que al efecto lleve la sociedad cooperativa. Dicha acta deberá contener el orden del día y los acuerdos tomados por la asamblea general.

Artículo 63. Convocatorias a la Asamblea General

Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas en los términos de esta Ley, con por lo menos siete días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá contener la respectiva orden del día, también será difundida a través de los medios electrónicos y del órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del domicilio social de la cooperativa. De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando así lo determine la Asamblea General. Si no asistiera el suficiente número de socios en la primera convocatoria, se convocará por segunda vez con, por lo menos cinco días naturales de anticipación en los mismos términos y podrá celebrarse en este caso, con el número de socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a esta Ley y a las bases constitutivas de la sociedad cooperativa

En todo momento, el veinte por ciento de la totalidad de los socios podrá pedir por escrito al Órgano de Administración la convocatoria de una Asamblea General para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si el Órgano de Administración no lo hiciere en un plazo de siete días hábiles contados a partir de que haya recibido la solicitud, la petición de convocatoria podrá dirigirse al Órgano de Vigilancia. En caso de que el Órgano de Vigilancia no realice la convocatoria en un término de siete días hábiles contados a partir de que haya recibido la solicitud, la convocatoria la podrá hacer la autoridad judicial, a solicitud de quienes representen el veinte por ciento del total de los socios.

Artículo 64. Asamblea General ordinaria

La asamblea general ordinaria, conocerá y resolverá, entre otros, de los siguientes asuntos:

I. Confirmar o rechazar las decisiones del Órgano de Administración sobre los procedimientos de admisión, suspensión y exclusión de socios;

II. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento;

III. Reevaluación de las aportaciones;

IV. Nombramiento, remuneración y remoción de los miembros de los Órganos de Administración y de Vigilancia, así como de las Comisiones si estas existieren. Las votaciones para elegir o remover a los miembros de los Órganos de Administración y de Vigilancia podrán ser secretas si así se establece en las Bases Constitutivas;

V. Informes de los Órganos de Administración y Vigilancia y de las comisiones, si estas existieren;

VI. Decidir la aplicación de las sanciones en que incurran los miembros de los Órganos de Administración y Vigilancia y Comisiones, así como, en su caso, decidir el inicio de los procesos penales correspondientes;

VII. Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;

VIII. Distribución de rendimientos y pérdidas, así como la percepción de anticipos entre los socios;

IX. Examen del dictamen de auditoría y designación de auditores y su remuneración;

X. Definir los programas y estrategias sobre educación cooperativa, formación y promoción para sus socios y empleados;

XI. Cualquier otro tema que desee conocer y que no esté reservado a la asamblea general extraordinaria, y

XII. Las demás señaladas en la presente Ley y en las Bases Constitutivas.

Artículo 65. Aprobación de informe financiero

La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social para conocer y someter a aprobación el informe financiero que rinda el Órgano de Administración respecto del ejercicio social anterior y el informe que rinda el Órgano de Vigilancia.

Artículo 66. Primera y segunda convocatorias

La asamblea general ordinaria podrá reunirse en primera o segunda convocatoria. La segunda convocatoria expresará esta circunstancia y deberá celebrarse en cualquier momento, pudiendo ser el mismo día y hasta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha prevista en primera convocatoria. Ambas convocatorias podrán realizarse el mismo día, pero deberá existir al menos una diferencia de sesenta minutos entre una y otra.

Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria deberán estar presentes o representados, por lo menos, la mitad de los socios al momento de celebrarse la asamblea general ordinaria. Los acuerdos sólo serán válidos cuando se tomen por mayoría de los socios presentes o representados.

La asamblea general ordinaria en segunda convocatoria solo podrá celebrarse en caso de que en primera convocatoria no se reuniera el quórum señalado en el párrafo anterior y en este caso se celebrará con el número de socios que concurran. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los socios presentes o representados.

Artículo 67. Asamblea General extraordinaria

La asamblea general extraordinaria conocerá y resolverá en exclusiva de los siguientes asuntos:

I. Cambio de objeto social;

II. Disolución, liquidación, fusión y escisión de la sociedad cooperativa;

III. Aportaciones obligatorias complementarias de los socios;

IV. Afiliación de la sociedad cooperativa a un organismo de integración;

V. Determinación, aumento o disminución del capital social mínimo fijo en su caso;

VI. Modificación de las bases constitutivas; y

VII. Los demás asuntos para los que las bases constitutivas exijan un quórum especial.

Las actas de las asambleas generales extraordinaria que se refieran a los asuntos contemplados en las fracciones I, II, IV y VII serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio para los efectos procedentes.

Artículo 68. Quórum y votación en asambleas generales extraordinarias

La asamblea general extraordinaria podrá reunirse en primera o segunda convocatoria. La segunda convocatoria expresará esta circunstancia y deberá celebrarse en cualquier momento, pudiendo ser el mismo día y hasta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha prevista en primera convocatoria. Ambas convocatorias podrán realizarse al mismo tiempo, pero deberá existir al menos una diferencia de sesenta minutos entre una y otra.

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria deberán estar presentes o representados, por lo menos, las tres cuartas partes de los socios al momento de celebrarse la Asamblea General Extraordinaria. Los acuerdos solo serán válidos cuando se tomen por al menos tres cuartas partes de los socios presentes o representados.

La Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria solo podrá celebrarse en caso de que en primera convocatoria no se reuniera el Quórum señalado en el párrafo anterior y en este caso se celebrará con el número de socios que concurran. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los socios presentes o representados.

Artículo 69. Quórum y mayoría en bases constitutivas

Las Bases Constitutivas podrán fijar un quórum diferente y una mayoría de votación más elevada para los asuntos de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.

Artículo 70. Asuntos no considerados en convocatoria

Siempre que se encuentren reunida la totalidad de la Asamblea General, esta podrá tomar acuerdos válidos respecto de los asuntos no incluidos en la Convocatoria.

Artículo 71. Representación de socios en Asamblea General

Los socios podrán hacerse representar en Asamblea General mediante carta poder otorgada a otro socio ante dos testigos. El representante en ningún caso podrá representar a más de dos socios. En todo caso, los instrumentos en que se haga constar la representación deberán ser conservados en los archivos de la sociedad cooperativa.

Artículo 72. Votación por delegados

Cuando el número de socios exceda de doscientos o cuando los socios residan en localidades distintas a aquella en que deba celebrarse la Asamblea General, ésta podrá efectuarse mediante delegados que sean socios, elegidos por cada uno de las secciones, sucursales o zonas geográficas en las que se divida la sociedad cooperativa. Los delegados deberán designarse para cada Asamblea General, su nombramiento deberá constar en el acta que al efecto se levante y su voto será proporcional a los socios que representen.

Las Bases Constitutivas fijarán el procedimiento para que cada sección, sucursal o zona geográfica, designe a sus delegados para la Asamblea General, garantizando la representación de todos los socios de manera proporcional. En la Asamblea General celebrada mediante delegados deberá estar presente al menos un miembro del Órgano de Administración y un miembro del Órgano de Vigilancia, pero si se niegan a acudir a ella la Asamblea General.

Artículo 73. Resoluciones nulas

Cualquier resolución tomada en contravención de las formalidades señaladas anteriormente será nula si se demuestra haber sido tomada en contravención a la mayoría de los socios o tener un objeto ilegal o contrario a los fines de la cooperativa.

En otros casos la resolución anulable podrá ser convalidada observando las formalidades prescritas.

Artículo 74. Órgano de Administración

El Órgano de Administración es el órgano ejecutivo de la sociedad cooperativa y tendrá la representación y la firma social de la sociedad cooperativa. Deberá constituirse por un número impar de socios reunidos en un Consejo de Administración que estará integrado por lo menos, por un Presidente, un Secretario y un Vocal, o bien, podrá constituirse por un Administrador Único cuando se trate de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios.

Artículo 75. Designación de administración

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la Asamblea General conforme al sistema establecido en esta Ley y en las bases constitutivas de las sociedades cooperativas. Sus faltas temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, o por el orden que proceda en el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito.

Artículo 76. Funciones del Órgano de Administración

El Órgano de Administración tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

I. Llevar la firma social y representar a la sociedad cooperativa;

II. Levantar actas de sus reuniones o minutas de sus decisiones;

III. Organizar, convocar y en su caso presidir, por conducto de su Presidente, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria;

IV. Presentar a la Asamblea General el informe financiero;

V. Llevar la contabilidad;

VI. Llevar los libros sociales de la sociedad cooperativa;

VII. Admitir a nuevos socios;

VIII. Suspender o excluir a socios;

IX. Designar gerentes y directores;

X. Manejar los fondos de la sociedad cooperativa, bajo la supervisión señalada en esta Ley, por parte del Consejo de Vigilancia;

XI. Proponer a la Asamblea General la integración y designación de comisiones; y

XII. Las demás establecidas por esta Ley, las Bases Constitutivas o la Asamblea General.

Artículo 77. Acuerdos del Órgano de Vigilancia

Los acuerdos del Órgano de Vigilancia, cuando éste sea un Consejo de Vigilancia, deberán ser tomados por la mayoría de los miembros.

Artículo 78. Derecho de veto

El Órgano de Vigilancia tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Órgano de Administración reconsidere los acuerdos vetados y deberá ejercerse en forma verbal e inmediata a la decisión vetada y por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al acuerdo de que se trate. Si la totalidad de los miembros del Órgano de Vigilancia lo considera estrictamente necesario, podrá convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que se aboque a resolver el conflicto, la cual deberá celebrarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la decisión vetada, en los términos de esta Ley y de sus Bases Constitutivas.

Artículo 79. Incompatibilidad para ejercer cargos

Las Bases Constitutivas podrán establecer incompatibilidades en razón del parentesco consanguíneo, civil o por afinidad entre los miembros del Órgano de Administración, el Órgano de Vigilancia y entre ambos, en la línea y grado señalados en las propias Bases Constitutivas o cualquier otra causa de impedimento para ejercer estos cargos, que implique conflicto de intereses.

Artículo 80. Capital social

El capital social de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y la proporción de los rendimientos que la Asamblea General acuerde para incrementarlo. El monto total del capital social constituido por las aportaciones será variable e ilimitado, sin perjuicio de establecer en las Bases Constitutivas una cantidad mínima fija.

Las sociedades cooperativas deberán llevar un registro de las variaciones del capital social, el cual podrá ser llevado por medios electrónicos.

Capítulo V
Régimen Económico

Artículo 81. Aportaciones

Las aportaciones serán obligatorias o voluntarias. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos, servicios o trabajo. Estarán representadas por certificados de aportación que serán nominativos, indivisibles, inembargables, no negociables, intransmisibles y de igual valor. Los certificados de aportación sólo serán transferibles entre los socios y hacia los familiares, previo acuerdo del Órgano de Administración, según el procedimiento establecido en las Bases Constitutivas.

La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo se hará según los criterios establecidos en las Bases Constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Órgano de Administración, con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria en su momento.

Los certificados de aportación contendrán por lo menos el nombre, fecha de constitución y registro de la sociedad cooperativa, el valor del certificado, el tipo de certificado de aportación, el nombre del socio titular, la fecha y forma de pago, las transmisiones de que haya sido objeto y la firma del Órgano de Administración. Podrá emitirse un talonario que contenga estos datos y que quedará en posesión de la sociedad cooperativa.

Artículo 82. Certificados de aportación

Los certificados de aportación podrán ser de tres tipos:

I. Certificados de aportación obligatoria;

II. Certificados de aportación voluntaria, y

III. Certificados de aportación para capital de riesgo.

Artículo 83. Certificados de aportación obligatoria

Cada socio aportará el valor de por lo menos un certificado de aportación obligatoria. Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella será forzosa la exhibición del diez por ciento cuando menos, del valor de los certificados de aportación obligatoria y el resto deberá cubrirse en el término de hasta un año contado a partir de la fecha de constitución de la sociedad cooperativa o del ingreso del nuevo socio a ella. En caso de que el socio no cubra la totalidad del valor del certificado de aportación obligatoria en el tiempo señalado, perderá su calidad de socio y todos los derechos inherentes a ella.

Artículo 84. Certificados de aportación voluntaria

El Órgano de Administración podrá pactar la suscripción de certificados de aportación voluntaria, por los cuales los socios percibirán el interés que fije el mismo Órgano de Administración, de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa y podrá tomar como referencia las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo.

Los certificados de aportación voluntaria deberán ser cubiertos en su totalidad al momento de suscribirse, serán reembolsables a solicitud del socio de acuerdo con lo establecido por el Órgano de Administración al momento de su emisión.

Artículo 85. Certificados de capital de riesgo

Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado, por los cuales los suscriptores percibirán el interés que fije el Órgano de Administración sujeto al riesgo señalado en su emisión.

Artículo 86. Disminución y aumento del capital social

Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital social, se hará el reembolso a los socios en proporción al número y valor de los certificados de aportación que hayan suscrito.

Cuando el acuerdo de la Asamblea General sea en el sentido de aumentar el capital social, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y en los términos que acuerde la propia Asamblea General.

Artículo 87. Reembolso de aportaciones obligatorias

El reembolso de las aportaciones obligatorias estará condicionado a lo dispuesto en las bases constitutivas, a la posibilidad financiera de la sociedad cooperativa y se hará conforme al informe financiero del cierre del ejercicio social en el que se pierda la calidad de socio. En caso de muerte del socio, el reembolso se hará a sus beneficiarios.

A partir de dicho informe financiero, se deducirán las pérdidas imputables al socio, ya sea que correspondan a dicho ejercicio social o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El Órgano de Administración tendrá hasta tres meses a partir de la aprobación de las cuentas del ejercicio social para determinar el monto a rembolsar.

El socio inconforme podrá acudir ante la Asamblea General para que revise la decisión del Órgano de Administración.

Artículo 88. Aportaciones pendientes de reembolso

La Asamblea General fijará un interés a las aportaciones obligatorias pendientes de reembolso, que en ningún caso será menor a la inflación del año en que el socio cause baja.

El plazo de reembolso no podrá exceder de tres años a partir de la pérdida de calidad de socio.

Artículo 89. Rendimientos

Se consideran rendimientos del ejercicio social, a la cantidad neta que resulte del producto de todas las operaciones de la sociedad cooperativa, una vez que sean descontados los costos, gastos, anticipos de rendimientos entre los socios y las obligaciones fiscales que correspondan, de acuerdo a los prácticas contables y financieros

Artículo 90. Fondos sociales obligatorios

Las sociedades cooperativas deberán constituir los siguientes fondos sociales obligatorios que serán administrados por el Órgano de Administración con la supervisión del Órgano de Vigilancia:

I. Fondo de reserva;

II. Fondo de desarrollo económico;

III. Fondo de previsión social, y

IV. Fondo de educación y formación cooperativa.

Artículo 91. Fondos de reserva

De los rendimientos de cada ejercicio social deberá separarse como mínimo el diez por ciento para constituir el fondo de reserva hasta que importe por lo menos una cuarta parte del capital social.

El fondo de reserva podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad cooperativa para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo y deberá ser reconstituido cuando disminuya por cualquier motivo. El porcentaje de los rendimientos destinado al fondo de reserva deberá separarse antes que el porcentaje destinado a cualquier otro fondo.

Artículo 92. Fondo de desarrollo económico

De los rendimientos de cada ejercicio social deberá separarse como mínimo el cinco por ciento para constituir el fondo de desarrollo económico hasta que importe por lo menos una cuarta parte del capital social.

El fondo de desarrollo económico podrá ser afectado cuando así lo decida la Asamblea General con el objeto de aumentar el capital social o para emprender inversiones de la sociedad cooperativa y deberá ser reconstituido cuando disminuya por cualquier motivo.

Artículo 93. Fondo de previsión social

El fondo de previsión social deberá destinarse a la creación de reservas para cubrir subsidios por incapacidad, riesgos y enfermedades profesionales, fondos de pensiones y jubilaciones, gastos médicos y funerales, becas educacionales para los socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga a las prestaciones de previsión social.

Las prestaciones derivadas del fondo de previsión social serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho según sea el caso, los socios de las sociedades cooperativas y sus trabajadores por su afiliación a los sistemas de seguridad social. Los recursos de este fondo podrán destinarse a cubrir las prestaciones mencionadas.

El fondo de previsión social se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos del ejercicio social determinen las Bases Constitutivas o la Asamblea General y su importe no podrá ser limitado. El porcentaje anual destinado al fondo de previsión social podrá ser aumentado de acuerdo a la capacidad económica de la sociedad cooperativa.

Artículo 94. Fondo de educación y formación cooperativa

En el presupuesto anual de gastos deberá constituirse un fondo de educación y formación cooperativa con el porcentaje que establezcan las Bases Constitutivas o la Asamblea General, el cual no podrá ser menor al dos por ciento de los rendimientos.

Artículo 95. Rendimientos repartibles

Los rendimientos que la Asamblea General determine que serán repartibles entre los socios. Una vez cubiertos los porcentajes de los fondos obligatorios, se distribuirán en razón de las actividades y operaciones que los socios hubiesen efectuado con la sociedad cooperativa durante el ejercicio social, así como el tipo de trabajo que los socios desempeñen en la sociedad cooperativa.

Artículo 96. Emisión de obligaciones

Las sociedades cooperativas podrán emitir obligaciones mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. Para estos efectos, será aplicable el Capítulo V del Título Primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con excepción de lo relacionado a la emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Artículo 97. Actualización de estados financieros

Cada año las sociedades cooperativas podrán actualizar sus estados financieros aplicando las normas de información financiera y los términos legales correspondientes.

Artículo 98. Contabilidad y libros sociales

Las sociedades cooperativas llevarán su contabilidad conforme a las disposiciones legales aplicables.

Además, deberán llevar los siguientes libros sociales, que deberán ser certificados por los organismos de integración o en caso de no estar federadas por las autoridades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley:

I. Libro de actas de la Asamblea General;

II. Libro de actas del Órgano de Administración y del Órgano de Vigilancia, en su caso, y

III. Libro de registro de socios.

El libro de actas de la Asamblea General deberá contener las actas de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El libro de registro de socios podrá llevarse mediante medios electrónicos y deberá contener el nombre, domicilio, fecha de ingreso, certificados de aportación con indicación de la forma en que se pagaron y la transmisión de los mismos y el nombre de los beneficiarios respecto de cada uno de los socios.

Artículo 99. Ejercicio social

El ejercicio social de las sociedades cooperativas coincidirá con el año calendario, con excepción de los ejercicios irregulares en los que se constituya la sociedad cooperativa en fecha distinta al primero de enero o se termine la duración de la sociedad cooperativa en fecha distinta al treinta y uno de diciembre.

Artículo 100. Informe financiero

El Órgano de Administración presentará anualmente a la Asamblea General un informe financiero del ejercicio social sobre la marcha de la sociedad cooperativa que incluya, al menos:

I. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad cooperativa a la fecha del cierre del ejercicio social;

II. Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad cooperativa;

III. Un proyecto de la aplicación de los rendimientos o, en su caso, de los mecanismos para cubrir las pérdidas;

IV. En su caso, los principales proyectos existentes y un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, y

V. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar información que suministren los estados anteriores y la explicación justificada de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

Artículo 101. Plazo para entregar los informes

El informe financiero anual del Órgano de Administración y el informe del Órgano de Vigilancia deberán ponerse a disposición de los socios por lo menos al mismo tiempo en que se haga la convocatoria de la Asamblea General en la que habrá de conocerse. Los socios que lo soliciten tendrán derecho a que se les entregue una copia de este informe.

La falta de presentación oportuna de estos informes será causa suficiente para que al menos una tercera parte de la totalidad de los socios pueda reclamar judicialmente la remoción del Órgano de Administración o del Órgano de Vigilancia, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren incurrido.

Capítulo VI
Fusión Escisión, Disolución y Liquidación

Artículo 102. Fusión

Una sociedad cooperativa podrá fusionarse con otra, previo acuerdo de su asamblea general extraordinaria, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Se acuerde expresamente y se presente el aviso de fusión a las autoridades correspondientes; y

II. Los acuerdos de fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en dos diarios de la localidad en que tengan su domicilio.

Cada sociedad cooperativa publicará su balance y aquellas que dejen de existir Propiedad publicarán además el sistema por medio del cual liquidarán su pasivo.

Artículo 103. Efectos de la fusión

Con posterioridad a la publicación anterior cualquier acreedor podrá oponerse judicialmente a la liquidación dentro del plazo de tres meses. Durante el término del litigio se suspenderá la liquidación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que haya oposición, o después de sentencia ejecutoriada que de por terminada la controversia en caso contrario, la sociedad fusionante tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

La fusión surtirá sus efectos en el momento de la inscripción, si se ha pactado el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se haya garantizado dicho pago mediante depósito, o se haya convenido con todos los acreedores, para estos efectos las deudas a plazo se tendrán por vencidas.

El certificado por medio del cual se haya depositado el importe de las deudas deberá publicarse también.

Cuando de la fusión de varias sociedades haya de surgir una cooperativa, su constitución se apegará a los principios cooperativos.

Artículo 104. Transformación

Ninguna sociedad cooperativa podrá transformarse en mercantil o en cualquiera otra sin liquidarse previamente.

Cuando otros tipos de sociedades hayan de transformarse en cooperativas aplicarán los anteriores artículos.

Artículo 105. Causas de disolución

Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

I. Por decisión de la Asamblea General;

II. Por su fusión con otra cooperativa;

III. Por la disminución de sus socios por debajo de los mínimos establecidos en esta Ley. Las sociedades cooperativas gozarán de un plazo de tres meses a partir de la disminución para recuperar el número mínimo de socios;

IV. Por llegar al término de su duración;

V. Por la consumación de su objeto;

VI. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar con las operaciones, y

VII. Por ministerio de Ley o por resolución judicial.

La disolución de la sociedad cooperativa deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse en el periódico oficial del domicilio social de la sociedad cooperativa.

Artículo 106. Liquidación

En el mismo acto en que se acuerde la disolución, la Asamblea General nombrará a uno o más liquidadores con el objeto de proceder a la liquidación de la sociedad cooperativa, la cual se llevará a cabo conforme a esta Ley, las Bases Constitutivas y el acuerdo de disolución de la Asamblea General.

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial a petición de cualquier socio.

Artículo 107. Liquidadores

Los liquidadores serán representantes legales de la sociedad cooperativa y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. En caso de ser varios liquidadores, deberán obrar conjuntamente.

Artículo 108. Entrega de bienes

Hecho el nombramiento de los liquidadores, el Órgano de Administración entregará a los liquidadores y ante Fedatario Público, todos los bienes, libros y documentos de la sociedad cooperativa en un plazo máximo de cinco días hábiles, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivo.

Artículo 109. Personalidad jurídica en liquidación

Las sociedades cooperativas, aun después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Las sociedades cooperativas en proceso de liquidación deberán utilizar en su denominación, las palabras “en liquidación”.

Artículo 110. Atribuciones de los liquidadores

Los liquidadores tendrán por lo menos las siguientes atribuciones:

I. Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución;

II. Elaborar un estado financiero y un inventario en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de su nombramiento, mismo que pondrán a disposición de la Asamblea General;

III. Cobrar lo que se deba a la sociedad cooperativa y pagar lo que ella deba;

IV. Vender los bienes de la sociedad cooperativa;

V. Practicar el estado financiero final de liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, el cual una vez aprobado por la Asamblea General se inscribirá en el Registro Público de Comercio;

VI. Si procede, en función del resultado de los Estados Financieros, rembolsar a cada socio su aportación. Las aportaciones voluntarias se pagarán antes que las obligatorias; y

VII. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción de la sociedad cooperativa, una vez concluida la liquidación.

Artículo 111. Responsabilidad de los liquidadores

Los liquidadores mantendrán en depósito durante diez años después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y documentos de la sociedad cooperativa.

Capítulo VII
Organismos de Integración

Artículo 112. Clases de organismos de integración

Las sociedades cooperativas podrán constituir o adherirse a organismos de integración, en forma libre y voluntaria, siempre que esta resolución sea adoptada en Asamblea General. Los organismos de integración son:

I. Las Federaciones y Uniones;

II. Las Confederaciones, y

III. El Consejo Superior del Cooperativismo.

Estos organismos de integración adoptarán la figura jurídica de sociedades cooperativas y les serán aplicables, con las modificaciones propias de su constitución, los artículos de la presente Ley y las demás leyes aplicables.

La Asamblea General de los organismos de integración podrá reunirse en cualquier localidad donde tengan integrantes.

Sin perjuicio de la conformación de los organismos de integración previstos en este artículo, las sociedades cooperativas se podrán agrupar en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal.

Artículo 113. Funciones de los organismos de integración

Los organismos de integración de las sociedades cooperativas podrán dedicarse a cualquier actividad lícita y complementaria a las actividades de sus integrantes y tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

I. Coordinar, representar y defender los intereses de sus integrantes ante las instituciones gubernamentales y ante cualquier otra persona física o jurídica;

II. Fomentar la promoción, educación y formación cooperativa;

III. Actuar como mediadores, conciliadores y árbitros en los conflictos que se presenten entre sus integrantes, entre las sociedades cooperativas y sus socios o entre las sociedades cooperativas y los mismos organismos de integración;

IV. Prestar servicios de asesoría jurídica, técnica o económica;

V. Prestar servicios de auditoría a sus integrantes;

VI. Gestionar los apoyos de fomento cooperativo ante las instituciones gubernamentales y canalizarlos a sus integrantes;

VII. Diseñar planes y programas con la finalidad de abatir costos, incidir en precios, obtener economías de escala y estructurar cadenas de producción y comercialización;

VIII. Formulación, operación y evaluación de proyectos de inversión;

IX. Apoyar la investigación sobre las materias que incidan en las actividades propias de su objeto;

X. Asesorar a sus integrantes en la elaboración de sus libros sociales;

XI. Promover la formación de nuevas sociedades cooperativas;

XII. Poner a disposición de sus integrantes una lista de instituciones de asistencia técnica de las sociedades cooperativas;

XIII. Participar en los procesos de liquidación de sus integrantes;

XIV. Participar en la actualización permanente del Padrón Nacional Cooperativo, por medio de la recopilación de datos de sus integrantes;

XV. Certificar los libros sociales de sus sociedades cooperativas integradas;

XVI. Realizar en conjunto las actividades económicas en beneficio de sus integrantes ;

XVII. Producir y consumir bienes y servicios;

XVIII. Celebrar todos los contratos necesarios para cumplir con sus actividades, y

XIX. Participar en los organismos internacionales de integración cooperativa.

Artículo 114. Constitución de organismos de integración

Las Federaciones, Uniones y Confederaciones se constituirán por rama o sector de actividad económica o de actividades diversas, preferentemente por entidad federativa o región que comprenda uno o más estados de la República.

Las federaciones podrán agrupar sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de la actividad económica.

Las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal. Las disposiciones establecidas por esta Ley para las sociedades cooperativas, serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo no compatible con su naturaleza.

Las Confederaciones deberán constituirse por al menos diez federaciones y uniones de cooperativas –sin importar la proporción- y tener presencia en al menos diez entidades federativas.

El Consejo Superior del Cooperativismo será el máximo organismo de integración del movimiento cooperativo nacional. Se constituirá con las confederaciones nacionales y con las instituciones y organismos de asistencia técnica al cooperativismo.

La integración cooperativa estará inspirada por las garantías individuales, los valores y los principios cooperativos.

Artículo 115. Denominación de los organismos de integración

Los organismos de integración de las sociedades cooperativas deberán utilizar al principio de su denominación las palabras “Federación”, “Unión”, “Confederación” o “Consejo Superior del Cooperativismo”, según corresponda.

Artículo 116. Constitución de los organismos de integración

Los organismos de integración deberán constituirse conforme a esta Ley.

Artículo 117. Bases constitutivas de los organismos de integración

Las Bases Constitutivas de los organismos de integración deberán contener por lo menos, lo siguiente:

I. Denominación;

II. Domicilio social

III. Objeto social

IV. Nacionalidad

V. Duración, la cual podrá ser indefinida;

VI. Atribuciones a sus órganos,

VII. Condiciones de admisión y permanencia de sus integrantes;

VIII. Cuotas que deberán aportar los integrantes;

IX. Derechos y obligaciones de sus integrantes;

X. Formas de administración y dirección;

XI. Procedimiento de solución de controversias, y

XII. Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del organismo de integración.

Artículo 118. Votaciones de los organismos de integración

Los organismos de integración podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional o ponderado. Para ello, las Bases Constitutivas deberán establecer el régimen de representación y voto de la Asamblea General, que podrá ser proporcional al número de socios, al volumen de operaciones, a ambos o utilizar cualquier otro método de votación ponderada, a condición de asegurar la participación democrática de todos los socios e impedir el predominio de alguno de ellos, por lo que ningún socio podrá tener más de la tercera parte de los votos. El requisito para integrar al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia es que deberán ser Directivos en funciones de la Cooperativa afiliada.

Artículo 119. Instituciones de asistencia técnica

Las instituciones que tengan entre su objeto social o actividades que desarrollen la prestación de servicios a las sociedades cooperativas podrán ser acreditadas por los organismos de integración como instituciones de asistencia técnica de los mismos y ser admitidas en los organismos de integración de las sociedades cooperativas, con voz, pero sin voto.

Entre las actividades que desarrollen las instituciones que podrán ser consideradas como de asistencia técnica estarán:

I. Asistencia técnica y asesoría económica, financiera, contable, fiscal, organizacional, administrativa, jurídica, tecnológica y en materia de comercialización;

II. Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico;

III. Formulación y evaluación de proyectos productivos, y

IV. Elaboración de estudios e investigaciones sobre las sociedades cooperativas y sus actividades.

Título IV
Procedimiento en Controversias Cooperativas Capítulo I
Procedimiento ante Autoridades Judiciales

Artículo 120. Competencia

Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los tribunales de los Estados y de la Ciudad de México.

Las acciones derivadas del cumplimiento de esta Ley que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a la misma, siendo supletorios los Códigos de Comercio y Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.

Artículo 121. Competencia federal

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto y sólo podrán conocer de él los tribunales federales.

Artículo 122. Competencia penal

Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos cometidos por incumplimiento a las disposiciones relacionados con el derecho cooperativo.

Artículo 123. Denuncia de controversia

Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la iniciación de cualquier juicio en materia de derecho cooperativo.

Asimismo, se enviará al Instituto una copia autorizada de todas las resoluciones firmes que modifiquen, graven, extingan o confirmen los derechos cooperativos.

En vista de estos documentos se harán en el registro las anotaciones provisionales o definitivas que correspondan.

Capítulo II
Procedimiento de Conciliación

Artículo 124. Procedimiento de conciliación

Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o solicitar la conciliación ante el Consejo Superior del Cooperativismo, para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley.

Artículo 125. Reglas de la conciliación

El procedimiento de conciliación se tramitará en los términos previstos por el Código de Comercio:

I. Iniciará con el escrito que presente ante el Consejo Superior del Cooperativismo, quien se considere afectado en sus derechos cooperativos y conexos;

II. Con el escrito al que hace referencia el párrafo anterior, se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;

III. Se citará a las partes a una junta de conciliación dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. En la junta respectiva se tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo, de aceptarlo ambas partes, el convenio firmado tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo de acuerdo a la legislación correspondiente;

V. Durante la junta de conciliación el Consejo Superior del Cooperativismo no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero si podrá participar activamente en la conciliación, y

VI. En caso de no lograrse la avenencia, el Consejo Superior del Cooperativismo declarará salvo los derechos de las partes, para que los ejerciten ante la autoridad correspondiente.

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales.

Capítulo Sexto
Solución de Controversias Administrativas

Artículo 126. Competencia

Será competente el superior jerárquico de la autoridad responsable, para la solución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación en materia administrativa de la presente ley, de acuerdo a las siguientes disposiciones de las que será supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 127. Escrito de recurso

Al escrito por el que se interponga el recurso deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial para la contraparte y el tercero interesado.

Se prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas.

Artículo 128. Notificaciones

Las notificaciones se harán:

I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:

a) La primera notificación y las prevenciones;

b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;

c) La que admita la ampliación de la inconformidad;

d) La resolución definitiva, y

e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la inconformidad;

II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, y por oficio, aquéllas dirigidas a las autoridades.

Artículo 129. Resoluciones

Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito.

Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término de quince días hábiles.

La resolución contendrá:

I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;

II. La fijación clara y precisa del acto impugnado;

III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la contraparte y los terceros interesados, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;

V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y

VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato.

Artículo 130. Contenido de las resoluciones

La resolución que emita la autoridad podrá:

I. Sobreseer en la instancia;

II. Declarar fundada o infundada la inconformidad;

III. Declarar que los motivos de inconformidad son operantes o inoperantes, para el acto impugnado para afectar su contenido;

IV. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad

Cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación de créditos o en forma frívola, se sancionará al inconforme previo procedimiento.

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994.

Tercero.Los juicios que versen sobre materia cooperativa que se encuentren ventilándose a la entrada en vigor de la presente ley, se decidirán de acuerdo a las disposiciones que se abrogan hasta su total terminación, salvo que las partes acuerden por escrito acogerse al presente ordenamiento.

Cuarto.Se establece un tiempo de treinta y seis meses a partir de la publicación de la presente ley para la elaboración de las disposiciones por el órgano regulador debiendo consultar al Consejo Superior del Cooperativismo, a las Confederaciones de Cooperativas, además de los organismos de representación nacional de Cooperativas.

Quinto.Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Benjamín Robles Montoya,Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Claudia Domínguez Vázquez, Emilio Manzanilla Téllez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Elba Lorena Torres Díaz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, y el diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa para disminuir el precio de la gasolina al público en general.

Antecedentes

Ahora que llegó la hora de echar abajo uno de los agravios más fuertes a la economía familiar de los últimos lustros, y una vez obtenido el gran triunfo electoral del pasado 1 de julio, vale la pena recordar cómo y de donde nacieron los llamados gasolinazos, para proceder a su eliminación y reversión definitiva. A partir de la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa se estableció la política de incrementos sistemáticos a los precios de las gasolinas. Los primeros incrementos del Presidente Calderón fueron de 8 centavos mensuales y al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto llegaron a 11 centavos mensuales.

Posteriormente, en enero del 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinaría hacer un sólo aumento, fijando la gasolina Magna en 13.57 pesos por litro, la Premium en 14.38 pesos y el diésel en 14.20; sin embargo, al día de hoy, el valor de la gasolina al público se ha elevado hasta casi 20 pesos el litro, convirtiendo a México en el país con el combustible más caro de Latinoamérica.

Situación actual

Nuestra obligación como servidores públicos, y deber hacia los mexicanos, es interpretar correctamente la lucha social en contra de los gasolinazos y obtener los resultados esperados en la economía familiar.

Es por esto que la presente Iniciativa va dirigida a establecer una justa y paulatina disminución de los precios de las gasolinas Magna y Premium, asimismo el Diésel. De esta manera, se coloca en la antesala legislativa la discusión de un nuevo sistema tributario de hidrocarburos a favor del urgente bienestar de la economía familiar mexicana. Por eso es necesario hacernos eco de las palabras pronunciadas por nuestro Presidente Electo, cuando en Oaxaca señaló que el precio de los combustibles disminuiría.

Dicha disminución, no puede esperar más tiempo. Es un tema de inmediata justicia y de respuesta positiva a las protestas legítimas que se han dado en todas las entidades federativas. Más aun cuando existe un régimen tributario desproporcionado, alejado de la legalidad y que comprime los bajos ingresos de la población.

Justificación

Durante los últimos diez años, el poder adquisitivo del salario de los mexicanos se vio afectado seriamente por el “efecto dominó” que produjo el incremento de precios del combustible. Por eso, en enero del 2017 promovimos y presentamos ante el Congreso Federal una Iniciativa respaldada con más de 300 mil firmas de ciudadanos mexicanos, con la principal exigencia de terminar con los gasolinazos y fijar los precios de los combustibles en diez pesos.

Entre otros aspectos centrales, esa Iniciativa Ciudadana argumentaba y proponía lo siguiente:

“[...] Las gasolinas Magna y Premium y el Diésel representan el 97.5 por ciento de la energía que mueve al transporte en México [...] el Sector Transporte representa el

44.7 por ciento del consumo final de energía en el país, mostrando la importancia e incidencia de los combustibles automotrices en la vida cotidiana de familias y empresas [...] las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población hacen del incremento de los precios del transporte una de las variables que más impacto tiene en el gasto de los hogares de menores ingresos; mucho más cuando las cifras oficiales de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, precisa que en el 2016, 24.5 millones de personas ganaron menos de cinco mil pesos al mes alcanzando los 6.7 millones de personas con ingresos de solo un salario mínimo [...].

[...] El año 2016, para definir el precio de las gasolinas, la SHCP aplicó una metodología de cálculo consistente en sumar cuatro componentes (el precio internacional, los costos de logística, los márgenes de comercialización, así como el IEPS federal y estatal). También estableció una banda de precios mínimos y máximos. En enero el precio disminuyó ligeramente para vender la ilusión que “había un efecto positivo por la reforma energética”. Sin embargo, luego volvió a subir, para llegar al límite superior de la banda con valores de 13.98 pesos el litro de la Magna; 14.81 para la Premium y 14.63 para el diésel. Los subsidios prácticamente desaparecieron y el IEPS se incluyó como una cuota fija (4.16 pesos por litro para la Magna, 3.52 pesos para la Premium y 4.58 pesos en el diésel). De esa forma el subsidio se acabó y la recaudación aumento considerablemente, con cargo a los consumidores. [...].

[...] Al dar a conocer los nuevos precios que (regirían) para el 2017, la Secretaría de Hacienda consideró adelantar la liberalización del mercado –anunciada para entrar en vigencia en el 2018 -y precisó ciertos cambios en su metodología. [...].

[...] Cabe destacar que en el país se venden 100 millones de litros de Magna al día; 23 millones de Premium y 60 millones de diésel [...].

[...] Ante el fracaso de la Reforma Energética, el gobierno está cambiando el esquema de producir más gasolina buena y barata por el de comprarla en el exterior, y comprarla a las empresas extranjeras residentes en México, pero a precios dolarizados. De hecho, ya se importa un 60 por ciento de las gasolinas que se consumen y paralelamente el gobierno viene cerrando refinerías como parte de su política pública de exterminio de Pemex. [...]

[...] Este tipo de gasolinazos se tienen que detener inmediatamente, para lo cual se debe elaborar cambios y mejoras a la metodología que la Secretaría de Hacienda ha creado para el cálculo de los precios de las gasolinas. Se debe de permitir preservar el poder adquisitivo del ingreso familiar, sobre todo cuando se tiene un 80 por ciento de la población en situación de pobreza; cuando tenemos decenas de comunidades con altos índices de marginación en la mayoría de los estados. [...]

[...] No solo se debe de evitar agravar la empobrecida situación económica de millones de familias... así mismo reducir el IEPS a las gasolinas que en realidad son injustificados, su aplicación ha sido para impedir el progreso de Pemex. Y a este momento ya no hay una sola justificación para mantener altos los IEPS a los hidrocarburos. [...]”.

De esta forma –lo dije desde el 2016–en caso que se necesitase un reajuste al valor del combustible, el Gobierno Federal tomaría de las Reservas Internacionales el monto necesario para mantener el precio de los diez pesos por litro, toda vez que el argumento oficial es la recaudación de 284,432.3 millones de pesos que al tipo de cambio de 20 pesos por peso, representa solo 14,221 millones de dólares, es decir ni siquiera el 10 por ciento de los más de 175 mil millones de dólares de reserva que tiene el Banco Central en su poder.

Se anexa a esta iniciativa, un repaso de los motivos ya propuestos y otros adicionales con el objetivo de documentar una urgente resolución para reducir los precios de los combustibles.

Anexo

I. El fracaso de la reforma energética

1. En diciembre del año 2013 se promulgó la denominada Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto y en agosto del año siguiente -gracias a la alianza legislativa del PRI y el PAN-las leyes secundarias de la misma; sellando con ello la privatización de todas las actividades del sistema energético mexicano.

Este nuevo marco jurídico que revierte las acciones de la nacionalización de la industria petrolera de 1938, implicó reformar los artículos 5, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como crear 21 Leyes secundarias, 24 Reglamentos y 1 Ordenamiento.

Tal como informa la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en su página electrónica https://www.gob.mx/cre/que-hacemos, dichos cambios implicaron “la creación de un fondo y tres instituciones, el fortalecimiento de los órganos reguladores y la transformación de las empresas estatales de hidrocarburos y electricidad”

2. En realidad la nacionalización energética (1938) siempre estuvo bajo ataque. Las compañías internacionales expulsadas intentaron revertirlas con el apoyo de grupos de banqueros en coordinación con algunos grupos políticos locales. De ahí las causas de múltiples caminos y propuestas que fueran ganando terreno desde temas como la “seguridad hemisférica” hasta la irracionalidad de llevar el petróleo mexicano a refinerías fuera de nuestra frontera y luego regresarlo como gasolina para el consumo nacional.

Los intentos de reprivatizar la industria petrolera crecieron a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, del siglo pasado, con la complicidad presidencial. Desde ese tiempo a la fecha, las pretensiones para la privatización del sistema energético nacional aumentaron en ritmo y exigencia.

Carlos Salinas inició la estrategia de desmantelamiento del sistema energético nacional. A partir de ahí, la modernización y expansión quedaron anuladas. No se abrieron más refinerías; se crearon figuras de fuerte participación extranjera para los proyectos de infraestructura como es el caso de los Pidiregas que en ocasiones terminaron como nueva deuda; se desarticuló la administración de Pemex y la CFE entre otras muchas políticas que aumentaban a favor de la desnacionalización de sexenio en sexenio.

Con Peña Nieto, se consolidó una combinación mortal de deuda creciente, robo de combustible, colapso deliberado de la producción de crudo, así como colapso deliberado de las refinerías; configurándose el pretexto o motivo para el golpe final de la privatización.

3. De esta manera, con el terreno lo suficientemente abonado, el todavía presidente en turno colocó en el centro de su gobierno la llamada reforma energética. En la página de la presidencia de la república consultada (https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/cronica-presidencial/Cronica-P residencial-2013-El¬año-de-las-reformas.pdf) se puede leer que ella se hizo:

“[...] Para asegurar la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos. Para contar con mayor capacidad energética y potenciar su explotación en beneficio de los mexicanos. Para tener insumos energéticos más baratos y, en consecuencia, para que el país sea más competitivo. Para establecer varias modalidades de exploración, explotación y refinación de los recursos petroleros e hidrocarburos. Para generar energía limpia y verde. [...]”.

4. Después de cerca de 35 años de asedio contra la propiedad estatal, la cúpula de las corporaciones petroleras mundiales en contubernio con un rapaz grupo de priistas y panistas aseguraron que el momento oportuno para la implementación de la privatización había llegado.

El año 2013, se convertiría en el “año de las reformas”, en momentos que el precio del petróleo mexicano se encontraba en buen nivel, tal como se muestra en la tabla siguiente. Para los años 2011, 2012 y 2013, ya había rebasado los cien dólares por barril, en el mercado mundial.

A ello se agregaba otra nueva circunstancia, el boom del fracking, en Estados Unidos de América (EUA) y otras naciones. Al grado que para el año 2013, EUA, iniciaba el camino para la “autosuficiencia energética”.

La explotación “no convencional” de hidrocarburos, conocida como fracking, es una técnica de extracción por medio de pozos de mil a cinco mil metros de profundidad hasta llegar a formaciones rocosas llamadas “lutitas bituminosas”. Estas son fracturadas con una combinación de arena, agua y cerca de 700 químicos, muchas de los cuales son secretos y venenosos. Al romperse las rocas, se libera el gas y el petróleo que se encuentran en sus poros. La fracturación contempla perforaciones horizontales subterráneas que se pueden extender por kilómetros. Es pertinente precisar que otro inconveniente de este tipo de explotación energética es el costo de producción, porque su rentabilidad económica se obtiene a partir del precio de mercado de 60 u 80 dólares por barril dependiendo de la tecnología y del costo del agua que se usan.

5. La manera tan acelerada de imponer la reforma energética por parte del régimen de Peña Nieto tuvo por causa principal arribar lo más pronto posible a la explotación masiva por fracturación hidráulica, esto le permitiría aprovechar los precios altos del mercado. Las expectativas gubernamentales fueron perforar 22,000 pozos fracking en sólo cinco años, lo que lograría lanzar la producción por encima de tres millones de barriles de crudo al día.

En este esquema, para nada estaba contemplado un interés genuino para la población mexicana. El desenfrenado entusiasmo por este modelo energético, pone al país en una ruta de aniquilamiento energético, tal como ya se ha viene demostrando en los hechos. Una vez más, los hidrocarburos no serían usados para la industrialización ni la expansión productiva de la economía nacional.

6. Los cálculos oficialistas fallaron. Una vez promulgada la reforma energética, las negociaciones con las trasnacionales se prolongaron y muchas se derrumbaron. El motivo fue el colapso del precio petrolero a nivel mundial, el cual caía de manera abrupta, y no era rentable el negocio del fracking para nadie. La caída se debía en parte por el aumento de producción de EUA; el mantenimiento de la producción de los países árabes, y una demanda económica mundial rígida. Es decir, había una buena oferta petrolera mundial que cubría con exceso la demanda, entonces el precio bajó. Para el año 2016, el precio del barril de la llamada “mezcla mexicana” se cerró en promedio en 36.41 dólares, pero por varios meses llegó a mínimos de casi 20 dólares.

De esta manera, el haber puesto en marcha una reforma energética al margen de la solución de los problemas para el país y más bien enfocada como una especie de oportunidades de negocios para un minúsculo grupo de poder en alianza con las petroleras, sin estrategia, sin alternativa, el gobierno de Peña ponía el financiamiento del presupuesto nuevamente expuesto al aumento de impuestos, al endeudamiento agresivo.

Los efectos que producen los aumentos de la gasolina son en extremo dañinos para la paupérrima economía familiar donde se vive con algún tipo de carencia en pobreza y extrema pobreza; y que en número de personas suman un poco más de 85 millones de mexicanos.

Por ello, es urgente revertir esta situación de empobrecimiento de la población, y es necesario ofrecerles de manera inmediata, la oportunidad de resarcir el poder adquisitivo de los deteriorados y bajos salarios.

En este sentido, es de urgente resolución establecer un criterio para la reducción del abusivo cobro de impuestos que se esconde en el precio de las gasolinas.

II. Los gasolinazos continúan sin o con reforma energética

Fase uno

Calderón y Peña: Los gasolinazos a tasa fija

Los gasolinazos fueron convertidos en política pública desde el gobierno de Felipe Calderón cuando estableció el “gasolinazo a tasa fija” y por adelantado consistente en anunciar desde el principio del año, los incrementos prefijados mensuales. Así ocurrió para los años 2010, 2,011 y 2012, de acuerdo al siguiente cuadro:

De forma tal que, en el segundo tramo del sexenio de Calderón, los gasolinazos fijos precios produjeron los siguientes incrementos netos:

Por otra parte, cuando ingresó el gobierno de Enrique Peña Nieto, este mantuvo la técnica, pero a una tasa mayor fija, en sus primeros años de gobierno. Como se observa en la tabla 5.

2016: Año de trucos

Peña Nieto había prometido en varias ocasiones, junto a muchos de sus seguidores y funcionarios priistas, que con la reforma los precios de la gasolina y del gas bajarían. Lo cual en los hechos no ocurrió. Más aún continuaron aumentando. Al inicio del año 2016, Enrique Peña Nieto quiso vender ilusiones a un pueblo cansado de pobrezas con una disminución de precios, tal como se aprecia en la tabla siguiente; pero a los seis meses tuvo que retroceder, y terminar el año con otro gasolinazo; en el caso de la magna de 0.82 centavos el litro; de Premium de 0.83 y de diésel con 0.86. Es decir, ellos se engañaron solos.

Fase dos:

Peña Nieto: Los gasolinazos móviles y apertura de comercialización

Así pues, con la caída de los precios del petróleo y de la producción, el financiamiento del presupuesto quedó falto de respaldo, tal como lo muestran las tablas uno y dos, y las gráficas que siguen, para hacer más explícita la situación de crisis.

Peña Nieto y su gabinete económico optaron, en un primer momento, por la estrategia de los recortes presupuestales que a partir del año 2015 fueron una y otra vez implementados. Es decir, la austeridad llegaba a los mexicanos desde dos flancos. Uno por la reducción de apoyos, y otro, desde el aumento de las gasolinas.

Posteriormente, en los años 2016 y 2017, decidieron convertir a los gasolinazos en política pública oficial, ahora, por medio de fórmulas para pagar más impuestos sobre impuestos especiales, y disminuir el gasto público, acelerando la fase de la comercialización de gasolinas, es decir la privatización de las gasolineras, del transporte y el almacenaje de combustibles. Para lo que va del 2018, los precios de los combustibles están por los cielos. Peña Nieto logró el crecimiento más alto de los precios. Como se aprecia en la siguiente Tabla 7.

En referencia a estas circunstancias, me permití, como senador por el estado de Oaxaca, llamar la atención del Secretario de Hacienda, en plena comparecencia de la glosa a fin de que tuviera visión de estadista, frente a este problema a través de puntos de acuerdo.

Una sana advertencia en el 2015

Frente a los ajustes del año, 2015, en mi calidad de legislador en el Senado de la República, advertí que esta crisis demandaba recurrir al uso de las reservas internacionales, para resolver la problemática presupuestal en vez de afectar a millones de familias con los recortes que se anunciaban e invitando al Secretario de Hacienda para que así lo hiciera, tal como se resume enseguida:

Proposición con punto de acuerdo solicitando la comparecencia ...del secretario de Hacienda y Crédito Público ...para que ofrezca una explicación ...de los denominados ajustes

...

El 30 de enero del 2015, el secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray reconoció ...que tanto las coberturas adquiridas sobre el precio del petróleo, como la devaluación compensatoria aplicada al tipo de cambio no fueron efectivas ni suficientes para equilibrar el presupuesto del presente año; y que por lo tanto se harán ajustes presupuestales.

Tal como había venido advirtiendo, desde el último trimestre del año 2014, era evidente la fragilidad de varios de los criterios adoptados para la proyección del Ingreso y del Presupuesto de Egresos del 2015, pero en particular los que correspondieron a los supuestos de 79 dólares el precio del barril de petróleo y 13.40 pesos por dólar en el tipo de cambio.

De esas dos variables, el precio internacional del petróleo está completamente fuera del alcance de cualquier intervención gubernamental, es decir, es una variable exógena, por lo cual es prácticamente nulo lo que se puede hacer para controlarla.

Pero es diferente en el caso del tipo de cambio. Existen en reservas internacionales más de 190 mil millones de dólares a la fecha

...

La pobreza creciente; la desigualdad del ingreso; la falta de empleo y de empleo bien remunerado, van a empeorar con la política de “ajustes” de cualquier tipo... Estos ajustes, son parte de una política inconveniente al interés nacional porque sus efectos son recesivos, los pronósticos oficiales sobre el crecimiento lamentablemente volverán a fallar...

Se necesita de nuevas ecuaciones, de nuevos criterios para resolver positivamente estos problemas tan cruciales para el logro del bienestar de millones de mexicanos.

....

El monto del ajuste es alto: 124,300 millones de pesos, donde la parte crucial en primer lugar son los recortes en inversión por 35,000 millones de pesos con la afectación a dos obras importantes de infraestructura...

Precisamente para evitar la cancelación de las obras de infraestructura urgentes que la nación demanda, había solicitado un cambio en el artículo segundo de la Ley del Banco de México para ampliar su objetivo favoreciendo el crecimiento económico...

Este punto de vista de terminar con los ajustes, la austeridad, así como fomentar la inversión productiva, por medio del uso de las reservas internacionales, es un referente de solución singular. Las reservas son resultados del esfuerzo de la economía nacional, donde participamos todos, no pueden permanecer secuestradas para los intereses usureros de las finanzas internacionales, mucho menos en manos de un grupo de burócratas, que no rinden cuentas ni adecuadas explicaciones del uso de los miles de millones de dólares que controlan bajo el argumento legal de la autonomía y de una ley que impide que Banxico también sea responsable del crecimiento económico, como lo son los sistemas de banca central de Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la propuesta, el gobierno federal decidió hacer caso omiso, y segur avanzando en su estrategia de exprimir los bolsillos de los habitantes.

El año 2015, ya se podía predecir un colapso mayor de precios petroleros. Así que la estrategia gubernamental fue redoblar sus esfuerzos recaudatorios y se centraron en gravar más las gasolinas. La SHCP elaboró una estrategia de nuevo cálculo de recaudación en cuanto se refiere al llamado “Impuestos Especial sobre Producción y Servicios” (IEPS) que se aplica a las gasolinas y otros rubros. El notorio cambio se puede apreciar en la siguiente tabla 8, siguiente:

Tabla 8: Los IEPS Gasolineros (en millones de pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia, en base a DOF. Ley de Ingresos. Varios años.

Este cambio radical que se observa en la recaudación IEPS por gasolinas, a partir del año 2016, se justificó para el período 2016-2017, por medio de un ajuste de acuerdo a una nueva ecuación que inventaron para cobrar más impuestos, consistente en determinar la estructura de precios de la gasolina.

Pmax = P referencia + Margen + IEPS + Otros Conceptos

Pmax: Es el precio máximo de venta al público mensual del combustible correspondiente.

Preferencia: Tomado de precio spot en Houston y convertido a pesos

Margen: Es la suma de flete, merma, margen comercial, transporte, ajustes de calidad y costo de manejo.

IEPS: Cuotas del IEPS establecidas en la Ley del IEPS artículo 2, fracción I, inciso D, incluyendo los estímulos fiscales establecidos mediante Decreto del Ejecutivo.

Otros Conceptos: Se incluirán otras cuotas IEPS mandatadas en el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del IEPS, las cuotas establecidas en el artículo 2o. A de la Ley de Ley del IEPS y el IVA.

Donde los IEPS tenían valores fijos altos, pero además se aplicaba diversas cuotas, y el IVA final por supuesto. Esto hace que el concepto de impuestos, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC (Amegas), represente para la gasolina Magna un 45 por ciento del precio al público, para la Premium un 38 por ciento y para el diésel un 53 por ciento. Es decir, el precio final de las gasolinas es un manojo de impuestos.

Hay que agregar que, a partir de la liberalización total de la comercialización, que se adelantó para fines de noviembre del año 2017, la presencia de empresas extranjeras presiona hacia la dolarización total del precio al público, y con ello, la variable tipo de cambio se podrá convertir en otro elemento importante de precio y por lo mismo de recaudación vía IVA sobre los IEPS. Con la liberalización total de los precios el país quedó dividido en 90 regiones o sub mercados gasolineros. Pero esto no ha traído beneficio a la población. Mientras que aquí el precio llega casi a 20 pesos el litro en EUA llega a menos de 12 pesos el litro.

Por otra parte, es verdad que la problemática principal actual se localiza en las altas tasas de impuestos IEPS que esquilman los salarios; en la baja producción de crudo, así como en la creciente importación de gasolinas. Pero también es verdad que el gasto familiar en transporte es alto, y los aumentos de los precios en bienes y servicios por aumento de la gasolina, se producen casi al instante. La política recaudatoria del gobierno federal ha resultado fallida, la reforma energética que idealizó Peña Nieto es una farsa.

Los impuestos especiales gasolineros crecieron del 2015 al 2016 en 690 por ciento y no representaron una mejoría en la situación económica nacional. Este tipo de sistema de abusos fiscales se debe terminar de manera radical. El precio de la gasolina en la actualidad puede ser mejorado rápidamente por medio del restablecimiento de la capacidad instalada de las refinerías; así como por disminución de los costos de transporte, distribución y la disminución de impuestos. Todas estas acciones repercutirán de manera inmediata en el aumento de la demanda agregada de la economía y al menos en mantener la estabilidad de precios en el país para evitar un deterioro mayor de los ingresos monetarios de personas, familias y empresas. Como una medida de emergencia, los precios de la gasolina deben de disminuir, mucho más, ahora que se tiene la posibilidad de hacerlo por el mandato que el pueblo de México le dio a una alternativa popular de gobierno.

Más aún, es claro que las reservas internacionales deberían estar al servicio de la economía nacional, lo que significa que sí a pesar de la reducción de la corrupción y de la implementación de la austeridad republicana no se alcanzara la recaudación suficiente para ejercer el presupuesto del presente año, entonces se podría recurrir a ellas por un asunto de seguridad nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta imperativo y de urgente resolución establecer los correctivos necesarios para establecer un precio de las gasolinas de acuerdo al interés general. Mientras se logra crear el mecanismo que permita aprobar los precios adecuada y racionalmente, se propone:

Considerando que lo expuesto reviste una urgencia nacional, se pone a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Ley, que reduce las cuotas IEPS de los combustibles automotrices en un 75 por ciento por lo que resta en el presente año, que podría colocar el precio de la gasolina en un rango entre 13 y 15 pesos el litro. En tanto se elabore un sistema justo de impuestos especiales más estable para el año 2019 en defensa del bienestar general. Aplicando la disminución del 75 por ciento en la cuota base del IEPS, se quedaría de la siguiente manera:

De esta manera, con los antecedentes escritos en la primera parte y las consideraciones mencionadas, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las cuotas sobre combustibles fósiles y no fósiles referidas en el artículo 2o., Sección I, inciso D, numerales 1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se reforman las cuotas sobre combustibles fósiles y no fósiles referidas en el artículo 2o., sección I, inciso D, numerales 1 y 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) ...

B) ...

C)...

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles Cuota Unidad defósiles medidaa. Gasolina menora 92 octanos 1.15 pesos por litro.b. Gasolina mayoro igual a 92 octanos 0.97 pesos por litro.c. Diésel 1.26 pesos por litro.2. Combustiblesno fósiles 0.77 pesos por litro.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, septiembre 4 de 2018.— Diputado y diputadas: Benjamín Robles Montoya,Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Claudia Domínguez Vázquez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción V al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestros días es de vital importancia reconocer el papel que juega el deporte como elemento fundamental y necesario para el pleno desarrollo de nuestra sociedad; éste es considerado una poderosa plataforma para promover valores compartidos como la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la honestidad, entre otros. No es posible entender una sociedad moderna y de avanza sin la presencia del deporte en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La práctica de actividades deportivas debe ser vista como algo más que un lujo o una simple forma de entretenimiento, el fácil acceso y la libre participación en la mismas debe considerarse como un derecho humano básico para que los individuos de cualquier edad desarrollen una vida sana y plena.

El deporte va más allá que un simple método práctico para lograr el desarrollo y crecimiento de las sociedades, el fácil acceso a actividades deportivas es un derecho que los gobiernos deben promover y apoyar, en este sentido, en México dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra ley fundamental, mismo que a la letra señala “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

En este orden de ideas, múltiples son los beneficios que se pueden alcanzar mediante la constante práctica deportiva, la cual contribuye directamente a mejorar la salud física y mental; a través del deporte se aprenden importantes lecciones de vida sobre el respeto, la tolerancia y cooperación; asimismo, funciona como mecanismo para superar las barreras de desigualdad entre las personas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica regular de cualquier actividad física en niveles adecuados mejora considerablemente la calidad de vida y salud de las personas, ayudando a contrarrestar daños en nuestro estado muscular y cardiorrespiratorio; mejorando la salud ósea y funcional; reduciendo significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas como hipertensión, cardiopatía coronaria, diabetes, diferentes tipos de cáncer, entre otras.

Por otro lado, la insuficiente actividad física se ha colocado como uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes a escala mundial, afectando el estado general de salud de la población; las personas que no realizan ninguna actividad física-deportiva presentan un riesgo de mortalidad entre un 20 por ciento y 30 por ciento superior al de aquellas que son suficientemente activas.

A escala mundial, aproximadamente el 23 por ciento de los adultos mayores de 18 años no mantienen una actividad física constante; en los países con ingresos altos, el 26 por ciento de los hombres y el 35 por ciento de las mujeres no realizan suficiente ejercicio físico; asimismo, un 81 por ciento de los adolescentes de entre 11 y 17 años de edad no se mantienen suficientemente activos.

De acuerdo con el instituto Nacional de Estadística y Geografía, a junio de 2018 en nuestro país más de la mitad de la población mayor de 18 años no realiza ningún tipo de actividad física en sus tiempos libres; dichos resultados sobre la falta de actividad deportiva entre los mexicanos se encuentran estrechamente relacionados con las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Nutrición 2016, las cuales revelaron que aproximadamente el 70 por ciento de los ciudadanos padecen algún tipo de obesidad.

Por su parte, los resultados obtenidos demostraron que el nivel de escolaridad influye directamente en la activación física, es decir, aquellas personas con mayor nivel educativo son quienes tienen el mayor porcentaje en la práctica de algún deporte.

Es importante señalar que, para alcanzar estándares más elevados en el proceso educativo, los programas deportivos deben considerarse prioritarios y centrarse en el desarrollo del individuo y no únicamente en el desarrollo de habilidades deportivas de índole técnica.

En este sentido, el factor educativo se convierte en pieza clave para fomentar desde edades tempranas la práctica cotidiana de actividades deportivas; la presencia del deporte desde la infancia trae múltiples beneficios para el desarrollo integral de los niños; en primera instancia, a nivel psicológico les ayudará a plantearse metas, aprenderán la cooperación y el trabajo en equipo ayudando a mejorar los canales de comunicación entre sus compañeros aumentado su empatía y relaciones sociales.

En segundo lugar, se trata de una cuestión de educación de la salud, el deporte servirá como herramienta para la prevención de enfermedades, ya que mejorará significativamente la salud de los niños combatiendo enfermedades cada vez más frecuentes como la obesidad mórbida.

Actualmente, son alarmantes las cifras existentes en torno al tema de obesidad infantil derivado de la falta de actividad física en los menores, en los últimos 40 años el número de niños obesos en el mundo se ha multiplicado por diez, y de mantener las condiciones actuales para el año 2022 existirá más población infantil y adolescente con obesidad que desnutrida.

En la mayoría de los países de ingresos medianos, como los que integran América Latina y el Caribe, los niños y adolescentes han pasado rápidamente de tener predominantemente un peso demasiado bajo a presentar sobrepeso; de acuerdo con la OMS, entre los principales factores de riesgo que desencadenan el sobrepeso y la obesidad infantil se encuentran, el cambio de una dieta saludable y equilibrada hacia un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, por otro lado, tenemos la disminución de actividades físicas en niños y jóvenes.

En este orden de ideas, contar con espacios adecuados para la práctica deportiva es de vital importancia para estar en condiciones de contrarrestar la grave problemática de obesidad infantil y reducir el riesgo de que las futuras generaciones desarrollen enfermedades crónico degenerativas, es por ello, que las escuelas se convierten en el primer espacio donde se requiere contar con la infraestructura deportiva necesaria para el pleno desarrollo de actividades físicas.

La incorporación de la educación física al sistema educativo ha adquirido una importancia especial a medida que se considera a la escuela no solo como un espacio en donde se desarrolla únicamente el conocimiento formal de los niños, sino que también se transmiten valores, habilidades y competencias relacionadas con el cuerpo y con la actividad motriz de los alumnos.

Dicha disciplina centra su importancia en que no se limita solamente a la práctica de algún deporte, trae consigo un sin número de hábitos saludables para el desarrollo integral en la vida de los niños.

Derivado de lo antes expuesto, sabemos que nuestros niños y jóvenes requieren del desarrollo de verdaderos ambientes de aprendizaje aptos para una formación física, mental e intelectual; para ello, es necesario contar con las herramientas básicas a fin de identificar las carencias y fallas de las instalaciones deportivas escolares y estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales, así como, para la formulación de políticas públicas en la materia, por ello someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción V al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción V al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 30.- La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I. a IV. (...)

V. En coordinación con la SEP y con apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizarán un censo nacional de las instalaciones deportivas escolares, mismo que será inscrito en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

VI. a XXXI. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase “Actividad Física, Organización Mundial de la Salud”. Disponible en:

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

2 Véase:

http://www.who.int/es/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase- in-childhood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study- by-imperial-college-london-and-who

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Juan Francisco Ramírez Salcido,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Alan Jesus Falomir Saenz, Ana Paola López Birlain, Ana Priscila González García, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ron Ramos, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Geraldina Isabel Herrera Vega, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolber, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Maiella Martha Gabriela Gómez, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María Celenia Contreras González, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Zamudio Macias, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Ruth Salinas Reyes, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Javier Salinas Narváez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en lo siguiente:

Planteamiento del problema

Según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su portal de internet, con base en lo señalado por la Constitución Mexicana, el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias (entre ciudadanos, entre instituciones del estado, o entre el estado y los ciudadanos), manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho.

De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”.

Y que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

“I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal”.

Para tal efecto, la resolución eficaz de un conflicto requiere que el juzgador, sea neutral y experto en leyes.

Para cumplir satisfactoriamente su función, los miembros del poder judicial requieren actuar con independencia y profesionalismo, para lo cual se requiere privilegiar la meritocracia en el ingreso, permanencia, y ascenso en la carrera judicial, por encima del nepotismo.

La reforma judicial de 1994 incluyó como una de sus piezas clave la carrera judicial: un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos, “a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional”, sin embargo, a 25 años de la reforma si bien existen logros importantes también hay un grave déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación.

Este déficit es producto tanto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organización administrativa del Poder Judicial como del nepotismo y las redes familiares que lo habitan, y que ambos factores se retroalimentan.

Al respecto, en un importante estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Felipe Borrego refiere que, “En general, la doctrina es pacífica en aceptar que las contrataciones y adscripciones de personal administrativo y jurisdiccional que se realizan tomando en cuenta criterios subjetivos (bien sea afectivos, familiares, de interés político o económico):

a) Minan la legitimidad de las decisiones administrativas y jurisdiccionales.

b) Fomentan el tráfico de influencias.

c) Incentivan la opacidad y repercuten negativamente en la rendición de cuentas.

d) Propician conductas corruptas.

e) Generan el empoderamiento de determinados sectores al interior de los órganos jurisdiccionales (en nuestro objeto de estudio, esto se aprecia particularmente en los casos de secretarios y oficiales judiciales).

f) Crean redes de intereses clientelares entre servidores públicos de diversos juzgados y circuitos.

g) Generan discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que va aunado a la expedición de criterios regulatorios contradictorios.

h) Afectan negativamente la percepción pública del Poder Judicial, lo cual mina los cimientos mismos del Estado constitucional y democrático de derecho, al tiempo en que entorpece el combate a la corrupción (que se complica aún fuera del Poder Judicial) y la tutela efectiva de los derechos humanos, en especial por lo que respecta al acceso a la justicia.”

Argumentos

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68 por ciento de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37 por ciento de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65 por ciento están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y magistrados federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72 por ciento están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación.

Para realizar su labor, el Poder Judicial de la Federación requiere muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro.

En un reciente estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Julio Ríos Figueroa, nos refiere que, de los más de 50 puestos que hay en el en el Poder Judicial de la Federación, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y producción de sentencias.

De estos, 11, sólo 5 son parte de la carrera judicial. El resto se obtienen esencialmente a discreción de jueces y magistrados se cumplen requisitos mínimos.

De esos 5 casos, sólo 2 se obtienen por concurso de oposición y exámenes escritos. Los otros 3 sólo piden sencillos exámenes.

De 1995 a 2016, el 87 por ciento de todos los concursos para ser jueces o magistrados fueron de convocatoria cerrada. Por ello, sólo podían inscribirse personas que ya laboraban dentro del Poder Judicial, excluyendo a abogados litigantes, profesores y académicos.En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

Agrega el estudio que, la carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática, pues de los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los 3 puestos restantes de carrera judicial, así como otros 40, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. A esto, añade el estudio, existe otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

El resultado encontrado por el investigador es muy grave, pues del total de titulares de órganos jurisdiccionales (magistrados de circuito y jueces de distrito, un 51 por ciento tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93 por ciento de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5 por ciento de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta.

Para el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia José Trinidad Lanz Cárdenas “una de las formas más socorridas de corrupción en el servicio público y principalmente en la administración pública lo viene a constituir el nepotismo”.

La mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42 por ciento de las relaciones familiares documentadas por el estudio en cuestión son endogámicas o de intercambio.

Es así que la carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada y el nepotismo se retroalimentan abonan al déficit meritocrático.

Consecuentemente, es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente para influir en la producción o el sentido de las sentencias.

“La designación no objetiva ni transparente de funcionarios, en cualquiera de los tres departamentos en los que tradicionalmente se ha dividido el ejercicio del poder público, genera potenciales conflictos de interés y bien puede ser catalogada como una conducta que, en razón de su potencialidad corruptora, exige medidas correctivas en los niveles administrativos y regulatorios.”

Sobre el particular, en 2015, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo en materia de nombramientos, que estableció diversas prohibiciones:

“Artículo 18 Bis. Los titulares de las áreas administrativas se abstendrán de proponer como candidato a ocupar la vacante respectiva o, en su caso, de otorgar nombramiento, a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo donde se encuentre adscrita alguna persona que sea cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado del titular del área administrativa a la que se pretende adscribir al candidato correspondiente, o del titular del área administrativa de la que dependa el área que realiza la propuesta.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionado administrativamente en términos de las disposiciones aplicables, quedando además sin efectos el nombramiento o nombramientos que en su caso se hubiesen otorgado.

El servidor público que suscriba la propuesta de nombramiento lo hará bajo protesta de decir verdad de que no se actualiza la prohibición a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

El titular del área administrativa que designe o que proponga que se designe en cualquier cargo a personas que sean cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de un titular de órgano jurisdiccional o de área administrativa, deberá dar aviso a la Dirección General de Recursos Humanos una vez que se haya otorgado el nombramiento correspondiente.

Para efectos de este artículo, por titular de área administrativa se entiende a los titulares de los Órganos Auxiliares, Visitador Judicial A, Vocales, Secretarios Ejecutivos, Contralor del Poder Judicial de la Federación, Directores Generales, Titulares de Unidades Administrativas, Coordinador de Seguridad, Coordinadores Generales y aquellos servidores públicos de nivel inferior a los referidos que cuenten entre sus atribuciones otorgar o proponer a una instancia superior que se otorgue nombramiento a una persona. ”

Desafortunadamente, la tibieza del ordenamiento en cuestión se tradujo en una suerte de “llamado a misa”, por lo que las condiciones de nepotismo siguen preponderando.

Según el principio No. 10 de Naciones Unidas relativo a la independencia del Poder Judicial, ningún motivo más allá de lo judicial debe permear en la selección de juzgadores.

“10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio.”

La Comisión Internacional de Juristas en su Guía sobre los Principios Internacionales sobre la Independencia y responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales afirma que los tribunales deben gozar de todo tipo de salvaguardias contra presiones externas. El juez “debe ser visto como independiente”. Y es que, como establece el numeral 2 de los Principios “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas; sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Dentro de estos sectores o motivos bien podemos ubicar los chantajes provenientes de las redes de influencia administrativa, o las presiones del entorno familiar o sentimental.

Por tales razones, estimamos necesario reformar el tercer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para:

• Evitar la discrecionalidad en el nombramiento del personal de juzgados y tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación;

• Sentar las bases que doten de certeza al desarrollo de la carrera judicial;

• Crear un servicio civil de carrera administrativa dentro del Poder Judicial de la Federación;

• Evitar conflictos de interés;

• Transparentar los procesos de ingreso y permanencia de los servidores públicos;

• Evitar adscripciones de parientes en un mismo circuito judicial, así como los “enroques” para burlar la reglamentación;

• Fomentar la rotación del personal, y

• Establecer procesos imparciales y objetivos de designación y adscripción, a través de las figuras de “habilitación”, “formación”, “concurso de oposición” y “declaración pública de eventual conflicto de intereses”.

Es imprescindible pensar en un proyecto de regulación que se haga cargo del interesante y poco explorado tema de los servidores públicos del Poder Judicial adscritos a servicios no jurisdiccionales, sino administrativos.

En vista de lo anterior, se propone reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como adicionar un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , a saber:

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Primero. Se reforma el Párrafo Séptimo del Artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 100...

...

...

...

...

...

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. No se podrá otorgar nombramiento, a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo.

...

...

....

Segundo. Se Adiciona un Artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 105 Bis. - No se podrá otorgar nombramiento, a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionado administrativamente en términos de las disposiciones aplicables, quedando además sin efectos el nombramiento o nombramientos que en su caso se hubiesen otorgado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?,

https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-es-la-scjn

2 Borrego Estrada, Felipe, “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, BJV, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2018, p. 164,

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/issue/archive

3 World Justice Project. 2018. Índice sobre el Estado de Derecho en México, Washington D.C.

4 Ríos Figueroa, Julio, “El déficit meritocrático Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad – Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2018, p. 6

5 Ríos Figueroa, Julio, Op. Cit., p. 6

6 Lanz Cárdenas, José Trinidad, “Reflexiones sobre Derecho Constitucional, Amparo, Ética Jurídica y Nepotismo”, Ensayos y Conferencias de los forjadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, México, 2013, p. 117

7 Ríos Figueroa, Julio, OP. Cit., p. 7

8 Borrego Estrada, Felipe, Op. Cit., p. 162

9 Consejo de la Judicatura Federal, “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales, en materia de nombramientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2015

10 Organización de las Naciones Unidas, “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985

11 Comisión Internacional de Juristas, Guía sobre los Principios Internacionales sobre la Independencia y responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales, p. 25

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Javier Salinas Narváez,Ana Priscila González García, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Geraldina Isabel Herrera Vega, Lourdes Celenia Contreras González, Martha Angélica Zamudio Macias (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos, y de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Javier Salinas Narváez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, primer párrafo, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman los artículos 5o., segundo párrafo, fracciones IV y V; 44, primer párrafo; 46, fracciones XI y XV; y 78, fracciones VIII, XIV, XX y XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, con base en lo siguiente:

Planteamiento del problema

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las más graves afrentas históricas al pueblo mexicano, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, con el cual se dispuso la privatización de la industria petrolera nacional mediante la apertura a la inversión privada en la industria de los hidrocarburos con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

En consonancia con lo anterior, el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los siguientes decretos:

I. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

II. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

III. Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

IV. Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público-Privadas.

V. Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si bien la reforma no previó vender partes, acciones o un solo tornillo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (Pemex), lo cierto es que inició el acelerado proceso de desmantelamiento de la empresa más importante de México mediante la apertura de la industria de los hidrocarburos a la libre competencia, pero en desigualdad de condiciones para la ahora mal llamada “empresa productiva del estado”, por lo que, a la fecha, esta sigue reportando pérdidas en sus estados financieros.

Según los estados financieros dictaminados de la “empresa productiva”, por la firmaCastillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO), “... al 31 de diciembre de 2015, Pemex reconoció pérdidas netas por $712,567,398 (más de 712 mil millones de pesos), originadas principalmente por la caída en los precios internacionales del crudo que impactó las ventas y el deterioro de activos fijos de Pemex, especialmente en 2015; y por la elevada carga tributaria aplicable a la industria...”.

Mientras que, “...al 31 de diciembre de 2016, Pemex reconoció pérdidas netas por $191,144,342 (más de 191 mil millones de pesos), originadas principalmente por la caída en los precios del crudo, por la elevada carga tributaria aplicable a la industria, así como la depreciación del peso contra el dólar...”.

Y para el “...31 de diciembre de 2017, Pemex reconoció pérdidas netas por $280,850,619 (más de 280 mil millones de pesos), respectivamente, originadas, principalmente, por el bajo nivel de los precios del crudo, por la elevada carga tributaria, la depreciación del peso frente al dólar y el deterioro de los activos fijos...”.

Es decir, en tres años, la “empresa productiva del estado” perdió más de 1 billón, 184 mil millones de pesos.

La explicación es muy simple, a partir del boom petrolero mexicano experimentado desde finales de los años setenta, con el descubrimiento del yacimiento de Cantarel, la paraestatal se convirtió en una suerte de empresa fiscal, de una empresa recaudadora, de tal suerte que se construyó un régimen fiscal especial (confiscatorio) para la industria de los hidrocarburos (o sea para Pemex), que retiraba para el fisco la casi totalidad de sus ingresos y, vía presupuesto, se le regresaba una cantidad apenas suficiente para operar y realizar pequeñas inversiones.

Así, por ejemplo, las refinerías de Pemex datan de los años setenta, por ello sus costos de producción son muy altos.

La etapa más agresiva vino a partir de los años noventa, cuando al no poder privatizarla, el gobierno neoliberal dejó de invertir en nueva infraestructura.

En el presente siglo se realizó una inversión por demás magra, quizás con la única intención de mantener en operación a la industria, y contrario a lo que se piensa, los subsidios a las gasolinas y al gas fueron pagados por la propia paraestatal y no por la Secretaría de Hacienda.

En el mismo período, los altos precios del petróleo permitieron financiar el aumento exponencial del gasto público, sin necesidad de efectuar una Reforma Fiscal importante, pues los ingresos excedentes del petróleo lo permitieron todo.

En los últimos años, la caída de los precios internacionales del petróleo mantuvo el nivel de ingresos del gobierno, pero en detrimento de la capacidad de reinversión de Pemex.

Argumentos

1. Reducción gradual de la carga tributaria de Pemex

Si bien, formalmente Pemex es una empresa productiva del Estado, de facto no lo es, pues con la Reforma Energética de 2013-2014 se le mando a competir con empresas privadas con una carga tributaria mucho mayor que sus competidoras y sin recursos presupuestarios suficientes, pues sigue siendo manejada con una visión recaudatoria por parte del estado mexicano, lo cual ha limitado su capacidad de capitalizarse, iniciar nuevos proyectos de exploración y producción, y dar mantenimiento a sus instalaciones, lo que también ha mermado sustancialmente su capacidad operativa.

De conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Pemex y sus empresas pagan las siguientes contribuciones:

I. Impuesto sobre la Renta (ISR), a una tasa general del 30 por ciento para todas las personas morales, con reglas especiales (confiscatorias) para Pemex;

II. Derecho de Exploración de Hidrocarburos, con una cuota de 150 pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros 60 meses de la asignación y 2,750, del mes 61 en adelante;

III. Derecho por la Utilidad Compartida, a una tasa del 65 por ciento sobre el valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, menos las deducciones permitidas;

IV. Derecho de Extracción de Hidrocarburos, a razón del 7.5 por ciento, en el caso del petróleo, cuando el precio del barril sea inferior a 48 dólares de los Estados Unidos de América (USD) y progresivo, cuando el precio sea igual o mayor a dicho monto; el gas natural asociado a una tasa del 100 por ciento; el gas natural no asociado a una tasa del 0 por ciento, cuando el precio sea menor o igual a 5 USD por millón de unidades térmicas británicas (BTU), del 0.120 por ciento a 5.39 por ciento, cuando el precio sea mayor a 5 y hasta 5.5 USD, y del 0.55 por ciento y progresivo, cuando el precio sea igual o mayor a 5.5 USD; y en el caso de los condensados, a una tasa del 5 por ciento cuando el precio sea inferior a 60 USD por barril y 5.01 por ciento y progresivo, cuando el precio exceda dicho precio; e

V. Impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos con una cuota de 1,583.74 pesos por las actividades de exploración y 6,334.98 pesos por las actividades de extracción.

De las contribuciones señaladas, destaca el Derecho por la Utilidad Compartida, por ser claramente confiscatorio, pues aunque formalmente equivale al 65 por ciento del valor de los hidrocarburos extraídos, lo cierto es por una disposición transitoria, la tasa en cuestión estuvo en el 70 por ciento en 2015 y fue bajando gradualmente hasta llegar al 65 por ciento para el 2019.

Al respecto, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece lo siguiente:

“Artículo 39. Los Asignatarios pagarán anualmente el derecho por la utilidad compartida aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los Hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe el Asignatario, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 40 de esta Ley.

...”

Por su parte, en el artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se Expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, estableció lo siguiente:

“Artículo Segundo. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos:

I a VII...

VIII. Para los efectos de los artículos 39 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar la tasa contenida en el citado artículo 39, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán las siguientes tasas:

Ejercicio Fiscal Tasa

2015 70.00%

2016 68.75%

2017 67.50%

2018 66.25%

IX y X...”.

En opinión de los expertos, “Pemex enfrenta problemas de suficiencia presupuestaria y liquidez que no permiten la recuperación de la empresa, así como diversos temas fiscales que la afectan al ser considerada con criterios diferentes que el resto de las empresas que ya se encuentran operando en el país, situación ésta que potencialmente pudiera repercutir en su solvencia como empresa...”.

“La LIH le ha permitido al Estado Mexicano la estabilidad de las finanzas públicas ya que, tanto con la LFD como con la LISH, el government take proveniente de la explotación de campos petroleros de aguas someras de Pemex era del orden de 93 por ciento en 2014. En la actualidad se ubica alrededor de 85 por ciento...

Es crítico nivelar la cancha en materia fiscal para Pemex para que ésta pueda capitalizarse y llevar a cabo los proyectos de mantenimiento y expansión en EyP que tiene. En algunos casos, las migraciones de las asignaciones de Pemex a CCE le permitirían a éste casi duplicar la rentabilidad a nivel de pozo.”

Sobre el particular, en el año 2015, la Auditoría Superior de la Federación realizó un estudio sobre la Reforma Energética, en el que se incluyó la revisión del impacto de la reforma en las finanzas públicas (Sostenibilidad de Largo Plazo), mediante la utilización de un simulador fiscal, concluyendo que:

“..., se observa una caída de las proyecciones de los ingresos petroleros.

..., se recomienda crear escenarios para entender la importancia de los ingresos petroleros del Gobierno Federal en las ?nanzas públicas del país.

..., los ingresos petroleros se encuentran por debajo de la expectativa de recaudación del total de las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo...

..., aun cuando la realidad del sector petrolero se encuentra en un momento complicado, las leyes no permiten adaptarse a las circunstancias actuales y se mantienen en crecimiento elementos complicados de obtener y es fácil perder de vista uno de los propósitos del Fondo Mexicano del Petróleo, el ahorro de largo plazo. Por consiguiente, es importante repensar un sistema ?scal mexicano que incremente su capacidad de inversión mediante mecanismos como el Fondo Mexicano Petróleo y a la par vaya disminuyendo su dependencia a la volatilidad del sector petrolero.”

En ese sentido, si bien, no podemos controlar algunas variables internacionales como son los precios internacionales de los hidrocarburos o del dólar norteamericano, lo cierto es que el mayor problema de Pemex es su elevada carga tributaria.

En tal virtud, se requiere una reducción gradual del Derecho por la Utilidad Compartida, para hacer de Pemex una verdadera empresa productiva del Estado.

II. Incorporación del Instituto Mexicano del Petróleo a Pemex

El 23 de agosto de 1965, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), organismo descentralizado de interés público y de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Energía (Sener).

En términos del artículo 2o. de su ley, el organismo tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a las mismas, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados en las áreas de su actividad, mediante:

I. La investigación científica básica y aplicada.

II. El desarrollo de disciplinas de investigación básica y aplicada.

III. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos.

IV. La realización de estudios técnicos y económicos.

V. La ejecución de proyectos de nuevas instalaciones industriales.

VI. La prestación de servicios de carácter tecnológico.

VII. Las actividades necesarias para llevar los desarrollos tecnológicos propios.

VIII. El otorgamiento de asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos o productos, resultantes de su tecnología.

IX. El establecimiento de relaciones de información, colaboración científica y tecnológica, con entidades nacionales y extranjeras.

X. La difusión de desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera.

XI. La elevación de los conocimientos teóricos y el mejoramiento de las habilidades prácticas, logrados con la capacitación del personal obrero, administrativo y técnico.

XII. La realización de programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la industria petrolera nacional.

XIII. La realización de planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de los profesionales.

XIV. La formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su actividad.

XV. La contratación y ejecución de obras y la prestación de los servicios propios de los fines que constituyen sus objetivos tanto dentro del territorio nacional como en otros países.

XVI. La comercialización de los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

XVII. Cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado.

El instituto se rige por un Consejo Directivo formado por 14 vocales y un presidente, designados como sigue:

I. El Director General de Pemex, quien lo presidirá;

II. Un representante de la Sener;

III. Cinco representantes de Pemex;

IV. Un representante de la Semarnat;

V. Un representante de la SHCP;

VI. Un representante de la UNAM;

VII. Un representante del IPN;

VIII. Un representante de la UAM;

IX. Un representante del Conacyt, y

X. Dos personas de reconocida calidad moral, méritos, prestigio y experiencia relacionadas con la industria petrolera o con investigación y desarrollo tecnológico, designadas por la Sener.

El director general es designado por el Consejo Directivo, a propuesta del titular de la Sener, tomando en cuenta la opinión del presidente del Consejo Directivo. Sin embargo, el esquema institucional del IMP, aislado de Pemex, no favorece que éste sea un brazo tecnológico ni efectivo ni eficiente para la pretendida “empresa productiva del estado”, porque los funcionaros de Pemex prefieren contratar empresas privadas en vez de al IMP, pues las primeras les permiten recibir comisiones ilegales, de todos conocidas.

El modelo en cuestión, fuerza al IMP a centrarse en las ventas de servicios a particulares, en detrimento de actividades de investigación y aplicación de tecnología, siendo que, a nivel internacional, todos los centros de investigación forman parte del operador petrolero, por lo que Pemex es la excepción a nivel internacional.

Por tal razón, es necesario promover reformas para establecer una relación de negocios obligada entre Pemex con el brazo tecnológico del organismo del estado.

En vista de lo anterior, se proponen diversas reformas a las leyes de Petróleos Mexicanos y de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme a lo siguiente:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39, primer párrafo, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman los artículos 5, segundo párrafo, fracciones IV y V; 44, Primer Párrafo; 46, fracciones XI y XV; y 78, fracciones VIII, XIV, XX y XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Primero. Se reforma el artículo 39, primer párrafo, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 39.Los Asignatarios pagarán anualmente el derecho por la utilidad compartida aplicando la tasa que se refiere en la siguiente tablaa la diferencia que resulte de disminuir del valor de los Hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe el Asignatario, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 40 de esta ley.

Ejercicio Fiscal Tasa

2019 65.00%

2020 60.00%

2021 55.00%

2022 en adelante 50.00%

...

Segundo. Se reforman los artículos 5, segundo párrafo, fracciones IV y V; 44, primer párrafo; 46, fracciones XI y XV; y 78, fracciones VIII, XIV, XX y XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 5...

...

I a III...

IV.La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas a las derivadas de los hidrocarburos que le permitan cumplir con su objeto, así como la generación y comercialización de energía eléctrica conforme a las disposiciones aplicables. Estas actividades deberán contratarse directa y exclusivamente con el Instituto Mexicano del Petróleo. Sólo podrán contratarse con terceros cuando el Instituto así lo autorice, por tratarse de actividades que excedan a sus capacidades;

V.La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en las industrias petrolera, petroquímica y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados. Estas actividades deberán contratarsedirecta y exclusivamente con el Instituto Mexicano del Petróleo. Sólo podrán contratarse con terceros cuando el Instituto así lo autorice, por tratarse de actividades que excedan a sus capacidades;

VI a IX...

...

Artículo 44.El Comité de Estrategia e Inversionesserá presidido por un consejero independiente de manera rotatoria anual, lo integrará al menos el Director General del Instituto Mexicano del Petróleo y tendrá las siguientes funciones:

I a V...

Artículo 46...

I a X...

XI.Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables , con la asesoría del Instituto Mexicano del Petróleo;

XII. a XIV. ...

XV.Establecer medidas para el desarrollo tecnológico y para asegurar la calidad de sus productos , con la asesoría del Instituto Mexicano del Petróleo;

XVI a XVIII...

Artículo 78...

I. a VII. ...

VIII.Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza, investigaciones o capacitación prestados por el Instituto Mexicano del Petróleo;

IX a XIII...

XIV. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el Consejo de Administración , previa opinión del Instituto Mexicano del Petróleo;

XV. a XIX. ...

XX.Cuando se trate de la celebración de una asociación o alianza estratégica, o que se lleve a cabo con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional , previa opinión del Instituto Mexicano del Petróleo.

XXI...

XXII.Las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos, con el Instituto Mexicano del Petróleo. Sólo podrán contratarse con terceros cuando el Instituto así lo autorice, por tratarse de actividades que excedan a sus capacidades; y

XXIII...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Mora Beltrán. Jorge Armando, La Reforma Energética, Oportunidades para Empresarios y Consultores, Thomson Reuters, Segunda Edición, pp. 87-111

2 Castillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO), Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias (antes Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias) Estados Financieros Consolidados por los Años Terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 e Informe de los Auditores Independientes, p. 12

3 Castillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO), Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias (antes Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias) Estados Financieros Consolidados por los Años Terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 e Informe de los Auditores Independientes, p. 15

4 Castillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO), Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias (antes Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias) Estados Financieros Consolidados por los Años Terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 e Informe de los Auditores Independientes, p. 15

5 Mora Beltrán, Jorge Armando, ¿Qué hacemos con Pemex?”, en Puntos Finos, Dofiscal Editores, Thomson Reuters, Año XI, Vol. CIX, No. 250, mayo de 2016, pp. 122-124

6 Vielma Lobo, Luis, Transformar a Pemex: una visión para cambiar tendencias, en Energía a Debate, No 87, septiembre-octubre de 2018, pp. 15 - 16

7 Rinkenbach Lizárraga, José Pablo, “Acciones clave para revertir el deterioro operativo y financiero de PEP”, en Energía a Debate, No 87, septiembre-octubre de 2018, pp.

8 Auditoría Superior de la Federación, Las Reformas Estructurales: Reforma Energética, Serie Apuntes Didácticos, pp. 40-43

9 Rinkenbach Lizárraga, José Pablo, “Acciones clave para revertir el deterioro operativo y financiero de PEP”, en Energía a Debate, No 87, septiembre-octubre de 2018, pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputado Javier Salinas Narváez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de la Industria Eléctrica, de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracciones XIX y XXI, y 149, y se derogan las fracciones V y XXII del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica; se adiciona la fracción II Bis al artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y se reforman los artículos 37, primer párrafo, 47, fracción II, y 51, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

Como es por todos conocido, dentro del largo y sinuoso proceso de privatización de la industria eléctrica nacional, en diciembre de 2013 tuvo verificativo la reforma constitucional en materia energética, seguida de la expedición de la nueva legislación secundaria y las reformas derivadas de la misma en agosto de 2014.

La reforma repercutió en el sector de los hidrocarburos y en el de la industria eléctrica, pese a lo cual todas las miradas parecen estar centradas en la cuestión petrolera.

No obstante, ni la importancia histórica ni la económica de la industria eléctrica nacional son despreciables, pues luego de los hidrocarburos, la industria eléctrica es la siguiente en importancia.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue creada el 29 de agosto de 1937, como un organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objeto era generar, transformar, transmitir, distribuir y abastecer de energía eléctrica a la población mexicana.

Veintitrés años después, el 27 de septiembre de 1960, tuvo verificativo la nacionalización de la industria eléctrica, por medio de la compra de las acciones, de las empresas privadas Mexican Light and Power Company, Ltd., e Impulsora de Empresas Eléctrica, subsidiaria en México de la American and Foreign Power Co.

Para tal efecto, la Mexican Light and Power Company y sus filiales, fueron reorganizadas por el Estado mexicano como sociedades anónimas, con el nombre de Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Años más tarde, el 10 de octubre de 2009, el gobierno panista de Felpe Calderón decretó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, cuyas funciones fueron asumidas por la CFE.

Medio siglo más tarde, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, cuyo artículo transitorio tercero dispuso que la ley establecería la forma y plazos para que la CFE se convirtiera en empresa productiva del Estado.

Al año siguiente, el 11 de agosto de 2014, se publicaron sendos decretos por el que se expiden las Leyes de Petróleos Mexicanos, y de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

En vista de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional y 2o. de la Ley de la Industria Eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son áreas estratégicas. En estas materias, el Estado mantiene su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente ley.

De acuerdo con el artículo 4o. de la misma ley, la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia (privatizable).

La Ley de la CFE regula la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la CFE, establece su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades, dividendo estatal, presupuesto y deuda.

El 13 de octubre de 2014, la CFE se convirtió, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado (EPE), conservando su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le correspondían, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica.

Al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de la CFE en vigor, la EPE tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.

A partir de lo anterior, inició el complejo proceso de reestructura de la industria eléctrica nacional.

El artículo tercero transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica, dispuso que durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), continuarían prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, comercialización y control operativo del sistema eléctrico nacional, con la finalidad de mantener la continuidad del suministro eléctrico. Asimismo, estableció que la Secretaría de Energía (Sener) coordinaría la reestructura de la industria eléctrica, definiría los plazos del periodo de reestructura y establecería las políticas y acciones para su implantación.

Con base en lo anterior, la nueva estructura de la CFE entró en plena operación a partir de febrero de 2017, por lo que actualmente está formada por 9 empresas subsidiarias y 4 filiales.

Pretendidamente, la CFE se transformaría en una empresa productiva del Estado, y se le dotaría de flexibilidad para tomar las decisiones pertinentes de gobierno corporativo y modelo de negocio más adecuado para competir en igualdad de circunstancias bajo el nuevo marco aplicable al sector eléctrico, cuestión que en los hechos no ha ocurrido, pues a 5 años de la reforma constitucional en la materia, la CFE sigue siendo una empresa improductiva, por diversos factores que a continuación se exponen.

Argumentos

1. Factores legales que afectan la rentabilidad de la CFE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. a 4o. y 8o. de la Ley de la CFE, ésta “es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, (que) gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión...”, que “tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales... generando valor económico y rentabilidad para el estado mexicano...”, que “en la ejecución de su objeto... deberá actuar... procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica”.

Empero, ciertas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica inhiben dicha rentabilidad, posiblemente, reminiscencias del anterior rol de la CFE como organismo descentralizado del Estado responsable de llevar el servicio eléctrico a todos los rincones del país, a pesar de que ello pudiera resultar incosteable, como son los siguientes casos:

• La facultad de la Sener para instruir a los transportistas y distribuidores de electricidad –exclusivamente la CFE, de acuerdo con el artículo 28 constitucional, en su cuarto párrafo, la ejecución de los proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, prevista en el artículo 11, fracción XXI, de la ley;

• La facultad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución y la operación de los suministradores de servicios básicos, a que se refiere el artículo 12, fracción V, de la misma ley, función que, como anteriormente señalamos, es exclusiva de la CFE;

• La facultad de la CRE para expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que regulen y promuevan la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias (generación distribuida), establecida en el artículo 12, fracción XX, de la citada ley;

• La facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer las metodologías para los retornos sobre el capital en los resultados reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria eléctrica (la CFE y sus EPE), estatuida en el artículo 149 de la multicitada ley; y

• La facultad del Cenace para establecer los precios de las transacciones celebradas en el mercado eléctrico mayorista, dispuesta en el artículo 99 de la ley.

De ahí se derivan las obligaciones de la CFE y sus EPE de

• Realizar los proyectos de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, instruidas por la Sener, pero a su costa:

• Aplicar a los servicios de transmisión, la distribución y de operación de suministro básico de energía eléctrica que autorice la CRE, a pesar de que éstos puedan resultar incosteables por incluir subsidios a los consumidores finales.

• Aplicar las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo para la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias (generación distribuida) que establezca la CRE, a pesar de su incosteabilidad.

• Aplicar las metodologías para los retornos sobre el capital que establezca la SHCP, pese a que también pudieran resultar incosteables, además de resultar discrecionales, por lo que mínimamente debería establecerse de manera transparente en el reglamento de la ley.

Esa situación se traduce en subsidios cruzados para agentes comerciales privados, entre regiones y para los consumidores, con cargo a los ingresos de la CFE, y no de erario público, como debiera ocurrir.

En compensación, la CFE recibe un magro subsidio federal, apenas suficiente para evitar la quiebra, pero también suficiente para obviar el pago del dividendo estatal, por lo resulta necesario transferir dichas cargas a la hacienda pública federal, a fin de hacer de la CFE una empresa rentable e incrementar los ingresos de la nación, según lo ordenado por el constituyente permanente en la fracción I del artículo vigésimo transitorio del decreto de la reforma constitucional de 2013.

2. Que las licitaciones de nuevos proyectos y asociaciones se realicen por el ente regulador

Por razones de transparencia y libre competencia, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética dispuso que las licitaciones en materia de hidrocarburos las realice el ente regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, en materia de energía eléctrica, la ley omitió otorgar dichas facultades al ente regulador, la CRE, dejando en la propia CFE y en el Cenace, órgano desconcentrado de la Sener, desprendido de la CFE, su realización.

En el caso de la CFE, en los últimos años se han venido señalando graves excesos en los procedimientos de adjudicación de contratos. Asimismo, se ha señalado que el grueso de las contrataciones se realizará por concurso abierto simplificado, figura jurídica atípica, que no existe en ningún otro ente gubernamental.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha emitido diversas recomendaciones para evitar actos colusión en la CFE:

Uno de los hallazgos más destacados del informe es que los criterios para decidir llevar a cabo una investigación completa de mercado no toman en cuenta el riesgo de manipulación de licitaciones o el nivel de competencia. La CFE utiliza muchas excepciones a los concursos abiertos y las excepciones al uso de procedimientos electrónicos deben ser limitadas...

Por ello, a fin de asegurar la transparencia y libre competencia en las contrataciones, resulta recomendable que también en el caso de la energía eléctrica, las licitaciones de nuevos proyectos y asociaciones se realicen por el ente regulador.

3. Los adeudos de estados y de municipios con la CFE

La deuda de estados y de municipios con la CFE resulta muy importante.

A principios de 2018, las entidades federativas adeudaban a la CFE más de 8 mil millones y los municipios más de 6 mil millones de pesos, cuestión que viene a agravar la erosión de la pretendida rentabilidad de la CFE.

Por ello es menester establecer en la ley los mecanismos para que esto no ocurra, y que sea el erario público federal, estatal y municipal, quien asuma dichos costos, mediante reformas de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer un mecanismo de cobro con cargo a los recursos de los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En vista de lo anterior se proponen diversas reformas de las Leyes de la Industria Eléctrica, de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y de Coordinación Fiscal, para transformar la Comisión Federal de Electricidad en una verdadera empresa productiva del Estado, conforme a lo siguiente:

Fundamento legal

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracciones XIX y XXI, y 149, y se derogan las fracciones V y XXII del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica; se adiciona la fracción II Bis al artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y se reforman los artículos 37, primer párrafo, 47, fracción II, y 51, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal

Primero. Se reforman los artículos 11, fracciones XIX y XXI, y 149; y se derogan las fracciones V y XXII del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 11.La secretaría está facultada para

I. a XVIII. ...

XIX. Llevar el suministro eléctrico alas comunidades rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;

XX. ...

XXI.Instruir a los transportistas y los distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución , para lo cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá proveer recursos presupuestarios suficientes en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXII. a XLIII. ...

Artículo 12.La CRE está facultada para

I. a IV. ...

V. Se deroga.

VI. a XXI. ...

XXII. Se deroga.

XXIII. a LIII. ...

Artículo 149. El reglamento de la ley establecerálas metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital en los resultados reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria eléctrica. Su aplicación por estas empresas será vigilada por la Secretaría. Los Retornos Objetivos y las metodologías de evaluación de los mismos serán independientes de la regulación tarifaria de la CRE.

Segundo. Se adiciona la fracción II Bis del artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. y II. ...

II Bis. Licitar y suscribir los contratos para los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, y llevar a cabo subastas a fin de adquirir potencia cuando lo considere necesario para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, determinar la asignación de los costos que resulten de dichas subastas y expedir protocolos para la contratación de potencia en casos de emergencia;

III. y IV. ...

Tercero. Se reforman los artículos 37, primer párrafo; 47, fracción II; y 51, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, energía eléctrica,a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, Apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.

...

...

Artículo 47. ...

I. ...

II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, tales como el pago del servicio de energía eléctrica, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III. a IX. ...

Artículo 51. Las aportaciones que con cargo al fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV, de esta ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, y energía eléctrica cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Combate a la colusión en licitaciones en México: una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE, enero de 2018, página 2.

2 González, Nayeli. “Deudas de estados funden a la CFE; arrastran pasivos desde 2015”, en Excélsior, 22 de enero de 2018,

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/22/1215159

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados: Javier Salinas Narváez,Eduardo Ron Ramos, Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 41, una fracción VIII al artículo 55, una fracción VIII al artículo 82, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un artículo 449 Bis y un inciso d) al artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha sido producto de la lucha por la reivindicación de su ciudadanía. Lucha que históricamente ha pasado por varios momentos, comenzado por la exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a votar y ser votadas hasta la exigencia de una igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones.

En México, los esfuerzos en materia de participación política de las mujeres han encontrado cabida de manera paulatina en el marco normativo y en acciones concretas que pretenden impactar positivamente en la erradicación de la discriminación teniendo como objetivo la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres a todos los niveles.

Todo esto se ha construido a través de diversos actos, incluida la implementación de acciones afirmativas (medidas especiales de carácter temporal) como las cuotas de género en las listas electorales de los partidos, que se fueron fortaleciendo tanto en su letra como en su implementación, a través de varios años gracias tanto a reformas legislativas como a la jurisprudencia derivada de diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como resultados de estas acciones, el 1 de julio se logró configurar el primer Congreso Paritario en México. Según fuentes del Instituto Nacional Electoral en la elección pasada se alcanzó una conformación paritaria histórica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al integrarse por 48 por ciento de mujeres y 51.20 por ciento hombres en comparación con 7.80 por ciento de mujeres y 96.20 por ciento de hombres que se tuvo registrado en el año de 1991.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la esperada, a 65 años de la reforma constitucional al artículo 34 que le reconoció a la mujer la calidad de ciudadana mexicana y le permitió votar y ser votada; ejercer a plenitud los derechos políticos electorales consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales, no es tarea fácil. Las mujeres que deciden incursionar en la vida política encuentran un camino mucho más difícil que los hombres y constantemente son presionadas, de manera directa o indirecta para confinarse únicamente en el ámbito privado.

En estos tiempos es preocupante la cantidad de mujeres que aspiran a participar en la vida política del país y que son víctimas de violencia, ya sea al aspirar al cargo o durante el ejercicio de éste.

La recomendación general 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, afirma que la violencia contra las mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Dicha desigualdad proviene de las relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres, donde tradicionalmente los hombres han ejercido dominación hacia ellas todos los ámbitos, tales como en lo económico, social, familiar, político, cultural y religioso, éstos conjugado con el fuerte rechazo, interno y externo, a que se restablezca el orden social. El miedo a la modificación de roles se sustenta en perder el control y poderío que por siglos ha detentado la figura masculina causándole incertidumbre sobre el papel que le correspondería asumir en el mundo moderno.

En el aspecto político el temor a perder el poder se expresa a través de la generación de conductas cargadas de misoginia política, misma que tiene su origen en una cultura de ofuscamiento que niega, hasta por violencia extrema, la participación de la mujer, su decir, su hacer y su pensar.

Múltiples casos se han presentado en el país donde las mujeres enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos políticos electorales, que van desde la coacción del voto para beneficiar a algún partido político o a algún candidato, presiones para renunciar al cargo, hasta las campañas con denostaciones e insultos basados en el género.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que de 2016 a la fecha se han recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, que van desde agresiones verbales hasta violencia física.

A estos datos hay que sumar los múltiples señalamientos que se han realizado a través de los medios de comunicación, muchas de las cuales sólo se constriñen a esta vía por desconocimiento del procedimiento legal para presentar una denuncia y que lamentablemente no llegan a causar efectos jurídicos para los perpetuadores de estas conductas.

Igual de preocupante, es la situación en las que aun a sabiendas de las tutelas que ofrecen las instituciones, muchas mujeres se rehúsan a decir que son víctimas de violencia, encontrándose entre sus causas más alarmantes las siguientes:

- No existe un conocimiento socializado respecto de la violencia política, sus alcances y las formas de sancionarla.

- No identifican que viven este tipo de violencia puesto que consideran que deben ‘aguantar’ y que es “normal” lo que les pasa. Esta idea, en muchas ocasiones, se refuerza por el medio político y por sus colegas.

- Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus aspiraciones políticas.

- A consecuencia de la denuncia, pueden ser clasificadas y estigmatizadas como conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la institucionalidad del partido.

- Por miedo a represalias, amenazas y acoso.

La violencia contra la mujer exige la reprobación social e institucional y la toma de medidas drásticas para combatirla.

Derivado de esta situación, en el Partido Verde Ecologista de México creemos que los partidos políticos debemos ser los primeros en defender y garantizar la equidad en la contienda y el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos, y conducirnos siempre con perspectiva de género a favor de las mujeres atendiendo a la realidad social e histórica que se sigue viviendo en nuestro país. Debemos contribuir a revertir y transformar las relaciones tradicionales de dominación entre hombres y mujeres.

Dicho esto, es evidente que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años en materia de igualdad, es necesario reforzar las instituciones y leyes para construir un marco jurídico sólido que permita erradicar de una vez por todas este tipo de prácticas.

Por esta razón, la presente iniciativa constituye una medida emergente para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Pretende abonar a saldar esa deuda social que se tiene hacía en género femenino mediante el castigo claro a los partidos políticos y actores políticos que sigan mermando o impidiendo la participación efectiva de las mujeres en la vida pública.

A través de la presente, se busca modificar ya no sólo las leyes secundarias sino la misma Constitución a fin de definir como violación grave, dolosa y determinante, la acreditación de violencia de género estableciéndola como causal de nulidad de una elección federal o local dentro de las causales contempladas en el artículo 41 sección VI.

Asimismo, se pretende que sea requisito para ser diputado, senador y presidente de la República nunca haber sido condenado por violencia política en razón de género.

Esta modificación constitucional, es coincidente con las leyes de derecho internacional que han sido interiorizadas al marco legal mexicano. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, previamente mencionada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos donde se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En ese sentido, para dotar de certeza la acreditación de violencia política por razón de género se pretende adicionar un artículo 449 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales donde se defina y a su vez se establezca como causal de infracción a dicho ordenamiento jurídico.

Para lo anterior se ha retomado lo esgrimido por diversas sentencias tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Federal Electoral, mismas que se insertan para mayor ilustración y de las cuales ha sido posible concluir que existe violencia política por razón de género cuando se presentan los siguientes elementos:

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:

I. Se dirija a una mujer por ser mujer,

II. Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o

III. Las afecte desproporcionadamente.

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas –hombres o mujeres–, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

“ Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales. De lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.”

En concordancia con la jurisprudencia que precede encontramos la siguiente:

“ Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género.

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, quien juzgue debe tomar en cuenta lo siguiente:

i. Identificar, primeramente, si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;

ii. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;

iii. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;

iv. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;

v. Para ello, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.”

En concordancia con las jurisprudencias insertadas, de los tratados internacionales y de la propia constitución se desprende la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando, en igualdad de condiciones ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas en contextos libres de violencia.

El cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación y, en específico, la atención de la violencia contra las mujeres debe procurarse tanto por las autoridades electorales como por todas las entidades de interés público, reiteramos que quienes se desenvuelven en el medio político (partidos políticos, candidatos de partido, candidatos independientes) deben ser los primeros en respetar el ejercicio pleno de los derechos electorales, para lo que es necesario imponer sanciones ejemplares, tales como la nulidad de una elección o el impedimento al acceso de un cargo público federal, a quienes se les acredite se condujeron con violencia política en razón de género.

De esta manera, evitaremos que se sigan repitiendo situaciones como las vividas en el pasado proceso electoral donde en varios casos a pesar de haberse acreditado la presencia de violencia política por razón de género las autoridades fueron endebles en sancionar argumentando la falta de disposición jurídica que permitiría decretar la nulidad de la elección a fin de garantizar un contexto libre de violencia donde pudieran contender las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso D a la fracción VI del artículo 41, una fracción VIII al artículo 55, una fracción VIII al artículo 82, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un artículo 449 Bis y un inciso D al artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único.Se adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 41, una fracción VIII al artículo 55; una fracción VII al artículo 82, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo 449 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 41.

(...)

(...)

(...)

I. a V. ...

VI.(...)

(...)

(...)

a) ...

b) ...

c) ...

d) Se acredite que los partidos políticos o candidatos cometieron violencia política de género durante la contienda electoral.

(...)

(...)

Artículo 55.(...)

I. a VII. (...)

VIII. No haber sido sancionado, mediante sentencia firme, por violencia política de género.

Artículo 82.(...)

I. a VII. (...)

VIII. No haber sido sancionado, mediante sentencia firme, por violencia política de género.

Artículo 449 Bis.

1. Constituye infracción a la presente ley de los dirigentes, simpatizantes, militantes, precandidatos, candidatos, servidores públicos, personas físicas nacionales o extranjeras, partidos políticos y personas morales, la violencia política en contra de las mujeres.

2. Se entiende que existe violencia política por razón género cuando:

a) El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o las afecte desproporcionadamente.

b) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

c) Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien el ejercicio de un cargo público.

d) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

3. Mediante los procedimientos sancionadores regulados en el presente libro, se podrán denunciar por violencia política de género, las siguientes conductas.

a) Cuando se presione, coaccione, intimide o se ejerza cualquier acto o hecho que obstaculice o limite el derecho de votar o ser votada a la militante, simpatizante, dirigente o aspirante, en un proceso de selección interna donde se renueve un cargo de dirigente o se elijan cargos de representación popular.

b) Cuando una mujer renuncie a su candidatura, por presión, intimidación o coacción, habiendo sido seleccionada y postulada a un cargo de elección popular, en cualquier momento del proceso electoral.

c) Cuando en la propaganda electoral o política se hagan manifestaciones, se viertan opiniones o se difundan prejuicios, mensajes gráficos, textuales, explícitos o implícitos, por medio de los cuáles se asignen roles sociales y culturales que deben poseer o desempeñar las mujeres, o bien, donde se denigre a la mujer.

d) Cuando una candidata electa por presión, intimidación o coacción no acuda a recibir su constancia de mayoría o de asignación de representación proporcional.

e) Cuando la representante popular sea obstaculizada en el ejercicio del cargo para el que fue electa, o bien, cuando se le induzca a tomar de decisiones en contra de su voluntad o de la ley.

Con independencia de las sanciones previstas en los artículos siguientes, quien cometa violencia política de género, será suspendido de sus derechos político-electorales hasta por seis años.

En el caso de partidos políticos y candidatos, cuando se trate de conductas efectuadas a través de sus prerrogativas, podrá suspenderse el ejercicio de las mismas, desde el momento que se acredita la infracción y hasta el término de las campañas electorales.

Artículo 470.

1. (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) Constituyan violencia política de género.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/ publicaciones/2015/01/derechos%20poli%C3%ACticos%20de%20las%20mujeres.pdf? la=es&vs=4038

2 https://www.ine.mx/

3 http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/comunicados/Comunicado35.pdf

4 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/violencia-politica-de- genero-cobra-la-vida-de-8-candidatas

5 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17%20(2).pdf

6 http://contenido.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/ SX-JE-0124-2018.pdf

http://sitios.te.gob.mx/genero/media/pdf/c6bf1982ad24c1d.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados: Marco Antonio Gómez Alcantar, Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 22 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII Bis y XVII Bis del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al ser una estrategia prioritaria la de combatir el robo de hidrocarburos y al tener una participación de suma importancia en su competencia tratándose de acciones de revisión y supervisión, la Procuraduría Federal del Consumidor ante los hechos que tenga documentados de expendios que han sido sujetos a sanción por incumplimiento en el servicio o bien se han encontrado irregularidades como la alteración electrónica de bombas provocando que no despachen litros completos de gasolina, y al ser este un hecho susceptible de delito, se debe de establecer un mecanismo de participación y colaboración que permita sancionar esos hechos.

La gravedad del asunto que se pretende legislar lo dimensionan los siguientes datos:

• Hasta 2017 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional señala que por el robo de combustibles asciende a más de 100 mil millones de pesos.

• 9 de cada 10 casos de este tipo de robos queda impune.

• En los últimos 5 años este delito aumento en un 400 por ciento.

• Los estados con más de 1000 casos en seis años incluyen el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Nuevo León

En ese orden de ideas, y al ser una demanda general de la ciudadanía que se combata la práctica indebida de la venta de litros que no son litros completos, ya que es una acción recurrente de quienes operan, administran o son propietarios de estaciones de servicio de gasolina y diésel, el manipular las bombas expendedoras de gasolina para engañar a la población, y vender litros incompletos.

Estas acciones han afectado por años gravemente en el bolsillo del consumidor, y hoy día no es posible que se siga presentando como una práctica permisible de la que todos estamos enterados y no se hace nada para solucionarlo.

En concordancia con lo antes expuesto y derivado de lo dispuesto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que al efecto establece en su Título Segundo de Los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos y demás Activos y de manera particular en su artículo 16 el supuesto relacionado con la enajenación o suministro de gasolina o diésel y los instrumentos de medición que se emplean para su venta comúnmente conocidas como Bombas despachadoras.

Artículo 16. Se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien:

I. Enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

II. Enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

III. Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

Para los efectos de los supuestos señalados en este artículo deberá mediar querella del órgano regulador o de parte ofendida .

Para los efectos de la presente iniciativa es necesario señalar que el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece que se sancionará entre 4 y 17 años a quienes compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la Ley.

Se considera que al existir una obligación por parte de las autoridades en materia de protección al consumidor y al ser vinculante con las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se debe establecer la facultad de vincularse entre sí para eficientar las acciones que permitan sancionar los delitos ya enunciados.

Por tal motivo, se propone adicionar una fracción XVII Bis al artículo 24 de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de establecer acciones coordinadas en términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para informar a las autoridades competentes en el caso de aquellas estaciones de servicio de hidrocarburos que presenten irregularidades que puedan ser susceptibles de delito y que hayan sido detectadas en los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

Así también, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos a fin de establecer como autoridad coadyuvante en el combate a las acciones que buscan erradicar este tipo de delitos, a la Profeco, derivado de las atribuciones que en su actuar como autoridad realiza.

El avance de este delito muestra un crecimiento exponencial ya que en 6 años ha aumentado en un 400 por ciento.

Tan sólo en el estado de Puebla en el 2017 se tienen identificados hasta 10 mil puntos de venta clandestina de gasolina en los que venden el combustible hasta en 9 pesos el litro.

Lo anterior, toda vez que, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realiza sus funciones dentro del ámbito jurídico administrativo de su competencia, orientadas a contribuir en el logro de la misión, visión y objetivos institucionales, así como al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que determine el Ejecutivo Federal.

En otro orden de ideas, encontramos el mismo supuesto, que guarda vinculación con el tema y que es el del incremento de los precios de aquellos productos que pertenecen a la canasta básica, y que difieren en gran medida un precio de otro en distintas cadenas comerciales, ya que cada una de ellas argumenta distintos factores que hacen fluctuar los precios de una manera desorbitante y basados en decisiones unilaterales.

Por lo anterior se propone adicionar una fracción XIII Bis al artículo 24 a fin de Mantener una revisión permanente y prioritaria de productos de consumo generalizado entratandose de alimentos que integran la canasta básica, a fin de evitar que aumenten sus costos de manera indiscriminada evitando con ello cualquier práctica comercial abusiva.

es por lo anteriormente expuesto que se somete a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y se adicionan las fracciones XIII Bis y XVII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Primero. Se adicionan las fracciones XIII Bis y XVII Bis del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

I. a XIII. ...

XIII Bis. Establecer programas de supervisión focalizada, permanente y prioritaria de productos que integran la canasta básica, a fin de evitar que aumenten sus costos de manera indiscriminada, evitando con ello cualquier práctica comercial abusiva.

XIV. a XVII. ...

XVII Bis. En términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, establecer acciones coordinadas para coadyuvar con las autoridades competentes en el caso de aquellos establecimientos de servicio de hidrocarburos que presenten irregularidades, y que puedan ser susceptibles de delito y que hayan sido detectadas en los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

La Federación se coordinará con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como con las autoridades del sector energético, de la Procuraduría de Federal del Consumidor, así como con asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley y, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

I. a la VII...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH_010618.pdf

Ley Federal de Protección al Consumidor

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_250618.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Olga Patricia Sosa Ruiz,Armando González Escoto, Carolina García Aguilar, Elba Lorena Torres Díaz, Héctor René Cruz Aparicio, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jesús Fernando García Hernández, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María Guillermina Alvarado Moreno, María Rosete Sánchez, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XVI Ter al artículo 3o., la fracción X Ter al artículo 7o. y el capítulo III Ter al título octavo, “Del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica”, que comprende el artículo 161 Ter, de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que en los últimos años se ha ido incrementando en todo el mundo, principalmente debido al cambio de la dieta de las personas y su modo de vida.

Actualmente está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un tema de salud pública que requiere atención inmediata, ya que su tratamiento es costoso y genera un impacto considerable en la calidad de vida de quienes la padecen, sus familiares, la sociedad e incluso crea considerables gastos al presupuesto destinado al sector salud de muchos países.

De acuerdo con estimaciones de la misma organización, existen las condiciones adecuadas para que cada vez más personas padezcan enfermedades asociadas a la disminución de la función renal, presentándose cada vez más casos en población joven e incluso en menores.

La enfermedad renal crónica se puede prevenir, pero no tiene cura, es progresiva y silenciosa, por lo que suele ser identificada en etapas avanzadas, complicando su tratamiento y elevando los costos de los mismos, además de disminuir su efectividad.

Por si fuera poco, la falta de datos estadísticos, precisos, confiables y actualizados complica la aplicación de programas o políticas públicas focalizadas en la prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad, creando condiciones de inequidad para el acceso a atención médica a quienes presentan insuficiencia renal.

Ante esta situación, diversos organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, coinciden en la necesidad de crear estrategias que amplifiquen las acciones para prevenir y mejorar el acceso a su tratamiento, además de advertir que de no hacerlo, a largo plazo las consecuencias serían devastadoras, con un incremento de pacientes, poco personal e instrumental especializado en materia de nefrología y un alto costo sanitario en el futuro.

En el país aún estamos empezando a entender el efecto que está causando esta enfermedad, solemos pensar que son casos aislados al no contar con números precisos acerca del número de pacientes, ya que la información no se encuentra homologada, cada institución u organización cuenta con sus cifras, métodos estadísticos y proyecciones que impiden saber de manera precisa la situación real en nuestro territorio. Las bases de datos que se manejan son dispersas y distantes unas de otras, complicando la recopilación de la información y no se cuenta con estándares para la obtención de dichos números.

De acuerdo con información proporcionada por la Academia Nacional de Medicina de México, alrededor de 70 por ciento de todas las muertes en el país se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que se estima que ya en la actualidad se destina 50 por ciento de los recursos del sector salud a tratar estos padecimientos, entre los que se encuentra la enfermedad renal crónica, esto implica que de no disminuir el número de personas que la padecen, en un futuro cercano, la atención de esta enfermedad podría poner en severos problemas la viabilidad financiera del sector salud.

La misma academia menciona como una medida indispensable para combatir esta problemática, el contar con un registro nacional centralizado que permita realizar una adecuada planeación de acciones específicas y el destino objetivo de recursos en la implementación de mecanismos, programas y políticas que den como resultado la disminución de pacientes, reducción de costos, accesibilidad garantizada a tratamientos en todo el país y proyecciones favorables al descender gradualmente los índices de personas afectadas en las siguientes generaciones, ya que hoy en día, a pesar del subregistro, fuentes oficiales citan a la enfermedad renal crónica como una de las primeras diez causas de mortalidad en los últimos años.

Aunque faltan muchos datos concretos, hay información que sí conocemos acerca de la enfermedad, sabemos de antemano que no contamos con la infraestructura requerida para hacer diálisis a todos los que la necesitan, tampoco tenemos la capacidad para poder cubrir las necesidades de trasplantes, por lo que estamos dejando a miles de mexicanos sin derecho a la salud.

Además, gran número de personas simplemente carecen de toda cobertura médica en este aspecto, ya que la enfermedad renal crónica no está incluida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, por ende, gran parte de la población que carece de seguridad social no podría ser atendida de manera integral y oportuna, donde sólo un pequeño número de pacientes logra ser tratado por organizaciones no gubernamentales como la Fundación Ale o La Fundación Mexicana del Riñón, entre otras ONG que han encaminado sus esfuerzos ante la falta de atención gubernamental de la situación.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, de alrededor de 12 mil pacientes en espera de un riñón, se consiguen sólo 2 mil 700, por lo que la Sociedad Mexicana de Trasplantes ha señalado que se estima que cerca de 80 por ciento de las personas en lista de espera de un trasplante desafortunadamente muere, por lo que nuevamente las cifras son desalentadoras, fallando tanto al dar tratamiento como en cuestión de trasplantes.

Por último, contamos con un enorme déficit en cuanto a especialistas en la materia, por lo que también somos incapaces de garantizar el elemento de atención humana: con base en el Consejo Mexicano de Nefrología, tenemos sólo mil 190 nefrólogos, cuando sería necesario disponer de al menos 3 mil para cubrir la demanda y seguramente tendrían que ser más de estimarse un aumento en el número de casos para los siguientes años.

Falta mucho trabajo para revertir el panorama actual, las pocas políticas y medidas que se han implementado para solucionar el problema de la enfermedad renal crónica en nuestro país no están dando resultados y tampoco se ha dado la seriedad necesaria a una enfermedad que todos los días cobra la vida de decenas de connacionales que no están siendo bien atendidos por parte de las autoridades en salud.

Por ello, lo planteado en la presente iniciativa pretende ser el eje de una nueva política con visión de futuro, más humana y funcional, que disminuya las brechas en acceso a la salud y al mismo tiempo, permita detectar oportunamente la enfermedad y en el mejor de los casos, prevenirla en vez de intentar contenerla.

Crear un registro nacional de enfermedad renal crónica con base poblacional, constituirá los cimientos de las siguientes acciones que se establezcan para combatir el padecimiento y permitirá una considerable reducción de costos a corto y largo plazo, ya que de acuerdo al análisis de costos que llevo a cabo la Academia Nacional de Medicina en México, por cada peso bien invertido en la atención de pacientes en etapas tempranas, se puede ahorrar entre 11 y 15 pesos de las etapas 4 y 5.

En esta dirección, podemos comprobar que además de ser necesario, contar con un registro provee una serie de beneficios que en conjunto constituirían poderosas herramientas para contrarrestar los efectos que la enfermedad ha generado en los últimos años.

Muchos otros países ya han iniciado a generar sus propios registros locales homologados, tal es el caso de Argentina con el Registro Argentino de Diálisis Crónica; el Registro de Diálisis y Trasplante de Australia y Nueva Zelanda, el Registro de la Asociación Europea Renal de la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante, entre otros, que forman parte de la iniciativa gubernamental de algunos países que buscan frenar la problemática antes de que sea muy tarde.

Por lo anterior someto a consideración de esta asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único. Se adicionan la fracción XVI Ter al artículo 3o., la fracción X Ter al artículo 7o. y el capítulo III Ter al título octavo, “Del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica”, que comprende el artículo 161 Ter, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

I. a XVI Bis. ...

XVI Ter. El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica.

XVII. a XXVIII. ...

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiendo a ésta:

I. a X Bis. ...

X Ter. Establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica.

XI. a XV. ...

Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes Capítulo III Ter
Del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica

Artículo 161 Ter. El Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica tendrá una base poblacional, se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud y contará con la siguiente información:

I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:

a. Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.

b. Información demográfica.

II. Información del avance de la enfermedad: Incluye la fecha de diagnóstico de insuficiencia renal; la incidencia y el estado de la enfermedad.

III. Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha dado al mismo de parte de los médicos. Además, se incluirá información de curación y supervivencia.

IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda la información adicional que determine la secretaría.

La Secretaría integrará la información demográfica del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica de todo el territorio nacional divido en regiones norte, centro y sur.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría emitirá el Reglamento del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica y las disposiciones administrativas relativas a la protección de datos personales de los pacientes de conformidad con la normativa aplicable en los 60 días posteriores al inicio de vigencia de la presente reforma.

Notas

1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article &id=10542:2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad- renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=fr

2 https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ENF-RENAL.pdf

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Lorena Cuéllar Cisneros,Alma Delia Navarrete Rivera, Éctor Jaime Ramírez Barba, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edith Marisol Mercado Torres, Elba Lorena Torres Díaz, Indira Vizcaíno Silva, Jannet Tellez Infante, María Guadalupe Román Ávila, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nohemí Alemán Hernández, Sandra Paola González Castañeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Sylvia Violeta Garfias Cedillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Agraria, y de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Guadalupe Romo Romo y Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Guadalupe Romo Romo y Armando Tejeda Cid, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 5o., 149, 151, 154 y 155 de la Ley Agraria, y 160, 165 y 170 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa busca cumplir dos preceptos constitucionales, el artículo 27 constitucional fracción VII, que reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y establece la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas, y mandata que la ley regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan.

Asimismo, considera la fracción XX del mismo artículo 27 constitucional que establece la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

La reforma del artículo 27 constitucional de 1992 sentó las bases para concretar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los ejidatarios y sus familias, al establecer los principios legales para regular el mercado de tierra social, particularmente la compra, renta y asociación, y la ubicación y superficie de los bienes que conforman parte de su patrimonio.

A 26 años de la reforma agraria no se han resuelto los graves problemas de rezago, para que la tierra y sus recursos cumplan con la esencia del reparto agrario, que sean medios de vida para que las familias de los ejidatarios y los comuneros puedan vivir mejor.

Actualmente, el Registro Agrario Nacional (RAN) registra que 50.8 por ciento del territorio nacional es propiedad social, es decir de más 29 mil 690 ejidos y 2 mil 392 comunidades, los cuales ocupan 99.8 millones de hectáreas sobre las que tienen derecho más de 5.1 millones de personas y donde se concentran dos terceras partes de los recursos hídricos, de los litorales, bosques, selvas y biodiversidad del país.

Los datos del RAN revelan que cerca de 60 por ciento de las parcelas del país tienen menos de 5 hectáreas, cuya producción no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de consumo, lo que demanda trabajo extraparcelario. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que el porcentaje de la población en situación de pobreza en zonas rurales pasó de 61.1 por ciento en 2014 a 58.2 por ciento en 2016, población que en su mayoría son sujetos agrarios.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación registra un deterioro de los recursos naturales, estima que en México son deforestadas cada año alrededor de 314 mil hectáreas de cobertura vegetal. Sin embargo, organizaciones campesinas, grupos ambientalistas e incluso autoridades hablan de 600 mil y hasta de 1 millón de hectáreas deforestadas cada año. Indicadores de la Universidad Autónoma Chapingo señalan que 64 por ciento de las tierras de cultivo en México presentan un nivel de degradación que va de ligero a extremo y que, consecuentemente, nuestros suelos están perdiendo paulatinamente su capacidad productiva.

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2017 refiere que 53.1 por ciento de las unidades de producción que usan tractores, tienen en su mayoría (44.3 por ciento) más de 15 años de vida útil; y que sólo 9.9 por ciento de las unidades de producción obtuvieron crédito o préstamo, principalmente para compra de materia prima y pago de mano de obra.

Las principales problemáticas que enfrentan las unidades de producción para el desarrollo de su actividad, de acuerdo a la ENA de 2017, son el incremento de costos en servicios e insumos (combustible, energía eléctrica, semillas y fertilizantes) y la pérdida de la cosecha o animales por fenómenos naturales, no controlables por el hombre (inundaciones, sequías, heladas y granizo).

El minifundio y la pobreza de la población agraria resultan serios obstáculos para lograr que el patrimonio de la población rural derive en la compactación y circulación de tierras, en aprovechar de forma eficiente los apoyos en capacitación, financiamiento y tecnología, entre otros aspectos de importancia.

No basta tener la tierra y los papeles para demostrar la propiedad, se requieren oportunidades de desarrollo para hacerla productiva.

En aras de la integralidad y coordinación de las políticas públicas, la Ley Desarrollo Rural Sustentable mandata al titular del Ejecutivo federal, a través de sus diversas dependencias y entidades, para que fundamente su actuar con base en el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.

Dicho sistema debe integrar información en materia de recursos naturales y agropecuarios, servicios ambientales, programas públicos y padrones de beneficiarios de apoyos y subsidios, entre otra gran cantidad de información que se genera de forma periódica, como resulta la información de mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.

El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, incluye información procedente del Sistema Nacional de Información Agraria y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y otras fuentes.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Información Agraria no está considerado en la propia Ley Agraria, por lo cual esta iniciativa tiene como objetivo principal establecer este sistema a partir del Registro Agrario Nacional, lo que además de incidir en cubrir una omisión de la ley, permitirá establecer un instrumento útil con información estratégica para la toma de decisiones, que facilitará la planeación y el crecimiento ordenado del territorio nacional, proyectos de vivienda, infraestructura, turísticos, y regionales, entre otros.

Desde hace más de una década se planteó e instrumentó la modernización institucional del Registro Agrario Nacional para integrar información del suelo con otros sistemas a fin de impulsar efectivamente el desarrollo rural integral sustentable.

La Auditoría Superior de la Federación estableció en su plan estratégico de la modernización de la ASF 2011-2017, y como parte de su programa anual de auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, la auditoría sobre la modernización del RAN, lo que ha permitido revisar el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, que implica la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficacia en el cumplimiento de su objetivo, la eficiencia en la operación y la economía en la aplicación de los recursos; con observaciones hasta 2014 que es cuando se alinea el programa de modernización del RAN al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

Con la modernización del RAN se han firmado múltiples convenios de coordinación y colaboración cuando existía la Secretaría de la Reforma Agraria y, ahora, entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Inegi, para seguir fortaleciendo la integración y el intercambio de información del RAN, esto ha permitido recientemente impulsar dos herramientas fundamentales en términos de información, transparencia y legalidad: los Servicios Públicos de Información del Registro Agrario Nacional y la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.

Los Servicios Públicos de Información del Registro Agrario Nacional se integran por cuatro herramientas de consulta que contienen información detallada, precisa y confiable de los 32 mil 082 núcleos agrarios que ocupan el territorio de la propiedad social en México:

1. Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Es un sistema de información que contiene los datos de las acciones agrarias que crean, modifican o extinguen la superficie que conforman a los ejidos y sus comunidades. Un instrumento tecnológico que refleja la historia de cada ejido o comunidad, desde el reparto agrario de 1916 a la fecha.

2. Sistema de Información Geoespacial. Es una plataforma de consulta con información catastral y registral de la propiedad social en México. Presenta información sistematizada a través de mecanismos de georreferenciación que permite visualizar capas de información que integran la propiedad social, dentro de las cuales destacan núcleos agrarios, tierras parceladas, tierras de uso común asentamientos urbanos, entre otras.

3. Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral. Contiene toda la información sobre los movimientos que se realizan con la posesión de la tierra de propiedad social. En dicha plataforma los usuarios pueden consultar el padrón de sujetos agrarios, el estatus que guarda un trámite, así como el boletín registral sobre los asuntos que se registran diariamente en las delegaciones.

4. Estadística Agraria. Proporciona la información relacionada con la propiedad social, la certificación de los núcleos agrarios y la perspectiva de género en los ejidos y comunidades del país.

Mientras, la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral integra los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros de las entidades federativas y los municipios, del Registro Agrario Nacional, del Catastro y del Registro Público Federal, así como de distintas dependencias, entidades paraestatales, órganos desconcentrados y organismos constitucionalmente autónomos federales.

La plataforma permite el acceso e intercambio de la información inmobiliaria de la propiedad pública, privada y social de los tres órdenes de gobierno con datos geográficamente referidos, posibilitando su múltiple aprovechamiento para las políticas públicas federales, estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial, desarrollo económico, social y ambiental del territorio.

De acuerdo con el sexto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y junio de 2018 se actualizaron 2 mil 886 acciones agrarias en el Sistema de Catastro Rural Nacional y 53 mil 278 acciones agrarias o actos jurídicos que reconocen, crean, modifican o extinguen a núcleos agrarios. Asimismo, a junio de 2018 a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, se incorporaron 15 mapas base e información de 12.5 millones de predios distribuidos en 800 municipios de 23 entidades federativas y capas de datos temáticos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, programas estatales y municipales de riesgo, vivienda, uso de suelo y fondo minero, entre otras.

Esta iniciativa propone establecer el Sistema Nacional de Información Agraria el cual se integrará por los Servicios Públicos de Información del Registro Agrario Nacional y la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.

A través del Sistema Nacional de Información Agraria se trataría de ubicar las tierras ejidales y comunales, para optimizar recursos, focalizar impactos positivos y tener una mayor cobertura territorial y poblacional de los beneficiarios. Se lograría el intercambio de información y coordinación de trabajo de campo para difundir y operar programas, y así lograr su aprovechamiento sustentable, a fin de cambiar la vida de cientos de familias rurales.

Con la operación del Sistema Nacional de Información Agraria se podría cumplir los preceptos constitucionales enunciados, al promover la regularización de la tenencia de la propiedad social generando una seguridad jurídica documental y su vinculación con proyectos sociales y productivos, lo que se traducirá en beneficios específicos para más de 5 millones de personas que viven en el sector agrario nacional, así como para todos los mexicanos en términos de calidad de vida y sustentabilidad ambiental.

Esto permitiría que programas dirigidos a localidades de alta y muy alta marginación, para pequeños productores, para campesinos sin tierras como los que forman parte de la población objetivo de programas productivos como mujeres y jóvenes, puedan fortalecerse con opciones reales de ingreso sostenible y para incidir en la productividad, al tiempo de favorecer la circulación generacional de la tierra y evitar la expulsión de población por falta de oportunidades.

Asimismo, permitiría contribuir en los servicios ambientales como una alternativa potencial para generar ingresos, al incidir en el diseño de proyectos con un enfoque territorial que aumente el valor de la propiedad social con actividades de biodiversidad, considerando los sitios prioritarios de conservación (con datos de Conabio); las reservas de carbono en bosques, selvas y matorrales (con datos de Conafor); y servicios hidrológicos, considerando las reservas de agua (con datos de la Conagua); por lo que se estaría incidiendo también en la biodiversidad, el manejo forestal sustentable y la aplicación de ordenamientos comunitarios, integrando zonas rurales y urbanas.

La amplitud de la información permitiría analizar problemáticas de abastecimiento de agua, servicios, crecimiento urbano, infraestructura; además de permitir análisis, modelos y proyectos sociales y económicos que eviten el deterioro de los ecosistemas así como el agotamiento de nuestros recursos naturales, propiciar un desarrollo más equilibrado y armónico del campo y las ciudades y, por ende, mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Asimismo, se podrían crear las condiciones para que las comunidades crezcan ordenadamente, delimitando las zonas más adecuadas para evitar desastres naturales recurrentes, así como las zonas más productivas, más allá de identificar y prevenir las zonas que pueden derivar en conflictos sociales.

Por ejemplo, las empresas necesitan permisos para desarrollar su trabajo en territorios que no son propiedad de una persona sino que pertenecen a una comunidad, como en el caso de los contratos que derivan de la reforma energética, o en materia de desarrollo industrial, minero, para comercializar tierra para vivienda, de tal forma que resulta estratégico contar con la información del Sistema Nacional de Información Agrario para proyectos específicos de algunos sectores, y en general para planeación del desarrollo municipal, rural y regional.

El Sistema Nacional de Información Agraria apuntalaría el análisis y enfoque territorial que siempre se ha buscado para la planeación nacional del desarrollo, lo cual abona a la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones y los recursos públicos, así como a impactar favorablemente en las condiciones de desigualdad que desafortunadamente prevalecen en el país.

Por lo expuesto se propone reformar la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La primera, para establecer el Sistema Nacional de Información Agraria como un instrumento sustentado en tecnologías de información y comunicación que contribuirá con los demás sistemas de los diferentes sectores productivos y gubernamentales del país en favor de los núcleos agrarios, como del desarrollo local y regional.

Mientras, en la segunda, para considerar el potencial del Sistema Nacional de Información Agraria en la determinación de zonas y regiones productivas del país, regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural, uso del suelo, reestructuración de la propiedad y reconversión productiva.

En este orden de ideas, se presenta a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 5o., 149, 151, 154 y 155 de la Ley Agraria

Primero. Se reforman los artículos 5o., 149, 151, 154 y 155 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 5o.Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 149.Para efectos de lo dispuesto en las fracciones VII, XVII y XX del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las dependencias y entidades responsables de la información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Marina y la Secretaría de Energía, así como de las que considere necesarias a fin de integrar el Sistema Nacional de Información Agraria.

El Sistema Nacional de Información Agraria se conforma por la información actualizada del Registro Agrario Nacional y la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que integra los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros de las entidades federativas y los municipios, del Registro Agrario Nacional, del Catastro y del Registro Público Federal, así como de distintas dependencias, entidades paraestatales, órganos desconcentrados y organismos constitucionalmente autónomos federales.

El Sistema Nacional de Información Agraria es el instrumento de consulta obligatorio para determinar programas dirigidos a núcleos agrarios, vocaciones productivas, reconversión productiva, reestructuración de unidades de producción rural y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 151.El Registro Agrario Nacional y el Sistema Nacional de Información Agrariaserán públicos y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos, inscripciones, mosaicos catastrales y demás información generada por estos instrumentos y obtener a su costa las copias que solicite.

Artículo 154.Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el Sistema Nacional de Información Agraria.

Artículo 155.El Registro Agrario Nacional deberá

I.Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II.Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III.Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales;

IV.Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo en medios digitales;

V.Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley; y

VI. Promover y fomentar la integración, modernización, actualización y vinculación permanente del registro de la propiedad rural, del catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los municipios y de los registros públicos de la propiedad.

Segundo. Se reforman los artículos 160, 165 y 170 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 160.La Comisión Intersecretarial, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, así comode indicadores y criterios que establezca para tal efecto, con la participación del consejo mexicano y de los gobiernos de las entidades federativas, definirá las regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural, que como tales serán objeto de consideración preferente de los programas de la administración pública federal en concordancia con el programa especial concurrente.

Artículo 165.De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los gobiernos federal, estatales y municipales, cuando así lo convengan, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, fomentarán el uso del suelo más pertinente de acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los procesos de producción más adecuados para la conservación y mejoramiento de las tierras y el agua.

Artículo 170.La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, determinará, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, zonas de reconversión productiva que deberá atender de manera prioritaria, cuando la fragilidad, la degradación o sobreutilización de los recursos naturales así lo amerite.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contarán con 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Notas

1 http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/507489/

2 http://www.diversidadambiental.org/medios/nota233.html

3 https://www.gob.mx/ran/prensa/presenta-el-ran-sus-servicios-publicos-de- informacion-del-registro-agrario-nacional

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480570&fecha=25/04/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Armando Tejeda Cid,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

María Alemán Muñoz Castillo, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados´, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,y por la que se crea laLey General De Participación Ciudadana,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La participación ciudadana en la actualidad es una herramienta fundamental para conformar una alianza estratégica entre gobierno y sociedad en la consecución de objetivos comunes y para la implementación de un modelo de gobierno basado en la gobernanza.

Por participación ciudadana debemos asumir la voluntad, pero también la obligación del ciudadano de tomar parte activa en la toma de decisiones políticas y administrativas de un gobierno, a través de los mecanismos establecidos en los instrumentos jurídicos.

Aunque en México ya existen dos mecanismos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la consulta popular y la iniciativa ciudadana; estos se encuentran reglamentados por separado, el primero en ordenamiento secundario en la Ley Federal de Consulta Popular y el segundo en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por demás estaría señalar que no son suficientes para construir la citada y necesaria alianza estratégica entre sociedad y gobierno.

Es por ello qué se plantea la creación de un ordenamiento jurídico que integre la reglamentación de los dos instrumentos que existen al tiempo que los fortalezca.

Asimismo, se proponen dos mecanismos adicionales que permitan a los ciudadanos involucrarse en las decisiones presupuestales a través del llamado presupuesto participativo; y por otro, otorgarles la facultad a los ciudadanos de destituir al Titular del Poder Ejecutivo Federal, si no tuviera un buen desempeño.

La consulta popular es un mecanismo genuino, a través del cual los ciudadanos emiten su opinión acerca de actos y asuntos que repercuten directamente en la vida diaria como sociedad, y garantiza que la autoridad tenga que acatar el consenso social; sin embargo, este mecanismo debe de plantear de manera clara cuál es su vocación, por ello la necesidad de desglosar el carácter y utilidad en dos vías: plebiscito o referéndum.

Es importante realizar esta distinción, ya que el plebiscito combate actos administrativos o de gobierno, y permite por un lado que los ciudadanos puedan combatir los que sean arbitrarios y perjudiciales a su entorno y que la autoridad haya ejercido o pretenda ejercer; en contraparte, este mecanismo también permitiría entonces a las autoridades administrativas legitimar sus decisiones.

Por otro lado, el referéndum combate actos legislativos y de similar manera, que los ciudadanos y las autoridades administrativas combatan actos en materia legislativa arbitrarios o lesivos para la sociedad; en contraparte también, permite una mayor legitimación de los ordenamientos jurídicos creados o modificados.

Para que ambos mecanismos sean eficaces y de calidad existe un elemento rector en la participación ciudadana y en el cual realizamos énfasis especial: la información. Donde a mayor cantidad y mayor calidad de la misma, mejor será la toma de decisiones por ejercer; en contrasentido, a menor cantidad, pero sobre todo menor calidad de información, tendremos mecanismos limitados y una toma de decisiones que tiende a la ineficiencia.

Es por ello qué resulta necesario acompañar estos mecanismos con una estrategia que permita brindar todos los elementos informativos a los ciudadanos, para que la toma de decisiones sea la mejor y más consiente posible.

La iniciativa ciudadana, es un mecanismo que brinda la posibilidad a los ciudadanos de prevalecer sobre a sus representantes. Recordemos que dos de las funciones primigenias de los diputados, son la representación popular y la capacidad de legislar siempre con el objeto de fortalecer el adecuado desenvolvimiento social.

Sin embargo, la desconfianza y la duda que la población suele gestar sobre el desempeño de sus representantes, exige la creación de mecanismos que permitan que la misma siempre sea tomada en cuenta respecto de sus necesidades legislativas, otorgándole entonces herramientas para qué se pueda organizar y con ello crear, adicionar, reformar o abrogar instrumentos jurídicos imperfectos o que lesionen los intereses sociales.

Aunque este instrumento de participación ciudadana ya se encontraba reglamentado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta de vital importancia que los mecanismos de participación ciudadana no se encuentren reglamentados de manera separada, sino que se puedan integrar en un solo cuerpo normativo relacionado.

Ahora bien, el primer instrumento que se crea es el presupuesto participativo, que es una de las herramientas de democracia directa que permite el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en el ejercicio de los recursos públicos, debido a que los ciudadanos además de tomar la decisión de las obras y servicios que se ejecutan, serán también muy importantes en el seguimiento y evaluación del ejercicio de esos recursos públicos.

Esta figura que se viene desarrollando desde finales de los años ochenta, ha resultado ser una de las prácticas participativas más sugerentes y singulares en el contexto de las democracias representativas a escala mundial.

El presupuesto parti­cipativo nace en Porto Alegre, Brasil en 1988, con la intención de combatir la descomposición del tejido social y el incremento de inseguridad y violencia en las favelas de esta ciudad.

La institucionalización de ésta inicia­tiva ha sido objeto de creciente interés a nivel mundial. Así, el presupuesto participativo de Porto Alegre fue seleccionado por el programa de Gestión Urbana de la ONU (sección para América Latina) como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública.

Asimismo, en la Conferencia mundial de la ONU sobre problemas urbanos (HABITAT II) celebrada en Estambul en junio de 1996, fue elegida como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana del mundo, siendo incluida como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales para HABITAT II.

La intención principal del presupuesto participativo es empoderar a los ciudadanos, para crear una nueva dinámica de relación sociedad-gobierno que sirva para retribuir las demandas ciudadanas insatisfechas, y que permita a los ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones de manera directa y positiva en materia de infraestructura social.

En el contexto de la crisis del Estado que se vive actualmente, es necesario construir nuevos y firmes puentes democráticos, que sirvan de sustento a innovadoras formas y estructuras de decisión en el ámbito gubernamental.

Este mecanismo de participación ejerce control político porque los funcionarios deben atender el llamado de la comunidad y actuar sobre sus inquietudes. Con esta práctica, la participación ciudadana encuentra un instrumento real de dialogo directo y de acuerdo con el gobierno.

Finalmente, el segundo mecanismo que se crea es la revocación de mandato, como una facultad de los ciudadanos para destituir al titular del Poder Ejecutivo Federal cuando estime que su desempeño no ha sido el adecuado.

Este mecanismo plantea ceder de manera genuina el poder al ciudadano, para ejercerlo una vez que transcurra la mitad del periodo para el que fuera electo, como camino para la destitución cuando es solicitado por los ellos y por los legisladores.

Pero también, el mecanismo se presenta ante el Presidente de la República como una herramienta de legitimación de su gobierno y de los resultados que se hayan obtenido a la mitad de su sexenio; por lo tanto, se trata de un modelo equitativo que permite interacción social hoy inexistente y muy necesaria.

Para este aspecto, es que presentamos el actual producto legislativo, con una iniciativa de reforma constitucional que da sustento fundamental a tan urgente herramienta de evaluación gubernamental.

Respetable asamblea:

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”

Establece también en su artículo 40 qué “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal...”

Es así qué nuestra Constitución instaura principios que rigen el ejercicio del poder que el pueblo ejerce a través de sus representantes, a quienes elige y confía.

La soberanía remite a “... la racionalización jurídica del poder político, es decir, la transformación del poder de hecho en poder de derecho.

Por su parte, Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término “sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a ésta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado”.

En ese sentido la Constitución dispone la manera del ejercicio del poder, la forma de acceder a éste, los mecanismos de control, la rendición de cuentas y la transparencia, estos últimos exigidos por una sociedad cansada de la corrupción y la falta de oportunidades para su desarrollo.

Así han aparecido los conceptos de crisis de representatividad y de falta de legitimidad en el ejercicio del poder, que se traducen en que las personas perciben que sus representantes dejaron de luchar por el interés general.

“A partir del concepto de legitimidad, que deriva del libre consenso manifestado por una comunidad de personas autónomas y conscientes, es más legítimo un Estado cuyo consenso es manifestado con mayor libertad, y será más aparente en la medida que sea más forzado.”

Por su parte, podemos deducir que:

“Lo anterior se relaciona con el problema de gobernar democráticamente, el cual se ha ido respondiendo mediante nuevas representaciones, así como derechos y acuerdos que, según Raffaele de Giorgi, son ficciones creadas con el convencimiento de poder decidir racionalmente el modo de construir el futuro de la sociedad, estructurado en una forma de gobierno que permita reducir las tensiones sociales.”

Se han realizado esfuerzos en el ámbito normativo para recobrar la confianza de la sociedad, misma que se ha involucrado en los temas de interés público siendo cada vez más crítica, exigiendo que sus representantes en el ejercicio del poder, no sólo cumplan con las facultades y obligaciones que la Ley les señala, sino que sean eficientes, eficaces y honestos en beneficio de la sociedad.

Veamos el camino que han adoptado otros países, como Venezuela, Ecuador y Bolivia que han acogido figuras como la propia revocación de mandato, donde al menos teóricamente pretenden configurar una especie de nuevo constitucionalismo y nuevos bríos a la democracia latinoamericana.

Ahora entendemos el camino que nuestro país debe emprender, pero debemos ir más allá, para no caer mañana en los excesos de los gobiernos de estas naciones que podrían estar abusando de la propia permanencia en el poder al hacer a la democracia menos representativa y más directa.

Hoy debemos construir, a partir de marcos epistemológicos nuevos y con formas y contenidos cualitativamente innovadores, un escenario que reconozca y garantice más amplios y más profundos derechos políticos que antes, qué en la democracia representativa, prácticamente se reducían a un acto ritual: el de la emisión del voto.

La sociedad espera entonces contar con una herramienta, además del voto, mediante la cual manifieste su inconformidad de la manera de gobernar de los servidores públicos electos popularmente, que tenga consecuencias que verdaderamente ejerzan presión en aquellos y en quienes pretendan ser representantes populares.

Alán García Campos refiere que la “... revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.”

Y continúa:

“La revocación de mandato reconoce a los ciudadanos como la fuente de la soberanía popular. Si en ellos reside la soberanía y la ejercen a través de sus representantes –al momento de designarlos mediante elecciones libres- lo lógico es que también puedan destituirlos mediante una votación libre. El sistema representativo es un producto de la soberanía popular y si existe una institución política que, como es el caso de la revocación de mandato fortalezca su ejercicio, debe ser acogida.”

Describiendo elementos a favor como:

“Mayor cercanía. Al igual que los periodos gubernamentales cortos pretenden mantener un estrecho contacto entre electores y elegidos, la revocación del mandato hace posible que esta cercanía se intensifique y se mantenga latente. La revocación de mandato se convierte en una oportunidad para la sociedad de recuperar ese poder ciudadano de ratificarlo o removerlo de una manera democrática ante circunstancias extremas.

Ciudadanía atenta. La revocación de mandato permite que los ciudadanos se mantengan vigilantes y monitoreen la acción pública en los intervalos que transcurren entre un proceso comicial y otro. Promueve que los ciudadanos den seguimiento a sus gobernantes, se mantengan informados y jueguen un papel central en el proceso de gobierno. La posibilidad de revocar el mandato conserva viva la atención ciudadana sobre las actividades cívicas durante los periodos que transcurren de una elección a otra, pues se sabe que en cualquier momento se puede iniciar un procedimiento revocatorio.

Incentivo a la responsabilidad. Los representantes tenderán a tomar sus responsabilidades más seriamente. La revocación del mandato motiva actitudes más comprometidas con la palabra empeñada e incentiva la satisfacción de las promesas realizadas, las cuales a su vez se harán de manera seria y responsable.

Válvula liberadora. La revocación de mandato es una válvula que evita que los conflictos políticos se enconen de manera más aguda y los protagonistas aspiren a buscar salidas extra-institucionales. Se trata de un mecanismo regulado, pacífico y constitucional por medio del cual puede expresarse, en cualquier momento, el deseo popular de que un gobernante deje su oficina sin necesidad de recurrir a otras expresiones que polarizan aún más a la ciudadanía.

La revocación de mandato es una vía constitucional, democrática, institucional, reglada y pacífica para expresar el descontento.”

La revocación de mandato fortalece el sistema representativo, se basa en la idea de que los elegidos toman decisiones y la ciudadanía va a juzgar dichas decisiones retrospectivamente, ya sea para aprobarlas o rechazarlas con posterioridad a su adopción. Si el sistema representativo pretende reflejar la voluntad mayoritaria, la institución de la revocatoria del mandato incentiva dicha posibilidad. El simple temor de ser removido o tenerse que defender, motivará en los representantes una actitud más apegada a los anhelos ciudadanos.

Motivados en lo anteriormente descrito, proponemos en la presente iniciativa la incorporación del citado mecanismo de control a nuestro marco jurídico fundamental.

Es por lo anteriormente expuesto que se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la que se crea la Ley General de Participación Ciudadana

Artículo Primero.Se reforman los artículos 35, 83, 84 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. – VII. (...)

VIII.Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional , que podrán tener carácter de plebiscito, referéndum o revocación de mandato, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o.Serán convocadas por el Instituto Nacional Electoral a petición de:

a) (...);

b)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, en cuyo caso, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; o

c)(...)

2o.(...)

3o.No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Instituto Nacional Electoral, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o.El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. – 7o. (...)

Artículo 83. (...)

El presidente de la República podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

Artículo 84. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Cuando a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato el pueblo mexicano decidiera destituir al Presidente, una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso de la Unión; si este se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral un plazo no mayor de seis meses ni menor de tres. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. – XIX. (...)

XX. Acatar el resultado de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

XXI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo Segundo.Se crea la Ley General de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:

Ley General de Participación Ciudadana.

Título Primero
Disposiciones Generales Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1.Esta Ley es de orden e interés público y de observancia general en materia de participación ciudadana.

Artículo 2.El presente ordenamiento tiene por objeto establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que permitan y fortalezcan la organización de los ciudadanos.

Artículo 3.Los ciudadanos harán uso de los mecanismos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley, sin perturbar el orden y la paz pública.

Artículo 4.Son mecanismos de participación ciudadana:

I. Consulta Popular.

II. Presupuesto Participativo.

III. Iniciativa Ciudadana.

Artículo 5. Tienen derecho a participar los ciudadanos que estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, en términos de ley.

Artículo 6. Corresponde la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias a:

I. Congreso de la Unión.

II. Presidente de la República.

III. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. Estados integrantes de la Federación.

V. Ayuntamientos.

VI. Instituto Nacional Electoral.

Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entenderá:

I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a la Cámara que corresponda de presentar una petición de consulta popular;

II. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Instituto: Instituto Nacional Electoral;

V. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VI. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 8.A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Título Segundo
De la Consulta Popular Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 9. La consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana a través del cual los ciudadanos expresan su opinión respecto de uno o varios actos de trascendencia nacional, mediante el voto directo.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley general de instituciones y procedimientos electorales.

Artículo 10.La consulta popular podrá tener el carácter de:

I. Plebiscito. Cuando se trate de un acto administrativo del Poder Ejecutivo Federal.

II. Referéndum. Cuando se trate de un acto legislativo del Poder Legislativo Federal.

III. Revocación de mandato. Cuando se someta a consideración de los ciudadanos el desempeño y continuidad del Presidente de la República.

Artículo 11. Serán objeto de consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum, los actos de trascendencia nacional.

Artículo 12.Se entiende que existe trascendencia nacional en el acto propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como:

I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y

II. Que impacten en una parte significativa de la población.

Artículo 13. La consulta o consultas populares a que convoque el Instituto Nacional Electoral, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal; salvo en el caso de la consulta popular que tenga por objeto la revocación de mandato, que se deberá realizar seis meses después de la primera mitad del mandato constitucional.

Artículo 14. Son requisitos para participar en la consulta popular:

I.Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la Constitución;

II.Estar inscrito en el Padrón Electoral;

III.Tener credencial para votar con fotografía vigente, y

IV.No estar suspendido en sus derechos políticos.

Artículo 15.No podrán ser objeto de consulta popular:

I.La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II.Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

III.La materia electoral;

IV.Los ingresos y gastos del Estado;

V.La seguridad nacional, y

VI.La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 16.El Instituto Nacional Electoral, será el encargado de la organización y desarrollo de la consulta popular a través de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Capítulo II
De la Petición De Consulta Popular Sección Primera
De los Sujetos

Artículo 17.Podrán solicitar una consulta popular:

I.El Presidente de la República;

II.El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso;

III.Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

Artículo 18. La petición de consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, en términos de esta Ley, del uno al quince de septiembre del año previo a las elecciones federales.

Para el caso de la consulta popular con carácter de revocación de mandato, deberá presentarse del uno al quince de septiembre del año en que se cumpla la mitad del mandato constitucional del Presidente de la República.

Sección Segunda
Del Aviso de Intención

Artículo 19. Los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente, deberán dar aviso de intención al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través del formato que al efecto determine el Consejo.

El Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá en un plazo no mayor a diez días hábiles, una constancia que acredite la presentación del aviso de intención, que se acompañará del formato para la obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo. Las constancias de aviso serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La falta de presentación del aviso de intención, será causa para no admitir a trámite la petición de consulta popular.

Los formatos, el aviso de intención y las constancias expedidas, únicamente tendrán vigencia para la consulta popular que se realice en la jornada de consulta inmediata siguiente.

Artículo 20. El formato para la obtención de firmas lo determinará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley y que deberá contener por lo menos:

I.El acto de trascendencia nacional planteado;

II.La propuesta de pregunta;

III.El número de folio de cada hoja;

IV.El nombre, firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, y

V.La fecha de expedición.

Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por el Instituto, la propuesta de consulta popular no será admitida a trámite.

El secretario técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará cuenta de los avisos de intención que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del plazo establecido por el artículo 18 de esta Ley o que no se hayan entregado en el formato correspondiente para la obtención de firmas, los cuales serán archivados como asuntos total y definitivamente concluidos.

Sección Tercera
De la Presentación

Artículo 21. El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum y también podrá presentar la petición de consulta popular con carácter de revocación de mandato.

Tratándose de las peticiones de consulta popular formuladas por los legisladores integrantes de las Cámaras del Congreso, será objeto de la Convocatoria aquella que sea aprobada por dos terceras partes de cada una de las Cámaras del Congreso, pudiendo ser una petición con carácter de plebiscito o referéndum para cada jornada y una con carácter de revocación de mandato.

En el caso de las peticiones de ciudadanos, la Convocatoria se expedirá respecto de aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo con el Informe emitido por el Instituto y previa declaración de constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte.

Artículo 22. La solicitud de petición de consulta popular que realice el Presidente de la República, deberá ser presentada ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 23. Tratándose de peticiones formuladas por legisladores federales, se presentarán en la Cámara del Congreso a la que pertenezcan los promoventes y una vez aprobada por mayoría simple, deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 24. El Presidente de la República y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de consulta popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

Retirada la petición, podrán presentar una nueva petición de consulta, siempre que se realice dentro del plazo establecido en el artículo 18 de esta Ley.

Artículo 25. La solicitud que provenga de los ciudadanos se presentará ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conforme a la Sección Segunda del presente Capítulo.

Sección Cuarta
De los Requisitos

Artículo 26. Toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, con los siguientes elementos:

I.Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes;

II.El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el acto se considera de trascendencia nacional, y

III.La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta.

Sólo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular.

Artículo 27. En caso de que la solicitud provenga de los legisladores federales, además de lo establecido en el artículo anterior, deberá acompañarse del anexo que contenga nombres completos y firmas de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, sin que puedan presentarse peticiones suscritas por legisladores de ambas Cámaras.

Asimismo, deberá designarse como representante a uno de los legisladores promoventes para recibir notificaciones.

Artículo 28.La solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en el artículo 26 de esta Ley, deberá complementarse con:

I.Nombre completo y domicilio del representante para recibir notificaciones, y

II.Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente.

Artículo 29.Toda la documentación, así como los anexos, deberá estar plenamente identificados, señalando en la parte superior de cada hoja la referencia al carácter y acto que se propone someter a consulta popular.

Artículo 30. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no señale el nombre del representante, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara que corresponda prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres días naturales, contados a partir de la notificación.

En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.

Sección Quinta
Del Procedimiento para la Convocatoria

Artículo 31.Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República o legisladores federales, se seguirá el siguiente procedimiento:

I.El Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

II.Recibida la solicitud del Instituto para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a)Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b)Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c)Notificar al Instituto su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita;

III.En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicará la resolución en el Diario Oficial de la Federación y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

IV.Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ordenará la publicación de la Convocatoria de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 32.Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá el siguiente procedimiento:

I. Recibida la petición por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto en un plazo de treinta días naturales verificará que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo con los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando:

a)Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;

b)No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

c) Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma consulta popular; en este caso, sólo se contabilizará una de las firmas;

d) Las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieren respaldado otra consulta popular en el mismo proceso, excedan del veinte por ciento del total de firmas requeridas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley. En este caso, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y

e) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

II.En el caso de que el Instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, publicará el informe en el Diario Oficial de la Federación, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III.En el caso de que el Instituto determine que se cumple el requisito establecido en la fracción I, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicará el informe en el Diario Oficial de la Federación y enviará la petición a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV.Recibida la solicitud del Instituto para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a)Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b)Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c)Notificar al Instituto su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que la emita;

V.Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores.;

VI.En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicará la resolución en el Diario Oficial de la Federación, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VII.Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ordenará la publicación de la Convocatoria de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 33. Las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas e inatacables.

Artículo 34. La Convocatoria de consulta popular deberá contener:

I.Fundamentos legales aplicables;

II.Fecha de la jornada electoral federal en que habrá de realizarse la consulta popular;

III.Breve descripción del acto de trascendencia nacional que se somete a consulta en caso de que la consulta tenga carácter de plebiscito o referéndum; para el caso de que la consulta tenga carácter de revocación de mandato, se señalará únicamente el nombre del Presidente de la República que es objeto de la misma;

IV.La pregunta a consultar, y

V.Lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.

Artículo 35.La Convocatoria que expida el Instituto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo Tercero
De la Organización de la Consulta Popular Sección Primera
De la Organización de la Consulta Popular

Artículo 36.El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 37. Una vez publicada la Convocatoria, el Secretario Ejecutivo lo hará del conocimiento del Consejo General en la siguiente sesión que celebre.

Artículo 38. Al Consejo General del Instituto le corresponde:

I. Aprobar los formatos de apoyo ciudadano a que hace referencia el artículo 19 de esta Ley.

II. Ordenar la publicación de la o las convocatorias para la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

III. Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;

IV. No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

V. Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma consulta popular; en este caso, sólo se contabilizará una de las firmas;

VI. Las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieren respaldado otra consulta popular en el mismo proceso, excedan del veinte por ciento del total de firmas requeridas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley. En este caso, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y

VII. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VIII. Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;

IX. Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular, y

X. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares.

Artículo 39. A la Junta General Ejecutiva del Instituto le corresponde:

I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, y

II. Las demás que le encomiende la normatividad aplicable, o le instruya el Consejo General o su Presidente.

Artículo 40. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares.

Sección Segunda
De la Difusión de la Consulta

Artículo 41. Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en la consulta popular a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral.

La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la consulta popular.

Artículo 42. El Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos de radio y la televisión que correspondan al propio Instituto.

Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.

Artículo 43. Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

Sección Tercera
De los Actos Previos a la Jornada de Consulta Popular

Artículo 44.Para la emisión del voto en los procesos de consulta popular el Instituto imprimirá las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:

I. Breve descripción del acto de trascendencia nacional cuando se trate de una consulta con carácter de plebiscito o referéndum; para el caso de que la consulta tenga vocación de revocación de mandato, solo se señalará el ciudadano sujeto a la misma;

II. La pregunta contenida en la convocatoria aprobada por la Suprema Corte;

III. Para el caso de que la consulta tenga carácter de revocación de mandato la pregunta deberá ser: “¿El Presidente de la República (nombre de él o la Presidente de la República) debe continuar con su mandato?”

IV. Cuadros para el “SÍ” y para el “NO”, colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto;

V. Entidad, distrito, municipio o delegación, y

VI. Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto.

Habrá una sola papeleta, independientemente del número de convocatorias que hayan sido aprobadas.

Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será progresivo, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral, municipio o delegación y la consulta popular.

Artículo 45. Las papeletas deberán obrar en los Consejos Distritales a más tardar quince días antes de la jornada de consulta popular. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

II. El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando en ella los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva, y

IV. Al día siguiente al en que se realice el conteo de las boletas electorales, el Presidente del Consejo Distrital, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las papeletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución.

Artículo 46. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada de consulta y contra el recibo detallado correspondiente:

I.Las papeletas de la consulta popular, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

II.La urna para recibir la votación de la consulta popular;

III.La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, y

IV.En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla.

A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de papeletas que reciban no será superior a 1,500.

La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los integrantes de las Juntas Distritales que decidan asistir.

Artículo 47. El Instituto, podrá designar adicionalmente a uno o más ciudadanos para que se integren a las mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la consulta popular.

Sección Cuarta
De la Jornada de Consulta Popular

Artículo 48. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé la presente sección.

Artículo 49. Para todos los efectos legales, las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras de la consulta popular.

Artículo 50.En la jornada de consulta popular los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO” cuando estén en contra.

Artículo 51.La urna en que los electores depositen la papeleta, deberán consistir de material transparente, plegable o armable; las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color de la papeleta que corresponda; la denominación “consulta popular”.

Artículo 52. Los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán la cantidad de papeletas depositadas en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, contarán el número de votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente.

Artículo 53. En caso de ausencia del escrutador designado para el escrutinio y cómputo de la consulta popular, las funciones las realizarán cualquiera de los escrutadores presentes designados para la elección federal.

La falta de los ciudadanos designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en la casilla, no será causa de nulidad de la votación de las elecciones constitucionales ni la de la consulta.

Artículo 54. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas:

I.El secretario de la mesa directiva de casilla contará las papeletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado, anotando en el exterior del mismo el número de papeletas que se contienen en él;

II.El o los escrutadores contarán en dos ocasiones el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

III.El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las papeletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV.El o los escrutadores contarán las papeletas extraídas de la urna;

V.El o los escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasificarán las papeletas para determinar el número de votos que hubieren sido:

a)Emitidos a favor del “SÍ”;

b)Emitidos a favor del “NO”, y

c)Nulos.

VI.El secretario anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en el acta de escrutinio y cómputo de la consulta.

Artículo 55. Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas:

I.Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente el sentido del voto como “SÍ” o “NO”, y

II.Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo señalado en la fracción anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta.

Artículo 56. Agotado el escrutinio y cómputo de la consulta se levantará el acta correspondiente, la cual deberán firmar todos los funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente de la consulta popular con la siguiente información:

I.Un ejemplar del acta de la jornada de consulta;

II.Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la consulta, y

III.Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos de la consulta.

Artículo 57. Al término de la jornada electoral, los presidentes de las mesas directivas de casilla fijarán en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de la consulta popular.

La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar dentro de la caja paquete electoral de las elecciones, el expediente de la consulta popular al Consejo Distrital correspondiente.

Artículo 58. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los relativos a la consulta popular.

Sección Quinta
De los Resultados

Artículo 59. Los consejos distritales realizarán el cómputo de la consulta popular el segundo miércoles siguiente a la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.

Artículo 60. Los expedientes del cómputo distrital de la consulta popular constarán de:

I.Las actas de escrutinio y cómputo de la consulta popular;

II.Acta original del cómputo distrital;

III.Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la consulta, y

IV.Informe del presidente del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso de consulta popular.

Artículo 61. Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “SÍ” y “NO” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, a solicitud del peticionario correspondiente, en los siguientes términos:

I.El Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;

II.Los legisladores, a través del Presidente del Congreso de la Unión, y

III.Los ciudadanos, a través del representante designado.

Artículo 62.Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados al Secretario Ejecutivo del Instituto, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Artículo 63. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la consulta popular.

Artículo 64. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta Ley.

Capítulo IV
De la Vinculatoriedad y Seguimiento

Artículo 65.Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro de los quince días siguientes se dé cumplimiento al mandato ciudadano.

Cuando el resultado de la consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.

Cuando el resultado de la consulta popular con carácter de revocación de mandato sea vinculatorio para el Presidente de la República, la Suprema Corte notificará a la mesa directiva de la Cámara de diputados para que, en apego a lo señalado en la Constitución, se proceda a elegir y nombrar a un Presidente sustituto que concluya el mandato constitucional.

Capítulo V
De los Medios de Impugnación

Artículo 66. El recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.

Título Tercero
Del Presupuesto Participativo Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 67.El presupuesto participativo es el mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los ciudadanos deciden el destino de los recursos públicos de al menos el 5% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, perteneciente al Ramo 33 a través del voto directo.

Artículo 68. Podrán participar en el mecanismo de presupuesto participativo los ciudadanos que:

I. Acrediten su residencia en la colonia, barrio o comunidad en la que se ejercerán los recursos públicos; y

II. Se encuentren al corriente del pago del Impuesto predial.

Artículo 69.El presupuesto participativo tiene por objeto:

I. Crear, mantener y fortalecer el tejido social en colonias, barrios y comunidades del Estado;

II. Propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos en los municipios, a través de un mecanismo abierto, público, incluyente, democrático, transparente y auditable; y

III. Priorizar las necesidades sociales y con ello mejorar la toma de decisiones sobre las obras a implementar por parte de las autoridades estatales y municipales.

Artículo 70. Los recursos destinados a Presupuesto participativo, deberán ejercerse de manera exclusiva en los siguientes rubros:

I. Servicios de agua, luz y drenaje;

II. Infraestructura educativa, de salud, cultural, deportiva o recreativa en zona rural y urbana;

III. Recuperación de espacios públicos;

IV. Urbanización; y

V. Movilidad sustentable.

Artículo 71.La Secretaría de Desarrollo Social, a través de los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será la encargada de garantizar los recursos para la implementación del presupuesto participativo en los estados y municipios del País.

Artículo 72.Corresponderá a cada Estado, a través de la legislación correspondiente determinar el procedimiento para garantizar la implementación del presupuesto participativo de manera abierta, pública, incluyente, democrática, transparente y auditable en el Estado y sus municipios.

Título Cuarto
De la Iniciativa Ciudadana Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 73.La iniciativa ciudadana es el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos para presentar iniciativas de ley o decreto respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

Artículo 74.La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá:

I. Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente.

II. La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.

III. Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique.

IV. Nombre completo y domicilio del o los representantes para oír y recibir notificaciones

V. Contener los nombres completos de los ciudadanos; un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal nacional de electores con clave de elector, o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma y;

VI. Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Artículo 75.Las iniciativas que no reúnan los requisitos expresados por esta Ley para ser dictaminados deberán ser remitidas por el Presidente de la Cámara, por una sola vez a los promoventes, a través de su representante, para que, en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la notificación, hagan las correcciones pertinentes, en caso de no subsanarse en el plazo estipulado, serán desechadas de plano.

Artículo 76.Las iniciativas que sea rechazada por el Congreso de la Unión, solo se podrán presentar de nueva cuenta, una vez transcurrido un año, a partir de la fecha en que fue rechazada.

Artículo 77.Una vez ingresada la solicitud de iniciativa ciudadana, se atenderá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación de firmas de los ciudadanos promoventes, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.

II. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma cumpla con el requisito de representatividad del cero punto trece por ciento de ciudadanos promoventes.

III. Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo con los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva;

IV. El Instituto Nacional Electoral contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para realizar la verificación a que se refiere el inciso anterior;

V. En el caso de que el Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

VI. En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del Instituto Nacional Electoral, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;

VII. En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario.

VIII. Durante el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara, el Presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos promoventes, para que asista a la reunión de la comisión que corresponda, en la fecha en que se tratará su propuesta de iniciativa, a efecto de que ha uso de la voz para exponer el contenido de la misma. Las opiniones que éste manifieste durante la reunión, únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen.

La ausencia del representante, no interrumpe el procedimiento de dictamen y;

IX. En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

Título Quinto
De la Promoción y Construcción de la Cultura de Participación Ciudadana

Artículo 78. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a promover entre los servidores públicos cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de participación ciudadana, presupuesto participativo, revocación de mandato y los órganos de representación ciudadana; la cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación ciudadana en general, como un espacio cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza.

Artículo 79.Las autoridades promoverán entre los habitantes, ciudadanos y vecinos, a través de campañas informativas y formativas, programas de: formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de, instrumentos de participación ciudadana, presupuesto participativo y órganos de representación ciudadana.

Artículo 80.El Instituto Nacional Electoral está obligado a implementar programas de capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en materia de participación ciudadana, presupuesto participativo y revocación de mandato.

Título Sexto
De las Responsabilidades

Artículo 81. Los actos u omisiones de cualquier funcionario o servidor público que contravengan el sentido de la consulta popular o que incumplan las resoluciones finales emitidas en los mecanismos de participación ciudadana quedarán sujetos a las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 82.Las publicaciones que se requieran a los directores o responsables del Diario Oficial de la Federación para efecto de la preparación, convocatoria y difusión de resultados de la consulta popular que esta ley regula, serán obligatorias para dichos funcionarios y estarán exentas del pago de derechos fiscales. Los servidores públicos que directa o indirectamente contribuyan al incumplimiento de este precepto, serán responsables conforme a la Ley.

Artículo 83.Si de los documentos que se presenten para promover la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana regulados por esta Ley, se desprendiera la probable existencia de responsabilidad penal por falsedad en documentos o declaraciones, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos inmediatamente dará vista al fiscal correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional Electoral, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto, expedirá el reglamento para el ejercicio de la consulta popular.

Tercero. Se abrogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentos, decretos o circulares que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Cuarto.Se abrogan todos los ordenamientos legales en materia de participación ciudadana expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 http://www.redalyc.org/html/726/72610402/001

2 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2381/ S2003000.pdf?sequence

3 https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/.../12040_Habitat_II_ report__Spanish.pd..

4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=229

5 Bobbio y Pasquiano 2013, 866, citado en:

Implementación de la revocación de mandato en México y legitimidad democrática.

6 Ibídem.

7 Giorgi 1995, 152, citado en

Implementación de la revocación de mandato en México y legitimidad democrática.

8 La revocación de mandato: un breve acercamiento teórico.

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/ article/view/17286/15495

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Alemán Muñoz Castillo,Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Medina Herrera, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Ortiz Guarneros, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rene Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 61 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La frontera norte de México debido a su colindancia con la principal economía del mundo que es la de Estados Unidos de América se enfrenta a una coyuntura económica, social y cultural muy distinta a la del resto del territorio nacional, situación que el Poder Ejecutivo federal explícitamente reconoce mediante el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1 de julio de 2011, mismo que se ha venido prorrogando, el cual a la letra establece que “...debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos de América, la franja y región fronteriza norte presentan características económicas distintas a las del resto del territorio nacional, por lo que el Ejecutivo federal estima que es conveniente continuar otorgando un esquema preferencial...”.

Dentro de dichas características distintas, nos encontramos con la diferencia entre los salarios mínimos que percibe una persona por sus labores, ya que mientras en Estados Unidos de América el salario mínimo aproximadamente es de 7.25 dólares por hora o el equivalente a mil 142.60 pesos por jornada de ocho horas, en México es de 88.36 pesos por el mismo periodo de trabajo, es decir, entre dos territorios separados por escasos kilómetros, los salarios son 13 veces mayores a los que tenemos en nuestro país.

Asimismo, otra de las características por las que se distinguen, observamos también la gran disparidad que existe entre los impuestos al consumo que son pagados en ambos países, ya que mientras en el estado de Texas, el impuesto se paga a razón del 8.25 por ciento, en México es pagado a una tasa generalizada del 16 por ciento, situación que deja en desventaja competitiva a los ciudadanos que residen en la frontera norte, como es el caso de mis representados de Chihuahua.

Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, y en relación al decreto del Ejecutivo antes referido, establece que a partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, el artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio Tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados.

Dichas obligaciones de México contenidas en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24, son aplicables exclusivamente a vehículos usados originarios, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América; y que la desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios está condicionada a que se trate de vehículos que cumplan con la regla de origen específica y que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido.

Así pues, el Estado mexicano al ser parte de la comunidad internacional no es ajeno a este fenómeno, motivo por el cual actualmente cuenta con una red de 12 tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, siendo del interés de la presente propuesta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá el 17 de diciembre de 1992 y ratificado por el Senado de la República el 8 de diciembre de 1993 y el cual, tiene entre sus objetivos el de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios entre los territorios partes.

Ahora bien, y respecto al caso que nos ocupa, que es lo relativo a la importación definitiva de vehículos usados a México, existen diversos instrumentos jurídicos que la regulan, siendo este el caso de la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior y el referido “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, cuya vigencia se ha prorrogado en distintas ocasiones (6 veces), siendo la más reciente la publicada en el mismo medio de difusión el día 28 de diciembre del 2017, la cual amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de marzo del año 2019.

En esa inteligencia, es importante señalar que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por diversos impuestos y derechos tales como el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, el derecho de trámite aduanero, los costos de pre validación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros.

Cabe mencionar, que para determinar el monto para el pago de los conceptos antes mencionados, la autoridad utiliza como valor de referencia para determinar la base gravable el valor del vehículo de acuerdo al denominado anexo 2 de “precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo” el cual establece de manera unilateral el valor que la autoridad “considera” tienen los vehículos ahí enlistados, valores que cabe mencionar son totalmente ajenos a la realidad del mercado.

Con objeto de ilustrar la presente iniciativa se realizará un ejercicio del costo aproximado que tendría el importar un vehículo usado de procedencia extranjera tomando como referencia un tipo de cambio de 20.00 pesos de acuerdo a lo siguiente:

Como se desprende de la tabla anterior, el costo aproximado para realizar la importación del citado vehículo con el precio “estimado” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería de alrededor de los 22 mil 921 pesos, sin que sea tomados los costos reales de depreciación del vehículo.

Existe la errónea creencia de que los habitantes de la frontera norte del país debido a la cercanía que tienen con los Estados Unidos de América cuentan con un ingreso mayor y una mejor calidad de vida en relación con la de los habitantes del resto del país, situación que es totalmente falsa ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del 2016 en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio el 63 por ciento de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de 3 o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los 6 mil 135.00 pesos mensuales.

Así pues, como se observa del anterior acápite, el presupuesto de las familias mexicanas de los estados fronterizos resulta ser muy ajustado, quedando poco o nulo margen para poder ahorrar y en su caso comprar o poder dar el enganche de un automóvil nuevo, sumado esto a que en muchas ocasiones dicho segmento de la población no son candidatos o no se encuentran posibilitados al pago de algún tipo de crédito, por lo que su única posibilidad es comprar un auto usado de procedencia extranjera, para posteriormente importarlos al territorio nacional, siendo evidentemente que los vehículos importados tienen un costo inferior al mexicano.

Por tanto, la importación definitiva, las dificultades administrativas para realizar el trámite sumadas a la gran diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la SHCP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, generan que esta no se realice en los términos que marca la ley, además de hacer imposible lo previsto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; de tal forma, que actualmente en la región fronteriza circulan una gran cantidad de vehículos que han ingresado por las aduanas nacionales y se encuentran de forma irregular en el territorio nacional, generando entre otros, los siguientes problemas:

– No se cuenta con un registro o padrón que señale la cantidad de dichos vehículos circulando en la región o franja fronteriza.

– Carecen de placas o de algún tipo de registro que permita su identificación o la de su propietario, situación que genera que estos se puedan utilizar en la comisión de actos delictivos, aumentando así los problemas para brindar efectiva protección a la seguridad pública.

– Al encontrarse dentro del territorio nacional de manera irregular no cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil;

– Se desconoce si estos cumplen o no con las normas en materia ambiental vigentes.

– El Estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, placas y verificación vehicular entre otros.

– Al carecer sus propietarios de una certeza jurídica con relación a sus automóviles, se generan condiciones para la realización de actos de corrupción por parte de las autoridades, ya que ante el miedo de estos a perder su patrimonio son susceptibles de extorsiones y abusos, en el mismo sentido, al carecer de dicha certeza jurídica, estos se vuelven vulnerables a ser víctimas de fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.

Por último, no debemos pasar por inadvertido, que si bien es cierto, que este fenómeno social relativo a la adquisición de vehículos usados de procedencia extranjera en las zonas fronterizas pudiera generar una menor recaudación dificultando la administración y control del impuestos por parte de las autoridades mexicanas, así como también una posible afectación económica a la industria automotriz nacional, también es cierto que el gobierno federal debe tener presente que las y los diputados no podemos legislar atendiendo únicamente al impacto presupuestal o recaudatorio de las leyes, así como al impacto al sector privado, sino que debemos legislar atendiendo a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos a los que representamos, es por eso que un tema de mayor o menor recaudación jamás deberá de anteponerse a un tema de bienestar social, y decimos bienestar social porque la economía de los mexicanos que viven en la frontera es muy inferior a la de los ciudadanos del país vecino o muy igual a la del resto de los ciudadanos del país, lo que conlleva a que muchos de los mexicanos recurren a la adquisición de estos tipos de vehículos, principalmente por su menor precio en comparación con el costo de los vehículos que se encuentran en el mercado nacional (necesidad), por lo que al adquirir un vehículo de esta naturaleza, perfectamente cubren sus necesidades familiares, tales como: transportación a sus empleos, transportación de sus hijos a la educación, transportación para garantizar la salud de los integrantes de la familia, transportación para la recreación familiar, transportación en temporadas climatológicas complicadas, en fin; por tanto, creemos que se debe privilegiar el bienestar social de las familias mexicanas que residen en la frontera exentando y regularizando los vehículos previstos de conformidad con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

En virtud de lo anterior y en aras de garantizar la protección al patrimonio, el respeto y cumplimiento a los compromisos internacionales el cual está próximo a vencer 2019 y el fortalecimiento del estado de derecho deben ser los ejes rectores del Gobierno de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley Aduanera

Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue

Artículo 61.No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

XVIII. Los vehículos usados de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, y en relación al Decreto del Ejecutivo antes referido, que establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, respecto al artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio Tratado, que prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados.

Cabe señalar, que además de la exención de impuestos, se deberá regularizar la importación de vehículos usados de conformidad con el párrafo anterior y atendiendo a las características previstas.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo federal a través de sus autoridades competentes deberá ajustar sus normas generales de la materia de acuerdo al presente decreto, en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198960&fecha= 01/07/2011

2 https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre- comercio?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.— Diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 4, 30, 94 y 95 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

México en materia de infraestructura física deportiva cuenta con un número significativo de instalaciones. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva 2015 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) – http://sistemas.conade.gob.mx/portalCenso/ – suman un total de 47 mil 216 instalaciones público y privadas, mismas que se encuentran distribuidas en las 32 entidades federativas de las cuales Aguascalientes cuenta con el mayor número, 4 mil 458, y Baja California Sur con apenas 22.

La mayoría de estos inmuebles se encuentra en estado de deterioro permanente, subutilizadas como bodegas, oficinas, albergues temporales o en abandono para convertirse en el refugio de personas en situación de calle, con problemas de drogadicción y pandillerismo. Situación que nuestra ciudadanía con justa razón, ha señalado y cuestionado por la inversión de recursos públicos destinados a la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de instalaciones que al día de hoy no permiten atender adecuadamente las demandas que requiere el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte.

A nivel nacional, la tipología de instalaciones deportivas es numerosa pero incierta debido a la falta de actualización, sistematización efectiva del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva y de reconocimiento en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), del Registro de Infraestructura Deportiva, como indicador indispensable del proceso, discusión, aprobación y asignación de recursos públicos por parte de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento Instalaciones e infraestructura deportiva. Informes sectoriales del deporte mexicano, Introducción 02. La necesidad de planificar como base de las propuestas constructivas, 01. Bases para una planificación efectiva en materia de instalaciones, páginas 8 y 9,

https://www.dgb.sep.gob.mx/.../Informes_Sectoriales/ 2_Instalaciones_Infraestructura:

“En México, al igual que en otros países, se ha decidido en muchos casos la ubicación, construcción, tipología y dotación de las instalaciones deportivas por criterios de oportunidad, sin una reflexión y un estudio que sirviese de aval para esa toma de decisiones.

Se han construido grandes instalaciones de competición que no se correspondían con la realidad deportiva a medio y largo plazo, se han abordado proyectos constructivos sin un plan de gestión posterior, se han dotado de equipamientos a municipios que no eran capaces de mantenerlos, se han sobredotado territorios mientras que otros no contaban con un equipamiento mínimo para cubrir las necesidades.

...

La experiencia indica que es insostenible mantener una política coherente desde el punto de vista de la distribución y construcción de instalaciones en un país tan extenso como México sin una adecuada planificación. Las variables de volumen de población, territorio, geográficas, climatológicas, de hábitos y tradición deportiva, situación económica, etc., hacen imprescindible disponer de instrumentos de estudio y planificación que ayuden a determinar cuál es la mejor instalación para un territorio, para un estado o para el país.

El proceso debe comenzar por un estudio concienzudo de la realidad, no se pueden plantear nuevas propuestas sin conocer exactamente de las instalaciones de las que dispone cada municipio y estado. Este análisis tiene que ser tanto cuantitativocomo cualitativo,no solo hay que determinar de cuántas instalaciones se dispone, sus características y servicios ,también hay que conocer su grado de conservación, sistema de gestión y nivel de utilización.

Este estudio se materializa en el censo de instalaciones deportivas, donde es necesario que estén claramente definidas las tipologías y criterios de clasificación para ordenar el sector, las instalaciones públicas y privadas, su localización, antigüedad, distribución territorial, agentes propietarios y gestores, estado de conservación, deportes o actividades que acogen, estado de conservación, cantidad y calidad de equipamiento, instalaciones auxiliares, entre otros datos.”

Como puede observarse, la Secretaría de Educación Pública (SEP), como dependencia coordinadora de la Conade, ha reconocido la necesidad de contar con un censo de instalaciones deportivas. Por ende, la actualización y vinculación del Registro Nacional de Instalaciones Deportivas, es indispensable no sólo para una adecuada planificación sino para garantizar que los recursos públicos se destinen de manera objetiva y con ello, el acceso al derecho constitucional a la cultura física y la práctica del deporte.

En el compendio, 58 Estrategias para la transformación de la cultura física nacional 2018, página 121, del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE) se confirma la necesidad y urgencia de contar con un censo actualizado en materia de instalaciones deportivas:

“Sobre las instalaciones mexicanas, existe la dificultad de que la información que aparece en el Centro Nacional de Instalaciones de México es incompleta, poco precisa y no permite hacer un estudio de la situación general del sector, de las tipologías de instalaciones habituales, establecer comparativas entre ciudades o estados, determinar desequilibrios o distribución territorial de equipamientos, etcétera.

El censo de las instalaciones es una herramienta básica para poder realizar una planificación efectiva, y por lo tanto es una tarea que hay que abordar cuanto antes...

...

...

...

...

Alternativas de solución

1. Actualizar el censo de infraestructura deportiva, por ámbito.

2. ...

3. Registro y regularización de las instalaciones deportivas a las que no se les da el uso para el que fueron creadas mediante la figura de instalación en consolidación, generando un programa de mantenimiento y remodelación para las que cumplan lineamientos de buen uso.

4. Certificación de viabilidad a las instalaciones deportivas y los proyectos de creación nuevos, que permita establecer estándares mínimos para el desempeño deportivo.

5. Manejo adecuado de las instalaciones para que cubran los fines para los que fueron creadas a través de un sistema de seguimiento de las mismas.

Ante la radiografía nacional del estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas de los 2457 municipios en México, la actualización del registro nacional de dichos inmuebles y su vinculación con la Cámara de Diputados debe considerarse de alta prioridad para los legisladores que conformamos la LXIV Legislatura. Lo anterior para estar en condiciones de sentar las bases de una política de Estado en materia de cultura física y de práctica del deporte, a partir de un registro nacional sistemático, actualizado y vinculante, mismo que la Conade deberá enviar a más tardar el 8 de septiembre a las comisiones ordinarias de Deporte y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en aras de garantizar la aprobación de recursos públicos para la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de instalaciones que permitan acceder de manera efectiva al derecho constitucional de acceso a la cultura física y la práctica del deporte.

Por lo anterior, las diputadas y diputados federales del estado de Nuevo León proponemos reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objeto de establecer como una de las atribuciones de la Conade, enviar a más tardar el 8 de septiembre a las Comisiones de Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el registro nacional actualizado de la infraestructura deportiva con la finalidad de contribuir al manejo transparente de los recursos federales, su mejor distribución y garantizar de manera eficiente la operación de los inmuebles.

Argumentos

De acuerdo con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, uno de los diez problemas e insuficiencias más importantes del sistema deportivo mexicana actual es el conjunto de instalaciones deportivas de uso social insuficiente y de baja calidad. Por ello, la implantación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte en materia de infraestructura tuvo como objetivo la realización de un inventario nacional de infraestructura deportiva y el desarrollo de un sistema de actualización de nueva infraestructura deportiva en el país durante la actual administración federal, tal y como se puede consultar en el portal web de la Conade https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/registro-nacional-de- infraestructura-deportiva. Esta fuente reconoce que el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva:

“Es una base datos que contiene toda la información de la infraestructura deportiva del país (pública y privada). Tiene como finalidad compartir la información de la infraestructura deportiva que se posee a nivel nacional a todos los actores de la sociedad involucrados en la promoción de la cultura física y deporte; éste permitirá contar con información para la toma de decisiones para la construcción de nueva infraestructura deportiva, desarrollo eventos y definición de políticas públicas en materia de cultura física y deporte.

En el desarrollo del registro participan:

1) El Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, a través de la Dirección de Planeación y Tecnologías en la Información es quien coordina el desarrollo del proyecto.

2) La Dirección del Sinade coadyuvará en la promoción de las relaciones interinstitucionales necesarias entre los miembros del Sinade que permita la recopilación de la información y la ejecución del Censo en sus respectivos ámbitos de competencia.

3) Los órganos estatales del deporte y organizaciones de la sociedad civil o afines al deporte federado, mediante el programa “Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte.

Visita:

Registro Nacional de Infraestructura Deportiva (Hasta 2014)

Registro Nacional de Infraestructura Deportiva (A partir de 2015)”

Como puede observarse la consulta de la información resulta poco efectiva y en algunos casos hasta inexistente sobre todo a partir de 2015, situación que lo convierte en una base de datos poco fiable que sólo evidencia el incumplimiento de los Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte publicados en el DOF el 04 de enero de 2016.

La afirmación anterior se confirma en el 6o. Informe de Gobierno Federal, apartado 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud , pág. 381, que reconoce:

3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva

A fin de contar con información confiable, suficiente y validada de las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas. Se realizaron las siguientes acciones:

Se replanteó el proyecto de Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, aprovechándose para ello los registros administrativos y considerar la captación solo de variables básicas. En este marco, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) proporcionó al Inegi un listado de 534 unidades para su georreferencia, las cuales ya son del dominio público y pueden consultarse en el mapa digitalizado de México desde la web del Inegi.

En la segunda década del siglo XXI, la infraestructura deportiva en México continúa en fase experimental por parte del órgano responsable de la política nacional de cultura física y del deporte en todas sus manifestaciones.

A cinco años de haber iniciado la vigencia de la Ley Reglamentaria del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Cultura Física y Deporte (LGCFD, publicada en el DOF 07 de junio de 2013), es desalentador que la mayoría de nuestros habitantes no puedan acceder por el estado en el que éstas se encuentran o que no cuenten con instalaciones deportivas con las que se garantice el derecho constitucional a la cultura física y la práctica de algún deporte.

El escaso compromiso y responsabilidad por parte de la Conade en un tema de interés público, como la infraestructura deportiva, de conformidad con el artículo 90 de la LGCFD, debe revertirse y máxime cuando nuestro país se encuentra inmerso en una emergencia nacional desde hace más de una década en términos de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años, problemática que desde 2007 nos ha llevado a ocupar el primer lugar de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en los últimos lugares, por lo que hace a la esperanza de vida de sus habitantes.

No hay que perder de vista que a partir del 12 de octubre de 2011 el Estado mexicano reconoció en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la cultura física y la práctica del deporte y, asumió la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo.

En este marco, resulta urgente la implementación de estrategias de largo plazo que nos permitan sentar las bases de una verdadera política de Estado en materia de cultura física y práctica del deporte. Para alcanzar este propósito, las diputadas y diputados federales del estado de Nuevo León, consideramos indispensable contar con registro nacional de instalaciones deportivas actualizado y sistematizado de manera efectiva, para ser reconocido como un instrumento obligado de consulta objetivo en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal.

Al respecto, consideramos oportuno enfatizar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44, numeral 4 y 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el artículo el artículo 69 numeral 4, 79 numeral 3 fracción II, 167 numerales 1 y 4, 191 numerales 1, 2 y 3, 198 numeral 5, 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tiene facultades para emitir entre otros, el acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En términos de lo establecido en el artículo 39, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 157, numeral 1 fracción IV y 220, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, corresponde a la Comisión de Deporte someter a consideración de la Comisión de Presupuesto, la opinión sobre modificaciones diversas al proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente en el gasto del sector de deporte, por ende estamos convencidos que ambas dictaminadoras deben contar con un registro nacional de infraestructura deportiva actualizado que permita fortalecer objetivamente la opinión mencionada; modificar o aprobar recursos públicos para infraestructura deportiva con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Convencidos que una de las vías para enfrentar los retos que tiene México en materia de violencia e inseguridad que vivimos, es mediante el acceso de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la práctica del deporte y en este sentido, promover e incentivar en todo momento, la participación indisoluble de tres actores fundamentales: el municipio, el sector social y el sector privado.

En el mismo sentido, consideramos que la problemática de salud pública en materia de sobrepeso y la obesidad, puede dejar de ser el enemigo número uno de este país, sí además de controles médicos efectivos, modificamos hábitos alimenticios y nuestros habitantes cuentan con espacios e instalaciones funcionales en los que puedan practicar deporte sistemáticamente. De esta forma, podemos prevenir un conjunto de enfermedades no transmisibles crónico degenerativas, como infartos al miocardio o accidentes cerebrovasculares; cáncer; neumopatía obstructiva crónica o asma y diabetes.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 95; se adicionan la fracción XIII al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, la fracción XII Bis al artículo 30 y el tercer párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 95; se adicionan l fracción XIII al artículo 4 recorriéndose las subsecuentes, la fracción XII Bis al artículo 30 y, el tercer párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

Ia X. ...

XI.Comisión Especial: La Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte:

XII. Renaid: Registro Nacional de Infraestructura Deportiva; y

XIII.Coved: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables;

XIII Bis. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos aplicables;

XIVII....

Artículo 94. ...

...

Para contribuir al manejo transparente de los recursos federales, su mejor distribución y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva existente y de aquella de nueva creación, la Conade enviará a la Diputados del honorable Congreso de la Unión, el Renaid actualizado a más tardar el 8 de septiembre de cada año.

Artículo 95.En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al Renaid, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la planeación nacional.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Para los efectos de la integración y actualización del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, de conformidad con el artículo 30 fracción XII Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán inscribir sus instalaciones destinadas a la instalación física, la cultura física y la práctica del deporte al RENAID en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las adecuaciones reglamentarias y los correspondientes lineamientos a que se refiere el presente Decreto, deberán expedirse dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Ricardo Flores Suárez,Alan Jesús Falomir Saenz, Ernesto Vargas Contreras, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Propaganda Oficial y reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pablo Gómez Álvarez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Oficial, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa reglamenta los artículos 6, 7 y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda oficial. Dos principios generales orientan su contenido:

1. Impedir la promoción personalizada de servidores públicos, evitar el desvío de recursos públicos que ello implica y proteger la equidad en la contienda política.

2. Garantizar el respeto a las libertades de expresión y de difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio y al derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna, y proscribir la censura previa.

En el primer tema, se busca impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación y establecer un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones

Para tal efecto, si bien existen varios instrumentos legislativos y normativos que buscan reglamentar la difusión de la propaganda oficial, tales instrumentos son limitados para garantizar la aplicación de las normas constitucionales. Por su contenido, específicamente relacionado con la difusión de propaganda y la amplitud de su regulación, destacan los siguientes:

a) El artículo 242, numeral 5, correlacionado con el artículo 449, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que regulan en forma restringida la difusión de propaganda, por la vía de permitir la difusión de informes de gestión de funcionarios bajo ciertas restricciones, y la prohibición de difundir publicidad oficial en tiempos de campaña electoral, mediante la descripción de una infracción contenida en la propia Ley.

b) El artículo 223, fracciones II y III, del Código Penal Federal quetipifica como una de las conductas que configuran el delito de peculado la desviación de recursos para promover la imagen política o social de cualquier persona, así como las de solicitar o aceptar dichas promociones.

c) El artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2018que establece pormenores relativos al gasto en publicidad de los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal; incluyendo regulación específica sobre adecuaciones presupuestarias, distribución equitativa de tiempos fiscales en radio y televisión; bases para la ejecución de programas y campañas en la materia, así como información de transparencia y control parlamentario.

Respecto del segundo principio general que da base a la presente iniciativa de ley, la protección de la libertad de expresión y garantía al derecho de acceso a la información, es preciso revisar las especificidades de cada tema:

1. Actualmente la política de comunicación social del Ejecutivo cuenta con un amplio margen de operación que le permite, aun con la disponibilidad de los tiempos oficiales, realizar contrataciones con los grandes medios de comunicación, tal como lo revelan sistemáticamente las revisiones de la Cuenta Pública, donde se reportan que el gobierno federal destina crecientes recursos presupuestales directos para pagar servicios que los mismos concesionarios están obligados a proporcionar en los tiempos oficiales.

El Estado podría satisfacer gran parte de sus necesidades de propaganda con la dotación que las leyes le otorgan en tiempos de radio y televisión.

En materia presupuestal la historia no es distinta. Es relevante la práctica de reasignar y sobreejercer recursos durante los ejercicios fiscales que se han observado durante muchos años. En el momento en que fue expedida la reforma constitucional que prohibió la propaganda personalizada, durante el ejercicio 2007, se presupuestaron 643 millones de pesos y se ejercieron mil 771 millones de pesos. En los años posteriores, los excedentes de gasto respecto de lo prespuestado se ha mantenido en más del 50 por ciento.

Un gasto semejante da la posibilidad a los entes públicos de presionar a los medios de comunicación para obtener líneas editoriales favorables mediante la contratación de espacios o tiempos para la difusión de propaganda.

La carencia de un marco jurídico apropiado motiva a incluir en el proyecto de ley que se inicia reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda oficial.

Al respecto, en el proyecto se estipula la creación del Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y en los órganos autónomos federales, los cuales, entre otros contenidos, deberá establecer la propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña.

Además, restringe la difusión de propaganda oficial en radio y televisión al uso de los tiempos oficiales, es decir, aquellos que corresponden al Estado, sumados a los llamados tiempos fiscales, y fija una distribución entre los sujetos obligados.

Es preciso aclarar que los llamados tiempos fiscales se derivan del pago de un derecho que debe ser aplicado en cada venta de tiempo-aire de publicidad por parte del adquiriente. Para no pagar ese derecho a cargo del adquiriente, se convirtió en parte de la tarifa establecida por el concesionario de un bien de dominio público de nación y se abrió (por decreto presidencial) la opción de pagar un impuesto que se define en términos de porcentaje de tiempo de transmisión según la categoría en que se encuentre cada medio y se paga en tiempo. Se trata, en síntesis, del pago de una contribución, de un recurso fiscal, pero nunca de alguna donación o de un tiempo gratuito de parte del concesionario.

Por otra parte, en la presente iniciativa, en el capítulo relativo a las disposiciones de contratación, se obliga a los entes públicos a asignar los contratos de elaboración y difusión de la propaganda garantizando la equidad, de conformidad con las disposiciones federales para las adquisiciones y ciertas reglas específicas.

Se pretende establecer también, como principio de la propaganda oficial, la salvaguarda y el fomento del ejercicio de las libertades de expresión y opinión, proscribiendo cualquier acción de los entes públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio fundado en motivos políticos, personales o ideológicos.

2. En cuanto a la garantía de pleno acceso a la información que debe ofrecer una reglamentación en materia de propaganda oficial, ésta se entiende en un doble sentido: por un lado, de la propaganda que difundan los entes públicos debe resultar información relevante para la ciudadanía respecto de las actividades oficiales, por lo que debe también ser completa y veraz; por otro lado, la propia información relativa a la ejecución de la política de comunicación social de los entes públicos debe ser accesible para quien desee conocerla.

El primer sentido deriva de la naturaleza misma de la propaganda oficial como canal de comunicación entre el poder público y los ciudadanos, así como de su objetivo, que es el de informar, ante al derecho de los ciudadanos a ser informados.

Así, puede distinguirse con claridad que los artículos 6 y 7 constitucionales deben considerarse sustento de la ley que se propone crear. La atribución de los órganos del Estado de difundir propaganda “con fines informativos, educativos o de orientación social”, que señala el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución federal no se entiende plenamente sin el correlativo derecho de los gobernados a recibir dicha información.

Si bien el mecanismo de difusión de la información pública oficial no es accionado por el gobernado sino que es resultado de una determinación del respectivo ente público, el ciudadano no pierde el derecho de recibir dicha información bajo los criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los contenidos.

La presente iniciativa fija esos criterios como parte de los principios que debe observar la difusión de propaganda oficial y dispone un procedimiento para garantizar que los entes públicos se sujeten a ellos.

Por otra parte, el segundo sentido en que debe entenderse la garantía de acceso a la información se refiere al conocimiento público del ejercicio de la atribución de realizar la publicidad oficial.

La ejecución de los programas y recursos destinados a la comunicación social no puede ser calificada como información sujeta a reserva, ya que la difusión hace público el acto de difundir y los demás actos de autoridad que esto conlleva, como la adjudicación de un contrato, incluyendo al medio contratado, el número de espacios o tiempos de difusión, etc. Ninguno de los principios de la norma fundamental justifica la reserva de la información relativa.

Por ello, en la presente iniciativa se establece un capítulo especial para las reglas de transparencia y acceso a la información en el que se ordena que toda la información relacionada con la propaganda oficial sea de carácter público y no pueda ser clasificada como reservada o confidencial.

Además, se encarga a la Secretaría de Gobernación la coordinación y control de un sistema informativo de propaganda de la administración pública federal, que proporcione un mecanismo de consulta directa del público en general, por Internet y en forma física en las instalaciones que señale dicha dependencia, en el que se permita el acceso directo al padrón y a los datos relativos a los contratos, costos, programación y actividades relacionadas con la propaganda de las entidades de la administración pública, desglosados por cada ente público.

Dicho sistema informativo deberá contener una base de datos digitalizada donde sean consultables copias de los contenidos, audios, videos o fotografías de las diferentes campañas de la propaganda oficial.

En cuanto a los otros dos poderes de la Unión y los organismos autónomos, incluyendo las instituciones de educación superior autónomas afectas al Presupuesto de Egresos de la Federación, cada uno de ellos debe proveer la referida información a través de sus propios medios.

En razón de todo lo expuesto, el proyecto de ley que se presenta se compone de los siguientes elementos esenciales:

A. Disposiciones generales. Se define el carácter de la legislación y se sujeta al cumplimiento de la misma a todos los entes públicos federales y estatales, cuando así proceda en función del órgano que difunde y los tiempos y medios por los que se realice la difusión. Es evidente que sólo en materia de radio y televisión, así como en el uso de redes públicas de telecomunicaciones, puede el Congreso de la Unión legislar en materia de propaganda oficial de las entidades federativas, por lo cual la presente iniciativa respeta dicha limitante.

B. Principios de la propaganda oficial. Se consideran los principios propiamente dichos como forma de establecer los objetivos y alcances que puede tener la propaganda que difundan los sujetos obligados, así como la propaganda susceptible de difusión y aquella que no lo es.

C. Lealtad institucional. Para constituir un instrumento que permita mantener la relación cordial y cooperativa entre poderes y entre órganos, o bien, entre niveles de gobierno, a partir de los buenos resultados que se han observado en otros países.

D. Programación y presupuestación. Se dispone la creación de un Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación, así como programas de los otros poderes de la Unión y de los organismos autónomos federales, con el propósito de alcanzar la coordinación entre los sujetos obligados, bajo un plan rector que garantice una política coherente y austera que haga eficaz el proceso de comunicación de los organismos públicos en la ejecución de sus respectivas atribuciones y responsabilidades con los ciudadanos.

E. Gasto en propaganda. Se contemplan reglas especiales en la materia, entre ellas destaca la limitación al gasto anual en propaganda, mismo que no podría exceder del 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Además, se pretende que la difusión de propaganda oficial en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales, con excepción de la contratación de tiempos para carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso, y se establece una restricción para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales y otras reglas especiales de financiamiento en el rubro de publicidad.

F. Distribución de tiempos oficiales. Se dispone una distribución en la proporción siguiente: 35 por ciento para el Poder Ejecutivo federal; 10 por ciento para el Poder Legislativo federal, tiempos que se distribuyen en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República; 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación;

10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales; 35 por ciento para las entidades federativas.

Se considera que las entidades federativas deben tener acceso al tiempo del Estado pues su propaganda de radio y televisión es ahora costeada íntegramente con fondos presupuestales locales a pesar de que forman parte de una Federación que, como tal, cuenta con tiempo legal y tiempo fiscal. Aquí no ha existido hasta ahora ningún criterio de participación de ingresos federales hacia las entidades federativas, lo cual es una excepción que no encuentra justificación.

G. Disposiciones especiales de contratación. Se imponen, además de las reglas de adquisiciones ya conocidas, cuatro reglas básicas:

-No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo importe total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

-No concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda;

-No establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación;

-Prohibición para contratar la difusión de noticias (llamadas a veces infocomerciales o gacetillas) ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.

H. Transparencia y acceso a la información. Que comprende diversas disposiciones descritas con anterioridad pero, además, contempla la creación del Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación, un sistema informativo de carácter público que contiene el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda oficial.

I. Procedimientos. Se conforman con:

-Un procedimiento administrativo bajo el esquema de contraloría interna por medio del cual la Secretaría de Gobernación puede verificar el cumplimiento de la ley por las dependencias y entidades de la administración pública federal.

-Un procedimiento judicial que se inicia por cualquier persona mediante una acción de ilegalidad, con el mismo objetivo de hacer cumplir la ley en la materia, cuando un acto que la violenta le afecta en forma personal y directa, o bien, de manera difusa, por transgredir su derecho a la información bajo las características definidas en el propio ordenamiento.

El procedimiento administrativo y el judicial operan de manera independiente ya que el primero podría generar sanciones a los servidores públicos mientras que el segundo sólo protege el respeto a la ley.

Tanto el procedimiento administrativo como el judicial son también independientes del procedimiento electoral señalado en la legislación de la materia, aunque unas y otras autoridades se encuentran obligadas a darse vista de los asuntos que corresponda a la otra o cuando se lleve a cabo una conducta ilícita en el ámbito electoral que pudiera ser también perseguida como desempeño ilícito de funciones públicas.

J. Sanciones. Establece sanciones administrativas y delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Propaganda Oficial, para quedar como sigue:

Ley General de Propaganda Oficial Título Primero
De la Propaganda Oficial Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 6, 7 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la propaganda oficial que realizan los entes públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a través de cualquier modalidad de comunicación social, radio y televisión, abierta o restringida, plataformas digitales y redes públicas de telecomunicaciones.

Tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan los entes públicos regulados; el uso de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión; la programación, ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales destinados al gasto en propaganda de los entes públicos federales; y disponer el régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia, con el fin de:

I. Garantizar su carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social;

II. Evitar y sancionar la promoción personalizada de servidores públicos;

III. Preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política; y

IV. Garantizar el derecho a la información y la libre manifestación de las ideas, así como la libertad de difundir opiniones, información e ideas.

En materia electoral, la regulación de la propaganda de todo ente público y de los servidores públicos corresponde a las autoridades competentes bajo las normas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria. Nada de lo prescrito en la presente Ley puede interpretarse como una limitación de las disposiciones electorales vigentes ni de las atribuciones de las autoridades de esta misma materia.

Artículo 2. Para efecto de lo dispuesto por la presente Ley, son sujetos obligados a su observancia y cumplimiento los servidores públicos responsables en:

I. La Administración Pública Federal y sus dependencias, y los gobiernos de las entidades federativas y sus dependencias;

II. El Congreso de la Unión, sus cámaras, su Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación, los legisladores que lo integran, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, comisiones o cualquier otra forma de agrupación, así como las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México, sus respectivas comisiones permanentes, y los legisladores integrantes de las mismas, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, comisiones o cualquier otra forma de agrupación, y sus órganos de fiscalización y auditoría;

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales y demás órganos jurisdiccionales y administrativos de los poderes judiciales de las entidades federativas;

IV. Los organismos públicos federales y de las entidades federativas con autonomía constitucional;

V. Los tribunales agrarios y los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas;

VI. La Fiscalía General de la República y las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas;

VII. Las dependencias, entidades y organismos descentralizados del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas;

VIII. Las entidades de los sectores paraestatales federal y de las entidades federativas, y las empresas productivas del Estado;

IX. Los ayuntamientos y sus servidores públicos, incluyendo los organismos paramunicipales, así como las alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Agencia de publicidad. La persona física o moral que presta servicios de producción de propaganda;

II. Comunicación social. Los servicios de información, producción, contratación y distribución de contenidos en radio y televisión, redes públicas de telecomunicaciones, así como prensa escrita, plataformas digitales y, en general, cualquier forma de difusión masiva o selectiva de información que se realice por señal abierta o restringida, así como a través de las redes públicas de telecomunicaciones, franquicias postales, plataformas digitales, publicidad exterior, publicidad digital personalizada o en forma impresa o cinematográfica, mediante textos, sonidos o imágenes, destinada al público, cualquiera que sea el soporte o instrumento utilizado;

III. Gasto en propaganda. Las erogaciones que realizan los sujetos obligados para el ejercicio de las actividades reguladas por esta Ley;

IV. Imagen institucional. El conjunto de imágenes, tipografías, símbolos, identificadores, identificadores visuales, rótulos, insignias, audio e idioma de los promocionales de carácter oficial con el que se reconoce a las dependencias públicas, funciones públicas, comunicaciones oficiales y todo tipo de propaganda como vía de comunicación entre Estado y ciudadano;

V. Medio de comunicación. La persona física o moral (privada, social o pública) que presta servicios de comunicación social por cualquier medio;

VI. Padrón. Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación;

VII. Plataformas digitales. Los medios de difusión de información y comunicaciones a través de tecnologías basadas en internet, programas informáticos, aplicaciones digitales, redes sociales o cualquier otro medio digital de acceso remoto que admita cualquier forma de publicidad;

VIII. Programa. Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública Federal;

IX. Propaganda oficial. La información que difunden los sujetos obligados relacionada con el desempeño de sus atribuciones, a través de cualquier modalidad de comunicación social;

X. Redes sociales. Las plataformas digitales de difusión de información y contenidos mediante cuentas de acceso de carácter personal o institucional.

X. Tiempos de Estado. El que corresponde usar al Estado por mandato de la ley de la materia;

XI. Tiempos fiscales. Los que por ley deben poner a disposición del Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la Nación;

XII. Tiempos oficiales: Los tiempos del Estado y los tiempos fiscales.

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplica de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Fiscal de la Federación y las leyes de la materia político-electoral.

Artículo 5. Corresponde la aplicación de esta Ley a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la secretaría responsable del control interno y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como a las instancias jurisdiccionales competentes, y a los Poderes Legislativos federal y de las entidades federativas, así como los entes autónomos de una y otras, mediante la expedición de instrumentos normativos, órganos, criterios y procedimientos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6. Tratándose de mensajes para promover la venta de productos o servicios estrictamente comerciales que realicen los entes públicos en cumplimiento de su objeto, sólo se observarán las disposiciones relativas a la programación, control y fiscalización del gasto contenidas en el presente ordenamiento, siempre que no incluya propaganda institucional sin propósitos de promoción comercial.

La programación, control y fiscalización relativa a la publicación o difusión de disposiciones normativas, resoluciones, convocatorias, sentencias, avisos, edictos, actuaciones públicas y actos administrativos o judiciales que deban realizarse por expreso mandato legal, se regulará por medio de los lineamientos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente.

Queda excluida de la aplicación de esta Ley la difusión de información, opiniones y contenidos que realicen las personas servidoras públicas en sus cuentas personales de redes sociales, en tanto no sean promovidas mediante campañas de publicidad digital.

Capítulo Segundo
Principios y Criterios de la Propaganda Oficial

Artículo 7. En la difusión de propaganda oficial se observarán los siguientes principios:

I. Necesidad: difunde la información que resulta necesaria u oportuna para el público objetivo;

II. Institucionalidad: no promueve personas, sea en los ámbitos de sus acciones civiles o en el ejercicio de una función pública, como tampoco intereses particulares ni actividades distintas a las realizadas dentro del ámbito de competencia del órgano que la ejerce;

III. Utilidad: Cumple fines informativos, educativos y de orientación social;

IV. Garantía de Derechos: Salvaguarda y fomenta el derecho a la información, por lo que se difunde bajo criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los contenidos; así como los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos, la igualdad, la pluriculturalidad, la no discriminación y la legalidad;

V. Igualdad de Género: Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que no contiene expresiones machistas o que exalten estereotipos de género; es ajena también a toda inducción a la defenestración o burla por motivos de preferencia u orientación sexual.

VI. Libertad de expresión: Salvaguarda y fomenta el ejercicio de la libre manifestación de las ideas y de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, por lo cual su difusión se asigna mediante criterios de equidad y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier acción de los entes públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio, fundada en motivos políticos, personales o ideológicos;

VII. Gasto responsable: Sustenta la programación y ejercicio del gasto sobre criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto de disminuir los costos publicitarios, mejorar la planificación y el sistema de toma de decisiones para alcanzar los objetivos estratégicos;

VIII. Lealtad institucional y ciudadana: Fortalece el vínculo de comunicación entre instituciones del Estado y con la población, por lo que es verdadera y no denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos, ni denigra a particulares, sean personas físicas o morales; y

IX. Garantía de equidad en la contienda política: Garantiza la equidad en la competencia entre partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes.

Artículo 8. La propaganda susceptible de difusión por los entes públicos abarca:

I. La información relativa a la ejecución de obras de infraestructura, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de programas económicos y sociales, así como aspectos relevantes de las políticas públicas, el funcionamiento de las instituciones y las condiciones de acceso y uso de los espacios y bienes de dominio público;

La propaganda oficial para la difusión de programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población debe incluir, claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Está prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el propio programa”. En los casos de los programas de desarrollo social sólo deberá incluirse el formato y la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. En el caso de la propaganda de obras públicas deberá incluirse, en forma claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda: “Esta obra ha sido costeada con recursos presupuestales procedentes del pueblo mexicano”.

II. La información relativa al contenido de las leyes, el ejercicio de los derechos y al cumplimento de las obligaciones de los ciudadanos, así como la promoción de conductas de relevancia social y de participación ciudadana en la vida pública;

III. La promoción de campañas en materia de derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, turismo y seguridad pública;

IV. La información de protección civil y prevención de riesgos;

V. La programación de las actividades culturales, artísticas y deportivas que estén a cargo directamente de las entidades públicas;

VI. La información relativa a la aplicación, en su caso, del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. La información relativa a la ejecución del Plan y los programas de desarrollo.

Articulo 9. La propaganda oficial, bajo cualquier modalidad de comunicación social, se realiza por cada sujeto obligado en el estricto ejercicio de sus propias competencias y con apego a los principios contenidos en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 10. La propaganda oficial emplea signos e imágenes que facilitan su comprensión, para garantizar el pleno acceso a la información a la mayor cantidad de personas, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad.

Cuando es pertinente, atendiendo al ámbito territorial de difusión, la propaganda oficial se transmite también en la o las lenguas indígenas predominantes en el área de cobertura que corresponda, de conformidad con la distribución que arroje el censo lingüístico a que se refiere el artículo 14, inciso h, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 11. Los sujetos obligados por la presente Ley no pueden ordenar o contratar la difusión de propaganda que:

I. Incluya nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o logros o actividades de la gestión pública ligadas a cualquier persona o grupo de personas.

La propaganda oficial de los informes anuales obligados por una ley con una fecha precisa de servidores públicos de elección popular, así como los mensajes informativos que, para darlos a conocer, se difundan en los medios de comunicación social una vez al año, siete días antes y cinco días posteriores a la realización material del informe de ley, exclusivamente con la cobertura territorial que corresponda al cargo de elección popular de que se trate y nunca fuera del mismo, sólo podrá mencionar el nombre y cargo del informante sin que éste interactúe personalmente. Así mismo, cuando dichos mensajes mencionen o informen sobre obras públicas o programas sociales de cualquier tipo, incluidos educación y salud, deben contener una clara alusión a que las mismas se han costeado con recursos aportados por el pueblo mexicano. Tampoco pueden contener alusiones electorales o partidistas ni difundirse dentro de los periodos electorales definidos en las leyes hasta la jornada electoral. El informe, control y fiscalización de los gastos inherentes a dichos mensajes se realiza conforme a las reglas contenidas en la presente ley o en las respectivas normas de las entidades federativas en materia de propaganda oficial.

II. Induzca a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por otros entes públicos, personas físicas o morales o por cualquier partido político u organización social;

III. Denigre a personas, partidos políticos u organizaciones sociales, o denueste las actividades de las mismas;

IV. Se dirija por cualquier vía a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

V. Vaya en detrimento u obstaculice la ejecución de políticas públicas, programas o acciones de cualquier naturaleza que realiza otro ente público en el ejercicio de sus atribuciones;

VI. Incluya mensajes que resulten contrarios a los derechos humanos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y las leyes;

VII. Tienda a generar alarma injustificada entre el público o presente su propia acción como algo violento;

VIII. No cumpla con los principios, requisitos, términos y condiciones que establece la presente Ley y otros ordenamientos aplicables;

IX. No se identifique con claridad como mensaje de un sujeto obligado o no incluya su mención expresa como responsable de la publicación y difusión;

X. Publicite los productos o servicios de entidades privadas o utilice imágenes, colores, logotipos, sonidos u otros símbolos asociados a aquellos o a las respectivas empresas, incluyendo la promoción de donaciones sin fines de lucro.

Con base en los principios de trato igual a toda persona de parte de las entidades públicas y de exclusión del favoritismo o trato privilegiado por vínculo de parentesco, amistad, relación comercial, simpatía política, ideológica o religiosa en las relaciones institucionales de los servidores públicos, así como en acatamiento de los fines de la propaganda oficial señalados en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los entes públicos de la Federación no tienen permitido costear la publicación de esquelas de fallecimiento en cualquier medio de comunicación social.

Artículo 12. Sólo los sujetos obligados pueden realizar actividades de propaganda oficial. Se reservan para su uso exclusivo los símbolos, colores, lemas, gráficos y contenidos, así como los derechos que sobre éstos se generan, respecto de la propaganda que difunden o cuando aquellos forman parte de su identidad institucional.

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, ninguna autoridad distinta a las señaladas en el párrafo anterior podrá utilizar los elementos reservados conforme al mismo, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con éstos.

Artículo 13. Sólo en los casos de coordinación institucional de la Federación con las entidades federativas, los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México en el desarrollo de infraestructura, prestación de servicios o ejecución de programas, los entes locales pueden utilizar los elementos reservados conforme al primer párrafo del artículo precedente en la propaganda que emitan, previo acuerdo con el sujeto obligado participante en la coordinación.

Artículo 14. Ningún particular puede utilizar elementos de la propaganda que emiten los sujetos obligados o que forman parte de la imagen institucional de éstos, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con tales elementos. Las sanciones administrativas, civiles y penales por la transgresión de esta norma serán las señaladas en las leyes.

Capítulo Tercero
Lealtad institucional y ciudadana

Artículo 15. Los sujetos obligados ejercen sus atribuciones en materia de propaganda de conformidad con el principio de lealtad institucional y ciudadana, bajo las siguientes pautas:

I. La propaganda del Estado mexicano no se presenta nunca como información periodística o noticiosa, de conformidad con la prohibición contenida en el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Se respeta en todo momento el ejercicio legítimo de las atribuciones por parte de otros sujetos obligados;

III. En el ejercicio de las atribuciones que les son propias, se considera la totalidad de los intereses públicos implicados, incluyendo aquellos cuya gestión se encuentra en el ámbito competencial de otros sujetos obligados;

IV. Se facilita a los otros sujetos obligados el acceso a la información que poseen en función de sus propias atribuciones, cuando la requieren aquéllos por estar vinculada con la actividad que desarrollan en el ejercicio de sus funciones;

V. Se fortalece el vínculo de comunicación con la ciudadanía;

VI. No se denigra a particulares, sean personas físicas o morales; y

VII. No se denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos.

Artículo 16. Cuando la propaganda oficial que difunde un sujeto obligado de la Administración Pública Federal vulnera el principio de lealtad institucional y ciudadana, la Secretaría de Gobernación inicia, de oficio o a petición de uno de los involucrados, una gestión para superar la solución del diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración que priva entre órganos del Estado mexicano, para lo cual toma las decisiones pertinentes, las cuales deben ser de conocimiento público. Todo esto, sin menoscabo de las sanciones que pudieran ameritarse de conformidad con la ley.

Título Segundo
De la Programación y el Gasto Capítulo Primero
Programación y presupuestación

Artículo 17. Para la programación y presupuestación del gasto en propaganda, el Ejecutivo federal elabora el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es procurar la transparencia de las acciones de propaganda y la coordinación entre las entidades y dependencias, bajo un plan rector que garantiza una política coherente y austera, y que hace eficaz el proceso de comunicación de los organismos públicos con la población; así como identificar y satisfacer las necesidades generales de información.

Además de la observancia de los principios dispuestos en el artículo 7 de esta Ley, el Programa tiende a identificar y buscar satisfacer las necesidades de información de los habitantes, en el marco del esquema de comunicación definido en el párrafo anterior.

El Programa debe estar publicado a más tardar el ocho de septiembre de cada año. Cuando el mandato del Presidente de la República inicie después de esa fecha, el Programa se publica a más tardar el 30 de diciembre.

El Programa se puede modificar en consonancia con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y promulgado por el Poder Ejecutivo. Las modificaciones se publican de inmediato.

Artículo 18. El Programa contiene los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño, articulados en una estrategia general de comunicación social que establece cada uno de los ejecutores de gasto.

Para tales efectos el Programa debe abarcar:

I. Los objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda con base en los cuales se realiza la programación, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, en particular:

a) Las líneas generales de la política de propaganda.

b) Los objetivos anuales, estrategias y metas.

c) Las proyecciones de los requerimientos financieros con las premisas empleadas para las estimaciones.

II. La información de los programas específicos por ejecutora de gasto, desglosados por dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, incluyendo el sector paraestatal, que contenga como mínimo:

a. Programa de campañas de propaganda.

a.1. Objetivo de cada campaña;

a.2. Justificación;

a.3. Costo estimado;

a.4. Periodos de ejecución;

a.5. Propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación;

a.6. Población objetivo.

b. Presupuesto asignado para propaganda y comunicación oficial por dependencia de la Administración Pública Federal.

c. La distribución del presupuesto y tiempos oficiales en radio y televisión por ejecutora de gasto.

Las estrategias de las dependencias y entidades se articulan, además, en una estrategia general de la Administración Pública Federal contenida en el Programa.

Artículo 19. Los ejecutores de gasto de la Administración Pública Federal remiten sus propuestas de programas específicos de propaganda a la Secretaría de Gobernación, observando los lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 20. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos realizan sus respectivos programas de propaganda y los publican en la fecha y con las especificaciones y contenidos señalados en el presente capítulo.

Capítulo Segundo
Disposiciones para la ejecución del gasto

Artículo 21. El gasto anual total en propaganda contenida en el Programa será determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 22. La propaganda en radio y televisión sólo se difunde mediante los tiempos oficiales, con excepción de la relativa a las carteleras artísticas y culturales, eventos deportivos, campañas de salud, mensajes urgentes sobre seguridad, avisos sobre calendarios escolares, prevención de riesgos, protección civil u otros casos de emergencia, o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de la suspensión a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 23. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establece en rubro por separado las previsiones de gasto destinadas a cubrir el Programa.

Las erogaciones que realizan las dependencias y entidades conforme a la presente Ley son autorizadas por el titular o el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

Artículo 24. Queda prohibida la ampliación o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda, salvo en los casos de ampliaciones o incrementos presupuestales requeridos para la propaganda en situaciones de emergencia a las que se alude el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 25. La Secretaría de Gobernación informa a la Cámara de Diputados y al ente encargado del control interno, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que se realizan las adecuaciones, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

Artículo 26. Queda prohibido destinar a gastos relacionados con la propaganda recursos autogenerados o derivados de donaciones, créditos o patrocinios.

Artículo 27. Los sujetos obligados no pueden convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a su favor, a través de la prestación de servicios de propaganda o comunicación social.

Capítulo Tercero
Tiempos oficiales

Artículo 28. Es facultad de la Secretaría de Gobernación supervisar, administrar y distribuir los tiempos oficiales en radio y televisión, conforme a lo siguiente:

I. 35 por ciento para el Poder Ejecutivo federal;

II. 10 por ciento para el Poder Legislativo federal, tiempos que se distribuyen en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República;

III. 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación;

IV. 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales;

V. 35 por ciento para las entidades federativas;

Los tiempos oficiales que le corresponden a las entidades federativas sólo operan dentro del área geográfica de la entidad. Cuando un medio de comunicación abarque total o parcialmente dos o más entidades y sea imposible realizar un bloqueo regional para emitir dos o más señales, la Secretaría de Gobernación distribuye el tiempo oficial correspondiente entre tales entidades federativas de conformidad con los lineamientos que emita.

Artículo 29. La Secretaría de Gobernación distribuye los tiempos oficiales que no utilicen los sujetos obligados, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida.

Capítulo Cuarto
Disposiciones de contratación

Artículo 30. El sujeto obligado que contrata los servicios de empresas privadas de publicidad o medios de comunicación social garantiza la equidad en la asignación de contratos, de conformidad con las reglas establecidas en esta Ley y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 31. A efecto de evitar todo acto de censura indirecta, discriminación o privilegio de personas determinadas, la adquisición de servicios de empresas privadas de publicidad o medios de comunicación social observa las siguientes disposiciones:

I. No se contrata con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

II. No se concentra en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda;

III. No se establecen criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación;

IV. No se contratan servicios que incluyan como servicios adicionales la emisión de noticias, infocomerciales, gacetillas o mensajes semejantes.

Artículo 32. Toda contratación de difusión de propaganda que realizan los sujetos obligados contiene una cláusula que les exime de responsabilidad ante el medio de comunicación por la rescisión anticipada del contrato cuando la autoridad que siga un procedimiento legal suspenda o retire la propaganda, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y por la legislación electoral.

Artículo 33. Queda estrictamente prohibida la contratación, a título oneroso o gratuito, de publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

Título Tercero
De la Transparencia Capítulo Primero
Transparencia y acceso a la información

Artículo 34. La información relacionada con la propaganda oficial es de carácter público. Toda persona puede ejercer el derecho de acceso a esa información de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia. A tal efecto, los sujetos obligados no pueden invocar el carácter de reservado o confidencial, salvo en los casos de protección de datos personales.

Capítulo Segundo
Plataforma digital de propaganda oficial

Artículo 35. La Secretaría de Gobernación desarrolla, administra, implementa y pone en funcionamiento la plataforma digital de propaganda oficial nacional, garantizando el pleno acceso al público en general a la información que lo conforma.

Artículo 36. La Plataforma Digital de propaganda oficial nacional cuenta, al menos, con la información que a continuación se señala:

I. Padrón de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación: contiene el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda oficial, señalando cuando menos los siguientes datos:

a) La identificación del medio o producción independiente, así como de sus propietarios y, en su caso, los accionistas mayoritarios.

b) El domicilio fiscal actualizado.

c) El ámbito de cobertura de los servicios que presta.

d) Copia del acta constitutiva y razón social de la empresa.

e) Niveles y segmentos de audiencia, número de usuarios efectivos y potenciales e índice de penetración del medio.

II. Sistema de Contenidos y tarifas: contiene los datos relativos a los contratos, programación y actividades relacionadas con la propaganda oficial, desglosados por cada sujeto obligado; los contenidos de la propaganda oficial, organizadas por plataforma de difusión, fecha, estado o región geográfica, campaña, dependencia y, en su caso, los servicios contratados o subcontratos con empresas privadas desglosando los precios o tarifas de contratación por producto o servicio ofrecido, los precios comerciales de las distintas modalidades de publicidad, y la justificación de su relación con el cumplimiento de los objetivos definidos en el respectivo programa.

Artículo 37. Las empresas extranjeras que prestan servicios internacionales se registran en un apartado específico de la base de datos.

Artículo 38. Los medios de comunicación que no están debidamente registrados no pueden ser considerados para contratar la difusión de propaganda oficial de la Federación.

Capítulo Tercero
Fiscalización

Articulo 39. La fiscalización del gasto de propaganda oficial de la Federación se sujeta a las disposiciones generales y a las siguientes:

I. El Ejecutivo federal concentra en un rubro especial de la Cuenta Pública, la información detallada relativa a la ejecución del Programa, desglosada por cada programa específico de propaganda de los ejecutores de gasto y especificando los montos contratados por cada medio de comunicación, organizados por tipo de servicio de comunicación social.

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentrará en un rubro especial de los informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública el avance del gasto ejercido y el cumplimiento de los objetivos del Programa, desglosando la información por cada programa específico de propaganda de los ejecutores de gasto, la que contiene los medios de comunicación y agencias de publicidad, así como los servicios contratados con cada uno; los tiempos oficiales utilizados por cada dependencia y entidad, así como la reprogramación de que fueron objeto y las adecuaciones o incrementos presupuestales realizados en el periodo.

III. Los rubros referidos en este artículo se remiten a la Secretaría de Gobernación para efecto de su inmediata publicación en la plataforma.

IV. La Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo un programa anual de revisiones y auditorías sobre el gasto en propaganda oficial y sus resultados se exponen en apartado especial en el Informe de Resultados.

Título Cuarto
De los Procedimientos y Sanciones Capítulo Primero
Procedimiento administrativo

Artículo 40. Cualquier persona puede denunciar ante la Secretaría de Gobernación la difusión o distribución de propaganda oficial de sujetos obligados de la Administración Pública Federal que pudiera ser violatoria de lo establecido por la presente ley. Al día siguiente hábil de la presentación de la denuncia, la Secretaría de Gobernación inicia el procedimiento administrativo, el cual puede también iniciarse de oficio por la propia Secretaría.

Cuando se trate de publicidad difundida en radio y televisión por parte de dependencias, entidades u organismos públicos federales diferentes de los de la Administración Pública Federal también procede la denuncia señalada en el párrafo anterior.

El procedimiento administrativo que se instaura no excede del término de siete días hábiles. En el plazo de dos días hábiles a partir de la notificación, los sujetos obligados deben presentar las justificaciones que estimen pertinentes y las informaciones que le sean requeridas como parte de dicho procedimiento.

Si del procedimiento resulta que la difusión de propaganda oficial es violatoria de lo dispuesto por esta Ley, dicha dependencia ordena la suspensión o el retiro inmediato de la propaganda y da vista a la autoridad competente en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a las autoridades competentes de carácter local, en su caso, así como al Ministerio Público de la Federación cuando se presuma la comisión de un delito federal.

Artículo 41. Cuando una sanción de carácter electoral contra un servidor público haya causado estado, la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, da vista a la Secretaría de Gobernación para efectos de lo señalado en el último párrafo del artículo precedente.

Capítulo Segundo
Acción de Ilegalidad

Artículo 42. La acción de ilegalidad en materia de propaganda es independiente del procedimiento administrativo señalado en el capítulo precedente y se ejerce por parte de cualquier persona física o moral ante juzgados de distrito en materia administrativa cuando:

I. La propaganda oficial federal cauce perjuicio a una persona física o moral, a su juicio.

II. Cuando la difusión o distribución de propaganda oficial federal sea violatoria de la presente Ley.

III. Cuando la propaganda de cualquier ente público de carácter local, órgano autónomo federal o local, o de los poderes legislativos o judiciales de la Federación o de las entidades federativas que se difunda a través de la radio o la televisión, así como mediante redes públicas de comunicación, cauce perjuicio a una persona física o moral o sea violatoria de la presente Ley.

La acción a que se refiere el presente artículo también se puede ejercer cuando haya concluido el procedimiento administrativo dispuesto en el capítulo anterior, siempre que subsista la propaganda en cuestión.

Artículo 43. La acción a que se refiere este Capítulo se ejerce en cualquier momento, dentro del tiempo en que dura la difusión de la propaganda o su distribución.

Artículo 44. La demanda se presenta en el lugar designado de conformidad con la normatividad que al respecto rige al Poder Judicial de la Federación.

Artículo 45. El escrito de demanda se presenta firmado por el actor y contiene, para ser válido:

I. Nombre del actor y documento que acredite su personalidad;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Identificación del sujeto obligado señalado como responsable de la difusión o distribución de la propaganda oficial que motiva la demanda;

IV. Hechos que se imputan como violatorios de la presente Ley, en los que se identifique en forma suficiente la propaganda cuya difusión o distribución se reclama y el medio por el cual se realiza;

V. En su caso, la petición de que se resuelva la suspensión a que se refiere este Capítulo, justificando los daños o perjuicios que se pretenden prevenir o detener;

VI. Las consideraciones de derecho que justifiquen la demanda.

Artículo 46. El actor ofrece las pruebas que considera pertinentes en el mismo momento de la presentación de la demanda.

Artículo 47. Recibida la demanda, el juez notifica al sujeto obligado responsable de la propaganda dentro de los dos días hábiles siguientes, fijándole un plazo de dos días hábiles para que presente su contestación y ofrezca las pruebas que juzgue pertinentes. Se autoriza la utilización de los medios electrónicos para llevar a cabo estas actuaciones de conformidad con las reglas generales del Poder Judicial de la Federación.

El juez rechaza la admisión de la demanda si estima que la acción es notoriamente improcedente.

Cuando la improcedencia obedezca a que la conducta reclamada está vinculada a un proceso electoral federal o local, el juez turna sin demora la denuncia a la autoridad electoral pertinente.

Artículo 48. A petición del actor, como medida precautoria, el juez decreta la suspensión de la difusión o distribución de la propaganda cuando ocurra una o varias de las siguientes situaciones:

I. El acto efectivamente puede causar daños o perjuicios al actor, los cuales serían de difícil o imposible reparación;

II. Es notoria la violación de la presente ley ante el examen inicial de la propaganda materia de la denuncia.

El juez dicta las medidas que considere pertinentes para garantizar la eficacia de la suspensión decretada.

Artículo 49. De no recibir la contestación del sujeto obligado, el juez considera aceptados los hechos reclamados por el demandante y continúa el procedimiento.

Artículo 50. Recibida la contestación del sujeto obligado o transcurrido el plazo para recibirla, el juez cita a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 51. Concluida la audiencia de pruebas y alegatos, el juez dicta resolución inmediatamente o dentro de los dos días hábiles siguientes.

La resolución ordena el retiro definitivo de la propaganda, fijando un plazo que no excede los dos días naturales, o bien, declara que la acción de ilegalidad es infundada.

El juez dicta las medidas que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia en el término señalado en el párrafo anterior.

Artículo 52. Para los efectos del procedimiento contenido en el presente capítulo, se aplican de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 53. El procedimiento judicial a que se refiere este Capítulo es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes a reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la difusión o distribución de propaganda oficial.

Las sanciones previstas en esta Ley se aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que resulte en cada caso, así como de las sanciones que por la vía administrativa dicte la autoridad correspondiente.

Artículo 54. Cuando el juez emite resolución en la que declara fundada la acción de ilegalidad, da cuenta a la autoridad que resulta competente para conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos implicados.

Artículo 55. Cuando el Instituto Nacional Electoral determina que no es competente para conocer de actos u omisiones que puedan constituir violaciones a las disposiciones legales porque la propaganda que se impugna no es de la materia electoral, declina la competencia a la autoridad que tiene, en el ámbito de sus atribuciones, el conocimiento de tales conductas.

Capítulo Tercero
Sanciones

Artículo 56. De conformidad con las reglas y procedimientos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incurren en falta administrativa grave, los servidores públicos responsables de la planeación, el diseño, la contratación y la difusión de la propaganda oficial, así como los titulares del organismo correspondiente, en los casos en que conozcan o determinen su contenido.

I. Incurre en Abuso de Funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Servidor Público que consienta o tolere para beneficio propio o de otra persona, o en perjuicio de cualquier persona física o moral, la difusión de propaganda en contravención a lo dispuesto por las fracciones I, III, VII y X del artículo 11;

II. Incurre en Contratación Indebida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el servidor público que celebre contrato o convenio, incluso aquellos que no determinen contraprestación o, determinándola, no involucren recursos públicos, cuando mediante el uso de cualquier plataforma de comunicación social, incluyendo redes sociales, se convenga un mecanismo de publicidad encubierta o difusión masiva de propaganda oficial; y

III. Incurre en Desvío de Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el servidor público que exceda el gasto aprobado en el programa respectivo o cubra éste mediante adecuaciones presupuestales indebidas.

Los procedimientos relativos a los actos de un servidor público que resulten en responsabilidades de distinta naturaleza, se desarrollarán en forma autónoma y por la vía procesal que corresponda.

Artículo 57. Comete el delito de uso ilícito de propaganda oficial y será sancionado con pena prisión de dos a nueve años, multa de doscientos a cuatrocientas unidades de medida e inhabilitación hasta por nueve años, el servidor público responsable de la planeación, el diseño, la contratación o la difusión de la propaganda oficial, que mediante cualquier plataforma de comunicación social o las redes sociales de la institución que integra:

I. Difunde contenidos con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

II. Contrate la difusión de publicidad encubierta o difusión masiva de publicidad en redes sociales o plataformas digitales, con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, o de realizar promoción personalizada en provecho propio o de un tercero; y

III. Aproveche las plataformas de comunicación social institucional con el objeto de realizar la promoción personalizada de sí o de otra persona, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 11 de la presente Ley, o de denigrar a otra persona en los términos de la fracción III del artículo 11 de la presente Ley.

Cuando las conductas que sanciona el artículo anterior se realizan en periodo de campaña electoral y durante los sesenta días anteriores al mismo, hasta la conclusión de la jornada comicial, la pena que resulta aplicable se incrementa hasta en un tercio.

Artículos Transitorios de la Ley General de Propaganda Oficial

Primero. La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley General de Comunicación Social.

Tercero. La Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación establecen y publican los nuevos requisitos y disposiciones a que deben ajustarse las políticas de contratación y políticas de propaganda oficial de la Administración Pública Federal.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación elabora el Padrón Nacional Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación e implementa el sistema de información dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Artículo Segundo. Se reforma el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 242.

1. a 4. ...

5. Los mensajes que se difundan con motivo de los informes anuales de los servidores públicos, determinados por ley, no podrán tener fines electorales ni realizarse durante los periodos electorales señalados por las leyes hasta un día después de la jornada electoral. Tales mensajes se difunden conforme a lo dispuesto en la legislación relativa a la propaganda oficial.

Artículo Transitorio de la Reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de septiembre del año 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Gómez Álvarez,Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana María Rodríguez Ruiz, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Carmina Yadira Regalado Mordueño, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, David Bautista Rivera, Dorheny García Cayetano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edgar Guzmán Valdéz, Flor Ivone Morales Miranda, Gonzalo Herrera Pérez, Indira Vizcaíno Silva, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta García Zepeda, Julieta Kristal Vences Valencia, Julio Carranza Aréas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Martínez González, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucía Flores Olivo, Lucinda Sandoval Soberanes, Manuel Gómez Ventura, María Bertha Espinoza Segura, María de Jesús García Guardado, María Eugenia Hernández Pérez, María Rosete, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Olivia García Vidaña, Martha Robles Ortiz, Merary Villegas Sánchez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Olga Patricia Sosa Ruíz, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Samuel Herrera Chávez, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pablo Gómez Álvarez, diputado a la LXIV Legislatura del Congreso, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución, presenta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 66 de ésta, sobre la base de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando el primer jefe del Ejército Constitucionalista presentó su proyecto de reformas a la Constitución en 1916 no sólo combatió la idea de un sistema parlamentario sino también criticó que el Congreso pudiera prorrogar libremente sus sesiones. Por ello, como es muy sabido, limitó el calendario legislativo y condicionó las sesiones extraordinarias a la decisión presidencial.

Aquel era un nuevo tiempo del presidencialismo, aunque ahora sin la figura de Porfirio Díaz, por lo cual el líder de la triunfante revolución constitucionalista reclamaba la rigidez del sistema presidencial y lo lograba en el Constituyente.

Ya sin Venustiano Carranza, se produjo, como bien se conoce también, la reforma que permite a la Comisión Permanente convocar libremente a sesiones extraordinarias, aunque mediante una mayoría calificada.

Desde entonces, sólo se ha producido un cambio. De los cuatro meses de sesiones ordinarias que fueron integradas en el sistema político de la Constitución, hemos pasado a seis meses y medio.

Nada justifica que los diputados y senadores trabajen en forma sistemática algo más de medio año y cobren durante todo el año, más el aguinaldo completo. Las sesiones extraordinarias tienden a hacerse escasas debido a que, para convocarlas, se requiere una votación de dos tercios en la Comisión Permanente, por lo cual debe existir prácticamente un consenso.

Se ha dicho siempre que durante los largos recesos del Congreso se trabaja en comisiones preparando dictámenes. Sin embargo, esa afirmación sólo ha sido verdadera en muy pocos casos. Por lo regular, cuando se inicia un periodo de sesiones no existen proyectos listos para su discusión.

Las vacaciones del Congreso duran casi la mitad del año y sólo quienes forman parte de la Comisión Permanente, poco más de treinta legisladores y legisladoras, laboran dos días a la semana, cuando mucho.

Dentro de las acciones que podrían realizarse en el momento actual, caracterizado por un cambio político, podrían estar reformas que tiendan a brindar al Congreso mejores condiciones de trabajo. Una de esas reformas sería la ampliación del tiempo de duración de las sesiones ordinarias.

Sin pretender que por el sólo hecho de ampliar a nueve meses y medio las sesiones ordinarias se pudiera mejorar la imagen del Congreso, tal reforma podría propiciar alguna mejoría en la percepción pública que se tiene de los legisladores, si, además, en los dos meses y medio de receso que ahora se proponen, se llevara a cabo un verdadero trabajo de estudio y dictamen en las comisiones.

Bajo cualquier análisis, es necesario que los miembros del Congreso trabajen efectivamente la mayor parte del año en su labor propiamente legislativa y de control del gobierno, tal como lo marca la Constitución del país.

Es por ello que se presenta esta iniciativa de reforma al artículo 66, en la cual se modifica la duración del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, para fijar su término en el 31 de julio de cada año. Es claro, sin embargo, que podría ese lapso abreviarse por decisión de ambas Cámaras, como, por ejemplo, en el último año de la legislatura, con el propósito de no tener sesiones en el mes de las elecciones federales y quizá un par de semanas antes. El artículo 66 constitucional siempre ha señalado la fecha límite de las sesiones ordinarias.

Por lo expuesto, presento iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Gómez Álvarez,Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Karina Rojo Pimentel, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, Dorheny García Cayetano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edith Marisol Mercado Torres, Gonzalo Herrera Pérez, Graciela Sánchez Ortiz, Indira Vizcaíno Silva, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Julieta García Zepeda, Julio Carranza Aréas, Laura Martínez González, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Manuel Gómez Ventura, Marco Antonio Reyes Colín, María Bertha Espinoza Segura, María de Jesús García Guardado, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Rosete, Miguel Acundo González, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Olga Patricia Sosa Ruíz, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Rocío Barrera Badillo, Rosalba Valencia Cruz, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pablo Gómez Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La reforma política de 1979 abrió el Congreso a nuevos partidos y, como parte de la misma, se creó un derecho de minoría en la Cámara de Diputados: crear comisiones de investigación.

Esta innovación nació con unos límites que pronto se desvelarían, cuando en 1980 se formó la primera comisión investigadora, la de una empresa paraestatal, Teléfonos de México, para averiguar las interferencias telefónicas. La comisión carecía de instrumentos, métodos, facultades para hacerse de informaciones relevantes y confiables. El previsible desastre fue atemperado con la introducción al Código Penal del delito de interferencia de comunicaciones, lo cual era, hasta entonces, una infracción puramente administrativa.

La conducta delictiva no se ha perseguido casi 40 años después. La comisión fracasó y su obra legislativa indirecta también lo hizo.

Las muchas otras comisiones investigadoras formadas en la Cámara de Diputados, a pedido de las oposiciones, no han corrido con mejor suerte. Quizá sus propósitos no hubieran fracasado tan de fea forma si el Poder Ejecutivo hubiera tenido algún interés en que se investigara algo. Los sucesivos presidentes han levantado barreras ante las investigaciones.

Las comisiones de investigación se reducen al sector paraestatal y carecen de poder para indagar en asuntos de la administración pública centralizada, es decir, en el gobierno.

Carecen de facultades para conocer cuentas bancarias y presupuestales, operaciones de fideicomisos públicos, movimientos financieros de servidores públicos y de entidades de la administración, en fin, toda información relevante.

No pueden tampoco citar a ninguna persona para interrogarla.

Tales comisiones constitucionales, ubicadas en el plano del derecho comparado internacional son por completo ridículas.

Se propone en la presente iniciativa que las comisiones investigadoras se puedan integrar en ambas cámaras con el mismo requisito y tengan capacidad para:

1. Investigar a cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues estos últimos son un poder y de un organismo que ejercen capacidades de control sobre el Poder Legislativo.

(Se recuerda que la judicatura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están sometidos a los mismos procedimientos de fiscalización de ingresos y gastos que cualquier otra entidad pública federal y así seguirían).

2. Todo individuo mayor de edad y con plena capacidad estará obligado a comparecer bajo protesta de decir verdad, en persona, o, por imposibilidad material, por escrito, ante la comisión investigadora que le cite formalmente.

3. Toda entidad pública estará obligada a entregar, por requerimiento formal de la comisión investigadora, copias certificadas o autenticadas de documentos, contratos y cuentas bancarias, así como informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de administración.

La transformación política que se ha iniciado en México requiere instrumentos que coadyuven a la gran tarea de dejar atrás el Estrado corrupto que ha azotado al país durante décadas. Pero, además, es preciso ejercer desde el Poder Legislativo el control político que a éste le confiere la Constitución, sin simulaciones ni sujeciones que no sean las auténticamente legales y éticas.

Por lo anterior, presentamos ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 93. ...

...

Las Cámaras del Congreso, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento de ambas Cámaras y se dará vista de los mismos al Ejecutivo de la Unión, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para efectos conducentes a cargo de los mismos. Con acuerdo de ambas cámaras, puede integrarse comisión investigadora conjunta.

Todo individuo mayor de edad y con plena capacidad está obligado a comparecer bajo protesta de decir verdad, en persona, o, por imposibilidad material, por escrito, ante la comisión investigadora que le cite formalmente. Toda entidad pública está obligada a entregar, por requerimiento formal de la comisión investigadora, copias certificadas o autenticadas de documentos, contratos y cuentas bancarias, así como informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de administración.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción.

Estas atribuciones y la conducta que deben observar los legisladores y legisladoras, se norma en la Ley del Congreso y los reglamentos de ambas Cámaras. Las leyes señalan las responsabilidades administrativas y políticas, así como las sanciones, y prescriben los delitos por la trasgresión de las disposiciones contendidas en el presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Gómez Álvarez,Adela Piña Bernal, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana María Rodríguez Ruiz, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Benjamín Saúl Huerta Corona, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, David Bautista Rivera, Dorheny García Cayetano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Flor Ivone Morales Miranda, Gonzalo Herrera Pérez, Indira Vizcaíno Silva, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta García Zepeda, Julieta Kristal Vences Valencia, Julio Carranza Aréas, Laura Martínez González, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucía Flores Olivo, Lucio de Jesús Jiménez, Manuel Gómez Ventura, María Bertha Espinoza Segura, María de Jesús García Guardado, Martha Robles Ortiz, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La eficiencia institucional, la racionalidad en el ejercicio presupuestario y la satisfacción de las metas y objetivos de los entes públicos son conceptos estrechamente ligados, que hacemos nuestros en idea y en práctica quienes integramos el proyecto transformador en que se halla inmerso México.

La presente iniciativa parte del reconocimiento de que el engrosamiento injustificado de la estructura de los entes públicos no los hace eficientes ni maximiza la relación entre gasto público, responsabilidad y resultados.

Tal es el caso de las funciones constitucionales de capacitación y organización que realiza el Instituto Nacional Electoral, las cuales ejerce esa autoridad mediante dos estructuras diferentes, paralelas, coordinadas, en ciertos periodos fusionadas, pero, al fin, diferentes. Fuera de periodo electoral, las funciones de capacitación y organización se reducen significativamente. En periodo electoral, ambas estructuras se fusionan en la práctica y ejercen una sola actividad, pero aún desde el ejercicio de las dos funciones.

Lo anterior se observa a través de todo el sistema electoral federal. La doble estructura va desde las comisiones permanentes y direcciones ejecutivas del Consejo General, hasta las vocalías de cada una de las juntas locales y distritales. Una duplicidad onerosa.

En lo que toca a la estructura en el Consejo General, es decir, las comisiones permanentes y direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, su objeto es generar diversos insumos (acuerdos, informes, documentos, materiales o estudios, entre otros) que guardan una íntima relación.

Además, el artículo 42 de la LGIPE dispone que durante los procesos electorales las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral se fusionan, lo que implica que durante los periodos de mayor carga de trabajo, ambas comisiones funcionen como un solo órgano. Entonces, ¿por qué no habría de ocurrir así de manera permanente? Sobre todo considerando que los periodos en que funcionan separadas son de menor carga laboral y sus funciones resultan de mucho menor impacto cívico, social e, incluso, institucional.

La capacitación y la organización electoral son funciones que en la práctica y en los distintos niveles jerárquicos se realizan de manera coordinada por compartir tareas y objetivos, y requerir la planeación y ejecución conjunta de acciones, por lo que no hay sentido en separarlas. Quizá esto se advirtió cuando el legislador determinó que, en los momentos más álgidos, la visión y las decisiones fueran unificadas, lo que nos hace reiterar nuestro cuestionamiento: ¿qué justifica la separación en periodos de menor carga de trabajo?

Siendo el INE una de las instituciones que ha implementado un servicio profesional de carrera, el conocer y dar seguimiento a las actividades de organización, capacitación y educación cívica no implica un reto extraordinario para su personal, pues los responsables de una u otra función participan de manera cotidiana en el proceso de toma de decisiones de ambas materias.

La presente propuesta persigue dos objetivos:

I. Hacer más eficiente el desarrollo de funciones aparejadas, unificando la toma de decisiones en distintos procesos relacionados, lo que garantiza su correcto desarrollo, y

II. Generar menor gasto al Instituto, al simplificar y hacer más eficiente su estructura.

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica de legislar en materia electoral, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el numeral 2 del artículo 42, el numeral 1 del artículo 47, el artículo 56, el numeral 1 del artículo 62, el numeral 1 del artículo 65, el numeral 1 del artículo 72 y el numeral 1 del artículo 76; y se deroga el numeral 3 del artículo 42, recorriendo en su numeración los subsecuentes, y el artículo 58; todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 42.

1. ...

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

3. a 10. ...

Artículo 47.

1. La Junta General Ejecutiva será presidida por el presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica, del Servicio Profesional Electoral Nacional y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

...

Artículo 56.

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales;

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral, para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo General;

c) Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada;

d) Recabar de los consejos locales y de los consejos distritales, copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;

e) Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a esta Ley debe realizar;

f) Llevar la estadística de las elecciones federales;

g) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;

h) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas;

i) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los organismos públicos locales sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía;

j) Vigilar el cumplimiento de los programas y políticas a los que se refieren los dos incisos anteriores;

k) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;

l) Diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral;

m) Preparar el material didáctico y los instructivos electorales;

n) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

o) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que se inscriban y actualicen su registro en el Registro Federal de electores y para que acudan a votar;

p) Asistir a las sesiones de la Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica sólo con derecho de voz;

q) Diseñar y proponer campañas de educación cívica en coordinación con la Fiscalía Especializada para la prevención de delitos electorales;

r) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia, y

s) Las demás que le confiera esta ley.

Artículo 58. Se deroga.

Artículo 62.

1. Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo, el vocal de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica Electoral, el vocal del Registro Federal de Electores y el vocal secretario.

2. a 4. ...

Artículo 65.

1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f) de esta ley, quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis Consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica Electoral, y del Registro Federal de Electores concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. ...

Artículo 72.

1. Las juntas distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el vocal Ejecutivo, el vocal de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica Electoral, el vocal del Registro Federal de Electores y el vocal secretario.

2. a 4. ...

Artículo 76.

1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo distrital; seis Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica Electoral, y del Registro Federal de Electores de la junta distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizará, en un plazo que no exceda a 15 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las adecuaciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional del Personal de la Rama Administrativa y responderá de manera expedita a los requerimientos específicos de información que le haga la Cámara de Diputados, a efecto de reflejar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, el ajuste que refleje los ahorros y economías presupuestarias generados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Gómez Álvarez,Alma Delia Navarrete Rivera, Ana María Rodríguez Ruiz, Armando González Escoto, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, David Bautista Rivera, Dorheny García Cayetano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Flor Ivone Morales Miranda, Gonzalo Herrera Pérez, Indira Vizcaíno Silva, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juana Carrillo Luna, Julieta García Zepeda, Julieta Kristal Vences Valencia, Julio Carranza Aréas, Laura Martínez González, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lucía Flores Olivo, Manuel Gómez Ventura, María Bertha Espinoza Segura, María de Jesús García Guardado, María Rosete, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 5, 13, y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “Discapacidad. Su análisis jurídico a la luz del modelo social consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, todas las autoridades del Estado, se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad. En términos de lo expuesto, las autoridades jurisdiccionales electorales, deben asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad desde una perspectiva que observe el llamado “modelo social de discapacidad”, con base en el cual se asume que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son generadas por la falta de servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, en la mayor medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía; tales como la asignación de un asesor jurídico, el acondicionamiento estructural de espacios físicos, el acompañamiento de personas de confianza durante el desarrollo del proceso y la emisión de las resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva esa finalidad.

Lo anterior, revela un verdadero cambio de paradigma en las actitudes y enfoques con respecto a las personas que integran este sector, mismo que suma aproximadamente mil millones de individuos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En términos reales, ello implica que, aproximadamente, una de cada siete personas en el mundo conforma dicho sector.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está concebida como un instrumento de derechos humanos, con una dimensión explícita de desarrollo social, y reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

También aclara y precisa cómo se aplicarán estas provisiones a todas las categorías de derechos, y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que éstas puedan ejercer sus derechos en forma efectiva. De manera específica, señala en su artículo 29 los Derechos de Participación Política y Pública de las Personas con Discapacidad, dada su importancia, se cita el mismo:

Artículo 29

Participación en la vida política y pública

Los estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar?

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas a las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda?

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar?

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos.

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

En consecuencia, pretendemos dar un paso más para incluir diversas disposiciones en materia de participación política y electoral para este importante sector de la sociedad.

Como bien lo dispone el artículo 29 de la indicada Convención, los estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones.

Del mismo modo y, como parte de las obligaciones generales asumidas por el Estado al momento de ratificar la Convención, se recuerda que conforme al artículo 4o. de la Convención: Los estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los estados parte se comprometen a: adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención? b) Tomar todas las medidas pertinentes incluidas medidas legislativas para modificar o derogar leyes reglamentos costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad? c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad? d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad los estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan.

Ahora bien, es menester señalar que el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de las observaciones finales derivadas del informe inicial de México presentado en función de las obligaciones contraídas al firmar la Convención, el su documento CRPD/C/MEX/CO/1 reconoció en gran medida los avances en esta materia, indicándonos su satisfacción por las siguientes medidas realizadas por el Estado:

a) La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011)

b) La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014)

c) La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014)

d) El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018

e) El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018

f) El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018)

g) El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2014-2018)

h) El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 20142018

i) El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad

j) El Programa especial de Migración 2014-2018

k) El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

Lo anterior revela, desde el ámbito internacional, que México no ha sido omiso en esta temática y que ha emprendido considerables esfuerzos. Como hemos indicado, aún falta mucho por hacer y el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discriminación manifiesta su interés y preocupación por emprender acciones en materia de participación política y pública de las personas con discapacidad. El comité indicó:

Participación en la vida política y pública (artículo 29)

55. El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean accesibles.

56. El Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Las observaciones realizadas por el referido Comité carecen de las características para ser consideradas como un tratado internacional en materia de derechos humanos que resulte obligatorio para el Estado mexicano; sin embargo, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, es el único órgano conformado por expertos independientes, facultado para supervisar lo relativo a la aplicación de la Convención creada con el propósito de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, por lo cual, una vez que ésta fue signada y ratificada por el Estado mexicano, es conveniente acudir a su contenido, a efecto de alcanzar una plena y efectiva aplicabilidad que se refleje dentro el orden jurídico interno y, por ende, las observaciones aludidas resultan de carácter orientador.

Lo anterior permite dimensionar las enormes brechas que aún persisten entre las personas con discapacidad y quienes no la tienen. Pero también las brechas que persisten y que limitan, restringen o niegan de facto, el cumplimiento de los derechos, como es el caso de la libertad de ejercer el derecho de participación en la vida pública y política de mujeres y hombres con discapacidad.

En este orden de ideas, las condiciones en que viven muchas personas con discapacidad en nuestro país son dignas de preocupación, y en no pocos casos incluso de indignación. A pesar de los esfuerzos ya existentes, no obstante, aún queda mucho por hacer y tal es el caso de los derechos políticos electorales.

Como se sabe, las personas con alguna discapacidad constituyen en nuestro país un núcleo de población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y una de las herramientas fundamentales para la modificación de esta condición, constituye su mayor participación en los asuntos públicos del país.

Por lo mismo, es de vital importancia que sea respetado, hoy más que nunca, el derecho a la participación política y pública de las personas con discapacidad, ya que ellos, conocedores de las causas y efectos de estas carencias, viven en carne propia esta condición de vida. Aumentar la participación de este sector de la sociedad se traducirá, sin lugar a duda, en una mejor democracia para nuestro país.

Resulta de una importancia fundamental dotar a las personas con discapacidad de las herramientas indispensables para que puedan alcanzar posiciones y puestos públicos y políticos y ser protagonistas de su propio cambio y de la superación del sector que representan. Esto sólo será posible allanando el camino que les impide alcanzar estos derechos en igualdad de oportunidades y sin discriminación, y, sobre todo, quitándonos como sociedad cualquier prejuicio relacionado con la inclusión y participación plenas de las personas con discapacidad, luchando para que les sea posible competir profesional y políticamente. Así lograremos conformar el México plural e incluyente que todos necesitamos.

En el México democrático al que aspiramos todos, no podemos ignorar o permitir el lastre social que representa la discriminación, la exclusión y el rechazo fáctico de las personas con discapacidad en el empleo, en los espacios de decisión y representación política, en los cargos directivos y de responsabilidad en la iniciativa privada, así como en los espacios públicos. Esta exclusión fáctica está aún presente por todo el país, ello nos exige fortalecer el marco jurídico de protección y garantía de sus derechos, con el propósito de definir de manera clara los alcances y las responsabilidades de las autoridades en la materia.

Por ello, esta iniciativa pretende fortalecer cabalmente los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad y, para ello, planteamos temáticas en cuanto a las modificaciones a realizar, a fin de reconocer y garantizar como parte de sus derechos fundamentales, los derechos a la participación pública y política.

Por el otro lado y, atento a las obligaciones internacionales contraídas, así como a los mandatos de justicia material que nos obligan a garantizar condiciones fácticas de igualdad, pretendemos la incorporación de una acción afirmativa en materia electoral para que exista un umbral mínimo de representación de las personas con discapacidad en los cargos de elección popular. Para ello, proponemos modificar la Ley General de Partidos Políticos, en el ánimo de que se tenga un marco de referencia claro y preciso, que además permitirá armonizar el texto de la ley general con el de la Convención de las Naciones Unidas en esta materia.

En la citada ley pretendemos adicionar un inciso al artículo 25 para establecer como una obligación de los partidos políticos el reservar 5 por ciento de sus candidaturas a legisladores federales y locales, a personas con algún tipo de discapacidad. La elección de 5 por ciento no es, en modo alguno, arbitraria, pues corresponde al porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha indicado que existe en nuestro país.

Además, amparados por el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, como hemos visto, es obligatoria para México, justificamos esta acción afirmativa en favor de la población con algún tipo de discapacidad. El indicado artículo señala:

Artículo 5

Igualdad y no discriminación

1. Los estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias en virtud de la presente Convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Sustentados en lo anterior y como una medida de acción afirmativa de carácter temporal (hasta en tanto pueda lograrse el mayor fortalecimiento institucional de este sector), se propone incluir un porcentaje mínimo de personas con discapacidad en las candidaturas federales y locales que presenten los partidos políticos.

Concretamente, pretendemos adiciona un inciso u), recorriéndose el actual para ser v) al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el cual se señalan las obligaciones de los partidos políticos.

No pasa inadvertido que los diputados Edith Anabel Alvarado Varela, Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron diversas iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y de Partidos Políticos durante la LVIII Legislatura, pero la esencia de esas iniciativas estaba en la toma de una acción afirmativa consistente en la inclusión de una reserva de 10 por ciento de las candidaturas postuladas por todos los partidos políticos reservada para personas con discapacidad, que no fue recogida en el dictamen.

Por lo expuesto y fundado presento a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos

Único. Se modifica el numeral 4 del artículo 3 y se adiciona un inciso u), recorriéndose los demás incisos del numeral 1, del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1 al 3. ...

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. Se garantizara la participación de las personas con discapacidad en todas las acciones partidarias, así como en las candidaturas a cargos de elección popular.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) al s) ...

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone?

u) Garantizar un porcentaje mínimo de 5 por ciento en sus candidaturas a puestos de elección popular federales y locales reservados a personas con discapacidad y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los partidos políticos realizarán las modificaciones pertinentes a sus documentos políticos internos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.

Fuentes

1 Consultado en el portal electrónico del diario El País Consultado el 18 de noviembre de 2015, disponible en:

http://elpais.com/diario/1995/12/04/sociedad/818031622_850215.html

2 World Health Organization, consultado el 18/11/2015, disponible en:

http://www.who.int/disabilities/infographic/en/

3 consultado en la página oficial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién cita dichos datos. Consultado el 18/11/2015. Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133 &id_opcion=46&op=46

4 OHCHR. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Docto CRPD/C/MEX/CO/1 página 10. Disponible:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MEX/CO/1&Lang=Sp27Octubre2014.

5 Maldonado Smith, Mario Eduardo. Torres de Babel Estado multiculturalismo y derechos humanos UNAM, México, 2015. Página 115.

6 Consultado en la página oficial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién cita dichos datos. Consultado el 18/11/2015. Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133 &id_opcion=46&op=46

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputado y diputadas: Hugo Rafael Ruiz Lustre, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se creó el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano (Sepomex), con personalidad jurídica y patrimonio propios, que pasó a formar parte de la administración pública paraestatal.

Sepomex tiene la función de mantener comunicada a la ciudadanía, a través de los servicios de correspondencia, mensajería y paquetería; teniendo como misión, ser factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales, a través de la provisión de soluciones postales accesibles, confiables y de calidad.

El 8 de septiembre de 2008, Sepomex se convirtió en Correos de México, el cambio no solamente fue de nombre y de imagen, fue más allá, se trató de una reestructuración integral con los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivo 1: Incrementar la participación de Correos de México en el mercado de servicios postales.

Objetivo 2: Diversificar la oferta a través de la implementación de nuevos servicios y mejorar su calidad.

Objetivo 3: Poner los servicios al alcance del 100 por ciento de la población.

Objetivo 4: Mejorar la autosuficiencia financiera.

La evolución implicó un cambio de imagen, la inclusión de diversos servicios, la ampliación de personal y de su flotilla de transporte, entre otros, convirtiéndose en una de las empresas más importantes de distribución en nuestro país, con 98 por ciento de cobertura en la República Mexicana; 14 mil 752 empelados; 17 mil 294 oficinas; 150 millones 324 mil 684 piezas manejadas; mil 778 rutas terrestres y circuitos postales; 9 mil 545 vehículos en operación; y 13 mil 703 buzones.

Lo anterior da cuenta de una infraestructura, capacidades técnicas, operativas y los canales de distribución de Correos de México para brindar un buen servicio, sin embargo, su demanda es insuficiente para cubrir sus gastos de operación, situación que genera un círculo vicioso en el que el Estado se ve obligado a intervenir para garantizar su operatividad para atender a la población como lo establece la ley.

Es de señalar que, Correos de México le ha costado al erario público en los últimos 4 años de ejercicio fiscal, un total de 3 mil 798 millones 226 mil 11 pesos, los cuales se han etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la siguiente manera:

El 24 de abril de 2018, con el objetivo de fortalecer a Correos de México, la Cámara de Diputados aprobó con 270 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención la minuta que reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de mayo del mismo año, con la finalidad de que el Estado mexicano tenga a su cargo servicios de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia, por sí o a través de asociaciones públicas o privadas, aprovechando las tecnologías de la información y comunicaciones. Esta reforma busca mejorar los procesos, a través de la modernización y reestructuración, incorporando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para lograr una mayor efectividad y competitividad de sus servicios.

Es importante mencionar que Correos de México cuenta con una doble naturaleza: social y de seguridad nacional, debido a que la prestación del servicio público de correos es una actividad estratégica reservada de manera exclusiva al Estado, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Postal Mexicano.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“ Artículo. 25. ...

“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.”

“ Artículo 28. ...

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.”

• Ley del Servicio Postal Mexicano dispone que:

“ Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley.”

“ Artículo 11. El servicio público de correos es una área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva.”

No obstante, las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no utilizan los servicios de mensajería que ofrece Correos de México, a pesar de que cuenta con la infraestructura y los canales de distribución necesarios.

En este orden de ideas, con la finalidad de que Correos de México opere de forma superavitaria y el gobierno no continúe generando un gasto por utilizar empresas privadas de mensajería y paquetería, y apegándose a la política de austeridad propuesta por el presidente electo, es necesario que las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal utilicen el servicio de correspondencia que ofrece el gobierno federal a través de Correos de México.

Lo anterior, en aras de promover, impulsar y fortalecer a Correos de México como la red de servicio postal nacional, se propone establecer que todas las dependencias de los tres niveles y Poderes de gobierno no podrán ejercer recursos públicos para la recepción, transportación y entrega de envíos a través de empresas privadas de mensajería y paquetería, debiendo utilizar para dichos fines a Correos de México.

La presente Iniciativa, se encuentra alineada a la propuesta de una política de austeridad formulada por el presidente electo, con el fin de restringir gastos innecesarios, recortar los costos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en el uso de empresas privadas de mensajería y paquetería, toda vez que, Correos de México ofrece una gran ventaja con respecto a las empresas privadas, el bajo costo en sus envíos por ser una empresa del gobierno.

Para una mejor visualización de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adicionan diversas disposiciones de Ley del Servicio Postal Mexicano

Artículo Único.Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley.

El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia de todas las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno.

Las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno no podrán ejercer recursos públicos federales para la recepción, transportación, entrega y/o envío a través de empresas privadas, salvo en los casos y zonas donde el organismo no cuente con cobertura para el servicio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.correosdemexico.gob.mx/movil/Paginas/BreveHistoria.aspx

2 https://www.gob.mx/correosdemexico/que-hacemos

3 https://www.gob.mx/correosdemexico/documentos/mision-vision-y- objetivos-150014?idiom=es

4 https://culturacolectiva.com/historia/el-nacimiento-del-correo-y-el- servicio-postal-mexicano/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputada María de los Ángeles Huerta del Río(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Panorama

Gracias a que México cuenta con una superficie de 11 mil 592.77 kilómetros cuadrados de litorales, tanto en el océano Pacífico, como en el golfo de California, golfo de México y mar Caribe, y con 12 mil 500 kilómetros cuadrados de superficie de lagunas costeras y esteros, aparte de 6 mil 500 kilómetros de extensión de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos, además de una zona económica exclusiva de 2 millones 717 mil 252 kilómetros cuadrados, la nación dispone así de una gran variedad de sistemas costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales.

Dada también la ubicación geográfica del país, con una predominancia básica de clima tropical, nuestra nación dispone de una biodiversidad pesquera abundante que por ello resulta atractiva, lo cual nos indica el enorme potencial de recursos susceptibles de ser explotados en favor no únicamente del consumo interno, sino también de la comercialización en el mercado exterior.

Con una productividad anual promedio de 2 millones de toneladas de pescados y mariscos, México está ubicado en el sitio número 17 como país productor pesquero y ocupa el lugar 24 en producción acuícola. Los rendimientos que ambas actividades alcanzan, perfilan a nuestra nación como una potencia en estas materias.

De la actividad pesquera dependen 2 millones de personas, cuyo soporte directo son 300 mil pescadores y acuicultores y 200 mil trabajadores del sector pesquero y acuícola. Si bien la cifra puede ser leída como menor comparada con el universo de la población económicamente activa; no deja de tener, sin embargo, relevancia por lo que hace al aporte de las actividades pesqueras y acuícolas en términos de la producción de alimentos y generadoras de divisas.

En tanto, el consumo per cápita anual de productos pesqueros y acuícolas en México se ubica en 12.6 kilogramos, al haber registrado a lo largo de los últimos años un incremento que ha sido constante, lo cual es indicativo de una productividad que anualmente va en aumento y que, ante la demanda creciente de alimentos, no sólo debe ser sostenida sino también estimulada para garantizar así el desarrollo del sector.

Antecedentes

Las primeras acciones para otorgarle a la actividad pesquera de México tutela administrativa, sujeta a la vigilancia y control del estado, datan de 1891 con la creación de la llamada Oficina de Piscicultura, dependiente de la entonces Secretaría de Fomento.

Sin embargo, es a partir de la promulgación de las Leyes Orgánicas de 1917 cuando se establece la Dirección General Forestal de Caza y Pesca a cargo de la Secretaría de Agricultura y Fomento, quizá como expresión directa de la creación años atrás de la Comisión de Estudios Biológicos, responsable de la investigación en materia pesquera.

Fue en el periodo del presidente Álvaro Obregón, en el año de 1923, cuando se crea la Dirección de Pesquerías y en 1925 se promulga la primera Ley de Pesca, cuyo precepto fundamental establecía precisamente la necesidad de proteger un recurso natural concesionado en explotación para beneficio de la nación.

Con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en 1939 es creada la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas, dependiente del Departamento de Marina Nacional.

En el año de 1958, la vigente Dirección General de Pesca e Industrias Conexas fue incorporada a la Secretaría de Industria y Comercio. Se mantiene así hasta el año de 1971 en que se crea la Subsecretaría de Pesca.

Está en vigor hasta 1976, año en que se constituye el Departamento Autónomo de Pesca, que unificó a la Subsecretaría de Pesca, a la Dirección de Acuacultura y a la Dirección General de Desarrollo Pesquero Ejidal, a partir de la necesidad de alcanzar un óptimo aprovechamiento y explotación de los recursos pesqueros del país.

El Departamento Autónomo de Pesca funciona como tal hasta fines de 1981, para convertirse luego en el último año de gobierno del presidente José López Portillo en Secretaría de Pesca, dando así cumplimiento a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en enero de 1982.

La Secretaría de Pesca se mantiene vigente durante los siguientes dos sexenios y a partir del régimen del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, desaparece y pasa a ser parte con rango de Subsecretaría de la naciente Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Al término del sexenio del presidente Zedillo desaparece la Subsecretaría de Pesca y partir del inicio de la administración del presidente Vicente Fox Quesada y hasta nuestros días, el despacho de los asuntos pesqueros es atendido por un órgano administrativo desconcentrado de la ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, denominado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Fundamento

Aun y cuando a partir de 1891 se haya dado a la pesca en México importancia formal como sector productivo, con la creación de la primera oficina administrativa a cargo de los asuntos en esta materia, es sin embargo en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés cuando ocurren las primeras acciones oficiales de rescate e impulso real a la actividad pesquera, traducidas en una producción récord de capturas, que pasó de 54 mil 759 toneladas obtenidas en 1946 a un rendimiento de 77 mil toneladas alcanzadas en 1950.

Sin embargo, el reconocimiento al potencial pesquero de México, conforme a los antecedentes de la presente iniciativa, tiene no obstante su mayor expresión durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, con la creación de la Subsecretaría de Pesca, ante la necesidad que se ha tenido precisamente de revivir la perspectiva nacionalista de la actividad pesquera.

Durante el sexenio del presidente José López Portillo, una vez creada la Secretaría de Pesca, se pone en marcha el primer Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, cuyas líneas fundamentales se orientaron a garantizar un impulso sostenido del sector pesquero de México, al entrar en operación el Banco Nacional Pesquero que, entre otros logros, abrió líneas de créditos a cooperativistas para la compra de flota, incrementándose en consecuencia el número de organizaciones de este tipo.

Todavía más, de acuerdo con reportes oficiales, durante la vigencia de la Secretaría de Pesca como institución rectora del sector, las expectativas que el gobierno federal proyectó con el desarrollo de las actividades pesqueras y de acuacultura, se fueron cumpliendo a satisfacción, al haberse creado las bases de organización y creación de la infraestructura para la captura, cultivo, industrialización y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

Frente al panorama enunciado y ante los retos actuales que imponen los sectores pesquero y acuícola, es imperativo sea creada la Secretaría de Pesca y Acuacultura, para una atención eficiente de las demandas y reclamos de estas actividades y su industria conexa, de suerte tal que el Titular de la dependencia tenga la facultad de acordar directamente con el jefe del Poder Ejecutivo federal los múltiples y variados asuntos que suponen ambas materias.

Con la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura nuestra nación estará dando así, además de un trato importante, mayor fortaleza a las actividades propias de estos sectores, lo cual, se estima, habrá de brindar certidumbre, no sólo al flujo de inversiones, sino también llevará a una atención de mayor eficiencia de los asuntos propios de los mismos, como garantía para la creación y estabilidad de fuentes de empleo.

Resulta incongruente que la institución a cargo del despacho de los asuntos pesqueros y acuícolas del país, haya perdido hasta el rango de subsecretaría, muy a pesar de la vocación productiva de México y de los enormes retos que en esta materia se tienen.

Es amplia la problemática y diversas las alternativas que existen para atender en su inmensa dimensión los retos de los sectores pesquero y acuícola del país. De ahí la importancia que la agenda de estos asuntos debe representar para los planes oficiales encaminados a procurar entre otros objetivos: la soberanía alimentaria, la creación de fuentes de empleo, el desarrollo de las actividades y la generación de divisas.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, así como adicionar un artículo 35 Bis a este ordenamiento, para preceptuar las facultades que le serán otorgadas a la nueva dependencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 26 y 35 y adiciona uno 35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación;

Secretaría de Pesca y Acuacultura;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia;

V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;

VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;

VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VIII. Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;

X. Promover la integración de asociaciones rurales;

XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural;

XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;

XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;

XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;

XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;

XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;

XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;

XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados;

XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;

XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares; y

XXI. Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35 Bis. A la Secretaría de Pesca y Acuacultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar las actividades pesquera y acuícola;

II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo pesquero y acuícola, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que viven de estas actividades, en coordinación con las dependencias competentes;

III. Promover el empleo en el medio pesquero y acuícola, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas pesqueras y acuícolas;

IV. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector pesquero y acuícola;

V. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores pesqueros y acuícolas, a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

VI. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad pesquera y acuícola; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad pesquera y acuícola; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia;

VII. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con las actividades pesqueras y acuícolas;

VIII. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación pesquera y acuícola media superior y superior, y establecer y dirigir escuelas técnicas de pesca y acuacultura en los lugares que proceda;

IX. Organizar y fomentar las investigaciones pesqueras y acuícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría y cultivo de especies acuáticas, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

X. Establecer criaderos y reservas de especies acuáticas;

XI. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores pesqueros y acuícolas;

XII. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción pesquera y acuícola, en coordinación con la Secretaría de Economía;

XIII. Promover la integración de asociaciones pesqueras y acuícolas;

XIV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en los sectores pesquero y acuícola;

XV. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación del mar patrimonial, litorales y aguas interiores destinados a la pesca y a la acuacultura, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;

XVI. Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

XVII. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo de los sectores pesquero y acuícola, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

XVIII. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo pesquero y acuícola con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades en las diversas regiones del país;

XIX. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior pesquero y acuícola;

XX. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida en los sectores pesquero y acuícola, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;

XXI. Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan a los sectores pesquero y acuícola;

XXII. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, conforme a las normas oficiales mexicanas que correspondan;

XXIII. Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

XXIV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros y acuícolas, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional;

XXV. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos pesqueros y acuícolas, así como otras actividades que se desarrollen principalmente en estos sectores;

XXVI. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción pesquera y acuícola, así como evaluar sus resultados; y

XXVII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos.

Transitorios

Artículo Primero. Las menciones contenidas en otras Leyes, Reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyas atribuciones en materia pesquera y acuícola se derogan por virtud de este decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, elaborará el estudio de impacto presupuestal que corresponda a la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda al despacho de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Artículo Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo federal instruirá el traspaso de empleados, así como de los recursos materiales y financieros y de activos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que correspondan a la Secretaría de Pesca y Acuacultura, en un plazo que correrá a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que entre en funciones la nueva dependencia.

Artículo Quinto. La Secretaría de Pesca y Acuacultura entrará en funciones a partir del ejercicio presupuestal del 2019.

Artículo Sexto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Alfredo Villegas Arreola, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Casimiro Zamora Valdéz, José Jaime Montes Salas, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Lucinda Sandoval Soberanes, Maximiliano Ruiz Arias, Merary Villegas Sánchez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Olegaria Carrasco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal, Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 120 y adiciona la fracción VI Bis al artículo 88 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mala gestión del agua en México es sin duda un problema grave que por décadas ha exigido su atención. En vez de eso, conforme ha pasado en tiempo, tenemos más agua tóxica cortesía de la industria y de la laxitud de las leyes. En nuestro país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos (m3) en 1955 a tan solo 4 mil 263 m3 en 2011. De acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos nacionales presenta algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo.

Estos son algunos hechos en México

-70 por ciento de los seres vivos que sobreviven en el agua de México están contaminados.

-1.3 es el promedio al día de derrames de hidrocarburos por parte de Pemex.

-Mil 90 sustancias tóxicas se han encontrado en un solo río y solo se encuentran regulados nueve.

Algunos estados con importantes derrames y altos índices de contaminación son:

Sonora: Derrame en el río Sonora de más de 248 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, sulfato de cobre y metales pesados provenientes de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.

Sinaloa: El estero, El infiernillo, en Mazatlán, amaneció el 3 de septiembre repleto de peces muertos. La causa, se dice, es las descargas de aguas municipales y el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Jalisco: 3 millones de peces muertos en la laguna de Cajititlán, por descargas de aguas residuales municipales y el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Durango: La mina Proyecto Magistral derramó 2 mil metros cúbicos de agua cianurada al arroyo La Cruz, en el municipio de El Oro. El cianuro es altamente tóxico y aún no se establecen multas.

Nuevo León: Derrame de hidrocarburos en el río San Juan, en la presa El Cuchillo, la cual provee una parte importante del agua potable que se consume en Monterrey. La causa fue una supuesta toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta.

Veracruz: Derrame de más de 300 mil litros de gasolina en el arroyo Hondo por una supuesta toma clandestina. A las orillas del cauce aparecieron muertos peces, tortugas, armadillos, ratones de campo, conejos, zorrillos, patos, garzas, peligrando la fauna silvestre en el lugar.

En el caso específico de Veracruz, se tiene que por su ubicación geográfica, relieve, variedad de climas y tipos de vegetación, es el tercer estado del país con mayor biodiversidad, cuya conservación y aprovechamiento sustentable es fundamental para el suministro alimentario, la recreación y turismo, las fuentes de materias primas y energía, así como para las funciones ecológicas esenciales.

Según el ensayo La Biodiversidad en Veracruz: Estudio de Estado, en la entidad en cita se han registrado mil 234 especies de vertebrados terrestres: 192 corresponden a mamíferos; 719 se reportan para el grupo de las aves; 220 son reptiles (85 endémicas en México y 17 en el estado; y 103 anfibios. Además, se identificaron 621 clases de peces.

En cuanto a los invertebrados se registran tres mil 190 especies, que corresponden al 41.5 por ciento del total nacional. La diversidad florística evidencia al menos siete mil 855 especies, de las cuales seis mil 465 corresponden a plantas vasculares. La diversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos también es destacada, reportándose 18 diferentes tipos, muchos de los cuales se encuentran amenazados.

Destaca a su vez la anidación de cinco especies de tortuga marina, la presencia de poblaciones naturales de manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado, los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, así como mono aullador en la selva de Los Tuxtlas.

Sin embargo, toda esta gran riqueza natural es puesta en peligro por las graves acciones contaminantes que ejercen diversas industrias y ayuntamientos sobre los cuerpos de agua.

En este sentido, se tiene que, según estudios de la Comisión Nacional del Agua, el 90 por ciento de los ríos en este estado presentan algún grado de afectación.

Así, los ríos ubicados en la zona norte y sur presentan altos índices de contaminación, sobre todo derivado de los derrames de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Conagua 2016). Inclusive estudios realizados por la facultad de Geografía de la Universidad Veracruzana señalan que los ríos Pánuco y Coatzacoalcos son los más contaminados de América Latina, esto debido principalmente a las descargas de industrias como la cañera, automotrices, galleteras, refresqueras y demás, que vierten en ellos sus desechos.

Y qué decir de los ríos del centro del estado, están entre los más contaminados del país, estamos hablando de los ríos Jamapa, Actopan y Blanco; la grave contaminación en estos cuerpos de agua, encuentra en la descarga de aguas residuales sin tratamiento una de sus principales causas. Efectivamente, los citados ríos tienen medido un alto nivel de descargas tanto urbanas como industriales, esto a pesar de que por ley las compañías y comercios deberían tratar sus desechos.

Esta información es solo extractos de cómo el problema de la contaminación del vital líquido está en crecimiento y se toman pocas o nulas acciones para el cuidado del agua.

La preservación del equilibrio ecológico, la promoción de la sustentabilidad y de una cultura ambiental adecuada, así como la sanción de la violación de la norma ambiental en detrimento de presentes y futuras generaciones, debe ocupar a sociedad y gobierno.

Hay leyes y normatividades para que las empresas se hagan responsables de la contaminación que generan a los cuerpos de agua, pero éstas poco se aplican. El problema es mayúsculo y no sólo pone en riesgo nuestra riqueza natural, sino también la salud pública. Esto hace de notaria urgencia emprender medidas que detengan el daño que se está causando.

Se reconoce el trabajo realizado por las Autoridades del agua tales como la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes han ejercido en varios casos su facultad sancionatorio, sin embargo, la medida aún no es suficiente, y es necesario que todo aquel que contamine sea castigado de una manera ejemplar, no sólo uno de cada cien; y que además las sanciones realmente respondan al daño y al deterioro ambiental causado, pues a la fecha, a muchas industrias les resulta más redituable pagar una que otra multa que darle el tratamiento debido a sus desechos. Esta situación debe pararse.

Con base en lo relatado, el presente proyecto busca incrementar aproximadamente en un treinta por ciento el monto de las multas previstas en la Ley de Aguas Nacionales por faltas como: Descargas aguas residuales sin el tratamiento que mandata la normatividad aplicable; explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo; Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que realice “la autoridad del agua”; no cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga de aguas; ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos; desperdiciar el agua, entre otras precisadas en el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

Así, faltas como las relatadas, serán sancionadas administrativamente por “la autoridad del agua” con multas que serán equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometa la infracción, y en las cantidades que la infracción cometida amerite. Lo anterior debe resaltarse, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.

Adicionalmente, el presente proyecto plantea reformas a fin de incorporar dentro de los procesos productivos de la industria la utilización de materiales biodegradables. Para estos efectos, se adiciona una fracción al artículo 88 BIS de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de establecer como obligación de toda persona física o moral que efectúe descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, a adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables.

La anterior determinación tiene su sustento legal en la Ley de Aguas Nacionales, cuyo artículo 7 señala como de utilidad pública el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el rehusó de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua.

Finalmente, y no menos importante es mencionar que el presente proyecto, además de actualizar el monto de las sanciones, cumple una función de trascendental importancia que consiste en atender la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la desindexación del salario mínimo, misma que obliga al Congreso de la Unión, las legislatura de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales a realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto en mención, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

En este sentido se citan los artículos transitorios tercero y cuarto del Decreto referido, los cuales a las letras dicen:

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Las anteriores precisiones evidencian la necesidad y la utilidad de modificar la norma, en el sentido de que en lugar de que se aplique el salario mínimo para calcular multas, cuotas y demás supuestos previstos en las leyes, tales sean calculadas con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de actualizar la Ley de Aguas Nacionales en su capítulo relativo a infracciones y sanciones administrativas, con la finalidad de ponerlo en concordancia con la reforma constitucional analizada.

Indudablemente, la urgencia de preservar nuestro entorno se relaciona con la promoción de la salud y bienestar de la sociedad e incluso con el desarrollo de las comunidades, en este sentido debemos poner manos a la obra.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 88 Bis y se reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 88 Bis y se reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se adiciona la fracción VI Bis al artículo 88 Bis y se reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 88 Bis. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán:

I. a VI. (...)

VI Bis. Adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables.

(...)

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas administrativamente por “la autoridad del agua” con multas que serán equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometa la infracción, y en las cantidades que a continuación se expresan; lo anterior, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:

I. 260 a 1,950 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 1,560 a 6,500 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX, y

III. 1,950 a 26,000 Unidades de Medida y Actualización, en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.

(...)

Transitorios

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por las diputadas Lourdes Érika Sánchez Martínez y Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas Lourdes Erika Sánchez Martínez y Soraya Pérez Munguía, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y VII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de lactancia materna, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los hechos que caracteriza al mundo moderno es la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo. Si bien la razón de su incorporación puede ser de índole económico, también existe la realización personal. En cualquier caso, la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado de manera significativa en los últimos años.

A decir verdad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente es mayor el número de mujeres que estudian a nivel profesional y posgrado. Entre 2013 y 2015, el porcentaje de mujeres con estudios de especialidad fue de 7.4 por ciento contra 6.1 en hombres.

De igual forma, se observa que cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado laboral. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los 3 millones 600 mil empleos formales que se han generado en México en los últimos 5 años, 43 por ciento ha sido ocupado por mujeres.

Se destaca que 42 por ciento de los mexicanos económicamente activos son mujeres. Además, se advierte que 41.8 de las madres solteras mayores de 15 años trabaja y que 7 de cada 10 mujeres que forman parte del mercado laboral tienen al menos un hijo vivo.

Tales datos revelan la imperiosa necesidad de establecer previsiones en el espacio laboral, a fin de que las mujeres puedan ejercer la maternidad sin que ello impida o dificulte su derecho a trabajar. Es en este sentido, resulta necesario considerar en la ley la incorporación de salas de lactancia o lactarios en los distintos centros de trabajo.

La protección de la maternidad para las madres trabajadoras debe ser un elemento prioritario de la política laboral nacional; atenderlas significa apoyar el desarrollo económico, reconocer el derecho que tienen las mexicanas al trabajo digno y atender el interés superior del menor.

Por tales motivos, el Unicef ha establecido la lactancia materna en el lugar del trabajo como un derecho, no sólo de la madre, sino también de los infantes.

Esto es porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos porque aporta todos los nutrientes necesarios para el sano desarrollo; además, que contiene anticuerpos que ayudan protegerlo de las enfermedades comunes en la infancia. La mortalidad infantil se reduce cuando el infante se alimenta de leche materna, ya que permite prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Así, la lactancia es un componente clave del cuidado infantil. Fomenta el desarrollo de las relaciones estrechas entre madre e hijo, a la vez que las hormonas que mantienen la lactancia tienen una influencia positiva en la salud reproductiva de la mujer.

Por tales motivos, la Secretaría de Salud y el Unicef han iniciado una importante campaña para incrementar el consumo de leche materna en los infantes. Lo anterior, porque únicamente el 14.4 por ciento de las madres llevan a cabo la lactancia materna, lo cual se debe, en gran medida a que trabajan y no cuentan con espacios idóneos para resguardar la leche materna.

En torno a lo anterior, México adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la Organización de la Salud, mismo que tiene como objetivo contribuir y proporcionar a los lactantes una nutrición segura, de ahí que los centros de trabajo deban atender y promover la lactancia materna a través de la incorporación de espacios adecuados en los centros de trabajo.

La Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018, establece como objetivo primordial fomentar el buen desarrollo de la niñez a través de la lactancia. De ahí que, para lograr lo anterior, resulta necesario establecer las facilidades y adecuaciones necesarias para que las madres que trabajan puedan contar con espacios adecuados que permitan desarrollar tal actividad.

El 22 de agosto de 2016 se firmó el pronunciamiento de los sectores obrero y patronal para el fomento de la protección de la maternidad y la promoción de la lactancia materna en los centros de trabajo,el cual advierte la imperiosa necesidad de instalar lactarios higiénicos en los centros de trabajo.

El estudio del Center for Prevention and Health Services revela que la existencia de lactarios en los centros de trabajo garantiza la fidelidad laboral, permite que la mujer se sienta satisfecha y respetada en su espacio de trabajo.

Por tales motivos, la presente iniciativa propone la instalación de salas de lactancia o lactarios dentro de los Centros de Trabajo, para que las madres trabajadoras realicen sus labores durante el periodo de lactancia, teniendo lugares adecuados para realizar esta actividad.

Crear salas de lactancia tiene como objetivo

• Atender el derecho a la salud de los infantes, a través de una nutrición adecuada y completa.

• Generar lugares de trabajo que posibiliten la lactancia con instalaciones adecuadas para tal fin.

• Que el tiempo utilizado para la lactancia se contabilice como tiempo trabajado.

• Respeto de la mujer de tener derecho a una o varias interrupciones diarias o a una reducción de las horas diarias de trabajo para la lactancia de su hijo.

Si bien el artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo establece que las mujeres madres tienen derecho a contar con un lugar adecuado e higiénico para realizar la actividad de lactancia, lo cierto es que ello no es suficiente para atender el derecho humano de las mujeres de contar con las facilidades necesarias; esto es porque como lo ha establecido el Unicef, los lactarios deben contar con ciertas características específicas para ser considerados como tal.

Así, el lactario es un espacio de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna, deberá ser privado y exclusivo para su fin. Asimismo, debe contarse con elementos mínimos tales como: mesas, sillas y/o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y conservación de la leche materna. También, deberá contar con un refrigerador para la conservación de la leche materna.

El servicio de lactario deberá implantarse teniendo en cuenta las medidas de accesibilidad para toda madre, incluidas aquellas con discapacidad, en un lugar de fácil y rápido acceso para las trabajadoras.

Adicionalmente, dado que la efectiva nutrición es un derecho fundamental de las niñas y los niños, también se prevé reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, a fin de establecer que la lactancia también quedará garantizada en los centros de trabajos, ello atendiendo al interés superior del menor, el derecho humano a la salud de los infantes y de conformidad con los principios establecidos por las principales políticas públicas de salud tanto nacionales como internacionales. En este marco se propone la siguiente reforma:

Ley Federal del Trabajo

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y VII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de lactancia materna

Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a III. ...

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en salas de lactancia o lactarios que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

Segundo. Se reforma la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de

I. a VI. ...

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, a través de la instalación de salas de lactancia o lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

No tas

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf

2 “43 por ciento de empleos creados este sexenio son de mujeres: STPS”, en Publimetro, junio de 2018,

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/06/06/43-de-empleos-creados- este-sexenio-son-de-mujeres-stps.html

3 Inegi, Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2017, México: Inegi, 2017.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf

4 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ madre2018_Nal.pdf

5 http://www.milenio.com/negocios/en-mexico-73-de-las-trabajadoras-es-madre

6 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index1.html

7 Unicef. Guía práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo. México

8 Unicef. Guía práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo. México:

https://www.Unicef.org/mexico/spanish/guialactancialess.pdf

9 Secretaría de Salud. Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018,

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SMP/ENLM_2014-2018.pdf

10 https://www.gob.mx/stps/articulos/lactancia-materna-59385?idiom=es

11 Center for Prevention and Health Services

https://www.cdc.gov/index.htm

12 Unicef. Guía práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo. México:

https://www.Unicef.org/mexico/spanish/guialactancialess.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Lourdes Érika Sánchez Martínez,Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Benito Medina Herrera, Carolina García Aguilar, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Enrique Ochoa Reza, Erika Mariana Rosas Uribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Irma Juan Carlos, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Jesús Fernando García Hernández, Josefina Salazar Báez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lilia Villafuerte Zavala, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Lucero Saldaña Pérez, María Rosete Sáchez, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Elena García Gómez, Martha Hortencia Garay Cadena, Maximino Alejandro Candelaria, Miguel Acundo González, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruíz, Pablo Gómez Álvarez, Patricia Terrazas Baca, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rene Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Sonia Rocha Acosta, Soraya Pérez Munguía, Verónica María Sobrado Rodríguez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

México ocupa actualmente a nivel mundial el primer lugar en obesidad infantil y adulta, así como el primer lugar en diabetes infantil.

La diabetes destaca entre las primeras causas de muerte en México.

De acuerdo con datos de la UNICEF, nuestro país tiene el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido por Estados Unidos de América. Este problema está presente no sólo en la infancia y adolescencia, sino también en población en edad preescolar.

La ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es de los principales factores da lugar al aumento de la obesidad y diabetes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud.

El menor consumo de bebidas azucaradas implica reducir el consumo de “azúcares libres” y de la ingesta calórica total, promover mejor nutrición y propugnar por reducir el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental.

La diabetes mellitus, que está catalogada por los especialistas como la de mayor impacto en la salud, se origina por la combinación de diversos factores, entre los que se encuentran edad, obesidad, sedentarismo, alimentación inadecuada y desproporcionada, antecedentes familiares y otros factores genéticos.

La OMS ha externado diversos llamados a las instituciones de salud del mundo, a fin de que adopten medidas preventivas y multidisciplinarias que contengan el aumento de la diabetes y mejorar la atención de quienes la padecen.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones médicas.

El Instituto Nacional de Salud Pública recomienda moderar el consumo de los alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos, disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y grasas transgénicas, evitar las bebidas azucaradas y refrescos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad.

La comida ultra procesada, cereales, tartas industriales, pizzas, salchichas y otras comidas cárnicas preparadas, además del consumo exagerado de refrescos, conlleva altos niveles de grasa saturada, azúcar y sal y menos cantidad de fibra que suele hacer las delicias de nuestras bacterias buenas que componen la microbiota intestinal y si las tenemos en equilibrio con las “malas” nos ayudan en los procesos digestivos y en la prevención de las enfermedades al reforzar el sistema inmunitario.

Estos productos son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Realmente no tienen ningún alimento completo, sino largas listas de ingredientes. Además, estos ingredientes pasan por un procesamiento previo como la hidrogenación o fritura de los aceites, la hidrólisis de las proteínas o la refinación y extrusión de harinas o cereales.

En su etiquetado es frecuente leer: materias primas refinadas (harina, azúcar, aceites vegetales, sal, proteína, etcétera) y aditivos (conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores del sabor, emulsionantes). En este grupo podemos encontrar, desgraciadamente, 80 por ciento de los comestibles que venden en los supermercados: las bebidas azucaradas, precocinados, bollería, carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, postres, dulces, cereales refinados, pizzas, nuggets, barritas energéticas o dietéticas, entre otras más.

La composición nutricional de estos alimentos puede favorecer el aumento excesivo de peso y potenciar el desarrollo de algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) que acompañan a la obesidad. Sus características especiales están dadas por el gran tamaño de sus porciones, elevada densidad energética, alto contenido de grasas y grasas saturadas. Además, originan cantidades importantes de sal y azúcares, tienen alto índice glicémico y bajo contenido de fibra dietética.

Las enfermedades no transmisibles incluyen cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y padecimientos cardiovasculares. Colectivamente, estas enfermedades matan a 41 millones de personas anualmente, lo que representa 70 por ciento de todas las muertes en el mundo, 15 millones son fallecimientos prematuros, es decir, entre los 30 y 70 años de edad.

Es de destacar el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de Salud y la sesión 66 del Comité Regional de la OMS en su Línea de acción estratégica 3: Políticas fiscales y reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos Objetivo 3.3: Elaborar y establecer normas para el etiquetado del frente del envase que promuevan las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla. Indicador: 3.3.1: Número de países que han establecido normas, que tengan en cuenta el Codex Alimentarius, para el etiquetado del frente del envase que permiten identificar de manera rápida y sencilla las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional.

Por lo expuesto, se considera necesario realizar las modificaciones a la Ley General de Salud a fin de que se realice la promoción por medio de etiquetas de advertencia, y sea posible informar y publicitar al consumidor en general respecto de productos ultra procesados que tengan alto contenido de sodio, azúcar o grasas.

Los sellos de advertencia nos aseguran el acceso a información clara y visible en cuanto a la composición de los alimentos, facilitando el que podamos realizar decisiones de compra más saludables. Los sellos de advertencia no nos prohíben consumir los alimentos que los presentan, pero nos invitan a hacer cambios graduales en nuestra alimentación, prefiriendo aquellos alimentos sin sellos o con menos sellos.

Los consumidores informados pueden actuar como ciudadanos empoderados que exijan sistemas alimentarios y suministros de alimentos mejores y más saludables.

Dichas advertencias se colocarán siempre en la cara frontal del envase o envoltura y estarán acompañadas de la leyenda “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”.

Los sellos de advertencia “Alto En” nos permiten distinguir con sólo una mirada aquellos alimentos menos saludables y optar por los alimentos sin sellos o con menos sellos.

La presencia de uno o más sellos de advertencia en un producto nos indica que éste presenta niveles superiores a los límites establecidos por la Secretaría de Salud, en relación a sodio, azúcares, grasas saturadas o calorías, los que se asocian a la obesidad y otras enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, infartos y algunos cánceres.

Con esto se pretende mitigar el excesivo consumo de la comida chatarra, generando consciencia en el consumidor mostrando de manera clara y precisa los efectos de un consumo frecuente y de mayor cantidad de azúcares, grasas y sodio, ayudando a la prevención de los problemas dentales, cardiovasculares, obesidad adulta e infantil y que a la postre se genere diabetes.

En la actualidad tenemos avances en lo que respecta al etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas que indicaban su composición nutricional, sin embargo éstas exigían una lectura detenida, por lo que comprenderlas y evaluarlas era complejo, de igual forma las políticas fiscales y las de publicidad han ayudado a moderar el consumo de estos productos de bajas cantidades nutrimentales, por lo que establecer un etiquetado frontal para alimentos y bebidas es realmente útil para que los consumidores mexicanos puedan realizar elecciones más saludables.

Países como Chile y Brasil han puesto en marcha iniciativas para reglamentar la publicidad y promoción de los alimentos.

De acuerdo con The New York Times, la ley (en Chile) ha obligado a las grandes corporaciones a adaptarse a promocionar sus productos. “Desde que comenzaron a implantarse las reglas, gigantes como Kellogg han tenido que deshacerse de los personajes animados de sus cajas de cereales azucarados”.

En 2014 en nuestro país se intentó legislar en este tema. Sin embargo, bajo fuertes presiones de la gran industria de alimentos y bebidas se desechó en una sola sesión de la Comisión de Salud.

El argumento central para desechar las iniciativas fue que ya existe una regulación al respecto.

Con esto no se pretende afectar a la industria de alimentos y bebidas. Se invita a modificar sus procesos productivos a fin de combatir, en conjunto, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno el siguiente:

Decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 212. ...

I. ...

II. Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Cuando éstas rebasen los límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas conforme lo establece la Secretaría de Salud se deberá rotular la o las características nutricionales relativas al nutriente adicionado. Además, deberá de llevar la frase “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”. En el caso de la energía, se deberá rotular su contenido cuando se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes, o grasas saturadas, y se supere el valor establecido por la Secretaría de Salud.

III. La forma de plasmar las características nutricionales indicadas en la segunda fracción de este artículo será rotulando un símbolo octagonal de fondo color negro y borde blanco, y en su interior el texto “Alto En”, seguido de: “Grasas saturadas”, “sodio”, “azúcares” o “calorías”, en uno o más símbolos independientes, según corresponda. Las letras del texto deberán ser mayúsculas y de color blanco. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras blancas, la frase “Secretaría de Salud”, en la parte inferior del octágono.

IV. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Francisco Javier Saldívar Camacho,Armando González Escoto, Carolina García Aguilar, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Elba Lorena Torres Díaz, Jesús Fernando García Hernández, José Elías Lixa Abimerhi, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Guillermina Moreno Alvarado, María Rosete Sánchez, Martha Estela Romo Cuéllar, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruiz, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Santiago González Soto, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con el propósito de dar una mayor transparencia, así como una participación igualitaria a los concursantes de las licitaciones referentes a las concesiones de carreteras, autopistas y puentes de cuota, contemplados en los artículos 5, 6, y 7 de la ley de caminos, puentes y Autotransporte Federal, y al mismo tiempo evitar el elevado costo que el usuario paga en la actualidad al utilizar estas vías de comunicación, ya que como consecuencia del pago inicial que el concesionario oferta como contraprestación, con el propósito de obtener cada una las carreteras de cuotas licitadas y que de acuerdo al artículo 7 fracción III de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, el pago de una mayor contraprestación inicial resulta ser una de las principales razones que argumenta la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para entregar la obra licitada a la empresa que oferte la mayor contraprestación inicial.

Hasta el año 2006, el artículo 7 fracción III contempla otorgar la concesión a quien proporcionará al usuario el menor costo tarifario y lo señalaba de la siguiente manera:

Artículo 7. “Los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario” y en el año 2007 le fue adicionado “ así como las prestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión”

Lo anterior ha permitido a las administraciones responsables del sector carretero (SCT) elegir el concesionario ganador de cada una de las vías de comunicación ya citadas, sin importarles que el usuario de estas vías carreteras, tenga que pagar por el uso de las mismas un precio tarifario que en algunos casos duplica el costo que debería cubrir, todo esto como consecuencia del pago inicial que el concesionario realiza como contraprestación, tal y como se demuestra en la siguiente tabla:

Resulta de extrema necesidad eliminar esta contraprestación inicial señalada en el artículo 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal permitirá a los concursantes de las obras concesionadas contar con una mayor transparencia ya que, como se puede apreciar en esta tabla, el concursante ganador de estas licitaciones posteriormente es favorecido por los funcionarios responsables de estos concursos concesionarios con apoyos económicos proporcionados a través del FONADIN, como queda demostrado en la tabla ejemplificada. por todas estas razones, se propone la eliminación de la parte que en la fracción III del artículo 7 de la ley de caminos, puentes y Autotransporte Federal se señala: “ así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión” para que el mencionado artículo 7 quede de la siguiente forma : “Las concesiones a los que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público conforme a lo siguiente: III- “las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la vía o el proyecto técnico, plazo de la concesión: los requisitos de la calidad de la construcción y operación, los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas que beneficien al usuario”.

Con esta propuesta legislativa el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acerca el poder a la gente, permite que la ciudadanía determine, en su beneficio, el tipo de obra que realmente le beneficie y no como por desgracia ha ocurrido que se construye sólo para llevarse una “comisión o moche”, sin importar las reales necesidades de las comunidades.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 7, fracción III, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 7 fracción III de la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. “las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público conforme a lo siguiente:

III. “Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la vía o el proyecto técnico, plazo de la concesión, los requisitos de la calidad de la construcción y operación , los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas que beneficien al usuario”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá establecer y publicitar los criterios que deberán utilizarse en el establecimiento de tarifas y cuotas por tramo carretero concesionado.

Dado en la Ciudad de México, el día 25 de septiembre de 2018.— Diputado Santiago González Soto(rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pensiones a expresidentes.

Exposición de Motivos

I.El manejo de los recursos públicos, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. No obstante, en la administración de los recursos públicos continúan observándose prácticas de derroche y opacidad.

Ejemplo de lo anterior, son las erogaciones que se realizan por concepto de pensiones a ex presidentes de la República, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, expedido en marzo de 1987. Dicho Acuerdo establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente la República gozarán de una pensión equivalente al salario de un Secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.

La expedición de este acuerdo presidencial no puede estar por encima de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social para los trabajadores de la Unión. Así mismo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece los lineamientos en materia de seguridad social para todos los servidores públicos, incluidos los de la Presidencia de la República, como se lee en el artículo 1, fracción I de dicha ley.

Por ello, la naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763-Bis no puede considerarse más que irregular y extralegal. Aunado a ello, debe destacarse que las erogaciones realizadas por el Estado mexicano en esta materia se mantienen en la opacidad y representan una carga para las finanzas públicas.

En este sentido, la presente iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar, de manera explícita, las pensiones de retiro que reciben los expresidentes, así como los beneficios en materia social y administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa:

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 83. [...]

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República gozará de las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la presente Constitución y en la ley en la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, queda sin efectos el Acuerdo Presidencial 2763-Bis.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Lourdes Celenia Contreras González,Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Martha Angélica Zamudio Macias, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Minera, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Teófilo Manuel García Corpus, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicano por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Minera, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la minería ha sido una actividad económica muy importante. Los pueblos que originariamente habitaron el territorio que hoy ocupa México la utilizaban para elaborar obras de orfebrería, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos de los pueblos mixtecos, zapotecos, purépechas, nahuas y mayas. En esa época los minerales carecían del valor mercantil que adquirieron con la llegada de los europeos y se les usaba más con fines ornamentales y en algunos casos para construir utensilios para medicina y armas para la guerra.

Con la invasión española los minerales se convirtieron en “señuelo de conquistas y fundación de poblaciones durante todo el siglo XVI”, como han afirmado algunos historiadores; donde existían grandes vetas de oro y plata se construían las ciudades novohispanas, la mayoría de las veces despojando a los pueblos originarios y esclavizando a sus habitantes. El mineral que se extraía se destinó a financiar el crecimiento de los Estados europeos, mientras a los pueblos indígenas se les sometía a la explotación y a la miseria, lo que al paso de los tiempos fue causa de diversas rebeliones.

Después de la Independencia de nuestro país de la Corona española, la industria minera decayó y solo se repuso hasta finales del siglo XIX, alcanzando su mayor auge en el periodo postrevolucionario. Durante la segunda década del siglo XX y lo que va del XXI, ha sido la época en que la minería ha incrementado su participación en el desarrollo del nuestro país, porque el Estado procuró leyes, instituciones y políticas que fomentaron la explotación de esta riqueza.

Con la apertura económica al mercado internacional, las normas, instituciones y políticas sobre minería, se reformaron sustancialmente hasta permitir que sea el capital extranjero el que controle la explotación de nuestros recursos minerales. Esto ha dado como resultado que en la actualidad más del 26 por ciento del territorio mexicano se encuentre concesionado a empresas mineras extranjeras, sobretodo de capital canadiense, sin que nuestro país pueda beneficiarse con los ingresos económicos que esto representa.

El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el cuatro por ciento del producto interno bruto nacional, según Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). La Secretaría de Economía informa que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales de entre los que destacan el plomo, zinc, oro, cadmio y cobre.

Por la ubicación geográfica de los recursos minerales los más afectados son los pueblos indígenas de México. La prensa, las investigaciones de la academia y los amparos que han interpuesto los pueblos permiten darnos cuenta de que las empresas mineras destruyen sus territorios, ocupan sus tierras por medio de concesiones o contratos leoninos firmados sin consultarles ni explicarles los usos que se les darán ni los efectos secundarios que de ello derivarán, como la contaminación de los mantos freáticos, del suelo agua y del medio ambiente, la destrucción de sus espacios sagrados, espirituales y culturales, y en general la pérdida del control de los espacios vitales para su existencia como pueblos.

La industria minera es generadora de fuertes inequidades; las concesiones son ambicionadas tanto por inversionistas nacionales como extranjeros por los amplios márgenes de ganancia. En el 2015, la industria minera sumó 6 mil 576 millones de dólares de inversión directa, generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, los trabajadores reciben bajos salarios además sufren una sistemática violación a sus derechos humanos que ponen en peligro la integridad y la vida de los mineros y genera grandes deterioros socioambientales.

En 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que en el país hay 635 lugares contaminados sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendidos, según datos del Sistema de Sitios Contaminados de la misma secretaría. Algunos casos emblemáticos han sido:

-El de la Minera San Xavier que opera fuera de la ley en San Luis Potosí, causando graves daños en el agua, el ambiente, la salud de la población y las alternativas de desarrollo de la zona.

-El derrame de la minera Santa María. El Grupo Frisco, dueño de minera Santa María, ha contaminado, por descuido, con 50 mil toneladas de sales, se desconoce sin son de metales pesados, como cadmio, azufre, aluminio, arsénico que dañan de manera mortal al ser humano y al ganado.

-La contaminación en Sonora por parte de la minera propiedad de Grupo México, donde 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina de Cananea en aguas del río Bacanuchi en la zona de Río Sonora.

-El caso del derrame de derrame de 10 mil 800 toneladas de residuos químicos en la presa de jales de la mina Dos Señores, ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Ante estas injusticias y deterioro de las condiciones de vida de los pueblos, varias organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la lucha de los pueblos por la defensa de sus territorios. En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –de la investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez–, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país. “En Chihuahua la entidad con más problemas de este tipo, registra 13 conflictos; le sigue Zacatecas, con 12; Puebla, con ocho; Oaxaca, con siete; Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Sonora, con cinco cada una; San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima, con cuatro; Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con tres; Jalisco, Coahuila y Estado de México, con dos; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente”.

La revista Contralínea también se ha dado la tarea de registrar conflictos y sus causas como el caso Juba Wajíin (o San Miguel del Progreso, en español), hasta donde llegó la amenaza de la minería. Enclavada en La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, la comunidad indígena me’phaa ha dado la lucha legal, a partir de que no se atiende el derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta. El camino ha sido largo y tedioso porque los alegatos legaloides de las autoridades. No obstante, en este y otros casos el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que la sola amenaza a tierras indígenas es razón suficiente para que las comunidades puedan ampararse.

Por otro lado, uno de los eventos más significativos de la reciente lucha en esta materia es el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades, y Organizaciones, “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, celebrado en Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, en febrero del 2018 y en cuya declaratoria, entre otros aspectos se señala:

-La imposición del modelo extractivo de diferentes megaproyectos violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas.

-El falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida. Los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de 3 mil mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto nos dan sentido de pertenencia;

-Que las empresas y el gobierno han utilizado estrategias de violencia para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros ...;

-Rechazamos los programas del gobierno federal como Procede-Fanar-Rraja, que pretenden privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades, condenamos el hostigamiento de la Procuraduría Agraria a través de los visitadores agrarios que pretenden imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos

-Nos solidarizamos con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia como: Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oax, San José del Progreso, Pasta de Conchos, Coahuila, Chicomuselo, Chiapas, Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), Comunidades del Istmo de Tehuantepec, y las diferentes resistencias que se encuentran en las regiones del estado;

-Nos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones mineras: Enriqueta y El Doctor, otorgadas en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso; Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2), VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo; Los Ocotes 1, Reducción Taviche oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute dos, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el gobierno federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades.

Esta situación resulta más dramática cuando el Estado mexicano ha firmado y ratificado documentos jurídicos de carácter internacional que lo obligan a adecuar su legislación, instituciones y políticas públicas de tal manera que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos y el Estado les garantice vías institucionales para defenderlos cuando estos sean violados; la falta de una legislación apropiada y políticas públicas con estos propósitos, constituye una grave omisión y una deuda del Estado con los pueblos indígenas, que es urgente resarcir.

Desde el 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Constituyente Permanente aprobó, relativas a los derechos humanos y sus garantías. Dichas reformas colocan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales –de los que el Estado mexicano sea parte– en una misma situación jerárquica y el Estado debe garantizarlos de la misma manera, sin que puedan restringirse, salvo los casos y en las condiciones que la propia ley establece.

Sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido su obligación de garantizar el goce de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los tratados internacionales, que, como ha quedado de manifiesto anteriormente, son violentados con la actividad de la industria minera. Así que mantener una legislación minera como la actual deja en indefensión a los pueblos o promueve la tardada judicialización de los casos, con el consecuente desgaste social, económico y patrimonial de los pueblos indígenas y de México.

Evitar lo anterior, es precisamente, el objetivo de la iniciativa que hoy presento ante esta representación nacional, su contenido está orientado a subsanar, en lo que al Poder Legislativo federal corresponde, la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con nuestros pueblos y comunidades indígenas, y con la comunidad internacional, por la falta de congruencia entre nuestra legislación y los compromisos internacionales, para que estos derechos sean efectivos.

La iniciativa de mérito busca garantizar que la actividad minera no atente contra la existencia de los pueblos indígenas como colectivos humanos con culturas diferenciadas, que le dan sustento a la multiculturalidad del país, según dispone la Carta Magna. De la misma manera pretende establecer mecanismos para que se garantice la preservación de sus tierras y territorios, así como los recursos naturales que en ellos existentes, incluidos los minerales.

Obviamente, sabemos que es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo federal el otorgamiento de las concesiones en esta materia y en esta iniciativa tampoco propongo una intromisión indebida del Poder Legislativo federal en esa facultad que solo a él corresponde. Lo que se busca es que dicha facultad se ejerza dentro de los límites que el propio orden jurídico mexicano y el internacional del que éste forma parte establece, dentro de los cuales se encuentra el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, expresamente contenido en los artículos sexto y quince del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como los artículos 15, 17, 19, 30, 32 y 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa que estoy presentando, se fundamenta también en el contenido de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida plenamente por el Estado mexicano. En ella el máximo tribunal latinoamericano ha señalado que los recursos naturales y la relación espiritual o cultural que los pueblos indígenas mantienen con ellos constituye un derecho fundamental, lo mismo que su derecho a no ser desplazados ni privados de las fuentes donde obtienen sus alimentos, por lo que, en todo caso, tienen el mismo derecho a beneficiarse de su explotación y en su caso, a que los daños que se les causen por esta actividad les sean reparados.

Fundamentalmente la iniciativa aborda cuatro aspectos:

-El primero es adicionar un capítulo a la Ley Minera para garantizar en esta materia, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada con objeto de tomar acuerdos con la autoridad;

-El segundo es la derogación de los párrafos de los artículos 13 y 13 Bis de la misma ley que establecen como condición para entregar una concesión minera a los pueblos indígenas que éstos, por lo menos, igualen la postura económica de las empresas que también compitan por la concesión, condiciones que de suyo son un contra sentido e insulto a los pueblos indígenas porque debido a la pobreza e inequidad en que viven, nunca podrán igualar las ofertas económicas de las empresas;

-Tercero se propone una adición al vigente artículo 42 para que se considere causa de nulidad de las concesiones o asignaciones mineras en territorios indígenas, la contaminación grave del habitad y recursos naturales de dichos territorios; y

-Cuarto considero necesario adicionar un artículo, que será el 28 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la evaluación del impacto ambiental para las actividades mineras incluya componentes como el grado de afectación que dichas obras pueden tener sobre las formas de vida los pueblos indígenas y sus comunidades, incluyendo sus lugares sagrados, espirituales y culturales; las medidas que se tomarán para evitarlos o mitigarlos, las formas de reparar los daños que en su caso se llegaran a causar, y la forma de garantizarlos

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se adiciona un capítulo 2 Bis, De la explotación minera y los derechos de los pueblos indígenas, y los artículos 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18 E, 18 F, 18 G, 18 H; se adiciona una fracción, que será la IV, al artículo 13 Bis y una fracción que será la VI del artículo 42 y se derogan el tercer párrafo del artículo 13 y último párrafo del artículo 13 Bis de la Ley Minera. Para quedar como se indica a continuación:

Artículo 13. ...

...

Se deroga.

...

...

Artículo 13 Bis. ...

I ...

II...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

III. ...

Se deroga.

IV. Cuando el terreno se encuentre en un área considerada como territorio indígena, para adjudicar la concesión se estará a lo dispuesto en los artículos 18 A al 18 H del Capítulo Segundo Bis de la presente Ley.

Capítulo Segundo Bis
De la Explotación Minera y los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 18 A. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que realicen en ellos.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esta actividad, y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y, en su caso, del Estado.

Artículo 18 B. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando el mineral sobre el que recaigan se encuentre en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtener dichas concesiones, el Estado, a través de las dependencias o entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 18 C. El Ejecutivo federal no podrá otorgar ninguna concesión sobre tierras o territorios indígenas, sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 18 D. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 18 E. Es responsabilidad de la Secretaría de Economía la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella.

Artículo 18 F. En el caso de que los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, otorguen su consentimiento, antes de autorizar las concesiones, el Estado deberá asegurarse que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretendan realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se puedan presentar los siguientes casos:

I. Produzcan el desplazamiento de los pueblos,

II. Se afecten sus fuentes de obtención de alimentos para la población, o se provoquen daños graves a la salud,

III. Disminuya la capacidad de captación de agua para consumo o la producción de alimentos,

IV. Se destruyan o modifiquen sustancialmente sus lugares sagrados, espirituales y de reproducción cultural,

V. La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Artículo 18 G. Cumplidos los requisitos anteriores el Ejecutivo federal podrá otorgar las concesiones mineras, pero antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que se concesionen, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del Estado, mínimamente lo siguiente:

I. Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio,

II. Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales,

III. Las formas de reparar los daños que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y la forma de garantizar que se llevaran a cabo, y

IV. Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales, se considerarán:

a). Por lo menos un 5 por ciento del valor de los minerales extraídos para destinarse a proyectos, obras o actividades de desarrollo comunitario.

b). Las posibilidades de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 18 H. Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 42. ...

I. a V ...

VI. Causar daño significativo o irreversible al hábitat y recursos naturales de los territorios indígenas, de acuerdo al dictamen respectivo que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los siguientes términos:

Artículo 28 Bis. Cuando las obras a que se refiere el artículo anterior se realicen sobre tierras o territorios indígenas, o sus efectos puedan impactarlas, la evaluación del impacto ambiental incluirá el grado de afectación que dichas obras pueden tener sobre las formas de vida los pueblos indígenas y sus comunidades, incluyendo sus lugares sagrados, espirituales y culturales; las medidas que se tomarán para evitarlos o mitigarlos, las formas de reparar los daños que en su caso se llegaran a causar, y la forma de garantizarlos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Teófilo Manuel García Corpus,Alma Marina Vitela Rodríguez, Irma Juan Carlos, Julieta Macías Rábago, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por las diputadas Beatriz Manrique Guevara y Ana Patricia Peralta de la Peña, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena, respectivamente

Quienes suscriben, diputadas Beatriz Manrique Guevara y Ana Patricia Peralta de la Peña, integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que los resultados de México en cuestión de igualdad de género son todavía deficientes, menos de la mitad, el 47% de las mujeres mexicanas mayores de edad participan de forma productiva en cuestiones laborales, que a comparación del promedio de los hombres mexicanos la diferencia es abismal con el 82%.

Si se desagrega la información de actividades según la condición de su unión, se encuentran también grandes contrastes entre jefes y jefas de hogares familiares. Los hombres se encuentran más en actividades económicas independientemente de su unión, pues 83.5% de los unidos y 66.1% de los no unidos, son económicamente activos. En las mujeres estos números se invierten, en el sentido de que las unidas son mayormente no activas (57.5%), y las no unidas son las que participan más en actividades económicas (51.1%).

La Resolución sobre Igualdad de Género como Eje del Trabajo Decente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo reconoce que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar interesan a los hombres y a las mujeres. En este sentido, la resolución propone a los gobiernos legislar políticas adecuadas las cuales posibiliten un mejor equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer determina como obligaciones del Estado las de modificar estereotipos y patrones socioculturales de conducta asignados a cada sexo a partir del género.

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.

En el mismo orden de ideas, se tiene que el punto 15 de la Declaración de Beijing, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, establece que: “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos, son indispensables para el bienestar de la mujer y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia”.

Solo así, estaremos avanzando en la construcción de sociedades más justas, con menos discriminación y menos desigualdad en el ámbito del trabajo; en la medida que los hombres vayan asumiendo plena participación en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las mujeres podrán integrarse en igualdad de circunstancias al empleo de calidad, lo que impactaría favorablemente en la economía y en una sociedad más justa y equilibrada, así como la adopción de una nueva masculinidad en la que los hombres asuman una paternidad afectiva y participativa.

La desigualdad entre los permisos de padres y madres para la atención infantil (llámense de paternidad, de maternidad o parentales), son una pieza clave en todo el engranaje que consolida las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta importancia se deriva de que los permisos inciden en ese momento crucial en el que se instalan los roles de género en el seno de la pareja, se conforman (o no) las relaciones de apego con un recién nacido y se ofrece un determinado modelo al resto de los niños y niñas de la familia y del entorno.

Como bien lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, “El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociendo la problemática fue pionera, al incluir desde el año 2008 el derecho a sus servidores varones a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija; la cual se denominó ”licencia de paternidad”, anticipándose a la Ley Federal de Trabajo que lo reconoció hasta 2012.

La licencia de paternidad consiste en el periodo de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento para atender al recién nacido y a la madre.

Según los investigadores hay una relación directa entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. En este sentido, los padres que utilizan la licencia, en especial los que hacen uso de dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más posibilidades de interactuar con sus vástagos, lo anterior puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y ser el principio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los estereotipos predominantes.

En la actualidad, cada día son más los padres que participan activamente en la crianza, que buscan mediante la convivencia de los primeros días establecer un fuerte vínculo emotivo con sus hijos y que asumen con responsabilidad la nueva organización familiar que el recién nacido introduce al hogar, compartiendo las tareas domésticas y acompañando a la madre en la comprensión de esta experiencia que el nacimiento de cada hijo representa.

Es fundamental hacer notar que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo, o incluso más benéfico para los infantes, sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en políticas alrededor del mundo, es redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres.

La licencia por paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas.

En México se otorga un permiso de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Sólo un permiso exactamente igual para hombres y mujeres permitiría que el empleo femenino no se resintiera por la maternidad; que las mujeres no fueran vistas (por el entorno y por ellas mismas) como las inevitables y únicas cuidadoras familiares. Es una medida posible, está a nuestro alcance y cambiaría la realidad de forma notable logrando un verdadero avance con miras a garantizar condiciones de equidad.

El periodo de cinco días de licencia de paternidad en la actualidad es demasiado corto en comparación con el promedio de ocho semanas de los países que integran la OCDE y en comparación con el periodo que se les concede a las madres, que México es de 12 semanas, 6 semanas antes del parto y otras 6 después del parto.

En 25 de los 34 países miembros, existe algún tipo de ordenamiento jurídico relacionado sobre licencia de paternidad en el que 12 de ellos otorgan una licencia de más de 9 semanas. Por ejemplo, Noruega otorga 10 semanas de licencia, Islandia 13 semanas, Bélgica 19 semanas, Francia 26 semanas o Corea del Sur que se encuentra en el primer lugar con 53 semanas.

Dado lo anterior la presente iniciativa busca ampliar el periodo de licencia de paternidad, independientemente si son trabajadores del Estado o no. Así, y bajo el principio de ampliar los derechos, se plantea reformar la Ley Federal en la materia, a fin de incluir que los hombres trabajadores puedan gozar de una licencia de paternidad suficiente, en el caso del nacimiento o adopción de un hijo; y mismos derechos en el caso del nacimiento de menores con necesidades especiales.

Se pretende ampliar un derecho fundamental, bajo la perspectiva de igualdad y equidad entre el hombre y la mujer en materia de trabajo; el derecho de paternidad que hoy en día prevalece en el marco jurídico, es inferior a la recomendación dada por la OCDE que, por lo menos, señala deben ser 8 semanas de licencia. Impactar este cambio en nuestra Ley Federal del Trabajo, propiciará que se fomenten programas y políticas que respeten y garanticen condiciones de la igualdad.

Contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha ley, sobre todo si tomamos en cuenta que los padres son sujetos de derecho y actualmente se encuentran con algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que esta ley tutela.

Por ello es necesario adecuar las leyes e implantar políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos, considerando lo que el propio artículo 4o. constitucional establece como principio rector, que el varón y la mujer debes ser considerados en un plano de igualdad ante la ley para otorgar protección a la organización y desarrollo de la familia.

Lo anterior también se encuentra sustentado en el artículo 15 apartado 1 y 16 del Pacto de San Salvador; artículo tercero apartado 1 y 2 de la Convención de los Niños, así como el contenido del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, misma que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

De tal manera, que el sustento expuesto por la presente iniciativa considera que se reúne suficiencia de justificación para estimar procedente modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para proponer las adiciones necesarias, en lo que se refiere al mecanismo para el otorgamiento de la licencia de paternidad remunerada, a fin de establecer un procedimiento simplificado, partiendo de que quien la solicite se conducirá conforme al principio de buena fe, en la cual baste acreditar, conforme a las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal, la relación del estado civil de casado o concubinato con la madre del menor o el reconocimiento como hijo de éste, y exhibir con su solicitud, el certificado médico de nacimiento del hijo o la resolución judicial que autorice la adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes.

En consecuencia, dicha solicitud de licencia de paternidad remunerada, deberá resolverse en forma inmediata y dará inicio en los tres primeros días del nacimiento o de la adopción o deposito del menor con el presunto o presuntos adoptantes. La licencia de paternidad remunerada deberá concederse sin perjuicio de la prevista para la mujer.

Por lo aquí expuesto, se somete a su consideración el presente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Primero. Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 28 Bis. Conceder el permiso de licencia de paternidad remunerada, por seis semanas con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Para los efectos de acreditar la relación del parentesco por consanguineidad o adoptiva, el padre trabajador, deberá justificar su licencia mediante los siguientes requisitos:

a) Para el otorgamiento de la licencia de paternidad remunerada, el padre trabajador deberá acreditar, conforme a las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal, la relación del estado civil de casado o concubinato con la madre de la o el menor, o el reconocimiento como hijo de éste, y exhibir con su solicitud, el certificado médico de nacimiento del hijo o la resolución judicial que autorice la adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes.

b) Dicha solicitud de licencia de paternidad remunerada, deberá resolverse en forma inmediata y dará inicio en los tres primeros días del nacimiento o de la adopción o deposito del menor con la o el presunto o presuntos adoptantes.

c) La licencia de paternidad remunerada se concederá sin perjuicio de la prevista para la licencia de maternidad para la mujer.

Segundo.Se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 132. ...

XXVII Bis.Otorgar permiso de paternidad de seis semanas con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo.Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 Véase,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ ESTUDIO-OCDE-INMUJREES-2017.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Ana Patricia Peralta de la Peña,Alma Marina Vitela Rodríguez, Beatriz Manrique Guevara, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Elba Lorena Torres Díaz, Erika Mariana Rosas Uribe, Josefina Salazar Báez, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Lucinda Sandoval Soberanes, María Guillermina Alvarado Moreno, Mariana Dunyaska García Rojas, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Sonia Rocha Acosta (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Sonia Rocha Acosta, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de está soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y las fracción V del artículo 3º; así como la fracción I, del artículo 31, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación superior, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestro país, sólo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años tiene la oportunidad de asistir a alguna universidad o institución de educación superior. La matrícula en el ciclo 2015-2016 fue de 3.64 millones, la cual sigue estando altamente concentrada en las principales metrópolis del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 2015-2016 sólo hubo 5,343 escuelas de educación superior en un país de 119’530,753 habitantes, de los cuales solo el 18.6% de los mayores de 15 años refiere tener estudios de educación superior, de ese universo, la Ciudad de México es la que reporta el mayor porcentaje de estudios superiores con el 32.1% y Oaxaca la entidad con menor porcentaje, esto es sólo el 11.6% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015.

En tal sentido, la presente propuesta se inscribe en un contexto de avances precarios en materia de educación superior en nuestro país.

Al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ha señalado que el componente de “educación superior y capacitación” del Índice de Competitividad Global, México ocupa el lugar 82, posición muy baja en el concierto mundial, no obstante que en el último año escaló cuatro posiciones. Al respecto, los subcomponentes que muestran mayor atraso son la calidad del sistema educativo (lugar 112); la calidad de la educación en matemáticas y ciencias (lugar 120) y la tasa de cobertura de educación superior (lugar 84).

Asimismo, no ha omitido mencionar que la proporción de la población adulta con educación superior –indicador relevante de las sociedades del conocimiento– también está muy rezagada en México respecto a otros países: mientras que solamente el 16% de las personas entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores, el promedio de los países miembros de la OCDE es del 35% (Canadá tiene el 54% y Estados Unidos el 44%). El contraste de los adultos que cuentan con maestría es notorio: 1% y 11% respectivamente, además de que la formación de doctores en nuestro país es muy reducida.

Frente al fenómeno de expansión de la educación superior en el mundo, México tiene un bajo nivel de cobertura de educación superior que no favorece el desarrollo del país y el bienestar social de la población. En el contexto mundial nos ubicamos en una situación de atraso: 37.3% frente a países que han superado con mucho el umbral del 50%. Respecto de América Latina, estamos por debajo del promedio, que en 2015 fue de 43% (UNESCO, 2015).

Del mismo modo, en materia de financiamiento de la educación superior, ciencia y tecnología, México enfrenta fuertes rezagos pese a los esfuerzos realizados, sobre todo en años recientes. La conformación de una sociedad del conocimiento exige de un compromiso sostenido del Estado y de la sociedad en materia de inversión económica.

La inversión pública (federal y estatal) en educación superior equivale al 0.91% del PIB y se estima que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) alcanzó el 0.54% en 2015. En este mismo año el promedio del GIDE en los países de la OCDE fue de 2.38%, en tanto otros países invirtieron un porcentaje mucho mayor: República de Corea (4.23%), Israel (4.25%), Finlandia (2.9%), Suecia (3.28%) y Japón (3.29%). Si bien México se encuentra por encima del promedio de América Latina, está por debajo del de países como Brasil, Argentina y Costa Rica. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, destinan recursos muy superiores, lo que muestra nuestra situación de atraso y dependencia científica y tecnológica.

En el Partido Acción Nacional la educación es considerada como un derecho fundamental para todas las personas. Ésta constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria, incluyente y democrática.

La educación como herramienta proporciona los conocimientos y capacidades para potenciar las habilidades y destrezas de los profesionistas proporcionándole los elementos necesarios para su formación individual y social.

La educación permite la plena inserción en el desarrollo económico del país, en beneficio personal de quien la recibe y de toda la sociedad en su conjunto. Por ello, la educación debe ser la prioridad en la agenda pública.

Así pues, reforzar el derecho a educación superior, paulatinamente, traería mejoras considerables en la calidad de vida de las personas.

Datos de la OCDE en su panorama educativo 2017, señalan que en México, como en la mayoría de los países de esta organización, la tasa de empleo de los adultos tiende a aumentar según el nivel educativo alcanzado.

En el 2016, la tasa de empleo fue de 65% para personas de 25 a 64 años con educación por abajo de media superior (promedio de la OCDE: 57%), subiendo un 70% y 80% para la población con estudios de educación media superior y superior, respectivamente. Ambas tasas están cerca del promedio de la OCDE de 75% y 84%, respectivamente.

Las tasas de empleo aumentan considerablemente alcanzando los niveles de educación superior: desde un 70% para los titulados de Técnico Superior Universitario, hasta un 80% para los licenciados o equivalentes, y alrededor del 85% para los que cuentan con títulos de maestría o equivalente o doctorado.

Del mismo modo, la OCDE indica que los ingresos de las personas también aumentan con el nivel educativo alcanzado y son considerablemente más altos en México que en la mayoría de los países de la OCDE.

En México, los adultos con un título de educación superior ganan en promedio más del doble que los adultos solo con estudios de educación media superior. Este es el segundo mayor diferencial de ingresos entre los países de la OCDE después de Chile, y similar a otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Costa Rica.

Estas diferencias en los sueldos también aumentan sustancialmente con el nivel alcanzado de educación superior en México. Los adultos con un título de técnico superior universitario ganan un 30% más que los que cuentan solamente con estudios de educación media superior, pero aquellos con un título de maestría o doctorado, ganan casi cuatro veces más que aquellos con educación media superior.

En nuestro país, del total de la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones acuden a universidades e instituciones de educación superior públicas; mientras que 1.069 millones lo hacen a instituciones y universidades privadas.

A las cifras previas se suman 595,456 estudiantes del nivel superior que están matriculados en modalidades “no escolarizadas”, de los cuales 504,643 lo están en el nivel licenciatura; 90,813 lo están en nivel de posgrado. En esta modalidad de enseñanza, la mayor oferta es privada, pues 331,316 estudian en instituciones y universidades privadas, mientras que sólo 264,140 lo hacen en instituciones públicas.

Los objetivos educativos que ha perseguido la acción gubernamental han variado en el tiempo de acuerdo con las necesidades y capacidades de respuesta a la misma. Hace algunas décadas, la principal meta que impuso el Estado era la universalización de la cobertura de la educación básica; es decir, llevar la educación a todos los rincones del país. Esa universalización está cumplida, por lo que hoy el objetivo es impartir educación de calidad y en ese proceso el Congreso de la Unión ha dado pasos firmes.

Pero hace falta avanzar en las acciones que nos permitan su cumplimiento, por ello tenemos que fortalecer la infraestructura y el equipamiento educativo; reestructurar los planes y programas de estudio para adecuarlos a los nuevos requerimientos y realidades nacionales; éstos elementos en conjunto deberán garantizar que en los próximos años nuestro sistema educativos se transforme totalmente para mejorar su impacto y relevancia en la vida del educando y de la propia sociedad.

Los grandes avances en la ciencia y tecnología han puesto hoy día a todos los países del orbe en un proceso de transformación en las distintas áreas del conocimiento, y en consecuencia la competitividad entre las naciones se acentúa. Por ello, quien disponga de una población preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas, accederá con mayor facilidad a un mejor nivel de vida y con menores desigualdades sociales, lo cual naturalmente es un anhelo de cualquier país.

En nuestro país, con una sociedad en transición en los planos demográfico, económico, político social y cultural, debe enfrentar el reto educativo de ofrecer a todos sus jóvenes acceso a la educación media superior y superior que les permita genera mejores oportunidades de desarrollo.

Resulta paradójico, contradictorio y hasta absurdo que nuestra Constitución considere en su texto que “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;” sin embargo la educación superior no está reconocida con el carácter de obligatorio, por ello resulta necesario, indispensable e impostergable incorporar la obligatoriedad y reconocimiento de la educación superior en el texto constitucional.

Por otra parte, los retos inéditos que la nueva sociedad del conocimiento plantea a nuestro país, implica que debe contar con una población preparada para responder a los desafíos nacionales y para competir eficazmente con nuestros socios comerciales en actividades productivas y que, a la vez, esa población esté constituida por las ciudadanas y los ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos que una democracia moderna requiere.

En este contexto, la educación superior se debe concebir como el último eslabón de la educación escolarizada, que concluye con el lanzamiento de los educandos hacia la vida productiva. Sin embargo, ello no debe confundirse con el simple adiestramiento de la persona para el trabajo. Las condiciones y necesidades de la sociedad contemporánea nos demandan de una educación superior como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación.

La educación superior es una vía de acceso para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y al mismo tiempo para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.

Las bondades que potencialmente nos presenta la educación superior, tiene como premisa fundamental que todos nuestros jóvenes, sin distinción alguna puedan acceder a este nivel educativo, pero no solo ello sino que la educación a la que accedan sea de calidad, como factor clave en todo el proceso educativo.

El acceso universal a la educación superior, es un derecho que debe ser reconocido de forma explícita en nuestra Constitución. Ello permitirá que nuestros jóvenes tengan la capacidad de insertarse al sector productivo y social, así como a contribuir en la construcción de una mejor sociedad.

Establecer la cobertura universal en educación superior permitirá generar los mecanismos para acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso hasta ahora. Si logramos contar con una cobertura universal que atienda la demanda educativa con igualdad, con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos, estaremos en el camino indicado para que México desarrolle y explote sus capacidades plenamente a favor de sus habitantes.

Una reforma en el sentido que se propone, pondrá al alcance de los grupos sociales con menores posibilidades acceder a la educación superior. Esta propuesta requiere, por supuesto, del concurso y compromiso de los tres órdenes de gobierno, de los académicos, trabajadores, directivos, estudiantes, del sector privado y la sociedad en su conjunto, pero sobre todo del constituyente permanente para legislar y sentar las bases del nuevo modelo que permita incrementar la infraestructura educativa del nivel superior para alcanzar el anhelo de muchos jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación superior por falta de capacidad de las universidades públicas principalmente, y que en otros casos acceder a la educación y formación superior en escuelas privadas es simplemente inaccesible por el costo que representa.

Garantizar el acceso universal para todos los jóvenes de país, requerirá necesariamente de un gran esfuerzo nacional y en particular de estado que tendrá que asumir de forma paulatina el creciente el costo de incorporar a un número mayor de jóvenes a la educación superior; lo que constituye uno de los desafíos de mayor trascendencia para el presente y el futuro de México.

Con la cobertura que se tiene en la actualidad, no existen las condiciones para que en el futuro inmediato el grado de desarrollo, ni de las expectativas y aspiraciones de los mexicanos se alcancen; de ahí que es necesario plantear el redoblar el paso para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

En este contexto, es ineludible también tomar en cuenta que las brechas de cobertura que separan a los estados más rezagados de los más avanzados se vienen ensanchando. Que la inequidad no se da solo en términos del ingreso a una institución de educación superior, sea pública o particular, sino también al acceso a programas e instituciones de calidad.

Que actualmente, las oportunidades están limitadas a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de sus familias. Y que por tanto, el reto en la materia sin duda pasa por democratizar el acceso a una educación superior de calidad, con independencia de ubicación territorial y condición socioeconómica de los estudiantes. Pues la mayor equidad no se reduce a ampliar el ingreso a la educación superior, sino en ampliar la permanencia y el egreso oportuno.

Y asimismo debemos estar ciertos que si no se mejora la equidad en las trayectorias educativas de los estudiantes, entonces seguiremos perpetuando los circuitos de reproducción intergeneracional de las desigualdades.

El reto no es menor, pero los retos de desarrollo que enfrentamos y enfrentaremos en el futuro inmediato nos obligan a tomar la decisiones necesarias; así como lo hicimos con la educación media superior y las reformas en materia de calidad de la educación, hoy ha llegado el momento de garantizar el derecho a la educación superior para todos nuestros jóvenes.

Si hoy damos el paso decisivo, muy posiblemente en las dos décadas siguientes avanzaremos lo necesario para hacer realidad la universalización de la educación superior.

Este esfuerzo nos colocaría en los siguientes veinte años en el nivel alcanzado en esta materia, por países de desarrollo similar e incluso por los países más desarrollados.

Sin duda, este es el camino que nos garantiza un mejor futuro, y que mejor refleja las aspiraciones del México con ganas de alcanzar una productividad que lo haga competitivo.

Lograr la proeza de universalizar la educación superior exige realizar esfuerzos inéditos en la historia de la educación de nuestro país. Las metas de crecimiento propuestas no son imposibles de alcanzar si consideramos tanto la experiencia reciente de México y sus capacidades institucionales, como las experiencias de otros países.

El Dr. Rodolfo Tuirán, quien fuera subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, ha señalado que la tasa bruta de cobertura de educación superior en Corea aumentó 3.4 puntos cada año entre 1990 y 2008. En el mismo lapso, la cobertura en Finlandia aumentó 2.8 puntos, en Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Italia y Chile la expansión fluctuó entre 2 y 2.3 puntos. Gracias a ese esfuerzo, estos países han alcanzado ya la etapa de universalización de la educación superior.

De lo anterior se puede concluir que aun cuando representa un reto la universalidad de la educación superior, es posible siempre que se sumen las voluntades y deseos de crecimiento y desarrollo de la educación pública en nuestro país.

Es necesario que la educación superior se constituya en una verdadera prioridad, consensuada nacionalmente, que concite compromisos, esfuerzos sostenidos y apoyo genuino de todos los actores políticos relevantes.

Se tiene que coincidir en la importancia de la educación superior para el desarrollo social y económico, en la certeza sobre los beneficios presentes y futuros que representa la inversión en ella, así como sus efectos multiplicadores en el desarrollo.

Este proyecto exige compromisos de actores muy diversos que participan de la educación superior, de la sociedad civil organizada, de los empresarios y de los gobiernos estatales y municipales, entre otros.

Contar únicamente con el apoyo de los actores tradicionales para lograr estos objetivos ya no será suficiente ante la envergadura de los desafíos en puerta. Será necesario asumir las cuantiosas inversiones para impulsar una política de largo plazo que nos permita alcanzar el objetivo. Seguramente deberemos garantizar financiamiento suficiente para ampliar las capacidades de las instituciones educativas.

Si México es capaz de llevar a cabo ésta tarea, habrá dado sin duda un paso fundamental para enfrentar el mayor reto de nuestro presente y abrirá las oportunidades de desarrollo que nuestros jóvenes demandan.

No omitimos señalar que la propuesta que se presenta retoma aspectos de la exposición de motivos y del decreto de una valiosa iniciativa que en su oportunidad presento el diputado Marcos Aguilar Vega en su calidad de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, en noviembre del 2013.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y la fracción V del artículo 3o., así como, la fracción i del artículo 31, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo y la fracción V del artículo 3º; así como, la fracción I del artículo 31, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria ,media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta la media superior y la superior serán obligatorias.

...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria ,media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad de la educación superior se implementará a partir del ciclo 2020-2021, creciendo de manera gradual y creciente hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país. El incremento en la cobertura de educación superior deberá estar ligado con la dinámica de expansión de la educación media superior y con una mayor vinculación de la oferta educativa que tome en cuenta las necesidades en ámbitos sociales, científicos y productivos del país.

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación superior.

Cuarto. Las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y municipales, podrán suscribir los acuerdos necesarios para realizar cambios en los modelos educativos; fortalecer la inversión en la formación avanzada, ciencia, tecnología e innovación y cerrar las brechas de cobertura y de calidad existentes.

Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Sonia Rocha Acosta,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, Margarita García García, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Del Rosario Guzmán Avilés, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, María Rosete, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza,Nohemí Alemán Hernández, Olga Patricia Sosa Ruíz, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga los incisos c) y f) del artículo 201, los artículos 202, 202 Bis, 203 y 204 del Código Penal Federal; y reforma la pena impuesta para el incido d) del artículo 201, también del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

A la entrada en vigencia, el 14 de junio de 2012, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, se omitió eliminar del Código Penal Federal crímenes que se incorporaron con especial relevancia al nuevo ordenamiento, porque lesionan el libre desarrollo de la personalidad de los seres más importantes para cualquier sociedad en el mundo: los niños.

En aquel momento, esto no tuvo repercusiones, puesto que nuestra tradición jurídica, la dogmática del derecho y la Ley señalan con toda claridad, en materia de jerarquía de leyes, que la especial prevalece sobre la general.

Aun cuando ya había entrado en vigor la reforma en materia de derechos humanos, que cambia radicalmente este paradigma, no comprendíamos aún sus alcances, su impacto y sus aplicaciones precisas. Todavía hoy seguimos aprendiendo al respecto.

Uno de los aspectos que hemos debido modificar es precisamente el de la prevalencia de un ordenamiento sobre otro cuando de aplicar el principio pro persona se trata, en su aspecto de la más amplia protección legal, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra.

Es así que, en todo momento, la autoridad está obligada a aplicar la ley más favorable al ciudadano, valor que se ha convertido ya en mandato en los tres poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno, y que día con día se respeta y fortifica más.

Tal valor venía siendo aplicado en nuestro país para hacer efectiva la garantía del artículo 14 constitucional, en el sentido de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo cual resuelve por norma los casos de conflicto entre leyes derogadas y derogatorias.

No obstante, en el caso de duplicidad de normas en leyes vigentes, tal valor debe igualmente prevalecer en apego al principio de progresividad de los derechos humanos, consignado en el párrafo tercero del artículo primero constitucional.

Y tanto como la aplicación de la Ley más favorable trasciende la jerarquía tradicional, hará lo mismo, por lógica, con los ámbitos federal u ordinario de del derecho penal.

Sólo la descripción de la conducta está salvaguardada por la garantía de taxatividad del artículo 14 constitucional frente a las exigencias del in dubio pro reo, parte del principio pro persona, cuando de enjuiciar a un presunto responsable se trata.

Llevados los principios pro persona y de progresividad de los derechos humanos a la más amplia protección legal y, en el ámbito penal, a favorecer al procesado, es evidente que una duplicidad de delitos con penas contrastantes en dos ordenamientos vigentes, podría abrir un espacio de impunidad y violación al debido proceso en el aspecto de iniquidad para la víctima, si quien recibirá una pena apela a la aplicación de la ley que impone la menor, lo cual deberá ser contemplado obligatoriamente por el juez. Es necesario precisar que la impunidad no es solo la falta de sanción o castigo para una conducta, delictiva o no, sino la falta de congruencia entre ambas cuando, como en este caso, tenemos dos vías legales con una visión distinta sobre la gravedad de la conducta, ponderada ésta por la severidad de la pena.

Se introduce, al finalizar esta exposición de motivos, una tabla comparativa en que se muestra la duplicidad de normas para delitos contra el libre desarrollo de la personalidad entre el Código Penal Federal y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

En ella se observará además el contraste entre las penas, que daría la posibilidad a un delincuente, por derecho, de acogerse a la que más le favorece, lo que si bien representa para él una ventaja en su proceso, no repercute en justicia para la víctima.

Al detalle, destacamos que el artículo 201 del Código Penal Federal incluye como corrupción de menores la explotación de la mendicidad y la inducción o sometimiento para realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual (sin fines de pornografía en este caso, cómo sí se especificará más adelante). Estos delitos pueden encontrarse en la Ley General de trata de personas en los artículos 10, 13 y 24.

Mientras la explotación en mendicidad tiene una pena de 4 a 9 años de prisión en el Código Penal Federal, en la ley vigente de trata de personas, es de 9 a 15 años para el caso de menores. Por otra parte, en ésta última la sanción aumenta, de acuerdo al artículo 42, hasta en una mitad por el solo hecho de que la víctima es menor, en tanto en el artículo 205 Bis del Código se da facultad al juez de imponer incluso el doble, pero bajo condiciones específicas de forma y relación del corruptor con el menor, lo que resulta al final en una restricción del derecho de la víctima a ser protegido por el solo hecho de tener menos de 18 años. Es decir, la Ley especial exime de probanza de dichas condiciones, lo que favorece a los menores sometidos a trata y les evita revictimización en el proceso.

Por otra parte, la pena para la inducción o el sometimiento a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, tiene en el mismo artículo 201 del Código Penal Federal una sanción de 7 a 12 años de prisión, mientras que en la Ley vigente de trata de personas se impone cárcel de 15 a 30 años de prisión de acuerdo al artículo 13. La única diferencia entre ambos artículos es que el de la Ley de trata no se refiere a si tales actos son reales o simulados, sino los generaliza en “de orden sexual”. El término orden, en este caso, es un elemento normativo que permite englobar a los reales y los simulados. No particulariza tampoco la edad de la víctima, pero es de lógica formal señalar que lo menos queda contenido en lo más. Y si bien el mismo artículo 13 establece una serie de medios de comisión del delito, exime igualmente de su probanza en el caso de los menores.

En relación a la pornografía de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, en el artículo 202 del Código Penal Federal se impone pena de 7 a 12 años de prisión a quien cometa este delito en cualquiera de las diversas conductas involucradas, mientras que la Ley de trata vigente establece, en el artículo 16, prisión de 15 a 30 años. Una diferencia de penas aún mayor encontramos entre los artículos 202 Bis del Código y 17 de la Ley, para sancionar a quien almacene, compre, arriende pornografía infantil en cualquier presentación sin fines de comercialización o distribución. Mientras en el Código impone de 1 a 5 años de cárcel, la Ley eleva la pena de 5 a 15 años.

En cuanto al delito denominado turismo sexual, el Código Penal Federal impone, en el artículo 203, prisión de 7 a 12 años, mientras el artículo 18 de la Ley vigente de trata de personas establece cárcel de 15 a 25 años.

Finalmente, es necesario derogar el artículo 204, lenocinio de menores e incapaces de comprender o resistir el hecho, pues no solo está contenido en el artículo 13 de la Ley vigente de trata de personas y agravado en el 42, sino que en ningún caso un menor de 18 años es apto para consentir tal tipo de explotación, de manera que se tratará siempre de un delito de los contenidos en el ordenamiento especial.

Resumen

En virtud de lo anteriormente expuesto, es claro que la duplicidad de normas en diferentes ordenamientos, que imponen penas contrastantes para la misma descripción de la conducta delictiva, abre espacios para la impunidad y la violación al debido proceso, particularmente en detrimento de la víctima, puesto que la nueva dogmática de nuestro sistema penal bajo el mandato del artículo 1o. constitucional da derecho a inculpado a demandar que se le procese con la ley más favorable a su caso, sin tener que atenerse al principio tradicional de jerarquía legal, acogiéndose para ello al principio pro persona, derivado en la aplicación de la ley al valor de la protección más amplia y en derecho penal ,específicamente, a la garantía del in dubio pro reo.

Así pues, en aras de consolidar, economizar, hacer congruentes y precisar nuestros ordenamientos en materia penal, para cerrar espacios a la impunidad y la violación al debido proceso, es que propongo el siguiente

Decreto por el que se derogan los incisos c) y f) del artículo 201, los artículos 202, 202 Bis, 203 y 204 del Código Penal Federal; se reforma la pena impuesta para el incido d) del artículo 201, también del Código Penal Federal

Código Penal Federal

Título Octavo
Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad Capítulo I

Artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia;

c) Derogado.

d) Comisión de algún delito;

e) Formar parte de una asociación delictuosa; o

f) Derogado.

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso de los incisos c) y d), pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) además se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.

...

Capítulo II
Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo

Artículo 202. Derogado.

Artículo 202 Bis. Derogado.

Capítulo III
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo

Artículo 203. Derogado.

...

Capítulo IV
Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo

Artículo 204. Derogado.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Fernando Donato de las Fuentes Hernández,Claudia Pastor Badilla, Irma María Terán Villalobos, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Manuel Limón Hernández, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Martha Hortencia Garay Cadena, Soraya Pérez Munguía (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de los Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 y adiciona el párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adopción, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990 y, desde entonces, se ha intentado promover y defender los derechos de la niñez, pero el esfuerzo no ha sido suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos asumidos por México en la comunidad internacional.

En la Convención de los Derechos del Niño, se reconoce que los niños y niñas tienen necesidades específicas que la sociedad no había tomado en cuenta, y con ello se propone eliminar todas las formas de discriminación hacia los niños y niñas. Es así como a partir de esta nueva visión, los niños y niñas son considerados sujetos de derechos en un marco jurídico que siempre los considero como incapaces.

Uno de los derechos humanos que se continúa vulnerando por el Estado mexicano, es el de la protección de la familia consagrado en el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que se establece la obligación de proteger a la familia por parte del Estado y la sociedad, esta protección es fundamental, tanto así que en el artículo 27.2 de la misma Convención no se autoriza la suspensión de dicho derecho.

Por otro lado, en la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 4, 20 y 21, establece la obligación de adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, entre ellos proporcionar protección especial a los niños privados de su medio familiar y la adopción.

Es por ello, que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación; en este sentido es necesario procurar que todo menor que ha sido abandonado, tenga la oportunidad de vivir en un entorno familiar.

De acuerdo con la Declaración del Niño, necesitan de protección y cuidados especiales, incluida su debida protección legal, por lo tanto, se deben promulgar leyes con el objetivo de atender el interés superior de la niñez, entendiéndose como conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a la infancia un desarrollo integral y una vida digna.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión OC-17/2002 emitida del 28 de agosto del 2002, se refirió a que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que, en México, 30 mil niños viven en espera de una familia en espacios residenciales alternativos, de acuerdo con el reporte Crecer en la espera, realizado por Centro Horizontal, con apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Son cálculos aproximados, porque no se sabe con certeza cuántos de estos centros funcionan en el país ni en qué condiciones. Lo que sí se ha comprobado es que crecer en una institución no es lo más recomendable. En muchos casos es la peor opción, ya que las investigaciones han mostrado las consecuencias que tiene “la institucionalización” en el desarrollo físico, psicológico, cognitivo y social de niñas, niños y adolescentes.

Hasta ahora no se cuenta con un marco legal homogéneo ni con políticas que permitan tener transparencia en los procesos y que cierren la puerta a malas prácticas, lo que ha generado adopciones ilegales, como ocurrió con las violaciones graves a los derechos humanos de menores de edad en el estado de Sonora.

Con base en lo anterior y dando cumplimiento a los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracciones I y II, 13 fracción VI y 39 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 1, 9 y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, 4 de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional, 12 y 19 de la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, la presente iniciativa busca el reconocimiento, protección, respeto y garantía del derecho de los menores a vivir en familia.

En mérito de lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el párrafo décimo del artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona el párrafo décimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado garantizará que en todos los casos de adopción de menores se asegure su bienestar y desarrollo integral, teniendo como objetivo garantizar el interés superior de la niñez y la dignidad humana.

...

...

...

...

Segundo. Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades, federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de adopción y de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte;

XXIX-Q. a XXXI. ...

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación Número 9VG/2017 “Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos de menores de edad en el estado de Sonora, durante el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015”, de fecha 14 de diciembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputadas: Rosalba Valencia Cruz,Laura Barrera Fortoul, Margarita García García, María Rosete Sánchez, Maribel Martínez Ruiz, Olga Patricia Sosa Ruíz (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley Federal que prohíbe la Fractura Hidráulica, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Raúl Gracia Guzmán y Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal que prohíbe la Fractura Hidráulica. Al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La fractura hidráulica o (fracking) es una técnica para extraer gas natural o petróleo de formaciones geológicas no convencionales, esta técnica comenzó a utilizarse a finales del XIX, pero su aplicación se dio hasta los años cincuenta:

Las técnicas de fracturación para estimular la producción de gas natural y aceite datan de fines del siglo XIX, pero no se empezaron a desarrollar sino hasta los años cincuenta. A mediados de los setenta se realizaron programas de investigación para la producción comercial de gas natural en formaciones no muy profundas del este de los Estados Unidos. Los proyectos piloto experimentaron tecnologías que más tarde se convertirían en precursoras de la producción comercial de Shale Gas. (H. Estrada, 2013)

Sin embargo, fue hasta 1998 cuando George P. Mitchell, inicio con la fractura hidráulica de forma masiva. De 2005 a 2010 la aplicación de esta técnica se realizó de forma acelerada en grandes yacimientos de Estados Unidos.

Para ilustrar con claridad el proceso histórico que ha seguido el desarrollo de la fractura hidráulica presento la siguiente imagen:

Imagen número 1.

(Muñoz, 2017)

La técnica de la fractura hidráulica consiste en:

Taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros) e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y liberarlos. El fluido está compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes. Los hidrocarburos no convencionales están albergados en formaciones que generalmente tienen muy baja o nula permeabilidad. Por tanto, la fractura hidráulica se aplica para conseguir que el hidrocarburo fluya y salga a la superficie a través del pozo. (Pérez, 2016)

Es esencial hacer una clara diferencia entre los yacimientos convencionales de hidrocarburos y los no convencionales:

En el primer caso, la técnica lleva más de 60 años usándose en el mundo. De hecho, varios países de la región, entre ellos Colombia y Argentina, la emplean desde 1950 para optimizar la extracción de hidrocarburos convencionales. En cambio, el fracking en yacimientos no convencionales es una técnica reciente que tuvo su inicio en la década de los 90 del siglo pasado en Estados Unidos y aún está en proceso de experimentación a nivel global. (Pérez, 2016)

La distribución mundial de los yacimientos no convencionales y su desarrollo no se presenta de manera uniforme, varía de forma muy sensible, a pesar de que existen diferentes regiones en donde se pueden encontrar yacimientos, sólo ocho plays tienen un desarrollo intensivo:

Imagen número 2

A pesar del alto potencial reconocido de los Yacimientos No Convencionales en una gran cantidad de Cuencas alrededor del mundo, únicamente en ocho plays existe desarrollo intensivo.(Agencia de Seguridad, 2017)

La Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente en México, señala que los Recursos Prospectivos Técnicamente Recuperables en el mundo son los siguientes:

Imagen número 3

(Agencia de Seguridad, 2017)

México es el sexto lugar a nivel mundial en volúmenes de recursos prospectivos de yacimientos no convencionales, de acuerdo a la Secretaría de Energía los recursos identificados son los siguientes:

Volumen equivalente al total de la producción de petróleo en la historia de México.

Imagen número 4

(De La Cerda, 2017)

En 2012 y 2013 en Coahuila, se perforaron 7 pozos en el play Cretácico, mientras que en Nuevo León de 2013 a 2014 se perforaron 6 pozos y en Tamaulipas de 2012 a 2015 se perforaron 5 pozos. De acuerdo a la Secretaría de Energía, se ha empleado la fractura hidráulica en 7 mil 568 pozos (De La Cerda, 2017)

Imagen número 5

(De La Cerda, 2017)

La técnica de la fractura hidráulica, ha sido señalada por el daño que produce al medio ambiente y el deterioro a la salud que genera a las personas que habitan cerca de los lugares donde se aplica el fracking. Por lo anterior, detallo cuáles son algunos riesgos al medio ambiente y a la salud que produce:

Disminución de disponibilidad del agua:

La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9 mil nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año.

Contaminación de las fuentes de agua:

En Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo.

A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e inyectarla en pozos letrina, pero no es una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros (ejemplo California, EUA).

Emisión de gases y su contribución al calentamiento global:

90 por ciento de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. Estas emisiones pueden alcanzar 8 por ciento de la producción total de un pozo, es decir, 30 por ciento más que en los proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20 por ciento el del carbón.

Sismos antropogénicos:

Debido a que la industria no puede tratar los grandes volúmenes de aguas residuales generadas por el fracking, es común que utilice pozos de inyección (también conocidos como pozos letrina) para deshacerse del agua contaminada. Estas aguas pueden desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos. En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, se han multiplicado en años recientes el número de sismos superiores a los 3 grados. Los epicentros de estos sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección. En Youngstown, Ohio, estos sismos antropogénicos (provocados por el ser humano) lograron alcanzar hasta 5.7 grados.

Impactos sobre la salud:

Los expertos señalan que al menos 25 por ciento de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37 por ciento afectar al sistema endocrino, 40 por ciento provocar alergias y 50 por ciento dañar el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la población que habita cerca de los pozos, tiene 66 por ciento de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercute en la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria. (FRACKING, 2018)

Dentro de los aspectos más cuestionables que causan una gran preocupación en la práctica de la fractura hidráulica, es el uso intensivo del agua, como se detalla en el primero y en el anterior punto, el agua se mezcla con arena y diferentes productos químicos que a continuación presento:

Imagen Número 6

(Muñoz, 2017)

El agua y los químicos que son utilizados para realizar la fractura hidráulica, se depositan en tanques o tinas a la intemperie y que también ha sido señalada por la exposición al medio ambiente ya que tarde o temprano en el aire o en el suelo, el agua de retorno puede mezclarse con el medio ambiente.

Consideraciones

Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

En derecho comparado, la fractura hidráulica encuentra su regulación en gran parte de los sistemas jurídicos del mundo, diversos países y provincias han prohibido esta técnica por el alto costo ambiental y a la salud que produce. Para una mayor precisión, expondré algunos de los países que prohíben de la fractura hidráulica.

Francia, mediante la Ley número 2011-835 de 13 de julio de 2011, quedo prohibida la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidráulica y abrogar los permisos exclusivos de exploración que conlleven proyectos que recurran a esta técnica. En el artículo primero se establece que: “la exploración y la explotación de las minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca son prohibidas en el territorio nacional.(LEY n° 2011-835, 2011)

Mediante esta ley crearon una comisión nacional de orientación, seguimiento y evaluación de las técnicas de exploración y explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, la cual tiene especialmente por objeto evaluar los riesgos medioambientales ligados a las técnicas de fractura hidráulica.

Bulgaria

La Resolución del Parlamento del 19/01/2012 prohíbe la fracturación hidráulica para la exploración y explotación de hidrocarburos no-convencionales, con esto Bulgaria no permite la técnica de la fractura hidráulica en todo su territorio.

España

Las regiones autónomas de Cantabria, La Rioja y Navarra han adoptado la medida de prohibir la práctica de la fractura hidráulica en sus territorios.

En la región de Cantabria la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. (Ley 1/2013, 2013)

Mediante la Ley 7/2013, de 21 de junio se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. (Ley 7/2013, 2013)

La Comunidad Foral de Navarra prohíbe en su territorio el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Estas regiones autónomas ya han prohibido la fractura hidráulica dando prioridad al medio ambiente y a la salud de sus habitantes.

Es importante resaltar que el uso intensivo del agua es indispensable para realizar la fractura hidráulica, en México, los estados en donde se practica el fracking en algunas ocasiones presentan sequias por largos periodos y en el caso de Nuevo León se plantean realizar obras hidráulicas para efectuar el trasvase de cuencas como es el caso del Plan Hídrico de Nuevo León 2030, que no excluye el Proyecto Monterrey VI o se le pretende llamar de otra forma para intentar llevar agua del Río Panuco a la Presa Cerro Prieto y propone la construcción de la Presa Libertad, la cual concentraría o almacenaría el agua del Río Panuco. Es decir, se pretende construir nuevas y costosas obras hidráulicas para realizar la fractura hidráulica a pesar de los daños que produce al medio ambiente.

La Secretaría de Energía, ha señalado que a pesar de ser una práctica que requiere de grandes volúmenes de agua, los estados como Nuevo León no sufrirán de escasez del recurso, así lo exponen en la imagen 7 que presento:

Imagen número 7

(De La Cerda, 2017)

Por otro lado, en lo que va del año en el estado de Nuevo León se presentaron en distintos municipios de la zona sur, problemas de escasez de agua al grado que se realizó la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del estado lo que provoco escasez del vital líquido.

Si bien, el construir obras hidráulicas podría beneficiar a los pobladores de las regiones que sufren escasez de agua; el usar el recurso para extraer gas no les beneficiaria en lo absoluto, por el contrario, les perjudicaría, como ya lo he presentado a lo largo de esta iniciativa, los daños al medio ambiente y a la salud que produce el fracking son por de más conocidos.

Referente al marco jurídico que regula la actividad de la fractura hidráulica la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente expone el Marco Regulatorio Nacional para Yacimientos No Convencionales y muestra lo siguiente: Imagen número 8

(Agencia de Seguridad, 2017)

Como se puede observar, en México existe una regulación para la práctica de la fractura hidráulica, sin embargo, el impacto al medio ambiente y a la salud de la población siguen siendo altamente cuestionables.

Por lo expuesto propongo la presente iniciativa con la intención de garantizar, la protección de la salud, un medio ambiente sano, el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el Estado debe velar por su cumplimiento.

Sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal que Prohíbe la Fractura Hidráulica

Se propone expedir la Ley Federal que Prohíbe la Fractura Hidráulica, para quedar como sigue:

Título Primero Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es de interés y orden público y tiene por objeto prohibir la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, en el territorio Nacional mediante la técnica de fractura hidráulica o “fracking”.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos

Comisión: Comisión Nacional de Hidrocarburos

Fractura Hidráulica: Técnica utilizada para la estimulación de pozos, en la cual, una mezcla de agua y otros materiales es bombeado a alta presión dentro de un pozo para crear una red de fracturas en un yacimiento.

Hidrocarburos no convencionales: Los hidrocarburos líquidos o gaseosos que estuviesen atrapados en la roca, denominados así por su origen y que se refieren a aquellos gases que se acumulan de forma continua en las rocas que los generaron, así como los hidrocarburos gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de carbón o de hulla y que no saldrían ni se desprenderían de ella sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

Secretaría: Secretaría de Energía

Título Segundo Capítulo Único
Fractura Hidráulica

Artículo 3. Se prohíbe la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, en el territorio Nacional mediante la técnica de fractura hidráulica o «fracking».

Título Tercero Capítulo Único
Infracciones y Sanciones

Artículo 4. Las infracciones por hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica sin permiso quedarán de la siguiente manera:

La Secretaría de Energía sancionará: La exploración o extracción de hidrocarburos sin la asignación o contrato de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica a que hace referencia esta Ley, será con multa de entre cinco millones a siete millones quinientas mil veces el importe de la Unidad de Medida y Actualización; más un monto equivalente al valor de los Hidrocarburos que hayan sido extraídos conforme a la estimación que al efecto lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos sancionará: La realización de perforaciones sin la autorización correspondiente en los términos de la regulación que al efecto emita la misma Comisión, con multa de entre ciento cincuenta mil a trescientas setenta y cinco mil veces el importe de la Unidad de Medida y Actualización.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a tres meses a partir de la promulgación de la presente ley, los titulares de la Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos, remitirán al Congreso de la Unión un informe detallado de los permisos expedidos para la apertura de campos exploratorios donde se realiza y realizo la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

I. Si los titulares de la Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos no han remitido el informe de los permisos que con anterioridad se habían otorgado quedarán cancelados.

Tercero. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias a la misma.

Notas

1 H. Estrada Javier “ Desarrollo del Gas Lutita (SHALE GAS) y su impacto en el mercado energético de México: Reflexiones para Centroamérica” recuperado de:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27184/1/M20130032_es.pdf revisión hecha el 6 de septiembre de 2018.

2 Muñoz Herrera Héctor E. El fracturamiento hidráulico en el desarrollo de recursos no convencionalesComisión Nacional de Hidrocarburos octubre 2017.

3 Pérez Castellón Ariel, Puentes Riaño Astrid, Rodríguez Haydée, Herrera Santoyo Héctor “Principio de precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking” recuperado de:

https://aida-americas.org/sites/default/files/publication/ publicacion_fracking_aida_boell_0.pdf revisión hecha el 6 de septiembre de 2018.

4 Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente “Aspectos relevantes de la regulación para la exploración y extracción de recursos no convencionales” recuperado de:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/ presentacion_231017-3.pdf revisión hecha el 10 de septiembre de 2018.

5 De la Cerda Claudio Fractura hidráulica: Actualidad de la explotación de hidrocarburos en México, recuperado de:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/ presentacion_231017-7.pdf revisión hacha el 10 de septiembre de 2018.

6 Alianza Mexicana contra el Fracking recuperado de:

https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/ revisión hecha el 2 de octubre de 2018.

7 Ley número 2011-835 de 13 de julio de 2011 que pretende prohibir la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidráulica y abrogar los permisos exclusivos de exploración que conlleven proyectos que recurran a esta técnica

8 Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Recuperado de:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-4828-consolidado.pdf revisión hecha el 1 de octubre de 2018.

9 Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Recuperado de:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-7480-consolidado.pdf revisión hecha el 1 de octubre de 2018.

Fuentes de consulta

2011-835, L. n. (julio de 2011). Ley que pretende prohibir la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidráulica y abrogar los permisos exclusivos de exploración que conlleven proyectos que recurran a esta técnica. Obtenido de ley que pretende prohibir la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidráulica y abrogar los permisos exclusivos de exploración que conlleven proyectos que recurran a esta técnica:

https://fracturahidraulicano.files.wordpress.com/2012/01/ resumengaspizarrafrancia.pdf

Agencia de Seguridad, E. y. (2017). “Aspectos relevantes de la Regulación para la Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales”. Ciudad de México.

De La Cerda, C. (23 de octubre de 2017). Secretaría de Energía, Fractura Hidráulica: Actualidad de la Explotación de Hidrocarburos en México. Obtenido de

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/ presentacion_231017-7.pdf

Fracking, A. M. (2018). Alianza Mexicana contra el Fracking. Obtenido de

https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/

H. Estrada, J. (octubre de 2013). “Desarrollo del gas lutita (Shale Gas) y su impacto en el mercado energético de México: Reflexiones para Centroamérica. Obtenido de

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27184/1/ M20130032_es.pdf

Ley 1/2013, d. 1. (9 de mayo de 2013). LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Obtenido de

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-4828-consolidado.pdf

Ley 7/2013, d. 2. (24 de junio de 2013). LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Obtenido de

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-7480-consolidado.pdf

Ley número 2011-835. (2011). prohibir la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidáulica y abroga los permisos exclusivos de exploración que conlleven proyectos que recurran esta técnica. Francia.

Muñoz, H. H. (2017). “El Fracturamiento Hidráulico en el desarrollo de Recursos No Convencionales” Comisión Nacional de Hidrocarburos. México.

Pérez, C. A. (2016). “Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking”. Obtenido de

https://aida-americas.org/sites/default/files/publication/ publicacion_fracking_aida_boell_0.pdf

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Evaristo Lenin Pérez Rivera,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Candelaria Maximino, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Alejandro Candelaria Maximino, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, párrafo tercero; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

México enfrenta hoy una de sus peores crisis en materia de alimentación. Tomando en cuenta las estadísticas oficiales más recientes podemos observar que, de acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en México se contabilizaron 119 millones 938 mil 473 habitantes; con este dato, es importante analizar los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que señalaba que en 2014 el 23.4 por ciento de la población, es decir 28 millones de mexicanos, padecía de carencia por acceso a la alimentación; ello significaba una tasa de crecimiento del 0.1 por ciento, es decir 600 mil mexicanos más que en el año 2012, año de la revisión anterior, lo que significa que prácticamente 1 de cada 4 mexicanos padece hambre.

En la revisión del año 2014, se puede ver que la población asentada en localidades urbanas y que lamentablemente se encontraban en situación de carencia alimentaria ascendía a 19.1 millones de personas, en contraste 8.9 millones de personas tenían este padecimiento en sector rural; un 20.7 por ciento contra un 32.1 por ciento de la población en estos entornos respectivamente.

Si es en el agro donde se producen los alimentos predominantemente, resulta un contrasentido el hecho de que de 2012 a 2014 el porcentaje de la población rural en estas circunstancias aumentara en 1.2 por ciento lo que equivale a un aumento de cerca de medio millón de personas.

De acuerdo con el Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, en México existen 5.4 millones de Unidades de Económicas Producción Rural (Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras), cerca de 4.2 millones (78.52 por ciento) de éstas corresponden a Unidades Familiares, y de éstas, poco más de 1.2 millones son consideradas Unidades Productivas Familiares de subsistencia sin vinculación al Mercado, y su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”; cerca de 2.7 millones de unidades son consideradas de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos primarios, presentan emprendimientos no agropecuarios de menor escala, así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso familiar. En cuanto a las Unidades Productivas Familiares en transición, estás no alcanzan las 300 mil, la mayoría de ellas con problemas de dotación de activos productivos.

La extensión territorial de México es de 196.4 millones de hectáreas, de las cuales 109.25 millones de hectáreas se encuentran en manos de las Unidades Económicas Rurales, lo que corresponde al 57.2 por ciento del territorio nacional. La superficie de labor concerniente al segmento de agricultura familiar representa únicamente el 8.3 por ciento (2.58 millones de has) del total de la superficie de labor en México.

El segmento de agricultura familiar con potencial productivo presenta en promedio una superficie de 4.7 hectáreas, mientras que a nivel nacional la superficie promedio de las UER en el sector rural es de 24.7 ha equivalentes. Es decir, en el sector rural la superficie promedio es más de cinco veces mayor que en el segmento de agricultura familiar.

En vista de lo anterior, es de suma importancia resaltar que, con tan solo el 8,3 por ciento de la superficie productiva del país, la agricultura familiar produce cerca del 35 por ciento de la producción nacional de alimentos; muy en sintonía con la realidad de toda Latinoamérica, donde la agricultura familiar genera entre 30 y 40 por ciento del PIB agrícola y más del 60 por ciento del empleo rural, da empleo aproximadamente a dos de cada tres agricultores, representa más del 70 por ciento de las unidades productivas, y es el principal abastecedor de la canasta básica de consumo de alimentos.

Frente a este escenario resulta absurdo que la dependencia alimentaria en México se haya incrementado sustancialmente en los últimos 20 años. Del 65 por ciento restante de los alimentos consumidos en México, casi un 40 por ciento proviene de fuera de nuestras fronteras, muchas de las veces empaquetados en formatos de alimentos procesados y ultra-procesados que poco aportan al valor nutrimental y cultural de las familias mexicanas y que, por el contrario, han abonado a la grave crisis de obesidad y enfermedades relacionadas que hoy afectan tanto a la población, como al sistema de salud pública y sus finanzas, contraviniendo así tanto con el desarrollo de México, como con el marco legal nacional e internacional que el Estado ha ratificado.

En ese sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, establece que “los Estados Parte reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos” mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; asimismo, se debe asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Para profundizar, la Organización de las Naciones Unidas emitió en 1999 la Observación General número 12 en la que señalaba que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, lo que significa que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles.

Señala también que por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse, ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda. Es en este punto, donde la participación de la agricultura familiar resulta no solo rescatable, sino del todo un modelo a promover y proteger en la legislación mexicana.

La misma observación indica que el derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. En relación a la agricultura familiar, es de rescatar que la obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 66/222, afirma que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria y se reconoce su importante contribución para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

Las explotaciones agrícolas familiares son, con gran diferencia, la forma de agricultura predominante en el mundo. Hay más de 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, de los cuales más de 500 millones son granjas familiares. Las estadísticas muestran que éstas producen más del 80 por ciento de los alimentos del mundo en términos de valor. Si bien existe una gran diversidad de explotaciones familiares en el plano mundial, la gran mayoría de ellas son pequeñas o muy pequeñas. Las granjas familiares constituyen en su conjunto la fuente más importante de empleo en todo el mundo. La agricultura familiar es mucho más que un modo de producción de alimentos: también es una forma de vida.

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con fecha de cumplimiento en el año 2030; el segundo de los 17 objetivos acordados por 193 naciones, entre las que se encuentra México, señala:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Con este marco global, se llevó a cabo del 29 de febrero al 3 de marzo del presente año, en la Ciudad México, la Trigésima Cuarta Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En el acto inaugural, el doctor José Graziano da Silva, representante de la FAO en México, indicaba que:

“...así como existen diferencias de México, hay también disparidad en el resto de América Latina y el Caribe; alrededor de 34 millones de personas sigue sufriendo de hambre en la región, que es la mayor exportadora neta de alimentos de todo el mundo.”

Si bien es difícil que en el ámbito de lo rural encontremos definiciones que puedan aplicar en la legislación para toda la población y actividades que se realizan, es conveniente en la medida de lo posible, buscar la más cercana y aplicable a la diversidad que en la ruralidad se encuentra. Con el propósito de disponer de una medida para evaluar el avance en el derecho a la alimentación, diversos organismos internacionales e instituciones han desarrollado el concepto de seguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos. Este concepto se encuentra estrechamente vinculado al acceso a la alimentación, por lo que se considera apropiado para la medición del indicador de carencia para esta dimensión.

Cuando hablamos del sector rural, es inevitable referirnos a la actividad agricultura como la actividad del campo, sin que ésta sea la única que pueda realizarse en este sector, sin embargo, la estadística no deja lugar a dudas que es la agricultura junto con la ganadería, la actividad de mayor ejercicio entre las familias del agro.

Es entonces, la agricultura familiar y su principal producto, los alimentos, la gran aportación que hace la gente del sector rural a la sociedad no solo del campo, sino también de las sociedades; es por ello que en el contexto mexicano, la aportación que hacen las familias que practican la agricultura es una herramienta fundamental para combatir la pobreza alimentaria en nuestro país.

Más aún, el potencial productivo que tienen quienes se dedican a esta noble tarea, debería bastar para alimentar a todos y cada uno de los mexicanos y generar excedentes que sirvan a los productores para satisfacer todas sus necesidades básicas y más.

Como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO, por sus siglas en inglés–: “la agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres.”

Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma predominante de agricultura en la producción de alimentos.

A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar, como las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación especializada, entre otros.

La agricultura familiar tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, y sus aportaciones son plenamente reconocidas en el ámbito internacional.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Para ello, en el Decreto por el que se estableció la Cruzada Nacional contra el Hambre, principal política con la que el Estado ha pretendido combatir este mal, el Ejecutivo federal ha señalado que es su propósito dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social; nuestra prioridad es que ningún mexicano padezca hambre.

Más aún, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un “México Próspero” que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos;

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala dentro de la Meta Nacional IV. “México Próspero”, el Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, disponiendo al mismo tiempo que para efectos de lograr su consecución se implementarán las siguientes estrategias de política pública nacional: 1) “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”; 2) “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario”; 3) “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”; 4) “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, y 5) “Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo”.

En este mismo contexto de políticas, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establecen los siguientes objetivos estratégicos: a) Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria; b) Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario; c) Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; d) Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y e) Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

Bajo este marco, es importante señalar que las familias que se dedican a la agricultura enfrentan varios retos, por una parte, aquéllos que impone el libre mercado y que, en vista de sus escalas y magnitudes, les somete a incorporarse a un sistema de oferta y demanda que no responde a sus realidades; remarcando que al referirnos al plural “realidades”, entendemos que la mega diversidad ambiental y cultural de la nación mexicana, deberían obligar a la generación de políticas que reconozcan estas diferencias.

Por otra parte, el esquema de Agricultura Familiar responde más a una lógica de cooperativismo que no coincide con el esquema de competencia de libre mercado bajo el cual se han redactado las leyes, particularmente las del sector rural.

Es por ello que el impulso a la agricultura familiar, la producción nacional de alimentos en su conjunto y el derecho humano a una alimentación adecuada, suficiente, y de acuerdo a las realidades culturales y regionales del país, debe implicar el reconocimiento a tal actividad y a la producción de alimentos, desde el marco constitucional, hasta sintonizar con la legislación internacional que el estado mexicano ha suscrito y ratificado.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman los artículos 4o., párrafo tercero; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 4o., párrafo tercero; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará mediante el impulso de la producción nacional de alimentos.

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Artículo 25. ...

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El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. La producción de alimentos será considerada un área estratégica del Estado. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

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Artículo 27. ...

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I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X....

XI. ...

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XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra y el impulso a la agricultura familiar para la producción de alimentos en el país, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, a partir de la producción nacional de alimentos y de las unidades familiares de producción.

Artículo 28. ...

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No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; e incluirá la producción de alimentos;así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputado y diputada: Maximino Alejandro Candelaria,Beatriz Robles Gutiérrez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, para crear un congreso abierto, el cual buscará que su recinto facilite el contacto entre los legisladores y la ciudadanía, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto histórico

-Antes de la reforma política que determinó el número de 400 diputaciones el cuerpo legislativo se encontraba en la calle de Donceles, recinto que presentaba una mayor apertura arquitectónica al no tener barreras físicas para el contacto de los ciudadanos con los legisladores, lo cual significaba que era una Cámara mucho más abierta.

-Uno de los motivos principales que fueron considerados para erigir el Palacio Legislativo en su actual ubicación fue para “que la Cámara de Diputados fuera “un del desarrollo urbano de la zona”, ya que se consideró “muy demeritada” y que tenía un desarrollo muy precario con relación a la calidad y satisfactores de vida de otras zonas”, de esta forma se consideró que el Palacio Legislativo de San Lázaro formaría parte de “una serie de factores que se analizaron para el desarrollo de la zona oriente de la ciudad”.

-La perspectiva del proyecto original del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue concebido como un proyecto que tuviera acceso libre a la ciudadanía y permitía el contacto directo con los legisladores, sin embargo, en la décadas de los años noventa, se comenzaron a tomar decisiones en contra de los intereses de los mexicanos y en lugar de encontrar una cámara con oídos abiertos y sensible a las necesidades ciudadanas, se vio de frente con una cámara que ve a los ciudadanos como sospechosos y que siempre trata al ciudadano común de una manera indignante.

II. Planteamiento del problema y argumentos de la iniciativa

-Actualmente el ciudadano común no percibe el contenido de la actividad legislativa y mucho menos el beneficio que en su esfera personal le depara dicha labor; por ello, entre los tres poderes que el marco constitucional establece para la integración del Estado mexicano, éste es el que tiene el primer lugar como el más impopular, e incluso es poder más repudiado por el ciudadano mexicano común, de acuerdo con Transparencia Internacional, se podría afirmar que el congreso actualmente se encuentra en una crisis de legitimidad

-Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) de 2008, “sólo el 11.5 por ciento de la población se siente representada por los legisladores, y más de la mitad percibe que éstos ven únicamente por sus propios intereses, sin embargo, la misma encuesta reveló que el 70.6 por ciento considero que “sin el Congreso no hay democracia”

-Existen diversos canales de difusión de la actividad legislativa, pero ello no implica necesariamente que la población los considere suficientes para estimar que hay transparencia, hoy la ciudadanía demanda mayor transparencia, un ejemplo de esto es que según el INAI en un periodo de un solo año las solicitudes de transparencia se incrementaron en un 49 por ciento en lo que respecta a la Cámara de Diputados.

-La expresión arquitectónica del recinto de la Cámara de Diputados “refleja su asilamiento” e incluso ha sido considerada “un bunker que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones”, incluso presenta un cerco artificial, que la hace parecer un fuerte y la misma contribuye en construir un efecto de divorcio entre la ciudanía y los legisladores.

-El proceso electoral del 2018 fue un llamado a terminar con la idea de congreso actual, fue un llamado de los ciudadanos para ver y sentir un Congreso que sea de nuevo útil y cercano a la ciudadanía, por tal motivo es imperante cumplir con las altas expectativas y dejar atrás la actuación aislada de los legisladores, de esta forma el planteamiento es retirar las rejas y facilitar el acceso para que los mexicanos puedan visitar su congreso y hacer que en su máxima expresión sea un parlamento abierto.

III. Objetivos de la iniciativa

-El mayor reto de la LXIV Legislatura será el de corresponder a las expectativas de los ciudadanos quienes depositaron su confianza en un proyecto de nación distinto al actual, transformando el tipo de relación que actualmente se establece entre los representantes y representados, y de esta forma recuperar la confianza de los ciudadanos ante una imagen estatal desvalorada y que enfrenta los niveles más altos de impopularidad y desconfianza de la historia de México.

Derivado de las anteriores consideraciones es que propongo la siguiente iniciativa:

Decreto por el que se reforman y adicionan incisos al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Méxicanos,para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para quedar como sigue:

Artículo 12.

1. ...

2. La Cámara de Diputados será un congreso abierto, el cual buscará que su recinto facilite el contacto entre los legisladores y la ciudadanía.

3. ....

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados deberá modificar su Reglamento en un término de 30 días hábiles a efecto de hacer efectivos los mecanismos de parlamento abierto planteados en la presente iniciativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputado y diputada: Javier Ariel Hidalgo Ponce,Beatriz Robles Gutiérrez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI Ter al artículo 3o. y se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 461, así como las fracciones I, II y IV del artículo 462 de la ley General de Salud; se adiciona una fracción III Bis al apartado B del artículo 11 Bis del Código Penal Federal y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de tráfico de cabello humano, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Existe un consenso global alrededor de definir a la salud en términos positivos y no en negativos; así, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. En el mismo sentido, la Ley General de Salud establece expresamente, en su artículo 1o. Bis, que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En tal sentido, es adecuado colegir que, cualquier acción que atentare deliberadamente contra alguna de las dimensiones de bienestar que representa la salud, es una conducta socialmente reprochable que el Estado mexicano debe considerar delictiva y, por ende, perseguible con la fuerza de su imperio.

En marzo del presente año, la sociedad mexicana se conmocionó con la noticia que reseñaba que, en una telesecundaria de Acapulco, hombres armados con palos amenazaron y sometieron a estudiantes y profesorado, con un saldo de veinte alumnas y dos maestras rapadas. Fue la primera ocasión que se daba cuenta en México de una realidad que se encontraba oculta y que representa una terrible amenaza a la arista psíquica de la salud: existe un mercado negro de cabello humano que trae detrás serios indicios de delincuencia organizada.

Ya en 2011 una nota del sitio BBC Mundo daba cuenta del hecho que una ola de asaltos en salones de belleza en Estados Unidos ha llamado la atención sobre el cada vez más lucrativo comercio de los cabellos humanos. En todo el país, los salones están en virtual estado de alerta después de una serie de robos en los que delincuentes se alzaron con una gran cantidad de cabello valorado en miles de dólares.

Existe constancia que, del otro lado del mundo, también se le asigna un muy alto precio al cabello humano. Así, se sabe que el documentalista Adrian Fisk mostró en su rodaje “El mercado del pelo humano”, cómo los devotos que acuden al templo de Tirumala, en la India, ofrendan a su dios Venkateswara alrededor de 400 kilogramos de cabello al día. Esta venta deja al santuario una derrama económica de alrededor de 3 millones de euros al año.

Las mujeres indias tienen costumbres diferentes a las de las occidentales, que benefician a esta parte de su cuerpo. Ellas no usan secadoras ni planchas o rizadoras, y por supuesto, los tratamientos químicos no están en su plan diario. Es por eso que sus cabelleras siempre lucen sedosas y con volumen, además de estar llenas de nutrientes, provistos de los aceites naturales que se aplican.

En el mundo, el cabello más cotizado es el que proviene de este lugar. Por eso, las empresas que se dedican a este mercado envían a sus empleados al sur de Asia para adquirir su valioso tesoro, que podrán vender como pelucas a precios mucho más altos en sus respectivos países.

Guardadas todas las proporciones, estamos ante un tentáculo muy lucrativo de todas las opciones de mercado de la delincuencia organizada que se parece mucho al flagelo del tráfico de órganos.

De la misma manera que existen personas que, de manera altruista, dispone de sus órganos para donarlos en bien de la humanidad, hay personas que donan generosamente su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas que mejoren la calidad de vida de personas que, por tratamientos contra el cáncer, han perdido su propio cabello. En ambos casos, existe un lado obscuro que arrebata y trafica con cabello, órganos, tejidos y sus componentes, generando un mercado negro que, para efectos del cabello, resulta de muy difícil persecución, habida cuenta de la distribución de competencias de las normas sanitarias y de carácter criminal.

En medio, están las personas que, en los márgenes más extremos de lo decidible, venden o subastan sus órganos o cabello. Dentro de la cultura mexicana del arrebato, personajes de melodramas como Chachita o María Isabel venden su cabello, acción que, en el imaginario colectivo, se sigue considerando de invaluable valor humano por su orientación a causas nobles.

Parece, hasta ahora, incontrovertible que el tráfico de cabello u órganos lesionan la salud pública y erosionan profundamente el tejido social. Como legisladores federales tenemos muy limitado nuestro margen de maniobra para legislar en materia de robo de cabello, por lo que es indispensable un análisis minucioso del orden jurídico nacional, junto con una enorme dosis de creatividad y voluntad política para procurar y devolver la paz y la tranquilidad a las personas.

La iniciativa que ahora se somete a consideración de esta asamblea persigue dotar de elementos normativos suficientes al Estado mexicano, desde las facultades del honorable Congreso de la Unión, para combatir al tráfico de cabello humano, acercando su descripción típica a la figura del tráfico de órganos, facilitando, simultáneamente, a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, un modelo de adecuaciones legales suficientes para el combate al tráfico de cabello humano.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVI Ter al artículo 3o. y se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 461, así como las fracciones I, II y IV del artículo 462 de la Ley General de Salud; se adiciona una fracción III BIS al apartado B del artículo 11 Bis del Código Penal Federal y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de tráfico de cabello humano

Primero. Se adiciona una fracción XXVI Ter al artículo 3o. y se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 461, así como las fracciones I, II y IV del artículo 462 de la Ley General de Salud, en materia de tráfico de cabello humano, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

(...)

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXVI Ter. El control sanitario de la disposición de cabello humano;

(...)

Artículo 461. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional, cabello, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Igual sanción se aplicará al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional cabello o tejidos de seres humanos que puedan ser fuente de material genético (ácido desoxirribonucleico) para estudios genómicos poblacionales en contravención de los artículos 317 Bis y 317 Bis 1 de esta Ley.

(...)

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre cabello, órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de cabello, órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

(...)

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de cabello, órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos;

(...)

Segundo. Se adiciona una fracción III Bis al apartado B del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, en materia de tráfico de cabello humano, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

(...)

B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:

I. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

II. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migración;

III. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la Ley General de Salud;

III Bis. Tráfico de cabello humano, previsto en los artículos 461 y 462, de la Ley General de Salud;

(...)

Tercero. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2º. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de tráfico de cabello humano, para quedar como sigue:

Artículo 2o. (...)

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud;

IV Bis. Tráfico de cabello humano, previsto en los artículos 461 y 462, de la Ley General de Salud;

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Cfr. Organización Panamericana de la Salud en Argentina. Preguntas frecuentes. En

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article &id=28:preguntas-frecuentes&Itemid=142 , consultado el 24 de agosto de 2018.

2. Confer. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Información Parlamentaria, Leyes Federales Vigentes. En

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/51_160218.doc , consultado el 24 de agosto de 2018.

3. Véase la nota de 20 de marzo de 2018, “Hombres con palos entraron al plantel; rapan a 20 de las estudiantes y a dos maestras” del sitio web del diario El Universal, en

http://www.eluniversal.com.mx/estados/roban-y-vejan-alumnos-de- telesecundaria-en-guerrero .

4. Cfr. “El lucrativo mercado negro del cabello”. Nota de 7 de junio de 2011 del portal BBC Mundo, en

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110607_cabello_ humano_robo.shtml?print=1 .

5. Confer. la nota de 18 de septiembre de 2017 del sitio web subsidiario de El UniversalEl botiquín.mx “Dinero a costa del cuerpo. Existen formas de ganar dinero por medio del uso del cuerpo. Y no hacemos referencia a la prostitución”, en

http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/dinero-costa-del-cuerpo .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas: Ediltrudis Rodríguez Arellano,Beatriz Robles Gutierréz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 13 de la Ley del Seguro Social, y 279 Ter y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 279 ter, así como una fracción XIV al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, para impulsar la puesta en marcha del programa de Seguridad Social para los jornaleros agrícolas de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales que se dedican a la siembra, cosecha, recolección y preparación de productos del campo. Hay dos tipos de jornaleros agrícolas, los locales y los migrantes. Los primeros, trabajan temporalmente en su región de origen, mientras que los segundos, son aquellos que se desplazan de sus hogares a otras zonas de su estado o del país para laborar y obtener un ingreso. La labor de ellos es fundamental, ya que es la producción de alimentos de calidad y generar materias primas que importamos a todas partes del mundo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define al jornalero como el trabajador agrícola que siembra y cultiva el campo y cosecha sus productos. Dicha institución estimó, para el año del 2015, a la población jornalera en 2.2 millones, lo que equivale al 44 por ciento de los 5.5 millones de ocupados en actividades agrícolas.

2. Es necesario señalar que, pese al rol estratégico que desempeñan en la economía, los jornaleros agrícolas lamentablemente se encuentran en condiciones que propician una violación sistemática y directa a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Los jornaleros agrícolas migrantes representan el sector más explotado del campo mexicano con condiciones que configurarían una nueva forma de esclavitud en nuestra actualidad. Es una constante que caracteriza las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas y de sus familias el analfabetismo, toda vez que más del 60 por ciento de los niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de edad de estas familias no asisten a la escuela. También lo es que viven en la inexistencia jurídica ya que cerca del 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento. Y, en materia de salud, las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

3. La Ley Federal del Trabajo reconoce la figura de los trabajadores estacionales o jornaleros, entendidos como las personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Dicha norma jurídica precisa que la contratación puede efectuarse por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

Existe un divorcio entre a Ley y la realidad, toda vez que este tipo de trabajadores no está bien remunerado, el trabajo es eventual, no hay vacaciones, ni reparto de utilidades, ni pago de horas extras, ni jubilaciones, y pocos son los que reciben proporcionalmente aguinaldo y prima vacacional. Los empresarios violan las garantías mínimas a través de la carencia de contratos colectivos de trabajo, el empleo de menores, las condiciones de hacinamiento, la exposición a agroquímicos y la existencia de guardias blancas.

De acuerdo con el artículo 283 de la Ley citada, los patrones de los jornaleros agrícolas tienen las siguientes obligaciones:

-Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana.

-Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral.

-Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes.

-Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

-Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste.

-Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos.

-Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno.

-Permitir a los trabajadores, dentro del predio, el tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral; la caza y la pesca; el libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos, y celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

-Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores.

-Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.

-Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa.

-Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español.

-Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.

4. En el ámbito de la seguridad social, la situación de los jornaleros es muy preocupante. Se estima que más del 97 por ciento carece de acceso a estos servicios, con lo cual se compromete el derecho a la salud no solo de los trabajadores, sino de sus familias. Para tal efecto se busca modificar la fracción III de la Ley del Seguro Social para incluir expresamente a los jornaleros agrícolas en los entes sujetos al régimen voluntario de dicho seguro.

5. Debido a este tipo de abusos, es común que los jornaleros migrantes, al no soportar las difíciles condiciones laborales, regresan a sus hogares sin recibir remuneración alguna por el tiempo trabajado, sin que existan mecanismos ágiles para reclamar esta injusticia. Además, pese a que actualmente el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, contribuye al desarrollo de las y los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar mediante apoyos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, infraestructura y servicios básicos, es claro que no resulta suficiente para corregir las fallas y los abusos a los que se enfrentan los jornaleros, fallas que se relacionan estrechamente con el ámbito laboral y que tienen repercusiones sociales negativas.

Los programas públicos existentes en la materia reconocen las condiciones exiguas de los jornaleros agrícolas; sin embargo, la asistencia suele concentrarse en los campos de cultivo y en ciertas empresas y no necesariamente contribuye al mejoramiento de las condiciones laborales de ellos. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de Secretaría de Desarrollo Social y vigente desde 1997, tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de los derechos sociales de los jornaleros centrándose en las condiciones de trabajo, la carencia de servicios e infraestructura básica, y las insuficientes opciones laborales en localidades de origen.

Desde el 2012 dicho programa ha atendido, en promedio, a 128 mil jornaleros al año, y pese a que sus objetivos son ambiciosos, en la práctica el programa prioriza los apoyos alimentarios y los apoyos económicos al arribo (41 por ciento y 36 por ciento del total en los últimos cinco años, respectivamente), y no necesariamente incide en las comunidades de origen.

El trabajador agrícola mexicano históricamente ha tenido una función fundamental en nuestro país, ya que diariamente consolida su trabajo al generar los alimentos que todos consumimos en nuestras mesas, a la par de su importante papel en movimientos sociales, entre ellos la Revolución Mexicana.

Por otro lado, el Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorga apoyos económicos con el fin de conectar oferta y demanda y reducir la participación del “enganchador”. Desde el 2010, el programa ha atendido, en promedio, a 119 mil jornaleros al año, que representan alrededor del 6.6 por ciento de los jornaleros agrícolas declarados en 2015.

En la práctica, los intermediarios continúan interviniendo en la contratación ayudando a los jornaleros a cubrir los requisitos del programa. Además, el programa está dirigido a empresas agrícolas grandes que pueden cumplir con los requisitos de infraestructura y albergue.

6. El propósito de la presente iniciativa es garantizar los derechos mínimos que tiene todo trabajador agrícola según lo mandata el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, obligar a los patrones al cumplimiento de dicho precepto constitucional en materia laboral y de seguridad social.

Para tal fin, se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 279 Ter de la Ley Federal del Trabajo a efecto de que, en toda relación laboral con los jornaleros agrícolas, se respeten sus derechos laborales contenidos en el apartado A del artículo 123 Constitucional; asimismo, y en Relación con la misma norma jurídica, se pretende adicionar una fracción XIV al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo para obligar al patrón para que se establezca un programa de seguridad social para los jornaleros agrícolas, garantizando, con ello el bienestar de muchas familias mexicanas que viven del campo.

Con base lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien proponer a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que por el que se modifica la fracción III del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 279 Ter, así como una fracción XIV al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se modifica la fracción III del artículo 13 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. y II. ...

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos, jornaleros agrícolas y pequeños propietarios;

IV. y V. ...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 279 Ter; así como una fracción XIV al artículo 283, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 279 Ter. ...

...

Las relaciones laborales de los jornaleros deberán atender puntualmente a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin excepción alguna.

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. a XIII....

XIV. Independientemente de lo estipulado en las fracciones anteriores, los patrones podrán convenir, con los trabajadores a que se refiere este capítulo, un programa de seguridad social que permita que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda asegurarlos conforme lo señala el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas y valorando si los jornaleros se encuentran en estado de pobreza extrema.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el 25 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Francisco Javier Borrego Adame,Adela Piña Bernal, Alma Marina Vitela Rodríguez, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Elba Lorena Torres Díaz, Graciela Zavaleta Sánchez, Irma Juan Carlos, María Guillermina Alvarado Moreno, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se pronuncia contra cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación de los tratados internacionales suscritos por el país, menoscabe los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

Primero.A nivel mundial la migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito . Tal es el caso de México, país en el que también la migración de retorno es cada vez más visible, derivado de la política migratoria de Estados Unidos.

Segundo.Entre 1990 y 2013, América del norte registró el mayor incremento en el número de migrantes internacionales durante ese período –un aumento neto de 1,1 millones de migrantes al año. En 2013, las mujeres constituían 48 por ciento de la migración internacional .

Tercero. El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre Estados Unidos y México. Alrededor de 12 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en Estados Unidos, mientras en México residen 1.2 millones de personas extranjeras. En 2017 hubo 167 mil 64 personas mexicanas retornadas desde Estados Unidos (8 mil 912 niñas y niños), mientras que México regresó a sus países de origen a 82 mil 237 migrantes (17 mil 93 niñas y niños), se reconoció como refugiadas a mil 907 personas (36 niñas y niños) y se otorgó protección complementaria a 918 (28 niñas y niños) .

Cuarto.Los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Así como de velar por la garantía de los principios de unidad familiar y del interés superior del niño y la no devolución de personas que requieren protección internacional.

Quinto.La Ley de Migración, en el artículo 2 establece los principios que deben regir la política migratoria en México. Entre otros, se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional y la facilitación de la movilidad internacional de personas.

Consideraciones

Ante este contexto migratorio los Estados han desarrollado diferentes políticas migratorias, en su mayoría enfocadas al control y gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad nacional.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas desde la sociedad civil para revertir esta tendencia y promover una visión diferente de la migración en la que las personas migrantes y sus familiares sean el centro de las políticas y normatividad que rige la materia.

A nivel internacional, uno de estos esfuerzos es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se desprende del Foro Social Mundial, pensado desde 2005 como un proceso en construcción permanente, horizontal y descentralizado asumiendo como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia.

El FSMM busca la construcción de una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Busca construir un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en la discusión de sus necesidades y expectativas y soluciones; fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las personas migrantes; y, sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas para hacer política de otra forma, no desde el poder sino desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y les hace migrar.

La octava edición del FSMM se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de este año. Ello es un honor para México y se debe, desde los diferentes Poderes de la Unión, apoyar y fortalecer el esfuerzo de la sociedad civil mexicana por realizar este evento de talla mundial y de revertir la tendencia que en México se ha traducido en diferentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito, destino y retorno.

Este foro constituye una oportunidad para mostrar uno de los grandes valores que nos ha caracterizado desde hace más de 500 años y que es la hospitalidad. La hospitalidad que continúa y continuará siendo parte indisoluble de nuestra cultura mexicana.

Los pueblos que viven alrededor de nuestras fronteras han sido y son ejemplo permanente de bienvenida y hospitalidad para quienes transitan, retornan o se establecen en esas regiones, muy a pesar de las políticas públicas decretadas desde los órganos de poder y más allá de las malas prácticas que agreden y violentan a las personas migrantes y sus familiares.

Estas políticas en la actualidad se han convertido en herramientas para la criminalización y militarización de nuestras fronteras. Pero esto debe cambiar y México debe predicar con el ejemplo, y hacer una realidad en México la tolerancia, inclusión, acceso a regularización migratoria y, en general, el ejercicio de derechos que exigimos a Estados Unidos para la población migrante.

No debemos replicar prácticas de odio, discriminación e intolerancia. No debemos permitir que la agenda migratoria bilateral y regional se centre en un endurecimiento de la política de detección, detención y deportación ni en Estados Unidos, ni en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la frontera.

Para ello, es que se presenta este punto de acuerdo para invitar a esta soberanía a que más allá de las visiones partidistas, apoyemos las acciones públicas que se llevarán a cabo en favor de las personas migrantes. De manera específica, aquellas que se llevarán a cabo el próximo 12 de octubre, donde grupos y organizaciones de la comunidad en ambos lados de la frontera estarán dando la bienvenida a quienes cruzan día con día las fronteras políticas que dividen a las naciones y a nuestros pueblos.

Al siguiente día, el 13 de octubre, continúan las actividades en la línea fronteriza con un encuentro de familiares de migrantes separados por las políticas migratorias, en la que piden la presencia de legisladores en ambos lados de la frontera. Este encuentro anual es parte de la campaña “Abrazos Si, Muros No”.

Estas acciones nacen de las comunidades que viven y conviven con la migración todos los días. Son manifestaciones ciudadanas que tienen como objetivo reabrir el Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas), dándole la bienvenida a la paz, la cooperación y la reconciliación. Acciones que se oponen a la criminalización de la migración, lo cual significa: no a la detección, no a la detención, no a la deportación, no a los desplazamientos forzados y no a la separación de familias.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de la Cámara, con el siguiente resolutivo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realizará las acciones que resulten conducentes para participar en las actividades que se realizarán el 12 y 13 de octubre en la frontera norte de México, en favor de la pacificación, la cooperación, la reunificación de las familias, la no separación de familias y la no criminalización de la migración en ambos lados de la frontera.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder ejecutivo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, se apoye la realización de dicho foro y se facilite, atendiendo a los requisitos legales para ello, la expedición de visas y el ingreso de quienes participarán en el 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su apoyo a la realización del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre del año en curso.

Notas

1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ ESA/SER.A/354. Disponible en línea en:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/ Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf

2 Ibídem.

3 Conforme a datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los cuatro días de octubre de 2018.— Diputado: Ulises García Soto (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo a crear la comisión especial de la verdad para el esclarecimiento histórico y de justicia en los movimientos estudiantiles suscitados en México, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, José Ricardo Gallardo Cardona, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con base en las siguientes:

Consideraciones

Reflexionar sobre la problemática de la participación estudiantil y su capacidad de intervenir de manera organizada en la vida pública del país se torna una discusión inevitable, sobre todo en estos días de tanto ajetreo y violencia. Dos sucesos actuales tienen una proyección directa –aunque notablemente disímil– de aquellos días del agitado 68 mexicano: la movilización de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

A pesar de que cada uno de estos movimientos encabezados por estudiantes entrañen distintos significados y los impulsen motivaciones diversas, todos tienen en común su carácter de resistencia ante los dictados de cierta autoridad establecida. Además, todos estos fenómenos sociales dan cuenta de la coyuntura nacional particular en la que se producen, por lo que el análisis conjunto y comparativo de estos acontecimientos aporta conclusiones importantes respecto de continuidades o cambios en las prácticas de participación juvenil a lo largo del tiempo. Hace ya casi 50 años que se produjo en la Universidad Nacional Autónoma de México la sura más importante entre fuerzas universitarias versus gobierno y ejército nacional. Antes de la nefasta noche de Tlatelolco, donde ocurrió la matanza de un número “incierto” de personas que osciló entre 20 y 70 estudiantes reprimidos y desaparecidos en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército entró a Ciudad Universitaria y coartó autoritariamente la autonomía universitaria de la UNAM.

Todo ello ha contribuido a una desestabilización en el orden social de nuestro país; es necesario que, para un proceso de paz, el gobierno de México considere el derecho a la verdad como un derecho de todo el pueblo mexicano, que garantice la objetividad, equidad e imparcialidad por ello, se propone la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia, el cual resulta necesario darle un estatuto jurídico que permita cumplir con su mandato, libre de presiones o acciones que pudieran perturbar su independencia.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014) han señalado que “el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana” (p. 6) y que este derecho es una obligación de los Estados, el cual no corresponde solamente a las víctimas y a sus familias, sino a toda la sociedad en general. Para esclarecer la verdad de manera complementaria a los procesos judiciales, han surgido las Comisiones de la Verdad (CV), las cuales han permitido romper los pactos de silencio y avanzar en la construcción colectiva de la verdad, tomando en cuenta el marco histórico, social y político, en la medida que son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014, p. 10) en momentos de transición política de gobiernos autoritarios hacia regímenes democráticos o en el paso de conflictos armados internos y guerras civiles a la paz.

En este sentido, las CV han ayudado a dibujar una imagen del impacto de las violaciones a los derechos humanos (DH) y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), ampliar los contenidos de la historia, a establecer la verdad sobre el pasado y cómo esa verdad se asume en el presente y en el futuro; a develar la mentira institucionalizada; a convertirse en plataformas públicas para las organizaciones de derechos humanos y de víctimas (Beristaín, 2011).

En este sentido, la verdad que se construye a través de la recolección de datos en las comisiones de la verdad, la cual se puede convertir en un factor restaurador que devuelve la dignidad a las víctimas y a su familia, transforman su dolor, ayuda a la elaboración del duelo y a la superación de la situación traumática, así como a restablecer la conciencia moral de la sociedad, la convivencia y los primeros cimientos de la reconciliación (Joinet, 1996).

Para que la comisiones de la verdad se legitimen es necesario garantizar que sus informes sean conocidos por la sociedad a través de eventos de devoluciones y audiencias públicas donde participen las víctimas, sus familias y la sociedad, que también se pueda tener acceso en físico a los documentos o a unas cartillas pedagógicas, dado que usualmente se dejan los informes en la web y algunas personas, particularmente aquellas que viven zonas rurales, tienen acceso limitado a esta información.

Adicionalmente, es importante que las comisiones tengan acceso a fondos económicos para el cumplimiento de algunas de sus recomendaciones. Por lo tanto, es indispensable que en la construcción de la comisión de la verdad parta de las inmunidades establecidas en la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, es decir, los comisionados deberán gozar de inmunidad contra arresto y detención, y contra toda acción judicial respecto a su trabajo.

En términos metodológicos, se recomienda que las comisiones de la verdad implementen medidas simbólicas, tengan pluralismo metodológico y enfoque diferencial, es decir, que incorporen metodologías que reconozcan las diversidades de género, étnicas, culturales y regionales, pues las victimizaciones por ejemplo en Colombia, dependen del grupo armado, de la región, la población víctima (mujeres, campesinos, afrocolombianos e indígenas), entre otras variable, con lo que es vital realizar deliberaciones y participaciones democráticas desde las regiones en la construcción de la verdad. Además, esta debe hacerse en clave restauradora, incluyendo la voz, las historias y las necesidades de las víctimas, sus familias y la sociedad y no sólo de los victimarios y tenerse en cuenta las prácticas restauradoras.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, en uso de sus atribuciones, determine la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y de Justicia en los Movimientos Estudiantiles suscitados en México, una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del pleno.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será las prácticas restauradoras, no sólo con las víctimas y sus familiares sino con la reconstrucción del tejido social para que en consecuencia impacte en la pacificación de nuestra nación.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por el número de miembros que determine la Junta, en forma proporcional y fomentando la paridad de género.

Cuarto. Una vez instalada la Comisión Especial deberá transparentar el debido proceso, como un principio de máxima publicidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados: Cartlos Torres Piña, José Ricardo Gallardo Cardona (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el Comité Técnico del Fonden a aprobar y liberar los recursos destinados a atender la declaratoria de desastre natural por la presencia de lluvia severa del 14 al 15 de junio de 2018 en seis municipios de Quintana Roo, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Francisco Elizondo Garrido, Arturo Escobar y Vega y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses se han presentado en nuestro país fenómenos climatológicos que han afectado de forma severa a diferentes entidades federativas, tal es el caso de Quintana Roo, debido a la magnitud de lo ocurrido en esa entidad no se ha podido revertir las secuelas que afectaron de forma directa a su población y a diversa infraestructura física estratégica para su desarrollo económico y social, por lo que se requiere el fortalecimiento de acciones urgentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para revertir estos efectos.

Los pasados días 14 y 15 de junio del año en curso, se presentaron en el estado de Quintana Roo lluvias severas que afectaron de forma importante a seis municipios de la entidad y a su población.

Como resultado de las lluvias atípicas, los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum y Puerto Morelos, sufrieron inundaciones importantes, lo que ocasionó daños en viviendas, tramos carreteros de la red federal, carreteras alimentadoras y caminos rurales; lo que ha afectado de forma severa la dinámica social y económica de la entidad federativa.

De acuerdo con el boletín de prensa del 16 de junio de 2018, el gobernador del estado de Quintana Roo informó las afectaciones sufridas en los municipios de la entidad detallando lo siguiente:

“El gobernador Carlos Joaquín informa: ayer por la noche Bacalar fue la zona más afectada. Se han presentado inundaciones en las comunidades de Cobá y Uh-May, del municipio de Tulum; en Felipe Carrillo Puerto, y Lázaro Cárdenas.

La lluvia de Carrillo Puerto fue de 225.5 milímetros (mm), superando la máxima histórica para el mes de junio.

Bacalar tiene alrededor de 350 casas afectadas.

Lázaro Cárdenas alrededor de 300.

En Cancún las inundaciones son de hasta 45 centímetros.

En Puerto Morelos e Isla Mujeres sin evacuaciones.

Se registraron inundaciones en varias calles de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto”.

Derivado de estos lamentables acontecimientos, con la finalidad de atender diversos municipios afectados de Quintana Roo, se realizaron por parte de la entidad, diversas acciones preventivas y reactivas ante las afectaciones sufridas, destacando que:

I. El 18 de junio de 2018 se emitió la Declaratoria de Emergencia (publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 26 de junio del 2018) por la presencia de lluvia severa ocurrida el 14 de junio de 2018, en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, y el 15 de junio de 2018 en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum de dicha entidad federativa; con lo que se posibilitó que pudiera acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.

II. El 18 de junio, con el objeto de gestionar la Declaratoria de Desastre Natural, el titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador descrito como lluvia severa del 14 al 15 de junio de 2018, que afectó a los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum y Puerto Morelos, con la finalidad de poder acceder a los recursos del Fonden.

III. Con fecha del 19 de junio la Comisión Nacional del Agua, emitió su opinión técnica corroborando el fenómeno de lluvia severa del 14 al 15 de junio.

IV. El 20 de junio del año en curso, se emitió la Declaratoria de Desastre Natural; siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes, con fundamento a lo establecido dentro del artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y el artículo 10 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

Con la expedición de la Declaratoria de Desastre Natural, así como con el cumplimiento del procedimiento establecido dentro del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” y los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, para poder acceder a los recursos del Fonden, la entidad federativa cumplió lo requerido dentro de los marcos normativos, por lo que debe recibir los apoyos económicos.

Sin embargo, a la fecha el Comité Técnico del Fonden, no ha sesionado con la finalidad de liberar los recursos destinados para la entidad, con lo que se dilata la reconstrucción de las zonas afectadas y se impide el desarrollo social y económico de Quintana Roo, a pesar de ser obvio que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en la normatividad interna del fideicomiso para atender el evento ocurrido en la referida entidad.

Cabe señalar que en concordancia con las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, donde se establece el mecanismo procesal para la solicitud de recursos del fondo, de acuerdo a los criterios tiempo y forma, los recursos ya debieron de ser otorgados y liberados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Comité Técnico del Fonden.

De esta forma se evidencia que entre las acciones pendientes por falta de la liberación y entrega de recursos económicos, de forma enunciativa tenemos las siguientes:

• La rehabilitación de tramos carreteros de la red federal, que sufrieron fallas y fracturas de la capa de concreto hidráulico, presentándose asentamientos en la superficie de rodamiento.

• Rehabilitación de carreteras alimentadoras y caminos rurales, que fueron severamente dañadas con azolves, deslaves, baches frecuentes y profundos.

Ante la necesidad de apoyar a los damnificados, así como continuar con la reconstrucción de la infraestructura dañada, consideramos oportuno que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Comité Técnico del Fonden, realicen las acciones necesarias para otorgar y liberar los recursos económicos para que el estado de Quintana Roo atienda las consecuencias generadas por las lluvias severas del 14 y 15 de junio.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y al Comité Técnico Fondo de Desastres Naturales; para que realicen las acciones pertinentes para que sean aprobados y liberados los recursos destinados para atender la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa ocurrida del 14 al 15 de junio de 2018, en seis municipios del estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»