SUMARIO
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa los turnos que corresponden a diversas iniciativas con proyecto de decreto y puntos de acuerdo registrados en el orden del día del jueves 18 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
Del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
De la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
De la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
Del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
Del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
De la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a emitir una estampilla postal, a expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa con motivo de “los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz”. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
Del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
Del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
Del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del estado de Oaxaca, para que informe a la opinión pública sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente de origen chino. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen
De la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Semarnat y a la Profeco, para que fomenten, promuevan y difundan en los distintos medios de comunicación la cultura de reutilizar, así como la separación de basura y uso de productos amigables con el medio ambiente que incentive la producción y el consumo responsable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
Del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE, a realizar las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, a realizar las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y a los habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
Del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
Del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y la CFE, revise la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de que se modifique la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, para que la especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, y las especificaciones adicionales, sean homogéneas en la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a realizar las gestiones pertinentes para incluir al Mieloma Múltiple dentro de la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades del estado de Nuevo León, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el 17 de septiembre del año en curso. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
De la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente. Se turna a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen
Del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Segob y a la Sener, a realizar los estudios de impacto social en los términos que mandata la Ley de Hidrocarburos, en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción de hidrocarburos mediante la tecnología de fracturación hidráulica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Evaluar y Analizar el Presupuesto Necesario que Requiere la Ciudad de México, a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital. Se turna a la a la Junta de Coordinación Política, para su atención
Del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León, para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde expongan cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
Del diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, transparente el recurso aprobado por esta soberanía en el anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública”, del PEF 2018. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que refuerce el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia toda vez que derivado de la información de la encuesta de victimización del Inegi, el crimen se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la transición de gobiernos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
Del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a implementar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados al país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt, a que no suspenda ninguna convocatoria, acción o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a cargo de dicha institución. Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen
De la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE, a revisar la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, para realizar programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen
De la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener, a la CRE y la CFE para que realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
Del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sener, de la SHCP, de la CFE y de la CRE, se realice un acuerdo nacional, para detener los incrementos en las tarifas generales de energía eléctrica en lo que resta del año 2018 y para que revise y ajuste las metodologías para determinar el cálculo de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
De la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal, a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA al 8% que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a la designación del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
De la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del honorable Congreso de la Unión, a generar las condiciones necesarias para la realización de mesas de trabajo con la finalidad de valorar la creación de un órgano de evaluación de la implementación del sistema penal acusatorio. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
De la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a efecto de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
Del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, a aplicar en su totalidad el fondo de aportaciones para la seguridad pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa operativo de lluvias. Se turna a la Comisión de Gobernación, y Población, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos). Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, para que revisen las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán; asimismo al CENAGAS, a impulsar la construcción de la infraestructura necesaria, a fin de que el gas natural llegue a la entidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y al INAH, para que implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que fortalezcan las acciones, a fin de vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
De diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a fin de fortalecer las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a atender la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a entregar por anticipado los recursos de los programas federales al estado de Sinaloa, a fin de apoyar a la población afectada por las recientes lluvias. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implemente acciones urgentes para dar mantenimiento a este Sistema de Transporte, especialmente aquellas líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef, a la SCT y al Gobierno de las entidades federativas, a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y a la SHCP, para que liberen los recursos del Fonden, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales de diversos estados, a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, y a la Profepa, así como a los gobiernos de los estados, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a establecer mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
De los diputados Juan Francisco Espinoza Eguia, Ivonne Liliana Álvarez García y Pedro Pablo Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, para que garantice la seguridad, la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California Sur, a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora del instituto sudcaliforniano de las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato y a la Procuraduría de dicha entidad, a asumir el compromiso de velar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el caso de La Ciudad de los Niños. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
De la diputada Pilar Lozano Mac Donald y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedesol, realice una profunda revisión del contenido de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de dichos recursos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juzgado quinto de distrito del estado de Morelos, a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
Del diputado Juan Martin Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a que atienda y ejecute diversas acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
De la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Segob y a la SHCP a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos, para que los migrantes que retornan al país de la manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SE y a la Profeco, para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado” de acuerdo a las normas oficiales, no pueden utilizar en su etiquetado la denominación de “Leche”. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen
De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SHCP, a garantizar los recursos necesarios para la implementación y operación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
De la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, relativo a agilizar los programas de reinserción laboral, de reconocimiento y validez de estudios para jóvenes migrantes que han retornado de la Unión Americana. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a difundir un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión del voto de mexicanos residentes en el extranjero, en el pasado proceso electoral 2017-2018. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De las diputadas Kehila Abigail Ku Escalante y María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SRE, a implementar medidas ante el traslado nocturno de niños migrantes a campamentos en Texas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen
De la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a través de la Fiscalía General de esa misma entidad, para que haga público un informe sobre los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la rivera de la Laguna de Alvarado de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
De la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que garanticen la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlán, en Colima, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, relativo a redoblar esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias que se brindan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a implementar acciones a efecto de que se cumplan los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que, por representar una fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas y sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que, con base en lo estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, valore y sancione las infracciones cometidas en los estados de Tabasco y San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
Del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y sin fines de lucro. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
De la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, relativo a generar programas de servicio social en las universidades para acompañar la labor de los elementos de tránsito municipal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al INM, a respetar los derechos de la caravana de migrantes procedentes de la República de Honduras en su tránsito por nuestro país con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen
De diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de los Partidos Acción Nacional, Encuentro Social, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Sonora, a atender la escalada grave de violencia en la zona sur de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
De los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional. Se turna a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen
De los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes de Nezahualcóyotl, estado de México. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
Del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la reincorporación del inmueble federal Parque Bicentenario 2010 a la Semarnat y se solicita su no privatización. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
Del diputado Juan Enrique Farrera Esponda y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año 2017. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
Del diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en el estado de México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 18 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 18 de octubre de 2018 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
2. Que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
4. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
5. Que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
6. Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
7. Que adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, relativo a emitir una estampilla postal, a expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa con motivo de “los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz”, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del estado de Oaxaca, para que informe a la opinión pública sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente de origen chino, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Semarnat y a la Profeco, para que fomenten, promuevan y difundan en los distintos medios de comunicación la cultura de reutilizar, así como la separación de basura y uso de productos amigables con el medio ambiente que incentive la producción y el consumo responsable, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE, a realizar las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, a realizar las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
11. Con punto de acuerdo, relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y la CFE, revise la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo del diputado Jorge Arturo Espada Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de que se modifique la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, para que la especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, y las especificaciones adicionales, sean homogéneas en la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México, a cargo del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
14. Con punto de acuerdo, relativo a realizar las gestiones pertinentes para incluir al Mieloma Múltiple dentro de la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
15. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades del estado de Nuevo León, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el 17 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
16. Con punto de acuerdo, relativo a implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
17. Con punto de acuerdo, que exhorta a la Segob y a la Sener, a realizar los estudios de impacto social en los términos que mandata la Ley de Hidrocarburos, en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción de hidrocarburos mediante la tecnología de fracturación hidráulica, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
18. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Evaluar y Analizar el Presupuesto Necesario que Requiere la Ciudad de México, a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León, para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde expongan cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, transparente el recurso aprobado por esta soberanía en el anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública”, del PEF 2018, a cargo del diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que refuerce el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia toda vez que derivado de la información de la encuesta de victimización del Inegi, el crimen se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la transición de gobiernos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
22. Con punto de acuerdo, relativo a implementar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados al país, a cargo del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt, a que no suspenda ninguna convocatoria, acción o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a cargo de dicha institución, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.
24. Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE, a revisar la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo de la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
25. Con punto de acuerdo, para realizar programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Turismo, para dictamen.
26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener, a la CRE y la CFE para que realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sener, de la SHCP, de la CFE y de la CRE, se realice un acuerdo nacional, para detener los incrementos en las tarifas generales de energía eléctrica en lo que resta del año 2018 y para que revise y ajuste las metodologías para determinar el cálculo de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal, a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA al 8% que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
30. Con punto de acuerdo, relativo a la designación del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Políticas del H. Congreso de la Unión, a generar las condiciones necesarias para la realización de mesas de trabajo con la finalidad de valorar la creación de un órgano de evaluación de la implementación del sistema penal acusatorio, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a efecto de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.
33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, a aplicar en su totalidad el fondo de aportaciones para la seguridad pública, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa operativo de lluvias, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Gobernación, y Población, para dictamen.
38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos), suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, para que revisen las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán; asimismo al CENAGAS, a impulsar la construcción de la infraestructura necesaria, a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
41. Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y al INAH, para que implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.
44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que fortalezcan las acciones, a fin de vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
45. Con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
46. Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a fin de fortalecer las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a atender la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a entregar por anticipado los recursos de los programas federales al estado de Sinaloa, a fin de apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implemente acciones urgentes para dar mantenimiento a este Sistema de Transporte, especialmente aquellas líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef, a la SCT y al Gobierno de las entidades federativas, a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y a la SHCP, para que liberen los recursos del Fonden, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales de diversos estados, a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, y a la Profepa, así como a los gobiernos de los estados, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a establecer mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.
58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, para que garantice la seguridad, la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la entidad, suscrito por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Liliana Álvarez García y Pedro Pablo Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.
60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California Sur, a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora del instituto sudcaliforniano de las mujeres, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado Guanajuato y a la Procuraduría de dicha entidad, a asumir el compromiso de velar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el caso de La Ciudad de los Niños, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedesol, realice una profunda revisión del contenido de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de dichos recursos, suscrito por la diputada Pilar Lozano Mac Donald y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juzgado quinto de distrito del estado de Morelos, a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a que atienda y ejecute diversas acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martin Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Segob y a la SHCP a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos, para que los migrantes que retornan al país de la manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SE y a la Profeco, para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado” de acuerdo a las normas oficiales, no pueden utilizar en su etiquetado la denominación de “Leche”, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
68. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SHCP, a garantizar los recursos necesarios para la implementación y operación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
69. Con punto de acuerdo, relativo a agilizar los programas de reinserción laboral, de reconocimiento y validez de estudios para jóvenes migrantes que han retornado de la Unión Americana, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a difundir un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión del voto de mexicanos residentes en el extranjero, en el pasado proceso electoral 2017-2018, a cargo de la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
71. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SRE, a implementar medidas ante el traslado nocturno de niños migrantes a campamentos en Texas, suscrito por las diputadas Kehila Abigail Ku Escalante y María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
72. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a través de la Fiscalía General de esa misma entidad, para que haga público un informe sobre los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la rivera de la Laguna de Alvarado de dicha entidad, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.
73. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que garanticen la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlan, en Colima, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
74. Con punto de acuerdo, relativo a redoblar esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias que se brindan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
75. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a implementar acciones a efecto de que se cumplan los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que, por representar una fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas y sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Educación, para dictamen.
76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que, con base en lo estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, valore y sancione las infracciones cometidas en los estados de Tabasco y San Luis Potosí, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
77. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y sin fines de lucro, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
78. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
79. Con punto de acuerdo, relativo a generar programas de servicio social en las universidades para acompañar la labor de los elementos de tránsito municipal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
80. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al INM, a respetar los derechos de la caravana de migrantes procedentes de la Republica de Honduras en su tránsito por nuestro país con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
81. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Sonora, a atender la escalada grave de violencia en la zona sur de dicha entidad, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de los Partidos Acción Nacional, Encuentro Social, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
82. Con punto de acuerdo, relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
83. Con punto de acuerdo, que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
84. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
85. Con punto de acuerdo, relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes de Nezahualcóyotl, estado de México, suscrito por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
86. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la reincorporación del inmueble federal Parque Bicentenario 2010 a la Semarnat y se solicita su no privatización, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
87. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año 2017, suscrito por el diputados Juan Enrique Farrera Esponda y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
88. Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en el estado de México, suscrito por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Juan Israel Ramos Ruiz, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 4o., párrafo VI, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
El Estado mexicano se construye y se consolida a través del fortalecimiento de su andamiaje jurídico para que garantice el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos.
Si precisamos en nuestras leyes el ejercicio pleno de estos derechos entonces avanzamos hacia la construcción de una sociedad con un estado democrático de derecho que atiende aspiraciones de nuestra sociedad de equidad, justicia y paz.
El derecho humano al agua está reconocido en el orden jurídico internacional y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que en el artículo primero párrafos del I al III dice lo siguiente.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Primero
Capítulo IDe los derechos humanos y sus garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en su preámbulo párrafos I, II, III, V, VI y VII, así como en el artículo 22 establecen lo siguiente.
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
IV. ...
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
La Asamblea General proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
La Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua el 28 de julio de 2010.
En la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
El derecho humano al agua es uno de los derechos fundamentales de los mexicanos porque su pleno ejercicio permite y posibilita el desarrollo de sus potencialidades y el acceso a una vida de calidad.
Es decir el agua es vida y si el derecho a este vital liquido se restringe o de plano se anula por cuestiones económicas, malas decisiones de los servidores públicos o por corrupción, se atenta a la existencia de las personas, lo cual esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia.
Hoy las estadísticas y la realidad de nuestro país, manifiestan y evidencian las enormes carencias de agua en las que viven importantes sectores de la población por esas decisiones malas e intereses particulares por que se realizan apoyándose en muchas ocasiones en la falta de precisión de nuestra ley.
Los diputados federales, somos los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y tenemos la obligación de defender y atender sus intereses de alcanzar un mejor bienestar y avanzar en la construcción de un país mejor para todos.
Una de nuestras funciones es el de crear, modificar, adicionar o derogar leyes y adecuarlas a las necesidades de la población, para tener un andamiaje jurídico más justo.
Si incorporamos al artículo 4o. constitucional la precisión de este derecho humano al agua estamos habilitando al estado para que tome decisiones de acuerdo a este mandato constitucional.
Por lo expuesto, propongo ante el pleno de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o., párrafo VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único.Se reforma y adiciona al artículo 4o., párrafo VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.
Artículo 4o. ...
I. a V. ...
VI. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho humano y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Transitorio
Único. El presente proyecto de decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que haya concluido el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de septiembre de 2018.— Diputado Juan Israel Ramos Ruiz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Dolores Padierna Luna, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los regímenes democráticos contemporáneos han ido incorporando cada vez más las figuras de la democracia directa. Las constituciones de los Estados democráticos de derecho contienen nuevas instituciones de democracia participativa.
En todo el continente americano, dese el cono sur hasta Estados Unidos de América, la incorporación de figuras de democracia directa y participación ciudadana avanza en los textos constitucionales.
En México, con la reforma del 9 de agosto de 2012, se incorporó al artículo 35 constitucional la figura jurídica de la consulta popular, como un derecho del ciudadano. Sin embargo, el ejercicio de este derecho ha sido problemático en la etapa de revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las cuatro revisiones de la constitucionalidad de la materia de consulta popular convocada por el Congreso de la Unión, realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014, se resolvió negando la posibilidad de que procediera la consulta.
En las revisiones 2/2014 y 4/2014 la Corte declaró inconstitucional la materia de la consulta. En la revisión 2/2014 se solicitó la consulta popular para Que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval, y en la revisión 4/2014 la consulta se planteó sobre la Modificación de la Constitución para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales.
En las revisiones 1/2014 y 3/2014 la Corte declaró inconstitucional la solicitud de consulta, en el primer caso, e improcedente la consulta en el segundo. En la revisión 1/2014 se solicitó la consulta popular Sobre el otorgamiento de contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, y en el segundo caso la consulta popular versó Acerca de que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética.
Como se podrá apreciar, en materias tan distintas y por razones diversas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no validó la procedencia constitucional de las consultas.
Un caso paradigmático fue el de la consulta popular sobre el otorgamiento de contratos o concesiones a particulares, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. En este caso la discusión versó sobre la interpretación del concepto de ingresos y gastos del Estado, como una de las materia que no podrán ser objeto de consulta popular.
En este caso, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, José Ramón Cossío Díaz, formuló un voto particular en el que sostuvo que:
La figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 35 de la Constitución, la interpretación de los derechos humanos debe ser la que sea más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos en contra del sentido del artículo 1o. constitucional. Es por ello que la interpretación de las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta.
En relación con la interpretación del contenido de las materias contenidas en la fracción VIII del artículo 35 constitucional, el ministro Cossío Díaz señaló:
Es por ello que considero que lo que esta Suprema Corte tiene que hacer es desarrollar el mecanismo de democracia semidirecta, porque éste es el ejercicio de un derecho político con rango y características de derecho humano, por lo que debe buscarse el “cómo sí” se logra hacer efectivo el acceso a la consulta y no adoptar sentidos interpretativos que nos lleven a imposibilitar su acceso.
En un sentido similar se pronunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en el Voto Concurrente que formuló en ese mismo asunto, quien consideró que la restricción al ejercicio del derecho a la consulta popular derivada del concepto de ingreso y gastos del Estado debiera referirse únicamente a “aquellas materias que se relacionen directamente con los elementos del sistema financiero que regulan la percepción del ingreso y el gasto en el Estado; esto es, la Ley de Ingresos de la Federación (en cuanto al ingreso) y el Presupuesto de Egresos (en cuanto al gasto)”.
De lo contrario, señaló el ministro Silva Meza:
...la actividad financiera del Estado entendida en sentido amplio, que comprende tanto la obtención de recursos (ingreso), como su administración y aplicación (gasto) impacta cualquier actividad estatal. Conforme a esta interpretación los ciudadanos no podrían ser consultados, por ejemplo, sobre la implementación de cualquier política pública, pues esta indefectiblemente implica un gasto del Estado. Como se advierte, ante un concepto amplio de “ingresos y gastos” del Estado, el ejercicio de la consulta popular se torna restringido a un grado tal que pierde operatividad.
De los debates en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprende que, para que la restricción referida al concepto de ingresos y gastos del Estado contenida en la fracción VIII del artículo 35 constitucional sea lo menos restrictiva posible, debiera referirse exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y no a cualquiera de las fuentes de ingresos del Estado.
En un aspecto más general, de lo debatido en la Suprema Corte de Justicia de la Unión se desprende que es necesario que cuando el máximo tribunal del país interprete los alcances de las materias restringidas a la consulta popular, lo haga bajo el principio propersona.
En la presente iniciativa se propone reformar el numeral tercero de la fracción VIII del artículo 35, para sustituir el concepto “los ingresos y gastos del Estado” por el de “la imposición de contribuciones o la aprobación del Presupuesto de Egresos”; con este nuevo concepto se evitará que esta materia implique una interpretación que lleve a una restricción muy amplia de las materias particulares sobre las que no podría versar la consulta popular.
También se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 35 para establecer un criterio constitucional, obligatorio para el intérprete de la Constitución, en el sentido de que al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la interpretación de los conceptos contenidos en la fracción VIII del artículo 35 constitucional se haga conforme a lo que resulte más favorable al derecho político a la consulta popular, en su carácter de derecho humano. Con esto se pretende favorecer la efectividad del derecho a la consulta popular con un criterio acorde con el artículo 1o. constitucional.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular
Artículo Único. Se reforma el numeral 3o. y se adiciona un segundo párrafo el mismo numeral de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 35. ...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
1o. ...
a)...
b)...
c)...
...
2o. ...
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; la imposición de contribuciones o la aprobación del Presupuesto de Egresos; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
Al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Unión deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho político a la consulta popular, en su carácter de derecho humano, y a la efectividad de su ejercicio, sobre todo cuando la consulta se convoque a petición de los ciudadanos.
4o. ...
5o. ...
6o. ...
7o. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la legislación reglamentaria a más tardar 31 de diciembre de 2019.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los trece días de septiembre de 2018.— Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Dolores Padierna Luna, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 36, fracción III; 41, base V, Apartado B, párrafo primero, incisos a) y b), así como el párrafo segundo, y Apartado C, párrafo primero, así como la base VI, párrafos primero y tercero; 81; 83; 116, párrafo segundo, fracción I; y 122, Apartado A, base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación del mandato, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La democracia no se agota con el ejercicio del voto activo. En el Estado moderno, acudir a las urnas para manifestar nuestra preferencia por alguna de las diversas opciones que se nos presentan para otorgar el mandato a los servidores públicos cuyo cargo emana de una elección popular, es solo una parte de la vida democrática.
Tampoco la democracia se circunscribe exclusivamente al voto activo. En la democracia moderna el ejercicio de la soberanía popular por parte de los ciudadanos tiene diversas expresiones: el voto para elegir a los integrantes de los poderes públicos, la participación en la toma de decisiones mediante mecanismos de democracia directa y la posibilidad de participar en consultas para que sean los propios ciudadanos quienes decidan si los mandatarios deben o no continuar en el ejercicio del cargo.
El mandato popular tiene como fundamento la expresión de la voluntad de los electores para otorgarlo; por lo tanto, es constitucionalmente válido establecer un mecanismo para que los electores tengan la posibilidad de evaluar el desempeño de los servidores públicos electos y que, mediante la figura de la revocación del mandato, acudan nuevamente a las urnas para manifestar su conformidad o no con el trabajo realizado por el servidor público y, en consecuencia, decidir si éste debe o no permanecer en el cargo.
El presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, manifestó desde la campaña electoral, y lo reiteró luego de su triunfo en las elecciones del 1 de julio, que propondría reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir la figura jurídica de la revocación del mandato para el cargo de presidente de la República; además, ha exhortado a los gobernadores para que en las entidades federativas también se impulsen reformas a las constituciones locales para el mismo efecto.
La presente iniciativa pretende incorporar la figura jurídica de la revocación del mandato para el cargo de presidente de la República en el texto constitucional y establecer las bases para que las entidades federativas, en ejercicio de autonomía constitucional, puedan decidir si también incorporan o no la consulta para la revocación del mandato en sus constituciones.
Con la finalidad de otorgar certeza de que las instituciones funcionarán con regularidad, la revocación del mandato, como todos los mecanismos de democracia representativa o directa, debe estar regulado constitucionalmente de manera expresa. Por eso, la figura jurídica de la revocación del mandato, que implica la conclusión anticipada del periodo para cual fue electo un servidor público, debe estar prevista en la norma constitucional y los requisitos para su ejercicio y sus efectos jurídicos deben ser claros.
El desarrollo legal de la figura constitucional de la revocación del mandato debe contener todas las hipótesis normativas que permitan que la implementación de las consultas para que los ciudadanos decidan la continuidad o no en el ejercicio del cargo de un servidor público de elección popular se desarrolle bajo los mismos principios que rigen a la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, consideramos importante que la organización de la consulta sobre la revocación del mandato sea organizada por la autoridad administrativa electoral y las controversias que pudieran surgir sobre la misma sean resueltas por la autoridad jurisdiccional en materia electoral.
Conviene mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema y ha establecido la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2013 (9a.), con rubro
Revocación del mandato popular. Los artículos 386 a 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén esa figura para la remoción de cualquier funcionario público electo mediante el voto popular, violan la Constitución federal (legislación vigente hasta el 2 de diciembre de 2009).
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los “preceptos de la Ley Electoral Local (de Chihuahua), en cuanto prevén la figura de la revocación del mandato popular, son violatorios de la Constitución federal”, también lo es que la violación constitucional determinada por la Corte no derivada del hecho de incorporar la figura de la revocación del mandato en la ley local, sino de que “la Constitución General de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular” y, por tanto, “se está ante una figura que no tiene sustento en la Constitución federal”.
Por eso, en la presente iniciativa se considera establecer en los artículos 81 y 83 constitucionales la revocación del mandato del presidente de la República y en los artículos 116 y 122 de la Carta Magna las bases para que los estados puedan establecer la figura, si así lo deciden, y la Constitución Política de la Ciudad de México, que ya tiene la contiene, tenga sustento en la Constitución federal.
Además, en las reformas propuestas se deja claro que no se trata de un procedimiento para fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos, como se estableció en el caso de Chihuahua; sino como una figura de democracia directa, en términos similares a como quedó incorporada la figura jurídica de la revocación del mandato en el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
A continuación procedemos a exponer cada una de las reformas y adiciones propuestas.
En primer lugar, se propone reformar el artículo 36 para incorporar como obligación de los ciudadanos de la República de votar en los procesos de consulta sobre revocación del mandato. Como se señaló, el proceso de consulta para que los ciudadanos decidan si el Presidente de la República debe permanecer hasta el final de su mandato es parte de los procesos democráticos inherentes al ejercicio de la soberanía mediante el voto popular.
La posibilidad de que los ciudadanos se pronuncien sobre la permanencia en el cargo de un servidor público de elección popular es una vertiente del derecho al voto activo; en consecuencia, al igual que votar en las elecciones y en las consultas populares es una obligación de los ciudadanos, el voto en los procesos de consulta sobre la revocación del mandato debe tener el mismo carácter.
Por eso se propone reformar la fracción III del artículo 36 para incluir a los procesos de consulta sobre revocación del mandato dentro de las obligaciones de ejercicio del voto activo de los ciudadanos.
Se propone reformar el artículo 41 para establecer que corresponde al Instituto Nacional Electoral la organización de los procesos de consulta sobre la revocación del mandato.
Con la reforma de los Apartados B y C de la base V del artículo 41 constitucional se busca otorgar competencia al Instituto Nacional Electoral para realizar todos los actos inherentes a la organización de los procesos de consulta sobre la revocación del mandato a nivel federal, es decir, en el caso del presidente de la República; y en el caso de las entidades federativas que incorporen en sus constituciones la figura de la revocación del mandato de los titulares del poder ejecutivo, la intervención del Instituto Nacional Electoral sería en los mismos términos en que se establecen las competencias de la autoridad electoral nacional en materia de procesos electorales federales y locales.
Además, se propone modificar la base VI del artículo 41 para ampliar la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, para que puedan conocer de las impugnaciones dentro de los procesos de consulta sobre la revocación del mandato y para que el sistema de nulidades en materia electoral incluya hechos vinculados con aquéllos.
Para incorporar la figura jurídica de la revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la Constitución federal se propone reformar el artículo 81 constitucional que, por cierto, es de los pocos que aún conservan el texto original de 1917.
La reforma propuesta es para establecer expresamente que “el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución”; con esta reforma no solo se establece la base constitucional para que el cargo de presidente de la República pueda ser revocado, sino que la ubicación de esta disposición, precisamente en el artículo que establece la elección del titular del poder ejecutivo federal, evita equívocos en la interpretación de la naturaleza jurídica de la revocación del mandato del presidente de la República, pues al incorporarla en este artículo es evidente que se trata del ejercicio de una vertiente del voto activo del ciudadano, por la vía de una figura de democracia directa, y no de una disposición relacionada con la destitución del cargo derivada de un procedimiento de responsabilidad del servidor público.
Además, se propone adicionar dos párrafos al artículo 83 para establecer las bases constitucionales de la consulta para la revocación del mandato del presidente de la República. El desarrollo legislativo de la figura jurídica de la revocación del mandato deberá atender estas bases.
En ellas se disponen, entre otros elementos, la fecha de realización de la consulta, los requisitos para que el resultado de la consulta sea vinculante y, en su caso, el mecanismo de conclusión del cargo del presidente de la República.
La reforma propone adicionar los artículos 116 y 122 para establecer las bases para que los estados y la Ciudad de México puedan incorporar en sus constituciones, si así lo deciden, esta figura jurídica.
Finalmente, en virtud de que esta reforma entrará en vigor con posterioridad a la elección de 2018 y de que el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024 fue electo para un mandato que concluye el 30 de septiembre de 2024, sin que a la fecha de la elección existiera la figura jurídica de la revocación del mandato, en el régimen transitorio se establece una disposición específica para que, por única ocasión, en el proceso de consulta de revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo federal a celebrarse en 2021, si el resultado de la consulta es vinculante en términos del artículo 83 de esta Constitución, será facultad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos decidir si renuncia al cargo, conforme a lo establecido en el artículo 86 constitucional.
Por la expuesto someto a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación del mandato
Único.Se reforman la fracción III del artículo 36; el Apartado B, en los incisos a) y b) y en el párrafo segundo y el Apartado C, en el párrafo primero, ambos de la base V, y los párrafos primero y tercero de la base VI, todos del artículo 41 y el artículo 81; y se adicionan dos párrafos al artículo 83; un párrafo segundo y uno tercero y se recorren en su orden los párrafos segundo al quinto para quedar como cuarto al séptimo, todos de la fracción I del segundo párrafo del artículo 116 y tres párrafos a la base III del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 36. ...
I. y II. ...
III.Votar en las elecciones , en los procesos de consulta sobre revocación del mandatoy en las consultas populares, en los términos que señale la ley;
...
Artículo 41. ...
...
I. ...
...
...
...
II. ...
...
a) a c) ...
...
...
III....
Apartado A. ...
a) a g)
...
...
...
Apartado B....
a) a c)
...
Apartado C....
...
Apartado D....
IV....
...
...
V. ...
Apartado A. ...
...
...
...
...
a) a e)
...
...
...
...
...
...
Apartado B. ...
a)Para los procesos electorales y de consulta sobre revocación del mandato federales y locales:
1.a 7.
b)Para los procesos electorales y de consulta sobre revocación del mandato federales:
1.a 7.
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales y de consulta sobre revocación del mandatolocales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.
...
...
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales y los procesos de consulta sobre revocación del mandato de autoridades de la entidad federativa estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. a 11.
...
a) a c)
...
Apartado D. ...
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta sobre revocación del mandato,se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y de consulta sobre revocación del mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
...
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones y de los procesos de consulta sobre revocación del mandato federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) a c)
...
...
Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución.
Artículo 83. ...
La consulta sobre revocación del mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es un proceso democrático por el que los ciudadanos expresan su opinión sobre la permanencia o no del mandatario en el cargo que se lleva a cabo durante el año en que se realicen las elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados. La consulta se celebrará el día de la jornada electoral relativa a esa elección. Durante un periodo de gobierno solo procederá una consulta sobre revocación del mandato. La legislación electoral establecerá los procedimientos para la celebración de la consulta.
Para que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante se requerirá que hayan votado al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del país y que el número total de votos a favor de la revocación del mandato sea igual o superior a la cantidad de votos obtenidos por el presidente de la República, en el proceso electoral en el que resultó electo. En caso de que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante, el presidente de la República se separará de su cargo el 30 de septiembre del año en el que se haya celebrado la consulta y, para todos los efectos, se reputará como falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo federal.
Artículo 116....
...
I.Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. Las Constituciones de los estados podrán establecer que se realice el proceso de consulta de revocación del mandato del gobernador de la entidad.
La consulta sobre revocación del mandato del gobernador del estado es un proceso democrático por el que los ciudadanos expresan su opinión sobre la permanencia o no del mandatario en su cargo que se llevará a cabo durante el tercer año del periodo para el cual fue electo el gobernador. Durante un periodo de gobierno solo procederá una consulta sobre revocación del mandato. La legislación electoral del estado establecerá los procedimientos para la celebración de la consulta.
Para que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante se requerirá que hayan votado al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado y que el número total de votos a favor de la revocación del mandato sea igual o superior a la cantidad de votos obtenidos por el gobernador, en el proceso electoral en el que resultó electo. En caso de que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante, el gobernador del estado se separará de su cargo el día en el que concluya su tercer año de gobierno y, para todos los efectos, se reputará como falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.
...
...
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a) ...
b) ...
...
II.
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III.
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IV....
a) a p)
V. ...
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VI. ...
VII. ...
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VIII. ...
IX. ...
Artículo 122. ...
A. ...
I. ...
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II. ...
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...
...
...
...
III. ...
...
La Constitución Política de la Ciudad de México podrá establecer que se realice la consulta de revocación del mandato del jefe del gobierno.
La consulta sobre revocación del mandato del jefe del gobierno es un proceso democrático por el que los ciudadanos expresan su opinión sobre la permanencia o no del mandatario en su cargo que se llevará a cabo durante el tercer año del periodo para el cual fue electo el jefe del gobierno de la Ciudad de México. Durante un periodo de gobierno solo procederá una consulta sobre revocación del mandato. La legislación electoral de la Ciudad de México establecerá los procedimientos para la celebración de la consulta.
Para que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante se requerirá que hayan votado al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad de México y que el número total de votos a favor de la revocación del mandato sea igual o superior a la cantidad de votos obtenidos por el jefe del gobierno en el proceso electoral en el que resultó electo. En caso de que el resultado de la consulta sobre revocación del mandato sea vinculante, el Jefe de Gobierno se separará de su cargo el día en el que concluya su tercer año de gobierno y, para todos los efectos, se reputará como falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.
IV. ...
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V....
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VI....
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a) a f)
VII....
VIII....
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IX. ...
X. ...
XI. ...
B. ...
...
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...
...
C. ...
...
...
a) a c)
D. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.En virtud de que esta reforma entrará en vigor con posterioridad a la elección de 2018 y el mandato del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos electo el 1 de julio concluye el 30 de septiembre de 2024, por única ocasión, en el proceso de consulta de revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo federal a celebrarse en 2021, si el resultado de la consulta es vinculante en términos del artículo 83 de la Constitución, será facultad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos decidir si renuncia al cargo en términos del artículo 86 constitucional.
Tercero.A más tardar 31 de diciembre de 2019 el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la legislación electoral para la implementación del proceso de consulta sobre la revocación del mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 2021.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de septiembre de 2018.— Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
«Iniciativa que reforma los artículos 2, 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Luis Fernando Salazar Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La política social constituye el conjunto de programas institucionales que desarrolla el Estado para fortalecer el nivel de vida de la población, principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo.
En el país, el principal reto de la política social ha sido superar la desigualdad social, reducir el desempleo y la pobreza que durante años han padecido miles de hogares mexicanos. Frente a ello, el Estado ha estado obligado a producir nuevas soluciones para la problemática social, producto de la inequidad de las estructuras políticas, económicas y jurídicas, que viven diversas regiones y localidades.
Así, se ha dado prioridad a sectores vulnerables y se ha establecido como objetivo principal que el desarrollo de los derechos y necesidades básicas de los mexicanos sean atendidas y subsidiadas con recursos del Estado a través de programas sociales.
Dichos programas deben cumplir una tarea vital en el aparato estatal. Éstos se diseñan a fin de cumplir objetivos o metas que las instituciones estatales no pueden realizar directamente, o bien para solventar las fallas o vacíos propios del sistema gubernamental.
Los programas y las políticas sociales constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales, puesto que tienen como fundamental propósito mejorar las condiciones de vida de la población.
Desafortunadamente, este objetivo no ha podido ser alcanzado de manera efectiva, dada la práctica común en el país de utilizar de manera clientelar y corporativa los programas sociales, principalmente durante tiempos electorales.
Este uso electoral de los apoyos y programas sociales dificulta el avance que, con ellos, puede lograrse para contribuir a superar la pobreza y constituye un atentado al desarrollo social, a la participación política, al ejercicio de los derechos y libertades de las personas que viven en esta condición.
Esta situación deriva, además, en el mal uso de recursos públicos y en la ineficiencia e ineficacia de los programas, asentando la idea de que el Estado gasta inútilmente y que por ello, se debe negarle más impuestos dado el desperdicio que significa el gasto público en este rubro.
Hay un error en esta percepción, pues el análisis permite concluir que la ausencia de los programas sociales hubiera conducido a un mayor aumento de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales.
En las mediciones y los informes que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se observa que todas las carencias sociales han ido reduciéndose casi de forma sostenida, si bien, con diferencias entre ellas, todas han tendido a ir a la baja. Sin embargo, es claro que el uso adecuado de los recursos en la materia podría haber contribuido a una mayor disminución de las carencias que enfrenta un gran porcentaje de la población.
El gasto público en materia de desarrollo social en México, es muy bajo. Si éste se compara con los países ricos o intermedios, no tenemos presupuestos excesivos, aunque sí mal aplicados. Ello, aunado a la corrupción y el derroche, en reiteradas ocasiones documentado por la Auditoría Superior de la Federación, ha favorecido a reforzar la idea en la ciudadanía que de poco sirve contribuir a las acciones públicas encaminadas a brindar apoyos a los beneficiarios de las acciones de política social.
Se han hecho esfuerzos para desincentivar el uso político electoral de los programas sociales, mediante la tipificación de estas conductas en el marco jurídico electoral. No obstante, y por desgracia para quienes viven en pobreza y para la democracia del país, aún no ha sido posible erradicar este tipo de prácticas hoy generalizadas en los partidos políticos y los distintos procesos a los que acuden candidatos a cargos de representación popular.
En cada proceso electoral, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, candidatos y demás actores, denuncian y documentan cómo el uso clientelar de los programas sociales se vuelve cada vez más evidente y vulgar.
En ciertas entidades federativas, como Coahuila, el condicionamiento de los apoyos en materia de desarrollo social no es exclusivo de una etapa o de un proceso electoral, por el contrario, se ha vuelto una práctica reiterada en perjuicio del desarrollo humano de las y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
El ejemplo claro ha sido la forma en la que el reparto de apoyos de programas alimentarios, material de construcción, electrodomésticos, entre otros, a través de líderes o lideresas que conforman la estructura de un partido político en el poder, ha servido para inducir o condicionar el voto de ciudadanas y ciudadanos, principalmente a mujeres adultas y de edad avanzada.
Estas formas ilegales de operación, mediante el condicionamiento de programas, obras o beneficios sociales, ha generado un efecto desfavorable en los procesos electorales, ya que contribuyen a distorsionar el ambiente político y generan iniquidad en las contiendas, así? como desconfianza en las instituciones y jornadas electorales viciadas que dañan la legitimidad de nuestra democracia.
El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político electoral de los programas sociales señala que los desvíos de recursos con fines distintos a los sociales no sólo desvirtúan los esfuerzos emprendidos, sino que amenazan con agravar aún más la desigualdad en el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas y, por ende, fragilizar las conquistas alcanzadas en los derechos políticos y civiles en años recientes.
Por tanto, resulta indispensable atender los retos y desviaciones en la entrega de los apoyos sociales que no han sido resueltos, con el fin de evitar las distorsiones y manejo inapropiado de recursos públicos que deberían ser utilizados con fines de desarrollo social, que se desvían a campañas electorales para promover el voto a favor de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.
El uso partidista de los programas sociales debe ser erradicado. Es fundamental que estos programas puedan desarrollarse libremente, sin que se pongan en juego los intereses de los partidos políticos que detentan el poder o bien, la gama de estratagemas con fines electorales.
Para ello, es indispensable reivindicar la política social como una política de derechos universales y sin condicionamientos. Uno de los objetivos principales de los programas sociales en nuestro país es garantizar de manera plena el derecho de las personas o de las colectividades, para permitir su correcto desenvolvimiento y desarrollo humano. Ello quiere decir que las políticas públicas tienen el propósito de enfrentar situaciones específicas que no pongan en riesgo la integridad de los mexicanos por situación de discriminación o por carencia económica.
Resulta fundamental fortalecer el enfoque de derechos exigibles en los programas sociales para dotarlos de una dimensión humana, plenamente respetuosa de la dignidad, derivado del cumplimiento de la responsabilidad social del Estado. Es preciso erradicar la idea de que las prestaciones o beneficios son dádivas, que dependen de la buena voluntad de los gobernantes.
Combatir la discrecionalidad de la autoridad en la determinación de los beneficiarios, y combatir cualquier forma de condicionamiento, manipulación, clientelismo o utilización de los programas con fines político-electorales resulta fundamental para atender la vulnerabilidad alrededor de estas acciones a favor del desarrollo social.
Por lo anterior, se considera la necesidad de prever que la universalidad de los derechos sociales debe ser el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales. Ya sea que se trate de programas universales o dirigidos a ciertos sectores de la población, el objetivo último debe ser que todos los mexicanos puedan ejercer sus derechos sociales.
Imponer condiciones puede deteriorar las circunstancias específicas en las que viven los más vulnerables. La imposición de condicionalidades a menudo aumenta los desequilibrios de poder entre la comunidad beneficiaria y las autoridades del programa, al tiempo que aumenta las oportunidades de abusos por los agentes implicados en el control de su cumplimiento.
La falta de transparencia en los procesos hace más difícil que las personas entiendan cómo se accede al programa y por ende, ha ocasionado que no se entienda éste como un derecho del cual son titulares sino, por el contrario, lo tienden a ver como una prebenda política.
Por ello, cuando los programas de protección social no son universales, los mecanismos de focalización deben ser analizados con mucha cautela desde un enfoque de derechos humanos. La aplicación efectiva de mecanismos de focalización depende de la capacidad de gestión de los órganos de administración del programa. Mientras más sofisticado y complicado sea el método de cálculo adoptado para la focalización, más opacos pasan a ser los criterios de elegibilidad, lo que puede llevar a que el proceso de escrutinio por parte de los beneficiarios sea difícil, si no imposible (Sepúlveda, M., De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina, Cepal, Naciones Unidas, Chile, 2014. página 24).
Cuando las limitaciones de recursos obliguen a optar por programas focalizados, éstos deben respetar los principios de igualdad y no discriminación. Es decir, los criterios de elegibilidad deben ser justos, razonables, objetivos y transparentes y las personas deben tener acceso a recursos para subsanar posibles errores de exclusión. Los programas focalizados deben también evitar la estigmatización de los beneficiarios.
Por lo anterior resulta determinante fortalecer no sólo los mecanismos de control y vigilancia sobre los programas sociales a cargo del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, sino garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social mediante la universalidad, progresividad y exigibilidad de los programas sociales sin condicionamientos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social
Único.Se reforma el artículo 2, se adiciona la fracción XII al artículo 3, se reforma la fracción I y se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social, así como cualquier forma de condicionamiento, manipulación, clientelismo o utilización de los programas sociales con fines político electorales.
Artículo 3. La política de desarrollo social se sujetara? a los siguientes principios:
I. a XII. ...
XIII. Universalidad: garantiza a todos los ciudadanos, en virtud de tal condición, el acceso al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
Artículo 11. La política nacional de desarrollo social tiene los siguientes objetivos:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso universal a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;
II. a V. ...
VI. Eliminar las desigualdades y desventajas, mediante programas integrales que potencialicen las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su desarrollo y mejorar sus condiciones de vida.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Luis Fernando Salazar Fernández, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
«Iniciativa que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN
Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, con el propósito eliminar las prácticas que afectan los derechos de los trabajadores a través de los esquemas de outsourcing o subcontratación al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.
El empleo, en cambio, es definido como “trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).
Para nuestros fines, podemos decir que la OIT define del Trabajo decente como un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno.
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; por ello, no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social.
En 1999, Juan Somavía –primer director general de la OIT proveniente de Sudamérica– presentó su memoria Trabajo decente, en la que introduce el mencionado concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.
Siete años después, los ministros que forman parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas declararon: “Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible. Para la creación de nuevas oportunidades laborales es imprescindible contar con un entorno que fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial. Es fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y equitativa”.
Como puede verse, el concepto trabajo decente fue elaborado en poco tiempo en el seno de los organismos internacionales y hoy, sin duda, debe considerarse como referente para cualquier discusión que tenga que ver con el diseño de instrumentos normativos o políticas públicas que impacten en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
Para Dharam Ghai, el trabajo decente abarca: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así? pues, la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular, como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral.
Las reflexiones en torno al trabajo decente como objeto de análisis de los derechos de las personas, se manifestaron en el seno de una Comisión impulsada por la OIT en los años 2002 a 2004 en los que se discutían las condiciones que debían esperarse para alcanzar una globalización justa. Evidentemente, esa Comisión partía de la premisa de que la globalización era una realidad irreversible, por lo que lo fundamental era encontrar los mecanismos para que esa realidad resultara justa tanto en los planos nacionales como en el internacional.
Según Tarja Halonen, uno de los mensajes clave emanados de la Comisión fue que el manejo de la globalización debía comenzar por casa. Las medidas que adoptan los hogares son cercanas a la gente, reflejan sus temores y aspiraciones. Las amenazas al empleo y a los ingresos se discuten en torno a la mesa de la cocina. Las personas necesitan apoyo allí? donde viven y trabajan: si ven que su entorno es justo les será? más fácil creer que el mundo puede ser justo también.
Hoy los conceptos de trabajo decente y de globalización justa han sido llevados a todos los principales foros internacionales. Los ha respaldado la Asamblea General de las Naciones Unidas y son un punto de referencia para las políticas que hacen uso del vínculo entre empleo, crecimiento sostenible, estabilidad y seguridad.
Los trabajos de la OIT subrayan la necesidad de amalgamar los aspectos morales, sociales y económicos para promover un desarrollo integral que responda a las aspiraciones fundamentales de todos los seres humanos.
En ese entorno de globalización como realidad irreversible, el trabajo decente se plantea como alternativa de equilibrio entre las necesidades del capital y los derechos humanos de los trabajadores. El trabajo decente busca expresar lo que en un mundo global debe ser un trabajo digno, con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales. No es posible garantizar la estabilidad económica mundial sin una globalización justa y sostenible que sitúe al trabajo decente en el núcleo de las decisiones estratégicas. De ahí la necesidad de un diálogo social tripartito sobre empleo y prácticas sociales globales, que haga del trabajo decente un elemento central de las políticas nacionales e internacionales, en un contexto donde la crisis económica y financiera se ha convertido además en una crisis del empleo, intensificando la vulnerabilidad e inseguridad laborales y favoreciendo el aumento de la pobreza mundial.
En este contexto, la relación empleo-población es uno de los indicadores principales de trabajo decente elaborados por la OIT en la reunión tripartita de expertos sobre la medición del trabajo decente llevada a cabo en Ginebra entre los días 8 y 10 de septiembre de 2008.
La crisis económica ha trasladado sus efectos al mundo laboral con resultados tan devastadores como son una profunda destrucción de puestos de trabajo y situaciones de precariedad en el empleo. Esta realidad se ha visto agravada con reformas estructurales y flexibilizadoras del mercado laboral que favorecen la inestabilidad laboral, facilitan el despido y someten a las y los trabajadores a las fluctuaciones de los mercados.
La precariedad, temporalidad e inestabilidad en el empleo, así como la destrucción desorbitada de puestos de trabajo, motivaron en junio de 2009 la adopción por parte de la OIT de un Pacto Mundial para el Empleo, con el objetivo declarado de «orientar políticas nacionales e internacionales destinadas a estimular la recuperación económica, a generar empleos y a proteger a los trabajadores y a sus familias en un escenario de crisis que genera aumento del desempleo, pobreza y desigualdad, y provoca el colapso de numerosas empresas».
El trabajo con condiciones laborales precarias se aleja de los objetivos del trabajo decente y genera mayor desigualdad, inseguridad e inestabilidad económicas para las y los trabajadores, sus familias y las sociedades.
Los cambios habidos en las legislaciones laborales han favorecido la erosión de los derechos y la desprotección de los trabajadores en muchos países, con fórmulas de trabajo precario que se han extendido a todos los sectores de actividad a través de determinadas prácticas que dificultan el desarrollo de un trabajo digno, tales como la contratación temporal sin causa, intermediación laboral, subcontrataciónde obras y servicios a otras empresas, contratación de falsos trabajadores por cuenta propia, períodos de prueba excesivos, trabajo a tiempo parcial, trabajo a domicilio, etc.
Esta situación se ha extendido a diversos países y ha contribuido al aumento global de la miseria. Más de 1.200 millones de trabajadores y trabajadoras del mundo viven por debajo del umbral de la pobreza. Esta tendencia, severamente agravada con la crisis económica, tiene mayor impacto en las mujeres, cuyas capacidades para obtener ingresos se han visto seriamente restringidas.
La existencia de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza proporciona datos sobre la remuneración del trabajo, pero también da cuenta de la inexistencia o ineficacia de sistemas de protección social y de otros elementos cualitativos vinculados al trabajo decente. Es poco probable que un empleo sin una retribución suficiente o decente cuente sin embargo con otros derechos y garantías asociados al empleo.
Con la crisis económica y financiera se ha reducido a la mitad el crecimiento salarial a nivel global. El informe de la OIT sobre el salario en 2010 alerta del descenso salarial medio mundial en un 0,8 por ciento en 2008 y 0,7 por ciento en 2009. Estas cifras evidencian que la recesión ha sido dramática no solo para los millones de personas que han perdido su empleo, sino también para los que lo han mantenido, ya que han visto reducido su poder adquisitivo y su bienestar general, con una progresiva degradación de sus derechos sociales. Por ello, entre otras acciones encaminadas a la protección y fortalecimiento de las condiciones de vida, hemos propuesto un aumento al salario mínimo que garantice que las personas puedan obtener ingresos que alcancen el mínimo del nivel de bienestar determinado anualmente por el Ceneval.
Así, entre los mecanismos que facilitan la erosión y desprotección de los trabajadores en México se cuenta el llamado
es un término anglosajón que puede traducirse al español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo actual de los negocios se usa dicho término para designar el proceso mediante el cual una empresa u organización contrata a otra externa para que se haga cargo de cierta parte de su actividad o proceso productivo. La palabra outsourcing es un anglicismo que se compone de las voces out (fuera) y source (fuente u origen), es decir, fuente externa. Con base en lo anterior, puede decirse entonces que cuando usamos el término outsourcing, significa que estamos hablando de subcontratación de servicios.
En el caso de México, hay estudios que sugieren que, del total del mercado de subcontratación, sólo 100 empresas cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, de éstas, sólo 40 por ciento paga impuestos. En tales estudios se puntualiza que en México una quinta parte de los trabajadores labora bajo el esquema de subcontratación según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Algunos estudios hablan de que en México hay entre 2.4 y 4 millones de trabajadores bajo el esquema de outsourcing y que el mercado vale cerca de 700 millones de dólares. Otros estudios, según los investigadores, revelan que aproximadamente 10 por ciento de los trabajadores en México están bajo esta figura.
Lo anterior ha provocado que el esquema se convierta en materia de amplios y, a veces, enconados debates, fundamentalmente en torno al outsourcing de nómina, ya que muchos abusaron de esta figura para eludir impuestos, no pagar el PTU a sus empleados o no pagar cuotas completas al IMSS e Infonavit.
A partir del año 2012, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo, el concepto se utilizó formalmente como ‘outsourcing’, definiendo concretamente su estructura y regulando sus acciones.
Hoy en día el outsourcing es legal y la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2012, lo regula en el Artículo 15-A que dicta:
El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
En la Ley del Seguro Social se contempla este esquema desde el 9 de julio del 2009, cuando publicó en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron normas que establecen obligaciones para efectos de la subcontratación, verificando así que los derechos de los trabajadores y sus prestaciones estén protegidos.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria estableció criterios para identificar las prácticas indebidas. Sólo ese año, el SAT detectó 512 empresas de Outsourcing que ofrecieron servicios indebidos y que sus operaciones tuvieron un valor de 198 mil millones de pesos y casi 30 mil clientes. Estas empresas habían evadido cerca de 80 mil millones de pesos en impuestos, afectando a 230 mil empleados.
El outsourcing de nómina es pues, total y absolutamente legal en nuestro país, de hecho, el esquema actual emplea alrededor de 2 millones de personas en México.
Sin embargo, los datos indican que existen una gran cantidad de empresas de outsourcing de nómina que no cumplen con los requisitos de ley. Eso significa que la regulación de la figura en la reforma de 2012 no ha generado los resultados esperados porque mantiene a millones de trabajadores expuestos a la inseguridad de las reglas del mercado sin condiciones que permitan garantizar el disfrute de los derechos sociales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tratar de resolver la problemática derivada de la afectación de los derechos de los trabajadores que se implementa a través de los esquemas de outsourcing, el seis de diciembre de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016-servicios-empresas de subcontratación y/o tercerización de personal-requisitos.
Dicho proyecto tuvo por objeto coadyuvar con las Empresas de Subcontratación y/o Tercerización de personal, a efecto de que cumplan con el marco jurídico aplicable, evitando plenamente la simulación de operaciones y estableciendo los requisitos para obtener la certificación y autorización del uso del signo distintivo que compruebe que se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.
Evidentemente, el proyecto en cuestión nos indica que el esquema de subcontratación de personal en México sigue siendo un mecanismo para simular operaciones y precarizar los derechos de los trabajadores mexicanos.Pero, además, el hecho de que la figura ya haya adquirido carta de naturalización en el derecho mexicano demuestra que es indispensable cerrar de manera definitiva los vacíos legales que provocan los abusos de los que se acusa al outsourcing.
El problema central es que esta práctica suele usarse como mecanismo de simulación que permite a empleadores eludir contratos colectivos, pagos de seguridad social, prestaciones, impuestos sobre nómina y otras obligaciones. Las empresas dedicadas a reclutar y aportar personal, por su parte, suelen generar empleos sumamente precarios, inestables y mal pagados, y sus utilidades proceden precisamente de su carácter de intermediarios y de la supresión fáctica de derechos laborales que la Ley Federal del Trabajo tiene por irrenunciables.
La actividad se presenta también en otra modalidad: la de los llamados sindicatos blancos, que no sirven a sus agremiados sino a los patrones y se encargan de resolver en favor de estos últimos cualquier diferendo laboral y, en los hechos, anulan los derechos de los trabajadores.
Por otra parte, es innegable que las realidades económicas y productivas contemporáneas hacen impensable que una entidad o empresa se haga cargo de la totalidad de los procesos de producción y operación, por lo que sería impensable prohibir legalmente toda forma de subcontratación.
Resulta necesario, pues, encontrar una fórmula legal equilibrada que garantice la vigencia de los derechos laborales, que otorgue flexibilidad a los empleadores para contratar servicios no esenciales y regule y fiscalice a las compañías dedicadas al outsourcing para asegurar que no incurran en abusos ni en regímenes de sobrexplotación de la fuerza laboral.
El régimen de derechos laborales mínimos en México está contenido en el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone una serie de derechos mínimos que han de ser respetadas por los empleadores indefectiblemente.
Así, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 apartado A de la Constitución, contempla los principios generales del trabajo a saber:
1. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones;
2. El trabajo es un derecho y un deber sociales;
3. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia;
4. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social; y
5. Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
Para garantizar que estos principios del derecho al trabajo no sean vulnerados por los esquemas de subcontratación, se hace indispensable responsabilizar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ejercicio de sus atribuciones, dicte las normas que sean necesarias a efecto de que las empresas de outsourcing en México acrediten de manera pública y fehaciente que cumplen con todos los derechos de los trabajadores.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 15-C la Ley Federal del Trabajoconforme a lo siguiente:
Artículo Único:Se reforma el tercer párrafo al artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 15-C. ...
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será responsable de emitir las normas y demás disposiciones jurídicas aplicables que garanticen que los empleadores a que se refiere el artículo 15-A cumplan las condiciones previstas en el segundo párrafo de ese artículo, así como todas las obligaciones de la subcontratación establecidas en los artículos 15-B, primer párrafo de este artículo y 15-D de esta ley.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.La Secretaría deberá emitir las normas correspondientes en un periodo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 Abogado chileno elegido en 1999 como director general de la OIT, cargo que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2012.
2 Puede consultarse en
http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
3 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_ SP/lang—es/index.htm El énfasis es propio.
4 Ex director del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
5 Presidenta de Finlandia en el periodo 2000 y el 2012
6 http://www.labormx.com/outsourcing-en-mexico.html
7 Op. Cit.
San Lázaro, Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.— Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 9 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Una de las principales preocupaciones en materia de impacto ambiental es el crecimiento exponencial de la producción mundial de residuos plásticos en los últimos años. Según la Global Ocean Commission, en su documento denominado Plastics, keeping them out of the ocean, entre 2002 y 2013 la producción global anual de plásticos aumentó casi un 50 por ciento, pasando de 204 millones de toneladas a 299 millones, esperando que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas para el año 2020.
La situación en nuestro país es similar, ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales un alto porcentaje termina en tiraderos a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y los océanos.
En este rubro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puntualiza que, si no se toman medidas, para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, ya que cada año 13 millones de toneladas de desechos plásticos se vierten en los mismos.
El impacto ambiental de esta contaminación es grave e incuantificable, ya que el 90 por ciento de la contaminación flotante del océano está compuesta por plástico, sin embargo, sólo 10 por ciento del total subsiste en la superficie, mientras que el resto se hunde y permanece en el fondo del mar por tiempo indefinido.
Los plásticos por sí mismos merecen un tratamiento específico ya que debido a su composición muchos de ellos no tienen el tratamiento adecuado para su disposición final; cabe señalar que algunos de éstos al degradarse liberan agentes tóxicos como el Bisphenol A (BPA), lo cual provoca alteraciones hormonales que pueden derivar en infertilidad tanto en animales como en el ser humano, ya que no se debe perder de vista que algunas de las especies marinas afectadas por estos residuos son destinadas al consumo humano.
Sin duda, cualquier objeto ajeno a la composición natural de los ecosistemas representa una alteración e impacto negativo para su conservación; sin embargo, existen diversos grados de contaminación, dependiendo del tipo de residuo del cual se trate.
En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en la actualidad, recipientes, utensilios o bolsas son los productos plásticos más consumidos, por lo que su alta demanda lleva al aumento en la generación de residuos, de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.
Si bien hemos avanzado significativamente en la adopción de conciencia por parte de la sociedad en la disminución de la demanda de dichos plásticos en actividades cotidianas, lo cierto es que también se debe reconocer que se requiere de su regulación para garantizar que lo que hoy es una política pública exitosa, se convierta en Ley y no quede sólo como una actividad que muchos llaman equivocadamente moda.
Resulta complicado conocer la cifra exacta de contaminación por estos residuos, sin embargo, según un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), alrededor del 12 por ciento de la basura en México es plástico; lo que equivale aproximadamente a 10,350 toneladas diarias de las 86 mil 343 del total de basura que producimos.
Ante esta situación, invariablemente surgen posturas que pretenden justificar el uso de plásticos como elementos indispensables para la realización de actividades en la vida diaria de los consumidores, sin embargo, es necesario hacer énfasis en que no existe argumento suficiente que justifique el uso de dichos plásticos a pesar del impacto negativo en el ambiente que sí se encuentra demostrado con evidencia científica.
Al respecto, sirven de ilustración algunos datos que nos ayudan a concientizarnos sobre lo que algunos creen son herramientas indispensables e incluso vitales para la vida cotidiana; por ejemplo, la vida útil de una bolsa de plástico que apenas alcanza el cuarto de hora; la de un popote que no excede de 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años, según lo confirmo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante su campaña nacional “Sin popote está bien”. Sin omitir referir a los productos hechos con poliestireno expandido, conocido comúnmente como el unicel, el cual según grupos ecologistas no es biodegradable; es decir, no desaparece nunca; pues incluso tras 500 años los productos hechos a base de este material podrán subsistir si no se disponen de manera adecuada.
Ejemplos sobre las afectaciones sobran, recordemos el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un dolor indescriptible, el cual al serle retirado resultó ser un popote de al menos 8 centímetros de largo.
O que decir de la isla de plástico ubicada el Pacífico, entre Hawái y California, misma que según datos de la investigación publicada en la revista Nature, se expande por aproximadamente 1.6 millones de km2 —es decir, casi tres veces el tamaño de Francia—, y contiene cerca de 80 mil toneladas de plástico.
Dicha situación no puede continuar sin atención; a nivel internacional existen diversos esfuerzos que han venido a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación por la incorrecta disposición final de los plásticos; directrices que debemos armonizar e implementar en nuestra realidad.
Nuestro país no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiban el consumo de plásticos, una de ellas es la que ha implementado Grupo CMR, a través de su Dirección de Responsabilidad Social, que en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de 43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el año 2014, los cuales fueron intercambiados por productos elaborados con fécula de maíz.
Asimismo, desde del año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales con resultados positivos tanto social como financieramente, por lo que han demostrado que el ser responsable y respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.
Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, debemos sumarnos a las acciones que buscan erradicar el uso de productos elaborados con plásticos que resultan prescindibles para casi todas las personas. Estamos conscientes de que existen casos de excepción, es por ello que proponemos que la fabricación de dichos productos continúe pero que se haga usando materiales más amigables con el medio ambiente.
Una de las principales preocupaciones para el Partido Verde dentro del tema ambiental es la reducción del impacto que causan los residuos sólidos en nuestro país, en específico el plástico; por ello, proponemos modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de establecer la prohibición de entregar productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, dentro de las leyes de las entidades federativas.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Único. Se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XVIII al artículo 9 recorriéndose las demás en su orden subsecuente; y se adiciona una fracción IV al artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 7. Son facultades de la Federación:
I. a XV. [...]
XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, con especial enfoque en los plásticos utilizados para el desarrollo de sus actividades; y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación;
XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, en el que se incluya el fomento a la utilización de materiales biodegradables;
Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:
I. a XVII. [...]
XVIII. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, ya sea a título gratuito o de manera onerosa.
XIX. Someter a consideración de la Secretaría, los programas para el establecimiento de sistemas de gestión integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios, con objeto de recibir asistencia técnica del Gobierno Federal para tal fin;
[...]
Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:
I. a III. [...]
IV. Entregar productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, a título gratuito o de manera onerosa.
[...]
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación correspondiente, así como la actualización y armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto.
Cuarto. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente decreto, deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada anualmente a cada dependencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Notas
1 Ahogados en un mar de plástico. Disponible en:
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/ ahogados-mar-plastico_12712/6
2 Análisis del ciclo de vida del poliestireno expandido. Disponible en:
http://ambientalissimo.blogspot.com/2011/04/analisis-del-ciclo-de-vida-del.html
3 La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran isla de basura del Pacífico que ya tiene tres veces el tamaño de Francia. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43515386
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados: Arturo Escobar y Vega, Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
«Iniciativa que adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue creado por disposición del honorable Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México. Desde su creación hasta 1999 se presentaron dos reformas, una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico y el 5 de junio del 2002 se promulgó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología. (Tecnología CN, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
2. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece que:
El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. (Tecnología LO)
Sus principales tareas, son:
Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta, sociales, biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías;
Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;
Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.
Para ello, el Conacyt deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de cultura científica y tecnológica;
Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los centros públicos de investigación;
Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes; (Tecnología LO)
3. Referente a los recursos para todos los programas y proyectos de investigación que realiza el Conacyt, se establece en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo siguiente:
Artículo 13. La canalización de recursos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para programas, proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter económico que convenga o proporcione, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes condiciones:
I. El Conacyt vigilará la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione o aporte, en los términos que fijen los propios contratos o convenios;
II. Los beneficiarios o contrapartes de los contratos o convenios rendirán al Conacyt los informes periódicos que se establezcan sobre el desarrollo y resultado de los trabajos.(Tecnología LO)
4. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene una función primordial y se caracteriza por ser esencial en todas sus tareas y actividades, se puede decir que es una de las más importantes, “el otorgar becas a estudiantes que se encuentren inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)” los beneficiados de los programas de becas que otorga el Conacyt, deben cumplir con algunos requisitos que son indispensables como el dedicarse de tiempo completo a la investigación, sin realizar otra actividad, lo que obliga a los beneficiados a no recibir alguna remuneración económica por otras tareas que lleven a cabo.
5. Durante los más de 45 años de existencia el Conacyt ha entregado más de 328 mil becas a los estudiantes beneficiados de sus programas, tan sólo en este año ha entregado más de 63 mil becas.
6. Para realizar el cálculo de los montos a los cuales tendrán acceso los beneficiados que recibirán las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se establecía hasta el 2016, la unidad de medida del Salario Mínimo (SM). Sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto que reforma y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo esto cambio, ya que no se permite que se siga tomando como unidad de medida el Salario Mínimo, en su lugar se considera la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA).
7. El cambiar la unidad de medida del SM, a la UMA, obedece a que en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En su artículo tercero del régimen transitorio se establece lo siguiente:
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. (Federación, 2016).
8. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó a través de un comunicado que envío a todos los becarios lo siguiente:
Respecto de la inquietud que ha significado la sustitución del Salario Mínimo (SM) por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia para la determinación del monto de beca nacional para estudios de posgrado, se precisa lo siguiente:
El Programa de Becas no presenta disminución en el presupuesto asignado, lo que garantiza la disponibilidad presupuestal para atender las becas compromiso, y la viabilidad de otorgar nuevas becas.
La adopción de la UMA fue anunciada el 27 de enero de 2016 con la publicación del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, nueva modalidad de “cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y en la Ciudad de México” (Artículo Tercero Transitorio). Posteriormente, el 28 de enero de 2016, el INEGI publica en el Diario Oficial de la Federación el valor inicial de la UMA durante 2016.
El 30 de diciembre de 2016 fue publicada la Ley para determinar el Valor de la UMA, cobrando plena vigencia la reforma constitucional, y con fecha 10 de enero de 2017 el INEGI publicó los valores iniciales y los términos de su aplicación partir del primero de febrero de 2017, por lo que el pago efectuado el 19 de enero de 2017 corresponde al ajuste del monto de manutención de febrero de 2017.
Con esta medida, el salario mínimo recupera su espíritu original y su verdadera función social de apoyo al trabajador.
El criterio para el ajuste anual de las becas nacionales tradicionalmente ha sido tomar un indicador que refleje la inflación. Al desindexarse el Salario Mínimo y crearse la UMA, se cuenta con un instrumento de aplicación obligatoria (ver Tercer Transitorio del Decreto referido) para actualizar el monto de las becas acorde con la inflación que se presente anualmente. (Tecnología C. N., Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
9. Referente a los montos por concepto de becas de manutención que reciben los beneficiados el Conacyt informa lo siguiente:
Becas Conacyt Nacionales 2017
Inversión en el conocimiento
Tabulador de becas nacionales
(Conacyt)
10. Como se puede observar, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cambio la unidad de medida para cuantificar el monto que va a otorgar a los beneficiados por las becas CONACyT, como lo establece el antepenúltimo párrafo de la información publicada y enviada por el Consejo a todos los beneficiados:
Finalmente, el Conacyt debe acatar a cabalidad las disposiciones emanadas de la reforma constitucional, las cuales establecen claramente que el SM no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
El programa de becas cumple cuarenta y seis años de vida, es un pilar fundamental del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país y nos corresponde a toda la comunidad, estudiantes, coordinadores de posgrado, autoridades universitarias y responsables en Conacyt, perfeccionarlo y preservarlo para futuras generaciones. (Tecnología CN, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Considerandos
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene múltiples actividades de suma importancia para el país, contribuye de forma conjunta con distintas dependencias y entidades del Gobierno Federal, así como del sector productivo para que México tenga una mayor participación en la generación, adquisición y difusión del conocimiento a nivel internacional, también contribuye a que la sociedad aumente considerablemente su cultura científica y tecnológica, disfrutando de los beneficios derivados de esta.
Los investigadores formados en todos los programas del Conacyt aportan su conocimiento e investigaciones a nuestro país, su contribución es sin duda de un valor incalculable para toda la población.
Como lo he expuesto a lo largo de esta iniciativa, todos los beneficiados del programa de becas del Conacyt, se dedican de tiempo completo a esta actividad recibiendo únicamente la remuneración económica que la beca les provee, beca que antes tenía como unidad de medida el salario mínimo (SM), sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto que reforma y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, está unidad de medida al ser desindexada ya no es considerada para el cálculo de becas, tomando la nueva unidad de medida mejor conocida como UMA.
III. La UMA, de acuerdo con lo que establece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.
(Inegi)
IV. Considerando que el salario mínimo se incrementó a quedar para el año 2018 en $88,36 diario el valor de la unidad de medida de la UMA es menor.
Es decir, al desindexar el salario mínimo como unidad de medida se pudo incrementar sin que esto representara un problema para los otros trámites que dependían del salario mínimo. En el caso de las becas del Conacyt, al ser también desvinculadas de la unidad de medida del salario mínimo la desindexación no represento un incremento para los beneficiados de recibir las becas sino todo lo contrario, la UMA como nueva unidad de medida no podrá representar un incremento a largo plazo, pues la formula no va a cambiar ni incrementar como si lo hace el salario mínimo.
Este es el impacto real si comparamos el salario mínimo con la UMA:
La diferencia entre la UMA y el SM, se verá cada vez más afectada y la brecha será mayor.
V. Esta medida, lejos de favorecer a los beneficiados del programa de becas del Conacyt, va a perjudicar y va a mermar la percepción que reciben.
Estamos frente a una situación complicada en donde se debe tomar las decisiones y medidas adecuadas, siempre privilegiando el bien y el interés general del país. Si bien es cierto, desindexar el salario mínimo como unidad de medida es una decisión acertada considerando que se puede incrementar el salario de los trabajadores sin que esto tenga repercusiones en otros trámites, pero el desindexarlo como unidad de medida de las becas que otorga el Conacyt trae consecuencia para todos los beneficiados de los programas de becas, quienes como bien sabemos sólo tienen está percepción económico que les brinda el Conacyt para sus gastos personales y manutención a lo largo del periodo que dura el programa al cual están inscritos.
La naturaleza de las becas no es el de otorgar un salario a los becarios pero entendiendo las condiciones que se establecen para poder ser favorecidos con el programa de becas tienen que ajustar sus gastos a lo que les otorga el Conacyt.
VI. Esta reforma no la propongo a la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123 ni al artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 arriba referido, pues ya entro en vigor la disposición y las diferentes dependencias realizan sus trámites mediante la UMA.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología
Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Artículo 24. ...
I...
II...
III...
IV...
V...
VI. El salario mínimo será la unidad de medida que se tomará para calcular el monto de las becas que otorga el Conacyt.
Para explicar de manera detallada la iniciativa propuesta a esta soberanía, a continuación expongo el siguiente cuadro comparativo:
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes consultadas
Conacyt. (s.f.). Becas Nacionales. Recuperado el 11 de septiembre de 2018, de
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
Federación, D. O. (27 de enero de 2016). Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Recuperado el 7 de septiembre de 2018, de Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663 &fecha=27/01/2016
Inegi, I. N. (s.f.). Unidad de Medida y Actualización (UMA). Recuperado el 9 de septiembre de 2018, de
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/
Tecnología, C. N. (s.f.). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recuperado el 7 de septiembre de 2018, de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt
Tecnología, C. N. (s.f.). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recuperado el 2018 de septiembre de 2018, de
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/ 13536-aviso-sm-actualizacion-uma-becas-nac-2017/file
Tecnología, L. O. (s.f.). Ley Orgánica Del Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. Recuperado el 7 de septiembre de 2018, de Ley Orgánica Del Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/243.pdf
Notas
1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, recuperado de:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt revisión hecha el 7 de septiembre de 2018.
2. Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/243.pdf revisión hecha el 7 de septiembre de 2018.
3. Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 revisión hecha el 7 de septiembre de 2018.
4. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recuperado de:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/ 13536-aviso-sm-actualizacion-uma-becas-nac-2017/file revisión hecha el 8 de septiembre de 2018.
5. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Becas Nacionales recuperado de:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales revisión hecha el 11 de septiembre de 2018.
6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi Unidad de Medida y Actualización (UMA) recuperado de:
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/ revisión hecha el 9 de septiembre de 2018
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Raúl Gracia Guzmán, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL, EXPEDIR UN BILLETE DE LOTERÍA Y UNA MONEDA CONMEMORATIVA CON MOTIVO DE “LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ”
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a emitir una estampilla postal, y expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Villa Rica de la Veracruz fue el primer municipio constituido en América continental, fundado por el capitán español Hernán Cortés el 22 de abril de 1519.
Veracruz fue durante el periodo colonial español el puerto más importante del Atlántico y formaba parte estratégica del sistema de ciudades amuralladas que controlaban el tráfico de mercancías desde y hacia España, por este motivo, su importancia no fue solo mercantil, sino también militar.
Fue Carlos V en Valladolid, España, quien otorgó el escudo de armas y con esto la categoría de ciudad el 4 de julio de 1523, así inicio la epopeya de la conquista y la consolidación de la unidad territorial que daría forma al virreinato de la Nueva España y más tarde a la nación mexicana.
La importancia de este puerto es medular, pues por él llegaron los primeros frailes franciscanos que comenzarían la ardua tarea de evangelizar a este gran territorio, también por aquí llegaron todos los virreyes y personajes importantes de la época colonial, así como los libre pensadores y viajeros que traían las ideas liberales del siglo XVII; fue el puerto de entrada de cientos de miles de personas que venían tras el sueño americano de un mejor futuro.
Veracruz es la única ciudad que ha sido testigo de todos los aconteceres de la historia nacional: El inicio de la Conquista en 1519; la consumación de la Independencia con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825; la primera intervención francesa en 1833; la primera invasión americana de 1847; la expedición y promulgación de las Leyes de Reforma por don Benito Juárez; la segunda intervención francesa de 1862 y la segunda invasión estadounidense en 1914. Otro hecho de suma importancia fue la promulgación de la Ley Agraria el 6 de enero de 1915, por Venustiano Carranza.
Ha sido declarada dos veces capital de nación: la primera, con Benito Juárez, de 1857 a 1859; y la segunda, con Venustiano Carranza, de 1914 a 1915; algunas de estas situaciones la llevaron a ser merecedora del título de: “Cuatro Veces Heroica”, único municipio mexicano que ostenta tal reconocimiento por decreto presidencial.
Así, el próximo 22 de abril de 2019 se conmemorarán los 500 años de la fundación de esta extraordinaria ciudad y puerto, haciéndose aún más visible su ya conocida belleza y trascendencia histórica, social, política y comercial; es muy importante darnos cuenta que lo que la historia nos muestra no sólo se trata de celebrar la fundación de Veracruz, se trata pues de celebrar nuestros primeros 500 años del concepto de nación, entendida esta identidad a partir del momento en que se fusionaron las culturas indígena y europea; aprovechemos la ocasión para asombrar al mundo con nuestra raíz precolombina.
Desde esta perspectiva, este acontecimiento representa una gran oportunidad para construir un fenómeno social de rescate de nuestras raíces culturales, de fomentar entre nuestros connacionales el orgullo de pertenencia a nuestro País y de este modo, ensanchar nuestra identidad y afianzar nuestros lazos de unidad como mexicanos.
Con esta conmemoración, sin duda, tenemos ante nosotros la oportunidad de destacar la grandeza cultural de nuestro país, no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior, pues Veracruz y México no deben ser más un referente de violencia y corrupción, la nación mexicana es mucho más que eso, tiene historia, cultura, tradiciones y una gastronomía inigualable, así como gente fuerte y llena de esperanza que ha forjado a través de los años un gran país del cual estamos orgullosos. No debemos desaprovechar una sola de las oportunidades que las páginas de la historia nos brindan para hacer notoria esta gran herencia.
Por ello, es que a través del presente proyecto se propone la realización de diversas acciones para la conmemoración de este gran acontecimiento que, por su relevancia y contribución, sin duda las amerita, a saber:
-La emisión de una estampilla postal conmemorativa;
-La expedición por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de un billete de lotería;
-La emisión de una moneda conmemorativa;
-La celebración de una sesión solemne en el salón de plenos de este Palacio Legislativo, y
-La celebración de un homenaje en la explanada del Palacio Legislativo.
Las acciones apuntadas permiten resaltar acontecimientos de importancia nacional y en el caso concreto, se pretende reconocer uno de suma importancia, que es la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, un hecho que, a casi 500 años de distancia, no debe pasar desapercibido para el Estado mexicano, pues representa nuestros orígenes y el punto de partida de nuestra identidad nacional, representa nuestra historia y engendra una enorme riqueza que debe ser expuesta a México y al mundo. La mexicanidad inició en Veracruz y esto hay que celebrarlo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 22 de abril de 2019, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.
Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 años de la fundación de Veracruz.
Tercero. La Cámara de Diputados, mediante decreto que deberá emitir a más tardar el 22 de abril de 2019, autorizará la emisión de una moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz; así mismo, se celebrará una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo el 22 de abril de 2019, con motivo de este suceso histórico de importancia nacional.
Notas
1 Honorable ayuntamiento de Veracruz. Disponible en:
http://www.disfrutaveracruz.mx/
2 Homs, Ricardo, (11 de noviembre de 2017). Veracruz 500 años. El Universal. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/ricardo-homs/veracruz-500-anos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE ESCASEZ DE AGUA QUE SE ENFRENTA EN NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Nuevo León y el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a implantar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua en diversos municipios en la zona sur del estado, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado.
Exposición de Motivos
1. El 3 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del estado de Nuevo León. (Federación, 2018)
Esta Declaratoria se hizo para los municipios de Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama, China, Doctor Coss y General Bravo, por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018. Lo que permitió que Nuevo León accediera a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, de la Secretaría de Gobernación.
2. La Declaratoria en referencia visibilizó un problema recurrente que viven los habitantes de los municipios en la zona sur del estado, las sequías durante este año han sido frecuentes y los efectos que producen son variados, desde muerte de ganado, falta de agua para regar sus cosechas, hasta situaciones extremas, como no tener agua para realizar actividades cotidianas, como bañarse, lavar la ropa o los trastes.
Diversos medios de comunicación comenzaron a dar cuenta de la situación que viven los habitantes de estos ejidos y de los niveles de almacenamiento que prevalecen en las presas Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo:
En medio de la temporada de calor, el nivel de almacenamiento en las presas de Nuevo León sigue a la baja.
Las presas Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo tenían hasta ayer un acumulado de 896.7 millones de metros cúbicos de agua, sólo el 61.3 por ciento del total del llenado.
Estas cifras, disponibles en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), de la Conagua, son un 22.4 por ciento menores a las registradas hace un año, cuando entre los tres embalses había un acumulado de mil 156.5 millones de metros, un 79 por ciento de almacenamiento. (Ramos, 2018)
Ejidatarios de Doctor Arroyo y Aramberri sufren el mismo problema que enfrentaron los habitantes de Mier y Noriega, al no tener agua potable por fallas en el sistema de bombeo en pozos operados por AyD.
En la comunidad Los Cuartos, también en Doctor Arroyo, donde tienen tres meses sin agua potable, una pipa pasa cada semana a surtir.
Algo que no falta, reclama Hortencia González, es el recibo de AyD. (Aveldaño, 2018)
3. Los municipios más afectados por la escasez de agua son: Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y Aramberri, algunos pobladores han señalado que tienen prácticamente seis meses recibiendo agua por medio de pipas las cuales suelen ser insuficientes para satisfacer la demanda del recurso:
Humberto Morales Loera, comisario ejidal de la comunidad Carmen de la Laja, denunció que aunado a la falta del servicio, existe una desatención por parte de autoridades, ya que las pipas que les abastecen de agua pasan cada tres o cuatro días, generando tumultos entre la población que llenan todo lo que se encuentran con el agua proporcionada.
“Tenemos ya como seis meses sin el líquido, eso sí, cobran y cobran. Cada tres o cuatro días pasan a dejarnos agua, pero son muchos ejidos no nada más nosotros”, señaló el ejidatario. (Quezada, 2018)
Considerandos
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El derecho humano al agua se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., en donde se establece lo siguiente:
“ Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
A pesar de que este derecho se encuentra consagrado en la Carta Magna y que el Estado, la federación, los estados y los municipios deben velar por el cumplimiento de este derecho, no se ha logrado garantizar para todos los grupos humanos, muestra de ello es la situación que viven los ejidatarios de los municipios en el sur del estado de Nuevo León.
III. Las actividades económicas principales de los ejidatarios del sur del estado de Nuevo León son la agricultura y la ganadería, por ello requieren el uso de agua tanto para esta actividad como para el uso personal y doméstico. La situación que enfrentan es por lo general adversa desde hace seis meses, al considerarse una situación de riesgo y desastre por la presencia de onda cálida que genera una escasez de agua. Las soluciones que ha implementado el gobierno del estado son insuficientes y muestran la inoperancia y falta de interés por tratar de resolver o implementar mediadas de largo plazo para enfrentar el escenario al que se encuentran expuestos los ejidatarios.
El llevar agua por tandeo mediante pipas no es una solución eficaz para resolver la escasez, es urgente construir soluciones de largo plazo para enfrentar los problemas de escasez del recurso, si bien es cierto existen condiciones climáticas y geográficas que no se van a resolver de manera inmediata, pero se pueden construir soluciones que prevengan estos escenarios, considerando que año con año estas regiones del estado recienten la falta de agua.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de las instancias correspondientes y en coordinación con el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan los municipios de Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y Aramberri.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, a suspender los cobros que realiza el organismo en los municipios de Doctor Arroyo y Aramberri, asimismo en los municipios en donde no cumple con la distribución del recurso.
Fuentes de consulta
Aveldaño, E. (5 de agosto de 2018). El Norte “Aunque no hay agua, el recibo sí nos llega”. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx? id=1459944&v=4
Federación, D. O. (3 de agosto de 2018). Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del Estado de Nuevo León. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533846 &fecha=03/08/2018
Quezada, M. (9 de agosto de 2018). El Horizonte“Alarma falta de agua en la zona sur de Nuevo” León. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de
http://www.elhorizonte.mx/local/alarma-falta-de-agua-en-la-zona-sur-de- nuevo-leon/2263934
Ramos, M. (30 de julio de 2018). El Norte “Cae 22% en NL nivel de presas”. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1455230 &sc=319
Notas
1 Diario Oficial del Federación. Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del Estado de Nuevo León recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533846&fecha=03/08/2018 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.
2 Ramos, Mirna, El Norte “Cae 22% en NL nivel de presas”. Recuperado de:
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1455230 &sc=319 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.
3 Aveldaño, Emmanuel, El Norte, “Aunque no hay agua, el recibo sí nos llega”. Recuperado de
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1459944&v=4 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.
4 Quezada, Maleny, El Horizonte. “Alarma falta de agua en la zona sur de Nuevo León”. Recuperado de:
http://www.elhorizonte.mx/local/alarma-falta-de-agua-en-la-zona-sur-de- nuevo-leon/2263934 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Raúl Gracia Guzmán, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Carlos Alberto Valenzuela González, Antonia Natividad Díaz Jiménez (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
SE MANTENGA LA COMISIÓN ORDINARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL SENADO, DURANTE LAS LXIV Y LXV LEGISLATURAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a mantener la Comisión de Pesca y Acuacultura en la LXIV y LXV Legislaturas, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Ernesto Ruffo Appel, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 6 de septiembre de 2012 presenté junto con los entonces senadores Francisco Salvador López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela y Rosa Adriana Díaz Lizama, un punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se instituyera la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura.
En la justificación de la propuesta destaqué la importancia de la pesca y la acuacultura en nuestro país, ya que como actividades productivas son un motor socioeconómico para diversas regiones de nuestro territorio. También puntualicé que dichas regiones se han consolidado con estas actividades, produciendo alimento de alta calidad para la población y creando empleos directos e indirectos a través de la cadena productiva.
Posteriormente, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fecha de 27 de septiembre de 2012, se constituyó la Comisión Ordinaria de Pesca, separándola de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin duda esta acción y decisión marcó un importante precedente en el Congreso debido a que se instauraba una comisión ordinaria para atender de manera exclusiva y especializada los asuntos legislativos en materia de pesca y acuacultura como actividades primarias.
Es preciso indicar que México es el tercer lugar en el continente americano con mayor extensión de litoral, con 11 mil 122 kilómetros, sólo después de Canadá y Estados Unidos de América, lo que significa un gran potencial para el desarrollo de la pesca. Además, ocupa el cuarto lugar en volumen de captura, después de Perú, Estados Unidos de América y Chile.
Sin embargo, el sector pesquero y acuícola no se encuentra suficientemente desarrollado. No existen políticas públicas eficientes que impulsen el desarrollo de estas actividades. No obstante, el sector pesquero ha sido el único que ha crecido en nuestro país de manera significativa. Actualmente, México ocupa el lugar 17 a nivel mundial como productor pesquero y acuícola en el mundo.
La situación de la pesca en México es compleja, debido, entre otros aspectos importantes, a su ubicación geográfica privilegiada y su gran extensión de litoral en la que existen recursos de alto valor comercial y especies que abastecen de alimento nutritivo a las poblaciones locales por carecer éstas de otras actividades productivas.
Adicionalmente, el gobierno federal no ha atendido la falta de inspección y vigilancia que impera en nuestro país, lo que resulta en sobrexplotación y captura ilegal de especies por parte de los pescadores furtivos. La política del gobierno actual ha sido principalmente conservacionista, implementando áreas restringidas de pesca, ampliación de las áreas naturales protegidas y otros mecanismos jurídicos que no permiten a los miles de pescadores legales salir a pescar. Sin embargo, la falta de presencia por parte de las autoridades no ha frenado la pesca furtiva. Es decir, los pescadores ilegales siguen pescando en impunidad, mientras que los pescadores legales son cada vez más afectados alejándolos de nuestros mares productivos, lo que propicia grandes conflictos en las zonas costeras tradicionales de pesca con el origen y aumento de graves problemas sociales por la falta de empleo.
Prueba de la política conservacionista sin resultados es que desde que inició la actual administración se ha reducido en 52 por ciento el presupuesto para subsidio, monitoreo, vigilancia y protección de las 181 Áreas Naturales Protegidas. Dichas áreas fueron establecidas y decretadas sin sustentos técnicos y científicos, pero lo más agraviante fue que no se tomó en cuenta a los miles de pescadores que se han visto seriamente afectados al limitar sus zonas de trabajo y sustento.
Es fundamental dejar en claro que la pesca no es adversa al conservacionismo, actualmente el 25 por ciento de la producción pesquera en nuestro país se encuentra certificada, es decir más del doble del promedio a nivel mundial. No obstante, la visión ambientalista de carácter conservacionista sigue señalando a la pesca como un sector extractivo depredador y busca llevarla a los mínimos posibles lo que pone en riesgo a un sector en el cual participan alrededor de 2 millones de personas que contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro país.
Adicionalmente, las principales pesquerías que sostienen la producción pesquera nacional se encuentran reguladas para su aprovechamiento, existen normas específicas que establecen disposiciones que son fundamentales para su captura responsable con la aplicación de los criterios internacionales de sustentabilidad y en apego a las medidas internacionales para su cuidado y protección.
Basta precisar que nuestro país fue el primer impulsor del Código de Conducta para la Pesca Responsable signado por cientos de países con vocación pesquera y acuícola, que tiene como propósito el de establecer principios y normas internacionales para la aplicación de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto al ecosistema y de la biodiversidad.
Es por ello que desde la creación de la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura en el Senado, el objetivo fue promover la pesca sustentable, es decir, que la pesca se lleve a cabo legalmente, de manera ordenada y permitiendo que las especies se puedan seguir reproduciendo para garantizar la pesca a las generaciones futuras. Los principales temas que se discutieron durante la LXII y LXIII legislaturas fueron, la pesca certificada, cuotas de captura, mayor ordenamiento pesquero, aspectos sociales del cooperativismo, inclusión de las mujeres en la pesca, transparencia en la administración pesquera, fortalecimiento del marco jurídico y sobre todo la sustentabilidad y pesca responsable, entre otros.
Desaparecer la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura del Senado de la República sería un riesgo para el sector pesquero y acuícola. En México no existe una entidad federativa donde no exista acuacultura o pesca. Estados como Hidalgo, Veracruz, Sonora y Tabasco cuentan con una actividad acuícola importante y las entidades del noroeste del país son las de mayor producción pesquera.
La Comisión de Pesca en el Senado de la República impulsó temas en la agenda nacional pesquera, fungió como contrapeso al Poder Ejecutivo, promovió la ciencia y tecnología y atendió tanto a la industria pesquera, como a organizaciones sociales y civiles. Asimismo, participó en foros internacionales, destacando el Foro de Parlamentarios en Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe, en el cual se llegaron a diversos acuerdos, como el de la alimentación infantil con base a pescados y mariscos, cooperación para una mayor inspección y vigilancia, y medidas para el aprovechamiento sustentable.
Adicionalmente, la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado realizó foros de carácter internacional con actores como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable. Igualmente se mantuvo una cooperación constante con autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio) y diversas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por otro lado, la Cámara de Senadores ha expresado su interés por implementar medidas de austeridad, entre ellas, la desaparición de comisiones que fueron creadas por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y mantener solo aquellas que se encuentren en la ley. En caso de desaparecer la Comisión de Pesca y Acuacultura e integrarla a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se perdería la atención específica a un sector predominantemente social del cual dependen muchas familias, así como el papel de la industria pesquera y acuícola a niveles nacional e internacional. Atender la agenda legislativa con una visión ambientalista, sólo atendería con mayor énfasis los aspectos ambientales, dejando a un lado al sector primario que cubre muchos más elementos que su relación con los ecosistemas acuáticos.
En la Cámara de Diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cada legislatura se instala la Comisión de Pesca, lo que demuestra la importancia de contar con una comisión legislativa en temas pesqueros y acuícolas. En cambio, la Ley no contempla a la Comisión de Pesca en el Senado de la República lo que significa la falta una comisión especializada en esta cámara.
En caso de contar con una Comisión de Pesca en la Cámara de Senadores se puede garantizar un contrapeso en aquellos temas que no son en beneficio del desarrollo del sector y como una colegisladora en aquellos que promueven su crecimiento bajo una visión de sustentabilidad, protegiendo a las especies a futuro, conservando los ecosistemas y garantizado alimento a las generaciones futuras.
Finalmente, se tendría un grave retroceso al no continuar con una comisión especializada para la legislación de esta actividad productiva catalogada de seguridad nacional por su importancia a la seguridad alimentaria y la soberanía nacional de nuestros litorales y aguas continentales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que, en el uso de sus facultades, mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2011 y 2012.
2 Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca)
3 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.
4 Barco Abierto
5 Inegi
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado Ernesto Ruffo Appel (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
EVITAR QUE SE DECRETE EL PROYECTO POR EL QUE SE CREA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON EL CARÁCTER DE RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MAR DE CORTÉS Y PACÍFICO SUDCALIFORNIANO
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Conanp a evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Ernesto Ruffo Appel, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que no se apruebe el proyecto de reserva de la biosfera del mar de Cortés y Pacífico sudcaliforniano, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El mar de Cortés es una de las regiones de mayor biodiversidad de especies de flora y fauna en nuestro país, alberga una gran cantidad de especies marinas, de las cuales varias de estas son endémicas. Pero también tradicionalmente es una de las zonas de mayor importancia en la captura de especies comerciales de alto valor nutricional que ha permitido el desarrollo y crecimiento de las comunidades locales.
Recientemente, se ha presentado una iniciativa promovida por la Coalición en Defensa de los Mares de México, Codemar, y Beta Diversidad para que se declare como área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, a la región que comprende las aguas de jurisdicción federal, frente a las costas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Cabe mencionar que, de aprobarse el proyecto, éste afectaría a miles de personas y sus familias que dependen directa e indirectamente de la pesca. Esta región es considerada la más importante a nivel nacional en cuanto a la producción de pescados y mariscos y también en cuanto a calidad de sus productos.
México ocupa el lugar número 17 como productor pesquero y acuícola en el mundo y a nivel nacional el que tiene mayor crecimiento como sector primario. El 25 por ciento de la producción pesquera en nuestro país se encuentra certificada, lo que significa más del doble del promedio mundial.
Desde que se inició la actual administración se ha reducido en 52 por ciento el presupuesto para subsidio, monitoreo, vigilancia y protección de las 181 áreas naturales protegidas. Sin embargo, el gobierno federal y asociaciones conservacionistas siguen culpando a la pesca de la sobreexplotación de algunas especies marinas y la disminución de ejemplares de especies en peligros de extinción.
Lo que no ha logrado hacer el gobierno federal es diferenciar a la pesca regulada y ordenada de la pesca ilegal, no registrada y no documentada. La pesca furtiva juega un papel determinante en la problemática y el Estado no ha encontrado la manera de evitarla. Para el gobierno le ha resultado más fácil cerrar los mares a la pesca, afectando la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas que dependen de ella.
Las principales pesquerías que sostienen la producción de esta importante región pesquera se encuentran reguladas desde hace mucho tiempo con normas específicas que establecen las disposiciones que deben de cumplirse para su captura responsable con el propósito de mantener las poblaciones objeto de captura y lograr su aprovechamiento sustentable.
El Estado mexicano ha justificado la proliferación de áreas naturales protegidas por haberse suscrito en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) realizada en la cumbre Nagoya, en donde se crearon las Metas de Aichi.
Estas metas tienen como uno de sus objetivos estratégicos mejorar la situación de la diversidad biológica a través de la salvaguarda de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Para ello la Meta 11 establece que los Estados parte, para el año 2020 deben proteger por medio de sistemas de áreas protegidas al menos el 10 por ciento de las zonas de marinas.
Actualmente, México cuenta con el 22.05 por ciento del territorio marino protegido superando por más del doble la Meta de Aichi. El 99 por ciento de las áreas marinas protegidas, han sido decretadas por la actual administración en la que destaca el Parque Nacional Revillagigedo, la cual es el área natural protegida más grande de Norteamérica.
Por otro lado, no se ha dado a conocer el estudio previo justificativo de la reserva de la biosfera mar de Cortés y Pacifico sudcaliforniano, ni se han escuchado las voces de quienes participan en el sector pesquero y acuícola en la región que se pretende afectar.
El Estado mexicano tiene la obligación con los mexicanos y la comunidad internacional de proteger el ambiente y sus recursos naturales pero es un contrasentido decretar áreas naturales protegidas, despojando a los pescadores de los mares donde realizan sus actividades de manera ordenada y licita, mientras disminuyen la vigilancia y monitoreo permitiendo la explotación de recursos naturales de manera ilegal.
Es importante mencionar que ha existido la falta de coordinación interinstitucional y de comunicación entre las dependencias federales para establecer este tipo de zonas de conservación las cuales deben estar sustentadas con las mejores evidencias científicas y técnicas. Esta falta de coordinación ha propiciado el establecimiento de políticas públicas erróneas que han causado efectos negativos en la actividad pesquera y acuícola con afectaciones directas a uno de los sectores más productivos en la generación de alimento para el país.
Finalmente, el sector pesquero y acuícola ha expresado rotundamente que éste no ha sido considerado en la partición de los estudios y trabajos que brinden sustento a esta iniciativa, más aún, no ha sido escuchadas las propuestas que han presentado orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de la región, siendo estos los que serán los más afectados de concretarse esta mal planteada iniciativa.
Para que México continúe siendo uno de los mayores productores pesqueros y acuícolas es necesario el establecimiento y la aplicación de políticas públicas eficaces en las que sean considerados todo aquellos quienes forman parte de las actividades productivas como es la pesca y la acuacultura.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera del mar de Cortés y Pacífico sudcaliforniano.
Notas
1 Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca)
2 Fundar, Centro de Análisis e Investigaciones, AC.
3 Canainpesca.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado Ernesto Ruffo Appel (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
SE INFORME SOBRE EL USO DE RECURSOS DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y AYUDA A DAMNIFICADOS DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el gobernador de Oaxaca a informar a la opinión pública sobre el uso de los fondos, las donaciones y los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Tonalá Chiapas, el cual ocasionó grandes afectaciones en diferentes estados, pero sobre todo en Oaxaca, los reportes señalaban poco más 110 mil inmuebles resultaron con daños.
El 19 de septiembre del mismo año, se registró otro sismo de magnitud 7.1 con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos, ocasionando más daños al estado de Oaxaca.
Con fecha 14 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la declaratoria de desastre natural para 283 municipios de Oaxaca.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es el instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, tiene como finalidad atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Para ello, en una primera etapa los recursos del Fonden sirven para responder a necesidades básicas de damnificados, como comida, vestido, calzado, cobijas, artículos para limpieza personal. Tomando en cuenta que este gasto se aminora gracias a las aportaciones y donaciones de los ciudadanos y otros órganos como el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Durante la segunda etapa, los recursos del Fonden se usan para la recuperación de infraestructura. En ese sentido, la entrega de apoyos depende del grado de afectación de viviendas y de la población, el cual se determina a través del censo de daños elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que puede traducirse en recursos materiales para que la reconstrucción corra a cuenta del beneficiario o recursos para su total construcción si se trata de una damnificación completa.
Cabe destacar que la evaluación para liberar estos recursos es realizada por un comité técnico conformado por la (SHCP, la Secretaría de Gobernación y la Sedatu) y posteriormente son liberados una vez emitida la declaratoria de desastre, que, para el caso de Oaxaca, fue publicada conforme a la norma.
Derivado de lo anterior, el gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fonden, los cuales entregaría Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos. En el que, de acuerdo con este programa, a todos los damnificados se les entregaría una tarjeta de débito para disponer de efectivo, y sólo a quienes presentaron “pérdida total” les corresponderían dos plásticos: uno de débito y el monedero electrónico.
Asimismo, se recibieron diversas aportaciones por parte de la comunidad internacional para contribuir con la reconstrucción, tal es el caso de: Facebook (1 millón dólares); Google (1 millón de dólares); Apple (1 millón de dólares); Uber (5 millones de pesos) o Samsung (20 millones de pesos), etcétera. Hasta recursos como los de diversos jefes de Estado, como los del papa Francisco o los mismos que la Cámara de Diputados LXIII (60 millones de pesos) y diversos legisladores aportaron.
En atención a lo señalado y con él a fan de trasparentar el uso de los recursos, en su momento se llevaron diversos pronunciamientos ante las Cámaras de Diputados y la de Senadores.
A pesar de lo anterior y cuando ha pasado un año del primer sismo y por cumplirse el primer año del segundo, la población damnificada, principalmente la de Oaxaca en la mayoría de los casos no ha recibido recursos financieros para la reconstrucción de sus casas, poniendo en riesgo su salud ante los cambios extremos de temperatura, su seguridad y el bienestar de miles de familias afectadas, además de dejarlos en estado de indefensión al haber perdido en muchos de los casos, todo su patrimonio, asimismo, y como es de su conocimiento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se dieron a conocer las irregularidades que se detectaron durante la investigación que realizó al programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, pues se tiene constancia de que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios, es decir, se emitieron 3 mil 79 plásticos de más, en los que la CNBV encontró la dispersión de recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos, es decir, poco más de 3.6 millones de dólares. Al mismo tiempo que se detectaron a cinco damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 14 tarjetas a las que se depositaron alrededor de 510 mil pesos. En virtud de lo anterior, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al tener acceso a la investigación de la CNBV se dio a la tarea de localizar a algunos de los damnificados cuyos nombres fueron reproducidos en diversos plásticos, de lo anterior se formó el expediente 122.111.12 (001597) / 2017 y cuyas observaciones están dirigidas al titular de Bansefi.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del estado de Oaxaca a informar a la opinión pública sobre los fondos, donaciones y destinos de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
SE PROHÍBA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, IMITACIÓN DE ARTESANÍAS MEXICANAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir por la SE la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente chinos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Sonia Rocha Acosta, diputada federal de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 76, 79 numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través del secretario de Economía, se prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, las cuales son puestas a la venta a precios bajos en cadenas de autoservicio y tiendas departamentales situación que afecta la economía de los grupos indígenas, artesanos y productores mexicanos, y en consecuencia en toda la economía nacional; lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
México es un país con una diversidad cultural bastante amplia, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios, donde su principal medio de subsistencia lo conforman los productos artesanales que producen plasmando la identidad de cada uno de estos pueblos, dichas piezas únicas e irrepetibles, representan a México internacionalmente y generan una identidad cultural.
Para muchos de los pueblos indígenas, la actividad artesanal representa una fuente de empleo y sustento económico de sus familias; por tal motivo, se debe dignificar y proteger el trabajo artesanal, pues este no solo constituye su medio de subsistencia sino se constituye en una expresión artística.
Sin embargo, dentro de un mundo globalizado y con la intención de generar ganancias comerciales, países como china han hecho una producción industrial de producción en serie de baja calidad y también a un bajo costo, que permite realizar imitaciones de piezas que se asemejan a las artesanales mexicanas, las cuales han se introducido a la venta a través de cadenas comerciales de autoservicio y departamentales, denigrando con ello el trabajo artesanal y manual de los mexicanos, incluso atentando directamente contra la identidad nacional, cultural, tradiciones y economía de nuestros pueblos indígenas.
Un caso en concreto y ejemplo de lo manifestado es la muñeca de trapo colorida de origen mazahua u otomí, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro; que fuera imitada por chinos y que comercializaban en tiendas de la cadena Liverpool, poniendo en un inminente riesgo la identidad y preservación de una de las artesanías más representativas del país, las cuales son confeccionadas por mujeres indígenas de esta zona de Querétaro, mismas que son muy apreciadas dentro de las comunidades indígenas y la cual es una artesanía de gran impacto nacional e internacional.
Con esta muñeca, las mujeres indígenas tratan de identificar sus raíces vistiendo a las muñecas con los atuendos y accesorios que ellas mismas utilizan y que reflejan su identidad indígena; de esta manera, se transmite a las niñas los valores, actividades y parte de su indumentaria tradicional que rige en su comunidad.
Por tal motivo, es importante que se protejan los trabajos y creaciones hechas por las manos de artesanos y productores de diversas regiones del país, como es el caso de cantereros, alfareros, ceramistas, productores de artículos de ixtle, licores, dulces y otras golosinas, producido no sólo en mi entidad de origen por mujeres otomíes que elaboran muñecas, sino a todos los artesanos que producen artículos y piezas únicas en madera, piedra, hueso, telares, trajes típicos, sombreros entré muchas otras creaciones que dan identidad cultural al país, estimulando su participación en el sector privado y con ello generar un impulso comercial de las mismas, posicionando así una identidad cultural y nacional del país en el extranjero.
El gobierno del estado de Querétaro recientemente ha tomado acciones para proteger y reconocer el trabajo de las artesanas queretanas que elaboran las muñecas mencionadas en la zona de Amealco de Bonfil, para tales efectos emitió un decreto reconociéndola como patrimonio cultural intangible del estado de Querétaro.
Siguiendo ese ejemplo, se debe avanzar en la protección de los productos artesanales elaborados por manos mexicanas en todos los rubros, protegiendo sus ingresos derivados de la comercialización de esos productos y que gocen de una verdadera protección a cargo del Estado mexicano.
Pues el hecho de que incluso en china sea hecho e impreso uno de los símbolos patrios, como lo es el lábaro patrio o la creación de piezas de bulto de la Virgen de Guadalupe o piezas prehispánicas como las pirámides del Sol y la Luna, o la Serpiente Emplumada, y sean comercializadas en tiendas departamentales y de autoservicio, atentan contra la identidad cultural del país y de todos los mexicanos afectando la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad económica.
Por tal motivo y en términos de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, se expida punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Único.Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que a través del secretario de Economía prohíba la comercialización de productos de origen extranjero, en particular productos provenientes de países asiáticos, principalmente de China, que constituyen verdaderas imitaciones de artesanías mexicanas, toda vez que atenta contra la identidad y economía de nuestros pueblos indígenas, menoscabando su identidad nacional.
En consecuencia se solicita que esos productos sean protegidos y se apoye a los artesanos y productores mexicanos en la comercialización de sus productos, prohibiendo a las grandes cadenas comerciales su venta y distribución, asimismo, se dé un impulso a sus producciones y creaciones para su comercialización en el extranjero, y sea otorgado el reconocimiento de creación cien por ciento mexicana.
El presente punto de acuerdo no atenta contra el comercio de las cadenas departamentales, pues éstas deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, contribuyendo así a la economía nacional.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2018.— Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
SE FOMENTE, PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA DE REUTILIZAR, ASÍ COMO LA SEPARACIÓN DE BASURA Y USO DE PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Semarnat y a la Profeco a fomentar y difundir en los medios de comunicación la cultura de la reutilización, la separación de basura y el uso de productos compatibles con el ambiente para estimular la producción y el consumo responsables, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María de los Ángeles Ayala Díaz, diputada federal del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, de conformidad con sus atribuciones fomenten, promuevan y difundan en los distintos medios de comunicación la cultura de reutilizar, así como la separación de basura y uso de productos amigables con el medio ambiente que incentive la producción y el consumo responsable.
Exposición de Motivos
Uno de los grandes problemas que enfrenta México es la generación de basura, el consumismo excesivo de diversos artículos empacados produce más de cien millones de toneladas diarias de desperdicios que se van a depósitos colapsados o a tiraderos clandestinos. Es importante destacar que una gran cantidad de estos residuos son plásticos (botellas, empaques y bolsas) que tardan hasta 400 años en degradarse.
Es importante señalar que la gran mayoría de la basura que se genera en el país se encuentra en tiraderos a cielo abierto, creando focos de insalubridad e higiene, propaga la fauna nociva, genera gases tóxicos y los fluidos penetran en el subsuelo contaminando las tierras y los mantos acuíferos.
El exceso de basura, la deficiente recolección y el problema de que algunos de los depósitos se encuentran a su máxima capacidad y otros están a punto de colapsar se ha generalizado en todo el país. Por ello, una gran cantidad de municipios se enfrentan a la necesidad de buscar nuevos destinos o tecnologías para el tratamiento de los desperdicios. En este contexto, los ciudadanos y los gobiernos estamos obligados a fomentar hábitos de consumo sustentables, la cultura de la reutilización y el retorno de los productos, la separación y el manejo de desperdicios a nivel nacional.
Según datos emanados en Sao Pablo por la Organización de las Naciones Unidas en 2017, en América Latina y el Caribe la generación de residuos sólidos alcanza 540 mil toneladas al día, siendo la proyección que alcance las 670 mil toneladas cada día para el 2050. Estas cifras son alarmantes, sin embargo, el déficit en la recolección y el buen manejo de ellos prevalece. Se estima que cerca de 170 millones de personas aún están expuestas a los impactos que causa de mal desempeño en el trato de desechos en el ambiente que afecta la salud humana en el suelo, el aire y el agua. Otro dato interesante es que en los años ochenta la generación de desechos sólidos era de 200 a 500 gramos diarios por habitante, de 1997 a 2004 la producción per cápita se incrementó un promedio de 4 kilogramos al año, alcanzando la cifra de 328 kilogramos por habitante.
El “Informe de la situación del medio ambiente en México” destaca cifras que definen perfectamente la problemática:
“En 2012 la producción mundial de residuos sólidos urbanos se calculó en alrededor de mil 300 millones de toneladas diarias, y se estima que podría crecer hasta los 2 mil 200 millones en el año 2025 (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). La generación global de RSU muestra una disparidad regional en cuanto a su volumen, determinada, en general, por el desarrollo económico y la proporción de la población urbana. En el año 2010, cerca del 44 por ciento de los RSU producidos en el planeta correspondieron a los países con las economías más desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; figura 7.1). En el caso de Latinoamérica y el Caribe, contribuyeron con el 12 por ciento del total, detrás de los países que integran las regiones del Pacífico y del este de Asia.
En México, según la cifra más reciente publicada en 2015, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones de t, lo que representó un aumento del 61.2 por ciento con respecto a 2003 (10.24 millones de t más generadas en ese período; figura 7.2). Si se expresa por habitante, alcanzó 1.2 kilogramos en promedio diariamente en el mismo año.
El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par del gasto del consumo final privado y el PIB nacional (figura 7.2). Puesto en términos sencillos, esta relación que se ha observado también en otras regiones del mundo y se traduce en que a mayores niveles de consumo se produce un mayor volumen de residuos. En el caso mexicano, entre 2003 y 2015, el producto interno bruto (PIB) y la generación de residuos crecieron prácticamente a la misma tasa (alrededor de 2.77 por ciento anual).
Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa: aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional también lo hicieron al volumen nacional de RSU (figura 7.3). No obstante, en algunos casos la contribución a la producción total nacional de RSU de algunas entidades se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del estado de México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que produce menos de lo esperado). Esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del estado de México debida a su importante actividad industrial y a su alta población; mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a su intensa actividad petrolera y a su baja población”.
En este tenor, encontramos algunos casos de éxito que pudieran adoptarse a las circunstancias nacionales, por ejemplo, en el caso de España existe un modelo de retorno en el cual el consumidor puede recuperar un porcentaje del costo de lo adquirido en algunos sitios, esas acciones podrían producir una recuperación importante de envases y a su vez disminuir la generación de basura, la recolección y la contaminación por desechos. Esta práctica podría ir más allá con diversos artículos como: ropa, enceres del hogar, electrónicos entre otros.
Sin duda alguna, el caso más representativo en el reciclaje de la basura es Suecia. Este país concentró sus esfuerzos en alternativas para reducir la cantidad de toxinas que se filtran al subsuelo y hoy en día observan la basura como un negocio sumamente rentable al grado de que el 99 por ciento de la basura se recicla y se convierte en energía. Algunas de las estrategias que ha adoptado este país son:
En Suecia todo el mundo ordena su basura. Los hogares separan sus periódicos, plásticos, metal, vidrio, pilas, bombillas y cartón. Para los artículos más grandes que son más difíciles de recoger como los muebles o los aparatos electrónicos, la gente suele ir a los centros de reciclaje especiales que hay fuera de las ciudades.
El 43 por ciento de los suecos devuelven los restos de sus medicamentos a los farmacéuticos. Otro ejemplo es que la empresa H&M lanzó una campaña global que permitía a los clientes intercambiar su ropa usada por descuentos en la tienda. El sueco promedio devuelve alrededor de 146 latas y botellas por depósito. Es cierto que estamos a años luz de alcanzar estas cifras, pero consideramos que es momento de comenzar a aplicar técnicas de concientización que permitan avanzar en el tema.
“Un estudio realizado por la Comisión Europea (European Commission en inglés) descubrió que el 40 por ciento de los habitantes de Suecia había comprado al menos un producto con etiqueta ecológica en el mes anterior.
Finalmente, como se ha podido observar, el problema está y es persistente, es por ello que el punto de acuerdo va en el sentido de concientizar a la sociedad de la importancia de difundir una cultura responsable de consumo, reutilización de artículos, separación de basura, producción de productos amigables con el ambiente, así como el reciclaje y tratamiento de residuos sólidos.
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de Economía para que, en la medida de sus atribuciones, realice acuerdos con el sector empresarial para la utilización de materiales biodegradables y amigables con el medio ambiente en lo relacionado con envases, empaques y embalajes.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en la medida de sus posibilidades, considere la posibilidad de lanzar una cruzada de concientización en aras de que la población en general, comprenda la importancia que representa la separación y la recolección de basura, desperdicios y desechos que debe de realizarse por el bien común.
Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Procuraduría Federal del Consumidor para que, en la medida de sus posibilidades, realice campañas en pro de una cultura de consumo de productos y servicios amigables con el medio ambiente y la salud pública.
Notas
1 http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/08_residuos/cap8.html
2 http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf
3 http://www.publico.es/sociedad/envases-retornables-vuelven-espana.html
4 http://www.upsocl.com/verde/suecia-se-queda-sin-basura-y-ahora-debe- importarla-de-otros-paises/
5 http://www.upsocl.com/verde/suecia-se-queda-sin-basura-y-ahora-debe- importarla-de-otros-paises/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de septiembre de 2018.— Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
NO SE AUTORICE LA PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO LOS CARDONES, EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE LA LAGUNA, BAJA CALIFORNIA SUR
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Rigoberto Mares Aguilar, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano desconcentrado de dicha dependencia federal, a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En Baja California Sur, la entidad más árida del país y en la cual se encuentra la mayor superficie de su territorio decretada como Área Natural Protegida (ANP), el gobierno federal tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales de la historia ambiental del país, la cual puede impactar profundamente los recursos naturales de la entidad.
Me refiero a la inminente decisión de fin de sexenio que habrá de tomar en las próximas semanas la Semarnat respecto del proyecto minero Los Cardones, de la empresa Desarrolladora Zapal, SA de CV, la cual pretende llevar a cabo una mina de tajo o a cielo abierto en la zona de amortiguamiento, subzona de aprovechamiento especial, del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, decretada por el entonces presidente de la República con esa categoría de protección el 6 de junio de 1994, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En dicha declaratoria se establece que la Sierra de la Laguna tiene una gran relevancia por sus ecosistemas únicos; la diversidad y abundancia de especies de flora y fauna silvestres que la habitan; la presencia de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción; la existencia de especies de flora y fauna con potencial socio-económico, y destaca su valor como sitio de recarga de los mantos acuíferos.
De la conservación de su vegetación y suelos de dicha ANP depende el pueblo sudcaliforniano, ya que representa la única alternativa para garantizar el suministro de agua de la zona más poblada de la entidad; la Sierra de la Laguna representa la fuente de agua que provee a los mantos freáticos de los municipios de La Paz y Los Cabos, donde habita actualmente más de 80 por ciento de la población estatal, toda vez que esta zona recibe los mayores niveles de precipitación pluvial en el estado (750 mm/año).
Esta reserva está catalogada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como Región Hidrológica Prioritaria, por su alta biodiversidad, el uso del agua que representa para los diferentes sectores y como Área de Importancia para la Conservación de las Aves, lo cual considera el propio decreto de creación de esa ANP.
El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2003, señala que la Reserva significa “ el mayor aporte para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de soporte vital para el equilibrio hídrico para la región sur del estado y que representa la única alternativa que garantiza el suministro de agua a la zona más productiva del estado.
La reserva contribuye en forma directa e indirecta en la recarga de los mantos acuíferos que abastecen aproximadamente a 67 por ciento de la población total del estado; de ella dependen las principales actividades económicas que se realizan en la región”.
Algunos de los impactos del proyecto minero Los Cardones son el desmonte de 316 hectáreas dentro del ANP y la pérdida de cobertura vegetal; el uso de explosivos para lograr acceder a la arsenopirita, de la cual se extrae el oro, el uso de cianuro, tirar o confinar residuos contaminantes peligrosos en el área natural, sin dejar de considerar que los huracanes que azotan periódicamente la zona pueden generar un desastre natural de consecuencias iguales o peores a las del río Bucanuchi en Sonora, además de su alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
Baste citar que Los Cardones requerirá almacenar para el minado cada 15 días un promedio de 120 toneladas de explosivos, cuando de acuerdo al programa de manejo el confinamiento de materiales y residuos contaminantes peligrosos es una actividad prohibida. Para la operación de la mina se deberán perforar en la zona dos tajos durante 10 años, para lo cual se usarían 29 mil 200 toneladas de explosivos.
Con el desmonte y uso de explosivos, entre otras actividades, se destruirán sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de especies silvestres. El proyecto minero plantea, además, el establecimiento de dos áreas de tajo, cuatro áreas para tepetateras, planta, áreas de quebrado, accesos, ductos, etcétera, que lo convierten en el más agresivo e impactante proyecto que se haya propuesto, contaminante y alterador del ciclo hidrológico de la región.
Los antecedentes del proyecto se remontan al año 1994, cuando la empresa minera Echo Bay, de origen norteamericano, obtuvo el permiso para exploración y explotación del proyecto minero Paredones Amarillos, permiso que nunca se materializó debido al bajo precio del oro en el mercado internacional que no garantizaba utilidades.
Posteriormente la concesión fue vendida a la empresa canadiense Vista Gold, la cual cambió el nombre del proyecto minero a Concordia, iniciando los trámites para obtener la autorización de exploración y explotación, misma que fue negada por la Semarnat al no acreditar la legal propiedad de los predios donde se pretendía llevar a cabo la explotación de los minerales.
Cabe mencionar que en 2008 la Conanp solicitó a la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que los terrenos nacionales Jesús María y El Encantado, en donde se pretendía llevar a cabo el proyecto minero, fueran incorporados a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, con fines de conservación. Desde entonces la Sedatu, no obstante que dictaminó que eran terrenos nacionales, no ha emitido el resolutivo mediante el cual asigne al ANP los terrenos mencionados, situación favorecedora de los intereses de la empresa.
Tiempo después Vista Gold vendió de nuevo la concesión minera al Grupo Zapal, SA de CV, cambiando una vez más el nombre del proyecto a Los Cardones.
Esta empresa inició de nuevo con los trámites para obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental para la explotación de los minerales. En tal virtud, el 16 de octubre de 2013, Desarrolladora Zapal, SA de CV ingresó a la Dirección General de Impacto Riesgo Ambiental de la Semarnat la solicitud de autorización, con su manifestación de impacto y riesgo ambiental, de este proyecto minero, en la cual presentó información sesgada, falsa e incompleta respecto a los impactos ambientales que se producirán, además de que el programa de restauración propuesto por la empresa omite las acciones de restauración adecuadas.
El 9 de enero de 2014, la Conanp, órgano encargado de la administración de las áreas naturales protegidas del país, en su opinión técnica emitida respecto al citado proyecto, expresó que éste contraviene el decreto de creación y el programa de manejo de dicha Reserva de la Biosfera, así como de la Constitución, tratados internacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, entre otras.
Sin embargo, el 31 de julio de 2014 la Dirección General de Impacto Riesgo Ambiental autorizó el proyecto Los Cardones, para extracción de oro en el ANP Sierra La Laguna, de forma condicionada a la obtención de algunos permisos y autorizaciones que debe tramitar y obtener la promovente Desarrolladora Zapal, SA de CV:
• Semarnat: la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, para uso industrial, ante la delegación federal de esta Secretaría en el Estado de Baja California Sur.
• Conanp: la autorización para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación mineras dentro de Áreas Naturales Protegidas, del proyecto minero denominado Los Cardones. De acuerdo con el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley Minera, tratándose de estas actividades deben contar con la autorización expedida por la Conanp, para verificar que sean compatibles con el decreto de creación del área natural protegida.
• El uso municipal de cambio de uso de suelo: este permiso fue otorgado en 2015 de manera ilegal, en reunión secreta y fuera de sus oficinas, por un grupo de regidores del anterior Ayuntamiento de La Paz, a cuatro días de concluir su encargo, cuya validez se dirime en tribunales federales.
Se sabe que la Conanp en Baja California Sur rechazó hace unos días la solicitud de autorización de Desarrolladora Zapal, SA de CV, aunque de acuerdo con la ley esta resolución puede ser revocada por su titular.
Un régimen que se ha atrevido a cometer tantos actos de corrupción y tantas irregularidades, no se tentará el corazón para otorgar estas autorizaciones, aunque vulneren la legislación en materia ambiental. Las postrimerías de un sexenio son propicios para la entrega de concesiones o para favorecer intereses de grupos poderosos.
Además de lo anterior, es importante remarcar que parte del proyecto minero se pretende realizar en los terrenos nacionales Jesús María y El Encantado, que son parte de las mil 332 hectáreas que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, se encuentran desde 2008 en proceso de regularización ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Sedatu, por lo que nunca han salido del dominio de la nación.
Es decir, los predios Jesús María y El Encantado, donde Desarrolladora Zapal pretende llevar a cabo el proyecto minero, son terrenos nacionales, aunque la empresa argumente que compró esos predios a particulares, no obstante, dicha empresa no ha podido acreditar la titularidad/propiedad de los terrenos en comento, por lo cual la Sedatu está obligada a concluir con el trámite, a fin de que se cumpla con el artículo 63 de la LGEEPA, de destinarse a los fines del decreto de la Reserva de la Biosfera.
Resulta paradójico que en septiembre de 2003, a través de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, México recibió el reconocimiento internacional del Programa Sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por considerar su estado de conservación, quedando inscrita a nivel internacional en la red Mundial de Reservas de la Biosfera.
Como sudcalifornianos tenemos que expresar nuestro completo rechazo a este proyecto, como lo estamos solicitando a todas las autoridades de los tres órdenes gobierno, y por eso le pedimos al gobierno federal que se nieguen las autorizaciones solicitadas que se encuentran en trámite ante la Semarnat.
La autoridad sólo puede otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en la reserva, cuando se apegue a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el decreto de creación del área natural, su programa de manejo y las disposiciones jurídicas respectivas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a negar toda autorización relativa al proyecto Los Cardones, cuya realización contravendría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, las leyes en materia ambiental, diversas normas oficiales mexicanas de protección de especies de flora y fauna silvestres, el propio decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y su programa de manejo, y los derechos humanos de los sudcalifornianos y de los mexicanos en general.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que concluya con el proceso de regularización de las mil 332 hectáreas de terrenos nacionales que se encuentran dentro de Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, y emita el resolutivo mediante el cual asigne a esta área natural protegida los terrenos en que se pretende realizar el proyecto minero Los Cardones, toda vez que deben ser destinados a los fines de conservación que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
IMPLEMENTAR EL MECANISMO CONOCIDO COMO BONO SOLAR
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE a realizar acciones para implantar el mecanismo conocido como bono solar, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1; 62, numeral 2; y 65, numeral 4; así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, con el objetivo de impulsar el uso de energías limpias y reducir gradualmente las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Antecedentes
Como parte de la reforma energética de 2013, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó para impulsar la apertura del mercado de generación de energía eléctrica, si bien el Estado conserva la exclusividad en la áreas de transmisión y distribución, con miras a reducir costos así como elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico.
Esta reforma constitucional ha sido objeto de reglamentación en leyes secundarias, en particular la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, publicadas el 11 de agosto de 2014 y 24 de diciembre de 2015, respectivamente. En ambas leyes se encuentra el sustento del desarrollo de las energías limpias en México, definidas éstas en un rango que abarca desde las energías renovables tradicionales (solar, geotermia, eólica, maremotriz, etcétera), hasta grandes hidroeléctricas y la energía nuclear. Al respecto, la Ley de Transición Energética establece diversas metas para una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica: 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024 (artículo tercero transitorio).
A la legislación interna se suman los instrumentos internacionales de los que México es parte, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Este último incorpora la meta de limitar el incremento promedio de la temperatura global por debajo de los 2°C y continuar con los esfuerzos para no superar los 1.5°C. Para lograr este objetivo cada país presentó un documento conocido como Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contiene sus metas internas en materia de mitigación de gases efecto invernadero (GEI), entre otras medidas.
La NDC de México establece la meta de reducir en 22 por ciento las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero considerando una línea base de emisiones al 2030, sin ninguna condición, y una reducción del 36 por ciento bajo la condición de que países desarrollados otorguen a México recursos financieros y transferencia de tecnologías limpias.
Para determinar la primera meta, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó trabajos de prospectivas de emisiones e identificó para cada sector el potencial de abatimiento así como medidas de mitigación costo-efectivas. Actualmente el INECC analiza las rutas tecnológicas para su instrumentación y se analizan medidas para aumentar la meta de mitigación a un 36 por ciento.
El NDC también incluye el compromiso de que, a partir del año 2026, las emisiones de GEI deban presentar una trayectoria descendente. La meta no condicionada del 22 por ciento se distribuyó entre los sectores que más GEI emiten, determinándose que el sector eléctrico disminuyera sus emisiones a 63 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2030. Por su parte, la meta condicionada de 36 por ciento supone una reducción de 91 millones de toneladas de dióxido de carbono para la misma fecha. De conformidad al Acuerdo de París, estas metas deben mejorar cada cinco años, lo que significa que en 2020 se deberán presentar cifras más ambiciosas.
En México, el gobierno federal ha impulsado el uso del gas natural para la generación de electricidad, lo cual es una limitante para el crecimiento de las energías renovables. Muestra de ello es que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2018-2032 contempla al gas natural, en su mayoría de origen estadounidense, de manera prominente en la matriz energética. Sin embargo, con el fin de asegurar que la política climática y la política energética del país sean congruentes, es aconsejable que el Prodesen incluya una mayor proporción de energía solar en vez de gas natural en dicha matriz.
El Bono Solar
El mecanismo conocido como Bono Solar, diseñado por Iniciativa Climática de México, AC, tiene por objeto instalar techos solares a bajo costo para la mayor parte de las viviendas del país mediante el esquema de generación distribuida. El mecanismo consiste en invertir el subsidio eléctrico actual, que suma más de 100 mil millones de pesos al año, en paneles solares para millones de casas. De este modo, los usuarios pagarían gradualmente una mensualidad menor al pago de su recibo actual de luz.
Estos beneficios no solamente se verán reflejados en los bolsillos de las familias, sino también en la economía de México, con la creación de nuevos empleos gracias a la adopción de prácticas sustentables en el sector energético. Tan sólo en Estados Unidos en 2017 el sector de energía solar generó 30 por ciento del total de empleos en el sector energético. A ello se suma que se reducirá la quema de combustibles fósiles y de hidrocarburos, mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero del país, en cumplimiento al Acuerdo de París.
Para la implementación del programa Bono Solar en las viviendas subsidiadas se considera que el techo solar a ser instalado deberá cubrir 1.1 veces el consumo histórico de la vivienda permitiendo generar un excedente. Para lograr una penetración del Bono Solar significativa se requiere de una inversión de gran magnitud, para lo cual se necesita la participación del Estado y de los usuarios residenciales, éstos últimos bajo el esquema de arrendamiento con la subsidiaria de CFE denominada “Suministrador de Servicios Básicos (CFE-SSB), para adquirir un sistema de generación distribuida fotovoltaica (GDFV). De este modo, los usuarios contribuyen, a través de un esquema de arrendamiento, con una parte del costo del techo solar.
El programa está diseñado para ajustarse a la capacidad de pago manifestada en el promedio del recibo de electricidad de cada usuario. Adicionalmente, el programa deberá desplegarse de forma paulatina, permitiendo que un alto porcentaje de los recursos aportados por el Estado provengan del subsidio evitado mediante un mecanismo revolvente. Asimismo, el programa requiere para su implementación de un fondo de arranque cuya determinación, origen y aprobación serán definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dependiendo del monto oficial de subsidio y del momento en que se implemente cada techo solar, el usuario individual pagará entre el 30 por ciento y el 40 por ciento del costo total de su techo solar, el resto lo cubre el Estado a través del Bono Solar. Uno de los supuestos fundamentales del programa Bono Solar, es que el pago mensual por parte del usuario por concepto de arrendamiento del techo solar a través de CFE-SSB, deberá ser entre 15 a 20 por ciento por debajo de su pago actual por concepto de electricidad. De esta forma, los usuarios que participan de manera individual en el programa pagarán una tarifa fija por concepto de arrendamiento de sus techos solares. Al final, el Estado paga sólo una parte del techo solar y no el costo total de éste.
En suma, para la operación del Bono Solar se requieren de tres mecanismos financieros:
-El fondo de arranque para financiar la aportación inicial de Bono Solar por parte del gobierno.
-La aportación del usuario a través de un esquema de arrendamiento con CFE-SSB.
-Crédito preferencial a CFE-SSB para cubrir la parte de la inversión inicial correspondiente al usuario y a ser recuperada (con un margen) a través de los flujos por concepto de pagos fijos de arrendamiento del usuario.
En lo que se refiere al fondo de arranque éste podría ser etiquetado por el Presupuesto de Egresos de la Federación o pudiera ser provisto a través de un crédito por la banca nacional o internacional a solicitud de la SHCP. De solicitar un crédito este se repagaría a través de los ahorros conseguidos por la paulatina eliminación del gasto en subsidio por el Estado.
A ello se suma que la Ley de Transición Energética contempla un Título Cuarto Del Financiamiento y la Inversión para la Transición Energética, el cual establece la manera en que se otorgarán recursos y fondos para el cumplimiento de la ley, así como el financiamiento a usuarios finales que mediante un convenio autoricen que un financiador (asesor, empresa comercial o entidad financiera) les proporcione el capital necesario (artículo 56) para sustituir equipos y aparatos energéticamente ineficientes, realizar mejoras en su edificación para lograr un consumo energético eficiente, e instalar equipos económicamente viables que permitan aprovechar en sus hogares fuentes de energía renovables (artículo 55).
Se establece que el capital que otorgó el financiador se pueda recuperar a través de la facturación del suministro eléctrico o distribuidor de gas natural del usuario final (artículo 56 fracción II). Esto implica que el usuario para ser considerado en el financiamiento debe tener contratado el servicio con algún suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural autorizado en los términos de la legislación aplicable (artículo 57) y que los financiamientos sean pagados a través de la factura que se dé al usuario por la prestación de dichos servicios (artículo 58).
El formato de los convenios referidos deberá ser aprobado por la Comisión Reguladora de Energía con cualquier financiador que lo solicite, donde debe determinarse el servicio de cobranza al usuario final y que en caso de mora el suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural no se responsabilizará de los montos por cobrar, aunque para efectos de suspensión del servicio, el pago de dichos créditos puede estar ligado al pago de suministro eléctrico o gas natural (artículo 59 y 61).
Cuando se trata de usuarios domésticos, los convenios tipo deberán ser autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) determinará aquellas tecnologías económicamente viables y energéticamente eficientes susceptibles de financiamiento (artículo 59).
Actualmente está vigente el Fideicomiso que opera el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el cual apoya proyectos de energías renovables y limpias para usuarios finales de energía eléctrica, según lo establecen sus reglas de operación.
Cabe destacar que la propuesta del Bono Solar ha recibido el apoyo de la Asociación Nacional de Energía Solar, Asociación Mexicana de Fabricantes de Equipos Fotovoltaicos y la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, con el objetivo de impulsar el uso de energías limpias y reducir gradualmente las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales.
Notas
1 La definición tan amplia de energías limpias permitió que, al momento de la publicación de la LTE, en diciembre de 2015, México ya tuviese cumplido casi el 20 por ciento de la cuota de energías limpias, en virtud de las grandes hidroeléctricas existentes y al funcionamiento de la planta nuclear de Laguna Verde. Para cumplir la meta, sólo falta un 15 por ciento de generación de energía limpia adicional, misma que puede cubrirse con energía solar y eólica resultantes de las subastas de largo plazo convocadas por la Comisión Federal de Energía (CFE). Véase Chacón Anaya, Daniel, “Principales obstáculos para el desarrollo de las energías renovables en México”, en Puentes, Vol. 19, No. 6, México, agosto de 2018, p. 2.
2 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mitigacion-al-cambio- climatico-91062, consultado el 31 de agosto de 2018.
3 Chacón Anaya, Daniel, obra citada, pp. 3-4.
4 La generación distribuida es la electricidad que pueden producir los ciudadanos, es decir, se trata de una forma de democratizar la energía y de trasladar los beneficios del avance tecnológico a los usuarios domésticos.
5 Iniciativa Climática de México, AC, Descripción conceptual del programa Bono Solar, México, 2018.
6 Idem.
7 https://www.gob.mx/sener/articulos/el-fondo-para-la-transicion-energetica- y-el-aprovechamiento-sustentable-de-la-energia-es-un-instrumento-de- politica-publica-de-la-secretaria
Dado en el salón de sesiones, a 18 de septiembre de 2018.— Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
RIESGOS POR EL POSIBLE DESBORDAMIENTO DE LA PRESA SAN ANTONIO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a realizar gestiones para atender y dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y a los habitantes de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, con riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, en Parras de la Fuente, tras las fuertes lluvias presentadas en la región, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de Coahuila de Zaragoza, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a que realice las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Derivado de la fuerte presencia de lluvia que se ha registrado en estos días sobre un amplio margen del territorio mexicano, en el estado de Coahuila de Zaragoza, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el día diez (10) del presente mes, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Acuña y Torreón derivado de la severa lluvia presentada en ambas localidades del estado el pasado día siete (7) de septiembre.
Ante este panorama, durante los primeros minutos del día once (11) de septiembre, pobladores de las comunidades Jalpa, Benecio López y Pilar de Richardson, en el municipio de General Cepeda, así como, Las Pequeñas de Santa María, Sacramento, Agualfa, Los Ángeles, La Granja y San Antonio, todas estas del municipio de Parras de la Fuente, se vieron en riesgo, derivado del latente desbordamiento de la presa de San Antonio ubicada en el último municipio en mención.
Frente a esta problemática de índole natural, y con un riesgo latente alrededor de 2 mil 500 coahuilenses de estos municipios solicitamos al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, que lleve a bien la gestión de incluir a estos municipios en la ya citada declaratoria de emergencia, esto con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias a través de las diversas acciones para apoyar ante estas inclemencias.
De esta manera hacemos un atento llamado a las autoridades competentes a mantener la atención necesaria sobre estos municipios ante el riesgo que impera por la región sureste del estado, en beneficio y por el interés propio de los pobladores de Parras de la Fuente y General Cepeda.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único:La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de Coahuila de Zaragoza, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a que realice las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DE LOS RÍOS SANTIAGO Y ZULA, EN JALISCO
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula, en Jalisco, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Absalón García Ochoa, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobernador de Jalisco y al responsable del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, a que se realicen trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en Jalisco, además de atender a la población afectada por los desbordamientos de dichos ríos.
Exposición de Motivos
Los ríos Zula y Santiago corren a través de los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, forman parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago que tiene una extensión de 132 mil 476 kilómetros cuadrados y cubre parte de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, y Nayarit. Por su extensión, población y actividad económica, es una de las más importantes de México.
Desde 2015 se presentan inundaciones y serias afectaciones a la población y al sector agrícola, por lo que cada año se pide sanear la cuenca del río Lerma-Santiago por la descarga de aguas residuales provenientes de retornos agrícolas, de procesos industriales y de asentamientos humanos, y cada año se echan la bolita las autoridades para no realizar de forma coordinada y con una solución de largo plazo los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento.
El problema de las inundaciones que ha causado daños a diversas colonias del municipio de Ocotlán tales como El Porvenir, Residencial La Primavera, El Duque, Rincón de la Arboleda, las delegaciones municipales como Santa Clara de Zula, San Martín de Zula, El Paso de la Comunidad y San Juan Chico, se originan también en gran medida por la acumulación de algas en los ríos y en su desemboque a los cuerpos de agua.
Según información de la Universidad de Guadalajara, desde 2017 se encontraron en el río Zula una gran cantidad de peces muertos y según las investigaciones, se debió a la falta de oxigenación del agua por presencia de lirio acuático. Según los especialistas “El lirio es una planta que crece a partir de la cantidad de contaminantes orgánicos. Si hay lirio es porque las aguas de este río están enriquecidas con nutrientes. Es una respuesta a un agua que está altamente contaminada con materia orgánica. El lirio acuático cumple la función de extraer nutrientes cuando crece. El problema más fuerte no es el lirio, sino el agua, ya que el mal olor y los mosquitos ocurren por ésta”.
A la presencia de algas que incrementan su cantidad y crecimiento por las descargas de productos químicos que funcionan como fertilizantes, se suma la presencia de substancias contaminantes que son descargadas en las afluentes de los ríos. Según datos del Estudio de la contaminación en la cuenca río Santiago y la salud pública en la región, realizado por Greenpeace en 2013, durante el periodo 2004-2009 en el tramo que va de Ocotlán a Matatlán, incluyendo el arroyo tributario del Ahogado, “se reportaron en la zona de estudio descargas al agua de níquel, cromo, plomo, arsénico, cadmio, mercurio y cianuro de forma sostenida, y de manera muy esporádica, tricloroetileno, dibutilftalato, formaldehído, cloruro de metileno, fenol, piridina y cloroformo”.
Debido a lo anterior, la presencia de desbordamiento de los ríos durante el temporal de lluvias es un problema latente que afecta directamente a las poblaciones aledañas. Según lo manifiestan algunos agricultores, la falta de mantenimiento de los cauces de los ríos y zonas de riego, les ocasionan pérdidas agrícolas de 60 por ciento del total de sus cosechas, inundaciones, daños a viviendas, en suma es un riesgo para la población.
La inundación de la semana pasada de los ríos Santiago y Zula, registró que al menos 850 hectáreas quedaron bajo el agua (500 hectáreas tierras ejidales y el resto de pequeños propietarios); 50 fincas con daños; 23 viviendas desalojadas por lo que 113 personas fueron reubicadas en un albergue temporal y en otros lugares seguros.
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, a llevar a cabo trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que en coordinación con los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, lleven a cabo una gestión integral de riesgos para prevenir y atender las causas y efectos de los peligros a los que se expone la población con el desbordamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco.
Notas
1 http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=21893
2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
SE REVISE LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ PARA EL CÁLCULO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICABLES AL SECTOR INDUSTRIAL EN GUANAJUATO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y a la CFE, revise la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.
El que suscribe, Lic. Jorge Arturo Espadas Galván, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accin Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento a cxonsideracion de esta H. Asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revisar la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el Estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. ANTECEDENTES.
1. El 3 de mayo de 2018, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo A/017/2018 por el cual modificó los diversos Acuerdos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de abril a diciembre de 2018; cuyo resolutivo Primero señala:
“Segundo. Se expide la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, la cual permanecerá vigente de abril a diciembre de 2018, misma que se adjunta al presente como Anexo B y se tienen aquí por reproducida como si a la letra se insertare, formando parte integrante del presente Acuerdo”.
2. En su resolutivo Décimo Cuarto dispuso que dicha regulación económica estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, se entendería prorrogada hasta que fueran expedidas las disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
3. El pasado 13 de septiembre de 2018, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, con dos votos en contra y cinco a favor, aprobó en sesión ordinaria la modificación de uno de los acuerdos relativo a las tarifas finales de suministro básico, comprendidas para el periodo septiembre a diciembre de 2018. De los siete comisionados de la CRE, sólo Montserrat Ramiro y Neus Peniche votaron en contra de modificar el anexo B del acuerdo A/017/2018. .
4. Diversos gremios empresariales y actores económicos tanto nacionales como del Estado de Guanajuato, han manifestado su rechazo a la modificación a las tarifas pues en su opinión, son injustificados y desproporcionados
Ejemplo de ellos es Roberto González Martínez, presidente con licencia de Canacintra en León, quien estimó que la industria con giro de plástico o automotriz ha sufrido entre agosto de 2017 a agosto de 2018, un incremento del 60 al 70%, y después del ajuste de octubre de este año, el incremento anual acumulado será del 75 al 85%.Además, señaló que las mesas de trabajo que se instalaron para revisar el tema con la CRE no han funcionado, ni se ha llegado a ningún acuerdo.
Asimismo, Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato (CICEG) manifestó que el gobierno quiso cambiar la fórmula para cobrar y sólo logró perjudicar al país.
Por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón indicó que analizará con más empresarios la situación, pues “esto ya superó cualquier expectativa y consideramos un abuso de la CFE ”
Finalmente, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León (CCEL) manifestó que de continuar así, muchas empresas se verán en problemas y que es inaceptable un incremento anual acumulado del 80% para el sector industrial; se corre el riesgo de que la rentabilidad de las empresas disminuya y eventualmente cierren; lo que pues de relieve a través del siguiente cuadro de análisis:
Por parte del Gobierno del Estado, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable comunicó que el área de infraestructura de la Dependencia que encabeza trabaja en un estudio para detectar qué provocó el alza en las tarifas. .
II. CONSIDERACIONES.
1. De conformidad con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los resultados finales de los “Censos Económicos 2014”, en conjunto, 10 entidades federativas aportaron el 69.1% de la producción bruta total del país; 43.5% se concentró en cuatro entidades: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato, con 21.1, 9.4, 8.0 y 5.0%, respectivamente.
Asimismo, del total del personal ocupado en el país, 48.9% se concentró en seis entidades federativas: Distrito Federal (16.7%), Estado de México (9.4%), Jalisco (7.2%), Nuevo León (6.5%), Guanajuato (4.9%)y Veracruz de Ignacio de la Llave (4.2%).
Lo anterior ubica al Estado de Guanajuato dentro de las cinco entidades federativas con mayor vocación industrial.
2. El Censo Económico 2014, permitió contabilizar en el estado de Guanajuato, un total de 222,969 unidades económicas que representan el 5.3%del número total existente en el país; y a través de ellas se emplea a un total de 1,067,292 personas, esto es, el 4.9%del total nacional. El mismo INEGI reporta que las unidades económicas alojadas en el Estado de Guanajuato tuvieron ingresos en 2014 por $41,328 millones de pesos.
3. En 15 de los 46 municipios que integran el Estado, se concentra el 79.71% del total de unidades económicas; el Municipio de León aloja el mayor número de unidades económicas del Estado (69,789), que representan el 31.3% del total; le siguen Irapuato con el 9.7%, Celaya con 9.5%; Salamanca con el 4.4.% y San Francisco del Rincón con el 3.2%.
En el rubro de personal ocupado (contratado), León tiene el 39.4% del total estatal (1,067,292 personas); y le sigue Celaya con el 11.5%
4. Lo anterior pone de relieve que Guanajuato ha sido, es y seguirá siendo factor clave en el desarrollo económico del país.Sus industrias rebocera, talabartera, curtidora y de calzado comenzaron a prosperar desde antes de la época independiente; en 1877 se creó la fábrica de hilados y tejidos La Americana, que fue la primera planta industrial en emplear la energía eléctrica en México.
Actualmente la producción de calzado ocupa el lugar preponderante, con sus industrias relacionadas: curtidora, cartonera, química, etc.; pero existen también fábricas de envases plásticos, cubiertos metálicos, carrocerías, aceites automotrices, productos de alambre de acero, proveeduría automotriz, etc.
5. Sin duda, el florecimiento y fortalecimiento de la industria en el país, depende en gran medida de las políticas públicas y de los apoyos que reciban los industriales para el desarrollo de sus actividades. En la medida en que las industrias del país puedan disminuir sus costos en función de variables y apoyos gubernamentales, podrán aprovechar sus economías para mejorar su infraestructura o las condiciones laborales de sus empleados, así como ser fuente generadora de más empleos. Basta señalar que conforme al Censo Económico del INEGI, de cada 100 pesos de ingresos que obtienen los establecimientos (unidades económicas), entre un 45 y 72% lo destinan a sufragar gastos de operación.
En industrias como la del Calzado que es primordial en el Estado de Guanajuato, el monto total estimado de gastos es de $27,510 millones de pesos, lo que consume gran parte de los ingresos que se perciben en esa rama y que se calcula en $41,328 millones de pesos.
6. Si bien las llamadas reformas estructurales, entre ellas, la energética, han tenido como propósito generar condiciones propicias para el establecimiento y crecimiento de las industrias en el país, a la fecha sus efectos benéficos son poco palpables. Contrario a ello, el INEGI reportó en 2017 que el desempeño de la industria en México se había visto gravemente afectado por una serie de factores internos y externos. Desde abril hasta noviembre de 2017, la actividad industrial registró cada mes caídas en términos anuales y fue hasta diciembre que registró un crecimiento de apenas 0.1% frente al mismo mes del año pasado y de 0.9% frente al mes previo, según cifras del INEGI.
7. En cuanto al suministro de energía eléctrica requerido por la industria, si bien se esperaba tener efectos positivos de la reforma energética a los dos años siguientes de su entrada en vigor; a la fecha siguen siendo patentes los incrementos continuos en las tarifas.
La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en agosto de 2016 un segundo incremento consecutivo en las tarifas industrialesy en las de alto consumo doméstico, justificando su decisión en la necesidad de compensar los incrementos que hubo en los costos de operación por los precios de los combustibles en el mes de julio. Las tarifas para el sector industrial reportaron en agosto de 2016 un aumento de entre 5.2 y 7.5%en comparación con agosto de 2015, y en ese mismo periodo el aumento en el sector comercial fue de entre 7.8 y 9 por ciento. .
8. A efecto de evitar este tipo de distorsiones, se cuenta con una robusta normativa en materia energética, particularmente en lo tocante a la energía eléctrica, el artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE)tiene entre otras atribuciones, la de emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento, de emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
9. Vinculado ello, el artículo 42 de la LORCME instituye como obligaciones de la CRE: a) fomentar el desarrollo eficiente de la industria, b) promover la competencia en el sector, c) proteger los intereses de los usuarios, d) propiciar una adecuada cobertura nacional y e) atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
10. El alcance de los dos preceptos anteriormente citados atiende a que, tal como lo reconocen los artículos 2 y 4 de la Ley de la Industria Eléctrica (la LIE), el Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional y constituye un servicio de interés públicocuya prestación se sujeta a los mandatos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
11. Por ello se confiere al Estado la facultad de establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctricaa través de la Secretaría de Energía y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, según se advierte del artículo 6 de la LIE.
12. En ese tenor, el artículo 12, fracción IV de la LIE faculta a la Comisión para expedir y aplicar la regulación tarifariaa que se sujetará la operación de los suministradores de servicios básicos, así como de las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la LIE.
13. El artículo 139 de la LIE señala que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas y de las tarifas finalesdel suministro básico; y el artículo 140, fracción I del mismo ordenamiento, establece que uno de los objetivos de las metodologías es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.
14. La idea de proteger a los usuarios y no incurrir en abusos se ratifica en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE); muestra de ello es el artículo 47, segundo párrafo que faculta a la CRE para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas reguladas bajo principios quepermitan el desarrollo eficiente de la operación y que protejan los intereses de los usuarios, sin reconocer las contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dichos principios.
15. Con ese propósito, la CRE goza de las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, pudiendo realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos, según prevé el artículo 47 del RLIE.
III. PROPOSICIÓN.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, proposición con el siguiente punto de Acuerdo:
ÚNICO.Se exhorta al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revise la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el Estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, considerando que la industria alojada en esa entidad federativa ha resentido negativamente los incrementos en las tarifas finales, mismas que en forma acumulada anualizada se estiman en un 80%; y considerando además que el Estado de Guanajuato es factor clave en el desarrollo económico del país, dado el número de industrias domiciliadas en su territorio; el número de personas que ocupa; y la contribución que realiza a la economía nacional.
Notas
1 Modifica CRE acuerdo de tarifas básicas, Karla Omaña en Sección Zócalo de Reforma, 14 de septiembre de 2018,
www.zocalo.com.mx/reforma/detail/modifica-cre-acuerdo-de- tarifas-basicas
2 Pide IP revisión de tarifas eléctricas, Verónica Gascón, 14 septiembre 2018, en Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx? id=1491375&v=5&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/ articulo/default.aspx?id=1491375&v=5
3 Indigna a empresarios abusos de la CFE. Itzel Rangel en AM edición León Guanajuato. 16 de septiembre de 2018.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Censos Económicos 2014, Resultados Definitivos, Julio 2015, consultables en www.inegi.org.mx
7 Son las entidades productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares, personas físicas. Véase
http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/Contenidos/ FAQ.aspx?c=76016#qs4
8 Tarifas eléctricas hilan dos meses con incrementos, Luis Carriles 01 de agosto de 2016, El Economista.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Jorge Arturo Espadas Galván, Éctor Jaime Ramírez Barba, Fernando Torres Graciano, Janet Melanie Murillo Chávez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Espinosa Rivas, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
SE MODIFIQUE LA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades a modificar la NOM-016-CRE-2016, “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, para que las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas según las zonas geográficas y la época del año, y las adicionales sean homogéneas en las zonas metropolitanas de Monterrey y del Valle de México, a cargo del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN
Hernán Salinas Wolberg, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, al Sistema de Reguladores del Sector Energético, a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, y demás autoridades federales competentes; a fin de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, para que la Especificación de Clase de Volatilidad de las Gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, y las especificaciones adicionales sean homogéneas en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) y la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) y se defina la ZMM en los términos del Consejo Nacional de Población.
Exposición de Motivos
1. El 9 de agosto de 2016, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos acordando su envío a la Comisión Reguladora de Energía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por lo que el 29 de agosto de 2016 se publica el acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos, bajo la lógica de limitar la emisión y uso de precursores de ozono, toda vez que hay un problema de contaminación en las zonas metropolitanas que la norma oficial mexicana identifica.
2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su análisis sobre la calidad del aire en distintas ciudades de la República, en la que Monterrey es la ciudad más contaminada con 86 PM10 (Partículas Menores a 10 Micrómetros) y 36 PM2.5 (Partículas Finas Menores a 2.5 Micrómetros).
3. Se calcula que la contaminación atmosférica cuesta al gobierno y a los particulares entre cuatro y ocho mil millones de dólares al año en Nuevo León, considerando los costos de salud, baja de productividad y ausentismo al año.
4. En la misma línea, se estima que del total de la contaminación generada de PM2.5 en Nuevo León entre 37.38 y 53 por ciento es a causa de emisiones vehiculares, por lo que la salud de los ciudadanos neoleoneses se encuentra directamente expuesta por las emisiones contaminantes de los vehículos.
5. El espíritu de la norma oficial en comento es establecer especificaciones de calidad de los petrolíferos, entre las que se incluye la “Especificación de Clase de Volatilidad de las Gasolinas de acuerdo con las Zonas Geográficas y a la Época del Año”, que en todo momento sostiene diferentes parámetros para las zonas metropolitanas del Valle de México y de Guadalajara; en relación con la de Monterrey.
Resulta inverosímil que a la ZMM se le asigne un valor idéntico en la especificación que la correspondiente a la Zona Norte, que incluye a Nuevo León; mientras que la Zona Metropolitana de Guadalajara se le da una especificación diferente que la asignada al resto del estado de Jalisco. Por lo que no se actualiza un criterio técnico para que exista esa distinción con la ZMM, lo que resulta en perjuicio de la salud de nuestros ciudadanos, como se muestra a continuación:
Tabla 3. Zonas geográficas de distribución de gasolina del país
Tabla 4. Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año
6. Adicionalmente, la norma oficial continúa generando diferencias injustificadas en las especificaciones adicionales, a saber:
7. Tabla 6. Especificaciones adicionales de gasolinas por región
Es clara la viabilidad para que exista homogeneidad en las especificaciones de las gasolinas, y que no hay justificación para que las mejoras en las especificaciones se demoren al año 2020.
8. Siguiendo esa misma lógica de reducción de emisiones contaminantes, la norma oficial prohíbe en las obligaciones adicionales estableciendo que “[s]e prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 5.8 por ciento en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas regular y premium, en el resto del territorio nacional [.]”; por lo que resulta evidente la intención de homologar las zonas metropolitanas en un régimen separado al del resto del país. Sin embargo, no mantiene esa equivalencia en las tres zonas metropolitanas en todos los rubros.
9. En la delimitación de zonas metropolitanas de México 2015 del Consejo Nacional de Población se publicó la delimitación de la Zona Metropolitana de Monterrey, a raíz de criterios técnicos que sustentan la integración exitosa de los municipios de Nuevo León, la cual es de mayor envergadura que la reconocida por la norma oficial, a saber:
13 y14
Considerandos
I. Como diputado federal de Nuevo León, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, salud, y un medio ambiente sano.
II. El derecho humano al medio ambiente sano se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, en donde se establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
A pesar de que este derecho se encuentre consagrado en la Carta Magna y que el Estado, entendido como la federación, los estados y los municipios deben velar por el cumplimiento de este derecho, no se ha logrado garantizar para todos los grupos poblacionales, muestra de ello es la situación que de contaminación alarmante que se vive en Nuevo León.
III. La actividad económica y el simple traslado de personas en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) están íntimamente ligados a la existencia del parque vehicular, y los efectos de estos. La ZMM se encuentra en el quinto lugar nacional del parque vehicular con 2,129,728; y en cuarto lugar nacional considerando automóviles exclusivamente con 1,593,335.
La existencia de un parque vehicular de esas proporciones requiere que se tomen las consideraciones adecuadas para proteger la salud de los ciudadanos, sin demora alguna.
IV. No existe ninguna razón técnico-jurídica, ambiental o científica que permita discriminar entre las tres principales zonas metropolitanas de México en cuanto a la necesidad de contar con combustible más limpio que genere un menor impacto al ambiente y a la salud de los ciudadanos, máxime que como ya se ha dicho en líneas superiores los niveles de contaminación en la ZMM alcanzan ya niveles alarmantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades competentes, a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos; para que las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas en función de la zona geográfica y la época del año, así como el valor máximo de componentes de gasolinas en la zona metropolitana de Monterrey, sea homologado con la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara. Igualmente se solicita se defina la zona metropolitana de Monterrey en los términos del Grupo Interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Considerando lo anterior, se insta a se modifiquen los puntos 3.36 y 4.2 en sus tablas 4 y 6 para quedar como sigue:
“ 3. Definiciones
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la norma, se entenderá por:
[...]
3. 36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM):El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Abasolo Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Hidalgo, Santa Catarina, y Santiago.”
[...]
“4. Especificaciones de calidad los petrolíferos.
4.1.Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la persona que comercialice o enajene los petrolíferos.
[...]
Tabla 4. Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año
[...]
Tabla 6. Especificaciones adicionales de gasolinas por región
Fuentes de consulta
- Anguiano, D. (2018, Febrero 02). Monterrey, la ciudad más contaminada. Extraído de http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-ciudad-mas-contaminada
- Blanco, S., & Mizohata, A. (2015). Proyecto de cooperación científica sobre mecanismos de formación de ozono, compuestos orgánicos volátiles y PM2.5 y escenarios de medidas de control. Estudio de Partículas Suspendidas PM2.5 en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León(México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático). Monterrey, Nuevo León: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
- Comisión Reguladora de Energía. (2016). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. (México, Comisión Reguladora de Energía). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación. DOF: 29/08/2016
- Consejo Nacional de Población. (2018, Enero 26). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Extraído de
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas- metropolitanas-de-mexico-2015. Incluye Capítulo VI. Anexo estadístico y cartográfico: 16.03 ZM de Zamora a 32.01 ZM de Zacatecas-Guadalupe
- Inegi. (2017). Vehículos de motor registrados en circulación del año 2017 (México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas y Registros Administrativos). Ciudad de México: Inegi.
- Martínez, A. I. (2016, August 24). Mexico to ban gasoline oxygenated with ethanol in three urban centers. Extraído de
https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-ethanol/mexico-to-ban- gasoline-oxygenated-with-ethanol-in-three-urban-centers-idUSKCN10Z2W5 REUTERS
- Martínez, A., & Valdez, A. (2016). Calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. Ciencia UANL,77. Extraído de
http://cienciauanl.uanl.mx/?p=5391
- Martínez-Cinco, M., Santos-Guzmán, J., & Mejía-Velázquez, G. (2016). Source apportionment of PM2.5 for supporting control strategies in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico. Journal of the Air & Waste Management Association,66(6), 631-642. doi:10.1080/109622 47.2016.1159259
Notas
1 (Comisión Reguladora de Energía, 2016)
2 Ibíd.
3 (Martínez, 2016)
4 (Anguiano, 2018)
5 (Martínez & Valdez, 2016)
6 (Martínez-Cinco, Santos-Guzmán, & Mejía-Velázquez, 2016)
7 (Martínez & Valdez, 2016)
8 Ídem
9 NOM-016-CRE-2016
10 Ídem
11 Ídem
12 Además de Conapo, en la delimitación de zonas metropolitanas, participan: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) formando un Grupo Interinstitucional.
13 Ídem
14 (Consejo Nacional de Población, 2018)
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
16 (Inegi, 2017)
17 Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputado y diputadas: Hernán Salinas Wolberg, Isabel Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, José Martín López Cisneros, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ricardo Flores Suárez, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
INCLUIR AL MIELOMA MÚLTIPLE DENTRO DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a realizar gestiones para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General (CSG) a realizar por la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos gestiones para incluir el mieloma múltiple (MM) en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el MM como una neoplasia multifocal que afecta la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas.
A escala mundial, la edad promedio de diagnóstico es a los 70 años. Sin embargo, en nuestro país el MM se presenta en promedio a los 58 años, asimismo, 30 por ciento de los pacientes son menores de 55 años. Es decir, una década antes que el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las familias y del país.
El MM es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del linfoma no Hodgkin y representa alrededor de 1 por ciento de todos los casos de cáncer y casi 2 por ciento de las muertes oncológicas en el mundo, es considerada una enfermedad de baja incidencia.
Como factores de riesgo se destaca que, la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Una persona es 4 veces más propensa a desarrollar la enfermedad si existe el precedente familiar. La obesidad representa un incremento en la posibilidad de desarrollar el padecimiento. El MM es más común en gente de raza negra, y las personas que han tenido plasmocitoma solitario eventualmente desarrollarán MM; asimismo, la exposición a elementos radiactivos genera mayor riesgo.
Hay múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad considerada incapacitante y que repercuten de forma importante en la calidad de vida del paciente. Por muchos años los recursos terapéuticos disponibles habían sido muy limitados y hasta el momento, el padecimiento es incurable. Sin embargo, el MM se ha convertido en una enfermedad crónica, debido a los avances en su tratamiento, lo cual ha aumentado la supervivencia de los pacientes con MM en forma significativa.
Actualmente, las aseguradoras privadas son quienes otorgan una cobertura para casi todo tipo de padecimientos que ocasionan gastos catastróficos y, en los cuales, no se restringe el reembolso o pago directo de fármacos aprobados por la legislación vigente.
Sin embargo, es una minoría de la población la que tiene acceso a este tipo de servicios de salud. La gran mayoría de los mexicanos se atienden en instituciones del Sector Salud, poco más de 57 millones de personas de las cuales alrededor de 54 millones cuentan con afiliación al Seguro Popular, por lo cual, es una necesidad primordial que más padecimientos estén cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, como es el caso del MM.
La OMS y la Secretaría de Salud indican que un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define como todo aquel que está destinando más de 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la salud de sus miembros.
En el gasto en salud se incluyen el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social y el gasto gubernamental en salud transferido a los hogares. La capacidad de pago se define como el excedente de recursos efectivos del hogar, el cual se mide descontando del gasto total de los hogares, el gasto de subsistencia, medido a través del gasto en alimentación o una línea de pobreza y el gasto en salud financiado por impuestos.
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) señala que una enfermedad considerada gasto catastrófico es la que por su alto costo y los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos (debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren), son costos muy altos, y son definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General.
El tratamiento de las enfermedades consideradas como gastos catastróficos se realiza en unidades hospitalarias denominadas de “alta especialidad”, las cuales cuentan con el personal e infraestructura adecuados para brindar la atención.
En México, el Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos señala en el artículo 18, del capítulo VII, el procedimiento para la definición de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, mismo que indica:
Las solicitudes de definición de enfermedades que deban considerarse dentro de las que ocasionan gastos catastróficos, deben ser elaboradas con base en los Lineamientos para la Priorización de Enfermedades e Intervenciones que Ocasionan Gastos Catastróficos que emita la comisión, los cuales serán difundidos en la página de internet del consejo.
Las solicitudes mencionadas en el párrafo anterior, deben presentarse ante el presidente o el secretario técnico de la comisión, acompañadas de la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los artículos 77 Bis 29 de la Ley y 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, así como del estudio de impacto económico para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Hoy, el MM se encuentra sin cobertura específica dentro del Sistema de Protección Social en Salud por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y, a su vez, no se encuentra incluido en la lista de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos.
El pasado 5 de septiembre, en el marco del Día Mundial de Mieloma Múltiple, el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología, señaló que éste y distintas organizaciones de la sociedad civil buscan que esta enfermedad sea incluida en la lista de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos: “Queremos que haya una protección para aquel paciente que vive con mieloma múltiple. Tenemos que sensibilizar a la sociedad; hemos visto respuestas muy exitosas cuando se dan los esquemas de tratamientos adecuados, por eso vale la pena esforzarnos y luchar porque los recursos se canalicen justamente donde hay mayor éxito; tratar mieloma con medicamentos nuevos eleva la supervivencia de los enfermos”.
Por todo lo expuesto y a fin de lograr que la atención de esta patología esté al alcance de la población bajo la cobertura del Seguro Popular, el Incan presentó en marzo pasado la solicitud de definición del MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos (subsanando observaciones hechas por el CSG en mayo último). Dicha solicitud cumple cada uno de los criterios solicitados por la instancia:
1. Solicitud definición de enfermedad que ocasiona gastos catastróficos.
2. Documentación que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los artículos 77 Bis de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.
3. Cédula del protocolo técnico de la enfermedad por definir como gastos catastróficos en formato Microsoft-Visio 2016.
El costo de la atención de estos pacientes por cada línea terapéutica supera 30 por ciento del ingreso familiar de los derechohabientes de Seguro Popular, y acorde con la OMS, cumple el criterio de definición de Gasto Catastrófico. El definir el MM como gasto catastrófico y tener cobertura por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tendría un efecto mínimo en el presupuesto del Seguro Popular, es una alternativa asequible.
Los tratamientos existentes han cambiado la evolución de la enfermedad brindando mejoría en calidad de vida y extensión de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El abordaje terapéutico oportuno en estos pacientes en todas las líneas terapéuticas brindará un cambio radical en la evolución del paciente tomando en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad, calidad de vida, entre otros.
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” como señala la OMS, así como “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita”.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De tal manera, es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias que permitan cumplirlo.
Finalmente, y una vez que se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, es necesario valorar la definición de MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, en virtud de que el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos se encuentra supeditado a la normatividad aplicable.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a realizar por la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos las gestiones pertinentes para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Notas
1 Kumar SK, Dispenzieri A, Lacy MQ, y otros. “Continued improvement in survival in multiple myeloma: changes in early mortality and outcomes in older patients”, en Leukemia 2014; 28:1122-1128.
2 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-y-programas/ enfermedades-de-alto-costo
3 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/director-del-incan- pide-amlo-revisar-el-seguro-popular-antes-de-desaparecerlo
4 ttp://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/gastoscatastroficos/ lineamientos/2018_03_14_Lineamientos_GC_JM.pdf
5 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Éctor Jaime Ramírez Barba, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
SE RECONSIDERE EL AUMENTO EN LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, METRO Y TAXIS EN NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a diversas autoridades de Nuevo León a reconsiderar el aumento de las tarifas del transporte público, Metro y taxis aprobado el 17 del mes en curso por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez y al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el 17 de septiembre del año en curso.
Exposición de Motivos
1. El 17 de septiembre del presente año, el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) aprobó el aumento de tarifas del transporte público, Metro y taxis, durante los próximos tres años, lo anterior se dio a conocer por diversos medios de comunicación:
El Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) recetó ayer un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos con incrementos a las tarifas del transporte público, el Metro y taxis, que en tres años alcanzarán hasta el 107 por ciento.
Todos los aumentos aprobados están por encima de la inflación que, del 2014 -último año de incrementos del transporte en el Estado- y hasta el 2019, con proyecciones de Banxico, acumula 26.3 por ciento.
El alza, que fue propuesta por el gobierno del estado, se aprobó ayer pese a que, el viernes, la Comisión de Costos y Productividad del CETyV la rechazó, con el voto en contra de consejeros ciudadanos y a favor de la Agencia Estatal de Transporte (AET), representantes de transportistas y la directora del Consejo.
El aumento, que entrará en vigor la próxima semana, se aprobó en la opacidad, en una reunión privada de 35 integrantes del CETyV por casi cuatro horas en Palacio de Gobierno, tras la que no quiso dar detalles el Estado de quiénes asistieron y cómo votó cada quien, limitándose sólo a decir que se avaló el alza por mayoría.(Charles, 2018)
2. Durante la sesión en la cual se aprobó el incremento de las tarifas, también se acordó que, a cambio del aumento los transportistas se comprometían a renovar unidades que ya vencieron su plazo y otras las cuales están a punto de vencerse, adaptándolas con aire acondicionado y condiciones que la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León establece, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno:
Manuel González, secretario de Gobierno, afirmó al acabar la sesión que, a cambio del aumento, los transportistas se comprometieron a renovar 800 unidades -500 que ya venció el plazo y 300 más que está por vencerse el próximo año- y equiparlas con aire acondicionado, cámaras de seguridad y wifi.(Charles, 2018)
El incremento de las tarifas en efectivo fue de un Peso, pasando de 12 a 13 con un desliz de 50 centavos cada 90 días hasta noviembre de 2021, con ello el precio final será de 19 pesos un aumento de 58 por ciento. (Charles, 2018)
Para los que utilizan la “Tarjeta Feria” también verán el incremento en las tarifas:
Pasando de 11.79 a 12.79 pesos y un desliz mensual de 10 centavos hasta noviembre del 2021, por lo que terminará costando 16.59 pesos, un alza del 41 por ciento.(Charles, 2018)
3. Referente al incremento en la tarifa del Metro, se acordó que sería de un Peso, pasando de 4.50 a 5.50, más 10 centavos mensuales hasta noviembre del 2021:
En la sesión se aprobó incrementar un Peso la tarifa del Metro, pasando de 4.50 a 5.50 pesos más un desliz mensual de 10 centavos hasta noviembre del 2021, por lo que terminará costando 9.30 pesos, que representa un alza del 107 por ciento.(Charles, 2018)
Los taxis también incrementaron su costo un peso, el banderazo de salida será de 9.78, el recorrido por kilómetro es de 6.22 pesos, para los mototaxis se fijó la tarifa de 5 pesos por persona:
Para taxis, se acordó elevar un peso el banderazo, pasando de 8.78 a 9.78 pesos, y un Peso por kilómetro recorrido que va de 5.22 a 6.22 pesos.
También se avaló una tarifa de 5 pesos por persona para las mototaxis o “tuktuk”.(Charles, 2018)
Considerandos
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón se manifestó por medio de una entrevista que le realizaron diversos medios de comunicación el 18 de septiembre, donde expreso lo siguiente:
El Bronco aclaró que existen algunas observaciones que realizará a la propuesta que definió el Consejo, y subrayó que ante cualquier escenario la tarifa preferente para estudiantes y adultos mayores no sufrirá ninguna modificación.
“Yo voy a empezar a escuchar, mucha gente me ha mandado mensajes; he estado revisando con lo resolutivo... creo que hay algunas cosas que tengo que ver y empezaré a verlo a partir de mañana”, aclaró el gobernador.
Rodríguez Calderón explicó que las condiciones en el tema de los combustibles son muy distintos al 2015, las cuales dependen del nivel federal.
“Yo no tengo la culpa de que haya subido el diésel, es decir, aquí escuché la opinión de algunos diputados que dijeron que van a quitar el IEPS, eso sería grandioso”, dijo Rodríguez Calderón.
“Ya no puedo exponer más a que nos quedemos sin el servicio del Metro, es decir, el Metro tiene 16 años sin la tarifa, yo no contemplaba en mi promesa de campaña el hecho de que el gobierno (federal) iba a subir las gasolinas y el diésel”.(Gobierno, 2018)
III. El Consejo Estatal del Transporte y Vialidad no había sesionado en los tiempos que mandata la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, que en su artículo 15 señala el periodo en el cual se debe reunir:
Artículo 15. Previa convocatoria, el Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año calendario.(Ley)
El Consejo tenía 46 meses sin sesionar, siendo la última en diciembre de 2014, con la anterior Administración del entonces Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, donde se aprobó un incremento de tarifas, en esa ocasión pasó de 10 a 12 pesos.
IV. Es importante mencionar que, mientras en la Ciudad de México el precio de los microbuses y vagonetas es de 5.00 pesos para una distancia de 5 kilómetros: de 5.50 para una distancia de 5 a 12 kilómetros y de 6.50 para una distancia de más de 12 kilómetros. En autobuses, el costo es de 6.00 pesos para una distancia de 5 kilómetros y de 7.00 pesos para las más de 5 kilómetros. En el caso de corredores concesionados es de 6.50 pesos para el servicio ordinario y de 7.00 para el servicio ejecutivo. (Semovi, 2018)
En el estado de Jalisco, las tarifas son las siguientes: normal 6.00 y 7.00 pesos, normal y para niños es de 3.00 y 3.50. (Jalisco, 2018)
Como se puede observar, con los nuevos precios que pretende implementar el gobierno del estado de Nuevo León y el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Nuevo León sería el estado que tendría los precios más altos en el trasporte público:
Fuente propia con información de los gobiernos locales
La diferencia es de 53 por ciento en promedio, es decir, los neoleoneses tendremos tarifas de transporte público mucho más alto que estas dos ciudades, sin considerar que el incremento se detendrá hasta el 2021 para llegar a 19 pesos.
V. Tanto el gobierno del estado de Nuevo León, como la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, deben coordinar esfuerzos para mejorar la calidad del transporte público en el estado, lo que se podría traducir en mejoras para la calidad de vida de los neoloneses.
Del último incremento de tarifas a la fecha no se han visto grandes mejoras en el trasporte, no se pude considerar como una mejora el sistema de transporte actual cuando las unidades se encuentran sin aire acondicionado, no tienen los asientos completos, algunas son mayores a 10 años, no tienen cámaras de seguridad y la falta de unidades genera que los usuarios esperen por más de una hora los autobuses que los lleven a su destino.
Las principales justificaciones con las cuales se quiere incrementar el costo de las tarifas es que, se implementarán nuevas unidades y se hará más eficiente el servicio de transporte, sin embargo, esto no sucedió cuando se presentó el último aumento a las tarifas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez y al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.
Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.
Notas
1 Charles Ángel. El Norte “Imponen ‘tarifazo’; llegará hasta 107%” recuperado de:
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1493800 &sc=319 revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.
2 Gobierno del estado de Nuevo León: Analizará Bronco propuesta de aumento a tarifas del transporte público recuperado de
http://www.nl.gob.mx/noticias/analizara-bronco-propuesta-de-aumento- tarifas-del-transporte-publico revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.
3 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León
4 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México recuperado de:
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transporte-de-pasajeros/ nuevas-tarifas-de-transporte-publico-vigentes revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.
5 Gobierno del estado de Jalisco: recuperado de
https://syt.jalisco.gob.mx/rutas-y-tarifas/tarifas-del-transporte-publico revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.
Fuentes consultadas:
Charles, Á. (18 de septiembre de 2018). EL NORTE “Imponen ‘tarifazo’; llegará hasta 107%”. Obtenido de
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1493800 &sc=319gobierno, d. e. (18 de septiembre de 2018). gobierno del estado de Nuevo León Analizará Bronco propuesta de aumento a tarifas del transporte público. Recuperado el 18 de septiembre de 2018, de
http://www.nl.gob.mx/noticias/analizara-bronco-propuesta-de-aumento- tarifas-del-transporte-publico
Jalisco, G. d. (18 de septiembre de 2018). gobierno del estado de Jalisco. Obtenido de https://syt.jalisco.gob.mx/rutas-y-tarifas/tarifas-del-transporte-publico
Ley, D. T. Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del estado de Nuevo León. Nuevo León.
Semovi, S. d. (18 de septiembre de 2018). Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Obtenido de
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transporte-de-pasajeros/ nuevas-tarifas-de-transporte-publico-vigentes
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados: Raúl Gracia Guzmán, José Martín López Cisneros (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a implantar medidas orientadas a prevenir el embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Marcela Torres Peimbert, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, y de Educación del Poder Ejecutivo federal, a implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
I. La problemática general del embarazo adolescente
México es el país con mayor incidencia de embarazo adolescente en América Latina. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, en 2014 había 11 millones de mexicanos entre 15 y 19 años. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno dramático que impacta física, social y emocionalmente en la vida de las mujeres, ya que el cuerpo aún está en desarrollo y el útero aún no está físicamente maduro.
El fenómeno del embarazo adolescente es síntoma y al mismo tiempo producto de la precariedad e inequidad socioeconómica del país; afecta diversas áreas además de las de salud y educación pública, toda vez que repercute de manera negativa en la vida y en el desarrollo integral de las madres adolescentes y de los infantes, así como de todo su entorno. Esto desencadena otro tipo de fenómenos negativos que se replican en un círculo vicioso, pues está demostrado que las madres adolescentes tienen más riesgo de abandonar sus estudios y obtener menos oportunidades laborales. Además, existe una tendencia a la repetición del ciclo, pues quien fue hija de una madre adolescente tiene muy altas probabilidades de serlo a su vez y continuar el patrón de pobreza y desigualdad.
II. El fracaso de la política de prevención del embarazo adolescente
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) planteada para el presente sexenio ha fracasado. Participaron en su ejecución 13 Dependencias y sus principales objetivos no solo no han avanzado, sino que las cifras han crecido de forma preocupante.
La Enapea planteaba los siguientes objetivos:
• Que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre adolescentes mexicanas de 15 a 19 años.
• Erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, esta es la realidad del embarazo adolescente en México:
• En 2006 el 15 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años iniciaban su vida sexual; en 2012 el 23 por ciento.
• Los nacimientos en adolescentes entre 12 y 19 años pasaron de 15.6 por ciento a 18.7 por ciento entre 2003 y 2012. En 2014, hubo 77 nacimientos de cada mil adolescentes entre 10 y 19 años cuando en 2009 eran 70.9.
• Una de cada dos adolescentes entre 12 y 19 años queda embarazada. El 40 por ciento de esos embarazos fueron no deseados ni planeados.
• El 84 por ciento de los egresos hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años se relacionan con causas obstétricas.
• El 34 por ciento no utilizó anticonceptivos en su primera relación sexual. El 49 por ciento contestó porque no esperaba tener relaciones sexuales.
• En 60 por ciento de los registros de madres adolescentes, el padre es un hombre de 20 o más años.
• Entre menor es la edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de hombres (los padres) 10 años mayores o más que ellas: entre las niñas de 10 u 11 años de edad, esta proporción es de 31 por ciento; entre las de 12 a 14 años de 19 por ciento; y entre las mayores de 15 años de 11.5 por ciento.
• Del total de madres menores de edad, solamente uno de cada diez (10.8 por ciento) padres también tenían menos de 18 años al momento del parto.
• Entre las madres que dieron a luz antes de los 15 años, la proporción de padres mayores de edad crece al doble, es decir, sólo uno de cada cinco padres era menor de edad y su edad media era de 20 años.
III. El embarazo adolescente como problema de salud pública
A pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la protección de salud de las y los mexicanos (el cual debe garantizarse en igualdad de oportunidades de acceso), existen diversas condiciones que dificultan más el acceso de las mujeres, lo cual constituye una afectación directa a su esfera de derechos y libertades. En el caso del embarazo adolescente, este fenómeno adquiere mayor complejidad cuando se concatena con el grave problema de la mortalidad materna en México, el cual se ve reflejado en las siguientes cifras:
• En el país la cifra de muertes maternas es de 38.2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo cual representa el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que planteaba reducir la cifra a 22 decesos por 100 mil nacidos vivos.
• El 65 por ciento de las muertes maternas en México se concentran en 10 estados de la Republica y en esta lista de los estados prioritarios, se encuentran tres donde la muerte materna tiene un rostro indígena (Guerrero, Oaxaca y Chapas).
La falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo adolescente se incrementó, de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos entre 2009 y 2014 y ha urgido al gobierno mexicano a destinar recursos para la aplicación efectiva de dicha estrategia.
En el caso de la Secretaría de Salud, es preciso que incremente la puesta a disposición de un mayor número de anticonceptivos para los adolescentes, así como la coordinación para que en las instituciones educativas de nivel medio superior también exista suministro de estos materiales bajo el seguimiento y la supervisión de médicos.
IV. El embarazo adolescente como problema social
A nivel social hay poca visibilidad de este problema que de acuerdo con Centro de Estudios Sociales de la UNAM se puede calificar de “pandemia”. Las metas planteadas por el Estado Mexicano en la Enapea no consiguieron reducir la incidencia de casos de embarazo adolescente, por lo cual es necesario que la sociedad civil organizada coadyuve con el trabajo gubernamental para el logro de la disminución efectiva de los casos de embarazo adolescente.
Por ello, es indispensable que el Instituto Nacional de Desarrollo Social destine mayores recursos para la capacitación y fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social incluya la disminución del embarazo adolescente, mediante actividades de concientización, difusión de información, atención y canalización de mujeres en situación de riesgo.
Además que el Ejecutivo Federal fortalezca las acciones de prevención para disminuir el número de embarazos en adolescentes.
V. La prevención del embarazo adolescente como materia de educación
Como parte de una política integral de prevención, es indispensable que se introduzcan cursos permanentes para otorgar a los estudiantes en edad adolescente (comprendidos en el sistema de educación básica y media superior) información relativa a la educación sexual y la prevención del embarazo. Los cursos deben cumplir con los siguientes objetivos:
• Visibilizar el problema y concientizar acerca de las eventuales consecuencias del embarazo adolescente.
• Concientizar a los varones acerca de la responsabilidad de acompañamiento y apoyo de las mujeres embarazadas.
• Incluir formación integral en materia de educación sexual.
Además, las instituciones educativas deben fortalecer las actividades extracurriculares que diversifican la ocupación de las y los estudiantes y que les permita desarrollar talentos como alternativa a los espacios de recreación que propician el mantenimiento de relaciones sexuales. El establecimiento de un claro proyecto de vida acompañado de metas de mediano plazo que involucren el rendimiento físico, el desarrollo de aptitudes culturales y artísticas, etc., son una alternativa viable para evitar el embarazo adolescente.
Es claro que el fenómeno del embarazo en adolescentes es un problema multifactorial y complejo, cuya prevención y atención integral requiere de una respuesta intersectorial e interinstitucional coordinada, que permita una política de prevención eficaz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades y dependencias de la Administración Publica Federal, que integran Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer las acciones de prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna; que permitan reducir el número de embarazos en adolescentes en nuestro país; con pleno respeto a sus derechos humanos y particularmente a sus derechos sexuales y reproductivos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social destine mayores recursos para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la prevención y atención del embarazo adolescente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputada Marcela Torres Peimbert (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL EN LAS ZONAS DONDE HAY POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y a la Sener a realizar los estudios de impacto social en los términos de la Ley de Hidrocarburos en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción mediante fracturación hidráulica, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la Proposición con puntos de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:
Los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla son las entidades federativas que están siendo afectadas con la tecnología de fracturación hidráulica también conocida como fracking.
La fracturación hidráulica es una tecnología que consiste en inyectar agua a muy alta presión en pozo vertical y luego de manera horizontal. Al agua se agrega un fluido de fracturación.
En proporción de 90 a 10 por ciento, el fluido puede contener hasta 950 químicos y arena, en los químicos hay explosivos, alcoholes, metales pesados, sales sódicas, potásicas, arsénico y solventes, entre otros.
La explotación de cada pozo requiere entre 10 y 30 millones de agua, derivado a que en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León esto se agrava, pues son mayoritariamente territorio desértico y semidesértico... las cantidades de agua de las que disponemos son realmente pocas... Y la poca de la que se dispone ya comienza a racionarse para actividades agrícolas y pecuarias debido a la gran cantidad del vital líquido de las que dispone una empresa cervecera asentada en la región conocida como los cinco manantiales.
En lo relacionado con el marco legal las cosas no están mejor, la Semarnat dio a conocer una guía para la extracción de gas shale, que no es otra cosa que un compendio de las 17 normas oficiales mexicanas direccionadas a procesos industriales de extracción, pero que tiene un problema de origen, ninguna de estas - y tampoco la guía - consideran las particularidades de la fractura hidráulica.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente publicó los criterios para que las autoridades correspondientes extendieran los permisos para la extracción, pero valga la redundancia estos criterios están – por decir lo menos – rebasados al no contemplar el impacto ambiental que ocasiona el fracking.
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, ha otorgado asignaciones de explotación sin contar con un marco regulatorio consistente.
El artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos también señala la obligación de las secretarías de Energía, de Gobernación y dependencias correspondientes de realizar, además de los estudios de sustentabilidad, estudios de impacto social, esto es, realizar consultas públicas, donde la ciudadanía en general y especialistas en el tema puedan opinar y externar sus dudas.
En Coahuila se realizó un foro al que titularon en pro del desarrollo económico de la entidad. Jamás anunciaron que se trataba del foro para sustentar la viabilidad del fracking, sólo lo hicieron para completar dolosamente el expediente.
Debe añadirse que en las regiones donde se localizan los pozos han sucedido sismos de 3 grados de magnitud en lugares que antes era sencillamente inimaginable que sucedieran estos fenómenos; por ello, más de 35 países que antes permitían la práctica del fracking ahora la han prohibido.
Las sustancias utilizadas en el coctel químico pueden causar cáncer, provocar alergias y dañar el sistema nervioso. Además, provoca los siguientes:
Daños Ambientales
-Devastación de tierras de cultivo.
-Contaminación de los mantos friáticos.
-Emisión de gases y su contribución al calentamiento global.
Compañeras y compañeros diputados, solicito su apoyo solidario con todo el apremio que este tema amerita, en virtud de que minuto a minuto se está destruyendo y devastando el agua y la tierra de los nuestros estados que cada día están más afectados.
Es por ello que esta soberanía, mediante este exhorto, se suma a implementar las acciones preventivas de protección al medio ambiente y de la salud de los pobladores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla; de no hacerlo, la salud de las personas, así como el ecosistema, pagarán la cuenta de esta catástrofe.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Energía a que realicen los estudios de impacto social en los términos que mandata la Ley de Hidrocarburos, en las zonas donde hay pozos relacionados con la extracción de hidrocarburos contenido en lutitas mediante la tecnología de fracturación hidráulica, atendiendo los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas de las regiones en los que se pretendan desarrollar dichos proyectos.
Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente el Sector Hidrocarburos emita y haga públicas y de fácil acceso las Manifestaciones de Impacto Ambiental precisando los proyectos donde se realizan o se pretenda hacer obras de exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas con la técnica fracturación hidráulica.
Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que suspenda las asignaciones, contratos y autorizaciones para el reconocimiento, explotación y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas, mediante la tecnología de fracturación hidráulica, hasta que se demuestre científicamente que no existe riesgo de impacto ambiental y afectación a los ecosistemas y que se garantiza la sustentabilidad presente y futura en las zonas donde se realizan obras.
Cuarto. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que actualice los criterios, legislación y las normas oficiales mexicanas incluidas en la Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos establecidos en lutitas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
COMISIÓN ESPECIAL PARA EVALUAR Y ANALIZAR EL PRESUPUESTO QUE REQUIERE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear una comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto que la Ciudad de México requiere a fin de dar mantenimiento y sustituir la infraestructura del sistema de aguas, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 79, numeral 1, fracción 2, y numeral 2, 100, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la creación de una comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del Sistema de Aguas de la capital, al tenor de los siguientes los siguientes
Antecedentes
Primero. El agua es imprescindible para todos los organismos vivos. En el caso de los seres humanos estamos constituidos por 60 por ciento de este líquido; mientras que en las casas es necesaria para realizar las actividades más básicas del hogar, desde el aseo personal, lavar la ropa, cocinar, etcétera; también es necesaria para la industria y para cuidar nuestro medio ambiente. Es por ello que el agua es considerada como un recurso estratégico en el desarrollo económico y social de cualquier país.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que 14 por ciento del agua en México se utiliza en el abastecimiento público, esto quiere decir, para la distribución a través de las redes de agua potable (domicilios, industrias y a quienes estén conectados a dichas redes).
Actualmente, en México existen diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua por regiones. Según el Inegi: las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento). Mientras que en el valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua –apenas 186 metros cúbicos por habitante; en caso contrario se encuentra la frontera sur –más de 24 mil metros cúbicos por habitante–
Fuente: Inegi
Segundo. En la actualidad, la Ciudad de México enfrenta una grave crisis del agua, pues es la única Ciudad en el mundo fundada en una laguna y esto le ocasiona problemas particulares para satisfacer los servicios humanos básicos.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) es uno de los organismos más grandes y complejos en el ámbito internacional, atiende a más de 8.9 millones de habitantes (Inegi, 2015) y 4.2 millones de población flotante. No obstante el nivel de cobertura, persisten diferencias en la dotación y consumo entre diferentes zonas de la ciudad (principalmente por falta de infraestructura y deficiencias en la distribución), y el Sacmex afronta retos importantes relacionados con las dificultades inherentes al subsuelo, la población flotante, la edad de la infraestructura, la disminución de caudales en las fuentes de abastecimiento, hundimiento y riesgos hidrometeorológicos crecientes.
Dadas las cifras, y tomando en cuenta el constante crecimiento poblacional de la capital, Sacmex enfrenta cada día más exigencias por parte de los habitantes capitalinos para la prestación de los servicios de agua. Entre las demandas de los diferentes actores el gobierno de la Ciudad necesita mejorar la calidad, continuidad y cobertura del suministro del agua potable.
Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyen que a pesar de los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los servicios hidráulicos, no ha sido posible cubrir estas demandas en su totalidad y la calidad del servicio se está deteriorando en forma alarmante y es clara la falta de sustentabilidad, en un entorno de mayor incertidumbre impuesto por los impactos asociados al cambio climático.
Tercero. En lo que va del año, la Ciudad de México ha enfrentado en diversas ocasiones problemas de desabasto del agua, por mencionar algunos casos, tan sólo al inicio de enero se vieron afectadas trece delegaciones, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza; cuyas colonias reciben agua del Cutzamala. Conagua detectó una fuga en una de las tomas del Sistema Cutzamala y fallas en las tuberías.
También se puede mencionar el caso que tuvo fecha a mediados del mes de febrero, en donde residentes de al menos seis delegaciones de la ciudad reportaban un desabasto de este vital líquido. Entre las delegaciones afectadas se encontraban: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac; los capitalinos demandaron a través de redes sociales la regularizacion del suministro de agua potable. Las razones fueron fallas en las tuberias y falta de energía eléctrica.
En junio, de la misma manera la delegación Iztapalapa careció de suministro de agua potable en al menos 60 colonias debido al taponamiento que sufrieron los ductos provenientes del Sistema Cutzamala, que abastece a tres tanques de almacenamiento; de este modo dejaron de operar 11 pozos en la capital del país, además de una fuga en el acueducto Tulyehualco.
A finales de julio y principios de agosto, la delegación Azcapotzalco presentó una crisis de agua, afectando al menos 73 de sus 111 colonias que integran la demarcación. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) sólo informó que la onda de calor le pegó a la capital del país y que hay una disminución de 800 y 500 litros de agua por segundo del caudal en los sistemas Acueducto-Lerma y Barrientos, respectivamente.
Otro caso particular es en Benito Juárez, donde a principios de marzo de 2017 el jefe delegacional declaró que no es que falte agua como tal, dijo: “no hay suficiente presión porque la red hidráulica lleva más de 50 años y hay muchas fugas, estamos perdiendo muchísima agua, tenemos que reparar todas las fugas, invertir para renovar y mejorar la red hidráulica de Benito Juárez y de la Ciudad de México.
Por lo que es un hecho que estos desastres son consecuencia de que la red hidráulica de la Ciudad de México (tuberías y colectores de las redes primaria y secundaria del drenaje) tiene una antigüedad de más de 50 años, por lo que trabaja en condiciones críticas que ponen en riesgo a más de 950 mil habitantes.
Cuarto. Según datos dados por la UNAM, para conservar la infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas de operación se requiere dar mantenimiento a la obra civil, realizar sustitución de instalaciones que han llegado al final de su vida útil y rehabilitar los sistemas. En los últimos años, el presupuesto de inversión ha sido de 35 por ciento del gasto total y se ha canalizado al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura que ha fallado, sin embargo, éste resulta insuficiente ante el rezago en mantenimiento y necesidades de nueva infraestructura.
La infraestructura del sistema está compuesta por redes de tuberías de agua potable y de drenaje sanitario y pluvial, que en conjunto suman más de 25 mil km (2 veces el diámetro de la tierra). La capacidad instalada de producción y distribución de agua potable de la Ciudad de México serviría para abastecer a la población de Honduras y Guatemala juntas. Se cuenta con más de 450 plantas de bombeo para agua potable y desalojo de aguas residuales y pluviales.
La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue desarrollada a lo largo del siglo XX, en distintas etapas, con diferentes metas y con materiales de todo tipo, y en la actualidad muchos elementos muestran signos de haber terminado su vida útil, o bien, son obsoletos en comparación con tecnologías más eficientes y económicas; otros están rebasados en su capacidad de conducción y presentan incrustación, sedimentación, rompimiento o fisuras. Lo anterior incide directamente en las fugas de la red.
Por otro lado, los servicios de agua potable y alcantarillado de buena calidad no alcanzan a la totalidad de la población de la Ciudad de México, principalmente porque el aumento de la infraestructura no sostiene el ritmo de crecimiento urbano.
Existen acciones de alta prioridad que requieren de mayores inversiones y ejecución pronta, éstas están relacionadas con un rezago en mantenimiento, reposiciones y rehabilitaciones, principalmente, diferidas en el tiempo por falta de recursos humanos y económicos para ejecutarse de forma inmediata. En 2003-2012 sólo se repusieron mil 516 kilómetros de red secundaria de agua potable, que representan 1.2 por ciento anual, y el sistema de micromedición cubre sólo 70 por ciento de los usuarios factibles de medir.
Para atender esta problemática se requieren mayores inversiones en infraestructura, dado que los diversos ejercicios de análisis hechos por instituciones como Sacmex y la UNAM, prevén un escenario tendencial inaceptable para el futuro de la Ciudad de México, pues “se dirige a una crisis hídrica de magnitudes y consecuencias inimaginables. En este escenario la calidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento se deterioran a niveles inaceptables principalmente por el envejecimiento de la infraestructura y agravamiento de la vulnerabilidad de la ciudad por posibles fallas, se reduce el margen de maniobra para revertir la situación en el corto plazo por lo que las soluciones sólo podrían implementarse después de varios años, durante los cuales se vivirán inconformidades de los diferentes sectores de la ciudad. Entre los principales efectos adversos se prevé que el tandeo diario y semanal podría llegar a 55 por ciento de las colonias y sólo 28 por ciento recibiría un servicio aceptable, la capacidad de producción del acuífero se verá disminuida por la intensa sobreexplotación”.
En suma, estas instituciones concluyen que: es imperativo que en la ciudad se haga compatible la disponibilidad de agua y de recursos económicos con las exigencias de aumentar la calidad de los servicios, la adaptación al cambio climático, la renovación de infraestructura al final de su vida útil, el respeto al medio ambiente, pero sobre todo de contar con un organismo fuerte que tenga capacidad para enfrentar sus problemas y soluciones. De no actuar así se incurrirá en el círculo vicioso: mala percepción de los usuarios de la labor del organismo operador. Lo que traería como resultado final la incapacidad para invertir en el mejoramiento de los servicios.
Considerandos
Primero. Que el agua es un Derecho Humano consagrado en el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo artículo que también atribuye la facultad concurrente entre la federación y las entidades federativas para garantizar la consecución de dicho derecho, por lo que como Congreso de la Unión es deber apoyar y colaborar de manera coordinada con las instituciones correspondientes de la Ciudad de México a fin de brindar los recursos presupuestales necesarios que requiere la capital para dar mantenimiento y sustitución a la red de aguas y evitar el posible colapso de éste.
Segundo. Que en virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es facultad del pleno acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estime necesario hacerse cargo de un asunto en específico.
Tercero. Que el desabastecimiento del vital líquido en la Ciudad de México ha provocado que los habitantes de la capital pasen semanas e incluso meses sin agua para sus necesidades de primera mano.
Cuarto. Que con la creación de la comisión especial en comento, dicho órgano de trabajo podría emitir y hacer públicas opiniones técnicas claras para evaluar y analizar el presupuesto que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del Sistema de Aguas de la Ciudad, y así cotribuir con los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, así como con la Comisión de Presupuesto.
Quinto. Que debe considerarse el desabasto de agua un problema fundamental, ya que se incumple lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser un problema que se encuentra sin atención ni solución desde hace décadas.
Sexto. Que en los últimos años el desabasto de agua en la Ciudad ha llegado a niveles críticos, por lo que los estudios y opiniones de la Comisión Especial que se propone coadyuvarían a contar con la información clara y precisa de cuantos recursos son necesarios para el mantenimiento y en ciertos casos, sustitución de la red hídrica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que representaría el primer paso para la solución al problema de desabasto de agua.
Séptimo. Que una vez emitidas las opiniones técnicas en cuestión, así como los acuerdos institucionales para la coordinación de los trabajos necesarios para combatir el desabasto de agua en la Ciudad de México, la Comisión Especial podría considerar que ha cumplido su cometido y no implicaría mayor carga presupuestal para el Congreso de la Unión.
Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital.
Segundo. La comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.
Tercero. Los objetivos principales de la comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital son:
a) Trabajar coordinadamente y en colaboración con las dependencias correspondientes de las alcaldías, la Ciudad de México y la federación para evaluar todas las fallas que tiene el servicio de agua potable entre los habitantes de la Ciudad de México debido a la antigüedad de la infraestructura y basado en dichos análisis, proponer el presupuesto que requiere la ciudad de la federación para dar mantenimiento y sustitución a la red de agua potable
b) Cumplir con la obligación que tenemos como órgano federal de garantizar el derecho humano al agua, consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o., de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo artículo que atribuye la obligación de actuar de forma concurrente entre la federación y las entidades federativas para garantizar este derecho.
c) Prevenir el posible colapso del sistema de aguas de la ciudad lo que afectaría a los habitantes de la Ciudad de México.
Cuarto. El acuerdo de creación de la comisión especial para para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIV Legislatura.
Quinto. La comisión especial para evaluar y analizar el presupuesto necesario que requiere la Ciudad de México a fin de dar mantenimiento y sustitución a la infraestructura del sistema de aguas de la capital, contará con los recursos humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden para el cumplimiento de su objeto.
Sexto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Séptimo. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Notas
1 Cuéntame Inegi. Territorio México
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/
2 Para saber la cantidad existente para cada habitante se divide el volumen de agua entre el número de personas de una población.
3 Foro: La Crisis del Agua en la Ciudad de México, Retos y Soluciones. 9 de diciembre de 2013.
4 8 millones 918 mil 653 habitantes en la Ciudad de México.
5 Ídem
6 La crisis del agua en la Ciudad de México, retos y soluciones. Documento Base. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://www.agua.unam.mx/sacmex/documentos.html México 2013. Página 5
7 Abasto de agua en la Ciudad de México se normalizará hasta el fin de semana (3 de enero de 2018). Animal Político. Recuperado de
https://www.animalpolitico.com/2018/01/agua-corte-delegaciones-cdmx/
8 Villanueva, M. (24 de febrero de 2018) En desabasto de agua, seis delegaciones tras sismo. El Sol de México. Recuperado de
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-desabasto-de-agua- seis-delegaciones-tras-sismo-1025980.html
9 Aldaz P. y Bojorges J. (12 de junio de 2018) Desabasto rebasa a las autoridades; hay 60 colonias sin agua en Iztapalapa. El Universal. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desabasto-de-agua-en- iztapalapa-rebasa-las-autoridades
10 Hernández, S. (3 de agosto de 2018). Sufren falta de agua 73 colonias en Azcapotzalco. El Universal. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sufren-falta-de-agua-73- colonias-en-azcapotzalco
11 Colín B. (31 de julio de 2018) En Azcapotzalco llevan 15 días sin agua... y lo que les falta. La Crónica. Recuperado de
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1088761.html
12 Gómez Leyva Ciro. (17 de marzo de 2017). En Benito Juárez no hay suficiente presión porque red hidráulica lleva más de 50 años. Radio Fórmula. Grupo Fórmula
https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=670090&idFC=2017
13 Mejía Francisco. (26 agosto de 2014) “Obsoleta, la red hidráulica del DF; tiene más de 50 años. Milenio. Recuperado
http://www.milenio.com/estados/obsoleta-red-hidraulica-df-50-anos
14 Ibídem página 7
15 Ídem
16 Ídem
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»
Se turna a la a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
INFORME PORMENORIZADO DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA, EN NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a remitir a la opinión pública por la Secretaría de Educación un informe pormenorizado de los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Raúl Gracia Guzmán, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación Estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde expongan cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.
Exposición de Motivos
1. El 27 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el decreto por el que se crea la Universidad Ciudadana, la cual tiene el carácter de órgano administrativo desconcentrado integrante del sistema educativo estatal, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León.
2. La Universidad Ciudadana tiene el objeto de:
Brindar servicios de educación media superior y superior en las modalidades educativas escolarizada, no escolarizada y mixta. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación conforme a los planes y programas de estudios que apruebe está, en el marco normativo del sistema educativo estatal(decreto, 2018).
La universidad tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:
Aplicar el modelo Nuevo León de educación virtual de nivel superior, aprobado por la Secretaría de Educación, basado en el uso de tecnologías e información y comunicación, el acceso flexible a redes del conocimiento y la realización de procesos de aprendizaje pertinentes, para fines de formación integral de estudiantes y trabajadores, así como de su evaluación y certificación como egresados altamente calificados...(decreto, 2018).
3. El manejo de los recursos económicos que son asignados a la Universidad Ciudadana y el funcionamiento de la institución, han sido señalados por diversitos actores sociales y alumnos de la Universidad en distintos medios de comunicación, pues no se conoce, cuáles son los objetivos alcanzados por la Universidad ni cómo se aplican los recursos que le han sido asignados:
Tras la escalada de quejas por las fallas de la Universidad Ciudadana, del gobierno del “Bronco”, diputados del Congreso local exigieron transparentar los gastos de la institución y alertaron que el estado pretende desincorporarla para darle supuesta autonomía.
Desde su creación en 2016, la llamada “Bronco Universidad” ha sido señalada por maestros y alumnos de incurrir en fallas como caídas constantes en su plataforma en línea, irregularidades en planes de estudio y falta de seguimiento a clases y calendarios.(Hernández, 2018).
4. En mayo del año en curso, la Comisión Permanente del Congreso del estado de Nuevo León solicitó que, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 del gobierno estatal, la Auditoria Superior del Estado realice una investigación espacial al gasto de la Universidad Ciudadana:
La Diputación Permanente del Congreso del estado de Nuevo León solicitó a la Comisión de Vigilancia que instruya a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que en la revisión ordinaria de la Cuenta Pública de 2017 ponga especial atención al destino de los 50.4 millones erogados por la Universidad Ciudadana de Nuevo León.(honorable Congreso, 2018.)
Considerandos
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. La asignación de los recursos económicos para la Universidad Ciudadana ha sido la siguiente:
Como se puede observar, desde la creación de la Universidad Ciudadana, los recursos económicos se le han asignado sin restricción alguna, inclusive en la Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2018, se le otorgaron mayores recursos añadiendo 11 millones 939 mil 481.00 pesos más en comparación al 2017. Es decir, el recurso ha aumentado a pesar de que los logros y resultados son inciertos.
III. La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, no ha hecho público el resultado de la revisión Ordinaria a la Cuenta Pública 2017, por ello aún no se conocen cuáles pueden ser las observaciones que entregue sobre el manejo de los recursos económicos que se le han asignados a la Universidad Ciudadana. Es necesario conocer a detalle, en qué se han aplicado los recursos económicos, ante el desconocimiento, la falta de trasparencia y las voces que reclaman conocer por qué se presentan las fallas en el funcionamiento de la institución. Considero importante que se hagan públicos y se develen los resultados alcanzados por la universidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde exponga cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, remita a la opinión pública un informe pormenorizado donde exponga cuáles son los logros alcanzados por la Universidad Ciudadana.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a que, en el proceso de la revisión ordinaria de la Cuenta Pública de 2017 ponga especial atención a los recursos económicos asignados a la Universidad Ciudadana.
Notas
1 Decreto por el que se crea la Universidad Ciudadana de Nuevo León, recuperado de:
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/ AC_0001_0007_00154002_000001.pdf revisión hecha el 24 de septiembre de 2018
2 M. Quezada e I. Hernández, El Horizonte. Exigen diputados transparentar gastos de la ´Bronco Universidad´ recuperado de
http://www.elhorizonte.mx/local/exigen-diputados-transparentar-gastos- de-la-bronco-universidad/2309027 revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.
3 Honorable Congreso del estado de Nuevo León. Piden a ase investigar Universidad Ciudadana recuperado de
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2018/05/piden_a_ase_investigar_ universidad_ciudadana.php revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.
4 Ley de Egresos del estado para el año 2017 recuperado de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/ LEY%20DE%20EGRESOS%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20N.L.%20EJERCICIO%20 FISCAL%202017.pdf revisión hecha el 25 de septiembre de 2018.
5 Ley de Egresos del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal de 2018 recuperado de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20 EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20 FISCAL%202018.pdf revisión hecha el 25 de septiembre de 2018
Fuentes consultadas:
2018, L. D. (enero de 2018). Ley de Egresos del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal de 2018. Obtenido de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20 EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20 FISCAL%202018. pdf
Decreto, P.E. (24 de septiembre de 2018). Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Obtenido de
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/ AC_0001_0007_00154002_000001.pdf
Hernández, M. Q. (24 de septiembre de 2018). Exigen diputados transparentar gastos de la ´Bronco Universidad´. El Horizonte , páginas
http://www.elhorizonte.mx/local/exigen-diputados-transparentar-gastos-de- la-bronco-universidad/2309027.
Honorable Congreso, d. E. (16 de mayo de 2018). Piden a ASE investigar Universidad Ciudadana. Obtenido de
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2018/05/piden_a_ase_investigar_ universidad_ciudadana.php
Ley de Egresos, D.E. (25 de septiembre de 2017). Ley de Egresos del estado para el año 2017. Obtenido de
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20 EGRESOS%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20N.L.%20EJERCICIO%20FISCAL%202017.pdf
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
SE TRANSPARENTE EL USO DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 40 “AMPLIACIONES AL RAMO 11 DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, PEF 2018
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a transparentar por la SEP el recurso aprobado por esta soberanía en el anexo 40, “Ampliaciones al ramo 11, de educación pública”, del PEF de 2018, a cargo del diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN
Óscar Daniel Martínez Terrazas, diputado federal, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligatoriedad del Estado de otorgar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como impartir todos los tipos de modalidades educativas (incluyendo la educación inicial y la educación superior), necesarios para el desarrollo de la nación.
2. Los datos examinados en el apartado anterior destacan sobre todo la necesidad de expandir y distribuir con mayor equidad y calidad la oferta educativa existente en México y, sobre todo, que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, sean ejecutados de forma equitativa y transparentados, a efecto de poder darle a la población estudiantil la mayor calidad educativa.
En la Ley General de Educación se establecen tres tipos de educación: básica, media superior y superior.
La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que este tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero de 2012 y plantea “lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021 a 2022”.
La educación superiorse conforma por tres niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a cualquiera de estos dos niveles.
Como podemos ver, el estado deberá de proveer los recursos suficientes y necesarios para que todas las instituciones educativas, puedan realizar el derecho a la educación que tiene la población.
3. El 9 de noviembre de 2017 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2018, en los términos del artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública, para la Educación Básica 2 mil 500 millones de pesos, para el Programa Presupuestario Clave U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” (Véase cuadro número 1.).
2. Es el caso, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, publicó el Presupuesto de Egresos para la Federación, para el año fiscal 2018, en donde el recurso antes mencionado, está etiquetado en el Ramo 11 “Secretaria de Educación Pública”, en la Sub-Función Clave 06 “Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes”, y la Unidad Responsable de ejecutar el recurso es la Oficialía Mayor de la Secretaria de Educación Pública. (Véase cuadro número 2.).
3. Dicho recurso fue Aprobado por la Cámara de Diputados para “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, en la Sub función “Educación Básica” pero la Secretaria de Educación Pública, según consta en el Ramo 11 “Educación Publica” en donde se destina este recurso a la Sub función “Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes”, y al Programa Presupuestario “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, y el destino del gasto lo ejecuta la “Oficialía Mayor”, como Unidad Responsable. En virtud de ello y de no saber el destino de ese recurso, solicitamos se transparente el recurso de 2 mil 500 millones de pesos, indicando: ¿a qué centros educativos se destinó?, ¿de qué entidad federativa? y el monto por centro; asimismo, se transparente, ¿qué organización educativa fue beneficiada?, ¿de qué entidad federativa? Y el monto por organización educativa.
5. Por ello, se requiere que, con fundamento en el Artículo 38 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transparente la información oportuna, verificable, inteligente, relevante e integral, sobre la relación de todos y cada uno de los “Centros y Organizaciones Educativas” que son beneficiados por medio del recurso de los 2 mil 500 millones de pesos; en el marco de la política de transparencia proactiva, la cual se deberá de difundir.
Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicito, se tenga por presentado los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de transparentar el recurso aprobado por la Cámara de Diputados en el anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2018”, referente a Programa Presupuestario “Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas” por la cantidad de 2 mil quinientos millones.
Segundo. También se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el marco de la política de transparencia proactiva, la cual se deberá de difundir, se publique de forma abierta y accesible los recursos otorgados a dichos “Centros y Organizaciones Educativas” y, en su caso, los recursos que aún están disponibles, por ser recursos públicos federales.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REFUERCE EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad y justicia pues, según la información de la encuesta de victimización del Inegi, el crimen se ha intensificado en los últimos meses, de modo coincidente con la transición de gobiernos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3, fracción XX, 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a los siguientes
Considerandos
Recientemente se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2018, la cual fue publicada el día de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre otros datos, la encuesta resalta lo siguiente:
• La violencia se ha incrementado durante los últimos meses
• Durante el año 2017, 25.4 millones de personas fueron víctimas de algún delito
• El delito más común ha sido el robo ya sea en la vía pública o en el transporte público
• Se denunciaron 80 mil 319 secuestros, de los cuales más de la mitad fueron en modalidad exprés, esto es, tuvieron una duración menor a las 24 horas
• El 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia
• Los temas que más preocupan a los mexicanos son la seguridad y la delincuencia, con el 64.5 por ciento, muy por arriba del incremento de precios y el desempleo
Ante estos lamentables hechos, y con base en la información dada a conocer por el Inegi y en defensa de la ciudadanía que representamos, solicitamos de manera respetuosa, se refuercen las acciones de prevención y combate a la delincuencia, dado que la seguridad física y psíquica de los mexicanos se está viendo gravemente afectada.
Con el presente punto de acuerdo, se pretende hacer un llamado al gobierno federal, así como al gobierno de transición, para reforzar las medidas de prevención al delito y de combate a la delincuencia, ya que la delincuencia no descansa, y parece ser que quienes deben proteger a la ciudadanía sí, lo que se ha traducido en pérdidas millonarias en las familias mexicanas y marcas psicoafectivas que son permanentes.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que refuerce el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales, en materia de seguridad y justicia con motivo del incremento de la violencia en nuestro país, con especial énfasis durante la presente transición de gobierno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN, EMPLACAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a implantar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados en el país, a cargo del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
La franja fronteriza del norte del país integrada por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con sus 80 municipios de los que 38 tienen una frontera física con Estados Unidos de América en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas y se caracterizan por su dinamismo, heterogeneidad, avanzado desarrollo y convergencia económica que, de acuerdo con datos del Inegi, los coloca como uno de los motores de desarrollo del país, ya que generan un producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 3.2 billones de pesos (27.2 por ciento del PIB nacional).
No obstante, estas condiciones geográficas, sociales y económicas, el desempeño de este indicador en los últimos años ha sido diferente por factores como el crecimiento poblacional, la pérdida de poder adquisitivo por los efectos de las reformas fiscales de 2014 y los altos índices delictivos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre del 2016, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio, el 63 por ciento de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de tres o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los 6 mil 135 pesos mensuales.
Así pues, el presupuesto familiar resulta limitado, por lo que es más viable adquirir un auto usado de procedencia extranjera, para posteriormente importarlo al territorio nacional al amparo de la Ley Aduanera o del decreto emitido para ello. Señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por Inegi, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en un setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito. Por lo que regularizar su estadía en el país no afecta a las armadoras existentes en nuestra nación, No se trata de un fenómeno nuevo, se estima que entre 2004 y 2014 ingresaron al país 7.5 millones de vehículos ligeros a través de la frontera norte. En este último año se ha registrado un aumento. Entre enero y abril de 2018 se importaron a México 44 mil 497 vehículos usados, 17 por ciento más que lo reportado en el mismo lapso del año pasado.
Ahora bien, resultado de las dificultades administrativas, la diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la SCHP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, la importación difícilmente se realiza en los términos que marca la ley, cayendo en las cifras de vehículos usados de procedencia extranjera irregulares antes señalados, generando problemas como:
-Imposibilidad para su identificación o la de su propietario, situación de irregularidad que es aprovechada por los criminales ya que, al carecer de medios de identificación, son susceptibles de ser usados en actos delictivos. En el contexto de la crisis de violencia que se vive en ciertas zonas del país, es importante hacer notar el vínculo entre los vehículos no registrados y las acciones delictivas. En Baja California, por ejemplo, el 85 por ciento de los delitos, se efectúan en autos chocolate, mientras que en Tamaulipas se estima que un 80 por ciento de los delitos son cometidos por personas que se transportan a bordo de unidades de origen extranjero sin registro alguno.
-No cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil; al respecto cabe destacar las acciones implementadas por el gobierno de Tamaulipas, en donde por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se otorga un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros de forma gratuita a quienes realicen su refrendo vehicular 2018.
-Incumplimiento de las normas en materia ambiental vigentes.
-El Estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento, verificación vehicular entre otros.
-Falta de certeza jurídica con relación a su patrimonio, en este caso sus automóviles, generando condiciones de inseguridad y corrupción derivado del miedo a perder su patrimonio, al ser víctimas de extorsión, fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.
Cabe señalar que atendiendo lo anterior, adicionalmente a las normas en materia aduanal y de comercio exterior, se han implementado Tratados, Acuerdos, Decretos (Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado con fecha del 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación) y acciones de gobierno cuyo objetivo han sido el establecimiento de estímulos y otros incentivos de orden económico y administrativo, con la intención de regularizar esta clase de vehículos.
Y de esa manera incidir positivamente en la economía de las familias y brindar certeza jurídica; sin embargo estas acciones aún son insuficientes, por lo que, el que suscribe considera que es necesario y urgente que esta soberanía conmine al Ejecutivo federal, a la SHCP y a los gobiernos de los estados que comprenden la franja fronteriza, para que en el marco de sus competencias, facultades y en total colaboración, implementen programas de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera; que resulten sencillos de cumplir y sobre todo a costos accesibles.
Solo así, el Estado genera acciones integrales en beneficio de los habitantes de esta región del país, al regularizar su patrimonio y brindar certeza jurídica de una manera económica, generar condiciones de mejor seguridad pública al disminuir el uso de vehículos irregulares para actos delictivos y de manera indirecta incidir en la competitividad y economía de la región.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con los titulares de los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y sus respectivas Secretarías de Finanzas, implementen un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados al país, sencillo y económico para los ciudadanos, para fortalecer todas las acciones existentes que promueven la regularización de los mismos, generar certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos vehículos irregulares sean usados en actos delictivos.
Notas
1 Arena Pública, En la última década, carros chocolate son más de la mitad de los autos nuevos vendidos, 17/02/15:
https://www.arenapublica.com/articulo/2015/02/17/3123
2 El Financiero, Importación de autos ‘chocolate’ sube 17 por ciento, 25/06/18:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importacion-de-autos-chocolate-sube-17
3 Frontera, Autos “Chocolate” involucrados en 85 por ciento de delitos, 11/05/17:
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/11052017/ 1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html
4 Excélsior, Ocho de cada 10 delitos son en carros ‘chocolate’ en Tamaulipas, 11/12/17:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125 5 Gobierno de Tamaulipas, gobierno de Tamaulipas otorgará seguro vehicular a contribuyentes cumplidos, 01/01/18: https://www.tamaulipas.gob.mx/2018/01/gobierno-de-tamaulipas-otorgara- seguro-vehicular-a-contribuyentes-cumplidos/
Otras fuentes
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/estadistica/default.aspx
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Diaz-AvilesChimal.pdf http://www.inegi.org.mx/rde/2018/04/01/caracteristicas-sociodemograficas- del-asentamiento-poblacional-en-la-frontera-norte-mexico/
http://mapserver.inegi.org.mx/eventos/cng2007/cng2007/ presentacionconvencion2007rauls.gonzalez.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputado Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
EXHORTO AL CONACYT PARA QUE NO SUSPENDA NINGUNA CONVOCATORIA, ACCIÓN O EJERCICIO PRESUPUESTAL DE SUS PROGRAMAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a no suspender ninguna convocatoria, acción o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a su cargo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
La política de ciencia y tecnología se desarrolla entre dos coordenadas que es necesario combinar, la innovación y la estabilidad. Los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo tienen políticas de largo plazo que se adaptan gradualmente a necesidades naturalmente cambiantes en este campo.
La planeación y conducción institucional de la ciencia y tecnología en México ha sido exitosa en tanto que ha podido proveer un marco predecible para que los investigadores puedan hacer a mediano y largo plazo inversiones en esfuerzo, recursos humanos, estudiantes asociados, participación y cooperación internacionales, y adquisiciones de equipo e infraestructura considerables.
Por ello es deseable asegurar la continuidad de los proyectos de gran escala, dentro de los marcos en que fueron iniciados y de la evaluación por pares que institucionalmente procede. En este contexto es importante darle centralidad a la agenda del desarrollo en ciencia y tecnología con los énfasis señalados, en virtud de los cuales se fomente la investigación y el desarrollo en entornos de confianza, certidumbre y reglas del juego explícitas.
Si bien, el resultado de las elecciones de julio pasado arrojó un mandato claro a favor de un cambio y de un partido político, es fundamental respetar el marco constitucional y legal del desempeño institucional, así como los márgenes correspondientes la temporalidad en virtud de las cuales se deben asumir y ejercer las atribuciones.
En tal orden de ideas, resulta poco comprensible la pretensión que fue expresada hace unos días por la doctora Maria Elena Álvárez-Buylla Roces, quien ha sido desginada como próxima directora del Conacyt por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al director de dicho órgano, a efecto de que se suspendieran diversos programas y acciones, pretendiendo fundamentarse en el acuerdo oficial relativo a los procesos de entrega-recepción.
El transigir en lo solicitado operativamente es inconsecuente con el desmpeño institucional, además de implicar que los actuales servidores públicos del Conacyt incurran en serias responsabilidades administrativas y de otro orden.
Por todo lo anterior, de la manera más respetuosa, es menester expresar un extrañamiento a la doctora Ávalez -Buylla, a efecto de que se ciña al orden constitucional y legal.
Igualmente, consideramos pertinente el exhortar al Conacyt para que no altere su plan de trabajo y que en el proceso de transición se pueda generar la estabilidad y seguridad que los múltiples actores en el sensible sector requieren para concentrarse en su trabajo.
Por virtud de lo anterior, se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Union exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en el marco del proceso de transición no suspenda ninguna convocatoria, acción, o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a cargo de dicha institución.
Segundo.Se hace un llamado al equipo de transición del gobierno federal entrante y, de manera específica, a la doctora Maria Elena Álvárez-Buylla Roces a no obstaculizar el desarrollo de programas, presupuestos o acciones a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en detrimento del desarrollo científico, tecnológico y de innovación e innovación del país.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 4 de octubre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.
SE REVISE LA METODOLOGÍA PARA CALCULAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DEL SUMINISTRO DOMÉSTICO EN YUCATÁN
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE a revisar la metodología utilizada para determinar y calcular las tarifas finales del suministro básico doméstico en Yucatán, y proceder a su ajuste y disminución, a cargo de la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada de Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a revisar la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. El 3 de mayo de 2018, el pleno de la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo A/017/2018 por el cual modificó los diversos Acuerdos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de abril a diciembre de 2018; cuyo resolutivo Primero señala:
“Segundo. Se expide la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, la cual permanecerá vigente de abril a diciembre de 2018, misma que se adjunta al presente como Anexo B y se tienen aquí por reproducida como si a la letra se insertare, formando parte integrante del presente Acuerdo”.
2. En su resolutivo Décimo Cuarto dispuso que dicha regulación económica estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, se entendería prorrogada hasta que fueran expedidas las disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
3. El pasado 13 de septiembre de 2018, el pleno de la Comisión Reguladora de Energía, con dos votos en contra y cinco a favor, aprobó en sesión ordinaria la modificación de uno de los acuerdos relativo a las tarifas finales de suministro básico, comprendidas para el periodo septiembre a diciembre de 2018. De los siete comisionados de la CRE, sólo Montserrat Ramiro y Neus Peniche votaron en contra de modificar el anexo B del acuerdo A/017/2018.
4. Diversos sectores han manifestado su rechazo a la modificación a las tarifas pues en su opinión, son injustificados y desproporcionados.
5. El pasado 18 de septiembre de 2018, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo en el que medularmente se exhorta a diversas autoridades federales a que revisen la Metodología y ajusten a la baja las tarifas eléctricas que aplican para el sector industrial en el estado de Guanajuato, dado que ese sector se ha visto gravemente afectado con los incrementos aplicados.
II. Consideraciones
1. La ubicación geográfica del estado de Yucatán en la península del mismo nombre, al sur del Trópico de Cáncer, y su escasa altitud, determinan el climadel estado: semiseco muy cálido y cálido; el cual se distribuye en el 85 por ciento del territorio estatal, en una franja paralela a la costa, desde el oriente de río Lagartos hasta Dzilam de Bravo, Hunucmá y Celestún. El clima seco cálido se encuentra en la zona cercana al Golfo de México y al este de Telchac Puerto y el oeste de Puerto Progreso.
Su temperatura más baja oscila entre los 24 y 26 grados centígrados; y su temperatura media anual varía entre los 28 y 35 grados centígrados, aunque en algunas partes suele ser superior. Tan sólo en 2015, según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron numerosos días entre abril y junio con temperaturas máximas iguales o superiores a los 40 grados centígrados.
En verano existen los llamados “vientos alisios”, que soplan de manera constante sobre los trópicos y permiten mantener o bajar un poco el nivel de la temperatura en la zona.
Este tipo de clima está presente en toda la península -más que en cualquier región del país- como se visualiza en el siguiente mapa:
2. En esta región, el combate a la pobreza depende en gran medida de las políticas públicas y de los apoyos que reciban los habitantes para disminuir los costos del suministro básico de energía eléctrica; sólo así podrán atender necesidades básicas como son el uso de enfriadores o climas artificiales, dadas las altas temperaturas que llegan a registrase en la entidad por su ubicación geográfica.
3. Si bien las llamadas reformas estructurales, entre ellas, la energética, han tenido como propósito generar condiciones propicias para que los usuarios de energía eléctrica obtengan mejores tarifas y precios, lo cual se esperaba tuviera lugar en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la reforma, a la fecha esos efectos benéficos son nulos; por el contrario, siguen siendo patentes los incrementos continuos en las tarifas.
La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en agosto de 2016 un segundo incremento consecutivo en las tarifas de consumo doméstico, justificando su decisión en la necesidad de compensar los incrementos que hubo en los costos de operación por los precios de los combustibles en el mes de julio. Las tarifas reportaron aumentos de entre 5 por ciento y el 7.5 por ciento.
4. Los usuarios domésticos de energía eléctrica en México pagan el suministro básico a través de diversas tarifas específicas, que se identifican como 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F; adicionalmente, se aplica la tarifa DAC (Tarifas domésticas de alto consumo). En todo los casos, pese a las reformas energéticas se han tenido incrementos considerables; tan sólo por mencionar, en la tarifa DAC para la región Sur-Penínsular, se tiene registrado un incremento del 26 por ciento entre enero de 2016 a enero de 2018.
5. Estos aumentos desmedidos, revelan la insensibilidad y la poca importancia que el gobiernoque está por terminar su gestión tiene respecto de la población en general, y de aquellas regiones que por razón de su ubicación geográfica requieren de un tratamiento diferenciado en cuanto a las tarifas eléctricas que se les cobran.
6. La población de mi estado, diaria y cotidianamente, expresa su enérgico rechazo a estas medidas irresponsables, y como representante popular, hago eco de ese reclamo; máxime cuando en Yucatán, a diferencia de otras regiones del país, la entidad cuenta con una capacidad de generación eléctrica total de 1581 megavatios, distribuida en cinco centrales generadoras termoeléctricas (tres de estas centrales se concentran en Mérida y las otras dos en Valladolid), lo que permite considerar como una región que contribuye significativamente a la generación de energía eléctrica y tiene gran potencial para el uso de energías renovables (en especial la energía solar, la eólica y el hidrógeno); no obstante ello, la población yucateca no se ha visto beneficiada con una mejor tarifa para el cobro del suministro de energía eléctrica que requiere para poner en marcha enfriadores o climas artificiales, dadas las altas temperaturas que llegan a registrase en la entidad por su ubicación geográfica.
Lo único que pide con ahínco la población de Yucatán, es que si el gobierno no los va a ayudar a salir adelante y a atender sus necesidades básicas, cuando menos que no los perjudique con estas medidas insensatas.
7. Por ello, respaldo el sentir de los yucatecos y exijo,al igual que lo hizo el diputado Jorge Arturo Espadas Galván para el estado de Guanajuato, que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal en su conjunto , tomen cartas en el asunto y paren estos constantes y desmedidos aumentos.
Las autoridades exhortadas no pueden sostener que no tienen otra alternativa, o que no cuentan con las herramientas y el andamiaje legal o institucional para ello. Basta señalar que, precisamente, para evitar este tipo de distorsiones, se cuenta con una robusta normativa en materia energética, particularmente en lo tocante a la energía eléctrica.
El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene entre sus obligaciones: a) fomentar el desarrollo eficiente de la industria, b) promover la competencia en el sector, c) proteger los intereses de los usuarios, d) propiciar una adecuada cobertura nacional y e) atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
8. Asimismo, los artículos 2 y 4 de la Ley de la Industria Eléctrica (la LIE), determinan con claridad que el suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional y constituye un servicio de interés público cuya prestación se sujeta a los mandatos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
9. Por ello se confiere al estado la facultad de establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la CRE, en el ámbito de su competencia técnica; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación final de las tarifas que aplicará en lo subsecuente la Comisión Federal de Electricidad.
10. En ese tenor, el artículo 12, fracción IV, de la LIE faculta a la Comisión para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetará la operación de los suministradores de servicios básicos, así como de las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la LIE.
11. El artículo 139 de la LIE señala que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas y de las tarifas finalesdel suministro básico; y el artículo 140, fracción I, del mismo ordenamiento, establece que uno de los objetivos de las metodologías es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.
12. La idea de proteger a los usuarios y no incurrir en abusos se ratifica en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE); muestra de ello es el artículo 47, segundo párrafo que faculta a la CRE para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas reguladas bajo principios que permitan el desarrollo eficiente de la operación y que protejan los intereses de los usuarios, sin reconocer las contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dichos principios.
13. Con ese propósito, la CRE goza de las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, pudiendo realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos, según prevé el artículo 47 del RLIE.
III. Proposición
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al gobierno federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, cancele el aumento anunciado a las tarifas eléctricas y en ejercicio de sus facultades, tome las medidas pertinentes para establecer una política clara respecto de estos precios; asimismo, revise la Metodología utilizada para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico aplicable en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución, considerando la ubicación geográfica de la entidad, su clima, y la contribución al país en la generación de energía eléctrica, así como el hecho de que la población yucateca ha resentido negativamente los incrementos en las tarifas finales.
Notas
1 Modifica CRE acuerdo de tarifas básicas, Karla Omaña en Sección Zócalo de Reforma, 14 de septiembre de 2018,
www.zocalo.com.mx/reforma/detail/modifica-cre-acuerdo-de-tarifas-basicas
2 Pide IP revisión de tarifas eléctricas, Verónica Gascón, 14 septiembre 2018, en Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx? id=1491375&v=5&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/ articulo/default.aspx?id=1491375&v=5
3 Clima de Yucatán: Características Principales
https://www.lifeder.com/clima-yucatan/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/climatologia/
5 Tarifas eléctricas hilan dos meses con incrementos, Luis Carriles 01 de agosto de 2016, El Economista.
6 Consultable en
https://www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA, PARA POSICIONAR A CAMPECHE COMO DESTINO QUE OFERTA EXCELENTE COMPETITIVIDAD
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar programas, estrategias y campañas de difusión turística para posicionar a Campeche como destino con excelente competitividad, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal José del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo para que a través del Consejo de Promoción Turística de México, realice, programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad, y con ello promover un mayor flujo de turistas y fomentar la atracción de inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional y comunitario en la entidad.
Consideraciones
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la presente administración, el sector turismo se consolidó como un componente fundamental que permite fomentar el crecimiento económico, el desarrollo regional y la generación de empleos de calidad en el país. El mismo documento expone que ello permitió un crecimiento significativo en el arribo de turistas internacionales a México, al pasar de 15.9 millones (2012) a 39.3 millones (2017); cifra que representa un aumento de 67.9 por ciento en el flujo de llegadas.
Asimismo se señala, que derivado de las acciones de promoción turística que tuvieron como objeto dar una proyección nacional e internacional a los diversos destinos turísticos, México pasó del lugar 13, en 2012, al sexto país con mayor número de visitantes en 2017.
No obstante, y a pesar de los datos alentadores citados en el Sexto Informe de Gobierno, el estado de Campeche y particularmente Ciudad del Carmen atraviesan por una crisis severa en materia económica y turística, pues por citar un ejemplo, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre enero y diciembre de 2017 los puertos aéreos de Ciudad del Carmen, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco, registraron un descenso en sus operaciones del 29 por ciento. Cabe señalar, que el estado de Campeche se ubicaba en el lugar 26, de 32, de las entidades más visitadas. Hoy, se encuentra en la posición 14.
En el caso específico de Ciudad del Carmen, la drástica disminución observada desde 2014 y a la fecha en los precios del petróleo no sólo provocó una contracción en la actividad económica, sino también una caída de casi una tercera parte del flujo de viajeros internacionales que tienen vínculos con el negocio de los energéticos. Incluso, según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, ante la falta de afluencia de huéspedes y los altos costos de mantenimiento, en dos años han cerrado 14 hoteles en el estado de Campeche.
Más aún, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Ciudad del Carmen ha señalado que ante el desplome de los precios del petróleo existe una falta de pago a proveedores, provocando desaceleración en el consumo, razón por lo que muchas empresas y comercios no han podido mantener sus gastos operativos y han optado por cerrar. Esta crisis también alcanzo a restauranteros, minoristas, taxistas y a propietarios de inmuebles que alquilaban cuartos a trabajadores petroleros.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de agosto pasado referente a creación de empleos, señalan que el estado de Campeche perdió entre 2016 y 2017 alrededor de 23 mil empleos formales, lo que significa que su tasa anual de generación de empleo cayó en un 14.2 por ciento.
Todo lo anterior en su conjunto ha impactado negativamente; e inclusive datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan que en las 16 zonas arqueológicas abiertas al público en el estado de Campeche y en sus cuatro principales museos: Fuerte de San Miguel, Fuerte de San José El Alto y Baluarte de la Soledad, en el municipio de Campeche, y Museo del Camino Real, en Hecelchakán, la afluencia de visitantes a estos puntos turísticos no ha crecido durante los últimos cinco años, e incluso, no figuran en los de mayor afluencia del país, como se muestra en la gráfica siguiente:
Museos y zonas arqueológicas con mayor afluencia al cierre de 2017
Gráfica tomada del Portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Tusrismo.
Ahora bien, Campeche es un estado que oferta excelente competitividad, entiéndase ésta como “la capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios”. En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015-2021 señala que Campeche es un estado que por naturaleza tiene vocación turística y, como ya se mencionó, cuenta con 16 zonas arqueológicas, pertenecientes a la antigua civilización maya, dotadas con caminos de acceso y el equipamiento básico para la atención al turista, más allá de que posee la tercera mayor oferta de vestigios prehispánicos en México.
Cuenta con dos museos de sitio y nuee espacios museográficos para complementar una importante oferta cultural. El 37 por ciento del territorio del estado lo representan áreas naturales protegidas, tanto en selva como en costa, lo que hace de Campeche el estado con la mayor extensión de protección y conservación de flora y fauna en México.
Dos reservas de la biosfera: las selvas de Calakmul y los atractivos mangles de Los Petenes junto a Campeche. La Laguna de Términos, junto a Ciudad del Carmen, es santuario tortugas, manatíes y delfines, y al norte se encuentran las colonias de flamencos de río Celestún. Además, ríos y selvas ofrecen excelentes oportunidades para las actividades de naturaleza y aventura.
La ciudad histórica y fortificada de Campeche es la única ciudad amurallada en el territorio nacional y es Patrimonio Cultural de la Humanidad en la lista de Unesco; y la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, representa el único Patrimonio Mixto (Cultural y Natural) de México. Ambos sitios son los principales activos turísticos del estado de Campeche.
No es menos importante señalar, que el estado de Campeche cuenta con dos Centros de Convenciones, en Ciudad del Carmen y San Francisco de Campeche, con la capacidad de albergar congresos, exposiciones y eventos masivos, así como para ajustarse a diversos tamaños de eventos, y equipados con tecnología de punta para apoyo logístico.
Más aún, recientemente se han incorporado a la oferta turística estatal tres campos de golf de competición internacional, en los municipios de Campeche, Champotón y Carmen. Registros del gobierno del estado indican que Campeche cuenta con 8 mil 224 habitaciones hoteleras, de las que el 51.2 por ciento se encuentran en Ciudad del Carmen.
Existen dos aeropuertos internacionales en el estado, Ciudad del Carmen con conexiones regionales, nacionales e internacionales, y la ciudad de San Francisco de Campeche con vuelos a Ciudad de México. Sin embargo, es preciso señalar que recientemente la línea aérea Interjet ha cancelado vuelos por la ausencia de pasajeros en su ruta Campeche-Ciudad de México.
La caída de los precios del petróleo y la reducción en la producción del crudo han puesto en jaque a la entidad que dependía casi en su totalidad de la actividad petrolera. En virtud de ello, esta propuesta plantea la diversificación de su economía a través del turismo como palanca de desarrollo y disminuir su vulnerabilidad ante choques como los observados con la caída del precio del petróleo.
En ese sentido, se plantea que a través del Consejo de Promoción Turística dependiente de la Secretaría de Turismo se realicen campañas de difusión permanente en favor del estado de Campeche y en particular de Ciudad del Carmen, a objeto de que estos lugares sean vistos como destino turístico con excelentes ventajas competitivas en materia de calidad de los servicios y productos turísticos que ofertan, y no solo sean vistos como destino directamente vinculado con la actividad petrolera.
La Secretaría de Turismo, es la dependencia que ejerce la facultad de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional, tal como se estipula en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como en el artículo 4 de la Ley General de Turismo.
Señala el mismo ordenamiento en su artículo 2, fracción II, que la Secretaría de Turismo es la instancia que debe de establecer las bases para la política, planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es el:
“... organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que México te ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.”
Por lo anterior expuesto, someto a su consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Turismo para que, a través del Consejo de Promoción Turística de México, realice programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad, y con ello promover un mayor flujo de turistas y fomentar la atracción de inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional y comunitario en la entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que, de ser necesario el presente recurso legislativo, sea integrado para su seguimiento en razón del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
Referencias
1-2 Sexto Informe de Gobierno.-
https://www.gob.mx/informe.
3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.-
http://www.sct.gob.mx/transporte/aeronautica-civil/inicio/
4 Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.- http://www.hotelesmexicanos.org/
5 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad del Carmen-
www.canacocarmen.com.mx/
6 Subdelegaciones IMSS Campeche.-
www.segurosocial.social/subdelegaciones-imss/subdelgaciones
7 Portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Turismo.-
datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx.
8 Diccionario Oxford de Economía.-
http/www.Oxford-Dictionary-of-Economics.
9-12 Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015-2021.-
www.campeche.gob.mx/ped2015-2021
13 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.-
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf
14 Ley General de Turismo.-
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_130418.pdf
15 Consejo de Promoción Turística de México.-
https://www.ctpm.com.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre de 2018.— Diputado José del Carmen Gómez Quej (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.
SE PROTEJAN LAS POBLACIONES DE QUIRÓPTEROS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AEROGENERADORES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener, a la CRE y a la CFE a realizar acciones para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y el funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral primero; 62, numeral segundo; así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los murciélagos (quirópteros) representan el segundo grupo más diverso de mamíferos. Nuestro país ocupa el 6o. lugar en diversidad de murciélagos y posee el 10 por ciento de las especies del mundo. De este modo, en México habitan alrededor de 140 especies de quirópteros, representados en 8 familias, de las cuales 38 se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Los murciélagos no sólo son diversos por el número de especies que existen, a nivel mundial se han reportado más de 1,200, sino también por la diversidad de ecosistemas que habitan.
Con excepción de los polos, los murciélagos viven en todos los continentes y ecosistemas del mundo. Su alimentación incluye desde frutas, néctar y polen hasta insectos, peces, aves y pequeños mamíferos. Más del 70 por ciento de los murciélagos son insectívoros, el 24 por ciento se alimenta de frutas, y un 13 por ciento, más de 140 especies, se alimentan de néctar y polen de las flores. Únicamente 3 especies, es decir menos del 1 por ciento, se alimentan de sangre de mamíferos y aves.
Los murciélagos proveen servicios ecosistémicos clave, por ejemplo: la polinización, la dispersión de semillas, la producción de guano y el control de plagas agrícolas, todos de gran importancia económica. La economía de más de 40,000 familias mexicanas está íntimamente ligada con la polinización de agaves a través de la producción de tequilas y mezcales.
Aunado a lo anterior, el papel de los murciélagos es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas de los que dependemos; también proporcionan beneficios directos que mejoran la calidad de nuestra vida diaria.
Por ejemplo, los murciélagos promueven la regeneración de las selvas al dispersar las semillas de las plantas pioneras que se encargan de iniciar el proceso de recuperación. Asimismo, muchas frutas que consumimos, como zapotes, chicozapotes, guayabas y pitayas, entre otras, dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Los cactos columnares, tan característicos de los desiertos mexicanos, muchos de ellos en riesgo de extinción, desaparecerían de los paisajes de nuestro país si no fuera porque muchos murciélagos polinizan sus flores.
Los magueyes y agaves, referencia típica de orgullo e identidad nacional, tienen una estrecha relación con los murciélagos. La producción del pulque, el tequila, el mezcal e incluso los gusanos de maguey y hasta las pencas para envolver la barbacoa y la cutícula de las hojas de agave para cubrir los mixiotes, dependen fundamentalmente de la existencia de los murciélagos para la polinización de estas plantas. Este proceso asegura también su diversidad genética, disminuyendo así su vulnerabilidad ante plagas y enfermedades. Es decir, sin murciélagos que polinicen las inflorescencias de los magueyes y agaves, no tendríamos ni tequila, ni pulque, ni mezcal, entre otros productos de gran importancia ecológica, económica y cultural.
Debido a que 3 de cada 4 murciélagos se alimentan de insectos, se han convertido en aliados de los humanos ya que controlan plagas que afectan a la agricultura. Tan sólo en los estados fronterizos del norte de México habitan unos 30 millones de murciélagos guaneros o de cola libre, y cada millón de estos devora 10 toneladas de insectos cada noche, la mayoría de los cuales son considerados plagas. En zonas con presencia de murciélagos se ha reportado que colonias de al menos 5 millones de ejemplares pueden llegar a alimentarse de hasta 50 toneladas de insectos que atacan cultivos, en un radio de 100 kms.
Si se perdieran estas poblaciones de murciélagos, las cosechas mexicanas sufrirían graves daños. Los agricultores de todo México se benefician ya que se ha reportado que millones de murciélagos destruyen toneladas de insectos cada noche, insectos que de otra manera atacarían cultivos como el maíz, el algodón, el frijol, el jitomate, la soya y el chile, entre otros. Es destacable que los insecticidas no sustituyen el trabajo de los murciélagos, los insectos se hacen resistentes a cada aplicación de agroquímicos; estos últimos, además, contaminan el ambiente y los productos agrícolas que consumimos.
Asimismo, en las selvas tropicales, que son de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial, los murciélagos frugívoros son responsables de dispersar la mayoría de las plantas pioneras que hacen que la selva se regenere.
A pesar de lo anterior, los murciélagos han sufrido de mala reputación, resultado de haberlos asociado con los vampiros, acusándolos de ser animales sucios, sedientos de sangre. Por tal razón, estos organismos han sido víctimas de gran presión y se han destruido de manera injustificable las cuevas, refugios o incluso las colonias con cientos, miles y hasta millones de murciélagos, poniendo en riesgo todos los beneficios derivados de la presencia de los murciélagos.
Los aerogeneradores y sus afectaciones a las poblaciones de murciélagos
De conformidad a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, publicadas el 11 de agosto de 2014 y 24 de diciembre de 2015, respectivamente, la energía eólica se considera como una fuente renovable de energía. Si bien su desarrollo y expansión implica la generación de energía eléctrica de manera sustentable y en apoyo a las metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en línea con el Acuerdo de París y la Ley General de Cambio Climático, también se han documentado impactos negativos de los aerogeneradores en la vida silvestre, incluyendo la mortandad de murciélagos ocasionada por la colisión con las aspas de dichos aerogeneradores, así como cambios en los hábitos de alimentación y rutas de vuelo.
Hasta ahora se desconoce el motivo por el cual se presentan dichas colisiones, aunque algunos estudios sugieren que los murciélagos confunden los aerogeneradores con árboles o que las aspas de estos generan campos electromagnéticos que los desorientan.
La Rumorosa, Baja California, es una de las áreas con mayor potencial para la producción de energía eólica en México, por lo que en 2009 se instaló el Parque Eólico La Rumorosa. A pesar de que la construcción de parques eólicos está regulada por la legislación mexicana, no existen lineamientos específicos que permitan evaluar el impacto real de estos proyectos sobre los murciélagos.
Por ello, ha habido propuestas para emitir lineamientos que permitan la evaluación y mitigación de los parques eólicos sobre las poblaciones de quirópteros, cuyas recomendaciones incluyen: “el monitoreo de la quiropterofauna durante al menos un año antes de la operación de los proyectos eólicos mediante el uso de detectores acústicos. Durante la operación, se sugiere registrar la mortalidad de murciélagos mediante la búsqueda de cadáveres, cubriendo las cuatro estaciones del año.” A ello se suma que los investigadores han identificado que: “el cambio en la velocidad de arranque de las turbinas constituye una medida de mitigación viable para los parques eólicos en Baja California y México.”
En tal virtud, es indispensable que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros, algunas de ellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y que están siendo afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional.
Notas
1 Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515. Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/ II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf.
2 Semarnat. 2018. Conservación de murciélagos en México. Disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-del-murcielago-en- mexico?idiom=es.
3 Medellín, R.A. y Equihua, C.Z. Celebración del Murciélago. Revista ¿Cómo ves? 159. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en:
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/159/celebracion-del-murcielago.
4 Íbidem.
5 Brandt, D. Publimetro. 2015. Murciélagos, una especie necesaria para el medio ambiente. Disponible en:
https://www.publimetro.com.mx/mx/columnaunam/2015/10/16/ columna-unam-murcielagos-especie-necesaria-medio-ambiente.html.
6 Navarro, Karla, ¿Cómo impactan los parques eólicos en las poblaciones de murciélagos?, Agencia Informativa Conacyt, México, 9 de febrero de 2017.
7 Uribe, Minerva, Propuesta de guía para la evaluación y mitigación del impacto de los parques eólicos sobre la quiropterofauna en Baja California, México. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/319289021_
Dado en el salón de sesiones a 9 de octubre de 2018.— Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
ACUERDO NACIONAL PARA DETENER LOS INCREMENTOS EN LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AJUSTE DE METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sener, la SHCP, la CFE y la CRE un acuerdo nacional a fin de frenar los incrementos de las tarifas generales de electricidad en lo que resta de 2018, y revisar y ajustar las metodologías para determinar el cálculo de las reguladas, las máximas de los suministradores de último recurso y las finales del suministro básico, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe Ricardo García Escalante, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes
Consideraciones
El día 4 de octubre del 2018 se informó a través de un comunicado que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) sostuvo mesas de trabajo con las autoridades responsables de la Industria Eléctrica Nacional (Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía y Hacienda) y se determinó que en lo que resta de 2018 no habrá más incrementos en las tarifas eléctricas de media y alta tensión. El titular de la Unidad Especializada de Energía de Canacintra, Francisco Leonardo Anzures, dijo que hicieron varios planteamientos, donde el principal fue evitar que las tarifas siguieran subiendo, para luego ver cómo bajarlas.
A nivel estatal se han logrado acuerdos en Baja California, Coahuila, para la revisión de los usuarios que han recibido su facturación fuera del rango de lo habitual, principalmente para consumidores de media y alta tensión y para revisar el incremento que se aplicó en diciembre del 2017.
Estos acuerdos son resultado de las peticiones de los empresarios e industriales mexicanos por el impacto y pérdidas que han sufrido por los incrementos graduales que se han resentido en los dos últimos años y que han llegado hasta un 70 % como lo menciona Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial. La problemática ha sigo generalizada en todo el territorio nacional como lo manifestó la Canacintra en Puebla, la cual externó su preocupación por los costos desmedidos en las tarifas de electricidad las cuales han afectado en su productividad y competitividad a empresas de los sectores automotriz, textil, plástico, alimentos y metalmecánico.
No obstante los acuerdos logrados hasta el momento, no todos los actores económicos han podido negociar estos beneficios; por ejemplo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dijo que no ha llegado a ningún arreglo con las autoridades y que seguirán interponiendo amparos contra las alzas en las tarifas eléctricas.
Para algunos sectores de la industria y del comercio requieren se ajuste las metodologías para el cálculo de tarifas y que beneficie a todos los sectores económicos y de servicios para asegurar un verdadero impulso al crecimiento que requiere el país.
Exigimos se cumpla con lo que prometió el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Jaime Hernández el pasado 31 de enero 2018, respecto a “los aumentos en tarifas eléctricas presentados en algunas regiones del país a principios de año y que son atípicos” y ofreció la revisión de cada caso en particular”.
Nuestro Partido en las anteriores y en la reciente legislatura, hemos alzado la voz en nombre de los ciudadanos que representamos, para que el cobro de las tarifas de energía eléctrica sean asequibles, justas y se adapten a las diversas condiciones climáticas, económicas y sociales de nuestro país. Para sector productivo nacional, la energía eléctrica es un insumo indispensable para generar empleo y crecimiento.
Se requiere como ya lo mencioné en una Iniciativa que presenté en este periodo ordinario, reducir la pobreza energética principalmente en los hogares y establecer tarifas accesibles para la industria, las pequeñas y medianas empresas y comercios sin afectar la viabilidad de la industria eléctrica nacional.
Diputados de nuestra bancada al igual que de otros partidos, hemos presentados exhortos a las autoridades correspondientes para revisar y cancelar los aumentos a las tarifas de electricidad. Esta problemática se presenta en Guanajuato, Nayarita, Yucatán, Baja California y Nuevo León por citar los problemas más recientes.
Estamos al final de un sexenio que ha castigado a la población y sobre todo a la industria nacional, es necesario y urgente establecer un acuerdo entre autoridades y los sectores productivos para evitar el aumento de tarifas de luz en lo que resta del año y revisar el cálculo de tarifas para que estas impulsen el crecimiento y el desarrollo que tanto nos urge y que redundará en beneficios para toda la población.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Federal de Electricidad se congele cualquier aumento de tarifas para usuarios del servicio doméstico, industria y comercio en lo que resta del 2018.
Notas
1 http://www.milenio.com/negocios/frenan-alza-en-luz-para-canacintra-no-a-hoteles
2 http://www.canacintraens.org/facturacion/
3 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1429703.logra-ip-acuerdo-con-cfe.ht ml
Dado en Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2018.— Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
EXHORTO AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, A RECONSIDERAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre de 2018 sobre los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Laura Angélica Rojas Hernández, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, introdujo un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones o fuera de éstas.
Este nuevo régimen se encuentra regulado dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que derivó de la comentada reforma constitucional, y entró en vigor el 19 de julio de 2017.
El artículo 34 del ordenamiento jurídico mencionado establece que: “... el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos...”
Con base en dicho precepto legal, el Comité de Participación Ciudadana, el 7 de febrero de 2018, desarrolló una versión consensuada con la sociedad civil organizada, integrantes de los entes públicos que forman al Comité Coordinador, expertos nacionales e internacionales y de la academia, del contenido del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, misma que fue entregada a todos y cada uno de los miembros del Comité Coordinador.
Es necesario mencionar que el formato consensuado tuvo algunas modificaciones, retomadas del análisis de publicidad de datos personales contenidos en las declaraciones patrimonial y de intereses, que remitió el 22 de marzo de 2018 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Posteriormente, el 29 de mayo el Comité de Participación Ciudadana elaboró una propuesta de instructivo para el llenado cabal de los formatos en comento.
Una vez que el Comité Coordinador contó con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la naturaleza de la información que con la que se llenarán los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses, convocó a sesión ordinaria para el jueves 13 de septiembre para deliberar dicho asunto.
Sin embargo, los resultados de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador, no fueron los esperados por la ciudadanía que demanda transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. Con una votación mayoritaria se aprobó que los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses entren en vigor hasta el 30 de abril de 2019.
El significado de dicho resultado es que los servidores públicos salientes y entrantes, en el proceso de cambió de administración, no utilizarán los formatos comentados para rendir sus declaraciones.
A pesar del voto contrario del INAI y del voto concurrente del Comité de Participación Ciudadana, ambos con representación en el Comité Coordinador, la mayoría de sus integrantes se impuso arrojando un resultado desalentador para todos los que hemos impulsado la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En un ejercicio de autocrítica, Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana, cuestionó esta demora en la aprobación de los formatos en comento e hizo una reflexión sobre la pésima señal que envía el Comité Coordinador, con dicha resolución, sobre el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia.
Si bien es cierto, las deficiencias que ha presentado el Sistema Nacional Anticorrupción se deben a que aún no está completo, le faltan integrantes de suma relevancia para su funcionamiento cabal como el fiscal anticorrupción y los magistrados especializados para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos, eso no justifica la decisión de postergar la entrada en vigor de los formatos.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una herramienta garante de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía, que prevenga las causas de la corrupción.
Conocer a detalle la situación patrimonial, tanto de los servidores públicos salientes de la actual administración federal, como de los que iniciarán sus funciones con el nuevo gobierno, es fundamental para cumplir con los objetivos del propio Sistema nacional Anticorrupción.
Por lo anteriormente expuesto, someto de urgente u obvia resolución a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre.
Notas
1 Càmara de Diputados, Ley General de Responsabilidades Administrativas, (en línea), Leyes Federales, dirección URL:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf, (consulta: 18 de septiembre de 2018).
2 Levy, Irene, “Le falló a México el SNA”, (en línea), El Universal, México 17 de septiembre de 2018, dirección URL:
http://www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/nacion/le-fallo-mexico-el-sna, (consulta: 18 de septiembre de 2018).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de octubre de 2018.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
SE NEGOCIE LA INCLUSIÓN DE DIVERSOS ESTADOS DENTRO DE LOS BENEFICIOS FISCALES DE REDUCCIÓN DEL IVA AL 8% QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE ZONA LIBRE DE LA FRONTERA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de BC, BCS, Sonora y Quintana Roo a impulsar un frente común ante el gobierno federal para negociar su inclusión y la de sus municipios en los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento establecida en el programa Zona Libre de la Frontera, propuesto por el presidente electo, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones II y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador; asimismo se exhorta a sus congresos para que realicen acciones pertinentes a fin de que se incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera; y se exhorta al vigésimo segundo Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que realicen las acciones y gestiones necesarias para que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1939 se han dado luchas históricas a fin de lograr beneficios fiscales a favor del municipio de Ensenada, Baja California, con la intención de incluirlo en la franquicia de perímetros libres. Este beneficio fiscal quedó señalado en el decreto por el cual se establecen zonas libres en el estado de Sonora y los territorios de Baja California que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin lugar a dudas, esto fue uno de los logros concretados para que Baja California, incluyendo a Ensenada, que hasta antes de la reforma fiscal, permitieron al municipio gozar de los beneficios fiscales durante tanto tiempo.
Fue en 2013, cuando el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, presentó iniciativa (reforma fiscal) de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la que se estableció una tasa general para todo el país de 16 por ciento, eliminando cualquier excepción o preferencias tributarias, y homologando el impuesto señalado que, al día de hoy, sigue vigente.
Antes de la reforma mencionada a la Ley del IVA, se establecían excepciones muy importantes a las fronteras de México. Dicha ley, señalaba que “...para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional”. Por lo que se manejaba un porcentaje de tasa de IVA menor a las zonas antes señaladas, en comparación al resto del país.
Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013, toda la frontera norte, incluida Ensenada, Baja California, tenía una tasa preferencial de 11 por ciento del IVA a los actos y actividades gravados únicamente a residentes de la Región Fronteriza. No obstante, la tasa cambió desde 2014 (fecha en que entran en vigor las reformas aprobadas), afectando gravemente a todos los estados fronterizos y municipios contemplados dentro de la ley hasta ese momento vigente.
Entonces, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue tajante al señalar que este cambio en la ley afectaría al consumo de productos en las regiones, produciendo un efecto recesivo en su economía. Los diputados del PAN en la LXII Legislatura advirtieron durante la discusión del paquete económico de 2014 que, con el incremento en la tasa del IVA en la frontera, se afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que forman dicha región y complicaría la productividad de miles de pequeñas empresas.
Asimismo, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) publicó los efectos negativos de la reforma fiscal, señalando como principales consecuencias por la homologación del IVA en la franja fronteriza el incremento de la inflación, la caída en la economía regional, menos competitividad en las empresas, fuga de consumidores y menos poder adquisitivo para los más pobres de la frontera norte. Los pronósticos fueron acertados pues efectivamente ocurrieron y afectaron fuertemente a los municipios y estados fronterizos.
Recientemente en México se vivió un proceso electoral, en el cual surgieron diversas propuestas derivadas de todas las inquietudes relacionadas a la reforma fiscal de 2013, y como efectos del proceso electoral, fue elegido presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien fue uno de los candidatos que propuso bajar el IVA en la frontera a 8 por ciento como una medida preferencial. Sin embargo, ya una vez electo, Andrés Manuel hizo diversas declaraciones señalando que se creará una zona franca en la frontera norte del país, en la que se aplicaría una tasa del IVA reducida a 50 por ciento de la que se aplica actualmente en todo el país, pero el beneficio de diferenciación de la tasa será exclusivamente para aquellos municipios comprendidos en una franja de 30 kilómetros de extensión.
En consecuencia, varios grupos empresariales y sectores de la sociedad civil en todos los estados afectados se han manifestado públicamente, entre los cuales también el Congreso del Estado de Baja California, quien el pasado 6 de septiembre aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhortan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente electo de México, para que incluya al municipio de Ensenada en su proyecto de beneficios fiscales de la Zona Franca Fronteriza Norte del próximo año.
Desde que fue aprobada la reforma fiscal, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha señalado que la homologación del IVA en la frontera afecta al consumo de productos en la región y produce un efecto recesivo en su economía. Los diputados de nuestro partido estamos a favor de las políticas que se pretenden implementar a fin de dar beneficios fiscales en la frontera, sin embargo, es indispensable que se incluyan a todos los municipios que estaban contemplados dentro de los beneficios fiscales antes de la reforma fiscal de 2013.
Personalmente como ensenadense que soy, y preocupada por las afectaciones económicas que puede ocasionar que disminuyan el IVA en Tijuana y no a Ensenada, considero que por la importancia económica del puerto de Ensenada, resulta imperativo incluir a todos los municipios de Baja California con el objeto de evitar afectaciones graves a la competitividad del estado. Vale la pena señalar que Ensenada no se ubica dentro de la franja fronteriza de 30 kilómetros que propone el próximo gobierno y que pretende establecer como límite para la zona franca, de conformidad a las declaraciones del presidente electo. El municipio de Ensenada se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos de América, lo que en automático lo descarta como beneficiario de la propuesta señalada.
De este modo, es de resaltar que Baja California es el único estado de la frontera norte del país que cuenta con sus centros económicos más importantes dentro de la franja fronteriza, de hecho, cuatro de los cinco municipios se encuentran dentro de la franja fronteriza, y a una distancia no mayor de 30 kilómetros. Es así que debe tomarse en consideración que la ubicación principal del desarrollo económico de Baja California está en la franja fronteriza norte y la dependencia económica que tiene el municipio de Ensenada, al no tener mercados cercanos con quien interactuar (más cercano Hermosillo, Sonora, a 940 kilómetros) es dable que se retome su inclusión en las medidas de impulso a la competitividad que se pretende dar a la zona franca.
En general, todo estímulo fiscal que se pretenda otorgar a las fronteras del país serán benéficos para las mismas; ya sea reducción del IVA o del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero es importante que se incluyan a todos aquellos municipios que colinden con las zonas dentro de los 30 kilómetros de las fronteras, de no hacerlo, se corren riesgos económicos muy graves.
Por ello, con el presente punto de acuerdo se pretende que los estados que tienen municipios que colindan con los 30 kilómetros fronterizos y fueron incluidos antes de las reformas de 2013, se organicen para que gestionen la adhesión de dichos municipios y en consecuencia dentro de todo beneficio fiscal que el gobierno federal implemente en un futuro próximo. También, es importante que los congresos locales se involucren con la realización de gestiones para los mismos efectos.
Para efectos del tercer punto que se propone, se exhorta al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que, de este modo, también se involucren las autoridades municipales, a efectos de gestionar la inclusión de Ensenada dentro de los posibles beneficios fiscales fronterizos que pueda establecer la federación, así como la reducción del IVA a 8 por ciento.
Dicho lo anterior, se propone el presente proyecto con punto de acuerdo, para crear una conciencia de grupo, y que la lucha se haga de forma conjunta ante la federación y sea mucho más fuerte la presión que pueda recibir el gobierno federal para que tome en cuenta a todos los estados y municipios que puedan ser afectados por las medidas fiscales que se tomen próximamente.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que de forma coordinada impulsen un frente común ante el gobierno federal a fin de negociar su inclusión y la de sus municipios, dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento, que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera propuesto por el presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo, para que realicen acciones pertinentes a fin de que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera.
Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al vigésimo segundos Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a fin de que realicen las acciones y gestiones necesarias para que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluya a sus estados dentro de los beneficios fiscales de reducción del IVA a 8 por ciento que establece el Programa de Zona Libre de la Frontera.
Notas
1 Véase:
http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00012.pdf
2 Véase:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Documento/ 20180906_ACUERDO_GOROSAVE.pdf
3 Véase:
https://www.puertoensenada.com.mx/esps/0000144/distancias
4 Véase: Documento “Consideraciones por las que el Municipio de Ensenada, Baja California; debe de ser considerado en el tratamiento legal especial de Zona Franca o Zona Estratégica Norte propuesto por el actual Presidente de la República Mexicana electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador”, Coparmex.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martín López Cisneros y Ricardo Flores Suárez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Comité Coordinador, y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León a reponer el proceso de designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.
Exposición de Motivos
1. Los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad e integridad que marca el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León son los ejes rectores en la relación y funcionamiento de todo el sistema que da pie a la ley. Las normativas anticorrupción aspiran a ser el estandarte más elevado sobre las aspiraciones dogmáticas y orgánicas del estado, y es la obligación de todos los involucrados en esa vital encomienda conducirse con la máxima diligencia y probidad.
2. Actualmente la corrupción es uno de los grandes problemas que los ciudadanos reconocen como prioridad y uno de los retos que aquejan al estado de derecho.
3. Desde la concepción del Sistema Nacional Anticorrupción se ha buscado responder a las demandas de los mexicanos para que la ética coincida con el derecho, equilibrando y protegiendo la participación ciudadana con el ejercicio público. En ese mismo contexto reformador, el legislador creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como respuesta a las exigencias sociales producto de los múltiples casos de posibles hechos de corrupción.
4. En ese contexto se formularon diversos instrumentos para el Estado mexicano, que en todo momento procura la participación ciudadana, brindándole los impedimentos necesarios para que la misma participación se desarrolle en un contexto de independencia, libertad, y no subordinación, a fin de evitar toda posibilidad de faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.
5. Esta independencia, libertad y equilibrio de la participación ciudadana, es la esencia fundamental de todo el proceso legislativo y de acompañamiento ciudadano que rigió la formulación de las normas estatales en materia anticorrupción. De esta forma, se respondió al reclamo ciudadano para prevenir toda posible argucia jurídica que pudiera comprometer la esencia del sistema estatal.
6. Sin embargo, ese equilibrio entre la participación ciudadana y los entes públicos depende del sano involucramiento y el ejercicio de buena fe, de las funciones que la ciudadanía les ha confiado.
7. Por eso los artículos 15, 20, 21 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, y en general, a lo largo de la misma, se plasman impedimentos de empleo y comisión para los ciudadanos que participan en los procesos relativos al sistema estatal. Es claro en la ley estatal se identifica al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León como un sujeto con responsabilidades administrativas, a la luz del artículo 105 de la Constitución estatal. Por ello, es posible vincular las decisiones, actuaciones, u omisiones del Comité de Participación Ciudadana al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Todo ese andamiaje jurídico responde a cuestiones básicas que la Ley General de Responsabilidades Administrativas identifica y define, como lo son:
• “Conflicto de Interés: la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”
• “Falta administrativa grave: las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas.”
• “Cohecho: [incurre] el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.”
8. De particular interés resulta lo establecido por el artículo 58 de la Ley General, que indica:
“Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.”
9. A la luz de los hechos entorno del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda y su nombramiento como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, es que se debe de cuestionar la lógica y justificación de la existencia de las normativas locales en materia anticorrupción y su relación con la participación ciudadana.
10. El referido fue integrante del Comité de Selección, el cual seleccionó al Comité de Participación Ciudadana, del que algunos miembros forman el Comité Coordinador, que lo seleccionó como secretario técnico del Sistema. Es decir, él tuvo un involucramiento en escoger a las personas que posteriormente lo habrían de nombrar para otro cargo.
11. Si bien es cierto, en los hechos el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda renunció al Comité de Selección para someter su candidatura para la Secretaría Técnica y no hay un impedimento expreso en la ley estatal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas permiten plantear a la luz de los artículos 21 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en relación con el artículo 105 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que hay un conflicto de interés.
12. Independientemente de las acusaciones que se puedan verter en ese contexto sobre el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; es una responsabilidad básica de sus miembros asegurar que los procesos y decisiones de selección se rijan bajo la lealtad a la ciudadanía y con integridad. Del análisis de los hechos se desprende ese equilibrio de buena fe y responsabilidad hacia la ciudadanía, se ha visto vulnerado por los entes de selección y por el propio Joaquín Ramírez de la Cerda.
13. La propia candidatura del ciudadano Ramírez de la Cerda no cumplía con los estándares mínimos que señala el artículo 41 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León que en su fracción II requiere que la persona aspirante al puesto de secretario técnico tenga experiencia verificable en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
14. El ciudadano en comento, si bien cuenta con estudios en derecho y materia de amparo, no cuenta con la experiencia adecuada en las materias que requiere la ley. En virtud de lo anterior, se ha dado la espalda al respaldo de la comunidad, en aras de preservar argucias legales.
15. Precisamente, en la esencia y espíritu de la ley, se busca eliminar argucias legales en las que se incurrieron en este proceso de elección. Esta sola acción compromete la integridad del estandarte del estado de Nuevo León en su lucha contra la corrupción. El mensaje que se ha mandado a la comunidad es de abuso, de conflicto de interés y falta absoluta al respeto y confianza de ellos en las instituciones.
16. Es claro que el Comité Coordinador, el Comité de Participación, el Comité de Selección y el hoy secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León se encontraban en al menos un aparente conflicto de interés, ya que la atención, tramitación y resolución de todo este proceso de nombramiento en ningún momento se consultó ni analizó la posibilidad de excusarse, ante lo que pareciera un intercambio de favores y posiciones; en uno de los puestos más críticos e importantes para el sano funcionamiento de este estado.
17. Incluso, es razonable indicar que a la luz del artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los entes de selección cometieron abuso de funciones por sus actos u omisiones arbitrarios, máxime que ignoraron las posibilidades de conflicto de interés.
18. La ciudadanía de Nuevo León merece instituciones que estén a la altura de sí, no merece que su confianza sea traicionada por los máximos garantes de la integridad del futuro del estado.
Considerandos
I. Como diputado federal, es fundamental defender la integridad de nuestras instituciones vitales, que garantizan el funcionamiento ético y correcto de nuestro estado.
II. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la guía fundamental para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y de los entes que lo componen.
III. El funcionamiento y la integridad del Sistema Estatal Anticorrupción se ha visto vulnerado y comprometido, contemplando los artículos 1, 2, 5, 15, 20, 21, 22, 32, 35, 37, 38, y 40 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, ante el conflicto de interés que existe entre el secretario técnico y los diferentes comités.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo que exhorta al Comité Coordinador, y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a reponer el proceso de designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como su secretario técnico.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a dejar sin efectos el nombramiento del ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León a reponer el proceso de nombramiento del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción con candidatos que cumplan todos los requisitos legales para el puesto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martín López Cisneros, Ricardo Flores Suárez (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
VALORAR LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión a generar condiciones para realizar mesas de trabajo a fin de valorar el establecimiento de un órgano evaluador de la implantación del sistema penal acusatorio, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, diputada federal del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Exactamente hace diez años fue publicada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia sin precedentes en nuestro país, la cual, entre otras cosas, replanteó el sistema de justicia penal en su totalidad. Que culminaría en la instauración de un nuevo sistema jurídico penal: el procedimiento acusatorio y oral; el que parecía traer una bocanada de aire fresco a la procuración e impartición de justicia penal en nuestro país, ya que su principal objetivo era asegurar el acceso a la justicia con calidad, efectividad, eficiencia y transparencia, sobre todo la citada reforma era una medida urgente y necesaria debido a los altos niveles de impunidad e inseguridad.
Tanto que la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración e impartición de justicia era escasa y, a veces, nula; el sistema de justicia era lento, ineficiente y en él se violaban sistemáticamente los derechos humanos de víctimas e imputados, por lo que se vio al sistema acusatorio como una posible solución.
En el 2016, se culminó un complicado proceso de implementación, que, a pesar de sus buenas intenciones, se caracterizó por la improvisación y por evidentes asimetrías institucionales en cuanto a recursos y al establecimiento de prioridades en las diferentes entidades federativas, adicional a ello sin un adecuado sistema de evaluación y seguimiento que contribuyera a ponerles remedio, arrancó su operación, a pesar de que adolece de muchas cosas. Y los resultados apenas son alentadores.
Sin embargo, las circunstancias de inseguridad e impunidad que existían en 2008 y en el 2016 subsisten en nuestros días y, en algunos casos, han empeorado, motivo por el cual la implementación de nuevo sistema, si queremos estar a la altura de un país que aspira a que se respete el Estado de derecho, es necesario hacer tanto las adecuaciones legislativas como operativas del sistema, pero para lograr alcanzar el ideal que se planteó en su diseño, será a través de la evaluación y el seguimiento.
Así que la operación del modelo acusatorio se encuentra finalmente en la “etapa de consolidación” y a partir de junio de 2016, el modelo acusatorio opera en todo el territorio nacional y para todos los delitos, por lo que ha dejado de ser una apuesta hacia el futuro y se ha convertido en una realidad que es necesario evaluar, criticar y mejorar.
Para lo cual fue creada la Setec mediante decreto, el 13 de octubre de 2008, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para la implementación del nuevo sistema penal que entre otras innovaciones sustituía los procesos escritos por juicios orales. El plazo para el arranque del sistema vencía el 18 de junio de 2016.
Pero con el retraso de la puesta en marcha del sistema en los estados, la Setec diseñó un nuevo esquema de seguimiento con más de 30 indicadores divididos en tres ejes y tres operadores. La metodología dio resultados, se detectaron retrasos en obras, presupuesto mal aplicado y errores en las entidades que ya lo habían puesto en funcionamiento, entre los más importantes.
Así se logró que llegada la fecha límite, los estados pudieran iniciar el sistema, aunque en algunos casos como Guerrero fue con lo mínimo.
Para hacer este trabajo la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) contaba con un equipo de casi cien personas y un presupuesto aprobado año con año, exclusivo para su operación. Además, en su calidad de órgano autónomo, contaba con la capacidad de vigilar la implementación del sistema en todos los estados y el correcto uso de miles de millones de pesos en subsidios.
Sin embargo, el 13 de octubre de 2016, la Setec de la Secretaría de Gobernación desapareció y en su quedo la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal.
Y con su desaparición se puso en peligro la consolidación del sistema en muchos estados que pudieran bajar la guardia y que ahorita es muy riesgoso abandonar el monitoreo (de implementación), ya que la Setec tenía ingresos presupuestales por 2,000 millones de pesos, los cuales se dejaron de percibir por parte de los gobiernos de los estados para capacitar a policías y ministerios públicos, adquirir tecnologías informáticas y construir salas de juicio oral, entre otros.
El 20 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”, en el cual se delegó a los poderes federales implementar la supervisión de su sistema en el ámbito de sus atribuciones, y crear enlaces para coordinarse entre ellos.
Como último punto del acuerdo, se estableció que las entidades federativas “que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrían adherirse al acuerdo”. Se trataba de un convenio opcional.
Sin embargo, especialistas en Juicios Orales aseguran que este convenio carece del mínimo alcance operativo para supervisar el funcionamiento del sistema penal en los estados.
Y con la desaparición de la Setec sin que exista un plan de formación de un órgano que continúe con estas funciones. Se dejó al libre albedrío de los estados el adherirse a este acuerdo para ser de alguna forma evaluado o supervisado, al igual que a las otras instituciones.
Aunque ya funciona en todos los estados del país, el nuevo sistema penal enfrenta aún varios obstáculos para su consolidación. Los pendientes son de distinto tipo, desde temas de capacitación hasta de infraestructura. Lo más urgentes es la capacitación de los policías, tanto investigadores como preventivos.
Pero lo más grave es que a consecuencia de la desaparición de la Setec y al no haber previsto un órgano que le diera continuidad a evaluación permanente de la implementación del sistema de justicia penal, se tiene como resultado de que hoy no se puedan tener indicadores claros, ni capacitación homologada, principios de operación con criterios homologados.
Derivado de la valoración por parte de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, sobre el Sistema de Justicia Penal, se pueden enumerar algunas de las acciones de las que el sistema adolece de:
1. En lo que se refiere al registro de información, se pudo observar que cada una de las instituciones en las 32 entidades federativas lo hacen de manera diferente, lo que trae como consecuencia que no existan criterios homologados para el registro de los casos y así como de su flujo durante el proceso; por lo que se genera poca claridad de lo que sucede con los casos al interior de las instituciones.
2. Los esquemas institucionales de coordinación a nivel local son divergentes. Esto se debe a que son pocos los estados que han instaurado un órgano de coordinación para la fase de consolidación, la mayoría conservan los esquemas de coordinación institucionales que se crearon para el proceso de implementación.
3. Se observaron deficiencias en las Fiscalías y Procuradurías, lo que hacen evidente tanto la falta de capacidad técnica de investigación, como la falta de operación adecuada del binomio ministerio público-investigador.
4. Se encontró que el sistema atiende mayormente casos en los que se configura la flagrancia o bien, casos menores, sin que exista la capacidad de investigar delitos de mayor complejidad ni orientar sus esfuerzos hacia una persecución penal más estratégica y no de casos aislados únicamente.
5. Para enero de 2018 solo 3 entidades federativas cumplieron con la emisión de la Declaratoria necesaria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Por lo que fue fácilmente identificar que un gran número de entidades federativas no han iniciado la implementación de la LNEP, aunado a ellos tampoco se advirtió una mayor capacidad instalada en cuanto a personal ni a la mejora sustantiva en términos de infraestructura que logre asegurar las condiciones y servicios que prevé la Ley.
6. No existe personal suficiente y capacitado existe una disminución considerable en términos de acciones de capacitación. Además, es notable la divergencia en el número de funcionarios entre las distintas instituciones, tanto en números necesarios para la operación óptima como en desarrollo de competencias y capacidades. Destacándose el rezago de las defensorías públicas y las comisiones de atención a víctimas.
Del estudio se puede rescatar que No existe profesionalización, únicamente 58 de las 160 instituciones estatales que se analizaron, es decir, el 36.3 por ciento, reportaron contar con un servicio profesional de carrera o carrera judicial que se encuentra operando de forma efectiva. Es decir, solo hay evidencia de que 1 de cada 3 instituciones del sistema de justicia en el país cuenta con un esquema que establezca reglas claras de reclutamiento, capacitación, evaluación y promoción de sus operadores. Profesionalización de los operadores del sistema de justicia
Evidenciando que el servicio profesional de carrera y/o la carrera judicial opera únicamente el 36.3 por ciento de las instituciones estatales o, lo que es lo mismo, solo 1 de cada 3 instituciones de este país cuentan con funcionarios profesionales, con esquemas claros que regulen y evalúen su desempeño. Este dato sirve como indicador de la distancia que persiste entre la norma y la realidad en materia de profesionalización de funcionarios en el país.
La profesionalización es una condición ineludible para proporcionar estabilidad laboral a los operadores y con ello generar incentivos positivos, mediante lineamientos claros y permanentes de reclutamiento, evaluación, ascenso y baja al interior de las instituciones. No habrá sistema de justicia de calidad con operadores que trabajen en condiciones precarizadas o cuya estabilidad laboral depende de los ciclos políticos. En este sentido, implementar el servicio profesional de carrera favorecerá la independencia de las instituciones frente a las presiones de actores políticos o de intereses extrajurídicos.
7. Las asimetrías institucionales prevalecen a nivel nacional, tanto en la distribución de recursos, como en las capacidades institucionales. Salvo excepciones, las defensorías continúan rezagadas a pesar de constituir una institución clave dentro del modelo acusatorio.
8. Es preocupante el impacto de decisiones judiciales equivocadas en la operación del sistema de justicia. El modelo acusatorio requiere de una operación ágil y la mayoría de las decisiones judiciales hasta el momento -particularmente las de la SCJN- se han dado en este sentido; sin embargo, no son pocas las resoluciones que están generando una burocratización y formalización excesivas en los distintos momentos procesales, como resultado de la profunda desconfianza que existe entre algunas instituciones.
Derivado de los anterior podemos señalar que los mayores pendientes y obstáculos para el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, no se encuentra prioritariamente en la norma aun cuando persisten figuras jurídicas incompatibles con los principios y valores del modelo acusatorio (como la prisión preventiva oficiosa o el arraigo) y que requieren ser legisladas con prontitud para prevenir abusos, como los que aquí se han documentado; sino en la operación.
Por lo que es prioritario dirigir los esfuerzos institucionales a solventar los desafíos de la operación diaria, desde el diseño y reorganización institucional, hasta el desarrollo de capacidades y competencias en los distintos operadores jurídicos.
Pero el mayor riesgo detectado en el segundo año de la etapa de consolidación es un estancamiento en la operación del SJP. Situación que queda evidenciada por dos factores. En primer lugar, la poca capacidad de respuesta del sistema a un número de asuntos que crece sostenidamente. El porcentaje de carpetas de investigación iniciadas ha aumentado en un 79.6 por ciento de 2015 a 2017; simultáneamente, las instituciones de procuración de justicia reportan una capacidad de respuesta a tan solo 5 de cada 10 asuntos, y, en segundo lugar, la reforma ha sido señalada por operar solo para delitos no complejos, y los resultados de la operación confirman esta percepción. Para el año 2017, las judicializaciones con detenido fueron el 38 por ciento del total y el porcentaje no ha variado mucho en los últimos cuatro años. Lo anterior evidencia una clara ausencia de investigación efectiva, así como la relevancia de las detenciones en flagrancia dentro del SJP.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de que se generen las condiciones necesarias para la realización de Mesas de Trabajo que evalúen la posibilidad de la creación de un órgano técnico de evaluación de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para que cuyo órgano garantice la comunicación efectiva entre las diversas instituciones, y cuyo objetivo será la evaluación del sistema.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para que genere las condiciones necesarias para la realización de Mesas de Trabajo que evalúen la posibilidad de la creación de un órgano técnico de evaluación de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para que cuyo órgano garantice la comunicación efectiva entre las diversas instituciones, y cuyo objetivo será la evaluación del sistema.
Nota
1 Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México” es resultado del esfuerzo de los integrantes de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
SE INVESTIGUEN LOS ASESINATOS OCURRIDOS EN REYNOSA, TAMAULIPAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con puntos de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:
En el estado de Tamaulipas lamentablemente en los últimos años ha incrementado los actos violentos, así como los asesinatos que quedan impunes.
Es por ello, que a través del presente Punto de Acuerdo exhorto a las autoridades locales y federales a que se investigue el caso de 5 personas muertas y dos heridos, uno de ellos policía ministerial, es el saldo que quedó de los enfrentamientos y persecuciones armadas en el sector La Cañada e Hidalgo de esta Frontera a temprana hora de hoy, en Reynosa Tamaulipas, el día 29 de septiembre del año en curso.
Los incidentes violentos culminaron en el cruce de avenida Del Pasito y boulevard Hidalgo, bajo el nuevo puente elevado. Ahí quedaron 4 cuerpos de sujetos armados, uno bajo un vehículo y dos más en los costados exteriores.
Posterior al incidente del boulevard Hidalgo sujetos no identificados lanzaron “poncha-llantas” al poniente de la misma vialidad para afectar el tráfico.
Al inicio de la refriega ocurrió cerca de la iglesia católica de San Judas Tadeo otra balacera en la colonia La Cañada, después de las 9 horas en los momentos que se oficiaba una misa.
Los feligreses tuvieron que tirarse al suelo ante la cercanía de los disparos, Al menos un vehículo de un asistente al oficio religioso resulto con daños en los cristales.
Compañeras y compañeros diputados solicito su apoyo solidario con todo el apremio y urgencia que este tema amerita, en virtud de que minuto a minuto se están presentando matanzas en el estado de Tamaulipas.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único.La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A APLICAR EN SU TOTALIDAD EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Raúl Gracia Guzmán, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Exposición de Motivos
1. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es de carácter presupuestal. Con él se transfieren recursos económicos a todos los estados y la Ciudad de México; con estos recursos se busca dar cumplimiento a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El FASP se orienta en 10 programas con prioridad nacional:
1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
4. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
7. Sistema nacional de información para la seguridad pública.
8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas (Pública, 2018).
2. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos federales del FASP se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación:
Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (ley, 2018).
3. Para determinar la distribución de los recursos destinados a cada entidad federativa, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación y por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utiliza criterios que incorporan el número de habitantes de los estados y de la Ciudad de México; el índice de ocupación penitenciaria; la implantación de programas de prevención del delito; o los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, la Ley de Coordinación Fiscal establece:
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate (ley, 2018).
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el fondo se entregará de manera mensual por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año a todas las entidades federativas:
Este fondo se entregará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo (ley, 2018).
4. Para tener un control de los recursos, todos los estados y la Ciudad de México reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el ejercicio de los recursos del fondo, asimismo del avance y el cumplimiento de las metas. Para dar mayor transparencia al destino de los recursos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales informarán trimestralmente de los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
5. Nuevo León, dispone para 2018 de un total de 387 millones 91 mil 449.67 de pesos, de acuerdo con lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el anexo técnico del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. De ellos, la aportación federal fue de 267 millones 171 mil 93.00 pesos; y la estatal, de 119 millones 920 mil 356.67.
Pese a contar con esta cantidad de dinero, el gobierno del estado ha ejercicio muy poco recurso: apenas 10 millones de pesos, 3 por ciento del presupuesto, centrándose el gasto en el sistema penitenciario y de justicia para adolescentes. Así se ve en lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
(Fondo de Aportaciones, 2018.)
6. En Nuevo León, durante septiembre del año en curso se registraron 89 homicidios dolosos, una cifra que igualó el número más alto durante la actual administración que se registró el mes de febrero de 2016, de acuerdo con cifras publicadas por la Fiscalía General del Estado:
(Fiscalía General, 2018.)
Como se observa, el número de homicidios es superior a la media y al cierre de mes, septiembre puede ser el periodo con el mayor número de asesinatos en todo el año.
Consideraciones
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El gobierno de Nuevo León enfrenta una crisis de inseguridad, de motines en diferentes penales. Por si eso fuera poco, el 3 de octubre del año en curso en el tutelar de menores de Escobedo se presentó un intento de fuga. Este escenario refleja la incapacidad del gobierno del estado para dar respuesta al reto en materia de seguridad que enfrenta la entidad.
Si bien para hacer frente a la inseguridad y los constantes eventos delictivos que se presentan se requieren recursos humanos y materiales, el recurso económico es la parte medular de esta tarea, sin embargo, a pesar de tener dinero el gobierno del estado no lo aplica, ejemplo de ello es la poca por no llamar nula aplicación de recursos otorgados por la federación y los que también aporta el gobierno estatal.
III. Es necesario que el gobierno de Nuevo León aplique los recursos destinados a cada programa de prioridad nacional, de lo contrario se podría generar un subejercicio e inverso al discurso de combate a la delincuencia se incrementaría la incidencia delictiva.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Notas
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Recuperado de
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para- la-seguridad-publica-fasp Revisión hecha el 8 de octubre de 2018.
2 Ley de Coordinación Fiscal. Recuperada de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Revisión hecha el 8 de octubre de 2018.
3 Anexo técnico del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331356/ ANEXO_T_CNICO_FASP_NUEVO_LEON_2018.pdf Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.
4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Recuperado de http://www.sesnsp-met.com/ Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.
5 Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Consulta las estadísticas de los homicidios dolosos registrados en Nuevo León. El índice delictivo general está detallado por mes y comprende de 2015 a 2018. Recuperado de https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nuevo-leon/ Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.
Fuentes consultadas
Fiscalía General, d. e. (9 de octubre de 2018). Consulta las estadísticas de los homicidios dolosos registrados en Nuevo León. El índice delictivo general está detallado por mes y comprende 2015 a 2018. Obtenido de https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nuevo-leon/
Fondo de Aportaciones, p. l. (9 de octubre de 2018). Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Obtenido de
http://www.sesnsp-met.com/
Ley, d. C. (8 de octubre de 2018). Ley de Coordinación Fiscal. Obtenida de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pd
Pública, S. E. (8 de octubre de 2018). Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Obtenido de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-se guridad-publica-fasp
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL ROBO EN LAS CARRETERAS ESTATALES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer de manera coordinada con los ayuntamientos las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga y de pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho delito, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo al transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El transporte de carga constituye no sólo un modo de integración nacional, sino también un factor estratégico para el desarrollo económico de México. Se trata de un sector vital para cualquier economía por su elevada contribución a la generación de valor agregado, considerando su interrelación con el resto de las actividades productivas, facilita además el traslado de mercancías que se producen en otros sectores de la economía y permite su acceso a los mercados.
El 80 por ciento de las mercancías en el país se movilizan por carretera, dicho sector contribuye con 3.2 por ciento del producto interno bruto nacional y genera alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos. No obstante, uno de los principales desafíos a los cuales estamos obligados a hacer frente en la materia es en el robo en los transporte de carga, cuyo número de incidentes en el país ha aumentado de manera importante en los últimos meses.
El robo al sector del autotransporte de carga se incrementó de 5,435 delitos en 2015 a 10,230 robos en 2017, cifra que representa un crecimiento de 88 por ciento en dos años. Datos de 2018 permiten puntualizar que el robo de camiones que transportan carga se cuadruplicaron, al pasar de ocho diarios en 2017 a 32 en lo que va del año. El robo en estas unidades se concentra principalmente en unidades que trasladan bienes de consumo, cabe destacar que en su mayoría alimentos, ropa y zapatos.
De acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, reportada en el periodo enero-mayo del año en curso, los 10 estados donde se concentró el robo a transportistas fueron estado de México (mil 210), Puebla (975), Michoacán (608), Tlaxcala (442), Nuevo León (412), Jalisco (391), Morelos (322), San Luis Potosí (195), Querétaro (101) y Oaxaca (72).
Las consecuencias para el sector y para la economía mexicana, en general, son considerables. Con base en el documento de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Conacar) titulado Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga, el impacto de la inseguridad en el sector asciende a 43,664 millones de pesos, monto mayor al destinado por el Estado en materia de prevención y disuasión, medido por medio de programas de seguridad, que en conjunto suman 38,605 millones de pesos.
Tan sólo los costos directos en los que incurre el sector transportista, sin contabilizar los costos por parte del Estado representan 7 por ciento del PIB del sector del autotransporte de carga.
Desde el gobierno federal se han emprendido diversas acciones, cabe destacar que una de las más importantes es que a partir del 21 de febrero de 2018, el delito de robo al autotransporte de carga es tipificado de como un delito del fuero federal.
Además, con la finalidad de reducir la comisión de ilícitos contra unidades de carga y pasajeros que circulan por la red carretera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) encabezó la “Primera Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Accidentes y Robo al Autotransporte”, entre la Policía Federal, autoridades locales y organizaciones empresariales de transporte, en la zona centro del país.
Cabe destacar también la relevancia del Programa Cuadrantes, cuyo objetivo es atender a los usuarios de la red carretera federal de manera expedita y la atención oportuna del personal desplegado en todo el país. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha colocado cámaras de videovigilancia en cerca de 2,000 km de la red de autopistas de Querétaro, Puebla, Guerrero y el Estado de México.
No obstante, pese al importante número de acciones, es necesario continuar con el reforzamiento de acciones que garanticen la seguridad en la cadena logística nacional. Ante la relevancia del sector y el papel que juega en la economía, también las entidades federativas y los municipios deben fortalecer sus acciones de prevención y coordinación con la federación.
Con esta finalidad se presenta dicho exhorto, el cual va dirigido a fortalecer las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de delitos de robo al transporte de carga en el país, ante el aumento de casos de dicho ilícito.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo al transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito.
Notas
1 Viviana Estrella, Robo a transporte de carga, reto logístico para los nuevos gobiernos, en línea Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Robo-a-transporte-de-carga-reto- logistico-para-los-nuevos-gobiernos-20180704-0126.html
2 Canacar, Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga, Robo a transporte de carga, reto logístico para los nuevos gobiernos, en línea disponible en:
https://canacar.com.mx/app/uploads/2018/06/ 180618-Documento-te%CC%81cnico-poli%CC%81tico-VP.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE GARANTICE LA VENTA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN EL INTERIOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a fortalecer los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en los planteles educativos, dado el incremento de la venta de comida chatarra, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública de alcances globales. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que en 2016 más de mil 900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. Los problemas de salud asociados al sobrepeso y la obesidad son la causa de muerte de alrededor de 2.8 millones de personas cada año.
En el caso de México, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 señalan que 7 de cada 10 personas adultas padecen sobrepeso u obesidad; en los jóvenes, esta condición es de 4 de cada 10; y en los niños, 1 de cada 10.
El gobierno federal no ha sido omiso ante esta problemática, por el contrario ha impulsado distintas políticas dirigidas a prevenir el sobrepeso y la obesidad: entre las que destacan la campaña informativa Chécate, Mídete, Muévete; la imposición del IEPS a bebidas con alto contenido calórico para disminuir el consumo de estos productos; la definición y regulación de un etiquetado frontal para conocer los valores nutrimentales de los productos; la prohibición de publicidad en televisión durante horarios infantiles de alimentos que excedan los criterios nutrimentales; y los lineamientos para la venta de alimentos en los planteles escolares.
Los resultados de estas políticas han sido distintos, mientras el impuesto a las bebidas azucaradas ha demostrado que ha tenido en la disminución del consumo de estos productos; en el caso de los lineamientos para la venta de alimentos en los planteles escolares éstos no se han instrumentado de manera exitosa.
Esta situación resulta preocupante en virtud de que 1 de cada 3 escolares viven con obesidad y esta condición aumenta 50 por ciento al concluir la educación primaria, por lo que resulta necesario no sólo promover hábitos alimenticios saludables, sino también un entorno escolar saludable.
La Ley General de Educación señala en el artículo 24 Bis que la Secretaría de Educación Pública, “mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental”.
El 16 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, el cual establece:
• El acuerdo y su anexo único serán aplicables a todas las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional en las cuales se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados.
• Prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del sistema educativo nacional que, por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales
• Obligatoriedad para los prestadores de servicios.
• Sanciones que van desde multas de hasta el equivalente a cinco mil veces el salario o revocación del reconocimiento de validez oficial.
Pese a estas restricciones, los resultados de la investigación Explorando el ambiente escolar alimentario, presentados en días recientes, señalan:
• En las escuelas persiste un ambiente alimentario obesogénico, donde 51 por ciento de la oferta de alimentos fue ultraprocesado y 63 por ciento de las bebidas que se ofrecen en los planteles es azucarado.
• En 55 por ciento de las escuelas hay publicidad de estos productos.
• Prácticamente no hay comités de establecimiento de consumo escolar, que es una figura fundamental en la vigilancia y supervisión de la oferta de alimentos.
La obesidad infantil no sólo es causada por malos hábitos individuales de consumo, también es resultado de un entorno que promueve la obesidad, denominado ambiente obesogénico, por ello, consideramos una prioridad que las niñas y niños de México cuenten con entornos escolares saludables.
En el Grupo Parlamentario del PRI continuaremos velando por el interés superior de la niñez y promoviendo las acciones legislativas que contribuyan a prevenir el sobrepeso y la obesidad entre la población mexicana.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra.
Notas
1 10 datos sobre la obesidad, Organización Mundial de la Salud,
< http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/> Consultado el 2 de septiembre de 2018.
2 Véase Reducción en el consumo de bebidas con impuesto después de la implementación del impuesto en México,en
< https://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html> Consultado el 2 de septiembre de 2018.
3 “Explorando el ambiente escolar alimentario”, en El Poder del Consumidor,2018,
<http://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/08/ d-escuelas-ambientes-obesogenicos-investigacion-explorando-el-ambiente- escolar-alimentario-vf.pdf> Consultado el 2 de septiembre de 2018.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE VERACRUZ, A ATENDER EL FENÓMENO DE FEMINICIDIOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que atienda de manera pronta, expedita y diligente, el fenómeno del feminicidio en la entidad, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La violencia contra las mujeres y las niñas ha sido un fenómeno generalizado y sistemático que se encuentra presente tanto en México como en el resto del mundo. Se trata de un fenómeno que ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia porque en el planeta, uno de cada tras mujeres ha sido golpeada, violada o abusada sexualmente.
Esta grave situación atenta contra los derechos humanos de las mujeres que se encuentran relacionados con la dignidad humana, la libertad, el libre desarrollo de su personalidad, la seguridad, el patrimonio entre muchos otros. A la par, la denominada violencia feminicida atenta directamente a la vida.
Así, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21 define la violencia feminicida de la siguiente forma:
Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.
De acuerdo con los principios establecidos en la referida Ley General de Acceso, la violencia feminicida constituye una de las acciones más lesivas de los derechos humanos, porque se encuentra directamente relacionado con los feminicidios, es decir, con aquellos homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres por razones de género.
Si bien se han emprendido importantes políticas públicas que buscan proteger la situación de las mujeres en el país, lo cierto es que el fenómeno del feminicidio se ha transformado en un auténtico problema de seguridad pública.
Se destaca sobre todo la situación de Veracruz por ser especialmente preocupante; esta entidad federativa concentra el mayor número de muertes violentas de mujeres a nivel nacional con un total de 79 feminicidios y 137 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en 2017.
Adicionalmente, los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Poza Rica de Hidalgo, Yanga, Río Blanco, Mocorito, Tezonapa, Huatusco, Misantla, Pánuco, Martínez de la Torre y Tuxpan se ubican en la lista de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en México; lo cual posiciona al estado de Veracruz, como la entidad federativa que cuenta con el mayor número de municipios considerados en la referida lista.
Se destaca además que dicha entidad federativa es la única que cuenta con dos alertas por fenómenos distintos de violencia contra la mujer. Además del feminicidio, Veracruz tiene una alerta de Violencia de Género por agravio comparado, es decir que la legislación, la política del estado y las actuaciones de las y los funcionarios públicos fomentan la desigualdad, discriminación y atentan contra los derechos humanos de las mujeres reconocidos en México. En este respecto, el grupo de trabajo concluyó que “en el estado de Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Adicionalmente, en lo que va del año 2018 la Fiscalía General del estado ha reportado 36 feminicidios; sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, existen 22 muertes violentas de mujeres que pueden ser tipificadas como feminicidio y que la Fiscalía ha clasificado como homicidio doloso.
Al respecto, se advierte un grave problema en el marco de la investigación y la sanción de los delitos cometidos contra mujeres, en especial el feminicidio. Esto es porque el tipo penal no se está clasificando de manera correcta, a la par que los altos índices revelan deficiencias en los principios de prevención, atención y sanción en materia de violación de los derechos humanos de las mujeres.
Es importante referir que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es una obligación de las autoridades del estado aplicar el principio de debida diligencia en el marco de la investigación de los delitos de violencia contra la mujer. Las sentencias de González y otras vs. Estado mexicano (Campo Algodonero) y los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, establecen la imperante necesidad de proteger los derechos a la vida, la integridad, la libertad y el acceso de la justicia de las mujeres. En tales sentencias se advierte la obligación de las fiscalías de investigar la violencia feminicida.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias para México, en Veracruz no se han emprendido acciones contundentes que permitan atender el fenómeno del feminicidio; por el contrario, la cifra de asesinatos continúa incrementándose, a la par que la investigación de los delitos sigue siendo lenta, tortuosa y sin resultados.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que atienda de manera pronta, expedita y diligente, el fenómeno del feminicidio en la entidad.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre de 2017, publicado en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.
4 Conavim. Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado, México: Conavim, 2017.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de 30 de Agosto de 2010.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de 31 de Agosto de 2010
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de dos mil dieciocho.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, para que realicen una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La última semana de agosto y los primeros días de septiembre del año en curso, tuvimos conocimiento de casos de inundaciones, encharcamientos y alto tránsito vehicular en prácticamente todas las delegaciones de la Ciudad de México. A causa de las lluvias que se han registrado durante esta temporada, la ciudadanía ha resultado afectada desde demoras en los tiempos de traslado hasta daños a su patrimonio.
El panorama expresado lejos de ser una cuestión aislada, forma parte de un fenómeno que se ha constituido como una constante ante la presencia de precipitaciones pluviales en la capital del país.
Se encuentra documentado que las precipitaciones pluviales derivaron en un sinnúmero de encharcamientos en prácticamente toda la capital del país, incluidas vialidades como Periférico Sur y San Antonio, Molinos y Revolución; Periférico y Reforma; Luis G. Urbina y Julio Verne; Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, y Calzada Ignacio Zaragoza.
El común denominador en estas contingencias fueron inundaciones, tránsito lento, pérdida de tiempo, daños patrimoniales e incluso, lesiones ocasionadas por accidentes viales. Para poner en perspectiva el tema que motiva el presente punto de acuerdo, basta mencionar algunos casos que se han presentado en los últimos días:
30 de agosto de 2018. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informaron que se registró caída de granizo en distintas zonas de la capital, así como inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la capital. Una de las zonas más afectadas fue la cantera de la Ciudad Universitaria.
30 de agosto de 2018. Las lluvias registradas generaron caos en diferentes avenidas y vialidades, entre ellas, la calzada Zaragoza donde se produjeron inundaciones y la circulación en ambos sentidos quedó paralizada. Por si esto no fuera suficiente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el transporte público en general, presentó complicaciones.
Sin que sean todos los casos, los hechos referidos dejan de manifiesto que la capital del país es altamente vulnerable ante fenómenos meteorológicos como lluvias, tormentas eléctricas y caídas de granizo, basta observar las considerables pérdidas materiales y humanas que han producido para la población e incluso para el propio gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, permiten advertir la responsabilidad que tienen las autoridades capitalinas y delegacionales para realizar revisiones exhaustivas de las medidas de mantenimiento de las vialidades y rutas alternas, así como de diseñar e implementar protocolos de actuación para garantizar la seguridad de la población.
Bajo este contexto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas, lleven a cabo una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones que contempla y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho.
De la misma manera, es fundamental que se ejecuten eficientemente los recursos públicos destinados a fortalecer los programas de reparación y mantenimiento de las vialidades, para disminuir los daños a los habitantes de la capital. Por otro lado, es pertinente fortalecer las medidas en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos con el objetivo de prevenir la obstrucción de alcantarillas, rejillas y coladeras.
A partir de las consideraciones vertidas, los legisladores del PRI consideramos fundamental que el gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo las acciones solicitadas, mismas que están encaminadas a garantizar la seguridad, el tránsito, pero sobre todo, la vida y el patrimonio de los capitalinos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, para que realicen una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho.
Notas
1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/granizo-cubre-calles-de-cdmx-se- registran-varias-inundaciones/1261950
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/periferico-inundacion- tlalpan-coyoacan-iztapalapa-lluvia-granizo-1956597.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación, y Población, para dictamen.
EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE PUEBLA, A DAR CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES POR EL HOMICIDIO Y LINCHAMIENTO DE DOS PERSONAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a dar celeridad a las investigaciones por el linchamiento de dos personas acontecido el pasado 29 de agosto en Acatlán de Osorio, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto del año 2018. Asimismo, para que fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo de incidentes, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante los últimos años en el estado de Puebla se han incrementado las denuncias públicas sobre la comisión de diversos delitos, entre ellos el robo en carretera, la sustracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Pemex, asaltos al transporte público, extorsiones al transporte de carga, robos a casa habitación, homicidios y feminicidios, principalmente.
Una de las zonas más afectadas es la región Mixteca, lugar donde se han documentado retenes falsos, a través de los cuales despojan de sus pertenencias a comerciantes, empresarios y transportistas. Por si esto no fuera poco, existen quejas sobre la desaparición de personas a cargo de organizaciones del crimen organizado que opera en la entidad.
Este clima de inseguridad, aunado a los nulos resultados que han dado las estrategias hasta ahora emprendidas por parte del gobierno estatal y la falta de coordinación con las autoridades municipales, han derivado en altos índices de impunidad, quebrantando el estado de derecho.
Para tener un panorama general de la situación imperante en el estado de Puebla y en la región Mixteca, basta indicar el linchamiento de dos personas el pasado 29 de agosto en el municipio de Acatlán de Osorio. De acuerdo con los primeros reportes, las personas privadas de la vida fueron detenidos en la comunidad de San Vicente Boquerón por mostrar un actitud sospechosa cuando circulaban en las inmediaciones de una de las escuelas de la comunidad.
Ante las acusaciones de los pobladores fueron trasladados a la cabecera municipal, sin embargo, un grupo de pobladores los sustrajo de la penitenciaría afirmando que estos individuos se encontraban en estado de ebriedad y que mantenían secuestrado a un par de menores, por lo que los golpearon y prendieron fuego.
Es importante destacar que, durante estos acontecimientos no se cumplieron los protocolos de actuación como el de “búsqueda de soluciones pacíficas”, las autoridades municipales no establecieron canales efectivos de diálogo y tampoco informaron de los hechos para un rápido auxilio a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Los linchamientos en el estado de Puebla y la incapacidad institucional para prevenirlos por parte de las autoridades estatales son constantes, ejemplo de ello, es el homicidio de otra persona en el 2016 cuando lo sorprendieron al interior de un domicilio y al tratar de huir fue golpeado por un grupo de personas y trasladado al Hospital General de la demarcación donde perdió la vida por la gravedad de las lesiones.
Sólo en lo que va de este año, en Puebla se han dado 146 intentos de linchamiento y 15 personas han perdido la vida por estas causas, entre ellos, 4 en Yehualtepec y 3 en Miravalles, asimismo, han golpeado y quemado a diversos individuos en la junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, en El Sabinal y en la localidad de San Miguel Canoa en la de la capital poblana.
Los sucesos descritos demandan mayor atención por parte de las autoridades y una efectiva coordinación con las autoridades municipales en las tareas de contención y prevención. Si las autoridades no fortalecen las estrategias de seguridad y cumplen con los protocolos de actuación policial, continuará dándose la violación a los derechos humanos.
En este contexto, es fundamental que la Fiscalía General del Estado de Puebla, realice las investigaciones correspondientes con objetividad, transparencia y efectividad, a fin de deslindar responsabilidades, establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas características, así como asegurar el acceso a la justicia.
Nuestro marco jurídico e institucional contempla procedimientos específicos para asegurar que toda persona tenga un proceso justo y de haber cometido algún delito, sea sancionado. En este sentido, las instituciones de seguridad municipal tienen bajo su responsabilidad mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, de ahí la necesidad de contar con cuerpos policiacos confiables, capacitados, bien remunerados, certificados y equipados para que puedan realizar con prontitud y efectividad sus tareas.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto del año 2018. Asimismo, para que fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo de incidentes.
Notas
1 Édgar Ávila. (2018). Linchados en Puebla eran Campesinos; no eran robachicos: Fiscalía. 30/08/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/linchados-en-puebla-eran-campesinos- no-eran-robachicos-fiscalia
2 José Luis Domínguez y Diana Jiménez. (2016). Consuman linchamiento en Acatlán e impiden otro en Zacaola. 31/08/2018, de e-consulta Sitio web:
http://www.e-consulta.com/nota/2016-01-27/seguridad/consuman-linchamiento- en-acatlan-e-impiden-otro-en-zacaola
3 El Heraldo de México. (2018). Derechos Humanos de Puebla inicia queja por linchamientos en Acatlán de Osorio. 30/08/2018, sitio web:
https://heraldodemexico.com.mx/estados/derechos-humanos-de-puebla-inicia- queja-por-linchamientos-en-acatlan-de-osorio/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al día 4 de septiembre del año 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE ACTUALICEN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y REALICEN SIMULACROS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA COLECTIVA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a actualizar por las dependencias de seguridad pública y con los ayuntamientos los protocolos de actuación y realizar simulacros para prevenir la violencia colectiva, o linchamientos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros, a fin de prevenir la violencia colectiva (linchamientos), al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente en México se han registrado casos de linchamientos que, de volverse recurrentes, podrían poner en peligro la seguridad e integridad de personas inocentes, así como el derecho a la impartición de justicia en nuestro país.
Durante los últimos días, los estados de Puebla e Hidalgo fueron escenario de dos sucesos de linchamiento, en los que cuatro personas fueron quemadas vivas por que la población las había considerado presuntas responsables del robo de menores de edad.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, los linchamientos habrían sido motivados por noticias y mensajes falsos propagados en las redes sociales que alertaban sobre supuestos “robachicos”.
Las autoridades anunciaron que las víctimas de linchamiento no se encontraban implicadas en ningún delito, por lo que se trataba de personas inocentes; asimismo informaron que los rumores sobre robos masivos de niños son totalmente falsos, por lo que hicieron un llamado para que no sean difundidos a través de las redes sociales.
A través de un comunicado, la Fiscalía de Puebla anunció que no existe registro hasta el momento sobre robo de menores y que se trata de un fenómeno de desinformación a nivel nacional.
De forma similar, la Fiscalía de Hidalgo alertó sobre la circulación de información falsa sobre robo de menores de edad, por lo que pidió a la población informarse y no alarmarse con dichos rumores.
Por su parte, la Fiscalía de Yucatán difundió un comunicado informando que en esa entidad no se tienen informes de robos de menores de edad afuera de las escuelas, como lo decían algunos de los mensajes con información falsa. En Durango, Jalisco y Sinaloa también emitieron mensajes similares a la población.
Los linchamientos son delitos que se producen por la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa, en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades. Asimismo, los linchamientos son delitos que ponen en evidencia la crisis de la impartición de justicia, vulnerando los derechos de los acusados y dañando el tejido social.
De acuerdo con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, los linchamientos ocurren debido a la impunidad, por lo que los ciudadanos que toman justicia por su propia mano tienen desconfianza de la justicia por parte del gobierno.
En materia legal, los linchamientos constituyen un atentado al artículo II de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala:
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Asimismo, se vulnera el artículo 5 de esta misma declaración, el cual establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.”
En cuanto al marco legal nacional, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
De acuerdo con el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014),elaborado por Raúl Rodríguez Guillén, en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República.
Las penas aplicadas a los participantes en linchamientos pueden alcanzar entre 40 y 50 años de prisión, sin embargo, al ser crímenes perpetrados por multitudes, puede generar impunidad.
Estos delitos constituyen un importante obstáculo para la impartición de justicia en México y para su desarrollo democrático y legal, además de poner en riesgo los principios de convivencia pacífica en las comunidades. Por ello, resulta urgente y necesario hacer frente a los delitos de linchamiento, principalmente a través del reforzamiento de los mecanismos de impartición de justicia, la información hacia la sociedad y la implementación de protocolos de actuación para prevenir los linchamientos.
Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de seguridad pública y en coordinación con los municipios, a actualizar los protocolos de actuación y realizar simulacros, a fin de prevenir la violencia colectiva (linchamientos).
Notas
1 Aguirre, Juan Pablo, Linchamientos en México,Cuaderno de Investigación, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
2 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, [en línea], disponible en
https://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE RECALCULEN LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCATÁN, Y SE IMPULSE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE LLEGUE EL GAS NATURAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en Yucatán; y al Cenega, a impulsar la construcción de infraestructura a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Juan José Canul Pérez, Dulce María Sauri Riancho, María Esther Alonzo Morales y Enrique Ochoa Reza, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Vidal Peniche, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán, ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses; asimismo, al Centro Nacional de Gas Natural, para que impulse la construcción de la infraestructura necesaria a fin de que el gas natural llegue a la entidad, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La electricidad constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad pueda realizar sus actividades cotidianas y se impulse el desarrollo del sector industrial y comercial. Asimismo, mejora el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, elevando el bienestar y la calidad de vida de la población.
En México, la industria eléctrica ha registrado un importante crecimiento. Basta señalar que entre 2006 y 2016, los usuarios de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional pasaron de 31.9 millones a 40.8 millones de usuarios, el sector residencial concentra al 88.6 por ciento de los usuarios.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo en el país. Representa el 23 por ciento del consumo final del sector agropecuario, el 35 por ciento de la industria, y el 30 por ciento de los sectores residencial, comercial y público, en conjunto.
La tarifa de electricidad depende de distintas variables, entre ellas los costos asociados con la generación, transmisión y distribución de electricidad. En el período de 2006 a 2016, el precio medio de la energía eléctrica mantuvo una tasa media de crecimiento anual de 2.9 por ciento. Los sectores comercial y de servicios presentaron una variación de 3 por ciento y 5.5 por ciento, respectivamente, mientras que el sector industrial tuvo un incremento de 2.9 por ciento.
Por área operativa, el área Peninsular ha presentado los precios medios más altos, en promedio 1.89 pesos por kilowatt-hora, derivado de los altos costos de generación de la energía. Esta situación se deriva de la utilización de diésel y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas de la región, en vez de gas natural, de menor precio y mayor eficiencia energética.
En los últimos meses usuarios de Yucatán, perteneciente a la región Peninsular han denunciado un incremento de las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial, que llega hasta 66 por ciento, en promedio, entre enero y julio de este año.
Cabe señalar que, en noviembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicó una nueva fórmula para calcular el costo de la distribución de la energía, presuntamente en forma equivocada, lo que disparó el nivel de las tarifas. El organismo aprobó la metodología de cálculo para los valores de las Tarifas Finales de Suministro Básico.
Los dirigentes empresariales locales principalmente de Canacintra, Concanaco y Centro Empresarial de Yucatán, han intentado infructuosamente que la CRE realice una reconsideración de la modificación para calcular las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial de noviembre pasado, la cual provocó un incremento considerable en las mismas. Dicha situación ha generado un fuerte descontento entre los industriales y comerciantes de dicha entidad, quienes sienten que la CRE les ha dado “atole con el dedo”. (Alejandro Gómory Martínez, vice-presidente de la Canacintra, Diario de Yucatán, lunes 3 de septiembre, sección Local, p. 6).
La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.
Tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía Eléctrica (LORCME), la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
El artículo 42 de la LORME establece que la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
Además de las atribuciones que le confieren las leyes mencionadas, deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:
I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;
II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y
III. La generación de electricidad, los servicios púbicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.
En este contexto, resulta de vital importancia que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial para Yucatán. Claramente está incumpliendo su función de “proteger los intereses de los usuarios”, en este caso, industriales y comerciantes yucatecos, cuyos negocios han resultado profundamente afectados por el alza desmedida de las tarifas eléctricas. También, resulta fundamental impulsar la construcción de la infraestructura necesaria para hacer llegar gas natural en cantidad y calidad suficiente a Yucatán, severamente afectado desde 2016, cuando a raíz del accidente de las plantas proveedoras del gasoducto Mayakán, el suministro fue reducido a su mínima expresión. Es el único camino para reducir costos en forma sostenible, y tomando en cuenta que el gas natural es un energético mucho más amigable para el medio ambiente.
En nuestro país, el principal componente de la demanda de gas natural es el de la generación de electricidad, por ello la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha promovido la importación de este energético, pese a que somos un país sumamente rico en dicho recurso.
Actualmente, el gas natural es una fuente de energía más barata y en los últimos años ha crecido su disponibilidad, promoviendo el desarrollo de infraestructura para su transporte y la reconversión de centrales eléctricas.
La reforma energética emprendida durante la actual administración, tuvo entre sus principales objetivos comenzar con un proceso de transición para reducir la utilización de los combustibles fósiles, que tanto daño hacen al medio ambiente, e impulsar el uso de energías limpias, entre las cuales el gas natural es una de las más accesibles y ecológicas.
Al respecto, en México hemos fortalecido la legislación para dar mayor impulso a la construcción de gasoductos y proyectos de almacenamiento. Hay que destacar, que la Ley de Hidrocarburos establece que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) es el gestor y administrador independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios de ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en el territorio nacional.
Un sector eléctrico eficiente es promotor del desarrollo económico y social, además, permite contar con tarifas más competitivas y el uso de energías sustentables, en beneficio de las familias mexicanas. Ninguno de estos sanos propósitos se materializan en Yucatán. Reducir las brechas de desarrollo entre regiones del país pasa necesariamente por el suministro de energía suficiente y a precios competitivos para la realización de sus actividades económicas. Nada de esto sucede actualmente en Yucatán, parte de la región sur-sureste.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el Estado de Yucatán, ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Centro Nacional de Gas Natural, para que impulse la construcción de la infraestructura necesaria para que el gas natural llegue al Estado de Yucatán, de tal forma que contribuya a reducir los costos de generación de electricidad y promover el uso de energías sustentables.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva_ del_Sector_El_ctrico_2017.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98308/PRODESEN-2016-2030_1.pdf
Dado en la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Juan José Canul Pérez, Arturo Escobar y Vega, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Elías Lixa Abimerhi, María Ester Alonzo Morales, María Sara Rocha Medina (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los medios que ayuden a erradicar la discriminación laboral de las personas mayores de 40 años, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El trabajo es un derecho fundamental que se encuentra reconocido a nivel internacional y en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Contribuye no sólo al desarrollo de los individuos, sino también para que las personas hagan frente a sus necesidades y a las de su familia.
Al respecto, nuestra Ley Fundamental establece en el artículo 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
No obstante, las personas de 40 y más años se han convertido en un sector de la población que es discriminado por los empleadores o asumen el mayor riesgo de quedarse desempleada. La discriminación por edad puede definirse como el trato diferencial hecho a una persona por motivos de su edad, sin considerar de antemano sus capacidades y aptitudes.
Éste, es un serio desafío en México, ya que se estima que la tasa de desempleo de los adultos de 30 años y más es de 3.5 por ciento. Las zonas metropolitanas donde ese sector de la población percibe la falta de oportunidades y experiencia como su principal dificultad son la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y León.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo en México afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años, ya que la mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes. Esto significa que una cuarta parte de las personas desempleadas en México tienen 40 o más años de edad, factor que los hace propensos a permanecer sin una fuente de ingresos.
Cifras oficiales indican que de 1 millón 858 mil desempleados registrados hasta el segundo trimestre del año 2018, 242 mil 691 poseen entre 40 y 49 años de edad, 168 mil 782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59 años, mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años.
Aunado a lo anterior, estimaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señalan que el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el país descartan a la población entre los 35 y 40 años, las posibilidades están abiertas sólo para un 10 por ciento, no obstante, se trata de empleos con salarios bajos que no se equiparan con la experiencia que los solicitantes en ese rango de edad poseen.
La edad se ha convertido en un filtro que emplean las empresas para seleccionar a su personal, entre otras razones porque las personas que pertenecen a este grupo etario tienen mayores dificultades para adaptarse a los constantes avances tecnológicos. Además, varias empresas descartan la contratación de personas con experiencia y prefieren emplear a jóvenes, ya que es un sector con una mayor negociación salarial, con fuerza, disponibilidad a viajar o cambiar de residencia, flexibilidad y menores exigencias respecto a derechos laborales.
No obstante, en un país como México, donde cada vez es mayor el segmento de la población de 40 años, dicha práctica de discriminación debe de erradicarse, de no ser así, tendría un impacto en el desarrollo del país si este sector no se logra incorporar al mercado laboral.
Reconocemos que desde el Gobierno Federal se han impulsado diversas acciones para eliminar esta situación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social orienta a los trabajadores para recibir servicios gratuitos de asesoría, orientación y representación jurídica, en caso de que perciban que están ante alguna situación de discriminación. Cabe destacar la experiencia de países como Colombia donde se llevan a cabo ferias del empleo para personas mayores de 40 años o bien, se trabaja en coordinación con las empresas privadas para que empleen a este grupo.
Pese a los esfuerzos realizados, es indispensable redoblar esfuerzos. El presente punto está encaminado en esta dirección, ya que tiene como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años.Es necesario romper las barreras a las que se enfrentan las personas de este grupo etario para acceder al mercado laboral, con el fin de promover un avance cada vez más significativo en la construcción de un país más incluyente.Cabe añadir que se trata de un personal altamente calificado, con experiencia y conocimientos que son esenciales para el crecimiento del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años.
Notas
1 Imjuve, Discriminación laboral, problema juvenil, en línea [Disponible en:]
https://www.gob.mx/imjuve/prensa/discriminacion-laboral-problema-juvenil
2 Conapred, Discriminación laboral por edad inicia a los 35-40 años, en línea [Disponible en:]
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml
Dado en la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
PREVENCIÓN A FIN DE EVITAR INCIDENTES COMO EL INCENDIO DEL MUSEO NACIONAL DE RÍO, BRASIL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y el INAH a implantar y fortalecer los protocolos y las medidas de prevención necesarios para evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El fin de semana pasado, el Museo Nacional de Río, en Brasil, fue devastado por un incendio de altas proporciones que se originó al cierre del recinto y cuyas causas aún se desconocen. El ministro de Cultura de ese país mencionó que existen dos líneas de investigación para esclarecer las causas del incendio: la caída de un globo aerostático y un corto circuito, este último podría haberse debido a las malas condiciones de manutención en las que se encontraban las instalaciones del museo, por falta de presupuesto.
Este museo es la más antigua institución científica y de historia natural del país, y fue fundado en 1818 por el rey Juan VI, cuando Brasil aún era una colonia de Portugal. Contaba con una colección de 20 millones de piezas, entre las que destacaban momias egipcias, el fósil humano más antiguo de América Latina, con casi 12 mil años de antigüedad, la mayor y más importante colección indígena y la biblioteca de antropología más rica del país.
El subdirector del Museo Nacional, Luis Fernando Díaz Duarte, calificó el incendio como una catástrofe insoportable y lamentó la pérdida de casi 200 años de memoria, ciencia, cultura y educación, así como la falta de apoyo y conciencia de los políticos brasileños, ya que desde 2014 el museo no recibía el presupuesto suficiente para la manutención básica de sus actividades y de mantenimiento.
El presidente de Brasil, Michel Temer, lamentó la tragedia y dijo que la pérdida de la colección del museo es incalculable para su país. El ministro de Cultura, Sergio Sá Leitao, aseguró que el incendio se debió a la negligencia y constituye una alerta para que no suceda lo mismo en otros recintos.
Ningún país en el mundo se encuentra exento de sufrir un suceso como el ocurrido en Brasil. En 2015, por ejemplo, el Museo JKL Telephony, en California, Estados Unidos, quedó destruido durante un incendio sucedido en septiembre; en 2016, el Museo Nacional de Historia Natural de Nueva Delhi, India, perdió todo su acervo por un incendio que consumió sus seis pisos.
En este sentido, nuestro país también puede ser víctima de un suceso similar, por lo que es necesario tomar las acciones necesarias para prevenir incendios y otro tipo de desastres.
Gran parte de los testimonios de quienes trabajaban en el Museo Nacional de Río, aseguran que en diversas ocasiones habían expresado su preocupación por la falta de fondos y el mal estado de las instalaciones, por lo que se piensa que la desgracia se pudo haber evitado con las medidas de prevención y el mantenimiento necesario del recinto.
Este debe ser considerado como un recordatorio de la importancia de la prevención para la preservación de nuestra riqueza material histórica y cultural.
México es un país mundialmente reconocido por su riqueza cultural. De acuerdo con información de la Red Nacional de Información Cultural, de la Secretaría de Cultura, a nivel nacional nuestro país cuenta con un total de mil 332 museos, siendo la Ciudad de México la entidad que más recintos alberga (152), además de ser una de las urbes con más museos en todo el mundo.
Siendo el turismo uno de los sectores productivos más estratégicos e importantes para la economía de nuestro país, los museos constituyen una parte fundamental como atractivo turístico. Hoy México es el sexto destino turístico a nivel mundial, en 2017 alcanzamos un nuevo máximo histórico en la captación de divisas, de alrededor de 21 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento superior al 60 por ciento en comparación con las divisas turísticas registradas en 2012.
Los museos, así como las zonas arqueológicas y los monumentos históricos son elementos importantes en la vida de una nación que promueven el intercambio y enriquecimiento cultural, el entendimiento mutuo y la cooperación y paz entre los pueblos. Juegan un papel de gran importancia en la construcción de nuestra identidad nacional y nuestro orgullo como nación, por ello, debe ser una prioridad enriquecerlos, mantenerlos en óptimas condiciones.
A través de sus exposiciones, los museos sensibilizan al público sobre el desarrollo de las sociedades, generando espacios para la comprensión, la solidaridad y la construcción de una conciencia más inclusiva y multicultural.
De acuerdo con la doctora en Historia del Arte, Ana Garduño, también puede ser un espacio democrático, abierto y popular donde las personas pueden encontrarse, reconocerse y reconciliarse.
El artículo 3o. constitucional establece como una obligación del Estado alentar el fortalecimiento y difusión de la cultura, la cual se considera un derecho fundamental para todos los mexicanos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encarga de investigar, conservar o difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación. Tiene plena facultar normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, en Brasil.
Dado en la Cámara de Diputados, a los seis días del mes de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
SE DÉ CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MUERTE DE UN ALUMNO DE LA PREPA TEC, EL PASADO 10 DE SEPTIEMBRE, EN MONTERREY
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a dar celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, fallecido a consecuencia de un disparo en la cabeza el 10 de septiembre de 2018, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018; asimismo, se exhorta al gobierno del estado para fortalecer sus acciones a fin de identificar y prevenir la violencia escolar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las escuelas del país, durante la presente administración, se han instrumentado mayores esquemas de participación entre la comunidad estudiantil que han permitido la identificación oportuna, el tratamiento adecuado y la prevención eficiente de riesgos que derivan en violencia escolar.
La importancia de la cultura de la prevención como recurso para erradicar la violencia en las escuelas es vital, tomando en consideración que estos espacios constituyen el segundo hogar de millones de niños y son un centro de formación física, intelectual y de valores cívicos, sociales y culturales para nuestras niñas, niños y adolescentes.
Los casos de violencia escolar en el país no son nuevas, prueba de ello, es que en 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaboró un Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, en el señala que nuestro país ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar o bullying entre estudiantes de secundaria a nivel global.
Cerca de 19 millones de estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de violencia escolar, de los cuales 44.47 por ciento es víctima de violencia en redes sociales, 40.24 sufrió acoso, 25.53 ha insultado y 17 por ciento ha golpeado a alguien.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, manifestó que el 7 por ciento de los estudiantes mexicanos de secundaria ha robado o amenazado a algún compañero, acciones consideradas en ocasiones como manifestaciones de bullying o acoso escolar.
Por su parte, especialistas del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, indicaron que el 60 por ciento de los más 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso escolar.
En este mismo orden de ideas, el primer Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia apunta que el país ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o bullying con un total de 18 millones 781 mil 875 casos.
Aunando a lo anterior, el estudio “La educación obligatoria en México 2018” realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE),arrojó que el 38.5 por ciento de los alumnos de primaria de nuestro país fueron testigos de insultos y 21.4 por ciento de peleas a golpes, que en suma representa el 59.9 por ciento de estudiantes de primaria. Para el nivel de secundaria, el 46.5 por ciento de los alumnos observaron insultos y el 15.3 por ciento peles a golpes, lo que representa el 61.8 por ciento de los estudiantes.
En 2016, se llegó a documentar que el 64 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo grado reportó haber sido objeto de burlas y 63 por ciento recibir apodos ofensivos por parte de sus compañeros.
En algunas entidades del país, los casos de violencia escolar se han incrementado, ejemplo de esta situación es el estado de Nuevo León, donde el pasado 10 de septiembre de 2018 se documentó el homicidio de un estudiante en las instalaciones de la Prepa Tec, que se localiza en la Colonia Valle Alto, sobre Carretera Nacional al sur de Monterrey. Es importante destacar que de acuerdo con los resultados de las primeras investigaciones el joven fue localizado en los baños del plantel educativo con un disparo en la cabeza.
A pesar de contar con protocolos, manuales y medidas específicas de acción, es importante continuar trabajando para identificar y atender cualquier situación de riesgo que podría derivar en violencia escolar. La violencia y el acoso escolar tienen un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, así como en su salud mental y emocional, en perjuicio de su desarrollo pleno a lo largo de su vida.
Para dimensionar la magnitud de este problema, el estudio “Situación Global de Violencia e Intimidación”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que una cuarta parte de los niños del mundo sufren acoso y violencia en la escuela.
El estudio, presenta un sondeo sobre la experiencia de intimidación que respondieron 100 mil jóvenes en 18 países, cuyos resultados revelan que el 25 por ciento habían sido intimidados debido a su apariencia física, 25 por ciento debido a su género u orientación sexual y un número similar por su origen étnico o nacional.
Por otro lado, la ONU Mujeres estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar. Cada año, una de cada cuatro niñas afirma que nunca se ha sentido segura utilizando los aseos escolares.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018; asimismo, se exhorta al gobierno del estado para fortalecer sus acciones a fin de identificar y prevenir la violencia escolar.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, continúe desarrollando estrategias integrales con un enfoque amplio y de derechos humanos para identificar y prevenir la violencia escolar en las instituciones del país.
Notas
1 Canal Judicial, México primer lugar en bullying: OCDE, México 2014, canaljudicial.wordpress.com/2014/05/23/mexico-primer-lugar-en-bullying-ocde/
2 Román, Marcela y F. Javier Murillo, “América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar”, Revista Cepal, número 104, agosto 2011, pp. 37-54 [versión digital]
3 http://comoprevenirelacosoescolar-2c32.blogspot.mx/2017/05/
4 http://comoprevenirelacosoescolar-2c32.blogspot.mx/2017/05/
5 https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_0601.html
6 Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. INEE, 2017.
7 Ricardo Treviño. (2018). Muere joven por disparo en prepa de Monterrey. 10/09/2018, de Reforma Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1487614&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1487614
8 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36587#.WVV JCYSGOM8
9 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/ facts-and-figures
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 11 de septiembre del año 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN A LAS TORTUGAS MARINAS EN LAS PLAYAS DEL PAÍS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, México posee 34 reservas, 17 santuarios y 4 monumentos naturales, además es uno de los 17 países con más diversidad en el orbe. Asimismo, cuenta con cerca de 200 mil especies diferentes, equivalentes a 10 por ciento de la población de flora y fauna del planeta, convirtiéndolo en uno de los países denominados megadiversos.
El país cuenta con gran variedad de ecosistemas debido a su ubicación geográfica, lo cual favorece a la diversidad de todas las especies. Sin embargo, en las últimas décadas la pérdida masiva de algunos animales ha aumentado de manera exponencial, un caso particular, son las tortugas marinas.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que a escala mundial hay siete especies de tortugas marinas, de las cuales seis se distribuyen en el litoral mexicano: la caguama (Caretta caretta), la verde y la prieta (Chelonia mydas y agassizii), la carey (Eretmochelys imbricata), la lora (lepidochelys kempii), la golfina (Lepidochelys olivacea) y la laúd (Dermochelys coriacea).
Las prácticas de destrucción de los ecosistemas siguen prevaleciendo en el país. Un claro ejemplo han sido las tortugas marinas de la especie golfina (Lepidochelys olivacea), prevista en la NOM-59-SEMARNAT-2010, en la categoría “en peligro de extinción”.
Hoy se siguen manifestando, principalmente en el saqueo de los nidos de tortugas durante su anidación, así como en la comercialización de los huevos de esta especie, provocando así la disminución de su población.
La destrucción de las playas ha influido en la anidación de las tortugas y ha representado uno de los principales impactos sobre la capacidad para recuperar sus números poblacionales, igualmente la contaminación genera la desorientación en las crías emergidas para incorporarse hacia el mar, así como la posibilidad de morir por depredación o deshidratación.
Para dimensionar la magnitud de este asunto, la UICN menciona que tan sólo en 1982 los científicos calcularon que había más de 115 mil ejemplares de tortugas laúd hembras en el mundo, y actualmente se calcula que hay entre 20 mil y 30 mil.
La tortuga en la región del Pacífico se encuentra en declive por lo que se estima que se extinguirán en los próximos 30 años, a menos que se hagan cambios importantes para protegerla de manera rápida y efectiva.
Las tortugas están sujetas a varias amenazas, como la caza furtiva que actualmente provoca aproximadamente 35 mil muertes de animales, la colecta de huevos para el consumo humano por la creencia de poseer propiedades afrodisiacas, creencia que la posiciona en grave peligro, además de la pesca accidental con redes, el desarrollo urbano en las costas y la descarga de contaminantes, que afecta gravemente a su salud.
En el caso de México, la tortuga marina se encuentra en veda desde 1990. Oaxaca es la entidad que recibe tortugas laúd, golfina y prieta en las playas de Morro Ayuta y La Escobilla, lugares donde se registra aproximadamente 80 por ciento de las anidaciones de especies.
Tan sólo en enero de 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en Michoacán y Oaxaca 12 mil 188 huevos de tortuga de la especie golfina.
En los nidos realizados por las tortugas marinas, se depositan entre 100 y 120 huevos. Las estimaciones son que de cada 100 tortugas solo 1 o 2 llegarán a edad adulta, además de sus depredadores naturales, la contaminación y los traficantes de especies son sus principales amenazas.
La Profepa indica que el 9 de febrero de 2018 rescató un ejemplar herido de tortuga marina de la especie golfina en la playa El Real, de Tecomán, Colima.
Sin embargo, diversos medios periodísticos señalan que el 16 de agosto del año en curso, a través de un video, se muestra que la policía y algunos ciudadanos lograron evitar que un sujeto capturara una tortuga de la especie golfina, la cual había salido a desovar en la playa del puerto de Zihuatanejo, Guerrero.
Dichos medios indican que cerca de 300 tortugas marinas en peligro de extinción han sido encontradas muertas el pasado 28 de agosto en la costa de Oaxaca, dicha especie se encontraban flotando y en avanzado estado de descomposición, atrapados en redes de pesca. Sin duda, las causas por las que fallecieron fue por quedar atrapadas en redes de pesca atuneras.
Sin duda, México se destaca en el ámbito internacional por su labor pionera en materia ambiental de protección y conservación de la tortuga marina desde hace más de 40 años, en particular en el régimen de protección mediante instrumentos y acciones de manejo aplicadas a las especies y a sus hábitats, pero aún existen retos mayúsculos por atender.
El artículo 420 del Código Penal Federal dispone en la fracción I pena de 1 a 9 años de prisión y el equivalente de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a alguna especie marina o recolecte de cualquier forma sus productos.
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 menciona en el anexo III las 7 especies de tortugas marinas presentes en México que se encuentran en la categoría de “en peligro de extinción” y consideradas en “peligro crítico de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a la disminución drástica que ha puesto en riesgo su viabilidad biológica a causa de la destrucción y modificación drástica de su hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades y depredación.
Dicha norma decretó la “protección de zona de anidación y desove”, la veda total para las especies y subespecies de tortugas marinas y la prohibición de posesión o consumo de huevo, carne o piel; no obstante, a nivel internacional se establecieron acuerdos y convenios por lo que la cooperación es sustancial para la recuperación de las diversas especies.
Ante este panorama, resulta fundamental que el Estado mexicano refuerce las estrategias para vigilar las principales costas del país, con el objeto de garantizar su supervivencia, preservación y conservación de dicha especie.
Resulta imperativo continuar con las acciones que protejan nuestros recursos marinos y promover campañas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas, sólo así podremos mantener su conservación y sustentabilidad.
De ahí la trascendencia del presente punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la trascendencia que representa este asunto, por lo que seguiremos legislado políticas transversales que ayuden a preservar dicha especie.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país.
Notas
1 http://hidroponia.mx/la-biodiversidad-en-mexico/
2 https://www.gob.mx/profepa/prensa/protege-profepa-a-tortuga-marina-de-los- depredadores-en-colima
3 https://eu.oceana.org/es/especies-en-peligro-tortugas-marinas
4 www.informador.com.mx/mexico/2008/21596/6/esperan-arribo-de-tortugas-marinas-a- costasmexicanas-para-desovar.htm
5 http://www.gob.mx/profepa/prensa/semar-en-coordinacion-con-profepa- aseguran-12-mil-188-huevos-detortuga-en-costas-de-michoacan-y-oaxaca-33575
6 https://www.gob.mx/profepa/prensa/protege-profepa-a-tortuga-marina-de-los- depredadores-en-colima
7 https://actualidad.rt.com/actualidad/285382-intenta-capturar-tortuga- extincion-mexico
8 https://elpais.com/elpais/2018/08/29/mundo_animal/1535543363_ 993139.html
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_210618.pdf
10 ttp://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 13 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA DEMENCIA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Ssa a promover con sus 32 homólogas locales campañas informativas sobre los riesgos y las consecuencias de la demencia como problema de salud pública para una efectiva y oportuna atención, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este mismo sentido, los especialistas señalan que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa, con diversas causas, que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades de la vida diaria y conduce a un estado de discapacidad y dependencia. El aumento en la incidencia de esta enfermedad hace un problema nacional de salud prioritario, para el que debemos tomar medidas urgentes que permitan el desarrollo y la implementación de estrategias enfocadas a la prevención y reducción de factores de riesgo, al diagnóstico oportuno, al tratamiento médico integral, así como a intervenciones sociales y psicológicas que cuenten con algún nivel exitoso de evidencia.
Cabe destacar que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Sus consecuencias más importantes son las siguientes: tiene un impacto físico, psicológico, social y económico no sólo en las personas que la padecen, sino también en sus cuidadores, sus familias y la sociedad en general.
Si bien se trata de un padecimiento que afecta principalmente a las personas mayores, no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. Es posible apreciarlo en tres etapas, a saber:
• Etapa temprana, la cual a menudo pasa desapercibida, siendo sus síntomas más comunes la tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo y la desubicación espacial, incluso en lugares conocidos.
• Etapa intermedia, en donde las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas; se encuentran desubicadas en su propio hogar; tienen cada vez más dificultades para comunicarse; empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal y sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas.
• Etapa tardía, última etapa de la enfermedad y donde la dependencia y la inactividad son casi totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes, destacando: una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio; dificultades para reconocer a familiares y amigos; una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal; dificultades para caminar; y alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones.
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que a nivel mundial existen unos 50 millones de personas que padecen dicha enfermedad, de las cuales alrededor de 60 por ciento viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, de acuerdo a la OMS.
Cálculos indican que entre 5 y 8 por ciento de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. Se estima que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. Buena parte de este comportamiento creciente puede obedecer a que en dichos países el número de personas con demencia tenderá a aumentar cada vez más.
También tiene un importante impacto social y económico en lo que respecta a los costos médicos y sociales directos y a los costos referidos a la atención prestada fuera del ámbito institucional. Así, por ejemplo, en 2015 su costo social total a nivel mundial se estimó en 818 mil millones de dólares, cifra equivalente a 1.1 por ciento del producto interior bruto (PIB) global.
El Alzheimer es la forma más común de demencia, al concentrar entre 60 y 70 por ciento de los casos. Otras formas frecuentes son la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy (agregados anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas) y un grupo de enfermedades que pueden contribuir a la demencia frontotemporal (degeneración del lóbulo frontal del cerebro). Los límites entre las distintas formas de demencia son difusos y frecuentemente coexisten formas mixtas.
Además de lo anterior, la demencia es una enfermedad que tiene implicaciones en materia de derechos humanos, ya que con frecuencia a las personas que padecen demencia se les deniegan libertades y derechos básicos de los que las demás personas disfrutan sin problema. Ante esta situación, hace falta un marco legislativo apropiado y favorable basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas con demencia y sus cuidadores.
Pese a las implicaciones de este padecimiento, no existe una concientización y comprensión en torno al mismo, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para que las personas acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y atención.
México no escapa al impacto y consecuencias de esta grave enfermedad. De los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, alrededor de 800 mil presentan algún tipo de demencia y aproximadamente ocho de cada 10 con este problema es por Alzheimer, según el Instituto Nacional de Geriatría. Aunque conforme a diferentes medios de comunicación, se estima que un millón de mexicanos padece Alzheimer, cifra que en algunos años se triplicará.
En ese sentido, el mismo Instituto recomienda “mantener un estilo de vida saludable desde edades tempranas, realizar ejercicio, tener una buena alimentación y atender correctamente alguna enfermedad como diabetes o hipertensión”, para disminuir el riesgo de desarrollar Alzheimer.
La Secretaría de Salud menciona que existen dos tipos de Alzheimer: el genético y el multifactorial. El primero se presenta en sólo 5 por ciento de los pacientes y el segundo en el 95 por ciento restante. Este último se relaciona con enfermedades no trasmisibles como la diabetes o la hipertensión. Las personas de 65 años o más tienen mayor riesgo de presentarlo, aunque esto no quiere decir que no pueda desarrollarlo en años previos.
Actualmente se calcula que en México existen más adultos mayores de 60 años que niños de 0 a 4 años y se prevé que esta proporción se duplique para 2029. En este contexto, las tendencias actuales de la población hacia la longevidad podrían implicar un gran desafío, ya que este sector tiene mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia. La prevalencia de la demencia aumenta de forma exponencial de los 65 a 85 años; esta cifra se duplica cada 5 a 6 años y se estabiliza a partir de los 85 a 90 años.
Dada la magnitud, riesgos y consecuencias, la OMS reconoce la demencia como una prioridad de salud pública. En mayo de 2017, la Asamblea Mundial de la Salud respaldó el Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025, que establece una serie integral de medidas aplicables por los planificadores de políticas, los asociados internacionales, regionales y nacionales, y la propia OMS en ámbitos tales como: la sensibilización sobre la enfermedad y el establecimiento de iniciativas destinadas a promover la adaptación a la demencia; la reducción del riesgo de demencia; su diagnóstico, tratamiento y atención; y la investigación e innovación o el apoyo a los cuidadores de las personas con demencia.
Al respecto, ha creado para los planificadores de políticas y los investigadores una plataforma internacional de vigilancia, el Observatorio Mundial de las Demencias, que facilitará el seguimiento y el intercambio de información sobre las políticas relacionadas con la demencia, la prestación de servicios, la epidemiología y la investigación.
Lamentablemente, no hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva; empero, existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejorar la vida de las personas con este padecimiento y sus cuidadores y familias. Los servicios de atención relacionados son: diagnosticarla precozmente para posibilitar un tratamiento precoz y óptimo; optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar; identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes; detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos; y proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores.
Ante este panorama, resulta fundamental posicionar a la demencia como un problema prioritario de salud pública, con la finalidad de que la población adquiera una verdadera concientización sobre esta enfermedad, y las autoridades federales y estatales correspondientes implementen las medidas necesarias para su efectiva y oportuna atención.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención.
Notas
1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia
2 www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf
3 www.proceso.com.mx/534234/con-demencia-alrededor-de-800-mil-adultos-mayores-
4 https://noticieros.televisa.com/videos/un-millon-de-mexicanos-padece-alzheimer/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE CONGRATULA POR LA APERTURA DE SESIONES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Reforma Política de la Ciudad de México representó un hecho histórico para la capital del país; no sólo porque se cambió la denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de México, sino también porque se otorgó un nuevo estatus constitucional que amplió los derechos de sus habitantes.
Al respecto, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México se publicó el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entre sus principales aspectos destaca una nueva integración administrativa y política, así como la ampliación de derechos para sus ciudadanos.
Se estableció que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, el cual se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional.
El 17 de septiembre de 2018 comienza una nueva etapa en la vida política de la Ciudad de México con la instalación de la I Legislatura del Congreso y la entrada en vigor de su Constitución Política.
En el Grupo Parlamentario del PRI nos congratulamos por este acontecimiento histórico en la vida institucional de la capital del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y expresa su amplia disposición para trabajar conjuntamente en un marco de pleno respeto al federalismo y a la colaboración entre poderes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A CLÍNICAS DE CIRUGÍAS ESTÉTICAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cofepris a fortalecer las acciones tendentes a salvaguardar la salud de quienes acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen la normativa correspondiente, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que fortalezca las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La salud es un derecho humano fundamental de las personas, un gran igualador social que permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, así como un requisito previo para alcanzar el desarrollo y progreso individual y colectivo.
Gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, los padecimientos médicos que hace 20 años eran incurables, hoy en día cuentan con alternativas para que se puedan tratar de manera más efectiva, contribuyendo a que los pacientes alarguen sus años de vida, con una mayor calidad y con menos tratamientos dolorosos.
Por lo anterior, se desprende que las personas a mayor calidad de vida han optado por utilizar tratamientos clínicos y médicos que ayuden a mejorar su apariencia física, ya sea para elevar su autoestima o porque existe alguna situación clínica que así lo requiera.
Para poner en perspectiva esta situación, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética indica que este tipo de procedimientos quirúrgicos aumentaron un 30 por ciento en 2015 y en 2016, siendo Estados Unidos quien encabeza la lista, con 4.2 millones de operaciones estéticas, seguido de Brasil, Japón e Italia, y en quinto lugar México, con 923 mil 814 procedimientos.
Según académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial y de cada 10 cirugías para rejuvenecer, nueve son para mujeres y una para varones. Los procedimientos quirúrgicos más solicitados son de nariz, orejas, liposucción, corrección de párpados y la papada, así como el aumento de los senos.
La encuesta global de estética realizada por ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) establece que en el país se puede conseguir una rinoplastia por 40 mil pesos o un aumento de senos por un poco más de 50 mil pesos. Asimismo, indica que es uno de los lugares donde menos cuesta ponerse bótox, ya que existen lugares en donde por sólo 130 pesos lo aplican.
No obstante, ante la gran demanda de cirugías estéticas, también ha aumentado el número de médicos improvisados y otros profesionistas sin especialización, poniendo en riesgo la salud de las personas, lo que puede llevar a la muerte.
Por lo anterior, es necesario que los médicos cuenten con la especialización requerida, ya que son intervenciones quirúrgicas que requieren de percepción artística, pues no se trata sólo de cortar y separar, sino de dar forma, como cuando se hace una escultura.
Gran parte del éxito de las cirugías estéticas provienen de que en la actualidad existen procedimientos endoscópicos no invasivos que permiten una recuperación más pronta y resultados con apariencia natural, ya que anteriormente implicaba grandes heridas y largos procesos de recuperación.
La especialidad de cirujano plástico también incluye, además de las intervenciones estéticas, el manejo de personas que sufrieron quemaduras, algún trauma facial, reconstrucción y atención de malformaciones congénitas en cara, miembros o genitales (como el paladar hendido).
Un ejemplo muy común del perfeccionamiento corporal es la mamoplastía de aumento que es el procedimiento quirúrgico destinado a aumentar el tamaño y mejorar la forma del busto mediante la colocación de implantes (prótesis) mamarios.
Dicho procedimiento tiene que ser llevado por el personal médico especializado, con la finalidad de evitar problemas a futuro que puedan contribuir a desarrollar enfermedades como el cáncer o que las prótesis estén rellenas de materiales peligrosos para su salud y que con ello se ponga en peligro la vida.
En cualquier intervención médica, el cirujano plástico certificado es el único especialista que cuenta con los conocimientos, entrenamiento quirúrgico y experiencia necesarios para realizar este tipo de procedimientos bajo condiciones de máxima seguridad para el paciente.
La Ley General de Salud establece en el artículo 79 que para ejercer las actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
El artículo 272 Bis de la misma ley indica que para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes; y Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda.
La ley también señala que la cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dicha materia (Artículo 272 Bis 1).
Según “Alerta Sanitaria” de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de las 4 mil 322 clínicas que existen en el país, 263 fueron suspendidas y en 510 se identificaron anomalías, derivado de muchos de los locales no cuentan con los avisos ni las autorizaciones sanitarias requeridas para su operación.
La Cofepris indica que los establecimientos deben contar con una licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos; que médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica, así como el título profesional del médico cirujano; que se cuente con un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y acceso restringido; que el servicio de cirugía cuente con áreas delimitadas; que el quirófano cumpla con los requisitos establecidos en la ley; contar con un área de recuperación post-cirugía ; y que los medicamentos presenten registro sanitario, etiquetas en español, sin estar caducos y sin suministrarse de manera fraccionada.
El artículo 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, establece que tiene la facultad de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud, en establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre y los demás establecimientos que señala el citado ordenamiento, salvo algunas excepciones a que hace referencia la Ley.
En razón de lo expuesto, es necesario que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios fortalezca las acciones, para la detección de clínicas dedicadas a realizar cirugías estéticas que no cumplen con los requisitos necesarios para poder trabajar, ni tampoco con el personal médico especializado para la realización de intervenciones médicas, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónexhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que fortalezca las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley.
Notas
1 http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-el-quinto-pais-con-mas- operaciones-esteticas
2 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_003.html
3 https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/cirugias-esteticas-mexico/
4 http://cirugiaplastica.mx/pacientes/procedimientos/estetica/mamoplastia- de-aumento
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388755/ 33_Alerta_Clinica_de_Cirug_a_Est_tica__Septiembre_2018.pdf
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/29.PDF
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
SE ATIENDA LA VIOLENCIA EN ESCENARIOS Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México a atender la violencia en escenarios y espectáculos deportivos para garantizar la integridad de los asistentes a éstos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de Ciudad de México a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan de manera diligente la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los eventos deportivos son una opción sana que fomenta la convivencia social y familiar, así como para promover valores como la responsabilidad, honestidad, perseverancia y el esfuerzo. El deporte constituye un motor para el desarrollo y la igualdad.
Miles de familias mexicanas se reúnen con el propósito de presenciar algún espectáculo deportivo, ya sea desde sus hogares o asistiendo personalmente al evento.
El fútbol es uno de los deportes con mayor arraigo y tradición en nuestro país, semana con semana, acuden miles de aficionados y sus familias a presenciar algún partido en los diferentes estadios del país.
Basta señalar que, de acuerdo con datos de la página oficial de la Liga MX, en lo que va del presente torneo del fútbol mexicano (jornada 10), se registró una asistencia acumulada de 2 millones 111 mil 674 aficionados, cifra que representa un promedio de 23 mil 463 asistencias por jornada en el torneo.
Los promedios de asistencia más altos por equipo, se registran en los estadios pertenecientes a Monterrey, Tigres, Guadalajara, América y Pumas
Si bien es cierto que la pasión forma parte de toda práctica deportiva, no debe traducirse en conductas violentas ni delictivas que deriven en daños patrimoniales, lesiones físicas e incluso en la muerte. No hay paliativos válidos para permitir que la violencia se convierta en parte de la cotidianidad.
A pesar de que el deporte es una actividad donde se promueven valores, en diversos eventos se ha presentado actos de violencia, tal como sucedió el fin de semana donde aficionados de Tigres y Monterrey se enfrentaron en las calles cercanas al estadio. De acuerdo con medios informativos, previo al partido de fútbol se registró un enfrentamiento entre seguidores de Monterrey y Tigres, mismo que dejó a un aficionado de tigres inconsciente.
Ante el elevado y constante nivel de violencia registrado en los estadios de fútbol, en 2014 el Congreso de la Unión realizó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objetivo de promover las medidas preventivas necesarias para erradicarla.
Aunque los hechos ocurridos el pasado sábado se suscitaron a ocho kilómetros de distancia del estadio Universitario de Monterrey, deben aplicarse sanciones a todos los que se vieron involucrados.
Reprobamos de manera contundente los hechos de violencia registrados y exigimos esclarecer lo ocurrido en la agresión a los aficionados. Solicitamos la preservación de espacios seguros para las familias y los seguidores del fútbol mexicano.
La cohesión familiar es fundamental para inculcar valores y principios básicos de convivencia social, en este sentido, los eventos deportivos son actividades que reúnen a las familias y estrechan sus relaciones.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de Ciudad de México a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan de manera diligente la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 25 de septiembre del año 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE ENTREGUEN A SINALOA, POR ANTICIPADO, LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, A FIN DE APOYAR A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS LLUVIAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar por anticipado los recursos de los programas a Sinaloa para apoyar a los afectados por las recientes lluvias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con puntos acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En días recientes, las fuertes precipitaciones causadas por una inestabilidad en las altas temperaturas del Golfo de California propiciaron que la depresión tropical 19-E ocasionara intensas lluvias en Sinaloa.
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badariguato, Navolato y Culiacán han sido los municipios más afectados y de inmediato fueron declarados en emergencia.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que las intensas lluvias generaron un acumulado máximo de 50 a 80 milímetros desde Culiacán hasta Guamúchil en tan sólo 3 horas el 20 de septiembre. En algunos municipios, las inundaciones alcanzaron hasta 3.5 metros de altura.
Para atender la urgencia en la entidad, las autoridades de protección civil federal en conjunto con las instancias estatales, instalaron 29 albergues para atender a más de 2 mil 900 personas afectadas.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha reportado 154 mil viviendas dañadas con créditos activos en los 11 municipios declarados en emergencia, a fin de activar el seguro contra daños.
Estas contingencias han generado daños a la importante actividad económica del estado, afectando severamente a cerca de 20 mil hectáreas de cultivo agrícola y matando a más de 500 mil aves.
Ante estas contingencias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cuenta con instrumentos de prevención para asegurar a productores agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Tan sólo respecto al sector agrícola, se tiene asegurada una superficie total de 189 mil 177 hectáreas por una suma de 295 millones 386 mil 205 pesos. Sin embargo, hasta el momento no se ha cuantificado el monto de los daños.
La Sagarpa ha informado que hay una cobertura universal para productores inscritos en el Padrón Ganadero Nacional, quienes deben dar aviso sobre estas contingencias al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.
Se tienen registrados 72 mil 554 productores quienes tienen un seguro contra muerte de ganado o daño a su infraestructura productiva pecuaria para afectaciones por precipitaciones abundantes, viento y correntías de agua.
Ante la situación alarmante, pero controlada gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, es preciso de que inmediato se realicen las acciones para restablecer la actividad normal de Sinaloa.
Por ello, el presente punto de acuerdo hace un llamado respetuoso a la Sagarpa, la SCT y la Sedesol a entregar por anticipado los recursos de los programas federales a la población afectada.
Además, para que el Infonavit entregue con la mayor brevedad a los derechohabientes afectados los recursos del seguro contra daños.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; y de Desarrollo Social a entregar por anticipado en el marco de sus atribuciones los recursos de los programas federales a Sinaloa, a fin de apoyar a la población afectada por las recientes lluvias.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a entregar con la mayor brevedad a los derechohabientes afectados los recursos del seguro contra daños.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
ACCIONES URGENTES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ESPECIALMENTE AQUELLAS LÍNEAS AFECTADAS POR HUNDIMIENTOS EN EL SUELO
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el STC acciones urgentes para dar mantenimiento al Metro, en especial las líneas afectadas por hundimientos de suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro acciones urgentes para dar mantenimiento a éste, en especial las líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El STC se ha consolidado como una excelente vía de traslado en la Ciudad de México, derivado del aumento exponencial del tráfico vehicular en las principales vialidades.
Es el principal medio de transporte y el eje de movilidad ya que traslada al año a más de mil 600 millones de personas, por eso desde hace 45 años el STC se convirtió en uno de los principales espacios públicos, de transporte y otros ámbitos como la cultura, la historia, la ciencia, la tecnología y la convivencia diaria de los ciudadanos.
El 4 de septiembre de 1969 se inauguró dicho proyecto con dos líneas, la rosa (línea 1) y azul (línea 2), siguiendo el trazo de grandes avenidas, donde las industrias, los comercios y las viviendas requerían conexiones eficaces y tiempos cortos de traslado para la alta afluencia de personas.
Para poner en su justa dimensión el asunto, basta señalar que sólo en 2015 se transportó a mil 623 millones 828 mil 642 usuarios, se otorgaron 193 millones 666 mil 080 accesos de cortesía y se consumieron 813 millones 290 mil 813 kilovatios. Asimismo, la estación de menor afluencia fue Tlaltenco, de la línea 12, con 68 mil 333 usuarios; y la de mayor, Indios Verdes, línea 3, con 43 millones 952 mil 937 usuarios.
La red comprende 226 mil 488 kilómetros que se encuentran en servicio, se divide en 12 líneas y un total de 195 estaciones. De igual manera, tiene un total de 390 trenes asignados (321 neumáticos y 69 férreos), para proporcionar el servicio a los usuarios en horas punta operan 282 trenes y los 108 trenes restantes se encuentran distribuidos en mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales y como reserva.
No obstante, el número de usuarios y de viajes en la actualidad llega a superar el servicio de transporte, situación que ha provocado que se desgasten los vehículos y existan graves afectaciones a su funcionamiento, sin mencionar las deficiencias en el mantenimiento y reparación de las líneas.
Uno de los graves problemas que enfrenta hoy el Metro son los hundimientos del suelo que están afectando a la infraestructura del STC al grado de que ya se alerta de la urgencia de aplicar acciones para evitar riesgos.
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que en los últimos años se ha presentado un hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México, dos fenómenos que han sido estudiados debido a las consecuencias que han traído consigo desde que se comenzó a construir la ciudad.
Esos fenómenos obedecen principalmente a la baja capacidad de resistencia del suelo, la sobreexplotación de los acuíferos y la escasa concientización sobre dicho problema por parte de profesionales y de las autoridades. La Ciudad de México experimenta actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 centímetros por año en algunas zonas del área metropolitana.
El fenómeno referido se presenta desde hace más de un siglo, pero en los últimos años ha aumentado, principalmente a causa de la intensificación del bombeo de los acuíferos para el abastecimiento de agua potable ya que se tiene calculado que tan solo en esta ciudad se consumen 33 metros cúbicos por segundo de agua potable, lo cual se traduce como una sobreexplotación de los acuíferos de unos 10 metros cúbicos por segundo aproximadamente provocando el abatimiento de la presión hidrostática en las arcillas y esfuerzos de tensión en el agua que causan compresión en las tres direcciones ortogonales en la estructura del suelo, esto es debido a que en temporada de lluvias el agua forma una lámina delgada sobre el estrato que disipa tensión.
Asimismo, no sólo la extracción del agua del subsuelo provoca hundimientos, sino también, cualquier material del subsuelo como petróleo, gas o azufre, deformándolo verticalmente y horizontalmente; este es un fenómeno importante ya que algunas estructuras son mucho más sensibles a los movimientos laterales que a los verticales.
Un diagnóstico integrado al Plan Maestro del Metro 2018-2030 indica que principalmente hay tres zonas afectadas en la red:
• Estación Pantitlán;
• Línea 5, en la zona del Peñón de los Baños; y
• Línea 3, en el tramo de Insurgentes Norte.
En el complejo Pantitlán, donde convergen las líneas 1, 5, 9 y A, las estructuras de conexión padecen hundimientos, que ponen en riesgo a los usuarios por afectaciones de escalones, pasarelas, pisos y otros elementos.
En Oceanía-Terminal Aérea, de la línea 5, los hundimientos diferenciales en la zona de Peñón de los Baños han provocado que el cajón estructural esté afectado y la pendiente rebase los ideales constructivos, lo que provoca que los trenes se deslicen, un ejemplo es el accidente ocurrido en 2015, donde chocaron dos trenes.
En esta línea hay un proyecto de construcción de un túnel para evitar la inclinación; sin embargo, desde 2015 no se ha podido realizar por falta de recursos, por lo que el STC sólo ha colocado una techumbre para evitar que la lluvia moje las vías y disminuir los deslizamientos.
En el tercer tramo, que comprende La Raza-Indios Verdes, de la línea 3, se indica que los asentamientos han provocado desniveles en las vías y pérdida de velocidad. De igual manera, los hundimientos también han generado fracturas en el cajón estructural del Metro.
Por lo anterior es importante que en cada zona donde exista una afectación de este tipo se realicen los estudios y proyectos especiales, a fin de contrarrestar la problemática y salvaguardar así la integridad de la población.
Ante este panorama, resulta necesario y urgente implementar acciones para dar mantenimiento al STC, sobre todo en las líneas afectadas por hundimientos del suelo y que ponen en peligro la integridad de los miles de usuarios que hacen uso de este transporte diariamente.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar a través del Sistema de Transporte Colectivo-Metro acciones urgentes para dar mantenimiento a éste, en especial las líneas afectadas por hundimientos en el suelo y que ponen en peligro la integridad de los usuarios.
Notas
1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/imagenes/organismo/varios/elmetroesdetodos.pdf
2 http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifrasoperacion.html#
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-hunde-el-metro-de-la-ciudad-de- mexico-urge-aplicar-acciones/1267268
4 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52. 100/147/8/A8.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULAR
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef, a la SCT y los gobiernos locales a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, al tener de las siguientes
Consideraciones
El uso de vehículos automotores ha aumentado sistemáticamente entre la población mundial, derivado del crecimiento de las ciudades y, en muchos de los casos, por las facilidades para adquirirlos, una situación que también ha contribuido al crecimiento en el número de accidentes, por lo que es necesario proteger el patrimonio de los usuarios ante la presencia de cualquier eventualidad.
De acuerdo con el reporte de producción mundial de vehículos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), la industria automotriz produjo 97 millones 302 mil 534 vehículos en 2017 que incluye a los ligeros, camionetas y pesados, que representa un aumento de 2.3 por ciento.
China sigue como líder global en producción de vehículos con 29 millones 15 mil 434, seguido por Estados Unidos con 11 millones 189 mil 985 unidades; el tercer sitio lo ocupa Japón con 9 millones 693,746 unidades; el cuarto lugar lo tiene Alemania con 5 millones 645 mil 581 unidades y la India con 4 millones 782 mil 896 vehículos. En sexto lugar se encuentra Corea del Sur y México, en el séptimo.
Por lo anterior, la OICA indica que la industria automotriz mexicana se ha consolidado como el principal pilar del crecimiento dentro del bloque América del Norte, donde se produjeron 468,050 vehículos adicionales en el 2017 respecto al 2016, mientras que Estados Unidos dejó de fabricar 990,316 unidades y Canadá también perdió 170,867 vehículos.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. indica que durante el octavo mes del 2018 se produjeron 369,543 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 0.4 por ciento en comparación con las 368,155 unidades producidas en el mismo mes de 2017. De enero a agosto 2018 se registraron 2,617,330 vehículos producidos, 0.1 por ciento más que las unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con la estadística de vehículos de motor registrados en circulación (VMRC), a diciembre de 2017 se registró un total de 30 millones 89 mil 169 automóviles registrados en México, entre particulares y públicos, lo que representa un incremento de 3.38 por ciento respecto a 2016. Los automóviles particulares representaron el 97.9 por ciento del total, mientras que los públicos el 2.1 por ciento.
Asimismo, se estima que al cierre del año pasado había en el país 372 mil 77 camiones para pasajeros registrados, 2.40 por ciento más que en diciembre de 2016, de los cuales 43.7 por ciento del total (162 mil 706) son públicos y 56.3 por ciento (209 mil 371) son particulares. El número de camiones de pasajeros públicos creció 2.38 por ciento, mientras que el de particulares aumentó 2.41 por ciento.
A su vez, a diciembre pasado se registraron 10 millones 914 mil 516 camiones y camionetas para carga registrados en México, con un alza de 5.62 por ciento respecto al mismo mes del año previo.
La Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas indica que, durante 2016, se registraron un total de 360 mil 051 accidentes en las zonas urbanas, de los cuales 67 mil 844 (18.9 por ciento) corresponden a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; en 288 mil 213 (80.0 por ciento) se registraron solo daños y los 3 mil 994 restantes corresponden a accidentes con al menos una persona muerta.
El anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2017, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano Del Transporte (IMT), establece que se tienen registrados un total de 11 mil 883 percances que dejaron un saldo de 2,921 personas muertas y 8 mil 910 lesionadas, así como daños materiales ascienden a mil 062.1 millones de pesos o 56.2 millones de dólares.
Entre los saldos de siniestros destaca el estado de Veracruz con más de 1,200 y Chiapas y Guanajuato, con más de 600 cada uno, que en total dejaron un saldo de 571 fallecidos y 1,985 lesionados.
Asimismo, el Banco Mundial señala que, en el contexto internacional, México está expuesto a diversos riesgos y ocupa la posición número 23, de entre los países con mayor riesgo catastrófico ante sismos, huracanes y otros fenómenos naturales, que dañan el patrimonio de miles de personas cada año, entre los que se encuentran los automóviles.
Conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), en México, 7 de cada 10 autos no tienen un seguro, lo que significa que 10.6 millones de automovilistas no cuentan con protección ante accidentes y robos.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (ENIF), menciona que la principal razón (42 por ciento) por la que los mexicanos no se aseguran es porque lo consideran muy caro, mientras que el 20 por ciento de los encuestados dice no saber dónde contratar un seguro.
Actualmente, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio en los tramos de autopistas federales y en 18 estados de la República. De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo, siendo responsabilidad del propietario del vehículo, la contratación del seguro.
A partir de 2019, todos los vehículos deberán tener una cobertura de seguros mínima para poder circular por vías, puentes y carreteras federales, de lo contrario el conductor podrá recibir una sanción económica.
El seguro de responsabilidad civil es aquel que brinda protección al asegurado si un tercero le exigiere indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose durante la vigencia del seguro, ocasione la muerte, lesión o deterioro de la salud de la persona (daños personales) o el deterioro o destrucción de sus bienes (daños materiales).
El Simulador de Seguro de Automóviles elaborado por Condusef y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indica que, al contratar el seguro por responsabilidad civil, se pueden encontrar productos desde 1,352 pesos y de estar dispuesto a pagar por arriba de los 3,000 pesos, se pueden adquirir productos mucho más completos, que además de la cobertura básica, brinden protección por robo total del vehículo y más.
La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga conforme lo indica la ley.
En este marco, es de suma importancia promover campañas sobre la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil vehicular, no solo para cumplir con la obligatoriedad de la legislación, sino también para salvaguardar el patrimonio de las personas ante cualquier eventualidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónexhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular para poder circular por vías, puentes y carreteras federales.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que fortalezca las acciones de supervisión, a fin de evitar abusos y fraudes en la contratación de seguros para vehículos.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-arana-el-sexto-lugar-en- ranking-automotor-20180313-0027.html
2 http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/ MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13158
3 http://www.milenio.com/negocios/numero-autos-particulares-crece-mexico- suman-29-4-millones
4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/trafico 2017_Nal.pdf
5 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/29/1197827
7 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/automotriz/ 107-asegura-tu-auto
8 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Axa-pide-seguro-obligatorio- para-autos-y-casa-habitacion-20180902-0042.html
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf
10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275534/seguro_ obligatorio_de_responsabilidad.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, SOBRE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a instaurar con sus homólogas locales campañas informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, con hincapié en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de desastre natural, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del sistema educativo nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que los desastres naturales son fenómenos meteorológicos y climáticos severos y extremos que se producen en todo el orbe provocando serias pérdidas humanas y materiales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que cada año, una media de 221 millones de personas se ven directamente afectadas por este tipo de desastres, lo que representa cinco veces el número de víctimas de conflictos.
Estos fenómenos climatológicos constituyen un riesgo para las poblaciones mundiales. De acuerdo con el Informe Global de la ONU sobre Reducción de Riesgo de Desastres, las pérdidas económicas ocasionadas por desastres como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones se han elevado entre 250 mil y 300 mil millones de dólares cada año, en promedio.
A nivel mundial, las mujeres y los niños tienen más probabilidades que los hombres de morir en un desastre. Otros grupos afectados de manera desproporcionada incluyen a las personas que viven con discapacidad, las personas mayores y las personas indígenas.
Las inundaciones, terremotos, huracanes e incendios forestales, entre otros, ponen en peligro la vida de millones de personas, especialmente en los países donde no están preparados para hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia.
De acuerdo con el Fondo de Desastre Naturales (FONDEN), nuestro país está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, ya que es catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter.
La Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU, en su informe “Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015”, reveló que los desastres naturales le cuestan a nuestro país más de 2 mil millones de dólares anualmente.
El Sistema Nacional de Protección Civil, señala que un desastre es atemorizante para todos, especialmente para los niños. Este sector de la población todavía no cuenta con técnicas elementales para controlar el miedo. Un desastre amenaza el sentido de control sobre su vida, incluso más que los adultos.
Un caso particular son los sismos, que son eventos naturales e impredecibles. Sin embargo, sus consecuencias se podrían mitigar mediante una adecuada capacitación y planeación en las escuelas, con el objeto de salvaguardar la integridad y la propia vida de los alumnos, docentes, directivos y personal administrativo.
Cabe destacar que los días 7 y 19 de septiembre del año pasado, se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados Richter, respectivamente, dejando afectaciones en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Diversos medios periodísticos señalan que uno de los casos más emblemáticos y dolorosos fue la muerte de 19 niños en una escuela ubicada en el Sur de la Ciudad de México.
La ausencia de mecanismos eficientes para la prevención y atención de dichos fenómenos agudizan aún más la situación, motivo por el cual es indispensable una mejor planeación y coordinación entre las autoridades y la sociedad en general, principalmente en las escuelas de educación básica. La mayoría de las niñas y niños no saben cómo actuar ante un sismo, normalmente salen corriendo y se asustan cuando perciben una situación que no pueden controlar.
La mala atención de emergencias para hacer frente a los desastres naturales, puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.
En este contexto, se debe de preparar a las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de actuar ante la presencia de un sismo, situación que resulta esencial para familiarizarse con dicho fenómeno, concientizarlos y hacer que se sientan más seguros.
Por ello, es imperativo que se fortalezcan las acciones para facilitar las herramientas que permitan a la comunidad escolar comprender los riesgos de un desastre natural como los sismos y, en su caso, reaccionar oportunamente.
La seguridad en los centros educativos es de vital importancia, por lo que las medidas se deben centrar en la promoción de la cultura de la prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de protección, para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar.
Estas acciones permitirán que las niñas, niños y adolescentes pongan en práctica las medidas de prevención y la buena planificación de las actividades para que tengan mejores controles de actuación después de un desastre natural.
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el ciclo escolar 2017-2018, la matrícula de educación básica ascendió 25.4 millones de alumnos, atendidos por 1.2 millones de docentes, en 226 mil escuelas del país.
De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo por el exhorta a la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, a través de sus homólogas en las entidades federativas, implemente campañas informativas en escuelas del país, sobre las herramientas de actuación durante un desastre natural.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogos en las entidades federativas, instrumenten campañas informativas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los mecanismos de actuación en caso de un desastre natural.
Notas
1 Organización Meteorológica Mundial (2016). Peligros naturales y reducción de riesgos de desastre. 18/09/2018, de OMM Sitio web:
https://public.wmo.int/es/peligros-naturales-y-reducci%C3%B3n-deriesgos- de-desastre
2 Organización de las Naciones Unidas y la Asistencia Humanitaria (mayo 2013). Los desastres naturales. 18/09/2018, de ONU. Sitio web:
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml
3 Organización de las Naciones Unidas (2015). Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastre.
Viena, Austria: ONU. Sitio web:
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
4 Organización de las Naciones Unidas (febrero del 2015). Hechos y cifras: Empoderamiento económico. 18/09/2018, de ONUMUJERES Sitio web:
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economicempowerment/facts-and-figures
5 El Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (2012). El Fondo de Desastres Naturales de México-Una Reseña. México: Secretaría de Gobernación. Sitio web:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/ fonden_resumen_ejecutivo.pdf
6 Servicio Sismológico Nacional. (septiembre del 2017). Reporte Especial: Sismo del día 19 de septiembre de 2017. 18/09/2018, de Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/ 2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
7 Carlos Carabaña (septiembre del 2017). El terremoto infanticida en la escuela Rébsamen: se salvaron los adolescentes, murieron los niños. El País. Sitio Web:
https://elpais.com/internacional/2017/09/20/mexico/1505879096_734158.html
8 Secretaría de Educación Pública (2018). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. 18/09/2018, de Gobierno Federal Sitio web:
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/ principales_cifras/principales_cifras_2 017_2018_bolsillo.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
SE LIBEREN LOS RECURSOS DEL FONDEN PARA LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS LLUVIAS EN SINALOA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y a la SHCP a liberar los recursos del Fonden a fin de agilizar la entrega de bienes materiales para proteger la vida, la salud, la alimentación y el suministro de agua a las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nos encontramos en la temporada de ciclones y tormentas tropicales. México por su posición bioceánica, es uno de los países más afectados, principalmente en las zonas costeras. De acuerdo con Protección Civil, el 70 por ciento de la población y del territorio es susceptible a los fenómenos meteorológicos.
Durante los últimos días, el estado de Sinaloa se ha visto fuertemente afectada por las intensas lluvias derivadas de la depresión tropical 19-E, ocasionando la muerte de varias personas y la pérdida de miles de viviendas y cosechas.
En esta entidad federativa, se registraron desbordamientos de arroyos, aumento en los niveles de las presas e inundaciones en zonas urbanas, rurales y áreas de cultivo.
Inicialmente, casi 60 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica, 150 mil personas sin agua y más de 1,800 se refugiaron en albergues.
Las lluvias registradas afectaron por lo menos 20 mil hectáreas de cultivos agrícolas y provocaron la muerte de 500 mil aves, según un reporte preliminar dado a conocer por el Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del estado de Sinaloa. Hasta el miércoles 26 de septiembre, alrededor de 12 mil alumnos del centro y norte del estado continuaban sin clases.
La infraestructura carretera también se vio seriamente afectada, ya que 870 kilómetros presentan algún tipo de daño, presentando un mayor perjuicio la del tramo “Los Mochis-Ciudad Obregón, Culiacán-Las Brisas y las carreteras que conectan a las comunidades de Angostura, El Fuerte y Navolato.
El gobierno federal aún se encuentra haciendo las evaluaciones de los daños, además, a través del Comité Nacional de Emergencias, informó que, derivado de los efectos causados por la Depresión Tropical 19-E en diferentes entidades federativas, se han movilizado equipos y maquinaria de trabajo para el restablecimiento de las vías de comunicación, atención médica y potabilización de agua.
La Cruz Roja Mexicana también ha desplegado personal, ambulancias y ayudado en el transporte de ayuda humanitaria.
Como en otras ocasiones de emergencia, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía han respondido al desastre con solidaridad, instalando centros de acopio de víveres y de primera necesidad para ayudar a las personas damnificadas. Sin embargo, es imprescindible que los recursos por parte del gobierno se agilicen para poder atender la emergencia más eficaz y oportunamente.
De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima no mejorará, toda vez que en los próximos días se prevén tormentas intensas y lluvias torrenciales al noroeste del territorio nacional.
Según los últimos comunicados, el huracán Rosa, ubicado en el Pacífico, ya es categoría 2 y originará tormentas de fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como tormentas muy fuertes en Baja California Sur.
Ante este escenario, se ha recomendado a la población extremar precauciones y atender el llamado de las autoridades, ya que las lluvias podrían generar más deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y carreteras, así como inundaciones, lo que pondría en riesgo a la población de estas entidades.
Es importante señalar que el pasado 20 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán del estado de Sinaloa.
Con esta declaratoria se activan los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se puedan atender las necesidades y la reconstrucción de las poblaciones afectadas. Asimismo, el Ejército y Marina se encuentran colaborando en las labores de auxilio a la población.
Para la asignación de los recursos del Fonden se deben realizar procedimientos administrativos; sin embargo, la situación de emergencia demanda acciones inmediatas para atender las necesidades de alimentación, abrigo y salud de los afectados.
En este sentido, el Fondo Revolvente del Fonden tiene como objetivo proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población.
La situación del estado de Sinaloa cumple perfectamente con el perfil para acceder a los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, es urgente liberar recursos de este mecanismo para poder atender con mayor prontitud las necesidades de la población sinaloense.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa.
Notas
1 Javier Cabrera Martínez. (2018). Lluvias afectan 20 mil hectáreas de cultivos en Sinaloa. 24/09/2018, El Universal, sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/lluvias-afectan-20-mil-hectareas-de- cultivos-en-sinaloa
2 Pronóstico extendido a 96 horas, Servicio Meteorológico Nacional, disponible en:
http://smn,conagua.gob.mx/es/pronostico-extendido-a-96h
3 “Rosa ya es huracán categoría 2”, Conagua, disponible en:
http://www.gob.mx/conagua/prensa/rosa-ya-es-huracan-categoria-2?idim=es
4 “Reglas generales del Fondo de Desastres Naturales”, Secretaría de Gobernación, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23751/Reglas_Generales_del_ Fondo_de_Desastres_Naturales_Fonden_3_de_diciembre_de_2010.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.— Diputados: René Juárez Cisneros, Arturo Escobar y Vega, Reginaldo Sandoval Flores, Alberto Esquer Gutiérrez, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Carlos Romero Hicks, Merary Villegas Sánchez, Alfredo Villegas Arreola, Casimiro Zamora Valdez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Lucinda Sandoval Soberanes (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
EXHORTO A DIVERSOS CONGRESOS ESTATALES, A DEROGAR LAS EXCEPCIONES QUE PERMITEN EL MATRIMONIO INFANTIL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputadas Laura Barrera Fortoul, Soraya Pérez Munguía, María Alemán Muñoz Castillo y Norma Adela Guel Saldívar, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, numeral 1, fracción II y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de diversos estados a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil, considerando los siguientes:
Antecedentes
El matrimonio infantil es una de las principales causas, por costumbre, por tendencia social o de pueblos indígenas, que persiste en nuestra sociedad y que afecta la esfera de la niñez en México.
El matrimonio infantil es un problema mundial. Cada dos segundos una niña es obligada a casarse; el 14 por ciento de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años; y una de cada tres, se habrá casado antes de cumplir los 18 años.
El matrimonio infantil transgrede el derecho humano, independientemente de si la persona es una niña o un niño, pero es más común conocer que es una de las principales causas de abuso sexual y de explotación.
Las consecuencias del matrimonio infantil se pueden enlistar, pero no son finitas, podemos mencionar la “ separación familiar” como una de las causas de origen y que rompe con la célula de protección familiar.
Otra, que en algunos casos se da por machismo, inmadurez o diferencia de edad, es la “ libertad a relacionarse con las demás personas de su edad o de distinto género”, lo que rompe con la libertad de la persona de desarrollarse libremente, participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación.
De igual forma, puede ser el vehículo o la ruta para generar “trabajos forzados”, “experiencias sexuales no apropiadas para la edad o sin su consentimiento”, “prostitución”, “violencia”, “embarazos no planificados”, “transmisión de enfermedades sexuales”, y cada vez más casos de VIH/Sida, entre otras cuestiones muy lamentables.
Los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades económicas. En estos casos, el matrimonio se considera como un medio para proporcionar a sus hijas una tutela masculina, protegerlas contra agresiones sexuales, evitar embarazos sin estar casadas, alargar sus años de fecundidad o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.
En el caso de embarazos prematuros o no planificados, las niñas menores de 18 años tienen un riesgo mayor para ellas y para el bebé, que los embarazos de mujeres mayores de 20 años.
Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, en este tipo de embarazos adolescentes, el riesgo de que el bebé muera en su primer año de vida es de un 60 por ciento más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años. Incluso si el niño sobrevive, tiene más probabilidades de sufrir desnutrición, bajo peso al nacer, o problemas de desarrollo físico y cognitivo.
En México, más de 6 millones 800 mil mujeres de 12 a 17 años de edad han contraído matrimonio o viven en concubinato en el país, mismas que se desconoce su estado o condición personal, matrimonial y familiar.
El matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En el Níger, el 77 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18. En Bangladesh, la tasa era del 65 por ciento.
Para reforzar el tema y la prioridad de este punto de acuerdo, en México se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres, es decir, el sexo femenino desde temprana edad está en un estado de vulnerabilidad.
La generalidad de los matrimonios infantiles detecta que solo el 14 por ciento de los niños menores de 15 años se casa con mujeres u hombres de entre 18 y 29 años. Y en el caso de los hombres de 15 a 17 años, más del 60 por ciento se une a personas de su mismo rango de edad.
El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser “ libre y completo” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio.
La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años.
Por lo anterior, se muestra la siguiente tabla por entidad federativa que define la edad para contraer matrimonio por género y si existe alguna excepción en la norma que promueva el matrimonio infantil:
Como se observa, se ha logrado estipular como edad mínima los 18 años para contraer matrimonio en niñas, niños y adolescentes, pero, estados como Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco, sigan permitiendo el matrimonio infantil, a través de dispensas, excepciones o estipulando una edad menor a la indicada en el artículo 45 de la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, Claudia Alonso Pesado, secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), ha expresado:
“Hay una falacia porque se dice que con el matrimonio van a proteger los derechos, la seguridad social, el servicio de salud, la capacidad para poder tener una familia [...] el matrimonio no es el vehículo para acceder a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes”
Un tema en especial que afecta para erradicar el matrimonio igualitario es “ la actitud, costumbre y prácticas en comunidades indígenas o de ciertas poblaciones en México”, porque incluso a los progenitores que comprenden su efecto negativo les resulta difícil resistir las presiones económicas y sociales de la tradición.
En México, no se han desarrollado programas sociales federales o locales que específicamente se dediquen a revisar las condiciones de vida personal, matrimonial y familiar de estas parejas, que por la razón que sea, contrajeron matrimonio o quizá viven en concubinato.
Por ello, es necesario el esfuerzo de las secretarías de administración pública federal y local de generar brigadas en zonas donde se tengan detectados los casos de matrimonio infantil para conocer las condiciones de vida de las personas y evitar cualquier alteración o daño irreparable en la vida de cada uno de los integrantes.
Enfrentarse a las actitudes y costumbres que promueven y toleran esta práctica es vital para cambiar la edad adecuada para contraer matrimonio.
La labor del Estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y ejecutar unos sistemas que prevengan o rechacen esta práctica. Se necesitarían medidas por parte del gobierno que revisen el derecho consuetudinario y civil. Puesto que el matrimonio infantil está estrechamente relacionado con la escasez económica, el compromiso del gobierno de reducir la pobreza probablemente llevará a una disminución de los matrimonios infantiles.
Finalmente, en la Declaratoria de la LI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Santa María Huatulco, Oaxaca, el 18 de noviembre de 2016, se tomó el siguiente Acuerdo:
“ Vigésimo Segundo. Propuesta de usted como gobernador y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que derivan de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que constituyen un compromiso de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, este pleno de gobernadores aprueba diez compromisos para la protección de la niñez y adolescencia en las entidades federativas:
6. Prohibición legal del matrimonio infantil sin excepciones ni distinciones. Concluir la armonización legal sin dispensas para la prohibición del matrimonio infantil. (Cumplimiento: diciembre 2016).”
Por lo anterior, el que suscribe someto a consideración de esta asamblea, la discusión y en su caso, aprobación del presente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los congresos locales de Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco a que, en sus legislaciones respectivas, establezcan de manera expresa como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin que haya lugar a excepciones o dispensas que permitan el matrimonio infantil, en términos del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Segundo. Se solicita a los congresos locales que hagan pública la iniciativa respectiva; así como un informe en el que se detalle la fecha de su aprobación, publicación, entrada en vigor y los mecanismos implementados para su cumplimiento.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, a que, en el marco de sus competencias, implementen los programas y acciones necesarios para la erradicación del matrimonio infantil, así como el seguimiento de los casos que a la fecha se tengan registrados en las citadas entidades federativas.
Notas
1 https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/matrimonio-infantil
2 Dato reportado por Save the Children a partir de censos y encuestas oficiales.
3 https://actualidad.rt.com/actualidad/259322-matrimonio-infantil-mexico- ninas-adolescentes-casarse
4 https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf
5 Fondo de Población de las Naciones Unidas, El estado de la población en el mundo 2005: La promesa de igualdad: Equidad de género, salud reproductiva y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, FNUAP, Nueva York, 2005, pág. 50.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputados: Ignacio Moreira Valdez, Laura Barrera Fortoul, María Alemán Muñoz Castillo, Soraya Pérez Munguía y Norma Adela Guel Saldívar (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ERRADICAR LOS CASOS DE DEPRESIÓN EN LA POBLACIÓN Y EVITAR EL AUMENTO DE SUICIDIOS POR ESTA CAUSA, ESPECIALMENTE ENTRE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a fortalecer con sus homólogas locales acciones para erradicar los casos de depresión y evitar el aumento de suicidios por esa causa, especialmente entre mujeres y jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El trastorno por depresión se ha convertido en un grave problema de salud pública en el mundo, situación que ha sido fomentada por los hábitos creados por el uso de las nuevas tecnologías y el gran auge de las ciudades, entre otras circunstancias. En efecto, cada vez es más grande el número de personas que son diagnosticadas con un padecimiento relacionado con la salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.
Este trastorno puede llegar a ser crónico o recurrente, dificultando sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave puede necesitar de medicamentos y psicoterapia profesional.
Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Se puede deducir que muchas personas padecen ambas afecciones.
La depresión si no es tratada adecuadamente, puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es diagnosticada de larga duración e intensidad moderada a grave, ya que puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares, en ocasiones puede llevar al suicidio. Se estima que cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
No obstante, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados (y más de 90 por ciento en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos que existen para una atención eficaz se encuentran la falta de recursos económicos y de personal sanitario capacitado en clínicas, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. A menudo las personas que no son correctamente diagnosticadas son tratadas con antidepresivos, lo que puede poner en peligro su integridad mental y física.
Este trastorno es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, especialmente aquellos que han pasado por circunstancias vitales adversas (desempleo, luto, traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir depresión.
Existe una distinción fundamental entre la depresión en personas con y sin antecedentes de episodios maníacos, que pueden ser crónicos y tendientes a causar recaídas, especialmente cuando no se tratan, por lo que es importante tener en cuenta la siguiente distinción:
• Trastorno depresivo recurrente: se caracteriza por repetidos episodios de depresión, causando un estado de ánimo bajo, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, así como una disminución de energía en sus actividades diarias. Muchas personas también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica.
• Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir.
Está demostrado que los programas de prevención reducen este trastorno y entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y adolescentes. Asimismo, los programas de ejercicio para las personas mayores pueden ser eficaces para prevenir la depresión.
En México, según de la Secretaría de Salud (Ssa) y su Programa de Acción de Salud Mental, se calcula que más de 10 millones de personas sufrirán depresión en algún momento de sus vidas; en cuanto a la epidemiología, la Encuesta Nacional de Enfermedades Psiquiátricas (2000) reportó que el primer grupo de enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad, representan 14 por ciento, mientras que las enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo están en 9.1 por ciento de la población.
Los padecimientos que tienen que ver con la salud mental ocupan el cuarto lugar en complicaciones médicas, y la depresión es uno de los más frecuentes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente.
La depresión es el principal problema en materia de salud mental pública por ser el padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años y, sobre todo, por ser la primera causa mundial de suicidio y la cuarta como discapacidad, en relación con la pérdida de años de vida saludable. Este trastorno en la primera razón para el deterioro en la calidad de vida entre mujeres y la novena para los hombres.
La Secretaría de Salud también indica que en años recientes se han quitado la vida alrededor de seis mil personas por año, ocurriendo más de la mitad de esas muertes en menores de 35 años. El costo que la pérdida de estas vidas tiene para los familiares y para la sociedad mexicana es incuantificable. El Inegi indicó que la tasa de suicidio en el año 2015 fue de 2 por cada 100 mil mujeres y de 8.5 por cada 100 mil hombres.
Asimismo, ocurrieron 2 mil 599 fallecimientos por lesiones autoinfligidas de jóvenes de 15 a 29 años, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad (mayor a la nacional).
La adolescencia y los primeros años de la adultez de las personas son etapas que implican grandes cambios físicos y emocionales, en donde pueden llegar a sentir malestar emocional ante las diversas situaciones y factores estresantes que se les presenten, ya sea en la escuela, en su círculo social o directamente en su familia, causándoles algún conflicto emocional que afecte a su salud y calidad de vida.
La Ley General de Salud, en su artículo 72, indica que la prevención de las enfermedades mentales debe tener un carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.
Ante este panorama, es necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en los estados, fortalezca las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, ya que son de los grupos más vulnerables de la población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre mujeres y jóvenes.
Notas
1 http://www.who.int/topics/depression/es/
2 http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2017/ es/
3 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/En-Mexico-10-millones-en-riesgo- de-depresion-20170504-0042.html
5 http://www.inprf.gob.mx/ensenanza/info_cursos/2018/prevencion_suicidio.pdf
6 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios 2017_Nal.pdf
7 http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES EN RIESGO DE EXTINCIÓN Y SU HÁBITAT
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a los gobiernos locales a fortalecer en el ámbito de sus facultades las acciones para conservar las especies en riesgo de extinción y su hábitat, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los gobiernos de los estados, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 3 de marzo del año en curso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el Día Mundial de la Vida Silvestre, exhortando a los gobiernos, la sociedad civil y los agentes del sector privado de todo el orbe, a que contribuyan a crear conciencia para velar por la supervivencia de los grandes felinos y de la preciosa y frágil diversidad biológica del mundo en que vivimos.
Las especies en peligro de extinción, en sus numerosas formas, constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, que tiene que ser conservado para el bien de la comunidad.
El tema de la extinción de los animales ha adquirido un lugar cada vez más preponderante en la agenda gubernamental de muchos países de todo el orbe. La Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su meta 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”, establece que se debe de Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
Para dimensionar la gravedad de esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que a nivel global se ha perdido el 50 por ciento de los animales y plantas salvajes, y en algunas áreas aún más, a causa del cambio climático, pérdida de hábitat.
Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una parte significativa de cada familia animal está amenazada: un 33 por ciento de los corales, un 25 por ciento de los mamíferos, un 13 por ciento de las aves y un 41 por ciento de los anfibios.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN muestra que de las 63 mil 837 especies evaluadas 19 mil 817 están amenazadas por la extinción, incluyendo el 41 por ciento de los anfibios, 33 por ciento de los corales formadores de arrecifes, 25 por ciento de los mamíferos, 13 por ciento de las aves y 30 por ciento de las coníferas.
Tan sólo en América del Sur, son 14 mil 60 especies evaluadas bajo los criterios de la Lista Roja, donde 4 mil 445 se encuentran como amenazadas de extinción, es decir, casi el 32 por ciento de las especies evaluadas. El número de las especies más críticamente amenazadas asciende a 665, donde se encuentran desde el sapito leopardo, los monos araña, los jaguares hasta las tortugas.
Sólo por mencionar un ejemplo en Asia, hace poco más de un siglo, vivían en libertad 100 mil tigres; en la actualidad hay menos de 4 mil. El 96 por ciento de su población se ha perdido.
Para el caso de México, en la actualidad, el país cuenta con 34 reservas, 17 santuarios y 4 monumentos naturales, además es uno de los 17 países con más diversidad en el orbe. Asimismo se cuenta con cerca de 200 mil especies diferentes equivalentes al 10 por ciento total de la población de flora y fauna que existe en el planeta, convirtiéndolo en uno de los países denominados megadiverso.
El país cuenta con una gran variedad de ecosistemas debido a su ubicación geográfica, lo cual favorece a la diversidad de todas las especies. Sin embargo, las prácticas de destrucción de los ecosistemas siguen prevaleciendo en nuestro país.
La pérdida del hábitat y la caza furtiva forman parte de los desafíos más alarmantes que enfrentan las especies silvestres hoy en día. El tráfico de especies son amenazas más inmediatas para muchas especies.
Diversos medios periodísticos señalan que el pasado 22 de septiembre del año en curso, una hembra oso negro especie en peligro de extinción fue golpeada por un vehículo, al intentar cruzar una carretera federal 2 en el kilómetro 129+950 del tramo Ímuris-Cananea, lugar en que falleció.
Otro caso lamentable fue la localización de un ejemplar de jaguar ( Panthera onca) presuntamente cazado por pobladores del ejido Las Perlas, en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz.
En este mismo sentido, el pasado 21 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró un ejemplar macho juvenil de jaguar que se encontraba en un domicilio particular de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, el cual no contaba con las condiciones de seguridad para la ciudadanía y el animal.
La norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene como propósito identificar a las poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo, por medio de la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de cambio de categoría de riesgo para las especies, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.
Actualmente, la norma incluye en su listado a 2 mil 606 especies, de las cuales 49 son especies extintas, 475 están en peligro de extinción, 896 están amenazadas y mil 185 son sujetas a protección especial. Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción en el país son el loro cabeza amarilla, totoaba, mono saraguato, guacamaya verde, guacamaya roja, jaguar y el mono araña, entre otras.
De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo, a través del cual se busca fortalecer las acciones del gobierno federal y de las entidades federativas, para la conservación de las especies en riesgo de extinción.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los gobiernos de los estados, a que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen una campaña permanente de concientización para la conservación de las especies en peligro de extinción.
Notas
1 http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml
2 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS- metas-digital.pdf
3 https://news.un.org/es/story/2017/03/1374751
4 La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, como inventario mundial, permite alertar al respecto del estado de la biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a los tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para la conservación de las especies.
5 https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/pol%C3%AD ticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn
6 http://www.un.org/es/events/wildlifeday/sgmessage.shtml
7 http://hidroponia.mx/la-biodiversidad-en-mexico/
8 https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/540941/muere-osa-atropellada-e n-carretera-entre-Imuris-y-cananea.html
9 https://www.proceso.com.mx/551954/la-profepa-alista-denuncia-tras-localizar-el- cuerpo-de-un-jaguar-en-las-perlas-veracruz
10 https://www.animalpolitico.com/2018/04/aseguran-jaguar-cuernavaca/
11 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_ SEMARNAT_2010.pdf
12 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx. wap/especies_en_categoria_de_riesgo.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 4 de octubre de 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
FACILITAR LA DENUNCIA DE PRÉSTAMOS ILEGALES, EXTORSIONES Y AMENAZAS, A TRAVÉS DE UN MECANISMO DE PRÉSTAMOS CONOCIDO COMO “GOTA A GOTA”
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS y a las instancias locales de procuración de justicia a establecer instrumentos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas realizados por particulares por el medio de préstamos “gota a gota”, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a fin de que establezcan mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”, con el objetivo de investigar y combatir este delito, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Diversos medios periodísticos señalan que hace dos años comenzó a operar en el país una red de colombianos que prestan dinero a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en un esquema denominado “gota a gota”, que consiste en otorgar préstamos sin condiciones, pero con la exigencia de pagarlos diariamente durante 20 días, con intereses altísimos.
Esta situación genera ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana (cinco millones de dólares), en perjuicio de la economía de los usuarios de dichos préstamos y de sus familias, además de su propia integridad.
Una investigación realizada por el noticiario En Punto de Televisa explica cómo operan los colombianos que ofrecen préstamos sin necesidad de fiadores, que cobran en pequeñas cuotas con intereses de hasta 20 por ciento, pero si la persona se retrasa con el pago, los prestamistas se llevan parte de su mercancía, golpean a los deudores e incluso amenazan a sus familiares.
Dicha investigación arroja que la red de prestamistas está integrada por mil 500 colombianos que llegaron a México como turistas y desde 2015 iniciaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños comercios de la Ciudad de México y el estado de México.
La forma de enganchar a la gente es ofrecer dinero en menos de dos horas aproximadamente sin fiadores ni garantías y el único requisito es tener un comercio y proporcionar una credencial de elector.
Ante dicha situación, los afectados no pueden interponer una denuncia porque el préstamo se hace de palabra, y las autoridades consideran este tipo de situaciones como una forma de lavar dinero.
Sin embargo, muchas personas han cerrado sus negocios ya que señalan que no pueden solventar la deuda en un lapso de 20 o 30 días, bajo la presión de las personas que acuden a las casas de los deudores para exigirles el pago.
Esta red opera en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa y en las zonas centro, Tepito y La Merced, donde hay comercio ambulante. De igual manera, su presencia se ha detectado en 22 estados del centro y sur del país, aunque se han registrado casos en Baja California.
Un claro ejemplo son los ambulantes poblanos, quienes son las principales víctimas de colombianos que provienen de la Ciudad de México por temporadas para replicar en Puebla el modelo “gota a gota”, basado en prestar dinero con altos intereses y posteriormente cobrar mediante amenazas.
En su mayoría, los prestamistas colombianos eligen como “clientes” al comercio informal porque es más fácil controlarlos, aunque también se han presentado casos que involucran a comerciantes establecidos.
Estas personas operan con un esquema de amenazas e intimidación a las personas que les hacen préstamos y, en algunos casos, probablemente están vinculados al robo de transeúnte y de cuentahabientes.
Durante el presente año han sido detenidos ocho sujetos que además tienen estancia ilegal en el país, motivo por el cual se dio reporte al Instituto Nacional de Migración (INM) para la deportación.
Tan sólo en 2017, hubo casos de colombianos y también de venezolanos que estaban vinculados al robo de relojes de lujo y robo a transeúntes, por lo que se tiene atención especial a este tipo de casos para que no permeen en la capital poblana.
Los denominados créditos exprés o este denominado “gota a gota”, que incluso no solicitan comprobantes de ingresos, suponen un alto riesgo de fraude en todo el país.
De allí la trascendencia y urgencia de que la Comisión Nacional de Seguridad y las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas establezcan mecanismos para incentivar y facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, con la finalidad de investigar y combatir este tipo de delitos, que atentan contra la integridad y la economía de los usuarios y sus familias.
La protección de la vida y salvaguarda del patrimonio de los habitantes son funciones ineludibles de los diferentes órdenes de gobierno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a fin de que establezcan mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”, con el objeto de investigar y combatir este delito.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y el modo de operar de personas que prestan dinero en un esquema denominado “gota a gota”, a fin de incentivar su denuncia.
Notas
1 http://www.sinembargo.mx/22-11-2017/3354821
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2017/11/22/gota-a-gota-como-los-narcos-c olombianos-prestan-dinero-facil-en-las-calles-de-mexico-y-fuerzan-a-devolverlo- en-solo-20-dias/
3 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/ambulantes-de-puebla-victimas-de-los-col ombianos-prestamistas-sspytm-1602674.html
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 9 de octubre del año 2018.— (Rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, PARA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD, LA GOBERNABILIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios locales, suscrita por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Liliana Álvarez García y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Iliana Álvarez García, Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral I, del artículo 6 y la fracción II, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, el sistema penitenciario en el estado de Nuevo León se ha visto deteriorado, en razón de la falta de inversión estatal, de medidas más contundentes y eficaces para tener el control de la población de internos y garantizar sus derechos humanos.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario de la entidad obtuvo una calificación promedio de 5.02, una baja significativa a la obtenida un año antes que fue de 7.27.
El año pasado, el organismo local de Protección a Derechos Humanos recibió 223 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario, de las más altas en el país; y señalando como responsables a las autoridades penitenciarias estatales, servicio médico, autoridades judiciales, defensores de oficio, personal de seguridad y custodia, policías.
También se observa un hacinamiento, mala higiene, deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y mala integración de los expedientes jurídicos, entre otros problemas.
En 2017, la entidad fue la única del país en registrar 3 motines en sus centros de reclusión estatal. En este contexto, el pasado miércoles 3 de octubre se registró un nuevo motín, ahora en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, en el municipio de Escobedo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad realizara una revisión a los menores.
Ante estos hechos, tanto el gobernador como el secretario de Seguridad Pública, descartaron que hubiese heridos. Sin embargo, el pasado jueves 4 de octubre, a través de las redes sociales, circularon imágenes en el que un grupo de jóvenes resultaron heridos y que fueron atendidos en las instalaciones del Hospital Universitario.
Al respecto, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto
Asimismo, el artículo 172 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece que Sistema Penitenciario y de Reinserción Social tiene por objeto:
Procurar la reinserción social del delincuente, la adaptación social del adolescente infractor, y evitar en lo posible, la desadaptación social de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo proceso; este Sistema se integra con los centros de reclusión municipales, centros preventivos y centros de reinserción social, centros de internamiento y adaptación social de adolescentes infractores.
Le corresponde a la Secretaría regular el funcionamiento de este sistema al observar que su organización se sustente sobre la base de la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, el deporte y la terapia psicológica.
Por ello, en el presente punto de acuerdo se solicita que las revisiones ordinarias y extraordinarias que se realicen en los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, estén en apego al respeto de los derechos humanos de los internos. Es necesario que el gobierno del estado de Nuevo León garantice la seguridad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios de dicha entidad.
Asimismo, que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 6 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH practique visitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, a efecto de supervisar las condiciones de estos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, garantice la seguridad, la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que realice visitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, a efecto de supervisar las condiciones de derechos humanos.
Nota
1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017. pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2018.— Diputados: Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Iliana Álvarez García, Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
EXHORTO A LA PGR, A CONDUCIRSE CON APEGO A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ARAS DE GARANTIZAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder según los principios establecidos en la ley, en aras de garantizar el estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, numerales I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Datos del Informe Latinobarómetro 2017 muestran que por quinto año consecutivo, el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de 1 punto porcentual desde 2016, llegando a 53 por ciento en 2017.
La indiferencia ante el tipo de régimen aumenta a 25 por ciento de 23 en 2016. Uno de cada cuatro latinoamericanos es indiferente al tipo de régimen.
El desencanto con la política está teniendo consecuencias para la democracia.
En todos los otros países se produce pérdida de apoyo que refuerza la baja que se observa desde fechas distintas según cada país.
La mayor pérdida se produce en México, con 10 puntos porcentuales menos que en 2016 llegando a 38 por ciento en 2017, con un máximo de 59 en 2005.
En dicho informe se evidencia que la corrupción es el cuarto problema más importante para la población de América Latina. Si miramos el resultado por país, vemos que en Brasil es el primer problema, con 31 por ciento, en Colombia es el primer problema, con 20, y en Perú es el segundo, con 19. En México, la corrupción está en el tercer lugar, con 13 por ciento.
Reflejo de lo anterior son las notas que en lo cotidiano aparece en las primeras planas de los periódicos y revistas de circulación nacional, que describen las permanentes conductas ilícitas y redes de corrupción de funcionarios públicos, que han trascendido a ámbitos de la cohorte política.
Así, la lista en torno a los escándalos de corrupción e impunidad en México en lo que va del sexenio es por desgracia amplia, sin embargo, gracias a la labor periodística y de organizaciones de la sociedad civil, se han visibilizado y documentado algunas de ellas.
Empero, el mutismo y la impunidad tanto del gobierno federal como de las autoridades encargadas de administrar la justicia han sido precarias, la forma tan desdeñosa e inquina en el actuar, han propiciado deterioro sistemático y creciente en las instancias y en la ciudadanía.
[Previo a finalizar 2017, el 20 de diciembre] policías federales detuvieron en la ciudad de México al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al ejecutar una orden de aprehensión en su contra dictada por un juez de Chihuahua, y lo trasladaron al penal de Aquiles Serdán, en la capital del estado, informó el gobernador panista Javier Corral Jurado.
A Gutiérrez, quien fue directivo del tricolor en la gestión de Manlio Fabio Beltrones, se acusa de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, presuntamente en El Paso, Texas.
Alejandro Gutiérrez, originario de Saltillo, empresario, ex diputado federal y ex senador del PRI por Coahuila, es acusado de planear el desvío de recursos por los que son acusados César Duarte y varios ex funcionarios de las Secretarías de Hacienda, y de Educación estatales, durante el sexenio pasado.
Específicamente Gutiérrez aparece como gestor de una trasferencia de recursos federales a Chihuahua y de su posterior entrega al CEN del PRI, ya como recursos estatales, mediante contratos simulados por la prestación de servicios profesionales, a través de empresas fantasma.
Al respecto, he sido enfática en colocar en la picota pública los constantes actos de corrupción e impunidad, así como el uso faccioso de las instituciones. Por ello, el caso de Alejandro Gutiérrez toma relevancia: es acusado por el desvío de más de 250 millones de pesos del erario público para el tricolor, y puede quedar exonerado.
Donde la Procuraduría General de la República solicitó ante un juez el sobreseimiento al caso. Por tanto, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló en el transcurso de la noche del 31 de agosto, el proceso contra el ex funcionario del CEN del PRI por el presunto desvío.
Fuerte Tapia determinó que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevar a Gutiérrez a juicio tras su desistimiento.
A esta decisión se suma la de un tribunal colegiado que el pasado jueves revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez en el proceso penal del fuero local por desvío de recursos por poco más de un millón de pesos.
En la audiencia realizada, no estuvo presente la Secretaría de Hacienda, que tiene calidad de víctima, pues los recursos presuntamente desviados eran de carácter federal.
No obstante durante las audiencias las fiscales de la PGR, encabezadas por Griselda Navarro González y Diana Esteban Salinas, se dedicaron a cuestionar todas las actuaciones que llevó a cabo la Fiscalía de Chihuahua para acreditar los desvíos del PRI.
La manera de proceder por parte del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República pone en grave riesgo la actuación de dicha institución que debiera ser garante de justicia, bajo principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos; principios que no han sido adoptados al verse inmiscuido en asuntos polémicos que evidencian su cercanía al gobierno y partido en turno, muestra de ello es la liberación de la dirigente magistral Elba Esther Gordillo, la prohibición judicial para detener a Emilio Lozoya Austin, está en riesgo el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte salga de prisión una vez que la PGR retiró el delito de delincuencia organizada para reclasificarlo como “asociación delictuosa”.
Al respecto y gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil, se ha hecho evidente la necesidad de contar con una fiscalía que sirva, que busca construir una fiscalía autónoma, independiente y eficaz que investigue, sancione y termine con la impunidad, mediante un sistema de procuración de justicia confiable.
Lo anterior muestra la urgencia por la cual debe garantizar que se dedigne a una persona al frente de la Fiscalía General de la República que cubra el perfil idóneo para garantizar un actuar autónomo e independiente, a fin de no ser más una institución que persiga políticamente y de manera discrecional los actos delictivos, al tiempo de iniciar el proceso legislativo con la presentación y discusión de las leyes relacionadas con la creación de la Fiscalía General de la República desde el Senado, a fin de romper y no dar continuar a las malas prácticas e impunidad en una institución que debe contribuir a garantizar el estado democrático de derecho.
Fundados y motivados en lo expuesto, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, licenciado Alberto Elías Beltrán, a conducirse con arreglo a los principios establecidos en la ley, en aras de garantizar el estado democrático de derecho.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al procurador general de la República a hacer pública información respecto a su actuación en el caso Chihuahua.
Notas
1 Informe Latinobarómetro 2017. Disponible en línea:
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
2 “Detienen a Alejandro Gutiérrez ex secretario general adjunto del PRI”, en La Jornada [en línea], 20 de diciembre de 2017. Fecha de consulta: 7 de enero de 2017. Disponible en
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/20/detienen-a-alejandro- gutierrez-exsecretario-general-adjunto-del-pri-5050.htmlciedad/041n3soc
3 “Las sombras peñistas de 2012”, en revista Proceso. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2018. Consulta:
https://www.proceso.com.mx/548689/las-sombras-penistas-de-2012-elba- javidu-y-odebrecht
4 Barajas, Abel. “Abren puerta a Gutiérrez”, en Reforma en línea, disponible en
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1480723&v=5
Cámara de Diputados, a 4 de septiembre de 2018.— Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
EXHORTO AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A ATENDER DIVERSAS PETICIONES DE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a atender las manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil para revocar el nombramiento de la actual directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La democracia representativa y formal exige de la participación ciudadana, no solo en la elección de los representantes a los cargos de representación popular, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen.
México requiere actualmente de la participación ciudadana activa y propositiva en diversos temas del quehacer público en cada uno de los ámbitos de gobierno a fin de establecer vínculos permanentes con la sociedad organizada y ampliar los mecanismos institucionales para que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Al respecto, una de las acciones emprendidas el 5 de septiembre del año en curso por el Gobernador del estado de Baja California Sur, C. Carlos Mendoza Davis tomó por sorpresa a defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada: el nombramiento de la licenciada Jisela Paes como directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
El nombramiento causó inconformidad e indignación por los exiguos conocimientos en la materia y en especial por ser la antítesis del perfil necesario para dicho encargo, muestra de ello es su manera de proceder anteponiendo sus creencias personales, contraviniendo los derechos y libertades de las personas:
“El matrimonio es para la procreación de la familia?”, esa fue su postura respecto a la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto sobre la legalización del matrimonio igualitario. No obstante, participó en una marcha religiosa con carteles que incitaban a la violencia, incluso siendo ella misma blanco de violencia familiar ha negado las agresiones por parte de su pareja.
Como Diputada Federal en la LXIII legislatura tuvo presencia activa en el llamado Festival del Frente Familiar, convocado por el Frente Nacional por la Familia en BCS en donde abundaron expresiones referentes al matrimonio igualitario que horadan la incipiente paz social, tales como: “los países que legalizan el matrimonio igualitario están legalizando pedofilia, incesto y zoofilia”
En consecuencia, integrantes de distintas organizaciones civiles realizaron el día 9 de septiembre en la Ciudad de México una protesta solidaria con sudcalifornianas en la representación del Gobierno de Baja California Sur, al tiempo entregaron una Carta pública dirigida al Gobernador que a su letra dice:
Es por lo anterior la preocupación por parte de personas defensoras de derechos humanos, que ven en la designación de Jisela Paes incongruencia y retroceso en materia de derechos humanos, al no desempeñar dentro del servicio público los principios que garanticen y generen la plena efectividad de los derechos fundamentales, sino que reproduce prejuicios, estereotipos y con ello fomenta la violencia.
Recordemos que es menester para cualquier sociedad democrática garantizar libertades y derechos, posibilitando un espacio público libre de dogmas y creencias, necesaria para la convivencia social pacífica y armónica, ello se logra con el respeto al Estado Laico.
Ante dichos acontecimientos, no podemos evadir las distintas manifestaciones de la sociedad civil organizada, que exige funcionarias y funcionarios públicos que cuenten con los conocimientos y experiencia necesaria para desempeñar sus cargos, que promueva los canales de participación, de una cultura de legalidad y el Estado de derecho como prioridad para construir vínculos sociales cimentados en la confianza, solidaridad e igualdad, desarrollando el sentido cívico y democrático.
Por lo antes expuesto, y en el ánimo de establecer un puente de comprensión con los diferentes sectores y actores de la sociedad para continuar con la construcción de un México más justo, igualitario y solidario, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California Sur, licenciado Carlos Mendoza Davis a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
Notas
1 Los gays no deberían pensar en casarse porque no pueden procrear: Diputada del PAN. SDP noticias, en línea:
http://www.sdpnoticias.com/gay/2016/06/07/los-gasy-no-deberian-pensar- en-casarse-porque-no-pueden-procrear-diputada-del-pan
2 Ramírez, Francisco. “Niega la diputada federal panista Jisela Paes haber sido golpeada por su marido”. California Hoy.Abril 25, 2017, en línea:
http://californiahoy.net/2017/04/25/niega-la-diputada-federal-panista- jisela-paes-haber-sidogolpeada-por-su-marido/
3 Matrimonio igualitario abriría el paso a zoofilia y pedofilia, sostiene diputada panista. En línea, dirección URL
http://www.elcantodelosgrillos.mx/matrimonio-igualitario-abriria-el-paso- a-zoofilia-y-pedofilia-sostiene-diputada-panista.
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 11 de septiembre de 2018.— Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES Y EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN CHIAPAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Las suscritas, Martha Angélica Tagle Martínez, Alejandra García Morlan, María Guadalupe Almaguer Pardo, Dulce María Sauri Riancho, Dulce Méndez de la Luz, Gabriela Cuevas, Lucero Saldaña Pérez y Lucía Riojas, diputadas a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días recientes se dio a conocer que –al menos– 35 mujeres que resultaron electas para los cargos de regidoras, diputadas locales y una presidenta municipal en los municipios de Frontera Comalapa, Pichucalco, Tuxtla Chico, Mapastepec, Suchiapa y en Frontera Hidalgo, habían presentado su renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), bajo el argumento de hacerlo de manera voluntaria. Por su parte, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, indicó que este número ascendió a 43 casos. Destacan los casos de Mapastepec y Tuxtla Chico donde el PVEM y Chiapas Unido presentaron las renuncias de todas las candidatas electas.
“Sin embargo, la autoridad electoral (chiapaneca) externó su preocupación ante lo que podría ser un caso de violencia política contra las mujeres, por lo que la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación analizará la situación y las razones de las renuncias masivas.”De ahí que la consejera Favela señaló que “en la mayor parte de los casos han sido mujeres que, a través de engaños, se les ha orillado a desistir de ejercer como diputadas locales o regidoras de representación proporcional”.
Al respecto, destaca el mensaje que las consejeras electorales del IEPC, Blanca Parra Chávez y Laura León Carballo, publicado el pasado 6 de septiembre, para dirigirse a las mujeres electas: “No permitas que violen tus derechos, no renuncies a la posibilidad de contribuir con tu trabajo a la superación de Chiapas. No te sientas sola, si alguien de tu partido o persona cercana te quiere obligar a renunciar, no lo permitas, la ley te protege”.
No obstante, es pertinente señalar que estos artilugios de simulación por parte de los partidos políticos para incumplir con la paridad de género van desde el propio registro de las candidaturas. Se tiene conocimiento que los partidos políticos registran a las mujeres, incluso, sin avisarles, lo cual deriva en una serie de atropellos y violaciones a sus derechos político-electorales. Por ello, no únicamente se debe hacer alusión a que las mujeres “no se dejen”, sino se debe trabajar para que los partidos políticos dejen de simular y cumplan cabalmente con lo establecido en la ley y evitar además actos de violencia política contra las mujeres. Asimismo, el 7 de septiembre, el IEPC emitió un exhorto a los partidos políticos a garantizar que las mujeres que fueron registradas como candidatas en el proceso electoral, accedan sin obstáculos y con el respaldo de los órganos partidistas, a los espacios de representación proporcional que por derecho les corresponden, evitando incurrir en alguna acción u omisión que configure la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por su parte, según la nota publicada por el periódico El Financiero, la consejera Sonia Margarita Sánchez Domínguez explicó que en estas renuncias masivas encuentran claro indicio de patrones de violencia política contra las mujeres y, por ello, iniciaron un protocolo a fin de garantizar la paridad de género, así como otras acciones que podrían derivar en procesos sancionadores contra los partidos que cometan estas violaciones a la ley.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral, a través de su consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que resultan inaceptables los hechos de coacción y de presión para que mujeres que han sido electas y que han ocupado inicialmente cargos de representación en diversos municipios el estado de Chiapas, ya sea como legisladoras que han sido electas bajo las reglas de paridad y los principios fijados por las autoridades electorales, se vean obligadas a renunciar para que varones ocupen su cargo.
De igual forma, la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE) exhortó a los partidos políticos nacionales y con registro local en la entidad a frenar las condiciones que han dado paso a estas renuncias masivas y, sobre todo, a no permitir que estos espacios legalmente ganados por mujeres sean cedidos al género masculino, bajo mecanismos aunque legales, no legítimos, que representan el incumplimiento de la paridad de género sustantiva.
Cabe señalar que la Ley de Acceso a Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas concibe en su artículo 49 que la “violencia política en razón de género, es toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una persona, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, destrucción de sus bienes materiales, amenazas o privación de la libertad o de su vida, como para su familia o compañeras o compañeros de trabajo.” (Reforma publicada: 2 de agosto 2017).
De tal forma y, derivado de la presión ejercida por varias instituciones y redes de defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres, varias de las candidatas electas que habían presentado su renuncia ante el IEPC, se desistieron de ello. Lo cual refuerza la idea de que estas renuncias posiblemente sean resultado de un acto de coacción.
En tal sentido, es necesario que las instituciones garantes de los derechos político-electorales emprendan las acciones necesarias para atender este importante número de renuncias por parte de las mujeres electas con el objetivo de determinar si éstas no fueron resultado de acciones que constituyan violencia política por razón de género. Y, de ser el caso, fincar las responsabilidades pertinentes en contra de quienes resulten responsables por dichos agravios.
Así, ya lo han expresado varias redes de mujeres, entre las que destacan la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) y la Red Mujeres en Plural, quienes condenaron los hechos y exigieron la intervención inmediata de las autoridades competentes “a efecto de acordar las medidas cautelares necesarias para proteger a las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, así como tomar las acciones necesarias y llevar a cabo las investigaciones extraordinarias y sumarias para conocer y esclarecer las presiones ejercidas a las mujeres, y en su caso, sancionar a los responsables”. Al tiempo de exigir al IEPC “que actúe con la debida diligencia, responsabilidad y en cumplimiento estricto de la ley”.
Baste decir que la paridad de género está reconocida como principio constitucional desde 2014 y, a cuatro años de su paulatina implementación a nivel local, lo ocurrido en Chiapas –siendo lamentablemente no el único caso–, es una muestra más de cómo los partidos políticos recurren a distintos mecanismos con tal de incumplir lo establecido en la ley; lo cual no únicamente restringe en pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, sino atenta contra los principios democráticos de la nación y contraviene lo convenido en diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en la materia.
Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género.
Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a investigar los hechos que, de constituir violencia política por razón de género, se persigan bajo lo establecido en la ley.
Notas
1 Vid. Pronunciamiento publicado en la cuenta de Twitter de la REPARE (@RedParidad_E). Disponible en:
https://twitter.com/RedParidad_E/status/1038235228920336384
2. Reforma (2018). Reportan aumento de “Manuelitas”. México
3 Animal Político (2018). ¿Violencia política contra mujeres en Chiapas? Fiscalía investiga renuncia de 30 regidoras y diputadas. México, en línea. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/09/renuncia-mujeres-chiapas- violencia-politica/
4 Reforma, Op. Cit.
5 Mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter del IEPC (@IEPCChiapas). Disponible en:
https://twitter.com/IEPCChiapas/status/1037752109939212290
6 Exhorto publicado a través de la cuenta de Twitter del IEPC (@IEPCChiapas). Disponible en:
https://twitter.com/iepcchiapas/status/1038223368774930432
7 El Financiero (2018). Mujeres renuncian a cargos de elección popular en Chiapas. México, en línea. Disponible en:
www.elfinanciero.com.mx/nacional/mujeres-renuncian-a-cargos-de-eleccion- popular-en-chiapas
8 INE (2018). Comunicado de prensa número 459. Condena INE que candidatas mujeres en Chiapas sean obligadas a renunciar para que varones ocupen el cargo. México.
9 Exhorto publicado a través de la cuenta de Twitter de la AMCEE (@AMCEE_AC). Disponible en:
https://twitter.com/AMCEE_AC/status/1038188982402572288
10 Pronunciamiento publicado en la cuenta de Twitter de la Red Mujeres en Plural (@MujerEsPlural). Disponible en:
https://twitter.com/MujerEsPlural/status/1038197768978718720
11 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Martha Tagle Martínez, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Beatriz Manrique Guevara, Carmen Julia Prudencio González, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia López Rayón, Claudia Reyes Montiel, Clementina Marta Dekker Gómez, Dolores Padierna Luna, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Kehila Abigail Ku Escalante, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Margarita García García, María del Carmen Bautista Peláez, María del Rosario Merlín García, María Guadalupe Almaguer Pardo, Maribel Martínez Ruiz, Maricruz Roblero Gordillo, Soraya Pérez Munguía, Verónica María Sobrado Rodríguez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
VELAR Y GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CASO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS, EN GUANAJUATO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Procuraduría de Guanajuato a asumir el compromiso de velar por y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños y adolescentes en el caso de La Ciudad de los Niños, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mediante una carta abierta dirigida a los mil 300 millones de fieles en el mundo, el 21 de agosto del año en curso, el máximo representante de la Iglesia católica pidió perdón por los escándalos de abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la iglesia.
Lo anterior después de que saliera a la luz un informe del gran jurado en Pensilvania que revela los nombres de más de 300 sacerdotes que abusaron de menores en esa entidad estadunidense. Se estima que las víctimas rondan el millar de personas.
En el contenido de la carta destaca:
“La relevancia de admitir y condenar los hechos. Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables, agregó”.
El pontífice señaló que se está aplicando tolerancia cero en esta materia y que se está trabajando para que tengan que rendir cuentas quienes realicen o encubran estos delitos.
Hace 16 años que la primera crisis estalló en Estados Unidos, casi 10 desde lo ocurrido en Irlanda, y ahora más de cinco desde que Francisco fue elegido y la Iglesia católica todavía no tiene un proceso transparente, creíble para tratar asuntos cuando un obispo no es acusado directamente de haber cometido un abuso, sino de encubrir los crímenes de otra persona, señaló John L. Allen en un artículo el domingo.
Al tiempo, el día 11 de septiembre el jerarca de la iglesia católica, el papa Francisco, dio un paso sin precedentes al convocar a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para reunirse en el Vaticano en febrero y discutir los escándalos de abuso sexual que afectan a la Iglesia católica.
Y es que el número de casos sobre abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia católica va en aumento. México no es la excepción, al respecto la Red por los Derechos de la Infancia en México, la organización internacional Desability Rights International y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social pidieron al papa Francisco que volteé a mirar a México y en especial al caso Ciudad de los Niños, ahora que está atendiendo los casos de violencia sexual al interior de la Iglesia católico.
Y es que derivado de la causa penal lP2717-208 iniciada por el delito de abuso sexual contra Aurelio Gutiérrez Anguiano, uno de los encargados del cuidado de los menores albergados en el centro de asistencia social fundado por el sacerdote Gutiérrez Farías, La Ciudad de los Niños, en Salamanca, Guanajuato, que desde mediados del año pasado está envuelto en el escándalo tras revelarse situaciones de maltrato y abusos físicos y sexuales, la Procuraduría General de Justicia del Estado Guanajuato (PGJEG) exoneró al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías por los presuntos abusos cometidos contra un grupo de niños que se encontraban bajo su tutela en los albergues conocidos como Ciudad de los Niños.
“De las cinco causas penales iniciadas por los presuntos abusos cometidos contra más de cien niños que vivían en los albergues dirigidos por Gutiérrez Farías, la Procuraduría no vinculó a proceso penal al sacerdote por ninguno de estos delitos.
La PGJEG tampoco fincó responsabilidades a servidores públicos de instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y Registro Civil, aun cuando los supuestos abusos fueron cometidos en complicidad con funcionarios de dichas dependencias de gobierno.
La denuncia original fue presentada de manera anónima por golpes y abuso sexual, presuntamente cometidos contra una menor de la que se solicitaba su reubicación, por lo que el sacerdote solicitó un amparo para evitar que la niña saliera del albergue.
La juez que revisó la petición de amparo del sacerdote, sin embargo, declaró improcedente la medida e hizo una serie de observaciones para que, además de proteger a la menor, se atendiera a otros cien chicos, pues no era ‘benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca’. También hizo serios señalamientos a autoridades como el DIF por sus omisiones.”
Además del sacerdote fueron denunciados tres de sus colaboradores, entre éstos la monja Xóchitl Tapia Carbajal, así como Leandro Martín Bermúdez Armenta y Aurelio Gutiérrez Anguiano, de acuerdo con información oficial del caso.
“Para Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las omisiones de la procuraduría estatal se deben a un cálculo político debido a la intención de nombrar a Carlos Zamarripa como fiscal en Guanajuato, de tal suerte que se sumó al llamado de oponerse a un fiscal carnal en la entidad, pues no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a niños, niñas y adolescentes en Guanajuato.
Informó que durante todo el tiempo, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos han intentado acompañar a las autoridades en su trabajo con las víctimas, sin embargo, les han negado el acceso a las mismas en repetidas ocasiones”.
Así, el caso del albergue la Ciudad de los Niños, en el estado de Guanajuato, donde los menores vivían violencia, habían castigos corporales, irregularidades en el registro de actas de nacimiento y adopciones, de acuerdo al Informe “Institucionalización y Violencia en la Ciudad de los Niños”, hecho por el Centro de Promoción de los Derechos, de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato.
Lo anterior es solo una muestra del tipo y grado de violencia que se ejerce contra la niñez en nuestro país, de manera cotidiana, constante; producto de una sociedad que somete a este sector de la población a un trato cruel, donde el adulcentrismo enraizado en nuestra sociedad, se niega a sucumbir, y que se reaviva con fundamentalismos e integrismos religiosos, aunado a la impunidad.
En palabras de María Josefina Menéndez Carbajal, directora general de la organización Save the Children, la violencia ejercida contra la niñez y adolescencia, evidencia que el país se encuentra bajo un esquema de sociedad patriarcal en donde prevalece la idea de que la mujer es una propiedad, y los niños, niñas y adolescentes tampoco son sujetos de derecho.
México cuenta con un vasto y extenso marco jurídico en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, sin embargo, su reacción es laxa ante tales conductas que degradan la dignidad de las niñas, niños y adolescentes.
Es obligación del Estado garantizar el interés superior de la niñez, por lo anterior me sumo al llamado realizado por organizaciones de la sociedad civil visibilizando el grado de violencia e impunidad existente, por ello me uno al llamado de no al fuero clerical.
Por lo antes expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guanajuato, licenciado Miguel Márquez Márquez, a asumir su compromiso de velar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador del estado de Guanajuato, licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la jueza Karla Macías en torno al caso de la Ciudad de los Niños, velando en todo momento por el interés superior de la niñez guanajuatense, investigando los hechos de manera pronta, exhaustiva e imparcial.
Notas
1 “El Papa pide perdón por los abusos a niños por sacerdotes pederastas”. La Jornada en línea. Dirección:
https://www.jornada.com.mx/2018/08/21/sociedad/030n 1soc
2 Requena, María Alejandra. “El papa Francisco convoca a reunión sin precedentes sobre los casos de abuso sexual”.
https://cnnespanol.cnn.com/video/papa-convoca-a-reunion-sin- precedentes-sobre-abusos-sexuales/
3 “Ante impunidad en caso Ciudad de los Niños, organizaciones piden intervención de la ClDH y el papa Francisco”. Zona franca en línea:
http://www.zonafranca.mx/ante-impunidad-en-caso-ciudad-de-los-ninos- organizaciones-piden-intervencion-dela-cidh-y-el-papa-francisco/
4 https://www.proceso.com.mx/521079/ciudad-del-nino-una-historia-de- impunidad-que-no-termina
5 “Ante impunidad en caso Ciudad de los Niños, organizaciones piden intervención de la ClDH y el papa Francisco”. Zona franca en línea:
http://www.zonafranca.mx/ante-impunidad-en-caso-ciudad-de-los-ninos- organizaciones-piden-intervencion-dela-cidh-y-el-papa-francisco/
6 “Menores sufrían violencia y castigos en albergue a cargo de religiosos en Guanajuato: informe”. Animal Político en línea (26 julio 2017) Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/07/sacerdote-ninos-guanajuato/
Dado en la Cámara de Diputados el 13 de septiembre de 2018.— Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
REVISIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, A FIN DEQUE LOS MIGRANTES Y SUS COMUNIDADES DECIDAN EL DESTINO DE LOS RECURSOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a revisar de manera profunda por la Sedesol el contenido de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, a fin de simplificarlas y devolver a éste el sentido original: que los migrantes decidan con sus comunidades el destino de los recursos, suscrita por la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María del Pilar Lozano Mac Donald, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), realice una minuciosa, seria y responsable revisión de las reglas de operación del Programa 3X1 para Migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de los recursos de dicho programa y, en consecuencia, se termine con la opacidad e irregularidades en el ejercicio del presupuesto del mismo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La comunidad mexicana migrante, particularmente las que vive en los Estados Unidos de América (EUA) mantiene un permanente interés por los asuntos del país, lo que les permite realizar un constante activismo en favor de sus derechos, demandando participación en los asuntos que les afectan, como la iniciativa para contar con una identificación como la matrícula consular o exigir la implementación de un proceso de credencialización que les permita ejercer su derecho al voto, entre otros.
Ese activismo no solo les ha permitido contar ya con el derecho a ejercer el voto a distancia, sino que actualmente su condición de ser uno de los pilares de la economía del país, con poco más de 28 mil millones de dólares en remesas enviadas a México en 2017, les coloca en la condición de demandar una atención mayor de los gobiernos en ambos lados de la frontera, en especial del mexicano, planteando tener representación en los espacios de decisión.
Ese interés por los asuntos internos del país, se manifiesta en sus vínculos permanentes con su comunidad. La nostalgia que la distancia les genera acrecienta el interés por el progreso de sus familiares y de su lugar de origen.
En consecuencia, no es gratuito que además de las cuantiosas remesas que envían año con año, vayan más allá y se preocupen por ver en qué pueden ayudar a su municipio, a su comunidad, a su pueblo.
Los dejamos ir por no generar oportunidades, y con ellos se va su talento, su imaginación, su valor y pese a ello nos regresan su amor a la patria en forma de recursos y obras.
Es tanto su amor por México que impulsan con su solidaridad obras y proyectos de beneficio colectivo en sus comunidades. Así es como surge el Programa 3x1: por el deseo de retribuir a su tierra un poco del beneficio que les dio en forma de recuerdos y personas, en forma de vivencias y momentos, que les hace dar para que vivan mejor los que se quedaron en su tierra.
El Programa 3x1 surge, por iniciativa de ellos, para apoyar las propuestas de los migrantes organizados con el propósito de realizar proyectos que generen desarrollo en sus comunidades de origen, con la aportación de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal, más los recursos de organizaciones de migrantes en el extranjero.
Con este programa, los migrantes, en coordinación con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, han logrado implementar:
- Proyectos de infraestructura social, como obras de redes de agua, saneamiento y potabilización, drenaje, alcantarillado y electrificación;
- Obras de infraestructura para mejoramiento urbano, como construcción y rehabilitación de calles, banquetas, parques, pavimentación de caminos y carreteras;
- Proyectos comunitarios, como becas académicas y apoyos para aprendizaje (útiles, escolares, uniformes y alimentación), y
- Proyectos educativos, como equipamiento de escuelas y mejoramiento de infraestructura escolar.
El Programa 3 X 1 se convirtió en un instrumento que ha fortalecido los lazos de identidad entre los mexicanos en ambos lados de la frontera norte, pues tiene como principal característica que crea un invaluable capital social que genera progreso e inclusión en las comunidades de origen de los migrantes.
Es además, un mecanismo que contribuye a generar inversión social por parte de las organizaciones de migrantes, llevando obras sociales y servicios que mejoran la calidad de vida de las comunidades, lugar de origen de los migrantes en la mayoría de los casos, lo que lo ha convertido en un modelo internacional de política pública por una de sus virtudes: canalizar parte de la riqueza que generan los migrantes hacia el desarrollo comunitario.
Estamos frente a un programa que ha demostrado su utilidad y efectividad con resultados concretos. Lamentablemente, como ocurre en distintos niveles de gobierno, la opacidad y la falta de una cultura de rendición de cuentas ha llevado al Programa 3x1 a una situación que lo ha despojado de su espíritu original que era generar obras y servicios con una parte de los recursos de migrantes, en coordinación con autoridades y comunidades, en una sana interacción.
El programa fue llevado a un espacio opaco, ubicado entre la selección, ejecución y la entrega, sin la fuerte influencia de los migrantes, que ahora hace se seleccionen obras de poca monta e impacto, con menor presupuesto, hasta la preeminente decisión de la autoridad, pasando por la reducción del presupuesto gubernamental para dicho programa. El punto de quiebre ha sido atarlo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, con lo que se dejan fuera innumerables programas propuestos por los migrantes.
Este programa sufrió uno de los recortes más significativos durante el actual gobierno federal, ya que en 2017 tuvo un presupuesto de 475.8 millones de pesos, en tanto que en 2016 se ejercieron 635.8 millones de pesos, es decir tuvo un recorte de 33.6 por ciento.
Si medimos el interés en el programa en razón del presupuesto destinado al mismo, veremos que con el actual gobierno federal se rompió la tendencia que al alza tenía: En 2013, el monto fue de 525.6 millones de pesos; en 2014 subió a 545.5 millones de pesos; en 2015 llegó a 564.1 millones de pesos, y en 2016 alcanzó los 635.8 millones de pesos. Lamentablemente 2017 fue el año con menor presupuesto: 475.8 millones de pesos.
Este escenario no sólo muestra la necesidad de revisar su funcionamiento, para revertir la disminución de iniciativas migrantes para apoyar obras y servicios, la ejecución, supervisión y entrega de obras sin la intervención de los migrantes, los cuales muchas de las veces aportan la parte de los recursos que les corresponden para infraestructura social, equipamiento o servicios y ni siquiera son invitados a la inauguración de la obra, dejando la percepción deliberada de que es financiada solo por la autoridad municipal o estatal.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, como instrumento relevante para identificar desafíos de carácter estructural en los programas evaluados, presentó los resultados de la evaluación del Programa 3x1, donde destaca tanto fortalezas como debilidades, con algunas recomendaciones.
Esta evaluación es resultado de la necesidad de rendir cuentas, como tal se encuentra dentro del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal de 2017 de los programas federales de la administración pública federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE), bajo el rubro S061 “Programa 3x1 para Migrantes” (P3x1).
Este programa se nutre de los apoyos económicos para la realización de proyectos de beneficio social que favorezcan el desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su población. Por cada peso que aportan los migrantes para la realización de los proyectos, se multiplica por 3:1 del gobierno federal, 1 del gobierno estatal y 1 del gobierno municipal.
El análisis del Coneval enuncia como virtudes y oportunidades del Programa 3x1:
“1. F: Hay una percepción positiva en cuanto al grado de importancia y calidad de las obras por parte de los beneficiarios; además, consideran que las obras no hubieran sido realizadas sin el apoyo del P3x1.
“2. F: El P3x1 ha contribuido a la construcción de infraestructura que perdura en el tiempo, así como al financiamiento de negocios que son sustentables en su mayoría, y una fuente importante de ingresos para los beneficiarios.
“3. F: El proceso de consolidación del P3x1 en comunidades con altos índices de migración, ha generado experiencia y conocimiento suficiente entre los migrantes para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades.
“4. F: El efecto multiplicador de los recursos es reconocido tanto por los migrantes como por los gobiernos locales, y ha servido de motor de participación y organización en las comunidades.
“5. F: Ha dado puntual atención y cumplimiento a las actividades correspondientes a los ASM; actualmente cuenta con 35 ASM concluidos, 10 vigentes y ninguno vencido, en los que ya se está trabajando.
“6. O: Existen otros programas tanto de la APF como de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dan apoyos similares en infraestructura y financiamiento de proyectos productivos, lo cual daría lugar a desarrollar proyectos de mayor impacto.”
En términos generales, existe una percepción positiva del programa, sin cuya existencia no se habrían realizado las obras que perduran, con negocios sustentables y con un efecto multiplicador.
En el tema de las debilidades y/o amenazas, el Coneval determinó:
“1. D: Sólo 18.9 por ciento de las obras apoyadas cuentan con un plan de mantenimiento y operación formal a pesar de ser un requisito establecido en la normatividad...
“2. D: En trabajos de campo se ha identificado cierto grado de laxitud en los procedimientos para la creación de clubes de migrantes, lo que puede dar lugar a la creación de clubes fantasma.
“3. D: Hay muy pocas mujeres e indígenas participando en el Programa, y si lo hacen, casi nunca es en posiciones de liderazgo.
“4. A: Con base en los resultados de la ER16, se identificó que hay algunos municipios donde el P3x1 no gira en torno a los proyectos propuestos por el migrante, sino en la agenda de desarrollo del gobierno municipal o en la de líderes locales que buscan a posteriori el aval de los migrantes.
Es decir, es bajo el nivel de obras que cuentan con un plan de mantenimiento y operación formal; es bajo el nivel de participación de las mujeres en el Programa y los proyectos propuestos no son iniciativa del migrante.
A fin de superar esta situación, el Coneval hace una serie de recomendaciones para superar esta situación: fortalecer los mecanismos de seguimiento y verificación del programa de mantenimiento y conservación de los proyectos de infraestructura; fortalecer los mecanismos de verificación de cumplimiento de requisitos de los clubes de migrantes, brindando a los Comités de Validación y Atención a Migrantes (Covam), la base de datos con la Toma de Nota de los Clubes, sus miembros y sus firmas, para efectos de transparencia; fomentar las capacidades organizativas de las mujeres y fortalecer mecanismos que permitan a los migrantes dar seguimiento al proceso de selección de los proyectos.
De manera adicional, un despacho externo realizó una Evaluación Complementaria de los Resultados del Programa 3x1, y aunque ésta fue realizada en 2014, refleja las principales quejas de los migrantes respecto a dicho Programa.
Así, el Despacho Ahumada Lobo y Asociados, Estudios Económicos y Políticas Públicas, encontró una serie de deficiencias que vale la pena atender:
En muchos casos, la comunidad no identifica a los migrantes como los principales aportantes de las obras del P3x1, pues atribuyen el financiamiento de las obras a los gobiernos o a las aportaciones de la misma comunidad, antes que a las participaciones de los migrantes.
Aun cuando el diseño normativo del P3x1 dispone que las obras de infraestructura que se realizan provienen del interés e iniciativa de la población migrante, existen una variedad de alternativas para consultar a la comunidad sobre la realización de la obra, y los clubes no necesariamente son el principal mecanismo de consulta.
El principal mecanismo por el cual se realiza la obra es a través de la adjudicación directa, seguida de la invitación restringida, y finalmente la licitación pública, es decir, existe un criterio subjetivo en la elección de la empresa que realizará las obras.
Un tema cuestionado por los migrantes tiene que ver con las sesiones del Covam, ya que además de realizarse a puerta cerrada, no queda claro por qué unos proyectos son escogidos sobre otros.
En cuanto a las reglas de operación, los migrantes sospechan que la complejidad de los trámites descritos en las reglas de operación es utilizada como excusa para malos manejos, como seleccionar los proyectos que más convengan a las delegaciones de la Sedesol y/o al presidente municipal.
Una queja recurrente es que se observan fallas en los expedientes que no pueden subsanarse a tiempo, con el fin de descartar proyectos que no convienen a los intereses económicos o políticos de otros participantes en el Covam. Esta falta de transparencia en la selección de proyectos provoca mucho desánimo entre los migrantes con proyectos rechazados.
Existe la percepción de que los nominados para asistir al Covam son designados con criterios políticos, y que por lo tanto en ocasiones se seleccionan los proyectos con base en favoritismos partidarios, o tomando en cuenta los ciclos electorales.
La falta de presupuesto es asociada a una baja en la confianza. Se reportó que además de la percepción de opacidad en la selección de proyectos, no ayuda el hecho de que el presupuesto sea tan limitado.
Hay inconformidad con las cuentas mancomunadas. Otro motivo de desconfianza es el hecho que en las cuentas mancomunadas entre migrantes y gobiernos municipales, no es requerido que firmen los representantes de los primeros, y una sugerencia reiterada es que sea obligatorio que firmen los migrantes o sus representantes para usar el recurso de dichas cuentas.
Con frecuencia existen conflictos de interés en las adquisiciones para las obras de infraestructura. Los migrantes reportaron que no son incluidos en las etapas de asignación de las obras y la ejecución del recurso económico. Existen señalamientos de que los contratistas son conocidos de los funcionarios del gobierno municipal o de la delegación estatal de la Sedesol y de manera reiterada mencionan que se inflan los costos presupuestados para las obras.
Algunos migrantes estiman que la participación del cabildo es insuficiente para dar transparencia al proceso de adquisición, por lo que incluso han sugerido el involucramiento de los mismos migrantes en ese proceso.
Se reportaron manejos poco claros por parte de las delegaciones estatales de la Sedesol, costos inflados, y presiones a migrantes, al grado de que se considera que las delegaciones de Sedesol tienen secuestrado el Programa, y además se da una interpretación discrecional de las reglas de operación.
Los presidentes municipales tienen una participación predominante en el Programa. Aunque el escenario original se plantea una centralidad en la acción del migrante, se reportó de forma consistente, una centralidad del programa en los presidentes municipales.
Los migrantes manifestaron que el P3x1 en sentido estricto es “ de ellos” en virtud del valor de sus aportaciones económicas, y por tanto, demandan se les respete su deseo y derecho de proponer obras que no se consideran de infraestructura de servicios básicos, pero que son anheladas por la comunidad.
Se detectó de manera consistente un descontento por la alineación del Programa con la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesto que se considera que se pierde el espíritu y razón de ser por la que se creó el mismo. Entre los migrantes es unánime la crítica hacia las restricciones impuestas por Sedesol para apoyar únicamente los proyectos que se alinean a la Cruzada Nacional contra el Hambre o a obras de infraestructura básica, en vez de aquellos proyectos que los migrantes evalúan como prioridad o necesario para su comunidad.
Actualmente, el Programa no tiene las condiciones para cumplir con su objetivo esencial: promover el desarrollo comunitario mediante la intervención de los migrantes en sus comunidades de origen, como consecuencia de que en la mayor parte de las instancias se ha desplazado al migrante del centro del Programa para atender en su lugar los intereses o agendas de los gobiernos municipales o de otras instituciones u actores.
Finalmente, el marco normativo en general y las reglas de operación y procedimientos de los Covam en particular, no son conducentes a la elección de los proyectos que mejor contribuyan al desarrollo comunitario. No se evidenciaron criterios para escoger aquellos proyectos que mejor lo hagan, ni requerimientos de la participación activa y democrática que supone el desarrollo comunitario. La heterogeneidad observada en el Programa se origina principalmente en la laxitud y generalidad del marco normativo, que permite que cada estado genere un diseño institucional adicional que se sobrepone al diseño genérico o “nacional” del Programa.
En el rubro de conclusiones y recomendaciones, el estudio Evaluación Complementaria de los Resultados del Programa 3x1, señala:
“1. Los resultados del P3x1 son visibles y comprobables y sus beneficiarios están razonablemente satisfechos.
“2. A pesar de la satisfacción de los beneficiarios, se ha perdido el valor que perciben en el Programa muchos de sus actores.
El valor que dio origen al Programa 3x1 fue unir a los migrantes con las comunidades y entre los propios migrantes, con el propósito superior de apoyar al desarrollo de sus comunidades con obras y servicios, financiados en una parte por los migrantes.
No era el propósito del Programa en su nacimiento, sustituir la acción del gobierno ni que la autoridad se desatienda de sus obligaciones, descargando en los migrantes la responsabilidad de la construcción de obras y el apoyo a programas, sino complementar los esfuerzos por el desarrollo comunitario.
En Movimiento Ciudadano consideramos urgente atender esta situación, caracterizada por un importante número de irregularidades, a fin de regresar al Programa 3x1 el sentido original que le dio nacimiento: que vuelva a ser iniciativa de los migrantes la decisión de las obras, programas y servicios a los que se deban destinar los recursos.
Es decir, tenemos que regresar a la comunidad migrante la capacidad de decisión sobre el programa y terminar con los vicios asociados a su exclusión en la orientación del programa.
Todo esto pasa por la revisión detallada de la normatividad que ha complicado el activismo solidario de los migrantes con una engorrosa carga de trámites burocráticos que dotan de discrecionalidad a la autoridad sobre la determinación de los proyectos a financiar, dejando de lado las necesidades y la iniciativa de la comunidad migrante.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en ámbito de sus atribuciones realice una minuciosa, seria y responsable revisión del contenido de las reglas de operación que rigen al Programa 3X1 para Migrantes, a fin de simplificarlas para garantizar que dicho programa recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de los recursos, y en consecuencia, terminar con la opacidad e irregularidades en el ejercicio del presupuesto del programa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
EXHORTO AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MORELOS, A ASUMIR EL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EMITIDO POR LA SCJN
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Juzgado Quinto de Distrito de Morelos a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En sesión ordinaria del 13 de septiembre, diputados integrantes de la LIV Legislatura del estado de Morelos, revocaron con 16 votos a favor y tres abstenciones, la designación de la titular del Instituto de la Mujer en el Estado,Flor Dessiré León Hernández dejando sin efecto el decreto 3445publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha del 31 de agosto dando cumplimiento a la suspensión definitivapor el juicio de amparo 1390-2018 promovido por Dagoberto Rivera Jaimez.
Dicho nombramiento se realizó por los diputados de la LIII legislatura conforme lo estipula el artículo 23-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que dispone que es facultad del Congreso del Estado designar a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Al tiempo de lo establecido en el artículo 50, fracción III, inciso “a”, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establece que es atribución de la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para su aprobación, la designación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Obteniéndose el siguiente resultado: 24 votos a favor de Flor Dessiré León Hernández, 1 voto nulo. En virtud de la votación, la Presidencia declaró a la ciudadana Flor Dessiré León Hernández, como titular del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. En consecuencia, se procedió a la toma de protesta de ley a la Titular del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que refiere el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ante el Pleno del Congreso del Estado.
Lo anterior tiene como antecedente el juicio de amparo 1390/2018 promovido por Dagoberto Rivera Jaimez con fecha del 30 de agosto del agosto del año en curso del Juzgado Quinto de Distrito del Décimo Octavo Circuito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos.
En los que sustancialmente reclaman las convocatorias emitidas por la LIII Legislatura para la designación del Titular para el Instituto de la Mujer por el estado de Morelos, al respecto el Juez federal resolvió la suspensión definitiva y ordena a la LXIV Legislatura:
“Dejar sin efectos la sesión extraordinaria del 29 de agosto de 2018 así como el decreto 3445 por el que se designa a la titular del Instituto de la Mujer del estado de Morelos y, se abstendrá de designarlos hasta en tanto reciban la notificación por la cual quede firme la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia”.
Al respecto esta resolución del Juez Federal carece del análisis desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de género pues sabido es que estos mecanismos fueron creados en el espíritu de avanzar en la igualdad sustantiva.
No obstante que ni el juez ni la legislatura hicieron un análisis de género, de haberlo hecho tendrían presente que el Estado de Morelos tiene emitida desde el 2015 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero; el juez hubiera reconocido que el Instituto es un mecanismo para el adelanto de las Mujer, que responde a un interés social y público. La convocatoria está escrita en un leguaje masculino lo cual no acota la participación de los Hombres y el quejoso nunca ha demostrado cumplir con los requisitos de la convocatoria, ni documento donde le hayan negado su inscripción.
Es menester señalar que, al día de hoy nadie, ni quejoso, ni juez federal, ni legislatura, han considerado como tercera perjudicada a la Titular del Organismos Público Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, no obstante, de que el 14 de septiembre compareció físicamente al Juzgado Quinto de Distrito a solicitar se le tomara dicha comparecencia a Flor Dessiré León Hernández, la cual fue indicada que se hiciera por escrito, documento que se presentó. Cabe señalar que la suspensión definitiva otorgada por el juzgado federal y ejecutada por el 54 Legislatura deja en total estado de indefensión a León Hernández, al no ejercer su derecho político para el cargo que fue designada, privándola del derecho al trabajo y poniendo en riesgo el derecho a la salud al estar con 7 meses de embarazo.
Recordemos que el principio de paridad es un término encaminado a reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, el cual se incorporó hasta el 2014 en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr una participación en igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres en los cargos de elección.
Para el logro de lo anterior, las mujeres mexicanas tuvieron que enfrentar diversas luchas en búsqueda de la consolidación de sus derechos sociales y políticos. Baste recordar que en 1953 fueron reconocidas como ciudadanas y se les garantizó el derecho a participar y ser electas en procesos electorales.
Posteriormente nuestro país signo diversos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Cabe señalar que la CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981 y es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer. Además de ser el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU.
Asimismo, el Estado mexicano desde el año 1998 forma parte de la Convención “Belém do Pará”, instrumento internacional encaminado a defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres y que está dirigido a aplicar una acción concertada para prevenir, sancionar y eliminar la violencia de género hacia las mujeres.
En este sentido, en México surge en 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres con el objetivo de coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.
Como se puede observar, la lucha porque los derechos de las mujeres sean reconocidos ha sido una lucha constante.
Ante dicho acontecimiento trabajadoras del Instituto protestaron en el Congreso en reclamo a la anulación del nombramiento de Flor Dessiré León como directora del organismo.
“Las mujeres –que también son integrantes de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina– afirmaron que la dirección del organismo se encuentra acéfala, pues con la reforma constitucional aprobada por los exlegisladores para declarar organismo autónomo al IMEM era obligatorio designar a un nuevo titular.
De acuerdo con las trabajadoras, que estuvieron acompañadas por Flor Dessiré, existe el riesgo de que se pierdan recursos financieros de programas federales para atender problemas como violencia de género.
Lamentaron que el Juzgado Quinto de Distrito haya ordenado suspender el proceso y dejar “desprotegido” al organismo, encargado de implementar acciones a favor de derechos humanos de las mujeres.
Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Estado de Morelos a reponer de manera pronta el proceso de designación de la titularidad del Instituto de la Mujer del estado de Morelos a fin de dar continuidad al trabajo de dicho instituto.
Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta al Juzgado Quinto de Distrito del estado de Morelos a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notas
1 http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5629.pdf
2 Mata, Ana Lilia. “Exigen reponer proceso de designación de la titular del IMEM” La Unión, en línea:
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130582-exigen-reponer- proceso-de-designacion-de-la-titular-del-imem.html
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 19 de septiembre de 2018.— Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
EXHORTO A LA CONAGUA, A QUE ATIENDA Y EJECUTE DIVERSAS ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL LAGO DE CHAPALA, JALISCO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a atender y ejecutar acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Juan Martin Espinoza Cárdenas , diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo sexto:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
“Además existe la resolución 64/292 proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.
El acceso al agua es un derecho humano primordial y fundamental, para la subsistencia de las personas, es el elemento más indispensable para la vida en general. En nuestro país existen diversos ríos, cuencas, lagunas y lagos que dan abastecimiento a millones de pobladores en el país.
Y un ejemplo de ello es el lago de Chapala, considerado como una región hidrológica denominada Lerma-Santiago, esta tiene como objetivo principal otorgar el abastecimiento y suministro de agua potable a los altos de Jalisco conocido como el centro agropecuario más importante de México y a sus municipios que colindan.
El lago de Chapala es un embalse natural de México localizado en el estado de Jalisco. El lago tiene una capacidad total de aproximadamente 8,000 hectómetros cúbicos (hm³) y una superficie total de 114, 659 hectáreas (ha), de las cuales Jalisco ocupa el 86 % y Michoacán el 14 %.
Este lago, es el más grande de la república mexicana y es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque aporta el 60 % del agua que llega a la ciudad, es el más grande del país al contar con 1112 km².
“El lago de Chapala cubre 125.555 km², de la que aproximadamente el 30 por ciento es parte del río Lerma, 8 por ciento del embalse y 62 por ciento del río Grande de Santiago, en este desembocan los ríos Huaracha y Duero en el río de la Pasión, que nace en Michoacán atravesando Tizapán y arroyos temporales que confluyen en la laguna, así mismo el río Zula desemboca en el río Santiago, muy cerca del nacimiento de éste en el lago de Chapala, sin embargo, debido a la represa que hay en el rio de Santiago, el río Zula aporta agua al lago cuando la represa se encuentra cerrada, además de que una de las funciones del lago es regular el clima de la zona”.
Los municipios que colindan con el lago y este es el encargado de abastecerlos de agua, son los siguientes:
Estado de Jalisco
• Chapala
• Poncitlan
• Ocotlán
• Jamay
• Jocotepec
• Tuxcueca
• Tizapan del Alto
Estado de Michoacán
• Cojumatlan de Régules
• Venustiano Carranza
• Briseñas
Principalmente el lago abastece de agua a los municipios anteriormente mencionados, sin embargo, existe un desarrollo desigual en ellos, pues en unos se encuentra excelente economía y en otros no, aunque por lo menos hay un desarrollo aceptable.
Es importante mencionar que alrededor de los ríos se concentra enormemente la agricultura, la ganadería y el turismo, en los lugares de menor economía se puede encontrar que la principal actividad es la pesca. Debido a la disponibilidad del agua en Chapala se han podido desarrollar cultivos de todo tipo, además de dar cabida a la ganadería, además de que, en las zonas de desarrollo turístico, se dan la artesanía y actividades de tipo restaurantera y hotelera.
La situación actual del lago es muy compleja, “el exceso en el gasto de agua por parte de los habitantes, los altos niveles de contaminación debido principalmente a los desechos urbanos, agrícolas, ganaderos y descargas industriales, así como la falta y buen manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales son algunos de los principales problemas que afectan al Lago de Chapala, uno de los más estudiados en América Latina pero que a su vez se encuentra en peligro inminente”.
La extensión de toda la cuenca involucra los factores de explotación del agua, azolve y los efectos climáticos, además de que la contaminación en el lago es algo serio, este se va perdiendo día a día, pues lo único que salva su cota de agua es el temporal de lluvias, los problemas de agua y la pelea de ésta en el río Lerma, están provocando que los peces que habitan en el lago se mueran debido a la alta contaminación y por ende el trabajo de los pescadores se encuentra en peligro y en decadencia, lamentablemente la poca pesca que se salva, los habitantes se niegan a comprarla, ya que se encuentra infectada, y puede provocar severas enfermedades en las personas.
En el Río Grande de Santiago la contaminación es igualmente fuerte, pues recibe las aguas de drenaje de la ciudad de Guadalajara y pueblos cercanos. Todos los residuos que hay en los ríos se juntan, haciendo que la corriente sea lenta y el agua se estanque; a esto hay que sumarle las presas existentes en el río Lerma.
Actualmente parte de la población afectada por la contaminación del lago de Chapala, han solicitado a las autoridades pertinentes que no hagan caso omiso a la problemática, pero sin embargo no les han brindado la atención necesaria ni soluciones concretas para el lago, siendo esta una grave problemática que sobre todo causa estragos en la salud de los pobladores.
En el municipio de Poncitlán han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales, respiratorias e intestinales, y los pobladores cercanos piden ayudan urgentemente, ellos le llaman “emergencia sanitaria”.
Además de que estudios oficiales del sistema de aguas para la zona metropolitana han determinado que a Guadalajara le llega agua con concentraciones de aluminio hasta 10 mil veces por arriba de la norma y no se han otorgado soluciones para ello, ni siquiera una investigación a fondo para saber de dónde viene todo el mercurio y en su caso sancionar al responsable por rebasar los límites y violar las normas, poniendo en peligro a millones de habitantes de Guadalajara.
Es lamentable que un paraíso como el lago de Chapala se esté extinguiendo a casusa de la misma población y a la falta de atención por parte de las autoridades que no están comprometidos para brindar un agua limpia, sana y libre de contaminación.
Por ello el motivo de este punto de acuerdo, como habitante de Jalisco me doy cuenta de todas las necesidades y deficiencias que tiene el lago de Chapala, y es triste ver que nadie hace nada para salvarlo, además de que es un foco rojo de infecciones y ponen en peligro la vida de muchas familias, incluyendo a la mía.
Exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que no haga caso omiso a la problemática y ponga una solución de inmediato, así como que se realice el saneamiento adecuado del lago Chapala siendo este el lago más grande de la república mexicana y el que abastece de agua a millones de habitantes dentro de los municipios que lo colindan y parte del estado de Michoacán.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que atienda y ejecute diversas acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martin Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2018.
2 El Agua Fuente de Vida.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
3 Comisión Estatal del Agua Jalisco.
https://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/chapala/
4 Universidad de Guadalajara.
http://www.udg.mx/es/noticia/lago-de-chapala-en-peligro-inminente
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.— Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
SE AMPLÍEN LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA SOMOS MEXICANOS, PARA QUE LOS MIGRANTES QUE RETORNAN AL PAÍS DEFINITIVAMENTE PUEDAN IMPORTAR SUS VEHÍCULOS SIN GRAVÁMENES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos para permitir a los migrantes en retorno definitivo al país importar sin gravamen sus vehículos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La deportación de mexicanos que residen en el extranjero va en aumento cada día, las políticas migratorias del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas más altas de retornados.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2017 hubo 151 mil 647 deportados; y el periodo que va de enero a julio de este año se tiene un registro de 123 mil 648 deportados .
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, “el primer año de Trump ha dejado una disminución en cuanto al número de deportaciones, y “una reducción del 24 por ciento de arrestos fronterizos”, lo cual pareciera positivo. Pero lo crítico de la situación es el aumento del 30.3 por ciento de los arrestos dentro de Estados Unidos, en comparación con el último año fiscal de Obama, al pasar de 110 mil 104 a 143 mil 470.”
Lo anterior suscita incertidumbre para nuestros compatriotas que se encuentran en la Unión Americana y que tienen una situación irregular en su estadía, esta incertidumbre se origina básicamente en la manera en que habrán de generar recursos económicos para su manutención y la de sus familias; recordemos que el objeto de su partida es el tener empleos remunerados que les permitan generar mejores condiciones de vida que aquí no encontraron.
Por ello es importante que, desde la concurrencia de poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, se promuevan acciones que beneficien a los migrantes que retornan al país a fin de crear condiciones propicias que generen arraigo en México, como su lugar de origen y el lugar en donde puedan crecer y desarrollarse de manera óptima con su familia.
En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación establece la estrategia “Somos Mexicanos” como un conjunto de acciones dirigido a las personas repatriadas mexicanas, a fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.
En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional.
De tal manera que a través del Instituto Nacional de Migración se ofrecen los siguientes servicios: alimentación y salud; identidad (se les otorga facilidades para obtener el CURP), se facilitan medios de comunicación para que hablen con sus familiares, traslado y se coordina con organizaciones de la sociedad civil para facilitarles refugios temporales.
Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, facilidades para los connacionales que regresen al país en forma permanente provenientes de Estados Unidos y que son brindadas en el marco de la estrategia Somos Mexicanos.
Entre los beneficios de quienes se acogen a estas facilidades otorgadas por las autoridades hacendarias se pueden mencionar los siguientes:
• Menaje de Casa.- los mexicanos que vivieron en el extranjero al menos durante seis meses y regresan a México a residir definitivamente, tienen derecho a llevar consigo su menaje de casa sin pagar impuestos de importación.
• También se pueden ingresar sin pago de impuestos artículos que son parte del equipaje personal: bienes de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, libros, revistas, entre otros.
• Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos diferentes a los que traen en su equipaje y es acumulable por cada integrante de su familia.
• Se permite la importación de herramientas de trabajo que fueron indispensables para el oficio o profesión por un valor máximo de 5 mil dólares libre del pago de impuestos. Este beneficio es por única ocasión y por familia, entre otros.
Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar las condiciones de bienestar de quienes retornan al país, ya que les permite contar con un pequeño patrimonio para su reinserción en la sociedad mexicana.
Sin embargo a la fecha se sigue considerando la importación de vehículos dentro del esquema tradicional, en el que se deben pagar los impuestos correspondientes donde las tasas de importación pueden ser de hasta el 50 por ciento del valor del vehículo, lo que ocasiona un detrimento en su muy endeble economía.
Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan a residir en el país del norte, ante las facilidades que ofrece el mercado automotriz estadounidense buscan adquirir unidades vehiculares a mejores precios que los que pudieran encontrar en el mercado mexicano pero en el momento de su deportación no tienen más disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y derechos tiene que pagar.
Al respecto el artículo 137 Bis 3 de la Ley aduanera señala lo siguiente:
“Artículo 137 Bis 3. La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando exclusivamente el 50 por ciento del Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, de los vehículos automotores usados. Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.”
Como podemos apreciar, el gravar con impuestos de esta índole a los automóviles que ya forman parte del patrimonio de los connacionales que retornan del extranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen tener al encontrarse devuelta en el país, ya que pueden constituir un instrumento que les facilite reinsertarse laboral y socialmente; por ello mi interés de liberar de cualquier tipo de impuesto, derecho o pago alguno que imposibilite al mexicano retornado, importar su vehículo cuando este sea menor a doce mil dólares de los Estados Unidos de América.
Ante esta situación es que pongo a consideración de este honorable órgano legislativo el que se exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada implanten de forma extraordinaria un programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera para migrantes que sean deportados de la unión americana, incluyendo a aquellos mexicanos que deseen retornar al país, ya que de esta manera se les estaría proporcionando un instrumento de trabajo que les permitiese utilizarlo para contar con ingresos que sean producto de un trabajo decente para la manutención de sus familias; el programa en comento consistiría en exentar del pago de impuestos y derechos que actualmente realiza la dependencia en mención por concepto de importación definitiva de automóviles al país, lo que constituye un estímulo a la actividad comercial que deseen emprender.
México tiene la obligación moral de propiciar acciones que faciliten la reinserción social de nuestros paisanos a la vida productiva de nuestro país, por ello apelo a la sensibilidad de los integrantes de esta legislatura, a su calidad humana y a la deuda moral que se tiene para con ellos, para que de esta manera podemos ir sumando acciones que beneficien a los mexicanos que retornan.
En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, así como de Hacienda y Crédito Público, para ampliar los beneficios del programa “Somos Mexicanos”, para que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno.
Notas
1 Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2018. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_ mexicanos_de_EUA
2 Con Trump caen 25 por ciento las deportaciones frente a último año de Obama. En
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-trump-caen-25-las- deportaciones-frente-a-ultimo-ano-de-obama
3 Ley aduanera, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf, consultado el 17 de septiembre de 2018.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputada Libier González Anaya (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
USO DE LA DENOMINACIÓN DE “LECHE” EN LAS NORMAS OFICIALES
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa, la SE y la Profeco a efecto de que los productos “lácteo combinado” y “formula láctea”, de acuerdo con las normas oficiales, no lleven en el etiquetado la denominación “leche”, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Eduardo Ron Ramos, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Profeco, para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado” de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de “leche”, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este tipo de productos no son comparables con las características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.
Por otro lado, la NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la fórmula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente; de igual manera el producto lácteo combinado es definido como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente.
Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las especificaciones de su denominación dentro de la norma.
II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “ How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados.
De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca, tiene un aporte calórico menor que ésta, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante ésta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal.
Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos.
Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche ha advertido que desde 1994 las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues ese mismo año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche por una cantidad de 2 mil 167 millones de pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de mil 800 por ciento cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de sueros, grasas trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales. Además mencionan que debido a un vacío en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera.
En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.”
La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche.
Por ello, creemos que la palabra “leche” no puede utilizarse como denominación para referirse a los productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos.
III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos combinados o fórmulas lácteas genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto, ya que al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.
Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que: La publicidad es el modo de promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está encaminada a una doble finalidad:
1. Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o servicio que se quiere vender; y
2. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio.
Asimismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 establece lo siguiente:
“ Artículo 42. El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.”
Es por esto que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión concientizada al momento de consumir algún producto.
Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante.
En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece lo siguiente:
“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor, en su estudio “No todo lo que parece leche lo es. Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente:
“En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “fórmula láctea con grasa vegetal” o “producto lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.”
En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la denominación “leche”, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente vegetales.
Por todo lo anterior, debemos prever que la denominación “leche” se limite únicamente a productos que provengan de leche de origen animal, pues su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos que cumplen con las características particulares que solo la leche animal posee, lo que genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera, así como el detrimento de la salud y la actividad lechera.
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal de Consumidor para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado”, de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar la denominación “leche” en su etiquetado y en su marca. Y que conforme a ello, se revise el estatus de los productos que se comercializan en el mercado y retiren del mismo los que incumplan estas disposiciones.
Notas
1”Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010)
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010
2 “ How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 55, (2018)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y
3 ibídem.
4 ibídem.
5”México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, (2018) https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/ mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente-de-estados-unidos- alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html
6 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017)
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483
7 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018)
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/ composicion-de-la-leche/es/
8 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor.
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf
9 Guía de Procedimientos de Publicidad Engañosa, Procuraduría Federal del Consumidor, (2006)
https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Normatividad_TomoIV/ Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf
10 ibídem.
11 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
SE GARANTICEN RECURSOS PARA EL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar recursos para la implantación y operación del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En un comunicado el pasado 10 de septiembre de 2018 la Junta de Gobierno, instancia máxima del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizó un requerimiento urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitando recursos adicionales por un total de 126 millones de pesos para el Fideicomiso 1032. Fondo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a razón de que al 30 de septiembre se agotan los recursos para el pago de las medidas de protección de 702 personas protegidas.
Recordemos que de los casi 300 millones de pesos que el mecanismo solicitó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo depositó 200 millones a finales de abril de 2018; siendo estos recursos insuficientes, tomando en cuenta que el Mecanismo eroga un promedio de 21 millones al mes, y que en 2017 no hubo asignación de recursos.
Asimismo, en junio la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación solicitó una partida adicional por el mismo monto (126 millones de pesos) con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre 2018 a marzo 2019, tomando en cuenta que el presupuesto del 2019 se entrega en el mes de abril y el pago de las medidas de protección no puede detenerse.
De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula tercera del contrato del fideicomiso, este tiene como fin:
i) Obtener, por conducto de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), recursos económicos adicionales a los previstos en los presupuestos de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal de conformidad con el artículo 48 de la ley;
ii) Destinar, en términos de las instrucciones de la CEN, recursos económicos exclusivamente, para la implantación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la ley, y
iii) Realizar, por instrucciones de la CEN, los demás actos de administración y pago que establezca la ley y demás disposiciones aplicables, para la implantación del mecanismo.
Situación financiera del mecanismo
Saldo acumulado y ejercido del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas por año.
No contar con los recursos, significa que a partir del 1 de octubre de 2018, el Mecanismo retire más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas beneficiarias y también a los 51 colectivos que tienen protección, por lo cual no podrá “garantizar la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.”
Actualmente, la defensa de los derechos humanos y el periodismo enfrentan un entorno complejo, cuyo abordaje y atención demandan esfuerzos integrales, multidisciplinarios y con la participación de todos los actores de gobierno y sociales involucrados.
En este sentido ejercer el periodismo en México es una situación de latente mordaza y miedo abyecto, que tiene de común denominador agresiones y amenazas, que en algunos casos cuestan la vida.
La libertad de expresión es un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento de la democracia, para el desarrollo de sociedades más libres y justas, así como para el pleno ejercicio y protección de los derechos humanos.
Por ello es importante destacar que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, Article 19 ha documentado 44 asesinatos por posible vínculo con su labor (incluyendo el del hijo de un de un periodista y dos voceadores),. Con 12 asesinatos en 2017, México igualó a Siria —país en guerra desde 2011 en el número de periodistas asesinatos. El año pasado no sólo fue el más violento en el país, sino que México se erige hoy día como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.
“Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por ellas. La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquéllos con mayor capacidad económica”.
Diferentes organizaciones, de la sociedad civil y colectivos, han emprendido una batalla para que dicho mecanismo que constituye solo una acción de protección no se quede sin recursos, pues las implicaciones serían contraproducentes ante este escenario adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
Igualmente la Asociación Nacional de Periodistas Desplazados México, que al tiempo de realizar diversas propuestas para atender la situación actual en la que viven periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ha expresado que si bien la creación del Mecanismo es una acción necesaria y urgente, es imprescindible su fortalecimiento y monitoreo para el cumplimiento de la Ley de Protección. Asimismo, reiterar la necesidad de diseñar e implantar una política pública integral que permita brindar a esta población: protección, atención legal, asesoría psicológica, desarrollo de acciones preventivas y acciones coadyuvantes con las instancias necesarias (CEAV, Conavim, IMSS, ISSSTE, Sedesol), así como la generación de capacidades de autoprotección, aspectos necesarios para garantizar que las personas que ejercen la labor de defensa y libertad de expresión encuentren las condiciones necesarias para proteger su vida, seguridad, integridad y libertad.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para la implementación y operación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la asignación de los mismos.
Notas
1 “Urgen recursos para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Disponible en línea:
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/urgen-recursos- para-el-mecanismo-de-proteccion-a-personas-defensoras-de-derechos-humanos- y-periodistas
2 Fideicomiso 1032. Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Disponible en línea:
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/fideicomiso-1032
3 Ibídem.
4 https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/fideicomiso-1032
5 Las cifras incluyen el caso de Carlos Domínguez, columnista de El Horizonte de Matamoros, asesinado el 13 de enero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de Pamela Montenegro, videobloguera asesinada en Guerrero el 5 de febrero de 2018.
6 Article 19 “Grupo armado irrumpe en estación de radio comunitaria”, 2 de agosto de 2014. https://goo.gl/ARGrkk
7 Incluyendo el caso de Alfonso Solana Tierrablanca, voceador de El Diario de la Tarde, asesinado el 21 de abril de 2015 en Iguala Guerrero. Article 19 “Epidemia del miedo a comunicar”. Informe trimestral, 2015, página 7. https://goo.gl/2BU1mY
8 Meréndez Hernández Tiul, voceador del tabloide El Choco, asesinado el 24 de enero de 2018 en la población Francisco Rueda, en Huimanguillo en Tabasco. “Voceador de El Choco es asesinado en Tabasco”, Article 19, 31 de enero de 2018. https:// goo.gl/v7SMF
9 La organización internacional Reporteros Sin Fronteras registró 12 asesinatos de periodistas en Siria en 2017. https://rsf.org/ es/periodistas-asesinados
10 Article19. “Informe. Libertades en Resistencia”. Página 15. Disponible en línea:
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/04/Libertades-en- Resistencia_Informe-2016-A19.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
AGILIZAR LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL, DE RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE ESTUDIOS PARA JÓVENES MIGRANTES QUE HAN RETORNADO DE LA UNIÓN AMERICANA
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a agilizar los programas de reinserción laboral, y reconocimiento y validez de estudios para jóvenes migrantes retornados de EUA, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada federal María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Muchos de los jóvenes migrantes que se encuentran radicando en la Unión Americana llegaron a este país porque en su niñez fueron llevados por sus padres, algunos se encuentran inscritos en el programa de Acción Diferida (DACA), otros no cubrieron los requisitos para ingresar, pero en ambas situaciones han encontrado la posibilidad de ser empleados para tener un sustento diario y en algunos casos también obtienen beneficios indirectos como contar con número de seguridad social, aspirar a becas, poder tramitar la licencia de manejo, tarjeta de crédito, entre otros.
Todos estos beneficios han generado en la comunidad de jóvenes que radica en la Unión Americana, un sentimiento de identidad hacia la nación que les ha proporcionado durante años el sustento diario, educación y trabajo; de tal manera que al suspenderse toda nueva solicitud de inscripción por parte del Departamento de Seguridad Nacional al programa DACA, las oportunidades de desarrollo se ven truncadas, no existiendo otra alternativa más que la deportación; por lo que la mayoría estos jóvenes se ve en la necesidad de regresar al país que les vio nacer, enfrentándose a una situación que le es totalmente desconocida, en un país al que tampoco conocen y que al llegar solo encuentran desempleo y falta de oportunidades para incorporarse al sistema educativo nacional.
De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en ingles), el 78 por ciento de los beneficiarios de DACA procede de México; exactamente hay 618 mil 342 Soñadores mexicanos. Les siguen los salvadoreños (28 mil 371), los guatemaltecos (19 mil792) y los hondureños (18 mil 262).
Según las estimaciones del Center for American Progress, un 46 por ciento está actualmente estudiando y, de ellos, un 83 por ciento también trabaja, lo que los ubica como personas altamente beneficiosa para la economía estadounidense.
Un número considerable de estos jóvenes que regresan a México cuenta con un perfil académico y laboral que los convierte en una enorme riqueza en el ámbito laboral y profesional que debe aprovecharse, buscándose espacios para su inserción social en beneficio de cada uno de ellos y de la propia nación.
Al respecto, el gobierno mexicano implementó un conjunto de acciones para dar atención a los jóvenes soñadores que retornan a nuestro país, las cuales consideramos deben hacerse extensivas a todos los jóvenes en retorno con el propósito de garantizar la salvaguarda de sus derechos, permitiendo su reinserción en la sociedad mexicana de la mejor manera posible, garantizando el acceso a la educación, a un trabajo digno y a la salud que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza; en su comunicado número SRE/338, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalla cuáles son estas acciones a las que hacemos referencia:
-Bolsa especial de trabajo en México para dreamers, a través de los consulados;
-Programa Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México;
-Oferta de becas en México y otros países;
-Acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata; y
-Afiliación al Seguro Popular.
Estas acciones desde luego pueden contribuir a que los jóvenes que han retornado al país puedan contar con elementos para su subsistencia y desarrollo personal, ya que no es raro ver que estos jóvenes retornados se dediquen por sus propios medios a buscar la subsistencia diaria con el apoyo de sus familiares o conocidos, cuando los tienen, o en su caso a buscar el apoyo asistencial de las organizaciones civiles cuando están completamente solos.
En voz de varios de estos jóvenes conocemos el problema que les representa la revalidación de estudios y su incorporación al sistema educativo (el cual es completamente diferente al estadounidense), lo cual les impide seguir cursando sus estudios en nuestro país en aras de su desarrollo profesional.
Es por ello que ante el nulo apoyo para los jóvenes migrantes que retornan, hacemos un respetuoso llamado a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo para que, atendiendo a un sentido de justicia y humanidad, se proporcione la debida atención a esta comunidad que es vulnerable al retornar a nuestro país en estas condiciones de desamparo.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación Pública a que se agilicen los programas de reinserción laboral y de reconocimiento y validez de estudios para los jóvenes migrantes que han retornado de la Unión Americana.
Notas
1 Quiénes son los dreamers y qué pasará ahora con ellos? en :
https://www.20minutos.es/noticia/3127269/0/dreamers-daca-sonadores- claves-deportacion-programa-estados-unidos/#xtor=AD-15&xts=467263
2 ibídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputada María Libier González Anaya (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
REPORTE RESPECTO AL APLAZAMIENTO DEL VOTO ELECTRÓNICO PARA MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a difundir un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para el sufragio de mexicanos residentes en el extranjero en el proceso 2017-2018, a cargo de la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María del Pilar Lozano Mc Donald, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del instituto Nacional Electoral a hacer público un informe detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión de votos de mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como de todo el proceso del voto postal para este mismo ejercicio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Que el pasado 30 de junio, en conferencia de prensa, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade, informó que fueron 98 mil 454 sufragios recibidos de mexicanos provenientes de 106 países, de los cuales el 77 por ciento llegó de los Estados Unidos. El consejero reconoció que, aunque dicha cifra podría considerarse baja, en función de la comunidad de mexicanos fuera del país, en especial en Estados Unidos, enfatizo que, en relación con la participación de elecciones pasadas, en particular del 2012, se incrementó la participación 150 por ciento y el número de países de origen, que entonces fueron únicamente 95.
II. Que el primero de julio, a partir de las 8 de la mañana, camionetas del INE resguardadas por la Secretaría de Marina, trasladaron esos votos de la bodega del INE al Tecnológico de Monterrey con funcionarios y vecinos de las delegaciones de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, y para proceder al conteo de los votos.
III. Que el voto desde el extranjero vía postal representó un gasto de 280 millones de pesos, lo que significa un costo aproximado de dos mil 500 pesos por cada voto. Sin olvidar que posiblemente lo complicado de esta forma de votación influyó para que muchos mexicanos que ya habían tramitado su credencial no se registraran para votar.
IV. Que el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala:
“ 1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrían ejercer su derecho al voto para elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
2. El ejercico del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto”
V. Que en sesión de Consejo General del INE, el 15 de marzo de 2017, los consejeros votaron por unanimidad aplazar la posibilidad de implementar el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, considerando que no sea seguro ni daría certeza en su aplicación.
VI. Que de acuerdo a los consejeros ya no había tiempo y representaba un gasto oneroso implementar esta modalidad, así que decidieron recibir los voto de los mexicanos radicados en el exterior por vía postal, modalidad que, al día de hoy, por declaraciones del mismo consejero encargado de la Comisión del Voto en el Extranjero, Enrique Andrade, “el voto postal resultó ser ya muy complicado, con grandes dificultades, y sumamente riesgoso”, y que diversos especialistas señalan que esta modalidad ya hizo crisis y está rebasado.
VII. Que diferentes académicos y especialistas en este tema, señalan que es completamente viable y posible esta modalidad del voto electrónico, siempre y cuando se hagan algunas modificaciones al marco legal y también de capacitación para ejercerlos, pero sin duda es necesario conocer los pormenores de esta opción para llevarla a cabo y también tener los detalles de lo ocurrido y la experiencia del pasado proceso respecto del voto postal, para que con esta información transitemos de una vez por todas a la modalidad electrónica para que más mexicanos puedan ser partícipes en la elección de los poderes públicos de su país.
VIII. La experiencia para la comunidad mexicana migrante les deja como lectura que el proceso de credencialización para obtener su credencial para votar con fotografía y el envío del paquete electoral para emitir su voto desde el extranjero vía postal, resultó insuficiente, con fallas de origen para su implementación, de elevada complicación para el migrante por la condición de la política de criminalización de la migración, insuficiente información y la ausencia de una verdadera voluntad política de parte de la autoridad electoral para que la comunidad migrante participara. La consecuencia ha sido la baja participación que no refleja el auténtico y mayoritario interés de participación de los mexicanos que viven en el extranjero.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer público un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión de votos de mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como un listado de las acciones que debe llevar a cabo para hacerlo una realidad en los próximos procesos electorales.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral haga público un reporte detallado de conclusiones sobre el proceso de voto postal llevado a cabo para mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como de las acciones que implementó durante el proceso electoral para hacer efectiva la participación de los mexicanos que viven en el exterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
IMPLEMENTAR MEDIDAS ANTE EL TRASLADO NOCTURNO DE NIÑOS MIGRANTES A CAMPAMENTOS EN TEXAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SRE a implantar medidas ante el traslado nocturno de niños migrantes a campamentos en Texas, EUA, suscrita por las diputadas Kehila Abigaíl Kú Escalante y María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Fundamento
Las suscritas, Kehila Abigail Ku Escalante y María Libier González Anaya, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde que Donald Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América (EUA), ha amenazado con deportar a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, entre ellos a niños que fueron separados de sus familias.
Cabe mencionar que hace pocos meses, miles de niñas y niños migrantes fueron puestos en jaulas por autoridades migratorias de EUA, esto en el estado de Texas, su falta fue cruzar sin papeles hacia ese territorio.
De acuerdo con una nota publicada en el periódico The New York Times, en las últimas semanas, el Servicio Migratorio de Estados Unidos ha realizado operativos de segregación y concentración de niños en el desierto de Texas, violentando sus más elementales derechos, prácticas que en el mundo entero se deben superar y eliminar.
El artículo referido aborda los siguientes acontecimientos:
Durante la noche, cientos de niños son levantados de sus camas sin dar aviso a organizaciones de abogados ni a sus padres, y con mochila en hombro y algunas provisiones son transportados desde distintos lugares de EUA a un campamento en el desierto de Texas denominado Tornillo.
La mayoría de los niños habían sido alojados en casas y refugios privados, en donde dormían dos o tres niños por habitación, recibiendo visitas regulares de representantes legales asignados a sus casos, además de la impartición de clases formales para que continuaran con su educación.
Ahora en las carpas en Tornillo, Texas, los niños están en grupos de veinte y duermen alineados en literas. El acceso a los servicios legales es sumamente limitado y ya no tienen clases ni escuela.
Es evidente que esta situación ha superado a las autoridades migratorias estadounidenses, que han separado a más de trece mil niños de sus familias, la cifra más alta en la historia de EUA, siendo que en 2017 la cifra era de 2 mil 400 niños.
Es por ello que se debe exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que implementen medidas para salvaguardar la integridad de las y los niños mexicanos que se encuentran en estos campamentos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio de los consulados y la Embajada Mexicana en los Estados Unidos de América, implemente las medidas correspondientes para dar apoyo a las y los niños que se encuentran en el campamento de Tornillo, Texas, obteniendo la información detallada de los niños mexicanos que se encuentran en esa situación. Así como ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las niñas y niños migrantes como a sus familias.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que exija el respeto a los derechos humanos de las y los niños retenidos en el campamento de Tomillo, Texas, así como implementar las medidas pertinentes ante los órganos internacionales en materia de derechos humanos.
Tercero. En virtud de que los gobiernos de México y Estados Unidos de América han asumido pública y notoriamente que en nuestro país convergen un gobierno federal en funciones y a punto de concluir, así como un gobierno electo a punto de iniciar, se conmina a que la administración en turno, incorpore a esta intervención al equipo que el presidente electo designe, para que en esta transición participen ambos gabinetes, y no haya resquicio político alguno en esta etapa de cambio de poderes, para que nuestros connacionales no sean maltratados y no permanezcan indefensos.
Notas
1 Aub, Max. “EU usa jaulas para niños migrantes como las que usó con talibanes”, periódico El Universal, publicado el 20 de junio del 2018. Disponible en
<http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-usa-jaulas-para-ninos-migrantes- como-las-que-uso-con-talibanes-0>
2 Dickerson, Caitlin. “Cientos de niños migrantes fueron trasladados silenciosamente a un campamento en Texas”, periódico The New York Times, publicado el 1 de octubre de 2018. Disponible en
<https://www.nytimes.com/es/2018/10/01/ninos-migrantes-campamento/>
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputadas: Kehila Abigail Ku Escalante, María Libier González Anaya (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
INFORME SOBRE DE LAS INVESTIGACIONES PARA EL HALLAZGO Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS EN LA RIVERA DE LA LAGUNA DE ALVARADO, VERACRUZ
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a hacer público por la Fiscalía General de la entidad un informe sobre los avances de las investigaciones para hallar y recuperar cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente someto a consideración de esa honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la fiscalía general de esa misma entidad, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, la toma de muestras de los 25 mil 300 perfiles genético que aún faltan de obtener, así como de las facilidades dadas a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las exhumaciones, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México, según el último reporte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) –ahora a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas-, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 30 de abril de este año, existían más de 36 mil 300 personas desaparecidas o, como lo señalan los indicadores, “sin localizar”. Cifras que presumiblemente pudieran ser mucho mayores, ya que de acuerdo con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México, en los informes que se publican en el RNPED solo se muestran las desapariciones denunciadas ante el Ministerio Público por familiares o personas cercanas a la víctima, por ello se cree que las cifras de desaparecidos sea más grande.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto del año en curso, han sido encontradas en México al menos 163 fosas clandestinas en las que se exhumaron 530 cuerpos.
Cabe señalar que, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , las entidades federativas con el mayor número de fosas clandestinas, son: Veracruz, con 37; Chihuahua, cuando menos con 22; Sinaloa, con 22; Zacatecas, con 17, y Jalisco, con 14; mientras que los estados en donde se ha realizado el mayor número de exhumaciones de cuerpos, son: Jalisco, con 126; Veracruz, con 83; Nayarit, con 70; Zacatecas, con 51 y Chihuahua, con 59.
En Veracruz, de acuerdo con datos dados por la Fiscalía General del estado, a enero de este año, existían 3 mil 600 casos de personas desaparecidas.
Asimismo, la propia Fiscalía General del estado reconoce que desde el 2011 a la fecha, en Veracruz se han hallado 343 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumados 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos.
Cabe señalar que sobre el caso particular que nos ocupa, en marzo de 2017, marinos y policías estatales hallaron 47 cráneos en el paraje conocido como Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Veracruz. En esta misma zona, los peritos hallaron 142 restos de huesos triturados, 334 cráneos recuperados, así como también se encontraron jirones de ropa rota y desgastada.
El mes de agosto de 2018, la Fiscalía General del estado hizo del conocimiento que en el predio Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, hasta ese momento se habían contabilizado 166 cráneos recuperados. Los restos fueron encontrados en 31 de las 32 fosas del área. La recuperación la realiza personal de Servicios Periciales junto con la Policía Ministerial y de la Fiscalía Especializada con el apoyo de la División Científica de la Policía Federal, para llevar a cabo el análisis genético de los restos encontrados, los cuales serían confrontados con la base de datos de “perfiles genéticos” de familiares y de personas desaparecidas.
El 8 de septiembre del año en curso, colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz expresaron su inconformidad ante la falta de información por parte de la Fiscalía General del estado en la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas –que a decir en diversos medios de comunicación-, se habían hallado en la zona centro del estado. De los cuales tuvieron que acudir a externar su inconformidad ante la Dirección de Servicios Periciales, para que la Fiscalía les informara sobre el hallazgo de 166 cráneos –un mes después de que iniciaron los trabajos de exhumación.
Sin embargo, es apenas hasta el 18 de septiembre (dos semanas después), que los colectivos de madres de desaparecidos acompañadas de representantes de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, lograron ingresar al predio Arbolillo, para ese momento ya se habían exhumado 190 cuerpos y se habían recuperado 200 prendas de vestir y 114 identificaciones. A decir del director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado, puede haber cuerpos en toda la orilla de la laguna de Alvarado, por lo que las investigaciones continúan.
Hallazgo que no informaron a los colectivos de familiares de personas desaparecidas con el supuesto de que actuaron así “Para garantizar el éxito de la investigación...”; sin embargo, las autoridades de la Fiscalía señalaron que habrá transparencia.
Es pertinente señalar que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en su artículo 5, se establece que:
“ La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidadtal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.”
Asimismo, en su artículo 15, señala:
“ Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.”
Cabe señalar que en el “Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias”, emitido por la Organización de las Naciones Unidas en 1991, se establece: a) La elaboración de normas internacionales para una eficaz prevención de las ejecuciones extralegales. arbitrarias o sumarias; b) El Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias; c) El Protocolo modelo de autopsia; y, d) El Protocolo modelo de exhumación y análisis de restos óseos; mediante el cual las Fiscalías deben de actuar al momento de localizar fosas clandestinas y realizar la exhumación de cuerpos.
Por su parte la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, en sus artículos 2 fracción VII, 49, fracción XV, 70, fracción XX, y 138, fracción I, se establece:
“ Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:
I. a VI. (...)
VII. Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.
Artículo 49. El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:
I. a XIV. (...)
XV. Dictar los lineamientos que regulen la participación de los familiares en las acciones de búsqueda;
XVI. a XVII. (...)
Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
I. a IX. (...)
XX. Facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;
XXI. a XXV. (...)
Artículo 138. Los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:
I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la persona desaparecida;
II. a XII. (...)”
A nivel estatal, la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado el 20 de agosto de 2018, en sus artículos 2, fracción V, y 54, fracción XX, se establece:
“ Artículo 2.La presente Ley tiene por objeto:
I. a IV. (...)
V. Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.
Artículo 54. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
I. a XIX. (...)
XX. Facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en la Ley General, incluido brindar información periódicamente a los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;
XXI. a XXV. (...)”
Artículos de los cuales se colige que las Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de la misma entidad se encuentran obligadas a: generar mecanismos de participación con las familias y colectivos de familias; a mantener constante y amplia comunicación de las acciones de búsqueda, investigación e identificación; con el fin no solo de garantizar el derecho a la participación conjunta sino también a generar dinámicas de confianza en los trabajos, las pericias y judicialización de los expedientes que finalmente reconstruyan la justicia y credibilidad en las instituciones del estado.
Es de suma importancia que la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave trabaje de cerca con los colectivos que integran las familias de los desaparecidos sobre la serie de operativos en donde se realizan hallazgos en fosas clandestinas, que no se les haga a un lado, ya que la experiencia de los colectivos es muy indispensable.
Sobre la identificación de los restos encontrados, se debe de realizar sin demora, bajo los estándares y protocolos correspondientes, ya que en cada localización de fosas clandestinas en el Estado surgen nuevas expectativas de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, no solo en Veracruz, sino en todo el país, ya que hay personas que en su paso por la entidad desaparecieron.
En el caso particular de las fosas clandestinas encontradas en el predio Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz, no se permitió la participación de los familiares de las víctimas desde que inició la investigación, pese a que la ley estipula que debe brindarse todo el apoyo a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las investigaciones.
El fiscal general habla de hallazgos documentados en el predio, sin embargo, hasta este momento se desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si en las fosas que ya fueron analizadas, ya no hay restos; se desconoce cuál fue el proceso para determinar la temporalidad de los restos humanos localizados en ese lugar y, si solo se trata de 32 fosas o el número es mayor.
Sobre el mismo particular, cabe señalar que la Policía Federal, en coordinación con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, las fiscalías de Desaparecidos en los estados, la Organización de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como colectivos de familiares de desaparecidos, en el 2017, acuerdan las acciones a implementar para la consolidación de una “Base de Datos Genética Nacional” que permita la identificación efectiva de aquellas personas que se encuentran en calidad de desconocidas.
Por lo que, si al 30 de abril de este año existían más de 36 mil 300 personas desaparecidas, y según cifras de la Policía Federal con las acciones para brindar certidumbre a las familias sobre el paradero de personas desaparecidas, el Departamento de ADN, Mapas y Perfiles Genéticos de la propia Policía Federal, se ha obtenido más de 5 mil muestras tomadas que se suman a los 6 mil perfiles, lo que suma que a la fecha se cuenten con 11 mil perfiles genéticos, de los al menos 36 mil 300 perfiles que se necesitan y que se deberán comparar con todos y cada uno de los cuerpos exhumados localizados. Y, a decir de funcionarios de la Fiscalía General del estado, comenzarían de nuevo con la toma de muestras a partir del 29 de septiembre de 2018, ya que el muestreo del cual disponen “no es representativo”.
Por todo ello, solicitamos que no se revictimice a los familiares de los desaparecidos y exhortamos al gobierno veracruzano a través de la Fiscalía General del estado a que se apegue a los protocolos de actuación e informe de forma inmediata a los familiares.
La Fiscalía, al excluir a los colectivos, violentó su derecho a participar en la búsqueda. Por eso es que también piden acceso a la carpeta de investigación para que la revisen expertos ciudadanos en el tema.
Asimismo, la Fiscalía General del estado debe garantizar que las 25 mil 300 muestras genéticas que aún faltan, sean tomadas bajo protocolos estrictos para realizar estudios comparativos con los restos localizados bajo la norma NMX-EC-107025-IMNC-2006 y se brinde a los familiares acceso a las carpetas Ministeriales para su revisión con expertos. Lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 53 fracción XLIV, de la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esa honorable soberanía, los siguientes:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General de esa misma entidad, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, Veracruz, la toma de muestras de los 25 mil 300 perfiles genético que aún faltan de obtener, así como de las facilidades dadas a los familiares de desaparecidos para estar presentes en las exhumaciones.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del estado, a garantizar los derechos de los familiares de personas desaparecidas a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones realizadas en el predio Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz, evitando en todo momento la revictimización de los familiares de los desaparecidos y se promueva la participación conjunta.
Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fiscalía General del estado, a garantizar que las 25 mil 300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas que se necesitan, sean tomadas bajo los protocolos de actuación.
Notas
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos- de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
2 https://rnped.segob.gob.mx
3 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/07/en-un-ano-se-exhumaron- 530-cuerpos-de-163-fosas-clandestinas-cndh
4 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/07/en-un-ano-se-exhumaron- 530-cuerpos-de-163-fosas-clandestinas-cndh
5 http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-08-18/estado/fiscalia-reconoce-3-mil- 600-casos-de-desaparecidos-en-veracruz
6 http://www.eluniversal.com.mx/estados/imparables-las-desapariciones- en-veracruz-0
7 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/campana-nacional-de-toma- de-muestra-de-adn-de-familiares-de-desaparecidos?idiom=es
8 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/campana-nacional-de-toma- de-muestra-de-adn-de-familiares-de-desaparecidos?idiom=es
9 http://comunicacion.fiscaliaveracruz.gob.mx/convoca-fge-a-familiares-de- personas-desaparecidas-a-toma-de-muestras-en-veracruz/
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de octubre de dos mil dieciocho.— Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
SE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, EN COLIMA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a garantizar la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlán, Colima, según el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputada Julieta Macías Rábago, en nombre propio, y las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
Con una extensión estimada en 2010, de 764 mil 486 hectáreas (Conabio, 2013), México destaca a nivel internacional por ser uno de los seis países con mayor superficie de manglares en su territorio.
Al ser uno de los más productivos ecosistemas terrestres, los manglares tienen gran importancia ambiental, económica y social, pues son hábitat para diversas especies, fuente de recursos naturales, hogar para actividades económicas, sistemas naturales de control contra inundaciones, filtros biológicos de agua, entre otras funciones.
De acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional conocida como Convención de Ramsar, de la cual nuestro país es firmante y que promueve la conservación y uso racional de los mismos, los humedales son “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de seis metros.”
Los manglares son comunidades arbóreas que encuentran su hábitat en los humedales costeros y están compuestos por especies que han desarrollado características de adaptación a las condiciones de salinidad e inundación propias de dichos ecosistemas. En México existen cuatro principales especies; Rhizophora mangle, Conocarpus erecta, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.
Las actividades humanas han sido un factor preponderante en la importante disminución de superficie que los manglares ocupan, lo cual ha generado que los gobiernos de diversos países impulsen medidas para frenar este daño ambiental que representa una amenaza para nuestro planeta.
En México la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye a las cuatro especies mencionadas en la lista de especies en riesgo, clasificándolas bajo la categoría de “amenazadas”.
Adicionalmente, la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 60 Ter, prohíbe expresamente cualquier obra o actividad que pueda impactar en forma negativa al manglar, el cual por su relevancia en el tema se cita a continuación:
Ley General de Vida Silvestre
Artículo 60 Ter. Que prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consciente de la necesidad de tomar medidas para frenar este problema, emitió en 2003 la NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zona de manglar. Sin embargo, en 2004 se adicionó a la misma la especificación 4.43, por medio de la cual se introduce la excepción a las prohibiciones y límites que la norma establece a través de la figura de medidas de compensación, con lo cual se abrió la posibilidad en la norma oficial a realizar obras y actividades que impacten negativamente a los manglares, siempre y cuando se tomen medidas que a juicio de la autoridad compensen el daño realizado.
Encuadrada en dicha adición es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la evaluación de impacto ambiental respecto del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, estableciendo una serie de medidas de compensación que además de resultar insuficientes, han sido incumplidas por parte de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, solicitante y ejecutor del citado proyecto.
El incumplimiento en las medidas de compensación quedó en evidencia con la resolución sancionatoria que en 2018 emitió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por medio de la cual se suspende la autorización otorgada al proyecto hasta en tanto no se cumpla con cada uno de los términos y condicionantes que para su otorgamiento se acordaron.
Al respecto es importante destacar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad publicó una ficha de caracterización de la laguna de Cuyutlán en la que se señala que las obras de infraestructura relacionadas con el puerto han provocado la disminución de la circulación del agua y modificaciones en las características físicas y químicas del cuerpo lagunar.
Por lo tanto, resulta indispensable que las autoridades responsables garanticen el cumplimiento irrestricto de la Ley y con ello la preservación ecológica de esta laguna.
Es por lo expuesto y considerando que para Movimiento Ciudadano es prioritario el cuidado al medio ambiente, que someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que garanticen la conservación de los manglares en la laguna de Cuyutlán, en Colima, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2018.— Diputada: Julieta Macías Rábago (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
MEJORAS NUTRIMENTALES EN LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SE BRINDAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN INSTITUCIONES POLICIALES
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a redoblar esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias brindadas a los servidores públicos adscritos a instituciones policiales de los tres niveles de gobierno, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que redoblen los esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales en las raciones alimenticias que se brindan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se promueva el intercambio de experiencias y la difusión de la importancia de proporcionar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública, con base en las siguientes
Consideraciones
Históricamente la calidad nutricional que distingue a los alimentos de los servidores públicos, operativos y administrativos, integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, en los tres niveles de gobierno, ha sido mala o deficiente. Muestra de ello, fueron los sobrenombres como “Choclo” con los que el personal policial informalmente bautizó, en algún momento, a las raciones que recibía, en clara alusión a la comida de animales de engorda. Ello, debido a que en ocasiones venía en estado de descomposición o inaceptablemente mesclada.
Como consecuencia, desde comienzos de este siglo XXI, diversas instituciones policiales hicieron esfuerzos notables para mejorar la presentación y estado de conservación de las raciones de comida que se distribuye en el personal de sus instituciones. Asimismo, se han hecho iniciativas aisladas por parte de instituciones de los tres niveles de gobierno para revertir los porcentajes del personal que padece obesidad o sobre peso, mejorando la calidad nutrimental de dichas dotaciones de alimentos e impulsando la actividad física en las instituciones policiales.
No obstante dichos esfuerzos, en 2014, un informe difundido por la Comisión Nacional de Seguridad indicó que la Policía Federal, una de las instituciones que mayor atención ha puesto en este tipo de temas y cuyo presupuesto experimentó un incremento notable entre 2007 y 2012, presentaba datos alarmantes en cuanto al estado físico del personal, específicamente con respecto al peso. Estos datos indicaban que el 58% de los elementos que participaron en el estudio que presentaba el informe tenían sobrepeso, el 32% obesidad leve, 7.2% obesidad moderada y el 1% presentaba obesidad mórbida. Asimismo, se señalaba que en promedio cada elemento estaba 11 kilogramos por encima de su peso ideal.
En ese entonces, la Policía Federal anunció la implementación de medidas para atender dicha problemática que impactaba en la capacidad operativa del personal en ese entonces. Con ello, esperaban que en el mediano plazo se redujeran gastos en salud para la institución, mismos que podrían disminuir sus proyecciones con atención preventiva nutricional.
Desafortunadamente, hasta este mes, en pleno cierre de administración, no se han hecho públicos los resultados de las acciones implementadas, ni el seguimiento de la problemática, ni la percepción del personal sobre el problema, las políticas implementadas y sus resultados. Asimismo, se puede apreciar que no todas las instituciones policiales han podido realizar acciones en este sentido y en el caso de aquellas organizaciones policiales en que se realizaron cambios significativos, igual que la Policía Federal, no han difundido sus resultados.
Hoy, a simple vista podemos observar elementos policiales municipales, estatales y federales con un aspecto físico que pareciera no óptimo para desarrollar las responsabilidades que la sociedad les ha encomendado, ni para evitar poner en riesgo su propia vida al dificultarles operar en las mejores condiciones.
Adicionalmente, debemos recordar que los policías mexicanos hacen muchos sacrificios físicos y económicos para cumplir su deber, que generalmente trabajan cumpliendo horarios fuera de lo que estipula el marco laboral vigente y de lo que se recomienda para poder reaccionar bajo las condiciones de estrés a que son sometidos en muchas zonas del país.
En muchos casos, tienen que conseguir sus propios alimentos y en otros, se les otorgan raciones que, si bien se encuentran en buenas condiciones y presentación, el contenido calórico contraviene cualquier lineamiento serio para evitar el consumo de azucares, sodio y calorías en cantidades no saludables.
En este sentido, el presente exhorto va orientado a que las instituciones de Seguridad Pública del país, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, redoblen los esfuerzos realizados orientados a desarrollar estandarizar mejoras nutrimentales de las raciones alimenticias que se proporcionan a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública promuevan el intercambio de experiencias y la difusión entre sus elementos sobre la importancia que tiene el brindar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública.
Compañeras y compañeros representantes de la nación, se les invita a impulsar esta propuesta como uno de los muchos pasos que tenemos y podemos dar para proteger a nuestros policías, para brindarles mejores condiciones laborales, para intentar que, como afirma una consigna de las organizaciones de la sociedad civil, protejamos a quienes nos protegen.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que redoblen los esfuerzos orientados a desarrollar y estandarizar mejoras nutrimentales de las raciones alimenticias que se brinda a los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de los tres niveles de gobierno. Asimismo, a que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se promueva el intercambio de experiencias y la difusión de la importancia que tiene el brindar alimentos en buen estado y de calidad nutrimental adecuada para las funciones de seguridad pública, entre el personal policial.
Nota
1 Marcos Muedano, Padece la Policía Federal obesidad, El Universal, jueves 10 de abril de 2014.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS QUE PROHÍBEN LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS NUTRIMENTALES
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a implantar acciones a fin de que se observen los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que, como fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas y sodio, incumplan los criterios nutrimentales, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La obesidad y el sobrepeso en México es un grave problema de salud pública, siendo la principal causa de incapacidad y mortalidad prematura derivado de la aparición de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la hipertensión.
Los tomadores de decisiones estamos obligados a poner en el centro de la agenda en materia de salud la prevención y combate de estos padecimientos que afectan a más del 70 por ciento de la población. Durante el presente sexenio se ha puesto en marcha campañas de concientización para revertir estos problemas, ejemplo de ello es la campaña Resta Kilos y Suma Vida, su principal enfoque consiste en persuadir a la población en “tener una mejor calidad de vida al mejorar la alimentación y cambiar el estilo de vida”.
Sin demeritar las acciones emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la Estrategia Nacional para el Control del Sobrepeso y la Diabetes, esta campaña responsabiliza a la persona de su estado actual de salud y desde una perspectiva sociológica se niega la responsabilidad de la estructura social.
Las acciones preventivas sin duda son acciones necesarias que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida, pero el Estado debe ser consciente de que la obesidad y el sobrepeso se han convertido en problemas de salud que han rebasado las acciones preventivas, por lo que una política integral para la prevención y reversión debe considerar acciones reactivas con un enfoque social.
Para dimensionar el grave problema de salud, hago referencia a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut MC 2016): el 9.4 por ciento de la población encuestada refirió tener un diagnóstico médico previo de diabetes. Comparando con las encuestas previas, se observó un ligero aumento en la prevalencia con respecto a la Ensanut 2012 (9.2 por ciento) y un mayor aumento con respecto a la Ensanut 2006 (7 por ciento).
Considerandos
Primero. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Segundo. Que el sobrepeso y la obesidad en México son graves problemas de salud pública, y en los últimos años, derivado de los hábitos alimenticios, el sedentarismo y la compleja estructura social que impera en nuestro país, en dónde comer alimentos “chatarra” es más barato que comer saludablemente, se ha incrementado la tasa de niños y adolescentes con problemas de obesidad y de sobrepeso.
Datos de la Ensanut indican que uno de cada tres adolescentes de 12 a 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.
En cuanto a la prevalencia de obesidad en niños por entidad federativa en México, son seis las entidades que pasan de 20 por ciento de su población: Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Tercero. Que el 11 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, para efectos de restringir la venta de “alimentos chatarras”, que a la letra dice:
“ Artículo 24 Bis. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.”
Cuarto. Que el 16 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional”, que en su numeral decimoctavo prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.
Quinto. Las disposiciones normativas citadas con anterioridad forman parte de la estrategia para prevenir y revertir los problemas de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país, sin embargo, a más de cinco años de su implementación, en las escuelas primarias y secundarias se siguen vendiendo alimentos con altos contenidos de sodio, grasas y azucares, es decir, la ley contra la comida chatarra en México es letra muerta.
Actualmente, no hay estadísticas oficiales públicas sobre la venta de comida “chatarra” en las escuelas, solamente el intento de la sociedad civil en el portal Mi escuela saludable, que establece por medio de acusaciones de padres de familias a las escuelas donde se siguen vendiendo “productos chatarras”, y a pesar de este esfuerzo, aún no se tienen datos certeros, de hecho, para el ciclo escolar 2017-2018, solamente se les ha dado seguimiento a 327 escuelas de todo el país.
De estos reportes, el 99 por ciento aseguró que se vendía comida “chatarra” de lunes a jueves; 67.5 por ciento señaló la venta de bebidas azucaradas y 96.2 por ciento que no hubo un comité que vigile la prohibición de la venta de comida “chatarra”, siendo la figura encargada de supervisar que no se vendan estos productos.
Sexto. Que el Acuerdo citado en el considerando cuarto, en su artículo decimoséptimo, fracciones III y IV, faculta a las autoridades sanitarias y educativas para:
-Realizar visitas para supervisar las condiciones de higiene y seguridad en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, y
-Evaluar y dar seguimiento a las actividades de preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre la alimentación correcta, la higiene y la seguridad, así como los beneficios que se han generado en la mejora de los aprendizajes, la retención escolar y la participación de la comunidad.
Séptimo. Que la salud es una de las principales fuentes de bienestar de las personas y un indicador de desarrollo social de un país. Es también uno de los principales componentes del llamado capital humano y, como tal, uno de los determinantes del crecimiento económico y la pobreza de cualquier país.
Octavo. Que los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y ante la omisión de las autoridades educativas y sanitarias para darle seguimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud en su artículo 24 Bis, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una evaluación en las escuelas del Sistema Educativo Nacional a efectos de supervisar el cumplimiento de los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los alumnos y la pongan en riesgo.
Nota
1 Ximena Mejía, “Comida chatarra, aún presente en escuelas de México”. Excélsior, 20/08/2018. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/comida-chatarra-aun-presente-en- escuelas-de-mexico/1259655
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de octubre de 2018.— Diputada Ana Priscila González García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
EXHORTO A LA SEGOB, PARA QUE VALORE Y SANCIONE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN TABASCO Y SAN LUIS POTOSÍ
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a valorar y sancionar con base en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las infracciones cometidas en Tabasco y SLP, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado mexicano es laico, de acuerdo con el artículo 40 de nuestra Constitución Política: somos una República representativa, democrática, laica y federal. Es la misma situación para los estados y municipios integrantes de la federación, que deben regirse por estos principios para su gobierno interno, indica el artículo 115 constitucional.
Por otra parte, la propia Constitución en su artículo 24 reconoce el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, indica claramente que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
No obstante, el pasado 7 de octubre la alcaldesa del partido Morena, Guadalupe Cruz Izquierdo, en el municipio de Centla, en Tabasco, rindió protesta durante sesión solemne en el cabildo. Acto seguido, en las mismas oficinas públicas ella y su equipo de trabajo fueron bendecidas bajo el manto de un rito de la iglesia protestante. La alcaldesa no se trasladó a la intimidad de su hogar o al recinto de la iglesia de su personal fe para ser bendecida, sino que llevó la religión a las oficinas civiles.
El 19 de septiembre el diputado local potosino por el Partido del Trabajo, Pedro César Carrizales Becerra, llevó a un sacerdote a sus oficinas legislativas para celebrar una liturgia católica de bendición.
Y así podríamos seguir enumerando una serie de eventos violatorios del Estado laico y que no son sancionados.
De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, históricamente la laicidad se ha ligado a la separación entre el Estado y las iglesias, sin embargo, más que legislar en materia religiosa, la laicidad surge de la necesidad de que los Estados garanticen que, a pesar de la pluralidad de ideas, haya igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades, independientemente de la religión, la convicción filosófica, la identidad de género u orientación sexual, y cualquier otra condición de la persona.
La laicidad del Estado no es una noción intangible, sino la condición imprescindible por excelencia para la garantía del ejercicio pleno de los derechos y las libertades, reconociendo que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Algunos principios del estado laico son:
a) Respeto a la libertad de conciencia. La laicidad responde a las crecientes necesidades de una sociedad plural como la nuestra, garantizando a cada persona pensar, creer y sentir conforme a lo que su conciencia le dicte, por ello, la importancia de que el estado garantice la libertad de conciencia.
b) Autonomía de lo político frente a lo religioso. Un Estado laico asegura que el espacio público (que nos pertenece a todas las personas) se mantenga imparcial ante la diversidad de religiones y convicciones filosóficas, por tanto, evita la influencia de las creencias religiosas y la intervención de las iglesias en las leyes y políticas públicas, respetando así, los derechos de la ciudadanía (creyente o no).
c) Igualdad ante la ley y no discriminación. En un Estado laico no se privilegia ni se discrimina persona alguna, en cambio, se promueve una lógica inclusiva, que garantice una ciudadanía plena en igualdad de condiciones, respetando la pluralidad política y religiosa, la multiculturalidad étnica y la diversidad sexual.
d) Voluntad popular. Los estados modernos y democráticos deben estar al servicio del interés público, es decir, el interés de la ciudadanía, que se manifiesta en la voluntad popular y en el respeto a los derechos humanos, donde la legitimidad proviene de la soberanía popular hacia sistemas políticos democráticos.
Es evidente que, en los casos anteriormente citados, los principios del Estado laico han sido trasgredidos, por ello, es necesario que, la autoridad responsable ejerza su atribución para evaluar y, eventualmente, sancionar este comportamiento que atenta contra la pluralidad religiosa y de creencias que prevalece en México y, por tanto, de la convivencia ciudadana pacífica.
De acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco en favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. La alcaldesa de Centla o el diputado de San Luis Potosí son agentes del Estado y en consecuencia deben apegarse al marco legal vigente y tal como lo señala el artículo 25 de dicha ley, deben abstenerse de participar en este tipo de actos en el ámbito de lo público, como fue el caso.
La laicidad del Estado es un principio constitucional que debe ser respetado. Muestra de la vigilancia y la protección de este principio la dio la sala regional Monterrey que determinó anular la elección del ayuntamiento de Huimilpan, en el estado de Querétaro, debido a que la candidata electa, Leticia Servín Moya, utilizó en la difusión de su campaña símbolos religiosos y expresiones de fe.
La Sala Regional señaló que con ello la entonces candidata violentó el mandato constitucional de separación Iglesia-Estado, por tanto, declaró la anulación de los comicios.
La Secretaría de Gobernación, como autoridad encargada por ley de la vigilancia del cumplimiento de estos preceptos y de la sanción de aquellos actos que los violenten. Artículo 25: “corresponde al Poder Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de esta ley”, y el artículo 32 que señala que “la imposición de dichas sanciones será competencia de la Secretaría de Gobernación, en los términos del artículo 30”.
En suma corresponde a la Secretaría de Gobernación tomar las medidas pertinentes en estos y todos los casos para que se valoren las infracciones a que se hacen tanto los ministros de culto que intervinieron, como las personas funcionarias de gobierno que están involucradas.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público indica entre las infracciones desde el apercibimiento, multa, clausura temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, municipio o localidad; hasta la cancelación del registro de asociación religiosa. Estas sanciones son competencia de la Secretaría de Gobernación, por ello, debe dar cuenta de cuáles han sido las sanciones en los innumerables casos que se han presentado.
Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados expresa su respeto a la diversidad de cultos y creencias religiosas y hace un serio extrañamiento respecto los acontecimientos suscitados en los estados de Tabasco y San Luis Potosí por considerar que violentan claramente el principio constitucional de laicidad del Estado.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore y sancione las infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público cometidas en los estados de Tabasco y San Luis Potosí.
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 18 de octubre de 2018.— Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
SE APLIQUE UNA TARIFA ELÉCTRICA ESPECIAL EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, NO GUBERNAMENTALES Y SIN FINES DE LUCRO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y sin fines de lucro, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, con base en las siguientes
Consideraciones
El artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de asociación de los ciudadanos mexicanos de manera pacífica y con cualquier objeto licito.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han convertido en una importante herramienta para influir en las políticas públicas, promover el empoderamiento de los ciudadanos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, colaborar en la toma de decisiones de las autoridades, crear redes de participación, promover los derechos humanos, entre muchas otras cosas.
Nuestro país actualmente sufre una grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han registrado los niveles de violencia más altos en los últimos 21 años, tan sólo el pasado mes de julio se presentaron 2 mil 599 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que el gobierno federal comenzó a llevar un registro.
En el mismo sentido, en el periodo de enero a agosto de 2018, se han registrado un millón 229 mil 913 presuntos delitos en el territorio nacional, siendo las entidades con mayor registro de incidencia el estado de México con 179 mil 132, Ciudad de México con 152 mil 076, Jalisco con 80 mil 895 y Guanajuato con 89 mil 353 delitos.
Asimismo, el estudio denominado El índice de paz en México 2018 del Institute for Economics and Peace (IEP), encontró que las principales causas del aumento de la violencia se debe entre otras causas al conflicto entre grupos criminales y su desmantelamiento, lo que ha provocado que al desarticularse, sus miembros regresen a la delincuencia común.
Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil se encuentran realizando importantes contribuciones para fortalecer y restablecer el tejido social, tal es el caso de Tamaulipas, uno de los estados de la República Mexicana más golpeados por la delincuencia y que en algún momento fue considerado el más violento del país.
En este estado del país, el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, ha elaborado una estrategia para impulsar mediante el otorgamiento de programas sociales a las organizaciones de la sociedad con el fin de que en conjunto se implementen y promuevan acciones en materia de prevención del delito, reinserción y readaptación social, así como reducción en el índice de violencia.
En consecuencia, considero conveniente que el gobierno federal también contribuya a fortalecer a dichas organizaciones para que puedan realizar sus actividades en favor de la sociedad y que los recursos que se gestionen, se apliquen en su mayoría a los fines para los que fueron constituidas.
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro.
Notas
1 https://datos.gob.mx/busca/dataset/secretariado-ejecutivo-del-sistema- nacional-de-seguridad-publica
2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia- delictiva-acumulado.php
3 https://elpais.com/internacional/2015/04/15/actualidad/1429128 474_283895.html
4 https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/bienestar-para-organizaciones- de-la-sociedad-civil/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
SE EXPIDAN LOS LINEAMIENTOS, EN MATERIA DE VIDEOJUEGOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, así como del estatus que guardan su operación y funcionamiento, con base en las siguientes
Consideraciones
El 15 de diciembre de 2018 se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación mediante el cual se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación de videojuegos.
Dicha reforma de ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018, tiene como objetivo principal que la Secretaría de Gobernación los lineamientos de clasificación respecto a los contenidos de los videojuegos que se producen, distribuyen y comercializan en nuestro país, con la finalidad de preservar el interés superior de la niñez mexicana y establece un plazo a la Secretaría de Gobernación de 180 días para emitir dicho ordenamiento jurídico, plazo que ha llegado a su término.
La importancia de dichos lineamientos de clasificación, radica en que existen cientos de videojuegos de contenido violento, lenguaje inapropiado, escenas de sexo explícito, que hacen referencia a la apología del delito, delincuencia organizada y apología del delito, que están a la libre disposición de menores de edad sin ninguna restricción, ya sea en medio físico o en plataformas de descargas digitales.
Actualmente, en el país se comercializan y distribuyen videojuegos con una clasificación internacional por edad, específicamente el de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB).
Sin embargo, dicha clasificación, no se encuentra acorde con la realidad del país, en la cual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han registrado los niveles más altos de violencia en los últimos 21 años.
Ello, sumado a la forma en que el narcotráfico se ha introducido en la sociedad, hasta formar parte de la denominada narcocultura, palabra utilizada para hacer referencia al estilo de vida, comportamiento, lenguaje e incluso vestimenta de las personas inmiscuidas en el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Esa situación es preocupante, ya que actualmente los niños y los jóvenes imitan dichos estereotipos al ver permeadas sus oportunidades de proyectos viables de vida, y encontrarse en condiciones de alta marginación, maltrato, abandono o explotación infantil.
Por poner un ejemplo: hay un juego que puede descargarse en las plataformas digitales de manera gratuita, Narcos: Cartel Wars”, clasificado como “T” Adolescentes, supuestamente apto para personas mayores de 13 años, según la clasificación ESRB, pero que a decir de su propia descripción es una clara apología al narcotráfico: “Todo es razonable cuando corres tu propio cartel en el juego oficial de los Narcos. Envuélvete en el peligroso y emocionante rol de capo de un cartel den el juego oficial basado en la telenovela de éxito Narcos. Decide entre dominar por medio de la fuerza bruta o ganarte el respeto a través de la lealtad. Algunas veces gente mala hace cosas buenas... Al final tú decides ¿será “plata” o “plomo”?”
Por ello considero imperativo exhortar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Secretaria de Gobernación, para que a la brevedad posible, haga uso de sus atribuciones y expida los lineamientos contemplados en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ello, para evitar que los niños y los jóvenes continúen expuestos a un ambiente de violencia que impida su pleno desarrollo psicológico y pueda causar daños irreparables no solo en su conducta si no en su proyecto de vida.
Un estudio realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América en 2012 señala: “Cuando los niños y los adolescentes experimentan violencia de manera repetida o por periodos prolongados, su cuerpo y cerebro se apartan a enfocarse en su supervivencia... por lo que pueden engancharse en comportamientos delictivos como una manera de obtener una sensación de control sobre sus caóticas vidas y de lidiar con la confusión emocional y las barreras que genera la violencia para poder alcanzar la seguridad y el éxito”.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos.
Notas
1 https://www.esrb.org/
2 https://datos.gob.mx/busca/dataset/secretariado-ejecutivo-del-sistema- nacional-de-seguridad-publica
3 Texto tomado de la plataforma digital
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftxgames.narcos &hl=es_MX
4 Department of Justice (2012). Report of the attorney general’s National Task Force on Children Exposed to Violence. Washington, DC: Department of Justice.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES PARA ACOMPAÑAR LA LABOR DE LOS ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a generar programas de servicio social en las universidades para acompañar la labor de los elementos de tránsito municipal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único para que sus áreas encargadas de tránsito municipal se acerquen a las universidades e institutos de educación superior con el objetivo de generar programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal.
Asimismo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en apego a la IX fracción del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, valore la pertinencia y en su caso proponga al Consejo Nacional lineamientos para que las áreas encargadas de tránsito municipal dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único, busquen establecer con las universidades e institutos de educación superior programas de servicio social en los cuales los alumnos universitarios acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal con el objetivo de difundir la importancia del respeto a las normas de tránsito, fortalecer la cultura de la legalidad y generar mayor empatía entre ciudadanos, policías y no policías, con base en las siguientes
Consideraciones
Entre los orígenes de los problemas en materia de seguridad podemos encontrar la debilidad en el respeto a la legalidad, la falta de empatía entre autoridad policial de proximidad y ciudadanía y el deterioro de una cultura ciudadana que favorezca el respeto de los espacios públicos como son las calles, ciclo vías, plazas, parques públicos, etcétera.
En otras época, el impacto de dichos problemas en contextos poco democráticos se solventaba con prácticas policiales autoritarias que generalmente violaban derechos humanos de quienes alteraban el orden aceptado en esos espacios públicos y distanciaban al policía del ciudadano, tal y como solía suceder en nuestro país hasta el último cuarto del siglo XX. Ello implicaba el despliegue de fuerza policial por parte de la autoridad, sin un sustento legal claro, sin un criterio fundado y propiciando el paulatino abandono de la ciudadanía en los espacios públicos. Asimismo, cuando el abandono se generaba, también se retiraba la presencia policial dejando las plazas, calles y parques literalmente desolados y disponibles para la presencia de delincuencia común.
En consecuencia, en América Latina y México, durante los últimos 30 años, algunos sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades han concentrado esfuerzos para acercar a ciudadanos y policías. Ello, con la intención de concientizar a los primeros sobre la importancia del respeto a la legalidad para el goce público de los espacios de todos y a los segundos sobre su doble condición de ciudadanía y policía, así como en la trascendencia de respetar derechos humanos y dar fundamento legal a cada uno de sus actos.
Dentro de esta gama de esfuerzos podemos encontrar reformas a códigos y leyes a lo largo y ancho de Latinoamérica; transformaciones institucionales en el ámbito de la profesionalización policial, como las que experimentó nuestro país durante los últimos 18 años; una gran cantidad de bibliografía; convenios institucionales para profesionalizar policías que hoy permiten interactuar en aulas a policías y civiles, por lo menos, en algunas universidades de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México; foros académicos y ciudadanos como los que promueven año con año asociaciones como “Causa en Común” o el “Instituto para la Seguridad y la Democracia”; políticas como el programa “Policías Formadores de Ciudadanos” en Bogotá, Colombia, a finales de la década de 1990, o la reestructuración de cuadrantes en la Ciudad de México entre 2007 y 2012, por poner algunos ejemplos.
En este sentido, hoy podemos confirmar que esa es la ruta que requiere nuestra sociedad para mejorar la relación entre ciudadanos y autoridades en contextos democráticos. Sin embargo, aún nos quedan muchas áreas de mejora en esta misma dirección y una de esas áreas, sin duda alguna, está en generar mayor empatía.
Por todo lo anterior, presento a esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo para que desde el Congreso de la Unión sigamos impulsando ese acercamiento entre ciudadanos, policías y no policías, a través de los programas de servicio social que hay en las universidades del país. Ello, haciendo un llamado a las policías municipales para que se acerquen a las universidades en busca de convenir ser incluidas en los programas de servicio social de los alumnos, en los aspectos relacionados con el tránsito municipal.
Así, se podría coadyuvar a disminuir las condiciones propicias para la corrupción, los ciudadanos no policías generarían mayor empatía con la labor policial de tránsito y la importancia de respetar las reglas de convivencia para una mejor circulación y los oficiales de tránsito podrían mostrar al resto de la ciudadanía la problemática que enfrentan diariamente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y a aquellas que tienen la responsabilidad del mando único para que sus áreas encargadas de tránsito municipal se acerquen a las universidades e institutos de educación superior con el objetivo de generar programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en apego a la IX fracción del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, valore la pertinencia y, en su caso, proponga al Consejo Nacional lineamientos para que las áreas encargadas de tránsito municipal, dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único, busquen establecer con las universidades e institutos de educación superior programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal con el objetivo de difundir la importancia del respeto a las normas de tránsito, fortalecer la cultura de la legalidad y generar mayor empatía entre ciudadanos, policías y no policías.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
RESPETAR LOS DERECHOS DE LA CARAVANA DE MIGRANTES PROCEDENTES DE HONDURAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el INM a respetar los derechos de la caravana de migrantes hondureños en su tránsito por aquí con destino a EUA, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fecha reciente, los medios de comunicación informan que migrantes hondureños se han organizado de manera colectiva para iniciar desde su país una caravana, que pretende cruzar por Guatemala, arribar a México y por aquí llegar a Estados Unidos de América.
La nota detalla que el ingreso se llevaría a cabo por la frontera sur desde donde pretenden seguir la ruta de miles de migrantes centroamericanos que cruzan México, en su intención de alcanzar condiciones de seguridad y mejoría económica.
Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas han anunciado a los “a los integrantes de la Caminata Migrante que, de arribar a los puntos de internación de la frontera sur de México, el personal de migración deberá revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y a quienes no los cumplan, no se les permitirá el ingreso”.
Señalando además que entre las atribuciones que les confiere la Ley de Migración se encuentran “vigilar la entrada y salida de personas al territorio mexicano.”
Al respecto es conveniente recordar que las autoridades del Instituto Nacional de Migración están facultadas para regular el ingreso de extranjeros al país, independientemente de su situación migratoria; el artículo 7 de la Ley de Migración en su párrafo segundo establece:
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente ley.
Bajo el mismo tenor, el artículo 20 del mismo ordenamiento legal establece en la fracción II como atribución del Instituto Nacional de Migración
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;
Como podemos apreciar hasta aquí, es facultad exclusiva del Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, cómo órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, controlar el acceso de extranjeros al país, bajo la propias leyes y reglamentos que ex profeso existen en la materia.
No obstante es preciso recordar que nuestro país rige su política migratoria con base en principios establecidos en la propia Ley de Migración, los cuales son retomados de los tratados y convenios internacionales que México ha suscrito como integrante de la comunidad internacional que busca el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Estos principios están consagrados en la propia ley en comento que en su artículo 2 refiere:
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables...
En ningún caso una situación migratoria irregular configurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.
Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.
Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.
Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad.
Los principios aquí señalados tienen justa aplicación en próximos días cuando la caravana de migrantes procedentes del país hermano de Honduras arriben a la frontera sur mexicana.
Consideramos que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto la autoridades mexicanas tiene la obligación de dar un trato humanitario y que bajo ninguna circunstancia se afecte la integridad, patrimonio y libertad de los migrantes hondureños.
Por lo expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que se respeten irrestrictamente los derechos de la “Caravana de Migrantes” procedentes de la República de Honduras en su tránsito por nuestro país con destino a Estados Unidos de América.
Notas
1 México impedirá paso de indocumentados en marcha de migrantes de Honduras a Estados Unidos. En
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201810161082744610-mexico- impedira-paso-indocumentados-a-eeuu/. Consultado el 16 de octubre de 2018.
2 Ibídem.
3 Ley de Migración. En
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf.
4 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputada María Libier González Anaya (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
A ATENDER LA ESCALADA GRAVE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE SONORA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Sonora a atender la grave escalada de violencia en la zona sur de la entidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PES, PT y Movimiento Ciudadano
Los que suscriben, diputados federales por Sonora, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Marco Antonio Carbajal Miranda, María Wendy Briceño Zuloaga, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Manuel López Castillo, Carlos Javier Larmarque Cano, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Madelene Bonnafoux Alcaráz, Hidelisa González Morales, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Jorge Eugenio Russo Salido, integrantes de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta, al titular del Ejecutivo federal y a la gobernadora de Sonora para que atiendan la escalada grave de violencia en la zona sur del estado, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Los recientes acontecimientos de violencia contra agentes de la policía municipal en los municipios de Guaymas, Hermosillo y Cajeme, que han provocado la muerte, solo en 48 horas de siete agentes policíacos, (con el agravante y las renuncias simultáneas del Fiscal General de Justicia y el secretario de Seguridad Pública en Sonora, son muestra que los gobiernos estatal y municipales han sido rebasados por esta problemática, al carecer de los recursos necesarios para enfrentar una ola de violencia que está aumentando considerablemente en todo el País. Por ello es necesario que las autoridades federales implementen acciones urgentes de atención a este caso y reducir la violencia en nuestra entidad federativa.
Segunda. Que en fecha 9 de octubre del corriente, el Congreso de Sonora, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal asuma la seguridad pública en el estado, lo anterior en consideración de los supuestos planteados por el artículo 11, fracción I y 13 de la Ley de Seguridad Interior, a fin de recuperar la gobernabilidad democrática, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses; así mismo resolvió solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de que estos organismos puedan evaluar la capacidad del gobierno del estado de Sonora para salvaguardar las garantías constitucionales de seguridad para los sonorenses.
Tercera. Si bien es cierto que estos acontecimientos están directamente relacionados con delitos del crimen organizado y su investigación compete, por ley, al gobierno federal, los gobiernos estatales deben crear mecanismos de atención inmediata a delitos de alto impacto, en particular los homicidios relacionados al crimen organizado.
Cuarta. El aumento en la incidencia de estos delitos hace pensar en la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad de los sonorenses. En este sentido, es necesario que las dependencias estatales encargadas de la seguridad lleven a cabo una estrategia concreta en relación con esta serie de delitos que alteran el buen desarrollo de la sociedad.
Quinta. Diversas entidades federativas han establecido protocolos específicos para una reacción inmediata a los delitos que presentan una mayor incidencia, con resultados favorables. Estos incluyen no solo una estrategia policíaca, legal y administrativa, sino de infraestructura humana y tecnológica que contenga aspectos como inversión en cámaras de vigilancia en las principales arterias de las ciudades con mayor incidencia delictiva para lograr un monitoreo efectivo y coordinado entre agentes policiacos y centros de control; diseño de círculos concéntricos alrededor del lugar en el cual se comete el delito, que ayude a la policía formar cercos alrededor de un sospechoso; y mecanismo de control escalonado de semáforos. Esta estrategia ha permitido que la Policía puede crear momentáneamente embotellamientos en la zona que dificulten el avance de los vehículos de los delincuentes.
Sexta. De acuerdo con las cifras del Semáforo Delictivo Nacional, al tercer trimestre del presenta año, los homicidios en Sonora han ido al alza. A la fecha, se contabilizan 456 casos; sólo en agosto se registraron 74 homicidios en Sonora, muy por encima de la media nacional, que se ubicó en 54 y casi el doble de la meta fijada en una reducción de 25 por ciento de los homicidios. Esto provocó que, durante los últimos cinco meses, el Semáforo delictivo de los homicidios en Sonora se muestre en rojo.
Séptima. Durante el 2018, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido emitieron una alerta de viaje para Sonora por el aumento considerable de los índices de violencia que han traspasado fronteras. Esta alerta de viaje recomienda a los ciudadanos de estos países no viajar por tierra en el territorio sonorense, ante los riesgos que significan los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que operan en el país. El caso más relevante es el de Estados Unidos, que compara la violencia con países del medio oriente, como Irak o Afganistán, pues otorgó a varios estados de nuestro país el nivel más alto de alerta.
Octava. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública “es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”, en sus respectivas competencias por ello de ser importante retomar la actuación de las autoridades para lograr la seguridad en Sonora.
Novena. En Morena somos partidarios de una estrategia de prevención que combata las causas de esta crisis de seguridad, pero también consideramos necesaria la fuerza coercitiva del sistema de justicia del Estado en contra de los delincuentes, con el objetivo de otorgar a los ciudadanos el derecho a la paz y la tranquilidad.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a la brevedad y haciendo uso de sus facultades constitucionales, atienda la grave situación de violencia en el sur del estado de Sonora.
Segundo. Se exhorta a la titular del gobierno del estado de Sonora, para que, en uso de sus atribuciones, implemente un Protocolo para la atención inmediata a delitos de alto impacto en el estado de Sonora, poniendo especial atención en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Cajeme y Navojoa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputados: Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Marco Antonio Carbajal Miranda, María Wendy Briceño Zuloag, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Manuel López Castillo, Carlos Javier Larmarque Cano, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Madelene Bonnafoux Alcaráz, Hidelisa González Morales, Jorge Eugenio Russo Salido (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
RESTITUCIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE EX BRACEROS
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscribimos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la colaboración de la dependencia, diputados y senadores integrantes de la LXIV legislatura y representantes de organizaciones de ex braceros, se realice la instalación de una mesa de análisis para la elaboración de un balance, cuyo propósito sea alcanzar acuerdos y la solución justa y definitiva a la restitución de los fondos de ahorro, de este sector social, asimismo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución del expediente de amparo en revisión 1152/2016, y se haga del conocimiento del licenciado Andrés Manuel López obrador, presidente electo de México, la determinación que se tome sobre la conformación de esta mesa de análisis y el resultado judicial, informándole de la solicitud de audiencia que se requiere entre él y los representantes de dichas organizaciones; lo anterior en virtud de las siguientes
Consideraciones
1. El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Convenio Internacional de Trabajadores Temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.
El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la construcción de vías férreas y se calcula que durante el periodo que abarcó el acuerdo, 1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos.
En el citado convenio se estableció, en su cláusula quinta, que el gobierno de Estados Unidos haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de esos trabajadores mexicanos con el objeto de crear el Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país.
Sin embargo, aun cuando el gobierno estadounidense envió los recursos del Fondo, en tiempo y forma, al gobierno mexicano, éste no lo entregó a los ex braceros, habiendo transcurrido ya 76 años desde el inicio del programa.
2. El 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos. Dicho fideicomiso se propuso entregar a los ex braceros en cuestión un apoyo social por 38 mil pesos por única ocasión. No obstante, sólo el 6.1 por ciento del total de ex braceros o beneficiarios existentes han recibido ese apoyo.
Como consecuencia de la lucha por ser restituidos, el 29 de febrero de 2016 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a los ex braceros, en el expediente 1558/2015, el amparo y la protección de la justicia federal para los efectos de que, una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, se emita un nuevo oficio donde se resuelva el pago requerido; se devuelva la cantidad de numerario que les corresponde de dicho fondo; se cree un banco de datos, “censo”, con toda la información y nombres de los ex braceros y sus beneficiarios; se otorgue el certificado de identidad correspondiente; las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de Estados Unidos a efecto de determinar los nombre, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes; y que los con nacionales que residan en Estados Unidos y que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al pago.
La Presidencia de la República, bajo la presente administración, interpuso un recurso de revisión en virtud del cual el caso fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y, cuando éste estaba a punto de resolver, la Procuraduría General de la República, a nombre del Ejecutivo federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. El 26 de octubre de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó, por unanimidad, ejercer la facultad de atracción. Es así que, los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios se encuentran en espera de una decisión de la Suprema Corte que definirá la resolución del problema.
3. Como se puede observar y de acuerdo a los antecedentes descritos en los párrafos que anteceden, el Estado vulnero los derechos humanos de este sector de la población y debió haber investigado y sancionado a los responsables, además de reparar tales violaciones en los términos que establece la ley. Nuestra Constitución señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos ni del producto de su trabajo, sino mediante juicio.
Sin duda alguna, en este momento existe la posibilidad de dialogo para. la solución de esta problemática, misma que será de trascendencia histórica, para todos los trabajadores ex braceros y sus familias, pues con el gobierno que concluye su administración, no existió la sensibilidad ni recurso económico alguno para restituir a los afectados.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la colaboración entre dependencias; diputados y senadores integrantes de la LXIV legislatura y representantes de organizaciones de ex braceros, se realice la instalación de una mesa de análisis para la elaboración de un balance, cuyo propósito sea alcanzar acuerdos y una solución justa y definitiva para la restitución de los fondos de ahorro de este sector social.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un censo y elabore la base de datos respectiva con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.
Tercero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros”, entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos.
Cuarto. Hacemos un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución del expediente de amparo en revisión 1152/2016, respetando los derechos humanos y de las garantías previstas en los artículos 1o., 5o., 8o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como de las disposiciones previstas en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de la que México es parte.
Quinto. Se solicita la remisión del presente exhorto y de las determinaciones que se tomen sobre la conformación de la mesa de análisis, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, informándole sobre la solicitud de audiencia que tenga a bien conceder a una representación de las organizaciones de ex braceros, de ser posible antes del primero de diciembre próximo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado y diputada: Samuel Herrera Chávez, María de Jesús García Guardado (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
INFORME SOBRE LOS EFECTOS DEL DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO DE LA MINA BUENAVISTA DEL COBRE, PROPIEDAD DE GRUPO MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Sonora a difundir un informe detallado sobre la atención y el seguimiento de los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, de los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace más cuatro años un auténtico desastre ecológico provocó alarma nacional. El 6 de agosto de 2014, México sufrió el mayor desastre ambiental en la historia de su industria minera: el derrame de 40 mil metros cúbicos, en los ríos Sonora y Bacanuchi, de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, dañinos para la salud y los ecosistemas. Estas sustancias provinieron de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente a la empresa Grupo México. El mismo consorcio es responsable del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, que provocó la muerte de 65 trabajadores en la mina 8, en 2006.
La descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio afectó a por lo menos 22 mil personas de 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo. Los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas son: alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran niveles de plomo en la sangre superiores a 10 microgramos por decilitro.
El 8 de agosto de 2014, dos días después del derrame, la empresa dio aviso vía telefónica a la autoridad federal, asegurando que el percance fue consecuencia de las “ lluvias por arriba de la media”. Sin embargo, al realizar una visita técnica in situ, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) declaró que “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubi?cación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) inició un procedimiento para sancionar a la mina Buenavista del Cobre y ordenó a la empresa la aplicación de un plan de remediación total. Entre las acciones implementadas se encuentra la neutralización del ácido sulfúrico por medio de cal, realizar el monitoreo de agua superficial y subterránea dos veces al mes durante cinco años y le ordenó eliminar los bordos y represas emergentes cuando termine la contingencia, así como la evaluación de daños ambientales y remediación de los mismos.
Por su parte, Greenpeace México se unió a las exigencias de las comunidades afectadas en Sonora y demandó se cumpliera a cabalidad el compromiso de la empresa Grupo México y el gobierno para una verdadera remediación que incluyera:
• Reconocimiento total por parte de la empresa sobre las afectaciones socio-ambientales de este derrame a los siete municipios aledaños a la zona del vertido.
• Saneamiento completo de la Cuenca, con el fin de que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico.
• Reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por la fuga de contaminantes; aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como puede ser el caso de la salud.
• Transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos y de las medidas acordadas y acciones de la empresa y el gobierno.
• Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
• El cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista.
• Inspecciones al resto de instalaciones de Grupo México, a fin de evitar futuros accidentes en otras regiones del país.
Los agricultores y ganaderos sufrieron enormes pérdidas económicas además de los daños a la flora y la fauna en la región. Los agricultores que habitan Bacanuchi y Arizpe ya no siembran frijol, chile verde y maíz; incluso los productores de queso en Baviácora tampoco elaboran este alimento porque los clientes dejaron de comprarlos por el temor de que estén contaminados con los metales tóxicos derramados en los ríos. Por si fuera poco, se ha violado el derecho humano al agua a los habitantes de la región afectada, toda vez que el deterioro de la calidad del vital líquido impide el consumo humano y su uso en las actividades productivas.
De acuerdo con el informe “ Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora”, luego del derrame, la Profepa revisó que la minera de Grupo México estuviera en cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados y de la NOM 159, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. Así mismo, se inició un juicio de Responsabilidad Ambiental para la reparación de los daños con: una multa de aproximadamente 40 millones de pesos, reparación equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño y en su caso la compensación, revisión exhaustiva por la Profepa, de todos los centros de producción de la empresa y muestreo y análisis de suelos en 22 sitios sobre el cauce seco del Arroyo Tinajas.
A cuatro años de esta tragedia, el gobierno federal la califica como el “ peor desastre ambiental en la historia minera de México”. Sin embargo, no se han cumplido las principales promesas del Fideicomiso 80724 Río Sonora que crearon la administración de Enrique Peña Nieto, Grupo México y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, a fin de resarcir los daños ambientales, económicos y de salud. Por esta razón, los habitantes de 24 comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures exigen justicia y reparación del daño.
Julieta Lamberti, de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), asegura que “ es una gran deuda del gobierno de Enrique Peña Nieto: la administración hizo responsable a la empresa de dientes para afuera, pero a la hora de la hora no cumplió”.
El 2 de febrero de 2017, sin consultar al Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) que desde 2014 arropó a parte de los afectados por el desastre ambiental y con al menos dos juicios de amparo en proceso de resolución, el Fideicomiso 80724 cerró. Los hizo sin transparentar los recursos, ni cumplir los compromisos para la remediación de los daños ocasionados por el derrame. Entre estos últimos estaba la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA), que se encargaría de remediar el daño causado por Grupo México atendiendo por 15 años a los afectados con daños en la salud y realizaría pruebas de toxicidad del ambiente hasta 2029. Se destinaron 78 millones 885 mil 290 pesos a las acciones de atención y seguimiento médico de la UVEA, pero actualmente el edificio ubicado en el municipio de Ures está en obra negra y vandalizado.
Al inicio de la emergencia se prometieron 36 potabilizadoras de agua y sólo se instalaron cinco (en Arizpe, Baviácora y Ures, más dos móviles). Prometieron reubicar los pozos que abastecen agua potable y tampoco lo cumplieron. Se realizaron pagos únicos a los afectados por tomas de agua potable y actividades productivas; resarcimiento inequitativo que solamente benefició a prominentes productores y políticos por estar inscritos dentro del programa de fomento ganadero (PROGAN). Asimismo, se entregaron tinacos con mala estructura y fueron abastecidos con agua contaminada.
Fue en julio de 2017, cuando los habitantes de la zona afectada se enteraron que el dinero del fideicomiso se había acabado y también que Grupo México no aportaría más recursos, bajo la justificación de que la reparación de daños ya había concluido.
El derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Conagua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo.
La actividad minera en México, que tan altos réditos le deja a las empresas mexicanas y canadienses, no puede seguir realizándose sin un compromiso con la sustentabilidad ambiental y con la dignidad de los trabajadores mineros y los habitantes de las zonas afectadas por esta industria.
El accidente reciente ocurrido en la zona otomí de Hidalgo, al derrumbarse material pétreo en una mina de mármol, provocó 3 muertos, entre ellos, un joven de apenas 18 años que tenía solo un mes de estar trabajando en esta mina.
Estas tragedias, junto con lo ocurrido en Pasta de Conchos muchos otros ejemplos, es un claro llamado de atención para frenar la impunidad de los responsables de estos graves accidentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Amiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora, para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, publiquen un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi el pasado 6 de agosto de 2014. Dicho informe tendrá como finalidad informar a la población sobre las sanciones, la medida en que se resarcieron los diferentes tipos de daños generados por el derrame y los riesgos a la salud que actualmente puedan existir a causa de la actividad de la empresa minera.
Notas
1 Greenpeace México:
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Agosto/ Desastre-en-Sonora-La-gran-tragedia—-La-gran-amenaza/
2 Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2017/08/derrame-rio-sonora-estudio/
3 Proceso:
https://www.proceso.com.mx/380541/multaran-con-40-mdp-a-minera-de-grupo-mexico
4 Uniradio noticias:
https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/534821/abandonan-su- fuente-de-trabajo-por-contaminacion-de-rio-sonora.html
5 Semarnat:
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/fideicomiso-rio-sonora
6 Proceso:
https://www.proceso.com.mx/545819/sonora-cuatro-anos-de-maldicion-minera
7 Sagarpa:
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-progan- productivo-2018
8 El Universal:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/rio-sonora-en-el-abandono-4-anos- del-derrame-toxico
9 Animal Politico: https://www.animalpolitico.com/2017/07/acuiferos-contaminados-informe/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
SE VISIBILICE A LAS JUVENTUDES EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión a hacer visibles a las juventudes en la legislación nacional, suscrita por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputados federales a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes del Congreso de la Unión a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos es joven, es decir, 25.7 por ciento (30.6 millones) de la población total está conformada por personas de 15 a 29 años. Este grupo poblacional es fundamental para la dinámica social y desarrollo del país. En gran medida, la respuesta a las principales problemáticas sociales, tanto en el presente como en el futuro, están en manos de nuestros jóvenes.
Más allá del poder que la juventud tiene para transformar nuestras sociedades, los estados están obligados a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y brindar igualdad sustantiva de oportunidades a todos de los sectores de la población. Es decir, la atención de este segmento de la población, no sólo se encuentra en el interés de todos por lo que implica para el desarrollo sino que responde a principios de justicia elementales a cuyo cumplimiento están obligados los estados.
A pesar de lo hasta aquí mencionado, en nuestro país se tiene una deuda histórica con los diversos subconjuntos sociales que conforman el mundo juvenil (las juventudes). De acuerdo a expertos y organizaciones de la sociedad civil, se han perdido al menos tres o cuatro sexenios en los que las juventudes no han sido suficientemente incluidas, inclusive se les ha marginado o excluido, de múltiples políticas públicas y derechos. Esto se refleja en las desventajas y desigualdades que enfrentan:
• Rezago educativo. Solo uno de cada tres jóvenes asiste a la escuela. Todavía el día de hoy en nuestro país: 1.2 por ciento son analfabetos y 2.8 por ciento son analfabetos funcionales (tienen tres años o menos de educación básica). Además, 3.9 por ciento de las personas de 25 a 29 años no han concluido la primaria.
• Exclusión de la educación media superior y superior. De los jóvenes de 25 a 29 años, solo 25 por ciento cuenta con al menos un año de bachillerato y menos de 28 por ciento cuenta con al menos un año de educación superior.
• Falta de oportunidades laborales. La tasa de desempleo de los jóvenes es casi del doble que la del conjunto de la población (Datos al 2017). Además, aproximadamente 61 por ciento se encuentra en la informalidad.
• Jóvenes sin oportunidades de educación y sin oportunidades de empleo. Aproximadamente a 4 millones de jóvenes se les niegan estas oportunidades según el Inegi. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el problema es mucho más grave pues señala que aproximadamente 22 por ciento de los jóvenes se encuentra en esta situación.
• Pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 44.3 por ciento de las personas de 12 a 29 años padecen pobreza. Esta cifra es ligeramente superior a la del conjunto de la población (43.6 por ciento).
• Discriminación. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la discriminación es un tema prioritario pues cada vez más jóvenes son discriminados por situaciones como: condición social, apariencia física, la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales.
• Población con discapacidad. 2.2 por ciento de los jóvenes presenta alguna discapacidad. Ellos enfrentan barreras sociales y de actitudes así como insuficientes oportunidades para lograr bienestar.
Esta información nos indica que se les ha negado el futuro a los jóvenes. Siendo el inicio de la Legislatura LXIV, será fundamental que este Congreso del Unión tenga una perspectiva incluyente hacia los y las jóvenes de todos los grupos sociales. En otras palabras, es necesario visibilizar a las juventudes en la legislación nacional.
En este orden de ideas, de gran apoyo puede resultar que nos guiemos por recomendaciones de académicos y expertos de organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los derechos de las juventudes. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de instancias como el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la Organización de Naciones Unidas, valdrá la pena realizar una labor legislativa que considere su diversidad, características, necesidades y demandadas. Las nuevas leyes o reformas deben ser la base de políticas, mecanismos y capacidades nacionales para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades que permitan la participación de los jóvenes en la sociedad y para que de esta manera puedan lograr mayor bienestar. Las juventudes de México serán las constructoras de la transformación de México.
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los todos los legisladores integrantes del Congreso de la Unión a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional considerando su diversidad, características, necesidades y demandadas. Las nuevas leyes o reformas deberán ser la base de políticas, mecanismos y capacidades nacionales para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades que permitan la participación de los jóvenes en la sociedad y para que de esta manera puedan lograr mayor bienestar.
Notas
1 Inegi (2017). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud. México: INEGI. Recuperado de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
2 Tere Lanzagorta, representante de YouthBuild International México en Ramírez, J (2018). México tiene sexenios perdidos en materia de juventud, reclaman expertos. ADNPolítico. Recuperado de:
https://adnpolitico.com/sociedad/2018/08/29/sexenios-perdidos-en-materia- de-juventud-reclaman-expertos
3 Inegi (2017). Op. cit.
4 Datos del primer trimestre del2017: la tasa de desocupación entren jóvenes fue de 6% y entre el conjunto de la población de 3.1%. Inegi (2017). Op. Cit.
5 Datos de la Encuesta Nacional de Educación y Empleo (ENOE) elaborada por el INEGI, último trimestre de 2017. En Rodríguez, D. (2018). “Ninis” en México: una radiografía de los jóvenes que no estudian ni trabajan. El País. Recuperado de:
https://verne.elpais.com/verne/2018/02/02/mexico/1517594700_019834.html
6 OCDE en Langner, A. (2016). 22% de los jóvenes en México son “ninis”: OCDE. El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/22-de-los-jovenes-en-Mexico-son- ninis-OCDE-20161005-0120.html
7 Conapred en Redacción Animal Político (2018). La realidad de la juventud en México: pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos. Animal Político. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2018/08/dia-de-la-juventud-pobreza- discriminacion/
8 Ibídem.
9 Con base en Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la Organización de Naciones Unidas (S.F.). Acciones para Jóvenes. ONU. Recuperado de:
https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Lidia Nallely Vargas Hernández, Alejandro Viedma Velázquez, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Dorheny García Cayetano, Edith García Rosales, Lizeth Amayrani Guerra Meléndez, Merary Villegas Sánchez, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Óscar Rafael Novella Macías, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Sebastián Aguilera Brenes (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
DESABASTO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, relativo al gran desabasto de agua potable en Nezahualcóyotl, México, suscrita por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Arvizu de la Luz, diputados federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, considerando los siguientes
Antecedentes
El municipio de Nezahualcóyotl comenzó a poblarse desde 1945, producto de la inmigración de personas que buscaban un lugar barato para vivir cerca de la capital del país, que les diera la posibilidad de obtener mejores oportunidades de empleo y por consecuencia, elevar sus condiciones de vida.
El antecedente más lejano de la formación del municipio se da en el barrio de Juárez Pantitlán, en las que se establecen familias que vendían patos y chichicaxtle y que dieron origen a las primeras colonias del ex vaso de Texcoco: Juárez Pantitlán, México, El Sol, Porvenir, estado de México, Evolución y Tamaulipas.
Después de que se declarara como nuevo municipio a Nezahualcóyotl, en los primeros años los habitantes que provenían de diversos estados de la república comenzaron a organizarse para exigir servicios públicos: drenaje, agua potable, energía eléctrica entre otros.
En esos años de lucha y organización, los primeros servicios públicos se consiguieron con las propias aportaciones económicas o distintos esfuerzos de los pobladores como la colocación de postes de madera y cables para la instalación de luz; construcción de zanjas para la introducción del drenaje, por mencionar algunos.
De 1969 a 1975, el gobierno del estado de México dotó de agua potable y alcantarillado, luz, pavimento de calles a los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, en materia de tenencia de la tierra creó Plantécnica, el Programa de Regeneración Integral 136 de la Zona Oriente, y el Instituto de Acción Urbana e Integración Social, con el objeto de regularizar los asentamientos urbanos. En 1973, se creó el Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio sobre Bienes de Nezahualcóyotl para evitar el indiscriminado tráfico de lotes.
Se establecieron 26 pozos y un gran tanque de agua potable. Durante la década de los setentas e inicios de los ochentas, se continuó atendiendo la regularización de la tierra en Nezahualcóyotl, con la entrega de títulos de propiedad y la creación del Plan Sagitario para seguir promoviendo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio.
Después del sismo de 1985 en el Distrito Federal, en Nezahualcóyotl la participación de los colonos se incrementó, agrupados en organizaciones independientes, los habitantes se convirtieron en gestores en la urbanización y la dotación de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo a consecuencia del sismo, la red de agua potable sufrió severos daños, lo que provocó escasez en las colonias por varias semanas.
En el lapso de 1982-1994 se contó con un caudal proveniente de 18 pozos profundos y el tanque de almacenamiento La Caldera, el gran tanque regulador de agua que abastece a 90 por ciento del municipio. Como se puede ver, los habitantes han estados involucrados directamente en el desarrollo del municipio y en el establecimiento de los servicios públicos.
La profundidad de los pozos varía de 50 a 250 metros y aportan un caudal que va de 70 a 118 litros por segundo. En lo que respecta a la zona II, la profundidad de los pozos varía de 200 a 400 metros y se obtienen caudales variables de 70 a 100 litros por segundo.
El sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio, se realiza a través de pozos profundos. De estos, 8 son operados por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Odapas, 16 por la Comisión del Agua del estado de México, CAEM, y los del ramal Peñón Texcoco son operados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua.
Actualmente la fuente más importante es el tanque La caldera, que aporta un volumen de 530 litros por segundo y se encuentra ubicado en el oriente del municipio, el volumen restante está distribuido entre los pozos, de los cuales los que están bajo manejo del CAEM son los principales, el pozo 308 es el que da un aporte mayor, que es de 70 litros por segundo. Y Cuando existe una contingencia, pipas del municipio abastecen a las colonias que lo soliciten.
Esto se debe a que el agua que proviene de fuentes estatales es insuficiente para abastecer por si misma al municipio, depende de gran medida del sistema Cutzamala, por lo que la falta de este volumen representa problemas operativos para el Organismo Operador.
La problemática del agua en Nezahualcóyotl, siendo uno de los municipios del país con mayor densidad de población a nivel nacional, por lo consiguiente el volumen de abastecimiento es bajo en comparativa con las delegaciones en el Distrito Federal o con otros municipios conurbados del estado de México.
El desabasto de agua en el municipio, se da debido a la insuficiente agua en bloque que se compra directamente a la Comisión Nacional del Agua y cualquier contingencia en la distribución afecta el volumen que se requiere para distribuirse en las colonias. Otra afectación tiene que ver con la presión con la que se administra desde las fuentes de origen, ya que esta no es suficiente para poder llegar a las colonias más alejadas.
La infraestructura presenta los mismos problemas que se presentan en la Ciudad de México, es decir, ya resulta obsoleta para la demanda que se presenta en el municipio y la detección de fugas es difícil en algunos de los casos, lo que implica que se desperdicie agua. Las colonias más afectadas por el desabasto se localizan en la zona oriente y en la zona norte, entre las afectadas están Bosques de Aragón, Aragón, Loma Bonita, Reforma, Campestre Guadalupe, El Sol entre otras.
La falta de infraestructura es lo esencial ya que es en donde radica el problema del desabasto del agua.
Factores que se relacionan a la infraestructura son:
Disponibilidad del agua, la disponibilidad se refiere a la capacidad de poder obtener agua de las diferentes fuentes de manera constante y que no requiera de esfuerzos extraordinarios, la disponibilidad se puede ver comprometida cuando las fuentes disminuyen su caudal y la lejanía de estos (los sistemas Lerma y Cutzamala son ejemplos de estos puntos), la disminución de precipitación pluvial en los lugares de origen de las fuentes también disminuyen el volumen aprovechable, la extracción excesiva es otro problema que afecta la disponibilidad ya que los mantos acuíferos están sobreexplotados como es el caso del acuífero Chalco-Amecameca que tiene un promedio de extracción de 128.4 milímetros cúbicos anuales y uno de recarga de 74 milímetros cúbicos por año que da un déficit de 73.5 por ciento de sobreexplotación (Burns 2006: 46)., por otra parte y con relación directa tenemos la demanda excesiva por parte de los habitantes ya que el volumen disponible es insuficiente para lo que requiere la población que habita en el municipio.
Existe una Infraestructura deficiente, debido al hundimiento de la ciudad, que se presenta en la zona donde se localizaban los lagos, la infraestructura se ve dañada, es el caso de las tuberías que se revientan debido a estos hundimientos. El desarrollo de los servicios se dio en la década de los sesenta del siglo pasado, desde entonces no se han hecho modificaciones y solo se da mantenimiento correctivo a la red cuando existe un desperfecto.
También obsoleta, la falta de mantenimiento a la red de distribución, es una de las causas que la hacen obsoleta, otro factor es la existencia de fugas las cuales pueden ser difíciles de detectar y por consecuencia no se reparan. Resulta importante mencionar que la red es insuficiente para la demanda de agua por parte de la población, en este caso se debe también a la falta de presión de parte de las plantas de bombeo.
Política de distribución
El modelo actual de gestión del agua, se basa en la importación de agua potable y la exportación de las aguas de desecho de una cuenca a otra. El municipio de Nezahualcóyotl repite este modelo ya que obtiene agua del subsuelo por medio de los pozos de extracción sumada a la que se adquiere por la compra de agua en bloque proveniente del sistema Cutzamala; posteriormente las aguas negras se integran al sistema de evacuación que lleva las agua negras hacia el océano atlántico.
En la distribución se emplean mecanismos de supervisión que evita que el volumen baje o sea excesivo, sin embargo en periodos de escasez, se tiene que recurrir a la repartición de agua por medio de pipas pertenecientes al municipio. En este modelo también existe un desaprovechamiento del agua de ríos que confluyen en la zona central de la ciudad, los ríos son utilizados para la descarga de las aguas negras y el caudal es contaminado sin que se le de algún uso productivo al agua.
Los criterios de distribución no son eficaces, ya que si bien en el organismo operador tienen obligación de proveer el agua, la distribución por medio de pipas sólo se hace por solicitud formal; por otra parte los pobladores no realizan la solicitud ya que el servicio está sujeto a propinas, al pago puntual del servicio en el ayuntamiento y en tiempos políticos al apoyo del grupo interesado. Además se encuentra la distribución por medio de pipas particulares, en este caso la calidad del agua no es verificada por ninguna instancia, no se regula su procedencia y tampoco las tarifas que cobran a sus usuarios.
No existe difusión de políticas gestión adecuada del agua, de parte de las instancias municipales hacia las acciones para el uso adecuado del agua por parte de la población, a nivel municipal no existen programas para la captación y reutilización de las aguas pluviales; y tampoco se fomenta la reutilización de aguas grises.
No hay continuidad en planes para mejorar la gestión, cada trienio se concibe un nuevo plan hídrico y no se le da continuidad al anterior. Es común que con cada cambio de administración, se comiencen labores como el mapeo y que no se actualicen procesos como el diagnóstico actual de la red de distribución.
Los impactos originados por el desabasto del agua, repercuten en la calidad de vida de los habitantes en diferentes aspectos, sus efectos están relacionados con el tipo de causa que origina uno o más problemas dentro del desabasto del agua como fenómeno. Los impactos tienen diferente magnitud y no todos son percibidos directamente por los habitantes, estos se agrupan de la siguiente manera:
Impactos físicos (son los percibidos directamente por la disponibilidad de un volumen de agua, inciden directamente en las actividades y la productividad, pueden llegar a afectar la salud indirectamente afectan el medio donde se localiza la colonia).
Impactos sociales (alteran la calidad de vida de los habitantes, ya que ante la falta de agua necesitan cambiar sus costumbres, sus tiempos necesitan ajustarse a la búsqueda de agua para complementar su dotación, a mayor escala impide el desarrollo urbano y puede dar pie a conflictos políticos y sociales.).
Impactos económicos (En la búsqueda de la mitigación del desabasto del agua, los habitantes tienen que usar más recursos económicos para tener el agua que cubra sus necesidades).
Gastos innecesarios, ante la falta de agua para poder satisfacer sus necesidades, tienen que recurrir a la compra de agua embotellada o de bebidas industrializadas, por otra parte también deben comprar agua a pipas particulares o bien realizar gastos extraordinarios para poder comprar o construir elementos que les permita almacenar un mayor volumen de agua.
Aumento en el precio del agua, el aumento de los precios es una consecuencia del aumento de la demanda por el líquido, esto se da principalmente en las tarifas de la distribución de agua potable.
Asimismo la compra de agua a pipas particulares, depende de la capacidad económica de las familias; por otra parte no existe alguna regulación con respecto a las tarifas, tampoco sobre la calidad del agua que van a proveer ni tampoco existe la obligación para que notifiquen la fuente de donde procede esta agua.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del estado de México y al Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl para que en coordinación verifiquen y resuelvan a la brevedad la gran problemática que se tiene en el desabasto de agua potable, que sufren todas las colonias del municipio de Nezahualcóyotl y asimismo hagan públicas las acciones que se tomaran y el tiempo que resolverán la problemática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Juan Ángel Bautiza Bravo (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
EXHORTO AL INDAABIN PARA REINCORPORAR EL INMUEBLE FEDERAL PARQUE BICENTENARIO 2010 A LA SEMARNAT
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a reincorporar a la Semarnat el inmueble federal Parque Bicentenario 2010, y se solicita no privatizarlo, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Con base al oficio número 512/DGRMIS/ 00690/2017, fechado el 12 de octubre de 2017, signado por el entonces director de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, licenciado Porfirio Blanco Pinacho, y dirigido al entonces director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, licenciado Alan Daniel Cruz Porchini, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pone a disposición de la Secretaría de la Función Pública el inmueble referido bajo el argumento de que éste ya no resulta necesario para los fines inicialmente concebidos; en aras de evitar que se encuentre ocioso e improductivo.
2. El parque Bicentenario 2010 ocupa un área de 55 hectáreas que formaban parte de la refinería 18 de Marzo, las cuales fueron remediadas para controlar y contener los contaminantes existentes hasta un nivel seguro para la salud humana y el ambiente tras un convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Petróleos Mexicanos signado en septiembre del 2006.
3. En mayo del 2007, el entonces gobierno de la República anunció la construcción de un parque público en las 55 hectáreas remediadas de la refinería 18 de Marzo dedicado a los héroes de la Independencia de México, formando parte de las obras para conmemorar dicho hecho histórico. Fue inaugurado el 8 de noviembre del 2010; cubriendo la necesidad de la Ciudad de México de contar con mayores áreas verdes.
4. Que de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 68, en caso de que alguna institución pública que tenga destinados a su servicio inmuebles federales ya no requieran usar la totalidad de los mismos, los dejen de utilizar o de necesitar o les den un uso distinto al autorizado, el responsable inmobiliario respectivo deberá poner los inmuebles a disposición de la Secretaría de la Función Pública.
5. Que con fecha del 1 de mayo del 2018, en reunión con usuarios del parque Bicentenario 2010, el entonces director de Parques Ecológicos y Viveros, ciudadano Juan Manuel Pineda Merino, declaró que el parque en cuestión cuenta con una afluencia anual de cerca de tres millones cuatrocientos mil usuarios.
6. Durante el año 2015 y hasta el 26 de septiembre de 2017 fueron autorizadas 144 solicitudes de carreras o caminatas bajo los siguientes objetivos que se persiguen en los parques ecológicos y/o viveros de la dependencia: promover la salud, recreación de sus visitantes, actividades deportivas, así como eventos,..., a que haya lugar de manera gratuita; sin ningún fin de lucro, cuota de inscripción, promoción o publicidad de ninguna marca o producto de manera total o parcial, entre otros.
7. Que con fecha del 11 de agosto del 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció en medios de información, que luego de ceder el parque Bicentenario 2010 al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, este último lo concesionó a 25 años.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que a fin de que se cumpla cabalmente con los objetivos de un parque público, se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que restituya el inmueble federal denominado parque Bicentenario 2010 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar el cumplimiento del objetivo que originalmente tuvo, toda vez que este inmueble no fue ocioso e improductivo hasta el momento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
LIBERAR RECURSOS FALTANTES Y TRANSPARENTAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LOS TERREMOTOS DE SEPTIEMBRE DE 2017
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico-financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por el diputado Juan Enrique Farrera Esponda e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Juan Enrique Farrera Esponda, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La noche del 7 de septiembre de 2017, a las 23 horas con 49 minutos, el golfo de Tehuantepec, ubicado a 137 kilómetros de la localidad de donde soy originario, el municipio de Pijijiapan, fue el epicentro de un terremoto de magnitud 8.2 que sacudió brutalmente el suroeste del país, un acontecimiento que según datos de la Secretaría de Gobernación federal, contabilizó un total de 102 víctimas mortales, 900 mil heridos y 2 millones 500 mil personas afectadas en cientos de municipios de Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
En mi estado, las cifras hablan por sí mismas, según datos de Protección Civil, 80 mil 508 viviendas afectadas, mil 620 escuelas dañadas, 71 espacios médicos entre hospitales y clínicas, 149 edificios públicos así como más de 500 vías de comunicación entre puentes, carreteras y vías alimentadoras fueron daños por este terremoto.
De esta forma, el 8 de septiembre, la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil, declaró en estado de emergencia extraordinaria a 118 de los 125 municipios de Chiapas; es decir, prácticamente la totalidad del estado, desde Tecpatán hasta Puerto Arista, pasando por Nueva Palestina y Tapachula, se convirtió en una zona de desastre nunca antes vista. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en su informe sobre el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas”, se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales en 90 municipios de Chiapas, entre ellos: Villaflores (5 mil 466), Jiquipilas (5 mil 115), Tonalá (4 mil 439), La Concordia (4 mil 436), Arriaga (4 mil 382), Cintalapa (3 mil 747), Villa Corzo (3 mil 722,), Pijijiapan (3 mil 232), Tuxtla Gutiérrez (3 mil 132), Ángel Albino Corzo (2 mil 405), Montecristo de Guerrero (775) y El Parral (279), siendo mi distrito el que presentó el mayor número de afectados por este terremoto.
Ante esta dolorosa realidad, la respuesta por parte de la autoridad y de los ciudadanos mexicanos de todo el país fue inmediata, los primeros signos de ayuda se hicieron presentes a través de la implementación de los planes y protocolos por parte de la Sedena y la Semar, se iniciaron los trabajos de recopilación de toneladas de ayuda humanitaria en todo el país y las primeras fundaciones de apoyo a damnificados iniciaron el proceso de recolección de donaciones, sin embargo un nuevo terremoto convirtió esta tragedia del sureste en un terrible infortunio sin precedentes para el resto del país.
La tarde del 19 de septiembre un sismo trepidatorio de magnitud 7.1, con epicentro en Axochiapan, Puebla, sacudió el centro del país, arrojando un total de 370 personas fallecidas, con un impacto de destrucción en siete entidades: Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz
Para atender las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se emitieron 11 Declaratorias de Desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones de pesos correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil millones de pesos a la aportación que corresponde a las entidades federativas. De acuerdo con la última estimación de la Presidencia de la República, las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos.
A junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento.
Sin embargo, a un año del sismo de 8.2 del 7 de septiembre, las autoridades no han sido capaces de dar a conocer públicamente y de manera oficial los censos completos de los damnificados, ni tampoco de los inmuebles dañados y mucho menos de las escuelas afectadas y que no han logrado recuperarse.
Y es aquí donde quiero centrar este punto de acuerdo en la serie de incidencias reportadas en mi estado, siendo una constante que se repite a lo largo del país en los estados que fueron afectados por estos desastres naturales.
De acuerdo al censo oficial emitido por Sedatu, la ocurrencia del sismo de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre de 2017 afectó a 90 municipios del sector vivienda, cuantificado por un monto de 2 mil 453 millones 835 mil 493 pesos contemplándose acciones por concepto de apoyos parciales inmediatos, daños parciales y daños totales con una participación federal de $1,833,112,746.00 correspondiente al 74.41 por ciento y una participación estatal de $620,722,747.00 correspondiente al 25.29 por ciento, esta última contemplada dentro de las acciones de daños totales, de conformidad con los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017.
En ese sentido, para dar atención a las afectaciones del sector vivienda, la Sedatu puso en marcha la estrategia de entrega de tarjetas bancarias, a través de Bansefi, con recursos para la compra de materiales, la reparación y la reconstrucción de las viviendas dañadas, mismos que permitirán a los mismos afectados atender de manera inmediata sus afectaciones.
Por lo anterior la Sedatu exhortó al Ejecutivo del estado a dar cumplimiento a la aportación estatal para estar en condición de ejecutar las obras y acciones de reconstrucción, toda vez que en lo que respecta a la aportación federal, ya ha sido cubierta en su totalidad y dispersada a todas y cada una de las tarjetas bancarias que hasta entonces fueron atendidas.
Es importante recalcar, que el gobierno del estado no ha ministrado recursos para dar atención a las viviendas afectadas por el sismo en comento, por lo que representa un riesgo social muy alto por las diversas inconformidades presentadas a través de Promotora de Vivienda (Provich) y Secretaría General de Gobierno, aunado el cambio de administración y las de facultades de revisión por parte de los entes fiscalizadores tanto estatales como federales.
A escasos días de celebrarse el primer aniversario del sismo, la demanda social ha ido en aumento, generando diversas movilizaciones sociales y exigencias de la ciudadanía de obtener el monto que se les adeuda a las tarjetas de pérdida total.
Cabe mencionar que dentro de las demandas ciudadanas existen los siguientes casos:
-Afectados con folio del censo de Sedatu excluidos del censo oficial.
-Afectados no censados.
Estos dos casos no están debidamente cuantificados, toda vez que han ido surgiendo sobre la marcha, en la mayoría de los casos están enlistados con organizaciones sociales o grupos organizados; a través de las Secretaría General de Gobierno se han canalizado diversas solicitudes por parte de estos grupos a la Provich, en donde se han integrado a un listado alterno.
En este contexto cabe señalar la labor que han desempeñado las organizaciones de la sociedad civil, así como grupos de vecinos de las zonas afectadas, quienes han seguido documentando los casos donde cientos de damnificados han denunciado que a pesar de las terribles daños en las que aún se encuentran sus propiedades, los listados y censos oficiales no los han integrado al padrón de beneficiarios y por tanto, después de un año de los terremotos, no han recibido la ayuda de las instancias involucradas en la reconstrucción.
Por si fuera poco, en los censos y cifras oficiales se encuentran registradas viviendas que no se vieron afectadas, que tuvieron daños mínimos o que se encuentran en perfecto estado, pero que sin embargo dichas propiedades aparecen en los listados y en los censos con geo localización, recibiendo apoyos económicos que no necesitan y que están quitando a verdaderos damnificados que aún siguen durmiendo en sus patios.
Por otro lado, a un año de los terremotos, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no ha dado a conocer el resultado sobre las denuncias de miles de damnificados que exigieron la investigación sobre tarjetas clonadas, con códigos falsos, sin fondos o la duplicidad de tarjetas de ayuda a damnificados. Por lo que exigimos que se aclare y transparenten los resultados de estas investigaciones por parte de la PGR y los servicios financieros para tener certeza de dónde se encuentra el dinero que se destinó a esas tarjetas y conocer con claridad quienes son los responsables de este fraude inmoral.
Estos casos que son comunes en todo Chiapas, son una constante en los 11 estados donde hicieron mella los estragos de los terremotos de septiembre, pero es más común y aún más triste que a mayor distancia de los centros urbanos, menos llegó la ayuda gubernamental, sobre todo en el caso de las comunidades más pequeñas y apartadas, por ejemplo en la comunidad de Vista Alegre, municipio de Montecristo de Guerrero, un municipio de mi distrito, donde la mayoría de la población se dedica a sembrar café y que estuvo entre los 97 declarados zona de desastre por el gobierno ni siquiera llegaron para hacer un censo, es el mismo caso de la comunidad de Los Laureles en la región suroeste de Chiapas, donde se sobrevive del cultivo del maíz, el frijol y pequeñas hortalizas, una tierra de gente buena y trabajadora, humilde, que perdieron sus casas y que no han recibido aún los apoyos gubernamentales.
Hace unos días, esta soberanía recibió el Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto y sin embargo nos deja muchas dudas sobre cómo se han ejercido los recursos destinados a la reconstrucción y que fue esta honorable Cámara de Diputados la que etiquetó más de 20 mil millones de pesos entre recursos destinados al Fonden y al Fonrec, a un año de estos hechos los daños continúan y la situación económica de las localidades, municipios y estados afectados no se han recuperado, no se ha cumplido totalmente con la entrega de los apoyos y los únicos que pagan la ineficiencia y opacidad de las instancias gubernamentales son los miles de damnificados que aún no reciben el pago completo destinado a la reconstrucción de sus viviendas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los Sistemas de Protección Civil estatales a llevar a cabo la liberación inmediata de los recursos faltantes destinados a las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Segundo. Se exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los Sistemas de Protección Civil estatales a, en el ámbito de sus responsabilidades, transparentar los padrones de beneficiarios y la emisión de los avances físico-financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Juan Enrique Farrera Esponda, Leticia Arlett Aguilar Molina, Marco Antonio Andrade Zavala, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Clementina Marta Dekker Gómez, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Miguel Prado de los Santos, Roque Luis Rabelo Velasco, Maricruz Roblero Gordillo, Ciro Sales Ruiz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
RELATIVO A LOS FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en el estado de México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, integrantes de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La violencia feminicida se caracteriza por los hechos violentos contra mujeres que atentan gravemente contra sus derechos humanos, contra la vida, su integridad y seguridad. En muchas ocasiones, las víctimas sufren estos delitos por omisión y acciones ilícitas de autoridades las cuales, en colusión con los agresores, obstaculizar el acceso a la procuración de justicia porque las entidades estatales son incapaces de llevar a cabo las garantías de respeto a la ley y de prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres.
En México se cometen siete feminicidios al día la forma de asesinar es cada día más violenta. Ante los elevados índices de muertes y de la violencia cometida en contra de mujeres, a mediados de 2015, “el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres decidió emitir la declaratoria de alerta de género para 11 de los 125 municipios que integran el estado de México, los cuales son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Fue publicada en la gaceta oficial del estado el 22 de abril del 2016 y entró en vigor, sin embargo, los feminicidios no ceden. Una de las principales fallas de la alerta es que, al no aplicarse los protocolos de actuación, las denuncias por desaparición siguen sin ser tomadas de inmediato, ya que las autoridades todavía solicitan las 72 horas de espera antes de denunciar la ausencia de una mujer.
La Alerta, sin embargo, no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres en el Edomex, la primera entidad en declararla. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), de 2015 a 2016 fueron asesinadas 626 mujeres en el estado de México, pero solo en el 47 por ciento de los casos (296) se inició una investigación por feminicidio. De estos sólo el 10 por ciento tiene una sentencia.
El estado de México y Veracruz ocupan el primer lugar en feminicidios al cierre del primer semestre del 2018, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con 36 feminicidios cada uno, las entidades referidas ocuparon la primera posición de un total de 387 feminicidios ocurridos en el país durante los primeros seis meses del año.
Según los datos del SESNSP, se sumaron 37 muertes más en comparación del mes de julio del 2017 que registró 350 feminicidios. Durante los meses de mayo, junio y abril de este año, se iniciaron 56, 70 y 71 Carpetas de Investigación respectivamente.
Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac (con cuatro feminicidios cada uno) lideran ese rubro durante el primer semestre de este año. Zumpango, Huixquilucan y Valle de Chalco, con dos casos cada uno siguen en esa lista, de acuerdo al SESNSP.
A lo anterior se suman las diferentes disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establecen términos muy dilatados hasta la generación del dictamen correspondiente para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de violencia de género y realizar de inmediato las acciones a las que hace referencia la ley. En otras palabras, las mujeres enfrentan la violencia y la parálisis producto de la burocracia.
Las alarmantes cifras de violencia feminicida apuntan hacia la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres que deben enfrentarse de manera definitiva para erradicar estas acciones delictivas que atentan contra las personas en un estado pobre, marginado y violento.
Es urgente el fortalecimiento de las instancias responsables de la procuración de justicia y de la persecución del delito en el estado,
La violaciones y los feminicidios no cesan, esto desencadena una secuela de trágicas consecuencias en las que las autoridades jamás piensan ni meditan; una mujer asesinada es una hija que se quedó sin madre, o una madre que perdió para siempre a su hija, son pérdidas que causan un dolor eterno que nadie puede comprender, si no lo ha vivido.
Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado México para que difunda y explique las acciones que ha implementado en lo que va de su gestión, ante la gran alza de feminicidios que siguen ocurriendo en el estado de México
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que explique y difunda detalladamente los mecanismos de capacitación a funcionarios y funcionarias que atienden a mujeres víctimas de violencia.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que haga públicos los mecanismos de denuncia, supervisión y sanción contra autoridades que incumplen con la debida diligencia en las instituciones encargadas de la localización de mujeres y niñas.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que establezca una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, y emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo, Miroslava Carrillo Martínez, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Sergio Pérez Hernández, Edith Mercado Torres, Horacio Duarte Olivares, Arturo Roberto Hernández Tapia, Marco Antonio González Reyes (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.