«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

I. Contexto histórico

La participación política de las mujeres se remonta a los regímenes dinásticos –mucho antes de la existencia de un sistema electoral–, donde el mecanismo de acceso al poder se daba a través de la sucesión. En la antigüedad, cuando los varones se dedicaban exclusivamente a la guerra, se implantaron reinados de mujeres. Hay evidencias de que grandes gobernantes de la historia han sido del sexo femenino. Lo que ocurrió tanto en las monarquías absolutas, como en las constitucionales. El caso de España es prototipo: Isabel la Católica, quien tenía una personalidad absolutamente excepcional, tomó decisiones que cambiaron al mundo y con Isabel II se derogó la Ley Sálica en 1830, que impidió la sucesión por grado femenino por poco más de un siglo.

A partir de la guillotina que cercenó la cabeza de María Antonieta y de la Revolución Francesa, se instauró una democracia censitaria que sólo concedía el derecho al voto a los varones mayores de 25 años y con bienes de fortuna. Hasta finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX –con un total dominio masculino en los espacios públicos– surgió a nivel internacional un movimiento político con orígenes en el feminismo liberal, denominado como sufragista, el cual constituiría la piedra angular de una manifestación colectiva para exigir el reconocimiento pleno de las mujeres en su calidad de ciudadanas. Éstas tuvieron que remontar prejuicios machistas de la era victoriana y sólo mediante la lucha social lograron ascender en la política. A partir de entonces se lograría una larga lista de conquistas que las llevó por primera vez en la historia a votar y ser votadas.

En el caso de México todos los congresos constituyentes hasta el de 1917, estuvieron integrados exclusivamente por varones. Los antecedentes nacionales dan cuenta del voto femenino hasta 1923 en el estado de Yucatán, reconocido tanto a nivel estatal como municipal, destacando dicho suceso no sólo por el hecho del sufragio en sí, sino porque resultarían electas popularmente las diputadas a la Legislatura local Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además de Rosa Torre, como regidora del Ayuntamiento de Mérida.

En 1937 tuvo lugar el primer intento por constitucionalizar los derechos político-electorales de las mujeres, cuando el presidente Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa de reforma la cual fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como por las legislaturas de los estados. No obstante, el cómputo y la declaratoria para su vigencia nunca se concluyó porque el Partido Nacional Revolucionario argumentó que el voto de las mujeres “podría verse influenciado por los curas”. Una década después, durante el sexenio del presidente Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 115 constitucional que concedía a las mujeres el derecho a votar en las elecciones municipales.

En el ámbito internacional, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, los derechos civiles y políticos serían fortalecidos de manera incluyente al señalar que “[t]oda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (artículo 21). Bajo esta inspiración democrática, el 9 de diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruíz Cortines, presentó una iniciativa que eventualmente permitió a las mujeres participar en todas las elecciones.

El 17 de octubre de 1953 fue publicado en el DOF un decreto que anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, adquiriendo plena efectividad el 3 de julio de 1955 durante las elecciones federales. A partir de entonces la participación política de las mujeres en los comicios ha sido una constante al alza.

Veintidós años después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió instaurar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, no como pretexto de celebraciones fatuas, sino como motivo de análisis sobre el estado en que se encuentran los problemas sociales objeto de conmemoración.

II. Planteamiento del problema y argumentos de la iniciativa

Parece mentira que la desigualdad política entre mujeres y hombres se haya colocado en el centro de las preocupaciones de nuestro país hace apenas 65 años, cuando actualmente de las 89 millones 128 mil 792 personas inscritas en la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), 52 por ciento, es decir 46,186,825, son mujeres. Hoy podemos afirmar que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas es una realidad. Reformas electorales sucesivas desde 1994 han promovido el acceso de las mujeres a los cargos de representación, particularmente por la vía plurinominal. El primer congreso paritario fue el Constituyente de la Ciudad de México. Este año finalmente se alcanzó la representación de género más paritaria de la historia en el Congreso de la Unión, toda vez que esta LXIV Legislatura cuenta con una relación de 48.2 por ciento de mujeres frente al 51.8 por ciento de hombres en la Cámara de Diputados y 49.2 por ciento frente a 50.8 por ciento respectivamente en el Senado.

A pesar de estos grandes espacios conseguidos, aún se tiene un déficit en los puestos públicos de dirección por lo que a paridad se refiere. A nivel nacional, sólo contamos con dos ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los once que conforman a dicho órgano colegiado; una titular de los nueve organismos constitucionales autónomos; tres mujeres titulares de poderes ejecutivos locales y sólo la Constitución Política de la Ciudad de México contempla la integración del gabinete de la administración pública con paridad de género; además sólo cuatrocientos cuarenta de los mil seiscientos trece ayuntamientos disputados este año, serán presididos por mujeres.

En 1953 el dramaturgo Rafael Solana, escribió: “Debiera haber obispas”; hoy sostenemos que en la jurisdicción civil debe haber más gobernadoras, más secretarias de Estado, más empresarias, desde luego más rectoras y más ministras de la Corte. Existe una idea muy clara y muy consistente de que la próxima presidenta de México debe ser mujer. Por todo ello hemos pensado en una reforma constitucional que abarque todos los órdenes de gobierno y todos los poderes públicos, los colegiados y los no colegiados. El tema es representación o poder: hoy en día hemos alcanzado la primera; para el segundo aún nos falta camino por andar.

Sin embargo, la cuestión de género no se constriñe únicamente al acceso de las mujeres a los asuntos de la cosa pública, sino también a su desarrollo integral y libre de violencia en la sociedad. Según los más recientes datos de agencias nacionales e internacionales, 66.1 por ciento de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, físico, laboral y emocional, como lo informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por su parte, la ONU señala que en los últimos veinticinco años ocurrieron más de treinta y cinco mil defunciones de mujeres con presunción de homicidio, lo que sentencia que el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en nuestro país. En abono a esta decadencia, tres de cada diez mujeres se sienten inseguras por el aumento de la violencia en sus localidades y considera insuficientes y tardías las medidas implementadas por los tres órdenes de gobierno, según lo documenta la organización Amnistía Internacional.

Por añadidura, la última Encuesta Nacional sobre Discriminación del Inegi, arroja que 58 por ciento de las mujeres mexicanas se han sentido discriminadas en los últimos cinco años por conductas como rechazo o exclusión de las actividades sociales. Hecho que las ubica como el segundo sector de discriminación sistemática, sólo por detrás de los adultos mayores. Cuatro de cada diez mujeres considera que sus derechos se respetan poco o nada, mientras que una de cada cuatro ha experimentado negativa en la prestación de servicios públicos, apoyo de programas sociales y atención en las oficinas gubernamentales.

Recientemente el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –con información proporciona por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)– dio a conocer a través de su informe Maternidad o castigo, que de enero de 2015 a abril de 2018 se iniciaron mil seiscientas sesenta y seis averiguaciones previas por el delito de aborto, mientras que de enero de 2007 a diciembre de 2016 se presentaron cuatro mil doscientas cuarenta y seis denuncias –una diaria en promedio– y doscientas veintiocho personas fueron sentenciadas por el mismo delito.

En esta tesitura, la autonomía reproductiva y el libre ejercicio de la personalidad, resultan temas de trascendencia pública, inexcusables en el debate nacional. La primera se entiende como la facultad de las personas para decidir de manera voluntaria, libre e informada sobre tener hijos o no, con quién se desea tenerlos, así como sobre la cantidad e intervalo entre sus descendientes, todo ello en un marco de libertad, respeto y plena salud reproductiva. Destaca la necesidad de tomar en cuenta estos postulados desde el principio de igualdad para mujeres y hombres, así como la responsabilidad del Estado en la materia. La segunda se refiere a la salvaguarda de los derechos desde dos puntos de vista: uno externo, es decir, que permita a las personas realizar toda actividad que considere necesaria para lograr su pleno desenvolvimiento individual; y el interno, en función de que proporciona una esfera de privacidad frente a incursiones externas que pudieran influir en la toma de decisiones.

En lo que respecta al ámbito laboral, alrededor de 15 por ciento de las mexicanas de 15 años y más, que alguna vez en su vida trabajó o solicitó trabajo, les fue requerido un certificado de no gravidez como requisito para su ingreso, o las despidieron por embarazarse, o les redujeron el salario, como informan los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A esto se añade que tres de cada diez mujeres han vivido algún tipo de discriminación y violencia laboral, con un promedio de tres agresores por cada una, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Por si no bastare, las mujeres laboran formalmente 20 por ciento más horas que los hombres y 65 por ciento de su trabajo total se integra por actividades no remuneradas en el hogar, es decir, las trabajadoras mexicanas ganan 22.9 por ciento menos que los hombres. Aunado a ello, la discriminación contra las mujeres se asienta en las desventajas que la sobrecarga del trabajo impone sobre el uso de su tiempo y las oportunidades que tienen para acceder a la compatibilización de su vida laboral con la familiar, así como del derecho al cuidado de las mismas.

El modelo de sociedad autoritaria, mercantilista y discriminatoria sostiene y prohíja las diferencias insalvables entre los géneros. Muy pocas naciones pueden ufanarse de contar con índices de desarrollo humano igualitarios. En la inmensa mayoría del planeta subsisten los feminicidios, los abusos laborales, el acoso y la pobreza alimentaria. El ciclo económico neoliberal comprimió los logros del estado de bienestar. La reducción del gasto público trasladó costos de subsistencia a las familias, donde las mujeres llevan la mayor carga. No es siquiera fruto de la discriminación. Las causas eficientes de la desigualdad residen en la constricción de las relaciones laborales y en un proceso perverso de la división social del trabajo.

Ciertamente los conflictos sociales se enraízan en tradiciones culturales, pero son al mismo tiempo la resultante de las políticas sociales y económicas prevalecientes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha demostrado que el mayor ingreso económico de las mujeres se traduce en un mejor nivel nutricional de la familia, en bienestar compartido y en educación, con lo que se puede romper el círculo de la pobreza intergeneracional y acumulativa. Sobra decir, que el papel económico de las mujeres constituye un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas de las comarcas del hambre y la miseria.

Resulta importante hacer un énfasis particular en los contenidos previstos por diversos tratados internacionales especializados sobre el tema que nos ocupa. Uno de ellos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por México en 1998–, la cual señala que “[t]oda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3), disposición que busca concretar el desarrollo integral de cada uno de los aspectos de su vida cotidiana, posibilitando el pleno goce de condiciones reales para la igualdad de género.

Asimismo, contempla que “[t]oda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” (artículo 5), habida cuenta de que las desventajas históricas de las mujeres no descansan solamente en la ausencia de declaraciones formales ni en la carencia del reconocimiento de los derechos civiles y políticos, sino en su exclusión material en la participación de las actividades remunerativas, productivas y enriquecedoras. Es precisamente en esos aspectos donde radican las genuinas sendas por las que ha de alcanzarse, más pronto que tarde, la igualdad de género.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) –firmada en 1979– recogió las más profundas aspiraciones de las mujeres a nivel internacional. En su artículo 1 mandata que “la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera”. Ello sin duda constituye una declaración primigenia fundada en las conquistas que hoy en día son baluarte de las luchas por los derechos de las mujeres en todas las regiones del mundo.

Debemos priorizar el acceso de las mujeres a una vida digna, así como al disfrute de la autonomía necesaria para aprovecharla. Sin igualdad de género es imposible garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Estamos frente a la oportunidad histórica de emprender la batalla y construir, en el marco de un Estado laico y más allá de ideologías particulares, un movimiento por la igualdad sustantiva: una alianza interpartidaria, interclasista e intergeneracional en pro de las mujeres. En ello reside el factor aglutinante para reconstruir a la sociedad.

III. Contenidos de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta soberanía se incluyen diversos temas que hacen de estas reformas y adiciones un instrumento que actualiza el marco jurídico constitucional en materia de mujeres, no discriminación, igualdad sustantiva, perspectiva y paridad de género, con un enfoque de derechos humanos. A continuación, plasmamos de manera sucinta todos los contenidos de la iniciativa, organizados por artículo.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 1o.; los párrafos segundo, tercero, cuarto y octavo, recorriéndose en su orden actual los subsecuentes al artículo 4o.; las fracciones XV Bis al apartado A y III Bis al apartado B del artículo 123; y se reforma el párrafo quinto del artículo 1o.; el párrafo segundo del artículo 3o.; los párrafos primero y quinto del artículo 4o.; el párrafo segundo del apartado A del artículo 26; el párrafo primero de la fracción XX del artículo 27; y el párrafo segundo del artículo 29, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, la identidad y la expresión de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientaciones sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En la aplicación de los derechos humanos, las autoridades atenderán las perspectivas de género, no discriminación, inclusión, accesibilidad, interés superior de la niñez, diseño universal, interculturalidad, etaria y sustentabilidad, a través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente y con perspectiva de género, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos , la igualdad sustantivay la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

...

I. a IX. ...

Artículo 4o. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Esta protegerá en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

Esta Constitución garantiza la igualdad sustantiva y la paridad de género en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno y en la composición de los cuerpos administrativos de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos. Esto incluye a los titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos, las alcaldías y a todo ente público colegiado. Las leyes también proveerán las disposiciones para que, en la esfera de las empresas públicas y privadas, de sus organizaciones, así como de los sindicatos, se realicen los ajustes para el cumplimiento de este principio.

El Estado mexicano empleará toda su autoridad y adoptará las medidas apropiadas, con la colaboración de la sociedad, para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla, a ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin coerción o violencia, así como a recibir la educación integral correspondiente.

Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, así como a decidir de manera libre, responsable , informada y segura sobre tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto incluye la reproducción asistida, así como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado.

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...

Toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos necesarios para vivir en sociedad. Las autoridades establecerán un sistema para la economía del cuidado que preste servicios públicos universales, accesibles, suficientes y de calidad, provea infraestructura y formule políticas de protección social, atendiendo de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad o ciclo vital y a quienes, de manera no remunerada, están a su cargo.

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Artículo 26.

A....

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, deliberativa y con perspectiva de género.Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

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B. y C. ...

Artículo 27....

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I. a XIX. ...

XX. El Estado promoverá con perspectiva de género las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

...

Artículo 29. ...

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida digna, a la integridad personal, a la protección a las familias, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

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Artículo 123. ...

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A. ...

I. a XV. ...

XV Bis. El patrón debe adoptar medidas tendientes a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la realización de las tareas de cuidado de sus familias;

XVI. a XXXI. ...

B. ...

I. a III. ...

III Bis. Se adoptarán medidas tendientes a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la realización de las tareas de cuidado de sus familias.

IV. a XIV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberán ajustar las leyes que sean necesarias, a fin de dar cumplimiento con el principio de paridad de género previsto en el artículo 4o. párrafo segundo.

Tercero. Para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República someterá a consideración del Senado únicamente ternas compuestas por mujeres hasta lograr la paridad de género en su integración. Este mismo procedimiento deberá ser obedecido por todo Poder o autoridad que proponga candidatos a ocupar cargos en el servicio público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Porfirio Muñoz Ledo,Abelina López Rodríguez, Adriana Aguilar Vázquez, Alejandro Viedma Velázquez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana María Rodríguez Ruiz, Ana Ruth García Grande, Araceli Ocampo Manzanares, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Contreras Castillo, Carlos Enrique Martínez Aké, Carolina García Aguilar, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Báez Ruiz, Claudia López Rayón, Claudia Tello Espinosa, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Clementina Marta Dekker Gómez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Dorheny García Cayetano, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Edgar Guzmán Valdéz, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Flor Ivone Morales Miranda, Graciela Sánchez Ortiz, Hirepan Maya Martínez, Idalia Reyes Miguel, Irineo Molina Espinoza, Irma Juan Carlos, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juanita Guerra Mena, Julieta Kristal Vences Valencia, Julieta Macías Rábago, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Martínez González, Leticia Díaz Aguilar, Lidia Nallely Vargas Hernández, Lilia Villafuerte Zavala, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Lorena Villavicencio Ayala, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucio de Jesús Jiménez, María Beatriz López Chávez, María de Jesús García Guardado, María de los Dolores Padierna Luna, María del Carmen Bautista Peláez, María del Carmen Cabrera Lagunas, María del Pilar Lozano Mac Donald, María del Rosario Merlin García, María Elizabeth Díaz García, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Guillermina Alvarado Moreno, María Luisa Veloz Silva, María Rosete Sánchez, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Robles Ortiz, Melba Nelia Farías Zambrano, Miroslava Sánchez Galván, Mirtha Ileana Villalvazo Amaya, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrasco Macías, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rocío Barrera Badillo, Rosalba Valencia Cruz, Rubén Cayetano García, Ruth Salinas Reyes, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González, Víctor Adolfo Mojica Wences, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, al tenor de la siguiente

I. Antecedentes

En el año de 1975 se realizó en México, la primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual marcó el inicio de una nueva era de iniciativas a escala mundial para promover el adelanto de la mujer y abrir un diálogo social respecto a la importancia y necesidad de garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

Fue así que en el 18 de diciembre de 1979 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual fue ratificada por nuestro país el 23 de marzo de 1981. Entre otros mandatos para los Estados parte, esta Convención establece en su artículo 7, respecto de la participación política de las mujeres lo siguiente:

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Asimismo la Recomendación General 23 de la CEDAW señala que:

Todos los Estados parte deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas de la vida política y pública.

Por lo que hace a la Recomendación General 25, esta establece medidas especiales de carácter temporal, entre las que se encuentran las cuotas de género, la cuales tienen como objetivo acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que exhorta a los Estados parte a “incluir en sus constituciones o en su legislación nacional disposiciones que permitan adoptar medidas especiales de carácter temporal...”

Estas disposiciones, mismas que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, generaron un proceso gradual de reformas político electorales encaminadas al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres de nuestro país.

II. Reformas político-electorales

A. Reformas publicadas entre 1993 y 2008

En las últimas 2 décadas, en nuestro país se han tomado medidas afirmativas que de manera paulatina permitieron que las mujeres tuvieran la posibilidad real de acceder a espacios de representación política.

La reforma política electoral de 1993 se establece como el primer antecedente de lo que hoy podemos llamar como cuotas de género, al consagrar en dicha reforma un exhorto a los partidos políticos para que estos promovieran una mayor participación de la mujer en el ámbito político.

En la reforma de 1996 se incluyó la recomendación a los partidos políticos para que consideraran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), no excedieran del 70 por ciento para un mismo género; sin embargo, el hecho de que las cuotas en ambas reformas quedaran solamente en recomendaciones realizadas a los partidos políticos, generó un amplio margen de discrecionalidad que permitía colocar a las mujeres en cualquiera de los lugares de las listas por lo que el resultado fue un incremento mínimo de la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados, al pasar de conformar 14.5 por ciento en la LVI Legislatura (1994-1997) a 17.4 por ciento en la LVII Legislatura (1997-2000).

Los pocos resultados obtenidos en materia de igualdad de género en el Poder Legislativo, motivaron nuevas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en el año 2002 se ordenó por primera vez a los partidos políticos promover y garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, mediante su postulación a cargos de elección popular, para que las listas de personas candidatas a diputaciones y senadurías por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, que fueran registradas por los partidos políticos, no pudieran contener más del 70 por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género.

No fue hasta 2008 que las cuotas de género fueron una realidad, una acción afirmativa que obligó en el ámbito federal, a no presentar más de 60 por ciento de candidaturas de un mismo sexo en los comicios realizados en 2009 para el Congreso Federal. Sin embargo, cabe destacar que en 2009, recién instalada la LXI Legislatura, ocho mujeres legisladoras solicitaron licencia para dejar su cargo en manos de su suplente hombre, situación que ha sido calificada como una práctica tramposa de los partidos políticos quienes tenían la obligación de promover la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el Congreso Federal.

B. La reforma constitucional de 2014

La reforma constitucional en materia político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, abrió la posibilidad de que se diera el salto de las cuotas de género a la paridad, al establecer en el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, la obligación de los partidos políticos de conservar en las candidaturas al Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, la paridad de género. Ésta debe ser entendida como la nueva concepción del sistema democrático que, sin pretender reemplazar a la democracia representativa, aspira a enriquecerla posibilitando que las mujeres accedan a los espacios de poder y toma de decisión; asimismo, pretende lograr que los órganos de representación estén integrados de tal manera que se refleje la heterogeneidad de nuestra sociedad.

Esta reforma transformó las instituciones y las reglas electorales que rigen los procesos democráticos en nuestro país, siendo un gran avance el garantizar la paridad de género a nivel constitucional, en las candidaturas de legisladores federales y locales.

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Especiales establece en su artículo 7 que es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados.

Sin embargo, las elecciones de 2015 pusieron en la mira, de nueva cuenta, que la reglamentación expuesta no ha sido suficiente para garantizar el principio de paridad de género.

Lo anterior tiene sustento en los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que confirmó diversas sentencias, mediante las cuales se aprobaron criterios sobre paridad de género en las fórmulas de candidaturas a diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos de los estados de Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sonora, para el proceso electoral de 2014-2015.

De lo anterior, se generaron las Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015. La primera con el rubro Paridad de género. Debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular federales, estatales y municipales; la segunda, Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden municipal.

La Jurisprudencia 6/2015 está encaminada a garantizar la postulación paritaria de candidaturas para hacer efectivo el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. Lo anterior, a efecto de preservar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.

Esto es así, ya que el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que deriva del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento.

Por otra parte, en la Jurisprudencia 7/2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales, tanto en la dimensión vertical como horizontal.

De manera que, para asegurar la paridad vertical, están llamados a postular la totalidad de candidaturas que integran la planilla para un mismo ayuntamiento, es decir, para quienes aspiran a la presidencia, regidurías y sindicaturas municipales en igual proporción de géneros; mientras que, para hacer efectivo el enfoque horizontal, deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, esto es, que se registren igual número de listas encabezadas por mujeres y por hombres, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado.

Asimismo, en fecha 15 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral INE/CG63/2016, mediante el cual se emiten los Criterios de paridad en postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local,dichos criterios deberán ser observados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y los organismos públicos locales electorales.

Algunos de los criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral son los siguientes:

• Cuando las candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, se registren por fórmulas, éstas deberán integrarse por personas del mismo género.

• La totalidad de solicitudes de registro, (diputaciones y Ayuntamientos), deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros.

• Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas para un cargo de elección popular, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

• Las listas de candidaturas de representación proporcional, así como las planillas para Ayuntamientos, se integrarán por personas de género distinto en forma alternada hasta agotar cada lista.

• Las planillas para ayuntamientos, las listas de representación proporcional, salvo el caso de diputaciones en una sola circunscripción, el 50 por ciento deberán estar encabezadas por mujeres y el otro 50 por ciento por hombres. Si el número de circunscripciones o municipios es impar, el género mayoritario que encabece las listas o planillas deberá ser femenino.

• En el caso de que las constituciones o legislaciones locales establezcan disposiciones que resulten en una mejor garantía para el cumplimiento del principio de paridad de género, dichas disposiciones prevalecerán sobre el acuerdo. Por el contrario, el acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones que se opongan a lo establecido en estos criterios.

Si bien actualmente, por interpretación de algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así como de algunas, leyes locales y acuerdos electorales, se reconoce parcialmente la paridad de género; no obstante, la falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales de justicia electoral para proteger los derechos político-electorales, especialmente para respetar la paridad horizontal y vertical en la postulación de candidaturas en elección de ayuntamientos, por lo que resulta necesario garantizar desde el texto constitucional la paridad de género en los procesos de elección de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos municipales.

Precisamente, en el contexto anterior, el proceso electoral reciente arrojó lo siguientes resultados:

Derivado de la elección de 2018 fueron electas 241 (48.2 por ciento) Mujeres y 259 (51.8 por ciento) hombres como diputadas y diputados federales. Asimismo, en la Cámara de Senadores los resultados fueron igualmente significativos, ya que fueron electas 63 mujeres, lo que equivale al 49.22 por ciento del total de integrantes del Senado. Dichos resultados son históricos en el Congreso de la Unión en cuanto a paridad de género.

En las ocho entidades donde se votó por gobernador, se contabilizaron seis candidatas, en las cuales solo dos obtuvieron el triunfo, estos fueron Puebla y la Ciudad de México.

En el mismo sentido, el número total de mujeres que gobernarán ayuntamientos en México aumentó; sin embargo, el número de ayuntamientos gobernados por mujeres en comparación con los gobernados por hombres resulta aún muy dispar.

Si bien es cierto que las reformas adoptadas por algunas entidades federativas para adoptar los principios de paridad vertical y horizontal en sus Constituciones, también lo es que han surgido fenómenos como el de Chiapas en que recientemente, 36mujeres electas como Alcaldesas presentaron renuncias para dar paso a hombres. Conducta que denota no solamente violencia política, sino la resistencia que siguen teniendo los partidos políticos para adoptar la nueva realidad de la igualdad política entre hombres y mujeres.

III. Paridad en el poder judicial

Si bien en el ámbito del Poder Legislativo, conforme a las últimas reformas legales en la materia, se han dado grandes avances para lograr la paridad de género en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, la situación es diferente en el Poder Judicial de la Federación, el cual actualmente se integra por once ministros, de los cuales sólo dos son mujeres, lo que representa una proporción del 18.18 por ciento de mujeres por un 81.81 por ciento de hombres.

En el mismo orden de ideas, encontramos que en el Consejo de la Judicatura Federal solamente dos mujeres ocupan el cargo de consejeras, por cinco hombres que ocupan la misma posición.

En el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación la situación no es distinta, ya que actualmente la Sala Superior de este tribunal está integrada por dos magistradas y 5 magistrados.

La misma situación se repite tanto en los órganos jurisdiccionales, como en las áreas administrativas del Poder Judicial Federal.

En este punto es necesario señalar que la importancia de que las mujeres puedan tener una mayor presencia en el Poder Judicial es fundamental, toda vez que en el derecho de acceso a la justicia se encuentra un reflejo de la problemática social, cultural e institucional de discriminación por motivos de género. Lo anterior se explica porque muchos de los integrantes de ese poder desconocen la importancia de impartir justicia con perspectiva de género, a pesar de los esfuerzos desplegados en la materia, como Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Poder Judicial de la Federación, que implica hacer realidad el derecho a la igualdad y que responde a las obligaciones constitucionales y convencionales de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar en el caso concreto, situaciones asimétricas de poder.

Algunos de los antecedentes de la participación de las mujeres en el máximo Tribunal Federal son los siguientes:

1. La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo, quien sería designada en 1961;

2. La segunda mujer designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Livier Ayala Manzo, en 1976;

3. Gloria León Orantes, fue la tercera mujer en ser designada como ministra de la Suprema Corte en 1979;

4. En 1983, fue designada Fausta Moreno Flores en el mismo cargo;

5. Victoria Adato Green fue designada ministra en 1985;

6. En 1985, fue designada ministra numeraria Martha Chávez Padrón;

7. También como ministrar supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cue Sarquis de Duarte;

8. En 1988 se designó a Clementina Gil Guillén de Léster como ministra;

9. Con posteridad a la reforma constitucional de 1994, fue designada por el Senado la ministra Olga Sánchez Cordero;

10. En 1 fue desginada también como Ministra de laSuprema Corte de Justicia de la Nación es Margarita Luna Ramos.

11. Finalmente, en.... fue designada la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Como se puede observar, en la historia de nuestro país sólo 11 mujeres han alcanzado la máxima magistratura en el Poder Judicial de la Federación.

IV. Paridad en integración de gabinetes federal y estatal

Si bien es cierto que los diversos instrumentos internacionales ratificados por México y mencionados en el primer apartado, reconocen el derecho de las mujeres a participar en las asuntos públicos, ya sea mediante elección popular o siendo designadas en cualquier cargo público en condiciones de igualdad y no discriminación; aún existen desequilibrios en lo que corresponde a la participación femenina en la administración pública en los tres niveles de gobierno.

Según datos obtenidos en el documento Estadística a propósito del Día de la Administración Pública,publicado par el Inegi en junio de 2013, los cargos de alto nivel jerárquico en las administraciones pública de las entidades federativas fueron ocupados, en su mayoría, para servidores públicos del sexo masculino. A nivel nacional, el 81.3 por ciento de los titulares registrados eran hombres y el 18.7 por ciento restante fueron mujeres. Par entidad federativa, el porcentaje de hombres titulares supera al de las mujeres. Morelos es una de las entidades que tenía una mayor proporción de mujeres titulares con 34.8 por ciento. Otras entidades con porcentaje significativo son Tlaxcala con el 31.8 por ciento y Campeche con el 30.8 por ciento. Por otra parte, las estados que registraron una menor proporción de mujeres titulares fueron Baja California Sur con 7.1 por ciento, Oaxaca con 10.3 por ciento Sinaloa con 10.7 por ciento.

Es evidente, que resulta de fundamental importancia que las mujeres tengan una mayor presencia en los cargos de toma de decisión de la administración pública en los tres niveles de gobierno, toda vez que subsiste el desafío de mantener y ampliar la presencia de mujeres en la política.

La lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres ha sido ardua, pero alcanzar esa igualdad no se reduce al plano jurídico de reconocimiento formal de condiciones iguales, sino a la eliminación de las barreras sociales, económicas, culturales y políticas que le han impedido a la mujer alcanzar esa igualdad. En palabras de Cerva y Ansolabehere:

La revisión de este enfoque se deriva de la necesidad de cuestionar el principio de trato idéntico al no tomar en cuenta las circunstancias y el contexto en el cual las mujeres aspiran a tener las mismas condiciones formales que los hombres. Al ser lo masculino el modelo en la construcción de leyes, instituciones y prácticas socialmente institucionalizadas, la igualdad formal ante la ley ha dejado fuera las diferencias biológicas y las desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres

V. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa contempla las siguientes propuestas de modificación:

a) Se propone reformar el artículo 41 constitucional para introducir las vertientes horizontal y vertical en el principio de paridad, tanto en candidaturas a diputaciones locales y federales, como en el caso de la integración de ayuntamientos.

b) También, se propone que en artículo 41 se establezcan medidas para que los partidos políticos garanticen condiciones de competitividaden la postulación de candidaturas a diputaciones locales y federales, así como en ayuntamientos y alcaldías en condiciones de igualdad.

c) Se establece una modificación al artículo 89 para establecer el principio de paridad en la designación de secretarios de Estado de la administración pública federal.

d) Se propone también una reforma al artículo 95 constitucional a efecto de que en los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procure la paridad entre los géneros.

e) También se propone una modificación al artículo 97, para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca criterios en los mecanismos de designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que procuren el principio de paridad.

f) En lo referente al artículo 99, se propone que en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procure la paridad entre los géneros.

g) En el mismo sentido, se propone una modificación al artículo 100, para que en la integración del Consejo de la Judicatura Federal, se procure la paridad de género.

h) Igualmente se propone una adición al artículo 115 de la Constitución para establecer una cláusula tendiente a evitar el fenómeno como el acontecido recientemente en el estado de Chiapas, en donde con actos de simulación, algunos partidos políticos postularon mujeres a cargos de elección municipal, exigiéndoles su posterior renuncia. Por ello se propone establecer que quien sustituya a funcionarios electos en el ámbito municipal, deberá ser del mismo género. La misma adición se introduce en el artículo 122 que regula a la Ciudad de México.

i) En el artículo 116 constitucional, se propone que en la designación de integración de los gabinetes estatales se garantice la paridad entre los géneros.

Por lo expuesto y fundado presentamos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género

Único. Se reforman los artículos 41, fracción I; 89, fracción II, párrafo primero; 95, párrafo último; 97, primer párrafo; 99, párrafo décimo; 115, fracción I, párrafos primero y cuarto; artículo; y mediante el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 96; un tercer párrafo al artículo 100; un tercer párrafo a la fracción VIII del artículo 115; y un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 116; un tercer párrafo a la fracción III, y un último párrafo a la fracción VI, apartado A, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, así como en las alcaldías y presidencias municipales de cada entidad federativa y en la integración de ayuntamientos y concejos a que se refiere el artículo 122 de esta Constitución.

Los partidos políticos deberán garantizar las mejores condiciones de competitividad en la postulación de las candidaturas en distritos locales y federales, así como en Ayuntamientos y Alcaldías de forma tal que permitan el pleno desarrollo de la igualdad entre los géneros.Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

II a VI

...

Articulo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I ...

II. ...

...

...

En el nombramiento de secretarios de Estado se deberá garantizar el principio de paridad.

III a XX ...

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. a VI...

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, procurando la paridad entre los géneros.

Artículo 96. ...

Las ternas a que se refiere el párrafo anterior deberán ser integradas por personas del mismo género.

...

Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. El Consejo deberá adoptar criterios que promuevan el principio de paridad en su designación.

...

...

...

...

...

...

...

...

....

Artículo 99. El Tribunal Electoral será...

...

...

...

I. a X.

...

...

...

...

...

...

Los magistrados electorales que integren las salas superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley, procurando la paridad entre los géneros.

...

...

...

...

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal...

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República. En su integración se procurará la paridad entre los géneros.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 115. ...

I...

....

...

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En todo caso, quienes los sustituyan deberán ser del mismo género.

II a VII.

VIII. Las Leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios

Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Articulo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

En la designación de altos mandos de la administración pública municipal, los Ayuntamientos deberán garantizar la paridad de género.

Articulo 116...

I...

...

...

...

a)...

b)...

...

Los gobernadores de los estados deberán garantizar la paridad entre los géneros, en la designación de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo.

II ...

III...

...

...

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a IV del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación. En todo caso, se procurará la paridad entre los géneros en su designación.

Artículo 122...

A...

I a II...

III...

...

El jefe de gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar la paridad entre los géneros, en la designación de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo.

IV a V...

VI...

...

...

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f)...

g) Si alguno de los integrantes del Consejo dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. En todo caso, quienes los sustituyan deberán ser del mismo género.

VII a IX...

B...

C...

D...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar sus Constituciones locales a efecto de garantizar el contenido del presente decreto dentro de los 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones normativas al que el presente se requiere.

Notas

1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

2 CEDAW, Recomendación General número 23 Vida política y pública, sobre los artículos 7 y 8, párrafo 43. El énfasis es nuestro. Disponible en

http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/docs/ Recom_grales/23.pdf

3 CEDAW, Recomendación General número 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párrafo 31. El énfasis es nuestro. Disponible en

http:/ /132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/docs/ Recom_grales/25. pdf

4 Ver iniciativa: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/69255

5 Ídem

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471960 &fecha=15/02/2017

7 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_género. php

8 http://senado.gob.mx

9 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldesas-de-chiapas-piden-licencia-y- congreso-nombran-a-hombres-en-su-lugar

10 Cerva, D. y Ansolabehere, K. Trabajo introductorio: protección de los derechos político-electoralesde las mujeres, en Ansolabehere, K. y Cerva, D. Género y derechos políticos, México, 2009; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: María del Pilar Ortega Martínez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registró que la población de 18 años y más, desafortunadamente, percibe que la inseguridad pública, el desempleo, el aumento de precios, la pobreza y la salud han sido los principales problemas del país en los últimos cinco años.

La pobreza afecta en distinta medida a 34 millones de hogares en México. Nuestro país tiene 53 millones de habitantes viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales 9.4 millones viven en condiciones de pobreza extrema, conforme a la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gráfica 1. Principales problemas del país1

Fuente:Elaboración propia con datos del ENVIPE, diversos años, INEGI.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, realizada por el Inegi, estima que el ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos en los hogares con 64.3 por ciento del ingreso total. En este caso, las remuneraciones por trabajo subordinado son la principal fuente de ingresos.

En segundo lugar, se encuentra considerado el rubro de las Transferencias (Jubilaciones, pensiones, becas, donativos, beneficios provenientes de programas sociales, etc.) el cual registró el 15.6 por ciento de los ingresos en los hogares de México.

Respecto a los porcentajes de gasto registrados en la misma encuesta, se identificó que los gastos realizados en alimentos, bebidas y tabaco representan el 35.2 por ciento del gasto corriente de los hogares del país, esto seguido por el rubro de Transporte y Vehículos con el 19.3 por ciento.

Como se muestra a continuación en las líneas de bienestar calculadas por el Coneval respecto a la adquisición de una canasta alimentaria y no alimentaria, se puede percibir que éstas mantienen una tendencia creciente, de tal forma que superan claramente al ingreso laboral per cápita.

Gráfica 2. Evolución de las líneas de bienestar y del ingreso laboral per cápita a pesos corrientes

Fuente:Coneval.

Complementar el ingreso familiar mediante programas de apoyo a las familias y procurar el mayor bienestar de los hogares es una de las finalidades de la política de desarrollo social del gobierno federal. Actualmente, existen 150 programas y acciones de nivel federal, con un presupuesto promedio de 910 mil millones de pesos.

En términos absolutos, parece una cantidad sumamente elevada, pero en contraste con las líneas de bienestar señaladas con anterioridad parece que los esfuerzos han sido nimios.

Tabla 1. Programas sociales y presupuesto fiscal 2018 por institución ejecutora

Fuente:Elaboración propia con información del Coneval.

En particular, el gobierno federal tiene 18 programas y acciones de desarrollo social con un presupuesto de 140 mil millones de pesos para 2018.

Tabla 2. Programas sociales y presupuesto fiscal 2018, Sedesol.

Uno de los programas sociales vigente provee un seguro de vida para jefas de familia, sujeto a un monto presupuestal original de 64 millones de pesos para 2018. No obstante, los hogares con jefas de familia también deben cubrir su gasto periódico en otros rubros como alimentación, transporte y servicios de vivienda.

La Encuesta Nacional de los Hogares realizada por el Inegi en 2017, indica que hay 34 millones de hogares en nuestro país, de los cuales 5.1 millones son hogares monoparentales que tienen a una mujer como jefe de familia, tienen uno o más hijos y no cuentan con cónyuge. En algunos casos, el jefe de familia se encuentra en edad de trabajar y en otros casos se encuentra en retiro laboral.

Muchos de estos hogares se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, es decir, viven su cotidianidad con dos o más carencias sociales (seguridad social, rezago educativo, salud, alimentación, servicios básicos de vivienda, calidad de vivienda) y perciben un ingreso por debajo de la Línea de Bienestar Económico.

Actualmente, un poco más de 80 mil hogares con jefas de familia en nuestro país perciben beneficios de programas sociales para complementar el ingreso familiar, en caso de que la madre fallezca. Sin embargo, las necesidades son vigentes aún con la jefa de familia en vida.

Por eso, uno de los principales retos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión es mejorar el marco jurídico actual para reducir la pobreza y desigualdad social de los hogares del país, en particular, mediante el fortaleciendo del ingreso familiar de los hogares con jefas de familia que vivan en condición de pobreza moderada o extrema.

Tabla 3. Jefas de familia beneficiarias de programas sociales

Fuente:Padrón Único de Beneficios, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Tabla 4. Hogares monoparentales en México, 2017.

Fuente:Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), 2016.

Gráfica 3. Porcentaje de hogares monoparentales (género) a nivel nacional.

Fuente:Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), 2016.

Como se muestra en la gráfica siguiente, en México a partir de 1940 se ha registrado un claro incremento en el número de hogares con jefas de familia.

De igual manera, en 2015 se identificó que en el caso de hogares monoparentales, 7 de cada 10 mujeres asumían la responsabilidad del hogar en solitario y con ello las dificultades que conlleva conciliar la vida laboral y familiar como uno de los problemas más frecuentes. Esto principalmente en las edades jóvenes de las mujeres jefas de hogar. Consecuencia de ello es la búsqueda de diversas formas de subsistencia que les permitan tener un sistema de apoyo.

Gráfica 4. México, hogares por sexo de la persona jefa del hogar, 1940 – 2015.

Fuente:Estimaciones del Conapo con base en el INEGI, censos de población 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010; conteos de población y vivienda 1995 y 2005; y Encuesta Intercensal 2015.

Como se ha mostrado a lo largo de la presente exposición, actualmente existe una importante participación de las mujeres jefas de hogar, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito doméstico. Sin embargo, esta situación continúa siendo poco equitativa respecto a los apoyos y a los programas gubernamentales dirigidos a las mujeres que se encuentran al frente de una familia.

En este sentido, se propone en la presente iniciativa con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se disponga de una asignación presupuestal para un programa que atienda las carencias y necesidades de las mujeres que encabezan una familia.

Con la reforma de 2014 que incluyó la perspectiva de género en materia presupuestal, se ha avanzado significativamente para que, en aras de la igualdad entre hombres y mujeres, la brecha se cierre.

Por lo que es importante que de manera permanente, se considere un programa que atienda las necesidades de las madres jefa de familia y sus hijos e hijas.

Desde marzo de 2013, se puso en marcha el programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia para mujeres de 12 a 68 años que tengan por lo menos un hijo.

Este programa garantiza a los hijos de las mujeres afiliadas que puedan acceder a un monto mensual de hasta mil 850 pesos para continuar sus estudios en caso de que fallezca la madre.

En este sentido, es imperativo continuar garantizando condiciones de ingreso básico en beneficio de sus dependientes que les permita transitar al ejercicio de sus derechos sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 27 y el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. y II. ...

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, cualquier forma de discriminación de género y su condición en la familia.

...

...

...

Artículo 111. ...

...

...

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, de cualquier forma de discriminación de género y su condición en la familia.

...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se dispondrá de una asignación presupuestal para un programa que atienda las carencias y necesidades de las mujeres que encabezan una familia.

Notas

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), fecha: 2017, fecha de consulta: 6 de septiembre de 2018, disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

2 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), fecha: 2016, fecha de consulta: 06 de septiembre de 2018, disponible en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf

3 Ibídem, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH).

4 Ibídem, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH).

5 Inventario de Programas Federales, Coneval, fecha: 2018, fecha de consulta: 04 de septiembre de 2018, disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx

6 Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Tabulados básicos (2017), INEGI, fecha: 2017, fecha de consulta: 04 de septiembre de 2018.

7 Ibídem, Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Tabulados básicos (2017), Inegi.

8 Ibídem, Mujeres jefas de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, Consejo Nacional de Población.

9 Mujeres jefas de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, Consejo Nacional de Población, fecha: 2016, fecha de consulta: 6 de septiembre de 2018, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232091/05_Aguilar.pdf

10 Ibídem, Mujeres jefas de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, Consejo Nacional de Población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Anilu Ingram Vallines,Ismael Alfredo Hernández Deras, Juan Ortiz Guarneros, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Margarita Flores Sánchez, María Ester Alonzo Morales, Ricardo Aguilar Castillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal de la LXIV legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

I. Exposición de motivos

En la República Mexicana, uno de los problemas fundamentales es la creciente inseguridad pública, lo cual, se ve nítidamente reflejado en la violencia que se ejerce contra las mujeres, situación que en un país moderno no debe de tener cabida, la violencia en’ contra de la mujer es un problema grave, por lo que no podemos permitir que siga aconteciendo y menos aún, aceptarlo como una realidad de nuestra sociedad.

Muchas veces asumimos que los feminicidios son los homicidios en los cuales las víctimas son mujeres, sin embargo este término va más allá, el término “feminicidio” fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Rusell, esta expresión surgió como alternativa al termino neutro de homicidio, a fin de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina con la muerte.

Según la definición antes citada el feminicidio se aplica a todas formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.

En ese sentido, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de las mujeres por razones de género, expuso y definió los términos “femicidio” y “feminicidio”, como: “la muerte violenta de las mujeres por 2 razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

El concepto de feminicidio abarca a los individuos responsables, pero también señala la responsabilidad las estructuras estatales y jurídicas. Por ello, es necesario subrayar la importancia de que exista el reconocimiento y la incorporación de este concepto en las legislaciones y los códigos penales de todo el país.

El Estado mexicano a efecto de dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales adquiridos con relación a la protección de la mujer a una vida libre de violencia, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto el establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una-vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana y de la libertad de la mujer, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, de acuerdo al alcance de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal, además de establecer un proceso penal más garantista y respetuoso de los derechos fundamentales de toda persona, ha establecido como una de sus principales características la observancia del principio de igualdad procesal, lo cual implica que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal reciban el mismo trato y tengan las mismas oportunidades, traduciéndose en que el ministerio público y los jueces deban tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas evitando a toda costa implicaciones de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De lo anterior, se hace necesario revisar la legislación vigente en materia sustantiva penal en el ámbito federal, a la luz de la referida reforma constitucional (en cuanto al principio de igualdad y no discriminación) así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por supuesto, a la luz de los instrumentos internacionales y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, a efecto de mejorar el marco normativo aplicable en la materia, con miras a lograr una mayor y mejor protección de la mujer cuando es parte interviniente en un proceso penal.

En los últimos diez años (2007-2016) fueron asesinadas veintidós mil cuatrocientas ochenta y dos mujeres (22 mil 482) en las treinta y dos entidades del país, revelan cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto es, en promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violeta de una niña, joven o mujer adulta. Las causas fueron por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien, 4 degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.

El Inegi detalla que las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los Ministerios Públicos de las Fiscalías y Procuradurías de los 32 estados del país pasaron de 1,083 en dos mil siete a 2,735 en dos mil dieciséis, lo que presenta un incremento del 152%. La información consultada indica que el 61 por ciento de los asesinatos se concentró en nueve entidades. En el estado de México, se iniciaron 3 mil 363 expedientes; Chihuahua 2 mil 376; Guerrero mil 749; Ciudad de México mil 349; Jalisco mil 20; Veracruz 973; Baja California 936; Tamaulipas 930 y Nuevo León 918.

Durante el mandato de Felipe Calderón 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174. La tendencia por año que se ha presentado durante la actual administración, indudablemente indica que al finalizar la gestión del mandatario en turno se superaran los homicidios de la gestión anterior.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 38 por ciento de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus esposos. En México, también se ha identificado como victimarios a parejas sentimentales, novios, familiares directos campaneros de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, personas conocidas o extrañas.

Especialistas en temas de violencia contra las mujeres señalan que no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se cometen en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios, o incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios. Aunado a que los Ministerios Públicos y peritos no realizan las investigaciones conforme a los protocolos internacionales por lo que se desconoce cuántos de los 22 mil 482 asesinatos de mujeres en la última década fueron tipificados como feminicidios.

Este año comenzó con cifras oscuras en violencia contra las mujeres. En los cuatro primeros meses de 2018, se han registrado 226 feminicidios, un aumento del 15 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado, y 116 por ciento más en comparación con hace tres años. Los números de crímenes contra la mujer siguen incrementándose en todo el país, principalmente en el estado de México, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México; este año las cifras oscuras crecen desmedidamente 15 por ciento más en relación a 2017, con dos feminicidios al día registrados hasta el mes de abril.

Más de siete años han pasado y el caso sigue impune, puesto que desde el 28 de junio de 2010, cuando el cuerpo de Mariana Lima Buendía, fue encontrado en su domicilio de Chimalhuacán. La falta de protocolos para recabar pruebas e investigar llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ha considerar que se trató de un suicidio. El expolicía judicial Julio Cesar Hernández Ballinas, esposo y victimario de Mariana, declaró ante e1 Ministerio Púbico que ella se había quitado la vida.

Durante cinco años la familia de la joven abogada de veintinueve años argumentó a Ministerios Públicos, fiscales y procuradores en diferentes ocasiones que el dictamen de las autoridades del estado de México, estaba lleno de inconsistencias. La petición de la mamá de Marina Lima, nunca fue considerada por las autoridades de la entidad, sin embargo, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 25 de marzo de 2015, ordenó reabrir e investigar el expediente de Marina Lima como feminicidio. El mandamiento de un juez llevó a la captura de Julio Cesar Hernández Ballinas, en junio de 2016. Sin embargo, a más de dos año de su detención y siete del feminicidio de Marina Lima Buendía no se ha emitido sentencia en contra del agresor.

De igual manera, cabe resaltar otro hecho delictivo de gran alarma social acontecido en el estado de México, ya que el 9 de junio de 2017, fue encontrado en el interior de una combi de la ruta 40 el cuerpo de Valeria Teresa de once años de edad, en el municipio de Nezahualcóyotl. Antes de ser violada y asesinada, le menor fue reportada como desaparecida ante las autoridades del lugar, quienes comentaron a la familia que no se debían de preocupar, ya que ella estaba con su novio.

Siete cuadras antes de llegar a su casa Valeria Teresa tomó una combi, la cal modificó su trayectoria, por lo que la menor no llegó a su destino, siendo que veintiún horas después de su desaparición fue encontrada sin vida. El 10 de junio de 2017, las autoridades detuvieron a José Octavio Sánchez Raso, conductor de la unidad, siendo ingresado al penal Neza-Bordo, por el asesinato de Valeria. Sin embargo, el 16 de junio de ese año, fue encontrado sin vida, las autoridades penitenciarias aseguraron que utilizó una cuerda que amarró a los barrotes de la ventana del área de investigación para suicidarse.

En esas condiciones, y a pesar de los esfuerzos que se realizan en los tres niveles de gobierno, la situación de riesgo que viven las mujeres de nuestra sociedad mexicana, sigue siendo alarmante, pues el derecho a una vida sin violencia y al 7 acceso a la justicia de las mujeres, son derechos que se enfrentan hoy día a mayores y continuas amenazas.

Existen distintos aspectos que requieren una reformulación y endurecimiento en la legislación penal. Entre ellos, se ha identificado prioritariamente ámbitos que requieren una mayor precisión de la técnica normativa para mejor su función en relación con los bienes jurídicos que se pretenden tutelar, así como para dotarlos de un alto grado de eficacia.

Dichas áreas están referidas a: a) la mejora de la respuesta penal contra el feminicidio y contra toda forma de violencia física o psicológica contra la mujer en los distintos contextos en los que se desenvuelve, como lo son, familiar, laboral y social; b) para enfrentar en mejores condiciones las discriminación de sus derechos fundamentales; y e) para sancionar drásticamente aquellos supuestos que se contemplan dentro de la figura jurídica de feminicidio, a efecto de que las penas resulten intimidatorias y ejemplares, para tratar de erradicar estas conductas antijurídicas de gran alarma social.

Resulta claramente demostrado que la conducta desplegada por el sujeto activo de un feminicidio, constituye un acto de agresión de tal magnitud que ocasiona un severo impacto en las personas del entorno de la víctima, en los ámbitos familiar, social, comunitario, el feminicidio constituye un delito pluriofensivo, pues sus efectos trascienden el bien jurídico protegido, como lo es el derecho a la vida de las mujeres, ya que también afecta a integridad física y psicológica de todas las personas que conforman el entorno de la víctima.

Se intenta así, mejorar los instrumentos normativos en el ámbito del sistema de justicia penal, de tal suerte que los operadores jurídicos estén en posibilidades reales de administrar justicia para contribuir a erradicar toda forma de violencia y desigualdad que se cierne contra las mujeres en nuestro país.

En este sentido, el Estado tiene presente que sus acciones tienen que orientarse a la reducción de la alta prevalencia de la violencia en contra de las mujeres en sus distintas manifestaciones, ya sea a través de las medidas preventivas, como con el uso de los mecanismos de sanción existentes.

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido ocasión de describir los elementos propios del homicidio de una mujer por razones de género, según el cual, el feminicidio es considerado como un crimen de odio y menosprecio a las mujeres e implica de por si métodos crueles para la consumación del delito.

Por lo anteriormente expuesto y ante la sensible importancia de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, como parte de la agenda pública de nuestro país y con la plena convicción de contribuir a mejorar las políticas públicas en materia, la suscrita propongo una hipótesis con mayor amplitud respecto de la calidad del sujeto activo, adicionándose la fracción VIII del artículo 325 del Código Penal Federal, para la tipificación del delito de feminicidio, así corno una pena de mayor impacto social y severidad en contra de los justiciables, como lo es, la prisión vitalicia o cadena perpetua, entendida como aquella pena privativa de libertad de por vida del condenado, que se establecerá en el artículo 25 del Código Sustantivo en comento; por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal

Único. Se reforman los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera:

II. Cambios legales

Para lograr los objetivos que se plantean en la exposición de motivos, es menester realizar una serie de cambios normativos que se detallan a continuación:

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz, párrafo 28 1975.

2 OACNUDH y ONU Mujeres Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de las mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), 2014, punto 2.

www.oacnudhorq y www.onumujeres.org (acceso septiembre 2016).

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4 Organización Mundial de la Salud.

5 http://republica32.com/feminicidios-en-cifras-rojas-2018-peor-año-niña- mujer-en-mexico/

6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/registran-mas-de-250- feminicidios-20180617-0076.html

7 https://www.excelsior.com.mx

8 Porte Petit, Celestino, (Coord.), Leyes penales mexicanas,5 tomos, INACIPE, México, 1979.

Salón de sesiones, a 23 de octubre de 2018.— Diputadas y diputado: Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina,Elba Lorena Torres Díaz, José Luis García Duque(rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General para evitar el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario, con base en la siguiente

En el mundo se realizan grandes esfuerzos para armonizar el desperdicio de alimentos y lo que esto conlleva, el miércoles 5 de febrero del año 2016, en Francia, entró en vigor la primera ley que prohíbe a los supermercados tirar o desperdiciar alimentos que no fueron vendidos. En lugar de ello, la reciente ley establece que esta debe de ser donada a refugios o bancos de alimentos, dando así un gran paso a la reducción del desperdicio de alimentos. La reciente ley está siendo replicada ya por países miembros de la Unión Europea ya que el desperdicio de comida es un grave problema para miles de personas que viven en pobreza y para el ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene otorgado el mandato por parte de los Estados miembros de la ONU, de promover el derecho universal a la alimentación, conducir a la alimentación universal y conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. La inseguridad alimentaria y la malnutrición es un gran problema el cual la FAO ha venido combatiendo desde hace y varios años. Es por estas facultades de la FAO por las que los Estados miembros han aprobado un marco conceptual el cual tiene como fin el de sistematizar la complejidad de los determinantes, obstáculos y posibles soluciones de una alimentación para todos y el cumplimiento con el derecho universal a la alimentación, es por esto que se creó el concepto seguridad alimentaria y nutricional.

La definición de seguridad alimentaria ha cambiado a lo largo de los años; en 1974, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se definió desde el punto de vista del suministro de alimentos, como la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de sus precios. En 1983, el concepto fue ampliado incluyendo el acceso a los alimentos, lo cual cambio el análisis de la seguridad alimentaria de un nivel enfocado en regiones y países a un nivel de las personas y los hogares. En 1996, se realizaron cambios a la definición por la estrecha relación entre el hambre y la pobreza, el creciente reconocimiento de la multidimencionalidad de la pobreza, con esto, se incluyeron conceptos como estado nutricional, el uso adecuado de los alimentos, la inocuidad y la sanidad. La definición actual es

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) existe cuando todas personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

Es importante hablar de la definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya que es muy amplia, y esta conlleva a términos específicos como el hambre, la desnutrición, la malnutrición y la pobreza extrema, los cuales la FAO los interrelaciona de la siguiente manera:

• El hambre es la forma más severa de privación de alimentación, indicando una carencia de alimentación suficiente (en especial una insuficiente ingesta alimentaria de calorías) causada por la falta de disponibilidad y acceso a alimentos.

• La desnutrición, a su vez, se manifiesta adicionalmente por la carencia de ciertos nutrientes, es decir, la desnutrición se puede caracterizar por una alimentación suficiente de ingesta alimentaria, pero carente por ejemplo en micronutrientes –como la vitamina A o el hierro (hambre oculta).

• La malnutrición, por otro lado, no solo se refiere a un tipo de carencia de ingesta, sino incluye una alimentación desequilibrada, por ejemplo por un consumo excesivo de grasas o azúcar con efectos negativos al estado nutricional.

• La pobreza extrema, la cual se define como un estado en el cual el ingreso de una persona no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas de su alimentación y por lo tanto está considerada como parte de lo que determine la SAN.

Para comprender mejor la seguridad alimentaria y nutricional debe comprenderse en un enfoque multidimensional y multisectorial nos explica la FAO “La disponibilidad, el acceso físico y económico, la utilización y la estabilidad de la alimentación, representan el enfoque multidimensional, mientras que en el enfoque multisectorial, se incluyen diversas áreas y sectores desde el desarrollo social, económico, rural y la agricultura hasta los sectores de salud, vivienda y educación”. Además, se debe de observar en diferentes niveles de análisis yendo desde lo internacional, pasando por lo regional, nacional, de comunidades, del hogar hasta llegar al mismo individuo.

Un desafío constante para la FAO y los países es el encontrar soluciones políticas que incidan de manera articulada en las dimensiones que se mencionaron anteriormente. La FAO propone algunas soluciones, entre las que se encuentran éstas:

• El apoyo a la agricultura familiar y la pequeña agricultura para abastecer programas públicos de alimentación escolar;

• El acceso de espacios públicos a agricultores para la comercialización directa de sus productos, aumentando de esta manera su rentabilidad y disminuyendo los precios a los consumidores;

• Estrategias de educación nutricional enfocadas a familias rurales pobres; y

• Apoyo a la producción de autoconsumo (FAO, 2015).

Desperdicio de alimentos en el mundo

A escala mundial, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o se desperdicia. Esto equivale a cerca de mil 300 millones de toneladas de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2 mil millones de personas.

Ahora se tiene que las pérdidas de alimento conllevan al desperdicio de otros recursos en la producción como lo son; tierra, agua, energía e insumos. Además la producción de alimento que no va a ser consumido supone emisiones de CO2 además de pérdida en el valor añadido de los alimentos producidos. Según la FAO en colaboración con Save the Food la definición de pérdida de alimentos se refiere a “la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano”. Por otro lado, tenemos el desperdicio de alimentos que son “las pérdidas de los alimentos que ocurre al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) más relacionado con el consumo de los vendedores minoristas y los consumidores” es por esta definición que la presente iniciativa va dirigida a contrarrestar el desperdicio de alimentos.

Cada año, consumidores de países ricos desperdician casi la misma cantidad de comida (222 millones de toneladas) que la red de producción completa del África Sub-sahariana (230 millones de toneladas), lo cual nos habla de la gran desigualdad de que se vive en el mundo. El 97 por ciento del desperdicio de alimentos acumulado termina en el basurero. Consumidores y servicios de comida son los que mayor desperdicio de comida crean en la cadena de suministros, estas cifras resultan estremecedoras, conocemos la desigualdad que se vive en el mundo y la pobreza alimentaria que se vive, lo cual hace aún más preocupante las cifras y datos anteriormente presentados.

El efecto del desperdicio de comida no es solo financiero. Para el medio ambiente, los residuos de alimentos conduce a despilfarro de los productos químicos tales como fertilizantes y pesticidas; más combustible utilizado para el transporte; y más comida podrida conduce a la creación de más gas metano. Según datos de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), el desperdicio de alimentos que va a los basureros se rompe anaeróbicamente y produce metano; el metano es 23 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global.

Unión Europea

Alrededor de 100 millones de toneladas de comida son desperdiciadas en la Unión Europea, si esto continua así, el desperdicio de comida podría ascender a 120 millones de toneladas para 2020. En países en desarrollo casi 40 por ciento del desperdicio de comida sucede después de la cosecha y durante el procesamiento.

En el caso de los países industrializados, casi 40 por ciento del desperdicio sucede durante la venta y a nivel del consumidor. Estas causas son fáciles de cambiar y evitar con mejores formas de cosecha y procesamiento en el caso de los países en desarrollo y en países industrializados con campañas de educación las cuales enseñen a los habitantes a conocer mejor los alimentos.

Disminuir el desperdicio de comida ocupa uno de los principales puestos en el orden del día de las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento para que se tomen de inmediato medidas colativas a fin de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos antes de 2025, mientras que la comisión europea se plantea dicha reducción para 2020. Uno de los principales problemas que enfrentan hoy los países pertenecientes a la Unión Europea es el desperdicio que tienen los hogares (37 millones de toneladas). Uno de los países en el cual se centran las investigaciones es en Reino Unido, ya que en este país según las investigaciones se podría evitar hasta 60 por ciento de desperdicio lo cual se traduce en un ahorro al año de 480 euros en los hogares.

En Europa hay más de 100 iniciativas para reducir la acumulación de residuos alimenticios. Las estrategias incluyen la concientización a través de campañas, información, formación, mediación de residuos, y mejora de la logística. Una jerarquía para el tratamiento de los residuos da prioridad a la reducción de los residuos en su origen, siguiendo la reutilización, el reciclado y la valorización siendo el último recurso la eliminación. Sin embargo, muchas de las iniciativas son prácticamente nuevas y su evaluación es limitada.

Se han realizado campañas en algunos Estados integrantes de la Unión Europea. En el caso de Reino Unido, el Programa de Acción de Residuos y Recursos (Waste & Resources Action Programme) realiza campañas para que la población “ame los alimentos y odie el desperdicio”, que registró una reducción de 13 por ciento en un periodo de 3 años. El programa reveló que los compradores que planifican las compras que realizarán tienden a desperdiciar menos alimentos que los que realizan compras espontáneas.

El programa también anima a compradores a realizar compras de productos que estén cerca de su fecha de caducidad y ser usadas en nuevas recetas. En Bruselas, Bélgica, el gobierno implantó un método para evitar el desperdicio de comida por medio de clases de cocina, en 2009 se formó a mil personas. El Parlamento Europeo ha recomendado que se incorpore esta formación práctica a los planes de estudio de las escuelas.

Escocia

En Escocia, el parlamento aprobó regulaciones a favor del desperdicio cero, entre las regulaciones se encuentran; todos los negocios, sector público, y organizaciones sin fines de lucro deben de presentar metal, plástico, vidrio, papel y cartón (incluyendo cartón) el cual será recogido por separado; las empresas alimentarias (excepto en las zonas rurales) que producen más de 50 kilogramos de residuos de alimentos por semana tendrán que separar los alimentos los cuales serán recogidos por separado ambas regulaciones tenían como fecha límite el año 2014.

Para el 1 de enero de 2016 entró en su totalidad la regulación en la cual; las empresas alimentarias (excepto en las zonas rurales) que producen más de 5 kilogramos de residuos de alimentos por semana para presentar los residuos de alimentos por separado; las autoridades locales para proporcionar un servicio mínimo de reciclaje a los hogares; contratistas de residuos proporcionaran servicios de recogida y tratamiento que entregan reciclado de alta calidad; prohibición de cualquier metal, plástico, vidrio, papel, cartón y alimentos de ser incinerados o ser enviados al basurero, estos productos se deberán de reciclar; productos que lleguen a ser incinerados deben de estar libres de plásticos densos y metales; y productos biodegradables no podrán ser enviados a vertederos.

Alemania

Se estima que cada alemán tira alrededor de 80 kilogramos de comida al año, la entonces ministra de Agricultura, Ilse Aigner, mencionó a un periódico: “Nos hemos convertido en una sociedad de abundancia y albergar una mentalidad de usar y tirar” después de anunciar que en Alemania se tiran 11 millones de kilogramos de alimentos al año. De ese desperdicio, 60 por ciento proviene de casas, las investigaciones sugieren que otro 20 por ciento proviene de supermercados, del cual 17 por ciento proviene de grandes consumidores, como cafeterías y restaurantes. Según el estudio conducido por la Universidad de Stuttgard, la mitad del desperdicio proveniente de los domicilios aún es comestible.

En el estudio también se encontró que al tirar alimentos aún comestibles, los alemanes tiran un estimado de 235 euros al año, o 20 mil millones de euros por toda Alemania. La entonces ministra planeó una iniciativa para crear una página web la cual los alemanes podrán entrar para conocer acerca de cuáles alimentos pueden ser aún comestibles y cuáles depositados en el contenedor de basura, además de dar a conocer el significado del “Consúmase antes de”.

España

En España entre 30 y 50 por ciento de los alimentos comestibles acaban desechados. Según la Comisión Europea, España es el séptimo país europeo que más comida desperdicia después de reino Unidos, Alemania, Francia, Polonia e Italia.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzó el pasado 15 de marzo la campaña No Tires la Comida, la cual pide el apoyo de los ciudadanos españoles para crear una ley contra el desperdicio de comida. Entre las medidas que impulsa OCU para la nueva ley se encuentran éstas:

• Se establezcan medidas para que todos los agentes implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos, alimentación animal o abonos, en este orden.

• Se prohíba cualquier práctica que implique estropear los alimentos haciéndolos inservibles para su consumo.

• Se incentiven las donaciones mejorando los beneficios fiscales.

• Se establezcan las fechas de consumo preferente y caducidad siguiendo criterios de calidad y seguridad alimentaria, no intereses económicos.

• Se fomente la reutilización y el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos para consumo humano, para su transformación en otros productos, alimentación animal, compostaje o producción de biogás.

Italia

El año pasado, el Congreso italiano presentó una iniciativa de ley similar a la presentada en Francia. Esta ley, en vez de penalizar a los centros comerciales que desperdicien alimentos en buen estado, la ley facilita a los supermercados a donar los alimentos, ya que se reforman ciertos artículos que anteriormente hacían difícil donar el producto no vendido.

Además, la nueva ley permite a los supermercados donar alimentos que su fecha de consumo preferente haya pasado pero el producto aún esté en condiciones de ser consumido. Otra norma es permitir que los bancos de alimentos y ONG acudan a zonas de consumo para recoger los excedentes tras la cosecha contando con el permiso de los propietarios.

El entonces ministro de Agricultura, Maurizio Martina, comentó a un periódico de dicho país: “Nosotros hacemos más conveniente...” Además, mencionó que actualmente recuperan 550 millones de toneladas de exceso de comida cada año, para el siguiente año esperan llegar al millón de toneladas.

La ley aprobada por el congreso italiano espera además evitar el costo que genera el desperdicio de alimento que genera un costo de 12 mil millones de euros al año. Se espera que la ley que pretende promover la entrega de alimentos, alcance a vendedores, productores y particulares, por medio de la simplificación de la burocracia para los donantes aunado a la disminución de impuestos como el IVA o vía reducciones en el impuesto de basuras.

Dinamarca

En Dinamarca se abrió el primer supermercado el cual vende productos con fecha de caducidad vencida perfectamente comestibles a un precio más bajo que en ningún otro lugar, precios que pueden llegar hasta 30 a 50 por ciento más baratos que vendido en supermercados normales. La tienda llamada WeFood fue abierta en 22 de febrero de este año y ha sido un verdadero éxito.

WeFood, el primero en su clase en Europa, creado por la ONG Folkekirkens Nødhjælp, tiene como objetivo principal disminuir el desperdicio de comida en el país, que llegaba a las 700 mil toneladas métricas al año.

Ese supermercado espera atraer a compradores que tengan una conciencia por el medio ambiente además de compradores con pocos recursos. La tienda cuenta con tratos con uno de los más grandes supermercados del país, el cual dona pan y otros productos. Además cuenta con acuerdos con otros mercados los cuales les proveen de cítricos, carne, semillas y productos orgánicos entre otros cientos de productos; voluntarios son los encargados de recoger los alimentos que luego son vendidos en WeFood.

Con ésa y otras acciones encaminadas a evitar el desperdicio de comida han evitado el desperdicio en 25 por ciento en 5 años, además varios supermercados en el país escandinavo han empezado a vender los productos vencidos que aún pueden ser utilizados a un precio menor.

La ministra de Alimentos y Medio Ambiente de Dinamarca Eva Kjer Hansen, menciono que “es ridículo que la comida sea desperdiciada o sea tirada a basureros” además dijo que “es malo para el ambiente y es dinero gastado en absolutamente nada”.

Francia

Francia dio un gran paso para erradicar el desperdicio de alimentos ya que se convirtió en el primer país del mundo en prohibir a los supermercados que tiren o destruyan la comida sin vender, obligándolos con sanciones a donar a organizaciones de caridad y bancos de alimentos en la búsqueda de disminuir en al menos un cuarto del desperdicio del cual restaurantes y tiendas son responsables. Según la ley aprobada por el Congreso francés, los supermercados no podrán tirar alimentos en buen estado que estén cerca de su fecha de consumo preferente. Además los supermercados tendrán prohibido echar a perder alimentos deliberadamente para que no puedan ser consumidos en los basureros por gente de bajos recursos.

La ley contra el desperdicio de alimentos establece que ahora supermercados mayores a 400 metros cuadrados tendrán que firmar contratos con caridades o bancos de alimentos tendrán que enfrentar una pena de 3 mil 750 euros.

México

En el país, los niveles de pobreza extrema alimentaria se concentran concisamente en Chiapas (9.7 por ciento), Guerrero (9.6), México (8.9), Veracruz (8.6) Oaxaca (8.3) y Puebla (7.9), que en la suma total otorga 53 por ciento de la población en situación de hambruna.

Como se mencionó, alrededor de mundo se han realizado esfuerzos para aminorar el desperdicio de comida en el mundo. Dichos esfuerzos son un ejemplo a seguir para países como México que como muchos otros países sufre de un grave problema en cuanto al desperdicio de alimentos además de que el país sufre el problema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, pasando desde el hambre, hasta la pobreza extrema.

A lo largo de los años se han realizado esfuerzos para erradicar el hambre en México. Desde programas del gobierno federal (como la Cruzada Nacional contra el Hambre) hasta esfuerzos por parte de estados y municipios. Estos esfuerzos han sido de gran ayuda para personas en pobreza extrema más el problema han no ha sido resuelto.

México se encuentra entre uno de los países más desarrollados del mundo ocupando un puesto en el G20, siendo el lugar 15. Sin embargo nuestro país es uno de los países con mayor desigualdad social, mejor dicho la riqueza solo se enfoca en un porcentaje pequeño de la población.

En el tema de almacenamiento se explicó que debe ser mínimo el tiempo que la comida sobrante esté en un banco, y que éstos deben ser espacios pequeños y contar con cámaras de frío, de manera que se cuide la inocuidad en todo momento.

De los estudios llevados a cabo por la FAO es necesario aclarar que 37.26 por ciento de los alimentos producidos en México se desperdician, esto equivale suficiente alimento para brindar ayuda a cerca de 7 millones de ciudadanos que se encuentran en situación de extrema pobreza. Para aclarar las estadísticas más de 50 por ciento de la leche de vaca, 29 de las tortillas, 45 del pan producido y casi 40 por ciento de huevos y pollo son desperdiciados cada año en este país. Y de todas formas, el verdadero desperdicio se encuentra en las frutas y verduras, donde es casi 60 por ciento del alimento rescatado.

Fundaciones y bancos de comida

Existen varias organizaciones y fundaciones que podrían funcionar en conjunto con el gobierno para ayudar a regular el desperdicio de alimentos en forma de sociedad conjunta, unos ejemplos de éstos son

Bancos de Alimentos de México, cuya meta principal es establecer bancos de comida en centrales de abasto y mercados alimentarios.

Alimentos para Todos, Banco de Alimentos Carita, que tiene la intención no sólo de recaudar alimentos sino apoyar en educación nutricional.

El 20 de enero de 2016, expertos de la FAO realizaron una visita a la central de abasto de la Ciudad de México y su Banco de Alimentos. En tal visita, el consultor Altivo Almeida comentó que “la mejor ubicación para un banco de alimentos es dentro de una central de abasto, ya que reduce la generación de basura y ayuda a crear responsabilidad social en los comerciantes, además de que pueden ser unidades de inteligencia que ayuden a identificar las causas del desperdicio”.

En la distribución, el punto clave es tener una política de justo a tiempo, con una programación clara y base de datos de quién recibirá la comida, además de tener bien establecido las autoridades que formaran esta base de datos y quienes llevarán a cabo dicha distribución, que para el caso del Banco de Alimentos de la Ciudad de México, deben ser otras instituciones y organismos no gubernamentales y no directamente al beneficiario final.

Como se señaló, el país ha realizado grandes esfuerzos para aminorar la pobreza alimentaria, hoy tiene la Cruzada Nacional contra el Hambre, que dentro de sus objetivos más importantes es la búsqueda de minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transportación, distribución y comercialización.”, esto claramente mostrando que no solo las tendencias internacionales tienden al ahorro y al no desperdicio sino que en México ya se hallan estas tendencias también.

En dichos esfuerzos no sólo tenemos que tomar en cuenta los que penalizan a las empresas a donar comida que se encuentra en buen estado sino que debemos de alentarlos de diferentes maneras, en la presente iniciativa proponemos beneficios para que la iniciativa privada forme parte de una cruzada para disminuir el desperdicio de alimentos y aminorar esta brecha de pobreza y tener mexicanos mejor alimentados.

Por lo anterior someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de creación de una ley general relativa a la lucha contra el desperdicio de comida en el país, y someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Único.Se crea la Ley General para evitar el Desperdicio de Alimentos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y reglamentaria del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo objeto es establecer las bases y modalidades para evitar el desperdicio de alimentos, responsabilizando y movilizando a los productores, transformadores, distribuidores, consumidores, asociaciones y administradores de alimentos, para actuar de manera pronta en la reducción del desperdicio alimenticio, y la concientización de los ciudadanos mediante la implementación de programas sociales; y la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, a través de su aplicación en toda la República al tenor de los objetivos prioritarios siguientes:

I. Prevenir el desperdicio de alimentos;

II. Promover la recuperación, y la donación de alimentos excedentes para la solidaridad social destinándole dar prioridad a uso humano;

III. Promover la utilización de lo que no se vendió para el consumo humano, para ser donado o transformado;

IV. Contribuir a la limitación de los impactos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales a través de acciones destinadas a reducir la producción de residuos y promover la reutilización y el reciclado con el fin de extender el ciclo de la vida de los productos;

V. Promover la valorización destinada a la alimentación animal;

VI. Contribuir a la consecución de los objetivos generales establecidos por la cruzada nacional sin hambre, así como la reducción de la cantidad de residuos biodegradables enviados a los tiraderos de basura;

VII. Promover la utilización para fines de composta y pienso para agricultura o valoración energética como la elaboración de metano;

VIII. Contribuir a las actividades de investigación, información y educación de los consumidores e instituciones en los ámbitos cubiertos por la presente ley, con especial referencia a las generaciones más jóvenes;

IX.Promover las acciones que a nivel internacional se han implementado para disminuir el desperdicio de alimentos, y colaborar en acciones regionales con organizaciones especializadas en el tema; y

X.Promover la cooperación entre el ámbito privado y el ámbito público para mejora de la planificación de la producción adaptada a los mercados, la promoción de prácticas de producción y de procesamiento eficientes en el uso de recursos, la mejora de las tecnologías de conservación y envasado, la mejora del transporte y la gestión logística, el aumento de la sensibilización en los hábitos de compra y consumo, garantizar que todos los actores de la cadena, incluidas las mujeres y los pequeños productores, reciban una parte justa de los beneficios.

Artículo 2. La prevención contra el desperdicio alimentario comprende la sensibilización y la formación de los ciudadanos, la movilización de los mismos a nivel local y una estrecha comunicación con los consumidores, en particular, a través de programas locales de prevención de desechos.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Alimento: Serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en dinero;

II. Alimento excedente: Cantidad de alimentos que quedan tras satisfacer las necesidades de las familias dedicadas a tareas agrícolas y ganaderas y que pueden por tanto ser usados para el intercambio;

III. Banco de alimentos: Organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso;

IV. Desnutrición, se manifiesta adicionalmente por la carencia de ciertos nutrientes, es decir, la desnutrición se puede caracterizar por una alimentación suficiente de ingesta alimentaria, pero carente por ejemplo en micronutrientes –tales como la vitamina A o el hierro (hambre oculta);

V. Desperdicio de alimentos, las pérdidas de los alimentos que ocurre al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) más relacionado con el consumo de los vendedores minoristas y los consumidores;

VI. Donación: Entrega de bienes a título gratuito;

VII. Donatarios sujetos: Organismos públicos y entidades privadas establecidas para el enjuiciamiento, sin ánimos de lucro con fines cívicos y solidarios que, en aplicación del principio de subsidiariedad, lleven a cabo actividades de interés general, incluyendo a través de la producción e intercambio de bienes y servicios de utilidad social por medio de las formas de reciprocidad;

VIII. Duración mínima: Fecha hasta la que el alimento conserva sus propiedades específicas cuando se almacena correctamente. Los alimentos que han superado este límite de tiempo pueden ser transferidos, que proporciona la integridad de los envases primarios y las condiciones de almacenamiento adecuadas;

IX. Excedente de alimentos: Alimentos, agrícola y agroalimentario que, con sujeción al mantenimiento de los requisitos de higiene y seguridad de los productos, son a modo de ejemplo: sin vender o no administrado por falta de demanda; retirado de la venta como los requisitos de ventas externos de la empresa; los inventarios de las actividades de promoción, junto a la consecución de la fecha de vencimiento, los inventarios de la prueba de lanzamiento para el mercado de nuevos productos, sin vender debido a los daños causados por fenómenos climáticos, sin vender debido a errores en la programación de la producción, no apto para la venta a los cambios de los paquetes secundarios que no afectan a las condiciones de almacenamiento adecuadas;

X. Explotador de empresa alimentaria: Las partes interesadas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que llevan a cabo actividades relacionadas con cualquiera de las fases de producción, envasado, transformación, distribución y administración de los alimentos;

XI. Fecha de vencimiento: Fecha que sustituye a la fecha de duración mínima en el caso de los alimentos altamente perecederos, desde un punto de vista microbiológico, más allá de las que se consideran en riesgo y no pueden ser transferidos o consumidos;

XII. Hambre es la forma más severa de privación de alimentación, indicando una carencia de alimentación suficiente (en especial una insuficiente ingesta alimentaria de calorías) causada por la falta de disponibilidad y acceso a alimentos;

XIII. Inocuo: Que no hace daño físico;

XIV. Malnutrición: Carencia de ingesta, incluye una alimentación desequilibrada, por ejemplo por un consumo excesivo de grasas o azúcar con efectos negativos al estado nutricional;

XV. Pobreza extrema, la cual se define como un estado en el cual el ingreso de una persona no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas de su alimentación y por lo tanto está considerada como parte de lo que determine la SAN; y

XVI. Residuo de alimentos: Alimentos desechados por la cadena de suministro de alimentos por razones comerciales o estéticas, o cerca de la fecha de caducidad, siendo comestible y potencialmente destinado a la alimentación humana o animal y que, en ausencia de un posible uso alternativo, que están destinados a ser eliminados.

Artículo 4.Las empresas alimentarias pueden vender libremente el excedente de alimentos a un precio más bajo, o canalizarlos de manera gratuita al banco de alimentos más cercano con la finalidad de que personal de dicha organización pueda retirarlo directamente o por interpósita persona y asignarlos libremente para el consumo humano.

Artículo 5. Los bancos de alimentos a los que se refiere el artículo anterior deberán asignar de forma gratuita, la comida sobrante recibida, comprobando que el alimento sea inocuo para el consumo humano y destinado principalmente en beneficio de las personas más necesitadas.

Artículo 6.Una vez que los bancos de alimentos hayan cubierto de manera gratuita con comida a las personas más necesitadas, y si aún existiera un excedente de alimentos aptos para el consumo humano, este puede ser vendido con la finalidad de poder destinar el recurso recaudado a la elaboración de composta a través del método aeróbico.

Artículo 7.Los bancos de alimentos tienen la obligación de verificar que los alimentos a distribuir no tengan irregularidades en su etiquetado, y que refieran información sobre la fecha de caducidad o de las sustancias o productos que causen alergias o intolerancias, de no ser así deberán verificar antes de ser trasladados a los sujetos donatarios, que el alimento sea inocuo para consumo humano.

Artículo 8. Se permitirá transferir de forma gratuita los excedentes de productos agrícolas, los cuales una vez que se encuentren en los bancos de alimentos, podrán ser destinados para el consumo humano o animal según sea el caso. La cosecha o recolección de productos agrícolas deberá ser realizada directamente por los donatarios, quienes bajo su responsabilidad los trasladarán a los bancos de alimentos para que, de conformidad con las normas de higiene y seguridad alimentaria, los puedan destinar al consumidor final.

Artículo 9. La venta de alimentos a la que se refiere el artículo 6 permite que los alimentos puedan ser consumidos más allá de la fecha de duración mínima, siempre y cuando se les garantice la integridad de los envases primarios y las condiciones de almacenamiento adecuadas.

Artículo 10. Los excedentes de alimentos, de acuerdo con las condiciones de higiene, seguridad y fecha de caducidad, pueden ser procesados para obtener productos que sean utilizados principalmente en la alimentación humana o animal de soporte vital.

Artículo 11.Los productos de panadería terminados y los productos derivados de la masa de harina de panadería en las plantas que no requieren acondicionamiento térmico, el cual, al no haber sido vendido o se administra dentro de las veinticuatro horas para la producción, son excesivos en los vendedores de tiendas, incluso el comercio, la artesanía y los productores industriales, restauración organizada, incluyendo las granjas, y la restauración pueden ser donados a donatarios sujetos.

Artículo 12.Los operadores de empresa alimentaria en el suministro de bienes, deberán proporcionar prácticas operativas adecuadas con el fin de garantizar la seguridad de la salud y la higiene de los alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. Asimismo, serán responsables de mantener los niveles de salud de los alimentos hasta el momento de la venta.

Artículo 13.Para los efectos de la asignación que se hace referencia en los artículos 4 y 5, los operadores de empresas alimentarias deberán seleccionar los alimentos sobre la base de requisitos de calidad y saneamiento, de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 14.Los explotadores de empresas alimentarias tomarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de intervención o intercambio de productos destinados a diferentes usos previstos en los artículos 6 y 7.

Artículo 15.La Junta de Coordinación será una instancia de carácter permanente, la cual se encargara de realizar los siguientes criterios:

I. Formulación de propuestas y comentarios relacionados con el Fondo para la distribución de alimentos a las personas y las donaciones de alimentos, bienes y servicios necesitados, así como proyectos innovadores destinados a limitar los residuos;

II. Formulación de propuestas para el desarrollo de iniciativas de información y sensibilización para la donación y la recuperación de excedentes de alimentos, así como para la promoción y el conocimiento de las herramientas, incluyendo el impuesto, en relación con las donaciones;

III. Formulación de propuestas para la preparación de las decisiones relativas a los incentivos específicos para los involucrados en la donación regular donaciones regulares equivalentes a mayores incentivos fiscales, en la recuperación y distribución de alimentos y en la donación de dinero, bienes y servicios;

IV. Realización de actividades de vigilancia de los excedentes y residuos de alimentos;

V. Promoción de proyectos y estudios innovadores destinados a limitar el uso de los residuos de alimentos y de los excedentes de alimentos, con especial referencia a su lugar de destino para los más desfavorecidos; y

VI. Formulación de propuestas para promover el trabajo en red y la agregación de las iniciativas promovidas por entidades públicas y privadas que distribuyen alimentos a los necesitados sobre una base territorial.

Artículo 16.Dicha Junta de Coordinación estará integrada de la siguiente manera:

I.El titular y dos representantes de la Secretaría de Desarrollo Social; en donde el titular tendrá la tarea de presidir los trabajos;

II.El titular y un representante de la Secretaría de Economía;

III.El titular y un representante de la Secretaría de Educación Pública;

IV.El titular y un representante de la Secretaría de Salud;

V.El titular y un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; cuyo representante deberá formar parte del Pronase;

VI.El titular y un representante de la Secretaría de Energía;

VII.El titular y un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VIII.El titular y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX.Dos representantes de las asociaciones comparativamente representativas de la distribución;

X. Dos representantes de las asociaciones representativas de la transformación comparativamente, incluso la industria alimentaria y la artesanal;

XI. Dos representantes de las asociaciones más representativas comparativamente de la administración al público de alimentos y bebidas, incluyendo uno en representación de la restauración;

XII. Dos representantes de las asociaciones agrícolas; y

XIII. Dos representantes de las asociaciones comparativamente representativos de los mercados de alimentos al por mayor.

Respecto a los integrantes de la Junta de Coordinación, la participación en la mesa no da lugar al pago de una indemnización, fichas, emolumentos, dietas y reembolso de gastos bajo cualquier nombre.

Artículo 17.De conformidad con las atribuciones señalas en esta Ley y otros ordenamientos legales, las Secretarias mencionadas en el artículo anterior deberán difundir en los diversos medios de comunicación, llámese radio, televisión y medios electrónicos, la promoción de comportamientos y medidas destinadas a reducir el residuo de alimentos y energía.

Artículo 18. En el ámbito de sus atribuciones, las Secretarias de Salud y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverán campañas nacionales de comunicación de los datos recogidos en la recuperación alimentaria y la reducción de los residuos, con el fin de aumentar la conciencia pública y de las empresas sobre las consecuencias negativas de los residuos de alimentos, con especial atención a las cuestiones de derecho a la alimentación, el impacto sobre el medio ambiente y en el consumo de recursos naturales y las posibles medidas para contrastar los mismos desechos.

Artículo 19. En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Salud, promoverán campañas de información con el fin de promover la prevención de residuos de alimentos, incluyendo con especial referencia a las prácticas virtuosas en las actividades restauranteras que permiten a los clientes la comida para llevar de su comida sobrante.

Artículo 20. Para reducir el desperdicio de alimentos en el sector restaurantero, que contribuye a los objetivos del Programa para evitar tirar alimentos, promoviendo un comportamiento responsable y prácticas virtuosas para reducir el desperdicio de alimentos y proporcionar el catering de contenedores reutilizables hechas de material reciclable, apto para permitir a los clientes a llevar sus propios restos de comida. Estas iniciativas se promoverán en los sitios de Internet de la Federación, Estados, municipios y la Ciudad de México, afectados.

Artículo 21. La Secretaría de Educación Pública, en consulta con la Secretaría de Salud, previa consulta del titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverán, en las instituciones educativas de todos los niveles, cursos de formación destinados a la alimentación saludable y la producción sostenible de alimentos, así como para crear conciencia contra el desperdicio de alimentos y los desequilibrios existentes a nivel nacional e internacional en el acceso a los alimentos.

Asimismo la Secretearía de Educación Pública promoverá la investigación en políticas, estrategias y programas para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos.

Artículo 22. Las autoridades competentes deberán garantizar que las actividades previstas en el mismo en el campo de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles según la legislación vigente.

Artículo 23.La Secretaría de Salud, establecerá las directrices dirigidas a los comedores escolares, entidades corporativas, hospitales, sociales y de los habitantes en general, con el fin de prevenir y reducir los desperdicios asociados con la administración de comida.

Artículo 24.La Secretaría de Desarrollo Social elegirá por medio de investigaciones los Estados y municipios de la República a los cuales se les proporcionara mayores alimentos excedentes, dando especial atención a personas que sufran de pobreza extrema, malnutrición, desnutrición y hambre.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del término de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Ejecutivo federal, deberá expedir el Reglamento de la Ley General para prevenir el Desperdicio Alimentario.

Tercero. El Ejecutivo federal celebrará en un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, con los gobiernos de los estados, los municipios y la Ciudad de México, los acuerdos de coordinación respecto de las materias que en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables sean de interés común.

Cuarto. La Secretaría de Salud, dentro de los noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, establecerá las directrices dirigidas a los comedores escolares, entidades corporativas, hospitales, sociales y de los habitantes en general, con el fin de prevenir y reducir los desperdicios asociados con la administración de comida.

Notas

1 Estos conceptos, hambre, desnutrición y malnutrición, se entienden como inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria y nutricional, por su parte, añade la dimensión de nutrición, la cual depende del aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos, la higiene, el saneamiento y la inocuidad de los alimentos, ya que de no contar con estos elementos se ve amenazado el estado de nutrición, aun consumiendo una dieta suficiente y saludable.

2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015), Boletín SAN,

http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/ boletin_san_01-2015_fao_mxico_.pdf Páginas 5-9.

3 Raúl Benítez, Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Consultado en la página

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/239393/ el 11 de septiembre de 2016.

4 Gustavsson Jenny, Cederborg Christel, Sonesson Ulf, Van Otterdijk Robert, Meybeck Alexandre (2011), Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo, alcance, causas y prevención, Save Food. FAO. Consultado en la página

http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

5 Éstas tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos.

6 Las pérdidas y el desperdicio de alimento se miden únicamente para los productos destinados al consumo humano, incluso cuando son utilizados para otras funciones (pienso, bioenergía, etcétera), los cuales pueden ser usos no alimentarios “planeados o no planeados”.

7 United Nations Environment Programme. Food waste facts,

http://www.unep.org/wed/2013/quickfacts/

8 End Food Waste Now. Facts,

http://www.endfoodwastenow.org/index.php/resources/facts

9 Scottish Environment Protection Agency, Zero waste,

https://www.sepa.org.uk/environment/waste/zero-waste/

10 DW, “Germany launches initiative to reduce food waste”,

http://www.dw.com/en/germany-launches-initiative-to-reduce-food-waste/ a-15806644-1

11 Organización de Consumidores y Usuarios. España, por detrás de Francia e Italia en la lucha contra el desperdicio de comida, última modificación 21 de marzo de 2016,

https://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-acciones/2016/ desperdicio-comida

12 Organización de Consumidores y Usurios, No tires la comida,

http://www.ocu.org/movilizate/no-tires-la-comida

13 Payton Matt, “Denmark opens first food waste supermarket selling surplus produce”, consultado el 14 de abril de 2016 en

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-food-waste- supermarket-we-food-copenhagen-surplus-produce-a6890621.html

14 Wang, Amy, “The world’s first supermarket selling only expired food has opened in Denmark”, en Quartz, consultado el 14 de abril de 2016,

http://qz.com/623833/the-worlds-first-supermarket-selling-only-expired- food-has-opened-in-denmark/

15 Matharu Hardeep “Denmark’s food waste supermarket proves huge success as shoppers strip shelves of surplus produce”, en The Independent, consultado el 14 dew abril de 2016,

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/shoppers-strip-shelves- at-opening-of-denmarks-first-food-waste-supermarket-a6908881.html

16 Chrissafis, Angelique. “French law forbids food waste by supermarkets”, en The Guardian, 4 de febrero de 2016, visto el 24 de abril de 2016 en

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food- waste-by-supermarkets

17 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 20 de enero de 2016,

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/Noticias1/2016/03Clausurataller.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Ana Gabriela Guevara Espinoza,Adriana Aguilar Vázquez, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Hildelisa González Morales, Lidia Nallely Vargas Hernández, Lilia Villafuerte Zavala, Rosalba Valencia Cruz, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 58 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente:

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su centenaria promulgación el 5 de febrero del 1917, estableció como función de control y contrapeso entre los poderes públicos del Estado mexicano, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados tanto para aprobar el Presupuesto de Egresos, como de vigilar el debido ejercicio de los recursos públicos asignados, quedando así estipulado en el artículo 74 constitucional, fracciones II y IV, de la siguiente manera:

“ Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

...

II. Vigilar por medio de una Comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.

...

IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquel.”

En la actualidad, el texto vigente del artículo 74 de nuestra Constitución General refuerza el principio de control, aprobación y supervisión de la Cámara de Diputados con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, al establecer:

“ Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

...

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

...”

De las disposiciones constitucionales referidas se advierte la potestad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación así como la de control externo y auditoría del gasto de dicho presupuesto a través de la Auditoría Superior de la Federación.

II. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es un documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

El proceso presupuestario puede dividirse en cuatro etapas:

1. Planeación y formulación del presupuesto

2. Revisión y aprobación

3. Ejecución del gasto público

4. Control y auditoría del gasto

De las etapas referidas corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos (etapa 2 del proceso presupuestario) así como la de control externo y auditoría del gasto a través de la Auditoría Superior de la Federación (etapa 4).

Asimismo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público considera que el Ciclo Presupuestario se compone de siete etapas:

1. Planeación.

2. Programación.

3. Presupuestación.

4. Ejercicio y Control.

5. Seguimiento.

6. Evaluación.

7. Rendición de Cuentas.

De estas siete etapas del ciclo presupuestario, la Cámara de Diputados participa de manera activa en la tercera: Presupuestación, y en la séptima: Rendición de Cuentas, a través de la revisión de la Cuenta Pública, también participa pero de manera pasiva en la etapa cuarta: Ejercicio y Control, a través de la recepción de los Informes sobre el ejercicio de los recursos que trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, entre las etapas del ciclo presupuestario señalado no se hace referencia a las Adecuaciones Presupuestarias, las que en los hechos constituyen modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, permitiendo que la facultad exclusiva de las y los diputados federales de aprobar el PEF, en la realidad, se vea rebasada por las atribuciones que el actual artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a las dependencias y entidades y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar y autorizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias sin restricciones, evitando con ello el debido y democrático contrapeso y control legislativo que la Constitución le confiere a la Cámara de Diputados respecto del ejercicio del gasto público, permitiendo adecuaciones discrecionales entre capítulos, conceptos y partidas que en sus montos asignados, terminan siendo muy distintos a lo presupuestalmente aprobado.

III. Consistentemente se observa que los recursos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, se ven superados por la recaudación real obtenida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en este sentido los recursos fiscales excedentes constituyen recursos adicionales a los originalmente presupuestados y aprobados por los diputados, un análisis académico realizado por Leonardo Núñez González, del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), denominado: Presupuesto de Egresos ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Públicadocumenta lo anterior, al respecto y con relación a dicho estudio, el propio autor escribió:

“...cuando vemos cuánto gasta el gobierno en realidad en la Cuenta Pública podemos observar que siempre gasta más. ¿Cuánto más? Si sumamos las diferencias entre Presupuestos aprobados y Cuentas Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3 billones de pesos más de lo que creeríamos si sumáramos los datos del PEF. Esta cifra es abrumadora, ya que equivale a 16.7 por ciento del PIB de 2015 o a 67.2 por ciento del PEF del mismo año.

La cuestión todavía más preocupante es que estos recursos adicionales se distribuyen mediante un procedimiento opaco, discrecional y antidemocrático. La Auditoría Superior de la Federación ha tratado de investigar en dónde terminan estos recursos adicionales y sus conclusiones son, francamente, perturbadoras: no es posible determinar el destino final de 71.7 por ciento de los ingresos excedentes. ¿Cómo es esto posible?

Todo se origina en una figura legal muy particular: las adecuaciones presupuestarias. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) las define como: ‘las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto’.

En general, son el mecanismo que permite que el Ejecutivo reasigne el presupuesto y destine más o menos gasto en cualquier área, programa o ramo, con la única restricción de que “permitan un mejor cumplimiento de los objetivos”. Como podrá imaginarse, este criterio es lo suficientemente amplio y ambiguo como para permitir justificar cualquier movimiento. El resultado: el gasto público termina siendo diametralmente diferente a como se ve en el PEF.”

Ante las adecuaciones presupuestarias el “control” del gasto público por parte de la Cámara de Diputados se limita a la posibilidad de emitir una opinión, como lo establece el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en cuyo párrafo cuarto establece:

“ Artículo 58. ...

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.”

De lo anterior se constata que las adecuaciones presupuestarias primero se realizan y después únicamente se informan, pero no se someten a ningún control o aprobación de la Cámara de Diputados, aun y siendo la única instancia constitucionalmente facultada para aprobar el Presupuesto Egresos de la Federación y de manera externa fiscalizar el gasto público.

IV. El Clasificador por Objeto del Gasto constituye el instrumento que permite dar seguimiento al destino de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, de conformidad al artículo 2, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece:

“ Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio;”

En la conformación del Clasificador por Objeto del Gasto el nivel de Concepto constituye el punto intermedio entre Capitulo rubro de mayor amplitud y Partida rubro de mayor especificidad, en este sentido el Concepto como objeto de análisis permite un seguimiento más específico y eficaz del gasto público, pues posibilita identificar patrones de adecuaciones presupuestarias reiteradas, como se muestra a continuación:

El análisis del Concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad permite constatar que reiteradamente se programa y presupuesta un monto mucho menor al realmente erogado, considerando únicamente los últimos cuatro ejercicios fiscales se evidencia como entre el 2013 y el 2017 dicho concepto tuvo incrementos que en promedio exceden en un 148 por ciento lo aprobado por los diputados con respecto a lo erogado por el gobierno federal, sólo en este Concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad, estos cinco años suman casi 15 mil millones de pesos erogados por arriba de los montos aprobados por la Cámara de Diputados, como se muestra en la siguiente tabla:

Asimismo, del análisis presupuestario con base al informe de gasto al cuarto trimestre de 2016, se identifica también dentro del Capítulo 3000 Servicios Generales, el Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, en el que se inscriben partidas para asesorías y consultorías como la partida 33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas o la partida 333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información.

El análisis del Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios permite constatar que en el pasado ejercicio fiscal 2016, los ramos administrativos que conforman las dependencias del gobierno federal reiteradamente han realizado modificaciones incrementales a dicho concepto en porcentajes que en una dependencia llegan a exceder en mil 300 por ciento lo presupuestalmente aprobado para dicho concepto en el ramo correspondiente, en total se estima que el gobierno federal ejerció, en el ejercicio fiscal 2016, solo en este Concepto 3300, más de 18 mil millones de pesos de los aprobados en el PEF, como se muestra en la siguiente tabla.

Sumados los Conceptos 3300 y 3600, resulta que únicamente estos dos conceptos de los 59 que integran el Clasificador por objeto del gasto, representan casi 24 mil millones de pesos ejercidos en 2016 por encima de lo aprobado en el respectivo PEF por la Cámara de Diputados, cantidad que para ponerlo en perspectiva supera los recursos recortados en febrero y junio del 2016 a los ramos de salud y educación. Pues ambos recortes presupuestales, implicaron una disminución para el ramo de Educación de 10 mil 160.2 millones de pesos y para el ramo de Salud de 8 mil 562.6 millones de pesos, que suman 18 mil 722.8 millones de pesos y que representaron el 30.7 por ciento del total de los recursos recortados a los ramos presupuestales del gobierno federal.

Para ser claros: los recortes que en 2016 se realizaron a estos dos sectores pilares de la política de desarrollo social se pudieron haber evitado si en lugar de incrementar los capítulos 3300 y 3600 se hubiesen respetado los montos aprobados en el PEF 2016 por la Cámara de Diputados.

Por ello, la atribución que faculta la realización de las denominadas Adecuaciones Presupuestarias, en concordancia con el artículo 74 constitucional, debe sujetarse al control legislativo, pues del total de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) únicamente en México y Estonia el Ejecutivo federal puede gastar más de lo presupuestado sin la participación del Legislativo; asimismo, únicamente México y otros cuatro países de los 35 integrantes de la OCDE, el gobierno o los ejecutores del gasto pueden modificar el destino de su presupuesto sin la intervención del legislativo.

Un proyecto de presupuesto bien planificado y bien programado debe reflejarse en mínimas adecuaciones presupuestarias, por el contrario una generalización de las mismas supone una deficiente planeación, que conlleva a un deficiente resultado en el ejercicio del gasto público y en los objetivos de los programas sociales y fines institucionales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforman los párrafos: primero, segundo que se recorre en su orden al sexto, tercero que se recorre al séptimo, y cuarto que se recorre al octavo; se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo y décimo primero del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 58. Toda adecuación presupuestaria deberá estar orientada a optimizar el cumplimiento de los objetivos y de los programas de las dependencias y entidades.

Previo a cualquier autorización presupuestaria, la dependencia o entidad que la realice o solicite deberá contar con la justificación técnica que la sustente, la cual, invariablemente, contendrá indicadores que permitan precisar, medir y comparar los impactos benéfico estimados a partir del presupuesto y metas aprobadas, con respecto a la adecuación solicitada.

Asimismo, cuando la adecuación implique reducciones, también se deberá informar el impacto de las mismas.

Las dependencias y entidades que realicen y soliciten adecuaciones presupuestarias, las deberán presentar, tanto en su origen como en su destino, desagregadas a nivel de Capítulo, Concepto y Partida Genérica de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto.

Las adecuaciones presupuestarias comprenderán:

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática;

c) Económica; y

d) Geográfica

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

Las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias y entidades que, por una sola vez o en su conjunto, no representen modificaciones con una variación mayor al 10 por ciento de cualquier Concepto del clasificador por objeto del gasto asignado, sólo requerirán la autorización de la Secretaría de conformidad al Reglamento.

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades, siempre y cuando, por una sola vez o en su conjunto, no representen una variación mayor al 10% del presupuesto asignado por cada concepto del clasificador por objeto del gasto que corresponda, informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.

La Secretaría, en un apartado específico, deberá reportar en los informes trimestrales todas las adecuaciones presupuestarias autorizadas, agregando las nuevas metas e impactos esperados, actualizando dicha información trimestralmente. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

Cuando las adecuaciones presupuestarias, tanto internas como externas, representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 10 por ciento del presupuesto asignado en cualquier Concepto del clasificador por objeto del gasto en los presupuestos aprobados del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la solicitud se turnará a la Secretaría para su análisis y opinión, la que sólo en caso de ser favorable, procederá a solicitar la autorización de la Cámara de Diputados a la que deberá remitir toda la información pertinente, entre la que se incluirá la justificación técnica de la dependencia o entidad solicitante, así como el análisis y la opinión favorable de la Secretaría.

Recibida la solicitud de adecuación presupuestaria, la Cámara de Diputados la turnará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y discusión, asimismo solicitará la opinión técnica del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y emitirá el dictamen correspondiente, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados para que por mayoría de los presentes apruebe o rechace la adecuación presupuestal solicitada por la Secretaría.

Para la integración de la Cuenta Pública, además de la información presupuestal y contable, las dependencias y entidades a las que se hubiesen autorizado adecuaciones presupuestarias deberán informar el porcentaje de impacto realmente obtenido con respecto al estimado en la justificación técnica que sustentó su adecuación, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad la explicación correspondiente, lo anterior con la finalidad de evaluar tangiblemente el resultado de las adecuaciones presupuestarias autorizadas.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre mujeres y hombres, al programa de ciencia, tecnología e innovación; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y la atención a grupos vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 El Proceso Presupuestario en México y su Contexto Político. Unicef. 2010. Pág. 3.

http://www.infoninez.mx/files/presupuestario.pdf

2 Presupuesto Ciudadano Presupuesto de Egresos de la Federación. Pág. 7

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/ Presupuesto/Publicaciones_anteriores/PEFVC_2013.pdf

3 Leonardo Núñez González. “Los Recursos Escondidos del Presupuesto”. Animal Político.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/ 2016/11/04/los-recursos-escondidos-del-presupuesto-2016/

4 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_ Abiertos

5 Leonardo Núñez González. Presupuesto de Egresos ficticio: Secretos y mentiras en el gasto público. Ponencia 31 de enero de 2017.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, 23 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Mario Alberto Ramos Tamez,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigaíl Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, María Libier González Anaya, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Angélica Zamudio Macias, Pilar Lozano Mac Donald (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 5 y 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de los Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa al tenor de lo siguiente

Planteamiento del problema

Debido a la composición social que reviste la opinión sobre un cargo de representación pública, éste es asociado con prácticas de abuso de poder, lo que ha generado una imagen general de una clase política abusiva, que ejerce distintas formas de violencia. En este tenor, el abuso de autoridad o de poder ha sido considerado como una práctica en una relación jerárquica y desigual, en la que un individuo con una condición social, económica, política o gnóstica particular sobre otras personas inflige agravios morales, psicológicos, sexuales o materiales.

Acciones y marcos que garanticen un freno a esas formas de violencia, son necesarios, al igual que lo son los mecanismos de denuncia y sanción sobre la temática. Por ello, contemplar este tema en nuestro actuar legislativo significaría un mensaje importante contra todo abuso de poder.

Argumentos

La no violencia es un principio que rechaza el uso de cualquier tipo de violencia para lograr un cambio social o político, y le apuesta a una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Expertos la han definido como “una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva”.

De esta manera, la iniciativa en comento busca incorporar en el código de ética esta ideología como una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión en todas sus formas. El objetivo es mostrar una política de cero tolerancia en el recinto legislativo y garantizarle a la planta trabajadora un trato digno y respetuoso, al realizar la siguiente modificación:

Por lo anterior, propongo reformar el Código de Ética de la Cámara de Diputados para incluir el principio de la no violencia como un principio en este recinto legislativo.

Fundamento Legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 5 y se reforma la fracción XII, recorriéndose el párrafo contenido en esa fracción en una nueva fracción XIII, del artículo 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 5 y se recorre la fracción XII para reformar dicha fracción y agregar la fracción XIII al artículo 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Código de Ética de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Artículo 5.El principio de Legalidad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:

I. a IV. ...

V. No incurren en ninguna práctica de abuso de poder

VI. ...

VII. ...

...

...

...

Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el presente capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a que están sujetos las y los Diputados del Congreso, éstos deben atender las normas conductuales siguientes:

I. a XI. ...

XII. No Violencia. Consistente en la práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia en todas sus formas, y hacia cualquier persona.

XIII. Todas aquéllas que abonen a la productividad legislativa, al cumplimiento de las obligaciones y deberes que la Constitución y las leyes les confieren.

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Carlos Torres Piña(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 9 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

Una de las principales preocupaciones en materia de impacto ambiental es el crecimiento exponencial de la producción mundial de residuos plásticos en los últimos años. Según la Global Ocean Commission, en su documento denominado Plastics, keeping them out of the ocean, entre 2002 y 2013 la producción global anual de plásticos aumentó casi un 50 por ciento, pasando de 204 millones de toneladas a 299 millones, esperando que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas para el año 2020.

La situación en nuestro país es similar, ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales un alto porcentaje termina en tiraderos a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y los océanos.

En este rubro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puntualiza que, si no se toman medidas, para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, ya que cada año 13 millones de toneladas de desechos plásticos se vierten en los mismos.

El impacto ambiental de esta contaminación es grave e incuantificable, ya que el 90 por ciento de la contaminación flotante del océano está compuesta por plástico, sin embargo, sólo 10 por ciento del total subsiste en la superficie, mientras que el resto se hunde y permanece en el fondo del mar por tiempo indefinido.

Los plásticos por sí mismos merecen un tratamiento específico ya que debido a su composición muchos de ellos no tienen el tratamiento adecuado para su disposición final; cabe señalar que algunos de éstos al degradarse liberan agentes tóxicos como el Bisphenol A (BPA), lo cual provoca alteraciones hormonales que pueden derivar en infertilidad tanto en animales como en el ser humano, ya que no se debe perder de vista que algunas de las especies marinas afectadas por estos residuos son destinadas al consumo humano.

Sin duda, cualquier objeto ajeno a la composición natural de los ecosistemas representa una alteración e impacto negativo para su conservación; sin embargo, existen diversos grados de contaminación, dependiendo del tipo de residuo del cual se trate.

En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en la actualidad, recipientes, utensilios o bolsas son los productos plásticos más consumidos, por lo que su alta demanda lleva al aumento en la generación de residuos, de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.

Si bien hemos avanzado significativamente en la adopción de conciencia por parte de la sociedad en la disminución de la demanda de dichos plásticos en actividades cotidianas, lo cierto es que también se debe reconocer que se requiere de su regulación para garantizar que lo que hoy es una política pública exitosa, se convierta en Ley y no quede sólo como una actividad que muchos llaman equivocadamente moda.

Resulta complicado conocer la cifra exacta de contaminación por estos residuos, sin embargo, según un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), alrededor del 12 por ciento de la basura en México es plástico; lo que equivale aproximadamente a 10,350 toneladas diarias de las 86,343 del total de basura que producimos.

Ante esta situación, invariablemente surgen posturas que pretenden justificar el uso de plásticos como elementos indispensables para la realización de actividades en la vida diaria de los consumidores, sin embargo, es necesario hacer énfasis en que no existe argumento suficiente que justifique el uso de dichos plásticos a pesar del impacto negativo en el ambiente que sí se encuentra demostrado con evidencia científica.

Al respecto, sirven de ilustración algunos datos que nos ayudan a concientizarnos sobre lo que algunos creen son herramientas indispensables e incluso vitales para la vida cotidiana; por ejemplo, la vida útil de una bolsa de plástico que apenas alcanza el cuarto de hora; la de un popote que no excede de 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años, según lo confirmo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante su campaña nacional “Sin popote está bien”. Sin omitir referir a los productos hechos con poliestireno expandido, conocido comúnmente como el unicel, el cual según grupos ecologistas no es biodegradable; es decir, no desaparece nunca; pues incluso tras 500 años los productos hechos a base de este material podrán subsistir si no se disponen de manera adecuada.

Ejemplos sobre las afectaciones sobran, recordemos el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un dolor indescriptible, el cual al serle retirado resultó ser un popote de al menos 8 centímetros de largo.

O que decir de la isla de plástico ubicada el Pacífico, entre Hawái y California, misma que según datos de la investigación publicada en la revista Nature, se expande por aproximadamente 1.6 millones de Km2 —es decir, casi tres veces el tamaño de Francia—, y contiene cerca de 80,000 toneladas de plástico.

Dicha situación no puede continuar sin atención; a nivel internacional existen diversos esfuerzos que han venido a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación por la incorrecta disposición final de los plásticos; directrices que debemos armonizar e implementar en nuestra realidad.

Nuestro país no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiban el consumo de plásticos, una de ellas es la que ha implementado Grupo CMR, a través de su Dirección de Responsabilidad Social, que en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de 43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el año 2014, los cuales fueron intercambiados por productos elaborados con fécula de maíz.

Asimismo, desde del año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales con resultados positivos tanto social como financieramente, por lo que han demostrado que el ser responsable y respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.

Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, debemos sumarnos a las acciones que buscan erradicar el uso de productos elaborados con plásticos que resultan prescindibles para casi todas las personas. Estamos conscientes de que existen casos de excepción, es por ello que proponemos que la fabricación de dichos productos continúe pero que se haga usando materiales más amigables con el medio ambiente.

Una de las principales preocupaciones para el Partido Verde dentro del tema ambiental es la reducción del impacto que causan los residuos sólidos en nuestro país, en específico el plástico; por ello, proponemos modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de establecer la prohibición de entregar productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, dentro de las leyes de las Entidades Federativas.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Único. Se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XVIII al artículo 9, recorriéndose las demás en su orden subsecuente; y se adiciona una fracción IV al artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. a XV. [...]

XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, con especial enfoque en los plásticos utilizados para el desarrollo de sus actividades; y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación;

XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, en el que se incluya el fomento a la utilización de materiales biodegradables;

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XVII. [...]

XVIII. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, ya sea a título gratuito o de manera onerosa.

XIX. Someter a consideración de la Secretaría, los programas para el establecimiento de sistemas de gestión integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios, con objeto de recibir asistencia técnica del Gobierno Federal para tal fin;

[...]

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. [...]

IV. Entregar productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto comercial, para uso como contenedor o utensilio; para transportación, carga o traslado del consumidor final, a título gratuito o de manera onerosa.

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación correspondiente, así como la actualización y armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

Cuarto. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente decreto, deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada anualmente a cada dependencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas

1 Ahogados en un mar de plástico. Disponible en:

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/ ahogados-mar-plastico_12712/6

2 Análisis del ciclo de vida del poliestireno expandido. Disponible en:

http://ambientalissimo.blogspot.com/2011/04/analisis-del-ciclo-de-vida-del.html

3 La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran isla de basura del Pacífico que ya tiene tres veces el tamaño de Francia. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43515386

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputados: Marco Antonio Gómez Alcántar,Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena

Planteamiento del problema

El actual formato de presentación y análisis del Informe de Gobierno es inadecuado para cumplir con la rendición de cuentas, además de ser contrario al equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión.

Producto de una precipitada reforma constitucional en 2008, el Informe de Gobierno se ha convertido es un trámite que se limita a la entrega de un documento, como si la Cámara de Diputados fuera una ventanilla administrativa.

Posteriormente, con variaciones menores, se ha vivido una simulación y una adulación a la figura presidencial.

En lugares cerrados, con producciones propias de un espectáculo, la élite financiera y política del país es convocada a escuchar al Presidente en turno, pero, en vez de que el mandatario se dirija a la representación del pueblo que lo mandató y a quien debe servir, lo hace ante las cámaras de televisión.

Argumentos

• En la transformación profunda que requiere nuestro país, sin duda, debe modificarse lo antes descrito para dar lugar al diálogo informado, útil y respetuoso entre los poderes.

Es cierto que resultó un exceso lo vivido en algunos sexenios de nuestra historia, cuando el Ejecutivo era recibido como el héroe de la Nación, colmado de aplausos y adulaciones.

También es claro que la presentación del Informe de Gobierno carecía de un formato que garantizara la discusión oportuna, seria, informada y puntual por parte del Poder Legislativo.

Resultaba grotesco y absurdo que un legislador diera una pretendida respuesta a un Informe de Gobierno que en ese momento había sido presentado y de cuyo contenido estaba siendo enterado. Evidentemente se necesitaba y se requiere un plazo mínimo para la revisión y análisis de lo informado. Pero en vez de mejorar las condiciones de presentación y discusión del Informe de Gobierno, se dio un retroceso.

En el año 2008, ante la incapacidad de las fuerzas políticas para construir un escenario de dialogo respetuoso, se optó por una alternativa extrema y contraproducente. Se argumentó entonces que lo moderno era dejar atrás el “día del Presidente” y se dio entrada a la mera entrega por escrito del Informe de Gobierno.

Se atentó contra el dialogo democrático, causando un grave daño a la vida pública. Sin contrapesos ni posibilidad de debate con el responsable de la administración pública se debilitó la práctica de la civilidad, la rendición de cuentas y la funcionalidad democrática del país.

• Ante esa situación y en los albores de lo que será una transformación de la República, debe quedar claro que el Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados que representa la soberanía nacional y por la Cámara de Senadores que representa el Pacto Federal, es la contraparte natural para analizar el quehacer del Presidente de la República.

En el entorno de cambios que vivirá México, es indispensable que el Presidente esté mandatado para presentarse ante el Congreso, que presente un mensaje a la sociedad y que se abra un proceso para que responda los cuestionamientos de todas las fuerzas políticas. Nunca como ahora resulta necesaria la retroalimentación de la vida pública.

No existe razón válida para mantener una práctica ajena al sentido público de la acción gubernamental, y en cambio, existen amplios beneficios si el país transita al diálogo y la evaluación, seria y respetuosa, de los logros y resultados del gobierno federal.

La iniciativa que se presenta es sencilla y a la vez sintética. Consiste en reformar el primer párrafo artículo 69 de la Carta Magna para establecer que, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República presentará personalmenteun informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país y pronunciará un mensaje con ese motivo.

Además, se propone agregar un segundo párrafo al mismo artículo constitucional para establecer que e n fecha posterior, el presidente de la República acudirá a las Cámaras del Congreso, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, donde escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo con el procedimiento legalmente correspondiente.

Esta iniciativa no impide, sino que antecede la glosa y el análisis del Informe de Gobierno, que se mantiene en los términos de los artículos 69 y 93 de la Carta Magna.

Los términos y procedimientos que se requieren para regular los aspectos específicos de la propuesta, como la exposición del Presidente, el formato de las intervenciones de los legisladores, o el desarrollo de las sesiones, son materia legal y de los reglamentos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Fundamento legal

Conforme con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los párrafos subsecuentes

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los párrafos subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará personalmenteun informe por escritoen el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país y pronunciará un mensaje con ese motivo. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

En fecha posterior, el presidente de la República acudirá a las Cámaras del Congreso, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, donde escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo con el procedimiento legalmente correspondiente.

Cada una de las Cámaras...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Carol Antonio Altamirano(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por los diputados Jorge Arturo Espadas Galván, Antonio Ortega Martínez y Beatriz Manrique Guevara, de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y PVEM, respectivamente

Los suscritos diputados Jorge Arturo Espadas Galván, Antonio Ortega Martínez y Beatriz Manrique Guevara de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente, así como las diputadas y diputados integrantes de estos grupos parlamentarios que la suscriban de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentamos para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente iniciativa tiene como propósito resolver la problemática que han tenido que afrontar los gobiernos de las entidades federativas, con la entrada en vigor de las Reglas de Disciplina Financiera contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM), particularmente, en su artículo 17, a partir de este año y respecto de los recursos transferidos que al 31 de diciembre de 2017 no devengados y que debían restituir a más tardar el 15 de enero de 2018, con el consecuente daño a sus haciendas públicas.

Asimismo, ampliar el plazo establecido en el régimen transitorio de la ley, para la aplicación de tales reglas en el ámbito municipal, mismos que se encuentra previsto para enero de 2019, habida cuenta que su aplicación inmediata contraría el objetivo de la LDFEFM, consistente en promover finanzas públicas locales sostenibles y evitar el deterioro sistemático en las finanzas públicas de las entidades federativas, así como en los municipios.

En ese tenor, la orden de restitución –en forma indiscriminada– a los gobiernos subnacionales, contraviene el objetivo de la LDFEFM, consistente en fomentar el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales.

III. Argumentos que la sustenten

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en esencia en el mecanismo implementado a partir de la firma de convenios entre la federación y las entidades federativas, por medio de los cuales éstas se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales.

En la actualidad todas las entidades federativas han signado este tipo de convenios, lo cual ha hecho que los dos impuestos más importantes (el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado), sean establecidos y administrados por la federación (a pesar de que ninguno de ellos se hayan asignado de manera expresa al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XXIX, constitucional, que es el artículo que establece la lista de impuestos que le corresponden a la federación).

Lo anterior, ha permitido que la federación controle alrededor de 80 por ciento de los ingresos fiscales totales generados en el país, lo cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y de los municipios en relación con la federación.

Las “participaciones federales” se articulan a través de una serie de reglas y fórmulas previstas en la Ley de Coordinación Fiscal; ordenamiento que contempla varios tipos de fondos participables. Los más importantes son: 1) Fondo General de Participaciones: compuesto por 20 por ciento de la recaudación federal participable; y 2) Fondo de Fomento Municipal, integrado con una fracción de 1 por ciento de la recaudación federal participable.

Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal prevé otro tipo de transferencias de la federación a las entidades federativas, que se denominan “aportaciones federales”. Éstas son definidas por el artículo 25 de dicha Ley, como “recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la ley...”.

El conocido Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, constituye entonces el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros siguientes: educación; salud; infraestructura básica; fortalecimiento financiero y seguridad pública; programas alimenticios y de asistencia social; e infraestructura educativa.

Con tales recursos, la federación apoya a los gobiernos locales que deben atender los reclamos que les plantea su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman.

El marco jurídico específico, se encuentra establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25 a 51, en los que se establecen las aportaciones federales para los fondos siguientes:

A. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

B. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

C. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

D. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

E. Fondo de Aportaciones Múltiples;

F. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

G. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Es importante destacar que los ingresos de los estados que provienen de las participaciones no están condicionados en cuanto a su gasto. Pero los ingresos que provienen de los fondos de aportaciones federales sí están condicionados.

En efecto, la ley indica que todas estas aportaciones federales condicionadas serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes.

Conforme a la ley, dichos ingresos deben registrarse como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en los artículos respectivos de la Ley. Recibidos los recursos de los fondos de aportaciones por las entidades federativas y los municipios, hasta su erogación total, el control y la supervisión del manejo de dichos recursos corresponderá en una primera instancia a los órganos locales de fiscalización de las cuentas públicas, pero en una segunda y última instancia a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En ese tenor, las participaciones y las aportaciones federales son los dos ramos generales del gasto federalizado que tienen las partidas presupuestarias más altas. La principal diferencia entre ambas radica en que las primeras son recursos que los estados y municipios pueden ejercer libremente, mientras que, las segundas son recursos etiquetados, puesto que, la Ley de Coordinación Fiscal determina en qué las deben gastar los estados y municipios.

Al tratarse recursos etiquetados y condicionados, se encuentran sujetos a un conjunto de normas y reglas en cuanto a su ejercicio y control, entre ellas, las contenidas en la propia Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las de la reciente Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Derivado de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó un paquete de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a Ley General de Deuda Pública y a Ley General de Contabilidad Gubernamental; y se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM); decreto aprobado por el Congreso de la Unión el 17 de marzo de 2016 y promulgada por el Ejecutivo federal el 27 de abril del mismo año.

El objetivo de la LDFEFM es promover finanzas públicas locales sostenibles, a través de reglas de disciplina financiera, el uso responsable de la deuda pública, así como el fortalecimiento de la transparencia, entre otras medidas.

Esto teniendo en consideración que en los últimos años, se ha observado un deterioro sistemático en las finanzas públicas de algunas entidades federativas, así como en algunos municipios. Lo anterior se ha dado, en parte, como resultado del creciente endeudamiento en el que han incurrido los gobiernos subnacionales.

Mientras que a principios del presente siglo e l promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales era cerca de 50 por ciento, a principios de 2016, dicho nivel superó 80 por ciento, con un monto de más de 530 mil millones de pesos, equivalente a cerca del tres por ciento del PIB.

En ese tenor, la LFDF busca orientar a los gobiernos subnacionales bajo ciertos criterios que incentivan una gestión responsable que fomente el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales; con esos propósitos, la ley contiene cinco componentes principales:

• Reglas de disciplina hacendaria y financiera: Estas reglas incentivan finanzas públicas sanas en gobiernos subnacionales mediante principios de responsabilidad hacendaria.

• Sistema de alertas: Este sistema alerta cualquier riesgo ante los endeudamientos de las entidades federativas y los municipios y obliga a cumplir con convenios de responsabilidad hacendaria.

• Contratación de deuda y obligaciones: Se garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero y de manera transparente con fines que tengan beneficios.

• Deuda Estatal Garantizada: El gobierno de la República dará su aval crediticio con el propósito de que los estados y municipios accedan a un financiamiento más barato.

• Registro Público Único: El registro sirve para para inscribir y transparentar la los financiamientos y obligaciones.

Como parte de las reglas de disciplina financiera para las entidades federativasque pretenden promover un balance presupuestario sostenible entre ingreso y egresos, y que limitan el ejercicio del gasto, destacan entre otras, las siguientes:

• Sólo podrán comprometer recursos en el Presupuesto de Egresos autorizado cuando haya suficiencia presupuestaria con previa identificación de la fuente de ingresos que se utilizará para ejercer dichos recursos.

• Se podrán ejercer recursos adicionales si hay ingresos excedentes, con la autorización de la secretaría de finanzas, pero tomando en cuenta que 50 por ciento de los excedentes se tienen que utilizar para cubrir obligaciones financieras previas.

• Para cualquier programa o proyecto de inversión que sea superior a los diez millones de Unidades de Inversión (55 millones de pesos aproximadamente) se requerirá hacer un análisis costo-beneficio.

• En las entidades federativas, deberá de existir un área encargada de los proyectos y que verifique el análisis costo-beneficio.

• Sólo serán procedentes los pagos establecidos en el Presupuesto de Egresos y por conceptos devengados y contabilizados, por lo que por ningún motivo podrán ejercerse y autorizarse pagos que no cumplan con esta normatividad.

• Finalmente, en la ley se enfatiza que las entidades federativas tienen que reintegrar a más tardar el quince de enero las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior no hayan sido devengadas (artículo 17).

Por cuanto hace a las reglas de disciplina financiera para los municipios, destacan las siguientes:

• Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos se regirán por objetivos, estrategias e indicadores de desempeño que sean cuantificables y medibles.

• Tomarán en cuenta para su elaboración los Criterios Generales de Política Económica que presenta la SHCP cuando propone el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para que tengan concordancia con las finanzas nacionales y con los recursos federalizados no etiquetados que se recibirán.

Deben incluir los resultados presupuestarios de los últimos tres años y del ejercicio fiscal en cuestión.

• Incluirán las proyecciones de finanzas públicas (sólo para un año si el municipio tiene menos de 200 mil habitantes).

• Se limitan a 2.5 por ciento de los ingresos totales municipales, los recursos que los municipios podrán ejercer en adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).

• De la mayor importancia, es el artículo 21 que establece que –al igual las entidades federativas– los municipios deben cumplir con los artículos 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 17.

Por la importancia para esta iniciativa, se reproduce íntegramente el contenido de este los dos preceptos subrayados:

Artículo 17. Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las entidades federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 21. Los municipios y sus entes públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta ley.

Adicionalmente, los municipios y sus entes públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo, de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los municipios de más de 200 mil habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

Los preceptos transcritos establecen claramente la obligación de devolver a la Tesorería de la Federación aquellos recursos provenientes de transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, “no hayan sido devengadas” por sus Entes Públicos. Dicha restitución debe efectuarse a más tardar el 15 de enero del año siguiente.

Empero, el propio artículo 17 en su párrafo segundo, establece una excepción a esta obligación de devolución, a saber, cuando las transferencias federales etiquetadas, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas; en cuyo caso, los pagos respectivos deberán efectuarse a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente (31 de marzo), o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente.

En ese tenor, pueden advertirse los siguientes supuestos respecto de los recursos provenientes de transferencias federales etiquetadas (supuesto en el que se ubican las aportaciones federales):

a) Deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero, cuando llegado el 31 de diciembre no hayan sido devengadas;

b) No deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación cuando al 31 de diciembre ya se encuentran “comprometidos”, en cuyo caso, deben pagarse los compromisos a más tardar el 31 de marzo o conforme al calendario de ejecución del convenio;

c) No deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación cuando al 31 de diciembre ya se encuentran “devengados pero no pagados”, en cuyo caso, deben pagarse los compromisos a más tardar el 31 de marzo o conforme al calendario de ejecución del convenio.

Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de la obligación referida, es decir, la de reintegro a la Tesorería de la Federación, de aquellas transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus entes públicos, debe tenerse en consideración el régimen transitorio previsto en el decreto que expidió la LDFEFM, particularmente, los artículos primero, tercero, cuarto y décimo transitorios, que previeron:

• Dado que la ley fue promulgada y publicada por el Ejecutivo federal el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente de su publicación, según dispuso el artículo primero transitorio, con excepción de lo estipulado en los demás artículos transitorios.

• Conforme al artículo tercero transitorio, los gobiernos subnacionales deben modificar el marco normativo necesario para cumplir con el decreto, a más tardar 180 días después de su publicación.

• Lo anterior implica que a partir de abril de 2016, tenían hasta octubre de 2016 para hacer las modificaciones normativas y administrativas correspondientes para que se implemente la legislación, a excepción de algunas normas que, conforme a diversos artículos transitorios tendrán una implantación escalonada.

• Por otro lado, el artículo cuarto transitorio establece que las reglas de balance presupuestario sostenible y de disciplina hacendaria de las entidades federativas entrarán en vigor en el Ejercicio Fiscal de 2017, por lo que los gobiernos estatales tenían aproximadamente siete meses para su implantación.

• Para el caso de los municipios, el artículo décimo transitorio establece que las reglas de equilibrio presupuestal y responsabilidad hacendaria, entrarán en vigor en el Ejercicio Fiscal de 2018, por lo que los gobiernos municipales tendrán aproximadamente veinte meses para su establecimiento.

La entrada en vigor para las entidades federativas a partir del ejercicio 2017, de las reglas de disciplina financiera contenidas en la LDFEFM, particularmente, el artículo 17, y su respectiva fiscalización por parte de los órganos competentes a partir de 2018, han revelado las debilidades del sistema instaurado a partir de 2016 y las dificultades que han tenido que afrontar los gobiernos estatales no sólo para implementar la nueva legislación, sino fundamentalmente para observar y aplicar plenamente dichas disposiciones.

Sin desconocer la valía o utilidad de las normas de disciplina financiera, es claro que las entidades federativas no han tenido el tiempo suficiente para su implantación.

Muestra de ello, son las observaciones que ha emitido la Contraloría gubernamental, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, en el sentido de que debieron reintegrarse recursos que no fueron comprometidos o devengados al 31 de diciembre de 2017; o bien, porque no fueron efectuados los pagos correspondientes a más tardar el 31 de marzo de 2018 o conforme a los calendarios de ejecución de los convenios.

Empero, es claro que el plazo concedido a la entidades federativas para la implantación de las normas estatales (180 días naturales), no permitió concluir esos trabajos, ni tampoco brindar la capacitación a sus servidores públicos que les permitiera su debida observancia.

También ese abreviado plazo impidió una adecuada intelección y capacitación por parte de los servidores públicos de las instancias de fiscalización, muestra de ello es que un número significativo de observaciones se hace consistir en el pago tardío (después del 31 de marzo de 2018 e incluso por uno o dos días posteriores al vencimiento) de compromisos efectivamente devengados; en esos casos, de manera por demás desproporcionada, las instancias fiscalizadoras solicitan la devolución íntegra de los recursos a la Tesofe cuando se trata de trabajos efectivamente realizados, por ejemplo, obras edificadas en beneficio de la población de los estados, inobservando lo previsto en otras disposiciones aplicables y supletorias de la LDFEFM, entre otras, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; ordenamiento que pone de relieve la obligación a cargo de los entes públicos –incluidas las entidades federativas– de cubrir aquellos pagos por compromisos efectivamente devengados, siempre que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

Asimismo, dicho ordenamiento prevé como obligación de los servidores públicos la de procurar, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que no se cause un daño o perjuicio a la hacienda pública federal o al patrimonio de cualquier ente público o entidad; y a realizar las acciones que estimen pertinentes para evitarlo.

Lo anterior, es relevante, porque en el supuesto de proceder a la devolución a la Tesorería federal de esos recursos, atendiendo a la observación y/o recomendación de la instancia fiscalizadora, el gobierno de la entidades federativa correspondiente estará obligado a pagar los trabajos con cargo a su -ya de por sí- limitado presupuesto del ejercicio, dejando de atender programas y proyectos prioritarios.

Tal situación, evidentemente es contraria a la finalidad y objetivo de la LDFEFM, que según quedó señalado, pretende promover finanzas públicas locales sostenibles y evitar el deterioro sistemático en las finanzas públicas de las entidades federativas, así como en algunos municipios.

En ese tenor, la orden de restitución –en forma indiscriminada– a los gobiernos subnacionales, contraviene el objetivo de la LDFEFM, consistente en fomentar el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales.

Una problemática similar se advierte en los municipios, para los que la norma en cuestión entrará en vigor a partir de este año, pues por un lado, tampoco han tenido el tiempo suficiente para implementar el diseño institucional que permita su aplicación plena, ni tampoco han podido contar con la capacitación correspondiente para sus servidores públicos, máxime cuando en el ámbito municipal es de sobra conocido que los recursos son más limitados que en el orden municipal y además, porque en este año –en especial– los municipios se han visto inmersos –en su gran mayoría– en procesos electorales mediante los cuales han resultado electas nuevas autoridades y actualmente se encuentran en procesos de transición, entrega recepción y arranque de las nuevas administraciones, que evidentemente, es un factor relevante para el cumplimiento de las normas en cuestión.

Por tanto, con la finalidad de permitir tanto a las entidades federativas como a los municipios la correcta, plena y completa implementación de las normas relativas a las reglas de disciplina financiera contenidas en la LDFEFM, a través de un proceso integral de planeación que tendrán que llevar a cabo los gobiernos estatales y municipales en coordinación con la federación, se propone reformar el artículo décimo transitorio.

Lo anterior, para posibilitar a los gobiernos estatales y municipales, tomar acciones inmediatas que permitan hacer frente a las reglas de disciplina financiera que emanan de la ley, reconfigurando su esquemas normativos y brindando la capacitación adecuada sus funciones públicos, permitiendo tanto a las entidades federativas como a los municipios la correcta, plena y completa implementación de las normas relativas a la LDFEFM, ello como una acción que parte del reconocimiento del problema de insuficiencia presupuestaria por la que atraviesan muchos estados y municipios del país, mismo que a lo largo de un ejercicio presupuestal los limita para poder ejecutar programas y proyectos en beneficio de la población.

Somos conscientes que los criterios de la administración de recursos deberán regirse por principios de eficiencia, eficacia y racionalidad a partir de la anualidad de los objetivos, estrategias y metas que establece el artículo 5o. de la misma ley y que parte del problema también se debe a que con base en la presupuestación de ingresos y gastos, los gobiernos locales no siempre realizan la planeación correcta del ejercicio de los recursos y por ello, caen en presiones financieras que traen como consecuencia el descontrol de los mismos.

Sin embargo, la presente iniciativa se sustenta en principios federalistas, de subsidiariedad y solidaridad que tienen origen en el pacto federal, por ello también señalamos que los gobiernos locales pueden y deben mejorar la planeación de sus finanzas públicas y la ejecución de sus programas y proyectos de inversión en beneficio de la ciudadanía y no se tenga que regresar a la Federación un recurso que resulta valioso para el desarrollo y bienestar de la población, ya que son fondos destinados a atender la necesidades más sensibles de la sociedad.

Es un imperativo para quienes suscribimos, la transparencia y la rendición de cuentas como un mecanismo inhibidor de actos ilícitos, es por ello que proponemos de la misma manera la adición de un párrafo al artículo transitorio décimo, con este párrafo y considerando que se trata de recurso que en principio debía estar devengado o al menos comprometido y pendiente sólo de pago, es importante que los municipios informen en un apartado especial de su cuenta pública, el monto de los recursos provenientes de transferencias federales que no fueron devengados o comprometidos en 2018, asimismo dicho apartado especial deberá estar reflejado en la cuenta pública anual y deberá continuarse informando sobre el ejercicio de estos recursos del Ejercicio Fiscal de 2018 en la Cuenta Pública de 2019, estableciendo el destino de dichos recursos, especificando de donde fueron aplicados, bajo que mecanismo de contratación, y población beneficiada. Esta información es pública y deberá estar disponible para la población, por lo que cada sujeto obligado deber publicarla de oficio en los medios electrónicos, portales o páginas de internet en los cuales tiene a disposición de la ciudadanía toda la información pública.

IV. Fundamento legal

Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es “iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

VI. Ordenamientos a modificar

Como lo indica el título referido, lo es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VII. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior, sometemos a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforman el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Artículo Único. Se reforma, el primer párrafo y se adiciona con un segundo párrafo el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Décimo. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo, así como el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2019, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha ley.

Las entidades federativas y los municipios deberán informar en un apartado específico de su Cuenta Pública anual 2018, el monto de los recursos referidos en el párrafo anterior que no fueron ejercidos durante dicho ejercicio, asimismo informarán durante el Ejercicio Fiscal de 2019, en apartado especial de su cuenta pública, sobre la aplicación de dichos recursos, población beneficiada y forma de contratación. Esta información deberá publicarse en los portales de información pública de las entidades federativas y los municipios.

VIII. Artículo Transitorios

Sobre el particular, se propone el siguiente:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IX, X y XI. Lugar, fecha y nombre y rúbrica del iniciador.

Notas

1 Serna de la Garza, José María, El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consultable en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1325/5.pdf

2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la honorable Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 27 abril de 2016.

3 Dado que las observaciones se han formulado a los gobiernos estatales y se encuentra en proceso de atención, se trata de información reservada, por lo que no es posible dar a conocer el número de autoría, ni el de la cédula de observaciones y el contenido de dichas observaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Jorge Arturo Espadas Galván, Abril Alcalá Padilla, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonio Ortega Martínez, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Tejeda Cid, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carmen Julia Prudencio González, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ron Ramos, Emmanuel Reyes Carmona, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Elizondo Garrido, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marco Antonio Gómez Alcantar, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Angélica Zamudio Macias, Martha Estela Romo Cuéllar, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Mónica Almeida López, Nohemí Alemán Hernández, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Oscar Bautista Villegas, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Pilar Lozano Mac Donald, Raúl Gracia Guzmán, Raymundo García Gutiérrez, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Teófilo Manuel García Corpus, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 7 y el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al tenor de la siguiente

El cuidado de los recursos naturales merece especial atención, particularmente el del agua, recurso del que en los últimos años se han acentuado serios problemas en infraestructura, conservación, financiamiento, contaminación, distribución, equidad en el acceso, de gestión y finalmente una alta vulnerabilidad por el cambio climático global.

Ante esa realidad se vuelve indispensable generar un cambio de hábito que permita en el largo plazo, garantizar el acceso del agua al mayor número de personas, sin distingos de condiciones sociales ni geográficas.

De los 32 millones 925 mil 270 de hogares que reporta la Encuesta Nacional de Hogares, 68 por ciento cuenta con dotación de agua diaria, pero en 10 millones 497 mil 128 el suministro es irregular y en muchos casos nulo.

Además, 7 por ciento, equivalente a 2 millones 85 mil 208 hogares, no recibe agua por tubería y tiene la necesidad de conseguirla de otros lugares.

Se estima que la cobertura nacional de acceso al agua entubada es de 95.3 por ciento (97.8 urbana, 87.0 rural), en tanto que la cobertura nacional de agua entubada en la vivienda o predio es de 94.4 (97.2 urbana, 85.0 rural).

Asimismo, se estima que la cobertura de alcantarillado a red pública o fosa séptica es de 91.4 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el Reporte de gobernabilidad sobre el agua, ha advertido desde 2016 que de 42 ciudades del mundo, en México destacan 9 por su gran desperdicio de agua potable.

De acuerdo con el reporte, Tuxtla Gutiérrez encabeza la lista, donde las pérdidas llegan a 70 por ciento, seguido de San Luis Potosí con 50, la Ciudad de México con más de 40 y, en menor proporción, Chihuahua, Toluca, Querétaro, Culiacán, Acapulco y Hermosillo.

La OCDE considera que la infraestructura en México es obsoleta o escaza y que afecta el adecuado suministro de agua.

Una de las opciones de acceso al agua es a través de la captación, considerada como técnica de recolección y almacenamiento de agua pluvial.

Estados como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, que reciben el 49.6 por ciento del agua de lluvia del país al año.

El sur-sureste es la región con más recursos hídricos, pero con el menor acceso de agua para su población por la falta de servicios básicos dentro de la vivienda.

Dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales menores de 500 mm, en cambio, una tercera parte, el sureste, es húmedo, con precipitaciones anuales que superan 2 000 mm por año.

En estas condiciones, la precipitación pluvial constituye una parte importante del ciclo hidrológico, ya que genera agua renovable, susceptible de ser captada, sobre todo en las escuelas. Tan sólo 42 por ciento de las 88 mil 148 primarias del país tienen acceso a agua potable.

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto precisar que deberán formar parte de la infraestructura física educativa, las áreas de captación de recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios.

La Ley General de Infraestructura Física Educativa, que esta iniciativa pretende reformar, tiene como objeto en el artículo 2, regular la infraestructura física al servicio del sistema educativo nacional, según ciertos lineamientos que contengan innovación en la gestión pública y desarrollo humano (fracción II). También se atiende a la fracción III del artículo mencionado, pues busca mayor pertinencia en la aplicación de recursos. Y en general, para el apoyo y con fundamento en la misma ley, así como en la Constitución.

Con esta acción se asegura la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, aprovechando la captación de agua de lluvia.

Particularmente, el artículo 2o. constitucional establece en el Apartado B la obligación de los tres órdenes de gobierno, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas. En específico, la fracción II del apartado referido obliga al Estado a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, no cabe duda que una adecuada infraestructura física educativa, beneficia la calidad de la educación, pues establece condiciones necesarias para el correcto ejercicio de la enseñanza.

También se propone que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará el cumplimiento del presente Decreto en un plazo no mayor de tres años.

Se propone que los planteles educativos particulares también deberán instalar este tipo de áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios.

Finalmente, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se disponga de una asignación para la instalación de infraestructura áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios en los inmuebles escolares.

Por mandato constitucional, el Estado es el garante del derecho al agua, debiendo cumplir el artículo 4o., que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

La presente iniciativa se propone a cumplir la asequibilidad de la obtención del agua, con el gran beneficio de aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, procurando con esta reforma un doble beneficio, para el ambiente y la educación de los mexicanos.

Además, la presente iniciativa cumple con los criterios axiológicos del artículo 3o. de la Constitución, pues con esto se cumplen los objetivos de la educación, como es el respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho al agua y cuidado de los recursos y del ambiente.

La reforma planteada busca reflejar los criterios educativos situados en la fracción II del mismo artículo 3o. constitucional, pues la recolección y reutilización del agua es “resultado del progreso científico”. Aunado a ello, el Apartado B de la fracción referida dice que la educación atenderá a la comprensión de nuestros problemas y “al aprovechamiento de nuestros recursos”; en el apartado c) se manifiesta la convicción del “interés general de la sociedad”.

Por eso, esta iniciativa va más allá de una reforma tendiente a garantizar el derecho humano al agua, pues atiende a su vez al principio de interdependencia de los derechos humanos, ya que, como se ha expuesto, la modificación propuesta es una mejora integral a los derechos de educación, agua y ambiente.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 7 y el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Único. Se reformanlos artículos 7, párrafo primero, y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, así como áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el programa sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los programas de desarrollo regional.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables y de aprovechamiento del agua de lluvia, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En términos del presente decreto, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo no mayor de 120 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá los lineamientos generales en materia de infraestructura de áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios en instalaciones del sistema educativo nacional.

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán infraestructura de áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios, en un plazo no mayor de 24 meses, a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto.

Cuarto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se dispondrá de una asignación presupuestal para infraestructura para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios en los inmuebles escolares, en términos del presente decreto.

Quinto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará y supervisará el cumplimiento del presente decreto en un plazo no mayor de tres años.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2018/agua2018_ Nal.pdf

2 Ibídem.

3 http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf

4 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/water-governance-in- cities_9789264251090-en#page43

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Brasil Alberto Acosta Peña,Claudia Pastor Badilla, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Juan Ortiz Guarneros, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Margarita Flores Sánchez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdéz, María Ester Alonzo Morales (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Beatriz Dominga Pérez López diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos originarios, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

Hace ya 526 años que el navegante Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda, zarpo del Puerto de Palos, buscando un camino más corto para llegar a la India, sin embargo, no llego a ese país, llego a un mundo que hasta ese momento era para ellos desconocido, sin embargo a los habitantes qué encontraron en la isla de le llamaron indios, bautizando así a todos los habitantes que existían en el hoy continente americano, lo anterior por ignorar en esos tiempos que dichos habitantes conformaban distintos pueblos originarios, cómo por ejemplo en lo que es hoy el territorio mexicano estaban asentados los pueblos incas, los mayas, los zapotecas, los huaves, los mexicas, y muchos más, cada uno con su lengua, cultura, sistema de gobierno y cosmovisión propia, es decir cada una como una propia nación, América tenía pues ya sus propios pueblos y división territorial, misma que fue soslayada al momento de conformarse nuestra república mexicana.

No obstante a lo anterior se les llamó indios, y después, indígenas, que si bien es cierto tiene una definición etimológica, significando población de allí, o de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es un adjetivo que hace referencia a ser originario del país de que se trata, surge la duda porque solo se llama indígena a las personas originarias antes de la conquista y no se les llama indígenas también a los ingleses en sus países, o a los griegos en Grecia, etcétera, porque se ha impuesto este nombre sin si quiera consultarle a un huave o a un raramuri sobre cómo quiere que se llame.

Si ya la Organización Internacional del Trabajo establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos, sobre cualquier decisión que se tome respecto a los mismos, específicamente en su artículo 6 inciso a) “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” surge la duda, ya se les preguntó, ¿cómo quieren que se les llame?

Por mucho que se ha querido aclarar que la palabra indígena hace referencia a los que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, esto según el mismo convenio citado antes, la realidad es que las comunidades originarias no están conforme con el término indígena, ya que así lo han manifestado en diferentes espacios de diálogo y foros en los que sus representantes reclaman autodenominarse pueblos originarios, aunado a lo anterior el rechazo al término indígena hoy en día es sinónimo de pobreza, analfabetismo y de escasa comprensión del mundo occidental, además de que dicho término cómo ya se ha expuesto, se impuso después de la conquista, asociándola al término de indio.

En mérito de lo anterior, el texto sometido a su consideración, se expresa de la siguiente manera:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Único: Se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos originarios para quedar como sigue

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos originarios.

Son comunidades integrantes de un pueblo originario, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos originarios a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades originarias a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres integrantes de un pueblo o comunidad originaria disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población originaria, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los integrantes de comunidades originarias, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos originarios en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades originarias como entidades de interés público.

B. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los habitantes de comunidades originarias y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos sus y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades originarias, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas originarias con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades originarias. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los integrantes de comunidades originarias mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades originarias y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres integrantes de comunidades originarias al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades originarias puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades originarias mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos originarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos originarios en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los integrantes de comunidades originarias, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 27. ...

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I. ...

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II. ...

III. ...

IV. ...

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V. ...

VI. ...

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VII. ...

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos integrantes de comunidades originarias.

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Artículo 28. ...

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Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las originarias, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

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Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Los estados de la federación y la Ciudad de México contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear o modificar sus leyes y reglamentos que se requieran a fin de ir de acuerdo al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 9 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Beatriz Dominga Pérez López,Hildelisa González Morales, Hirepan Maya Martínez, Irineo Molina Espinoza, Irma Juan Carlos, María de los Ángeles Gutiérrez Valdéz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Código Penal Federal y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias, a cargo de la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Marcela Torres Peimbert, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX-P y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Penal Federal y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias, al tenor de la siguiente:

El perfeccionamiento de la legislación encargada de garantizar los derechos en México es sin duda un tópico que resulta de gran importancia para el Poder Legislativo, toda vez que al ser un derecho prioritario plasmado en nuestra norma jurídica fundamental, constituye una obligación para el Estado, no sólo el protegerlo de manera enunciativa a través de un marco normativo idóneo, sino también de asegurar que su cumplimento se de en tiempo y forma para beneficio de los acreedores.

El 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual representa un gran logro en materia normativa, ya que contiene avances trascendentes, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

-Enfoque garantista, cambiando el paradigma asistencialista.

-La Federación y las entidades federativas programarán en sus proyectos de presupuesto los recursos para el cumplimiento a la Ley.

-Se reitera que es deber de la familia, el Estado, y la comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

-Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones de Ciudad de México, que sustancien procedimiento de carácter jurisdiccional, administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que esté relacionada la niñez estarán obligadas a garantizar los principios generales y específicos que son reconocidos para la niñez y adolescencia.

-El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida.

-Derecho a la igual sustantiva por medio del cual las autoridades van a diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

-Se crea un Sistema Nacional de protección integral el cual será presidido por el presidente de la República.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula en su artículo 103, que:

“ Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

II a XI. [...]”.

En el mismo orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, señala dentro de su artículo 4o. (reformado el pasado 12 de octubre de 2011), que:

“(...) en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Debemos resaltar que el artículo citado en el párrafo que antecede, constituye un principio constitucional el cual debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la protección y garantía de los derechos de la niñez en todo nuestro país. En el artículo 73, fracción XXIX-P (mismo que se reformó el pasado 12 de octubre de 2011), se dispone lo siguiente:

“Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

Es con base en los preceptos constitucionales invocados, que consideramos que la pensión alimenticia es un tema que debe ser abordado desde el ámbito legislativo a nivel federal, con el objeto de fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en México, ya que si bien es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral, dejando así desprotegido a uno de los sectores poblacionales más vulnerable de nuestro país, es decir, a la niñez.

Dentro del marco de derecho internacional, es de vital importancia señalar la adhesión del Estado mexicano a la “Convención sobre los Derechos del Niño”, tratado internacional que ratificó el Senado de la República en el año 1990, el cual representó un paso más hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los mexicanos menores de edad.

La Convención es el primer instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que incorpora toda la gama de derechos humanos de la infancia: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Al aceptar nuestro país las obligaciones que se estipulan en dicho documento, se compromete a proteger y asegurar los derechos de la infancia; asimismo, acepta se le considere responsable de este compromiso ante la comunidad internacional, por lo que tendrá que llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.

En materia de derecho comparado, encontramos diversas experiencias respecto al tema de pensión alimenticia, diferentes países latinoamericanos han tenido un avance significativo en este rubro con el objetivo de proporcionar herramientas que ayuden al cumplimiento de las obligaciones de los deudores alimentarios con las niñas, niños y adolescentes. A continuación, se hace mención de los países que cuentan con normas referentes al tema en cuestión:

Como se desprende del análisis del cuadro anterior, son varios los países que garantizan el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia para los menores, mediante un Registro de Deudores, el cual no solamente sirve para tener una base de datos nacional; sino que además, con la ayuda y colaboración de diversas instancias gubernamentales, logra que los deudores alimentarios cumplan con dicha obligación en beneficio de la niñez.

Resulta también relevante y enriquecedor analizar lo que sucede en nuestro país de forma local en diversas entidades federativas, las cuales han emitido ya normas respecto al tema de pensión alimentaria. Algunas de estas entidades son:

No obstante lo anterior, la falta de homogeneidad en la legislación local constituye un grave problema, como lo podemos observar en el cuadro anterior, si bien es cierto, existen entidades federativas en las cuales operan estos registros para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos, en la mayoría de las entidades del país no existen medios para hacerlos efectivos. Por ello debemos considerar, con fundamento en las facultades que nuestra Constitución establece, que resulta necesario plasmar en ley los mecanismos y las acciones que harán que los deudores alimentarios cumplan con su obligación en toda la República Mexicana.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 29 de mayo de 2000, representó, en su momento, un avance en nuestra sociedad referente a la protección de nuestra niñez.

Si bien es cierto, el propósito de dicha Ley fue de gran trascendencia, puesto que integró un cuerpo normativo de aplicación general en todo el territorio y agrupó de manera sistemática, el conjunto de derechos que la sociedad mexicana confiere a toda la población menor de 18 años, en concordancia con las mejores prácticas internacionales, la realidad social y las últimas reformas constitucionales, tanto al artículo 4o., como al 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impusieron al legislador la obligación de adecuar o abrogar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de establecer los mecanismos necesarios de ingeniería normativa que garantizarán un mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres respecto a sus hijos.

El proyecto que se presenta más adelante, parte del reconocimiento de la importancia y validez del ejercicio legislativo que representó la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, en el año 2000, así como de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente recién aprobada, asimismo, de la impostergable necesidad de fortalecer la declaración de derechos y enriquecerla con una serie de mecanismos que le impriman el vigor, fortaleza y sentido necesarios, que aseguren su estricta observancia, y que a su vez confiera a los derechos de los niños, niñas y adolescentes el carácter de universales e inalienables.

Con el fin de alcanzar ese objetivo la iniciativa propone crear un Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos cuyo funcionamiento será el siguiente:

Estará a cargo del Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura, quien lo integrará como órgano auxiliar y proporcionará la información de las sentencias emitidas por los juzgados familiares. Recabará, ordenará y difundirá la información sobre obligados alimentarios morosos a través de una plataforma electrónica que contendrá datos de las entidades federativas.

Teniendo como referencia normas de diferentes entidades, se propone que el juez de lo familiar ordene la inscripción de quienes incumplan con sus obligaciones a fin de lograr la comparecencia del deudor incumplido y adoptará las medidas de apremio que correspondan a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones desatendidas.

La sociedad, por su parte, deberá contribuir alertando al registro sobre las operaciones financieras, crediticias, comerciales, corporativas, bursátiles y laborales en las que pretenda participar un deudor moroso, a fin de identificarles y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Se pretende que el deudor alimentario cumpla de manera oportuna, eficaz y suficiente con su obligación, es decir, que sea en los tiempos que se determina, logrando que nuestra niñez se vea beneficiada de forma directa e idónea respecto al tema que nos ocupa.

Consideramos necesario hacer énfasis en la importancia del derecho alimentario, por lo cual se pretende establecer en Ley, que la niñez tiene el derecho inalienable e irrenunciable a recibir alimentos de sus padres o tutores, además se mandata a quien tenga su guardia y custodia, a realizar todos los actos necesarios para hacer efectivo este derecho. Lo anterior, debido a que nuestras niñas, niños y adolescentes, muchas de las veces, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad e indefensión para ejercer sus derechos y de esta forma les brindaremos una mayor protección.

No deberá quedar en duda que el primer crédito preferente, por encima de cualquier otro y sin importar su naturaleza u origen, es el alimentario. Cualquier omisión respecto de esto último será sancionada en los términos de la normatividad aplicable.

En el contexto mexicano se ha contribuido positivamente a la definición de los alcances de los principios plasmados en nuestra Carta Magna, de los criterios de órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, así como del desarrollo legislativo a partir de la ratificación de la Convención, sin embargo, es necesario continuar trabajando para que, efectivamente, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituya una herramienta para la vigencia de un verdadero estado de derecho para nuestra niñez.

Es cierto que México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales signados en materia de protección a los derechos de la infancia, también lo es, que el camino para asegurar el cumplimiento total de los mismos aún no ha llegado a su fin, y que de ninguna forma puede permanecer al arbitrio de la voluntad de un ser humano, el acceso a los derechos básicos de alimentación, en este caso contar con un instrumento jurídico que determine de manera específica estas obligaciones.

Este proyecto constituye un esfuerzo del Poder Legislativo para introducir en ley el reconocimiento y garantía del derecho alimentario, la iniciativa que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como fin primordial la armonización de los diferentes ordenamientos jurídicos para facilitar el cumplimiento de la obligación jurídica referente a los alimentos.

Con la elaboración y presentación de esta iniciativa, reafirmo nuestro compromiso por aportar un instrumento para armonizar y fortalecer el marco jurídico nacional, que permita garantizar la exigencia y justicia de los derechos humanos de la infancia de este país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción I del artículo 103, y se adiciona una sección cuarta “Del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias” dentro del capítulo tercero de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; reforma el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; reforma los artículos 336 Bis y 337 del Código Penal Federal; reforma la fracción XV del artículo 2 y se adiciona el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 103, y se adiciona una sección cuarta “Del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias” dentro del capítulo tercero de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 103. [...]

I. [...]

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y, en la especie:

a) La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;

b) Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y

c) Con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.

Para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, el Consejo de la Judicatura Federal contará con el auxilio del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en los términos establecidos por esta ley.

II. a XI. [...]

[...]

[...]

Artículo 135 Bis. Se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de identificar a deudores y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial firme; a los terceros relacionados con el cumplimiento de la obligación alimentaria, así como brindar servicios de información al público conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de consultar la información disponible sobre el estado del cumplimiento de la obligación de dar alimentos.

Artículo 135 Ter. El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que proporcione el Poder Judicial de la Federación, mismo que estará facultado para requerir de los deudores y acreedores los datos necesarios para su actualización.

Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el juez de lo Familiar; de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos por el artículo 336 Bis del Código Penal Federal y responderá solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por sus omisiones o informes falsos.

Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

El deudor alimentario deberá informar de inmediato al acreedor alimentario, al juez de lo Familiar y éste al Registro, cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social de su nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada y no incurrir en alguna responsabilidad.

Artículo 135 Quater. La inscripción a la base de datos se realizará una vez que exista resolución judicial firme sobre el juicio de alimentos, a efecto de lo cual el juez dará vista al Registro de la sentencia definitiva en la cual se especifique:

I. Nombre o nombres y apellidos de deudor, acreedor y, en caso de ser persona física, empleador del deudor,

II. Clave Única de Registro de Población del acreedor,

III. Homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor y el empleador del deudor,

IV. Cuantía de los alimentos definitivos,

V. Plazo de pago de los alimentos definitivos,

VI. Órgano jurisdiccional que ordenó la inscripción,

VII. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la cual deriva la inscripción, y

VIII. Fotografía de deudor y acreedor,

Artículo 135 Quinquies. La base de datos del registro contendrá, como mínimo, las siguientes categorías:

I. Deudores alimentarios,

II. Acreedores alimentarios, y

III. Empleador o empleadores de deudores.

Tratándose de los deudores alimentarios, se calificará el cumplimiento de la obligación alimentaria de acuerdo con las siguientes categorías:

a) Puntual: el deudor que haya cumplido con el pago de su obligación dentro del plazo establecido en la sentencia.

b) Moroso: el deudor que haya incumplido con el pago de su obligación alimentaria.

Artículo 135 Sexies. El deudor alimentario deberá hacer llegar al Registro pruebas de la fecha y cuantía del pago de la pensión alimenticia, mismas que serán consideradas para registrar el cumplimiento de la obligación.

Se creará un listado nacional que contenga los nombres de los deudores alimentarios con categoría de morosos y el Registro dará vista de la misma, con actualización mensual, al Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Artículo 135 Septies. El Registro emitirá certificados de no inscripción o, en su defecto, del estado del cumplimiento de las obligaciones, a petición de la parte interesada.

Para efecto de lo anterior, se dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita, mismo que contendrá como mínimo la siguiente información:

I. Nombre o nombres, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario;

II. Número de acreedores alimentarios;

III. Cuantía de la pensión y estado de cumplimiento;

IV. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro;

V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción; y

VI. Fotografía de la persona solicitante.

Artículo 135 Octies. Las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro o el certificado de cumplimiento puntual de las obligaciones alimentarias, en los trámites y procedimientos siguientes:

I. Obtención de licencias y permisos para conducir;

II. Obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje;

III. Para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular;

IV. Para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial;

V. Para participar como proveedor de los tres órdenes de gobierno;

VI. Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales; y

VII. En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.

Artículo 135 Nonies. Las autoridades federales, en coordinación con las locales, instrumentarán las medidas de restricción migratoria, las cuales establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro, pueda salir del país, cuando:

a) Sea deudor alimentario moroso.

b) Exista prueba aportada por la o el acreedor que permita al juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.

El impedimento para salir del país deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan su guardia y custodia ante el juez correspondiente, quien luego de resolver sobre el particular, deberá notificar a las autoridades migratorias respectivas para los efectos conducentes, en términos de la normatividad aplicable.

En este caso se condicionará la salida del país, sólo si se realiza un depósito que corresponda al pago adelantado desde 90 hasta 365 días de la pensión, según las circunstancias, o bien proporcione cualquier otra garantía, que a criterio del juez garantice el cumplimiento de la obligación.

En el caso de los obligados alimentarios cuyo trabajo implique salir y entrar frecuentemente al país y estén obligados, como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, a realizar un depósito judicial u ofrecer otra garantía para asegurar el cumplimiento de su obligación, deberán hacerlo una vez al año.

Artículo 135 Decies. El Registro celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro, misma que deberá actualizarse mensualmente.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 88. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitaduría Judicial, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los términos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

[...]

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 336 Bis y 337 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 336 Bis. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años; la misma pena se impondrá a quien incurra en falsedad al proporcionar información relativa a la capacidad económica del deudor alimentario. El juez resolverá la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. El delito de abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, ante el juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, hará prueba plena la inscripción del procesado como “deudor moroso” en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de los hijos.

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XV del artículo 2 y se adiciona el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 2o. [...]

I. a XIV. [...]

XV. Usuario, las entidades financieras, las empresas comerciales, las Sofomes E.N.R. y demás autoridades a las que las leyes otorguen la facultad de proporcionar información o realizar consultas a la sociedad.

Artículo 20. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Dentro de las operaciones de naturaleza análoga a las que se refiere el presente artículo se considerará la información proveniente del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que se refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Registro Nacional de Obligados Alimentarios contará con los recursos presupuestales que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuente a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los Congresos locales contarán con un plazo no mayor a 180 días para armonizar sus respectivas legislaciones conforme a lo establecido por el presente decreto y establecer: la creación de Registros locales de deudores alimentarios; penas efectivas para sancionar la falsedad de la información o la negativa de los patrones a dar información sobre los ingresos reales del demandado o demandante; establecer la obligación de los patronos o representantes legales de brindar a la autoridad judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor de la pensión alimentaria, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se les notifique.

Cuarto. Al entrar en vigor la legislación única en materia procesal civil y familiar, se propone la siguiente adición:

De los juicios en materia de alimentos

Artículo... No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial.

Artículo... Podrá acudirse al juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Las copias respectivas de la comparecencia y demás documentos, serán tomados como pruebas, debiendo relacionarse en forma pormenorizada con todos y cada uno de los hechos narrados por el compareciente, así como los medios de prueba que presente.

El juez hará saber al interesado que puede contar con el patrocinio de un defensor de oficio para conocer de su procedimiento y como consecuencia, éste ordenará dar parte a la institución de Defensoría de Oficio para que, en su caso, le asesore o patrocine. Una vez hecho lo anterior se correrá traslado a la parte demandada, la cual deberá comparecer en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el juez deberá señalar el día y hora para la celebración de la audiencia respectiva.

Artículo... Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio.

Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser licenciados en Derecho con cédula profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un Defensor de Oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual.

Artículo... En la audiencia las partes aportarán las pruebas que consideren pertinentes y que hayan ofrecido, sin más limitación que no sean contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley.

El juez y las partes podrán interrogar a los testigos con relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen procedentes con la sola limitación a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo... La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el problema que se le plantee, el juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará personalmente o con auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la materia. Estos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados tanto por el juez como por las partes. La valoración priorizará en todo momento el interés superior del menor y en el fallo se expresarán los medios de prueba en que haya fundado el juez para dictarlo.

Artículo... La audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteligencia de que, la demanda inicial deberá ser proveída dentro del término de tres días.

Artículo... Si por cualquier circunstancia la audiencia no puede celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes. Las partes deberán presentar a sus testigos y peritos. De manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo, se impondrá al actuario del juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los segundos, citándolos así mismo para la audiencia respectiva, en la que deberán rendir dictamen.

Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada y al promovente de la prueba, de imponerle una multa que no podrá ser inferior de diez veces ni superior de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, a favor del colitigante, dicho monto se incrementará a cincuenta veces, en caso de que el señalamiento de domicilio resultare inexacto o de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante.

En caso de que se ofrezca la prueba confesional, las partes deberán ser citadas con apercibimiento de ser declaradas confesas de las posiciones que se les articulen y sean calificadas de legales, al menos que acrediten justa causa para no asistir.

Artículo... La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes.

Artículo... Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía.

Quinto. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a los 23 días de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Marcela Torres Peimbert,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Aguilar Vázquez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Domínguez Vázquez, Claudia López Rayón, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Laura Martínez González, Lidia Nallely Vargas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Lorena Villavicencio Ayala, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Rosalba Valencia Cruz, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Susana Cano González, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de sanción de subejercicios presupuestarios, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

En las últimas administraciones y en los tres niveles de gobierno, ha sido práctica reiterada por funcionarios y servidores públicos encargados de ejercer el presupuesto que tienen asignado para el cumplimiento de metas contenidos en los programas prioritarios o en el compromiso formal de su ejecución, el incumplir con el calendario determinado para tal efecto, o realizar la ministración de recursos a los rubros presupuestados con retraso o con modalidades que dificultan la debida aplicación de los mismos.

Esta situación se ha dado con mayor frecuencia en las secretarías de estado de la administración pública federal, siendo en ocasiones generados con el objeto de presionar o coaccionar políticamente, o bien por imprudencia o negligencia en su actuar, situación que impacta de manera negativa en la política social nacional, es decir, que dejan de gastar en tiempo y forma lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para determinado ejercicio fiscal.

Esta falta de gasto o el realizarlo en menor cantidad en relación con el presupuesto original, genera consecuencias negativas que afectan a la población y al desarrollo de nuestro país, si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta la existencia de subejercicios, no detalla de manera clara el hecho o hechos que motivaron esa falta de gasto, lo que implica un manejo poco claro de los recursos públicos e ineficiencia para manejarlos.

Ante esta problemática, con la intención de inhibir y sancionar de manera más estricta y definida la generación de subejercicios del presupuesto, se propone reformar la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con los argumentos que se expondrán en el apartado correspondiente.

Argumentos que sustentan la propuesta de reforma

El Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, es un instrumento jurídico y financiero que establece el monto y destino de las erogaciones que realizará el gobierno federal en un año calendario, es decir que dicho documento, señala la orientación, destino y tipo de gasto que se efectuará en un año con los recursos públicos que se requieren para que la maquinaria del gobierno lleve a cabo sus funciones y cumpla con los objetivos y compromisos para proporcionar servicios educativos, de salud, de construcción de infraestructura pública, vías generales de comunicación, vivienda, desarrollo y fomento a actividades del campo, generación de energías, procuración y administración de justicia, seguridad pública, funcionamiento de los demás entes que conforman el poder público, transferencia de recursos a entidades federativas, entre otros.

Esos recursos son obtenidos por el pago de impuestos, pago de derechos y productos, aprovechamientos por la venta de bienes, así como otras contribuciones que realiza la sociedad, así como por los ingresos petroleros, la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos o de empresas productivas del estado, de contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social, así como de financiamientos que el gobierno contrata, mismos que son recaudados en términos de la Ley de Ingresos de la Federación.

Por ello, el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal en cada ejercicio fiscal debe ejercerse de manera responsable, efectiva y oportuna para que éste pueda impactar de manera positiva y productiva en la economía nacional.

Las dependencias y entidades públicas al ejercer sus presupuestos, deben sujetarse estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad, de acuerdo y en los términos que marca la legislación, en atención a sus requerimientos, por ello, dichos entes públicos deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ante esto, la SHCP autoriza dichos calendarios tomando en consideración las necesidades y la oportunidad en la ejecución de los recursos para estar en aptitud de cumplir con los objetivos de los programas gubernamentales, priorizando a los programas sociales y de infraestructura, incluso la ley prevé la posibilidad de que la SHCP elabore los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, cuando no se presenten en los términos y plazos que establece el reglamento de la ley en mención, dichos presupuestos se publican en el Diario Oficial de la Federación de manera posterior a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Los calendarios de presupuestos autorizados, así como el gasto de los recursos públicos que se vayan efectuando mes con mes, deben ser publicitados por la SHCP y se deben evitar tanto la acumulación de saldos, como de subejercicios presupuestarios.

En caso de que las dependencias o entidades públicas generen subejercicios de sus presupuestos, deberán subsanarlos en un plazo máximo de noventa días naturales y en caso de que esto no suceda, los recursos públicos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

La SHCP se encuentra obligada a reportar a la Cámara de Diputados, con la información que resulte necesaria, de este tipo de situaciones que en las anteriores administraciones y en la actual han sido generadas de forma reiterada.

La generación de subejercicios presupuestarios viola los principios en que se sustenta la obligación del Estado de garantizar el desarrollo nacional de manera integral y sustentable, así como afecta gravemente la competitividad, el fomento del crecimiento económico, la promoción de inversión, la generación de empleo y sobre todo afecta la justa distribución del ingreso y la riqueza, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano, generando condiciones desfavorables para el crecimiento económico y para la debida aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, así como afectación en la aplicación de los planes estatales y municipales.

De igual forma, los subejercicios de gasto público rompen con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que son necesarios aplicar en la debida administración de los recursos económicos de que disponen la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, ante esto, se requieren medidas más eficaces de control y disciplina en la administración de dichos recursos.

Como se ha establecido en párrafos anteriores, la recurrencia en la generación de subejercicios del gasto en diversas dependencias de la administración pública federal generan irregularidades que afectan gravemente el debido cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que se dejan de gastar recursos públicos ya determinados que están destinados a programas que atienden a dicha población.

Los subejercicios implican una mala planeación y ejecución en el ejercicio del gasto, que en muchas ocasiones se derivan de maquinaciones deliberadas o acciones pensadas para afectar a un sector de la sociedad, como lo establece la fracción LII, del artículo 2o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el subejercicio de gasto consiste en las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución, es decir, que es la aplicación, en un periodo determinado, de un gasto menor que el autorizado, sin alcanzar las metas o propósitos para la política pública, programa o ramo presupuestario para el que originalmente fueron aprobados dichos recursos.

Los subejercicios son derivados de acciones humanas responsabilidad de los servidores públicos ejecutores del gasto, quienes son los responsables directos de su generación, pero también se ha podido establecer que en muchas ocasiones por mera burocracia, ha sido la propia SHCP la que retrasa la firma de convenios de coordinación, o por el elevado número de reprogramaciones en el ejercicio, o por incurrir en actuación discrecional que pasa por alto la programación contenida en los calendarios presupuestales y las necesidades de inversión en plazos precisos, por lo que hacen entrega de manera desfasada de los recursos públicos a las dependencias ejecutoras, incluso liberándolos casi al termino del ejercicio fiscal, violando la exigencia de ministrar los recursos atendiendo al principio de oportunidad y de respeto a los calendarios de gasto que fueron elaborados de acuerdo a prioridades y requerimientos de las dependencias y entidades, lo que afecta el uso eficiente de los recursos públicos.

Para efectos de evitar incurrir en responsabilidad, se debe evitar que la ejecución presupuestaria sea opaca o tendiente a evitar la fiscalización, aunque en la mayoría de los casos son las propias dependencias de la administración pública federal las que han sido incapaces de ejercer las asignaciones presupuestales en tiempo y forma o las ejercen con discrecionalidad, incluso el no cumplir con los presupuestos en tiempo y forma, ha servido como instrumento de coacción o de presión para otros entes públicos de los tres niveles de gobierno que sean representados por personas no afines al gobierno federal.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contiene diversos preceptos y directrices para el uso eficiente de los recursos públicos, para evitar el desvío de dichos recursos y la generación de subejercicios, pero desgraciadamente, como en muchos otros rubros, estos se incumplen por las dependencias y los funcionarios públicos, e incluso la propia secretaría cabeza de sector produce subejercicios como mecanismo para limitar o eliminar programas o políticas públicas que no son del agrado del Poder Ejecutivo federal, o para desviar recursos de su propósito original, toda vez que los recursos no ejercidos en tiempo y forma se tienen que reintegrar a la Tesorería de la Federación para que esta última los aplique discrecionalmente en nuevas acciones o programas.

La falta de ejercicio transparente del gasto público o la entrega de recursos públicos fuera de los tiempos programados, genera una serie de afectaciones graves en diversos sectores, ejemplo de esto es la entrega de los apoyos de manera extemporánea para el campo, que rompe el ciclo productivo, eleva el costo del crédito y de los insumos, alterando la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

Es por esto que en concordancia con los objetivos y políticas públicas de combate a la corrupción, de austeridad republicana y de eficiencia presupuestaria que implementará la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, las y los legisladores de Morena tenemos el compromiso ineludible de impulsar reformas legislativas para establecer mecanismos idóneos sancionadores para aquellos funcionarios y servidores públicos que de manera deliberada o por negligencia generen subejercicios del gasto público.

La presente iniciativa sirve de mecanismo para incentivar a los funcionarios y servidores públicos ejecutores de gasto público a que cumplan sus atribuciones y obligaciones derivadas de su cargo con eficiencia y eficacia, absteniéndose de materializar cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de las mismas, como sería el caso de no alcanzar las metas y objetivos sociales de un programa o acción por no utilizar los recursos disponibles para ello, es decir se pretende evitar la generación de los subejercicios generados por acciones u omisiones negligentes o de forma deliberada para evita, condicionar, dificultar o retrasar la asignación o entrega de recursos para que no sean ejercidos oportunamente de acuerdo con los calendarios presupuestales, o de acuerdo con los fines, objetivos y metas anuales previstos en las leyes, decretos, programas o disposiciones de carácter fiscal, o que realicen actos u omisiones que dificulten la posterior fiscalización de los mismos.

La modificación legislativa que se propone en el presente proyecto de decreto, integra una descripción precisa de conductas con las que se pretende inhibir el incumplimiento de la debida función pública de servidores públicos ejecutores de gasto, así como el inhibir el incumplimiento de los objetivos y metas anuales en los presupuestos, con lo que se cumple el principio que rige la actuación de la Cámara de Diputados debe servir de contrapeso al Poder Ejecutivo federal y debe promover una conducción eficaz de la política económica nacional y la rendición de cuentas, no tolerando la generación de subejercicios o la reconducción de recursos públicos a programas, fondos o fideicomisos que resulten opacos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de sanción de subejercicios presupuestarios

Artículo 114.Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I....

II....

III....

IV....

V....

VI....

VII....

VIII....

IX.Realicen acciones u omisiones que por negligencia en el desempeño de su encargo o de forma deliberada eviten, condicionen, dificulten o retrasen la asignación o entrega de recursos para que no sean ejercidos oportunamentede acuerdo con los calendarios presupuestales, o de acuerdo con los fines, objetivos y metas anuales previstos en las leyes, decretos, programas o disposiciones de carácter fiscal, o que realicen actos u omisiones que dificulten la posterior fiscalización de los mismos.

Los supuestos establecidos en el párrafo anterior, se considerarán como faltas administrativas graves, en términos de la ley que regule las responsabilidades administrativas, y

X. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputado y diputada: Irineo Molina Espinoza,Irma Juan Carlos,(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 32 Bis, y adiciona el 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al tenor de la siguiente

Panorama

La infraestructura de recursos hídricos de México consta de más de 5 mil presas y bordos de almacenamiento y 653 acuíferos, así como de 908 plantas potabilizadoras, 2 mil 536 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y 3 mil 41 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, todas en operación y una extensión de 3 mil kilómetros de acueductos.

Del conjunto de presas y bordos, 180 representan 80 por ciento del almacenamiento total del país, con una capacidad de 150 mil millones de metros cúbicos.

Esta infraestructura garantiza el abasto de agua para el consumo doméstico e industrial, así como para el riego de una superficie de 6.5 millones de hectáreas, conformadas por 3.3 millones que corresponden a 86 distritos y el resto a más de 40 mil unidades de riego.

Derivado del deterioro en la infraestructura y al desfase de la tecnología al momento de su construcción, ocurre una baja eficiencia global en el manejo del agua.

La cobertura nacional de acceso al agua entubada es de 95.3 por ciento, en tanto que la de vivienda o predio se ubica en 94.4 por ciento, tanto de recurso proveniente del servicio público de agua, pozo comunitario o particular, mientras que la cobertura de alcantarillado y fosa séptica es de 91.4 por ciento.

Se tiene una disponibilidad natural media per-cápita de agua por habitante estimada en 4 mil 28 metros cúbicos por año. Las proyecciones para el año 2030 son de que esto disminuirá para ubicarse en 3 mil 430 metros cúbicos por persona.

La red de acueductos de México abastece de agua a la población con una capacidad de conducción de más de 112 metros cúbicos por segundo. Destaca entre estos, el Sistema Cutzamala, calificado como uno de los más grandes del mundo y que anualmente suministra un volumen de 450 millones de metros cúbicos, al abastecer una demanda de 17 por ciento de la cuenca del Valle de México, proveniente de 11 delegaciones y 11 municipios del estado de México.

Antecedentes

La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, que entró en funciones a partir del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y estuvo vigente hasta el periodo de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), ha sido reconocida en las décadas recientes como una dependencia estratégica del Estado mexicano, a la cual se debe la construcción de las obras de cabecera, que han constituido el eje que soporta la red de captación, extracción y suministro de agua de todo el país.

La institución en comento, surgida a partir de la necesidad de estructurar una política de atención integral al manejo del recurso agua, alcanzó su mayor esplendor durante los años del desarrollo estabilizador.

La dependencia tuvo como antecedentes inmediatos la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, en 1917, y la Comisión Nacional de Irrigación (1926-1946). A partir del sexenio del presidente José López Portillo, quedó fusionada a la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, para denominarse Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En 1989 nació la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para ser transferida en 1994 a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, como institución fundamental del gobierno mexicano, fue durante su vigencia garante de la ejecución de múltiples acciones, cuyo propósito se orientó a la planeación, construcción y operación de toda una serie de medidas y proyectos encaminados precisamente al cuidado, la sustentabilidad, la disponibilidad, el suministro y el saneamiento del agua.

Ha sido una institución que en paralelo al cumplimiento de los objetivos citados, contribuyó a forjar una generación de técnicos muy especializados y consecuentemente calificados en tareas de construcción, operación y planeación de obras y servicios en materia hidráulica.

La visión y misión institucionales de la desaparecida dependencia quedaron debida y oportunamente establecidas desde su creación: realizar acciones y proyectos que en materia de recursos hídricos motivaran el acceso de las distintas regiones de México al proceso de desarrollo económico y social que el país registraba.

Fue un periodo en la historia nacional durante el cual se construyeron presas de gran capacidad de embalse, se crearon los distritos de riego y se introdujo la red de conducción de agua potable a centros urbanos de crecimiento exponencial, garantizándose así el abasto del recurso hídrico a las necesidades de uso agrícola, pecuario, industrial y consumo doméstico.

Fundamento

De cara al aspecto demográfico y demanda exponencial que se tendrá del recurso hídrico en los años inmediatos, los retos del sector público en esta materia serán de enorme dimensión, toda vez que la disponibilidad media per-cápita de agua se ha visto reducida de forma sensible, al ocurrir ya colapsos en cuanto a la captación, suministro y saneamiento del vital líquido.

Hoy, los procesos a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar la suficiencia y calidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, requieren la participación de la sociedad, de suerte tal que los propios habitantes, como actores beneficiados, den seguimiento a las acciones ejecutadas y demandas planteadas.

No obstante, la misión de la Conagua y frente a los enormes retos que el presente y futuro plantean en materia de abasto y saneamiento de agua y que hoy son tema de la agenda de desarrollo de las naciones, diversas voces han expresado la necesidad de fortalecer aquellas medidas que garanticen la aplicación de una política oficial integral en materia de recursos hídricos.

Incluso, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el agua, gracias a su valor social, económico y ambiental, requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido.

El mismo departamento advierte que es imposible mantener la integridad de un ecosistema mundial equilibrado, sin una estrategia global para la gestión de los recursos hídricos.

Cobra validez así la propuesta de que en el país sea creada nuevamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos, como ente de la administración pública federal que, con la calidad de ese rango, dará desde la visión de un mando institucional único la importancia estratégica que para el desarrollo nacional representa el asunto agua en todas sus vertientes.

Con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se dejaría de lado una visión meramente administrativista del sector, para otorgar a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia, más aún cuando en el país la disponibilidad del recurso presenta una desigual distribución regional y estacional.

Esos factores, derivados de la sobreexplotación de los acuíferos y degradación de las cuencas por la misma causa y las sequías a causa del cambio climático, dificultan el aprovechamiento sustentable del vital recurso. Amén de que todas las proyecciones dan por hecho que la disponibilidad media por habitante para los años próximos se reducirá considerablemente.

La atención de los asuntos en materia de recursos hídricos desde la esfera de una Secretaría de Estado, articularía la política gubernamental y la participación de la sociedad civil en el manejo racional del agua en los ámbitos agrícola, pecuario, acuícola, industrial y desde luego, el doméstico, para que este vital liquido venga a ser efectivamente un factor fundamental de desarrollo.

Una dependencia cuyo objetivo central se dirigiría a garantizar con firmeza la gestión integral de los recursos hídricos. Esto, a partir de la aplicación de las leyes y los reglamentos en la materia, procurando asimismo una mejor distribución y desde luego un óptimo consumo, uso y aprovechamiento del agua en todos los renglones del proceso productivo y atendiendo además los requerimientos de solución que demanda la problemática derivada tanto de la falta de suministro suficiente y oportuno como de saneamiento efectivo del recurso.

El marco legal que se robustecería con la creación de una secretaría de estado que tendría a su cargo la administración directa de los asuntos en materia hídrica, estaría garantizando no únicamente la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, sino también un uso racional y sustentable del recurso, aparte de una aplicación todavía más efectiva de las estrategias de prevención y defensa contra fenómenos hidrológicos, derivados tanto de contingencias de origen natural, como del uso incorrecto de los recursos naturales.

La agenda de México en materia de recursos hídricos es enorme, más ahora que los tiempos demandan medidas urgentes para la gestión integral del agua, en un proceso que asegure el suministro, sustentabilidad y saneamiento del recurso, para la atención de las necesidades de la población presente y futura.

En razón de los motivos enunciados, la presente iniciativa propone reformar los artículos 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, así como adicionar un artículo 32 Ter a este ordenamiento, para preceptuar las facultades que le serán otorgadas a la nueva dependencia para el cumplimiento de su misión.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Recursos Hidráulicos;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos, los minerales radioactivos y el agua;

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

VI. a XIII. ...

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XV. a XX...

XXI. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;

XXII. Establecer los mecanismos necesarios para implementar la coordinación y colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos y solicitar a dicha Agencia el apoyo técnico que requiera;

XXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;

XXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;

XXV. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XXVI. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente, y

XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Ter. A la Secretaría de Recursos Hidráulicos, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos hidráulicos;

II. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

III. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad, así como sobre el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y en materia de descargas de aguas residuales;

IV. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, las estatales y las municipales, el cumplimiento de las leyes, las normas oficiales mexicanas y los programas relacionados con la materia de recursos hidráulicos, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

V. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

VI. Promover el ordenamiento en materia de recursos hidráulicos del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares;

VII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

VIII. Evaluar la calidad de los recursos hidráulicos;

IX. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política en materia de recursos hidráulicos, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección de estos recursos;

X. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;

XI. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión y el uso sustentable de los recursos hidráulicos;

XII. Estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos e impulsen la investigación científica y tecnológica en materia de recursos hidráulicos;

XIII. Promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección de los recursos hidráulicos;

XIV. Coordinar con la Secretaría de Educación Pública el fortalecimiento de los contenidos de planes y programas de estudios en materia de protección y conservación de los recursos hidráulicos;

XV. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

XVI. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia;

XVII. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional;

XVIII. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XIX. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al gobierno federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;

XX. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

XXI. Manejar el sistema hidrológico del valle de México;

XXII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;

XXIII. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXIV. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales;

XXV. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias;

XXVI. Fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales;

XXVII. Programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;

XXVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de recursos hidráulicos;

XXX. Diseñar y operar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección y conservación de los recursos hidráulicos; y

XXXI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Primero. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, elaborará el estudio de impacto presupuestal que corresponda a la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda al despacho de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal instruirá el traspaso de empleados, así como de los recursos materiales y financieros y de activos de la Comisión Nacional del Agua que correspondan a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en un plazo que correrá a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que entre en funciones la nueva dependencia.

Artículo Cuarto. La Secretaría de Recursos Hidráulicos entrará en funciones a partir del ejercicio presupuestal de 2019.

Artículo Quinto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputado Jesús Fernando García Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Casimiro Zamora Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena

Casimiro Zamora Valdez, en mi carácter de diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

A mediados del siglo XX el Estado mexicano inició la política pública de participar en la regulación del mercado agrícola, sobre todo en lo que a granos se refiere.

En sintonía con dicha regulación se establecen los precios de garantía. En 1953 se establece el primero para el frijol. El segundo fue para el maíz en 1956. En 1960 se incorporan a este instrumento de política agrícola el arroz palay y el trigo, en 1961 el sorgo, en 1965 el cártamo y el frijol soya, en 1966 la semilla de algodón y el ajonjolí, en 1971 la cebada y el girasol, y en 1975 la copra.

Tal política progresista se reflejó en el resto de la economía mexicana al registrarse en las cuatro décadas posteriores, entre 1963 y 1981, un alto crecimiento del producto interno bruto (PIB) a una tase de 6.2 por ciento anual y del PIB por habitante a un ritmo de 2.3 por ciento al año.

Lamentablemente, para todo el país, esta política agrícola progresista empieza a ser drásticamente sustituida a partir de 1981 con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, OMC) y se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la Ronda Uruguay del GATT de 1995.

Las consecuencias fueron la privatización de las empresas públicas de transformación y comercialización de productos agrícolas, la eliminación de los subsidios a la producción y su remplazo por pagos directos a los productores, y la liberación del comercio exterior de casi todos los bienes agrícolas llevando a los productores agroalimentarios mexicanos a enfrentar una competencia ruinosa con sus competidores extranjeros que reciben cuantiosos subsidios de sus gobiernos, particularmente los de Estados Unidos.

Estos efectos negativos no han afectado sólo a los productores mexicanos sino al país en su conjunto por la creciente dependencia alimentaria originada en la insuficiente producción interna y el estancamiento de la economía mexicana.

Si en 1995 México necesitaba importar cerca de 16 por ciento del abasto para cubrir su consumo de granos básicos, en 2012 la cifra de importaciones creció más del doble al rondar 38 por ciento. En trigo y en arroz la dependencia se ha acercado a la totalidad.

En el período que va de 1982 a 2013 el crecimiento del PIB nacional se reduce a casi un tercio del período anterior, 2.3 por ciento anual, y el PIB por habitante se desploma a una tasa marginal del 0.6 por ciento.

Según la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la dependencia alimentaria del país ha crecido de manera alarmante en los últimos años llegando a importar 45 por ciento de los alimentos que consume, una cifra que supera la recomendación del 25 por ciento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Como producto de esta política de abandono al campo mexicano no solamente ha crecido la dependencia alimentaria nacional sino que también se ha registrado el aumento consistente de la pobreza, tanto de los propios habitantes del campo mexicano como de la población urbana configurando una terrible e injusta paradoja: empobrecen al mismo tiempo los campesinos y los consumidores de sus productos. Es decir, el abandono del campo también se refleja en la creciente pobreza.

Sin embargo, si los precios de los alimentos no dejan de aumentar en las tiendas alguien está ganando a costillas de los productores y de la población en general.

Desde entonces los productores agrícolas mexicanos han carecido de la certeza y los incentivos que se requiere para trabajar y producir con una eficiencia que conduzca a una mayor solvencia alimentaria para el país.

Como consecuencia perniciosa de estos retrocesos los productores mexicanos han tenido que distraer esfuerzos en movilizaciones desgastantes que se han vuelto recurrentes para tratar de obtener precios justos para sus cosechas, prácticamente en cada cosecha.

En algunas regiones, y de manera cada vez más frecuente, sus luchas son en ocasiones verdaderamente inverosímiles cuando la exigencia es que les paguen las cosechas que ya entregaron en los almacenes de las empresas comercializadoras, en una expresión grotesca del desesperante y ruinoso problema del llamado “coyotaje” de los intermediarios que se dedican a acopiar las cosechas agrícolas. Es decir, a quienes se esfuerzan por alimentar al pueblo mexicano no sólo se les asignan malos precios a sus cosechas sino que se les regatea el pago de las mismas.

Para los intermediarios el campo mexicano si es altamente rentable al comprar a bajos precios los productos agrícolas para después venderlos a precios exagerados, en ocasiones entre 600 y 800 por ciento por arriba del precio pagado a los productores, creando desequilibrios en la economía nacional, por lo que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la propia agricultura y el crecimiento económico del país.

Esta mala costumbre, cada vez más abusiva, tiene la misma raíz que el resto de la cadena productiva del campo: la ausencia reglas claras y la falta de firmeza o complicidad de las instituciones gubernamentales.

Esta ausencia del Estado mexicano es a todas luces insostenible. Su retiro del fomento del sector agropecuario representa una política que está agotada. Es urgente una nueva reinserción estatal en el establecimiento de reglas para buscar un mayor bienestar de la población y de quienes producen los alimentos que ésta consume, así como la soberanía alimentaria que fortalezca al país.

Mientras tanto los socios comerciales de México en el TLCAN, Estados Unidos y Canadá, practican políticas públicas que siguen resultando más eficaces para sus intereses nacionales que las aplicadas por el Estado mexicano, profundizando los desequilibrios que desde antes de la firma del tratado caracterizaban la asimétrica relación entre los tres países.

Esta desigualdad también tiene su correlato jurídico. En tanto que Estados Unidos y Canadá cuentan con leyes que dan certeza a sus productores sobre los precios de sus cosechas aún antes de sembrar, en México los precios empiezan a definirse cuando van a empezar las cosechas o de plano cuando éstas ya están en curso.

El primero de dichos países cuenta con una Ley Agrícola desde la década de los treinta del siglo pasado, antes que en México se crearan los precios de garantía. La más reciente actualización de esta ley se llevó a cabo en el 2014 y es conocida como la 2014 US, Farm Bill. Tendrá una vigencia de cinco años, hasta 2018, pero las proyecciones presupuestales son por diez años, hasta 2023.

Canadá también tiene una Ley de Programas para la Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Programs Act) que contempla importantes programas de apoyo a sus productores como el Programa de Fondo de Estabilización de Precios, el Price Pooling Program.

En nuestro país existe una Ley de Desarrollo Rural sustentable que no garantiza a sus productores precios justos para sus cosechas ni el pago puntual de las mismas. Todo está sujeto al presupuesto de egresos que anualmente negocian el Congreso y la Presidencia de la República y al mercado internacional.

Dicha ley contiene sólo disposiciones abstractas en torno al tema de los precios y la comercialización agrícola, no obstante que incluye un capítulo específico sobre esto último, constituyendo un marco jurídico muy alejado de las necesidades del país y sus habitantes. Los productores mexicanos requieren y merecen condiciones más propicias y justas para abastecer de alimentos suficientes al país y acceder a un digno estado de bienestar para sus familias.

En la actualidad existe un amplio consenso en que el desarrollo del sector agrícola es un factor clave para el crecimiento de la economía.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al crecer el sector agrícola crece también la economía de un país ya que los recursos utilizados para el crecimiento agrícola son sólo marginalmente competitivos con otros sectores y, por ende, el crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores.

Otras investigaciones apoyan la tesis de que los multiplicadores del crecimiento agrícola son tres veces más grandes que los del crecimiento no agrícola. La agricultura puede crecer del 4 al 6 por ciento, más de la mitad sobre lo que era concebible hace más de tres décadas, aun en los casos en que el ingreso interno sea demasiado bajo como para ampliar el mercado de los productos de alto valor.

El problema de la comercialización y los precios de las cosechas agrícolas se ha vuelto exageradamente recurrente en el país, por lo que ya no puede postergarse una solución definitiva, superando las acostumbradas respuestas que, por provisionales, siempre resultan superficiales e insatisfactorias, y poniendo al parejo al campo mexicano con el de sus socios comerciales.

Por las razones anteriormente expuestas se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Programas, Comercialización y Precios Agrícolas

Artículo Único. Se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que corresponderá la fracción XXX recorriendo el orden de la subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXX. ...

XXXI. Para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases para los programas, la comercialización y la tasación de los precios agrícolas; y

XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Una vez iniciada la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Programas, Comercialización y Precios Agrícolas en el plazo de dos años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Casimiro Zamora Valdez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 13, se reforma la denominación del Capítulo Noveno del Título Segundo, y adiciona una fracción IX, recorriéndose las siguientes, del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:

A nadie sorprende la agudización de la pobreza que nuestro país ha experimentado durante las últimas décadas. El incremento en el costo de los productos y servicios, inclusive de los más elementales, la precarización cada vez más aguda del empleo y la remuneración salarial, la explosión del empleo informal e ilegal, la progresiva devaluación del peso y las crecientes dificultades para acceder a la canasta básica, entre otros ejemplos, sirven como evidencia palpable para la gran mayoría de los mexicanos de la gravedad de la situación económica que atraviesa el país. Sobre este hecho, el Coneval advierte, mediante su documento de análisis Evolución de las Dimensiones de la Pobreza 1990-2014, como el país ha pasado de tener en 1990 una población 18.6 millones de personas en pobreza alimentaria a una, en 2012, de 24.6 millones de personas con ingresos inferiores a la línea mínima de bienestar. Se trata 4.5 millones de mexicanos que han engrosado las filas de pobreza en lo que va de los últimos 25 años, una población superior al total de habitantes con que cuenta el estado de Michoacán.

La gravedad de la situación exige superar las respuestas paliativas y/o clientelares que tanto han caracterizado el actuar de los gobiernos recientes para en su lugar proponer soluciones integrales, basadas en diagnósticos rigurosos sobre las distintas realidades regionales, que atiendan la raíz del drama del empobrecimiento en México. Por desgracia, en este contexto inédito de alta vulnerabilidad y empobrecimiento generalizado de capas cada vez más grandes de la población, los niños y niñas mexicanos se han convertido en uno de los sectores más afectados.

Según consta en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes. De este conjunto, 20.7 millones viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza, de acuerdo al informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016. El mismo documento señala que el 52.3 por ciento de los niños y niñas de México se encuentran en situación de pobreza (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza extrema), mientras que el 48.8 por ciento de los adolescentes enfrentan la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 en pobreza extrema). El panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos a 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), cifras que ponen en relieve las enormes adversidades que debe encarar la población indígena para el ejercicio de sus derechos.

En cuanto a la alimentación, el informe detalla cómo de entre los factores de riesgo asociados a esta población resalta la falta de control de los peligros asociados a una mala nutrición, lo que a su vez conlleva una mayor incidencia de enfermedades nutricionales y gastrointestinales. Estos resultados ayudan a explicar cómo en 2016 la tasa de muertes por enfermedades diarreicas fue de 7.1 por cada 100 mil niños menores de cinco años. Al mismo tiempo, sirven para reconocer las razones por las que, en el mismo año, el 12.4 por ciento de los infantes presentaba desnutrición crónica, una cifra que se agrava cuando se toma en cuenta únicamente a los menores de cinco años que radican en zonas rurales, en donde dos de cada cinco niños y niñas exhiben la misma situación.

En la misma venia, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015 precisa cómo en México, al menos uno de cada ocho niños menores de cinco años tiene baja talla moderada para su edad (desnutrición moderada) y uno de cada 40 tiene baja talla severa para su edad (desnutrición crónica), trastornos capaces de ocasionar, por si mismos, impactos negativos y a menudo irreversibles en el desarrollo del infante, pues afectan su desarrollo cerebral y psicomotor, causando graves repercusiones en la capacidad de aprendizaje y desarrollo de la niñez.

Otros de los grandes problemas asociados a la malnutrición infantil son la obesidad y el sobrepeso. Al respecto, en nuestro país 33.2 por ciento de los niños y niñas entre 6 y 11 años sufre trastornos de este tipo, convirtiendo a México en el primer lugar del mundo en obesidad infantil. A su vez, el índice “Peligros para la Niñez”, elaborado por la organización internacional Save the Children, señala cómo, en comparación con otros 172 países del mundo, México ocupa el nonagésimo lugar en una escala basada en logros obtenidos para la implementación de una política integral de protección a la infancia, posicionándose muy por debajo de países como Cuba, Argentina, Tailandia e incluso Palestina.

De ese tamaño son las dimensiones de la problemática de la nutrición infantil en México, cuyas consecuencias impactan en la calidad y esperanza de vida no sólo de la niñez sino que de toda la población y por ende reducen los alcances de cualquier plan para el desarrollo nacional. Por ello, las cifras deben de ser consideradas como una alerta de atención inaplazable y un llamado urgente a la acción para reformular las acciones hasta ahora implementadas para atender la problemática. No hacerlo significará seguir negando a una tercera parte de la población infantil el desarrollo de su pleno potencial físico, mental y emocional.

Ahora bien, para abordar con rigurosidad el mosaico de problemáticas vinculadas con la malnutrición de la niñez en México conviene partir del concepto conocido como “doble carga de malnutrición”, desarrollado durante los últimos veinte años y utilizado para describir los diversos efectos de los cambios alimentarios derivados del cambio económico, social y tecnológico que han experimentado los países en vías de desarrollo. En ese sentido, la carga doble de la malnutrición refiere a la presencia simultánea de trastornos de desnutrición y sobrenutrición en una población determinada. Bajo ese marco de análisis, la problemática nutricional de la niñez en México revela dos dimensiones igualmente alarmantes: Por un lado, la grave desigualdad social, la pobreza y la generalizada falta de oportunidades de movilidad social que condena a un gran porcentaje de la población a una alimentación diaria por debajo de los requerimientos nutrimentales básicos. Por otro, la cada vez más extendida distribución de alimentos carentes de valor nutricional, incorporados a fuerza de sus bajos costos o de grandes campañas publicitarias a la dieta diaria de las familias mexicanas. Ambas dimensiones deben ayudarnos a reconocer como la malnutrición se relaciona con una alimentación inadecuada tanto por deficiencia como por exceso de uno o más alimentos.

Así pues, la problemática de la malnutrición comprende fenómenos que van de la subnutrición hasta la sobrenutrición. Clínicamente, la subnutrición se caracteriza por la falta de aportes vitamínicos y nutrimentos inorgánicos como hierro y zinc, manifestándose en padecimientos como anemia, crecimiento ponderal inadecuado, emaciación y retraso en el desarrollo cognitivo, entre otras. Por su parte, la sobrenutrición se expresa en enfermedades como la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica (HAS), dislipidemias y otras enfermedades metabólicas. En este caso los padecimientos son provocados por el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrimentos.

De nuevo, la atención urgente de los problemas relacionados con la desnutrición tiene mucho que ver con las consecuencias negativas que ésta produce en el mediano y largo plazo para el pleno desarrollo biológico del cuerpo y el desarrollo cognitivo del infante, así como en su proclivilidad para el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas. Por estas razones, la deficiencia o carencia de los alimentos necesarios en la niñez, particularmente entre aquellos que viven en zonas rurales y/o indígenas es, sin lugar a dudas, asunto de salud pública.

En el mismo sentido, el sobrepeso y la obesidad menoscaban las capacidades para el desarrollo físico, emocional e intelectual del infante al degradar los procesos naturales para metabolizar nutrientes. Está documentado científicamente que más del 95 por ciento de la obesidad infantil obedece a aspectos nutricionales, principalmente a la modificación en los patrones de alimentación con dietas con un alto valor calórico –entre ellos los alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas- y la disminución de la actividad física. La gravedad del impacto de estos trastornos en la salud de las personas los ha convertido en el quinto factor de riesgo de defunción a nivel mundial.

Con todo, cabe destacar que existe una relación directa entre los altos índices de insuficiencias nutricionales en la infancia de nuestro país y la ausencia e incapacidad del Estado para garantizar, particularmente en las zonas más marginadas y desposeídas de México, el pleno ejercicio de los derechos más elementales, incluido el de la salud y alimentación. Una ausencia manifiesta no sólo a partir de la colapso del sistema de atención a la salud, sino expresada también en la insuficiencia de esfuerzos para prevenir enfermedades nutrimentales o bien para fomentar una cultura de sana alimentación desde la primaria infancia hasta la vejez.

Si bien es cierto que en las últimas décadas se han conseguido avances significativos en los esfuerzos para erradicar los distintos tipos de desnutrición infantil, entre los que destaca la aprobación en 2014 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos han sido lentos e insuficientes. El hecho de que la desnutrición crónica persista en un 13.6 por ciento de la población infantil (implicando la existencia de alrededor de 1.5 millones de niñas y niños en esta condición) o que el índice de obesidad infantil haya crecido de manera sistemática y vertiginosa a lo largo de los veinte años (véase Figura 1.) dan muestra que aún falta mucho por hacer.

Por tanto, deben emprenderse más y mejores esfuerzos para hacer frente de una manera integral a una problemática que sólo parece haberse agudizado a lo largo de las últimas dos décadas. Esto debe incluir la creación de nuevas herramientas jurídicas, el fortalecimiento de instancias institucionales de atención y educación nutricional y la construcción de infraestructura adecuada para ofrecer servicios en la materia. Aunado a ello, debe buscarse la articulación entre estas acciones de manera que sirvan como pilares de una nueva política transversal de atención a la malnutrición infantil basada, primero, en el permanente fomento de mejores hábitos alimentario, y segundo, en la sensibilización constante de la sociedad respecto a las problemáticas nutrimentales que flagelan a la niñez. Lo anterior no exime al Estado de implementar, a través de todas sus instituciones, acciones que contribuyan a hacer más asequible para toda la población mexicana una alimentación adecuada y rica en nutrientes

Figura 1.Prevalencia de bajo peso, baja talla, emaciación y sobrepeso en población menor de 5 años de las escuelas nacionales de nutrición de 1988, 1999, 2006 y 2012. Ensanut 2012, México.

El Poder Legislativo, en apego estricto a su mandato de garante de la legalidad y el estado de derecho, debe considerar entre sus prioridades más importantes la atención integral e irrenunciable de nuestros niños y niñas, conduciendo sus trabajos en concordancia con las garantías previstas en los párrafos tercero y noveno del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, que a la letra versan:

“ Artículo 4o. ...

(Párrafo tercero) “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”

(Párrafo noveno) “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”

En el mismo sentido, la Cámara de Diputados debe velar por la institución de los mecanismos legales que faciliten y garanticen el cumplimiento del marco jurídico internacional en la materia, entre los que resalta la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el gobierno de México desde 1990, que en su artículo 24, fracción II, señala:

“ Artículo 24. ...

II. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

...

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

...”

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México desde 1981, establece un conjunto de obligaciones para los Estados Parte encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de su población. Entre ellas, destacan las consideraciones previstas en su artículo 12 que señalan:

“ Artículo 12....

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

...”

La infancia y la adolescencia deben ser etapas para que niñas, niños y adolescentes aprendan, se nutran y cimienten sus capacidades para el máximo desarrollo de su potencial. Sin embargo, como se ha señalado, los factores presentados están limitando la expectativa de la niñez –el tiempo que un niño tiene que experimentar la infancia– y por tanto, están contribuyendo a la reproducción de los círculos viciosos de pobreza. Para resolver esta situación es necesario que los gobiernos de todos los niveles incrementen los esfuerzos para la atención a la problemática de la desnutrición infantil, tanto en los que se refiere al incremento de las asignaciones presupuestales para atenderla, como a lo referente al mejoramiento de las estrategias de análisis, diagnóstico y seguimiento de la población.

En la lógica de estas exigencias, la presente iniciativa propone modificaciones a diversas piezas de legislación a fin de crear un nuevo marco normativo que permita la institucionalización de centros de atención nutricional para la niñez en zonas que, por sus condiciones de vulnerabilidad asociada a altos niveles de pobreza, violencia, exclusión o carencia social puedan ser consideradas como de atención prioritaria. De esta forma, se hará posible la creación de instancias cercanas a la población infantil más desprotegida y castigada por los flagelos de la malnutrición para proceder con la atención necesaria que estos niñas, niñas y adolescentes requieren.

En correspondencia y atenta lectura de las exigencias de cambio y renovación política, así como de los anhelos de justicia social que se hicieron patentes en el contundente resultado de los pasados comicios, la Cámara de Diputados debe considerar entre sus prioridades más importantes la atención integral e irrenunciable de nuestros niños y niñas. Después de todo, ningún cambio al orden vigente perdurará si no se garantiza para quienes en el futuro serán los actores centrales de la consolidación de la nación una vida digna, anclada en un entorno de paz y bienestar. Dicho de otra manera, para que existan reales condiciones de bienestar para toda la población es menester garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud y a la nutrición para todas las niñas y niños de México.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 13; la denominación del Capítulo Noveno del Título Segundo; y adiciona una fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 50, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 13; la denominación del Capítulo Noveno del Título Segundo; y adiciona una fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 50, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 13. ...

I. VII. ...

VIII. Derecho a la protección de la salud, a la alimentación nutritiva y a la seguridad social.

Artículo 50. ...

I. a VIII...

IX. Establecer convenios de colaboración para la creación de centros de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir las enfermedades asociadas a la malnutrición en niños, niñas y adolescentes, con estrategias, programas y metodologías de apoyo que incluyan a las familias y centros educativos.

X. a XIX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Coneval. Evolución de las Dimensiones de la Pobreza. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Evolucion-de-las- dimensiones-de-la-pobreza-1990-2014-.aspx

2 Sin Embargo. Más de 20 millones de niños en México viven en la pobreza; la cifra podría ser irreversible: Coneval. 30 de abril de 2018.

3 Unicef (2017). Informe Anual México 2017. México: Unicef.

4 Save The Children (2017). Los peligros para la niñez. Indicadores para México. México: Save the Children

5 Ponce-López, M. L.; Ponce-Martínez, X. P.; Silva-Barrios, A. R (2015). Obesidad y los problemas de malnutrición. En Aburto López, Irma Araceli (Coord.), Principales problemas de Salud Pública en México. México: UNAM, 443-478.

6 Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A. K., Sofi, N. Y., Kumar, R., & Bhadoria, A. S. (2015). Childhood obesity: causes and consequences. Journal of Family Medicine and Primary Care, 4(2), 187–192.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de octubre de 2018.— Diputada y diputado: Emeteria Claudia Martínez Aguilar,Ernesto Vargas Contreras (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María de los Ángeles Ayala Díaz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 25, Capítulo II, correspondiente al tema de deducciones y se deroga la fracción XX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base a la siguiente:

Antecedentes

El 25 de octubre de 2012 en la Legislatura LXII la Diputada Elizabeth Vargas Marín del Campo presentó ante esta soberanía una iniciativa que pretendía la deducibilidad del 100 por ciento en el consumo de alimentos en restaurantes, siendo retirada.

Posteriormente, la Diputada Vargas vuelve a presentarla el 10 de septiembre del 2013 quedando sin resolución por parte de la Comisión a la que fue turnada.

El 28 de abril del 2017 en la Legislatura LXIII se presenta nuevamente una iniciativa en el mismo sentido de deducibilidad por parte de la diputada. María Verónica Agundis Estrada.

Podría pensarse que retomar una iniciativa que no ha logrado transitar por el laberinto parlamentario para su aprobación es perder el tiempo o es porque no se considera de relevancia, sin embargo, no compartimos esa creencia, por el contrario, consideramos que la deducibilidad al cien por ciento en el consumo de alientos traería grandes beneficios para distintos sectores relacionados con la cadena productiva de alimentación.

En nuestro país el tema gastronómico ha remontado gracias a su grandeza histórica y las tradiciones, hoy por hoy podemos degustar una gran variedad de ofertas que van desde comida rápida ( fast food), pasando por el concepto buffet, alta cocina, cocina temática, cocina fusión hasta la cocina de autor.

En los últimos años la industria restaurantera ha repuntado gracias a la calidad, variedad, servicio e higiene que ofrecen los establecimientos para todo tipo de comensales. Estos factores han posicionado al sector alimentario como uno de los más importantes de la actividad económica de nuestro país y también ha venido a fortalecer el turismo nacional e internacional que llega a los distintos destinos del país.

Por otra parte, la industria agroalimentaria se ha visto beneficiada ante la escalada de la industria restaurantera, este factor es gracias al consumo de productos para la preparación de alimentos. Así mismo, la gastronomía ha traído mejoras en el campo, debido a la demanda de mayor cantidad, mejor calidad y que cada vez más que buscan mercancías libres de químicos y pesticidas prefiriendo los productos orgánicos que no dañan la salud.

El objetivo primordial es impulsar a la industria restaurantera que a su vez fortalece otros sectores de la cadena de valor como el campo, agropecuario y pesca entre otros como es la generación de empleos, directos e indirectos (personal de atención y preparación de alimentos, así como empleados de proveedores y productores).

Con esta iniciativa, se busca potenciar e incentivar el consumo y la generación de empleos, la convivencia social y facilitar no sólo el proceso de deducción en el consumo sino su fiscalización a partir de la condición de que el pago se realice mediante tarjetas de crédito, débito o medios electrónicos. Estamos convencidos que, fortaleciendo el consumo y la solicitud de facturas por parte de los comensales, la federación obtendría una mayor recaudación a través de los efectos del gasto que pudiera causar su deducibilidad.

Sin duda alguna, estos factores incentivarían y atraerían la atención de muchos comerciantes que se dedican a la venta de alimentos de manera informal a incorporarse a las filas de contribuyentes.

Por lo anterior, es necesario construir políticas públicas que favorezcan el crecimiento de la cadena productiva alimentaria a través de apoyos a la producción, la calidad, la distribución y el abasto de las mercancías, que permitan su efectivo desarrollo y a su vez, que la industria restaurantera aumente sus aportaciones tributarias provenientes del aumento en la derrama económica que puede representar la deducibilidad para el Producto Interno Bruto de México.

Entrando en el contexto que nos ocupa, podemos especificar que según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la industria restaurantera se puede definir como: “Servicios de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato. No lleva a cabo ningún procedimiento de conservación o envasado del producto por lo que existe una brecha temporal muy corta entre la preparación de los alimentos y bebidas y su consumo, descartando así la formación de inventarios”.

“Los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se encuentran clasificados dentro del Sector 72 que contempla 568,866 unidades económicas, de las cuales el 97 por ciento, es decir 544,937 pertenecen al subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas. Separando las ramas de preparación de alimentos por encargo (7223) y Centros nocturnos, bares, cantinas y similares (7224); 515,059 establecimientos se dedican exclusivamente a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas”.

Según un censo realizado por la CANIRAC, para el 2014 existían 515,059 establecimientos dedicados a la preparación de alimentos con un crecimiento anual del 4.5 por ciento desde 1999. La misma fuente en nota periodística señala que para el 2018 esperan un crecimiento moderado arriba del de tres puntos porcentuales, mientras que en 2017 el crecimiento fue de 4.2 por ciento. Esta desaceleración es debido a factores como el tipo de cambio y las elecciones presidenciales.

Los establecimientos de la industria restaurantera que tuvieron actividades durante 2013 ocuparon a 1,433,448 personas.

Es importante destacar que en 2012 este sector generó más de 4,500,000 empleos directos e indirectos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), convirtiéndose en el segundo mayor empleador a nivel nacional, abriendo espacios importantes para el personal femenino que ocupó el 53 por ciento del total.

Tomando en cuenta cifras del 2013, los establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas generaron 177,145 millones de pesos, esto represento el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 13 por ciento del PIB turístico.

El 97 por ciento de las unidades económicas al servicio de la preparación de alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas son micro y pequeñas empresas con diez o menos personas empleadas, con excepción de los restaurantes de autoservicio, en los que el 55 por ciento son micro y pequeños y el 34 por ciento son medianos empresarios. Los restaurantes de preparación de alimentos a la carta o comida corrida y los restaurantes de preparación de tacos y tortas en conjunto emplean a más del 44 por ciento del personal ocupado en la industria.

Según cifras, la industria restaurantera continúa presentando crecimiento sustentable y sostenido, trayendo consigo grandes beneficios a pesar de las situaciones económicas adversas que ha vivido el país en los últimos tiempos, la tendencia se ha mantenido al alza posicionándose como uno de los ramos más productivos del país porque es:

• Generadora de empleos directos e indirectos, se encuentra dentro de los 10 sectores de servicio en participación de empleo.

• Detona la economía de las localidades, como se ha observado en el crecimiento de la oferta en varios Estados de nuestro país.

• Con el crecimiento de la industria restaurantera, mayor recaudación.

• Inclusión al sistema tributario de los negocios irregulares o en informalidad.

• Desarrollo de sectores productivos primarios, secundarios y terciarios.

• Provocaría competencia, capacitación para otorgar mayor calidad y servicios.

• Fortalecería al sector inmobiliario y de la construcción.

Y como se señaló en la iniciativa presentada por la diputada Agundis, en el contexto internacional, países de Latinoamérica como Brasil y Argentina y en países europeos como Alemania y Suiza, el porcentaje de deducibilidad es del 100 por ciento.

La iniciativa tiene por objeto impulsar esta industria y su cadena de valor a través de la deducción al 100 por ciento y el aumento de la cantidad en el consumo de alimentos, que generaría mayor recaudación, siempre apegado al derecho y la normativa respectiva.

Sin duda alguna, alcanzar la deducibilidad al 100 por ciento del consumo con el nuevo modelo tributario no debería ser causa de una negativa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puesto que hoy en día, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha venido mejorando sus sistemas y el cruce de información que les permite detectar cualquier anomalía que pudiera existir en los casos de desvío del objeto, evasión fiscal o abusos en el consumo por parte de las personas físicas o morales de acuerdo sus actividades y en corto plazo dando certeza contributiva, reiterando que el pago debe realizarse conforme a la normatividad.

Por el contrario, la deducibilidad al 100 por ciento sería un incentivo para el contribuyente incitando al contribuyente a solicitar factura, de esta manera fortalecería el pago de impuestos por parte de los empresarios, provocaría un aliciente para la inclusión a la formalidad de más unidades económicas informales. Aclarando que sólo será deducible bajo pago electrónico.

La deducibilidad al 100 por ciento podría revertir los estragos que vive la industria restaurantera formal de baja clientela durante la mayor parte del año debido a la falta de beneficios e incentivos para el comensal. Cabe mencionar que actualmente la deducibilidad sólo alcanza el 8.5 por ciento, situación que hace innecesaria la pérdida de tiempo para solicitar la facturación.

Como se ha señalado, esta industria es sumamente importante. Lo que México necesita es incentivar al contribuyente y desmotivar la informalidad que, por cierto, representa más del 50% y con respecto a la preparación de alimentos, generalmente las condiciones son insalubres y traen consecuencias.

Es nuestro deber como Diputados Federales construir y aprobar mecanismos legislativos que favorezcan e impulsen el crecimiento económico del país y que generen empleos en distintos ámbitos de unidades económicas productivas. “Otorguemos el beneficio de la duda, hagamos la prueba y si no trae los beneficios esperados es posible revertirla, pero argumentos reales.”

El nuevo gobierno tiene la oportunidad, sólo faltará la voluntad política, esperemos encontrarla esta vez.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente;

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 25. ...

I a la X...

XI.El 100 por ciento de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción, el pago deberá efectuarse con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, expedida a nombre del contribuyente que desee efectuar la deducción. Serán deducibles los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 28 de esta ley. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

La deducibilidad de 100 por ciento no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V y se deroga la fracción XX del artículo 28.

Artículo 28. ...

I a la IV...

V...

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación , serán deducibles al 100 por ciento hasta por un momento que no exceda de $1,500.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $3,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje.

.........

VI a la XIX...

XX. Se deroga.

XXI a la XXXI...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Gaceta Parlamentaria, número 4739-IX, martes 14 de marzo de 2017. (3740)

3 Fuente: CANIRAC

4 http://www.canirac.org.mx/pdf/canirac-20110713-cifras-del-sector- restaurantero.pdf

5 http://www.conocer.gob.mx/sector_restaurantero/relevancia.html

6 http://canirac.org.mx/images//files/TODO%20SOBRE%20LA%20 MESA%20ESTUDIOS%20DE%20LA%20INDUSTRIA.pdf

7 Inegi. Censos Económicos 2014. Resultados Oportunos. 2015.

8 https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/sisTribArg_v_ 20170712.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: María de los Ángeles Ayala Díaz,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en relación con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, las cuales crecen de manera desordenada e independiente, tendiendo a invadir los tejidos que lo rodean, así como órganos distantes.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en 2015, del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4 por ciento, es decir, lo padecen 2 de cada 10 mujeres, lo que lo ubica en el primer lugar de los tumores malignos para este grupo poblacional. Por sexo, el tumor maligno de mama en los hombres sólo representa 1 por ciento del total de casos de cáncer.

Para 2016, se observa un incremento de la incidencia del tumor maligno de mama con la edad para ambos sexos. En las mujeres, la incidencia alcanza su punto máximo en las del grupo de 60 a 64 años (68.05 por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad), y posteriormente desciende en el grupo de 65 y más años; mientras que el mayor incremento se observa entre las mujeres de 25 a 44 años y aquellas de 45 a 49 años, ya que los casos nuevos pasan de 13 a 50 (por cada 100 mil mujeres de cada grupo de edad, respectivamente). En cuanto a los hombres, se mantiene la tendencia a la alza con la edad, pero el incremento es mínimo al pasar de 0.08 (20 a 24 años) a 0.93 (65 y más años) por cada 100 mil varones de cada grupo de edad.

La detección oportuna del cáncer de mama aumenta las posibilidades de curación y disminuye la mortalidad; por ello, las mujeres deben ser diagnosticadas en etapas tempranas, gracias a esto, pueden tener opciones de tratamiento. La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama, los mecanismos de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama.

En el mismo sentido, el cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. Este tipo de cáncer se produce en las células del cuello del útero, generando un crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz, presentándose lesiones tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, durando así varios años. Sin embargo, cuando el cáncer ya se encuentra en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o a través de otras molestias fuertes generadas por el mismo.

Conforme a datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país, durante el año 2014, se registraron 3 mil 63 casos nuevos de tumores malignos del cuello uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100 mil habitantes mayores de 10 años. En mujeres de 25 años y más, se registraron 4 mil 56 defunciones con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100 mil mujeres y un promedio de edad a la defunción de 59.15 años. “Esto convierte a México en el país con la mortalidad más alta por cáncer de cuello uterino dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Una manera comprobada de prevenir el cáncer cervicouterino consiste en hacerse pruebas de detección para encontrar pre-cánceres, antes de que se tornen en cánceres invasivos. La prueba de Papanicolaou y la prueba del virus de papiloma humano (VPH) se emplean con este objetivo. La mayoría de los casos de cáncer invasivo de cuello uterino se detecta en mujeres que no se han hecho la prueba de Papanicolaou con regularidad. Por lo que se puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino al hacer pruebas de detección oportunas.

Por otro lado, en México, el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública; se trata de un tumor maligno que se desarrolla en la glándula prostática, consiste en un crecimiento descontrolado de las células prostáticas. Esto hace, entre otras cosas, que la próstata por su situación, presione sobre la vejiga y la uretra impidiendo la salida normal de la orina. La mayoría de los tumores cancerosos prostáticos crecen muy lentamente, aunque algunos lo hacen de forma rápida, incluso pueden propagarse. Sin embargo, la detección oportuna del cáncer de próstata es clave para un tratamiento exitoso.

Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) indican una tasa de mortalidad de 13 defunciones por cada 100 mil hombres. Esto refleja, que cerca de siete mil hombres fallecen al año por este padecimiento y se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos. A pesar de que la incidencia de cáncer de próstata es tres veces menor que lo observado en Estados Unidos de América (EUA), la mortalidad por esta causa es prácticamente igual (11.3 versus 9.8 muertes por cada 100 mil hombres) y representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres. Actualmente, se calcula que uno de cada siete mexicanos morirá por este padecimiento. No obstante, existen algunas medidas que pueden tomarse para tratar de reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata, como el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Como se observa, estos tipos de cáncer ocasionan miles de muertes en México y, año con año se suman más casos. Las cifras reflejan la magnitud del problema, pero los alcances y consecuencias de la falta de detección a tiempo van más allá, ya que quienes lo padecen enfrentan consecuencias personales, económicas, sociales y laborales, por ello, se vuelve vital la detección en etapas tempranas.

La prevención del cáncer consiste en tomar las medidas oportunas para reducir la probabilidad de padecerlo. El diagnóstico precoz disminuye el número de casos nuevos en un grupo o población y aminora las tasas de mortalidad generadas por esta enfermedad.

En este orden de ideas, resulta evidente la importancia del cuidado de la salud en mujeres y hombres, así como las acciones de prevención que sean implementadas; es mucho más sencillo y económico invertir en este tipo de estrategias que destinarlo en los cuidados médicos necesarios para tratar o combatir estas enfermedades. Por ello, es fundamental la sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama, el cervicouterino y el de próstata, así como, la promoción de políticas y programas adecuados con estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer.

No podemos ser omisos a las acciones implementadas hasta el momento por las autoridades de salud en el país, pero tampoco podemos dejar de observar la creciente y, sobre todo, alarmantes cifras de personas con cáncer. Es fundamental que como legisladores generemos las acciones necesarias que faciliten y fortalezcan la prevención.

Es preciso recordar que de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud debe ser garantizada por el estado a todas las personas. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional.

El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución; en este sentido, los legisladores debemos actuar para que este derecho sea garantizado, facilitando los medios para que las personas puedan actuar con autorresponsabilidad en el cuidado de la salud. Por ello, propongo establecer un día de permiso al año, con goce de sueldo, para que las y los trabajadores puedan practicarse exámenes de carácter preventivo para detectar el cáncer, a través de chequeos médicos que le permitan tener un tratamiento oportuno. Debemos darle la importancia necesaria a la prevención de estos tipos de enfermedades, y proporcionar las facilidades necesarias para que las y los trabajadores puedan acudir a realizarse los estudios respectivos, sin temor a que dicha falta al trabajo les represente un descuento, afectando su salario y su economía familiar; siendo ésta, una de las principales razones por la que los trabajadores no asisten periódicamente a realizarse revisiones y estudios clínicos preventivos.

Lo anterior, muestra la importancia de robustecer los esfuerzos implementados para prevenir y combatir el cáncer de mama, el cervicouterino y el de próstata. Se puede tomar como ejemplo el estado de Yucatán, donde el 26 de octubre de 2016, el congreso del estado aprobó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con el fin de conceder a las mujeres trabajadoras al servicios del estado, un día de ausencia laboral con goce de sueldo para practicarse estudios de cáncer de mama y cervicouterino.

Derivado de lo anterior y siendo sensibles ante esta problemática, la iniciativa que presento, busca incentivar y facilitar el acceso a la salud de los trabajadores en general; propongo otorgar un día al año para que las y los trabajadores acudan a una institución de salud pública o privada para que se realicen los exámenes médicos que correspondan, con la finalidad de prevenir y detectar cáncer de mama, el cervicouterino o de próstata. Con esto, las y los trabajadores participarán en acciones de carácter preventivas, sin tener que decidir entre su salud o su economía y, sin temor a verse perjudicados en sus centros de trabajo.

Por último, debo mencionar que esta propuesta no representaría pérdida significativa para el patrón, si lo comparamos con los enormes beneficios que se generarían para nuestro sistema de salud, prevenir puede representar un ahorro significativo en materia de presupuesto y un incremento en la calidad de vida de las y los trabajadores de México, lo que es conveniente para todas las partes involucradas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXIX. ...

XXX. Conceder permiso un día al año con goce de sueldo a las y los trabajadores para acudir a realizarse estudios de mastografía, ginecología o próstata, presentando comprobante médico que acredite la realización de los mismos.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/

2 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino

3 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

4 Información del Instituto Nacional de Salud Pública.

https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-mx.html

5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3274/3.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: María Ester Alonzo Morales,Brasil Alberto Acosta Peña, Claudia Pastor Badilla, Eduardo Zarzosa Sánchez, Emmanuel Reyes Carmona, Frinne Azuara Yarzabal, José Elías Lixa Abimerhi, Juan Ortiz Guarneros, Lenin Nelson Campos Córdova, Leticia Arlett Aguilar Molina, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez, María Sara Rocha Medina, Martha Hortencia Garay Cadena (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme la siguiente

Esta iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIII Legislatura, sin embargo no existieron las condiciones necesarias para que pudiera ser considerada para su aprobación, no obstante el contenido de la misma, obedece a un tema muy sensible que nuestro instituto político se comprometió a impulsar, por tal razón, es que se presenta de nueva cuenta en esta LXIV Legislatura, esperando que alcance los consensos necesarios para su aprobación, que derivará en el beneficio de muchas familias mexicanas.

Como sabemos, la Comisión Federal de Electricidad aplica diferentes tarifas de acuerdo al uso y consumo de la energía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación aplicable.

En cuanto al uso doméstico, existen dos niveles tarifarios:

• La 01 o estándar que es la que ocupa la mayoría de los particulares y tiene el beneficio de un subsidio cuando no se rebasa el uso de kilowatts establecidos, y

• La tarifa de alto consumo doméstico que aun siendo de uso doméstico, se aplica a quienes rebasan el máximo establecido de kilowatts en el consumo por un periodo continuo de tres bimestres o más, generando un aumento en el cobro de hasta 5 veces el consumo básico.

Estar dentro de la tarifa de alto consumo doméstico significa que quienes han rebasado el máximo de kilowatts establecidos en el tiempo definido, ya no cuentan con la aportación gubernamental que permite pagar una menor cantidad por consumo de luz, en pocas palabras, se retira el subsidio por utilizar mucha energía eléctrica.

Actualmente el mayor consumo de electricidad se realiza en las ciudades de mayor actividad productiva con un alto consumo doméstico por el hecho de atender necesidades vitales a través del uso de aparatos eléctricos, tecnológicos, de entretenimiento y/o comunicación entre otros, sin embargo, existen personas que para sobrevivir, sanar o simplemente como auxilio a una discapacidad, requieren elementos adicionales que, por sus características específicas, demandan de un suministro eléctrico más allá del convencional.

En nuestro país no se cuenta con una política social que subsane estas necesidades, dejando a muchos mexicanos con discapacidad en una situación de franca desventaja al no existir un programa para exención de pago, disminución de costo o en su defecto el apoyo por parte de la CFE para contar con otro medidor alterno que sea instalado en el domicilio para obtener una facturación separada, con el fin de que los aparatos de supervivencia no alteren el suministro de electricidad doméstica.

Hoy día, en el afán de promover la industria automotriz basada en el uso de autos eléctricos, la CFE permite que el propietario de una unidad de estas características, no se vea afectado en su recibo de cobro, para ello, facilita la instalación de un medidor independiente en el domicilio y con esta medida, su tarifa doméstica 01 o estándar no subirá al nivel de doméstica de alto consumo.

Es una pena que el enfoque del gobierno en turno, genere extraordinarios niveles de desigualdad, donde se le dan beneficios a un sector socioeconómico alto para la adquisición de automóviles que aún son muy costosos para el grueso de la población y no hay suficiente infraestructura para permitir que accedan a la compra de estos vehículos, mientras un gran número de ciudadanos con discapacidad, enfermedad crónica o terminal requieren aparatos para subsistir y no alcanzan el subsidio eléctrico para continuar con sus medios de sostenimiento.

Por esta razón se conmina a la CFE para que suscriba un convenio o programa específico en todo el país donde las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares eléctricos, cuenten con una exención, una tarifa preferencial y/o un sistema de medición más justo.

En México se han realizado diferentes esfuerzos para determinar el número de personas con discapacidad y sus características: a través de los censos desde la primera mitad de siglo (en los censos de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y 1940); en la Encuesta Nacional de Inválidos 1982, de la Secretaría de Salud (SSA); en el Conteo de Población y Vivienda 1995; y en el Registro Nacional de Menores con Discapacidad 1995 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), y a pesar de estos avances se reconocen ciertas limitaciones en la información disponible, y la falta de homogeneidad en los criterios para clasificar y captar a esta población.

Sumado a lo anterior, existen factores sociales de urgente atención por considerarse inevitables a corto plazo, por dar un ejemplo, el potencial crecimiento en la población de adultos mayores y con ello los padecimientos crónicos que los incapacitan; en los últimos 10 años se tiene registro del incremento de enfermedades respiratorias que han generado una alta demanda en el suministro de oxígeno de grado medicinal y el uso de concentradores de oxígeno que utilizan energía eléctrica las 24 horas del día, esto entre otros casos.

Por esta razón es urgente atender este reto social y trabajar en la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes con el objeto de generar indicadores que nos permitan medir, evaluar y en su caso, dar solución a esta necesidad social que demanda un trato justo.

De acuerdo con el “Estudio sobre el agravio comparativo económico que origina la discapacidad” de Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García, la presencia de una discapacidad en el hogar obliga a una planificación presupuestaria específica, no sólo por el hecho de que la discapacidad modifica las prioridades de gasto y que la presión que suponen sobre el presupuesto familiar los gastos originados por la discapacidad obliga a restringir el gasto (o a prescindir totalmente de realizarlo) en otras partidas, sino también porque la propia evolución de los gastos originados por la discapacidad es difícilmente previsible.

El mismo estudio afirma que las necesidades de gasto adicional y el importe que suponen los gastos depende no sólo del tipo de discapacidad, sino también de la severidad de la discapacidad, de la edad de la persona. Una mayor dureza de la discapacidad supone, en general, más necesidades de apoyo y por tanto más gasto.

Por ello, la severidad y el importe del gasto se relacionan en forma directamente proporcional con la red de apoyos de que se dispone y de muchas otras variables.

En el año de 2012, se reportó que en el país existían 6.1 millones de hogares con al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una persona con discapacidad. En 78 por ciento de estos hogares sólo hay una persona con discapacidad, en 18 por ciento dos personas y en 3 por ciento, tres o más personas con discapacidad. Los hogares con personas con discapacidad tienen una frecuencia mucho más alta en los hogares ampliados (39.9 por ciento), compuestos (1.6 por ciento) y corresidentes (0.3 por ciento).

De manera precisa, los aparatos a los que hacemos referencia en la presente iniciativa, entre otros, son:

• El respirador

• El aspirador de mocos

• La silla electrónica

• La telealarma

• Las ayudas domóticas

• El imprescindible aire acondicionado para un enfermo respiratorio

• El nebulizador

• El pulsímetro

• Ventilodependientes.

En el caso de las personas sordas, requieren de adaptación a su vivienda:

• El bucle magnético

• Los detectores de señales acústicas

• Despertadores lumínicos o de vibración

• El teléfono de texto y

• El fax

De conformidad con el artículo 4 numeral 1 inciso g) del decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, México se encuentra comprometido a asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de la promoción de tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad a precios asequibles.

Artículo 4

Obligaciones generales

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados parte se comprometen a:

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promoverla disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

Este mismo instrumento internacional establece en artículo 19, inciso c), a que los servicios a la población deben de estar disponibles en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, y añade este inciso, que se debe tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Con esta propuesta se contribuye a cumplir con el compromiso internacional adquirido por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas, hace ya una década.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de cada 10 personas con discapacidad de 15 años y más de edad que residen en el país, solamente 4 participaban en actividades económicas. En ese mismo año, de la población con discapacidad de 15 años y más reciben ingresos provenientes, en un 40.2 por ciento de su trabajo, los ingresos por algún programa de gobierno es del 39 por ciento y por jubilación o pensión, y por ayuda de personas que viven dentro y fuera del país, se muestra mayor relevancia para las personas con discapacidad que para la población sin discapacidad ni limitación; de acuerdo con el texto del Inegi. “La discapacidad en México, datos al 2014. 2016”.

El Censo 2010 reporta que 14 por ciento de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7 por ciento gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9 por ciento de uno a menos de 2 SMM; 16.5 por ciento de 2 a menos de 3 SMM; 11.2 por ciento de 3 a menos de 5 SMM; 5 por ciento de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2 por ciento, 10 y más SMM. Sólo 7 por ciento de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44 por ciento ganan al mes menos de 3 mil 448 pesos o de 3 mil 268 pesos.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señala que los hogares con personas con discapacidad reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y sobre todo en cuidados a la salud, pero que puede ser una, dos y hasta tres veces más alto de los hogares sin personas con discapacidad. A la par, los hogares con personas con discapacidad reportan un gasto menor en educación, transporte, vestido y calzado y, transferencias a otros hogares.

Otra cuestión que se tienen que considerar para determinar la viabilidad social de la presente iniciativa es el nivel de pobreza del sector de las personas con discapacidad.

El diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México 2016 apunta que la pobreza multidimensional –de acuerdo con los criterios establecidos por el Coneval– es la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, y se presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores asociados a los derechos sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Las PCD, señala el diagnóstico, suelen residir en hogares donde la incidencia de pobreza es mayor, y se presentan rezagos en términos de ingreso, educación, salud, vivienda y alimentación, dichas personas son usualmente dependientes de familiares

Por lo que se refiere a la carencia por acceso a los servicios en la vivienda. Sólo el 1 por ciento de las personas con discapacidad carecen de electricidad en la vivienda. Lo que significa que el 99 por ciento de las personas con discapacidad son consumidores de electricidad.

Derivado de lo anterior, el razonamiento sería que sí las personas con discapacidad por sus niveles de pobreza no cuentan con los ingresos suficientes para solventar el gasto de consumo de luz, ello implica el uso de aparatos eléctricos necesarios para su sobrevivencia y su vida diaria.

En el ámbito internacional, en España, en octubre del 2017 se aprobó el Real Decreto 897/2107 que regula la aplicación del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales.

El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. Los consumidores considerados “vulnerables severos” tendrán un descuento del 40 por ciento.

En el decreto se regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes. De esta forma, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.

Del artículo “Bono social de electricidad y gas en Europa, este es el modelo de otros países” de Raúl Jaime Maestre, encontramos lo siguiente:

Bono social de tarifa en Francia

El Gobierno de Francia ofrece un descuento en las factura de los consumidores de luz, entre 71 y 140 euros anuales, que se realiza la renovación anualmente. En caso de los consumidores de la luz, se aplica según la potencia contratada, menos de 3kW. Dichos descuentos los asume los ‘Presupuestos del Estado’ y el resto de consumidores a través de diferentes tasas que se aplican en la factura de la luz.

En el caso de Francia, cualquier empresa puede ofrecer el bono social de tarifa, de los que se benefician alrededor de 4 millones de hogares. Los hogares que se benefician son hogares con bajos ingresos, 2.175 euros brutos año per cápita, o que cuenta con un seguro básico de salud, para rentas inferiores a 8.700 euros si es una persona.

Bono social de tarifa en Portugal

El Gobierno de Portugal ofrece dos tarifas sociales, una para la factura de la luz y otra para la factura del gas. Se realiza un descuenta del 33,8 por ciento para la factura de la luz, y del 31,2 por ciento para la factura del gas, de las tarifas de acceso a las redes, que se calculan a través del regulador energético (ERSE). Los hogares que se benefician son también hogares con pocos recursos, a partir de 5.808 euros al año con una persona dependiente, o que reciban otras ayudas sociales como las destinadas a personas mayores, de desempleo o la de jubilación.

Bono social de tarifa en Reino Unido.

El Gobierno de Reino Unido para situaciones en concreto:

• Si la temperatura se sitúa por debajo de los cero grados durante más de siete días se establece una ayuda de 23 libras esterlinas por cada semana. Este dinero se ingresa en la cuenta del cliente.

• Ayuda para ancianos con problemas para pagar la factura durante el período invernal, en los meses de noviembre y diciembre, que se ingresa en la cuenta de cliente. Esta ayuda oscila entre 100 y 300 libras. También existen otras ayudas para poder realizar el aislamiento del hogar.

En el caso de la factura de la electricidad se ofrece a personas con pocos recursos, jubilados o personal en situación de desempleo.

Bono social de tarifa en Italia

El Gobierno de Italia los descuentas del 20 por ciento en la factura de la electricidad y se aplican a familias numerosas con 4 hijos, las que tienen pocos recursos, así como a personas con una enfermedad que requiera de equipos especiales conectados a la luz.El bono se destina tanto a usuarios del mercado libre como a los usuarios del mercado regulado y lo ofrecen todas las empresas que comercializan el servicio. La ayuda se regula a través de la autoridad estatal.

El gasto del bono social se asume a través de los ‘Presupuestos Generales del Estado’ y una tasa que se incluye dentro de las facturas de electricidad y de gas. Los límites de la renta para disfrutar el bono se sitúan en 8.107 euros con carácter general y 20.000 euros para las familias numerosas.

Bono social de tarifa en Bélgica

El Gobierno de Bélgica ofrece una tarifa social que se aplica a la factura de la electricidad y a la factura del gas, y se revisa semestralmente. Este bono social en la tarifa se trata de un precio especial para los clientes considerados con protección con una tarifa más barata del mercado. Se pueden beneficiar aquellos clientes que ya tienen derecho a algún tipo de subsidio público, ayuda por discapacidad, por jubilación o arrendamientos en las viviendas sociales. Los clientes federales protegidos tienen siempre derecho a la tarifa social. Los clientes regionales se pueden beneficiar si previamente lo han solicitado a la empresa distribuidora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 139. ...

...

La CRE establecerá medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo es originado por aparatos permanentes para su evidente supervivencia o que garanticen su inclusión social.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_ la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf

3 https://elpais.com/economia/2017/10/06/actualidad/1507301633_ 657568.html

4 https://www.elblogsalmon.com/sectores/bono-social-de-electricidad-y- gas-en-europa-este-es-el-modelo-de-otros-paises

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Elba Lorena Torres Díaz, José Luis García Duque(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo, y se adiciona un tercero, pasando el actual tercero a cuarto, del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

La reforma penal en México en 2008 cambió de manera significativa el procedimiento penal, pues de un procedimiento inquisitivo mixto nos llevó a un modelo acusatorio adversarial, que entró en vigor en toda la república a partir de 2016.

El centro de este nuevo sistema representa el respeto de los derechos humanos de las personas, tanto de víctimas como de imputados, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, con la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional, entre otras figuras procesales.

Asimismo, en 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que representó un cambio de paradigma, pues se pusieron los derechos humanos como punto de referencia ante cualquier acto de autoridad.

Este nuevo paradigma de aplicación de justicia penal también representó tomar en cuenta el pluralismo jurídico, en el sentido de reconocer la existencia de dos sistemas de justicia: la impartida por el sistema creado por las instituciones del Estado, y la indígena. El pluralismo jurídico implica que los integrantes de un pueblo indígena, ya sea mujeres u hombres, pueden acudir ante los dos sistemas de justicia: la impartida por los órganos del Estado y la impartida por sus autoridades comunitarias.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) reconoce en el artículo 420 la existencia de la justicia indígena y su sistema normativo para resolver ciertos conflictos surgidos entre los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas, siempre que se afecten bienes jurídicos de éstos o bienes personales de un integrante, y que las partes de forma voluntaria manifiesten someterse a la justicia indígena. Pero establece excepciones; es decir, cuando algún miembro del pueblo o comunidad detecte que en la solución de los casos no se esté aplicando la perspectiva de género, se afecte la dignidad de las personas, el interés superior de niños y niñas o el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la acción penal tendrá lugar cuando así sea solicitado. Así, las excepciones establecidas a la justicia indígena permiten que las autoridades competentes resuelvan de manera penal lo relacionado con temas de suma importancia, como la perspectiva de género y los derechos de las niñas y los niños.

Las limitaciones que el CNPP establece en el artículo 420 respecto a la justicia indígena considera la problemática transcultural del no respeto de los derechos de las mujeres, así como de las niñas y los niños. Sabemos que esta trasgresión de derechos la encontramos también en todos los niveles de la sociedad, tanto en la parte económica (pobres y ricos) como en el ámbito profesional.

Un diagnóstico realizado por la Red de Abogadas Indígenas en 2016 muestra que las indígenas son las que más accionan la justicia comunitaria; además, acuden a ese sistema de justicia por diversas razones, entre las que destacan la cercanía con las autoridades, hablantes de la misma lengua, y respeto de sus sistemas de justicia, por lo que se acude en un primer término con las autoridades de su pueblo o comunidad, y dado el caso de que no se resuelvan de manera satisfactoria sus problemas, entonces acudirán al sistema de justicia que establece el Estado: ministerios públicos y juzgados.

Esto es coincidente con lo que ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ha remarcado que la exclusión social, el racismo estructural y la inaccesibilidad geográfica obstaculizan en gran medida el acceso de las mujeres indígenas al sistema de justicia. Además, acudir ante los órganos de procuración y administración de justicia estatal no implica per se que se resolverá el problema planteado.

Los derechos de las mujeres se han construido en un contexto social dominado por normas patriarcales, donde los pueblos y las comunidades indígenas no están exentos de dicha situación.

Si bien el artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, los integrantes del pueblo o la comunidad pueden ignorar la violación de algún derecho. Por tanto, el Estado tiene la obligación de hacer respetar el derecho humano de acceso a la justicia de manera amplia y cumplida. Por ello es indispensable que el Estado tenga conocimiento respecto a las resoluciones de conflictos que lleven a cabo pueblos y comunidades, a fin de que identifique y atienda los casos en que no se incluya la perspectiva de género, se afecte la dignidad de las personas o el interés de las niñas y los niños, así como la posible violación del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

Considero que los indicadores anteriores nos dan luz sobre la importancia de reconocer y fortalecer el acceso pleno de las mujeres, las niñas y los niños indígenas a la justicia. De ahí la importancia de reformar el artículo 420 del CNPP para garantizar que las mujeres, las niñas y los niños tengan acceso a una adecuada aplicación de justicia comunitaria, teniendo a las autoridades del Estado como los procuradores de un debido proceso.

Para efecto de entender mejor la iniciativa se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en que la comunidad, conforme a sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

Se excluyen de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable.

Texto propuesto

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que el pueblo o la comunidad, conforme a sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier persona podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

Cuando el imputado o la víctima sea mujer indígena o estén involucrados niñas y niños, será obligatorio que el pueblo o la comunidad informen a la autoridad federal o local competente la solución del conflicto para que se identifique la no consideración de lo previsto en el párrafo primero y se proceda a la resolución del conflicto de manera adecuada.

Se excluyen de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable.

Iniciativa con proyecto deDecreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un tercero, pasando el actual tercero a cuarto, del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforman los párrafos primero y segundo, y se adiciona un tercero, pasando el actual tercero a cuarto, del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que el pueblo o la comunidad, conforme a sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier persona podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

Cuando el imputado o la víctima sea mujer indígena o estén involucrados niñas y niños, será obligatorio que el pueblo o la comunidad informen a la autoridad federal o local competente la solución del conflicto para que se identifique la no consideración de lo previsto en el párrafo primero y se proceda a la resolución del conflicto de manera adecuada.

Se excluyen de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Pluralismo jurídico es la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas distintos. Correas, Óscar, Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena, Fontamara, 2003, página 37.

2 Guía para las autoridades comunitarias en la resolución de casos de violencia de género contra las mujeres en comunidades indígenas, 2015, inédito, página 5. Red de Abogadas Indígenas.

3 IDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II Doc. 68, 20 de enero de 2007, párrafos 198-207.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas: Margarita García García,Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Julieta Macías Rábago, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente

De acuerdo con datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU-Sida), desde el inicio de la epidemia, un estimado de 77.3 millones de personas han resultado infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana y pese a que las nuevas transmisiones de la infección se han logrado reducir en 47 por ciento desde su punto máximo en 1996, la estimación para 2017 es de 180 mil nuevas transmisiones.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida reporta un total de 195 mil 194 casos diagnosticados al cierre de 2017, de los cuales 13 mil 710 son casos nuevos diagnosticados durante 2017, cifra mayor que los 13 mil 295 nuevos casos diagnosticados durante 2016 y que es evidencia de que existe margen de mejora en los esquemas de prevención para lograr una disminución palpable en la incidencia de nuevas transmisiones.

Desde el inicio de la epidemia, los esquemas de prevención y atención de la infección por VIH han evolucionado constantemente como consecuencia de los avances médicos y la experiencia obtenida a partir de la implementación de diversas políticas.

Además de los métodos de prevención y detección oportunas, la terapia antirretroviral (Tar) constituye uno de los pilares que mayor incidencia tiene en los esquemas integrales de atención a esta problemática. Las terapias antirretrovirales se enfocan en la enzima transcriptasa reversa, que resulta indispensable para la replicación del virus, la cual es posible detener al inhibir dicha enzima.

La primera sustancia aprobada –en 1987– como terapia antirretroviral fue la Zidovudina o Azidotimidina, la cual por su toxicidad y las altas dosis requeridas generaba efectos secundarios generalizados como la anemia, que causaron escepticismo sobre su efectividad, pero también impulsaron a los investigadores a continuar desarrollando nuevas opciones de tratamiento. Pese a las deficiencias que las primeras terapias antirretrovirales presentaban, su importancia quedó demostrada al registrarse una disminución de 60 por ciento de la tasa de mortalidad por sida en Estados Unidos entre 1995 y 1997.

Hoy, la terapia antirretroviral ha evolucionado hasta el punto en que existen diversos esquemas disponibles, incluyendo el tratamiento a través de una sola píldora que incluye una combinación de tres sustancias, cuya ingesta regular reduce la carga viral en sangre hasta valores indetectables, permitiendo a los pacientes mantener una buena salud al evitar que su organismo deba combatir la infección y cuyos efectos secundarios son menores en la mayoría de los casos.

Una de las aplicaciones disponibles para las más recientes terapias antirretrovirales es lo que se conoce como métodos de profilaxis, ya sea en forma previa o posterior a estar expuesto a la infección. Dichos métodos consisten en la ingesta de alguno de los esquemas de Tar disponibles, para impedir que la infección suceda.

Cuando se hace de forma previa a la exposición, el paciente se sujeta a un régimen de ingesta regular de la terapia antirretroviral, de forma que, en el supuesto de resultar expuesto a la infección, esta no pueda desarrollarse en su organismo como consecuencia de la presencia del medicamento.

De hacerlo en forma posterior a la exposición, el paciente es sujeto a un tratamiento con terapia antirretroviral en forma inmediata posterior a la exposición, con el propósito de evitar que la misma logre desarrollarse y bajo el supuesto de que existe una ventana de 72 horas posteriores a la exposición dentro de la cual es aún posible evitar la infección mediante el uso de Tar.

La profilaxis pre exposición, conocida como Prep (acrónimo de pre-exposure prophylaxis) es ya utilizada por diversos países como parte de sus esquemas integrales de prevención en contra del VIH, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud emitió un documento de lineamientos en cuya recomendación número 2 señalan que en países donde la transmisión por VIH ocurre primordialmente entre hombres y personas transgénero que tienen sexo con hombres (como es el caso de México), y medidas adicionales de prevención son requeridas, el suministro diario oral de Prep, específicamente la combinación de tenofovir/emtricitabina, debe considerarse medida adicional.

En las directrices internacionales sobre VIH/sida y los derechos humanos, así como en la revisión de la sexta directriz, relativa al acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo, publicados por ONU-Sida, se señala la obligación que los Estados tienen de tomar medidas eficaces para hacer efectivo el acceso universal a los métodos de prevención, tratamiento, atención y apoyo, lo cual es condición indispensable para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en materia de salud.

En 2015 se publicaron los resultados del estudio Proud, realizado entre pacientes de clínicas de salud sexual en Inglaterra con el propósito de medir la efectividad que un régimen diario de Prep con tenofovir/emtricitabina tiene contra la infección por VIH. Los resultados indican que este método es sumamente efectivo: reduce en 86 por ciento el riesgo de infección, lo cual combinado con otros métodos de prevención permiten reducir dramáticamente las tasas de transmisión entre las poblaciones de riesgo.

Si bien por ahora no existe un método para eliminar por completo la infección por VIH, la implementación de esquemas integrales de prevención y atención son un factor determinante en el control de la epidemia hasta en tanto se logren los avances médicos necesarios para su cura.

Por ello, la presente iniciativa propone incorporar al Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, el acceso universal a los esquemas de profilaxis pre y post exposición como métodos de prevención que coadyuven a lograr reducir en forma significativa la incidencia de transmisiones de la infección por VIH.

Ello, en concordancia con los tratados internacionales de los cuales el país es integrante, del derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución y la obligación que como sociedad tenemos de contribuir al control de la epidemia por VIH.

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis. [...]

La Secretaría de Salud incluirá los métodos de profilaxis pre y post exposición, de conformidad con los esquemas recomendados por lineamientos internacionales, en el Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, para que la población en riesgo tenga acceso universal a ellos a través del Sistema Nacional de Salud, como parte de un enfoque integral para contribuir a la reducción de nuevas infecciones por este virus.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Julieta Macías Rábago,Alan Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Ernesto Vargas Contreras, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, María de los Ángeles Gutiérrez Valdéz, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya, María Sara Rocha Medina, Martha Angélica Zamudio Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del problema

La iniciativa de ley en comento plantea reducir el componente de la cuota fija del impuesto especial sobre productos y servicios a gasolinas y diésel. Ello en virtud de que, esta cuota, a lo largo de 2017, y aún en lo que va de 2018, fue y es manipulada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbico, sin la mayor justificación.

En la estructura del costo de las gasolinas, la cuota fija del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, que equivale a más del 40 por ciento del precio venta al consumidor, mismos que, a lo largo de 2017 se modificó de manera discrecional, mediante acuerdos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emite en el Diario Oficial de la Federación.

La Iniciativa en el marco de las mejores prácticas internacionales y especialmente, en el marco del fortalecimiento institucional, la transparencia y la rendición de cuentas, pretende que la Secretaria de Hacienda presente un informe pormenorizado de las razones de la aplicación indistinta de los estímulos fiscales, ya que nunca se justificó las razones de la modificaciones del estímulo fiscal que aplica, pero que si reduce sensiblemente la captación del tributaria por concepto de impuesto a las gasolinas y diésel.

Argumentos

En 2017, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, decidió adelantar la apertura al libre mercado el expendio de las gasolinas prevista en la Reforma Energética –de 2013–, hasta 2018 –en el artículo décimo transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

La propuesta del Ejecutivo, tuvo su base presupuestal y jurídica en el transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos para 2017, ese ejercicio presupuestal.

Con esta medida se inauguró, en enero de 2017, el arranque de las protestas de descontento social, que muy pronto fue irradiándose por todo el país, como consecuencia del alza de las gasolinas, que pasaron de costar: 13.98, 14.81 y 14.63, la Magna, la Premium y el Diésel, en ese orden, en 2016, a 15.98, 17.79 y 17.05, respectivamente, en 2017.

De lo anterior, se desprende que el promedio del alza en el costo por litro fue de $2.46.0 por litro.

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los precios de las gasolinas para 2016 y 2017.

Fuente:Elaboración propia con datos del acuerdo de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2016.

II. La estructura de precios de la gasolina, 2 se conforma, principalmente, de los siguientes componentes:

1. Costo -en dólares-, dependiendo de lugar de referencia (frontera) de importación.

2. Los gastos de transporte y de logística.

3. El margen de comercialización.

4. La cuota fija del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es el componente de mayor peso, el representar poco más del 40 por ciento del total.

Las repercusiones del incremento de las gasolinas

De acuerdo con el Inegi, en su reporte de la inflación al mes de agosto de 2018, el precio de los combustibles (gasolinas, diésel gas LP), es el componente que mayormente impacta en la inflación, desde 2017.

Ello es entendible si consideramos que la gasolina, el diésel y, también el gas LP, son combustibles que son utilizados además de insumos, como factores de la producción, por ejemplo, en el transporte, indistintamente sea público o privado. Además, no debe olvidarse, el segundo componente en donde más gastan las y los mexicanos es el transporte, según se desprende de la Encuesta y Gasto de los Hogares en México 2016.

De manera que el incremento de precios ha permeado al tejido productivo elevando la inflación.

Por otra parte, en la estructura del costo de las gasolinas, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a gasolinas y diésel, en promedio, equivale a más del 40 por ciento del precio venta final al consumidor.

Cuotas fijas del impuesto especial sobre productos y servicios a gasolinas y diésel

De acuerdo con fracción I, incisos D) subincisos a), b) y c) del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (y reafirmada en la fracción II, numeral 1 del artículo 16 de la Ley de Ingresos 2018), la cuota fija que regirá, para 2018, es la siguiente:

D)Combustibles automotrices:

1.Combustibles Cuota Unidad de

fósiles medida

a.Gasolina menor

a 92 octanos 4.59 pesos

por litro.

b.Gasolina mayor o

igual a 92 octanos 3.88 pesos

por litro.

c.Diésel 5.04 pesos

por litro.

2.Combustibles

no fósiles 3.88 pesos

por litro.

Cuotas del inciso D) actualizadas por acuerdo DOF 29-12-2017

Haciendo un recuento de la aplicación de los estímulos fiscales que la Secretaria de Hacienda ha venido decretando, encontramos que su promedio es de poco más de 20 por ciento. De manera que, si descontamos un promedio de 20 por ciento a las cuotas fijas, podríamos mitigar el impacto en la inflación, descontar la caída de la captación de la recaudación IEPS a gasolinas.

Pues en los primeros 7 meses de 2018, refleja un retroceso de -28.7 por ciento, en términos reales. Dicho retroceso, equivale, en términos monetarios a 33 mil 166 millones de pesos, menos, que el acumulado enero-julio de 2017 respecto al mismo periodo de 2018.

Adicionalmente, encontramos que los ingresos excedentes petroleros, observan una tendencia al alcista, con 9.1 por ciento en el periodo referido, y, en su conversión monetaria, 71 mil 667 millones de pesos.

Esta propuesta es más realista, pues evita la discrecionalidad de Hacienda y la vuelve más transparente.

Evita sobreestimar los ingresos a recaudar por concepto del IEPS a gasolinas.

Mitiga el efecto inflacionario en la economía en general y, por ende, a los consumidores.

Los recursos que deja de percibir el erario público, por los discrecionales estímulos fiscales, son opacos y son carentes de rendición de cuentas.

Los recursos petroleros consistentemente, a lo largo de 2018, han más que compensado la caída del IEPS a gasolinas.

De lo anteriormente expuesto, aplicamos una reducción de 20 por ciento a las cuotas fijas estipuladas en la fracción I, incisos D) subincisos a), b) y c) del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, para quedar como siguen:

I...

D) Combustibles automotrices:

1 .Combustibles Cuota Unidad

fósiles de medida

a .Gasolina menor

a 92 octanos 4.59- 3.67 pesos

por litro.

b .Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88- 3.1 pesos

por litro.

c .Diésel 5.04-4 .03 pesos

por litro.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la fracción I, inciso D), subincisos a), b) y c) del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción I, inciso D), subincisos a), b) y c) del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I...

D) Combustibles automotrices:

1 .Combustibles Cuota Unidad

Fósiles de medida

a .Gasolina menor

a 92 octanos 3.67 pesos

por litro.

b .Gasolina mayor

o igual a 92 octanos 3.1 pesos

por litro.

c .Diésel 4 .03 pesos

por litro.

2...

...

...

E) ...

F) ...

G) ...

H) ...

I)...

J) ...

II...

III...

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 1 de enero de 2019 en su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

2 DOF 24-12-2015 Acuerdo por el que se da a conocer la banda de precios máximos de las gasolinas y el diésel y otras medidas que se indica para 2016.

3 Información de finanzas públicas y deuda pública, enero-julio de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Antonio Ortega Martínez,José Ricardo Gallardo Cardona, Verónica Beatriz Juárez Piña, José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martpinez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Luz Estefanía Rosas Martínez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente

En su ensayo ¿Qué es la ciencia?,el filósofo Mario Bunge señala que “mientras los animales están en el mundo, el hombre trata de entenderlo; y, sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta adueñarse de él para hacerlo más confortable. En este proceso, construye un cuerpo de ideas llamado ciencia que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible”. No obstante el último adjetivo, Bunge también hace notar que “por medio de la investigación científica el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta”.

La ciencia no sólo es una de las vías más importantes para la comprensión de nuestro entorno, sino que, al generar nuevos conocimientos, mejora nuestra calidad de vida, por lo cual juega un papel fundamental en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Igualmente, Bunge afirma que la ciencia pertenece a la vida social, en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. En otras palabras, la ciencia nos ayuda a responder a los grandes retos de la humanidad, pero también nos hace la vida más agradable, pues a través de ella podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, adecuar o mejorar nuestro entorno, cuidar nuestra salud, fabricar fármacos que curan las enfermedades y dolores que nos afectan e incluso podemos aplicarla en ámbitos como el ocio, el arte y el deporte.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sostiene que “acercar la ciencia a la sociedad y ayudar a los ciudadanos a comprender mejor la ciencia para que contribuyan en su desarrollo es fundamental para construir sociedades en las que los individuos tengan los conocimientos necesarios para elegir de manera pertinente sus opciones profesionales, personales y políticas”.

Sin embargo, la ciencia no solo debe estar al servicio de las personas en lo individual, sino que debe convertirse en un elemento fundamental en la toma de decisiones públicas.

Para que la ciencia contribuya cada vez más a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad, es indispensable la toma de conciencia por parte del gran público sobre su importancia, para lo cual la divulgación científica resulta esencial.

La importancia de la relación entre ciencia y sociedad es puesta de manifiesto por la UNESCO, cuando señala que “para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Asimismo, los científicos han de comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles para los gobiernos y la sociedad en general”.

El principal objetivo de la divulgación científica es acercar la ciencia al público general no especializado y puede definirse como toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico. En cuanto a los medios para la divulgación, éstos son muy variados pues se utilizan como herramienta libros, carteles, folletos, programas de radio, programas de televisión, publicaciones periódicas, plataformas multimedia e internet, museos y centros de ciencia.

“Un buen divulgador de la ciencia debe tener conocimientos elementales de muchas áreas de la misma y ser capaz de transmitirlos a públicos muy diversos. Cuando un divulgador logra transmitir una serie de inquietudes e ideas a su público, se siente contento y satisfecho; se siente a gusto si es capaz de motivar a su público produciendo el efecto que deseaba. Ese mismo placer que logra un investigador o un divulgador de la ciencia, lo experimenta un estudiante cuando entiende un argumento complejo o resuelve un problema gracias a la ciencia”.

Por otra parte, hay un rasgo importante de la divulgación de la ciencia el cual debe tomarse en cuenta y es que ésta cumple con una función educativa, a pesar de que algunos divulgadores sostengan que no necesariamente tiene que ser así. Según quienes piensan lo anterior, la divulgación científica sólo se trata de pasarse un rato agradable, divertirse con la ciencia, o bien, recibir alguna noticia científica.

Lo cierto es que la divulgación de la ciencia ofrece la posibilidad de contar con una educación informal fuera del ámbito escolar. Esto se logra a través de los diferentes medios de comunicación, que pueden ser desde una charla frente a un grupo de niños y jóvenes, hasta la transmisión de un programa de televisión que llega a millones de personas.

Para María Brenda Valderrama Blanco, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el estado de Morelos y doctora en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país podría impulsar el desarrollo científico y tecnológico de manera significativa, si la ciencia y la tecnología fueran tan atractivas como los deportes. En este sentido, recordó que la población mexicana tiene una buena apreciación hacia la ciencia.

Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (Enpecyt) 2017, la cual recientemente dio conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 75 por ciento de la población en México tiene algún interés por los nuevos inventos, descubrimientos científicos o desarrollo tecnológico. La encuesta revela que 8.4 por ciento de la población en áreas urbanas tiene un interés muy grande por los nuevos inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico; 27.4 por ciento dijo tener un interés grande; 39.2 por ciento un interés moderado y 25 por ciento declaró nulo interés por estos temas.

La doctora Valderrama afirmó en entrevista que “cuando te acercas a los jóvenes y te presentas como científico y convives con ellos, cambia significativamente su apreciación. Es muy importante que los más de 20 mil científicos que hay en México salgamos a la calle, con la sociedad, nos presentemos y hablemos con ellos, porque solo así mejoraría la apreciación”. Igualmente, aseguró que “mientras más se trabaje con gente joven, incluso con niños, existen más oportunidades de que se aprecie ciencia y tecnología como parte de la cultura mexicana, como una opción viable de desarrollo personal y profesional, y las integren en su estilo de vida. La economía y estilo de vida están cada vez más marcados por ciencia y tecnología”.

Por su parte, Víctor del Río Bello, quien es doctor en gerencia estratégica con especialidad en crisis de alto impacto y presidente del capítulo Australia de la Red Global MX, afirma que si se aprovecha el capital creativo de los niños y jóvenes y se liga, mediante tecnología existente, con investigadores en otros países, permitirá que los niños vean que ciencia y tecnología no pertenecen a un mundo ajeno, extraño o diferente, que son actividades que se hacen todos los días y generan conocimiento con beneficio a familias, comunidades y países”.

El doctor Del Río propone que las escuelas primarias tengan un mentor de la red de talentos mexicanos, la cual agrupa a cuatro mil mexicanos en 30 capítulos en todo el mundo, y que, a través de videoconferencias, esos mexicanos en el extranjero platiquen con los niños”.

Un ejemplo internacional del éxito que pueden tener este tipo de estrategias para integrar el desarrollo científico a la educación es el programa “Mil científicos mil aulas”, implementado por el gobierno de Chile, el cual tiene como objetivo incentivar el encuentro entre la comunidad científica y el público escolar dentro del aula, para que estudiantes y docentes puedan conocer de primera fuente el trabajo de los investigadores chilenos, contribuyendo a despertar la curiosidad y el interés por temas científicos. La actividad consiste en una conversación entre científicos y estudiantes, en donde los investigadores comparten su experiencia tanto personal como profesional. Esta actividad se realiza en todas las regiones de Chile, con una oferta de charlas, instalada en una plataforma online, disponible para ser seleccionadas por educadores y docentes de cualquier ciclo escolar.

Tomando en cuanto lo aquí expuesto, consideramos pertinente modificar la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer que, con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de investigación asegurarán la participación de sus investigadores en actividades, no solo de enseñanza, sino también de divulgación científica.

Actualmente, la Ley de Ciencia y Tecnología señala en su artículo 43 “Con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de investigación asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza. Las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que sus académicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, investigación o aplicación innovadora del conocimiento”.

Por su parte, el artículo 46 de la ley en comento establece que “El gobierno federal promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza y fomento de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de la educación, en particular para la educación básica”.

Como puede apreciarse, la redacción actual de los artículos 43 y 46 deja fuera a la divulgación científica como actividad en la cual los investigadores pueden participar de manera decisiva en las escuelas para interesar más a los niños y jóvenes en la ciencia.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Único.Se reforman el artículo 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 43.Con objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de investigación asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza y divulgación científica. Las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que sus académicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, investigación o aplicación innovadora del conocimiento y divulgación científica.

Artículo 46.El gobierno federal asegurará el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza , fomento y divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de la educación, en particular para la educación básica.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Editorial Patria, México 2007. Página 9.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Véase, La ciencia al servicio de un futuro sostenible, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consultado el 28 de septiembre de 2018. Disponible en:

https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenible

5 Véase, La ciencia al servicio de la sociedad, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consultado el 28 de septiembre de 2018. Disponible en:

https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-sociedad

6 Véase, Tonda Mazón, Juan, ¿Qué es la divulgación de la ciencia?, Ciencias 55, julio-diciembre, Facultad de Ciencias de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Página 76-81. Disponible en:

http://www.revistaciencias.unam.mx/en/104-revistas/revista-ciencias-55/ 864-ique-es-la-divulgacion-de-la-ciencia.html

7 Ibídem.

8 Véase, Estrategias para impulsar el desarrollo científico en México, Agencia Informativa Conacyt, 5 de febrero de 2016. Disponible en:

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/ 4649-ciencia-sexi-para-combatir-rezago-en-mexico

9 Véase, “75 por ciento de la población tiene algún interés por los nuevos inventos, descubrimientos científicos o desarrollo tecnológico”, Comunicado 46/18 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciudad de México, a 20 de junio de 2018. Disponible en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/ 848-75-de-la-poblacion-tiene-algun-interes-por-los-nuevos-inventos- descubrimientos-cientificos-o-desarrollo-tecnologico

10 Véase, Estrategias para impulsar el desarrollo científico en México, op. cit.

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Véase, “1000c1000a (Mil científicos mil aulas)”, Ministerio de Educación, gobierno de Chile. Disponible en:

https://www.explora.cl/704-instrumentos-explora/instrumentos-explora- actividades/13549-1000c1000a-mil-cientificos-mil-aulas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputados: Rogelio Rayo Martínez,Arturo Escobar y Vega (rbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 5o. Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Carlos Loera de la Rosa, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990 por el gobierno mexicano, cuya principal finalidad fue ser un fondo de contingencias económicas para superar los problemas financieros extraordinarios.

Con la aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario el 12 de diciembre de 1998, fue sustituido por el IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

La creación del Fobaproa y posteriormente el rescate bancario significó la conversión de deuda privada en pública, unos de los atentados políticos y económicos más escandalosos de la historia mexicana, debido a que el Poder Ejecutivo de la época y grupos de poder económico ocultaron hechos de corrupción, trasladando obligaciones de particulares para que fueran pagadas por todos los mexicanos.

La versión oficial explica que el surgimiento del Fobaproa, fue para hacer frente a posibles crisis financieras, según el gobierno, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras (evitar corridas bancarias, o al menos sus efectos), sin embargo, esto no ocurrió así y el Fobaproa se convirtió en un instrumento jurídico y financiero para trasladar adeudos de particulares, para que el gobierno a través de recursos públicos respondiera por los mismos; los mexicanos por generaciones tendrán que pagar una deuda que ni siquiera les fue favorecida con recurso alguno.

En diciembre de 1994, derivado de los errores de diciembre, con el cambio de Poderes del Ejecutivo federal, la saliente (Carlos salinas de Gortari) y la entrante (Ernesto Zedillo Ponce de León), la alteración en el tipo de cambio, sumado a los acontecimientos políticos de ese año, generaron que las erróneas decisiones del presidente entrante, desencadenaron la peor crisis económica y más grave de la historia contemporánea mexicana.

La crisis trajo como consecuencia incremento en las tasas de interés, provocando que las deudas contraídas fueran impagables, causando el sobre endeudamiento de las empresas y familias y el cese de pagos por parte de los deudores.

Ante la situación de insolvencia en el pago de los créditos, y bajo el argumento de que tal situación desencadenaría una situación sistémica, el gobierno federal utilizó el Fobaproa para absorber las deudas, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero a los ahorristas.

Inicialmente se calculó un total de pasivos del Fobaproa en 552 mil millones de pesos, ilegalmente el Banco de México suscribió pagarés en los que se garantizaba con recursos públicos el pago de los mismos, situación completamente inconstitucional, toda vez, qué para poder realizar tal suscripción, era necesario que se aprobaran por la Cámara de Diputados, situación que nunca ocurrió.

Al mismo tiempo que esto ocurría, se implementó el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) que inducía a las instituciones a aportar capital cuando la situación esté dentro de la insolvencia.

A través del PCCC, los bancos transfirieron los derechos de cobro al Fobaproa a cambio de un instrumento de pago a su cargo con garantía del gobierno federal.

Cronología de evolución del Fobaproa al IPAB

Año 1990, se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con el pretexto de la falta de liquidez del sistema bancario, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, los crea como fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios, este fondo se crea ante la posibilidad contingente de posibles crisis económicas evitando la insolvencia de los bancos, derivado del incumplimiento de los deudores con la banca, así como el retiro masivo de depósitos.

Año 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari vende la banca a particulares que no tenían experiencia en actividades financieras.

Error de diciembre 1994, estalla la crisis económica con tipo de cambio sobrevaluado, inflación, déficit comercial, endeudamiento externo, reducción acelerada de las reservas internacionales.

Derivado de la crisis se inician retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito por lo que los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.

Derivado de la crisis de 1994, las reservas de divisas caen al grado 29 mil millones de dólares colocados en bonos pagables y al no tener reservas de dólares, el país queda en bancarrota Las tasas de intereses llegaron al 150 por ciento, las personas tuvieron que devolver casas, vehículos. El estado pago los adeudos de los bancos, asumiendo las pérdidas y adeudos, sin transparentar el origen de los mismos ni explicar los motivos de los créditos que se estaban cubriendo, mucho menos se justificó el sentido social de la medida adoptada.

Año 1995, se utiliza el Fobaproa, para absorber las deudas de los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Sin embargo, muchos de estos créditos se debían a malas prácticas financieras de los bancos, los mismos accionistas de los bancos se auto prestaron, y un desmedido otorgamiento de créditos.

Para esta fecha los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto fue equiparable al 40 por ciento del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.

No obstante, diversos cálculos en el año 1998, cuando se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Protección del Ahorro Bancario, el monto total absorbido por el gobierno asciende a un billón de pesos.

Año 1996, se creó la UCABE (Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial) que fungió como aval para el supuesto rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9 mil 700 millones de dólares.

Es en este momento cuando se incluyen en el Fobaproa, adeudos que no tenían justificación jurídica ni económica, ya que solo se beneficiaron a ciertos grupos empresariales, sin que se diera ningún sentido de rescate social.

Marzo 1998, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con pleno conocimiento que lo hecho por en el Fobaproa era ilegal, envía al Congreso de la Unión cuatro iniciativas para justificar con un marco legal inconstitucional; el pretexto de estas iniciativas fueron las supuestas posibilidades de una nueva crisis bancaria y propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.

Lo que sí ocurrió con las reformas de diciembre de 1998, es que ha sido una de las maniobras más escandalosas, porque los banqueros lavaron sus “malas” finanzas y se enriquecieron gracias al visto bueno de la clase política.

La utilización del Fobaproa ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas siguen sufriendo esas consecuencias.

En 1998, se enviaron las iniciativas para desaparecer el Fobaproa, para reconocer los pasivos del Fobaproa como deuda pública.

De ahí la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, instituto que surge a raíz de la imposibilidad económica de continuación de Fobaproa a IPAB.

Surge una deuda pública incrementada, que asume los pasivos convirtiendo adeudos de particulares en deuda pública.

Es importante mencionar que la deuda tiene restricciones constitucionales específicas, siendo que toda deuda debe destinarse a desarrollo e infraestructura.

Desde el punto de vista legal y financiero no es aceptable, sin embargo, la ley del IPAB, fue aprobada 325 a favor, 159 en contra, 1 abstención, el 12 de diciembre de 1998.

A través del Fobaproa, el Gobierno Mexicano más que rescatar los bancos, le compró deudas o créditos llamados “basura financiera” como créditos incobrables lo que llevó a incrementar el costo fiscal del rescate a cambio de la reducción de las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero los transfirieron al Fobaproa.

El gobierno federal, compró a los banqueros la cartera de créditos incobrables y “fraudulentos”, con un agravante, los accionistas de los bancos no perdieron sus inversiones, y además, han recibido un tratamiento favorable, ya que ellos nunca padecieron pérdida alguna. La mayoría de los créditos eran quirografarios, los bancos no respaldaron los créditos.

Las malas decisiones de los gobiernos saliente y entrante del ejecutivo federal del año 1994, derivado de la crisis económica, el gobierno rescato los bancos a través del Fobaproa y los recursos destinados no necesariamente los necesitaban los bancos.

Debemos recordar que el objetivo primordial de banco es captar recursos y prestar dinero, los bancos deben tener un seguro para responder y el Fobaproa era un seguro para garantizar los ahorros, los bancos abren la llave al crédito,

Sin embargo, había bancos que estaban relativamente estables, pero el Fobaproa creó el programa capitalización y compra de cartera que fue ilegal, ya que el gobierno pagaba el adeudo que se asumió y el Banco de México firmó pagarés y los bancos le entregaron al gobierno la cartera chatarra, basura de créditos, ejemplo fueron los créditos relacionados, es decir, lo propios banqueros se prestaron a sí mismos.

Se inició una lucha para pedir la información que se integraba esa cartera vencida, nunca se supieron los montos totales de los pasivos del Fobaproa.

Veinte años han transcurrido desde el gran atraco en perjuicio de la ciudadanía y atentando en contra de los recursos públicos, los cuales, fueron retirados del sector social, salud, para rescatar deuda privada.

Como se aprecia en el cuadro a continuación, se observan los incrementos de más del 400 por ciento por ciento solo en los últimos cuatro años.

Siempre fueron ocultados los expedientes de los que derivan los pasivos del Fobaproa heredados al IPAB.

Esta iniciativa tiene como fin aclarar la deuda histórica que existe al pueblo de México, ya que nunca se transparentaron los expedientes en los que se basan el pago de los adeudos para el saneamiento de la deuda pública contenida en el Fobaproa e IPAB.

Esta iniciativa, de aprobarse, permitirá y establecerá como obligación del instituto la transparencia de los expedientes en que se sustentan el Fobaproa y el IPAB, además, establece la facultad a la Cámara de Diputados para en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se revisen los cálculos enviados por el IPAB a fin de que no se paguen adeudos de particulares y se inicien los procedimientos tendientes a la recuperación de aquellos créditos que no debieron pagarse.

El Fobaproa se asumió como deuda pública a partir de 1999, ese año se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas en 2006 pronosticó que serían 70 años, en el entendido de que el país tuviera un crecimiento económico anual de 4 por ciento anual.

Pero el crecimiento promedio del PIB mexicano en la última década ha sido de tan sólo 2.3 por ciento, por ello el pronóstico de los economistas está desfasado y la deuda podría tardar en pagarse aproximadamente en los siguientes 80 años.

Los jóvenes que actualmente tienen entre 22 y 23 años son netamente hijos del Fobaproa, pues nacieron durante la crisis financiera de 1994 y 1995 que desató la deuda que comenzaron a pagar sus padres.

Si se toma como referencia la fecha propuesta por los economistas para que haya una disminución considerable de la deuda, los hijos del Fobaproa tendrán 82 años en 2076, pero probablemente no llegarán vivos a esa fecha ya que la esperanza de vida de los mexicanos es de 75 años.

La deuda que se ha heredado a los hijos, es decir, a los nietos de quienes perdieron su dinero o su casa durante la crisis del 95, las decisiones de aquellos años habrán impactado a tres generaciones.

El Fobaproa va en ascenso, tan sólo los intereses y comisiones de la deuda se triplicaron en los últimos tres años, pasaron de 10 mil 950 millones de pesos en el presupuesto de 2015 a 35 mil 850 millones para el ejercicio fiscal del año en curso.

Por lo antes expuesto, el suscrito, Juan Carlos Loera de la Rosa, diputado del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Iniciativa con proyecto de

Decreto, por el cual, se adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario

Artículo Único. Decreto por el cual se adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Artículo 5 Bis. Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el instituto deberá colocar a la vista del público en general, toda la información y documentos en los cuales se basan las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

La Cámara de Diputados podrá solicitar al Instituto información y documentación a fin de vigilar el cumplimiento de la presente ley y anualmente en el presupuesto de egresos de la federación verificar que no se incorporen o evitar que estén incluidos o considerados como saneamiento financiero, deudas no ajustadas a las leyes aplicables.

El Instituto del Ahorro Bancario iniciará los procedimientos necesarios, a fin de recuperar aquellos créditos reconocidos y que no debían formar parte del mismo.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El presente decreto una vez publicado deberá observarse a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputado Juan Carlos Loera de la Rosa(rúbrica).»

«Iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Carlos Alberto Valenzuela González, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se diversas reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base a lo siguiente:

I. Planteamiento del Problema

Desde la aprobación de la reforma fiscal presentada por la administración que está por concluir resultó ser contraproducente para la inversión y el desarrollo económico, toda vez que desalentó a los capitales nacionales y extranjeros en diversas ramas industriales y de servicios.

El Partido Acción Nacional se ha opuesto reiteradamente a que se incremente la tasa del impuesto sobre la renta, y a la eliminación de estímulos fiscales. Asimismo, es de resaltar que en dicha reforma se eliminaron incentivos fiscales que estimulaba a los patrones a otorgar prestaciones sociales adicionales a sus trabajadores y de esta manera mejorar el ingreso de sus familias y por ende el poder adquisitivo.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

El Partido Acción Nacional, desde la aprobación de la reforma fiscal de 2013, ha insistido en dar reversa a diferentes aspectos de dicha reforma y en particular para permitir la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorguen los patrones a sus empleados.

Según consta en la Gaceta Parlamentaria, desde la LXII y LXIII legislatura se han presentado en seis ocasiones iniciativas por parte de legisladores del PAN para derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin existir voluntad política de dar atención a esta imperiosa necesidad de que los trabajadores tengan un mejor ingreso y fortalecer su poder adquisitivo.

A continuación, se muestra la relación y estado en la que se encuentran las iniciativas anteriores.

-Fecha: 2014-abril-28

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de las prestaciones laborales.

Presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Precluida el viernes 29 de mayo de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 4010-I, lunes 28 de abril de 2014. (2221).

-Fecha: 2014-octubre-28

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de prestaciones laborales.

Presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Precluida el viernes 29 de mayo de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 4143-I, martes 28 de octubre de 2014. (2782).

-Fecha: 2015-octubre-14

Que reforma los artículos 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para permitir la deducibilidad al 100 por ciento de las erogaciones por concepto de previsión social.

Presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerada para el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobado en la sesión del lunes 19 de octubre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4360-II, jueves 10 de septiembre de 2015. (239)

-Fecha: 2016-febrero-16

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin que los gastos de previsión social que otorgan las empresas a sus trabajadores sean deducibles al 100 por ciento.

Presentada por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Prórroga por 90 días, otorgada el martes 5 de abril de 2016, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 4460-VI, miércoles 3 de febrero de 2016. (792)

-Fecha: 2017-septiembre-13

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Presentada por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 4864-V, martes 12 de septiembre de 2017. (4334)

-Fecha: 2018-febrero-22

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Presentada por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 4971-V, jueves 22 de febrero de 2018. (5788).

Los argumentos de los legisladores de aquellos momentos y los objetivos de las respectivas iniciativas siguen vigentes, por lo que me permito retomarlos.

El senador Martín Orozco Sandoval exponía lo siguiente:

“En abril de 2014, el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó un amparo a una empresa en contra del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2014.

El juzgado concedió el amparo al considerar que la fracción citada es inconstitucional, debido a que viola el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

La referida fracción XXX limita la deducción de erogaciones por remuneraciones otorgadas a los trabajadores que están total o parcialmente exentos del Impuesto sobre la Renta, acotando la deducción de hasta el 47 por ciento o en su caso el 53 por ciento según sea el caso.”

La diputada Minerva Hernández Ramos sustentó su iniciativa con la tesis jurisprudencial 2a./J. 39/97; referencia que cito:

“Por lo que respecta a la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, debe señalarse que en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 39/97,5 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el concepto de previsión social es el siguiente:

‘...comprende, por una parte, la atención de futuras contingencias que permitan la satisfacción de necesidades de orden económico del trabajador y su familia, ante la imposibilidad material para hacerles frente, con motivo de la actualización de accidentes de trabajo e incapacidades para realizarlo y, en una acepción complementaria, el otorgamiento de beneficios a la clase social trabajadora para que pueda, de modo integral, alcanzar la meta de llevar una existencia decorosa y digna, a través de la concesión de otros satisfactores con los cuales se establezcan bases firmes para el mejoramiento de su calidad de vida.’”

En la iniciativa de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos se hacen referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcanzarse y que derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contribuirá al cumplimiento de los mismos, en particular Objetivo número 8.

“Objetivo 8: “Trabajo decente y crecimiento económico”:

-Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

-Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.”

Asimismo, es de resaltar la enorme participación e insistencia del sector empresarial para que los legisladores y el gobierno federal reconsideren las medidas fiscales y tributarias de la tan citada reforma fiscal que lleva el sello de esta administración que está por concluir.

Y es deber de esta legislatura y también de la próxima administración federal corregir la política fiscal e impositiva para estimular el consumo y la producción a partir de medidas de deducibilidad de impuestos.

Si bien es presumible que tenga un efecto en los gastos fiscales del 2019 y posteriores; es importante señalar que esta medida legislativa abrirá un circulo virtuoso, ya que al mejorar el ingreso de las familias por las prestaciones sociales que reciben de sus patrones, también permite que se obtengan recursos por otros impuestos que derivan del consumo y la producción.

III. Fundamento Legal de la Iniciativa

A esta iniciativa le son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

b) Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

V. Ordenamientos a modificar

- Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XXIX. (...)

XXX. Se deroga.

XXXI. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase. http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Orozco Sandoval, Martín. Iniciativa de ley con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Gaceta Parlamentaria del 24 de abril de 2014.

http://gaceta.diputados.gob.mx/

3 Hernández Ramos, Minerva. Iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma los arìculos 28 y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Gaceta Parlamentaria del 10 de septiembre de 2015.

http://gaceta.diputados.gob.mx/

4 Véase. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/ goal-8.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Carlos Alberto Valenzuela González,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de transformar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en el Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Carlos Alberto Valenzuela González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 131 Constitucional; y artículos 18, 41, 42, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con el objeto de transformar el Centro de las Finanzas Públicas en el Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados con base en lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

La conducción de la política de ingresos, de gasto, tributaria y fiscal nacional, si bien es un asunto propiamente del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público según se señala en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31; se requiere que estas atribuciones y funciones sean vigiladas, y evaluadas por un órgano fiscal que permita dar mayor objetividad a la toma de decisiones y en su caso se recomienden medidas de mejora.

El diseño, planteamiento, aplicación, desempeño y evaluación de la política fiscal, carece de una moderna y adecuada vigilancia; así como de un mecanismo de consejería y apoyo de un órgano público imparcial y ajeno de la visión política que le oriente, emita recomendaciones o directrices objetivas de mediano y largo plazo o que en su caso emita evaluaciones de resultados.

Por lo que se requiere de crear un órgano autónomo del Poder Ejecutivo, que sea objetivo, pero a la vez con fortaleza constitucional para emitir recomendaciones y su cumplimiento sea vinculante a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, Órganos Autónomos, Poderes del Estado Mexicano, empresas productivas y porque no también de las entidades federativas, para coadyuvar en una mejor conducción de la política fiscal y financiera de la Federación y de los Estados.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y según se refiere en el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), se define a los Institutos Fiscales Independientes como los “organismos independientes financiados con fondos públicos bajo la autoridad legal del Poder Ejecutivo o Legislativo que proporciona la supervisión, análisis y asesoramiento imparcial sobre la política fiscal y su desenvolvimiento”.

En el mundo este tipo de órganos surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial, el primer ejemplo en Holanda, pero adquieren su mayor presencia a partir de la crisis económica mundial del 2008; derivado de un manejo deficiente de las deudas en diversos países.

De acuerdo al referido estudio, se menciona que el Fondo Monetario Internacional recomendó a México crear un Consejo Fiscal; y para ello el CEFP de la Cámara de Diputados sugiere las siguientes acciones legislativas:

1. Hacer explícito que la institución contará con independencia técnica y de gestión, complementada con el requisito de ser apartidista y excluida de responsabilidades políticas.

2. Que tendrá la encomienda de contribuir con sus estudios, valoraciones y recomendaciones a mejorar la disciplina fiscal, a promover una mayor transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas.

3. Especificar que la institución tendrá garantizado el acceso completo a la información de finanzas públicas y economía, en tiempo real; sus metodologías y supuestos que respaldan los documentos fiscales y de economía, con las restricciones que se establezcan en la ley.

4. La institución estará facultada para realizar valoraciones y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y de los Criterios Generales de Política Económica.

5. La institución deberá ser capaz de dar seguimiento, llevar a cabo el análisis y la valoración de la implementación de políticas fiscales; el cumplimiento de las metas presupuestarias, del déficit fiscal y la deuda pública.

6. La relación de los informes y análisis que debe producir, así como los tiempos y plazos para su presentación se habrán de incorporar en su mandato legal.

7. Aplicar el principio de máxima transparencia a sus actividades y productos, a efecto de ampliar su credibilidad y confiabilidad.

8. Precisar el tiempo del encargo del Director General, que deberá ser independiente al del ciclo electoral.

A lo largo de la LXIII Legislatura se presentaron iniciativas en materia de Consejo Fiscal con diversas características e incluso como órgano constitucionalmente autónomo.

Actualmente, en el Senado de la República el Partido Acción Nacional también ha presentado iniciativa similar para adicionar en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión con las siguientes características:

Se reforma el numeral 3 del artículo 49; se adicionan un Título Séptimo denominado Del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal con un capítulo único; y los artículos 145, 146, 147, y 148 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero considerando, el andamiaje institucional y legal existente, así como las circunstancias presupuestales es importante que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, evolucione hacia un Consejo Fiscal en lugar de crear una nueva entidad pública y mantenga similar operación a la de la Auditoría Superior de la Federación.

Todas las iniciativas que abonan a la creación del Consejo Fiscal, contribuirán para obtener una visión integral del modelo a seguir; permitirá armonizar vertical y transversalmente las normas, y sobre todo que la aprobación del modelo sea bajo un consenso político, pero con criterios técnicos y legales claros. Además de que contará con el respaldo de las Organizaciones No Gubernamentales, en favor de la política fiscal eficaz y eficiente.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 134 constitucional; artículos 18, 41, 42, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de transformar el Centro de las Finanzas Públicas en el Consejo Fiscal de la Federación en la Cámara de Diputados.

V. Ordenamientos a modificar

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 131 constitucional; y artículos 18, 41, 42, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recorriéndose los subsecuentes para quedar de la siguiente manera:

Artículo 134. ...

...

Asimismo, la Cámara de Diputados contará con el Consejo Fiscal de la Federación que tendrá las atribuciones de investigación académica, formación y capacitación, estudio, análisis, opinión, supervisión, evaluación y recomendación sobre la política fiscal, presupuestal y ejercicio del gasto público de las dependencias de la administración pública federal, los Poderes de la Unión, las entidades y órganos constitucionalmente autónomos. Este contará con independencia técnica y de gestión, apartidista y excluida de responsabilidades políticas.

...

...

...

...

...

...

...

Segundo. Se reforman los artículos 18, 41, 42, 106, 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar de la siguiente manera:

Artículo 18. ...

...

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

...

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) La política de gasto del Ejecutivo federal y las recomendaciones emitidas por el Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados y las acciones realizadas;

b) a e)...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) a v)...

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

a) a c)...

d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo, así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en su caso, el del Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados.

...

Artículo 106. ...

...

Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como al Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados; este último deberá emitir y entregar al pleno de la Cámara de Diputados un informe semestral de recomendaciones y de las acciones que hayan tomado las dependencias, entidades y órganos constitucionalmente autónomos con respecto a las recomendaciones hechas por el consejo.

...

...

Artículo 107. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión y al Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados información mensual y trimestral en los siguientes términos:

I. ...

II. ...

...

...

La secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las comisiones competentes, así como la que le solicite Consejo Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados. La secretaría proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.

.........

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, contará con 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para reformar el artículo 42 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en concordancia con las reformas aprobadas y sin contraposición a las mismas.

Notas

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Institutos fiscales independientes en el mundo y su influencia en la toma de decisiones de política fiscal. Ciudad de México. 12 de septiembre de 2018. Ciudad de México.

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0162018.pdf

2 Ibíd.

3 Véase. Hernández Ramos, Minerva.

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-18-1/assets/ documentos/Inic_Sen.Minerva_LOCGEUM_180918.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Carlos Alberto Valenzuela González,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Isaías González Cuevas, diputado federal integrante a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de reducción de la jornada de trabajo semanal, al tenor de la siguiente:

El trabajo es una parte fundamental de la vida humana, pues es el soporte de todo individuo que lo posibilita para acceder a los satisfactores materiales y emocionales para su desarrollo personal y el de su familia y es fundamental en su realización como ser humano.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.

“Es así que el trabajo origina la necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo. De este modo, el denominado “derecho al trabajo”, implicó la aparición de un catálogo de derechos humanos, también conocidos como derechos humanos laborales, que son inherentes por el sólo hecho de ser persona y trabajar”.

Los derechos humanos laborales son inherentes a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido injustificado, a un salario remunerador, a una vivienda digna, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a vacaciones anuales pagadas, al reparto de utilidades, el derecho a la libre sindicalización y a la contratación colectiva, entre otros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, mandata que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo el principio de interpretación conforme o pro persona y la obligación ineludible de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y por su parte el artículo 5o., párrafo primero, confiere a toda persona el derecho “... a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Adicionalmente en el artículo 123 de la Carta Magna, en su fracción I, estableció que: “La duración de la jornada máxima será de ocho horas”. Mientras que en su fracción IV, que “... por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos”.

Los derechos humanos en el trabajo se originan como derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 después de un largo proceso de luchas y conquistas laborales. El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales:

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública;

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos;

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.

Una de esas condiciones justas es que la jornada de trabajo no impida que el trabajador destine tiempo para sí mismo. Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que; “Encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria es un desafío que afrontan todos los trabajadores. [Pero cuando este equilibrio se rompe], las familias son las más afectadas. La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia. Los gobiernos pueden ayudar a resolver este asunto al estimular prácticas laborales solidarias y flexibles, que faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

El propósito de la presente iniciativa es contribuir para que en México podamos encontrar este equilibrio, pues en nuestro país la jornada laboral es muy larga, se trabajan 48 horas a la semana, y casi la tercera parte del total de los trabajadores mexicanos trabaja todavía más de esas 48 horas, igual que a principios del siglo XX, lo cual reduce la calidad de vida del propio trabajador, pues afecta su salud, y la de su familia, pues ausentes los padres, no pueden dedicarse a la necesaria relación con la familia que la fortalece e integra.

Objeto de la iniciativa

Esta iniciativa tiene por objeto reformar la fracción IV del apartado A y la fracción II del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en México la semana de 40 horas de trabajo, con pago de 56 horas, así como reformar los artículos 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en su artículo 27, para el mismo propósito.

Planteamiento del Problema

Nuestro país fue el primero en el mundo en establecer los derechos sociales de los trabajadores en su Constitución Política, en el artículo 123, apartado A, fracciones de la I a la IV, quedó establecido que la jornada máxima de trabajo es de ocho horas, y que por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, lo que implica una jornada semanal de 48 horas, con pago de 56 horas.

El tema de la jornada de trabajo, los días de descanso y las vacaciones pagadas son temas fundamentales de la legislación laboral, pues la demanda para la reducción de la jornada de trabajo fue lo que dio pie a las primeras demandas de los trabajadores que los llevaron a organizarse en sindicatos desde el siglo XIX, para defender su derecho a una jornada humana de trabajo y al descanso obligatorio y pagado, como es el caso del séptimo día y las vacaciones; el triunfo de esas luchas dio por resultado que esas demandas, ahora sean derechos constitucionales y legales de los trabajadores.

Ahora, 100 años después de ese logro, las condiciones en las que se realiza el trabajo son tecnológicamente diferentes, y el desgaste del trabajador es mayor por unidad de tiempo, y esto se debe a la mayor intensidad tecnológica del trabajo que lo hace más productivo, los trabajadores trabajan hoy de manera acelerada y la tecnología de las comunicaciones les impide “desconectarse” del trabajo, por lo que trabajan muchas horas y todo esto, implica un mayor desgaste.

En muchos países del mundo, esta revolución tecnológica, al cambiar las formas de administración y organización del trabajo, ha implicado reducir el tiempo de las jornadas de trabajo, porque también han reconocido que esa mayor intensidad tecnológica del trabajo, ha resultado en afectaciones a la salud de los trabajadores.

Si a lo anterior añadimos la problemática del tiempo que los trabajadores invierten en sus traslados de y hacia el centro de trabajo, tenemos que en realidad existe una jornada ampliada por ese tiempo, que, aunque es tiempo “muerto” en términos productivos, también lo es, en términos del derecho al goce del tiempo libre que debe tener el trabajador.

Por ello, es indispensable reformar el texto constitucional en su artículo 123 y el de la Ley Federal del Trabajo para adecuarlos a las nuevas condiciones del contexto socioeconómico y tecnológico, y establecer de manera obligatoria una jornada máxima de trabajo de 40 horas a la semana con pago de 56 horas.

Argumentos

Esta iniciativa, incluye en sus consideraciones los temas de la distribución del tiempo de los trabajadores entre el tiempo dedicado al trabajo productivo, el tiempo dedicado al desarrollo profesional y el tiempo libre del trabajador, quien le debe restar a este último, el tiempo en traslados, el que invierte en trabajo doméstico y el que se dedica al descanso.

Es claro que jornadas de trabajo largas y de duración indeterminada, posibles por el uso de las nuevas tecnologías, van generando paulatinamente afectaciones a la salud de los trabajadores y van reduciendo la posibilidad de un desarrollo sano al lado de su familia, pues estar a disposición del patrón por largos períodos, aleja a los trabajadores de su necesaria participación en el desarrollo sano de la familia.

Por ello proponemos esta reforma constitucional y legal para introducir una nueva media de tiempo, en la que el trabajador esté a disposición del patrón, durante las jornadas diarias. Sucede que tenemos normas establecidas a principios del siglo XX, para regular el mundo laboral del siglo XXI es necesario adecuarlas al nuevo contexto.

Es claro que los motivos para establecer de manera obligatoria una jornada de trabajo de 40 horas a la semana, con pago de 56 horas, no obedece sólo a cuestiones de orden fisiológico en la persona del trabajador, sino también se debe analizar que mantener jornadas largas de trabajo, agravadas por largas horas de traslado, no se corresponden con los resultados productivos obtenidos y si afectan la salud física y emocional del trabajador y su familia, en la que los hijos tienen que crecer con padres ausentes la mayor parte del tiempo de sus hogares.

Las jornadas largas afectan, generándoles problemas de agotamiento que se pueden agravar, causando desde inseguridad personal, bajo desempeño, baja competitividad, alto grado de estrés, falta de control, baja participación en la toma de decisiones, enojo y depresión, entre otras.

La propuesta de reforma que contiene esta iniciativa permitirá ayudar a remediar estos males y apuntalará un desarrollo más integral de la familia obrera, distribuyendo de manera más equitativa el tiempo dedicado al trabajo y a la vida personal.

Las jornadas largas afectan el desarrollo humano que para ser pleno requiere de un balance entre horas de trabajo, tiempo libre y tiempo de descanso; si las personas tienen horarios de trabajo, largos y extenuantes, cada día tendrán menos tiempo libre o menos tiempo para el descanso.

El equilibrio adecuado entre estos tres aspectos indispensables en el tiempo de los trabajadores permite el desarrollo profesional, personal y familiar adecuado para lograr el bienestar social. Por ello, un aspecto fundamental que posibilita este equilibrio, es el número de horas que una persona trabaja.

La evidencia sugiere que los horarios largos de trabajo, a plazos mayores de un año, resultan perjudiciales para la salud personal, y emocional del trabajador y de su familia, aparte de aumentar el riesgo por accidentes de trabajo o en tránsito del o hacia el centro de trabajo y deteriorar la salud, al aumentar el estrés.

“En los países de la OCDE 1 de cada 8 empleados trabaja 50 horas o más a la semana. Turquía es, por un gran margen, la nación con la proporción más alta de personas que trabajan muchas horas, con 34 por ciento, seguida por México, con cerca de 30 por ciento, e Israel y Nueva Zelanda, ambos con 15 por ciento de sus empleados. En general, un mayor número de hombres trabajan muchas horas; el porcentaje de hombres empleados que trabajan en un horario muy largo en los países de la OCDE es de más del 13 por ciento, en comparación con casi el 8 por ciento en el caso de las mujeres.

El tiempo de trabajo en los países de la OCDE y en México

En los treinta y seis países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los trabajadores, dedican al trabajo, 1 mil 759 horas en promedio cada año. De estos países de la OCDE, en los extremos se encuentran Alemania y México, en cuanto al tiempo dedicado al trabajo.

Así, México es el país de la OCDE que más tiempo le dedica a la jornada laboral, y por ello, menos tiempo al descanso y al ocio. En promedio los trabajadores mexicanos invierten 2 mil 254 horas al año en cumplir labores. En contraste, los trabajadores en Alemania, que es un país con altos niveles de productividad, dedican al trabajo 1 mil 356 horas. Así, por cada 10 horas de trabajo de un mexicano, un trabajador alemán trabaja sólo 6 horas, y en el 60 por ciento del tiempo resultan ser más productivos.

En Alemania, del total de los trabajadores ocupados, solo el 5 por ciento tiene un horario de trabajo muy largo, cifra menor que el promedio de la OCDE de 13 por ciento. En México, casi el 30 por ciento de los empleados tiene un horario de trabajo muy largo, ya que trabaja más de 48 horas a la semana, la tasa más alta de los países que pertenecen a la OCDE.

Los Datos del Índice de Balance Vida-trabajo, calculado por la OCDE, que mide el nivel óptimo de la distribución del tiempo humano, entre el trabajo productivo remunerado y la vida personal de los trabajadores, establece su mejor calificación en 10, calificación que muestra el equilibrio óptimo, entre el tiempo que dedicamos a la vida personal y al trabajo remunerado.

De los países miembros de la OCDE con menor calificación destacan Turquía y México, ya que el primero obtuvo 0 puntos y el segundo 0.8 puntos de calificación. Mientras que, en el extremo opuesto, los de mejor calificación son Dinamarca, 9.0 puntos; Bélgica, 8.6 puntos; Francia, 8.6 puntos, y Alemania, 8.3 puntos.

En cuanto a tiempo de trabajo, en Dinamarca se trabajan 1 mil 408 horas al año, en Bélgica 1 mil 546 horas, en Francia 1 mil 514 horas y en Alemania 1 mil 356 horas. En contraste, en Turquía se trabajan 1 mil 832 horas a la semana y en México más 2 mil 257 horas a la semana.

Del total de los trabajadores ocupados en Dinamarca, solo el 2.2 por ciento trabaja muchas horas, según la misma fuente, en Bélgica el 4.3 por ciento, en Francia 7.8 por ciento y en Alemania el 4.6 por ciento. Mientras en Turquía el 33.7 por ciento de los trabajadores dedican al trabajo muchas horas y en México el 29.5 por ciento. Como se puede apreciar, de los países de la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar y es el país en el que más horas se trabajan.

En el caso de México, debemos destacar que somos el país de la OCDE que tiene la jornada de trabajo más larga, los trabajadores mexicanos que laboran en condiciones normales trabajan 48 horas a la semana y más de 10 millones de los trabajadores ocupados tienen jornadas de trabajo de entre 48 horas y 60 horas a la semana. Lo anterior explica la calificación de 0.8 puntos en el Índice Vida-Trabajo de la OCDE, pues en México se trabajan muchas horas.

Sin embargo, trabajar más tiempo no significa ser más productivo, lo que se puede constatar a partir de los siguientes datos, en materia de competitividad en el Global Competitiveness Index 2017-2018 que calcula el Foro Económico Mundial de Davos; establece en el lugar 12 de 137 países a Dinamarca, Bélgica en el lugar 20, Francia en el 22 y Alemania en el 5; en tanto que Turquía ocupa el lugar 53 y México el 51 en el Ranking de Competitividad Mundial.

Hay una correlación en los países de la OCDE que sugiere que los países que trabajan menos horas son más productivos, tal es el caso de Holanda y Alemania, que encabezan el ranking de menos horas trabajadas. Son países que trabajan menos horas y tienen índices de productividad y competitividad altos. Los datos anteriores nos muestran claramente que no es trabajando más horas, en jornadas extensas e intensas, como se logran alcanzar los lugares de excelencia en materia de competitividad y productividad.

Por otra parte, en el caso de México, los datos oficiales muestran que más del 50 por ciento de los mexicanospierde media hora de camino a su trabajo. Sumando la ida y la vuelta, se traduce en una hora por día perdida en viaje. Un 20 por ciento invierte más de una hora al día en traslados. Un 8 por ciento invierte hasta dos horas en traslados y un 2.5 por ciento pierde más de dos horas por día en ir y venir al trabajo.

Además, cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a otras actividades, como el cuidado personal o el ocio. La cantidad y la calidad del tiempo libre son importantes para el bienestar general de las personas y pueden generar beneficios adicionales para la salud física y mental y para la productividad.

Es por ello que esta iniciativa va en el camino correcto, en mejores condiciones, los trabajadores mexicanos, pueden ser más productivos si se racionaliza el desgaste humano que el trabajo le produce al ser humano. En 40 horas se puede producir más de lo que ahora se produce en más de 48 horas y simultáneamente las empresas, pueden ampliar sus plantillas laborales, al ocupar trabajadores adicionales que trabajen las ocho horas adicionales que ahora cubren los ocupados, lo que aumentará la base de empleos formales remunerados en nuestro país y la masa salarial.

Con lo anterior se abre la posibilidad de ofrecer incluso oportunidades de empleo a más trabajadores. Reducir la jornada de trabajo semanal de 48 a 40 horas redundará en beneficio general del país, pues, por un lado, habrá más oportunidades de empleo, y por el otro los trabajadores tendrán un día adicional para la recuperación y el descanso, dedicándose a la familia, el trabajo mejorará, pues los trabajadores estarán más satisfechos.

Por estos motivos y con fundamento en lo que establece el artículo 1o. de la Constitución, en lo referente a garantizar los derechos humanos, en la normatividad internacional y con fundamento en el acta constitutiva de Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Trabajo Decente, es que presento esta iniciativa para una reforma constitucional en materia de jornada semanal de trabajo, y de la Ley Federal del Trabajo lo que se refiere a la jornada de 40 horas, con pago de 56 horas y el aumento de los días de vacaciones pagadas, de acuerdo al siguiente cuadro comparativo:

Por último, cabe señalar que el derecho a vivir y participar en el desarrollo integro de la familia y el derecho a acceder a condiciones de bienestar son parte esencial del desarrollo humano desde la infancia; por lo que se tienen que garantizar jornadas de trabajo acordes al contexto, estas deben ser de menor duración y ser cualitativamente más productivas para que los trabajadores puedan encontrar el deseado equilibrio entre el trabajo y su vida personal.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Primero.Se reforma el artículo 123, apartado “A”, fracción IV, y apartado “B”, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

A. ...

I. a III. ...

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos.

V. a XXXI. ...

B. ...

I. ...

II. Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

III. al XIV. ...

Segundo. Se deroga el párrafo segundo del artículo 59; y se reforman los artículos 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo, quedar como sigue:

Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales.

Se deroga.

Artículo 6o.

Artículo 69. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Artículo 70. ...

Artículo 71.En los reglamentos de esta Ley se procurará que, de los días de descanso semanal consecutivo, uno sea domingo.

....

Tercero. Se reforma el artículo 27 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 27. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, aprobada el 24 de noviembre Ginebra, Naciones Unidas, 2005. Disponible en:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=en Fecha de consulta: julio de 2016

2 “Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo”; en Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, Primera Edición Nov. De 2016. p.3.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o., párrafo primero.

4 OCDE; Balance vida-trabajo: En

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/

5 OCDE, Op.Cit.

6 El INEGI, en colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México y la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los resultados de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Isaías González Cuevas(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Minera y adiciona el 271 Bis a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley Minera, y adicionar el 271 Bis a Ley Federal de Derechos, según los siguientes

Antecedentes

México ha sido histórica y tradicionalmente un país minero desde sus orígenes, los aztecas, mayas, zapotecas y tarascos se dedicaban a la minería, joyería y orfebrería.

Las ordenanzas de minería de Aranjuez, aprobadas por el rey Carlos III el 22 de mayo de 1783 estableció, que el monarca tenía la propiedad y el dominio eminente sobre las minas de oro y plata, las piedras preciosas, el cobre, el estaño, el plomo, el mercurio, el cadmio, el bismuto, la sal gema, las sustancias bituminosas y los jugos de la tierra. Los propietarios del suelo no eran propietarios del subsuelo y requerían la autorización de la corona para explotar las riquezas minerales y los jugos de la tierra. La corona, por otro lado, podían cancelar las autorizaciones de concesión.

El derecho de la corona española se fundón en el principio de dominio eminente que data desde las Bulas de 1493 del papa Alejandro IV. Ese principio sobrevivió a la independencia y llegó hasta el código de minería expedido el 22 de noviembre de 1884 durante la presidencia de Miguel González. Para determinar en el artículo 1o. que el propietario del suelo lo era también del subsuelo.

Porfirio Díaz derogó el 4 de julio de 1892 el Código de Minas de 1884. El artículo 4o. de ese nuevo ordenamiento dispuso: “el dueño del subsuelo explotara libremente, sin necesidad de concesión especial en ningún caso las sustancias minerales siguientes: los combustibles, minerales, los aceites y aguas minerales... la producción minera legalmente adquirida, y la que en los sucesivos se adquieran con arreglo a esta ley será irrevocable y perpetua, es claro que el gobierno de Díaz renunció, a favor de los particulares –principalmente extranjeros-, a los derechos inalienables e imprescriptibles de la nación mexicana, la ley minera del 25 de noviembre de 1909 confería la propiedad exclusiva de los minerales al dueño, mientras que lo anterior sólo establecía la posibilidad de libre explotación para el dueño.

Las reacciones a la legislación minera del periodo de Díaz, fueron las reformas constitucionales del articulo 27 y el capítulo económico (artículo 25, 26 y 28), así como el establecimiento de las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de minería; entre otras normas constitucionales, convencionales y legales.

La época de la colonia a nuestros días, la ley minera vigente que data de 1992, denota violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y ciudadanos.

Promueven la privación de los recursos del subsuelo en detrimento de la república. Los beneficios por la extracción de minerales se transfieren fundamentalmente a empresas extranjeras a cambio de nada.

Los magros ingresos de la hacienda pública federal por concepto de concesiones mineras; los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, los derechos agrarios de los ejidos y de las comunidades agrarias que son infringidos, permanentemente por las industrias mineras y las autoridades.

Las empresas mineras extranjeras y las empresas nacionales pagan el erario, por concepto de derechos, cantidades simbólicas: las contribuciones no se cobran en función de los minerales extraídos, sino por las hectáreas de tierra concesionadas. Ni el estado ni la nación reciben las contribuciones o los beneficios adecuados o justos por los minerales extraídos.

El nivel de participación extrajera en este sector es alarmante: Empresas canadienses, estadounidenses, australianas, inglesas, japonesas y de otros países, obtienen amplios beneficios por la extracción de minerales del subsuelo patrio, en tanto que la hacienda pública nacional, como ya se dijo, apenas recibe recursos por estas actividades.

El empelo técnico y de calidad que generan las minas no es para los mexicanos, sino para los técnicos y profesionistas extranjeros. Los trabajadores carecen de derechos laborales y de seguridad social.

Además de la irresponsable explotación por parte de las empresas mineras causando en, México desastres irreparables, y de los cuales no han reparado el daño, pues la legislación actual no los obliga de forma enérgica a ello.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 14 empresas han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Y otras 7 acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan.

La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de metros cúbicos anuales), Zacatecas (55.8 millones de metros cúbicos anuales) y Michoacán (44.4 millones de metros cúbicos anuales), indica la información documentada por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica.

En tanto que la minera canadiense Goldcorp, Inc., es la segunda en acaparamiento de recursos, mediante sus filiales Camino Rojo, SA de CV; Compañía Minera Nukay, SA de CV; Desarrollos Mineros de San Luis, SA de CV; y Minera Peñasquito, SA de CV, que ocupan más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales.

El estudio del CESOP apunta que la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. “Más bien, parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse, el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca”.

San José del Progreso es el tercer municipio más pobre de ese estado y se estima una ganancia de 360 millones de pesos de la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En contraste, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Las empresas mineras son grandes consumidoras de recursos hídricos. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.

Entre ellas se encuentran la empresa Peña Colorada, filial de Ternium. En Colima, diferentes comunidades han reportado desecación de manantiales y contaminación del río Marabasco.

Herrero de la Bufa, en Durango, de la empresa Grupo Minero Bacis, ha sido denunciada por organizaciones de pescadores, que indican que hay contaminación del agua por derrames de las presas de jales de la misma empresa. Por su parte, la información del consorcio minero se enorgullece de que en la última década ha logrado una producción de 1 mil 500 toneladas métricas, que produce un concentrado “bulk” (plata-oro).

Minera Plata Real (filial de la canadiense Linear Gold) es otra de las empresas cuyos trabajos de exploración, en Oaxaca, “han causado grave contaminación en el río y en los mantos freáticos”, documenta la geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el acaparamiento o agotamiento de agua, Pérez Jiménez expone que la minera Sundance Minerals, disecó manantiales y contaminó arroyos en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. La empresa Peñasquito, de GoldCorp, ha generado el agotamiento del agua, ya que en varios ejidos los pozos se han secado por completo. La compañía está instalada en Mazapil, Zacatecas.

La mina El Arco, de Grupo México, en Baja California, afectaría el acuífero del Vizcaíno. Éste se encuentra proyectado en un área natural protegida, denominada Reserva del Valle de los Cirios, en el municipio de Ensenada.

El proyecto Paredones Amarillos, de Vista Gold, “afectaría la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos”, explica la investigadora.

En el proceso extractivo se emplea habitualmente cianuro y los residuos minerales contienen naturalmente compuestos de sulfuro, que cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico.

En un fenómeno denominado drenaje de ácidos provenientes de minas, el ácido sulfúrico se filtra a través de los residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como el cadmio y el arsénico de la roca. Esta mezcla venenosa puede escurrirse a la capa freática u otras fuentes de agua locales y, al ser consumida, puede causar daños al sistema nervioso, cáncer, enfermedades hepáticas y otros efectos adversos para la salud de los seres humanos, como se explica en el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los impuestos que pagan estas empresas no están retribuyendo en la devastación ambiental.

El CESOP menciona que en el país se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que transportan el recurso de estas áreas acuíferas a su campo de trabajo. “Los casos más notorios de sobreexplotación, relacionada con la actividad minera, se localizan en los acuíferos de Valle de Ixtlahuacan (Colima), Los Juncos (Chihuahua), Campo Mina (Nuevo León), Villa Hidalgo (San Luis Potosí), San Simón (Baja California) y en Guadalupe de las Corrientes (Zacatecas)”.

Además, el CESOP identifica que “el suelo de las regiones mineras no sólo recibe los desechos sólidos y líquidos derivados del uso humano; también aguas ácidas que contienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes. También se trata de contaminación por la minería a cielo abierto y por el alto consumo de agua que demanda la explotación de los minerales”.

Un ejemplo reciente de la falta de responsabilidad por parte de las minas es el derrame en Río Sonora.

En agosto de 2014, la Profepa y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentaron una denuncia penal contra el complejo minero Buenavista del Cobre, de Grupo México, luego de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.

El fideicomiso destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, en la región centro-norte de Sonora, se acabó, según un reportaje de Fundar.

Más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas que buscaron resarcirse con la creación de un fideicomiso, pero los recursos se manejaron con opacidad, de manera discrecional y el dinero se terminó sin haber cubierto una larga lista de necesidades entre la población. Calificado como uno de los peores desastres ambientales de los últimos años en México, el derrame provocó contaminación, daños al entorno, a la salud de los habitantes y al sector económico.

Los habitantes de Baviácora y de los otros seis municipios perjudicados por la tragedia ambiental recibieron apoyo del Fideicomiso Río Sonora. Sin embargo, este recurso se extinguió en febrero de 2017, el cual estaba destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame y funcionaba con dinero proveniente de las empresas responsables del daño: Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV.

El dinero –2 mil millones de pesos– también serviría para instalar plantas potabilizadoras de agua, reparar daños ambientales y atender, con una clínica, a los pobladores que presentaran padecimientos que pudieran derivarse de la contaminación.

En julio de 2017, Nacional Financiera informó que el fideicomiso desaparecería ya que se daba por finalizada al quedar finalizada la reparación del daño.

El monto palidece ante el dinero que mueve la empresa de Germán Larrea: su utilidad neta consolidada del segundo trimestre fue de 509 millones de dólares.

El reciente problema lo tenemos en Guerrero, en la mina La Calentana.

En julio del presente año se generó una oquedad con un diámetro de 2.5 metros y profundidad desconocida, sobre una de las calles del ejido Pinzón Morado, de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Se reportó a Protección Civil del estado acudiendo el ingeniero Durán Maya y un grupo de técnico; se realizó el análisis de los planos, así como un dron que volara por la zona y tomara imágenes de la zona, determinando mediante el dictamen número NCP/ PGSN/ VI/ 160/ 2018 que dicha oquedad era resultado de la sobreexplotación del subsuelo por la empresa Unidad Mineral La Calentana, SA de CV, que tiene aproximadamente 30 años explotando el subsuelo de la localidad en mención y detallando un polígono de afectación de 6 viviendas y 1 jardín de niños en riesgo inminente.

En una segunda inspección, donde participaron Protección Civil del estado, Protección Civil municipal, el Servicio Geológico Mexicano y Clúster Mexicano, quienes determinaron que ya era un socavón más grande, con 18 metros de diámetro y 20 de profundidad modificando el dictamen a 27 viviendas, un kínder y una telesecundaria.

Datos estadísticos

De acuerdo con datos de la Coordinación General de Minería, de la Secretaría de Economía, la minería no petrolera aporta 1 por ciento del PIB y alcanza 4 si se consideran las industrias de procesamiento de minerales. Emplea a más de 374 mil personas y genera divisas por más de 15 mil 680 millones de dólares.

En 2015, el valor de la producción minera alcanzó un monto de 26.0 mil millones de dólares, la producción de oro represento 19.1 por ciento del total, la producción de cobre 12.4 y la de plata 11.4. Estos tres metales significaron 42.9 del valor de la producción. La producción de basalto representó 14.1. (Fuente: Secretaría de Economía.)

El territorio mexicano cubre 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados, de los cuales 70 por ciento (1 millón 375 mil 63) tiene potencial para el desarrollo de proyectos mineros.

Participación de México en la producción mundial de minerales seleccionados, 2016

Fuente: Mineral Commodity Summaries, 2017

US Geological Survery Publications, Dirección General de Minas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México es la decimoquinta mayor economía del mundo, con un producto interno bruto de mil 46.0 miles de millones de dólares, y la segunda economía más grande de América Latina, ocupa el lugar 15 mundial y el primero en América Latina como país exportador, con más de 373.9 mil millones de dólares.

El reporte de Behre Dolbear coloca a México como el quinto mejor destino para la inversión minera, el informe de inversión en exploración por metales no ferrosos de Standard & Poors sitúa a México como el sexto destino más importante de los flujos de capital a escala global, con alrededor de 400 millones de dólares.

Conforme a los antecedentes, datos estadísticos y fundamentos que se han presentado, podemos constatar el costo operativo con el que actualmente trabajan la mayoría de las minas en México es una garantía de rentabilidad y viabilidad para los proyectos mineros, pues el derecho que pagan las empresas es mínimo además de que solo se cobra por el número de hectáreas explotadas, y no por los productos que se extraen llámense minerales o no minerales.

Al cierre de 2016 se registraron 25 mil 652 concesiones mineras en el país, que amparan 22.1 millones de hectáreas. De estas concesiones, 275 empresas son extranjeras, de las cuales 176 (64 por ciento) cuentan con capital canadiense.

No están obligadas a contar con un seguro ni un fondo en caso de desastre ambiental o afectación que pudieran ocasional a las poblaciones aledañas; es nada lo que pagan por concepto de derecho y poco lo que retribuyen, no hay un equilibrio entre ello.

La minería es una actividad prioritaria y, con respecto a algunos minerales, estratégica, pero hasta hoy no se ve que los frutos de su riqueza beneficien a la población, ni beneficien a las generaciones presente ni, pretenden favorecer a las futuras, las mineras extranjeras y las empresas nacionales pagan al erario, por concepto de derechos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, cantidades simbólicas: las contribuciones no se cobran en función de los minerales.

A continuación se muestran los derechos que pagan las empresas mineras por el año de vigencia el costo por hectárea:

Muchos son los problemas económicos, sociales y ecológicos de la minería en México. El marco jurídico actual vigente, posee diversos vicios de inconstitucionalidad que propicia violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y ciudadanos el despojo a la nación en sus vertientes de afectación a los pueblos indígenas, a la hacienda pública, a la ecología, a los derechos de los trabajadores mineros y, al patrimonio de la nación, pues los beneficios por la extracción de minerales se transfieren fundamentalmente a empresas extranjeras a cambio de casi nada.

Los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen, que para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos naturales, los intereses de la nación y la colectividad prevalecen sobre los intereses individuales, y cualquier acto de explotación de esos recursos debe orientarse hacia los fine sociales.

La Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986, postula que el “derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, implica el ejercicio al derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

El 13 de septiembre de 2007, el Convenio 169, “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado por la conferencia general de la OIT el 27 de junio de 1989; y la resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras basadas en cianuro en la Unión Europea, emitida el 5 de mayo de 2010.

Entre los derechos de los pueblos indígenas destacan

...

e) A poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, los territorios y los recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional o de otra forma nativa de ocupación o utilización, así como los que hayan adquirido de otra forma. Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetara debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (artículo 26)

g)... Los estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual (artículo 32).

La rectoría de la economía mexicana la encontramos en los artículos 25 a 28 de la Constitución Política Mexicana.

Los principios del artículo 27 constitucional, en materia de minería, se encuentran principalmente en los párrafos tercero, cuarto y sexto.

El sector público, privado y social. El interés público, al beneficio general y a la conservación del medio ambiente. De acuerdo con el artículo 73, fracción X, de la Constitución, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de minería, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y el pacto internacional de derechos civiles y políticos establecen, en sendos artículos primeros, que para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.

La regulación jurídica de la minería en México permite una inversión extranjera de 100 por ciento, pues la fracción I del artículo 27 constitucional a la letra dice:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

En la práctica, este artículo se infringe, pues lo fundamentado en el artículo 10 A de la Ley de Inversión Extranjera deja de lado los siguientes principios:

1. Regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de la población rural y urbana.

2. Tener el dominio directo sobre todos los recursos minerales.

3. Poseer el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos mineros.

4. Ejercer la rectoría económica para que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, se fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, se fomente el crecimiento económico y del empleo, y, de este modo, pueda existir una más justa distribución de la riqueza que permita el ejercicio de la libertad y dignidad de las personas.

5. Planear, conducir, coordinar y orientar toda la actividad económica nacional.

6. Apoyar los criterios de equidad social y productividad que fundamentan la actividad del sector privado y social.

Pues con el solo hecho de presentar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá obtener concesión para exploración y explotación de minas, dejando en indefensión a los pobladores que llegaran a ser afectados por los daños ocasionados, pues no hay una legislación que obligue a resarcir el daño que las empresas mineras ocasionan.

El propósito de la ley vigente promueve su orientación en favor de las grandes empresas, en demerito de los derechos fundamentales de los mexicanos, sus fines no son conciliables con la propia constitución ni con los Tratados Internacionales.

La minería es una actividad prioritaria y, respecto a algunos minerales, estratégica, pero hasta hoy no se ve que los frutos de su riqueza beneficien a la población, ni beneficien a las generaciones presente ni, pretenden favorecer a las futuras, las mineras extranjeras y las empresas nacionales pagan al erario, por concepto de derechos.

Por los motivos expuestos, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el párrafo decimoquinto al artículo 27 de la Ley Minera y adiciona el 271 Bis a la Ley Federal de Derechos

Primero. Se adiciona el párrafo decimoquinto al artículo 27 de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a

...

XV. Contar con un seguro que cubra daños que se pudieran ocasionar a las comunidades aledañas, tanto a sus pobladores como a su patrimonio o ambiente.

Segundo. Se adiciona el artículo 271 Bis a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 271 Bis. La empresa minera deberá contar con un fondo independiente al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para que, en caso de desastre ocasionado, por la exploración o explotación de las minas a las comunidades o sus pobladores, se utilizara para cubrir de forma inmediato los daños.

Este fondo se obtendrá del 2 por ciento de la utilidad que se genere por las toneladas de material que se sustraiga.

Bibliografía

Resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Minera

Ley Federal de Derechos

Ley de Inversión Extranjera

Reglamento de la Ley Minera

Manual del Inversionista en el Sector Minero Mexicano

www.jurídicas.unam.mx/la minería en México/Jaime Cárdenas

https://aristeguinoticias.com/1005/mexico/derrame-en-rio-sonora-crean- millonario-fideicomiso-y-lo-extinguen-sin-reparar-danos-revela-fundar

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/05/16/mineras- acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-mexico

Nota: Mi reconocimiento al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya que su investigación sobre la minería en México sirvió como base para la presente iniciativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputado y diputada: Víctor Adolfo Mojica Wences, Mariana Dunyaska García Rojas(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

En México si un trabajador quiere tramitar un crédito para adquirir una casa a través del Fondo de vivienda del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), debe tomar en cuenta su sueldo, años de trabajo y su edad.

Adquirir una casa de interés social con el Infonavit, es resignarse a vivir endeudado por más de 10,950 días, cifra que equivale a 30 años como plazo máximo que dura un crédito. En dicho lapso además de trabajar para pagar la deuda contratada, los trabajadores deben tomar en cuenta el pago de intereses sobre el monto del crédito otorgado que partir de la reforma de 2016 pueden hacerse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con el portal web del propio instituto http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web La tasa de crédito es variable entre los diferentes productos de crédito siendo la máxima del 12 por ciento. De manera paradójica los bancos cobran una tasa de interés de 9.5 a 10% por un crédito de la misma naturaleza con la diferencia que éste puede ser contratado en la mayoría de los casos por aquellos trabajadores de ingreso medio.

Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos y mexicanas derechohabientes del Infonavit adquirir un crédito hipotecario de esta naturaleza, es sinónimo de contar con un patrimonio, de tener una casa, de ser dueño de un lugar sin importar muchas veces que toda su vida laboral se la pasen pagando un crédito más los intereses generados que muchas veces a juicio de expertos resulta más caro que haberlo contratado con la banca comercial.

La afirmación anterior se confirma con las declaraciones de Marcos Martínez Presidente de Asociación de Bancos de México (ABM), entrevistado por Jeanette Leyva, periódico El Financiero, 16 de septiembre de 2017:

“La mejor opción de financiamiento para la adquisición de una vivienda sigue siendo la banca, ya que e l Infonavit es un crédito más caro y que todas las tasas de interés que ofrece la banca de momento están por debajo del 12 por ciento del Infonavit. “La mejor muestra de que hay mucha competencia en el país es que la tasa de interés más cara es la de Infonavit”.

De acuerdo con datos de la ABM las tasas promedio de la banca en estos créditos van del 10.4 al 11.3 por ciento por debajo de la que hoy ofrece el organismo de vivienda.

Enrique Margaín, presidente del Comité Hipotecario de la ABM, indicó que no han visto que el programa recientemente lanzando de una tasa de 12 por ciento y hasta un monto de un millón 600 mil pesos que ofrece el Infonvit esté afectando la colocación de crédito de la banca.

Juan José Huerta Urías, director Ejecutivo de Estrategia de Producto de hipotecas del Banco Ve por Más, reconoció que hay productos con tasas de más de 11 por ciento en donde la brecha con el Infonavit se cierra, y es en donde los bancos deben dar mejor atención y agilidad a los clientes para atraerlos hacia las instituciones financieras.

En el 2000 la cartera de créditos hipotecarios de la banca en México valía 145 mil millones, cifra que se elevó a alrededor de 200 mil millones en 2007 y actualmente es de 711 mil millones de pesos.

En este segmento destaca la tendencia a la baja en el índice de cartera vencida, que se ubica en su menor nivel en 17 años. En el 2000 fue de 18.5 por ciento y actualmente se encuentra en 2.6 por ciento.

También son menores las tasas de interés; en el 2000 eran de alrededor de 20 por ciento y contratadas a tasa variable, ahora la mayoría se contrata a tasa fija y en junio pasado la tasa promedio fue 10.97 por ciento.”

En este marco resulta oportuno mencionar citar el estudio de la Empresa SOC Asesores Hipotecarios, publicada en el portal del periódico Milenio el 23 de septiembre de 2015, en el que se sostiene que los créditos otorgados por el Infonavit pueden ser hasta 30 por ciento más caros que los que ofrecen los bancos tradicionales en el país. El director de la firma Jorge Rodríguez Villarreal apuntó que se trata de una situación que muchos desconocen ya que existe la percepción de que obtener un crédito Infonavit es más sencillo, pero también más barato para todos los trabajadores. El estudio citado destaca que existen más ahorros si el cliente paga su casa con un crédito del banco.

En el mismo sentido no podemos perder de vista que los créditos que otorga el Infonavit pueden ser en pesos o Unidades de Medida y Actualización. Respecto de la Unidad de Medida y Actualización es la unidad base que se utiliza para determinar el monto de pago de obligaciones y sanciones que se establecen en las leyes federales, como por ejemplo las multas, pagos por servicios de gobierno o créditos.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA), se reconoce a partir del 27 de enero de 2016, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el que se reconoce a la UMA como la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, Al respecto es necesario citar en sus términos lo previsto en los artículos Sexto y Octavo transitorios que establecen respecto de los créditos:

“ Sexto. Los créditos vigentes a la entrada en vigor de dicho Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizacióndurante el mismo año.

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizacióndurante el mismo año.

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Octavo. En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.”

A partir de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos, el mensual es de $2,450.24 pesos mexicanos y el valor anual $29,402.88 pesos mexicanos, los cuales están vigentes desde el 1o. de febrero de 2018 (DOF 10 de enero de 2018).

El Infonavit desde la entrada en vigor de la UMA, inició un proceso de reestructuración de créditos en salarios mínimos con la intención de convertirlos a pesos y evitar con ello evitar el incremento de la deuda hipotecaria. De acuerdo con Jorge Garduño Gerente asesor de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit entrevistado por Zenyazen Flores en El Financiero, el 01 de marzo de 2017, la reestructuración mencionada:

“Sólo está funcionando como programa piloto para un número determinados de créditos y al respecto señaló que el instituto tiene una cartera de 5 millones de créditos en salarios mínimos y fue en 2016 cuando se creó un programa piloto para ver el comportamiento de una selección de 17 mil créditos en salarios mínimos a pesos mismo que se venció a finales de 2017. Garduño aclaró que, si bien el programa piloto es vigente, el resto de trabajadores con créditos en veces salarios mínimos que deseen cambiarlo a pesos tendrá que esperar los resultados del piloto y a que el Infonavit actualice todos sus sistemas por la entrada en vigor de la UMA.”

Ante la radiografía del actual esquema de financiamiento por parte del Infonavit que permite a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, es urgente que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, inicie la discusión de unos de los derechos de los trabajadores formales asalariados con seguridad social que forman parte de nuestras medianas y grandes empresas.

Convencidos que los esquemas actuales de financiamiento, plazos y tasas de interés del Infonavit deben reorientarse a una política de Estado en materia de vivienda que responda a las exigencias propias del siglo XXI y que garantice a cualquier derechohabiente esquemas flexibles para liquidar con pagos parciales la deuda contratada a partir del tercer año del inicio de un crédito con el Infonavit; establecer como tasa de interés anual máxima el 8 por ciento por cada crédito hipotecario y la seguridad que un trabajador pueda reestructurar su crédito hipotecario de salarios mínimos para convertirlo a pesos.

Argumentos

El 14 de febrero de 1972, se publicó en el Diario Oficial, la reforma a la fracción XII, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que:

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficientepara que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

A partir del reconocimiento de la utilidad social a la propia ley que crea al organismo encargado de la administración de los recursos del fondo nacional de la vivienda, el 24 de abril de 1973 se publicó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LIFNVT), en la que se determinó no sólo el funcionamiento del propio instituto sino el establecimiento y operación del sistema de financiamiento que permite a los trabajadores acceder a un crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas; construir, reparar, ampliar o el mejoramiento de éstas así como el pago de deudas contraídas por los conceptos citados.

Sin embargo, a más de cuatro décadas de la expedición de la LIFNVT y de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman los artículos 39, primer y tercer párrafo; 44; y 55, primer párrafo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el DOF el 27 de abril de 2016, resulta inadmisible continuar postergando el cuestionado esquema de créditos para que los trabajadores adquieran una vivienda y máxime cuando a todas luces este derecho constitucional es hoy por hoy una carga excesiva para los trabajadores debido a los intereses y plazos eternos que lo único que generan es una capitalización negativa de la clase trabajadora, tal y como lo afirma el director general de Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto-Hay Pintado, entrevistado por el periódico El Mañana, 12 de noviembre de 2016, https://www.elmanana.com/en-pesos-o-salariosla-hipoteca-eterna-infonavit- nuevo-sistema-pago-infonavit-reynosa-hipoteca:

“Seis millones de familias -unos 24 millones de personas- año con año siguen incrementando su deuda hipotecaria; esto se debe a que la forma en que están diseñados los créditos del Infonavit impiden que la amortización de crédito que se da durante el año sea suficiente, igual o mayor al incremento que van a tener en su deuda el año siguiente.

A eso se le llama una capitalización negativa, cuando las personas deben más después de que pagaron puntualmente todo el año pasado. Esto seguirá sucediendo, aunque los créditos y las deudas se actualicen con base en la UMA.

Pese a la desindexación, el incremento a la deuda anual de los créditos será la inflación equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que no resuelve el problema del crecimiento de las deudas hipotecarias y de acuerdo con Roberto Danwing Marroquín Delegado del Infonavit en Tamaulipas, el nuevo sistema no significa que los plazos para pagar las casas compradas con recursos de nuestro instituto se acorten, aunque el tiempo que se concede es de 30 años, sin embargo hay quienes liquidan en 18 o 20 años”.

En este tenor y por la importancia del tema considero necesario incorporar en sus términos, el voto particular de la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, en el Amparo Directo en Revisión 6031/2016, que en sesión del 27 de abril de 2017 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó y declaró firme la sentencia recurrida.

“En sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la resolución del amparo directo en revisión citado al rubro, en el sentido de desechar el recurso y declarar firme la sentencia recurrida; sin embargo, no comparto la decisión adoptada, por las razones que siguen:

En efecto, la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al considerar que se vulneraba el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, porque el sistema de financiamiento no constituía un crédito barato; respecto a lo cual, el Tribunal Colegiado declaró la constitucionalidad del precepto, esencialmente, con base en los precedentes de Primera y Segunda Salas.

Así, esta Primera Sala identificó la existencia de un tema constitucional, pero estimó que los agravios resultaban inoperantes, porque la parte recurrente no se refirió al mecanismo para que los saldos de las subcuentas no perdieran su valor, ni precisó con qué parámetros debió hacerse la comparación para determinar si el crédito es barato.

Al respecto, no existe la deficiencia impugnativa apuntada, ya que en los agravios la recurrente refuta el análisis de constitucionalidad del tribunal de amparo, con base en lo siguiente:

a) Que resultaba incorrecto que se hiciera la comparación con relación al incremento salarial, sin tener en cuenta que el mecanismo del “Infonavit” implicaba la aplicación de dos tasas de intereses (el incremento salarial) y la establecida por el Consejo de Administración del Instituto (no menor a 4 puntos, en el caso 8).

b) Que era falso que en el mecanismo del “Infonavit” no se pague un enganche, porque se soslaya que las aportaciones acumuladas a las subcuentas constituyen el pago inicial.

c) Que resulta inaplicable la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) para efectos de comparación del interés, ya que este factor pertenece a la actividad de las instituciones de crédito, mientras que el crédito del “Infonavit” es ajeno a dicha intermediación, porque es otorgado por una institución de seguridad social, en aras de cumplir un “servicio social”.

Tales agravios son suficientes para posibilitar el estudio de constitucionalidad, porque: i) las líneas argumentativas anteriores excluyen como parámetros de comparación los que regulan la actividad bancaria, porque es ajena a los organismos de seguridad social; y ii) además se cuestionan dos de los elementos con base en los cuales quedó construida la conclusión de crédito barato: enganche y costo, el primero, al no ser cierto que no exista un pago inicial; lo segundo, porque se desatiende que además del incremento salarial (comparado) también se paga una tasa por el crédito.

Bajo ese contexto, debió considerarse que la condición de importancia y trascendencia para efectos de la procedencia del amparo directo en revisión quedó satisfecha, ya que no eran argumentos aislados e independientes, pues todos estaban encaminados a refutar la construcción argumentativa del crédito barato, cuya incorrección de algunas de sus premisas resultaba suficiente para examinar el problema de inconstitucionalidad.

En tales condiciones, debió darse respuesta a los agravios esgrimidos para verificar la corrección o no de la decisión adoptada por el tribunal colegiado, en la inteligencia de que ha sido criterio mayoritario de esta Primera Sala que el mecanismo financiero establecido en el artículo 44 de la ley de la materia no vulnera el mandato constitucional establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XII; por lo que, en la materia de la revisión, debió confirmarse la sentencia recurrida y negarse el amparo solicitado.”

En mi calidad de diputado federal del distrito IV de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, uno de los reclamos más sensibles de las mujeres y hombres que todos los días cumplen con una jornada laboral de más de ocho horas, es que su crédito de Infonavit aumenta año con año y en la mayoría de los casos éste rebasa el monto del valor del inmueble pese a su bajo costo. Un ciudadano Nicolaíta, me manifestó la siguiente inconformidad:

El Infonavit me autorizó un crédito en 2009 por la cantidad de $320,000.00 para adquirir una vivienda no nueva. Por dicha cantidad mensualmente pago $5,800.00 y como la deuda es por un plazo de 30 años, en el año 2039 cuando termine de pagar el crédito, el monto total de $2’088,000.00

¿Esto es tener un crédito barato y suficiente para una casa?

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derecho humanos del 10 de junio de 2011, en México se establecen como principios de interpretación y aplicación de las obligaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el pro persona y, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Respecto del principio pro persona, a juicio de los expertos constituye el principio medular de los derechos humanos toda vez que en este se garantiza a toda persona la protección más amplia respecto de cualquier norma y, por ende, su exigibilidad. Por lo que hace al principio de progresividad de los derechos humanos, es indispensable no perder de vista que estos pueden aumentar de manera paulatina pero no disminuir.

De acuerdo con los principios citados, el Congreso de la Unión asume la responsabilidad de legislar con perspectiva de derechos humanos y en ese sentido, el esquema vigente en materia de créditos otorgados por el Infonavit es más que un tema pendiente que debe formar parte de la agenda legislativa desde el inicio de la LXIV Legislatura.

En este marco, se propone reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de establecer que los intereses de los créditos sobre el saldo ajustado de los mismos no podrán ser inferiores al cuatro por ciento anual ni superiores al ocho por ciento anualsobre saldos insolutos.

Sobre el tema de las aportaciones parciales de los créditos, se pretende garantizar qué a partir del tercer año del crédito, el trabajador podrá realizar aportaciones parciales al saldo insoluto para eliminar el interés a capital. Lo anterior de conformidad con las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración .

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero y se adiciona el quinto del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

“Artículo 44.El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual ni superior al ocho por ciento anualsobre saldos insolutos.

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o Unidades de Medida y Actualización; durante el plazo del crédito, el trabajador tendrá derecho a cambiar hasta dos veces el crédito de Unidades de Medida y Actualización a pesos y viceversa. Conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean las más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años . A partir del tercer año del plazo otorgado, el trabajador podrá realizar aportaciones parciales al saldo insoluto para eliminar el interés a capital, de conformidad con las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración.”

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en un plazo no mayor a los 180 días a la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Ricardo Flores Suárez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Luis García Duque, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sandra Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Simey Olvera Bautista, diputada federal perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

Actualmente, la dinámica del mercado de trabajo en nuestro país ha adquirido peculiaridades que obedecen a nuevos patrones de inclusión e igualdad, tal es el caso de la participación cada vez más activa de las mujeres en el ámbito laboral. Ello, aunado a ritmos de trabajo cada vez más demandantes, obliga a la clase trabajadora a adaptar sus ritmos de vida para ajustarlos a aquella actividad que les remunera y les permite garantizar un ingreso para su subsistencia y la de su familia.

Debido a lo anterior, la conciliación de la vida laboral y familiar se ha tornado compleja, puesto que la nueva dinámica laboral obstaculiza el cumplimiento de ciertas responsabilidades familiares que resultan indispensables para el correcto desarrollo del núcleo familiar dentro de la sociedad. En efecto, es un hecho que, derivado de la evolución de la dinámica social en su aspecto laboral, ha quedado expuesta la obsolescencia de ciertos dispositivos normativos que buscan asegurar la protección social de las y los trabajadores.

Un gran ejemplo de lo anterior es el denominado “seguro de riesgos de trabajo” que prevé la legislación laboral vigente y que data del siglo pasado. De la lectura de la actual redacción de los preceptos jurídicos que regulan esta prestación, se desprende que dicho seguro no cubre a las y los trabajadores si éstos sufren algún accidente cuando parten de un sitio que no sea su hogar hacia su centro de trabajo. Ello, si bien puede resultar factible en términos patronales, dado que, en efecto el seguro debe cubrir aquellos riesgos que surjan con motivo o en relación a la actividad laboral, en la práctica genera un estado de vulnerabilidad jurídica ya que es un hecho que gran parte de las y los trabajadores tienen como escala obligada, previo al arribo a su trabajo, el centro escolar de sus hijos o dependientes.

Así, las y los trabajadores padecen los estragos de un esquema rígido, inflexible y en exceso obsoleto de seguridad social en torno al rubro de “riesgos de trabajo”. Por lo que esta iniciativa se presenta bajo la premisa de que dicho esquema requiere de una actualización en virtud de las exigencias de la nueva dinámica laboral y los nuevos roles familiares, con la finalidad de no sólo brindar certeza y seguridad jurídica a los trabajadores, sino de garantizar a las niñas, niños y adolescentes su acceso a diversos derechos consagrados en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto último es así, ya que al flexibilizar responsablemente el esquema de operación de los “riesgos de trabajo” se estará garantizando que los padres y/o tutores puedan atender personalmente la obligación de llevar a sus hijos a la escuela y con ello, asegurar su acceso a la educación, así como a condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Los denominados “riesgos de trabajo” son objeto del derecho laboral mexicano; sus orígenes en nuestra legislación laboral datan de finales del siglo XIX, siendo hasta el siglo XX que esta materia cobró relevancia y logró consolidarse en los términos que hoy en día conocemos. Ello debido a que el presidente Emilio Portes Gil promulgó en 1929 las reformas a la fracción X del artículo 73 y la fracción XXIX del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia laboral y se expidió la Ley del Seguro Social que comprendió los seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos.

De igual importancia es mencionar que a raíz de la publicación de la Ley Federal del Trabajo en 1970, que abrogó a su predecesora de 1931, se le dio un nuevo enfoque a la normatividad laboral, transitando, en la materia que nos ocupa, del “riesgo profesional” a los “riesgos de trabajo”, por lo cual se incluyó y definió a los accidentes y enfermedades de trabajo.

De lo anterior destaca que la redacción original del artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que se encuentra vigente y cuyo contenido no ha sufrido modificación alguna en los años transcurridos, es justamente garantizar la protección del trabajador en virtud de su valía como individuo y como componente vital de la empresa.

No obstante, la enorme conquista laboral que significa el reconocimiento y evolución de los riesgos de trabajo en el marco jurídico vigente, es un hecho que se requiere transitar a un nuevo esquema que mantenga la protección del individuo y que además contemple que la dinámica actual implica el compromiso tripartito para garantizar un correcto desarrollo de la sociedad, privilegiando siempre el bien común.

Ahora bien, la suscrita es consciente de los criterios que ha emitido el Poder Judicial en torno al objeto de la presente iniciativa, muestra de ello es la jurisprudencia cuyo rubro y contenido se transcribe a continuación:

Registro Número 177814 Localización:

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Julio de 2005

Página: 1211

Tesis: I.1o.T. J/50

Jurisprudencia

Materia(s): laboral

Riesgos de trabajo. Características y distinciones.Conforme a lo dispuesto por los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades que sufre el trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo, es decir, que acorde con las disposiciones legales transcritas, los riesgos de trabajo se dividen en dos grandes grupos, a saber: a) accidentes de trabajo, que consisten en las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros originados en el trabajo, o en trayecto del domicilio al centro laboral; y, b) enfermedades de trabajo, que se identifican con todo estado patológico cuyo origen o motivo es el trabajo o el medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. La diferencia anterior deriva de que se trata de dos tipos de daño, ya que mientras el primero es instantáneo, por ser consecuencia de los accidentes de trabajo, el segundo es progresivo y obedece a la repetición de una causa por largo tiempo, como obligada consecuencia de la naturaleza del trabajo. La naturaleza de una enfermedad de trabajo corresponde demostrarla al obrero que la padece, y sobre el particular es criterio reiterado que la prueba pericial es la idónea para tal efecto, pero no basta que un médico diagnostique una determinada enfermedad para que se considere de origen profesional, ya que debe justificarse, además, su causalidad con el medio ambiente en que se presta el servicio, salvo que se trate de las enfermedades de trabajo consignadas en la tabla del artículo 513 de la ley laboral, que conforme al artículo 476 de la misma ley se presumen como tales. Contrario a lo anterior, en (sic) tratándose de accidentes de trabajo los elementos constitutivos de la acción son totalmente diversos, y consisten en: a) que el trabajador sufra una lesión; b) que le origine en forma directa una perturbación permanente o temporal, o incluso la muerte; c) que dicha lesión se ocasione durante, en ejercicio o con motivo de su trabajo, o; d) que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro de trabajo o de éste a aquél.

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Como se advierte del criterio jurisprudencial citado, actualmente son considerados como accidentes de trabajo únicamente aquellos que tienen su origen cuando el individuo sufre algún daño en su carácter de trabajador; cuando tal daño altera su salud transitoria o permanentemente o incluso le provoca la muerte; cuando ello sucede durante, en ejercicio o con motivo de su trabajo; e incluso cuando el daño suceda en el trayecto que hace el trabajador de su domicilio directamente al centro de trabajo y viceversa.

Teniendo claro lo anterior, es preciso reiterar que la intención de la presente iniciativa es transitar del esquema contemplado por el marco jurídico vigente y adaptarlo a la praxis cotidiana de las y los trabajadores en el siglo XXI.

Un elemento sustancial que se consideró al elaborar la presente iniciativa, derivado de un análisis al orden jurídico nacional, es lo prescrito en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), cuyo artículo 56 a la letra dice:

Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo.

Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa (énfasis añadido).

De la lectura del precepto anterior, se desprende que actualmente existe al menos una disposición legal vigente que atiende parcialmente la problemática que pretende subsanar la presente iniciativa. En tal virtud, es dable concluir que incluir una disposición de tal naturaleza no transgrede nuestro orden jurídico.

La suscrita está convencida de que la protección del trabajador debe garantizarse a partir de que éste tiene como finalidad última acudir a su centro laboral, independientemente del lugar de partida. Sin embargo, en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo vigente, cuyo contenido señala que dicho ordenamiento busca el equilibrio de los factores de producción y la justicia social, resulta idóneo precisar que la flexibilización del mecanismo de aplicación del seguro de riesgos de trabajo debe hacerse de forma responsable, por lo que el alcance de la reforma planteada obedece y se circunscribe exclusivamente a la necesidad de las y los trabajadores de trasladarse al centro de educación básica de sus hijos, sin que ello implique la creación implícita de una prestación laboral o extralaboral adicional, toda vez que la finalidad última es ampliar la cobertura que actualmente se brinda por concepto de “riesgos de trabajo”.

Ahora bien, es de suma importancia señalar que la presente iniciativa encuentra sustento en el derecho internacional, a través de dos vertientes: 1) El derecho internacional en materia laboral y 2) El derecho internacional en materia de derechos del niño.

El primer rubro se soporta en el Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Indemnización por Accidentes del Trabajo, ratificado por nuestro país el 12 mayo 1934 y aún en vigor. A lo largo de los 19 artículos que lo componen, se obliga a los Estados miembros a garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo, o a sus derechohabientes, una indemnización y establece que las legislaciones nacionales establecerán las medidas de control y los procedimientos para la revisión de las indemnizaciones que se estimen necesarios.

Por otra parte, el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, ratificado por nuestro país el 1 febrero 1984, en su artículo 4 a la letra señala:

Artículo 4

1. Todo miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

2. ...

A mayor abundamiento, el Convenio 102 Sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952 señala en su parte VI denominada “Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional” (artículos 31 a 38) el establecimiento de una serie de disposiciones mínimas relacionadas con garantizar a los trabajadores asistencia y prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional.

Por otra parte, el segundo rubro comprende los derechos de los niños, siendo un marco referencia la denominada “Convención Sobre los Derechos del Niño”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. Dicho instrumento es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.

A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.

El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. El multicitado instrumento, establece en su artículo segundo que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en éste y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna.

Por su parte, el numeral 2 del artículo 3 de dicho instrumento a la letra señala:

Artículo 3.

1. ...

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. ...

De la lectura de los preceptos anteriores se desprende que la presente iniciativa atiende dos causas cuya única finalidad es mejorar las condiciones y la calidad de vida tanto de los trabajadores (al garantizarles la cobertura de riesgos de trabajo cuando atiendan sus obligaciones familiares), como de los niños que, como se ha expuesto, son titulares de derechos (al garantizar su integridad y su acceso a la educación, facilitando a sus padres el llevarlos personalmente a sus centros escolares).

Asimismo, es importante enfatizar que con la eventual aprobación de esta iniciativa, el Poder Legislativo colaborará a promover la regeneración del tejido social, al facilitar a los padres y tutores asegurarse que sus hijos acudan a su plantel escolar y con ello, evitar situaciones de ausentismo o facilitarles a los menores lo que coloquialmente se le conoce como “irse de pinta”, en suma se facilitará que los padres supervisen el cumplimiento de las obligaciones educativas de sus hijos.

Por último, a efecto de una mejor visualización de las modificaciones planteadas por la presente iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo respecto de los preceptos de interés.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo; 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Primero. Se reforma el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 474. ...

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio o del centro escolar de educación básica de sus hijos al lugar en que desempeñe su trabajo y viceversa.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 42 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio o del centro escolar de educación básica de sus hijos al lugar en que desempeñe su trabajo y viceversa.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos:

Artículo 56. ...

Se considerarán accidentes del trabajo: toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera quesean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o del centro escolar de educación básica de sus hijos al lugar en que desempeñe su trabajo y viceversa.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan las disposiciones del presente decreto.

Notas

1 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_ INSTRUMENT_ID:312162

2 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312162:NO

3 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO

4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018.— Diputadas: Simey Olvera Bautista, María Eugenia Hernández Pérez(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Flor Ivone Morales Miranda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

En todos los parlamentos del mundo democrático concurren en diálogo el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. En los sistemas parlamentarios esto es una obviedad ya que el Parlamento es la casa común del Ejecutivo y del Legislativo. De hecho, todos los integrantes del Ejecutivo, o casi todos, los que dependen del modelo del parlamentarismo, son legisladores. En los sistemas presidenciales, el Ejecutivo concurre regularmente a las cámaras del Congreso a rendir cuentas y a debatir con los legisladores.

En México siempre ha existido un prurito para que las y los legisladores debatan con el presidente de la República. Hasta el 2005, sin embargo, el presidente acudía puntualmente a la sesión de apertura del Congreso General, el 1 de septiembre a entregar su informe por escrito y a dar un mensaje a la nación. Sin embargo, en 2006 derivado de la crisis electoral, el presidente no pudo acceder al recinto a rendir su informe y se limitó a entregarlo al presidente del Congreso. En el 2007, el presidente acudió fugazmente al Congreso y en un acto muy breve hizo la entrega del informe al vicepresidente en funciones de presidente del Congreso.

En el siglo pasado este mensaje era la exposición puntual y extensa del informe, y desde las últimas décadas, esa alocución de varias horas se redujo a un mensaje político, de menos de una hora, en donde el presidente se dirigía a la representación nacional en el marco de la sobriedad republicana.

Con la pérdida de legitimidad de los últimos presidentes y ante la sombra del fraude electoral, los legisladores le cerraron la puerta del Congreso al presidente, y con una reforma constitucional, el titular del Ejecutivo dejó de acudir a la sesión de apertura del Congreso desde el 2008, limitándose a enviar el informe por escrito a la sesión de apertura.

Esta práctica ha degradado y socavado la relación y el equilibrio entre poderes, y nos ha colocado ante la falta de un acto central para la rendición de cuentas que debe rendir el Ejecutivo ante el Legislativo. Hoy, este acto central en la vida la república está convertido en un simple trámite burocrático en el que un funcionario enviado por el presidente acude al recinto legislativo a entregar el documento que contiene el informe de gobierno, por escrito.

Derivado de este hecho, se ha incurrido en una práctica que todavía resulta peor, y me refiero a la ceremonia informal que han instaurado los presidentes en turno, para acudir a un inmueble sin ningún significado ni peso histórico, alejado de toda investidura y todo carácter republicano, pero eso sí, portando indebidamente la banda presidencial, a un acto en el que lejos de informar a una representación nacional sobre el estado que guarda la nación, se realiza un protocolo para un ya obsoleto culto a la personalidad, ante un público de amistades del presidente, carente de cualquier significado o relevancia y acrítico, lo cual convierte todo este acto en algo muy alejado a la práctica democrática de la rendición de cuentas.

Desde el punto de vista del derecho constitucional, la figura del presidente de la República concentra en su investidura dos calidades, la del jefe del Estado por un lado, y la del jefe del gobierno y titular de la administración pública federal, por el otro. Desde los albores del siglo XX se había concebido la presencia del presidente ante el Congreso de la Unión, como un protocolo en donde la figura del jefe del Estado tiene que lucir y brillar frente al Poder Legislativo, el cual obligadamente le tiene que rendir pleitesía.

Más que para rendir cuentas, el Ejecutivo históricamente acudió a la sede del Congreso para ser sujeto de un apoteótico recibimiento y la suma de apoyos políticos por parte de la representación nacional. En la cúspide de la era del partido hegemónico, la presencia faraónica del titular del Ejecutivo empezaba fuera del recinto legislativo, desde la residencia oficial del presidente, con un desfile multicolor, que visto ahora, desde la distancia del tiempo, pareciera más un desfile que evoca a la era de los liderazgos totalitarios.

La obra arquitectónica de este gran recinto que nos alberga culminó en los años 70, todavía con la concepción de una relación republicana inversa. Es decir, en vez de que el titular del Ejecutivo rindiera cuentas al Congreso, este poder, se rendía ante la figura presidencial, dándole paso en sus grandes pasillos centrales –ahora desaparecidos- y su elegante tribuna al avasallante poder absoluto del jefe del Estado mexicano.

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69 ha sido objeto de tres enmiendas:

El texto original del artículo 69 de la Constitución de 1917 dice:

“ Artículo 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara que se trate, las razones que hicieron necesaria su convocatoria, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”

La primera reforma a este artículo se hizo en el año de 1923, con la cual se establece que la obligación del presidente de la República de asistir al Congreso a rendir su informe se limita exclusivamente al iniciar los periodos de sesiones ordinarias, suprimiendo el texto que incluía también la referencia a las sesiones extraordinarias, quedando de la siguiente manera:

“ Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.”

La segunda reforma se llevó a cabo en el año de 1986, con la cual se establece en el texto constitucional que la obligación del presidente de acudir al Congreso a rendir su informe sería solamente al inicio de cada año legislativo y no al inicio de cada periodo ordinario. La reforma quedó redactada de la siguiente manera:

“ Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria”

La última reforma que tuvo este artículo fue la que se promulgó en el 2008, en medio de un entorno de crisis política en la que el presidente era duramente cuestionado en su legitimidad y se pretendía resguardarlo de la exhibición pública. Por eso se suprimió la obligación del presidente de la República de acudir al Congreso a rendir su informe. Con esta reforma, de manera inadmisiblemente, el Congreso mexicano obsequiaba, diligentemente, una de sus principales facultades de control: llamar a cuentas al Ejecutivo federal.

Con dicha reforma se le restó solemnidad al informe presidencial pero también se le restó importancia a un acto de rendición de cuentas fundamental. La reforma de 2008 simboliza la ruptura del diálogo franco que debe existir entre los Poderes de la Unión, dentro de la normalidad democrática de la república.

Con esta iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional, no solo se pretende restituir la presencia del presidente de la República para la sesión de apertura del Congreso General, sino que también se pretende evolucionar a un diálogo entre poderes y a la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo.

En esta iniciativa proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República, en su calidad de jefe del Estado, acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno, y que en fecha posterior acuda a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer los aspectos fundamentales de su informe, y sostener un intercambio de opiniones con la representación nacional. Posterior a este diálogo republicano con el Titular del Ejecutivo, iniciará el análisis del informe con los servidores públicos, conforme lo establecen los artículos 69 y 93 de esta Constitución.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo, recorriéndose el segundo y tercer párrafo originales al tercer y cuarto párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá ante el pleno del Congreso General a dar un mensaje político investido en su calidad de jefe de Estado y entregará por escrito un informe en el que rinda cuentas sobreel estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

En fecha posterior, el presidente de la República acudirá a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer el informe en el que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Durante su comparecencia, escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputada Flor Ivone Morales Miranda(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrita por las diputadas María Teresa López Pérez y Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, María Teresa López Pérez y Katia Alejandra Castillo Lozano, diputadas federales a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil con base en la siguiente:

Para los niños trabajamos,

porque los niños son los que saben querer,

porque los niños son la esperanza del mundo.

José Martí

Los derechos de la niñez han alcanzado su consagración en prácticamente todos los niveles normativos, teniendo como punto de partida los Tratados Internacionales como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990. En este tenor, el Estado Mexicano quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país, y dicho sea de paso esta Convención representa el Tratado de derechos humanos que mayor apoyo ha recibido en la historia.

En este sentido nuestra ley fundamental, acuñó a su texto el principio del interés superior de la niñez para garantizar el acceso de sus derechos fundamentales y tutelar los bienes jurídicos más preciados.

De acuerdo al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se indica que “el principio del interés superior del niño, entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Tal principio, ha sido definido por diversos doctrinarios, entre ellos Miguel Cillero, que considera al interés superior como una garantía a la que los niños tienen derecho, con fines muy particulares como lo son:

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño.

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo.

Así, el interés superior del niño, indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.”

De esta manera se ha sostenido que el derecho de las niñas y los niños requieren de prestaciones positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado, en virtud de que se busca satisfacer las necesidades de los infantes cuya consecución en ocasiones no puede alcanzarse en buena medida por la limitación de los recursos individuales de los progenitores sobre los que recae la responsabilidad primaria y, por ende, precisa de políticas de bienestar así como de un desarrollo integral (material, económico, social, cultural y político), a las que el Estado debe propender, ayudar y estimular con eficacia, a fin de proporcionar condiciones de acceso al goce de los derechos de las y los niños.

Independientemente del papel que juega el Estado, debe reconocerse que un actor pilar en la cristalización de los derechos de las niñas y los niños en el orden jurídico es y ha sido la sociedad civil por medio de sus organizaciones. No debe olvidarse que en el proceso de la reforma Constitucional y el legislativo que culminó con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes la participación de diversas organizaciones fue muy activa y de gran ayuda para que pudiera llevarse a cabo estas importantes novaciones en nuestro orden jurídico.

Desde hace varios años, los ciudadanos han venido organizándose para coadyuvar activa y solidariamente para encauzar las demandas de los sectores sociales más vulnerables, impulsando acciones y proyectos para atender sus problemáticas.

Este voluntariado social ha emergido como un factor determinante para transformar la relación sociedad-gobierno que ha permitido alcanzar logros, como es el caso de un mejor marco jurídico, la implementación de políticas públicas, así como una aportación invaluable para la gobernabilidad.

Es el caso de las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales se les ha venido reconociendo su experiencia y su capacidad filantrópica por demostrar un incansable y vigoroso trabajo a favor de la población menos favorecida económica y socialmente. Muchas organizaciones de la sociedad civil han coadyuvado para que el tejido social se fortalezca, por lo que no debe soslayarse el apoyo que reciben por parte del Estado, toda vez que gracias a su función representativa, han construido una sociedad participativa y que su activismo ha sido crucial para la toma de decisiones.

Es por lo anterior que se propone esta iniciativa para adicionar la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para establecer dentro de las actividades de fomento las de apoyo, promoción y defensa del interés superior de la niñez, en virtud de que al igual de otras actividades loables que se enuncian en la Ley en comento, deben ser incentivadas por el Estado.

Esta iniciativa pretende armonizar la ley federal citada con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la fracción IX de su artículo 117, se dispone lo siguiente:

Artículo 117. Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas federales.

De igual forma nuestro código fundamental, también establece en el artículo 4o. en su párrafo décimo primero que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, por lo que en virtud de que, si la propia Constitución prescribe tal situación, es encomiable que el legislador ordinario plasme en la ley que regula el fomento para las actividades de organizaciones de la sociedad civil dicho precepto.

Ante esta realidad teórica sobre el interés superior de la niñez, en la práctica el Instituto Nacional de Desarrollo Social –entidad pública responsable de apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil– fomenta las actividades de las organizaciones civiles que tienen que ver con la lucha por los derechos de los niños dentro de la actividad de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, es decir, no establece distinción con las actividades enfocadas a los migrantes, víctimas entre otros, como si lo hace con otros. De lo anterior que se propone que el interés superior de la niñez figure como una categoría independiente por así establecerlo la propia Constitución y con ello visibilizar prioritariamente el impacto social de las actividades orientadas a que las niñas, niños y adolescentes alcancen el pleno goce de sus derechos.

En este contexto si bien el Instituto de Desarrollo Social ha otorgado apoyos para actividades que se relacionan con los niños como promoción y defensa de los derechos humanos, pero como lo hemos expuesto el interés superior de la niñez es un principio que debe figurar por separado toda vez que es transversal y en el convergen acciones, interpretaciones y medidas de protección y procesos dirigidos para que las niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de sus derechos lo que implica un máximo interés social.

Asimismo, esta propuesta puede contribuir a que los ciudadanos organizados tengan la claridad y certeza de que en el texto legal se incluye la promoción y defensa del interés superior de la niñez, toda vez que el lenguaje de la fracción que alude al apoyo y promoción de los derechos humanos es muy amplio y anfibiológico.

Por todo lo mencionado esta reforma pretende dotar de coherencia a nuestro sistema jurídico y permitirá a las organizaciones civil cuyo objeto sea la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes acceder eficazmente a los beneficios de la ley, lo que en buena medida incentivará su participación en la construcción de un mayor bienestar para la niñez.

Por todo lo anterior, se somete a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Único. Se adiciona una fracción III del artículo 5o., recorriéndose las demás en su orden a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. y II. ...

III. Apoyo y defensa del interés superior de la niñez.

IV. a XX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultado en https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf , el 06 de septiembre de 2018.

2 Gaceta Parlamentaria No. 3115-IV

3 Instituto de Desarrollo Social, Informa de labores 2016, primera parte, México, página 34.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: María Teresa López Pérezy Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a partir del miércoles 17 de octubre del presente año.

Asimismo, informo a usted que he presentado la correspondiente solicitud para ser integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a resolver el amparo número 9/2018 según los artículos 1o. y 123 constitucionales y ratificar el Convenio 189 de la OIT, a fin de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar como derecho inalienable e interdependiente para su bienestar, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está por resolver en amparo directo 9/2018 un asunto que sentará precedentes muy importantes sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas, se trata de una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia, firmando carta de renuncia de su empleo donde laboraba como trabajadora doméstica. Posteriormente, demandó de sus patronas las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario; así? como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, demandó de los citados institutos la determinación de las cuotas y fincar los capitales consultivos correspondientes.

El asunto fue resulto en un primer momento por la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México. El nueve de febrero de 2017, la junta emitió un laudo, en el cual consideró acreditada la renuncia voluntaria de la trabajadora doméstica, por lo que absolvió a las demandadas del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos. Sin embargo, estimó que las demandadas no acreditaron la excepción de pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por lo que las condenó al pago de éstas, pero sólo respecto al año anterior a la presentación de la demanda.

Asimismo, condenó el pago de horas extras, al estimar que la trabajadora laboraba un total de 54 horas, esto es, 6 horas extras más de la jornada máxima legal de 48 horas. Por otro lado, la Junta descartó, en términos del numeral 338, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que la parte patronal esté obligada a efectuar la inscripción de los trabajadores domésticos al Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que también apoyó en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, concluyendo que el patrón no tiene la obligación de hacer la inscripción ante el referido instituto de dichos empleados.

De igual forma consideró que el patrón no está obligado, cuando se trate de trabajadores domésticos, a pagar la aportación al Infonavit, ya que dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y conforme a lo pactado por las partes y dicho pacto no lo acreditó la trabajadora. En consecuencia, absolvió a las demandadas de la inscripción retroactiva, así como al pago de las aportaciones reclamadas ante dicho instituto. Contra dicho laudo, ambas partes presentaron amparo directo. Los tribunales colegiados que conocieron de los asuntos, respectivamente, solicitaron que la Suprema Corte hiciera uso de su facultad de atracción para resolver el caso.

La litis constitucional del asunto se centra primordialmente en el siguiente punto: Si el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye un trato discriminatorio proscrito por el artículo 1o. constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social tutelado por el artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal.

Segunda. Es importante destacar que el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social vulnera el derecho humano a la seguridad social. Aun cuando el régimen voluntario del Seguro Social constituye un sistema de protección social suficientemente robusto que podría permitir que los empleados domésticos obtengan y mantengan prestaciones sociales, con el fin de encontrarse protegidos contra circunstancias e imprevistos que puedan coartar sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones dignas, sobre todo cuando el bien jurídico a tutelar de cualquier institución de salud pública es el derecho humano a la seguridad social.

Tercera. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, hay 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8 por ciento del total de ocupados. El trabajo doméstico remunerado en México es una actividad realizada en su mayoría por mujeres, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional e Estadística y Geografía, 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres. En ocupaciones como empleados domésticos, cuidadores de personas, lavanderos, planchadores y cocineros domésticos, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 trabajadores.

Es notorio que el trabajo doméstico en México y en el mundo guarda una directa relación de género como se observa en la cita anterior, por ello es necesario considerar un rediseño de nuestra conceptualización sobre las relaciones laborales, las concepciones históricas y tradicionales, el rol de género y la forma en como este influye en la asignación de las actividades laborales, lo que nos conducirá a sin duda a una discusión en el Poder Legislativo para reformar el marco normativo y regulatorio de la seguridad social en México, de forma que sus beneficios se amplíen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La realidad de las trabajadoras domésticas, en particular y enfáticamente, las mujeres, es una de las cuentas pendientes de nuestra sociedad, invisibles e indefensas, en una situación de franca desigualdad en relación a sus empleadores, patrones y las autoridades, son sin duda uno de los grupos sociales que mayor visibilidad y acciones afirmativas requieren para acceder a un piso mínimo de derechos humanos que les permita incorporarse al desarrollo, tal como se lee a continuación.

El trabajo doméstico es uno de los sectores laborales en los que las empleadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. La falta de reconocimiento de derechos laborales, un sueldo poco competitivo y la discriminación son los tres problemas más frecuentes que enfrentan las trabajadoras domésticas. Además, este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por las autoridades del Estado.

El trabajo doméstico es una actividad o trabajo y las trabajadoras del hogar es el sector, para diferenciar entre el trabajo y el sector. Los factores de discriminación asociados a esta labor como los son el género, la condición de pobreza y la etnia indígena, así como el hecho de que las tareas domésticas no han sido reconocidas social ni legalmente como una labor con valor, han llevado a la invisibilización de las trabajadoras domésticas, han promovido su informalidad y han perpetuado la violación de los derechos humanos de quienes realizan estas labores.

La descripción anterior expone una serie de factores a considerar, los cuales deben ser parte de la discusión y el debate, el principal quizá es el rol de género, la división sexual del trabajo ha manifestado una serie de construcciones históricas donde la asignación de las actividades laborales, el acceso a los medios de producción y derechos de propiedad, así como la determinación del ingreso, dependen fundamentalmente de género de la persona.

Así las mujeres tienen menores posibilidades de empoderamiento con relación a los varones y además el hecho de que 93 por ciento de las plazas de trabajo doméstico remunerado sean ocupadas por mujeres, determina que el rol de género en la asignación de las actividades laborales es un factor preponderante.

Se marca la diferencia de géneros entre hombres y mujeres, señalando las jerarquías históricamente sobresalientes de los hombres y las mujeres que constituyen las relaciones humanas en todos los ámbitos sociales y primordialmente en el trabajo. La mujer está condicionada y está enmarcada dentro de la marginación, reduciéndola a un espacio privado, por lo que no se le incluye en los procesos de toma de decisiones y de participación política y social. Los derechos que se les imponen y que ellas apropian son solamente a cuidar hijos y el hogar en general. Esto es un factor que por generaciones ha prevalecido, además de que implica un grado mayor de responsabilidad y una carga permanente de preocupación en sus vidas.

El trabajo doméstico aún no es reconocido socialmente y alrededor de él se crea un desprecio constante. El aspecto tangible del resultado de un trabajo del hogar desaparece casi instantáneamente, se invisibiliza, no recibe un valor real. Por otro lado, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado pocas veces está considerado cuando se trata de analizar el funcionamiento de la economía de una sociedad. Los datos proporcionados por los informes oficiales enfatizan el rol económico que la mujer desarrolla a partir de la esfera productiva en el trabajo fuera del hogar.

El trabajo doméstico vivido como responsabilidad exclusiva de todos los días repercute en la forma de pensar de las mujeres, en sus conflictos y en la vivencia de su identidad y de su proyección como personas, así como en su autoestima. De donde se concluye: A partir de los casos de personas empleadas del hogar que por décadas han estado invisibles dentro de una sociedad que las margina y explota se han hecho leyes, pero aún no se respetan eficazmente sus derechos humanos.

La discriminación hacia ellas va desde los nombres peyorativos hasta el abuso sexual como una forma de violencia contra ellas dentro de un lugar privado que no se rige por ninguna ley, por lo que ellas enfrentan una situación de indefensión al no saber qué hacer ni dónde acudir a pedir ayuda. Las personas trabajadoras del hogar, como cualquier trabajador, tienen los mismos derechos humanos laborales y merecen ser tratadas con dignidad.

Se han hecho leyes, no es así, en la reforma laboral de 2012 por ejemplo se reformó discriminatoriamente para ellas con base al capítulo XIII, en su artículo 333 sobre su descanso en la noche de 9 horas y en el inter del trabajo 3 o sea lo que dispone es que las trabajadoras del hogar trabajen 12 horas.

Además de que el capítulo XIII no tiene perspectiva de género, la mayoría son mujeres y por otro lado quieren ser nombradas trabajadoras y trabajadores del hogar como sujetas de derechos.

Cuarta. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo abre una puerta para replantear la forma en como las trabajadoras domésticas acceden a sus derechos laborales, este tratado internacional persigue los siguientes fines:

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas) sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar. Este Convenio, adoptado el 16 de junio de 2011 en Ginebra, tiene como objetivo la defensa de sus derechos humanos –y por lo tanto laborales– para garantizar entre otras cosas, medidas que impidan su abuso y explotación. El documento está diseñado para que los países firmantes fomenten medidas que aseguren que las personas trabajadoras del hogar “disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así? como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”.

El Convenio 189 insta a los Estados miembros a establecer mecanismos de comunicación y diálogo con los actores involucrados, trabajadoras/es y empleadoras/es. Reconoce el derecho de asociación y de negociación colectiva (artículo 3). Aboga por el diseño y puesta en marcha de procedimientos para la investigación de quejas y abusos (artículo 15) y de medidas para la inspección de trabajo (artículo 17). Es objetivo principal del Convenio eliminar las medidas discriminatorias que afectan a las trabajadoras y los trabajadores del hogar y al resto de trabajadoras/es en aspectos como: horas de trabajo y descanso, salario, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, condiciones de vivienda para quienes trabajaban de planta, acceso a seguro social, protección de maternidad o erradicación de abusos.

México no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT. Cabe señalar que, desde la aprobación en 2011 de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos los convenios internacionales que se ratifiquen y que estén relacionados con estos derechos deberán incorporarse a la legislación nacional con rango constitucional. Es decir, la ratificación del Convenio 189 supondría de manera inmediata la regulación del trabajo del hogar en México en los términos que establece la OIT y que son mucho más protectores que los que recoge actualmente la Ley Federal del Trabajo.

En conclusión es necesario ante la sentencia de la Suprema Corte en relación al amparo directo 9/2018, un replanteamiento en la legislación laboral a partir de la ratificación del Convenio 189, por parte del Senado de la República, que dé inicio a una discusión en el Poder Legislativo federal, dada su atribución constitucional para expedir la normatividad en materia laboral, que conlleve a un rediseño de la política en materia de trabajo y seguridad social, como derechos humanos interdependientes e indivisibles, sobre todo a través de la creación de acciones afirmativas que garanticen y protejan a las trabajadoras del hogar.

El régimen voluntario del IMSS, será un paso que sin duda permitirá el acceso a la seguridad social para un gran número de mexicanas y mexicanos, o aún extranjeros que residen en nuestro país, pero que ante las necesidades de la población y sobre todo la presión económica existente sobre el sistema nacional de pensiones, es fundamental que exista una nuevo diseño institucional que permita incorporar otras formas de trabajo.

En este caso, nuestro trabajo ha consistido en luchar e insistir que el régimen al que deben incorporar a las trabajadoras del hogar es el obligatorio ya que el voluntario no cubre todas las enfermedades ni garantiza pensión a las trabajadoras y trabajadores del hogar entre otros.

Sin duda este es uno de los retos de México hacia el futuro, consolidar a través de acciones afirmativas, el acceso a los derechos humanos consagrados en la Ley, los cuales son la base para el desarrollo en plenitud.

Finalmente, anunciamos que próximamente presentaremos reforma a la Ley del Seguro Social, para incorporar a las trabajadoras y trabajadores del hogar a su régimen de protección.

Es por lo expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que se presenta ante esta honorable asamblea popular, los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1o. y 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República, para que, en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como un derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

«Propuesta de modificación a la proposición con punto de acuerdo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del grupo parlamentario de Morena.

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo....

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que informe a esta Cámara de Diputados, el estado que guarda la resolución del amparo directo 9/2018, sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

«Propuesta de modificación a punto de acuerdo, relativo a resolver el amparo número 9/2018 según los artículos 1o. y 123 constitucionales y ratificar el Convenio 189 de la OIT, a fin de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar como derecho inalienable e independiente para su bienestar, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República, para que, en uso de su facultad constitucional ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como derecho inalienable e independiente para el bienestar de este sector poblacional.

Primero. ...

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en pleno respeto al bicameralismo, exhorta al Senado de la República para que, en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como derecho inalienable e independiente para el bienestar de este sector poblacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de octubre de 2018.— Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a la Segob y el INAI a revisar y sancionar los posibles incumplimientos de obligaciones legales por la administración 2012-2018 del gobierno morelense, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, numeral 1, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que revisen y sancionen los posibles incumplimientos de obligaciones legales realizados por la administración 2012-2018 del gobierno del estado de Morelos,teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes

En un estado plagado de injusticias y abusos, al grado que aportó a uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, es triste ver que cien años después, sus autoridades continúan con los hábitos que hicieron de los viejos hacendados porfiristas, personas de triste recuerdo: abusivas y distantes del pueblo, practicantes del patrimonialismo, la ignorancia e incumplimiento de la ley y abusos sin medida.

La administración recién concluida, a cargo del gobernador Graco Ramírez (2012-2018), hizo práctica común del uso indiscriminado de los recursos públicos, fuera de toda norma, sin rendición de cuentas y negado a la transparencia, llegó a niveles pocas veces vistos en el país con anterioridad. Su firme y constante negativa a rendir cuentas y atender la voz popular, lo llevó a que su gestión tuviera aprobaciones por debajo del 20 por ciento. Sus intentos de facilitar la candidatura de uno de sus familiares a gobernador fueron fallidos. Y sus prácticas para tratar de sabotear el proceso de entrega-recepción a la nueva administración llegaron a niveles de escándalo.

Desde 2012 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado 54 auditorías al estado de Morelos. Ninguna ha dado resultados positivos. Entre ellas, figuraron revisiones a la Universidad Autónoma de dicha entidad. Nuevamente, los hechos detectados por los auditores dan evidencia de fallas sistemáticas y con dolo, y no de meros errores administrativos menores.

Al respecto, se precisa que la gran mayoría de las auditorías continúan en proceso y donde se ha determinado un posible daño al erario federal;por ello, y ante el reciente cambio de gobierno en el estado, es necesario dar los elementos de prueba con que se cuente a fin de poder fincar las responsabilidades conducentes, previniendo así la fuga de servidores públicos potencialmente culpables.

Actualmente, la opinión pública nacional critica que en el caso de Javier Duarte, la falta de elementos de prueba suficiente ha dado una sentencia insuficiente para la magnitud de los daños causados. De haberse documentado adecuadamente y a tiempo, hoy la autoridad no tendría dificultad para probar los ilícitos. Por ello, la autoridad morelense y la federal deben actuar con prontitud antes de que todos los indicios probatorios sean escondidos.

Para ejemplificar este argumento, en el anexo del presente punto de acuerdo podrá verse el detalle de los montos de los que se sospecha el uso fue indebido y la comprobación insuficiente.

Adicionalmente, el 19 de septiembre de 2017, se registró un sismo de magnitud 7.1 grados con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, en los límites de los estados de Morelos y Puebla, de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico de México.

La Secretaría de Gobernación, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria en 33 municipios del estado de Morelos,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), y permitió que las autoridades a partir del mismo día del fatal episodio pudieran acceder a él para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Las pérdidas y afectaciones fueron devastadoras, los daños se registraron en viviendas, escuelas, edificios de salud, edificios públicos, tramos carreteros, puentes y negocios, se requirió de trabajos de reconstrucción total o parcial.

En razón a la actividad económica, el estado de Morelos resultó con una afectación por suspensión de actividades de establecimientos en un 55.2 por ciento, siendo el más alto en comparación al resto de las entidades federativas que también fueron afectadas por el sismo.

La reconstrucción fue el principal objetivo, una parte fundamental en la reconstrucción de un estado afectado es la reactivación de la economía local y de la economía familiar, es por ello, que se creó el organismo Unidos por Morelos,con atribuciones amplias para llevar a cabo la reconstrucción del estado de Morelos.

Asimismo, se destinó un fondo especial del gobierno de Morelos para poder cubrir las afectaciones que sufrieron viviendas que no pudieron ser beneficiarias del Fonden.

El organismo Unidos por Morelos, se integraba por un Comité Técnico, encabezado por el entonces gobernador constitucional de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y en el que participaban el entonces titular de Coeval, doctor Juan Pablo Gutiérrez, el saliente secretario de Hacienda estatal, contador público Jorge Michel Luna, en ese momento secretaria de Desarrollo Social, licenciada Blanca Estela Almazo Rogel y la secretaria de la Contraloría vigente, licenciada Adriana Flores Garza, todos del gobierno de Morelos en la administración 2012-2018.

Derivado de la creación del organismo, se intentó realizar acciones tendientes a la reconstrucción del estado, donde tuvieron participación entre otras áreas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación Pública y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Sin embargo, la percepción de los damnificados es que las obras que se han reportado no se han realizado con el nivel de detalle y costo que se reporta; en algunos casos, no ocurren siquiera, en otros son muy menores al reporte oficial. El costo reportado no parece ser acorde con la calidad y cantidad de los trabajos efectuados, en aquellos casos en que los haya. Sin contar que existen también obras totalmente simuladas o con contabilidades dudosas.

Como se han señalado anteriormente, parte del problema es que la nula transparencia realizada por la administración saliente no permitió contar con datos: por ejemplo, su página de transparencia, al momento del cambio de gobierno, incluye la información de los presupuestos de ingresos y ley de ingresos para el año fiscal 2017, esto es, con un año de retraso. No incluyen la información del año en marcha. Por si fuera poco, las consultas al SIPOT dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia para el estado de Morelos reporta que “no se encontraron registros” como puede verse en el caso señalado a continuación, en el que consta que ni para el periodo 2015-2017 ni para el 2018 está la información que por ley debe ser pública:

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=12364 &idEntidadParametro=17&idSectorParametro=21

Por lo anterior, era de suma importancia que la administración saliente del gobierno de Morelos y particularmente a través del organismo Unidos por Morelos, rindieran cuentas del destino y utilización de los recursos otorgados por el Fonden, así como, los fondos especiales que fueron destinados por el gobierno para la reconstrucción por este desastre natural que sacudió al estado de Morelos, en adición a sus obligaciones de transparencia legalmente establecidas.

Dado que, como se ha podido ver, ni la transparencia ni la rendición de cuentas fueron respetadas, es importante que las autoridades federales en materia de auditoría, justicia, y transparencia procedan en contra de las personas responsables, indagando en tiempo y forma las posibles conductas irregulares y, en su caso, documentando aquellas conductas que se pruebe que fueron delictivas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Primero.Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a programar, continuar o concluir a la brevedad las auditorías en proceso al gobierno del estado de Morelos/administración 2012-2018, a la Universidad Autónoma de dicha entidad, y en particular a aquellos relativos al uso de los fondos del Fonden.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación a que, a través de los mecanismos y procesos adecuados, revise el uso de los fondos del Fonden asignados al estado de Morelos a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tercero.Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que revise con cuidado los reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno de Morelos administración 2012-2018, y en caso de encontrar irregularidades, sancione en términos de la ley a los funcionarios públicos responsables.

Anexo: Principales auditorías realizadas a la administración 2012-2018 del Estado Libre y Soberano de Morelos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica).»

«Modificación al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que revisen y sancionen los posibles incumplimientos de obligaciones legales, realizados por la administración 2012-2018 del gobierno del estado de Morelos.

Primero.Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a programar, continuar o concluir a la brevedad las auditorías en proceso al gobierno del estado de Morelos, administración 2012-2018, a la Universidad Autónoma de dicha entidad, y en particular a aquellos relativos al uso de los fondos del Fonden.

Segundo. Se exhorta al ciudadano secretario de Gobernación a que, a través de los mecanismos y procesos adecuados, revise el uso de los fondos del Fonden asignados al estado de Morelos a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que revise con cuidado los reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno de Morelos, administración 2012-2018, y en caso de encontrar irregularidades, sancione en términos de la ley a los funcionarios públicos responsables.

Sin correlativo.

Primero. .....

Segundo......

Tercero.......

Cuarto.Se hace un respetuoso exhorto al Congreso del Estado de Morelos a que analice interponer denuncia de juicio político.

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2018.— Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno del estado de México a realizar acciones relacionadas con la construcción del NAIM, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

El aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) opera hoy en día a su máxima capacidad en diversas horas pico, a pesar de que recientemente se construyó la Terminal 2 y se remodeló la terminal 1, con el objetivo de atender satisfactoriamente una demanda aproximada de 32 millones de pasajeros anuales. Se calcula que el tráfico aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México podría llegar a 119 millones de pasajeros por año en el 2062.

Con base en las necesidades proyectadas, actualmente está en proceso de construcción una nueva terminal aérea dentro de una zona federal de 4,431 hectáreas en los municipios de Atenco, Ecatepec de Morelos y Texcoco, en el Estado de México, aproximadamente a 11.4 kilómetros del centro de la Ciudad de México y a 5 kilómetros del noreste del actual aeropuerto, y donde se tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso entre otros.

De acuerdo con su Plan Maestro la construcción se realizará en 45 años, en 4 fases, con recursos de diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Fideicomisos y entidades federativas.

Sin embargo, la construcción de este aeropuerto está considerada como un megaproyecto; Los megaproyectos se definen como emprendimientos complejos a gran escala que cuestan miles de millones de dólares, tardan muchos años en su desarrollo y construcción, involucran a múltiples partes interesadas tanto públicas como privadas, son transformacionales e impactan a millones de personas.

Y es el caso de este tipo proyectos, cuando aparece lo que se conoce como “Ley de Hierro de Megaproyectos”: sobre el presupuesto, con retrasos, una y otra vez. Dicha “ley”, concluye que sólo uno de cada mil, es totalmente exitoso, porque aparecen sobrecostos, retrasos y las mejores prácticas son un caso atípico; por lo que la práctica promedio es un desastre costoso.

Por ejemplo: el Canal de Panamá, el aeropuerto de Brandemburgo-Berlín, el Tren Bala en California, la Casa de Ópera de Sydney, el Eurotúnel que conecta Reino Unido con Francia y el aeropuerto de Denver en Estados Unidos son ejemplos de megaproyectos de infraestructura que han enfrentado retrasos, caída en los beneficios sociales y sobrecostos millonarios. El sobrecosto y retraso son tales que las economías de estos países estarían mejor si estos proyectos no se hubieran realizado.

Además, la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto cabe resaltar que sin explicación alguna el proyecto original cambió de nombre por Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ya presenta los vicios señalados por Flyvbjerg y que pueden condenar al proyecto mismo a un rotundo y costoso fracaso.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que:

“la industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera en México. Además, es el tercer sector más importante en cuanto a generación de empleo: crea seis millones de puestos de trabajo directos y tres millones indirectos. Tan solo en el nivel federal, para 2018 se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación un gasto en inversión física de 548 mil 984 millones, lo cual representa 10 por ciento del presupuesto total de egresos para este año.

Dadas las cifras anteriores se vuelve fundamental que dichos recursos se gasten de manera transparente, efectiva y fiscalizable. Sin embargo, ese no es el caso. La construcción de infraestructura en México tiene abundantes ejemplos de retraso y sobrecostos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un diagnóstico en 2012 sobre los principales problemas para la fiscalización de la obra pública en México. Por medio de un análisis a 80 contratos de inversiones físicas relativos a proyectos de infraestructura con un monto individual superior a los 100 millones de pesos entre 1999 y 2010, la Auditoría encontró fallas sistemáticas en las contrataciones. Las obras no se ejecutan ni en el tiempo previsto ni en el costo presupuestado originalmente.

Los principales problemas señalados en dicho diagnóstico pueden resumirse como:

1) modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales; 2) incrementos importantes en el monto de inversión y 3) prórrogas en el plazo de contratación, ejecución y puesta en operación”.

Aunado a lo anterior, tres proyectos de infraestructura han sido emblemáticos en el sexenio que está por terminar: el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), y el NAIM. El primero, terminó en suspensión indefinida tras la cancelación de la licitación ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y a Enrique Peña Nieto. Relación dada a conocer gracias una investigación especial del portal de noticias “Aristegui Noticias” titulada: “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”.

Sobre el segundo señala Luis Mauricio Torres en un artículo de opinión publicado en la revista Expansión:

“existe escepticismo acerca de la magnitud de la utilidad pública de conectar el valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, en comparación con otras propuestas.

Además, hacia 2018 los sobrecostos de la obra (iniciada en 2014 sin contar con todos los requerimientos legales) han hecho que su construcción haya dejado de ser socialmente rentable, de acuerdo con datos del análisis costo-beneficio presentado originalmente por las autoridades”.

En cuanto al tercer proyecto, es decir, el NAICM o ahora conocido como NAIM, en el documento “Resumen ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, se plantea que los resultados de la evaluación arrojan una Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) del 13.38 por ciento, lo que significa que está ligeramente por encima del 10 por ciento requerido por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo, como es posible apreciar también, resulta muy pequeño su margen positivo de beneficio proyectado originalmente.

Como ya se señaló, el riesgo de no lograr un megaproyecto exitoso es muy alto, más cuando es tangible que la corrupción en el desarrollo de las obras de infraestructura en México es una marca indeleble del grupo en el poder que lo ha proyectado e iniciado, además existen importantes complicaciones técnicas propias de la construcción.

Como muestra de lo señalado, es necesario hacer referencia a la obra de infraestructura previa y más directamente relacionada con la construcción en comento: La construcción de la Terminal 2 (T-2) del AICM. Los siguientes datos son reveladores:

Información del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea –que manejó Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) junto con el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología– indica que cada año la T-2 del AICM se hunde 10 veces más de lo que originalmente proyectaron quienes desarrollaron el proyecto de la nueva terminal, que cabe señalar, son los mismos (aunque con otra figura jurídica), quienes ahora están a cargo de la construcción del NAIM.

Esto es resultado de los dos principales factores señalados, las complicaciones técnicas debido a la naturaleza del subsuelo, así como la corrupción en su construcción.

Por ejemplo: en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2006, la ASF informó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares no verificó que TGC Geotecnia realizara los 19 sondeos que exige la norma sobre mecánica de suelos.

Además, el órgano fiscalizador determinó que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Gutsa, empresas responsables de la cimentación y estructura metálica, recibieron pagos extraordinarios por trabes que al parecer no colocaron.

Al respecto y siendo uno de los casos más graves, es que sobre el mismo pilote fueron construidos el Dedo Sur y el Edificio Terminal a pesar de que cada estructura debía tener su propia cimentación y en el edificio del estacionamiento se colocaron columnas rectangulares que, según los planos, debían ser circulares, en contravención de los artículos 35, fracción IX, 39 fracción I, incisos c y d, 53, 141 y 166, y el numeral 1.10 Separación de edificios colindantes de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, publicadas en el Diario Oficial del Distrito Federal el 6 de octubre de 2004, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, vigente en ese momento; en virtud de que tendrían hundimientos diferentes.

Además, como el hundimiento resultante es diferenciado en cada una de las seis estructuras y edificios que conforman la T-2, ha llevado a las autoridades aeroportuarias a recurrir al uso de rampas, zoclos y grava para tratar de ocultar los desniveles.

La T-2 se comenzó a construir en 2005, luego de que la administración Fox tuvo que desistir de construir el aeropuerto de Texcoco, gracias a la heroica lucha de los habitantes del pueblo de San Salvador Atenco liderados por Ignacio del Valle. La obra debió concluirse en 2006 pero entró en operaciones hasta noviembre de 2007 e inaugurada formalmente hasta marzo de 2008.

El costo programado de la obra era de 400 millones de dólares y su costo real fue de 508.5 millones de dólares, más del 27 por ciento proyectado originalmente. De repetirse estos delitos y vicios, que seguramente quedaron impunes se compromete totalmente la utilidad social de la obra y a las finanzas del Estado Mexicano.

Desafortunadamente esto es ya una realidad. Una nueva investigación periodística de Aristegui Noticias señala que auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 millones 885 mil pesos en el Nuevo Aeropuerto. A esta cifra hay que sumar las irregularidades encontradas por la ASF en su revisión de 2016, que son por mil 17 millones de pesos y sumar las de 2017, y 2018 que también presentan irregularidades.

La investigación periodística revela, además, que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha firmado convenios de colaboración con otras dependencias (como el Ejército, CFE, la UNAM, etcétera) que no comprobaron tener capacidad técnica para realizar trabajos para los cuales fueron contratadas; este esquema les ha permitido evadir licitaciones públicas por más de 6 mil millones de pesos, según documentos públicos. Sedena, por ejemplo, obtuvo un contrato para construir la barda y camino perimetral del aeropuerto, pero en realidad subcontrató todas las tareas.

Existen también pagos irregulares. En diciembre de 2017, los auditores ordenaron a la empresa FP-Free el reintegro de 754 millones 724 mil pesos por cobros que realizó fuera de la norma.

“FP-FREE es el despacho de arquitectura que encabeza Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, uno de los empresarios que participa en la construcción y financiamiento del nuevo aeropuerto y quien ha defendido públicamente la necesidad de concluirlo”.

La auditoría 05/2017 incluye siete observaciones, de las cuales dos se refieren al despacho de arquitectura por cobros que realizó al GACM fuera de norma.

La primera observación ordena al despacho regresar 61 millones 501 mil 723 pesos. Los revisores encontraron dos cargos improcedentes en el rubro de mano de obra, los cuales ya debían estar incluidos en su cotización original.

La segunda observación indica que GACM pagó 693 millones 222 mil pesos al despacho por trabajos extraordinarios que no estaban contemplados en el contrato original.

El documento indica que la dependencia no autorizó por escrito las “Estimaciones Extraordinarios” que se entregaron con conceptos fuera del catálogo, por lo que se ordenó el reintegro mediante descuentos en las siguientes facturas”.

Más allá de la propia viabilidad económica del proyecto, es muy importante también voltear a revisar que se cumpla con los principales beneficios directos prometidos.

Por último, si los sobrecostos del mantenimiento impactan en los gastos de operación y mantenimiento, lo que orillaría a incidir directamente en los costos operativos tanto de la terminal como de las aerolíneas, y por ende en el costo de los boletos.

Beneficios para la sociedad en general en tela de juicio

A continuación se detallan los incluidos en la evaluación social del proyecto del año 2014:

Como es posible apreciar, de los 14 rubros señalados, únicamente 4 impactarán de manera directa en beneficios para los usuarios. En contraparte, las distintas proyecciones no señalan a detalle el impacto de dichos beneficios y dejan de lado otros factores que pudieran tener como resultado el encarecimiento de los servicios tanto de transporte, como de las vías de acceso entre otros, pudiendo poner en riesgo la viabilidad misma del proyecto.

Cabe destacar lo que señala Ana Ogarrio:

“El NAICM es un proyecto de una escala sin precedentes que podría ocasionar un grave problema vehicular si la conectividad con el resto de la ciudad no se resuelve adecuadamente”.

El jueves 14 de abril de 2016 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que se analizaba la posibilidad de construir un tren suburbano para conectar la estación de metro Buenavista con el NAICM, pero desde ese momento y hasta ahora se desconocen los detalles del proyecto.

Ogarrio también señala que:

“Según cálculos del gobierno, la construcción del NAICM incrementará el número de viajes al aeropuerto en un 84 por ciento (de 322 mil en 2014 al AICM a 593 mil en 2020 al NAICM). Este cálculo incluye 170 mil viajes a Ciudad Aeropuerto, una zona urbanizable de 375 hectáreas (donde cabrían más de 80 zócalos de la ciudad) que colinda con el NAICM y sobre la cual no se sabe casi nada”.

Aunado a lo anterior, a principios de marzo de 2016 se anunció que a raíz de los recortes presupuestales se canceló la línea A del Metro que hubiera conectado mediante siete nuevas estaciones a Pantitlán con La Paz, en Chalco.

Ogarrio al respecto afirma que:

“Este proyecto era una pieza importante del plan de movilidad para el NAICM, el cual ahora no tiene una solución para conectarlo con el oriente de la ciudad donde habita la mayoría de sus empleados. De hecho, las consecuencias de esta cancelación van mucho más allá del nuevo aeropuerto, pues afectan directamente a las cientos de miles de personas que viven en esa zona periférica y que laboran en la Ciudad de México. Estos cambios en las propuestas de transporte ponen en tela de juicio la viabilidad financiera del plan de movilidad y enfatizan la necesidad de hacer pública su [alcance y] estrategia de financiamiento.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dé a conocer a la opinión pública lo siguiente:

• Impacto regional, acumulativo y sinérgico, en caso de la utilización de las actuales instalaciones aeropuerto internacional de la Ciudad de México en proyectos de desarrollo inmobiliario.

• Con base en estudios actuariales de los primeros veinte años de operación, la proyección del costo anual del:

– Mantenimiento directo por el hundimiento regional y específico anual del terreno y las construcciones.

– Mantenimiento General Anual.

• Impacto del costo de mantenimiento general anual en:

– Costo de los boletos de avión

– Tarifas de uso de aeropuerto (TUA) nacional e internacional y en su caso, de interconexión.

– Costos de operación de las aerolíneas

Proyecciones de los costos a los usuarios (en comparación con valor actual) del costo de:

• Peaje las Autopistas alimentadoras al NAIM

– Circuito Exterior Mexiquense

– Autopista Peñón-Texcoco

– Autopista Pirámides-Texcoco

– Autopista Siervo de la Nación

– Autopista Naucalpan-Ecatepec

• Estacionamientos Públicos dentro del NAIM

• Comparativa de situación actual del AICM y la proyectada con el NAIM de:

– Tiempos de traslado desde los principales centros de demanda.

– Costos de traslado para acceder a las instalaciones aeroportuarias vía transporte público (por persona).

– Riesgo de operaciones canceladas por condiciones climáticas.

– Impacto presupuestario en las finanzas públicas de la Ciudad de México, por el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo del gobierno del estado de México, para que dé a conocer a la opinión publica de manera detallada de contrataciones de:

• Obras concluidas y en proceso (tipos de adjudicación, desarrolladores, costos y tiempos previstos y finales).

Para los próximos diez años, relacionadas directa o indirectamente al funcionamiento e impacto regional, acumulativo y sinérgico del NAIM, incluyendo el Plan de Conectividad Vial y de Transporte Masivo en los municipios de Acolman, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo un programa especial de auditorías a los estudios y trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua, relacionados con la construcción del NAIM.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Razones-por-las-que-Mexico- necesita-un-nuevo-aeropuerto-20171022-0112.html

2 ASF (2017) Informe Especial: Estrategia de Fiscalización del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados. Octubre de 2017

3 Ídem.

4 Flyvbjerg, B, 2014, “What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview,” Project Management Journal, vol. 45, no. 2, April-May, citado en: Riesgos de corrupción en megaproyectos de obra pública: Estudio de caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Instituto Mexicano para la Competitividad (2018).

5 IMCO (2018) Estudio de caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Instituto Mexicano para la Competitividad, pág. 5. [En línea]:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Documento-NAIM-2018-1.pdf

6 Torres Alcocer, Luis M. (2018) ¿Megaproyectos o Mega Elefantes Blancos? Expansión 25/09/2018 [En línea]:

https://expansion.mx/opinion/2018/09/25/opinion-megaproyectos-o- mega-elefantes-blancos

7 La Tasa Interna de Retorno Social o Tasa Interna de Rendimiento Social, (TIR social) es el porcentaje que representa el rendimiento promedio anual de un proyecto respecto de la inversión inicial requerida. (Metodología Integral para la Evaluación de Proyectos de Asociación Público –APP, 2018)

8 SCT (2014), Resumen ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, septiembre 2014. [En línea]:

http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/documentos.do?idDcoumento=138553 &idTipoDoc=1&idPPi=42063

9 Martínez, Martha (2014) “Se hunde la T-2”. Periódico Reforma, 10 de junio de 2014, [En línea]:

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=256532

10 ASF (2006) “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, Tomo IV Sector Comunicaciones y Transportes Vol. 5 pág. 169

11 Ibídem, Martínez, Martha (2014).

12 Auditorías LPN-OP-DCAGI-SC-093-16 y LPN-OP-DCAGI-SC-052-17, entre otras.

13 Barragán, Sebastián (2018) Auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 mdp en Nuevo Aeropuerto, Aristegui Noticias. 27/05/2018 [En línea]:

https://aristeguinoticias.com/2705/mexico/auditorias-ineditas- muestran¬pagos-irregulares-por-765-mdp-en-nuevo-aeropuerto/

14 Gastos de explotación u OPEX, consiste en los costes recurrentes de un producto, sistema o compañía. También puede abarcar los gastos de las instalaciones, como el alquiler o mantenimiento, o de los empleados.

15 Ogarrio, Ana (2016), ¿Y cómo llegaremos al nuevo aeropuerto? Animal Político, 19 de abril de 2016 [En línea]:

https://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2016/04/ 19/y-como-llegaremos-al-nuevo-aeropuerto/

16 Ibídem Ogarrio.

17 Ibídem Ogarrio.

Dado en la Cámara de Diputados, el 23 de octubre de 2018.— Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»