INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 31 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 31 de octubre de 2018 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Turismo, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

4. Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona los artículos 50 y 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, relativo a la violencia creciente contra las mujeres en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revisar las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche en México, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo a aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicletas, sin proporcionar casco y excediendo la disponibilidad de asientos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

Turismo Sexual: La definición oficial de turismo sexual es: “Tipo de viaje en el que el turista se desplaza a un concreto país donde poder tener sexo a cambio de una cantidad económica.

El turismo sexual ha incrementado debido a las diversas inquietudes sexuales de las personas, ya que se sienten atraídas por un particular atractivo, asimismo, la discreción y libertad que ofrece un desconocido en un país extranjero o por simple fetichismo. En muchos países como Brasil la prostitución está prohibida, y en otros como Tailandia es uno de sus mayores exponentes económicos y sociales”.

El turismo sexual infantil es una forma de explotación sexual comercial infantil realizada por personas que viajan a un lugar distinto al de su residencia, para involucrarse en actos de carácter sexual con menores de edad.

Un turista sexual infantil es un individuo que viaja al extranjero con el propósito de sostener relaciones sexuales con menores. Generalmente son hombres, entre los 40 y 60 años, de todas las clases sociales. La mayoría que busca esta clase de servicio proviene de Europa occidental y Estados Unidos. No son necesariamente pederastas, sino lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denomina como “abusadores transitorios o situacionales”, que se involucran en las relaciones sexuales con niños si la oportunidad se presenta.

Con frecuencia los turistas sexuales viajan desde un país de origen más rico a otro menos desarrollado, o puede también tratarse de viajeros dentro de su propio país o región. Algunos turistas sexuales infantiles toman como blanco exclusivo de sus ataques a niños o niñas, pero la mayoría de abusadores no tienen generalmente una preferencia sexual por los niños y niñas; se trata más bien de abusadores situacionales que en forma inescrupulosa toman ventaja de una situación de anonimato así como de las diferencias socio-económicas existentes en las localidades que visitan.

El turismo sexual infantil más sonado es la venta de niños o niñas por parte de los padres, a personas desconocidos a cambio de una percepción económica, ya que se les imposibilita hacerse cargo de la manutención y cuidado de sus hijos por la pobreza extrema en la que se encuentran, aunque en algunas otras ocasiones los menores de edad son directamente vendidos a organizaciones dedicadas a la prostitución infantil.

“Lo alarmante a todo esto es que México se coloca en el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil, esto sólo superado por Tailandia, asimismo México, es catalogado como un país fuente de tránsito y destino de trata de personas.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, en donde el 20 por ciento de estos desplazamientos, el sexo es buscado por los turistas, de los cuales un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Lo que refiere que al menos tres millones de personas que viajan por el mundo buscan sexo con menores de edad”.

Desafortunadamente en varios centros turísticos y algunas ciudades, en especial las fronterizas del país, ofrecen a niños y niñas como parte del turismo sexual y más de 40 páginas de internet señalan a México como uno de los países donde hay más probabilidades de explotar a niños y niñas.

Regularmente los que padecen explotación sexual con mayor frecuencia son los niños y niñas, ya que los abusadores se sienten atraídos por el anonimato que les otorga un país foráneo. Se sienten exonerados porque esa relación ilícita sucede por fuera de sus fronteras. Muchos justifican su comportamiento sosteniendo que los niños de esos países no son tan inhibidos sexualmente o que allí no existe tanto tabú contra las relaciones físicas con menores. También creen que les están haciendo un favor al darles dinero por sus servicios y paliar su pobreza.

Como ya se había mencionado anteriormente, las principales víctimas son millones de niños y niñas de los sectores más vulnerables de la sociedad y principalmente del mundo en desarrollo. Los estudios indican que son sometidos a prostituirse con hasta treinta clientes por semana. Sus edades varían, pero recientemente se ha incrementado el número de niños menores de 10 años involucrados en este asunto.

Derivado de que los menores viven en condiciones escasas, mal alimentados y en constante temor de sufrir violencia, son agredidos por los clientes, castigados o arrestados por las autoridades.

La mayoría de los niños y niñas están afectados por distintas enfermedades infecciosas para las cuales no reciben tratamiento. Algunos buscan la salida de esta situación mediante el consumo de drogas y el suicidio.

Los explotadores sexuales forman parte de complejas redes internacionales que utilizan internet para difundir información sobre los sitios ideales para este tipo de actividad y cómo planear el viaje. Se han dado casos de organizaciones de explotación de menores que se escudan detrás de fachadas aparentemente legítimas, como agencias turísticas, para realizar sus actividades. Ya en el país donde existe la oferta, una estructura más informal de gente “común y corriente” sirve para coordinar el contacto.

¿Qué medidas se están tomando para combatirlo?

Muchos países donde ocurre la explotación sexual de menores han adoptado leyes que penalizan estos abusos, pero en pocos se aplican las penas contra los turistas. También existe un conflicto con los intereses de un gobierno de no ahuyentar el turismo internacional legítimo y la prosperidad económica que esto le representa. Sin embargo, la epidemia del turismo sexual con menores sigue en aumento.

Organizaciones como Unicef y ECPAT (el grupo internacional para terminar con la prostitución, pornografía, tráfico y explotación sexual infantil) realizan campañas de divulgación, concientización y de inclusión de otros sectores de la sociedad para ponerle fin a esta problemática”.

La explotación sexual se ha convertido en la modalidad más prevalente de esclavitud moderna, en nuestro país, ya que “atenta contra los derechos de libertad y de justicia de los individuos que caen atrapados en sus redes”, situación en la que viven más de 45.8 millones de personas en 167 países, de acuerdo con el Global Slavery Index 2016.

“La demanda masculina de mujeres y niñas es la raíz de la prostitución, además de “la desigualdad de género, la globalización, la pobreza, el racismo, la migración y el colapso de la estabilidad económica de la mujer; todos estos contribuyen a crear las condiciones en que una mujer es impulsada a la industria sexual, ya que se calcula que el 82 por ciento de las víctimas son mujeres, y más del 50 por ciento son menores de edad”.

El destino turístico con mayor afluencia para comercio sexual se encuentra en Acapulco. Cancún, Tijuana, Guadalajara y la frontera norte son los principales destinos donde se puede realizar el turismo sexual infantil y de adolescentes, según un reporte que evalúa a México y a otras 48 naciones, de acuerdo con la ECPAT , que realiza proyectos en conjunto con la Unicef para combatir y erradicar la explotación sexual de menores, así como la Organización Mundial de Turismo. La mayoría de los turistas sexuales provienen de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania.

Asimismo, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico, y se estima que reporta una ganancia de siete mil millones de dólares anuales.

Aunado a lo anterior, existen diversos ordenamientos jurídicos internacionales que prohíben, así como solicitan a los gobiernos a combatir el turismo sexual, pero no ha sido suficiente para erradicar con el problema, por mencionar algunos ordenamientos, se mencionan los siguientes:

-Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994;

-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994;

-Declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la prevención del turismo sexual organizado, de 1995;

-Primer Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, llevado a cabo en Estocolmo, Suecia, en 1996.

-Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil, de 1997;

-La Cumbre Internacional de los Niños y Jóvenes Víctimas de la Explotación Sexual, de 1998;

-Declaración y Plan de Acción de los Niños y Jóvenes Víctimas de la Explotación Sexual, de 1998;

-La Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, de 1999;

-La Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en Internet, de 1999;

-Convenio número 182 de la OIT y su Recomendación número 190, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación,

-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2001;

-El Congreso Interamericano contra la Explotación Sexual de Niños, de 2001 y el II Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, de 2001 y el Compromiso Mundial de Yokohama, de 2001 y la Sesión Especial de Naciones Unidas en favor de la infancia, celebrada en Nueva York, en 2002.

Además el Código Penal federal contempla en el Título Octavo que comprende “Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad”, en su Capítulo III, relativo al “Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”, en su artículo 203 establece que se comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Con esta iniciativa se busca inhibir la prostitución infantil y en especial la vinculada con el turismo, lo que está estrechamente ligado con el turismo sexual infantil, tanto como los aspectos de la oferta y la demanda de este lamentable fenómeno.

Como legislador considero indispensable unirnos con la industria del turismo para incrementar la conciencia y tomar medidas prácticas contra el abuso sexual infantil.

Creemos que en esta lucha debemos aliarnos todos, pero principalmente con prestadores de servicios de hospedaje, operadores turísticos y en general con toda la actividad turística para que se promueva y actúe en la prevención del turismo sexual infantil.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58, de la Ley General de Turismo.

Único. Se adiciona una fracción XVI al artículo 2, reforma las fracciones XV y XVI y adiciona una fracción XVII al artículo 44, y adiciona una fracción XIII al artículo 58, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. a XV (...)

XVI. Impedir la proliferación del turismo sexual. La secretaría establecerá, en coordinación con las autoridades competentes, las medidas necesarias para erradicar las zonas de turismo sexual en las que se vean involucrados niñas, niños, adolescentes y todas las personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.

Capítulo II
Del Fomento a la Actividad Turística

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a XIV (...)

XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados,

XVI. Incluir en toda la promoción realizada por el Fondo o en convenio con este, la leyenda: “Es un delito la promoción o inducción a la prostitución o explotación sexual, comercial o no, de niñas, niños, adolescentes y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho”.

XVII. En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto.

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. a XII (...)

XIII. Impedir y denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto de promoción, inducción, prostitución y explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y de todas las personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho. Quien teniendo conocimiento de los hechos señalados en esta fracción como autor, cómplice, por comisión por omisión u omisión impropia, no denuncie ante las autoridades competentes se hará acreedor a las sanciones que se establecen el Código Penal Federal y demás ordenamientos legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Polémica del Turismo Sexual.

https://www.vix.com/es/imj/mundo/5576/la-polemica-del-turismo-sexual

2 Turismo Sexual Infantil.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/02/15/mexico-segundo- lugar-nivel-mundial-turismo-sexual-infantil.html

3 La verdad del Turismo Sexual Infantil.

http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2009/06/ 090602_1320_turismo_sexual_qanda_wbm

4 Turismo Sexual Infantil.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/02/15/mexico-segundo-lugar- nivel-mundial-turismo-sexual-infantil.html

5 Turismo Sexual Infantil.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/02/15/mexico-segundo-lugar- nivel-mundial-turismo-sexual-infantil.html

6 Turismo Sexual Infantil .http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de septiembre de 2018.— Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un elemento de la naturaleza, siendo parte integrante de los ecosistemas naturales, este es fundamental para el sustento y reproducción de la vida en el planeta.

El agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno, de los seres vivos y de los seres humanos, es un elemento indispensable para la subsistencia en el planeta.

El agua interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos, como la fotosíntesis de las plantas, por ende es un elemento de primera necesidad en el país.

El agua es el fundamento de la vida, es un recurso crucial para la humanidad y para los seres vivos, ya que se necesita no sólo para beber, sino para las necesidades básicas, es prioridad para cubrir las necesidades de consumo, las necesidades alimentarias (preparación de alimentos y cocina) y las necesidades de higiene personal.

“Gran parte de la población en el país recurre al agua para mantener activa su economía, a través de actividades como la agricultura, la pesca comercial, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo.

El propio bienestar de la sociedad exige no sólo un agua potable y limpia, sino también agua limpia para la higiene y el saneamiento, además de que también se necesita agua limpia para las costas, ríos, mares, etcétera”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4, en su párrafo sexto:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Sin embargo, a pesar de que el acceso al agua es un derecho primordial y fundamental, en la actualidad no todas las personas tienen el acceso libre a ella y no toda el agua es tratada para que se mantenga libre de contaminación.

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el saneamiento del agua es muy importante y es fundamental para proteger la salud pública.

“Cuando algo se mantiene sucio, se producen dos efectos inmediatos, el primero es que existe un aspecto desagradable y el segundo es que se convierte en un gran riesgo para la salud”.

Hay que recordar que todo lo que no está correctamente saneado se convierte en un foco de infección.

El saneamiento se define como el conjunto de técnicas y sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de un edificio, una comunidad o una ciudad; y también como el sistema de evacuación y tratamiento de los residuos urbanos e industriales de una ciudad”.

Es necesario mencionar que el saneamiento es imprescindible para prevenir enfermedades que sufren millones de personas, por mencionar algunas: enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales y enfermedades diarreicas.

“Acceder a una fuente básica de agua potable parece posible, sin embargo, el acceso universal a instalaciones de saneamiento básicas no lo es. 90 por ciento de las aguas residuales en los países en desarrollo se vierten parcialmente tratadas o sin tratar directamente a ríos, lagos u océanos.

Las personas en situación de pobreza de las zonas urbanas de grandes ciudades están expuestas a sistemas de alcantarillado deficientes o inexistentes, donde escasean los aseos con inodoro y las instalaciones de eliminación de residuos.

Las desigualdades en el acceso se ven agravadas cuando las aguas residuales de los hogares más ricos se vierten en desagües pluviales, cursos de agua o vertederos y contaminan las zonas residenciales pobres.

Un saneamiento deficiente contribuye a la malnutrición y va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis”.

Por mencionar un ejemplo, el lago de Chapala ubicado en mi estado de Jalisco, se encuentra en una situación compleja, el exceso en el gasto de agua por parte de los habitantes, los altos niveles de contaminación debido principalmente a los desechos urbanos, agrícolas, ganaderos y descargas industriales, así como la falta y buen manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales son algunos de los principales problemas que afectan al lago.

Actualmente parte de la población afectada por la contaminación del lago de Chapala, han solicitado a las autoridades que no hagan caso omiso a la problemática, pero sin embargo no les han brindado la atención necesaria ni soluciones concretas para el lago, siendo esta una grave problemática que sobre todo causa estragos en la salud de los pobladores ya que ha incrementado el índice de enfermedades renales, respiratorias e intestinales y los fallecimientos derivado de estas.

Es lamentable que casi un millón de personas de bajos y medianos recursos mueran cada año como consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento e higiene deficiente. Estas muertes representan 60 por ciento del total de fallecimientos por diarrea. “Los países en que la defecación al aire libre está más extendida registran el mayor número de muertes de niños menores de cinco años, así como los niveles más altos de malnutrición y pobreza y grandes disparidades en relación con la riqueza”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2 mil 300 millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a servicios básicos de saneamiento y cada vez están expuestos a un sin número de enfermedades, debido a que los ríos, lagos, mares y las aguas residuales o también denominadas aguas negras se encuentran contaminadas derivado de la actividad humana en hogares, empresas, industrias, la agricultura y la ganadería.

Al estar contaminada, el agua debe de ser desalojada y conducida a las plantas de tratamiento, esta deberá ser procesada y desinfectada para después ser reutilizada o devuelta al medio natural en condiciones adecuadas.

“El desalojo adecuado y tratamiento para las aguas contaminadas no ocurre en todos los países, por lo menos no en los niveles adecuados, como es en el caso de México. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo 34 por ciento de los municipios del país realiza el tratamiento de las aguas residuales, supone que 66 por ciento de las aguas contaminadas son vertidas en ríos propiciando la alteración y degradación del ecosistema, afectando a su vez las vidas humanas de sectores cercanos.

Con base en lo anteriormente expuesto, se conoce que en México existe un total de mil 941 plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, sin embargo, esto supone una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda para el saneamiento de las aguas contaminadas”.

El objetivo e importancia de las plantas de tratamiento consiste en la desinfección de las aguas contaminadas para preservar el medio ambiente y propiciar una mayor disponibilidad de este recurso. Para ello se cuenta con normativas nacionales como el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

Igualmente, de acuerdo con las normas oficiales de México para la preservación del medio ambiente, se tienen las siguientes normativas:

• NOM-001-ECOL-1996: establece límites máximos de contaminantes en las aguas residuales.

• NOM-002-ECOL-1996: establece los límites de contaminación permitido en aguas residuales vertidas en los sistemas de alcantarillado urbano.

• NOM-003-ECOL-1997: establece el límite de contaminación permitido en aguas residuales tratadas con el fin de ser reutilizadas en servicios públicos.

• NOM-004-ECOL-1998: específica y establece los límites de contaminación permitidos en los lodos provenientes de las plantas para el tratamiento de aguas residuales.

Sin embargo, a pesar que hay normas y leyes que protegen a nuestro medio ambiente, estás son violadas y no son respetadas por el mismo gobierno y van en contra de ellas.

Es sumamente necesario que el saneamiento de las (aguas, ríos, lagos, mares, lagunas, etcétera) y su tratamiento sea una prioridad para la federación, sus estados y municipios, es importante facultar a sus autoridades respectivas a que promuevan y realicen el saneamiento de aguas regularmente, y que implementen plantas de tratamiento para brindar aguas limpias y libres de contaminación a la población, y así disminuir gran parte de las enfermedades y muertes de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XXI y XXII y adiciona una fracción XXIII al artículo 5, reforma la fracción XXI y XXII y adiciona una fracción XXIII al artículo 7, reforma la fracción XVI y XVII y adiciona una fracción XVIII al artículo 8, reforma la fracción IV y V y adiciona una fracción VI al artículo 171, reforma la fracción IV y V y adiciona una fracción VI al artículo 173, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Único. Se reforma la fracción XXI y XXII y adiciona una fracción XXIII al artículo 5, reforma la fracción XXI y XXII y adiciona una fracción XXIII al artículo 7, reforma la fracción XVI y XVII y adiciona una fracción XVIII al artículo 8, reforma la fracción IV y V y adiciona una fracción VI al artículo 171, reforma la fracción IV y V y adiciona una fracción VI al artículo 173, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 5.Son facultades de la federación:

I. a XX. (...)

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

XXII. Realizar periódicamente el saneamiento de aguas residuales, lagunas, ríos, lagos, mares, que se encuentren dentro de la zona federal, que estén contaminados y pongan en peligro la vida de las personas y se ejecute la instalación de plantas de tratamiento, para el cuidado de la naturaleza y un funcionamiento sostenible para la sociedad, y

XXIII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 7. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XX. (...)

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

XXII. Realizar periódicamente el saneamiento de aguas residuales, lagunas, ríos, lagos, mares, que se encuentren dentro de los diversos estados mexicanos, que estén contaminados y pongan en peligro la vida de las personas y se ejecute la instalación de plantas de tratamiento, para el cuidado de la naturaleza y un funcionamiento sostenible para la sociedad, y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación.

Artículo 8.Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XV. (...)

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

XVII. Realizar periódicamente el saneamiento de aguas residuales, lagunas, ríos, lagos, mares, que se encuentren dentro de los diversos municipios, que estén contaminados y pongan en peligro la vida de las personas y se ejecute la instalación de plantas de tratamiento, para el cuidado de la naturaleza y un funcionamiento sostenible para la sociedad, y

XVIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación o a los estados.

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I. a III. (...)

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley,

V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

VI. La inhabilitación o destitución de su cargo, en caso de ser un servidor público perteneciente al sector federal, estatal o municipal, que realice una acción que dañe o deteriore al medio ambiente, que viole la ley u omita cumplirla.

Artículo 173.Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en cuenta:

I. a III. (...)

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

VI. Si el que viola la ley u omite cumplirla es un servidor público, se valorará imponer el doble de la sanción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Importancia del agua.

http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info86/articulos/ importanciaAgua.html

2 Importancia del saneamiento.

https://www.importancia.org/saneamiento.php

3 Saneamiento como beneficio de la salud. OMS.

https://www.universidadviu.com/saneamiento-todos-beneficio-la-salud/

4 Organización Mundial De La Salud. (OMS)

https://www.universidadviu.com/saneamiento-todos-beneficio-la-salud/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.— Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona el artículo 39, y adiciona los artículos 45 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 26 de la Ley de la Policía Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra generación posiblemente enfrenta los retos de seguridad pública más importantes desde la década de 1930 y la violencia delincuencial que les caracteriza encuentra como primera frontera institucional a las instancias policiales de nuestro país, algunas de ellas infiltradas por la delincuencia pero la mayoría ofreciendo a la nación el compromiso pleno de los elementos. Este sacrificio que miles de servidores públicos realizan en las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno se refleja, entre otras variables, a través de las cifras de elementos policiales que, en cumplimiento del deber, causan baja por muerte.

Entre los costos del esfuerzo humano e institucional que hacen las distintas instancias policiales del país encontramos el saldo que anualmente registran las bajas por muerte, mismas que hasta septiembre de este año ya acumulaban 307 elementos asesinados durante 2018. Esta cifra muestra se dimensiona al contrastarla con las cifras que se manejan oficialmente en países latinoamericanos como Argentina, en donde la suma de todos los policías caídos entre 1983 y 2007, 24 años, apenas ronda las muertes de policías en México durante este año. Asimismo, la comparación se distingue más si consideramos que las bajas por muerte de policías argentinos han sido uno anualmente en 2016 y 2017.

Los conteos de muertes de policías elaborados por organizaciones de la sociedad civil y prensa, fundado en cifras oficiales y fuentes abiertas, marcan una tendencia fluctuante al alza en las muertes de elementos de seguridad pública detonada después de 2007, cuando fueron asesinados 220 policías, subiendo a 240 en 2008, 300 caídos en 2009, 430 en 2010 y 517 para 2011.

Posteriormente, tras concluir el periodo presidencial 2006-2012, la muerte de policías se redujo abruptamente casi en 50 por ciento pero al tercer año de la actual administración volvió a presentar una tendencia a la alza. Esto, debido a que después de bajar a 297 en 2013 y 232 policías muertos en 2014, en 2015 nuestras instituciones reportaron 265 elementos muertos y en 2017 561 policías asesinados, superando los niveles de 2012.

Derivado de todo lo anterior podemos estimar que durante este sexenio, alrededor de mil 500 policías fueron dados de baja por muerte, es decir, alrededor de mil 500 familias de policías perdieron un integrante y posiblemente la principal fuente de ingreso. Asimismo, considerando que, según el Inegi, 78 por ciento de los policías, hombres y mujeres, tienen pareja o cónyuge, en 6 años, potencialmente mil 170 familias perdieron a un padre o una madre que ofreció su vida por la sociedad.

En circunstancias normales, las instituciones policiales generan mecanismos de apoyo para las familias de policías que mueren en el cumplimiento del deber. Así, por lo general se establecen pensiones, apoyos y reconocimientos a los familiares sobrevivientes del elemento fallecido. Sin embargo en nuestro país, este tipo de respaldo institucional no está estandarizado en la totalidad de las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno; en muchos casos es discrecional o corresponde a un gesto institucional que no tiene sustento en reglamentos o leyes; en ocasiones es un solo pago y es exiguo; en algunos casos hay una pensión pero es insuficiente para seguir cubriendo necesidades básicas como la educación de los hijos, y se han registrado casos en los que el apoyo a la familia únicamente se limita a un reconocimiento público verbal.

Ello abona a la falta de incentivos que caracterizan al entorno laboral de quienes se desempeñan como servidores públicos en el ámbito de la seguridad pública, generando incertidumbre tanto al elemento como a los deudos y a la autoridad que ofrece los apoyos y genera debilidad en el denominado “espíritu de cuerpo” o sentido identitario del policía.

Frente a esta ausencia de apoyos estandarizados en nuestro país, existen casos de respaldo institucionalizado y estandarizado nacionalmente en el ámbito internacional, tal y como sucede Canadá, donde no hay cifras de policías asesinados comparables a las registradas en México pero la Real Policía Montada tiene seguros de vida para sus elementos en caso de muerte, mismos que se sujetan a instrumentos transparentes y mantienen la información de los deudos reservada.

Encontramos también el caso de la Policía Nacional de Colombia, institución que ha tenido cifras altas de muertes de policías y donde la Ley de Beneficios 1699 de 2013 “tiene como objeto mejorar la calidad de vida de los pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de la Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por acción directa del enemigo o en combate, mediante el acceso a créditos educativos y descuentos especiales en supermercados, hoteles, tiquetes aéreos, telefonía celular, boletería de cine, entre otros establecimientos comerciales”.

Ante el contexto descrito y considerando los ejemplos de Canadá y Colombia, la iniciativa que propongo a esta soberanía busca facultar a las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno, a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que puedan generar mecanismos para apoyar el desarrollo educativo de los hijos de elementos caídos en el cumplimiento del deber. Ello, al establecer en la citada ley general la posibilidad de “celebrar convenios con instituciones educativas nacionales y estatales, públicas y privadas, de todos los niveles educativos para la implementación de becas” en distintas áreas de apoyo al desarrollo educativo. Con esto, se busca dar certidumbre jurídica a las acciones que se realizan hoy e incentivar a que se busque generar los mecanismos, cuando no existan o fortalecer los que ya existan en las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, se propone institucionalizar los apoyos que hoy se dan en la Policía Federal a través de darles mayor rango jurídico, a través de la Ley de la Policía Federal, en contraste con el fundamento administrativo con el que cuentan hoy.

No se estima que esta iniciativa tenga impacto presupuestal debido a que lo que propone es establecer en leyes las facultades que se consideran necesarias para incentivar este tipo de apoyos a las familias de los policías caídos y dar certidumbre a los elementos de seguridad pública para que cuando salgan a laborar, tengan la certidumbre de que si mueren, sus hijos no quedarán del todo desprotegidos. Los montos, presupuestos y tipo de mecanismos le corresponderá definirlos a las instituciones de seguridad pública que seguramente considerarán la suficiencia presupuestal al momento de diseñar sus apoyos.

La iniciativa se orienta a fortalecer las condiciones de trabajo de los policías; reconocer la labor de sacrificio que hacen los elementos de seguridad pública, más allá del deber; propiciar condiciones para que las familias de los policías caídos se sientan respaldadas, y avanzar en ese llamado que las organizaciones de la sociedad civil han hecho a los representantes populares para generar marcos institucionales “para proteger a quienes nos protegen”, apoyando la labor de esos policías comprometidos que están dispuestos a dar la vida por la comunidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 39 y adiciona el 45 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se adiciona el artículo 26 de la Ley de la Policía Federal, para fortalecer el respaldo institucional que se brinda en las instituciones policiales a las familias de los elementos caídos en cumplimiento del deber

Primero. Se reforma y adiciona el artículo 39 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se adiciona el 45 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A.Corresponde a la federación, por conducto de las autoridades competentes:

I. a IV. ...

B. Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

I. a XIII. ...

XIV.Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los centros de readaptación social federales y de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación;

XV. Respaldar institucionalmente a las familias de los servidores públicos que hubiesen causado baja por muerte, en cumplimiento del deber, para que sus hijos e hijas cuenten con apoyos económicos orientados a facilitar su permanencia en cualquier nivel educativo al que su rendimiento académico les permita acceder; y

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la ley y demás disposiciones aplicables.

...

...

De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos

Artículo 45. ...

Artículo 45 Bis. Las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales buscarán celebrar convenios con instituciones educativas nacionales y estatales, públicas y privadas, de todos los niveles educativos para la implementación de becas de escolares, apoyo económico en compra de útiles escolares y uniformes, así como becas alimenticias dirigidas a hijos e hijas de los servidores públicos de instituciones policiales que hubiesen causado baja por muerte en el cumplimiento de su deber.

Segundo. Se adiciona el artículo 26 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Son atribuciones del Consejo Federal

I. a XX. ...

XXI. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia;

XXII. Emitir normas y celebrar convenios, orientados a establecer y, en su caso, fortalecer mecanismos de colaboración con Instituciones educativas nacionales y estatales, públicas y privadas, de todos los niveles educativos para la implementación de becas de escolares, apoyo económico en compra de útiles escolares y uniformes, así como becas alimenticias dirigidas a hijos e hijas de los integrantes de la Policía Federal que hubiesen causado baja por muerte en el cumplimiento de su deber; y

XXIII. Las demás que le señalen la presente ley y demás disposiciones legales que de ella deriven.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase el registro de policías asesinados correspondiente a 2018 de la organización Causa en Común, disponible en

http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/

2 Si se suman todos los policías caídos en Argentina entre 1983 y 2007, 24 años, rondamos el promedio anual de bajas por muerte en nuestro país hoy. Véase a Galvani Mariana, Cómo se construye un policía, Siglo XXI, Argentina, página 86.

3 Véase

https://www.argentina.gob.ar/policiafederal/caidos-en-cumplimiento-del-deber

4 Gustavo Castillo García, “En 2017 murieron 561 policías, la cifra más alta en 30 años”, en La Jornada, domingo 24 de junio de 2018, página 14, disponible en

https://www.jornada.com.mx/2018/06/24/politica/014n1pol Y Manuel Espino Bucio, “2017, también el más violento para las policías”, en El Universal, 28 de diciembre de 2017, disponible en

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/2017-tambien-el-mas- violento-para-policias

5 “Ocupación predominantemente masculina, pues 82 de cada 100 que la ejercen son hombres... Entre los hombres con esta ocupación, predominan los casados y los que están en unión libre con 84.9 por ciento, en tanto que en las mujeres, las solteras constituyen 43 por ciento”, véase Estadísticas a propósito de...los policías y agentes de tránsito, Inegi, 11 de julio de 2017, páginas 1 y 4, disponible en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agentes2017_Nal.pdf

6 RCMP Group Life Insurance or Accidental Death and Dismemberment Plans. Información disponible en

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fam/paop-piap-eng.htm

7 Policía Nacional de Colombia, véase

https://www.policia.gov.co/pensionados-familia/actividades

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer requisitos en el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores.

Exposición de Motivos

Las relaciones entre nuestro país y las naciones centroamericanas han tenido muchos altibajos a lo largo de los últimos 40 años. En las etapas más oscuras de éstos, se han registrado episodios de amenazas discursivas entre los gobiernos, recriminaciones mutuas sobre posibles violaciones a derechos humanos, incursiones militares a través de las fronteras sin autorización y diversas dificultades derivadas de las violencias sociales, manifiestas históricamente en la zona sur de nuestro país y gran parte de los territorios de países de Centroamérica.

Sin embargo, sin importar si nuestros países se encontraban inmersos en el contexto de la Guerra Fría; en la lucha por el respeto a los derechos humanos dentro de las tensiones inherentes al declive de sistemas autoritarios frente al nacimiento de nuestras democracias; en plena guerra civil alimentada por mercenarios extranjeros como los “contras”, o en combate frontal contra organizaciones delictivas, como sucedió en años recientes al norte de Guatemala y el sur de México, los gobiernos de la región habían podido salvar todas y cada una de las crisis. Ello, sin desplegar violencia premeditada, masiva y públicamente aceptada por parte del gobierno mexicano contra la población de alguna de las hermanas naciones centroamericanas.

En este sentido, la experiencia, capacidad y oficio de cancilleres habían sido claves para detectar las amenazas y problemas potenciales de la región y actuar preventivamente en consecuencia sin que escalara la violencia institucional de manera premeditada y masiva.

Así, bajo esta forma de operar fundada en el conocimiento técnico y la experiencia diplomática, el premio Nobel de la Paz Alfonso García Robles logró negociar con las naciones de Centro y Sudamérica el abandono de una posible carrera armamentista en el ámbito nuclear. Asimismo, los diplomáticos Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y Bernardo Sepúlveda Amor durante 12 años engarzaron los esfuerzos de sus periodos como cancilleres y construyeron, en medio de las crisis humanitarias que amenazaban la estabilidad de la región y furibundas dictaduras genocidas, algunas de las páginas más memorables de la política exterior mexicana como fue la creación del Grupo Contadora.

En el caso del Grupo Contadora hoy sabemos que su negociación fue producto de un complejo cabildeo diplomático, detonado ante la detección de una crisis humanitaria que se preveía en Centroamérica como producto de las guerras y los desplazamientos, tal y como en los últimos años la violencia económica y delincuencial anticipaba desde hace años un fenómeno como la caravana de migrantes centroamericanos.

Así pues, en el caso del Grupo Contadora los internacionalistas y diplomáticos anticiparon la posibilidad de un éxodo masivo de proporciones inasimilables para la economía mexicana, en el que personas de origen centroamericano podrían arribar a nuestro país, durante la década de 1980. Por ello, se activaron, los círculos del Servicio Exterior Mexicano y de la comunidad de internacionalistas, desde las gestiones de jóvenes académicos mexicanos, franceses y colombianos, hasta el cuerpo diplomático en su totalidad, ubicando un problema regional, calculando adecuadamente los escenarios a partir de la experiencia y el conocimiento técnico sobre cómo podrían impactar a México, cómo se podría dañar la estabilidad de la zona y qué tendría que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores para gestionar ante la crisis.

En consecuencia, la cancillería de entonces se puso en alerta mucho antes de que los éxodos iniciaran, antes de que se congregaran multitudes cuyos números no fueran asimilados por nuestra economía en caso de ingresar al país y, por supuesto, antes de que se generara una irresponsable acción violenta por parte de nuestro gobierno en medio de algún operativo improvisado, entre cuyas consecuencias nuestro país pudiera perder autoridad moral para defender a nuestros connacionales en lugares como los Estados Unidos de América.

Así, la Cancillería que dirigían diplomáticos de carrera activó a lo largo de 12 años todos los mecanismos posibles para aminorar los costos del problema y evitar la crisis; generó espacios de negociación internacional para que se atendieran los orígenes de la problemática, e influyó, al interior de nuestro país, en los gobiernos federal y locales de esas épocas para que los costos sociales de las negociaciones se pudieran asumir, sin dañar el margen de negociación de nuestro país al exigir el respeto de los derechos de nuestros connacionales migrantes en el exterior.

Esas acciones hicieron que las primeras oleadas que componían la vanguardia del éxodo potencial fueran recibidas en nuestro país, sus derechos fueran respetados, los seres humanos que las integraban fueran tratados como nosotros exigimos que se trate a los mexicanos en el exterior y se evitó la violencia y el desprestigio. Gracias a esa capacidad al día de hoy, dicha asimilación de los éxodos se puede observar en algunas colonias de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

Lamentablemente, desde esas acciones memorables sobre el rol internacional de México en la región de Centroamérica y el Caribe han pasado muchos años y la ignorancia ha favorecido el repliegue del cuerpo diplomático en la titularidad de la cancillería. Hoy se cambió la experiencia, el análisis de largo alcance y el conocimiento técnico por el compadrazgo, la politiquería de plazuela y la improvisación.

Como consecuencia, sobrevino la vergonzosa confesión de un funcionario público que afirmaba que asumía las responsabilidades de la política exterior mexicana sin saber, ni conocer, y que “llegaba a aprender”. Por ello, los problemas no se detectaron a tiempo, la gestión de la crisis fue una contención reactiva ante el hecho consumado de la caravana y hemos sido testigos de cómo nuestras instituciones han desempeñado uno de los episodios más vergonzantes de las relaciones entre nuestro país y la región de Centroamérica.

Lo inmediato anterior sucedió el 19 de octubre de 2018, cuando una multitud de personas migrantes de origen centroamericano, que pretendía cruzar la frontera entre México y Guatemala con la intención manifiesta de huir de una crisis económica y de violencia en sus países, para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos de América, fue recibida con gases lacrimógenos. En este episodio se empleó a la Policía Federal de nuestro país para que resolviera con gases lacrimógenos lo que fue incapaz de prever, atajar o gestionar la cabeza operativa de la diplomacia mexicana.

Corregir de manera inmediata lo que se ha hecho mal y establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en nuestra frontera sur a partir de ubicar quién dejó de atender las recomendaciones, quién minimizó los problemas por su inexperiencia y cuándo empezaron a atender el tema de la caravana, son facultades del Ejecutivo federal y el Senado de la República.

No obstante, ello, hacer todo lo posible para impulsar un mejor diseño constitucional que disminuya la probabilidad de que la incapacidad y la improvisación vuelvan a definir nuestras relaciones exteriores a partir de decisiones reactivas e irresponsables es parte de las obligaciones históricas que la Cámara de Diputados comparte con el Senado de la República.

En consecuencia, traigo ante esta soberanía una iniciativa que pretende adicionar requisitos mínimos para el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores, buscando establecer que: “Para ser nombrado secretario de Relaciones Exteriores, además de los requisitos planteados en el artículo 91 de esta Constitución, se requiere: haber pertenecido al servicio exterior o contar con formación académica en materias afines a relaciones internacionales o experiencia comprobable de al menos tres años en áreas relacionadas directamente con relaciones internacionales y cooperación internacional”.

Esta propuesta no excede nuestras atribuciones, se sustenta en los hechos registrados recientemente frente a la evidencia histórica que contrasta las posibilidades para atender un problema y proyecta como área de mejora el buscar favorecer la experiencia y conocimiento ante el amiguismo cuando se definan perfiles para dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta propuesta pone a la inexperiencia entre las variables que impactaron en el lamentable resultado de las gestiones diplomáticas y en ningún momento implica impacto presupuestal alguno, por ello se le considera viable y necesaria.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo al numeral II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Único. Se adiciona un tercer párrafo al numeral II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. ....

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

Para ser nombrado secretario de Relaciones Exteriores, además de los requisitos planteados en el artículo 91 de esta Constitución, se requiere: haber pertenecido al servicio exterior o contar con formación académica en materias afines a relaciones internacionales o experiencia comprobable de al menos tres años en áreas relacionadas directamente con relaciones internacionales y cooperación internacional.

En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. a XX. ....

Transitorio

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretario de Relaciones Exteriores de 1976 a 1982, diplomático desde 1950. Véase

https://acervo.sre.gob.mx/images/libros/can2_6.pdf

2 Secretario de Relaciones Exteriores de 1983 a 1988, antes de ser Secretaría de Relaciones Exteriores fue embajador y tenía experiencia académica en derecho internacional. Véase

https://www.coursehero.com/file/11167589/Bernardo-Sep%C3%BAlveda-Amor-biografia /

3 El Grupo Contadora inicia el proceso de negociación y creación desde 1979 y se crea en 1983. Véase a Rodrigo Páez Montalbán, “El proceso de negociación del Grupo Contadora”, Revista digital de la SRE, disponible en

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/ne2013/paezm.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

México es uno de los primeros países con mayor biodiversidad en el mundo, representado el 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta. Que junto con China, India, Colombia y Perú albergan un 60 por ciento o 70 por ciento de la diversidad en la Tierra.

Nuestro país cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, por lo que es de gran relevancia ambiental, turística, cultural, económico y social.

De acuerdo con el Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina, al año 2020, un informe nacional de México por Juan Manuel Torres Rojo, establece la pérdida de bosques y selvas con el paso de los años en nuestro país:

El dato, desde 1976 al año 2000, hubo una reducción de un poco más de veinte mil de kilómetros cuadrados de superficie forestal. México ha bajado en la última década su tasa anual de pérdida neta de bosques a 155 mil hectáreas, Pero de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que cerca de 300 mil hectáreas de bosque fueron degradados entre 2005 y 2010.

La madera es una fuente de energía renovable, vital para el ser humano; a nivel mundial más del 9 por ciento del abastecimiento total de energía primaria a nivel mundial y con mayor centralización en las zonas rurales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a partir del 2017, México cuenta con un área de bosque aproximado a los 66 millones de hectáreas y una plantación de más de 106 millones de árboles (tanto de especies maderables como no maderables) en 2015, México se encuentra entre los 10 países con mayor superficie forestada y reforestada a nivel mundial. En cuanto a la superficie reforestada, que en 2015 ascendió a 146 mil 607 hectáreas a nivel nacional, las entidades de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Nayarit y Puebla registraron en conjunto el 47 por ciento de nuevas plantaciones.

La tala sin control (la sobreexplotación y la tala ilegal), los incendios forestales, el pastoreo en los bosques, las enfermedades y plagas forestales, la recolección de leña, la presión demográfica y el cambio cultivo son las principales causas directas de la degradación de los bosques. La OIMT (Organización Internacional de las Maderas Tropicales) estima que entre 12 y 13 millones de personas viven en las zonas forestales en México, de los cuáles alrededor de cinco millones son indígenas que viven en condiciones de pobreza.

La tala clandestina es un factor de alto riesgo que pone en peligro los bosques y selvas de nuestro país, por lo que en 2007 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente creó el programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina” y que nivel federal se le conoce como “Programa de Combate a la Tala Clandestina” privilegiando acciones que permitan obtener resultados cualitativos y de alto impacto en las 108 zonas críticas forestales del país.

La tala ilegal representa el 8 por ciento de la deforestación de todo el territorio y un 30 por ciento de excedente permitido anual de madera cortada, por lo que los esfuerzos por el gobierno federal para disminuir la tala ilegal, llegan a ser insuficientes si no se aplican con justicia los delitos en el Código Penal Federal sobre biodiversidad y se aumentan las penas por cometer los tipos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal.

Único. Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 418 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 418. Se impondrá pena de 2 años a 14 años de prisión y por equivalente de mil a 6 mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o

III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en diez años más y la pena económica hasta en tres mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.

Notas

1 Inegi, México, entre los 10 países con mayor superficie forestada y reforestada a nivel mundial, Comunicado de Prensa, 2017.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/bosques2017_Nal.pdf

2 FAO, Acumulan pérdidas bosques densos en México por deforestación, 2011.

http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/507489/

3 Semarnat, Ilícitos Forestales, 2018.

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_R_ PROFEPA01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de octubre de 2018.— Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 50 y 61 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 50 y 61 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Exposición de Motivos

Desde hace varios años, distintos medios de comunicación, asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil han denunciado una serie de perjuicios originados por la transportación de carga en vehículos con remolques articulados cuyas dimensiones, estructura y peso, impactan en las posibilidades de frenado y condición de los mismos, representan un riesgo al resto de los usuarios de la red carretera y aumentando el desgaste anormal de la misma.

Al respecto, el reporte Transporte y logística 2016 del Banco Nacional de Comercio Exterior, señala que entre los miembros de la zona comercial del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), México es el socio comercial con la peor infraestructura carretera. A pesar de ello, esta red vial es la alternativa de transporte más utilizada para fines comerciales.

En este contexto, el transporte automotor de carga y la red carretera, se consideran un activo clave para el desarrollo económico y comercial de nuestro país. En esta dinámica de transporte, durante 2016 se registró que del total de unidades en circulación, más de 90 por ciento fueron tracto camiones y camiones en versiones medianas y pesadas y solamente 10 por ciento del transporte de carga se llevó a cabo en remolques y doble remolque. Es decir, a una minoría del padrón vehicular de carga, por sus condiciones físicas particularmente anormales, se le atribuye el principal detonador de una gran cantidad de accidentes, pérdidas de vidas y desgaste de la infraestructura.

En esta tesitura, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio sobre regulación del transporte de carga en México, encontró que la problemática principal en la incidencia de accidentes carreteros es el excesivo peso que permite la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal” a los tractocamiones de carga con remolque articulados, cuya capacidad llega a ser hasta de 54 toneladas y, en el caso del doble remolque hasta 75 toneladas de peso bruto.

En consecuencia, podemos observar que la utilidad comercial generada por esa minoría constituida en el transporte de carga con remolque articulado, no justifica el daño a la infraestructura de caminos y puentes federales. Asimismo, si se considera que la red carretera federal es un bien público, pensado y desarrollado para toda la sociedad mexicana, no sólo para el sector comercial, entonces debemos aceptar que la legislación debe enfocarse a salvaguardar las vidas, integridad y el bienestar de las personas, por lo que resulta imperativo revertir esa realidad en la que “México tiene uno de los récords más bajos en seguridad de carreteras dentro de los países miembros de la OCDE, en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita por vehículo”

Muestra de lo anterior esta en las cifras oficiales que muestran, sólo en 2017, un registro de 11 mil 883 accidentes en la red carretera federal, mismos que involucraron a 19 mil 388 vehículos, dejando a 2 mil 921 personas fallecidas y 8 mil 910 con lesiones, ello sin contar pérdidas económicas de alrededor de mil 800 millones de dólares. Entre estos accidentes viales 26 por ciento correspondió a transporte de carga, es decir a 3 mil 383 vehículos articulados y doblemente articulados, que por sí mismos representaron 468 millones de dólares en pérdidas económicas adicionales. En contraste los vehículos de carga unitarios involucrados en siniestros sólo fueron mil 663 y solamente 154 millones de dólares en pérdida. Tan sólo en el estado de Jalisco para 2017, se registraron 494 siniestros, 193 muertos y 333 lesionados. De dichos siniestros, 142 involucraron trasporte de carga articulado y doblemente articulado, donde se identificó como responsables del siniestro a 133.

Por otra parte de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Anual de Transporte 2016, existían 162 mil personas empleadas en el sector de autotransporte de carga, donde 120 mil se ocupaban en la conducción, en este sentido, prohibir vehículos articulados para el transporte de carga, potencialmente se podrían generar hasta 12 mil empleos, derivados de reordenar a 10 por ciento de los transportes que actualmente circulan en modalidad de articulados y doble remolque.

Ante videncias tan contundentes, muchas voces congresionales se han hecho escuchar con el objetivo de prohibir la circulación de este tipo de vehículos. Ello, a través de iniciativas que han sido abandonadas en las comisiones del Congreso de la Unión, generando una omisión en el Poder Legislativo que diariamente cuesta vidas y mucho dinero. En este sentido, entre las propuestas que se generaron durante la LXIII Legislatura se registraron los esfuerzos de la entonces diputada Araceli Damián del Grupo Parlamentario de Morena, en la que se buscaba prohibir nuevos permisos, limitar pesos de carga y longitudes de los vehículos; la propuesta del entonces senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI quien planteó fijar un límite del peso bruto permitido; el proyecto de los entonces diputados Jorge López Martín y Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), quienes buscaron prohibir el doble remolqu; la iniciativa enviada a esa legislatura por parte del Congreso del Estado de Jalisco, que propuso adicionar los artículos 17 y 50 para prohibir el doble remolque y fortalecer las herramientas del gobierno mexicano para sancionar, o los puntos de acuerdo presentados por legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigiendo que autoridades como la Policía Federal se pronunciaran al respecto.

Las cifras de instancias nacionales e internacionales, las propuestas de varias voces de la representación popular, federal y local, y la simple observación, en cualquier carretera del país, presentan muestras del peligro implícito en el esquema vigente. Por ello permitir la circulación de vehículos articulados con normas fuera de los estándares internacionales es uno de los factores más importantes para que nuestro país presente altos costos humanos y económicos frente a los beneficios mínimos considerando su representación en el universo de vehículos para transporte de carga.

En consecuencia, es válido presumir que una reglamentación distinta a la vigente podría generar empleos y mejorar la seguridad carretera para la mayoría de la población usuaria de las vías carreteras federales.

En consecuencia, el proyecto que se ofrece a esta soberanía retoma el espíritu de algunas de las propuestas que se han planteado desde 2015 buscando proteger disminuir una de las condiciones más importantes para los accidentes carreteros, buscando salvaguardar vidas y propiciar cambios para conservar en mejor estado la infraestructura carretera del país, al tiempo que se ataja la posibilidad de que transportistas extranjeros llegasen a incurrir en violaciones a las leyes mexicanas o un escenario de competencia desigual frente a los transportistas mexicanos. Ello mediante la prohibición la circulación de auto transporte de carga de doble remolque por caminos y puentes federales y la proscripción el internamiento de este tipo de vehículos de empresas o propietarios extranjeros en nuestro territorio, más allá del estrictamente necesario para la transferencia de carga en la frontera.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Se reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 50; y un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Único. Se reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 50; y un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo 50....

...

...

Se prohíbe la circulación de vehículos de carga doblemente articulados y de aquellos que excedan las 43 toneladas o los 25 metros de largo.

Artículo 61....

Queda prohibido el internamiento en territorio nacional de vehículos de carga de procedencia extranjera doblemente articulados, que excedan las 43 toneladas o superen los 25 metros de largo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades que correspondan tendrán hasta 60 días naturales para realizar las adecuaciones que se requieran a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Bancomext. (2016) Transporte y Logística. Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos.

2 Banco Interamericano de Desarrollo. (2017) Grafico 7. En El transporte Automotor de Carga en América Latina.

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017) Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Resumen.

4 Ibíd.

5 Instituto Mexicano del Transporte (2018).Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales. Documento técnico #74

https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf

6 Ibíd.

7 Inegi. (2016) Encuesta Anual de Transportes. Total de Personal ocupado dependiente de la razón social.

8 BID. (2017) Grafico 7. En El transporte Automotor de Carga en América Latina.

9 Damián, A. (2016) Iniciativa.

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/ asun_3449783_20161117_1478216245.pdf

10 Martínez, P. (2015) Iniciativa

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/54286

11 López, J. & Gutiérrez, F. (2016) Iniciativa.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/ 20160726-I.html#Iniciativa12

12 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/ 20161122-I.html#IniciativaLegislatura1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

VIOLENCIA CRECIENTE CONTRA LAS MUJERES EN GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creciente violencia contra las mujeres en Guerrero, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en lo siguiente:

A siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que consagro el espectro de derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, estableciendo obligaciones para el Estado mexicano de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, es deber que desde el Poder Legislativo federal realicemos esfuerzos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones por las autoridades públicas en cumplimiento del mandato establecido por sufragio efectivo de nuestras y nuestros representados.

En el ámbito internacional, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos civiles y políticos serían fortalecidos de manera incluyente al señalar que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (artículo 21).

El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Planteamiento del problema y argumentos de la propuesta

En un estado como Guerrero en el que viven 1 millón 658 mil 536 habitantes, nueve municipios con 48.9 por ciento del total de la población estatal, están bajo una alerta de violencia de género contra las mujeres; en el que persiste en todo el territorio una creciente ola de feminicidios, mujeres desaparecidas, impunidad y falta de acceso de las mujeres a la justicia; las declaraciones del obispo instigan circunstancias que atentan contra la dignidad, seguridad, integridad y vida de las niñas y mujeres guerrerenses.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en una declaración pública realizada el miércoles 17 de octubre respecto a los recientes feminicidios ocurridos en el puerto de Acapulco, declara “honestamente lo voy a decir, ¿cuántas mujeres de estas, asesinadas, no andaban precisamente en misa, ni andaban en la catedral?”. Afirmó que “son las propias mujeres que son víctimas de la inseguridad y violencia, quienes tienen parte de la culpa de lo que les sucede” y que consideró que “no se trata de una situación que pueda considerarse como generalizada”, por lo que dijo que hay que estudiar casos como el de la oftalmóloga que fue asesinada en Acapulco.

De igual manera el sábado 20 de octubre, según registra la prensa, Salvador Rangel Mendoza declaró “también lo que dije fue que muchas mujeres están involucradas, por ejemplo, en narcotráfico, en la prostitución, sirven de halcones, mucha gente de estas (las mujeres) ahí es donde pierden la vida. Lo que quise decir es que en estos lugares no convenientes están las mujeres y en sarcasmo dije no precisamente están en misa, están de halconas, están en la prostitución o están en otras cosas y las asesinan”.

En consecuencia, y para garantizar los principios pro persona y los derechos de mujeres de Guerrero, propongo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, por ser el responsable de las relaciones con los distintos cultos religiosos a conminar a Salvador Rángel Mendoza, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, a que respete los derechos humanos de las mujeres, se abstenga de promover la violencia de género y se apegue al principio de laicidad del Estado mexicano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, a que garantice de manera puntual y expedita la seguridad de las mujeres que habitan el estado y atienda de manera inmediata la crisis de violencia de género que vive su estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Diputada Rocío Villarauz Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

REVISAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PRÁCTICAS COMERCIALES RESPECTO DEL MERCADO DE LA LECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto al mercado interno de leche, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche en México, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la administración del Poder Ejecutivo federal, que está por concluir su gestión a cargo del licenciado Enrique Peña Nieto, estableció como parte de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una meta nacional que se denominó “México Incluyente” y que uno de sus objetivos principales, fue el de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y como estrategia programática para darle cumplimiento a dicho objetivo, se planteó el aseguramiento de una alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos. En particular para todos aquellos que se encontraran en condición de pobreza extrema o con carencia alimentaria severa.

En este contexto, se determinó la viabilidad de que el cumplimiento de dichos parámetros, podrían lograrse adecuadamente a través del Programa Sectorial de Desarrollo Social. Al respecto de esta premisa, se destacó de manera particular en el instrumento de referencia el loable objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales con las condiciones necesarias, para que pudieran potenciarse las capacidades de las personas en situación de pobreza.

Paralelamente, para lograr el cumplimiento de los rubros de referencia, se determinaron algunas acciones que deberían incidir positivamente en la población, procurando finalmente el mejoramiento efectivo de su alimentación, su salud y su educación. De forma complementaria se definió la oportunidad de dotar a esta capa de la población, de las facilidades necesarias para que pudiera contar con el adecuado acceso a una alimentación nutritiva.

Así se determinó que una de las mejores maneras de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación y al abatimiento de la desnutrición para el óptimo desarrollo humano de quienes se encuentran por debajo de la línea de bienestar, se daría mediante la dotación de leche con alto valor nutricional, garantizando como actividad subsecuente el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada, pero a partir de un precio preferencial.

Para lograr este fin, se delinearon además acciones encaminadas a satisfacer el aseguramiento de la suficiencia de leche en sus diferentes modalidades de atención, propiciando mecanismos adecuados para su utilización biológica e implementando de forma paralela cursos alternativos de acción, orientados a elevar la eficiencia de los servicios de apoyo administrativo. Esto último con el afán de lograr una efectiva contribución al logro de los objetivos propuestos.

Segunda. Que en su oportunidad, se ha cumplido con la disposición determinada por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que la Cámara de Diputados podrá señalar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, mismo que deberán sujetarse además a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los criterios generales sobre los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Tercera. Que también se han atendido las disposiciones correspondientes, dirigidas a que en los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social, –entre ellos el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV–, se orienten exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva de calidad, la generación de empleo e ingreso, el autoempleo y la capacitación; la protección social y programas asistenciales para el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía. Todo esto conforme a lo que establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, donde deben tomarse en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

Cuarta. Que para dar cumplimiento a todo lo anterior, se definió que sería la empresa social de participación estatal mayoritaria del gobierno de la República, Liconsa, SA de CV –cuyo antecedente fundacional data del año de 1949, bajo el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho– que como parte de los programas de abasto social, bajo distintas siglas y características y mediante los auspicios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debiera direccionar su función a industrializar y comercializar leche de buena calidad a precios accesibles; todo esto para contribuir a la alimentación, nutrición, desarrollo físico y mejoramiento de calidad de vida de las clases más necesitadas; que por supuesto se encontraran por debajo de la línea de bienestar.

Quinta. Que el Programa de Abasto Social de Leche –PASL– vende a sus beneficiarios, a un precio subsidiado, leche líquida y en polvo fortificada con vitaminas y minerales. Que éste opera mediante la modalidad de abasto comunitario y que está dirigido a familias y personas por debajo de la línea de bienestar, que reciben la leche en lecherías y tiendas Diconsa y la modalidad de convenios con actores sociales, que recogen la leche en los centros de trabajo de Liconsa y se encargan de entregarla a terceras personas beneficiarias.

Sexta. Que dicho programa se maneja a través de una cobertura nacional, aunque sus reglas de operación señalan con toda claridad que la cobertura de la modalidad por convenio con los actores sociales participantes, no podrá rebasar 4 por ciento del total del padrón de sus beneficiarios.

Así pues, las acciones de referencia consistirán básicamente en suministrar leche fortificada con vitaminas y minerales, a un precio por debajo del mercado con el objeto de atender a millones de beneficiarios, entre los que debieran encontrarse:

1. Grupos de población de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.

2. Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años.

3. Enfermos crónicos y personas con discapacidad.

4. Mujeres en período de gestación o lactancia.

5. Mujeres de 45 a 59 años y

6. Adultos mayores de 60 y más.

Séptima. Que el programa debiera cumplir con las metas de atender de manera suficiente y oportuna a la población beneficiaría y que debiera considerarse la producción y distribución suficiente. Al respecto se estimó que dicha población beneficiaria, generaría un ahorro calculado en aproximadamente 67.1 por ciento, con respecto del precio de las leches comerciales equivalentes.

Octava. Que asimismo y con el propósito de apoyar a los pequeños y medianos productores nacionales y asegurar un amplio margen respecto de la obtención de la materia prima para la producción de la leche del Programa de Abasto Social, se contaría con el Programa de Adquisición de Leche Nacional, que debiera comprar la leche necesaria para satisfacer las necesidades de la población objetivo.

Además sobresale que se diseñaron los instrumentos de políticas públicas necesarios para comprar varias toneladas métricas de leche en polvo de importación y que éstas serían complementarias respecto de las compras de leche de origen nacional. Todo lo anterior con el propósito de asegurar la industrialización de los productos de abasto social y la generación de recursos complementarios.

Novena. Que como antecedentes recientes de la fijación del precio de la leche para el consumidor, se observa, que para el Abasto Social en 2015, se ajustó el precio de la leche Liconsa quedando en 5.50 pesos por litro a partir del 24 de julio, con excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en los que se mantuvo en 4.50 pesos por litro a nivel nacional.

Que fue posteriormente en el mes de diciembre de 2016, cuando los beneficiarios del programa obtuvieron un ahorro de 10.80 pesos por litro adquirido, con excepción de los estados señalados en los que el ahorro fue de 11.80 pesos.

Así pues, la empresa paraestatal de referencia, ha señalado que fue a partir de mayo y hasta diciembre de 2016, cuando en 151 municipios que presentaron nivel de desarrollo humano bajo, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, donde se estableció como precio de venta el de 1.00 pesos por litro de leche con el objeto de apoyar a las familias beneficiarias para incrementar su consumo.

Además aclaró Liconsa en su oportunidad, que la política de descuentos con precio diferenciado de 1.00 pesos por litro de leche del programa de abasto social en 151 municipios, continuaría hasta el 30 de abril y se ampliaría hasta 300 municipios con índice de desarrollo humano bajo, a partir del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017.

En consecuencia se destaca en esta proposición con punto de acuerdo, que el honorable consejo de administración de la propia paraestatal, en su sesión ordinaria 346, celebrada el 5 de diciembre de 2017, mediante el acuerdo 43/XII/17, aprobó que se continuaría instrumentando para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, la política de descuentos que debiera resultar en un precio de venta de 1.00 peso por litro de leche, ampliándose además la cobertura hasta 400 municipios con el mismo índice de desarrollo humano.

Décima. Que de manera análoga a las anteriores aplicaciones de políticas públicas, las organizaciones lecheras nacionales en el ámbito de su entorno de producción y comercialización, externaron de manera enérgica su inconformidad, toda vez que argumentaron en diversos foros y oportunidades que durante las últimas décadas han estado atravesando por una reiterada problemática con respecto de la fijación del precio del litro de leche en el país. Situación que se ha visto agravada por la constante elevación de costos de producción, sobre todo en los precios de forrajes, del diésel, de la gasolina, del gas y de otras materias primas que deber ser importadas, puesto que no se localizan como parte de productos nacionales.

Aunado todo esto a la devaluación del peso respecto del dólar y a la fragilidad del sector al permitir la importación de sueros y polvos de leche –a precios que además podrían ser aún más bajos de los que se consiguen– en sustitución de la leche fresca, natural y nutritiva que brindan al público los productores nacionales.

Además han sostenido las organizaciones de referencia que llevan mucho tiempo denunciando que algunas empresas logran poner de acuerdo al sector para que se les aplique un precio bajo de compra y que paralelamente determinan un precio mucho más alto para la venta al público y que esta situación la padecen miles de productores nacionales que no son socios de ninguna planta de captación y procesamiento de leche.

En este sentido argumentan que se han visto afectados enormemente por este tipo de prácticas comerciales injustas.

Undécima. Que además es de todos conocido que en nuestro país la obtención de diversos productos del sector primario, se genera a partir de muy variadas maneras y que éstas inciden de forma decisiva en el incremento de su precio final. Tal es el caso del rubro de la tecnología que se utiliza en sus procesos productivos; donde muchas veces algunas micro y pequeñas empresas del gremio, se ven en una marcada situación de desventaja en relación a la competitividad que muestran otro tipo de empresas que sí tienen facilidades al respecto.

Aunado esto a otro tipo de elementos, como los que tienen que ver con el escaso financiamiento; es decir, que para lograr procesos productivos más adecuados muchas veces se necesitan de apoyos financieros adicionales que les permitan adquirir mejores herramientas o maquinaria de punta.

Por otro lado, se tiene la problemática del poco cuidado que pueden guardar con respecto de la ecología. Este hecho guarda relación con que muchas veces no se encuentran lo suficientemente preparados para hacer frente a este tipo de retos. Y esto es importante si se considera que el rubro ecológico es directamente proporcional al estado que guarda la cadena productiva, puesto que hay una gran variedad de ríos, lagos, montañas y climas que se observan a lo largo y ancho del país y en muchas ocasiones no se les da el tratamiento adecuado.

Como ejemplos de lo anterior, podemos citar la ocurrencia y la intensidad de los fenómenos climáticos que se han incrementado a últimas fechas de manera exponencial; porque cada vez son más fuertes y más frecuentes. Así podemos apreciar que de 1980 al 2015, los eventos climáticos se han incrementado de 250 por año a 750.

Esto ha traído como consecuencia la disminución en rendimientos, las pérdidas de cosechas, la aparición de nuevas plagas, el mayor consumo de agua, la erosión de suelos y lamentablemente también el fenómeno de la desertificación. Por todo lo anterior, resulta necesario invertir para poder conocer de manera oportuna la forma en que ocurrirán estos eventos; esto con el afán de poder prevenirlos de manera adecuada.

Mención aparte merece el aspecto multicultural de las regiones, puesto que este es otro factor importante que se refleja de manera directa en los costos de producción de los bienes y servicios. Tal es el caso del impacto en los días laborales respecto de las acciones que se observan a partir de los usos y costumbres regionales, así como de las festividades que inciden de manera directa en los días de asueto de las distintas zonas socioeconómicas en las que se divide nuestro país.

A todo esto deben sumarse las necesidades de una mejor asesoría técnica respecto de todos y cada uno de los procesos, respecto del manejo y mejoramiento de la infraestructura, etcétera. Así es por todas las razones y los argumentos detallados con anterioridad y ante los cambios del entorno internacional, que estoy presentando ante la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus responsabilidades se instruya a las diversas dependencias y entidades a su cargo con el objeto de que:

a) Se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche; toda vez que los productores nacionales que no son socios de plantas de captación y procesamiento, están denunciado ante diversas instancias que se les está aplicando un precio muy bajo de compra –inclusive más bajo que su costo de producción– para después fijar un precio muy alto al consumidor.

b) Se actualice el precio de la compra del litro de leche a los productores nacionales para quedar en un precio más justo, en por lo menos $8.20 (ocho pesos con veinte centavos moneda nacional).

c) Se destinen los recursos necesarios y suficientes para dar el debido apoyo a los productores nacionales de leche, en rubros como capacitación, utilización de tecnologías, financiamiento, etcétera.

d) Se integre en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial respectivo, las políticas públicas necesarias que permitan la integración de la cadena productiva del sector de la leche en México, procurando su crecimiento, competitividad y sustentabilidad.

e) Se realicen acciones de fomento hacia la población, tendientes a crear conciencia para generar un mayor consumo de leche fortificada, preferentemente de origen nacional.

Notas

1 Cfr. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5518737&fecha=10/04/2018, consultado el 24 de Octubre del 2018.

2 Para mayor información puede revisarse la siguiente dirección electrónica

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/abasto-de-leche-liconsa. Sitio consultada el 27 de Octubre del 2018.

3 Consultable en

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/articulos/ fracturacion-hidraulica/8-articulos/165-eventos-climaticos-extremos-y- sus-impactos-en-los-socio-ecosistemas-de-mexico. Revisado para este proyecto el 25 de Octubre del 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

AUMENTAR LAS SANCIONES EN CONTRA DE QUIEN TRANSPORTE MENORES EN MOTOCICLETAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a aumentar las sanciones en las leyes locales y los reglamentos municipales contra quien transporte menores en motocicletas sin proporcionar casco y con sobre cupo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los cabildos de todos los municipios del país a revisar y, en su caso, aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicleta, sin proporcionar casco al menor y excediendo la disponibilidad de asientos de la motocicleta, con base en las siguientes

Consideraciones

Salvaguardar la vida e integridad de los niños y niñas es una prioridad fundamental del Estado Mexicano, hecha compromiso a través del párrafo noveno del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En este sentido, así como gran parte de los esfuerzos dentro del sector salud se orientan a combatir la mortandad infantil, derivada de enfermedades, el resto de las instituciones del poder público constituido tendría que priorizar sus esfuerzos para disminuir las muertes de menores de edad que no estén relacionadas con enfermedades.

En consecuencia, considerando la perspectiva de muchas organizaciones de la sociedad civil “las lesiones y muertes de niños ocasionadas por accidentes viales, hechos considerados como la principal causa de fallecimientos en menores de entre 5 a 14 años de edad y la segunda causa de orfandad”, entonces la prevención de accidentes y la seguridad vial deberían estar entre las prioridades de los tres niveles de gobierno. Asimismo, si tomamos en cuenta que en muchos casos la muerte o lesiones se pudieron haber evitado si no se hubiesen excedido el número de pasajeros para los que estaba diseñado el vehículo involucrado o si en el caso de las motocicletas se hubiese utilizado casco, la incidencia sería menor, entonces veríamos que entre las responsabilidades de los representantes de la nación ante el Congreso de la Unión esta legislar en torno a la seguridad vial.

En este contexto, durante la pasada legislatura se impulsó la Ley de Seguridad Vial con la que podría darse orden al caos que año con año cobra vidas de miles de personas, sin embargo el interés de la mayoría se orientó a otras cosas y la ley tuvo que ser retirada para evitar que cayera en el limbo legislativo. Asimismo, en el ámbito natural de competencia, el espacio municipal y estatal, encontramos laxitud, falta de estandarización y falta de incentivos para cumplir la ley por parte de los conductores por lo que consideramos que se deben endurecer las penas, al menos en los aspectos de mayor vulnerabilidad para los menores de edad. Específicamente en aquellos actos irresponsables en los que las personas deciden exponer la vida de un menor al conducir uno de los medios de transporte estructuralmente más expuesto a accidentes graves como es la motocicleta, sin casco y, en ocasiones, excediendo la capacidad de pasajeros que permite el diseño de la motocicleta.

En consecuencia, ofrezco a esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo en la que hagamos un llamado a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales del país para que revisen sus leyes y reglamentos en torno a la transportación de menores en motocicleta, sin casco y excediendo la capacidad de asientos de la misma con la finalidad de endurecer las penas por poner en riesgo la integridad de las niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los cabildos de todos los municipios del país a revisar y, en su caso, aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicleta, sin proporcionar casco al menor y excediendo la disponibilidad de asientos de la motocicleta.

Notas

1 El Poder del Consumidor, “Incidentes viales, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años; sociedad civil exigimos ley para poner alto”, 12 de abril de 2018, disponible en

https://elpoderdelconsumidor.org/2018/04/incidentes-viales-primera-causa- de-muerte-en-ninos-de-5-a-14-anos-sociedad-civil-exigimos-ley-para-poner-alto/

2 De los 385 mil 772 accidentes ocurridos en 2013 en zonas urbanas o suburbanas, en total se vieron involucrados 729 mil 238 vehículos, de los cuales 63.1 por ciento fueron automóviles, 14.7 por ciento vehículos de transporte de pasajeros 11, 12.7 por ciento fueron camiones y camionetas de carga; 5.7 por ciento motocicletas y 3.8 por ciento otro tipo de vehículo. Información de “Estadísticas a propósito del día mundial sin auto (22 de septiembre)”, Inegi, 20 de septiembre de 2016, disponible en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD FEDERALES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud es un considerado un derecho fundamental a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En nuestro país, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución, garantiza el derecho de todas las personas a la protección de la salud, y ordena al legislador a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y disponer la concurrencia de competencias entre los niveles de gobierno en la materia.

Actualmente, nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), se compone de un sistema mixto y fragmentado, en donde interactúan instituciones públicas y privadas.

El sector público se integra por los servicios que provee la Secretaria de Salud y las principales instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 39.2 por ciento, Seguro Popular con 49.9 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 7.7 por ciento, Pemex, SDM o SM con 1.2 por ciento y otras instituciones 4.8 por ciento de la población.

Mientras que el sector privado, se constituye con una serie de prestadores de servicios como consultorios, hospitales privados, farmacias y pacientes cubiertos con aseguradoras privadas, que equivalen a 7 por ciento de la población.

En el mismo sentido y con el objetivo de ampliar la cobertura a nivel nacional de servicios especializados, se conformó la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad (Redsaes), compuesta por los Institutos Nacionales de Salud (Insalud), hospitales federales de referencia (HFR) y otros hospitales vinculados con universidades, y los hospitales regionales de alta especialidad.

Estos últimos los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE), nacen bajo el esquema de asociación público privada (APP), con grandes exceptivas y con la finalidad de constituirse como una unidad medico modelo, que pudiera proporcionar servicios de alta complejidad médica para la población más vulnerable de México.

Hoy, se encuentran en operación seis unidades de hospitales regionales de alta especialidad federales: HRAE de Oaxaca, HRAE de la península de Yucatán, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que incluye al hospital de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y al HRAE Ciudad Salud en Tapachula, HRAE del Bajío, HRAE de Ciudad Victoria Tamaulipas y el HRAE de Ixtapaluca.

Sin embargo, desde hace varios años se han detectado diversas irregularidades en la operación de los mismos, acompañados de acusaciones de corrupción.

Un informe denominado “Salud Deteriorada, Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud”, elaborado por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha permitido conocer diversas anomalías entre las que destacan las siguientes:

a) La ubicación de construcción de los HRAE no responde sólo a criterios técnicos sino posiblemente a intereses políticos, situación que ha sido contrastado por diversas auditorías e informes independientes.

b) Subutilización de la infraestructura, misma que no es acorde con lo reportado por la Secretaría de Salud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pone como ejemplos: a la HRAE Ixtapaluca que solo reporto 91 mil 444 consultas en 2017 de las 320 mil 112 consultas anuales previstas en sus documentos de planificación, mientras que el HRAE de Ciudad Victoria, sólo realizó 24 mil 156 consultas en 2016 de las 142 mil que tenía previstas.

c) Aunado a lo anterior, el informe denuncia una baja productividad respecto de los equipos de alta especialidad en comparación con otros institutos públicos de salud como el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que ha derivado en pérdidas millonarias de recursos públicos.

d) Sobreprecio de medicamentos hasta en mil 700 por ciento, a pesar de estar adheridos a la compra consolidada, así como desabasto y robo de insumos y medicamentos.

e) Discrecionalidad en la atención de los pacientes, ya que según diversas entrevistas realizadas para la elaboración del informe de MCCI, 37 por ciento de los usuarios reportaron que “el personal de hospital recibe pagos para agilizar o realizar ciertos procedimientos o servicios que deberían ser gratuitos” , sumado a trato preferencial a familiares y amigos recomendados o que cuentan con algún tipo de seguridad social como IMSS o ISSSTE.

f) Corrupción en la asignación de plazas, por control sindical.

Todo lo anterior, sin considerar que ninguno de los hospitales cuenta con la certificación del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, situación que es gravosa, ya que la finalidad de dicha certificación es que proporcionar una mayor seguridad a los pacientes y mejorar la calidad de los servicios médicos.

Por lo expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales.

Notas

1 Ver en página Oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS): http://www.who.int/about/mission/es/

2 Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Ver en

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/

3 AXA, Full Strategy Review, Health Context Document, 2016. pág. 10

4 http://www.ccinshae.salud.gob.mx/2012/hrae.html

5 https://docs.google.com/viewer?url=https://saluddeteriorada. contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/pdf/SD-Panorama.pdf &embedded=true

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre de 2018.— Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.