Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año I
México, DF, martes 4 de septiembre de 2018
Sesión No. 3

SUMARIO


INTERVENCIÓN DE DIPUTADO

INTERVENCIÓN DE DIPUTADO

SOLICITA SE LE PERMITA HACER USO DE LA PALABRA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la curul

En votación económica, no se obsequia la solicitud

COMUNICACIONES OFICIALES

Del Congreso del Estado de Guanajuato, por medio de la cual informa que los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara, Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz Márquez, optaron por el cargo de diputado federal a la LXIV Legislatura. De enterado

De la Comisión Permanente, con la que remite los siguientes acuerdos:

-Para que se consideren recursos a la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la protección de sus derechos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

-Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de los Empleados Superiores de Hacienda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención

-Para que la LXIV Legislatura considere en su agenda legislativa, propuestas para armonizar la legislación sanitaria en México, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento

-Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019, analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a efecto de determinar las cuotas que deberán pagar los operadores de telecomunicaciones móviles. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención

Del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por la que remite el Informe Previo de Gestión de 2018. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento

Del Congreso de la Unión, mediante la cual remite el VI Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria

De la Secretaría de Gobernación, por medio de las cuales remite:

-Quinientos ejemplares del VI Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Distribúyanse entre las diputadas y los diputados

-Dieciséis oficios con los que remite el Sexto Informe de Labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo, y de la Procuraduría General de la República. De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados, y túrnense a las comisiones correspondientes

-El Informe Trimestral de la Consar, sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2018. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento

Del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por medio de la cual remite el Informe Previo de Resultados de Gestión 2018. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento

Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual solicita se informe al Instituto Nacional Electoral la designación de los legisladores propuestos como Consejeros del Poder Legislativo para integrar el Consejo General del instituto. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

Del Congreso de Colima, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transporte, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Del Congreso de Colima, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del Congreso de Hidalgo, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

Del Congreso de Hidalgo, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Del Congreso de Veracruz, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) del numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE INICIATIVAS Y MINUTAS CON VENCIMIENTO DE PLAZO

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Se informa a la asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 184, numeral 1, y 95 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad a efecto de que sea puesta a discusión y votación el próximo jueves 13 de septiembre

INTERVENCIÓN DE DIPUTADAS

EN RELACIÓN CON EL TURNO QUE RECAYÓ A LAS INICIATIVAS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del PAN, desde la curul

DECLARATORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados declara la constitución de los grupos parlamentarios para la LXIV Legislatura

En relación con el asunto intervienen, desde la curul:

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD

El diputado Mario Mata Carrasco, del PAN

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN

La Presidencia aclara que el plazo legal para que los Grupos Parlamentarios entreguen la documentación respectiva a su integración fenece hoy. Dado que no todos ellos han entregado su documentación, instruye a la Secretaría General a que, antes de que concluya la presente sesión, actualice la información respectiva

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

Desde la curul, hacen comentarios respecto a la presentación de la iniciativa:

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de MC

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT

El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Desde la curul, hace moción de orden:

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada María Lucero Saldaña Pérez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 260 del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Lizeth Sánchez García, en nombre propio y de diputados del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de presupuesto participativo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DOF EL 10 DE FEBRERO DE 2014

El diputado Carlos Torres Piña, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Oscar Bautista Villegas, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

PROPOSICIONES DE TURNO A COMISIÓN

SE CONDENAN LOS ACTOS DE INTROMISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL DE PUEBLA EN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR Y SE LLAMA A RESTABLECER EL ORDEN DEMOCRÁTICO

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en dicha entidad, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del Trabajo y de Encuentro Social. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

EXHORTO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE REVIERTA LA SIMILAR DEL TRIBUNAL ESTATAL CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN MONTERREY Y GUADALUPE, NUEVO LEÓN

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a emitir resolución apegada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe en el estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

EXHORTO AL PRESIDENTE ELECTO Y SU EQUIPO PARA QUE HAGAN PÚBLICOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS QUE TOMARON COMO BASE PARA PROPONER LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

La diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo y a su equipo de transición para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

EXHORTO PARA QUE SE AMPLÍEN E INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE DISUASIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO EN EL ESTADO DE MÉXICO

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en nombre propio y del diputado José Luis Montalvo Luna, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

EXHORTO A DIVERSAS COMISIONES DEL SENADO, A DISCUTIR Y VOTAR LA MINUTA QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE FUERO, TURNADA EL PASADO 24 DE ABRIL

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos del Senado, a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado 24 de abril. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

INTERVENCIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

SE REFIERE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del PRI, desde la curul

SOLICITA SE INFORME EL NÚMERO DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE INTEGRAN CADA GRUPO PARLAMENTARIO

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, desde la curul

EXTIENDE UNA INVITACIÓN A UN FORO DE EX BRACEROS, A CELEBRARSE MAÑANA A LAS 11 HORAS

El diputado Samuel Herrera Chávez, del PRD, desde la curul

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

Se recibió efeméride, con motivo del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Presidencia del diputado
Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, presidente. Se informa a la Presidencia que con la asistencia del diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo, existen registrados 347 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:13 horas): Se abre la sesión. Ruego a las diputadas y diputados que tomen sus asientos. Se abre la sesión a las 11 y 13 minutos. Esperamos que la próxima sesión lo hagamos a la hora en punto, como indica la ley

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica consulto a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse levantar su mano. Se aprueba por la afirmativa, presidente.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de septiembre de 2018.

Lectura del acta de la sesión constitutiva.

Comunicaciones oficiales

Del Congreso del Estado de Guanajuato

Por el que informa que los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara, Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz Márquez, optaron por el cargo de diputado federal a la LXIV Legislatura.

De la Comisión Permanente

Acuerdo para que se consideren recursos a la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la protección de sus derechos.

Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de los Empleados Superiores de Hacienda.

Acuerdo para que la Sexagésima Cuarta Legislatura considere en su agenda legislativa, propuestas para armonizar la legislación sanitaria en México, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023.

Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019, analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a efecto de determinar las cuotas que deberán pagar los operadores de telecomunicaciones móviles.

Del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral

Con el que remite el Informe Previo de Gestión de 2018.

Del Congreso de la Unión

Con el que remite el Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite quinientos ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Dieciséis oficios con los que remite el Sexto Informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo y de la Procuraduría General de la República.

Con el que remite el Informe Trimestral de la Consar, sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2018.

Del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el Informe Previo de Resultados de Gestión 2018.

Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Por el que solicita se informe al Instituto Nacional Electoral la designación de los legisladores propuestos como Consejeros del Poder Legislativo para integrar el Consejo General del instituto.

Iniciativas de ley o decreto

Del Congreso del Estado de Colima

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos.

Del Congreso del Estado de Hidalgo

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Del Congreso del Estado de Veracruz

Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) del numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Declaratoria de publicidad de iniciativas y minutas con vencimiento de plazo

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios para la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 260 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de presupuesto participativo, suscrita por los diputados Reginaldo Sandoval Flores y Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de los Derechos de los Jóvenes, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones de turno a comisión

Con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en dicha entidad, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del Trabajo, y de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a emitir resolución apegada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe en el estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo y a su equipo de transición, para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al encargado de despacho de la PGR, a que informe de manera pública y abierta al pueblo de México sobre el proceso penal y exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos del Senado a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado 24 de abril, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz y establecer ajustes tarifarios preferenciales, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que a través de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, amplié e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, informe el estado que guarda la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, por la que han sido afectadas diversas comunidades en la salud de sus habitantes y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, a cargo del diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la Legislación Nacional, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa “operativo de lluvias”, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos), suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que en coordinación con la PGR, implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efeméride

Con motivo del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La propuesta de puntos en el orden del día corresponde, conforme a la ley, a la Jucopo o a la Mesa, no a los señores miembros de esta asamblea.



INTERVENCIÓN DE DIPUTADOCUESTIONAMIENTO A LA PRESIDENCIA RESPECTO A SU PRESENCIA EN EL EVENTO QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LLAMÓ INFORME DE GOBIERNO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Adelante. ¿A quién? Póngale el micrófono, por favor.

El diputado Santiago González Soto(desde la curul): Presidente, una pregunta de procedimiento.

Diputado presidente, muy buenos días. Primero para que me anoten en el tablero electrónico, Santiago González Soto, y para que me vaya conociendo, diputado presidente.

Y pregunta de procedimiento: con fundamento en el artículo 114, fracción I, de nuestra Ley Orgánica, quisiera preguntar a usted en calidad de qué acudió usted el día de ayer a lo que el presidente de la República le llamó el Informe de Gobierno. ¿En fundamento de qué acudió usted, si a título personal o como representante de esta Cámara? Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No acepto ninguna censura, porque los actos públicos de las diputadas y los diputados son nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana y política. —No, no, ¿para qué?

Lo hice en mi calidad de diputado, de presidente de la Cámara de Diputados. Y me hizo favor de acompañarme el señor vicepresidente Adame. Este tema lo vamos a tocar más tarde, pero no, no va a usted a poner...

—¿Para qué, diputado? El presidente expresa la unidad de esta Cámara y no está roto el orden constitucional.

Eso dice la ley, yo acaté la ley. Y quiero decir que tanto el diputado como yo fuimos agredidos físicamente por otro miembro de este Congreso, lo que es inaceptable.

Por fortuna, el proyecto de ley sobre fuero constitucional será presentado por el diputado Pablo Gómez, en unos minutos, y entonces abriremos el debate informado y serio sobre este tema. No hay más que hablar. No hay más que hablar.

—No le acepto su moción de orden porque no hay desorden. A no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré. Adelante. No le falto al respeto. Usted nos faltó ayer al respeto y tuvo agresión física. No...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Usted está mintiendo y exijo el uso de la palabra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No se lo permito porque usted fue el agresor. No le voy a conceder el uso de la palabra. No permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara.

Continúe la Secretaría. —No le voy a escuchar. No le voy a escuchar. No le voy a escuchar. La secretaria, por favor.



ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión constitutiva. Consulte...

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidente, por la mayoría...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ... la Secretaría a la asamblea...

Quítele el sonido, por favor. No le estoy aludiendo. Usted fue el que me aludió. El presidente no puede ser invocado por alusiones personales. No permitiré que usted ponga desorden en esta Cámara. No lo permitirá la Cámara. Espero su respuesta.

Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:No le voy a tolerar su falta de desacuerdo. No le voy a tolerar...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tome su asiento, señor diputado.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la asamblea, en votación económica...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No acepto su provocación.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza:... si se dispensa la lectura del acta de la sesión constitutiva.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le estoy pidiendo la palabra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No se la voy a conceder.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No. Diputado presidente, no le voy a tolerar su falta de respeto. No le voy a tolerar su insolencia.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No soy insolente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Es insolente...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Usted es un golpeador.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ...y le respeto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Usted es un golpeador.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:...la violación del marco constitucional. Permite la violación del marco constitucional. Lea el artículo 69. Me parece inaudito que usted que tiene una alta especialización en el marco constitucional, permita la violación y el atropello a esta soberanía. Se lo advertí desde la sesión del primero de septiembre. Y no le voy a tolerar su autoritarismo.

Si usted vuelve a los tiempos del PRI es su problema. Este país se liberó y esta patria exige respeto a la República.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego que tome su asiento. Hay diputados que no se han dado cuenta que ya ganaron y cambió la mayoría de la Cámara. Lo lamento, lo lamento por un diputado adscrito...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Cuando los Chuchos estaban ahí usted los denostaba, y ahora que estuvo...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es la continuidad del orden republicano. Le ruego que tome su asiento. No es ilegal, ese es su juicio.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:... que pasó en la reunión de ayer.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ese no es mi problema. No se la voy a dar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pues me está violentando mi derecho.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En este momento no. Habrá un debate sobre esto.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Señor, usted me aludió y está violentando mi derecho.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No le aludí. El presidente...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Usted está faltándome al respeto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la secretaria que continúe con el orden del día.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le exijo, diputado presidente, que respete mi derecho al uso de la palabra. Le exijo respeto porque somos pares. Está violentando la Constitución. Me parece muy grave que toleren ese atropello...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le pido a la secretaria que se dispense el acta.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pedí la palabra además para el acta, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De acuerdo con el artículo 103, están prohibidos los diálogos personales.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión constitutiva. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Es por la afirmativa, presidente.

«Acta de la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintinueve de agosto de dos mil diociocho.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el secretario general, Mauricio Farah Gebara, informa que cuenta con la documentación relativa a las diputadas y diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de las y los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el numeral tres, del artículo quince, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, menciona a las y los siguientes diputados electos, a quienes corresponde integrar la Mesa de Decanos: Pablo Gómez Álvarez, como presidente; Dulce María Sauri Riancho, Antonio Ortega Martínez, y Héctor Yunes Landa, como vicepresidentes; Lucero Saldaña Pérez, Porfirio Muñoz Ledo, y Óscar González Yáñez, como secretarios; y los invita a ocupar sus lugares en el presídium.

Presidencia de la Mesa de Decanos diputado Pablo Gómez Álvarez

A las doce horas con siete minutos, con la asistencia de cuatrocientos noventa y nueve diputadas y diputados electos, el presidente de la Mesa de Decanos declara abierta la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

La Secretaría da lectura al Orden del Día.

Puestos todos de pie, el ciudadano Pablo Gómez Álvarez, rinde protesta como diputado y como presidente de la Mesa de Decanos, y posteriormente toma la protesta de Ley a las diputadas y diputados electos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo de los grupos parlamentarios relativo a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. De conformidad con los artículos quince, numerales siete y ocho; y diecisiete, numerales uno, dos y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección de la Mesa Directiva correspondiente al periodo mencionado a través de votación por cédula.

Por mayoría calificada de cuatrocientos noventa y seis votos a favor, y tres en contra, es electa la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que funcionará durante el Primer Año de Ejercicio, misma que es integrada por los siguientes diputadas y diputados: Porfirio Muñoz Ledo, como presidente; María Dolores Padierna Luna; Marco Antonio Adame Castillo; y Dulce María Suari Riancho, como vicepresidentes; Karla Yuritzi Almanzán Burgos; Mariana Dunyaska García Rojas; Sara Rocha Medina; Héctor René Cruz Aparicio; Ana Gabriela Guevara Espinoza; Carmen Julieta Macías Rábago; Lilia Villafuerte Zavala; y Lyndiana Elizabeth Burgarín Cortés, como secretarios. La Presidencia de la Mesa de Decanos hace la declaratoria respectiva e invita a los integrantes de la Mesa Directiva electa pasen a tomar posesión de sus cargos.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

Puestos todos de pie, el diputado Porfirio Muñoz Ledo rinde protesta como presidente y acto seguido toma la protesta de los demás integrantes de la Mesa Directiva.

El presidente declara:

“Hoy veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.

Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano.

El presidente instruye se comunique por escrito la constitución de Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva, al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los Congresos de las entidades federativas.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente cita a la Sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que tendrá lugar el próximo sábado primero de septiembre de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, y levanta la sesión a las catorce horas con siete minutos.»

INTERVENCIÓN DE DIPUTADO



SOLICITA SE LE PERMITA HACER USO DE LA PALABRA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Señor presidente, estoy pidiendo la palabra por el acta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El acta es del 29, que ya es una fecha que pasó.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pero la está poniendo a votación y le estoy pidiendo la palabra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, vote. Está aprobada el acta. Vote. Como todos, vote. Si está de acuerdo vota a favor y si está en desacuerdo vota en contra. Muchas gracias. Ya está dispensada.

Continúe con Comunicaciones.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No, compañeros, estoy pidiendo el uso de la palabra de manera correcta desde el principio de la sesión. Ahí está. Yo vengo a plantear argumentos y vengo a hablar de una violación...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Para que no se hable de autoritarismo, pido a la asamblea en votación económica, si se le concede al diputado Fernández Noroña el uso de la palabra. Pido el voto a mano alzada.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Mayoría abrumadora de la asamblea. Sigamos la sesión.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Congreso de Guanajuato.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de hoy, realizó la declaratoria correspondiente sobre la procedencia de la opción de cargo presentada por la diputada Beatriz Manrique Guevara, con efectos a partir del día 28 de agosto del año en curso, en virtud de haber optado por el cargo de diputada federal, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo y reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, 16 de agosto de 2018.— Diputado Guillermo Aguirre Fonseca (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Guanajuato.»

«Congreso de Guanajuato.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de hoy, realizó la declaratoria correspondiente sobre la procedencia de la opción de cargo presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, con efectos a partir del día 29 de agosto del año en curso, en virtud de haber optado por el cargo de diputada federal, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo y reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, 26 de julio de 2018.— Diputado Guillermo Aguirre Fonseca (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Guanajuato.»

«Congreso de Guanajuato.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de hoy, realizó la declaratoria correspondiente sobre la procedencia de la opción de cargo presentada por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, con efectos a partir del día 29 de agosto del año en curso, en virtud de haber optado por el cargo de diputada federal, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo y reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, 16 de agosto de 2018.— Diputado Guillermo Aguirre Fonseca (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Guanajuato.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a considerar en sus propuestas de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, presupuesto para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la protección de sus derechos.

”Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a los Congresos locales, consideren la aprobación de presupuestos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como, para la protección de sus derechos.”

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2018.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente con el siguiente punto de acuerdo:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a considerar la inclusión dentro de los empleados superiores de Hacienda, a los que hace referencia el artículo 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que sea ratificado por dicha Cámara.”

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2018.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda para su atención.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Permanente con el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su agenda legislativa propuestas para armonizar la legislación sanitaria del país, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023, con una visión incluyente y respetuosa de los pueblos indígenas que llevan a cabo este tipo de prácticas.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2018.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la permanente con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la manera en que se fijarán en lo sucesivo los montos de los aprovechamientos que se fijan como contraprestación por la emisión o prórroga de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ponderando en mayor medida el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6o. y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a analizar en la aprobación de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019 la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a efecto de determinar las cuotas que deberán pagar los operadores de telecomunicaciones móviles, en función de las características técnicas de cada una de las bandas utilizadas para la prestación de esos servicios, así como de los objetivos plasmados en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013. Asimismo, que valore la posibilidad de ajustar a la baja los montos de los derechos, a fin de reducir la desventaja de nuestro nivel internacional en términos del costo del espectro radioeléctrico.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Hago de su conocimiento que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 489, apartado 1, tercer párrafo, 490, apartado 1, inciso r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 82, apartado 1, incisos l) y yy), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 10, inciso a), del Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ha sido remitido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el informe previo de gestión de 2018.

En tal virtud y en cumplimiento de lo establecido en el referido numeral 489, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hago llegar a usted copia del citado informe.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018.— Contador Público Gregorio Guerrero Pozas (rúbrica), titular.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso de la Unión.— Mesa Directiva.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito remitir a ustedes el VI Informe de Gobierno enviado por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado que guarda la administración pública del país, presentado en la sesión de Congreso General para la apertura de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2018.— Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica), secretaria.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a usted 500 estuches que contienen el sexto Informe de Gobierno del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto, sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Lo anterior a fin de solicitarle sea usted el conducto para su entrega a las y los diputados integrantes de esa honorable Cámara.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Distribúyanse entre las diputadas y los diputados.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación 16 oficios con los que remite el sexto informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo y de la Procuraduría General de la República.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Cultura, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Salud, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

Derivado de la reforma constitucional de 2014, la Procuraduría General de la República sufrió un importante cambio en su naturaleza jurídica, sin embargo, tradicionalmente formula un informe de labores que por nuestro conducto remite a esa honorable Cámara, en consecuencia, me permito enviar a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Procuraduría General de la República, en versión electrónica, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de esa Procuraduría.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y a los diputados, y túrnese a las comisiones correspondientes.

———————— o ————————

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número D00/ 100/ 106/ 2018, el licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo abril-junio de 2018.

Por lo anterior, le acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito que sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., facción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo abril-junio de 2018, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de la comisión en la cuarta sesión ordinaria de 2018 y que, de no haber inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar el 31 de agosto del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018.— Licenciado Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica), presidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento de los artículos 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y 82, fracción XV, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito enviar para conocimiento de la Cámara de Diputados el informe previo de resultados de gestión correspondiente a 2018 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del cual se rindió cuenta al pleno del instituto de los resultados de la gestión relacionados con el programa anual de trabajo, incluyendo lo correspondiente al programa anual de fiscalización; asimismo, se informó de las actividades de la titularidad del Órgano Interno de Control y de los expedientes relativos a las faltas administrativas e imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, mediante el oficio número IFT/ 300/ OIC/ 556/ 2018.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2018.— Enrique Ruiz Martínez (rúbrica), en suplencia por ausencia del titular.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdova Vianello, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, párrafo 1, incisos a) y p) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a usted para comentarle lo siguiente:

Toda vez que el 29 de agosto del año en curso los diputados electos tomaron protesta para quedar legalmente constituida LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 36, numeral 4 y 37, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de no existir inconveniente alguno, le solicito su valioso apoyo a efecto de que se informe al Instituto Nacional Electoral quienes han sido los legisladores propuestos como Consejeros del Poder Legislativo para integrar el Consejo General de este Instituto.

Lo anterior a efecto de que estemos en condiciones de convocar a dichos Consejeros del Poder Legislativo para que concurran a las sesiones del Consejo General.

Agradeciendo su atención al presente, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, DF, a 30 de agosto de 2018.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario del Consejo General.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES



LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Congreso de Colima.

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento al acuerdo aprobado por esta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria número 18, celebrada el 13 de agosto de 2018, y en el uso de las atribuciones previstas en la fracción 111 del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Único. Se reforman los artículos 60 párrafo tercero y 15 fracciones VII, VIII Y IX; Y se adicionan la fracción X al artículo 15 y el párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en los siguientes términos:

Artículo 6o. ...

...

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión, respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía.

La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión, y que acrediten que los recursos necesarios para la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en la vía concesionada, se destinaron conforme a los términos y condiciones establecidos en el título de concesión y las leyes aplicables.

...

...

Artículo 15. ...

I. a VI. ...

VII. El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía, así como la restricción expresa de que los recursos obtenidos para estos fines no podrán ser destinados para la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en vía distinta a la concesionada;

VIII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, mismas que serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la secretaría;

IX. Las causas de revocación y terminación; y

X. La restricción expresa de que los recursos obtenidos por la explotación de la vía concesionada no podrán ser destinados para la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en vía distinta a la concesionada.

Artículo 30. ...

...

Los recursos obtenidos por la explotación de la vía concesionada, así como los destinados para el fondo de reserva al que se refiere la fracción VII del artículo 15 de esta ley, no podrán ser destinados para la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en vía distinta a la concesionada.

Lo que se le comunica para los efectos legales correspondientes, anexándose al presente el Acuerdo de referencia. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 13 agosto de 2018.— Los secretarios de la Mesa Directiva, diputados: Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Congreso de Colima.

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento al acuerdo aprobado por esta soberanía, en sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 13 de agosto de 2018, y en el uso de las atribuciones previstas en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de financiamiento de partidos políticos.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ...

...

...

...

II. ...

...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) y c) ...

III. a VI. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 51, párrafo I, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51 ...

1. ...

a)...

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para la Ciudad de México, para los partidos políticos nacionales, o la Unidad de Medida y Actualización de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

II. a V. ...

b) y c)...

2. ...

3. ...

Lo que se le comunica para los efectos legales correspondientes, anexándose al presente el Acuerdo de referencia. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 13 de agosto de 2018.— Los secretarios de la Mesa Directiva, diputados: Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Congreso de Hidalgo.

Diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo primero transitorio, del acuerdo suscrito por las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, anexo al presente, copias certificadas del acuerdo emitido el 17 de julio de 2018, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy y de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Marco Antonio Ramos Moguel, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, para que, de considerarlo, se adhieran a la propuesta.

Por otra parte, les solicito remitan a este Poder Legislativo, vía electrónica, el acuse de recibo del presente oficio, a través de la cuenta de correo acuses.ssl@gmail.com

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, 30 de julio de 2018.— Licenciado Eroy Ángeles González (rúbrica), secretario de Servicios.»

«Congreso de Hidalgo.

Acuerdo

Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos-que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judoca de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes-del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos- en las entidades de sus jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, los Diputados Locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez aprobada, remítase a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos previstos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Envíese copia del presente a los 31 Congresos Estatales y al de la Ciudad de México, para que de considerarlo se adhieran a la presente propuesta de adhesión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos Transitorios

Primero. Remítase el presente acuerdo, así como copia certificada del documento que le dio origen, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos legislativos previstos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo: Envíese copia del presente acuerdo a los 31 Congresos estatales y al de la Ciudad de México, para que de considerarlo se adhieran a la propuesta de iniciativa de adhesión que adiciona el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 7 v la fracción V Bis al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los diecisiete días del mes de julio de 2018.— Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, diputados: Norma Alicia Andrade Fayad, Daniel Andrade Zurutuza (rúbrica), Mariana Bautista de Jesús, Luis Enrique Baños Gómez (rúbrica), Marcelino Carbajal Oliver (rúbrica), Ana Leticia Cuatepotzo Pérez (rúbrica), Marco Antonio Martínez Quintanilla (rúbrica), Miguel Ángel de la Fuente López, Octavio de la Torre Sánchez (rúbrica), Ana Bertha Díaz Gutiérrez (rúbrica), Jorge Miguel García Vázquez, Santiago Hernández Cerón, Luis Alberto Marroquín Morato (rúbrica), Emilio Eliseo Molina Hernández (rúbrica), Sandra Simey Olvera Bautista, Mayka Ortega Eguiluz (rúbrica), María Luisa Pérez Perusquía (rúbrica), Marco Antonio Ramos Moguel (rúbrica), Margarita Ramos Villeda, Manuel Fermín Rivera Peralta (rúbrica), Gloria Romero León, Erika Saab Lara (rúbrica), Efrén Salazar Pérez, Horacio Trejo Badillo (rúbrica), Humberto Cortés Sevilla, Ernesto Vázquez Baca (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, Luis Vega Cardón (rúbrica), Araceli Velázquez Ramírez (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Congreso de Hidalgo.

Diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo primero transitorio, del acuerdo suscrito por las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, anexo al presente, copias certificadas del acuerdo emitido el 17 de julio de 2018, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy y de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Luis Alberto Marroquín Morato, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, para que de considerarlo, se adhieran a la propuesta. para que, de considerarlo, se adhieran a la propuesta.

Por otra parte, les solicito remitan a este Poder Legislativo, vía electrónica, el acuse de recibo del presente oficio, a través de la cuenta de correo acuses.ssl@gmail.com

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, 30 de julio de 2018.— Licenciado Eroy Ángeles González, secretario de servicios.»

«Congreso de Hidalgo.

Acuerdo

Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforma la fracción I, Apartado B, del artículo 13; se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3; un Capítulo VI Bis, Salud Digital; los artículos 71 Bis 1, 71 Bis 2, 71 Bis 3, 71 Bis 4 y 71 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

VII Bis. La salud digital, el establecimiento de convenios e como la interoperabilidad de datos entre las distintas instituciones profesionales de la salud en el Sistema Nacional de Salud;

Artículo 13....

A. ...

I. a X . ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VII Bis, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Capítulo VI Bis
Salud Digital

Artículo 71 Bis 1. La salud digital se refiere al conjunto herramientas, estrategias y acciones impulsadas por el Sistema Nacional de Salud, que permiten aumentar la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios a su cargo, mediante el uso de tecnologías de la información.

Artículo 71 Bis 2, La Salud digital comprende:

I. La implementación de registros electrónicos de salud, tales como el Expediente Clínico Electrónico;

II. El intercambio de datos clínicos e interoperabilidad de las distintas instituciones y profesionales de salud, desde tecnologías digitales, como un V tema prioritario para el Estado;

III. Las prescripciones en línea, la prestación de servicios de atención médica, de diagnóstico y monitorización a través de tecnologías de la información;

IV. El establecimiento de plataformas digitales que contribuyan con la calidad, eficiencia, planificación y vigilancia .de la salud pública o el ejercicio de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, además de aquellas destinadas para trámites administrativos relacionados con los servicios que se ofrecen;

V. Instrumentos colaborativos a distancia para el apoyo de decisiones clínicas o de salud pública;

VI. La integración de conocimientos y su uso en la formación capacitación y actualización del personal de salud en plataformas digitales desarrolladas por las autoridades de salud o educativas competentes; y

VII. En general todas aquellas intervenciones, campañas y estrategias, basadas en el uso de las tecnologías de la información, que contribuyan a que el Sistema Nacional de Salud pueda garantizar el derecho a la protección de la salud.

Artículo 71 Bis 3. En el uso de este tipo de tecnologías, el Sistema Nacional de la Salud y los particulares atenderán las disposiciones en materia de protección y uso de datos personales.

Artículo 71 Bis 4. La Secretaría estará a cargo de la Estrategia Nacional de Salud Digital, misma que se desarrollará con base en principios de economía, eficiencia presupuestal y coordinación.

En términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables los gobiernos de las Entidades federativas podrán promover estrategias sustentables en materia de salud digital:

Artículo 71 Bis 5. La telemedicina, la teleradiología, la teleimagenología, así como la implementación del Expediente Clínico Electrónico, el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación, corresponderán a la Secretaría, la cual podrá establecer convenios con las Entidades Federativas para dicho fin.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículos Transitorios

Primero. Remítase el presente acuerdo, así como copia certificada del documento que le dio origen, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos legislativos previstos en los artículos 71 y 72.de la Constitución Política de los Estados

Segundo. Envíese copia del presente Acuerdo a los 31 Congresos Estatales y al de la Ciudad de México, para que de considerarlo se adhieran a la propuesta de Iniciativa de adhesión que adiciona el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 7 y la fracción V Bis al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 28 días del mes de julio de 2018.— Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, diputados: Norma Alicia Andrade Fayad (rúbrica), Daniel Andrade Zurutuza (rúbrica), Mariana Bautista de Jesús, Luis Enrique Baños Gómez (rúbrica), Marcelino Carbajal Oliver (rúbrica), Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Marco Antonio Martínez Quintanilla (rúbrica), Miguel Ángel de la Fuente López, Octavio de la Torre Sánchez (rúbrica), Ana Bertha Díaz Gutiérrez (rúbrica), Jorge Miguel García Vázquez, Santiago Hernández Cerón, Luis Alberto Marroquín Morato (rúbrica), Emilio Eliseo Molina Hernández, Sandra Simey Olvera Bautista, Mayka Ortega Eguiluz (rúbrica), María Luisa Pérez Perusquía (rúbrica), Marco Antonio Ramos Moguel (rúbrica), Margarita Ramos Villeda, Manuel Fermín Rivera Peralta (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Erika Saab Lara (rúbrica), Efrén Salazar Pérez, Horacio Trejo Badillo (rúbrica), Humberto Cortés Sevilla, Ernesto Vázquez Baca (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica en contra), Luis Vega Cardón (rúbrica), Araceli Velázquez Ramírez (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Congreso de Veracruz.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local, somete a la consideración de esa soberanía, la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma el inciso e) del numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por el pleno de esta potestad legislativa.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras distinguidas consideraciones.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 31 de julio de 2018.— Diputada María Eliza Manterola Sainz, presidenta; diputado Carlos Antonio Morales Guevara, secretario.»

«Congreso de Veracruz.

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto que reforma el inciso e) del numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el inciso e) del numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

1. ...

2 ...

a) a d)...

e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos, así como los porcentajes, que para los mismos efectos, se prevea en las entidades federativas;

f) a j)...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Transitorios

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado.

Segundo: Remítase a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos procedentes.

Dada en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del honorable Congreso del estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho.— Diputada María Elisa Manterola Sainz (rúbrica), Presidenta diputado Antonio Morales Guevara (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE INICIATIVAS Y MINUTAS CON VENCIMIENTO DE PLAZO



SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan:

I. El Poder Legislativo Federal;

II. El Poder Judicial de la Federación;

III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia;

IV. Los tribunales administrativos de la Federación;

V. La Procuraduría General de la República;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias federales, y

VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.

Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable.

En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes:

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;

III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes;

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;

VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y

VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía.

Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Capítulo IIDe la determinación de las remuneraciones

Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:

I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de:

a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales;

b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo;

c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o

d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley.

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional.

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto.

IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente:

a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.

La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público;

b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y

c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar.

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

La falta de dictamen se subsana. mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad.

Capítulo IIIDe la presupuestación de las remuneraciones

Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente:

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas.

II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda.

III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:

a) Cámara de Senadores;

b) Cámara de Diputados;

c) Auditoría Superior de la Federación;

d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Consejo de la Judicatura Federal;

f) Banco de México;

g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

h) Instituto Federal Electoral;

i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación;

1) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y

m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley.

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que:

a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración.

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración.

Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción.

Capítulo IVDe las percepciones por retiro y otras prestaciones

Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo.

Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos.

Capítulo VDel control, las responsabilidadesy las sanciones

Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.

Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente.

Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley:

I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes;

II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas;

III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias;

IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y

V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción.

Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos.

Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años.

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso.

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley.

Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con los artículos 217 Bis y 217 Ter, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO Delitos Cometidos por Servidores Públicos

CAPÍTULO V BISDel pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos

Artículo 217 Bis. Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita:

I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Artículo 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas:

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y

IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 184, numeral 1, y 95, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad, a efecto de que esta minuta sea puesta a discusión y votación el próximo jueves 13 de septiembre.

INTERVENCIÓN DE DIPUTADAS



EN RELACIÓN CON EL TURNO QUE RECAYÓ A LAS INICIATIVAS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, ciudadana diputada? ¿Con qué objeto? Ya se le había concedido al anterior diputado el uso de la palabra, diputada. Micrófono, por favor.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (desde la curul): Solamente hacerle la aclaración. Está usted enviando todas estas iniciativas, todos estos documentos a ciertas comisiones. ¿Por quién están presididas? ¿Quiénes las integran? ¿Qué Junta de Coordinación Política? Si no se ha formado ninguna Junta de Coordinación Política, señor presidente.

Siento que esto es una especie de farsa, en la que no queremos participar, al menos en lo individual, no sé si los demás compañeros de Acción Nacional. No quiero participar en esta farsa de enviar a una Junta de Coordinación Política, que no existe; a unas comisiones, que no sabemos quién las preside ni quiénes las integran. Con todo respeto, diputado presidente, esta es mi duda, si pudiera usted aclararnos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: A todo asunto que se transmite a esta Mesa debe legalmente recaer un trámite. Esta situación se ha presentado en todas legislaturas, porque tardan 30 días en formarse las comisiones, así lo dispone la ley. Luego, tienen 20 días para dictaminar.

El procedimiento parlamentario es que los asuntos turnados durante las primeras sesiones quedan en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integren las comisiones respectivas. Espero haber obsequiado su...

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, Rosario.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (desde la curul): Sí, solamente aclararle que ya quisiéramos nosotros ver conformada la Junta de Coordinación Política. Ojalá y sea de manera democrática. Ojalá exista un equilibrio en esta legislatura.

Nosotros, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional quisiéramos que, ya formada la Junta de Coordinación Política, a la brevedad, pueda participar nuestro coordinador en ella y pueda presidirla.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, los órganos de la Cámara se están formando en los plazos legales y según entendemos quedará formalmente constituida la Junta de Coordinación Política el próximo jueves. Muchas gracias.



PARA REFERIRSE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A DIVERSAS PETICIONES DE COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, su nombre, por favor.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): María Rosete.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿De qué partido?

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Encuentro Social.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me da mucho gusto. No la escucho, sonido para la diputada.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Sí, con base en la fracción II, del numeral 1, del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, solamente para manifestar la proposición con punto de acuerdo, con respecto a varias peticiones de hombres y mujeres que trabajan ejerciendo una actividad autosustentable en el espacio público, en concreto, comerciantes en la vía pública que enfrentan diariamente situaciones adversas entre abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, despojos, cobro de cuotas o multas y fabricación de delitos, en los que se les involucra para justificarse y someterlos al escrutinio de la opinión pública. Evidentemente esto significa la criminalización de la pobreza ante las dificultades de...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me permite, señora diputada, este asunto corresponde a asuntos generales.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Nada más quisiera concluir, por favor, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, no hay un tema a discusión.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Lo anterior, porque aquí hay personas que vinieron a manifestar esta preocupación.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro, las vamos a atender.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Por eso quisiera yo terminar, quisiera yo por favor continuar.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero no está en el orden del día, señora. Haga llegar a la Mesa Directiva...

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): No voy a tardar, solamente un minuto, presidente, por favor se lo pido.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tárdese un minuto.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Ante las dificultades de acceder o renovar permisos, los hace vulnerables al abuso o los decomisos y extorsiones.

El uso de la fuerza pública por parte de las autoridades se convirtió en un recurso común, dejando en estado de indefensión a millones de personas que se dedican a esta actividad en parte del territorio mexicano.

Que quede claro que este exhorto no intenta alentar la anarquía del espacio público, la transformación de las políticas públicas...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Su minuto ha terminado.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Termino. La transformación de las políticas públicas se legisla escuchando a los que no han tenido voz.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Concluya, por favor.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (desde la curul): Gracias. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias a usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una moción de orden.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No hay desorden. No hay moción de orden cuando no hay desorden, a no ser que usted lo vaya a crear. No hay moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted lo vaya a crear.

Yo quiero rogarle a la señora...

—No le he dado la palabra. Yo no le estoy faltando al respeto. Mire, por favor, quiero decirle... No, por favor, para qué, no hay motivo.

Dígale, por favor, señora diputada, que la ley no reconoce, ni el Reglamento, puntos de acuerdo. Son mociones no legislativas, para que recaigan decisiones no legislativas. Y ya en el Reglamento está previsto que se turnen a las comisiones para que las analicen.

—¿Una moción de orden? No hay desorden. Hay que tener un poco de tolerancia y hay que controlar la adrenalina. Espero que todos lo hagamos. No. Bueno, seguimos el orden del día.



DECLARATORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Honorable asamblea, esta Presidencia, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados declara que han sido constituidos los siguientes grupos parlamentarios para la LXIV Legislatura: Grupo Parlamentario de Morena. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Además, dos diputados sin partido.

En consecuencia, a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por diez minutos el...

—Diputado Preciado. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Solo para que nos ampliara la información sobre grupos parlamentarios, porque es fundamental el número de diputados que tenga cada grupo para la constitución de la Junta de Coordinación Política y los demás órganos de la Cámara.

Si pudiera ser tan amable de mencionarnos con cuántos diputados se registró cada grupo parlamentario y también cuál fue el criterio jurídico para que el Partido Encuentro Social pudiera constituirse como grupo parlamentario, cuando la Ley Orgánica y el Reglamento establecen que ante la pérdida del registro y no existir un partido político nacional, no podrían integrar un grupo parlamentario en esta Cámara.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me informa la Secretaría que lo que estamos declarando es la constitución de los grupos. El número y los nombres serán publicados el día 28, cuando se recoja toda la información. Porque después ya no habrá cambios ni se podrán crear nuevos grupos parlamentarios. Es en beneficio de los propios grupos.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, diputado.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): El número de integrantes de cada grupo parlamentario es fundamental para la creación de los órganos antes del día 28, por eso sería importante para nosotros saber con cuántas firmas —y yo creo que eso no debe tener mayor dificultad— se registró cada grupo parlamentario para ser reconocido por la Mesa Directiva.

Entonces, no creo que sea muy complicado que la Secretaría le pueda aportar el número de integrantes de cada grupo parlamentario y el criterio jurídico para que el Partido Encuentro Social se constituya en grupo parlamentario, en virtud de su pérdida del registro ante el Instituto Electoral.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, son dos asuntos. Se da un mes para creación de las comisiones, porque entendemos todos que debe ser equitativa y proporcional entre los distintos grupos parlamentarios. El número definitivo lo informará el secretario general de esta Cámara a la brevedad posible.

Mientras tanto nos atenemos a los que pronunció, a los que declaró en la sesión constitutiva. Cuando sean firmes ya los números, porque esto es una flexibilidad para que los grupos parlamentarios se constituyan en definitiva. Pero hoy estoy obligado por el Reglamento a declarar la constitución de los grupos y no hay ninguna cancelación oficial del registro Partido Encuentro Social. No hay ninguna notificación oficial de cancelación de registro.

Tiene la palabra...

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, diputada Verónica Juárez.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Para informarle que el 29 de septiembre precisamente se dio la constitución conforme a nuestra norma de los grupos parlamentarios y se dio cuenta en esta misma sala, que al Grupo Morena le corresponderían, según los datos que tenemos, 247. PAN, 80. PRI, 47.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así es.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): PES, 31. PT, 29. MC, 28. PRD, 20. Partido Verde, 16. Y dos diputados independientes.

Nosotros nos sumamos a la propuesta que se ha hecho acá con quien me antecedió en el uso de la palabra, en virtud que es importante que se tenga claridad para poder tener una votación como usted lo ha solicitado. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Esos son los datos de la sesión inaugural. Se publicará en la Gaceta Parlamentaria, los datos, nombres y todas las características de cada grupo. Muchas gracias.

Tiene la palabra por diez minutos...

El diputado Mario Mata Carrasco(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene usted la palabra.

El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Gracias. Muy amable. Siendo reiterativo. Es muy importante para la conformación de las comisiones saber el número. No creo que nos cueste mucho darnos el respeto de darnos cuál es la cantidad de legisladores por cada grupo parlamentario que usted está reconociendo. Creo que debemos tener esos números para que sea realmente justa y equitativa la distribución de las comisiones. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya la conformación se dio a conocer, y con base a ella empezará la constitución de las comisiones del Congreso. Cualquier cambio que haya se les notificará. Ya fue declarada por la Secretaría el número registrado hasta la fecha de la constitución de la Cámara y conforme a ese vamos a trabajar.

La compañera me ha hecho el favor —se lo agradezco— de leer lo que el secretariado consideraba que ya era innecesario porque se había leído en sesión anterior. Pero qué bueno que me auxilió para la mejor inteligencia de toda la Cámara. Muchas gracias.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdónenme, debo dar curso a la sesión. No hay tema a discusión, ya se aclaró reiteradamente. —Dígame.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Solicito el uso de la palabra solo para pedirle que con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica de este Congreso, se establece en el numeral 3 que en la primera sesión ordinaria de la Legislatura cada grupo parlamentario, de conformidad con lo que dispone la ley, entrega a la Secretaría General la documentación siguiente.

El inciso c): Nombre de los diputados que hayan sido designados como coordinadores.

El inciso b): Las normas que rigen en los grupos.

Pero lo importante es el inciso a): Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo con especificación del nombre y lista de sus integrantes.

Mi pregunta, presidente, es ¿se tiene esta acta y, en su caso, la lista de los integrantes es la que se cantó en la sesión constitutiva?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Mire, no sé si he sido claro, y si no lo fui les ruego una disculpa. El plazo fenece hoy —tenemos todo el día—. Y no todos los grupos parlamentarios han entregado su documentación.

Se va a cumplir el plazo al que usted se refiere porque mañana será publicado en la Gaceta. No han integrado sus documentos. Termina el plazo cuando termina la sesión. No sé si la Secretaría esté en aptitud de que antes de que terminara la sesión se obsequie, la Secretaría General. Vamos a pedirle a la Secretaría General que actualice, al fin de la sesión, para obsequiar su petición, cuál es la conformación de los grupos hasta ahora. Muchas gracias.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad de servidores públicos.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Gracias, diputado presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena presento una iniciativa con aval de grupo, con el propósito de reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política.

De lo que se trata es de eliminar el llamado fuero, que consiste en la inmunidad procesal penal. Esta inmunidad procesal penal es considerada históricamente en nuestro país como un privilegio, un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos.

En este momento ese privilegio es considerado por una mayoría nacional, sin duda alguna, como un privilegio indebido, algo innecesario, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos y ciudadanas.

No debe haber ningún elemento que distinga o que privilegie a una persona por el hecho de tomar parte en la integración de alguno de los poderes.

La inmunidad es, en cambio, un mecanismo para garantizar el funcionamiento de dichos poderes.

Los titulares de estos no deben ser arrestados por autoridades menores con el propósito de que tales poderes: Presidencia, Corte, Congreso, gubernatura, Congreso local, puedan funcionar con libertad, pero sus integrantes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al presidente de la República.

Y permítanme detenerme aquí un momento, esta es la segunda vez que yo presento una iniciativa, y actualmente hay una minuta en el Senado que fue enviada por la Cámara de Diputados, siempre el problema para eliminar el fuero ha sido el presidente de la República, presidente que no quiere que le quiten el fuero. Hablo de Calderón y hablo de Peña, para hablar con sinceridad.

Hoy va a llegar a la Presidencia un ciudadano mexicano que critica la existencia de dicho fuero y que promueve su completa eliminación, incluyendo la figura de presidente de la República, cargo que él va a ocupar, me refiero a Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, con el resultado de las elecciones, lo digo para aquellos que preguntan a veces para qué sirven las elecciones, para cambiar muchas cosas, algunas grandes, otras pequeñas. Esta no sé de qué tamaño es, pero la elección servirá para eliminar el fuero del que han gozado los titulares de los poderes públicos.

En tal virtud se requieren hacer modificaciones de varios artículos. El presidente será sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito. Nosotros también, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse.

Si la sentencia es condenatoria, se comunica dicha sentencia a la Cámara de Diputados y se da por suprimida la inmunidad y se da por terminado el ejercicio del cargo. Así se propone el sistema, sobre la base de una sentencia.

Esto va a cambiar muchas cosas, pero sobre todo algo que es un bien inmenso: la percepción de la ciudadanía frente a sus autoridades, en especial aquellas que son elegidas por la propia ciudadanía.

Uno de los elementos de mayor descrédito del Congreso es la existencia de ese fuero, el fuero que se le liga a la prepotencia del servidor público representante popular; a la capacidad de este para decidir cosas que solo él puede hacer. Todo esto debe modificarse, esto es parte de un plan que nosotros tenemos, como toda esta asamblea conoce, que tiene que ver también con una nueva política de administración pública, con la eliminación de la costumbre de que los poderosos se ponen su propio sueldo, utilizan el patrimonio público para su beneficio.

Hacen y deshacen como quieren. En los presupuestos generan los moches, venden presupuesto a autoridades inferiores, asociaciones, ONG, todo lo que hemos visto. Lo que ha escandalizado a la sociedad mexicana tiene que eliminarse. Hoy empezamos por lo que a nosotros respecta, con la presentación de una iniciativa en la que se simboliza nuestra decisión de luchar contra los privilegios del poder; a hacer iguales a personas ciudadanos comunes y corrientes, y poderosos.

Ponerlos en un mismo plan de igualdad, controlar a los poderosos, vigilarlos, ponernos bajo el escrutinio público y bajo el imperio de la ley. Restablecer en México el Estado democrático de derecho.

Esta es una inmensa tarea política de una nueva mayoría electoral que ha llegado al Congreso, a varias gubernaturas, a numerosos congresos locales y a la Presidencia de la República en breve.

Con ese planteamiento, con esa convocatoria que va a requerir de la sociedad entera un resuelto apoyo, porque no puede ser obra de unos cuantos, debe ser obra de grandes corrientes de la ciudadanía, de un pueblo entero que quiere reconquistar su propia República para hacer en su seno la cristalización de la justicia política, de la justicia económica, bajo las nuevas leyes, bajo un nuevo patrón de distribución del ingreso, bajo una situación en la que el poder esté al servicio del pueblo.

Ese es nuestro propósito y aquí, con esta sencilla iniciativa, queremos simbolizarlo el día en que el Congreso inicia sus sesiones ordinarias. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Pablo Gómez Álvarez, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta por su conducto iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política, según lo siguiente.

Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución sobre inmunidad de altos servidores públicos

Exposición de Motivos

Existe una muy amplia exigencia popular entre la ciudadanía que sufraga por todos los partidos políticos en el sentido de que sea eliminado el llamado “fuero constitucional” que impide abrir procesos penales a los altos funcionarios públicos, incluyendo a los diputados y senadores al Congreso, sin autorización previa de la Cámara de Diputados.

En dos ocasiones se ha intentado modificar la Carta Magna con el propósito de ubicar a esos servidores públicos en el mismo plano de cualquier ciudadano en cuanto se refiere a la acción penal, eliminando para ello el privilegio del que ahora cuentan.

En ambas ocasiones se ha detenido el proceso legislativo mediante el conocido mecanismo de “congelación” que es, como se sabe, enteramente inconstitucional. Por segunda ocasión, me permito presentar iniciativa para superar la existencia del llamado fuero sin que se ponga en peligro el funcionamiento normal de los poderes públicos del Estado mexicano.

El “aforamiento” es el sistema según el cual no es posible proceder a ejercer acción penal sin que el funcionario sea antes expulsado del foro, el llamado “desafuero”, ya se trate de un legislador, un gobernante, un comisionado o un juez precisamente aforados, es decir bajo la protección de un consistorio.

La inmunidad simple consiste en proteger la realización normal de las funciones de esos altos funcionarios sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria.

A su vez, la inmunidad parlamentaria o legislativa abarca al mismo tiempo el carácter inviolable de los representantes populares por las opiniones que manifiesten. El alcance de esta inmunidad no podría circunscribirse al tiempo en que el legislador o la legisladora se encuentra en sede parlamentaria, pues sus funciones no se circunscriben a ésta. Es necesario dejar atrás definitivamente la discusión sobre la ubicación física del parlamentario o parlamentaria que emite las opiniones para fijar el carácter inviolable de éstas.

La presente iniciativa pretende la eliminación del “fuero”, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están “aforados” puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó.

Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las gobernadoras o los gobernadores de los estados y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto.

En cuanto al presidente de la República, el procedimiento también sería el mismo, con la salvedad de que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones. Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los altos funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso.

Los servidores públicos que gocen de inmunidad podrían recurrir el auto de vinculación a proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si así lo prefieren, o utilizar los recursos ordinarios.

Para despejar dudas al respecto, se aclara que los servidores públicos que gocen de inmunidad podrían ser juzgados aunque el delito que se les impute hubiera sido cometido con anterioridad a la asunción del cargo.

Es necesario subrayar que la inmunidad correspondería sólo a quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, por lo cual los representantes populares con licencia no serían sujetos de la misma, ya fuera en relación con el procedimiento penal como en lo que toca a la manifestación de sus opiniones.

Cabe también aclarar que las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se aplicarían sin el retiro de la inmunidad, y sólo aquellas que implicaran arresto se ejecutarían inmediatamente después de que el servidor público dejara el cargo, de tal suerte que ninguno sería tampoco impune al arresto administrativo que prescriben las leyes.

Para dar completa congruencia a la reforma constitucional que se propone, se establece que las entidades federativas deben tener el mismo sistema para el procesamiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo de sus servidores públicos.

Por los motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo primero. Se adicionan y reforman los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. ...

I. ...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en los artículos 111 y 112 de la presente Constitución.

III. a VI. ...

Artículo 61. Las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y difundan durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.

El presidente o presidenta de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de las y los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Artículo 74. ...

I. a IV. ...

V. (derogado)

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

Artículo 108. ...

La o el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser denunciado, acusado, imputado, procesado y sentenciado, en términos del artículo 111 de la presente Constitución, por traición a la patria y cualquier otro delito.

...

...

Artículo 111. Las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo. Sin embargo, tales servidores públicos son sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Las medidas cautelares no pueden consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

El auto de vinculación a proceso puede ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando el juez de la causa dicta sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez comunica a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del sentenciado, a partir de lo cual éste cesa en sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente.

La o el presidente de la República goza de inmunidad y, por lo que a éste toca, se aplica la misma norma y procedimiento, pero para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado. Cada cámara debe resolver dentro de un improrrogable plazo de diez días hábiles a partir de la correspondiente notificación. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convoca de inmediato a sesiones extraordinarias dentro de un plazo de tres días luego de que le es notificada la sentencia judicial. Nunca procede suspensión judicial, administrativa o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones, discusiones y votaciones en que las cámaras se pronuncian sobre el retiro de la inmunidad y el cese de funciones. La resolución del Congreso en cualquier sentido no interrumpe o altera los ulteriores procedimientos judiciales ni prejuzga sus fundamentos y consecuencias. Las declaraciones y resoluciones que al respecto emiten las cámaras del Congreso son inatacables.

Las y los gobernadores de los estados y la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia también gozan de inmunidad. Cuando alguna o alguno es sometido a proceso penal por la comisión de delitos federales se procede de la misma forma, pero la sentencia judicial se comunica a la correspondiente legislatura local con inmediatos efectos de retiro de la inmunidad y cesación del cargo.

Si se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se podrá conceder al reo la gracia del indulto.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor o autora obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se aplican sin el retiro de la inmunidad, y sólo aquellas que implican arresto se ejecutan inmediatamente después de que el servidor público deja el cargo.

En sus respectivas constituciones, los estados y la Ciudad de México deben tener el mismo sistema contenido en el presente artículo para el procesamiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo.

Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta Constitución cuando se encuentran separados de su encargo, pero los mismos no la pueden recobrar ni volver al puesto luego que el Ministerio Público presente la imputación en su contra ante juzgado competente.

Si la o el servidor público es elegido o designado para desempeñar otro cargo de los incluidos en el artículo 111, se procede de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Gómez Álvarez, Adela Piña Bernal, Aleida Alavez Ruiz, Alejandro Ponce Cobos, Araceli Ocampo Manzanares, Armando Contreras Castillo, Azael Santiago Chepi, Beatriz Rojas Martínez, Carol Antonio Altamirano, Erik Isaac Morales Elvira, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Irineo Molina Espinoza, Irma Juan Carlos, José Luis Elorza Flores, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Martínez Flores, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorena Villavicencio Ayala, Lorenia Iveth Valles Sampedro, María del Carmen Bautista Peláez, María Wendy Briseño Zuloaga, Marina del Pilar Ávila Olmedo, Mario Martín Delgado Carrillo, Martha Patricia Ramírez Lucero, Martina Cazarez Yáñez, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto. ¿Para qué o con qué objeto, señora diputada?

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente, quiero pedirle justamente, antes de que le dé turno, que reconsideren la presentación de la iniciativa, en virtud de que se encuentran en el Senado de la República minutas justo con respecto a este tema.

Hay dos minutas, una presentada hace dos legislaturas, con respecto a la eliminación del fuero solamente de legisladores hacia abajo, y una presentada en abril de este año, donde se busca la eliminación del fuero a todos los legisladores, digo, a todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta los legisladores.

La solicitud tiene que ver con ahorrar trámites procesales. Me parece importante que esta discusión se dé en la Cámara que continúa, que es el Senado de la República, y en todo caso le pediríamos más bien que se adhieran al punto de acuerdo que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, haciendo un exhorto al Senado de la República a que sea aprobada esta minuta que ya fue discutida en las últimas sesiones en la Cámara de Diputados.

Nos parece un tema de fundamental trascendencia y, por eso mismo, para ahorrar tiempo, no iniciar un proceso legislativo en esta Cámara, cuando este ya se dio a finales del periodo ordinario anterior y es importante que esta minuta continúe en su discusión en el Senado de la República.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le agradezco muchísimo su información, señora diputada. Efectivamente, hay en el Senado, se me informa, dos minutas que no están dictaminadas, una de ellas del propio diputado Pablo Gómez. Como no la dictaminan allá, él está en todo su derecho de presentarla aquí.

El exhorto, es un exhorto nada más, se lo puede llevar el viento. No está a discusión la iniciativa, estará a discusión el dictamen, no está a discusión la iniciativa, ya está turnada y estamos en curso de la agenda parlamentaria.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si es relativo al turno que se ha dado, con mucho gusto, señor diputado. Con mucho gusto, señor diputado, tiene usted la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente, es relativo al turno, efectivamente. Yo quisiera sumarme a la petición de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra porque, como bien lo dice, se va a abrir la discusión sobre el tema y considero un error grave retirarle el fuero al presidente de la República.

En Brasil, la diputada Dilma Rousseff teniendo fuero fue destituida con un falso delito de corrupción. En Ecuador, al vicepresidente Jorge Glas le fue inventado un delito de corrupción y le fue retirado el fuero y está en la cárcel. El propio compañero presidente electo López Obrador sufrió en carne propia el desafuero y fue gracias al fuero que logró mantenerse en la carrera presidencial de 2006. Y termino, el fideicomiso que se hizo para ayudar a los damnificados del sismo fue usado perversamente por el órgano electoral diciendo que había un elemento de corrupción del propio compañero presidente electo López Obrador.

Por todas estas razones me parece temerario e irresponsable el retiro del fuero al presidente de la República, ya que a nosotros no se nos podrá retirar, pues no se nos puede aplicar una ley de manera retroactiva y ya tomamos protesta con fuero constitucional. Por estas razones le solicito al diputado Pablo Gómez que retire su iniciativa.

El diputado Pablo Gómez Álvarez(desde la curul): Puedo contestar a su solicitud.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No hay debate, señor diputado, pero ya que él hizo, el diputado Noroña, una observación, le doy la palabra para que responda.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Ya lo sé. En este momento no está a discusión la iniciativa que yo presenté.

Lo que dice el diputado Noroña, él lo sabe muy bien, es algo absolutamente y totalmente improcedente. Pero no me importa la procedencia, sino que me importa que se quiera precipitar una discusión antes de tiempo. Lo que podemos hacer es empezar a discutirlo al margen de comisiones. Nada más le informo que la presidenta de Brasil no fue desaforada, el procedimiento fue impeachment.

Segundo lugar, ningún poderoso debe tener privilegios por encima de la sociedad, ninguno. Ese es el punto republicano. Lo defenderemos porque tenemos razón histórica. Abajo los fueros, por segunda vez en la historia, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No está abierta a discusión la iniciativa, por lo tanto, no se dará la palabra ya sobre este tema. Estoy llamando al orden.

Le permití al diputado Pablo Gómez, puesto que el diputado Fernández Noroña había pedido y porque usted ya había hablado, les contesto a los dos: esta ronda no está prevista en Reglamento.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Para qué hechos señora? No, no. Es un turno, el turno ya se dio. El turno no es reversible. Aclárolo. ¿Quiere usted aclarar sobre el turno? El turno ya fue concedido, por favor.

Turnado el asunto procederá la discusión en comisiones, no aquí. Sí, pero se dio el turno. El turno está dado, ya, es un hecho legal. Gracias.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Pero para qué? Usted pide que no se dé el turno y el turno ya fue dado. Otro diputado me pide el uso de la palabra. Justino Arriaga.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Gracias, señor presidente. Al inicio de esta sesión usted mencionó algo muy grave, que el día de ayer usted, como presidente de esta Mesa Directiva, había sido agredido por un integrante de esta misma Cámara de los Diputados. No solamente usted sino también el diputado Adame, el vicepresidente.

Yo sí quiero, primero —además estamos en el tema del fuero constitucional—, que nosotros primero, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos varias iniciativas al respecto y por supuesto que saludamos nuevamente la iniciativa del diputado Pablo Gómez. Lo que yo sí le quiero... —Además de solidarizarme con usted, señor presidente de esta Mesa Directiva—, es que hay que actuar en consecuencia y poner, por supuesto, la denuncia correspondiente contra esas agresiones que usted y el diputado Adame sufrieron en día de ayer.

Tenemos que empezar a respetarnos todos, las y los diputados. Y siendo la primera sesión ordinaria de esta nueva legislatura, será muy importante este precedente. Así como también la agresión que sufrió la diputada Ana Gabriela Guevara, cuando estaba interviniendo en la tribuna, cuando ella estaba hablando como secretaria de la Mesa. Es gravísimo ese hecho y usted lo sabe muy bien...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Muchísimas gracias. Y la solidaridad con usted, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias por su solidaridad.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): No puede dejar pasar ese gravísimo hecho.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Este asunto no está a discusión. Cada uno de los que estuvieron implicados tomará las decisiones políticas o jurídicas que corresponda. Por lo que hace a mí, no tomaré ninguna. —Ahora no, porque ya se acabó.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estamos dando el turno. Por favor déjeme que siga la agenda. Ya fue dado el turno y tendremos justamente, y lo dije ayer, en el debate de esta iniciativa sobre el fuero, posibilidad de discutir con toda amplitud qué significa en la práctica y legalmente. A qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho.

Por lo tanto, no tiene objeto, en mi criterio, abrir el debate sobre un tema particular. Muchas gracias. Siguiente iniciativa.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusiones.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No hay discusión en turno. Yo le hubiera rogado al diputado que no abriera este debate —gracias, por su solidaridad—. Hay una petición. Ya está turnado el asunto.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, por alusiones.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No hay discusión en curso. No hay discusión en curso. Tome la palabra, por favor, la diputada. Por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Presidente, por alusiones...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es en el capítulo de discusiones, vuelva a leer la ley. No estamos en discusiones. No estamos en discusión, señor diputado. No cambiará usted la opinión de la Mesa, a la que he consultado. Es un empeño innecesario y superfluo.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lucero Saldaña Pérez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 260 del Código Penal Federal suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI...

Me disculpo, porque hay antes una diputada del PAN. En orden decreciente. Una disculpa. Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Silvia Garza Galván para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván:Con su permiso, diputado presidente. Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que busca la eliminación total del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a las gasolinas en el tenor de la siguiente exposición de motivos.

Estimadas compañeras y compañeros de las distintas fracciones parlamentarias, como resultado de una de las necesidades más apremiantes que hoy tiene la sociedad mexicana, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta una iniciativa cuyo objetivo es subsanar los efectos del gasolinazo, producto de la reforma fiscal que se aprobó en el 2013.

Desde hace años Acción Nacional ha insistido en la necesidad de corregir los errores del daño económico y ambiental que se causa a los y las mexicanas. Y no solamente hablo del daño económico fuerte a la economía familiar, también hablo de la irresponsabilidad de Pemex de producir gasolinas de mala calidad y afectar la calidad del aire que impacta fuertemente en la salud de las y los mexicanos, especialmente de la megalópolis.

Hemos presentado varias iniciativas que buscan enmendar los efectos del gasolinazo impuesto por el gobierno de Peña Nieto. Tan importante es para nosotros, que incluso forman parte de la gran estrategia nacional que emprendimos en todo el país bajo el esquema de las 24 acciones económicas para fortalecer la economía.

Es oportuno señalar que esta propuesta incomodó de manera reiterada al gobierno que iba a mover a México encabezado por Peña Nieto, y en todas las oportunidades que tuvieron la extinta mayoría desecharon nuestras iniciativas presentadas en la materia con el pretexto del supuesto impacto fiscal que conlleva.

Al respecto, y en descargo de nuestro grupo parlamentario, dejamos constancia de que nuestro proyecto de reforma no se analizó de manera seria, responsable y a profundidad. Acción Nacional presenta una vez más el tema de la reducción del IEPS en las gasolinas con el objetivo de que en el próximo paquete económico sea revisado por la comisión correspondiente y podamos revertir en el corto y mediano plazo los efectos negativos que en la economía son evidentes y se reflejan en el incremento, en la inflación y en la disminución del salario real de los trabajadores mexicanos.

Esperamos coherencia y altura de miras en la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, así como en el grupo parlamentario que representa sus intereses en el Congreso de la Unión.

Esa voluntad política es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos impuestos por el presidente Peña Nieto.

Por el bien de México estamos ciertos de que habrá consensos y podemos aprobar esta iniciativa. De no hacerlo así, solo denotaría la incongruencia y señales equivocadas del nuevo gobierno.

A falta de pocos meses para que termine la gestión del presidente Peña Nieto, los resultados distan mucho de lo prometido. Nuestra economía no muestra síntomas de consolidación y tenemos finanzas públicas basadas únicamente en la contratación de deuda y en una recaudación fiscal que grava a los mismos contribuyentes de siempre.

México crece con dificultades arriba del dos por ciento. La deuda neta casi alcanza el 50 por ciento del PIB. Tenemos una moneda devaluada del 70 por ciento y que ha impactado el costo financiero de la deuda. Hay una menor plataforma de producción de petróleo acompañada de la caída del precio, menor inversión, y como resultado de todo eso, más de dos millones de mexicanas y mexicanos pobres del 2012 a la actualidad.

Esta deficiente administración caracterizada por la opacidad, el dispendio, el mal manejo de las finanzas y de la economía en general ocasionó la escasez de recursos públicos para invertir en proyectos que verdaderamente generen desarrollo.

Presentar algunos ejemplos es presentar en cada paquete económico reformas a diversas leyes fiscales para gravar en mayor medida a los contribuyentes cautivos.

Interpretar a conveniencia las leyes fiscales para gravar productos que antes no pagaban impuestos.

El tema específico del incremento constante del precio en las gasolinas a todas luces resulta un contrasentido, pues lo que el gobierno priista criticó de las administraciones que le antecedieron resultó ser su bandera más emblemática en contra de la economía familiar, que por cierto en al menos en Coahuila se acabaron las marchas del cacerolazo.

Es importante señalar que, desde finales del 2012, el precio promedio del petróleo ha mantenido una racha baja hasta el 2018. Por contrario, desde que el gobierno de Peña Nieto asumió el poder, al consumidor de la gasolina le ha impactado de una manera negativa al incrementar los precios de hasta el 77 por ciento respecto del final del sexenio anterior. Pensé que estábamos en la cuarta transformación. Qué pena.

Fue tal la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas del gobierno que está próximo a salir, que los ingresos generados con la reforma fiscal resultaron insuficientes para el nivel del gasto superfluo que se tiene y que se tenía.

En el contexto de una mayor recaudación sin beneficios —termino— de inversión para la sociedad, en el 2015 se reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para establecer por primera vez una cuota específica a los precios de los combustibles, pero con el propósito de evitar los incrementos indiscriminados a los precios de la gasolina por parte del gobierno federal.

Fue el propio gobierno federal quien en diversos medios de comunicación argumentó...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con todo respeto, señora diputada, le ruego abrevie.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: —Termino, presidente— ...que los gasolinazos llegarían a su fin, nada más alejado de la realidad que vivimos los mexicanos, pues en el 2006 una vez más se dio el incremento al precio que sostendría, que sostendrá, con toda seguridad hasta el próximo año, como incluso ya está siendo reconocido y manifestado por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Llegó la hora de saber, compañeros y compañeras, si vamos por el grand slam o por un ponche. El pueblo de México espera que cumplamos las promesas de campaña. En Acción Nacional estamos listos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Así nos interesa que el presente proyecto de iniciativa...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No me obligue a quitarle el sonido...

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: ... buscamos eliminar todas las transas del IEPS, aplicable a las...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: —Termino—. Acción Nacional está listo para cumplirle a México. Espero que el grupo mayoritario...

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, párrafo 1o., fracción I, 77, párrafo 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que busca reducir al cincuenta por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es una respuesta a una de las necesidades más apremiantes de la sociedad mexicana, ya que pretende revertir los efectos perjudiciales que la reforma fiscal que se aprobó a finales del 2013 generó a distintos sectores.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin duda representa una de las principales prioridades y, de hecho, a lo largo de los últimos años se ha insistido en la necesidad de corregir los errores y el daño que se causa a las y los mexicanos.

Así establecido, es preciso subrayar que en Acción Nacional hemos presentado varias iniciativas que buscan subsanar los efectos de los “gasolinazos” impuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tan importante es para nosotros este tema que incluso forma parte de la gran estrategia nacional que emprendimos en todo el país, bajo el esquema de las “24 Acciones para Fortalecer la Economía” que fue uno de los principales temas de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura.

Es oportuno señalar que evidentemente esta propuesta incomodó de manera reiterada al gobierno priista encabezado por Peña Nieto, y en todas las oportunidades que tuvieron desecharon nuestras iniciativas presentadas en la materia, con el pretexto del supuesto impacto fiscal que conlleva.

Al respecto y en descargo de nuestro grupo parlamentario, dejamos constancia de que nuestro proyecto de reforma no se analizó de manera seria, responsable y a profundidad. Por el contrario, se sumó y se diluyó constantemente al análisis del Paquete Económico de cada ejercicio fiscal y se desechó por no contribuir a los intereses tanto de la federación como de las leyes de ingresos que fueron aprobadas a partir de 2014.

Estas son las motivaciones que impulsan a nuestro grupo parlamentario para presentar esta iniciativa de ley. Acción Nacional tiene el firme compromiso de apoyar a las familias mexicanas en su economía, y este tema no es la excepción.

Desde que se aprobó el denominado “gasolinazo”, y como Acción Nacional lo ha hecho, se presenta una vez más el tema de la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en las gasolinas con el objetivo de que en el próximo paquete económico sea revisado por la comisión correspondiente y podamos revertir en el corto y mediano plazo, los efectos negativos que en la economía son evidentes y que se reflejan en el incremento en la inflación y la disminución del salario real de los trabajadores mexicanos.

Esperamos coherencia y altura de miras en la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, así como en el grupo parlamentario que representa sus intereses en el Congreso de la Unión. Esa voluntad política es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos impuestos por Peña Nieto.

Por el bien de México estamos ciertos de que habrá consensos y podremos aprobar esta iniciativa, de no hacerlo así, sólo denotaría incongruencia y señales equivocadas del nuevo gobierno respecto de su interés por velar por los intereses del pueblo. De tal forma, retomamos los argumentos actualizados de la exposición de motivos y que, evidentemente, siguen siendo vigentes dada la realidad económica que vive la sociedad mexicana.

El hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió entre otras cosas, a acabar con los denominados gasolinazos bajo el argumento de que la economía tendría su base en las reformas estructurales, que darían estabilidad a la economía y a las finanzas públicas de nuestro país.

A falta de pocos meses para que termine su gestión, los resultados distan mucho de lo prometido. Nuestra economía no muestra síntomas de consolidación, y tenemos unas finanzas públicas basadas únicamente en la contratación de deuda y en una recaudación fiscal que grava a los mismos contribuyentes de siempre. En suma, el manejo de las finanzas públicas ha restringido las grandes inversiones que deberían impulsar el desarrollo económico de México.

Los resultados de los indicadores económicos de mayor relevancia, así lo revelan. A pesar de que el país ya cuenta con las reformas estructurales que el Congreso de la Unión aprobó, con la participación sustantiva de Acción Nacional, como parte del compromiso que hicimos con la sociedad, como la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y la reforma hacendaria, tenemos una economía altamente expuesta a los vaivenes de la economía internacional.

México crece con dificultades por arriba del 2 por ciento; la deuda neta casi alcanza el 50 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB); tenemos una moneda devaluada en 70 por ciento desde que dio inicio la actual administración y que ha impactado en el costo financiero de la deuda; hay una menor plataforma de producción de petróleo, acompañada de la caída de su precio; menor inversión; y como resultado de todo lo demás, 2 millones más de mexicanas y mexicanos pobres de 2012 a la actualidad.

Esta deficiente administración caracterizada por la opacidad, el dispendio, mal manejo de las finanzas y de la economía en general, ocasionó la escasez de recursos públicos para invertir en proyectos que verdaderamente generen desarrollo, lo que al mismo tiempo incentivó a que de forma recurrente el gobierno federal tenga que hacer uso de diversas argucias políticas para hacerse llegar de recursos presupuestarios ante la incapacidad de “hacer buen gobierno”.

Algunos ejemplos claros son:

• Presentar en cada Paquete Económico reformas a diversas leyes fiscales para gravar en mayor medida a los contribuyentes cautivos sin necesidad de hacer esfuerzos por ampliar la base gravable o establecer mecanismos fiscales que apoyen al sector productivo e;

• Interpretar a conveniencia las leyes fiscales para gravar productos que antes no pagaban impuestos. Los casos más representativos son el impuesto al valor agregado (IVA) a alimentos empaquetados aplicado en 2015, el reciente anuncio de publicación de la resolución miscelánea que gravara a productos lácteos con contenidos de azúcar y por último y el más grave quizás, el anuncio del incremento en el precio de las gasolinas haciendo caso omiso al planteamiento de liberalización de precios por región y de manera parcial en tanto nuestro mercado asimilara tal cambio en la política de precios.

En el tema específico del incremento constante del precio de las gasolinas, a todas luces resulta un contrasentido, pues lo que el gobierno priista criticó de las administraciones que le antecedieron, resultó ser su bandera más emblemática en contra de la economía de las familias.

Es cierto que el desliz del precio de la gasolina se ha aplicado desde el último gobierno panista, pero eran ajustes fiscales necesarios y representaban pocos centavos, era un ajuste controlado y venía precedido de un fuerte subsidios a las gasolinas en años previos, prueba de ello es que el IEPS por este concepto fue negativo en los primeros años del gobierno de Felipe Calderón.

Situación que es totalmente distinta en el gobierno de Peña Nieto, toda vez que se aplica de forma mensual, pero se realizó de manera desmesurada a grado tal que dañó gravemente a la economía del país y el bolsillo de muchos mexicanos.

Es importante señalar que, desde finales de 2012, el precio promedio del petróleo, ha mantenido una racha a la baja hasta 2018, que resulta en una disminución promedio de 54 por ciento, lo cual desafortunadamente no se ha reflejado en la baja de precio de los combustibles y mucho menos en el bolsillo de los mexicanos mediante el comportamiento de la inflación. Este fenómeno contraviene la justificación inicial del gobierno actual respecto al incremento de las gasolinas por el alto precio internacional del petróleo.

Por el contrario, desde que el gobierno de Peña Nieto asumió el poder, al consumidor de gasolina le ha impactado de manera negativa, al incrementar los precios hasta en un 77 por ciento respecto al final del sexenio anterior.

Por ejemplo, mientras que el precio promedio de la gasolina magna era de 10.92 pesos por litro en 2012, al inicio de este sexenio, hoy se vende en un promedio de 19.09 a nivel nacional (74 por ciento tan sólo para ese tipo de combustible).

Por si fuera poco, el salario real de los trabajadores disminuyó con el incremento en el precio de las gasolinas, lo que impactó en la capacidad de compra y consumo.

Fue tal la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas del gobierno que está próximo a salir que, los ingresos generados por la reforma fiscal resultaron insuficientes para el nivel de gasto superfluo que tenían. Este hecho provocó que recurrieran al mecanismo lesivo de recaudar recursos a través del incremento del precio de las gasolinas.

En el contexto de una mayor recaudación sin beneficios de inversión para la sociedad, en 2015 se reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para establecer por primera vez una cuota específica a los precios de los combustibles, pero con el propósito de evitar los incrementos indiscriminados a los precios de las gasolinas por parte del gobierno federal.

En el Congreso de la Unión se estableció una banda con valores mínimos y máximos que contuviera la tendencia alcista y evitar daños mayores a las familias.

Bajo la justificación de “lo ideal” de la reforma antes señalada, a inicios de 2015 se actualizaron los precios de las gasolinas. Fue el propio gobierno federal quien, en diversos medios de comunicación, argumentó que los gasolinazos llegarían a su fin. Nada más alejado de la realidad que vivimos los mexicanos pues a principios de 2016 una vez más se dio un incremento en el precio que se sostendrá con toda seguridad hasta el próximo año, como incluso ya está siendo reconocido y manifestado por el propio gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.

Con el desmesurado aumento en el precio de los combustibles, no se hizo esperar el incremento en la inflación, producto de la escalada de precios de muchos productos que integran la canasta básica y que resultan parte vital para la subsistencia de muchas familias.

De acuerdo con la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de enero de 2013 a julio de 2018, la inflación se ha incrementado 23.5 por ciento al pasar de un índice de 3.97 a 4.81, superior a la tasa objetivo del 3 por ciento que se planteó en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este contexto, con el presente proyecto de iniciativa queremos dejar constancia de que Acción Nacional busca mitigar los efectos lesivos de tales decisiones, y reiteramos el llamado a las nuevas autoridades y a la nueva composición de esta Cámara de Diputados, a sumarse a este esfuerzo encaminado a resarcir el grave daño ocasionado por el gobierno saliente a la sociedad mexicana.

Llegó la hora de saber si las prioridades del nuevo gobierno en verdad se centran en el pueblo de México.

Es así que por medio del presente proyecto de iniciativa, buscamos disminuir al 50 por ciento las tasas del IEPS aplicable a las gasolinas y con ello frenar la escalada de incrementos en los precios que se ha venido presentando en esta administración y que impacta de una manera totalmente injusta el bolsillo de las y los mexicanos.

Por décadas el precio de la gasolina y diésel había sido determinado por el Gobierno Federal bajo esquemas no competitivos y ajenos al mercado, es hora de corregir el esquema fiscal y hacerlo eficiente y justo, anteponiendo siempre el bien común.

De tal suerte que la liberalización del precio de la gasolina bajo el esquema vigente, no refleja las condiciones del mercado actual y es necesaria una reforma porque la carga impositiva que tiene su venta, es realmente alta (35 por ciento) lo que en comparación con otros países nos hace poco competitivos, pero más allá de eso, insistimos en que, de no hacerse, continuará afectando a la cadena de variables que integran nuestra economía, principalmente, el de los precios de distintos productos.

En suma, el presente proyecto de iniciativa busca eliminar la distorsión económica que existe en el mercado por tener un precio elevado de la gasolina debido a la carga impositiva tan alta que insistimos, encarece el precio de nuestros combustibles.

Por lo expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se deroga del artículo 2, el inciso D) fracción I y se eliminan los numerales 3 y 5 del inciso H y se recorren los demás en sus términos; se deroga el artículo 2-A todos ellos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. . . .

A) a C) . . .

D) (Se deroga)

E) a G)

H) Combustibles Fósiles

Cuota Unidad de medida

1. Propano 6.93 centavos por litro

2. Butano 8.98 centavos por litro

3. Turbosina y otros kerosenos 14.54 centavos por litro

4. Combustóleo 15.76 centavos por litro

5. Coque de petróleo 18.29 pesos por tonelada

6. Coque de carbón 42.88 pesos por tonelada

7. Carbón mineral 32.29 pesos por tonelada

8. Otros combustibles fósiles 46.67 pesos por tonelada de carbono que contenga el com- bustible

. . .

. . .

I) . . .

II. a III. . . .

Artículo 2o.-A. (Se deroga).

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de aplicar cuotas complementarias al precio de los combustibles.

Notas

1 Durante el gobierno del presidente Peña Nieto se dieron varios “ajustes presupuestarios” en diferentes dependencias federales que dieron pie a la cancelación de muchos proyectos de inversión.

2 El gobierno federal no quiso reconocer su error, pero se puede interpretar su reconocimiento si se asume que el subsidio a las gasolinas en ciertas regiones del país fue un mecanismo para contener precios e inflación en el corto y mediano plazo.

3 http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx

4 Cortes anuales a diciembre para el caso de 2013 y a julio para el caso de 2018.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Silvia Guadalupe Garza Galván,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvya Violeta Garfias Cedillo, Sonia Rocha Acosta, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Tiene la palabra por cinco minutos la diputada...

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas(desde la curul): Presidente, antes...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estoy dando la palabra...

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): ... Pido la palabra para una moción de orden.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La moción de orden. Señora diputada, dígame.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Primero que nada, México tiene los ojos puestos en esta Cámara, que se dice histórica y no está viendo las conductas de respeto al presidente de la Mesa Directiva ni a las y los mexicanos. Vengo a pedir una moción de orden acorde al artículo 115, porque en el pleno no se permiten diálogos, y lo que está habiendo es diálogo continuo, porque obviamente se pueden plantear ideas, se pueden manifestar, pero no se deben generar debates en este momento.

Por eso pido una moción de orden acorde al artículo 115, y pedir obviamente la palabra, la libertad de expresión, pero también el respeto como secretaria de la Mesa Directiva. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. Estamos comenzando apenas un periodo de sesiones y estamos comenzando a organizar los trabajos.

Hemos preferido en ocasiones respetar la libertad de expresión, aunque sea ligeramente apartado de las normas, pero con el tiempo y mejor conocimiento de los instrumentos legales, aspiro y espero a que vayamos fortaleciendo el orden republicano de esta Cámara. Muchas gracias.



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Lucero Saldaña Pérez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 260 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:Muchas gracias, presidente. En esta primera sesión ordinaria, el Grupo Parlamentario del PRI quiere ser muy sensible a las causas más nobles de la sociedad y las consecuencias que tiene un problema grave silenciado.

Por eso, a nombre de mis compañeras y mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, es que presento esta iniciativa vinculada a la justicia, a los derechos humanos, que ha constituido parte de asuntos de agenda sobre todo de mujeres, pero que no tiene qué ver solamente con ellas, sino que hoy que somos paridad en esta Cámara debemos ser conscientes como sociedad, que el delito silenciado, oculto, difícil de medir pero mucho más frecuente de lo que se piensa, que mayoritariamente ocurre entre cuatro paredes, perpetrado por quienes no se esperaría, que afecta a la población más indefensa, que es la niñez. Me refiero al abuso sexual infantil.

Los datos que disponemos apenas son un acercamiento al fenómeno, porque debido a las características de este delito estamos lejos de conocer las cifras reales. La mayor parte de las víctimas guardan silencio y muchas seguirán calladas si no hacemos algo, pero los niños y las niñas no van a ir a un Ministerio Público, no saben que es delito.

Los datos de la OCDE de 2017 arrojan 4.5 millones de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual en México y tan solo un dos por ciento de casos se denuncia.

Recordemos que México tiene el deshonroso primer lugar de pornografía infantil en el mundo. La niñez sí es muy vulnerable, ha sido atacada de diversas formas. Es por ello que el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes da cuenta de que el 90 por ciento de los delitos sexuales contra niñas y adolescentes no son denunciados, sobre todo sí hay más mujeres, pero esto involucra a ambos sexos.

Del total de personas que han dicho de 15 años y más, que han sido abusados en edad temprana, vemos casos de suicidios, de adicciones, de depresión, de violencia, y por ello es importante que veamos realmente qué está sucediendo en nuestros hogares, que son las personas más cercanas: los tíos, los primos, hermanos, familiares, padres, padrastros.

El Comité de Derechos del Niño observa como abuso sexual toda actividad impuesta por un adulto hacia un niño, contra el que tiene derecho a la protección de derecho penal. También se considera abuso las actividades sexuales impuestas por un niño hacia otro, y el abuso sexual implica esa imposición de comportamiento de contenidos sexuales, sobre todo en desigualdad, en asimetría de poder, por lo que se da a través de engaño, fuerza, mentira, manipulación, y cuando se quiere tener confianza esas personas, ese círculo que se ha llamado círculo de cuidado y convivencia, a veces es el que lo está agrediendo.

Por eso la comunidad escolar debe ser garante de ello y es así como el papel de las y los maestros debe tener un protocolo de actuación.

La propuesta está en modificar la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, precisamente para que se creen estos protocolos de actuación, de prevención, atención, canalización y podamos evitar mayores problemas al respecto. Pero también el Código Federal, para que aseguremos que el tipo penal sea clarificado, se aumente la penalidad y adopte la Unidad de Medida y Actualización en la determinación de la pena por abuso sexual y agregar circunstancias por las cuales el delito de abuso sexual sea perseguido oficiosamente, brindando mayor protección a las niñas, niños y adolescentes.

Han suscrito mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, espero que los demás grupos también se adhieran y que podamos, que este mal sea erradicado y que en este momento que viven en silencio muchos niños y niñas con temor y vergüenza, hoy podamos decirles: los estamos protegiendo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 260 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

María Lucero Saldaña Pérez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el artículo 260 del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual infantil.

Exposición de Motivos

La violencia sexual es una de las más graves manifestaciones del maltrato que viven de manera aguda mujeres niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

Este organismo ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo; que representa un problema grave de salud pública global y que constituye un problema de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia social.

Desafortunadamente uno de los grupos de población más vulnerables ante este tipo de violencia son las niñas y niños. En particular a lo largo de esta propuesta enfocaremos una de sus expresiones: el abuso sexual infantil. Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha logrado incidir para contener y atender de manera efectiva.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia a la infancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que constituye “desde el minuto cero un delito”, con graves consecuencias que pueden durar toda la vida.

UNICEF retoma la definición que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) emplea sobre la violencia infantil, que implica:

“...los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, [incluidos] todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. (UNICEF, 2015)” (subrayado propio).

Cierto es, como ya se mencionó, que el abuso sexual hacia niñas y niños forma parte de un conjunto más amplio de expresiones de la violencia infantil, que en su conjunto revelan lo mucho que la sociedad tiene que hacer para asegurar un estado de bienestar y de respeto a los derechos de las niñas y niños en todo el mundo y, en particular, en México. Es una forma de violencia extendida, pero que queda en la impunidad por la dificultad que implica su detección y efectiva atención.

Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia. La OMS estimaba en 2002 que:

• En el mundo, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sexualmente violentadas y violentados;

• Una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres, será abusado sexualmente antes de sus 18 años; y

• Hasta 20 por ciento de las mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil.

En el caso de México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 2017: alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, de los cuales únicamente 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso .

De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el quinquenio comprendido entre 2010-2015, se integraron 6 mil 300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual infantil (según los registrados en 15 entidades federativas y la Fevimtra). No obstante esta misma comisión estima que existe una “cifra negra” superior a 94 por ciento en lo que hace a los delitos sexuales (CEAV, 2016:198-199).

En este periodo la misma fuente contabilizó 6 mil 970 víctimas, 69 por ciento niñas y 12 por ciento niños (en el resto de casos, no se determina el sexo, lo cual por sí mismo es una omisión que complica el análisis de este fenómeno).

Por su parte, la organización Save the Childrenda cuenta de que:

• Cuatro de cada diez delitos sexuales son en personas menores de edad.

• En México, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales.

• 28 mil 672 es el número de personas que figuran como víctimas en averiguaciones previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad.

• En el mismo periodo fueron atendidas 317 mil 996 niñas y adolescentes entre 0 y 15 años de edad en los servicios de salud por casos relacionados con violencia sexual.

Aunque la violencia sexual afecta en mayor proporción a las niñas y adolescentes, los niños varones representan un porcentaje importante, también son vulnerables y su nivel de denuncia es menor por la autocensura y el estigma que tal hecho les significa. Por ello, en este tipo de violencia se debe hacer referencia a ambos sexos.

Asimismo diversos especialistas han señalado cuestiones tan graves como las siguientes:

• Que el promedio de edad de las víctimas de abuso sexual infantil en México es de 5.7 años.

• Que 77 por ciento de las víctimas son mujeres.

• Que los principales agresores son personas cercanas a la víctima: hermano (19 por ciento); padrastro (18 por ciento); tío (16 por ciento) y padre (15 por ciento).

• Que entre las personas adultas que buscaron apoyo, una de cada dos víctimas no recibieron ningún tipo de ayuda en la infancia y solo 22 por ciento tuvo algún apoyo.

• Que las víctimas suelen presentar un síndrome de estrés postraumático, manifestándose en 40 por ciento de los casos en alteraciones de los hábitos escolares; 10 por ciento en los hábitos del sueño; y alrededor de 70 por ciento miedo a salir o jugar. Niñas y niños abusados sexualmente tienen repercusiones graves como baja autoestima, comportamientos sexuales de riesgo, embarazos no deseados y hasta el suicidio.

• Entre las consecuencias en la vida adulta se incluyen diversas afectaciones en la autopercepción, la vivencia y disfrute de la sexualidad, problemas psicológicos, dificultad en las relaciones de pareja y con hijas e hijos, entre otras.

Medir los impactos de la violencia sexual es sumamente complejo. Ésta tiene efectos muy profundos sobre la salud física y mental, y en especial está asociada con riesgos y consecuencias en lo referente a salud sexual y reproductiva, ya sea a corto o largo plazo.

La violencia sexual es un problema multifactorial que ha sido abordada (como otros fenómenos similares) desde el modelo ecológico, que parte del nivel micro social relativo al plano individual, en que se ubican los factores de la historia personal y las relaciones familiares más próximas; pasa por el nivel meso-social, en el que se dan las relaciones comunitarias en que las familias y las personas conviven con su entorno inmediato (colonias, vecindarios, ámbitos escolar y laboral); el siguiente nivel es el macro social en el que se conjuntan los factores de carácter estructural e institucional que pueden contribuir a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia en general (sistema jurídico, cultura, sociedad); finalmente, el cuarto nivel, denominado crono-sistema o histórico, refiere a los factores histórico-sociales que pueden legitimar y exacerbar prácticas de violencia sistémicas (ideologías predominantes).

Como se observa en este fenómeno inciden diversos planos de la realidad y sobre ellos hay que actuar para prevenir, detectar y atender de manera efectiva.

En el caso de las niñas y niños, la violencia sexual incluye diversos delitos. Uno de los más frecuentes es el abuso sexual. El Comité de Derechos del Niño, en su observación general número 13 lo define de la siguiente forma:

“Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros medios de presión”.

El abuso sexual infantil implica la imposición de comportamiento de contenidos sexual por parte de una persona (adulta o menor de edad) hacia un niño o niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, por lo que se da a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.

En nuestro contexto, el abuso sexual infantil hace referencia a tocamientos y otros actos sexuales en los que no hay penetración; implica actos que van desde prácticas sin contacto directo (como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico y la utilización o manipulación de niños y niñas para la producción de material visual de contenido sexual), así como actos de contacto sexual explícito sin llegar a la cópula.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, define como violencia sexual infantil:

“...todo contacto y/o actividad sexual entre un(a) niño(a) o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica o moral u obteniendo su consentimiento por medio de engaño; para estimularse sexualmente o estimular a otras personas. Esta forma de violencia atenta con la integridad física y psicológica de una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.” (CEAV, 2016:30).

Un tema a discusión en esta materia es el concepto de “consentimiento”, sobre el que UNICEF es enfático en establecer que éste no puede ser elemento definitorio en los casos de abuso sexual infantil, al afirmar:

“El término consentimiento no encaja en el contexto del abuso sexual infantil, porque el niño abusado sexualmente está sometido a la voluntad de quien abusa de él, voluntad que además se ejerce desde una posición de autoridad y con diversos niveles de coerción. Lejos está un niño, niña o adolescente víctima de así de comprender cabalmente la naturaleza de aquello que consiente, así como el alcance y el propósito de su participación.” (UNICEF, 2015:26, subrayado propio).

Las personas que agreden a las niñas y niños, generalmente forman parte de su círculo de “cuidado” y convivencia inmediato: padres, padrastros, tíos, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la familia. Fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se relaciona cotidianamente: docentes y personal de las instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros; figuras todas ellas de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos.

Aunque desde el ámbito escolar se han hecho esfuerzos por prevenir, detectar y atender la violencia que se presenta en dichos espacios, lo cierto es que a diferencia de otras formas de violencia que afectan a las niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual parecieran no recibir la suficiente atención.

La comunidad escolar resulta un espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes (y otros actores educativos) respecto a cada una de las y los menores a su cargo.

Cuando una niña o niño víctima de abuso sexual da muestras por su conducta o por que logra expresarlo de manera directa, el papel de la persona adulta que lo detecta o escucha es crucial. UNICEF identifica que las y los adultos no agresores, a los que acude la niña o el niño, son su “línea de defensa” y en esta línea incluye en primer lugar a algún familiar (generalmente la madre) y, en segundo lugar, a otros agentes que pueden ser quienes detectan o intervienen:

“Si bien la primera línea de defensa con la que la niña [o niño] cuenta es aquella persona que dentro de su propia familia no está ejerciendo el abuso (por ejemplo, la madre), los agentes de intervención no deben olvidar que todos, desde sus diversas disciplinas y lugares de trabajo, constituyen la segunda línea de defensa para esa niña [o niño].” (UNICEF,2015:35, subrayado propio).

Hasta el momento, se tiene plenamente identificado que el relato de la niña o el niño abusado, constituye el principal indicador de este problema. La mayor dificultad, en este sentido, es que las niñas y niños que viven este tipo de abuso no suelen hablar de él, por el contrario lo ocultan debido al control que tiene el abusador sobre de ellas/ellos.

Existen otros indicadores de que la o el niño viven alguna forma de violencia y algunos otros específicos del abuso sexual, mismos que se detallan en el siguiente gráfico:

Como se puede observar, una parte importante de estos indicadores (marcados en rojo en el gráfico) pueden ser captados en el ámbito escolar, en especial, por las y los docentes.

De acuerdo con el Manual Violencia sexual: identificación y prevención del abuso sexual infantil, editado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Distrito Federal en 2011, se sabe que entre las consecuencias inmediatas observables en la conducta de niñas o niños que pudieran estar viviendo abuso sexual infantil se encuentran: las alteraciones del sueño, los miedos, el bajo rendimiento escolar, demandas de afecto, síntomas psicosomáticos y modificaciones en el comportamiento.

Sobre el bajo rendimiento escolar, se explica de la siguiente forma:

Bajo rendimiento escolar: falta de atención, falta de concentración, falta de realización de tareas, baja en sus calificaciones, mala conducta, aislamiento, inasistencia, problemas con compañeros. El bajo rendimiento escolar se observó en sus calificaciones, ya fuera porque no podía fijar su atención o porque no realizaba las tareas. Esa es una de las consecuencias características de la agresión sexual. Se considera que la continua evocación de la experiencia desagradable desvía la atención del niño o de la niña; el impacto contribuye a la desestructuración del pensamiento y a que no puede concentrase en las tareas escolares. Otra posible explicación surge de la teoría conductual al referirse a la incapacidad aprendida; cuando el niño ha sido expuesto a situaciones sobre las cuales no tiene control, deja de esforzarse y de luchar en situaciones en las puede hacerlo...”

En ese sentido, es pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia. Existen algunos esfuerzos (como el manual antes citado SEP, 2011), pero no se ha establecido plenamente la obligación para que desde el ámbito escolar se intervenga como posible espacio de detección y canalización.

En otras palabras, hasta la fecha, en el ámbito escolar se ha trabajado la violencia que se da en la propia escuela (ya sea el bullying y otras formas de acoso), pero las y los docentes no cuentan con protocolos que guíen sus acciones ante la violencia –en especial la sexual– que puede estar viviendo una niña o niño en otro ámbito, pero que se manifiesta en su rendimiento y convivencia escolar e, incluso, que les pudiera ser narrada por la niña o niño víctima.

UNICEF describe una serie de pasos para atender el abuso sexual infantil, que inician con la detección y notificación, seguidas por el diagnóstico e investigación, que da paso a la atención integra de la víctima y la actuación de las autoridades en el marco de la legislación vigente.

La detección puede ser hecha en diferentes ámbitos: la escuela, el hospital, el consultorio, la entrevista psicológica y por personas que no necesariamente trabajan de manera específica y directa esta problemática (UNICEF, 2015). Esta involucra tres tipos de signos: signos físicos que llamen la atención; signos conductuales que llamen la atención (y a los que ya se hizo referencia en el gráfico anterior) y el relato concreto de la niña o niño.

Es en la detección y notificación que las y los docentes y las autoridades educativas pueden tener un peso importante, a condición de que cuenten con el respaldo institucional para así proceder y siguiendo un protocolo de acción expresamente diseñado.

De hecho uno de los actores institucionales que fueron fuente de información para el diagnóstico integrado por la CEAV en 2016 fue el sector educativo. No obstante, la CEAV se encontró una escasa información en dicho sector y en el laboral, por lo que señaló:

“La escasa información brindada por las Secretarías de Educación y Trabajo evidencia que las acciones de detección de la violencia sexual en los ámbitos laboral y docente son débiles o nulas. En el ámbito docente la atención parece estar concentrada en la detección y atención del bullying, sin que siquiera se reflexione sobre las prácticas de violencia sexual que están implicadas en el acoso escolar.

... En ambos casos, se trata de graves omisiones en el deber del estado de atender la violencia sexual. Además, en ambos casos se dan relaciones de supra subordinación que colocan en alto riesgo a las víctimas y obstaculizan las posibilidades de denuncia. Es por ello que es fundamental desplegar una política preventiva más audaz y una política de atención que desarrolle acciones dirigidas a detectar a las víctimas y ofrecerles servicios reparadores del daño.” (CEAV, 2016:253).

Sin duda, en este contexto resulta de particular importancia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque en este instrumento se reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como titulares de derechos de conformidad con los principios constitucionales; porque garantiza el ejercicio de tales derechos; y porque sienta los principios rectores y criterios de la política nacional en materia de los derechos de esa población, así como las facultades, competencia y concurrencia de todas las autoridades del país.

En ese sentido, esta ley constituye el marco idóneo para definir la obligación del sector educativo en la prevención y detección del abuso sexual infantil que, como ha quedado suficientemente expuesto, constituye una de las formas más graves, extendidas e insuficientemente atendidas de violación de los derechos de niñas y niños.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantiza, entre otros el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como el derecho a la educación.

Así, en lo que hace al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, esta ley señala la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para tomar las medidas necesarias, para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, que se cometa contra niñas, niños y adolescentes, en los siguientes términos:

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. a II. ...;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil,explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;”

...

Por otra parte, en lo que hace al derecho a la educación de NNA, establece:

“Artículo 57. ...

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a X. ...

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos;

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; ...” (subrayado propio).

Asimismo, respecto a los fines de la educación, la ley establece el apoyo a NNA que sean víctimas:

“Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:

I. a IV. ...;

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; ...” (subrayado propio)

Como se observa, la ley es un tanto limitativa en lo que hace a la actuación de las autoridades educativas al establecer su intervención sólo en lo que hace a la violencia que se presente en los propios centros educativos, por lo que si se detecta alguna otra forma de violencia (sobre todo de índole sexual) que rebase este ámbito, no hay obligación alguna, no obstante lo que se establece en el artículo 47, inciso III.

Por su parte el Código Penal Federal establece, respecto al delito de abuso sexual:

“Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edado en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.” (subrayado propio).

Y en cuanto a las agravantes, señala:

Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I. El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas;

II. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;

III. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;

IV. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

V. El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento.”

En este caso se observa la necesidad de reformar el Código Penal Federal, con el objeto de:

I. Clarificar el tipo penal de abuso sexual en cuanto al número de conductas que se requieren para actualizar la conducta típica, estableciendo que puede ser una o varias. Toda vez que actualmente refiere que se necesitan “actos sexuales” para que exista tipicidad, excluyendo, al menos desde una interpretación legalista o literal, un solo acto sexual.

Con ello, se pretende dar certidumbre en su accionar a los operadores jurídicos que día a día están en presencia de estos hechos delictuosos; así como evitar la impunidad de los agresores sexuales.

II. Aumentar la pena del abuso sexual, a fin de desincentivar, mitigar y prevenir la comisión de este delito.

Se proyecta imponer de nueve a doce años de prisión y una multa de 160 a 300 Unidades de Medida y Actualización, a la persona que por sentencia firme sea encontrada culpable del delito de abuso sexual.

Es de señalar que la presente iniciativa plantea la implementación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para determinar la cuantía de la pena pecuniaria establecida en el artículo 260 del Código Penal Federal, substituyendo con ello, al salario mínimo vigente. Esta modificación encuentra sustento en la reforma constitucional del 27 de enero del 2016, en materia de desindexación del salario mínimo, así como la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Toda vez que, derivado de lo anterior, se estableció que el valor de la Unidad de Medida y Actualización será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal.

III. Agregar circunstancias por las cuales el delito de abuso sexual sea perseguido oficiosamente, estableciendo como regla general que se perseguirá a petición de parte.

Actualmente, el Código Penal Federal no establece explícitamente los requisitos de procedibilidad en el caso del abuso sexual. Por tal, las víctimas del delito se ven afectadas en su derecho de recibir justicia debido a la incertidumbre jurídica generada por la redacción actual. Se propone establecer como regla general que el abuso sexual se persiga por querella, y como excepción que se investigue oficiosamente en los siguientes casos:

1. Que la víctima no sea capaz de comprender el significado del hecho,

2. Que la víctima se encuentre en estado de indefensión,

3. Que la víctima sea menor de 15 años, y

4. Que el delito sea cometido con violencia física o psicológica.

Esto es así en atención a que si se dan cualquiera de estas circunstancias no puede haber consentimiento por parte de la víctima, ya que la voluntad de la parte ofendida no puede ser expresada (1 y 2), no tiene la capacidad suficiente para expresarse (3) o está siendo afectada por circunstancias externas oponibles al sujeto activo (4).

En ese sentido, la presente iniciativa pretende por un lado reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar que desde el ámbito educativo se desarrollen protocolos de actuación que permitan una efectiva detección del abuso sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, no solo respecto a la que se pudiera presentar en el ámbito escolar, sino aquella que tenga su origen en el hogar u otros espacios.

Por otro lado, se proponen reformas al artículo 260 del Código Penal Federal con el objeto clarificar el tipo penal de abuso sexual, aumentar y adoptar la UMA en la determinación de la pena por abuso sexual y agregar circunstancias por las cuales el delito de abuso sexual sea perseguido oficiosamente, brindando mayor protección a las niñas y niños.

En ese sentido y para reforzar lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el siguiente cuadro comparativo.

Decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el artículo 260 del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual infantil

Primero.Se modifican los incisos XI y XII del artículo 57 del capítulo décimo primero, Del Derecho a la Educación, correspondientes a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo Décimo PrimeroDel Derecho a la Educación

Artículo 57. ...

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a X. ...

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso sexual o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite y detecteen los centros educativos;

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso ,violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación delpersonal docente y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

...

Segundo.Se modifican el segundo y tercer párrafo y se adiciona un párrafo sexto al artículo 260 correspondientes al título decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, capítulo I Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título DecimoquintoDelitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Capítulo I Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, un acto o actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual cualquiertocamiento o manoseo corporal con sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual, o los que representen cualquier acto explícitamente sexual u obliguen a la víctima a representarlo.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Al responsable de abuso sexual, se le impondrán de nueve a doce años de prisión y una multa de 160 a 300 unidades de medida y actualización, así como el pago de la reparación del daño.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Cuando la parte ofendida no sea capaz de comprender el significado del hecho, se encuentre en estado de indefensión, sea menor de 15 años de edad, o el delito sea cometido con violencia física o psicológica se perseguirá de oficio. En todos los demás casos, este delito se perseguirá por querella.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios, Recuperado de:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article &id=3341%3A2010-sexual-violence-latin-america-caribbean-desk-review &catid=3425%3Aviolence-publications&Itemid=0&lang=es Consultado el 03/05/2018

Krug E., Dahlberg, L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud. 2002

2 UNICEF-CEJU-Fiscalía Uruguay (2015), Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Uruguay-Fiscalía General de la Nación- Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), Uruguay.

3 Violencia que incluye: maltrato físico; maltrato emocional o psicológico; abuso sexual; abandono; negligencia física; negligencia emocional; síndrome de Munchausen; ser testigo de violencia familiar; maltrato prenatal; maltrato institucional; explotación sexual con fines comerciales y explotación laboral.

4 Pamanes, M..A.: “Un país de depravados” en Reporte índigo, 11 de junio de 2017. En:

https://www.reporteindigo.com/piensa/abuso-sexual-mexico-pederastia- hostigamiento-homicidio-delitos/

5 El estudio realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) constituye un referente importante para la presente iniciativa, tanto por abordar la situación en México, su actualidad, así como por la visión integral con la que aborda la violencia sexual y cada una de sus expresiones. CEAV (2016), Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México. Informe final. Comité de Violencia Sexual, marzo 2016.

6 Save the Children (s/f); Las niñas y las adolescentes en México frente a la violencia. Libres para vivir, libres para aprender, libres de peligro.

7 Jarquín E., S.: “Alarmantes cifras de abuso sexual infantil en México” en CIMAC noticias, 1070272003. En:

https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/alarmantes-cifras-de-abuso- sexual-infantil-en-m-xico

8 www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc

9 SEP (2011), Manual Violencia sexual: identificación y prevención del abuso sexual infantil, SEP, DGSEI, Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal, México, Distrito Federal 2011.

http://www.geishad.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/ DGSEI_Violencia-sexual-identificación-y-prevención-del-abuso-sexual-infantil.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Lucero Saldaña Pérez, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, Fernando Galindo Favela, Frida Alejandra Esparza Márquez, Frinne Azuara Yarzabal, Héctor Joel Villegas González, Héctor Yunes Landa, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Enrique Miranda Nava, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Ma. Sara Rocha Medina, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortensia Garay Cadena, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Olga Juliana Elizondo Guerra, Oscar Bautista Villegas, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Ricardo Aguilar Castillo, Ricardo Aguilar Castillo, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estoy dando turno.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Presidente, quieren adherirse.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: —No, por qué... —Sí tienen su derecho. Por favor, yo les ruego a todas y a todos los señores diputados que no violenten los derechos de los demás. —Ah, bueno, déjenme que yo le dé turno. Bueno, la decisión es después. No me habían dado la información, vamos a pasar las cédulas para que los diputados que merecen expresar su interés de adherirse a la iniciativa presentada, si el ponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, la Secretaría pondrá a su disposición la propia iniciativa. Dé curso, dé curso.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí, compañera, pero me permite usted, estoy dando turno. Se distribuirán las adhesiones y hay un libro de firmas aquí, a veces se ha llenado cuando son muy populares las iniciativas hasta allá, hasta el fondo con 100 diputados, aquí se firman las adhesiones. Muchas gracias.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, durante la pasada legislatura del honorable Congreso de la Unión, Encuentro Social fue la primera fuerza partidista que puso en el centro de la agenda nacional la eliminación de la figura del fuero constitucional.

Con el paso de los meses y los años otras bancadas en ambas Cámaras retomaron el asunto y replicaron, de acuerdo con el cálculo político de cada ocasión, tan trascendental tema para el desarrollo y progreso de la nación.

No obstante su urgencia, así como el gran respaldo social que durante años ha convocado a que se legisle al respecto, no existió voluntad política de los entonces grupos mayoritarios para transitar adecuadamente y darle a México una mejor realidad jurídica.

Para vergüenza del Congreso de la Unión y en demérito de la democracia mexicana, a pesar de externar en público que apoyaban la eliminación del fuero, en los hechos se quedó en la congeladora legislativa.

No obstante de lo antes expuesto, la plataforma y proyecto de agenda que da sentido y carácter al proyecto transformador del gobierno que está por asumir funciones se nutrió de manera importante durante la época electoral, en donde quedó de manifiesto el total y absoluto rechazo a la permanencia de la figura del fuero. Esto bajo un sustento de igualdad ante la ley y de un servicio público honesto y respetuoso del Estado de derecho.

Encuentro Social aportó de manera decidida a tan altas aspiraciones una respuesta cuidadosamente elaborada en el espíritu y letra de la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta asamblea, el medio idóneo para satisfacer las demandas que se nos exigen, siempre en beneficio de nuestro país y de sus habitantes.

Hoy en día las condiciones políticas han cambiado. La sociedad mexicana eligió mayoritariamente un proyecto en el que no hay cabida para ciudadanos de primera y de segunda ante la ley.

México transita hacia una nueva transformación y es nuestra obligación, como legisladoras y legisladores federales, defender, consolidar y ampliar el régimen de libertades democráticas que tanto ha costado durante nuestra vida independiente.

En tal sentido, la inviolabilidad por las opiniones que gozan las y los diputados y senadores debemos garantizarla también a la sociedad entera. Al mismo tiempo, la inmediatez para enjuiciar al ciudadano de a pie es deseable que la vivamos también los servidores públicos.

Compañeras y compañeros legisladores, damos inicio a una nueva legislatura en la que Encuentro Social, con la responsabilidad cívica y republicana que le caracteriza, vuelve a esta máxima tribuna de la nación para levantar la voz y convocar al Legislativo de la Unión para terminar con semejante distorsión de la justicia, dando la bienvenida a las nuevas adhesiones.

Es tiempo de transformar el Estado mexicano y hacer de la justicia una vivencia, regresando al servicio público la dignidad que le corresponde. Para ello, resulta imprescindible multiplicar los factores de bienestar para la sociedad y eliminar los privilegios de la clase política.

La nación nos demanda dignificar la labor del gobierno. Nunca más una idea patrimonialista de la cosa pública y nunca más un fuero que signifique impunidad para quienes debemos servir a la sociedad, mejorando las condiciones de vida de personas, familias, comunidades y regiones con pleno respeto por la ley y las instituciones.

Estoy consciente de que aún en la segunda década del siglo XXI, no ha cesado la persecución. A lo largo y ancho del país la búsqueda de servir a la nación y de redignificar a la política suele ser una labor peligrosa porque aquí, estoy segura, en Encuentro Social estamos seguros que más de uno de ustedes fue perseguido. Fue perseguido por ser oposición.

Sin embargo, sin embargo, en Encuentro Social sabemos de este peligro y aun así reiteramos nuestro compromiso originario con la eliminación del fuero, porque más allá de lo que nosotros estemos pasando es lo que los mexicanos están solicitándole a este Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social someto a la alta consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de eliminación del fuero constitucional.

Otro México con igualdad ante la ley para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marco jurídico fundamental de nuestra nación, contempla diversos mecanismos jurídicos para el buen ejercicio de poder público; entre estos mecanismos se encuentran el fuero constitucional. Esta figura jurídica fue creada principalmente para otorgar un equilibrio entre los poderes de la nación, sin embargo, con el paso de los años se han venido desvirtuado en cuanto a su finalidad original.

El juicio político y la declaración de procedencia son los únicos mecanismos jurídicos en la normatividad mexicana para fincar responsabilidades políticas, y/o iniciar procesos penales a quien, en calidad de legislador y/o servidor público, también llamados funcionarios de primer nivel; incurran en la comisión de delitos o violaciones graves a la Ley Suprema y a la normatividad emanada de esta. El mecanismo jurídico constitucional del juicio político posibilita el establecer que el acusado puede ser destituido e inhabilitado hasta por 20 años para desempeñar cualquier cargo en el ámbito del servicio público. Asimismo, la declaración de procedencia posibilita la separación del cargo y la posibilidad de ser procesado penalmente por los tribunales ordinarios.

Las figuras mencionadas, consagradas en nuestra Carta Magna, son conocidas y denominadas como “fuero constitucional”, término que comprende la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria, para el caso de los legisladores, sujetos de interés primordial para esta iniciativa. Ambos términos constituyen el conjunto de privilegios y prerrogativas en favor de los integrantes de una asamblea deliberativa y legislativa que son ubicados en una situación sui generis, distinta a la normatividad que rige en este apartado, para los demás ciudadanos. Nos referimos a la inmunidad que gozan los legisladores para poder expresar con libertad su opinión, en el desempeño de su cargo, sin poder ser reconvenidos por ello.

El fuero es una figura jurídica incorporada a nuestro derecho constitucional desde las Cartas Supremas de Cádiz, heredada a nuestra Ley Fundamental de 1824, posteriormente a la Constitución centralista de 1836 y por último a la reformista de 1857. La finalidad de la inmunidad constitucional para los legisladores en el Congreso fue para fortalecer el equilibrio de poderes de la Unión y la forma en que se integraría el sistema político mexicano.

En torno a las figuras jurídicas en mención, la Constitución de 1836 consideraba al Poder Ejecutivo, a los ministros de la Alta Corte de Justicia, así como a los de la Marcial, los secretarios del despacho, los consejeros y los gobernadores de los departamentos; en cambio, en las demás constituciones se hace referencia a una especie de protección en favor de los integrantes del Congreso, a efecto que éstos desempeñen sus funciones con autonomía e independencia de criterio y expresión de opiniones.

En este contexto histórico la Carta Magna de 1917 no menciona el término jurídico “fuero constitucional”; no obstante, el artículo 59 de la Constitución de 1857 sí lo menciona y a la letra dice: “Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Este texto es similar al artículo 61 de la nuestra actual Constitución, pero fue hasta la reforma de 1977, es decir después de 120 años cuando se adicionó un segundo párrafo que incorpora de manera textual el término “fuero constitucional”, convirtiéndose nuevamente en una figura jurídico-política.

II. Consideraciones

Desde 1982 hasta 1990 se han efectuado diversas reformas constitucionales, mismas que han retomado la redacción de la Constitución de 1836; con éstas se modifica de manera integral el título cuarto de nuestra actual Carta Magna, con lo cual se amplía la protección a un diverso y número mayor de servidores públicos. Actualmente mil 854 gozan de la inmunidad procesal, entre ellos, el titular del Poder Ejecutivo, los legisladores del Congreso de la Unión, los 500 diputados, los 128 senadores, los 11 ministros del Poder Judicial, los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 7 consejeros de la Judicatura Federal, los 20 secretarios de Estado y los 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Así también, protege al procurador General de la República, al procurador de Justicia del Distrito Federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los 11 integrantes del Instituto Nacional Electoral, a los mil 71 diputados de los 31 congresos locales, y a los 31 gobernadores.

En el caso de los diputados y gobernadores de las 31 entidades federativas, es competencia de los congresos locales realizar el juicio de procedencia, donde las causas son diferentes, de acuerdo con las propias constituciones locales.

Conforme a la doctrina jurídica, la figura del fuero ha sido concebida como una prerrogativa consagrada en la Constitución, inicialmente a favor de los integrantes de las Cámaras, como órganos colegiados del poder público; posteriormente fue hecha extensiva a otros servidores públicos con la finalidad de protegerlos en el desempeño de sus funciones; extensión definitivamente innecesaria en la mayoría de los funcionarios que no son elegidos por el voto popular.

A partir de esta premisa, es menester precisar que nuestro sistema jurídico mexicano está concebido en la Carta Magna, la cual fue creada para consagrar primordialmente las garantías individuales, derechos y prerrogativas constitucionales y para establecer sus límites con la finalidad de fortalecer el equilibrio de poderes en el sistema político mexicano, así como el equilibrio interno en la conformación de nuestra institución legislativa federal y estatal.

Es así como el artículo 61 de nuestra Constitución federal señala la “inviolabilidad” de los legisladores en su párrafo primero, así como el resguardo del “fuero constitucional” de los mismos en el segundo párrafo; mandatos que se traducen en privilegios concedidos por el sistema político mexicano que ejercen la figura del cargo de representantes populares.

El artículo 111 constitucional establece que servidores públicos pueden ser sujetos a un proceso penal, sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

Por otra parte el artículo 112 constitucional, primer párrafo, considera que los casos donde no procede la inmunidad procesal es en aquellos donde el servidor público está separado del cargo, sin embargo, el segundo párrafo protege a este antes de ser sometido a un proceso penal. Sí el servidor público enlistado en el artículo 111 regresa o es electo para un cargo de elección popular, entonces para este caso será indispensable la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados.

Evidentemente, el artículo 61 constitucional establece una excepción que otorga a los legisladores el privilegio de no ser procesados penalmente, ante la posibilidad de ser responsables en la comisión de un delito, salvo en el caso en que se encuentre separado en ese momento de sus funciones legislativas.

El artículo 111, en concordancia con lo arriba mencionado, señala que los servidores públicos que no han sido electos por el voto popular no podrán tener el beneficio de la inmunidad procesal en materia penal.

En cuanto al fuero constitucional del procurador General de la República, este servidor público es nombrado por el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 89 constitucional, fracción IX, previa ratificación del Senado de la República. Lo mismo sucede con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En ambos casos se otorga la inmunidad procesal, y lo anterior puede entenderse por ser responsables del Poder Judicial, pero no es así el caso del procurador, quien no es titular de un poder; lo es de una institución del Poder Ejecutivo, entonces por razonamiento lógico, todas sus actuaciones deben estar apegadas a derecho.

En el caso de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y de la Judicatura del Distrito Federal, son dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Poder Ejecutivo, los cuales se encuentran en el mismo supuesto anterior, de acuerdo con lo establecido en artículo 100 de la constitución.

Respecto a los magistrados de Circuito, jueces de distrito, magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, son nombrados por sus respectivos Consejos de la Judicatura, los cuales se encargan de llevar a cabo la selección y nombramiento de los magistrados y jueces, razón por la cual resulta innecesario que posean “fuero constitucional”, principalmente porque son servidores públicos nombrados por un órgano especial que dista mucho de ser elegidos directamente por el voto popular o ser nombrados y ratificados por alguno de los poderes de la Unión.

Sobre los consejeros electorales, ellos son seleccionados, aprobados, designados y, en su caso, destituidos por la Cámara de Diputados, cuyas funciones son dirigir y vigilar el buen desempeño del organismo público autónomo encargado de organizar los procesos electorales del país, por lo cual su desempeño debe ser leal y digno en el cargo que les fue conferido.

En torno a los magistrados del Tribunal Electoral, su nombramiento adquiere características especiales, debido a que el presidente del Tribunal es nombrado directamente por la Suprema Corte de Justicia, y además propone a los demás magistrados, quienes son ratificados por los senadores.

Es importante reiterar que todos y cada uno de los servidores públicos mencionados disponen de procedimientos y métodos específicos ya definidos para ser designados a fin de ejercer un encargo, y consecuentemente, sobre la responsabilidad de sus actos durante el ejercicio de su función, independientemente de otras violaciones o delitos que cometan en contra de la Constitución y sus leyes federales.

De igual forma, se tomó en cuenta el caso de los ministros de la Suprema Corte a quienes se retirará del cargo en la integración de la averiguación previa, considerando que no pueden ser juez y parte en dicho procedimiento penal.

Hemos de resaltar que el “fuero constitucional” es una prerrogativa para el buen desempeño de la Asamblea en el Congreso, no como un derecho subjetivo, sino como garantía que permite el funcionamiento de las Cámaras, porque si se aplicara como lo ordena la Constitución (“...son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”), no habría impunidad.

Evidente que el sistema político se ha dedicado a desvirtuar la “inviolabilidad constitucional” en un “fuero de impunidad”, que sirve como escudo para el pago de prebendas de muchos políticos, como ex gobernadores, ex secretarios de Estado, ex ministros, quienes buscan ser legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante su encargo y en el ejercicio del mismo, como son los malos manejos de fondos públicos, entre otros delitos, porque para muchos político, ser servidor público es sinónimo de riqueza con cargo al erario.

Por otra parte, también han tomado como un parteaguas el hecho de acudir a las instancias internacionales de derechos humanos para evitar que se le retiren sus canonjías, olvidando que dichas instancias, aun en derechos humanos, no están por encima de los derechos de la colectividad para protegerlos de corrupción.

En razón de que la finalidad de la inmunidad otorgada a los legisladores es para defender las garantías de libertad y democracia en favor de los ciudadanos, pero, sobre todo, proteger los derechos y obligaciones; de aquí la exigencia del Partido Encuentro Social, de erradicar al mal empleado y mal llamado “fuero constitucional”, que se traduce en impunidad.

Sin embargo, estas prerrogativas no implican que un legislador pueda hacer su libre albedrío, traduciéndose en un derecho sin control, derivándose en abusos, corrupción e impunidad; en razón de esto, la mayoría de las democracias han generado procedimientos para acotar el alcance y el ejercicio, tanto de la inviolabilidad como de la inmunidad.

En consecuencia, se debe delimitar y regular qué servidores públicos deben tener, por razón de su encargo, la “inviolabilidad” y eliminar la frase “fuero constitucional”, que en ocasiones se ha confundido con “impunidad constitucional”, por lo cual es necesario reformar los preceptos aquí mencionados.

Con base en los motivos anteriormente expuestos, los argumentos mencionados dan origen a la materialización de la siguiente iniciativa, que cuenta con los siguientes elementos:

El artículo 61 constitucional, si bien es cierto que no se modifica en el primer párrafo, sí resulta necesario agregar al mismo una interpretación adecuada respecto de sus alcances, ya que se ha malinterpretado en la práctica, y aunque el sentido gramatical es correcto, no siempre se comprende a cabalidad, sin una lectura gramatical y sistemática.

La protección constitucional contenida en el mencionado artículo 61 no se extiende a todos los ámbitos de la vida del legislador a quien va dirigida, sino que está muy especificada a un ámbito determinado, ya que expresa textualmente, en lo que interesa “... por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos...”. Los elementos de la protección van encaminados de manera exclusiva a “ las opiniones” que viertan “ en el desempeño” de sus funciones, lo que de ninguna manera significa una autorización para violar el resto del marco normativo de nuestro país, pues pensar que dicho atributo fuese extensivo a todas las áreas de la vida del legislador, sería darle una interpretación que va mucho más allá de la verdadera razón de ser, puesto que se trata de darle libertad en el ejercicio o cumplimiento de su función, mas no al resto de las áreas de la vida del legislador, como indebidamente se ha interpretado, ya sea por ignorancia o por conveniencia.

Lo expuesto en el párrafo anterior se desprende y se entiende del análisis gramatical o literal, pero si hubiere aún dudas, entonces utilizaremos a continuación la interpretación sistemática.

Existen otras disposiciones dentro del mismo marco constitucional, que nos permiten llegar a la misma conclusión expresada anteriormente, como por ejemplo lo establecido en el artículo 128, que textualmente dice: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”, con lo cual se establece que todo funcionario público está obligado a respetar y cumplir con las disposiciones de la Constitución y todas las demás leyes derivadas de la misma. No podría concebirse un estado de excepción tan grande, que la misma Constitución se contradijera al dar un marco jurídico demasiado exclusivo a un sector de la población, como para que no se sujetará a ninguna ley en el ejercicio de su función. Es obvio que ese no es el sentido de la norma constitucional en análisis.

Si el artículo 61 constitucional otorgara privilegios sin límites a los legisladores, entonces el artículo sexto constitucional le otorgaría la misma potestad al resto de la población, ya que textualmente dice: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,...”, sin embargo esta garantía también tiene sus límites, establecidos en esta misma norma, al seguir diciendo: “...sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público;”, lo que significa que la garantía en cuestión está limitada a que el ejercicio de ese derecho no ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, es decir, que de lo contrario, sí serán objetos de inquisición judicial o administrativa.

Si hiciéramos una comparación, podríamos decir que la libertad dada a los legisladores en el artículo 61, está limitada por el artículo 128 ya citado; en tanto que la libertad dada al ciudadano en el artículo sexto, está limitada en la segunda mitad del mismo artículo sexto, y en estricto sentido, esta misma última norma limitante también le es aplicable al propio legislador, por lo que del análisis en conjunto se desprende que la libertad otorgada a los legisladores en el texto en estudio, está muy claramente delimitada a un marco de actuación muy específico, que es “en el desempeño de su cargo”, no existiendo ninguna otra norma que permita darle un sentido más amplio a dicha disposición.

Aun si analizamos detalladamente la expresión: “en el desempeño de su cargo”, y si comparamos esa expresión con las facultades de los legisladores, en cuanto a las funciones, encontraremos que en ninguna parte se le faculta para la comisión de delitos en el desempeño de su cargo.

Por otra parte, y prosiguiendo por la interpretación sistemática, encontramos en la misma constitución una figura muy similar, respecto a la libre expresión de las ideas establecida en el artículo siete constitucional, que dice textualmente en lo que interesa:

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio...”

La libertad que describe esa disposición constitucional no es absoluta, ya que su ejercicio implica el respeto a otros derechos, misma limitante que está establecida en el segundo párrafo de esa misma disposición, que a la letra dice:

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución...”

El ejercicio de la libertad de opinión está remitido a las condicionantes establecidas en el artículo sexto de la misma constitución, ya analizado con anterioridad, con lo que se concluye que en la actualidad no existe ninguna disposición jurídica que impida el ejercicio de la acción penal en contra de los legisladores, considerando aun que si la conducta criminal se hubiere dado en el ejercicio del cargo, como por ejemplo al hablar en tribuna, ya que la disposición establece “...a través de cualquier medio...”, ello no significa que el responsable se encuentre exento de enfrentar la justicia penal.

Como se puede apreciar, ningún derecho es absoluto, sino que tiene una razón de ser y un contexto en el que se ubica, ya que sin los cuales la norma jurídica quedaría a la deriva de cualquier interpretación arbitraria, como lo ha sido con el llamado fuero constitucional.

Los casos y ejemplos anteriormente mencionados se refieren a los aspectos de responsabilidad jurídica, sin embargo, la misma constitución establece una protección especial para que la expresión de ideas no sea causa de responsabilidad política, al establecerlo así el artículo 109 de la constitución, en su tercer párrafo, que a la letra dice: “No procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.

Hasta lo expresado en este momento, la garantía para la expresión de opiniones e ideas está contemplado como un derecho constitucional que está claramente delimitado en cuanto a su ejercicio, tanto respecto de la responsabilidad jurídica y como la responsabilidad política, como ya se expuso.

No se propone una modificación a esta parte del texto constitucional, porque se considera que es clara en cuanto a sus alcances jurídicos, pero sí se propone una adecuada regulación, puesto que el texto vigente en el artículo 111 representa un obstáculo para el ejercicio de acciones penales en contra de los legisladores, cuyo procedimiento nos referiremos más adelante.

En lo que se refiere al segundo párrafo del texto actualmente vigente, se propone una modificación en la redacción del mismo para eliminar la palabra “fuero constitucional” con el propósito de evitar el uso de esa expresión que se encuentra muy asociada a la palabra impunidad, dejando en el fondo el mismo significado del texto vigente.

Se agrega un tercer párrafo al artículo 61 constitucional, con el objeto de ponerlo en armonía con la modificación propuesta a los artículos 111 y 112, consistente en otorgar autorización para que se puedan ejecutar órdenes de aprehensión al interior de las instalaciones del recinto parlamentario, con el propósito de evitar la evasión de la justicia por quienes, teniendo en su contra una sentencia condenatoria, pretendan refugiarse en dicho inmueble, bajo el argumento de que es inviolable.

Se sigue considerando que el recinto en donde se llevan a cabo las sesiones es inviolable en cuanto a que se trata de un espacio de la libre expresión de las ideas, pero la propuesta del tercer párrafo pretende no permitir que con el pretexto mencionado se evite el cumplimiento de una sentencia condenatoria, como ya ha sucedido en el pasado, en el que por una interpretación ventajosa, se ha evitado el cumplimiento de una orden judicial.

Se tuvo especial cuidado de permitir el ingreso de autoridades judiciales para el cumplimiento de una orden de aprehensión, que desde luego supone el debido cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 111 y 112, sin embargo, para qué la autoridad judicial le dé cumplimiento al mandato en cuestión, no se deja a la plena libertad de la autoridad ordenadora, sino que se establece como condición que exista una previa autorización del presidente de la Cámara respectiva, como requisito indispensable e infranqueable, para evitar cualquier intromisión no autorizada.

En lo que respecta a la propuesta de modificar el artículo 111, cuya esencia en el texto vigente es regular el procedimiento denominado declaración de procedencia, sustituyéndolo por un procedimiento, apartado de presiones políticas, con menos complejidad para permitir el desarrollo normal de los procesos penales en contra de los funcionarios que ahí se mencionan.

En términos generales, el contenido de la propuesta del artículo 111 es muy diferente al texto actualmente, sólo se conserva el párrafo cuarto con el mismo texto vigente.

Lo primero que se observa en la propuesta de modificación al artículo 111 es que desaparece de la enunciación de los servidores públicos, la mención de los diputados y Senadores del Congreso de la Unión y de los diputados de la Asamblea Legislativa, respecto a los cuales no había una razón en sí para brindarles la protección del fuero que ahí se especificaba. Se deja en el listado aquellos servidores públicos que fueron de elección popular, aunque por excepción se incluye los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se establece como principio de que los servidores públicos mencionados al inicio sí pueden estar sujetos a proceso penal, con la reserva de que en tanto que no exista sentencia condenatoria en su contra, no podrán ser privados de su libertad.

La redacción del mismo se establece en un sentido diferente, en el que la primera oración establece que sí pueden ser privados de su libertad los servidores públicos que cuenten con una sentencia condenatoria en su contra. De manera específica se establece que bastará la sentencia condenatoria del juez de primera instancia para proceder a la separación del cargo, y aunque pudiera parecer una medida excesiva, por tratarse de una sentencia de que aún no tiene la categoría de cosa juzgada, también es cierto que el texto vigente le otorga menores beneficios al servidor público, ya que no es necesario que exista una sentencia condenatoria para que se someta a la consideración del pleno para el efecto de la declaración de procedencia, es decir, con la existencia de una simple averiguación previa en la actualidad un servidor público pudiera quedar separado de su cargo con el acuerdo de la Cámara, sin que se le hubiera dado oportunidad de ser oído y presentar pruebas en su favor, por lo que establecer que al menos haya concluido la primera instancia para separarlo del cargo, deja al servidor público en una mejor posibilidad hasta que obtenga sentencia condenatoria en primera instancia.

En el segundo párrafo de la propuesta del artículo 111 se establece que el servidor público, aun cuando esté sujeto a proceso penal, podrá continuar en el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser detenido, lo que implica la imposibilidad del juez de la causa a que gire orden de aprehensión, así como cualquier otra medida que tuviere como efecto privarlo de la libertad, sin embargo, ya no podrá seguir gozando de sus beneficios desde el momento en que obtenga sentencia condenatoria en su contra en primera o segunda instancia.

Se establece que el efecto de la separación del cargo sea mediante sentencia condenatoria en primera o en segunda instancia, ya que pudiera suceder que en primera instancia, el servidor público pudiera obtener una sentencia absolutoria, sin embargo, si el ministerio Público interpusiere el recurso de apelación, podría ser que en segunda instancia obtenga una sentencia condenatoria.

En el tercer párrafo de la propuesta de artículo 111, se establecen los efectos jurídicos considerando el sentido de la sentencia, respecto de la posibilidad de seguir o no en el ejercicio de las funciones del servidor público en cuestión. Si fuere condenatoria, el órgano jurisdiccional al ejercicio de sus funciones, notificará al presidente de la Cámara la resolución correspondiente, la que originará la separación del cargo, y como consecuencia, quedará a disposición de la autoridad correspondiente.

Se contempla la posibilidad de que un servidor público en primera instancia obtenga sentencia condenatoria, lo que originará la separación del cargo, pero si con posterioridad obtiene sentencia absolutoria como cosa juzgada, entonces podrá a volver al ejercicio de sus funciones en el cargo que tenía, si es que el período para el que fue electo, en el caso de los legisladores, no haya concluido. Si dicho período para el que fue electo ya concluyó, habrá posibilidad para volver a ocupar el cargo. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en virtud de que el cargo es vitalicio, no existe imposibilidad para que vuelva a ejercer las funciones, en el caso de que obtenga sentencia absolutoria con la categoría de cosa juzgada, sin embargo, cualquier sentencia condenatoria también le originará la separación del cargo, y en el caso de que dicha sentencia alcance la categoría de cosa juzgada, y aun cuando el cargo es vitalicio, no podrá regresar al ejercicio de su función, dada la trascendencia y naturaleza de la misma.

Al inicio del primer párrafo del artículo 111, no se enlista el cargo del presidente de la República, ya que el actual párrafo cuarto queda vigente, sin hacerse ninguna modificación al respecto, ya que los asuntos por los cuales puede ser procesado penalmente el presidente de la República ya están establecidos en el artículo 108 constitucional, y el procedimiento para su desahogo será conforme a la regla del artículo 110, por lo que el procedimiento para ese cargo seguirá sin modificación en la presente iniciativa.

Un caso en especial es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que se dejaron en el listado del artículo 111, y que son los únicos servidores públicos que no están por elección popular, siendo por ello, el procedimiento que se plantea es difiere en cuanto a la etapa procesal para ser separado del cargo, contemplándose que pueden ser separado del cargo, una vez que la averiguación previa que esté integrada en su contra sea dictaminada en el sentido de ejercer acción penal en contra de determinado ministro, siendo en este estado procesal en que el procurador general de la República podrá solicitar la Cámara de Senadores a que proceda en los mismos términos como si se tratase de una sentencia condenatoria emitir el primero segunda instancia, para el caso de los legisladores.

Se consideró que la Cámara de Senadores sea el órgano que acuerde la separación del cargo del servidor público, en razón a que es ésta la que interviene en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, motivo por el cual se deja el procedimiento descrito en este artículo, para qué se le dé cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la separación del cargo, y posteriormente en el artículo 112 para que sea este órgano el que complemente las etapas procesales a su cargo.

Una particularidad de esta iniciativa es que los ministros que resulten con sentencia condenatoria, con independencia del delito del que se trate, quedarán separados definitivamente del cargo, es decir, una sentencia condenatoria, por más mínimo que sea el delito, originará la separación definitiva del carácter de ministro, en consideración a que tales personas deben también observar una conducta ejemplar, al igual que el resto de los servidores públicos, siendo por ello que no se les permitirá volver al ejercicio de sus funciones, en la hipótesis de que obtengan una sentencia condenatoria.

El último párrafo de este artículo hace referencia a los servidores públicos de elección popular de los estados y municipios, salvo a los diputados locales, los cuales se regularán por las disposiciones correspondientes a cada legislatura, conforme a las reglas establecidas de cada entidad, en donde se iniciará el procedimiento que corresponda, a petición del procurador general la República, con el fin de que se eliminen las disposiciones que impidan el directo ejercicio de la acción penal en contra de los mencionados servidores públicos que hubiesen cometido delitos federales.

En lo que se refiere a artículo 112, se describen los plazos y la forma de cumplir diversas etapas procesales, establecidas para que, al tener conocimiento la Cámara que corresponda, respecto de la existencia de un dictamen para el ejercicio de la acción penal o una sentencia condenatoria en primera o segunda instancia, en contra de los servidores públicos descritos en el artículo 111, se proceda puntualmente a la separación del cargo, eliminando cualquier posibilidad de que no se haga de manera inmediata, evitando que el cumplimiento de las mismas quede a discrecionalidad de los funcionarios públicos a su cargo y que se haga retardar la aplicación de la justicia.

III. Conclusiones

Como se sabe, en diversas democracias constitucionales existen garantías llamadas “prerrogativas parlamentarias” de la cuales gozan sólo los legisladores, creadas con la finalidad de que el órgano legislativo pueda ejercer sus atribuciones con autonomía frente a los demás actores políticos y sociales. La inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad parlamentaria, en su concepción original, no deberían proteger al individuo sino a la institución, es decir, si los legisladores gozan de libertad de expresión en el pleno ejercicio de sus funciones, entonces la institución tiene derecho a definir de manera autónoma su organización interna.

Con base en lo anterior, se debe mantener la protección de la inviolabilidad parlamentaria, cuando las manifestaciones vertidas, verbales o escritas, sirvan en razón de la defensa constitucional de libertad y representación a favor de la sociedad, a contrario sensu se tiene que acotar el alcance de esta prerrogativa a los llamados “actos parlamentarios”, entendidos como todo lo expresado en el pleno o ante comisiones, cuando estén en contra de los intereses jurídicos económicos y sociales en favor del gobernado, aun cuando sean intereses meramente políticos-partidarios. Igualmente la protección no aplica cuando el legislador incurre en actos como encubrimiento, difamación, injurias, calumnias, amenazas, delitos contra el honor, coacciones, distintos supuestos de apología delictiva o divulgación de Secretos de Estado, siempre que no pongan en peligro la soberanía y violación de las garantías individuales del gobernado, al permitir que se proceda contra el legislador se evitará la impunidad.

No olvidemos que en los últimos años, en México hemos tenido casos ejemplares; como fue lo sucedido en el año 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, tras un amparo promovido por Manuel Bartlett contra el entonces diputado federal Germán Martínez, en el sentido que la inviolabilidad no protege al legislador en caso de difamación o calumnias.

Otro caso se presentó en 2010, en el que diputados del PRD se ven involucrados en el encubrimiento del entonces electo diputado Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, con la finalidad de que obtuviera el “fuero constitucional” y evadir así al orden de aprehensión ejecutada en su contra por parte de la Procuraduría General de la Republica, por la supuesta participación en actos delictivos del fuero común.

Por lo que al procedimiento de una declaración de procedencia es complejo y destinado para que nunca prospere, salvo que hubiera un acuerdo previo al respecto. De hecho, sólo tres han prosperado en los últimos 30 años: Jorge Díaz Serrano en 1983, René Bejarano y Andrés Manuel López Obrador en 2005.

Aunque la experiencia comparada con otros países muestra que la inmunidad de los legisladores es acotada para evitar que se convierta en carta de impunidad. En nuestro sistema político se observa algo completamente distinto por carecer de precisiones respecto del privilegio debido a que protege no solo a los electos por el voto popular, sino protege a todos los servidores públicos hasta el tercer rango nombrados por los Poderes de la Unión; los procedimientos de selección son complejos ya que un solo órgano legislativo decide sobre todos los servidores públicos en lugar de limitarse a proteger únicamente a los que fueron electos por el voto popular, quedando en duda la autonomía del poder judicial que es nombrado unilateralmente por los senadores.

De ahí que la violación a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales debido a que la protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público, como es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores públicos de alto rango y en particular a los legisladores que les ha servido como escudo de abusos e impunidad las cuales han llevado a un rechazo por parte de los ciudadanos.

De esta manera el fuero no debe ser un obstáculo jurídico y mucho menos político e insuperable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito.

En todo caso, es conveniente que el Poder Legislativo actué eficazmente, siempre que no se afecte las facultades constitucionales del Órgano Legislativo o su propia integración. Mediante los procedimientos judiciales para el desafuero ante dicho Órgano y no estar condicionados por razones partidistas ni por intereses políticos que no son los estrictamente legales.

Por lo tanto, la sola eliminación del término “fuero constitucional” de la normatividad mexicana, se convertiría por sí sola, en un avance fundamental en las leyes que norman el actuar de los legisladores y demás servidores públicos mexicanos que también son elegidos y designados por la voluntad popular. Su sola eliminación permitiría una delimitación más clara y precisa de las otras figuras jurídicas.

De lo antes expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del fuero constitucional

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

El presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inviolabilidad constitucional de los miembros de la misma y por la del recinto donde se reúnan a sesionar.

No se considera que se violente el recinto parlamentario cuando se trate cumplimentar una orden de aprehensión, y exista previo permiso y coordinación del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente

Articulo Segundo. Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el fiscal general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Sólo podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados locales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando previo proceso penal sea dictada sentencia condenatoria en su contra.

Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad mientras no exista en primera instancia, una sentencia condenatoria.

Cuando se dicte sentencia condenatoria, ya sea en primera o segunda instancia, el órgano jurisdiccional notificará al presidente de la Cámara, que el servidor público ha sido sentenciado, a efecto de ser separado del cargo y quedar a disposición de la autoridad correspondiente. Si la sentencia fuere absolutoria en instancia posterior, el inculpado podrá reasumir su función. Si fuere condenatoria como cosa juzgada, no podrá regresar al cargo ni se concederá al reo la gracia del indulto, y concluida la pena no regresara al cargo para el cual fue electo o designado.

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y estando debidamente integrada la averiguación previa, el procurador General de la República solicitará a la Cámara de Senadores, a efecto de que proceda en los términos previstos en este apartado, lo separe del cargo y se proceda penalmente en su contra.

Para el caso de que la sentencia sea condenatoria como cosa juzgada, no regresaran al cargo de ministro.

Para poder proceder penalmente por los delitos federales contra los Gobernadores, presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Estados, el Procurador General de la República, solicitara a las legislaturas locales, para que en el ejerció se sus atribuciones proceda como corresponda, a efecto de que se pueda ejercer la acción penal.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 112. Durante el periodo que dure el proceso penal, los servidores públicos a los que hace referencia el artículo 111 de esta constitución, podrán continuar ejerciendo el cargo hasta que se dicte sentencia definitiva condenatoria en su contra, la que originara la separación definitiva del cargo. En caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, se hará conforme lo establecido en el artículo 111, párrafo quinto.

El órgano de procuración de justicia o jurisdiccional notificará, al presidente de la cámara correspondiente, el acuerdo de ejercicio de la acción penal o la sentencia definitiva que se dicte en la averiguación previo o primera instancia, según sea el caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes de emitido la determinación o resolución, a efecto de que este emita el acuerdo de la separación del cargo, de manera expedita, sin que se someta a consideración del pleno y en el que se llamará a ejercer funciones al suplente.

Una vez recibida la notificación anterior, el presidente de la Cámara respectiva, tendrá un término de setenta y dos horas, para elaborar y remitir el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, que deberá remitir al Procurador o juez de la causa, quien tendrá cuarenta y ocho horas para ejercer la acción penal o girar la orden de aprehensión, según sea el caso. En caso de incumplimiento de los plazos en este precepto, originará delito de abuso de autoridad, conforme a la legislación penal federal.

Los procesos penales en donde se involucren a servidores públicos, de conformidad con las disposiciones de este artículo, no durarán más de doce meses, a partir del inicio de la averiguación previa.

El incumplimiento de los plazos previstos para realizar determinados actos, descritos en este artículo, originará responsabilidad administrativa y penal. La administrativa implica la separación inmediata del cargo y la inhabilitación para ocupar algún cargo público o de elección popular por diez años; en tanto que la penal, originará la comisión de delito de abuso de autoridad, conforme a la legislación penal federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La referencia a auto de vinculación a proceso, se entenderá equivalente al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en los casos en los que aún no haya entrado en vigor el sistema procesal penal acusatorio previsto en el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto, firman la presente iniciativa

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Olga Patricia Sosa Ruiz,Adriana Lozano Rodríguez, Adriana Paulina Teissier Zavala, Armando González Escoto, Carmen Mora García, Carolina García Aguilar, Claudia Báez Ruiz, Édgar Guzmán Valdez, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Francisco Javier Saldívar Camacho, Héctor Joel Villegas González, Héctor René Cruz Aparicio, Indira Vizcaíno Silva, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pamposo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, Jorge Luis García Duque, José Ángel Pérez Hernández, José de la Luz Sosa Salinas, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María de Jesús Rosete Sánchez, María del Carmen Cabrera Lagunas, Miguel Acundo González, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Ricardo de la Peña Marshall (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lizeth Sánchez García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la figura de presupuesto participativo, suscrita por los diputados Reginaldo Sandoval Flores y Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lizeth Sánchez García:Con el permiso de la Mesa Directiva. Es innegable los tiempos de cambio que estamos viviendo. Tiempos en los que la información fluye a velocidades sorprendentes. Cambios en los que cada día es más notoria la participación de cada persona, misma que genera el día a día y los contextos en los que vivimos.

La participación de cada mexicano y mexicana se dejó ver el pasado primero de julio, retumbando como una voz unísona en cada rincón de nuestro país exigiendo un cambio, exigiendo, a través del ejercicio más democrático terminan con un sistema desgastado por los malos manejos y la alta corrupción.

Hoy debemos actuar en consecuencia y en el Partido del Trabajo, en nuestro partido, sabemos la importancia de la participación, de la decisión conjunta en la que el pueblo sea quien decida, pues de ahí emanan nuestros documentos básicos como partido político. Todo el poder al pueblo.

Por ello, los suscritos diputados federales del Partido del Trabajo de esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos párrafos de los artículo 74, 115, 116, 122, para establecer la figura de presupuesto participativo.

Insisto, actuando en congruencia, debemos construir de manera conjunta los marcos normativos necesarios que contribuyan y reduzcan la brecha entre el gobernado y el gobernante, pensando y dando el valor que merece la voz ciudadana tanto en la vida política como en las acciones de gobierno. Más aún. Cuando estas decisiones significan la inversión de los recursos emanados de las aportaciones vía impuestos de todos y cada uno de los ciudadanos, cuyo destino además se refiere a la construcción del bienestar social.

El presupuesto participativo tiene sus inicios institucionales a fines de la década de los 80 en la ciudad de Puerto Alegre de Brasil. A partir de esta fecha su implementación se ha extendido a países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Canadá, Cuba, España, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Corea del Sur, Japón, China, Italia, Pakistán, Zimbabue, Tanzania, Nigeria, Jordania, Yemen y Australia, solo por citar algunos.

En el Partido del Trabajo entendemos el presupuesto participativo como el derecho de los ciudadanos y reconocemos los esfuerzos realizados en la Ciudad de México, en Guadalajara, en San Pedro de la Garza, en Nuevo León, en Durango.

Demos el paso al presupuesto participativo a nivel federal, y principalmente al marco normativo general que permita su replicación legislativa a nivel estatal. Transitemos hacia la democracia directa y caminemos de la mano de cada ciudadano.

Para el Partido del Trabajo resulta inaplazable el involucrar a los y las ciudadanas en el gasto público, por lo que proponemos que la figura de presupuesto participativo aplique en el gasto público federal que realiza el Poder Ejecutivo, así como a las entidades federativas, Ciudad de México, municipios y alcaldías, en el porcentaje que se determine en las correspondientes leyes que regulen el proceso presupuestario para que a partir de ello los ciudadanos en los lugares donde residen, puedan determinar el tipo de obra que quieren que se realice con el propósito de que se incluya en la solicitud presupuestal para un ejercicio fiscal determinado.

Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer a un lado los discursos trillados o las amenazas que consigna a lo que no haga un tercero. En este momento podemos demostrar que la voluntad política está por encima de cualquier interés mezquino.

Dejemos los discursos que buscan confundir la realidad y demos la opción a cada mexicana y mexicano, el poder decidir en qué se va a invertir el dinero público. Hagámoslo sin monedas de cambio, sin intereses personales.

Concluyamos el México que todos queremos, pero sobre todo, el México que todos nos merecemos.

Desde esta tribuna el Partido del Trabajo será la voz del ciudadano en el Congreso y trabajaremos por marcos jurídicos robustos, pero sobre todo, por leyes que doten de más y mejores condiciones de vida a las familias mexicanas, a nuestras familias. Muchísimas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de “presupuesto participativo”, suscrita por los diputados Reginaldo Sandoval Flores y Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción IV del artículo 74; se reforma el párrafo quinto de la fracción IV del artículo 115; se reforma el párrafo cuarto de la fracción II, del artículo 116; se reforma el párrafo tercero de la fracción V y se reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción VI, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de presupuesto participativo, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La evolución democrática de las sociedades históricamente se ha dirigido hacia la integración de las comunidades y los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas, en otorgar a la población mayores mecanismos de control y mayor capacidad de exigencia para con los funcionarios públicos y los representantes populares. Es decir, las sociedades actuales, cada vez más, avanzan hacia una democracia directa y participativa.

En las formas de participación directa que hoy se tienen están la revocación de mandato, el plebiscito, la consulta popular, entre los más importantes. Dentro de ellas el presupuesto participativo es una que más integración de la comunidad genera, pues a través de ellos se fomenta la deliberación y el dialogo entre los ciudadanos y vecinos con el gobierno en torno a los objetivos sociales, los recursos presupuestales se orientan hacia las demandas más sentidas de las comunidades y se generan sinergias entre la acción de gobierno y la satisfacción de las necesidades sociales.

El presupuesto participativo tiene sus inicios institucionales a fines de la década de los 80 cuando la Ciudad de Porto Alegre de Brasil, gobernada en ese momento por el Partido de los Trabajadores, lo implemento como mecanismo de participación ciudadana. A partir de esta fecha su implementación se ha extendido y hoy países como Argentina, Chile, Paraguay Perú, Estados Unidos, Canadá, Cuba, España, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Corea del Sur, Japón, China, India, Pakistán, Zimbawe, Tanzania, Nigeria, Jordania, Yemen y Australia, sólo por citar algunos, tienen algún mecanismo de presupuesto participativo. Es decir, el presupuesto participativo se encuentra operando en prácticamente los cinco continentes alrededor del mundo y en países de distinta orientación ideológica y política.

Una de las principales virtudes del presupuesto participativo es que no hay una forma “única” en el cómo se realiza la participación, pues encontramos que hay procesos tipo asamblea, otros por inscripción de proyectos, hay de participación vía electrónica y de aplicaciones telefónicas, o mezclas de varias formas de participación, algunos más formales como los latinoamericanos y otros más flexibles como los europeos. Lo que sí es claro es que el presupuesto participativo se ha convertido en un derecho de los ciudadanos y hoy día los Estados democráticos están en la obligación de implementarlos y fortalecerlos.

México no se encuentra aislado de este proceso. Si bien hay en el país una fuerte tradición de participación popular en la decisión de obras y su realización, como son el tequio, la faena comunitaria y la deliberación comunitaria principalmente indígena y rural, hoy día existen mecanismos institucionales de presupuesto participativo en distintas localidades y municipios del país. La más conocida es la experiencia de la Ciudad de México por su tamaño, densidad de población y complejidad, la cual desde el 2010 contempla el presupuesto participativo dentro de su Ley de Participación Ciudadana, pero junto a ella se encuentran experiencias como la de la ciudad de Guadalajara; la del Estado de México, la de San Pedro de la Garza en Nuevo León, o de las pioneras en el tema como la experiencia de Tepic en la década de los 70 o la de la Ciudad de Durango en la primera mitad de la década de los 90.

Sin embargo, la experiencia ha sido hasta ahora de ejercicios locales, municipales y algunos estatales, faltando la aplicación del presupuesto participativo a nivel federal y principalmente el marco normativo general que permita su replicación legislativa a nivel estatal ahí donde no se ha avanzado en el tema. De hecho, esta carencia legislativa es un obstáculo para el desarrollo de presupuestos participativos, pues al no existir muchos gobiernos con menor vocación democrática omiten aplicarlo o los eliminan en donde existían.

La participación ciudadana en la creación y seguimiento del presupuesto público ha sido una demanda desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. También es un proceso de aprendizaje democrático y de vinculación del gobierno con la sociedad. En este sentido, la participación de la población depende de los mecanismos y formas de realización del proceso, sin embargo, la experiencia muestra que en el mediano plazo la sociedad tiende a involucrarse cada vez más. En el caso de Porto Alegre la tendencia mostro que en el primer ejercicio de presupuesto participativo se involucraron en el primer año poco menos de 1000 ciudadanos, pero para el doceavo ejercicio el número de ciudadanos creció a casi 29 000.

Por su parte, en la Ciudad de México, la participación se ha mantenido en un rango de 15 mil a 20 mil personas desde 2014, pero se muestra un crecimiento significativo en el número de proyectos propuestos, pues estos han crecido de 8 mil proyectos en 2014, a 13 mil proyectos en 2015, 19 mil proyectos en 2016 y en 2017 fueron casi 26 mil proyectos registrados para ser consultados. Lo que muestra que existe el interés de la sociedad en proponer alternativas al uso de los recursos públicos para mejorar su entorno y sus condiciones de vida.

El presupuesto participativo ha sido utilizado principalmente en la asignación para obras y proyectos de infraestructura, pues sus orígenes partieron de esfuerzos locales. Sin embargo, conforme son adoptados por autoridades de orden superior, como son los delegados de distritos, los gobiernos estatales y los gobiernos nacionales, el alcance de la decisión ciudadana también se amplía, incluyen o inciden también sobre programas sociales, distribución del gasto entre regiones y/o entre de pendencias o grandes temas de gobierno. Experiencias en este sentido son los que se han dado en por ejemplo localidades de los Estados Unidos. Una de las más conocidas es la que se realiza entre las comunidades escolares (padres y alumnos) en los distritos de varios estados como New York, California, Washington o Chicago, sólo por mencionar algunos, para determinar la distribución de recursos entre necesidades identificadas como mobiliario, equipo, servicios culturales o académicos, infraestructura, salarios, transporte, e incluso para el financiamiento de proyectos académicos, con lo que la decisión pasa de lo local a lo sectorial-regional. Y ejercicios similares también se realizan entre comunidades de minoría, como son las indígenas y las afrodecendientes.

También, el presupuesto participativo implica una herramienta de aprendizaje seguimiento, lo que a su vez demanda un flujo de información constante entre las autoridades y los ciudadanos para que estos últimos tomen las decisiones de manera informada. Así, el presupuesto participativo implica mecanismos de información y seguimiento del ejercicio del presupuesto en tiempo real, que permita a los ciudadanos saber el cómo se ha distribuido el presupuesto, tener claros los objetivos del gasto realizado, cómo se gasta, quién recibe los recursos, a quién se contrata, cuál es el alcance de lo gastado, cuánto se cumplieron los objetivos y qué sanciones o penalidades se imponen a los servidores o prestadores de servicios que no cumplieron con lo establecido, como es la propuesta de la ciudad de Oakland del estado de California y su apuesta por el Presupuesto Abierto o la de ciudades como Austin, Texas y New Orleans y sus sistemas de presupuesto simulado y el presupuesto de la gente.

Así, el presupuesto participativo es una herramienta de los estados democráticos que tiene diversas funciones que a su vez fortalecen y promueven la democracia directa a través de la participación de la comunidad en los distintos órdenes de gobierno (local, estatal, nacional), fomentan la cohesión social, identifican las necesidades sociales, atienden las problemáticas comunitarias, fomentan la transparencia y la rendición de cuentas y da a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre su entorno, su comunidad y su país de manera directa, dando a su vez mayor legitimidad a los gobiernos en turno.

En la actualidad, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el mecanismo por medio del cual se instrumenta la técnica presupuestaria a través de programas operativos anuales que son los objetivos que la administración pública federal pretende realizar en un ejercicio fiscal.

A partir del POA las dependencias de la administración pública realizan sus requerimientos presupuestales para ser incluidos en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el ejecutivo federal presenta a esta soberanía.

Cuando la Cámara de Diputados aprueba el decreto de presupuesto asigna partidas presupuestales específicas para la ejecución de los programas de gobierno.

En la iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración proponemos la inclusión en diversos preceptos del texto constitucional de la figura de presupuesto participativo como un instrumento que dota a la sociedad de un mecanismo para, complementario a la solicitud presupuestal del gobierno, contar con un porcentaje de recursos públicos destinados a la realización de obra pública en sus comunidades.

Proponemos que la figura de presupuesto participativo aplique en el gasto público federal que realice el poder ejecutivo así como las entidades federativas, Ciudad de México, municipios y alcaldías en el porcentaje que se determine en las correspondientes leyes que regulen el proceso presupuestario, para que a partir de ello, los ciudadanos en los lugares donde residen puedan determinar el tipo de obra que quieren que se realice, con el propósito de que se incluya en la solicitud presupuestal para un ejercicio fiscal determinado.

Con esta propuesta legislativa el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acerca el poder a la gente, permite que la ciudadanía determine, en su beneficio, el tipo de obra que realmente le beneficie y no como por desgracia ha ocurrido que se construye sólo para llevarse una “comisión o moche”, sin importar las reales necesidades de las comunidades.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración la siguiente

Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la figura de presupuesto participativo

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción IV del artículo 74; se reforma el párrafo quinto de la fracción IV, del artículo 115; se reforma el párrafo cuarto de la fracción II, del artículo 116; se reforma el párrafo tercero de la fracción V y se reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción VI, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. ...

I. a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo así como los proyectos emanados del presupuesto participativo anual, en términos de la ley secundaria. Asimismo, podrá autorizar dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

...

...

V. a IX. ...

Artículo 115....

I. a III. ...

IV. ...

a) ...

b) ...

c) ...

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución, así como los proyectos emanados del sistema de presupuesto participativo correspondiente.

V. al X. ...

Artículo 116. ...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

...

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución, así como los proyectos emanados del sistema de presupuesto participativo correspondiente.

...

...

...

III. al IX. ...

Artículo 122. ...

A. ...

I. al IV. ...

V. ...

...

...

Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución, así como los proyectos emanados del sistema de presupuesto participativo correspondiente.

...

...

...

...

...

VI...

...

...

a) ...

b) ...

c)...

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura, así como los proyectos emanados del sistema de presupuesto participativo correspondiente. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial.

...

d) ...

e) ...

f) ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

B. ...

...

...

...

...

...

C...

a)...

b)...

c)...

D...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados y las legislaturas de los Estados deberán modificar la ley que regule el procedimiento presupuestario para establecer la figura de Presupuesto Participativo.

Tercero. Las alcaldías de la Ciudad de México y los Ayuntamientos del país ajustarán su normatividad interna para incluir el Presupuesto Participativo.

Notas

1 Mapa mundial de presupuestos participativos, Elaborado por Tiago Peixoto

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XSWIeYDu8G8JuwUV2KNfQ9K06EU &hl=en&ll=-3.81666561775622e-14%2C28.011100499999998&z=1

2 Ayala Sánchez, Alfonso y José Ramón Hernández Polanco, “Los presupuestos participativos, una estrategia de dialogo entre ciudadanos y autoridades”, En Ayala Sánchez, Alfonso (Coord), (2014), Nuevas avenidas de la democracia contemporánea. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

3 Baja participación, desconocimiento y recelo en la votación para el Presupuesto Participativo 2018, Proyecto Pienso luego voto.

www.piensoluegovoto.mx

http://www.piensoluegovoto.mx/baja-participacion-desconocimiento-y-recelo- en-la-votacion-para-el-presupuesto-participativo-2018/

Dado en la Ciudad de México, el día 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputado: Lizeth Sánchez García, Maricruz Roblero Gordillo, Reginaldo Sandoval Flores (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alberto Esquer Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez:Gracias, diputado presidente. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Diputados y diputadas, todos nosotros hemos llegado a este recinto legislativo después de recorrer estados, distritos y municipios, y todos estamos ciertos de que hoy México, gracias a la mala actuación del gobierno en turno emanado del PRI, pasa por una de las peores crisis en materia de salud.

Todos sabemos que en nuestros estados, municipios, la falta de medicamentos, la falta de doctores, la falta de infraestructura en materia de salud, es una realidad. Estoy seguro que, a partir de hoy, todos ustedes, todos nosotros empezaremos a recibir llamadas para acelerar cirugías, para gestionar ingreso a los hospitales públicos porque realmente el sistema de salud ha sido rebasado.

Hoy vemos una alta corrupción, cómo los medicamentos se venden y se compran a sobreprecio. Nosotros lo vemos en Jalisco y lo vemos en muchas partes de la República Mexicana.

Más de 20 millones de mexicanos y mexicanas no cuentan con cobertura y acceso a los servicios de salud. Así lo reconoció el secretario de Salud, José Narro Robles, que más del 16.9 de los y las mexicanas no cuentan con acceso a la salud, mientras que paradójicamente más de 20 millones que no cuentan con acceso a la salud, también existe una alta burocracia del gobierno federal y de los Poderes, que cuentan con el seguro de gastos médicos mayores. Más de 148 mil servidores públicos de mandos medios y superiores del gobierno federal, y del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, gozan con una doble cobertura de acceso a la salud. Es decir, seguro de gastos médicos mayores, ISSSTE o IMSS.

El último contrato de seguro colectivo de gastos médicos mayores que firmó el Gobierno de la República el pasado 15 de noviembre del año 2017, costó 3 mil 119 millones de pesos. Es decir, no podemos permitir que se sigan haciendo gastos excesivos para la alta clase política, pero el juez por su propia casa empieza.

Por eso los diputados de Movimiento Ciudadano, el día de nuestro registro hemos renunciado al seguro de gastos médicos mayores, al seguro de vida y a otros privilegios que ya cuenta nuestra renuncia la Secretaría General, para que ese dinero en el próximo Presupuesto de Egresos lo podamos destinar a más infraestructura en materia de salud, a mejor pago a doctores, enfermeras y más infraestructura en materia de salud a lo largo y ancho de la República mexicana.

Por poner un solo ejemplo en esta materia: todos nosotros estamos llamados a cumplir con lo que protestamos y lo que dijimos en las calles, por eso hago un llamado sincero a todos mis compañeros y compañeras diputados, a que podamos todos juntos renunciar al seguro de gastos médicos mayores que esta Cámara ofrece a todos los diputados, y que en el próximo Presupuesto de Egresos que está próximo a llegar y a debatirse en esta Cámara, sea destinado al 100 por ciento a tener mayor infraestructura en materia de salud, más doctores, mayor medicamento y mayor acceso de los y las mexicanas. Para Movimiento Ciudadano invertir en educación y en salud es una prioridad.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de ustedes la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la fracción II del artículo 63 y la fracción V del artículo 65; y adiciona una fracción XIII al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

I.En México, más de 20 millones 400 mil personas no cuentan con cobertura y acceso a servicios de salud, así lo reconoció el secretario de Salud federal, José Narro Robles, quien declaró que “16.9 por ciento de los mexicanos sigue sin cobertura médica”.

Mientras en países como como Japón, Alemania y Suecia destinan más de 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) al gasto público en salud. México se halla en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destinando únicamente 2.7 por ciento de recursos públicos como porcentaje de su PIB, presupuestando, prácticamente la mitad del promedio de los países de la OCDE, que es de 6.6 por ciento.

Sin embargo, considerando el gasto que los mexicanos destinan para salud y atención médica, resulta que son quienes más desembolsan recursos propios para hacer frente a las contingencias médicas, estimando que 45 por ciento del gasto total de salud en México, que asciende a 6.2 por ciento (2013) del PIB, se cubre con recursos de las familias, lo que se asocia a la falta de cobertura o seguro médico, pues, en México, la proporción de hogares que incurren en gastos “catastróficos” por motivos de salud –es decir, cuando los desembolsos familiares en concepto de salud superan 40 por ciento de la renta disponible del hogar– es la segunda más alta de la OCDE, después de la de Corea.

II.Paradójicamente, mientras más de 20 millones de Mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud, el Gobierno Federal, para beneficio de unos cuantos, duplica la cobertura para los funcionarios públicos federales de mandos medios y superiores, quienes, no obstante estar ya protegidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), adicionalmente gozan, con cargo al erario público, de una doble cobertura, al contar con un seguro adicional de gastos médicos privados.

La última adjudicación para otorgar el contrato bianual del seguro de gastos médicos mayores para el personal de las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos participantes, que incluye a 148 mil servidores públicos, más sus cónyuges, hijos y padres (aproximadamente 355 mil personas), se tradujo en un contrato que firmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la aseguradora Metlife por 2 mil 712 millones 893 pesos, sin IVA (3 mil 119 millones 827 mil 38 pesos, con IVA incluido). Según consta en el expediente número 1491903 de Compranet, el contrato fue renovado con Metlife el 15 de noviembre de 2017, con vigencia al 15 de mayo de 2019.

III. El artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que deben ser principios de observancia para el gasto público: “la legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”.

Sin embargo, la contratación de seguros de gastos médicos mayores para los altos funcionarios representa una duplicidad de gasto, por privilegiar a un grupo que ya goza de la cobertura a servicios de salud, por lo que los recursos erogados para el pago de la cobertura adicional constituye un perjuicio para la población carente de acceso a cobertura de salud, por ello, esta situación transgrede los siguientes siete principios prescritos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, y control.

Con información de los últimos contratos de seguros de gastos médicos mayores, se puede advertir que, de 2014 a la fecha, se han destinado más de 7 mil 860 millones de pesos, cantidad que, con información de la Cuenta Pública de 2017, representa más de 10 por ciento anual del gasto total de servicios personales del ISSSTE y más de 50 por ciento de lo que anualmente destina para la adquisición de productos químicos, farmacéuticos (medicinas) y de laboratorio (análisis), para cubrir a los 13 millones de derechohabientes que tiene.

IV. El presidente electo para el periodo 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador, tanto en discursos de campaña como en declaraciones realizadas como presidente electo, se comprometió a eliminar el seguro de gastos médicos mayores, al señalar lo siguiente:

“No va a haber seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos, así de claro. Eso lo dijimos en campaña, vamos a ahorrar y espero que los otros poderes –Legislativo y Judicial– hagan lo mismo”, declaró el presidente electo el lunes pasado en su casa de transición.

Desde hace tres años, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en congruencia con su código de ética y su agenda legislativa, renunció a los seguros de gastos médicos mayores y de vida, en un franco compromiso con la eficiencia presupuestaria.

Asimismo, en el pasado proceso electoral federal de 2018, Movimiento Ciudadano se comprometió con la ciudadanía y sus electores a presentar iniciativas para eliminar el ejercicio discrecional del presupuesto público y los privilegios de la clase política, como los seguros de gastos médicos mayores que ascienden a montos de miles de millones de pesos de recursos públicos anuales.

V. Sin embargo, ante las necesidades y desigualdades sociales que persisten en nuestro país, y los recursos escasos que constituyen los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es necesario plantear otras alternativas puntuales de austeridad que permitan reorientar el gasto público hacia los objetivos socialmente prioritarios como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, evitando gastos duplicados como el seguro de gastos médicos que proponemos eliminar, pero también reducir el gasto en capítulos y partidas presupuestales no sustantivas, como las que se describen a continuación:

Reiteradamente, las dependencias del Poder Ejecutivo no se ajustan a los techos presupuestales aprobados por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Llaman la atención, entre otros conceptos, particularmente tres que se inscriben en el capítulo 3000, “Servicios generales”, uno el concepto 3300 destinado, entre otras partidas, al pago de asesorías y consultorías, pues considerando los últimos cinco años para este concepto se aprobaron 207 mil 357 millones de pesos, pero en realidad se ejercieron 289 mil 329 millones de pesos, es decir 40 por ciento más de lo aprobado, que representan 81 mil 972 millones de pesos más de lo autorizado, como se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados vs. ejercido por el gobierno federal en el capítulo 3000, “Servicios generales”, concepto 3300, “Asesorías y consultarías, entre otros”

Segundo, el concepto 3700, “Servicios de traslado y viáticos”, sumados los últimos cinco años, para este rubro se aprobaron 35 mil 962 millones de pesos, y se ejercieron 57 mil 977 millones de pesos, 61 por ciento más de lo aprobado, que representa 22 mil millones de pesos por arriba de lo autorizado, como se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados vs. ejercido por el gobierno federal en el capítulo 3000, “Servicios generales”, concepto 3700, “Traslado y viáticos”

Tercero, el concepto 3600, “Servicios de comunicación y publicidad”, en cuyo rubro, sumados los últimos cinco años, se aprobaron 12 mil 44 millones de pesos, y se ejercieron 34 mil 110 millones de pesos, 183 por ciento más de lo aprobado, que representa 22 mil millones de pesos por arriba de lo autorizado en los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2013 a 2017, como se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados vs. ejercido por el gobierno federal en el capítulo 3000, “Servicios generales”, concepto 3600, “Servicios de comunicación y publicidad”

Sólo estos tres conceptos de servicios generales, correspondientes a asesorías, viáticos y comunicación social, en cinco años sumaron 255 mil millones de pesos aprobados, pero el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda los incrementó hasta 381 mil millones de pesos, destinando a estos tres rubros no prioritarios 126 mil millones más de lo autorizado, esto en un contexto donde en el mismo periodo en que se incrementaron estos conceptos se realizaron dos recortes presupuestales que afectaron los presupuestos aprobados por los diputados para salud y educación pública.

En 2016, ya en ejercicio del presupuesto aprobado, se realizaron dos recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 31 mil 714.7 millones de pesos, que implicaron una disminución para el ramo de educación de 10 mil 160.2 millones de pesos y para el ramo de salud de 8 mil 562.6 millones de pesos, que sumaron 18 mil 722.8 millones de pesos, representando 30.7 por ciento del total de los recursos recortados a los ramos presupuestales del gobierno federal disminuidos. Es decir, la tercera parte de dichos recortes se realizaron a estos dos sectores pilares de la política de desarrollo e inversión en capital humano y paradójicamente, en ese año, los tres conceptos de servicios generales correspondientes a asesorías, viáticos y comunicación social el presupuesto, en lugar de reducirse, se incrementó de 55 mil millones a 90 mil millones de pesos, aumentando casi 35 mil millones de pesos, prácticamente el doble del monto recortado a salud y educación.

Para Movimiento Ciudadano, invertir en educación y salud, es combatir la desigualdad social e impulsar una equitativa distribución de oportunidades para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y para el desarrollo social y económico de los mexicanos, por ello, los diputados ciudadanos tenemos el compromiso de detener el derroche de los recursos públicos para potenciar y hacer eficiente su destino y ejercicio en rubros y servicios sustantivos como educación, salud y seguridad ciudadana.

Por ello, con esta iniciativa no sólo buscamos eliminar los privilegios de la alta burocracia federal o rubros con amplios márgenes de discrecionalidad y por ende de corrupción, como son los destinados a la adjudicación de consultorías o la compra de publicidad gubernamental, sino que además, buscamos hacer un amplio planteamiento de austeridad republicana proponiendo además de eliminar los seguros privados de gastos médicos mayores para servidores públicos que ya gozan de protección social, el establecer un tope presupuestal para los rubros de servicios generales eliminando los gastos de asesorías y estableciendo topes o limites los gastos de viáticos y comunicación social ya referidos en esta exposición de motivos, con lo que se estima que al menos se lograría un ahorro de 70 mil millones de pesos que deberá destinarse a funciones sustantivas como lo son salud, educación y seguridad ciudadana, pues el ejercicio del erario público es para beneficio de todos los mexicanos, no de sus gobernantes en turno.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65; y adiciona una fracción XIII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforman la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65; y se adiciona una fracción XIII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 33. [...]

I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, se prohíben los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios para cualquier servidor público.

II. [...]

[...]

Artículo 61. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, y deberá considerar al menos, los siguientes aspectos:

I. [...]

II.Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; queda prohibido el pago de servicios de telefonía celular para cualquier servidor público.

III. a VIII. [...]

Artículo 62.Los ejecutores de gasto sólo podrán realizar las contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones estrictamente necesarias, debiendo estar justificadas y autorizadas por los titulares de los ejecutores del gasto,siempre y cuando

I. a V. [...]

Artículo 63.[...]

[...]

[...]

I.[...]

II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, debiendo reducir las partidas correspondientes a dichos bienes y servicios hasta en un 50 por ciento con respecto a lo ejercido en 2017.

III. [...]

[...]

Artículo 65. [...]

I. a IV. [...]

V. Se prohíben los bonos o percepciones extraordinarias para cualquier servidor público.

VI. a XII. [...]

XIII. No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida privados para servidores públicos de mandos medios y superiores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes para acatar las disposiciones de austeridad consideradas en la presente reforma.

Tercero. Derivado de los ahorros en capítulos no sustantivos que prevé el presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al remitir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 a la Cámara de Diputados, deberá incrementar en al menos 70 mil millones de pesos el presupuesto para los ramos de salud, educación y seguridad ciudadana, por ser el monto de ahorro estimado derivado de las reducciones planteadas en el presente decreto a los conceptos 3300 (asesorías), 3600 (publicidad gubernamental) y 3700 (viáticos) durante el ejercicio fiscal de 2017 y la cancelación de bonos y pagos extraordinarios.

Notas

1 Reforma, 16 de agosto de 2017. “Sin acceso a la salud, 16 por ciento de los mexicanos”,

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1187396&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1187396

2 Gasto en salud, propuesta 2017. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria,

http://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2017/

3 Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud: México 2016. Diagnóstico y recomendaciones, página 13.

http://www.funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/ 2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf

4 Los retos de la salud en México. José Ángel Gurría: México y los indicadores de salud de la OCDE,

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/losretosdelasaludenmexico.htm

5 Aseguradoras perderían 2 mil 700 mdp si eliminan los seguros de gastos médicos en el gobierno federal,

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1439615&v=3&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1439615&v=3

6 Cuenta Pública de 2017, tomo VII, “Sector paraestatal”. Ramo 51, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017/tomo/VII/ Print.GYN.03.F_EAEPOGE.pdf

7 El Economista, 14 de agosto de 2018.

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Podrian-quedar-sin- seguro-de-gastos-medicos-695000-burocratas-20180814-0139.html

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Alberto Esquer Gutiérrez,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Carmen Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Angélica Zamudio Macías, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su correspondiente dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DOF EL 10 DE FEBRERO DE 2014

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Carlos Torres Piña, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Torres Piña:Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente. Para mí es un gusto estar el día de hoy en esta máxima tribuna de nuestro país para, a nombre de nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 102 constitucional y el Décimo Sexto y Décimo Noveno transitorio del Decreto por el que se reforma, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014.

Nuestro propósito es que México cuente con un fiscal general autónomo y con una Fiscalía que cumpla con su función de representar a la sociedad y defender sus intereses constitucionales y legales ante quienes se atreven a violentar las leyes.

Esta no es una ocurrencia, compañeras y compañeros, es una necesidad inaplazable para que las mexicanas y los mexicanos podamos contar con una institución y una autoridad capaz de aplicar la ley sin intervención del Poder Ejecutivo.

Todos sabemos que uno de los mayores males que aquejan a nuestra nación es la falta de respeto por la ley y esta falta de respeto a la ley ha impuesto el reinado de la impunidad. México lamentablemente es conocido ante la opinión internacional como la tierra donde todo se vale, donde no pasa nada. Ocupamos los primeros lugares como país donde las leyes no se cumplen y los delincuentes pueden andar impunes entre la gente.

Por ejemplo, el día de ayer ante la clase política de este país se presentó un sexto informe de uno de ellos, por ejemplo, de un acto de corrupción como fue la Casa Blanca, y no pasa nada en este país.

Somos conscientes de que necesitamos una cultura de la legalidad, es tan grave esta ausencia que nos hemos acostumbrado a la falsa idea de que las leyes se hicieron para violentarse, por eso en México el 98 por ciento de los delitos quedan impunes.

Una de las causas de la falta de una cultura de la legalidad se encuentra en el sistema de ministerios públicos, dependientes justamente del Poder Ejecutivo. Por esta dependencia es frecuente que la justicia en México sea usada con fines políticos, en muchas ocasiones se persigue al enemigo, al adversario político, se castiga por venganza, pero al delincuente se le deja seguir actuando.

Llegó el momento de otorgarle seguridad a la ciudadanía, de que la denuncia contra los agravios que sufre no sean pérdida de tiempo, solo así se podrá fomentar la cultura de la denuncia.

Hay un gran consenso entre todas las fuerzas políticas en que la corrupción debe ser erradicada y la única forma de combatir este mal es con la aplicación de la ley y con el castigo ejemplar del corrupto, desde el presidente de la República hasta cualquier ciudadano que ostente cualquier cargo, y para que esto suceda ocupamos una Fiscalía autónoma y la única manera de empezar a cerrarle el paso a la impunidad es que la Fiscalía tenga un fiscal plenamente autónomo, un fiscal que no esté subordinado al Poder Ejecutivo, no subordinado al presidente de la República.

La fracción parlamentaria de nuestro partido le propone a esta soberanía que podamos nosotros modificar, que nos atrevamos a cambiar el método de selección del fiscal. Que ya no sea por lealtades políticas al titular del Ejecutivo, sino que sea un fiscal que ocupe ese espacio por méritos propios.

Esta legislatura tiene la facultad de acordar la selección del fiscal general por un método transparente, abierto a la participación de la sociedad civil y apegada a los principios de la objetividad y de los méritos.

El método que se propone actualmente es sencillo: escoger 10 propuestas, turnarlas al Ejecutivo y que este, a su vez, regrese una terna para que el propio Senado la determine de acuerdo a la atribución del artículo 76, fracción XIII.

Nosotros planteamos que se establezcan algunos procedimientos. Por ejemplo, en el artículo 102 estamos pidiendo que en su párrafo segundo se adicione y establezca con claridad que se debe gozar, entre otros, de la buena reputación. Pero, sobre todo, de la independencia, honradez, alta calidad moral y compromiso con la protección de los derechos humanos, y no haber sido condenado por delito doloso.

La ley establecerá criterios objetivos para la evaluación del perfil. Por ejemplo, en su numeral 1 estamos pidiendo: la cual deberá de integrarse mediante un proceso transparente y público con la participación de la sociedad civil, que evalúe la idoneidad para que se ocupe ese cargo.

Asimismo, en este mismo artículo, pero en el numeral sexto, estamos planteando que corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, y aquellos —que es lo que pedimos agregar— del orden común que guarden conexidad con los delitos del orden federal o cuando el hecho constitutivo del delito trascienda en el ámbito de una o más entidades federativas.

Además, ejercer la facultad de atracción, a solicitud de la víctima del delito, cuando las fiscalías en las entidades —que, por cierto, luego es muy común—, de las entidades federativas, no inicien de forma inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación, por defecto u omisión, de la persecución o enjuiciamiento en el ámbito local, o cuando exista sentencia o resolución de un organismo previsto en los tratados internacionales.

Asimismo, establecer mecanismos de evaluación y control disciplinario para un adecuado y transparente ejercicio de la función, que permita una supervisión ciudadana. Y que también exista autonomía en los servicios periciales.

Por lo que respecta al artículo transitorio décimo sexto, estamos solicitando que al paso de un año del nombramiento del fiscal, este, a su vez, entregue a la comisión integrada en la Cámara del Senado un informe detallado de los avances y la transición institucional que se realice, así como la depuración de las causas del sistema inquisitivo mixto, de la reorganización institucional, del servicio profesional de carrera, presupuestario y del cumplimiento de las recomendaciones que pueda haber por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, este Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las demás normas secundarias. Una vez que esta se promulgue, el Congreso emitirá la declaratoria expresa de la entrada en vigor de esta misma. Entre otros planteamientos, pero solo quería destacar estos.

Nadie interesado en combatir la corrupción y la impunidad puede oponerse a este procedimiento. Nadie que honre respetuoso y se sienta respetuoso de la ley podrá oponerse a la propuesta de un fiscal que sirva a intereses de la sociedad.

Por eso hoy más que nunca decirles, compañeras y compañeros, que estamos en la oportunidad de enarbolar una lucha contra la corrupción y la impunidad, como su bandera central que se ha planteado por muchos grupos parlamentarios, esperamos ahora sí que nuestra propuesta sea aprobada para que México por fin pueda contar con una fiscalía autónoma y un fiscal que sirva. Por su atención, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ha empeñado sus esfuerzos en la construcción de una Fiscalía General de la República autónoma, cuyas funciones sean desempeñadas de manera libre y exenta de cualquier condicionamiento. En su momento, como parte del frente legislativo por México, se frenó el intento autoritario de nombrar un #FiscalCarnal y que éste asumiera estas funciones para encubrir al gobierno que está por salir. Pero además es necesario que el fiscal general de la República sea nombrado en un marco constitucional que dote al Congreso de un procedimiento claro y transparente, con todo el reconocimiento y apoyo social que le permitan desempeñar sus labores de manera equitativa e imparcial.

Más allá del nombramiento de una persona, que puede ser honorable y reconocida, lo que México necesita es la reconstrucción de la institución del Ministerio Público como representante de la sociedad y de la libertad que otorga la autonomía para que, incluso, el presidente pueda ser juzgado por conductas delictivas. De nada sirve eliminar el fuero de los servidores públicos, incluido el presidente, si quien ejerce la representación social no tienen la autonomía y el respaldo constitucional que le permitan enfrentar una situación de esa envergadura.

El presidente electo ha soslayado ese hecho; considera que el fiscal general debe seguir siendo un empleado de su administración y no el representante de la sociedad encargado de investigar los delitos y poner ante la justicia a quienes son infractores de la ley. Debemos ser enfáticos, en el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos plenamente convencidos de que el derecho de acceso a la justicia que nos ha sido negado por el régimen priísta que destruyó nuestras instituciones, no depende del nombramiento de una persona sino de la reconstrucción de una institución.

Es por ello que hoy refrendamos, en sus términos, la iniciativa que en su momento surgió de la sociedad civil respecto al procedimiento de nombramiento del fiscal general de la República y la planteamos de nueva cuenta para su consideración, porque nos encontramos plenamente convencidos de que, sin una Fiscalía que sirva, le negaremos a todas y todos los mexicanos el derecho de acceso a la justicia y, desde luego, no superaremos la crisis humanitaria en la que nos encontramos ni tampoco alcanzaremos la paz social.

Es por lo anterior que, convencidos de la necesidad de contar con una Fiscalía General de la República plenamente autónoma, reivindicamos y volvemos a proponer la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer un nuevo procedimiento para el nombramiento del fiscal general de la República.

Esta iniciativa fue presentada al pleno de la Cámara de Senadores el 18 de abril· de 2017 y fue suscrita por las senadoras Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Cristina Díaz Salazar y Dolores Padierna Luna, entre otros; de igual manera, fue presentada por los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández y Jesús Zambrano Grijalva el 11 de julio de 2018, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año legislativo de la LXIII Legislatura.

En aquella ocasión se indicaba que:

La presente iniciativa ha sido elaborada por un número significativo y representativo de personas que se dedican a la academia y de colectivos que agrupan a diversas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han decidido impulsar una campaña bajo el lema “Por una Fiscalía que Sirva”. En el marco de esta campaña, dichas personas y organizaciones nos han hecho llegar su propuesta de reforma constitucional, por lo que las senadoras abajo firmantes, hemos decidido suscribirla en sus términos, a efecto de incluirla formalmente para enriquecer el debate legislativo que habrá de tener lugar próximamente.

Argumentación

Las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales establecen que las personas con el cargo de fiscal desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo; así como con la protección eficaz de las y los ciudadanos contra la delincuencia. De acuerdo con los principios antes mencionados, la persona que sea fiscal debe ser proba e idónea, con formación y calificaciones adecuadas. Por ello, los Estados se encuentran obligados a adoptar las medidas necesarias para que:

1. Los criterios de selección contengan salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión- política o de otra índole, procedencia nacional, social o étnica, patrimonio, nacimiento, situación económica u otra condición, con la excepción de que no se considerará discriminatorio exigir que la persona candidata que se postule al cargo de fiscal sea nacional del país;

2. La persona con el cargo de fiscal tenga una formación y capacitación adecuadas y sea conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los derechos de la persona imputada y de la víctima, y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

A pesar de que el derecho internacional no contiene una disposición que garantice la independencia institucional de las fiscalías, los Estados siempre tienen el deber de proporcionar garantías para que las personas que funjan como fiscales puedan realizar investigaciones en forma imparcial y objetiva.

3. El Comité de Ministros del Consejo de Europa a través de la Recomendación 19 a los Estados Miembros “Sobre el papel del Ministerio Fiscal en el Sistema de Justicia Penal” establece que se entiende por “fiscal” a la autoridad encargada de vigilar en nombre de la sociedad y en interés general la aplicación de las leyes con sanciones penales, teniendo en cuenta, por una parte, los derechos individuales y por otra, la necesaria eficacia del sistema de justicia penal.

Aunque se permite una pluralidad de modelos, que van de sistemas en los que la fiscalía es independiente del gobierno hasta otros donde está subordinada a la rama ejecutiva, la realidad de México requiere el fortalecimiento de una institución de procuración de justicia autónoma. La recomendación establece que es esencial que, a nivel del caso individual, la Fiscalía tenga suficiente autonomía para tomar decisiones independientes de la dirección ejecutiva o gubernamental, o que cuando se puedan dar instrucciones, el proceso sea plenamente transparente. Dejando a un lado el modelo existente, es crucial para la confianza pública que la incoación de una acción sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política.

Además, esta recomendación insta a que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para permitir a las y los integrantes de la fiscalía que cumplan con sus deberes y responsabilidades profesionales de acuerdo con su estatuto, organización y medios sobre todo presupuestarios. Estas condiciones deberán determinarse en estricto acuerdo con las y los representantes de la Fiscalía. De acuerdo con esta recomendación, los Estados adoptarán medidas encaminadas a que:

-El reclutamiento, promoción y cambios de destino de las y los trabajadores de la Fiscalía se efectúen según procedimientos justos e imparciales, que permitan evitar cualquier elemento de parcialidad o corporativista y que excluyan toda discriminación fundada en especial sobre sexo, raza, color de piel, idioma, religión, opiniones políticas o cualesquiera otras opiniones, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación;

-El desarrollo de la carrera, ascensos y movilidad de las y los trabajadores de la Fiscalía se funden en criterios conocidos y objetivos, tales como competencia y experiencia;

-La movilidad de las y los trabajadores de la Fiscalía se funde igualmente en las necesidades del servicio;

-La ley garantice, para el ejercicio de esas funciones condiciones razonables, y establezca en particular un estatuto, una remuneración y unas pensiones adecuadas a la importancia de las funciones ejercidas, así como una edad apropiada para la jubilación;

-La ley prevea un procedimiento disciplinario para de las y los trabajadores de la Fiscalía que les garantice una valoración y decisiones justas y objetivas y susceptibles de un control independiente e imparcial;

-De las y los trabajadores de la Fiscalía tengan también acceso a un procedimiento satisfactorio de recurso y, en su caso, derecho a elevar el asunto ante un tribunal siempre que sea afectado su estatuto jurídico;

-Y de las y los trabajadores de la Fiscalía y su familia sean protegidos físicamente por las autoridades cuando su seguridad personal sea amenazada por razón de sus funciones.

Por lo que hace al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) “Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas” establece que las y los fiscales, tienen en términos generales entre sus funciones la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones y ejecución de fallos judiciales como representantes del interés público, las cuales son indispensables para contribuir a la eliminación de la impunidad de casos de violaciones de derechos humanos y brindar un recurso efectivo a las personas que han sido afectadas en sus derechos por los crímenes cometidos en su contra.

En este informe la Comisión Interamericana considera que la relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso en las investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo de la investigación, así como las implicaciones que tenga en el debido proceso. Es por ello que en el derecho internacional existen algunos criterios generales que permiten identificar la autonomía de la cual deben gozar las fiscalías públicas para garantizar que realicen de manera efectiva, y compatible con los estándares de derechos humanos su respectivo rol en el acceso a la justicia y garantía del debido proceso.

De acuerdo con la CIDH la falta de independencia institucional de la Fiscalía puede minar la credibilidad de la autoridad investigadora y socavar la confianza pública en la administración de justicia. La Comisión Interamericana es de la opinión de que al efecto de evitar los riesgos para una actuación independiente las fiscalías en principio, no deberían formar parte de ningún otro Poder y dicha independencia debería ser asegurada constitucionalmente. En este sentido, la Comisión Interamericana reitera lo señalado ya en su segundo Informe sobre la Situación de las Defensores y Defensores de Derechos Humanos, instando a los Estados a garantizar la independencia institucional de la Fiscalía respecto de otros poderes.

En el contexto de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió al tema de la independencia de las y los fiscales, donde reiteró la propuesta de que “el Ministerio Público debe ser un órgano independiente del poder ejecutivo y gozar de las prerrogativas de inmovilidad y demás garantías constitucionales reconocida a los miembros del poder judicial”.

La Comisión también afirmó que el ejercicio adecuado de las funciones acusatorias requiere “independencia y autonomía de las demás ramas del poder público”.

Es por ello, que de acuerdo con la CIDH un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia. El derecho internacional ha establecido algunos criterios mínimos para que los procedimientos para el nombramiento de las y los operadores de justicia seleccionados se verifiquen que reúnan condiciones que se traduzcan en un verdadero régimen independiente que permita el acceso a la justicia. La Comisión considera que, si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual, las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas”.

Particularmente, la CIDH llama la atención sobre que uno de los principales problemas en algunos países de la región es el elevado grado de politización de los sistemas de selección, nombramiento o elección de las y los operadores de justicia, el cual se inicia en muchos casos en los procesos de selección de las más altas jerarquías en cabeza de las entidades de justicia y se traslada al nombramiento de las demás instancias afectando el funcionamiento de todo el aparato de justicia”.

Es por lo anterior, que la Comisión Interamericana ha establecido las siguientes recomendaciones sobre los procesos de selección y nombramiento:

-Establecer normativamente procesos de selección y nombramiento que tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales. Tales procesos deben establecer criterios objetivos de selección y designación que tengan requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que deseen participar. Asimismo, deben asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación adecuada a de género, de los grupos étnicos y de las minorías en los órganos del Poder Judicial, Fiscalía General y Defensoría Pública. La CIDH considera que los concursos públicos de oposición y de mérito que prevean métodos, como los exámenes, permiten evaluar objetivamente y calificar la capacidad profesional y los méritos de las candidatas y candidatos a los cargos. La CIDH recomienda que tales procesos estén preferentemente administrados por órganos independientes. Asimismo, con el fin de fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública la Comisión Interamericana considera conveniente la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otras personas interesadas tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.

-Revisar y eliminar todas las normas que pudieran traducirse en una discriminación de las y los candidatos que aspiren a un cargo en las entidades de justicia, tanto de aquellas que claramente establezcan una discriminación como de aquellas que por su vaguedad o amplitud puedan generar situaciones de discriminación de facto.

-Adoptar medidas legislativas necesarias para garantizar un nombramiento adecuado de las y los operadores de justicia. Lo anterior implica garantizar un período de duración previamente definido y suficiente que permita al operador y operadora de justicia contar con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores.

-Fijar con precisión los períodos de los nombramientos o condición a las que se encuentran sujetos los periodos de provisionalidad de las y los operadores de justicia y garantizar durante tales períodos garantías de estabilidad, evitando su libre remoción. La Comisión reitera que los nombramientos en provisionalidad de las y los operadores de justicia deben constituir una situación excepcional.

Es en este sentido que se propone que, a través de esta iniciativa, se reforme el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de incorporar en los requisitos para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, los siguientes criterios de selección: independencia, honradez, alta calidad moral y compromiso con la protección de los derechos humanos.

Además, se considera de suma importancia que se establezca un proceso de selección transparente y público en cual se garantice la participación de la sociedad civil. Deberán establecerse criterios objetivos para la evaluación de las propuestas y para que se garantice un escrutinio público que permita que quien ocupe el cargo, garantice el funcionamiento óptimo de la institución con criterios acordes a los derechos humanos.

Por otra parte, dado que la creación de una institución autónoma requiere algunas modificaciones para que el modelo de procuración de justicia sea acorde a los estándares internacionales y a la realidad del país, se proponen adiciones al artículo 102 a fin de que existan bases mínimas a ser atendidas en la legislación secundaria. Tales elementos son:

-Clarificación de competencia y facultades de atracción por parte de la Fiscalía General de la República;

-El deber de realizar una investigación efectiva y con debida diligencia

-Un área especializada en graves violaciones a derechos humanos.

-La obligación del fiscal de contar con un plan de persecución penal acorde a la competencia de la Federación.

-Mecanismos de evaluación y control disciplinario que garanticen un adecuado y transparente ejercicio de la función con la supervisión adecuada.

-La autonomía de servicios periciales.

Si bien el establecimiento del modelo de procuración de justicia dependerá de la realidad que enfrenta cada uno de los estados de la República, el Senado tiene una responsabilidad para establecer el modelo que corresponda también a su propia competencia. Los elementos que se establecen en esta propuesta, darán pie para la discusión más profunda que requiere establecerse en la ley secundaria y en la normatividad correspondiente.

Estamos conscientes de que la transformación de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía, representa uno de los cambios institucionales más importantes para este país. Es ésta una oportunidad histórica para combatir de fondo, bajo un nuevo modelo la corrupción, la impunidad y los delitos que implican graves violaciones a derechos humanos.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, plenamente comprometidos con la transparencia, la justicia y la igualdad, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 y los artículos décimo sexto y décimo noveno transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 102 y los artículos décimo sexto y décimo noveno transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102. Para ser fiscal general de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar, entre otros, de buena reputación, independencia, honradez, alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos y no haber sido condenado por delito doloso. La ley establecerá criterios objetivos para la evaluación del perfil.

El fiscal general durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, la cual deberá integrarse mediante un proceso transparente y público, con participación de la sociedad civil, que evalúe la idoneidad para el cargo. La lista, junto con la evaluación, deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, y ambas serán enviadas al Ejecutivo Federal.

II. Recibida la lista de candidatos a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo, formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

...

III. El Senado, con base en la terna debidamente fundamentada y previa comparecencia pública de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado podrádesignar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1, en un plazo de diez días desde las comparecencias públicas.

...

IV. El fiscal general podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. La ley regulará el proceso de formulación de terna, designación y remoción.

...

V. ...

VI. ...

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal y aquellos del orden común que guarden conexidad con delitos del orden federal o cuando el hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas. Además, ejercerá la facultad de atracción a solicitud de la víctima del delito cuando las Fiscalías de las entidades federativas no inicien de forma inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación, por defecto u omisión en la persecución o enjuiciamiento en el ámbito local o cuando exista sentencia o resolución de un órgano previsto en tratado internacional;y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares para los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito garantizará una investigación efectiva y con la debida diligencia sobre los hechos y el contexto en que ocurrieron; aseguraráque los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine; presentará al Senado su plan de persecución penal y rendirá cuentas sobre el mismo.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos y de combate a la corrupción,” cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos. Asimismo, establecerán mecanismos de evaluación y control disciplinario para un adecuado y transparente ejercicio de la función que permita una supervisión ciudadana.

...

...

Se establecerá la autonomía de los servicios periciales.

B. ...

Transitorios

Primero a Décimo Quinto. ...

Decimosexto. ...

Al cumplirse un año de su entrada en funciones, el fiscal general presentará a la comisión que para tal efecto designe el pleno del Senado, un plan de transición institucional, en el que especifiquen los programas de depuración de causas del sistema inquisitivo mixto, el de reorganización institucional, de servicio profesional de carrera, presupuestario y de cumplimiento de recomendaciones de la· Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resoluciones federales e internacionales por graves violaciones a derechos humanos. Deberá también presentar su plan de persecución penal.

El Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las demás normas secundarias. Una vez promulgadas, el Congreso emitirá la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República en un plazo de 60 días.

Una vez que las reformas hayan sido promulgadas, el o la titular de la Fiscalía General de la Nación será nombrado/a conforme al procedimiento establecido en el artículo 102, apartado A, en un plazo de 60 días.

Décimo Octavo. ...

...

...

Décimo Noveno. A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos presupuéstales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece. En cuanto a los recursos humanos se regirán por el sistema de servicio profesional de carrera. Para su ingreso a la institución, toda persona deberá, someterse al concurso de méritos regulado en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y sus antecedentes serán verificados para garantizar su honradez, capacidad e idoneidad.

Vigésimo. ...

Vigésimo Primero. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/ 2016-Fiscalia_General_sirva-Boletin.pdf

2 Directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/ 28/Rev1

3 Recomendación (2000)19 a los Estados Miembros sobre el papel del Ministerio Fiscal en el Sistema de Justicia Penal, Comité de Ministros del Consejo de Europa, adoptada 6 de octubre 2000, durante la 724 reunión de delegados de los Ministros.

4 Principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales, Comisión Internacional de Justicia, Ginebra, Suiza, 2007, p. 93.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Carlos Torres Piña,Abril Alcalá Padilla, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Emmanuel Reyes Carmona, Frida Alejandra Esparza Márquez, Javier Salinas Narváez, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Raymundo García Gutiérrez, Teófilo Manuel García Corpus, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Torres Piña. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Esta Presidencia corrige el turno dado a la iniciativa presentada por el diputado Alberto Esquer Gutiérrez, para que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su correspondiente dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Oscar Bautista Villegas, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y a la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Oscar Bautista Villegas:Muchas gracias. Con su venia de la Presidencia. El día de hoy es muy importante que quienes tenemos la gran oportunidad de ser diputados de esta legislatura, le demos respuesta a las y los mexicanos. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, me ha permitido subir esta iniciativa que nos permita cumplir cabalmente la encomienda que tenemos de las y los mexicanos. Con la venia de la presidencia.

En el Partido Verde seremos insistentes en la presentación de propuestas que abonen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana, por ello temas tan importantes como es a educación será uno de los pilares en la agenda de esta bancada. Para mi partido, la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo del que hoy vivimos.

No solo se trata de buscar mecanismos de fortalecimiento de los contenidos educativos, sino de impulsar todos aquellos elementos que garanticen que la educación a la que tienen acceso nuestros niños sea cada vez de mayor calidad.

En materia educativa son muchos los avances y los logros alcanzados, sin embargo, aún hay muchos pendientes que deben ser atendidos como parte de un ejercicio de participación corresponsable entre los distintos actores.

La propuesta que hoy presentamos se centra en los padres de familia, pues ha quedado demostrado que la participación de estos en la educación de sus hijos impacta de manera positiva en el éxito académico de los alumnos.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria. Se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos, de tal manera que se entienda claramente que la educación es un derecho de las y los mexicanos, una obligación del Estado garantizar el acceso a la misma y una responsabilidad de todos asegurar su propia calidad.

Según un estudio realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de la educación, la participación de los padres en el proceso educativo de los niños optimiza el desempeño escolar y estimula el esfuerzo académico.

Pese a ello, según datos de la prueba Pisa, un alto porcentaje de padres de familia solo participan en actividades culturales de la escuela y, en el peor de los casos, muchas de las veces solo intervienen para cumplir con actividades administrativas relacionadas con la educación de sus propios hijos.

Son pocas las cifras con las que se cuenta para poder exhibir la problemática que nos ocupa. No obstante, de acuerdo con la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, la participación de los padres de familia es limitada pues la mayoría de los padres no asisten a las reuniones de la Asociación de Padres de Familia.

El reporte general de resultados de la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje de 2014 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, muestra que los padres de familia son convocados en primer lugar para actividades informativas, en segundo para aportar recursos monetarios o materiales y en tercer lugar para la organización de eventos sociales y culturales.

Solo 77 de las escuelas primarias convocan a los padres de familia para que participen en algún proyecto escolar. El 75 por ciento lo hace para elaborar normas escolares y apenas 65 por ciento convocan a los padres para que asistan a observar la impartición de una clase.

A pesar de los múltiples beneficios que tiene la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos y no obstante el interés que pudiera tener en involucrarse más en la gestión escolar y en el proceso formativo, no todos ellos, generalmente por cuestiones de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares.

Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación, es la falta de facilidades de su centro de trabajo para poder acercarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo, e incluso para atender urgencias médicas ocurridas durante la jornada escolar dentro de los planteles educativos.

Hoy vivimos en una sociedad en la cual se ha vuelto necesario que ambos padres trabajen para ofrecer a una familia condiciones de vida digna. De igual forma, no puede perderse la vista de los horarios laborales en nuestro país, son los que generan, son muy extensos, además de sumar el tiempo de traslado del hogar al trabajo y del trabajo a las escuelas de los hijos.

Tampoco puede soslayarse el hecho de que cada vez más hogares en México son monoparentales, lo cual complica aún más la participación de los padres en la educación de los hijos, pues la responsabilidad de proveer el sustento del hogar recae en una sola persona.

Por ello, el Partido Verde Ecologista me ha permitido presentar esta iniciativa para permitirles a los padres de familia que asistan a la evaluación de los hijos una vez al mes, y que a través de esta reforma reciban el salario por el mismo. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a las leyes General de Educación, y Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy vivimos. Es por ello que hemos venido impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal, tanto con los planteamientos del Nuevo Modelo Educativo como con las exigencias actuales de la sociedad.

Hoy, gracias a la reforma educativa, el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en ascenso, sin embargo, son todavía muchos los obstáculos que quedan por superar para salir del histórico rezago en el rubro educativo que se registra en México, por ello es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El modelo educativo para la educación obligatoria, “Educar para la Libertad y la Creatividad”, es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación coordinada de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

No solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de sus hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos, de manera tal que se entienda claramente que la educación es un derecho de las y los mexicanos, una obligación del Estado garantizar el acceso a la misma y una responsabilidad de todos asegurar su calidad.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa, realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.

• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera instancia.

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.

• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.

En consonancia con lo anterior, la publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “PISA in focus 2011. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos?”, refiere que “todos los padres pueden ayudar a sus hijos a desplegar todo su potencial dedicando tiempo a hablar y a leer con ellos, sobre todo, y especialmente, cuando son muy pequeños. Los profesores, las escuelas y los sistemas educativos deben estudiar cómo pueden ayudar a los padres, que están muy ocupados, a desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos, tanto dentro como fuera de la escuela.

Asimismo, la publicación referida señala que “en su mayoría los padres saben instintivamente, que dedicar más tiempo a sus hijos e implicarse de manera activa en su educación les proporcionará una gran ventaja en la vida. Pero, como muchos padres tienen que hacer malabarismos a la hora de hacer compatible las demandas del trabajo con las del hogar, parece que nunca hay suficiente tiempo”.

A pesar de ello, en los resultados de la prueba PISA quedó demostrado que muchas actividades entre padres e hijos están asociadas a un mayor rendimiento, en esta prueba no sólo se recogieron datos de los estudiantes y los directores de los centros escolares, sino que también se formularon preguntas a los padres de los estudiantes. Algunas de estas preguntas estaban centradas en el tipo de actividad que hacían los padres con sus hijos cuando éstos cursaban su primer año de educación primaria.

En general, los resultados de la prueba PISA muestran también una fuerte asociación entre algunas de las actividades realizadas entre padres e hijos; por ejemplo, los estudiantes cuyos padres hablan sobre temas políticos o sociales con ellos, ya sea semanal o diariamente, tienen 28 puntos de ventaja, como promedio, sobre aquellos cuyos padres hablan de estos temas con menos frecuencia, o bien, nunca lo hacen. La ventaja en cuanto al rendimiento es mayor en Italia (42 puntos) y menor en la economía asociada Macao-China (14 puntos). Cuando se tienen en cuenta los antecedentes socioeconómicos, la ventaja en cuanto a la puntuación desciende, pero sigue siendo importante (16 puntos) y se observa en todos los países y economías participantes.

Pese a las evidencias de los beneficios obtenidos con el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, en nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup, 2012) realizada por la Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es limitada, ya que el 78 por ciento de los encuestados afirmó no ser miembro de la asociación de padres de familia, del mismo modo, el 74.6 por ciento afirmó que no asiste a las reuniones de dichas asociaciones.

Lo anterior se suma a lo mostrado por el reporte “Primeros Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014/Primaria)”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual establece que los padres de familia son convocados, en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para realizar aportaciones monetarias, materiales o de trabajo; y, en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales

Se evidencia también que sólo el 77 por ciento de las primarias convocan a los padres de familia para que participen en algún proyecto escolar; 75 por ciento de éstas lo hace para la elaboración de normas escolares y sólo el 67 por ciento convocan a los padres para que asistan a observar la impartición de una clase.

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos, propiciando diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma nuevos vínculos, consolidando la solidaridad e inculcando la participación activa a sus hijos. Pero además de lo anterior, el hecho de que los padres de familia puedan ser partícipes en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución educativa que fortalece la confianza institucional al introducir la transparencia y rendición de cuentas como un asunto del cual deben estar pendientes los padres de familia.

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la educación, que la Ley General de Educación reconoce en su artículo 2o., que la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y que es factor determinante para la adquisición de conocimientos, así como para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Asimismo, afirma que en el Sistema Educativo Nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de fortalecer actitudes solidarias, fomentando valores y principios.

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Hoy, vivimos en una sociedad en la cual se ha vuelto necesario que ambos padres trabajen para ofrecer a su familia condiciones de vida digna. De igual forma, no puede perderse de vista que los horarios laborales en nuestro país son, por lo general, muy extensos, además de sumar el tiempo de traslado del hogar al trabajo y del trabajo a la escuela de los hijos. De acuerdo al documento “Estadísticas a propósito del día de la familia mexicana (5 de marzo)”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la condición de actividad económica de los jefes de hogares familiares, difiere según sexo. Ocho de cada diez hombres (82.4 por ciento) son económicamente activos; característica que presentan cinco de cada diez (48.0 por ciento) mujeres jefas de hogar. Este mismo documento establece que los hombres jefes de hogares familiares con actividad para el mercado y bienes de autoconsumo invirtieron en ésta 79.3 horas en promedio a la semana; por su parte, las jefas mujeres invirtieron en estas tareas 60.3 horas promedio.

Tampoco puede soslayarse el hecho de que cada vez más hogares en México sean monoparentales, lo cual complica aún más la participación de los padres en la educación de los hijos, pues la responsabilidad de proveer el sustento al hogar recae en una sola persona. Según el INEGI, en 2015, de las mujeres de 12 y más años con al menos un hijo nacido vivo que había en nuestro país, 27.8 por ciento ejercían su maternidad sin pareja; de ellas, 21.3 por ciento estuvieron alguna vez unidas mientras que 6.5 por ciento fueron siempre madres solteras.

Ante dicha situación, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales, en beneficio de los menores.

En concordancia con lo anterior, es importante comprender que la tarea educativa es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros y, desde luego, también de los padres de familia.

En este sentido, consideramos necesario establecer en la ley que la participación activa de los padres de familia sea una práctica recurrente y efectiva, mediante la posibilidad de involucrarse y colaborar en el proyecto escolar, en la elaboración de normas escolares, así como apoyar la gestión del centro educativo; no sólo para actividades informativas o para la organización de eventos sociales y culturales, ni mucho menos que su participación principal sea la de aportar dinero o materiales, sino que a través de la presente iniciativa se fijen precedentes que permitan la consolidación de una reforma legal cuyo objeto sea el establecimiento de mecanismos para garantizar la participación activa de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos.

Para lograr lo anterior, consideramos necesario proponer una serie de reformas, tanto a la Ley General de Educación como a la Ley Federal del Trabajo, para que los padres de familia puedan participar activamente y de modo más sustantivo en la formación escolar de sus hijos, sin que ello interfiera con el ‘cumplimiento de su jornada laboral y termine afectando su economía.

En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVII al artículo 7o.; y se reforma la fracción III del artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XVI. [...]

XVII. Fomentar la participación activa de los padres de familia como una acción educativa que promueva la corresponsabilidad en el proceso educativo.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a II. [...]

III. Colaborar en las decisiones que tomen las autoridades escolares en las actividades académicas y en la elaboración de normas escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV. a XII. [...]

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XI al artículo 132, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a X. [...]

XI. Conceder a los trabajadores permiso para asistir de forma periódica a las reuniones convocadas por las autoridades de la escuela de sus hijos, así como para atender emergencias médicas de los mismos, sin que esto afecte su salario, siempre que acrediten su puntual asistencia a las actividades escolares o justifiquen la emergencia médica.

XII. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, número 1, 2009.

2 Bal1i, S., Wedman, J. y Oemo, O. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, O., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

7 Disponible en: http/lwww.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49460778.pdf

8 Ibídem.

9 Véase, “Resultados de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012”. Disponible en:

http://www.encup.gob.mxlwork/models/Encup/Resource/69/1limages/ ResuItados-Quinta-ENCUP-2012.pdf

10 Véase, “Primeros Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014/Primaria)”, INEE. Disponible en:

http//chamanic.com/wp-contentluploads/2015/11/Primer-reporte-de- resultados-ECEA-2014-nov15-2.pdf

11 Ibídem.

12 Véase, “Estadísticas a propósito del día de la familia mexicana (5 de marzo)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2 de marzo de 2017. Página 7. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017Nal.pdf

13 Véase, “Estadísticas a propósito del día de la madre (10 de mayo)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2 de marzo de 2017. Página 1. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017Nal.pdf

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Óscar Bautista Villegas,Arturo Escobar y Vega, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Francisco Elizondo Garrido, Jorge Emilio González Martínez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcántar, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Bautista Villegas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

PROPOSICIONES DE TURNO A COMISIÓN



SE CONDENAN LOS ACTOS DE INTROMISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL DE PUEBLA EN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR Y SE LLAMA A RESTABLECER EL ORDEN DEMOCRÁTICO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día son las proposiciones de las diputadas y de los diputados. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Saúl Huerta Corona, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en las elecciones para gobernador, suscrito por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. Tiene la palabra, diputado Huerta Corona.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona:Buenas tardes, señores diputados y diputadas de esta Cámara del honorable Congreso de la Unión. Los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a la consideración de este soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente resolución por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condene los actos de intromisión del Ejecutivo del estado de Puebla en la elección para gobernador y llame a restablecer el orden democrático en el estado.

En la historia reciente de América Latina no se había dado una rebelión pacífica del pueblo, como la que se dio en México el primero de julio, una rebelión derivada de la extrema pobreza en que viven millones de mexicanos. Una rebelión derivada de los actos de corrupción de un partido con más de 70 años en el poder y de los actos de otro partido que fue el de la alternancia, cuyos gobernantes emanados de dichos partidos hicieron de la política un medio para amasar fortunas, hicieron de la política el modo de vivir en la opulencia, empobreciendo al pueblo de México y enriqueciéndose tan solo unos cuantos, y de entre los escombros de este país destrozado, abandonado y bañado en sangre, surgió la figura hiniesta de un hombre cuya visión de Estado y propuesta democrática de transformación, logró la unidad nacional de los mexicanos.

Esta fuerza democrática fue también contundente en el estado de Puebla, donde nuestro hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador obtuvo un millón 754 mil 596 votos, contra 618 mil 397 de su más cercano contendiente. Es decir, una diferencia de un millón 100 mil votos. Que se escuche claro, un millón 100 mil votos.

En Puebla la coalición Juntos Haremos Historia, ganamos las senadurías de la República. Ganamos 14 de las 15 diputaciones federales, la mayoría del Congreso local, las presidencias municipales más importantes del estado como Huauchinango, Zacapoaxtla, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Tehuacán y la misma ciudad capital con un amplio margen, por mencionar algunas.

Sin embargo, en aquel primero de julio en el estado de Puebla, la elección para gobernador se vio vulnerada por la intromisión del Ejecutivo estatal en el proceso electoral, propiciando violencia generalizada el día de la jornada electoral y la ilegal manipulación de la paquetería electoral.

El día de la jornada electoral desde el poder público estatal se desplegó una operación ilegal para atropellar la voluntad popular de la ciudadanía. Torcer la voluntad ciudadana expresada en las urnas es la violación más grave que se pueda cometer en contra de la democracia y de la sociedad. Este atentado fue cometido en contra de los poblanos, por el gobierno de Antonio Gali Fayad.

La culminación de este comportamiento antidemocrático para usurpar la voluntad popular se dio el día de la jornada electoral del primero de julio, donde los poblanos vivimos balaceras, gente portando armas largas intentando disuadir la votación a lo largo y ancho del estado. Robo de urnas y boletas, alteración de paquetes electorales y en muchos casos dichos paquetes llegaron a los comités distritales 48 horas después de concluida la elección.

Una camioneta repleta de boletas robadas volcó en su huida, saliendo a la luz pública que dicha camioneta pertenecía...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, concluya su intervención por favor.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: ... pertenecía a la Secretaría de Finanzas.

Es por ello que ponemos a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo: Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condene todos los actos de intromisión realizados por el gobierno del estado. Que la Cámara de Diputados solicite atentamente al Instituto Nacional Electoral inicie una investigación al respecto.

Que la Cámara de Diputados se pronuncie porque se restablezca el orden democrático en el estado de Puebla y las autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en la entidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PT y del PES

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en la elección para gobernador y llama a reestablecer el orden democrático en el estado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En América Latina no ha habido un sólo caso de rebelión pacífica para remover a un régimen corrupto por la vía democrática. Una rebelión de esta naturaleza, pacífica y democrática, ocurrió en nuestro país el 1 de julio pasado, en la que morena se convirtió en la primera fuerza política en el país.

II. Esta fuerza democrática fue también contundente en Puebla, donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1,754,596 votos, por 618,397 votos del segundo lugar: Una diferencia de más del 283 por ciento. Morena ganó 14 de los 15 distritos electorales federales, ganó la mayoría en el Congreso local y la presidencia municipal de los principales ayuntamientos, como San Martín Texmelucan o la capital del estado.

III. Sin embargo, ese 1 de julio en Puebla, en la elección para gobernador, también se estableció una excepcionalidad autoritaria, caracterizada por la intromisión del gobierno local en el proceso, violencia generalizada el día de la jornada electoral y la ilegal manipulación de la paquetería electoral.

El día de la jornada electoral, desde el poder público local, se desplegó una ilegal operación para atropellar la voluntad popular cuando notaron que la expresión de estas no favorecía a la candidata de la coalición partidista en el gobierno.

Torcer la voluntad ciudadana expresada en las urnas es la violación más grave que se puede cometer en contra de la democracia y de la sociedad. Este atentado fue cometido en contra de los poblanos por el gobierno de Antonio Gali Fayad.

IV. Desde el gobierno local hubo reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, en incluso hubo actos violentos y homicidios, todo para condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

La culminación de este comportamiento antidemocrático para usurpar la voluntad popular se dio el día de la jornada electoral del primero de julio, donde vimos balaceras en varias casillas, robo de urnas y boletas, a grado tal que una camioneta propiedad de la Secretaría de Finanzas de Puebla voleó en su huida, repleta de boletas robadas. La imagen de esa camioneta volcada es un fiel reflejo de lo que ocurrió en la elección para gobernador: El gobierno estatal utilizó sus recursos para hurtar la elección a gobernador y favorecer a la candidata de su partido.

Un caso particularmente grotesco por su arbitrariedad es que el actualmente ocurre en Puebla, en donde el gobierno del estado ha recurrido a estas prácticas ilegales como expresión de su autoritarismo, en desfalco del erario público poblano y de la equidad electoral constitucionalmente mandatada.

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de espectaculares del candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechó de las necesidades de estudiantes de educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha Érika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados Unidos.

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se implementó una elección de Estado para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

Con esta ilegal injerencia en el proceso electoral local, el gobierno de José Antonio Gali Fayad golpeó a la sociedad poblana por dos vías:

1. Defraudó a la hacienda pública local al desviar sus recursos para apoyar ilegalmente a la candidata de su partido; y

2. Vulneró la voluntad popular e impidió que las elecciones fueran auténticas, pues se fabricó una preferencia artificial por Martha Érika Alonso.

En las pasadas elecciones estuvieron en juego múltiples cargos de elección popular, y ahora se encuentra en juego la credibilidad y legitimidad de las instituciones electorales, particularmente las de carácter federal que deberán resolver sobre la calificación de la elección.

Los nuevos tiempos políticos, de elevada exigencia ciudadana, nos llevan a una cuestión, que siempre debemos tener presentes los representantes populares: ¿Cómo deben ser percibidas las autoridades por la sociedad? ¿Cómo una caterva de individuos capaces de todo por mantener sus privilegios y que no merecen el menor de los respetos, o como instrumentos a los que la sociedad democrática mandata el resguardo del interés público y el bienestar general?

V. Las autoridades electorales locales –el Instituto y el Tribunal– han mostrado un servilismo indignante hacia el gobierno local y hacia la candidata Martha Érika Alonso. Esta abyección autoritaria se explica por el hecho de que varios de los integrantes de ambos órganos fueron funcionarios y empleados durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, esposo de la mencionada candidata.

Nosotros mantenemos la exigencia de que tales instituciones reparen el atentado que se cometió en contra de la voluntad ciudadana de los poblanos. De seguir solapando el atropello a la misma, los titulares de esos órganos deberán asumir las responsabilidades que correspondan por su ilegal comportamiento.

VI. Puebla es la expresión más clara de una crisis social y política causada por la corrupción del grupo que ha mantenido el control del gobierno local en los últimos ocho años: delitos al alza, escandalosos niveles de impunidad, incapacidad de autoridades estatales y municipales para atender los reclamos más apremiantes de la población, un agudo conflicto poselectoral causado por la las ilegales acciones y omisiones del gobierno local que solo serán saneadas con nuevos comicios, entre otros, son algunas expresiones de la grave situación ingobernabilidad por la atraviesa actualmente ese estado.

Por eso, este es el momento de los garantes de la legalidad y la equidad electoral. Es el momento para que el último árbitro electoral asegure que la voluntad popular, en el día de su expresión más intensa como lo es la jornada electoral, sea cabalmente respetada. Este es el momento de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asuma plenamente la función de guardián democrático que la Constitución le encomienda y materialice la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ahora amenazadas por la arbitrariedad de los déspotas políticos próximos a perder el poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena todo los actos de intromisión realizados gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, un procedimiento de investigación al gobierno estatal de Puebla, encabezado. por José Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia porque se reestablezca el orden democrático en el estado de Puebla y las autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana en la elección de gobernador realizada el pasado 1 de julio.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al Instituto Estatal Electoral de Puebla y Tribunal Electoral del Estado de Puebla para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda autoridad en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputada: Benjamín Saúl Huerta Corona, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Rubén Cayetano García (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.



EXHORTO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE REVIERTA LA SIMILAR DEL TRIBUNAL ESTATAL CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN MONTERREY Y GUADALUPE, NUEVO LEÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la autoridad competente revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral del estado de Nuevo León, con motivo de las elecciones para presidente municipal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el uso dela palabra, Víctor Manuel Pérez Díaz.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz:Gracias, buenas tardes. Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros diputados, no cabe duda que las elecciones del primero de julio, que fueron señaladas como las más complejas en la historia de México tuvieron como característica general la civilidad y la legalidad, como principios rectores.

Desde el primer momento los panistas salimos a reconocer los resultados electorales, sin cortapisas. Reconocimos el buen trabajo de las autoridades y el buen funcionamiento de nuestro sistema electoral.

Sin embargo, debemos señalar de manera clara y contundente que no todo ha sido lo pulcro que hubiéramos esperado por parte de las autoridades electorales en el estado de Nuevo León. Me refiero a lo ocurrido en nuestro estado, específicamente en los municipios de Guadalupe y Monterrey, Nuevo León.

Ahí lo que se vivió no fue la democracia, ahí lo que hubo fue un atraco en despoblado en contra de los candidatos ganadores del Partido Acción Nacional, específicamente Pedro Garza Treviño, en el municipio de Guadalupe, con el 26.4 por ciento de los votos, frente al 24 por ciento de su más cercana competidora, Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, y en Monterrey la victoria fue de Felipe de Jesús Cantú, con un porcentaje del 29.1 de los votos, mientras que el candidato del PRI, Adrián de la Garza, obtuvo el 28.2

Como correspondía, los dos candidatos del PAN que ganaron sus respectivas contiendas recibieron la constancia de mayoría, que los acreditaba como presidentes municipales electos por parte de la Comisión Estatal Electoral.

No obstante, el 18 de agosto del año en curso, en una resolución sin bases jurídicas claras y a través de un proceso desaseado, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León dio a conocer su decisión de revertir los triunfos de los candidatos panistas en los municipios antes mencionados, para dar el triunfo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.

En el PAN estamos ciertos de que la decisión de revertir los triunfos panistas no respondió a un asunto de carácter jurídico, sino meramente político. La resolución del Tribunal Estatal está sentando en muy mal precedente que no conviene a la visión institucional democrática de contar con autoridades electorales imparciales autónomas.

Desde aquí advertimos: en el Partido Acción Nacional no vamos a dar ni un paso atrás en la intención de que se respeten los resultandos electorales en el municipio de Monterrey y Guadalupe.

Agotaremos hasta la última instancia y haremos ver que se trató de un par de hechos injustificados, con un alto grado de sesgo político. Desde aquí les decimos a nuestros compañeros Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza Treviño que no están solos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acompañará este caso y seguirá manifestándose a favor de la legalidad de los comicios y en contra de la irrupción de otro tipo de intereses en la arena electoral.

Desde esta tribuna solicitamos de manera respetuosa a las autoridades electorales la protección de los derechos políticos de la ciudadanía de los municipios de Monterrey y de Guadalupe, así como el respeto al Estado de derecho que debe imperar en toda democracia moderna.

Es por ello que a nombre de nuestro grupo parlamentario presento este punto de acuerdo de urgente resolución para hacer un respetuoso exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en ejercicio de sus facultades emita una resolución apegada a derecho, con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe, que revierta la inconstitucionalidad e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral en el estado de Nuevo León.

Con el presente punto de acuerdo pretendemos no solo defender los triunfos electorales del Partido Acción Nacional, sino también queremos velar por el restablecimiento de la democracia, el respeto al sufragio y a los principios rectores de la función electoral violentados por la autoridad jurisdiccional del estado de Nuevo León.

En el PAN estamos acostumbrados a crear, fortalecer y defender a las instituciones, por eso no nos vamos a quedar cruzados de brazos cuando vemos una institución que no cumple a cabalidad con lo que a derecho corresponde.

Agotaremos todas las instancias para defender la democracia y la voluntad ciudadana, no queremos decisiones arbitrarias, queremos legalidad en los procesos electorales. No queremos autoridades ni tribunales a modo y pasados de moda, queremos que haya democracia, queremos piso parejo. Es cuanto, presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir resolución ajustada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de los comicios para presidente municipal en Monterrey y Guadalupe, Nuevo León, el 1 de julio del año en curso, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 y 61 constitucionales, artículo 79, numeral 1, fracción II; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El día 1 de julio del año en curso se llevaron a cabo elecciones en el estado de Nuevo León (entre otros) con la finalidad de renovar a los 42 diputados locales y los 51 ayuntamientos que conforman dicho estado.

II. De dicho sufragio resultaron ganadores los candidatos del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Pedro Garza Treviño, por los municipios de Monterrey y de Guadalupe, respectivamente.

III. En dicho ejercicio electoral, Felipe Cantú obtuvo una ventaja del 29.1 por ciento de la votación, mientras que Adrián de la Garza, candidato del PRI, obtuvo el 28.2 por ciento de la votación.

Por su parte, Pedro Garza obtuvo el 28 por ciento de la votación, frente al 24 por ciento que obtuvo su más cercana competidora, Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

Como correspondía, ambos candidatos, recibieron la constancia de mayoría que los acreditaba como presidentes municipales electos.

IV. Días después, esto es, el 18 de agosto del año en curso, en una decisión cuestionada por la sociedad mexicana, el Tribunal Estatal Electoral dio a conocer su decisión de revertir los triunfos de los candidatos panistas en los municipios de Monterrey y Guadalupe, para dar el triunfo a los candidatos del PRI.

V. Ante estos lamentables hechos, dados a conocer por la prensa nacional, la militancia panista, los medios de comunicación y la ciudadanía de los municipios neoleonenses afectados, han manifestado su inconformidad y descontento.

VI. Con motivo de lo anterior, en defensa de la ciudadanía que representamos y a nombre propio, solicitamos de manera respetuosa, la protección de los derechos electorales de la ciudadanía de los municipios de Monterrey y de Guadalupe, así como el respeto al Estado de derecho que debe imperar en toda democracia moderna.

Con el presente punto de acuerdo, se pretende hacer un llamado a la protección de los derechos político electorales del electorado mexicano, consagrados en nuestra Carta Magna y a las garantías que los reconocen violentado de forma burda por el Tribunal Estatal Electoral. Asimismo, solicitamos el restablecimiento de la democracia, el respeto al sufragio y a los principios rectores de la función electoral violentados por la autoridad jurisdiccional del estado de Nuevo León.

Finalmente, expresamos el temor y el descontento de la ciudadanía mexicana, de volver a aquellos tiempos en los que las instituciones electorales servían intereses ajenos al de respetar el sufragio efectivo, a través de prácticas ejercidas sobre los tribunales de modo que le permitía perpetuarse en el poder y violentar la voluntad popular.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en ejercicio de sus facultades emitan resolución apegada a derecho con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral, en el estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

Saludamos a un grupo de visitantes invitados del estado de Tamaulipas, por la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Partido Encuentro Social. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputada presidenta, si me lo permite el promovente del punto de acuerdo —que adelanto contaría con mi respaldo—, sin la condición de la adición que le quiero proponer, quisiera proponerle al diputado que promueve este punto de obvia y urgente resolución, si aceptaría que se incluyera en ese llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del estado de Puebla, donde también ha sido agraviada la ciudadanía.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De la primera parte de su intervención le pregunto al diputado si está de acuerdo en que se sume en la suscripción de esta iniciativa, diputado del PAN, de este punto de acuerdo. Creo que ya no está el diputado. No tiene ningún inconveniente. De la segunda parte ya lo turné, desgraciadamente me dijo después, ya está turnado.



EXHORTO AL PRESIDENTE ELECTO Y SU EQUIPO PARA QUE HAGAN PÚBLICOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS QUE TOMARON COMO BASE PARA PROPONER LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Alemán Muñoz Castillo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo y a su equipo de transición para que hagan públicos los estudios técnicos que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra María Alemán Muñoz, diputada.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo:Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos ante una decisión de gobierno de vital trascendencia para la vida política nacional que ha tomado el presidente electo y que, dada su importancia, necesitamos sea esclarecida.

En el documento Proyecto de Nación 2018-2024 se establece la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal hacia estados de la República, decisión que respondería a la naturaleza de cada sector y características de su función.

Dicho proyecto necesita un análisis y diagnóstico profundo, que nos indique su posible impacto en términos de costos económicos y sociales que deberían ser contemplados, sobre todo considerando el tema de austeridad que el presidente electo defiende.

La propuesta a la que llaman descentralización es en realidad una reubicación administrativa. Los mexicanos merecen conocer los costos que tendría esta medida, pues son sus impuestos los que se utilizarían para la implementación de dicho proyecto. Resulta fundamental conocer sus beneficios específicos.

Entre otras cuestiones, ¿cuál es el impacto económico que se espera tener en cada entidad y en qué plazos? ¿A cuánto ascenderán los ahorros por dicha medida? ¿A qué programas sociales se destinarán dichos ahorros?

¿Se tiene ya un cálculo de los costos que implicarían mover a casi medio millón de trabajadores con sus respectivas familias? ¿Quién va a financiar la infraestructura que se requerirá en las entidades federativas? ¿Cuántas viviendas se van a necesitar por entidad? ¿Quién las construye y cuánto se va a pagar, cuánto va a costar?

Queremos saber las medidas que se tomarán para que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores y empleados del servicio público.

Hemos escuchado las preocupaciones de las jefas de familia que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México y que hoy cuentan con el apoyo de los familiares y amigos que les ayudan a cuidar a sus hijos, y que con una medida como esta perderían esos apoyos y estarían solas.

Nos preocupa que una medida como esta, en lugar de significar un beneficio, afecte a cientos de miles de familias mexicanas.

En términos económicos, se estima que el proyecto generará un costo de 127 mil millones de pesos, cifra 18 por ciento superior al gasto presupuestal destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, similar al presupuesto de la Secretaría de Salud, y la mitad de lo destinado a la Secretaría de Educación en 2018. Una medida que va en contrasentido de la política de austeridad propuesta por el presidente electo.

En el Grupo Parlamentario del PRI no seremos un obstáculo de lo que sea bueno para los mexicanos, pero no vamos a permitir que se afecte a las familias con medidas de las cuales aún no tenemos información.

Tenemos una convicción federalista, y por ello somos partidarios de un verdadero proceso de descentralización que canalice mayores recursos y competencias a los estados y municipios.

Solicitamos que el presidente electo y su equipo de transición hagan públicos los estudios, diagnósticos e impactos de las propuestas de descentralización de las dependencias del gobierno federal. Las y los mexicanos merecen conocer esta información.

Compañeras y compañeros diputados, el proceso de descentralización es una decisión que, dada su relevancia, todos necesitamos analizar de manera profunda, sobre todo tomando en cuenta la opinión de expertos y analistas en materia. Implica la demanda de infraestructura y el diseño de un plan de acción en materia de vivienda, transporte, espacios púbicos, escuelas, hospitales, entre otros elementos que son indispensables para los empleados y sus familias.

Por lo anterior proponemos a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, el cual tiene como objetivo exhortar al presidente electo y a su equipo de transición para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Los estudios nos permitirán conocer de manera precisa la viabilidad de este proyecto considerando que se trata de una medida determinante para la vida institucional de nuestro país y del futuro de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo y su equipo de transición a hacer públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional tomados como base para proponer la descentralización de las dependencias y las entidades de la APF, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al presidente electo a su equipo de transición, para que hagan público los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se caracteriza por ser un país con una profunda vocación federalista, sistema que representa importantes ventajas, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: elimina la duplicación de esfuerzos, reduce los costos operacionales, a la vez que contribuye a una mayor colaboración y coordinación de gobierno, con funciones más eficientes y eficaces.

Enrique Cabrero (2007) define muy bien los rasgos distintivos del modelo federal al señalar la existencia de espacios de autonomía entre sus miembros, a la vez que otorga a un ente integrador la función de orientador del sistema en su conjunto, el cual adquiere legitimidad política a través del juego de pesos y contrapesos. También, apunta que el federalismo posibilita cooperar para el beneficio del sistema en general y sus integrantes y competir entre las partes. Según el autor, éste es el mayor reto en su funcionamiento: permitir que dentro de la diversidad y la competencia se mantenga un sistema coherente, con fines compartidos, con niveles similares de bienestar, ofreciendo las mismas oportunidades, con una permanente preocupación por compensar a las regiones pobres, pero no en detrimento de la prosperidad y avance de las regiones ricas.

El Estado federal es una forma de organización que implica un alto grado de coordinación y colaboración entre los niveles de gobierno, que coexisten en un mismo territorio y atienden las demandas de una misma población.

En esta tesitura, el federalismo mexicano tiene fundamentos históricos, jurídicos y políticos que configuran un modelo que ha posibilitado la cohesión del Estado con un amplio territorio, pero sin lograr aún el funcionamiento eficaz y eficiente esperado.

Un poco de historia. México adoptó el modelo federal como una opción política ente el centralismo ejercido por la Nueva España. Así, se fueron configurando, aunque con algunos paréntesis, sus bases jurídicas a través de las Constituciones de 1824, 1857 y, por supuesto, la de 1917, que reafirmó la forma de gobierno de república federal. No sin dificultades, el federalismo fue adquiriendo relevancia en virtud de los cambios políticos y la transición a la democracia, pese a la existencia de tradiciones y prácticas centralista muy arraigadas.

De acuerdo con Cabrero (2007) y Gutiérrez (1983), la base jurídica del federalismo mexicano se encuentra en la misma Carta Magna:

-Los artículos 40 y 41 definen los fundamentos del sistema federal;

-El artículo 24 delimita las facultades de la federación y de los estados al aseverar que las atribuciones que no tenga expresamente la federación, se entienden reservadas a los Estados miembros;

-El artículo 133 establece que las leyes federales serán superiores a las de los estados;

-El artículo 31 plantea la concurrencia tributaria de los tres órdenes de gobierno;

-Los artículos 115 y 122 que establecen las provisiones sobre la administración y el gobierno del municipio, y de los estados, así como los derechos, obligaciones y prohibiciones a los que en nuestro sistema constitucional están sujetos.

Sirva la anterior argumentación teórica y jurídica para señalar que una de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es llevar a cabo la descentralización de las Secretarías de Estado y otras dependencias para trasladarlas a otras entidades de la República Mexicana. Se trata, sin duda alguna, de un proyecto muy ambicioso que debe tomar en cuenta la opinión de especialistas y estudios sistemáticos sobre su viabilidad.

El documento Proyecto de Nación 2018-2024 establece que la descentralización de las dependencias de acuerdo con la naturaleza de cada sector y características de su función, su distribución se contempla de la siguiente manera:

-Secretaría de Agricultura. Ciudad Obregón, Sonora.

-Secretaría de Economía, Monterrey, Nuevo León

-Secretaría de Salud. Chilpancingo, Guerrero.

-Secretaría de Turismo. Cancún, Quintana Roo.

-Secretaría de Energía. Villahermosa, Tabasco.

-SEP Puebla, Puebla.

-Secretaría de Cultura. Tlaxcala, Tlaxcala.

-CFE. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

-Sedesol. Oaxaca, Oaxaca.

-SCT. San Luis Potosí, San Luis Potosí.

-Secretaría de Pesca. Mazatlán, Sinaloa.

-Secretaria del Trabajo. León, Guanajuato.

-Secretaría de la Función Pública. Querétaro, Querétaro

-Pemex. Ciudad del Carmen, Campeche.

-Sedatu. Pachuca, Hidalgo.

-SAT. Mexicali, Baja California.

-Aduanas. Nuevo Laredo, Tamaulipas.

-Conagua. Alvarado, Veracruz.

-Comisión Forestal. Durango, Durango.

-Minería. Chihuahua, Chihuahua.

-Infonavit. Toluca, estado de México.

-IMSS. Morelia, Michoacán

-ISSSTE. Colima, Colima

-Inegi. Aguascalientes, Aguascalientes.

-Diconsa. Zacatecas, Zacatecas.

-Fonatur. Bahía de Banderas, Nayarit.

-Conacyt. La Paz, Baja California Sur.

-Nafinsa. Torreón, Coahuila.

En torno a dicho proyecto, se ha puntualizado que la Presidencia, así como otras secretarías, incluyendo las de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México por una cuestión de seguridad nacional, aunque tampoco ha quedado muy clara dicha decisión.

Asimismo, el documento Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, detalla que los sismos que sacudieron a Ciudad de México y a los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y México abrieron el debate sobre la necesidad de la descentralización del gobierno federal hacia todas las entidades de la federación, dependiendo de la vocación productiva de cada una de ellas.

Pero ¿qué se entiende por descentralización? Rowland (2000) la define como los intentos por redistribuir espacialmente el poder gubernamental. De esta manera, alude a la descentralización gubernamental como la forma en que el Estado toma las decisiones y las implementa. Distingue tres niveles: 1) la desconcentración, que es la redistribución de responsabilidades administrativas dentro del gobierno central; la delegación, cuando el gobierno federal entrega un grupo de tareas concretas a una organización paraestatal que no están bajo el control directo del gobierno central; y 3) la devolución, que significa una renuncia del gobierno central al control de ciertas funciones a niveles o unidades de gobierno independientes administrativamente del centro. En México –refiere– normalmente la descentralización se refiere a la devolución de ciertas esferas de autoridad a los niveles estatales y municipales.

Considerando los aportes teóricos de los distintos autores, es evidente que la propuesta de descentralización del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que resulta fundamental para la vida política nacional, carece de un análisis profundo sobre su posible impacto en términos de costos económicos que deben ser contemplados. De manera particular, no existe claridad en torno a sus objetivos y propuestas, la movilidad de recursos y traslado de empleados, entre otros aspectos que requieren ser explicados de manera amplia.

De acuerdo a la opinión de especialistas como el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri, es inviable mover tantas dependencias en un sexenio, desde el punto de vista administrativo y de infraestructura; ya que solo seis entidades tienen la capacidad para realizar dichos cambios, Puebla, donde se prevé ubicar a la Secretaría de Educación Pública; Monterrey con la Secretaría de Economía; Villahermosa, Tabasco, con la Secretaría de Energía, Veracruz con la Comisión Nacional del Agua, San Luis Potosí con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Mérida, Yucatán, con Medio Ambiente.

Es lógico suponer que la implementación del proyecto de descentralización demanda infraestructura y el diseño de un plan de acción en materia de vivienda, transporte, espacios públicos, escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos, calles, entre otros elementos que son indispensables para los empleados y sus familias.

En términos económicos, lo cual va en contrasentido de la política de austeridad propuesta por el presidente electo, para arrancar dicho proyecto se presupuesta para una primera etapa la utilización de 22 mil 805 millones de pesos empleados en rubros como el financiamiento de estudios sobre viabilidad de las ciudades receptoras, estudios sobre el mercado inmobiliario local o de promoción y difusión del programa. Se estima que el proyecto generará un costo total de 127 mil millones de pesos, además implicaría que 400 mil personas tengan que mudarse.

Conforme a fuentes periodísticas, dicha cifra es 18 por ciento superior al gasto presupuestal destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, similar al presupuesto de la Secretaría de Salud y la mitad de lo destinado a la Secretaría de Educación Pública en 2018. Además, gastos adicionales en estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades, aspectos sociales, propuestas de planes de ruta, estudios de mercado inmobiliario, entre otros.

Para Kristóbal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), una de las primeras maneras de impulsar el desarrollo económico de las localidades en donde sean reubicadas las dependencias es contratando a personal local, aunque dicha decisión no está lo suficientemente argumentada. Y es que cabe destacar que todavía no se tiene claro qué pasará con los actuales empleados de estas dependencias y bajo qué condiciones habrán de irse.

Aunado a ello, especialistas de la UNAM señalan que dicho proyecto no sólo afectaría a los trabajadores involucrados, sino también la economía informal, a una gran cantidad de micro y pequeños establecimientos los cuales venden comida u otros productos, que dependen del consumo que realizan estos empleados y sus familias.

La lógica de la descentralización es poco clara, no existe información pública que permita contar con una idea sobre su impacto real. Por tal motivo, se plantea la necesidad de precisar esta propuesta medular para el país y la población, y se exhorta al próximo presidente de la República para que a la brevedad posible, dé a conocer un estudio técnico sobre su viabilidad, así como el costo e impacto del proceso de descentralización.

Las mexicanas y mexicanos necesitamos un análisis puntual y claro de los beneficios que justifiquen el esfuerzo y gasto en cada dependencia, sobre todo, en el cumplimiento de los objetivos, programas y metas planteados.

Los estudios efectuados por grupos de expertos nos permitirán conocer de manera precisa la viabilidad de esta decisión trascendental y qué parámetros fueron considerados o se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, costo e impacto regional, considerando que se trata de una medida determinante para la vida institucional del país, así como para el diseño e implementación de políticas pública eficaces y eficientes en beneficio de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente electo y a su equipo de transición, para que hagan público los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Notas

1 Cabrero, Enrique (2007) , Para entender el Federalismo, Nostra Ediciones, México.

2 Gutiérrez, Sergio Elías (1983), “El Federalismo Mexicano y la Coordinación Intergubernamental”, en Revista de Administración Pública (RAP), número 54, abril-junio, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), México.

3 Morena, Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, en línea [Disponible en:]

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 94367/CG2ex201712-22-rp-5-2-a2.pdf

4 Rowland, Allison (2000), La Organización Territorial de la Administración y de las Políticas Públicas. Documento de Trabajo número 83, División de Administración Pública (DAP) el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), México.

5 Roberto Valadez, Miriam Castro y Carlos Paz, Sólo 6 ciudades tienen infraestructura para recibir dependencias de gobierno: IP, en línea [Disponible en:]

http://www.milenio.com/negocios/inviable-mover-tantas-dependencias- sexenio-inmobiliarias

6 Rubén Migueles, AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos, en línea [Disponible en:]

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-mudara-27-millones-de-chilangos

Dado en la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.— Diputada María Elena Muñoz Castillo (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Muñoz. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.



EXHORTO PARA QUE SE AMPLÍEN E INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE DISUASIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO EN EL ESTADO DE MÉXICO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de combate del delito de robo de vehículo, suscrito por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Rogándole, diputado, se ciña al tema.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:La compañera presidenta, empieza reconviniéndome, violentando el artículo 61 constitucional. Toda la mañana me ha estado negando el uso de la palabra y ahora ya me están planteando.

Miren, compañeros de Morena y del Partido Encuentro Social, la unidad es fundamental. Ganamos la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, gracias a un avasallador apoyo popular del pueblo de México, y gracias a ese apoyo, gracias a ese apoyo, y tomado impulso una revolución no violenta que tiene una expectativa enorme sobre nosotros.

Cómo defenderemos al pueblo. Cómo recuperaremos lo que al pueblo le pertenece como puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, telecomunicaciones, todo, si permitimos desde esta soberanía la violación al marco constitucional.

Yo quiero explicarme con claridad, porque parece que no se ha entendido. Sostengo, el artículo 69 constitucional es meridiano y establece que es frente al Congreso de la Unión que el presidente de la República debe rendir su informe.

Durante todo el siglo XX y el primer sexenio del siglo XXI, los presidentes acudieron al Congreso de la Unión a presentar su informe. El enorme senador Porfirio Muñoz Ledo, el primero de septiembre de 1988, interpeló —frente a un fraude electoral— al presidente de la República. Desacralizó la figura presidencial y abrió el camino para que en esta soberanía la oposición cuestionara, criticara, señalara, reclamara al presidente de la República en turno.

Como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se robó la Presidencia en 2006, tuvieron que cambiar el PRI y el PAN el marco constitucional para evitar que viniera porque no podía venir. Entonces el artículo 69 quedó como está en la actualidad. Que el presidente envía su informe por escrito y lo hace a través del secretario de Gobernación habitualmente.

Entonces le debemos a Calderón la perversa iniciativa de que el Ejecutivo se reúne en Palacio Nacional —la sede del Ejecutivo—, a rendir un informe que es una parodia de informe y que no tiene ningún sustento constitucional y que agravia a esta soberanía. Ese es mi reclamo.

Porque el primero de julio, le pese a quien le pese y le disguste a quien le disguste, el pueblo decidió por fin una representación popular para esta Cámara de Diputados, y aquí en frente de mí hay compañeros y compañeras surgidas del corazón del pueblo que vienen a representarlo con dignidad y con firmeza de que no deberíamos permitir bajo ninguna circunstancia una violación al marco constitucional.

Yo no vengo a plantear aquí otra cosa que el respeto al Poder Legislativo, y a la exigencia de que se respete esta división de poderes y se restablezca la República. El presidente debe rendir cuentas ante la representación del pueblo que es el Poder Legislativo.

Haremos una iniciativa de ley para devolver esta condición que debe existir. En ese marco, reclamo que ayer decían que era un informe y no me hayan permitido el ingreso a Palacio Nacional. Si era un informe, cualquiera de los 500 diputados y diputadas aquí presente, debería poder acceder a él.

Nunca intenté violentar el ingreso, me anuncié, y esperé y esperé a que me dijeran si me iban a permitir el acceso o no, y ahí fue donde me encontré en algún momento en la puerta central —de espaldas a la puerta central— con el diputado Porfirio Muñoz Ledo y con el senador Martí Batres Guadarrama, y les dije: ¿Cómo, vienen a validar esta parodia grotesca de informe? Yo no, nunca le falté al respeto ni agredí. Ahí está el video. Benditas redes. Nunca agredí al diputado Muñoz Ledo.

Exijo que se me respete, que se me dé el uso de la palabra cuando la solicito con razón y con derecho, cuando se me aluda, como cuando se me agravie, cuando se me infame.

Termino. Por estas razones que acabo de exponer, por las violaciones flagrantes al artículo 69 y 65 constitucional, solicito a esta asamblea de obvia y de urgente resolución que se exhorte al presidente de la República a no violentar el marco constitucional y a respetar al Congreso de la Unión, en cuyo seno se debe rendir el informe que guarda la administración pública a su cargo. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a ampliar e intensificar por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia los operativos y las estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La tranquilidad, bienestar y condiciones esenciales para que la población pueda desarrollarse, representa una de las principales responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que “la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

En este orden de ideas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT consideramos que la protección del patrimonio de las familias mexicanas debe ser una prioridad para las autoridades. En el caso del estado de México, dicha situación no ha sido cumplida por el actual gobernador, así lo advierten casos como la violencia de género, el aumento de robos en transporte público, casa habitación, comercio y a transeúntes que se tienen registrados.

En el mismo tenor, una problemática que afecta gravemente a los mexiquenses es el crecimiento exponencial del robo de vehículos. Tan sólo en 2017, dicha actividad ilícita representó pérdidas económicas por 14 mil 430 millones de pesos por el robo de 90 mil 186 autos asegurados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Sobre el particular, el 13 de agosto del 2018 el periódico de circulación nacional El Universal, publicó el reportaje titulado “Robo de vehículos” en el que dio a conocer diversos aspectos sobre esta actividad delictiva que además de afectar a las víctimas en su patrimonio y tranquilidad, lacera a la sociedad en su conjunto al dejarla en una situación de vulnerabilidad e indefensión.

En el artículo elaborado por Periódicos Asociación en Red (PAR) en alianza con El Universal, El Informadory Pulso, se indica que esta problemática comprende la participación de mafias con redes internacionales que generalmente trasladan a otros países las unidades robadas en contenedores marítimos y por tierra.

La Procuraduría General de la República ha expresado que en México existen 5 de 12 grupos criminales transnacionales dedicados al robo de vehículos que tienen vínculos en Guatemala, Estados Unidos y Europa. Asimismo, se precisa que operan en el estado de México, Ciudad de México, Puebla y Querétaro.

Según autoridades federales, mientras que la cifra de autos robados pasó de 145 mil en 2015 a más de 167 mil en 2017. Cabe destacar que el estado de México, Jalisco y Ciudad de México son las entidades federativas que lideran la sustracción de automóviles en el país.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reporta que en 2013 tuvo conocimiento de 70 mil 577 casos de autos asegurados robados y para 2017 la cifra ascendió a 81 mil 661, lo que representa un incremento de 31 por ciento. La incidencia se concentra en el estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Querétaro.

En principio, llama la atención el hecho de que México es el lugar en donde más se ha incrementado este tipo de delitos durante los últimos tres años.En el caso particular del estado de México, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que a nivel nacional es la entidad con el mayor registro de denuncias por este ilícito al presentar un aumento de 80 por ciento de 2016 a 2017.

Lo anterior no es un caso aislado, sino que más bien, forma parte de una tendencia en el incremento sostenido de la incidencia delictiva en el Estado de México. Según cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),mientras que en 2015 se presentaron 202 mil 205 denuncias ante las Agencias del Ministerio Público de la entidad, en 2016 la cifra pasó a 221 mil 760 y en 2017 llegó a 291 mil 003.

Sobre el robo de vehículo, con y sin violencia en el estado de México, el secretariado también indica que en 2015 se denunciaron 47 mil 457 (22 mil 960 con violencia y 24 mil 497 sin violencia); en 2016 se presentaron 42 mil 264 (20 mil 144 con violencia y 22 mil 120 sin violencia); y en 2017 el número volvió a subir hasta llegar a 47 mil 197 (26 mil 487 con violencia y 20 mil 710 sin violencia).

En el estudio La violencia en los municipios de México 2017,elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, el municipio de La Paz, estado de México, se encuentra dentro de los primeros 20 municipios del país con mayores tasas de incidencia de los delitos de violación (lugar 19), lesiones dolosas (lugar 7) y robos con violencia (lugar 10).En el caso de la violación, la tasa en el municipio es de 10.31 y la nacional de 22.67; en cuanto a las lesiones dolosas, es de 119.88 y 320.15 respectivamente; y en el robo con violencia de 188.04 y 577.10 (además, Chicoloapan presenta una tasa de 580.27).

Además de la gravedad intrínseca del delito de robo de vehículos, con o sin violencia, no podemos ser omisos ante la estrecha relación que se tiene con los homicidios. Basta mencionar que en siete de cada 10 homicidios dolosos ocurridos en el territorio nacional se utilizó un automóvil robado (información de la Comisión Nacional de Seguridad).

Ante el panorama expresado y como integrante del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hago el llamado a que esta honorable asamblea acompañe el asunto que tiene como base la protección del patrimonio y la certeza jurídica de las familias mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad y la Fiscalía General de Justicia, amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo, ante el incremento exponencial de este tipo de conductas en la entidad durante el año 2017 y lo que va de 2018.

Notas

1 Notimex. (2018). “Suman 14,430 mdp las pérdidas por robo de autos asegurados en 2017”. El Economista,

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-14-mil-430-mdp-las-perdidas- por-robo-de-autos-asegurados-en-2017-20180124-0104.html.

2 Reportaje Especial. (2018). “México, donde más crece el robo de autos”. El Universal, consultado en la edición del 13 de agosto de 2018.

3 Reportaje Especial. (2018). “México, donde más crece el robo de autos”. El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-donde-mas-crece-el- robo-de-autos.

4 Redacción. (2018). “Robo de autos en el estado de México, imparable”. El Universal,

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-lider-en-robo- de-vehiculos.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva del fuero común”, Secretaría de Gobernación. Sitio web:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/ incidencia-delictiva-fuero-comun.php

6 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC (febrero de 2018). La violencia en los municipios de México 2017. 09 de agosto de 2018, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, sitio web:

https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/ 240-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2017-presentacion

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.— Diputados: Gerardo Fernández Noroña, José Luis Montalvo Luna (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.



EXHORTO A DIVERSAS COMISIONES DEL SENADO, A DISCUTIR Y VOTAR LA MINUTA QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE FUERO, TURNADA EL PASADO 24 DE ABRIL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del Senado, a discutir y votar la minuta de reformas constitucionales en materia de eliminación del fuero, suscrito por diputado integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra, diputada.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, se tiene uno de los privilegios que genera mayor desconfianza y enojo entre los ciudadanos, llamado fuero constitucional, y que actualmente sirve para proteger y amparar a los legisladores de acusaciones o procedimientos en su contra, por lo que se ha convertido en una figura de inmunidad procesal.

El fuero fue creado principalmente para fortalecer la división de poderes en los años de persecución política, por lo que tuvo su razón de ser. Y hoy se convierte en una figura obsoleta de la que se ha abusado.

El Poder Judicial ha argumentado que la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento de medida de protección al órgano legislativo, sin embargo, en nuestro país el fuero se ha convertido en nuevo instrumento para fomentar y, sobre todo, proteger la concentración del poder.

Irónicamente se convirtió en el protector e impulsor de la impunidad, violando constantemente el principio de la igualdad jurídica. La ley debe ser otorgada en igualdad de circunstancias y debe ser pareja para todos, no más ciudadanos de primera y de segunda.

Movimiento Ciudadano ha sido claro y enfático desde hace años. No permitiremos más privilegios para la clase política, una ruta para la impunidad, por lo que en la pasada legislatura nuestros compañeros como Jorge Álvarez Máynez y Víctor Sánchez en 2016, y Clemente Castañeda en 2017, presentaron iniciativas en el tema y que fueron aprobadas en esta Cámara.

De lo anterior cabe señalar que el pasado 19 de abril de 2018, con base en 32 iniciativas presentadas por diputados de todos los grupos parlamentarios entre 2015 y 2016, entre ellas tres de diversos legisladores de Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el fuero y la inmunidad procesal que gozan todos los servidores públicos.

Resulta fundamental destacar que el pasado 24 de abril el Senado de la República recibió la minuta, la cual a pesar de su impacto jurídico y político, se encuentra congelada en las comisiones a las que se turnaron, y los senadores de la pasada legislatura no la discutieron.

A todas luces, una simulación para la clase política para continuar con los privilegios que les otorga la inmunidad procesal.

Hacemos una llamada a la congruencia y a la exigencia de la ciudadanía con este tema de trascendencia nacional. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que es impostergable que esta minuta sea discutida y aprobada de manera urgente por la colegisladora, y que será un paso fundamental para la construcción de un Estado de derecho sólido y democrático.

En la bancada de Movimiento Ciudadano somos congruentes. Los diputados ciudadanos de Jalisco dimos prueba que cuando hay voluntad, se pueden hacer las cosas. En Jalisco la bancada de Movimiento Ciudadano, al contar con la mayoría, eliminó la figura del fuero constitucional. Esto coloca al estado de Jalisco como el primer estado en eliminar el fuero en México.

Hago un llamado al Senado de la República para que le dé prioridad a la minuta que tienen en sus manos para la eliminación del fuero. No necesitamos más iniciativas. Tenemos muchas pendientes en el Senado y hay que trabajar en ellas. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos del Senado a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado 24 de abril, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la eliminación del fuero, aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores el pasado 24 de abril de 2018.

Exposición de Motivos

I. El pasado 19 de abril de 2018, con base en 32 iniciativas presentadas por diputados de todas los grupos parlamentarios entre 2015 y 2016, entre ellas tres de diversos legisladores de Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el fuero y la inmunidad procesal que gozan los servidores públicos.

En dicho dictamen se deroga el procedimiento político que impide el ejercicio de la acción penal contra los servidores públicos, al sujetar la actuación del Ministerio Público a la previa declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen también dispone que no se establecerán prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurra en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos a los servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

De igual manera, establece que se observarán los principios, derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, tanto al Presidente de la República como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; y a los presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales.

Dicha minuta de reforma constitucional, considerada como un avance legislativo fundamental en la historia reciente del país, fue turnada a la Cámara de Senadores el 19 de abril de 2018.

II. El 24 de abril de 2018 se recibió la minuta en el Senado de la República y fue turada a las siguientes cuatro comisiones: 1) Puntos Constitucionales; 2) Justicia; 3) Reforma del Estado; y 4) Estudios Legislativos.

A pesar del impacto jurídico y político de dicha reforma, y a pesar de tratarse de una exigencia ciudadana de gran trascendencia, los senadores de la pasada legislatura no entraron en la revisión y discusión de esta minuta.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que es impostergable que esta minuta sea discutida y aprobada de manera urgente en la Cámara de Senadores, ya que la eliminación del fuero y la inmunidad procesal es un paso fundamental hacia la construcción de un estado de derecho sólido y democrático.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que discutan y aprueben la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la eliminación del fuero, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2018 y turnada al Senado el pasado 24 de abril de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Adriana Gabriela Medina Ortiz,Alán Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Carmen Julieta, Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Zamudio Macías, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Medina Ortiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Hemos agotado el orden del día...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Fernández Noroña. ¿Para qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Una consulta, porque no escuché cuando terminé, que se había decidido mandar a la Comisión de Seguridad Pública el punto de obvia y urgente resolución por mí presentado.

La consulta sería la razón de por qué a la Comisión de Seguridad Pública, cuando he planteado una violación al marco constitucional.

Segundo. De manera puntual, ya no me dio tiempo plantear que ayer mismo, a las puertas de Palacio Nacional, el fuero constitucional en mi persona fue violentado con la agresión que hubo de la Policía Federal y del Ejército, y que solicito respetuosamente la intervención del Presidente de la Cámara, con fundamento en el artículo 61 constitucional, para velar porque se respete no solo en mi condición, sino el de los 500 diputados y diputadas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Sí, señor diputado. Como cambió usted el tema, el tema registrado en el orden del día se va a turnar a la Comisión de Seguridad. El segundo tema que usted planteó yo le suplicaría escribirlo, mandarlo por escrito para poderlo turnar a la comisión correspondiente.

De momento no hay documento escrito y no se puede turnar nada. Gracias. Se levanta la sesión y cito para la que se tendrá lugar...



INTERVENCIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADASSE REFIERE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia(desde la curul): Diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado. Micrófono al señor diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): En el punto final de esta sesión se habla de efemérides, señora presidenta. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de recordar a los señores legisladores y señoras legisladoras, que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual.

Justamente desde 2010 la Asociación Mundial de la Salud Sexual propuso esta celebración en la cual participa nuestro país. El objetivo es promover una mayor conciencia social acerca de la salud en todo el mundo, invitar a personas de todo el mundo a aprender sobre la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que es precisamente el tema del día de hoy en esta celebración. A dialogar y debatir de los mismos y a lograr una mayor comprensión de lo que significa la salud sexual. De tal forma que quiero aprovechar esta ocasión para invitar a los diputados y diputadas a promover esta celebración y en la máxima medida de sus posibilidades difundirla.

Mucha de la problemática que aqueja a nuestro país, particularmente a los jóvenes, es precisamente esta falta de sensibilidad de educación en estos temas y creo que los legisladores tenemos una gran responsabilidad sobre este punto. Seria cuanto, presidenta, gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su intervención quedó registrada y pediría a la Secretaría se quede inscrita en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Porfirio Muñoz Ledo



SOLICITA SE INFORME EL NÚMERO DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE INTEGRAN CADA GRUPO PARLAMENTARIO

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué asunto, señor diputado? No oigo. —Micrófono.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más recordando el tema que abordamos al principio y que usted iba a comentar al final de la reunión, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, el informar el número de legisladoras y legisladores que integran cada grupo parlamentario.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene usted toda la razón, conforme a la Ley debemos hacerlo, no en el curso del día, sino en esta sesión. He llamado hace un momento, también por eso me permití ausentarme un momento, porque es un asunto de urgente resolución.

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, estoy terminando. La Secretaría se empeñó para que tuviéramos el número antes de terminar y, como es palabra empeñada y es asunto de Ley, voy a solicitar —si usted me permite— sin levantar la sesión, a los coordinadores de los grupos parlamentarios.



SE SOLIDARIZA CON LOS ALUMNOS DEL CCH AZCAPOTZALCO, POR LOS ACONTECIMIENTOS VIOLENTOS SUCEDIDOS EL DÍA DE AYER FRENTE A LA RECTORÍA DE LA UNAM

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le doy la palabra a la diputada Brenda Espinoza.

La diputada Brenda Espinoza López(desde la curul): Gracias, señor presidente, con su venia. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, únicamente para solidarizarme, como joven y como diputada, con los acontecimientos de los alumnos del CCH Azcapotzalco, quienes fueron violentados, atacados de manera por demás cobarde, por encapuchados, el día de ayer frente a las puertas de la rectoría de la UNAM, en una solicitud legítima de más maestros para estudiar, no lo podemos tolerar.

La cuarta transformación del pueblo inició el pasado primero de julio y debe de ser pacífica. Por eso, señor presidente, le pido a esta Cámara, por medio de usted, su apoyo y respaldo al rector, a los hechos violentos y solicitamos a las autoridades que se investigue y haya consecuencias contra los cobardes agresores.

Los jóvenes somos el futuro del país. Muchas gracias, por la intervención y por darme la palabra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sus expresiones se registrarán en el Diario de Debates. Estoy informado por el secretariado que todavía no hay acuerdo entre dos grupos parlamentarios...

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, déjeme terminar nada más. En esa circunstancia y habida cuenta que la práctica parlamentaria ha sido en el curso del día, yo someto a su consideración si lo damos a conocer en el curso del día u ordenamos un receso, porque no tengo las cifras, las que se dieron en la sesión de apertura son las válidas, esas ya están registradas en el Diario de Debates y publicadas en la Gaceta.

Estamos en curso de entrega de documentos. Estamos en curso de entrega de documentos y voy a preguntar a la asamblea si se permitiría que durante el curso del día recibiéramos los informes de los grupos parlamentarios, para ver, perdón, si esos números se han modificado, si no se han modificado siguen vigentes los que se dieron a conocer, se darán a conocer por segunda vez y si hay cambios en el curso de este periodo de sesiones se darán a conocer.



EXTIENDE UNA INVITACIÓN A UN FORO DE EX BRACEROS, A CELEBRARSE MAÑANA A LAS 11 HORAS

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Alguien está pidiendo la palabra, Samuel Herrera, micrófono, por favor, micrófono al señor diputado. No oigo.

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): Señor presidente de la Mesa Directiva, para informar que el día de mañana estarán aquí presentes más de 300 delegados de exbraceros de todos los estados del país y de la Unión Americana, para invitarlos a ustedes, a los diputados que quieran asistir a las 11 de la mañana en el edificio E, para un foro de braceros, para el rescate de los fondos de esos migrantes binacionales. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, ciudadano presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias por la invitación, señor diputado.

Permítame, le voy a dar la palabra, estoy contestándole al orador. Igual lo haré con usted, con el mismo respeto.

Que en la nueva ley de la Cámara, que se presentará la semana próxima, del Congreso, está previsto el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto tendrá una metodología para que estos grupos, no solamente se les oiga en la calle, sino que pasen a la comisión respectiva, de modo que depositen sus inconformidades.

El Parlamento Abierto significa que el Congreso está permeable a la participación de los ciudadanos y a las quejas por los ciudadanos.

Así es que ahora, con mucho gusto se lo permitiremos pero habrá una metodología específica para que todos los grupos sociales puedan acudir a las comisiones del Congreso. Muchas gracias.



SOBRESEIMIENTO DE UNA CAUSA PENAL EN CONTRA DE ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, EX TESORERO DEL PRI

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Para qué objeto, señor? Alonso Riggs.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Acudo ante esta Cámara a hablar sobre la exoneración indebida de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias La Coneja, pues desde el primer día de su detención las amenazas y presiones a nuestro estado fueron de lo político a lo económico.

Para Chihuahua nada, si se continuaba en su intención de devolverle a los chihuahuenses lo robado y castigar al corrupto.

El manto de la impunidad es un material pesado, duro y muy viejo que huele a podrido, como a podrido huele el sistema que se rehúsa a morir.

A La Coneja la quieren libre para que no hable y este manto lo siga tapando, aunque apeste cada vez más.

Alejandro Gutiérrez es el producto de un sistema que está hecho para la connivencia, el disimulo y la opacidad, pero eso ya se agotó. No lo han entendido y por eso se mantienen en ese camino, en donde las liberaciones a modo son la constante.

Que no se quede en la cárcel nadie que pueda mostrar cómo operábamos. Que no se quede encerrado nadie que descubra dónde alcanzan los tentáculos del PRI y la corrupción.

No quieren encerrar a nadie que pueda señalar cómplices, porque los señores del poder no les gusta su nombre en el lodazal.

La elección del pasado mes de julio hizo patente el hartazgo y el enojo de los mexicanos para con su gobierno. Los emanados de ese proceso son depositarios de la voluntad que claman por un alto y justicia. Que pare la corrupción, que se combata y por supuesto que se recupere lo robado y se castigue a los culpables.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el atropello y la falta de probidad son sumamente alarmantes. En la audiencia en que decretaron el sobreseimiento de esta causa penal el Ministerio Público lo solicitó debido a que no contaba con los elementos necesarios para formular acusación y el juez rápido lo concedió.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego que abrevie, señor diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Deme un minuto y medio más.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Por supuesto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, por favor.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Por favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero no se habla así, le estoy diciendo de la manera más cortés.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Por favor, presidente. Y por si esto no fuera suficiente, a Chihuahua le robaron 250 millones de pesos y también lo despojaron de su carácter de víctima, porque el juez decretó que dicha calidad corresponde a la Secretaría de Hacienda, a pesar del oficio remitido por el director general de Delitos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el que señaló claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no consideraba víctima dentro de esta investigación.

Debido a lo anterior y por esa calidad indebida que ostenta, solicito se exhorte a su titular a efecto de que...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): ...presente recurso de apelación en contra del sobreseimiento decretado cuyo plazo...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): ...de interposición fenece el 5 de este mes y de este año en curso.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza(desde la curul): Pues de lo contrario, el delito de La Coneja quedaría impune. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputado. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de Debates. Y en lo personal le rogaría que enviara nuestros saludos al gobernador Javier Corral, que se sentaba exactamente en la misma curul en que usted está sentado. Saludos.

Quiero además decir que habrá... Perdón, ya no voy a dar la palabra, se está el tiempo... Les explicaremos la próxima vez un cambio gradual, como les digo, de formato del trabajo de esta Cámara. Pensamos destinar las sesiones del martes para el debate político, en serio y sin limitaciones.

Entiendan eso. Habrá un día completo para el debate político. Es una novedad en la Cámara y tendremos tiempo de oír todas las cosas. Hay muchas cosas que traen los diputados, por favor. Por eso son diputados y diputadas.



CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 13:57 horas): Yo me permito levantar la sesión. La sesión está levantada. Se cita para el jueves 6 de septiembre a las 11 horas en punto. Muchas gracias.

————— O —————

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas 44 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 347 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 12

• Iniciativas de congresos estatales: 5

• Declaratoria de publicidad de iniciativas y minutas con vencimiento de plazo: 1

• Declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 8

• Proposiciones de turno a comisión: 5

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 27

3 Morena9

PAN3 PRI3

PT2 PES3

MC3 PRD1



PVEM

EFEMÉRIDEDÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

«Efeméride con motivo del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 5 de septiembre de 1782 fue asesinada la heroína indígena Amaica, Bartolina Sisa, aguerrida mujer que se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles en la zona andina del Ayllu. Su asesinato es recordado porque fue brutal y por lo que representó su lucha

El segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tihuanacu (Bolivia) instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor de Bartolina, este día se conmemora cada 5 de septiembre (día de su muerte) desde el año 1983 y es particularmente observado en los países de la región andina como Bolivia, Perú, Chile y Argentina

Como dato, en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 vivían 8.2 millones de mujeres indígenas, y enfrentan una serie de desventajas que las colocan en situaciones graves de discriminación. La población joven que se considera indígena supera los 8 millones de personas, lo que representa 21.3 por ciento de la población total de jóvenes, de los cuales, 3 millones 914 mil 797 son hombres y 4 millones 86 mil 135 mujeres.1

Los “grandes problemas nacionales” centrados en los altos índices de violencia, impunidad y corrupción, hacen que otros problemas se consideren “menores”, el despojo de los territorios por las grandes refresqueras, cerveceras y mineras se invisibilizan y con ello, las terribles desigualdades que prevalecen en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país

México cuenta con 62 pueblos indígenas y once diferentes familias lingüísticas, de las cuales derivan 68 agrupaciones y 364 variantes de lenguas indígenas (veinticinco millones de personas se autoadscriben como indígenas). Esta diversidad, que aporta a la riqueza cultural y social, necesita ser reconocida

De acuerdo con el informe sobre desigualdades presentado recientemente por el Colegio de México, viene a reafirmar que existen múltiples condiciones de desventaja que se traducen en diferentes desigualdades, que se van sumando y que colocan a algunos sectores de la población en peores condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Las personas indígenas, que históricamente han sido marginadas, tienen tasas inferiores de acceso y terminación de educación básica, sus niveles de aprendizaje son mucho más bajos que la población no indígena, lo que repercute posteriormente en mayores índices de rezago económico

Nuevamente haciendo énfasis en que para el caso de las mujeres (8.2 millones) 3.5 millones son hablantes de una lengua indígena, representan 16 por ciento de las muertes maternas, presentan una tasa de analfabetismo de 34.4 por cada cien mujeres hablantes de lengua indígena, 27 de cada 100 mujeres hablantes de lengua indígena declararon ser agredidas por su pareja

Y en el terreno de la participación política, las mujeres indígenas enfrentan graves retos, el más grave quizá, la violencia política por razones de género, los patrones culturales tan arraigados les impiden estar presentes y hacer uso de su palabra y de su capacidad de decidir

No obstante, son las mujeres indígenas quienes han encabezado luchas por la defensa de sus bosques y otros recursos como el agua y en general de sus territorios, ejemplos son muchos pero el caso del municipio autónomo de Cherán en Michoacán, da cuenta de que las mujeres indígenas no conciben su participación política como personas en lo individual, sino también como miembros de sus pueblos, es decir en colectivo

La lista de discriminaciones es larga, por ello en el marco de la conmemoración del violento asesinato de Bartolina, es urgente mirar esa realidad y actuar en consecuencia para mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas y así avanzar hacia la construcción de un país más equitativo. Retomando las palabras de María de Jesús Patricio: “tenemos que hablar de lo imposible, porque de lo posible se ha dicho demasiado”

Nota

1 Día de la Mujer Indígena, IMJUVE, en URL:

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-de-la-mujer-indigena Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Alemán Muñoz Castillo, María (PRI)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo y a su equipo de transición para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal: 113
Arriaga Rojas, Justino Eugenio (PAN)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto a la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, por parte del diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena: 53
Bautista Villegas, Oscar (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo: 102
Espadas Galván, Jorge Arturo (PAN)
Desde la curul, en relación con la constitución de los Grupos Parlamentarios: 47
Espadas Galván, Jorge Arturo (PAN)
Desde la curul, para solicitar se informe el número de legisladoras y legisladores que integran cada Grupo Parlamentario: 124
Espinoza López, Brenda (Morena)
Desde la curul, para solidarizarse con los alumnos del CCH Azcapotzalco, por los acontecimientos violentos sucedidos el día de ayer frente a la Rectoría de la UNAM: 124
Esquer Gutiérrez, Alberto (MC)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 88
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para solicitar se le permita hacer uso de la palabra: 19
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto a la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, por parte del diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena: 52
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Para presentar, en nombre propio y del diputado José Luis Montalvo Luna, ambos del Grupo Parlamentario del PT, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo: 118
García Rojas, Mariana Dunyaska (PAN)
Desde la curul, para hacer moción de orden: 60
Garza Galván, Silvia Guadalupe (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 54
Gómez Álvarez, Pablo (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos: 47
Gómez Álvarez, Pablo (Morena)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto a la presentación de su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos: 52
González Soto, Santiago (PT)
Desde la curul, para cuestionar a la Presidencia respecto a su presencia en el evento que el presidente de la República llamó Informe de Gobierno: 16
Guzmán Avilés, María del Rosario (PAN)
Desde la curul, en relación con el turno que recayó a las iniciativas y documentos recibidos: 43
Hernández Tapia, Arturo Roberto (PRI)
Desde la curul, para referirse a la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual: 123
Herrera Chávez, Samuel (PRD)
Desde la curul, extiende una invitación a un foro de braceros a celebrarse mañana a las 11 horas, que contará con la presencia de más de 300 delegados de ex braceros: 125
Huerta Corona, Benjamín Saúl (Morena)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en dicha entidad, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del Trabajo y de Encuentro Social: 108
Juárez Piña, Verónica Beatriz (PRD)
Desde la curul, en relación con la constitución de los Grupos Parlamentarios: 46
Mata Carrasco, Mario (PAN)
Desde la curul, en relación con la constitución de los Grupos Parlamentarios: 47
Medina Ortíz, Adriana Gabriela (MC)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos del Senado, a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 constitucionales, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado 24 de abril: 121
Pérez Díaz, Víctor Manuel (PAN)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a emitir resolución apegada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe en el estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso: 111
Preciado Rodríguez, Jorge Luis (PAN)
Desde la curul, en relación con la constitución de los Grupos Parlamentarios: 46
Riggs Baeza, Miguel Alonso (PAN)
Desde la curul, para referirse al sobreseimiento de una causa penal en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex tesorero del PRI: 125
Rosete Sánchez, María de Jesús (PES)
Desde la curul, para referirse a la proposición con punto de acuerdo relativa a diversas peticiones de comerciantes en la vía pública: 44
Saldaña Pérez, María Lucero (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 260 del Código Penal Federal: 60
Sánchez García, Lizeth (PT)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de presupuesto participativo: 82
Sosa Ruíz, Olga Patricia (PES)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PES, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 71
Tagle Martínez, Martha Angélica (MC)
Desde la curul, para hacer comentarios respecto a la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, por parte del diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena: 51
Torres Piña, Carlos (PRD)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014: 93