Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año I
México, DF, jueves 6 de septiembre de 2018
Sesión No. 4

SUMARIO


ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior, intervienen:

-El diputado Sergio Mayer Bretón, de Morena, desde la curul

-El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, desde la curul

-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la tribuna

-La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PRD, desde la curul

-El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, desde la curul

COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La Secretaría da cuenta de la comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual notifica y remite copia certificada del Dictamen relativo al cómputo de la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado

BANDO SOLEMNE

La Presidencia informa que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LXIV Legislatura, expide el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la Declaración de Presidente Electo y da lectura al mismo

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los municipios, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su difusión en las embajadas y consulados de México en el mundo

Distribúyase entre las y los ciudadanos diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite:

-El Informe Definitivo de la Evaluación de Diseño del programa presupuestario G007 "Regulación, Modernización y promoción de la actividad minera". Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento

-El Informe de los Programas y Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para su conocimiento

-Su VI Informe de labores. De enterado, distribúyase entre las diputadas y diputados, y túrnese a la Comisión de Gobernación

De la Cámara de Senadores, por las que:

-Comunica que se declaró legalmente constituida para la LXIV Legislatura, así como la elección de su Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio. De enterado

-Remite la constitución de los Grupos Parlamentarios que conforman la LXVI Legislatura. De enterado

-Remite acuerdo por el que se constituye la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. De enterado

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a, b y c; y el numeral 2 del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario de MC. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

MINUTO DE SILENCIO

En memoria del diputado electo Roger Hervé Aguilar Salazar, quien falleció el 5 de septiembre del año en curso

La Presidencia instruye llamar al suplente

PROPOSICIONES DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaría da lectura a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México

Para referirse al tema, intervienen:

-El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del PVEM

-La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, el PRD

-El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, de MC, quien propone una modificación

-El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT

-El diputado Ricardo de la Peña Marshall, del PES

-La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI

-El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN

-La diputada Brenda Espinoza López, de Morena, quien solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de la estudiante del CCH Miranda Mendoza Flores

MINUTO DE SILENCIO

Con anuencia de la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de la estudiante del CCH Miranda Mendoza Flores

En votación económica, se aprueba el acuerdo con la modificación propuesta por el diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, de MC. Comuníquese

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

COMENTARIOS SOBRE LOS SISMOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO

Desde la curul, intervienen:

-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT

-El diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena

-La diputada Dulce Alejandra García Morlan, del PAN

-El diputado Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena

-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT

-La diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena

158 ANIVERSARIO DE LAS LEYES DE REFORMA

-El diputado Emmanuel Reyes Carmona, del PRD, desde la curul

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO

La diputada Gabriela Cuevas Barron, de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

El diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL

En la primera ronda de intervenciones, hacen uso de la palabra:

-El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del PVEM

-El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD

-La diputada Lourdes Celenia Contreras González, del MC

-El diputado Santiago González Soto, del PT

-El diputado Ernesto Vargas Contreras, del PES

-La diputada Cynthia Iliana López Castro, del PRI

-El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN

-La diputada Abelina López Rodríguez, de Morena

En la segunda ronda de intervenciones, participan:

-El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del PVEM

-La diputada Mónica Almeida López, del PRD

-El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del MC

-El diputado Alfredo Femat Bañuelos, del PT

-La diputada Elba Lorena Torres Díaz, del PES

-La diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI

-La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del PAN

-El diputado Bonifacio Aguilar Linda, de Morena

En la tercera ronda de intervenciones, hacen uso de la voz:

-La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM

-El diputado Teófilo Manuel García Corpus, del PRD

-La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del MC

-La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT

-La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del PES

-El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del PRI

-La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN

-El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, de Morena

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remite al presidente de la República, para su conocimiento

COMUNICACIONES OFICIALES

Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, con designación de representantes del Poder Legislativo ante el INE. De enterado. Comuníquese

Se recibieron comunicaciones del diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por las que informa la integración a ese Grupo Parlamentario de los diputados: Jesús Fernando García Hernández, Luis Enrique Martínez Ventura y Armando Javier Zertuche Zuani. De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

SE REFIERE A LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA QUE PERSISTE EN EL PAÍS

La diputada Flora Tania Cruz Santos, de Morena, desde la curul

LLAMADO PARA QUE CESE LA REPRESIÓN A LOS MAESTROS EN EL PAÍS

El diputado Azael Santiago Chepi, de Morena, desde la curul

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del PRI, desde la curul, hace moción de orden

SE SOLICITE UN INFORME RESPECTO A LA MUERTE DE MÁS DE 300 TORTUGAS GOLFINAS EN LA COSTA DE OAXACA Y GUERRERO

La diputada Irma Juan Carlos, de Morena

La diputada María Lucero Saldaña Pérez, del PRI, desde la curul, hace moción de orden



Presidencia del diputado
Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La Ley y el Reglamento prevén el inicio de las sesiones a las 11 de la mañana. Yo les rogaría a los miembros... ¿Ya hay quórum? Gracias. Me acaban de anunciar que se cumplió hace un minuto el quórum.

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:03 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación económica. Diputadas y diputados que se encuentren por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de septiembre de 2018

Acta de la sesión anterior.

Del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación

Bando Solemne

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Informe Definitivo de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario G007 “Regulación, Modernización y promoción de la actividad minera”.

Remite el Informe de los Programas y Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Remite el VI Informe de labores de la Secretaría de Gobernación.

De la Cámara de Senadores

Comunica que se declaró legalmente constituida para la LXIV Legislatura, así también la elección de su Mesa Directiva para el primer año de ejercicio.

Remite la constitución de los grupos parlamentarios que conforman la LXIV Legislatura.

Remite acuerdo por el que se constituye la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a, b y c; y el numeral 2 del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a los hechos sucedidos en la UNAM.

Iniciativas

Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que expide la Ley General de los Derechos de los Jóvenes, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que abroga la Ley de Seguridad Interior, a cargo de la diputada Ana Lucia Riojas Martínez.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o. y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales egresados de universidades públicas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del matrimonio entre personas menores de dieciocho años, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social.

Proposiciones de turno a comisión

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al encargado de despacho de la PGR, a que informe de manera pública y abierta al pueblo de México sobre el proceso penal y exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, informe el estado que guarda la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, por la que han sido afectadas diversas comunidades en la salud de sus habitantes y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, a cargo del diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la Legislación Nacional, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa “operativo de lluvias”, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos), suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que, en coordinación con la PGR, implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, suscrito por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CRE, para que revisen las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán; asimismo al Cenegas, a impulsar la construcción de la infraestructura necesaria, a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a difundir un informe detallado de la ayuda proporcionada a los damnificados y deudos del terremoto del pasado 7 de septiembre de 2017 y a señalar los planes de reconstrucción y reactivación económica en las regiones afectadas, a cargo del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la paridad de género tanto en las presidencias de las Comisiones como en la integración de las mismas, suscrito por diputadas integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la reincorporación del inmueble federal denominado “Parque Bicentenario 2010” a la Semarnat y se solicita su no privatización, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio en vía pública en sus diferentes formas y condiciones de trabajo y cesen las acciones de violencia de las autoridades en contra de los trabajadores de este sector, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a difundir la información respecto a la atención brindada a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes deportados a México, en materia de equivalencia o revalidación de estudios, suscrito por la diputada Maribel Martínez Ruíz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año 2017, suscrito por el diputado Juan Enrique Farrera Esponda y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al INAH, para que implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al Congreso local del mismo, a detener y revertir la privatización del patrimonio de dicha entidad, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a garantizar la libertad sindical en los procesos de renovación de las dirigencias del Sindicato Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de la Comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción y estudios geológicos de suelo y a los avances y resultados de la entrega de recursos del FONDEN a los municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a emitir credenciales inmediatas y temporales a los migrantes repatriados, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en dicha entidad, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al INEE, a suspender la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo relativo a los procesos de evaluación del desempeño, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige, a cargo del diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la “fabricación de culpables” en México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del martes cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la Sesión Constitutiva del día veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios y mociones los diputados Santiago González Soto, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noro-ña, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones, e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del Congreso del estado de Guanajuato, por la que informa que los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara, Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz Márquez, optaron por el cargo de diputado federal a la Sexagésima Cuarta Legislatura. De enterado.

b) De la Comisión Permanente, con la que remite Acuerdos:

• Para que se consideren recursos a la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la protección de sus derechos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de los Empleados Superiores de Hacienda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

• Para que la Sexagésima Cuarta Legislatura considere en su agenda legislativa, propuestas para armonizar la legislación sanitaria en México, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional dos mil catorce-dos mil veintitrés. Se turna a la Comisión de Salud, para su atención.

• Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, a efecto de determinar las cuotas que deberán pagar los operadores de telecomunicaciones móviles. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

c) Del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, con la que remite el Informe Previo de Gestión de dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

d) Del Honorable Congreso de la Unión, con el que remite el Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

e) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite:

• Quinientos ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruye su distribución a las diputadas y a los diputados.

• Dieciséis oficios del Sexto Informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo y de la Procuraduría General de la República. De enterado. Se instruye su distribución a las diputadas y a los diputados, y se turnan a las comisiones correspondientes.

• El Informe Trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de dos mil dieciocho. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

f) Del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que remite el Informe Previo de Resultados de Gestión dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

g) Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que solicita se informe al Instituto Nacional Electoral la designación de los legisladores propuestos como Consejeros del Poder Legislativo. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

h) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados:

• De Colima:

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos cuarenta y uno, fracción segunda, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y cincuenta y uno, numeral uno, inciso a), fracción primera de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• De Hidalgo:

– Por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción quinta del artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• De Veracruz, por el que se reforma el inciso e) del numeral dos del artículo treinta y dos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, la minuta con vencimiento de plazo con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos setenta y cinco, y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y cuatro, numeral uno; y noventa y cinco, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad, a efecto de que esta minuta sea puesta a discusión y votación el próximo jueves trece de septiembre.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas: María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional, y María de Jesús Rosete Sánchez, del Partido Encuentro Social. El Presidente hace aclaraciones, e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

El Presidente declara:

“Honorable Asamblea, esta Presidencia con fundamento en lo que establece el artículo veinticuatro, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que han sido constituidos los siguientes Grupos Parlamentarios para la Sexagésima Cuarta Legislatura:

• Grupo Parlamentario de Morena.

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Dos diputados sin partido.

En consecuencia, a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral dos del artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados”. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación al tema la diputada y los diputados: Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Mata Carrasco, y Jorge Arturo Espadas Galván, ambos del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones, e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Pablo Gómez Álvarez, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios en relación a la iniciativa anteriormente presentada la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; y los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Pablo Gómez Álvarez, de Morena; y Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones, e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

• Silvia Garza Galván, y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo, y segundo-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde su curul realiza moción de orden la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

• María Lucero Saldaña Pérez, y suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y siete de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y doscientos sesenta del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen.

• Olga Patricia Sosa Ruíz, y suscrita por los integrantes del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos sesenta y uno, ciento once, y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las doce horas con treinta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos noventa y dos diputadas y diputados.

• Lizeth Sánchez García, y suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, y la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de presupuesto participativo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alberto Esquer Gutiérrez, y suscrita por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Carlos Torres Piña, y suscrita por diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría de los Dolores Padierna Luna

• Óscar Bautista Villegas, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a las diputadas y a los diputados:

• Benjamín Saúl Huerta Corona, y suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del Trabajo y de Encuentro Social, por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en dicha entidad. Se turna a la a Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Víctor Manuel Pérez Díaz, y suscrito por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a emitir resolución apegada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe en el estado de Nuevo León, el pasado primero de julio del año en curso. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios respecto al punto de acuerdo comentado el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. La Presidencia hace aclaraciones.

• María Alemán Muñoz Castillo, y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Presidente Electo y a su equipo de transición, para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y suscrito por el diputado José Luis Montalvo Luna, ambos del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que a través de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía General de Justicia, amplié e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Adriana Gabriela Medina Ortiz, y suscrito por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del Senado a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos diecisiete, sesenta y uno, setenta y cuatro, ciento ocho, ciento diez, ciento once, ciento doce, y ciento catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado veinticuatro de abril. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul realiza moción de procedimientos el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. La Presidencia hace aclaraciones, e instruye que se registre su intervención en el Diario de los Debates.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios la diputada y los diputados: Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena; Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; Brenda Espinoza López, de Morena; Samuel Herrera Chávez, de Morena; y Miguel Alonso Riggs Baeza, del Partido Acción Nacional. La Presidencia hace aclaraciones, e instruye que se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, la Presidencia cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar jueves seis de septiembre de dos mil dieciocho, a las once horas, y levanta la sesión a las trece horas con cincuenta siete minutos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría...

El diputado Sergio Mayer Bretón(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, a ver, dígame para qué objeto, señor diputado.

El diputado Sergio Mayer Bretón (desde la curul): Sí, diputado presidente, quiero solicitarle de la manera respetuosa que esta soberanía, salvoconducto de la Mesa Directiva que usted tiene a bien presidir, se pronuncie en contra de la violencia que se ha estado viviendo en nuestra máxima casa de estudios a manos de grupos porriles.

El día de ayer miles de jóvenes universitarios salieron a manifestarse de forma pacífica, repudiaron la violencia y exigieron el fin de grupos de choque y porriles en...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañero, me permito aclararle, este asunto lo ha acordado ya la Junta de Coordinación Política y está elaborando un pronunciamiento para que lo haga suyo esta asamblea. Muchas gracias. Habrá intervenciones de los grupos parlamentarios, además. Gracias. Ojalá y usted intervenga, diputado. ¿Otro diputado quiere la palabra? Con mucho gusto, diputado.

El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa(desde la curul): Diputado presidente, en la sesión anterior el diputado Miguel Riggs denunció ante esta soberanía el deleznable caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alías La Coneja. Un pillo de siete suelas, señalado como uno de los principales cómplices de César Duarte para defraudar a nuestro estado de Chihuahua.

El actuar de la autoridad federal actual, es una vil patraña al estilo del autoritario y monolítico régimen que vive sus últimas horas, pero que sigue dañando a nuestro estado.

Los diputados chihuahuenses de Morena exigimos se revise con toda acuciosidad el actuar de la PGR ante una...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con todo respeto, señor diputado, estas expresiones no es su lugar en la agenda y menos de casos particulares. Súmelo a su intervención en el debate político.

Quiero decirlo por recomendación de la Secretaría, no aceptaremos intervenciones fuera del orden, puesto que la mayor parte del tiempo de esta asamblea se dedicará al debate político. Muchas gracias. Diputada...

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente, sobre el acta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Fernández Noroña, sobre el acta. Diputado, me haría el favor de hablar desde la curul. —Ya está aquí. Sí, ya está aquí.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchísimas gracias, diputado presidente. Compañeros, compañeras, sobre el acta. En la sesión pasada hubo un ríspido intercambio entre el diputado Muñoz Ledo y un servidor, diputado presidente. No está en el acta el ríspido intercambio.

Yo considero correcto que así sea. Quise hacerlo explícito porque tuvimos una larga charla, el diputado presidente y un servidor, preocupados por la unidad del movimiento, y por responderle al pueblo de México en los enormes compromisos que con ellos hemos asumido.

Por ello, termino esta precisión sobre el acta. Me parece muy importante que ayer la fracción de Morena se haya reunido con el presidente electo, compañero López Obrador. Me parece importante que hayan hecho un compromiso de que se debe debatir toda diferencia, que se debe abrir a la discusión, que esta máxima tribuna es el espacio adecuado para resolver controversias tanto entre compañeros como entre las diferentes fuerzas políticas.

Celebro que ese haya sido el compromiso porque parte de la disputa, mi reclamo ha sido la violación al artículo 69 constitucional, que yo insisto, que en el acta esté explícito este reclamo que he hecho, que se violenta el marco constitucional por parte del presidente de la República, que inclusive usó la banda presidencial violando el artículo 35, fracción III de la Ley de Escudo, Bandera e Himno Nacional que establece que solo se puede usar en el informe ante el Poder Legislativo.

Y cierro, pido a mis compañeros y compañeras de Morena, que hagamos un esfuerzo para sacar la tarea adelante y que no le fallemos al pueblo. No solo las discusiones y los intercambios ríspidos entre nosotros pueden lastimarnos, también nuestras votaciones pueden hacerlo, y el sufrido pueblo de Chiapas no tiene por qué pagar ningún acuerdo de ningún tipo.

A mí me parece que se hace política con lo que se tiene y no con lo que se quiere, y si el Partido Verde quiere apoyar el impulso de transformación del país, así están las cosas. Lo que no puede ser es que se convalide una burla mayor al pueblo de Chiapas, como la que se perpetró al otorgarle licencia al hoy senador con licencia y gobernador interino de sí mismo. Muchísimas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado por sus observaciones al acta. Quiero decirle, señor diputado Fernández Noroña, recojo su preocupación. Por favor, es un asunto importante de procedimiento parlamentario. Desde luego que el debate que tuvimos no está en el acta, están nuestras intervenciones, pero como dije en la sesión inaugural, la historia no puede aludirse. Por lo tanto, he autorizado que todas nuestras expresiones estén en el Diario de Debates en detalle, y recuento estricto de las sesiones. ¿No hay ninguna otra intervención? Aprobada el acta.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala(desde la curul): Señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, no la vimos ni el secretariado ni la Mesa. ¿Quién desea hablar? La diputada Villafuerte, del PRD. Tiene la palabra. Tiene tres minutos para hablar sobre el acta, de acuerdo con el Reglamento.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (desde la curul): Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Únicamente para refrendar la posición del Partido de la Revolución Democrática en función con la interpretación que se da con las disposiciones normativas de la Ley Orgánica de nuestro Poder.

Concretamente que estimamos vulnerado el artículo 17, punto 8, que establece de manera enfática que en ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

La situación delicada que quiero poner sobre la Mesa es que esta disposición se encuentra comprendida dentro de las normas que regulan al máximo órgano de representación de esta Cámara. Y por ello, bajo ese esquema debe de prevalecer por encima de la disposición que regula a la Jucopo.

Con mucho respeto estimo que es delicado, por razón de la trascendencia legal y del precedente que se sienta sobre el particular punto. Concretamente porque se busca el equilibrio de las situaciones políticos que debe prevalecer al interior.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdóneme, este momento se le ha concedido para comentar el acta.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (desde la curul): Muy amable, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias por su expresión. Se registrará en el Diario de Debates. Pero también, como lo hice en el otro caso, quiero obsequiar informar de lo que estamos haciendo.

La Ley establece que el único órgano de interpretación de las leyes es la Mesa Directiva, que ya ha tomado cuenta de este caso. De hecho, hay contradicción en la misma Ley entre dos artículos, igualmente enfáticos. Según criterio de los abogados consultados prevalece el primero.

Se creará —y lo informo— por decisión de la Mesa un grupo de abogados diputados de todos los partidos, para que la Mesa pueda ejercer de modo expedito su facultad de interpretación de las leyes. A falta de una práctica en este sentido, se resolvió por la vía política y no por la vía legal, pero no hay problema en ello, tenemos que ir adelante. Muchas gracias.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Es sobre el acta? Espadas, ¿es sobre el acta? ¿Cómo? Comente el acta. —Hay un coro que se hizo, qué bueno—. Sí es un derecho colectivo, se vuelve, y no individual. ¿Cuál es su nombre, señor diputado? Sonido para el diputado Espadas. —El secretariado me lo debe indicar—. Lilia Villafuerte.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Listo, diputado, muchísimas gracias. Para comentar, si me permiten las diputadas y los diputados, nada más una observación en el acta. No veo que conste o que se haya asentado que al cierre del acta no teníamos la integración de los grupos parlamentarios, como usted lo cantó, presidente. Le agradezco su atención y ojalá lo incorporen, porque así sucedió, que al cierre de la sesión ordinaria no hubo integración de los grupos parlamentarios, en dos casos por lo menos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Diputado Espadas. También obsequio, como en los otros dos casos, su petición. Efectivamente, así ocurrió, no fue durante la sesión, sino durante el día. Desgraciadamente nosotros no podemos obligar. Aquí hay una disposición de la ley que no tiene un mecanismo coercitivo que diga, en caso de no hacerlo, equis, ye, zeta.

Entonces, rogamos a los grupos parlamentarios que estaban en acuerdo, que lo hicieran, pero no lo hicieron durante el día ni en la sesión. Entonces, declaramos que mientras no había una nueva composición de los grupos regía la que había sido determinada en la sesión inaugural... no se habían puesto de acuerdo, es un problema de ellos, no de la Mesa. Perdón, estoy explicándolo, no tengo ninguna ocultación de la verdad, este Congreso tiene que estar regido por la transparencia, no se habían puesto de acuerdo. Punto uno.

Dos. No tengo ningún instrumento de coerción sobre los grupos parlamentarios.

Tercero. Al no haberse puesto de acuerdo en el plazo de ley, esta Presidencia declaró que la composición de los grupos parlamentarios era como había sido declarada el 29, el día de la inauguración, eso es. Entonces, cumplimos la ley. Cumplimos la ley.

La ley indica también que posteriormente a la instalación puede haber recomposición de los grupos parlamentarios. Eso es todo. Gracias. Si no hay ninguna intervención más avancemos.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, pero no puede convertirse la... Perdón, no está previsto en el Reglamento, hay un orden del día de la sesión, con el pretexto de la votación del acta no puede iniciarse un debate político, no puede, porque no está en el Reglamento, si no a esto le llamaban en el pasado, en el pasado no ahora, no sería capaz de repetirlo, la hora del aficionado. Muchas gracias. Consulte la Secretaría si se aprueba el acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Así es, presidente. Vamos a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Aprobada.



COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con la lectura del oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva.

Con fundamento en el artículo 26, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 33, fracciones III, IV; y 34, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento a lo ordenado en el dictamen relativo al cómputo de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez y a la de Presidente Electo, dictado el ocho del mes y año en curso por las y los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifico por oficio la citada resolución, de la que se anexa copia certificada, constante de doscientas diecisiete páginas con texto, más una hoja de certificación.Lo anterior, para los efectos legales procedentes. Doy Fe.

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2018.— Licenciada Iracema Tenorio Ceballos (rúbrica), actuaria.»



BANDO SOLEMNE

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LXIV Legislatura, expide el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, expide el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 23, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber:

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 3 de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio TEPJF-SGA-OA-4764/2018, notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el Cómputo de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de Validez y la de Presidente Electo, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, donde declara:

El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.

Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se le declara Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que desempeñe el cargo del primero de diciembre del año dos mil dieciocho al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano Presidente Electo.

Publíquese el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los municipios.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Publíquese el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los municipios, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su difusión en las embajadas y consulados de México en el mundo, para que sea de conocimiento universal.

Distribúyase entre las y los ciudadanos diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito adjuntar el oficio No. 113.2018.DGVP.296 suscrito por, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, por el que se remite de manera electrónica el informe definitivo de la evaluación de diseño del programa presupuestario G007 “Regulación, modernización y promoción de la actividad minera”, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para , el ejercicio fiscal 2018; y el, décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Presupuestó y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de ese Órgano Legislativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompañó para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como 3 discos compactos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 27, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; en el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; en el numeral 26, Anexo la, del Programa Anual de Evaluación 2018; así como en el oficio número 419- A-18-0619 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito adjuntar de manera electrónica el informe definitivo de la evaluación de diseño del programa presupuestario G007 “Regulación, modernización y promoción de la actividad minera”.

Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la fracción 11 del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita dicha información a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Desarrollo Social y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/ CAJ/ 085/ 2018, la licenciada Gabriela Montserrat González Montes, coordinadora de asesores en materia jurídica de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, envía el informe de los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y las entidades de la administración pública federal correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Comisión de Radio y Televisión de ese órgano legislativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y los anexos que en él se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a la relación de los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, prevista en el décimo párrafo del artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Sobre el particular, y por instrucciones del licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios, me permito enviarle de manera impresa y en disco compacto el informe de mérito correspondiente al ejercicio fiscal 2018, remitido por la Dirección General de Normatividad de Comunicación.

Lo anterior, con la súplica de que por su amable conducto sea enviado a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, con arreglo a lo previsto en la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2018.— Licenciada Gabriela Montserrat González Montes (rúbrica), coordinadora de asesores en Materia Jurídica.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Señor Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Distribúyase a las diputadas y a los diputados, y túrnese a la Comisión de Gobernación.

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La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida para la Sexagésima Cuarta Legislatura y eligió a su Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio.

Mesa Directiva

Presidente: Senador Martí Batres Guadarrama

Vicepresidenta: Senadora Mónica Fernández Balboa

Vicepresidente: Senador Rafael Moreno Valle-Rosas

Vicepresidente: Senador Jorge Carlos Ramírez Marín

Secretaria: Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre

Secretaria: Senadora Verónica Delgadillo García

Secretaria: Senadora Nancy de la Sierra Arámburo

Secretario: Senador Juan Manuel Zepeda Hernández

Atentamente

México, DF, a 29 de agosto de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Porfirio Muño Ledo: De enterado.

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La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, con fundamento en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva declaró la constitución de:

• El Grupo Parlamentario del Partido Morena y al senador Ricardo Monreal Ávila como su coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y al senador Damián Zepeda Vidales como su coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y al senador Miguel Ángel Osorio Chong como su coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y al senador Dante Delgado Rannauro como su coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa como su Coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y al senador Alejandro González Yáñez como su Coordinador;

• El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y a la senadora Sasil de León Villard como su Coordinadora, y

• El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y al senador Manuel Velasco Coello como su coordinador.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.

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La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Tercero. Oficio por el que informa...

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor. Hay una diputada que pide el uso de la palabra; Cecilia Palomo, micrófono. Patrón Laviada.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (desde la curul): Muy buenos días, señor presidente. Pido la palabra con el objeto de pedir un minuto de silencio en memoria de quien fuera diputado federal electo por Yucatán, Roger Aguilar Salazar. Le pido a esta asamblea nos acompañe en este minuto de silencio.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Está previsto en la agenda para cuando terminen las comunicaciones. Muchas gracias, por recordárnoslo.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con los siguientes resolutivos:

Primero. Se constituye la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Senadores que funcionará durante el primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Son integrantes de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, en los términos de los párrafos 1 y 5 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los siguientes senadores:

Senador Ricardo Monreal Ávila

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional.

Senador Damián Zepeda Vidales

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Senador Miguel Ángel Osorio Chong

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Senador Dante Delgado Rannauro

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Senador Gonzalo González Yáñez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Senadora Sasil de León Villard

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Senador Raúl Bolaños Cacho Cué

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Senadora Marybel Villegas Canché

Del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional.

Senador Higinio Martínez Miranda

Del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional.

Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero. Es presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores, el senador Ricardo Monreal Avala.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Yo les rogaría no que no hubiera gritos en la sala. Estamos en un punto de agenda del orden del día. Esta agenda no puede interrumpirse ni siquiera para el tema de lo que se trata porque es un turno. Al terminar le daré la palabra, señor diputado. Continúe la Secretaría.

INICIATIVAS DE SENADORES



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

«Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Las senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Acción Nacional tiene una profunda vocación democrática, no solo en el gobierno, sino también desde la oposición. Nuestra visión es ser un partido político que sirva a las mejores y más nobles causas en beneficio de la nación, y congruentes con ello, hemos sido críticos de una de las reformas que consideramos más tóxicas para la población mexicana, y me refiero específicamente a la reforma hacendaria que fue aprobada en 2013 con efectos en el ejercicio fiscal de 2014.

El 8 de septiembre de 2013, el presidente de la República en uso de sus atribuciones, envió al Congreso de la Unión la llamada Reforma Hacendaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, y por el que se expide la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

El presidente Peña Nieto dijo en la presentación formal de la reforma, que ésta “...trae muy buenas noticias para los mexicanos”. Se dijo en varias ocasiones que esta reforma en realidad sería una gran reforma social ya que los mexicanos gozaríamos de una pensión universal y de un seguro de desempleo que sería únicamente para los trabajadores del sector formal de la economía, y así desincentivar la informalidad y dejar atrás el enfoque asistencialista del Estado sobre la seguridad social al mismo tiempo.

La propuesta fue duramente criticada por la sociedad en su conjunto y fundamentalmente por el Partido Acción Nacional, el cual se opuso fervientemente, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a la homologación del IVA en las zonas fronterizas.

Los esfuerzos por revertir la homologación del IVA en la frontera han sido varios y se tiene registro de ellos en las últimas dos legislaturas:

Propuestas de reforma al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentadas por el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión

16 de julio de 2014: Presentada por diputados del PAN, LXII Legislatura.

25 de octubre de 2016: Presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, LXIII Legislatura.

21 de noviembre de 2017: Presentada por el diputado José Máximo García López, LXIII Legislatura.

Fuente: Elaboración propia con información del SIL, Segob.

Al respecto de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional2, en ella se tenía por objeto regresar el tratamiento diferencial de la tasa del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza de 11 por ciento, se establecían facilidades para contribuyentes que tramitaran documentos pendientes de cobro mediante la figura de factoraje financiero, que las importaciones también tendrían una tasa de 11 por ciento, que la enajenación de inmuebles causarían una tasa de 16 por ciento, aplicar la tasa del 16 por ciento o del 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, es decir, cuando sean para llevar o para ser entregados a domicilio; y se estipulaba que cuando el IVA en la importación se hubiere pagado a la tasa de 11 por ciento, dicho impuesto será acreditable siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

En el caso de la propuesta del senador Ruffo, ésta proponía implementar una tasa del 5 por ciento del impuesto en comento por las actividades realizadas por los residentes de la región fronteriza.

Y por último, la propuesta del diputado García López consideraba regresar la tasa del 16 por ciento a 11 por ciento en la región fronteriza, en la enajenación de inmuebles se proponía aplicar la tasa de 16 por ciento en la región, y delimitaba las dimensiones y puntos específicos de la franja fronteriza.

Los esfuerzos por no afectar a nuestras zonas fronterizas no se frenaron ahí, la entonces diputada, y hoy senadora Gina Andrea Cruz Blackledge presentó el 28 de abril de 2017, una iniciativa para expedir la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, y cuyo objeto era instaurar las bases para los regímenes fronterizos económicos y que se fortaleciera e incentivara la productividad y competitividad en el desarrollo de los sectores económicos de los estados de la frontera norte.

En ese mismo año, la diputada por el PAN, Luz Argelia Paniagua Figueroa, presentó la iniciativa que expedía la Ley de Zonas Económicas Libres para los Estados de la Frontera Norte, y cuyo objeto, entre otros, consistía en precisar medidas fiscales que coadyuvaran al mejoramiento y desarrollo de las condiciones en la región, y proponía la creación de la Comisión para las Zonas Económicas Libres de los Estados de la Frontera Norte, la cual realizará la planeación, programación, ejecución y evaluación de política pública para el desarrollo de dichas zonas.

La labor de defender a nuestras zonas fronterizas de la homologación de la tasa del IVA también encontró asidero en otras fuerzas políticas, y que incluso hoy tienen la responsabilidad de gobernar y de hacer efectiva esta demanda.

Propuestas de reforma al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentadas por la oposición en el Congreso de la Unión

25 de marzo de 2014: Diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) LXII Legislatura

18 de septiembre de 2014: Diputada Aleida Alavéz Ruiz (PRD) LXII Legislatura

25 de septiembre de 2014: Congreso de Baja California, LXII Legislatura

28 de mayo de 2014: Diputado Jaime Bonilla Valdez (PT) LXII Legislatura

Fuente: Elaboración propia con información del SIL, Segob.

En la exposición de motivos destacan los siguientes argumentos:

La diferenciación del IVA fronterizo con el del resto del país, responde desde su origen a una serie de consideraciones comerciales, en especial a la competencia que representa el comercio de los países vecinos, principalmente el de la frontera norte, caracterizado por sus precios inferiores a los aplicados en nuestro país.

Otro de los motivos era el de incentivar el comercio nacional y desalentar el consumo de bienes y servicios extranjeros. Es por ello que la modificación realizada en materia de IVA condena a las fronteras mexicanas a su total sometimiento frente a la competencia comercial que representan los países vecinos.

...

El efecto del aumento del IVA en las fronteras no sólo es de carácter comercial, también traerá consigo una fuerte disminución en el nivel de vida de los mexicanos radicados en esos territorios pues significa un impacto directo a los bolsillos de los consumidores, reduciendo su capacidad de gasto, golpeando de forma natural a la economía local.

Por ejemplo, en las playas turísticas de la Riviera maya el aumento de 5 puntos porcentuales al IVA representará un crecimiento de al menos 10 por ciento en las tarifas hoteleras, lo que impacta el turismo de la región y de forma consecuente en los habitantes y comerciantes de la zona.

En el caso de la frontera norte, el primer golpe es contra las empresas maquiladoras, pues el pago de este impuesto los obligará a aumentar sus costos o a reducir los salarios. En consecuencia, se perderá competitividad dentro del mercado y disminuirá la capacidad de consumo de los habitantes, pues son esas empresas la principal fuente de empleo en esta zona.

Por último, cabe destacar que el/VA generalizado en todo el país afecta directamente a los 11 estados fronterizos, en especial Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, cuyos territorios eran beneficiados por el/VA diferenciado.

En materia de cifras y datos técnicos, en la Gaceta de la Frontera Norte se dio cuenta de lo siguiente:

Del primero al 15 enero de 2014, según cifras de Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.68 por ciento y su tasa anual se disparó a 4.63 por ciento. El INPC marcó variaciones superiores al promedio del territorio nacional (mayores a 2 por ciento) en las siguientes localidades: Chetumal, Quintana Roo; Ciudad Acuña, Coahuila; y Tijuana y Mexicali, Baja California. Además, el INPC por tipo de bien estuvo impulsado por el incremento en el precio de los siguientes bienes y servicios:

• Cebolla: 17.69%

• Refrescos envasados: 11.40%

• Pan dulce: 4.76%

• Cigarrillos: 3.65%

• Pollo: 2.97%

• Gas doméstico LP: 1.86%

• Gasolina de bajo octanaje: 1.70%

• Electricidad: 1.73%

• Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 1.39%

Nuestras zonas fronterizas, en especial la frontera norte, se caracterizan por ser asimétricas.

En PIB per cápita de los cuatro estados de la unión americana que tiene frontera con México es muy superior al de los nuestros, por lo que la homologación del IVA en nuestras zonas fronterizas no solo golpea a los consumidores, sino que también las vuelven menos competitivas fiscalmente.

Impuesto a las Ventas en Estados Fronterizos de Estados Unidos

Estado Tasa Promedio

Arizona 7.9%

California 8.3%

Nuevo México 7.1%

Texas 7.6%

Promedio 7.7%

Fuente: www.avalara.com

Como se puede observar, la tasa promedio del impuesto a las ventas de los cuatro estados fronterizos con México, es de 7.7 por ciento, por lo que una tasa de IVA fronterizo homologado a 16 por ciento resulta en un fuerte incentivo para los consumidores mexicanos a sustituir su consumo en México por hacerlo en Estados Unidos.

Las autoridades hacendarías del gobierno federal se encargaron de negar una realidad tan dura como los datos expuestos, y finalmente se consumó el golpe a los consumidores de los estados fronterizos.

Hoy vivimos tiempos políticos distintos, el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto fue duramente castigado en las urnas el pasado 1 de julio de 2018 y se reconfigura una nueva realidad para México.

Para Acción Nacional el mensaje es claro, debemos ir por las exigencias de una sociedad moderna y en constante evolución, por lo que el próximo gobierno no debe ser omiso en materia de competitividad fiscal y en congruencia con sus propias promesas de campaña y en las anteriores legislaturas, deben sumarse a la propuesta de disminuir la tasa de IVA aplicable en las zonas fronterizas a 8 por ciento, es decir, a la mitad de la tasa aplicable en el resto del territorio nacional, y brindar competitividad fiscal a los habitantes de esas zonas.

Los argumentos expuestos con anterioridad tienen vigencia hoy en día, y siguen formando parte de las demandas de los mexicanos que viven en las zonas fronterizas de nuestro país.

Ante esta nueva dinámica legislativa, y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 20 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 8 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 8 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza. Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de puerto peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fuente:

http://www.presidencia.gob.mx/articu los-prensa/palabras-del-presidente-de-Ios-estados-unidosmexicanos-licenciado-en rique-pena-nieto-durante-Ia-presentacion-de-Ia-iniciativa-de-reforma-hacendaria que-tuvo-Iugar-en-el-salon-adolfo-Iopez-mateos-d/

2 http://sil.gobernacion.gob. mx/Archivos/Documentos/2014/07/asun_3125209_20140716_1405527760.pdf

3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/10/asun_ 3432771_20161025_1477413722.pdf

4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_ 3625093_20171121_1511390926.pdf

5 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_ 3534929_20170427 1493250794.pdf

6 http://sil.gobernacion.gob. mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3649173_20171214_1516045297.pdf

7 http://sil.gobernacion.gob. mx/Archivos/Documentos/2014/03/asun_3087173_20140325_1395850693.pdf

8 http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos fronterizos norte/ gaceta/Gaceta Frontera Norte 3.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de septiembre de 2018.— Senadores: Gina Andrea Cruz Blackledge, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Gloria Núñez Sánchez, Minerva Hernández Ramos, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Erandi Bermúdez Méndez, Xóchitl Gálvez Ruiz, Ismael García Cabeza de Vaca, Kenia López Rabadán, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez e Indira Rosales San Román (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a, b, y c; y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

«Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Los suscritos Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subincisos a, b, y c; así como el numeral 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, a partir del 1 de enero de 2017, se incrementaría fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel en nuestro país, como parte del proceso de liberalización del precio de los combustibles previsto en la reforma energética.

Si bien en dicha reforma estaba contemplado que los precios dejarían de ser controlados por el gobierno, éste se apresuró y adelantó los tiempos, de tal manera que a cambio de que no se afectaran las finanzas del gobierno, se diera un golpe al bolsillo de los consumidores.

Técnica y teóricamente, la reforma energética es una gran reforma que hacía mucha falta en nuestro país desde hace varios años (sino es que décadas), pero cuyos resultados son de largo de plazo.

Hoy en día, además del deterioro de las finanzas públicas y de un elevado nivel de gasto público, notamos que el precio de los combustibles y de la energía eléctrica es cada vez mayor.

Antes de la abrupta liberalización del precio de las gasolinas, la inflación en México no era un problema. Como puede observarse en la gráfica, en el año 2016 la inflación promedio se ubicó en 2.82 por ciento, cifra que se encuentra dentro del objetivo del Banco de México que es un intervalo de más y menos 3 por ciento.

En ese mismo año, tanto el componente subyacente (que es la considera los bienes cuyo precio no fluctúa de manera estacional o que son administrados por el gobierno, y que sirve como guía para la toma de decisiones de política monetaria), como la no subyacente se ubicaban incluso por debajo de la inflación general.

Sin embargo, tal y como se observa en la gráfica, a raíz de la adelantada liberación de precios de los combustibles, la inflación se salió del objetivo de nuestro banco central promediando 6 por ciento en 2017 producto de la inflación de los energéticos.

Incluso la inflación subyacente, se salió de la banda de 3 por ciento promediando 4.68 por ciento en ese año, y la inflación no subyacente se disparó a niveles de dos dígitos.

Es prudente señalar que las presiones inflacionarias en estos días no solo provienen del aumento en el precio de los combustibles, sino que el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar de Estados Unidos de América se ha depreciado considerablemente, al tiempo de que la Reserva Federal (FED) de aquél país decidió normalizar su política monetaria, y hemos visto un proceso de aumento en las tasas de interés tanto en México, como en nuestro vecino del norte.

Adicional a lo anterior, nuestro país entró en un proceso de incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que también ha impactado negativamente en el tipo de cambio generando presiones inflacionarias en nuestro país.

Por lo anterior, el Banco de México también decidió implementar una política monetaria restrictiva siguiendo a la FED, con la finalidad de que las expectativas de inflación de largo plazo no se alejaran del objetivo anteriormente mencionado.

Como resultado de los factores y decisiones anteriores, tenemos las siguientes repercusiones:

1. Presiones inflacionarias no observadas desde hace más de dos décadas, situación que golpea en ingreso de los mexicanos, especialmente a la clase media.

2. Un aumento significativo en la recaudación de IEPS de diésel y gasolinas que ha llegado incluso a niveles cercanos a los 300 mil millones de pesos.

3. Aumento en las tasas de interés.

4. Crecimiento económico mediocre que no sale de su tendencia promedio de los últimos 20 años.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha intentado remediar en alguna medida el duro golpe que ha causado a los consumidores, estableciendo un calendario de precios máximos y subsidios focalizados en el IEPS de combustibles, pero el objetivo de aliviar la escalada de precios ha resultado completamente un fracaso.

En Acción Nacional nos manifestamos a favor del libre mercado y de la competencia económica, de ahí nuestro apoyo total a la Reforma Energética. En lo que no estamos de acuerdo es en las medidas abruptas e insensibles de la SHCP que no consideran el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Creemos que las acciones que deben tomarse para aminorar el impacto de los precios internacionales y el tipo de cambio, debe ser una reducción del cincuenta por ciento en las cuotas fijas que se cobran por concepto de IEPS en los combustibles fósiles y no fósiles previstos en la fracción I, inciso D del artículo 2o. de la Ley del IEPS que actualmente prevé lo siguiente:

“Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a C) ...

D) Combustibles automotrices:

...

...

E) a J) ...”

Nuestra propuesta es responsable porque no contempla un subsidio a los combustibles, sino que consiste en una reducción del impuesto que reduciría el nivel del precio actual, permitiendo que el mercado siga regulando el precio en las condiciones actuales.

La tabla anterior muestra los precios promedio observados en 2017 y 2018 hasta el mes de julio. La tercera columna representa el promedio de los precios de 2018 si la tasa de IEPS de combustibles que se propone hubiera entrado en vigor el 1 de enero del año en curso.

Como se podrá notar, de 2017 a 2018 los precios de las gasolinas Magna y Premium aumentaron 11.6 por ciento y 9 por ciento en promedio respetivamente, mientras que el diésel se incrementó 11 por ciento, pero de haberse aprobado la reducción en cincuenta por ciento al IEPS previsto en la fracción I, inciso D del artículo 2° de la Ley del IEPS, y entrado en vigor el 1 de enero del año en curso, los precios de los tres combustibles se hubieran reducido y con ello la presión inflacionaria proveniente de este rubro.

Diversos legisladores han manifestado su preocupación en este tema. Ejemplos de ello son los siguientes:

– El 28 de febrero de 2017, se presentó en el Pleno de la H. Cámara de Diputados, por parte del Diputado Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 2, fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a. b. y c., 2, fracción I, inciso H), numeral 3, y 2-A, fracciones I, II y III, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El legislador menciona: “Como podemos ver la carga tributaria al precio de los combustibles es enorme, y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta H. Cámara de Diputados no somos indiferentes ante las lascivas cargas tributarias que tienen los ciudadanos, razón por la que hace unos meses presentamos las acciones que emprenderemos para fortalecer la economía de las familias, con la finalidad de generar crecimiento y desarrollo económico, dentro de las cuales se contempla disminuir en un 50 por ciento la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al precio de las gasolinas. ”

Por último, propone: “...que se disminuyan al 50 por ciento todas las contribuciones que se tienen que pagar por mandato de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para eliminar la manga ancha que se le da a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para modificar a su antojo el precio de los combustibles.”

– El 5 de enero de 2017, se presentó en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por parte de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 2o., fracción I, inciso D) y el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Los Senadores señalan que: “El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco, las bebidas embriagantes, los refrescos y bebidas azucaradas, etcétera, para desincentivar su consumo. Evidentemente, las gasolinas, el diésel y otros combustibles fósiles derivados del petróleo no encuadran en este tipo de bienes, por tratarse de insumos básicos para los medios de transporte, y uno de los factores de mayor impacto en la inflación de los precios de productos y servicios.”

Mencionan que: “El impuesto aplicado a las gasolinas ha sido uno de los principales ingresos que han servido de soporte a las finanzas del gobierno federal; tan sólo en año 2016 se recaudaron más de 140 mil millones de pesos, lo cual nos permite saber mediante un simple cálculo que los ingresos para el sector público con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos para este año será de alrededor de 300 mil millones de pesos.”

– El 9 de febrero de 2017, se presentó en el Pleno de la H. Cámara de Diputados, por parte de la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a. b. y c.; artículo 2 fracción I, inciso H), numerales 3 y 5; artículo 2-A fracciones I, II y III; todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La legisladora menciona que: “... dado que la finalidad del Estado es alcanzar el bienestar y felicidad de sus gobernados, y es obvio que no lo hemos logrado, como parte integrante del Poder Legislativo y representante del sentir de todos los ciudadanos mexicanos a los que me debo, es que vengo a plantearles a todos Ustedes compañeros legisladores, Iniciativa de Reforma con la intención de abreviar en un cincuenta por ciento (50 por ciento), la formula aplicable a las gasolinas con respecto al IEPS.”

Y concluye diciendo que: “Como consecuencia, se reduciría el costo final para el consumidor en gasolinas e hidrocarburos, reduciríamos la ascensión del incremento en los precios y la espiral inflacionaria; conteniendo así el enfado e irritación general de la población, estableciendo políticas fiscales con visión social.

– El 11 de enero de 2017, se presentó en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por parte del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez y la Diputada Norma Rocío Nahle García, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos y reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas y al diésel.

En dicha propuesta se señala que: “para evitar mayores afectaciones a la población, se requiere que la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios reconozca la posibilidad de reducir el monto de las cuotas que se cobran al consumidor, tomando en cuenta que a pesar de que durante 2016 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público otorgó estímulos fiscales, la recaudación por IEPS alcanzó niveles extraordinarios y hasta noviembre el IEPS a las gasolinas, ya había aportado 263 mil 545.6 millones de pesos, 25.8 por ciento más que los 209 mil 386 millones de pesos estimados para todo el año. Es decir, para el cierre del año ese impuesto habrá favorecido sustancialmente las finanzas públicas.”

– El 17 de enero de 2017, se presentó en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por parte de la Diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso d) y los numerales 3 y 10, del inciso h), y deroga el numeral 5 del inciso h) de la fracción I del artículo 2 recorriéndose los subsecuentes, y el artículo 2-A todos ellos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La diputada menciona que: “El aumento reciente en los precios de los Combustibles Automotrices, originado principalmente en la Reforma Energética, además de los nuevos aumentos que vendrán en los próximos meses, están provocando una situación inflacionaria sin precedente en los últimos años, afectando gravemente la economía de las familias mexicanas. La economía de un país se sostiene del gasto familiar y no del gasto del gobierno que por sí mismo es incapaz de generar crecimiento económico, máxime con la serie de errores que el actual gobierno ha venido teniendo y ante las dudas en la población sobre el buen manejo de los dineros públicos. Por lo cual nos parece acertado que el Gobierno Federal sacrifique una parte de sus ingresos con la finalidad de obtener un bien mayor que es el bienestar de las familias mexicanas, pues teleológicamente la razón de ser de un Estado es la búsqueda del bien común de su pueblo.”

Es claro que la mayoría de las voces en el Congreso de la Unión coinciden en la inminente necesidad de velar por los ingresos de las familias mexicanas. Por lo que resulta imperativo que sea el nuevo Gobierno Federal, el que escuche la pluralidad del Congreso de la Unión y no sea omiso en otorgar un alivio a los bolsillos de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos a, b, y c; así como el numeral 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I...

A) a C)...

D) Combustibles automotrices:

...

...

E) a J) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_ 3534295_20170427_1488314262.pdf

2 http://sil.gobernacion.gob.rnxlArchivoslDocurnentos/2017/01/asun_ 3473712_20170111_1484157096.pdf

3 http://sil.gobernacion.gob.rnxlArchivoslDocurnentos/2017/01/asun_ 347 4946_20170117 _1484677170.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2018.— (Rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»

«Los suscritos, senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso D), fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Exposición de Motivos

1. Durante los últimos seis años, en México, los precios de las gasolinas se incrementaron en más de un 80 por ciento. Para los consumidores el costo de los combustibles prácticamente se duplicó, pues mientras en diciembre del 2012 por cada litro de gasolina Magna pagaban 10.81 pesos, ahora, en el mes de agosto del 2018 pagan 19.39 pesos, lo que representa un incremento de 79 por ciento. A su vez, la gasolina Premium pasó de 11.37 pesos por litro a 20.89, lo que representa un incremento de 84 por ciento y el diésel pasó de 10.90 pesos a 20.09, aumentando también un 84 por ciento. Así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, en promedio el precio de las gasolinas en nuestro país aumentó un 82 por ciento.

Para contextualizar el impacto del aumento de las gasolinas en la economía cotidiana de las familias mexicanas, se ilustra cómo mientras en diciembre de 2012 con el salario mínimo diario (62.33 pesos) se podían comprar 5.8 litros de gasolina magna, para agosto de 2018 con el salario mínimo de 88.36 pesos diarios, solo se compran 4.7 litros, es decir alcanza para menos combustible, un litro menos.

Este dato cobra relevancia al considerar que para la generalidad de las familias mexicanas los altos costos de transporte representan un importante porcentaje del gasto de sus ingresos como se constata en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 donde se muestra que en México, el gasto familiar que se destina a transporte y comunicaciones representa el 19.3 por ciento de sus ingresos totales, monto sólo superado por el gasto que las familias destinan para alimentación y bebidas, rubro que absorbe el 35.2 por ciento de sus ingresos, y mucho más alto que el tercer rubro al que las familias destinan sus ingresos: educación y esparcimiento, que representa el 12.4 por ciento, o el cuarto rubro de gastos de vivienda que representa 9.5 por ciento.

En contraste, con base a datos compilados por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el semanario británico The Economist elaboró una infografía que muestra cómo gastan los hogares de Australia, Canadá, los 28 países miembros de la Unión Europea, India, Japór., México, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Estados Unidos. De todos los países incluidos, México es el país donde las familias gastan más en transporte. En la siguiente tabla se puede observar el incremento de las gasolinas en México entre 2012 y 2018, así como su relación con el salario mínimo.

II. El artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece el monto de las cuotas grava bies por litro a los combustibles automotrices, disponiendo lo siguiente:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: ...

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles/cuota/unidad de medida

a. Gasolina menor 092 octanos/ ( 4.59) pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos/ ( 3.88) pesos por litro.

c. Diésel/ ( 5.04) pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles/ ( 3.88) pesos por litro.

Nota: Cuotas del inciso D) actualizadas por Acuerdo 136/2017 publicado en el DOF 29-12-2017

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

El 27 de diciembre de 2016, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para establecer estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, lo que se traduce en el cobro menor a la cuota establecida en el artículo 22, fracción I, inciso D), de la Ley del IEPS, con la finalidad de reducir el precio de la gasolina.

El primer acuerdo por el que se dispuso la reducción de cuotas, estuvo vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017. A partir de entonces, y hasta la fecha, se han publicado sucesivamente decretos semanales, ajustando las cuotas considerando la fluctuación y la cotización del dólar como uno de los determinantes del precio de referencia internacional de las gasolinas, como se observa en los siguientes cuadros que muestran el promedio de cuotas establecidas durante el presente ejercicio fiscal 2018 y su reducción porcentual y absoluta en pesos:

III. En México el precio de las gasolinas se liberó desde el 30 de noviembre de 2017, por lo que el gobierno ya no determina sus precios por decreto sino que el precio se ajusta en función del mercado internacional con base al precio de referencia del petróleo, así como a factores nacionales asociados a los costos de distribución, comercialización y el cobro de impuestos. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, los factores que determinan el costo final por litro para los usuarios son los siguientes:

Precio de las gasolinas en México: = 1) Precio Internacional de Referencia + 2) Costos de Distribución por región +3) Margen de comercialización + 4) Impuestos: IEPS e IVA

De lo anterior se desprende que uno de los cuatro componentes que determinan el precio de las gasolinas, corresponden a impuestos: IEPS e IVA, cuyas cuotas incrementan el precio final pagado por los consumidores, como se ilustra con a través de los siguientes cuadros:

Como se observa, aun con el IEPS reducido, el 30 por ciento del precio de las gasolinas en México se debe a los impuestos que se cobran por su consumo, por lo que para fortalecer los ingresos de las familias mexicanas, a través de la presente iniciativa, se propone eliminar el IEPS a las gasolinas.

IV. Con la finalidad de fortalecer la economía de las familias mexicanas, particularmente en el rubro de transportes, al que destinan aproximadamente una quinta parte de sus ingresos y que dicho rubro se encuentra asociado a la movilidad para asistir a la escuela o al trabajo, se propone reducir el impacto que el IEPS representa en el precio final de cada litro de combustible, fortaleciendo también la productividad y reduciendo presiones inflacionarias asociadas al comercio y transporte de mercancías.

Para ello, se propone eliminar las cuotas establecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

V. Finalmente, es pertinente señalar algunos aspectos relativos al impacto de esta propuesta en las finanzas públicas. Para ello, vale la pena resaltar que entre los años 2015 y 2017 el gobierno federal recaudó 634 mil millones de pesos por concepto de IEPS a las gasolinas, lo que significó un 42 por ciento más de lo estimado en las Leyes de Ingresos de esos años; en términos absolutos, la sobrerrecaudación durante ese periodo fue de más de 185 mil millones de pesos. Aunque es cierto que esta tendencia comenzó a desacelerarse desde 2017 y que para 2018 no se proyecta concluir con recursos excedentes recaudados por este concepto, también es cierto que existen condiciones para ajustar la cuota del IEPS a las gasolinas y con ello revertir el gasolinazo, porque, como lo señalan los “Pre­criterios” de política económica publicados por la SHCP, por un lado, se espera que incremente la producción mundial de combustibles y, por otro lado, no se espera que exista una modificación sustancial en el tipo de cambio. Estos dos factores indican que no hay riesgos externos inminentes que apunten hacia un incremento en los precios de las gasolinas, de modo que es viable estudiar y discutir una reducción en las cuotas del IEPS a las gasolinas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el inciso D), fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se deroga el inciso D), fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. [...]

I [...]

A) [...]

B) [...]

C) [...]

D) Derogado.

E) a J) [...]

II. [...]

III. [...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Pág. 24. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc /2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf

2 “How countries spend their money”, The Economist, Sep 14th 2015

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-9

3 Diario Oficial de la Federación. 29 de diciembre de 2017.- Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505 &fecha=29/12/2017

4 Con base a los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por el que se dieron a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, correspondientes a la primera semana de cada mes del presente ejercicio fiscal 2018. DOF 29-12-2017 Acuerdo 142/2017; DOF 02-02-2018 Acuerdo 12/2018; DOF 02-03-2018 Acuerdo 23/2018; DOF 23-03-2018 Acuerdo 31/2018; DOF 27-04-2018 Acuerdo 41/2018; DOF 01-06-2018 Acuerdo 55/2018; DOF 27-07/2018 Acuerdo 76/2018.

5 SHCP, Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pre-Criterios 2019.

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/ docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2019.PDF

México, a 4 de septiembre de 2018.— Senadores: Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, José Ramón Enríquez Herrera, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Honorable asamblea, esta Mesa ha sido notificada del fallecimiento del diputado federal electo en el distrito tercero del estado de Yucatán, quien falleció el 5 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Solicito a todos los presentes que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero electo Roger Hervé Aguilar Salazar, quien falleció el pasado 5 de septiembre del año en curso.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz nuestro compañero Roger Hervé Aguilar Salazar. En consecuencia, llámese al suplente.



PROPOSICIONES DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proposición de acuerdos de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos sucedidos en la UNAM.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con relación a los hechos de violencia suscitados el pasado 3 de septiembre, en la Universidad Nacional Autónoma de México

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de violencia suscitados el pasado 3 de septiembre, en contra de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las inmediaciones de la explanada de la Rectoría y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía universitaria, se pronuncia a favor del diálogo entre autoridades de nuestra máxima casa de estudios, la comunidad estudiantil y universitaria en general, para encontrar una solución adecuada a sus demandas, procurar la seguridad y la integridad de todos, detener la violencia y garantizar la libre manifestación de los estudiantes.

Tercero.Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que agilice las investigaciones que conduzcan a la sanción de los responsables, materiales e intelectuales, de estos hechos de violencia, otorgando todas las facilidades para que las autoridades universitarias y, en su caso, las víctimas colaboren con la indagatoria. Asimismo, a que coadyuve con las autoridades universitarias, respetando la autonomía de la institución, para la identificación de los integrantes de los llamados grupos porriles y sus objetivos, adoptando las medidas conducentes para su desarticulación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Se han inscrito para hablar sobre el tema, las y los siguientes diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos. Por el Partido Verde Ecologista mexicano, el diputado Antonio Gómez Alcantar. Sírvase tomar la palabra.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el día de hoy me presento ante esta tribuna en representación de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, con el objeto de hablar sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, y que además de dejar como saldo varios estudiantes de la Universidad heridos, algunos de ellos de gravedad, evidenciaron que en la actualidad siguen existiendo grupos ajenos a los intereses de las instituciones de educación media superior y superior, que generan hechos de violencia e intimidan a los miembros de la comunidad estudiantil, siendo objeto de extorsiones y de intimidaciones.

Los hechos que derivaron con los actos de violencia del pasado 3 de septiembre tienen como antecedente inmediato las protestas surgidas dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, en donde demandaban el cumplimiento de diversos puntos de un pliego petitorio en el cual, entre otras cosas, pedían que no se incrementaran las cuotas escolares; personal docente suficiente; el respeto de las áreas para la expresión cultural; el que garantizaran condiciones de seguridad al interior y exterior de los planteles educativos, y la destitución de la directora del plantel educativo.

Derivado de lo anterior, en fechas posteriores, una vez que se determinó por parte de los estudiantes la suspensión indefinida de las actividades escolares en el CCH Azcapotzalco, a causas de ataques sufridos días previos por grupos de porros, se convocó a una manifestación pacífica el 3 de septiembre en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde darían lectura y harían entrega de su pliego petitorio, además de hacer sentir dentro de sus demandas la generación de condiciones de seguridad para la población estudiantil, que se vio vulnerada —entre otros hechos— por el asesinato de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, Miranda Mendoza Flores, ocurrido el pasado 21 de agosto.

Sin embargo, el día 3 de septiembre, al arribar a la Rectoría de la UNAM, el grupo de estudiantes ya era esperado por grupos de porros quienes causaron lesiones de gravedad a varios alumnos, logrando interrumpir la manifestación pacífica de los estudiantes, haciendo evidente la necesidad de erradicar este tipo de actos violentos de la dinámica institucional dentro de los planteles educativos de la UNAM.

Es derivado de estos hechos reprobables, que el Partido Verde se suma al sentir de la comunidad estudiantil y grupos parlamentarios que integran esta legislatura. Hacemos propio con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Rechazamos de manera rotunda los actos de violencia dentro de la máxima casa de estudios. Nos pronunciamos para que se fortalezca el diálogo entre autoridades y estudiantes para encontrar una solución adecuada a las demandas presentadas por la asamblea estudiantil.

Nos solidarizamos con las víctimas y los familiares de estos lamentables acontecimientos y en pleno respeto de la autonomía universitaria, solicitamos a la Universidad Nacional Autónoma de México y a las autoridades competentes en la materia, contribuir al esclarecimiento de estos hechos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pase a la tribuna la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez:Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Reconozco la consideración de la Junta de Coordinación Política, al darle trámite e interés, así como por permitir traer a la discusión esta iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del PRD, la cual obedece a un tema que ha sensibilizado a la sociedad.

Como estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas y como alumna de la Unidad Académica de Filosofía, como mexicana, como joven y con la responsabilidad que me confiere el cargo que ahora represento, consciente de que debemos ser partícipes en hacer realidad el derecho universal a la educación de calidad, subo a esta tribuna para solidarizarme con la Universidad Nacional Autónoma de México, con Joel Sebastián Meza García, con Emilio Alejandro Aguilar Sánchez y con todas las víctimas y familiares ante los inadmisibles actos de represión y violencia del pasado lunes 3 de septiembre.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que es de urgente necesidad que las diputadas y los diputados de esta Cámara, así como los senadores de la República nos pronunciemos a favor del diálogo entre autoridades y estudiantes para buscar solucionar los problemas de manera conjunta y castigar a los responsables materiales e intelectuales de la agresión suscitada en días pasados, así como una amplia investigación para indagar sobre los grupos porriles y si su manera de actuar obedece o no a intereses de las universidades o de autoridades universitarias.

Los problemas graves por los que pasan la mayoría de las universidades públicas de México son, en su mayoría, ocasionados por la falta presupuestal. Teniendo en cuenta que la educación es el arma más poderosa para poder generar verdaderos cambios y modificar el rumbo de nuestro país, es indispensable que las instituciones responsables de la educación pública en México atiendan el llamado urgente, se pronuncien y actúen a favor de un incremento sustantivo en el presupuesto federal.

Es necesario que se genere un diálogo abierto y de manera permanente con los rectores de las universidades, autoridades académicas y maestros, con el objetivo de conocer y atender las demandas presentadas por las asambleas estudiantiles, así como las necesidades que enfrentan en materia económica y prevenir hechos como los del pasado lunes.

Mexicanas, mexicanos, ante los dichos es necesario que no solo nos solidaricemos, invito a que apoyemos y actuemos en favor de las exigencias justas que promueven el mejoramiento de la calidad de la educación pública, de la vida estudiantil y de la seguridad e integridad en los centros académicos.

Desde esta tribuna hago el llamado a las autoridades universitarias, población estudiantil y sociedad en general, para que exijamos a las instituciones justicia pronta y expedita.

Convoco a que desde ahora busquemos un acuerdo parlamentario para generar un presupuesto 2019 acorde a las demandas de la educación pública en México, pues debemos reconocer que existe una grave crisis financiera en las universidades públicas.

Como legisladores, debemos promover la realización de un foro nacional en el que se convoque a todos los rectores, cuyo objetivo sea que se incrementen los presupuestos universitarios para así transitar y lograr recursos necesarios para la educación pública, y con ello mejorar la calidad de la enseñanza, de la seguridad de los estudiantes, de las instalaciones de los recintos universitarios y generar el incremento de la matrícula estudiantil.

Desde este espacio solicito se ponga a consideración a la Junta de Coordinación Política, la propuesta de la creación de una comisión para darle seguimiento a este tema. Propongo esta petición sea incorporada al resolutivo.

La LXIV Legislatura debe abrir las puertas a las universidades públicas para que la falta de recursos no sea motivo de conflicto ni de actos de violencia.

En la Cámara de Diputados y en el PRD rechazamos permanentemente toda expresión de violencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Gracias, presidente. Distinguida asamblea, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hace un pronunciamiento enérgico en favor de la demanda de miles de estudiantes universitarios que el día de ayer se manifestaron en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto, a la demanda de todos los universitarios, no solamente de esa casa de estudios sino de todo el país, para que en todas las instituciones, pero en particular en la UNAM, se esté libre de grupos porriles y de actos violentos y se garantice plenamente la seguridad de los universitarios para la realización de sus actividades de carácter académico.

No es posible que a estas alturas y en estos tiempos sigan existiendo grupos porriles y actos violentos que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se pronuncia por expresar su respaldo a las autoridades de la UNAM, encabezadas por el rector Enrique Graue, a fin de que, en el marco de la autonomía universitaria, realice las investigaciones al interior de la propia casa de estudio para saber si hubo omisión o algún tipo de situación que deba ser sancionada.

Así también, aprobar la propuesta de diálogo que el día de ayer expresaron las autoridades universitarias en la Rectoría, para que en una mesa de diálogo las autoridades y los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades puedan abordar los temas del pliego petitorio y que estos puedan tener un cauce de solución de carácter institucional.

Así también, Movimiento Ciudadano se pronuncia porque las autoridades combatan a los grupos porriles y a quienes los protegen en cualquier lugar. Sea aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México o en cualquier otra entidad de la República.

La crisis de seguridad pública que está viviendo nuestro país sin duda ha afectado a las instituciones de educación superior. El impacto que estas han sufrido y el deterioro dentro de los campos, aprovechando el estatus de autonomía por parte de grupos delictivos, han generado que en estas instituciones se presenten actos de feminicidio u otras actividades de carácter delictivo, sin que puedan en todo momento las autoridades hacer frente solas ante estos hechos.

Por eso hacemos un llamado a las autoridades de la UNAM para que, en conjunto con las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, puedan enfrentar estos hechos de violencia y por supuesto dotar de todo tipo de medidas de seguridad para que la comunidad universitaria realice sus actividades académicas en plenitud.

Quisiera, estimado presidente, solamente sugerir que en el último párrafo que fue leído por la Secretaría, además de mencionarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, también se incluya a la Procuraduría General de la República en las investigaciones para que rápidamente se pueda proceder a la sanción de los responsables y dar una respuesta que merece y que desea la comunidad universitaria de la UNAM. ¡Vivan las universidades públicas del país y viva su trabajo académico en paz! Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores:Con el permiso de la presidencia. A la sociedad mexicana, a las compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta Honorable Cámara de Diputados manifiesta su más enérgica condena e indignación ante los actos represivos y brutales ataques perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de nuestra máxima casa de estudios, quienes de manera pacífica expresaban sus demandas e inconformidades en las instalaciones de Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre.

Testimonios, videos y fotografías tomadas por estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM revelan que los estudiantes fueron atacados con total alevosía por grupos porriles armados con piedras, cohetones, bombas molotov y armas punzocortantes.

Las agresiones porriles fueron movilizadas hacia Rectoría con el único interés de inhibir el derecho a la libertad de expresión y asociación, así como generar repudio hacia la protesta social, ya que tiene como función polarizar la opinión pública presentando a los jóvenes estudiantes como los responsables de actos vandálicos y violentos.

La UNAM ha reconocido que los agresores pertenecen a los grupos 32 del CCH Azcapotzalco, el grupo Tres de Marzo del CCH Vallejo, la Federación de estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos.

Exigimos que los delincuentes que participaron en los ataques sean puestos a disposición de las autoridades competentes y que paguen por sus crímenes. No es suficiente con expulsarlos de la UNAM.

Las y los legisladores del PT estamos profundamente consternados por el secuestro y asesinato de la joven Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH Oriente, lamentablemente una víctima más de la violencia extrema e inseguridad que impera en nuestro país.

Exigimos enérgicamente que se investigue y castigue de manera contundente a los responsables de tan vil asesinato. Levantamos la voz en este recinto legislativo. No más mujeres asesinadas. Ni una más.

Asimismo, manifestamos nuestra indignación por las brutales agresiones que sufrieron los estudiantes Emilio Aguilar Sánchez y Joel Mendoza García, quienes sufrieron traumatismos y lesiones que pusieron su vida en grave peligro. Acompañamos a las familias de todos los estudiantes agredidos durante estos actos de barbarie y les reiteramos nuestra absoluta solidaridad y apoyo.

Desafortunadamente estos no son hechos aislados, ya que desde los años 50 hemos sido testigos de la infiltración de pseudoestudiantes en los espacios académicos donde fungen como grupos de choque para provocar disturbios sociales y criminalizar las expresiones de disenso.

Repudiamos tajantemente dichas manifestaciones de violencia y exhortamos a las autoridades pertinentes a tomar acciones inmediatas para investigar y someter las acciones a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos grupos criminales.

Las y los legisladores del PT no vamos a permitir ningún tipo de violencia o represión en contra de los estudiantes mexicanos. Fuera los porros de todos los espacios académicos del país.

El Poder Legislativo tiene el compromiso ineludible de tutelar y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, así como proteger la protesta social como un medio legítimo para canalizar las demandas, la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad de los ciudadanos en un estado social y democrático de derecho.

El derecho a la protesta integra los derechos constitucionales de libre expresión, reunión, asociación, petición y libre manifestación de las ideas. Como representantes de la nación estamos obligados a generar las condiciones democráticas y constitucionales para que los derechos humanos se ejerzan de manera plena en un ambiente de pluralismo, seguridad y tolerancia, no obstante, en nuestro país prevalece un ambiente de impunidad endémica que facilita y motiva la repetición de actos de intimidación, represión y provocación, como los del pasado 3 de septiembre.

Por eso es imprescindible sancionar el poder coactivo del sistema autoritario heredado desde los lamentables hechos del 68. ¡Libertad y seguridad y vida para todos nuestros estudiantes! ¡Justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa! Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo De la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social.

El diputado Ricardo De la Peña Marshall:Con la venia de la presidencia. Honorable asamblea, este día todos nos estamos rasgando las vestiduras por lo que ha sucedido en la UNAM, pero hasta este momento no he escuchado a ningún orador en esta tribuna, que haya hablado de por qué estamos metidos en este problema.

Y es que la verdad lo que estamos viendo y viviendo es consecuencia de la desintegración social que vivimos los mexicanos, es consecuencia de esta desintegración porque se ha empujado por la imposición de modelos educativos y sociales totalmente diferentes a nuestra idiosincrasia.

Nuestra máxima casa de estudios, la universidad de la nación, es piedra angular de los saberes de nuestro país, y a través de sus colegios, centros, unidades, escuelas, facultades e institutos, recrea el conocimiento en libertad que configura y reconfigura el tejido social, el que no debería nunca lesionarse ni erosionarse.

Es por eso que es tan trascendente poner atención en estos asuntos. La investigación, docencia y difusión, tareas propias del quehacer universitario sirven a la sociedad y consolidan a nuestro país, cuya mayor riqueza radica, justamente, en su diversidad, la que hoy tenemos representada aquí también, elementos que necesitamos aprovechar para abonar a la cohesión social, no para dividir.

Es un momento, es un momento de coyuntura que debemos aprovechar. La Universidad Autónoma de México, la UNAM, la Universidad Nacional tiene desde 1551 funcionando como tal, como una institución que lleva a la cultura, que lleva a la identidad y que nos fortalece a todos y cada uno de los mexicanos.

Casi 500 años que podemos echar por la borda. Estamos dispuestos a correr el riesgo, a cubrir el costo de perder la principal institución educativa de este país. Hay que decir que desde Encuentro Social postulamos que la indignación ética, que la injusticia y la desigualdad deben encontrar los canales de expresión no violenta y que todos los actores y fuerzas políticas representadas en el Congreso tenemos que llamar a la reconciliación nacional y darle la espalda a quienes buscan la división, el encono y la discordia.

Y como les decía, casi 500 años de la UNAM nos va a llevar ¿a qué? A la refundación de esta Universidad en 1910 y a su consolidación con el alcance de la autonomía en 1929.

Pero los focos rojos se han encendido, falta menos de un mes para la conmemoración de los 50 años de la noche de Tlatelolco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, les decía, a cubrir el costo político de lo que hoy está iniciando como un simple reflejo de muchas fuerzas políticas que se hacen oír en la UNAM y en muchas otras instituciones de educación del país.

Por eso les conmino, compañeros diputados y diputadas, les conmino a que desde cada uno de nuestras curules y de nuestros distritos empujemos para que tomemos la responsabilidad social que tenemos como ciudadanos, pero sobre todo como padres de familia.

Nadie ha hablado de los valores, de la identidad, de la fuerza nacional que se ha ido perdiendo con estos modelos que se han traído del extranjero, con estos modelos que se nos han impuesto en el consumismo, en los valores y en el socavamiento de la identidad propia de nuestro México.

Por eso, desde Encuentro Social pedimos que se recupere a la UNAM y que se les quite la Universidad a los delincuentes, porque somos más y mejores que ellos. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI se solidariza con las y los estudiantes que resultaron heridos en los lamentables sucesos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado lunes.

Ante esta soberanía rechazamos y condenamos estos hechos, así como todo acto de violencia y pandillerismo en contra de la comunidad estudiantil de cualquier universidad. No existe ninguna justificación para este tipo de comportamiento que pone en riesgo la integridad física e incluso la vida de las personas.

Instituciones como la UNAM son recintos donde debe imperar la paz, el intercambio de ideas, el entendimiento y la libertad de expresión. Tanto en las aulas como en las inmediaciones de las universidades, la violencia no debe tener cabida ni mucho menos ser tolerada.

Nuestra máxima casa de estudios es parte fundamental de la historia que tenemos como nación, y ha sido clave para el desarrollo económico, político y social de nuestro querido México. Por sus aulas han pasado mujeres y hombres destacados en el ámbito científico, tecnológico, cultural y deportivo, que con sus aportaciones han contribuido a la grandeza de nuestro país.

La vida en la UNAM no debe estar sujeta a intereses externos que pongan en riesgo su funcionamiento institucional y educativo.

En el pasado proceso democrático, las y los mexicanos dimos muestra de la civilidad política y madurez democrática. Esta es nuestra oportunidad para reafirmarlo.

Hacemos votos para que en la máxima casa de estudios, junto con toda la comunidad universitaria, se retome pronto la normalidad de sus actividades, al igual que otras universidades públicas y sus estudiantes, y sea un ejemplo para resolver todo tipo de conflictos por la vía pacífica.

Somos, por supuesto, respetuosos de su autonomía. No obstante, no podemos ser omisos en manifestar nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia. Estamos convencidos que debe existir armonía y cooperación, a fin de crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la comunidad estudiantil.

Compañeras y compañeros legisladores, la UNAM es una institución histórica, que es referente nacional e internacional de la educación profesional y que nos llena de orgullo. No es tolerable la violencia, como tampoco lo es que se impida el desarrollo estudiantil en la universidad. Debemos asumir desde nuestro ámbito que la civilidad y la vía pacífica son los caminos correctos para resolver nuestras diferencias y nunca la cerrazón y mucho menos las agresiones físicas.

La violencia únicamente genera más violencia y trasgrede los derechos y las libertades que hemos consolidado como nación. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera:Con su permiso, presidente. En el PAN siempre hemos dicho que la universidad solo puede cumplir su misión en un ambiente de disciplina, de plena autonomía y de completa libertad. Es nuestra convicción que en una universidad se expresen las libertades y se erradique la violencia.

La universidad no puede ser un espacio donde se diriman los problemas a golpes o con armas. En la universidad siempre debe de privar la libertad, el respeto, la inclusión y la solidaridad.

Los estudiantes son el centro y mayor tesoro de cualquier universidad. Los estudiantes y la universidad son la esperanza que cualquier país tiene parar un futuro mejor. Cuando un estudiante o una universidad son agredidos, el futuro de todo un país también es agredido.

Joel Meza, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, fue uno de los jóvenes que fueron cobardemente agredidos el lunes pasado, por grupos porriles, mientras se manifestaba pacíficamente en el campus central de la UNAM. Fue apuñalado, estuvo a punto de perder un riñón, le cortaron la mitad de una oreja, de milagro salvó su vida.

No podemos aspirar a tener una mejor sociedad ni una sociedad fuerte si seguimos siendo testigos de estos hechos que lastiman lo más valioso que tiene un país, que son sus jóvenes.

Arturo Meza, padre del estudiante agredido, decía ayer en una entrevista, que su hijo constantemente lucha por tener un mejor país. Y es justamente en las universidades donde se construye la esperanza de tener un mejor México, es por eso que el Grupo Parlamentario del PAN condena enérgicamente los hechos violentos ocurridos en la UNAM.

Exigimos el total respeto a la libre manifestación de las ideas y exigimos que se erradique, de una vez por todas, los grupos porriles dentro de la UNAM. La autonomía universitaria no puede ser sinónimo de impunidad, la autonomía no puede ser sinónimo de actuar fuera de la ley.

La UNAM es una de las universidades más importantes de nuestro continente, es orgullo de nuestro país. Ha sido cuna de líderes destacados en todos los rubros de la sociedad y en todas las partes del mundo. Ni la UNAM ni nuestro país merecen un episodio más como el del lunes pasado.

Exhortamos a las autoridades judiciales a dar seguimiento puntual de las denuncias presentadas por las autoridades universitarias, para el esclarecimiento y sanción de los responsables de los hechos violentos del lunes pasado, y expresamos toda nuestra solidaridad con la comunidad universitaria y llamamos a las autoridades académicas y de gobierno a que garanticen la integridad de alumnos, maestros, padres de familia y comunidad universitaria dentro y fuera de los planteles.

Hacemos un llamado al fortalecimiento de la coordinación entre autoridades académicas y de gobierno, para la prevención y erradicación de cualquier hecho delictivo que se esté suscitando dentro y fuera de la UNAM.

Los jóvenes de la UNAM luchan todos los días por un mejor país, por superarse, por aprender. Tenemos que escuchar a esta juventud. Esta juventud no es una generación ingenua, y el movimiento que se suscitó el día de ayer es reflejo de lo que viven y de lo que sienten.

Si no hay educación no hay futuro. Si no hay educación no hay progreso. Si no tenemos educación no hay absolutamente nada.

La clave para que este país salga adelante se llama educación y no podemos permitir que nadie trate de amenazarla ni de violentarla. Ponemos todas nuestras capacidades para luchar por la educación. Si luchamos por la educación estaremos luchando por el país que tanto anhelamos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Brenda Espinosa López, del partido Morena.

La diputada Brenda Espinoza López:Con su venia, diputado presidente. Presidente, quisiera distraer su atención y a todos mis compañeros diputados y diputadas para solicitar que se conceda un minuto de silencio por la muerte de Miranda Mendoza, estudiante de primer semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fuera secuestrada el 20 de agosto al salir de la escuela, la cual fue encontrada y asesinada, su cuerpo calcinado al día siguiente porque sus padres no tuvieron dinero para pagar. Por lo cual, le solicito un minuto de silencio. De pie, por favor.



MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con todo gusto nos ponemos de pie, pero solamente el presidente puede solicitarlo. Le agradezco que me auxilie, por el dolor que siente.

(Minuto de silencio)

La diputada Brenda Espinoza López:Gracias. Los alumnos que salieron...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada, usted tuvo la iniciativa, pero faltan 47 segundos. Muchas gracias.

La diputada Brenda Espinoza López: Okey.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Les ruego tomar sus asientos.

La diputada Brenda Espinoza López: Gracias. Los alumnos que salieron a marchar ayer, antier y hoy en sus legítimas demandas de seguridad y los paros que se generaron en diversas facultades, preparatorias y CCH de la UNAM y de otras instituciones educativas son apenas el comienzo de la transformación de la vida pública de México.

Lo que vemos al día de hoy a nivel estudiantil es consecuencia del repudio en contra de la forma de gobierno, y de saber que el pueblo unido y organizado puede cambiar el rumbo de la nación. Esta, a la que muchos de los que están aquí sentados frente a mí, vociferan y lo dicen que la dejan en buen estado.

Por eso optaron por este cambio, porque ven otra realidad y, a su vez, apuestan a que el gobierno entrante falle en su encomienda. Faltan cuatro meses para que ellos se marchen y les solicitamos justicia.

Su encomienda fue por seis años y queremos resultados. Los jóvenes, los padres y la comunidad universitaria estamos cansados de falsos discursos y de dicotomías que llevan a la perversión, como si los estudiantes fueran moneda de cambio.

No, señores, nosotros estamos construyendo el país. No podemos permitir que hechos como el del día 3 de septiembre se vuelvan a repetir. Y sí, hay varias preguntas a las que se les tiene que dar respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes los mandaron? ¿Qué fin buscaban?

Parafraseando al rector Graue: se violentó la vida académica de la UNAM y pretendió inhibir la libertad de expresión. Pero, más aún, se atentó contra la vida de los estudiantes y se pretende desestabilizar la vida académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tanto ha aportado a la vida social, académica, democrática, cultural y en el desarrollo de todos los sentidos de esta gran nación.

Las y los ciudadanos tenemos tanto que agradecerle, no solo a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a las universidades estatales y a todas aquellas instituciones de educación pública y privadas. Desde aquí les decimos: Gracias. Ya no están solas.

Las y los diputados de Morena estamos con ustedes, al igual que el rector de la UNAM hacemos votos para el pronto restablecimiento de Emilio Aguilar Sánchez y Joel Meza García para su pronta recuperación. Asimismo, nos solidarizamos con la comunidad universitaria y desde la más alta tribuna de la nación pedimos justicia.

Señores diputados, la paz no se consigue con posicionamientos, tenemos que actuar. Por eso el día de hoy a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, solicitamos terminantemente a las autoridades correspondientes a actuar en consecuencia contra los responsables de tanta violencia que no solo en la UNAM, sino en todas las universidades y colegios del país ha sucedido. No más impunidad.

Solicitamos también que en todas las escuelas del país se redoblen esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar cualquier delito que en ellas se cometan. Son el semillero para que nuestro México progrese. Debemos protegerlos contra viento y marea. Aun en las peores tormentas sabemos que somos capaces de salir avante. La cuarta transformación debe ser pacífica y organizada. En Morena siempre privilegiaremos el diálogo.

Y termino diciendo: Esta tribuna regresará a ser la voz del pueblo. ¡Vivan los jóvenes, viva México! Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, Brenda. Vamos a la votación.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señor diputado? Estamos en votación, si me permite.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Sí. Solamente sugerí, propuse a la asamblea, si en el último punto del punto de acuerdo se agrega la petición, no solamente a la Procuraduría de Justicia del DF, sino a la Procuraduría General de la República. Como se va a someter a votación, solamente recordar, si es de autorizarse, que se haga esta adición por parte de la asamblea.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, esta modificación implica enviar por anticipado una solución por escrito. En virtud en que estamos en los primeros días de sesión, obsequiaremos su propuesta, pero le rogaríamos que enviara el escrito para subsanar el procedimiento. Consulte la Secretaría si se aprueba.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación económica. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo en votación económica. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, ciudadano diputado? Dígame.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Gracias. Dos cosas muy rápidas, diputado presidente. Primera. Solicitarle que el posicionamiento personal respecto del tema pueda ser insertado en el Diario de los Debates. Aquí tengo el documento para que el personal de Servicios Parlamentarios se lo pueda acercar.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del PT, solicito respetuosamente que sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates de la sesión ordinaria de esta fecha, mi intervención respecto de los acontecimientos recientes en la UNAM.

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente admitir e integrar la presente participación por escrito en el Diario de los Debates.

Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición, quedo de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.

Pronunciamiento sobre la situación en la UNAM

Compañeras diputadas, compañeros diputados: Yo quisiera comenzar expresando mi optimismo. Porque eso es lo que me inspiran las imágenes de ayer, al ver a cerca de 30 mil estudiantes, según cifras oficiales, unirse en una misma causa, que es la causa de su universidad.

Treinta mil estudiantes marchando para defender a su universidad, para defender y dar la cara por sus propios compañeros.

Treinta mil estudiantes que, después de los lamentables hechos de violencia acontecidos en Rectoría, salieron a responder con una marcha pacífica. Tan pacífica, que no cayeron en la provocación de un grupo porril, de esos que se ostentan como anarquistas, pero que en realidad son pagados por quién sabe qué intereses, cuya presencia fue una abierta y franca provocación a las y los estudiantes.

Pero ese es un movimiento motivado por convicciones, y una convicción justa puede más que cualquier vulgar provocación.

Lo de ayer no fue sólo una marcha, fue la manifestación de un auténtico movimiento estudiantil.

Y me llena de optimismo, porque ver a los jóvenes firmes y decididos, es una buena noticia en medio de todos los acontecimientos que dieron origen a esta protesta.

No me refiero únicamente a los lamentables hechos de violencia acontecidos frente al edificio de Rectoría, que pusieron en riesgo la vida de dos estudiantes, sino también al contexto de violencia e inseguridad que se registra desde hace tiempo en los planteles de la UNAM, en las prepas, en los CCH.

A la presencia de grupos porriles que han venido actuando como verdaderas organizaciones criminales.

Las autoridades universitarias han identificado ya a 18 de estos porros y esperamos que se actúe firmemente contra ellos. Con apego a la ley, pero con firmeza. Esperamos que se logre identificar a más para que se pueda proceder en su contra.

Y creo necesario también, que se investiguen los señalamientos en contra de autoridades universitarias y de integrantes de Auxilio UNAM, de mantener vínculos con grupos porriles. En el caso de Auxilio UNAM, como todos recordamos, han sido incluso exhibidos siendo omisos ante actos de violencia o ante la presencia de narcomenudistas en Ciudad Universitaria.

El rector Graue tiene ante sí un reto enorme. No sólo el de hacer frente a estos problemas de la mejor manera, erradicar a los grupos porriles y recuperar la seguridad de los planteles.

El gran reto del rector, es el de asumir el liderazgo ante los ojos de una comunidad estudiantil, que con o sin sus autoridades, ha decidido alzar la voz y actuar.

Desde aquí le decimos a él y a la comunidad universitaria, que cuentan con nuestro apoyo. No vacilaremos en respaldar a la UNAM en todo lo que esté a nuestro alcance.

Nos sumamos al rechazo a la violencia y les externamos nuestra absoluta solidaridad, en particular a los estudiantes que resultaron heridos y a sus familiares en su exigencia de justicia.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS



COMENTARIOS SOBRE LOS SISMOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya(desde la curul): Y otro asunto que he platicado con los coordinadores de los grupos parlamentarios, diputado presidente, el otro asunto también quiero poner énfasis. El día de mañana se celebra —no es dicha una celebración—, tendremos ya un año del terrible sismo del 7 de septiembre que azotó a estados como Oaxaca y Chiapas.

Nos parece, y lo he comentado con otros coordinadores parlamentarios, que lo mismo que ha sucedido hoy con el caso de la UNAM, pueda suceder en la próxima sesión para recordar lo que ha sucedido desde hace un año con los sismos que han dejado enormes cantidades de damnificados.

La propuesta es que la Junta de Coordinación Política pueda proponer un punto de acuerdo y que los distintos grupos puedan abordarlo. Me preocuparía mucho, lo debo decir, diputado presidente, que se tenga que esperar hasta el 19 de septiembre, donde hubo un segundo sismo. Eso sería como minimizar lo que pasa en el interior de nuestro país.

Por eso, la petición es que se pueda considerar para que en el orden del día de la sesión del martes se toque este tema, y por supuesto no dejar pasar este tema tan trascendental que no solamente dejó damnificados, sino también muertos.

Por cierto, lo he platicado con compañeros nuestros, diputados oaxaqueños de otros grupos parlamentarios y todos estamos de acuerdo. Así que es la petición, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, qué bueno que haga usted esta propuesta. Ya la Mesa estuvo sensibilizada de esta situación y de esta petición, y se propondrá al pleno, al terminar el debate, que haya una sesión sobre este tema, idéntica a la que celebramos hoy con motivo de los incidentes de la universidad.

Doy la palabra a los cuatro oradores, y lo hago no porque la reiteración sea buena, sino porque entiendo que desean levantar la voz de problemas que han ocurrido en sus estados y en sus distritos. Ha solicitado la palabra el diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena.

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda(desde la curul): Sí, gracias, diputado presidente. Vengo de Chiapas. Me solidarizo también con la situación de Puebla, de Oaxaca, Veracruz, Tabasco.

El 7 de septiembre del año pasado hubo 102 víctimas entre Oaxaca, Tabasco y Chiapas. En ese mismo sentido nos solidarizamos, pedimos el apoyo de todos los diputados de todo el país, porque en Chiapas fue un terremoto de 8.2, y verdaderamente el de ustedes o el de acá de la zona del centro del 19, de una u otra forma vino a complicar la situación y nos dejaron de atender.

Hay muchas familias aún durmiendo en el patio de sus casas, con mucho dolor se los digo a todos, compañero de todo el país. Con mucha tristeza he caminado y he recorrido y precisamente mi distrito, el distrito 10 con cabecera en Villaflores fue el más afectado de todos. Casas por miles se cayeron.

Allá se hacen las casas de una forma artesanal, casas de casi 100 años de construcción, de 80 años y cayeron como polvorón.

Por eso pido también, y me sumo a los compañeros de Oaxaca y Tabasco, y el 19, por supuesto, no podemos de dejar pasar la gran afectación que tuvo acá el Estado de México y Morelos también.

En ese sentido, señor presidente y gracias por este espacio, y que también tomemos puntos de acuerdo, acá los traigo y ya los pasé en su momento a la Secretaría para que sean revisados y atendidos, señor presidente. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, señor diputado ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El mismo objeto, diputado presidente, como dicen los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga. Perdón, diputado. Con mucho gusto le doy la palabra sobre el mismo el tema al terminar los tres que ya están inscritos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ah, muy bien. Ningún problema diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perfecto. Gracias. Tiene la palabra la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del PAN.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Pues en el mismo sentido quisiera también hacer un llamado a sumarse a este aniversario, porque será mañana un año en el que se estará cumpliendo este terrible acontecimiento en el estado, no nada más de Oaxaca, sino también efectivamente en Chiapas, un sismo de 8.2 grados, el más fuerte en los últimos 100 años en el país, y que dejó a muchísima gente afectada.

En el caso de Oaxaca fueron 33 municipios afectados y más de 110 mil inmuebles dañados y que aún se encuentran esperando su reparación. No podemos ser omisos y simplemente dar un carpetazo y dejarlo en el olvido. Estamos a un año y todavía hace falta mucho por hacer para reconstruir todos estos inmuebles dañados en Oaxaca.

Y también hay que pedir y hay que exigir transparencia sobre los recursos, el fondo público que hubo destinado para la reconstrucción de estos inmuebles y que no se ha sabido al 100 con claridad qué cosa es lo que ha sucedido. En su momento presentaremos un punto de acuerdo para lo mismo y, bueno, pues esperamos solidaridad de todo este pleno. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señorita diputada. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Partido Morena. Micrófono, por favor, al señor diputado.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala(desde la curul): Buenas tardes, señor presidente, con su venia. Nada más para completar aquí lo que los demás compañeros diputados han dicho acerca de lo del acontecimiento del día de mañana, del terremoto de 8.2 que azotó los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla. Pedirle que pudiera ser posible conceder un minuto de silencio ante este gran acontecimiento.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Preferimos, consultada la Mesa, que la solemnidad de este acto, el minuto de silencio se haga antes del debate que está proyectado. Muchas gracias. ¿Alguien quiere el uso de la palabra? Oí una voz. Miren, tengo dos solicitudes, tres.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): Señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Perdón, dígame para qué objeto.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): Efeméride.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, ahorita estamos discutiendo otro tema. Por favor. Habrá su momento.

Están inscritos además para este mismo asunto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, la diputada Rosalinda Domínguez Flores y el diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Como ya ha sido obsequiado el pedimento, no necesitamos hacer un punto de acuerdo. Convocaremos, por instrucción de la Mesa, estará en la agenda, insisto, la discusión de este grave asunto exactamente en el mismo formato que usamos para los incidentes de la Universidad.

Así es que lo que procede es la agenda y ese pedimento ya ha sido obsequiado. Por favor, diputado, desde su curul.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. En la misma línea, mañana se cumple un año del sismo que afectó inicialmente y de manera muy fuerte a los estados de Oaxaca y Chiapas, pero no solamente, Puebla y varias zonas más, y en unos días más, el 19 de septiembre, también se cumple un año de graves afectaciones en el Distrito Federal, en Morelos, en el Estado de México.

Yo vengo del distrito 4, Iztapalapa, y a esta hora en este momento hay ciudadanos, compañeros mexicanos, mexicanas que siguen viviendo en la calle porque el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal se robó los fondos de apoyo, se robó las ayudas que llegaron del exterior. Hicieron cosas tan aberrantes como generar que damnificados metieran el Fonden 120 pesos en viviendas que tienen un metro de hundimiento, por ejemplo, en la colonia El Molino, en Iztapalapa.

Me parece que es muy grave que a esta fecha, a un año ya de estos sismos, no se le haya dado ningún apoyo a todos estos mexicanos y mexicanas que requieren de nuestra ayuda.

Ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el tema del Presupuesto, yo quiero llamar la atención de mis compañeros y compañeras legisladores a que no nos quedemos en el pronunciamiento y nos comprometamos a que en el presupuesto 2019 salga el compromiso puntual de reestablecer la vivienda a todos aquellos damnificados de los sismos y verdaderamente les demos la mano a quienes están necesitados.

Es inaceptable que haya una situación de abandono tan grave, como la que están viviendo en este momento y que, sin ninguna condición, sin ningún corporativismo, sin ningún manejo partidario, se les dé el apoyo a quienes hoy todavía carecen de vivienda y están viviendo una angustia permanente, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Para no duplicar el debate tendremos en cuenta que hay otros estados afectados de manera muy difícil y adivino que uno de los temas fundamentales de los oradores va a ser precisamente cómo se ha ayudado a las víctimas y reconstruido los daños, que es deber de control político de este Congreso. Ha solicitado la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores(desde la curul): Con el permiso de la Mesa, presidente. A los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados, decirles que sí, efectivamente, mañana se cumple un año del terremoto que sacudió muy fuerte la zona del Istmo, siendo el epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Decirles que hasta el día de hoy no se han reconstruido 324 escuelas, tampoco se han apoyado directamente a 41 municipios. Estamos hablando de mucha infraestructura que no se ha logrado.

Pedirle al gobierno de Oaxaca que esclarezca esos 200 millones de pesos, que fueron destinados para las personas damnificadas y que, hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta por parte de ese gobierno. Por eso le pido a los diputados y diputadas, que hoy se suman a este proyecto, hoy presentamos y aparece en el orden del día, sabemos que es muy importante y que tenemos que trabajar juntos y de la mano para sacar adelante, no solamente a Oaxaca, a todos los estados que hoy están padeciendo, que no tengan un lugar digno dónde vivir. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchísimas gracias, señora diputada. Diputado Emmanuel Reyes Carnada.



158 ANIVERSARIO DE LAS LEYES DE REFORMA

El diputado Emmanuel Reyes Carmona(desde la curul): Soy Carmona, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, me lo escribieron mal.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): No se preocupe, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Discúlpeme, es que no estaba impreso, pero con la disculpa, diputado Emmanuel Reyes Carmona.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): Así es, gracias, presidente. Hay un día muy importante que hoy se celebra, hablando de los aniversarios, y quiero decir que hoy se celebra el 158 aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma, situación que hoy convoca a una República federal, democrática y laica, porque precisamente don Benito Juárez procuró la separación del Estado y de la Iglesia, y es necesario mencionar hoy este importante aniversario, 6 de septiembre. Muchísimas gracias, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se estima su propuesta y figurará en el Diario de Debates. Coincido con usted, que las Leyes de Reforma no fueron un temblor, fueron un terremoto que desató la Guerra Civil. Muchas gracias.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada doña Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre de mi Grupo Parlamentario Morena.

Actualmente nos encontramos con la desafortunada realidad de que la humanidad parece no haber abandonado la violencia, la represión y la persecución como medios para lidiar con disputas ocasionadas por diferencias ideológicas, raciales, religiosas o étnicas.

De acuerdo con datos recopilados por el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, el 2017 fue uno de los años más violentos para la humanidad desde la Guerra Fría, mostrando un incremento en el número de conflictos no estatales a un total de 82 en comparación a los 62 que existieron en el 2016.

Evidentemente, al vivir en un mundo que aún se encuentra lejos de alcanzar niveles de paz generalizados y duraderos, no nos debe sorprender entonces que la migración y el desplazamiento forzoso estén alcanzando cifras récord.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó que para finales de 2017, 68.5 millones de personas se encontraron en condición de desplazamiento forzado. Asimismo, a finales del año pasado se llegó a la cifra de refugiados más alta de la historia, con un total de 25.4 millones de personas en esta condición.

La profundidad del problema es tal que, como resultado de las persistentes crisis que se viven en países como Siria, Irak o Myanmar, por mencionar solo algunos ejemplos, ya es posible aseverar que cada dos segundos una nueva persona es desplazada de su hogar o territorio de origen, cada dos segundos.

Ante una situación de creciente complejidad que compete al mundo entero, México no puede permanecer ni aislado ni con un marco legal que violenta los derechos humanos.

Si bien México ha visto un incremento importante en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por ejemplo, en 2013 la cifra fue apenas de mil 296 solicitudes. Para el 2017 esta cifra aumentó a 14 mil 596.

Estamos hablando, sí, de una tendencia al alza, pero nada comparado con lo que se está viviendo en otras latitudes, y ya no digamos pensando en Medio Oriente o en África, pensando en lo que se vive en nuestra propia frontera.

México no puede seguir teniendo el doble discurso de exigir derechos humanos al norte, que si bien es justo y es necesario, neguemos los derechos humanos al sur o a otras regiones del planeta.

México llevó a cabo en el año 2011 la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos. Sin embargo, en esa reforma de 2011 quedó mal hecho el artículo 11 de nuestra Constitución.

Apenas hace un par de años pudimos remediar esa situación y hoy nos corresponde, compañeras y compañeros, lograr que nuestro marco legal se encuentre acorde tanto a los tratados internacionales de los que México es parte, es decir, que México ya firmó y ratificó, pero también de manera muy importante acorde a nuestro marco constitucional y acorde a las convicciones de derechos humanos que guían nuestros preceptos constitucionales y también nuestras propias convicciones.

Esta iniciativa, que pretende modificar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político tiene tres objetivos principales:

Primero. Armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado reconocida en la ley con los instrumentos internacionales y las recomendaciones que ya nos han hecho organismos internacionales expertos en la materia.

Dos. Sistematizar las bases de atención y asistencia de las personas que están ya reconocidas como asilados políticos, refugiados, a los que se les ha otorgado la protección complementaria o que incluso simplemente han hecho, han presentado su solicitud al Estado mexicano.

Tercero. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de estas personas en nuestro país.

Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone entonces:

Primero. Dar claridad a los conceptos y términos de asilo, asilo político y asilado político.

Dos. Ponderar el principio de unidad familiar, priorizando la reunificación familiar dentro del territorio nacional para miembros de las familias de niños, niñas y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.

Tres. Proteger a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables en todos los conflictos armados.

Por supuesto, también reconocer el derecho de toda persona a no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que esas personas o esa persona se encontraría en peligro.

Establecer la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, quienes presentan un riesgo especial de vulnerabilidad por cuestiones de género que aún se persiguen en muchas otras latitudes.

La iniciativa es larga, es importante. Veo que mi tiempo se ha acabado, pero quiero invitarlos, compañeras, compañeros, a que la lean. Estoy segura de que encontraremos importantes coincidencias, insisto, porque no solo nos mueve un precepto constitucional y los tratados que México ha firmado, nos mueven las convicciones de que toda persona, sin importar qué pasaporte o qué papeles acrediten su nacionalidad, merece contar con pleno respeto y vigencia de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional y diputados signantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, sometemos a consideración de esta asamblea, el proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político.

Exposición de Motivos

México ha mantenido a lo largo de su historia una trayectoria eminente en temas de asilo y refugio, proporcionando asistencia a solicitantes de asilo político, refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional. Una decisión de su política que le ha valido el reconocimiento en importantes foros y organismos internacionales, y que hoy en día forma parte de su tradición legal.

Aunado a ello, el tránsito paulatino del sistema jurídico mexicano hacia un sistema normativo que asegura una mayor protección y defensa de los derechos humanos, continúa afirmando la labor y compromiso del Estado mexicano en el perfeccionamiento del sistema internacional de los derechos humanos.

Es de reconocerse, el trabajo que el gobierno de México realiza de forma permanente sobre estos temas, armonizando su legislación interna acorde a los más altos estándares internacionales en materia protección internacional –a saber, refugiados, asilados políticos y personas que reciben protección complementaria–, asegurando, en todo momento, el pleno respeto a los derechos humanos de todas la personas.

Ejemplo de ello constituyen las reformas realizadas a la Constitución en el año 2011, los cuales posibilitaron la armonización de gran parte de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos dentro de nuestro sistema normativo interno, garantizándose así la observancia de pilares básicos de este sistema de protección por medio de las reformas a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta manera, el otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el reconocimiento por parte de nuestro país del derecho de asilo en caso de persecución por motivos de orden político y de refugio por razones de carácter humanitario, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos como principio de política exterior mexicana, además de la inclusión en nuestro sistema normativo de los principios de interpretación conforme y el principio pro persona, lograron consolidar, en gran medida, aquello propuesto por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político publicada en enero de 2011 y posteriormente reformada en 2014.

Esta Ley, marcó un parteaguas en términos del reconocimiento de las capacidades de respuesta y de las condiciones de protección internacional aseguradas por parte del Estado mexicano, al incorporar por vez primera en nuestra legislación, una definición de refugiado integral y completa que concilia los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país dentro de los sistemas universal y regional, reconociendo como refugiado:

“(...) a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”

De igual forma, logró integrar de forma armónica en la Ley la figura de protección complementaria, afirmando la protección de todo extranjero que no habiendo sido reconocido como refugiado en los términos de la Ley, el Estado se compromete en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un compromiso fundamental del Estado mexicano al reafirmar el principio de no devolución, reconocido por nuestro país en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de tortura y de desaparición forzada de personas.

Precisamente, este reconocimiento realizado por parte del Estado mexicano, junto a otras figuras representativas de nuestro sistema legal como lo es el asilo político, el principio de no discriminación, el principio de no sanción por ingreso irregular, el principio de unidad familiar y el principio del interés superior del niño, posicionaron a nuestro país como un miembro integrante de la comunidad internacional cooperante de la construcción y del perfeccionamiento del esquema internacional de protección a los derechos humanos.

Ciertamente, la reforma realizada en julio de 2016 al artículo 11 de la Constitución, se encargaría de perfeccionar este esquema de protección internacional, al reconocer como un derecho humano el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, de conformidad con lo establecido en el derecho internacional y por las leyes de nuestro país. Un aspecto de monumental trascendencia, ya que la reforma anterior consideraba el reconocimiento de refugiados tan sólo como una facultad discrecional a cargo del Estado por razones de tipo humanitario y no del todo como un derecho humano exigible al Estado mexicano por personas con este tipo de vulnerabilidad. Ello reafirmó convincentemente la seriedad del Estado mexicano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de protección internacional de personas.

No obstante, más allá de los avances alcanzados en términos normativos, la realidad cotidiana continuó exponiendo fallas importantes en el funcionamiento, operación y aseguramiento de este esquema de protección internacional puesto en marcha en nuestro país.

Al respecto, podemos mencionar, por ejemplo, el incremento gradual que la movilidad humana alcanzó a nivel mundial, rebasando todas las expectativas de crecimiento proyectadas por muchos gobiernos –incluido el mexicano–, poniendo en serias dificultades a los mecanismos de atención, asistencia y protección previstos, hasta ese momento, para la atención de estas poblaciones con necesidades de protección internacional. Tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante referida como CIDH), la movilidad humana es actualmente uno de los principales temas de la agenda mundial:

“(...) ya sea como migración internacional o interna, es un fenómeno multicausal que puede darse de manera voluntaria o forzada. La primera se da cuando la persona migra voluntariamente, sin ningún tipo de coacciones. Mientras que, la migración forzada abarca aquellas situaciones en las que la persona se ha visto forzada a migrar porque su vida, integridad o libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público o desastres naturales o provocados por el ser humano, entre otras causas. Asimismo, puede implicar situaciones en donde los individuos son transportados físicamente a través de fronteras sin su consentimiento, como es el caso de la trata de personas.”

Como lo han hecho notar numerosos organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este tema, en la actualidad, las nuevas dinámicas de violencia generadas por el crimen organizado en México y en la región de Centroamérica producen un serio impacto en los movimientos migratorios de la región.

La violencia generada por el crimen organizado es, hoy en día, una de las principales causas de la migración forzada, siendo causante además de graves violaciones a los derechos humanos al interior de países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Justamente, los altos niveles de violencia producidos en estos territorios continúan forzando el desplazamiento de poblaciones –en su mayoría vulnerables– fuera de estas regiones de riesgo, sumando nuevas agravantes en el tránsito que estas personas realizan desde sus lugares de origen, tales como la violencia generada por actores no estatales –a saber, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y pandillas–, la discriminación y dificultades en el acceso a servicios básicos y, asimismo, los serios obstáculos que encuentran estas poblaciones para acceder a mecanismos de protección y justicia efectivos.

El creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas en los últimos años por personas provenientes de países del Triángulo del Norte de Centroamérica (en adelante referido como TNCA) –a saber, de El Salvador, Honduras y Guatemala– en nuestro país, evidencian las nuevas dinámicas de esta migración forzada; haciendo necesario para el Estado mexicano el asegurar la protección de dichas personas a través de la aplicación efectiva de los mecanismos de protección internacional antes referidos.

De acuerdo con cifras presentadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR) el número de solicitantes de refugio en México mantiene una tendencia de crecimiento del 162 por ciento, registrada tan sólo de 2015 a 2016, y del 142 por ciento en 2017, respecto a las cifras presentadas en 2016.

De acuerdo con datos de esta misma Oficina, se calcula que entre 2011 y 2016 hubo un aumento de más del 1000 por ciento en el número de solicitudes de refugio iniciadas en el país, una tendencia que se acentuó durante el año 2016 y, que se ha mantenido a lo largo del primer trimestre de 2017.

Por otra parte, resulta vital recalcar que alrededor del 90 por ciento de estas solicitudes fueron iniciadas por personas en su mayoría provenientes de los países que integran el denominado TNCA, quienes por razones de violencia criminal y persecución, se ven obligados a salir de sus países de origen y solicitar refugio en nuestro país.

Como lo señala la CIDH en su Informe “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”:

“(...) A pesar de la migración forzada de cientos de miles de personas, la Comisión observa que lejos de generarse políticas efectivas para la protección de estas personas, muchas de las medidas adoptadas por los Estados de la región han estado enfocadas en el control migratorio, en el marco del cual la utilización generalizada de la detención migratoria y de procedimientos de deportación sumaria han pretendido desestimular la llegada de otros migrantes, sin que en la realidad se haya podido probar que estas medidas han tenido el impacto que se esperaba que tuvieran. Estas medidas afectan tanto a migrantes como a solicitantes de asilo y refugiados; sin embargo, sus efectos resultan más graves para estos últimos en razón de sus necesidades de protección internacional”.

En este sentido resulta vital comprender el papel de nuestro país como país de origen, tránsito y destino y cada vez, en mayor medida, de retorno de migrantes, lo cual coloca a México en una situación particularmente problemática como antesala de flujos migratorios mixtos, donde la atención, asistencia y protección a personas con necesidad de protección internacional se vuelve compleja con el arribo masivo de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. De esta forma, detenciones migratorias, deportaciones, fallas graves en el debido proceso dentro de los procedimientos administrativos de solicitantes de la condición de refugiado y asilo político y, en general, violaciones graves a los derechos humanos, tanto de solicitantes como de aquéllos reconocidos con la condición de refugiados, asilados políticos y quienes reciben protección complementaria, se revelan como fallas importantes de este esquema de protección propuesto por la Ley vigente. Fallas que demandan una reforma a este esquema propuesto.

Es precisamente en este terreno que la presente propuesta de reformas a la Ley tiene como objetivos: 1) armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado reconocida en la Ley con instrumentos internacionales y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en la materia; 2) sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentren en territorio nacional, y, 3) garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país, de conformidad con lo establecido en nuestra legislación nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

De manera específica, las propuestas de reforma a la Ley aquí contenidas obedecen a tres distintos ejes de análisis, observados con preocupación no únicamente por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, sino también por importantes organizaciones de la sociedad civil quienes de forma perenne trabajan en la protección de los derechos de los solicitantes, así como de aquéllas personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria o reconocido su condición de refugiados y asilados políticos. Ejes que pueden resumirse de la siguiente manera:

I. Adecuación de la Ley a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

II. Derechos de los solicitantes de la condición de refugiado y quienes reciben protección complementaria.

III. Otras adecuaciones a la Ley.

A continuación, trataremos lo conducente al primer eje advertido.

I. Adecuación de la Ley a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos

A. Adecuación de los términos utilizados en la Ley: “asilo”, “asilo político” y “asilado político”

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, “[e]n caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”

Un derecho que continuaría su evolución, enmarcado por la grave situación migratoria registrada tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales acentuada por los grandes desplazamientos y la movilidad humana registrada –hasta ese momento, sin precedentes–, lo cual sentó, en gran medida, las bases para la definición de las personas refugiadas, sus derechos y el tipo de protección asegurado por los gobiernos a estas personas dada su condición de vulnerabilidad. En este contexto, surgirían acuerdos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a nivel continental la Declaración de Cartagena de noviembre de 1984, los cuales dieron sentido a las normas, principios y prácticas en materia de protección internacional dentro de los esquemas universal e interamericano de derechos humanos.

Por otra parte, resulta vital destacar que durante gran parte del siglo XX, México desempeñó un papel relevante en temas de asilo, acogiendo a todas aquéllas personas que huían de su país por distintas situaciones de persecución, conflictos armados, violencia política y/o social en sus países de origen -principalmente provenientes de España, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras y El Salvador–, a pesar del hecho de que no existía un marco legal propiamente definido.

De hecho, es a raíz de la crisis surgida en América Central durante la década de 1980 y de la gran afluencia de personas solicitantes de asilo provenientes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que comenzaron a manifestarse importantes lagunas y fricciones en la aplicación única y/o complementaria de ambos esquemas de protección, situación que motivó al gobierno mexicano a buscar instituciones y mecanismos que dieran respuesta a esta llegada masiva de personas que buscaban refugio en nuestro país. En este tenor se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante referida como COMAR), un órgano intersecretarial conformado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Trabajo enfocado a la asistencia de personas reconocidas como refugiadas, y se firma un acuerdo con el ACNUR por medio del cual se reconoce el trabajo de esta Oficina en el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país.

Cabe precisar, sobre este respecto, que a lo largo de estos años no existió una caracterización formal del concepto de refugiado dentro de la legislación mexicana –de modo que el reconocimiento que se hacía a estas personas era como visitantes fronterizos temporales–, remitiendo el proceso para el reconocimiento de refugiados a lo dispuesto en la Ley General de Población y su Reglamento.

Es, finalmente, hasta el año 2000, tras la ratificación de México de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que el gobierno mexicano comienza a asumir el proceso de reconocimiento del asilo en su territorio; y hasta enero de 2011, que se dota a nuestro ordenamiento de un marco jurídico apropiado que asegura la protección a refugiados, asilados políticos y quienes reciben protección complementaria.

No obstante lo anterior, organizaciones de la sociedad civil, la academia y algunos organismos internacionales continuaron señalando algunas de las fallas de sustantivas y operativas de este esquema propuesto parte del Estado mexicano, sobre todo aquello relacionado con la falta de armonización de la legislación nacional con los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional; ello conminaría a distintos actores políticos en nuestro país a promover reformas encaminadas a perfeccionar el marco legal en la materia, logrando en octubre de 2014, reformas importantes a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Sin embargo, y muy a pesar de los alcances proyectados por la Ley, la resolución de la terminología de asilo no resultó del todo bien lograda. Como lo explica Sin Fronteras en su informe “Evolución y Retos del Asilo en México”:

“Antes de la adopción de la Convención del 51 y de la creación del ACNUR, existían instrumentos regionales que adecuaban la figura del asilo a una realidad completamente diferente a la que se vivió en Europa: no se enfrentaban conflictos internacionales, sino golpes de estado o guerras civiles. Fue así como surgieron instrumentos básicos como las Reglas de Lima, que reglamentaban el asilo diplomático; el Tratado de Montevideo de 1889, que –entre otras cosas– reconocía el derecho de asilo a los “delincuentes políticos”; la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención de Asilo Político de 1933. Posteriormente, otros documentos perfeccionaron las figuras de protección, como las Convenciones sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial de 1954, ambas en el marco de la OEA. Sucesivamente se promulgaron los instrumentos de derechos humanos por excelencia de la región, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La distinción en las primeras décadas del siglo XX consistía en lo siguiente: dada la dificultad que tenían las personas con necesidad de protección internacional para llegar a otros territorios, se permitió que quienes eran considerados como perseguidos políticos accedieran a la protección internacional sin necesidad de cruzar la frontera, sino únicamente entrando a las embajadas de otros países (principio de extraterritorialidad). Una vez que la persona, de manera discrecional, era declarada “asilado político” podía obtener un salvoconducto para salir de su país y gozar de la protección del país de acogida. A contrario sensu, la figura de “refugio” hace referencia a quienes, tras cruzar las fronteras, solicitan la protección internacional e inician un procedimiento de elegibilidad que debe observar todas las formalidades del debido proceso, acogiéndose a cualquiera de las razones contenidas en los instrumentos internacionales de la materia (raza, nacionalidad, religión, etc.), y no exclusivamente a los motivos políticos.

En nuestra región se extendió la idea del “asilo” como una figura latinoamericana, que encontramos en diversos tratados regionales, en alusión principalmente al “asilo político”, mientras que el mal llamado “refugio” fue entendido como la figura adoptada por el derecho internacional, cuyo principal instrumento es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. No obstante, en ambos casos estamos ante el derecho de una persona a ser protegida por un Estado cuando el suyo de origen es incapaz de hacerlo.”

La diferenciación entre estas dos figuras dentro de nuestro marco legal obedece, precisamente, al contexto particular antes mencionado. No obstante, resulta vital diferenciar apropiadamente dentro de nuestra legislación la figura de asilo como un derecho humano. Un derecho que fue reconocido por el Estado mexicano a nivel constitucional con la reforma realizada al párrafo segundo del Artículo 11 de este ordenamiento jurídico en julio de 2016, de conformidad con los compromisos asumidos por parte del Estado mexicano a nivel internacional en materia de derechos humanos y protección internacional de personas.

De esta forma, debe reconocerse expresamente esta sutil diferenciación en la Ley, razón por la que la presente propuesta propone la modificación del artículo 2, a manera de subsanar la confusión de términos que aparece en nuestra legislación vigente respecto de los términos “asilo”, “asilo político” y “asilado político”. Reconocer, en este sentido, la figura del asilo como “la protección internacional por parte del Estado Mexicano a un extranjero que la solicita”, por motivos de persecución o amenaza por cualquiera de las causales reconocidas en los instrumentos internacionales en la materia de los que México forma parte –tanto en la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados, como en la Declaración de Cartagena–, distinto del asilo político y de la figura de asilado político, la cual refiere al extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley, recibe la protección del Estado Mexicano.

B. Adecuación de los términos utilizados en la Ley: “fundados temores” y “protección complementaria”

Siguiendo los estándares trazados por el ACNUR en su “Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado”, se propone modificar el sentido y alcance del término “fundados temores”, entendido en su concepción actual como “[l]os actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.”

Teniendo en consideración la integración dual de esta formulación, tanto en términos subjetivos –idea de “temores”– como objetivos –la noción de “fundados”–, se propone modificar el alcance de este término a “los actos y hechos que podrían dar lugar a una persecución en el caso de retorno al país de origen, y que podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona”, lo cual en términos del cumplimiento de altos estándares en materia de derechos humanos, refugiados y protección internacional de personas colocaría al Estado mexicano a la vanguardia en el reconocimiento de situaciones que no necesariamente están basadas en la experiencia personal del solicitante. Ello en atención a aquello ocurrido a parientes, amigos u otros miembros del grupo étnico, religioso, nacional o social al que pertenece el solicitante, lo cual puede ser indicio suficiente para considerar fundado su temor de convertirse, él también, en víctima de persecución.

Al respecto conviene tener presente lo señalado por ACNUR en estas situaciones:

“45. (...) Cabe presumir que una persona tiene temores fundados de ser perseguida si ya ha sido víctima de persecución por una de las razones enumeradas en la Convención de 1951. Sin embargo, el término “temor” no se refiere sólo a las personas que de hecho ya han sido perseguidas, sino también a las que desean evitar una situación que entraña un riesgo de persecución.

46. Las expresiones “temor de ser perseguido” o incluso “persecución” suelen ser ajenas al vocabulario usual del refugiado. En realidad, un refugiado sólo raramente alegará su “temor de ser perseguido” en esos términos, aunque a menudo ello esté implícito en su relato. (...)

53. Puede ocurrir, además, que un solicitante haya sido objeto de diversas medidas que de por sí no supongan persecución (por ejemplo, de diferentes formas de discriminación), combinadas en algunos casos con otros factores adversos (como el clima general de inseguridad en el país de origen). En tales situaciones, los diversos elementos implicados pueden, considerados en conjunto, haber producido en la mente del solicitante efectos que justifiquen adecuadamente, por “motivos concurrentes”, la alegación de fundados temores de ser perseguido. Ni que decir tiene que es imposible enunciar una norma general relativa a los motivos concurrentes que pueden servir de base para reivindicar válidamente la condición de refugiado. Ello dependerá necesariamente del conjunto de circunstancias, en especial del contexto geográfico, histórico y etnológico del caso de que se trate.”

Dado el carácter subjetivo del elemento de “temor” contenido en la definición misma de refugiado, deberá realizarse, en cada caso, una evaluación de las declaraciones del solicitante de la condición de refugiado, sumada a la valoración sobre la situación imperante en su país de origen a fin de examinar los elementos contextuales que dan credibilidad al relato del solicitante. En este orden de ideas, los temores del solicitante deben de considerarse como “fundados” en caso de que se pueda demostrar, en medida razonable, que la permanencia en su país de origen se ha hecho intolerable por las razones indicadas en la definición misma de refugio, o bien, que por esas mismas razones, le resultaría intolerable en caso de regresar a él.

Por otra parte, la propuesta de modificación a la definición de protección complementaria contenida en la fracción VII del artículo 2 de la Ley, obedece a la armonización que busca realizarse en materia de estándares internacionales asumidos por el Estado mexicano por medio de distintos compromisos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

La propuesta de modificación propone, en este sentido, reconocer las amenazas y/o peligros contra la libertad, integridad y/o seguridad a que estaría expuesto todo solicitante en caso de regresar a su país de origen, razón por la que el Estado mexicano, en su caso, debe otorgarle la protección complementaria a que refiere la ley en comento, en concordancia con el principio de no devolución afirmado por el Estado mexicano con la suscripción y ratificación de los tratados internacionales antes referidos, en conjunto con aquello dispuesto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el mismo tono, incluir a esta redacción el peligro de ser sometido a desaparición forzada o bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc, con fundamento en lo dispuesto, a nivel internacional, en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura y, a nivel nacional, en la recientemente promulgada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Y por último, hacer el reconocimiento expreso dentro de los distintos preceptos contenidos en la Ley de la protección debida que debe asegurarse por parte del Estado mexicano y sus autoridades, a aquéllos solicitantes y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria (propuesta de modificación del párrafo primero del artículo 28 de la Ley), incluyendo la supresión de cualquier consideración que excluya la posibilidad de ser otorgada la protección complementaria conforme al Derecho Internacional de los Refugiados –a saber: la comisión de un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano; la comisión fuera del territorio nacional de un delito calificado como grave, antes de su internación al mismo, o la comisión de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas–.

C. Inclusión de los principios internacionales en materia de derechos humanos dentro de la Ley.

Tomando como referencia las distintas reformas hechas a la Constitución en junio de 2011 –enfocadas en armonizar gran parte de los compromisos internacionales adquiridos por parte del Estado mexicano en materia de derechos humanos dentro de nuestro sistema normativo interno–, es posible afirmar la consolidación del sistema de respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Justamente la reafirmación contenida dentro de los seis párrafos que componen el artículo 1 constitucional, posibilita al Estado mexicano el reconocer, interpretar y asegurar la protección más amplia y en todo tiempo, de las normas de derechos humanos reconocidas por este cuerpo normativo, así como los distintos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

A partir de ello, es que se propone adecuar los siguientes artículos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político a fin de reconocer expresamente dentro de esta legislación secundaria, algunos de los principios de derechos humanos más relevantes en materia de protección internacional a personas, entre ellos:

a) Incluir en la redacción del artículo 4 de la Ley en comento, la responsabilidad de “todas las autoridades involucradas” en la aplicación e interpretación de esta legislación secundaria –y no exclusivamente de la Secretaría de Gobernación– de conformidad con el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país al reconocer que los “compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional”. En esta tesitura, reafirmar dentro de la redacción de este precepto el compromiso del Estado mexicano ya reconocido en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional, al “favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos” de los asilados políticos, refugiados, de quienes reciban protección complementaria y de las personas solicitantes.

b) En el mismo sentido, incluir en la redacción del artículo 5 de esta Ley, la referencia expresa a la protección de datos personales y al principio pro persona reconocidos por los artículos 1 y 6 constitucionales, como principios que deben observarse en la aplicación de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

c) Añadido a estos principios y criterios que guían la observancia de esta norma secundaria, introducir la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de protección de mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTI, quienes experimentan un riesgo adicional de vulnerabilidad por razones de género. En este sentido, reconocer este criterio dentro de la Ley posibilita a las autoridades el aplicar la perspectiva de género de manera transversal, no únicamente en la atención de solicitantes de asilo, sino en el análisis y la evaluación de cada caso en particular.

d) En el mismo tono, introducir el principio de transparencia, como parte de los compromisos del Estado mexicano a nivel interno e internacional para favorecer la generación de conocimiento público al transparentar la gestión pública por medio de la difusión oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; así como favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de forma que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

e) Y por último, reconocer expresamente dentro de los principios y criterios que guían la interpretación y aplicación de esta legislación, el principio de debido proceso, como parte de los compromisos nacionales e internacionales asegurados por el Estado mexicano a todas las personas que se encuentran en su territorio –el cual debe, asimismo, integrarse explícitamente en los distintos artículos contenidos en la Ley que hacen referencia al procedimiento que inicia el solicitante para el reconocimiento de la calidad de refugiado, asilado político y el otorgamiento de la protección complementaria, así como al recurso de revisión correspondiente–.

D. Cumplimiento de las garantías del debido proceso dentro del procedimiento administrativo que se inicia al solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Fijando como referencia los estándares internacionales en materia de derechos humanos y lo propio fijado por el artículo 11 de la Constitución, el derecho de buscar y recibir asilo comprende igualmente el derecho de todo solicitante de protección internacional a ser escuchado por la autoridad responsable acorde a los principios y garantías debidamente fijados en la Ley.

Este es un derecho que concentra distintas garantías, tales como que el procedimiento se encuentre previamente definido por una Ley, que se cumplan con garantías mínimas del debido proceso, que toda solicitud sea debidamente analizada por una autoridad reconocida para tal efecto e igualmente, que exista un recurso efectivo en contra la decisión o resolución que se tome al respecto. Garantías ya incluidas en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político vigente.

Si bien la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 así como su Protocolo de 1967, no establecen un procedimiento modelo para la determinación de la condición de refugiado, los estándares previstos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo previsto dentro del esquema internacional de protección a personas con necesidad de protección internacional, sí prevén que todo procedimiento interno para determinar la condición de refugiado debe de salvaguardar las garantías del debido proceso.

Sobre este respecto existen precedentes importantes, como aquello desarrollado dentro del sistema interamericano –de manera específica, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos–, respecto del Caso de la Familia Pacheco Tineo vs. El Estado Plurinacional de Bolivia; una resolución que sienta los parámetros del debido proceso dentro de los procedimientos para determinar la condición de refugiado o asilo en la región. Justificadamente, este órgano se encargó de definir que:

“[d]e acuerdo a la jurisprudencia constante de los órganos del sistema interamericano, las garantías del debido proceso no se limitan a los recursos judiciales sino que aplican a todas las instancias procesales incluyendo [...] los procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado así como todo procedimiento que pueda culminar con la expulsión o deportación de una persona. Desde esta perspectiva, el objeto y fin de las protecciones establecidas en los artículos 22.7 y 22.8 de la Convención Americana establecen ciertas especificidades en la satisfacción del derecho a las garantías del debido proceso en el marco de procedimientos relativos al alcance de dichas normas.”

Al respecto, la Corte se encargaría de definir las obligaciones que tienen los Estados en lo que se refiere a las garantías mínimas del debido proceso para estos procedimientos de reconocimiento. En este sentido, destaca:

“a) deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal, para someter su solicitud ante las autoridades. En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR;

b) la solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del procedimiento establecido al efecto, por una autoridad competente claramente identificada, lo cual requiere la realización de una entrevista personal;

c) las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma expresa;

d) con la finalidad de proteger los derechos de los solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad;

e) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; y

f) el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada.”

Garantías que han sido retomadas por otros organismos de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que entre sus “Principios y Directrices básicos sobre los recursos y procedimientos relacionados con el derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal”, señala que:

“42. Los no nacionales, incluidos los migrantes, independientemente de su situación, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas, en cualquier situación de privación de libertad deben ser informados de los motivos de su detención y de sus derechos en relación con la orden de detención. Ello comprende el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad y la necesidad y la proporcionalidad de la detención, y recibir sin demora una reparación adecuada y accesible. Comprende también el derecho de las personas mencionadas a la asistencia jurídica de conformidad con el requisito básico de la prestación rápida y eficaz de asistencia jurídica, en un lenguaje que utilicen y en un medio, modo o formato que entiendan, y el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si no comprenden o no hablan el idioma empleado en el tribunal.

43. Con independencia del órgano responsable de la orden de detención, administrativa o de otro tipo, se debe garantizar a esos no nacionales el acceso a un tribunal que tenga la potestad de ordenar la inmediata puesta en libertad o modificar las condiciones de la puesta en libertad. Se los debe llevar sin demora ante una autoridad judicial ante la cual deben tener acceso a exámenes automáticos, regulares y periódicos de que la detención sigue siendo necesaria, proporcional, legítima y no arbitraria. Ello no excluye el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad o la arbitrariedad de la detención.

44. Los recursos contra las resoluciones relativas a la detención de inmigrantes deben ser suspensivos para evitar la expulsión antes del examen caso por caso de los migrantes en detención administrativa, independientemente de su situación.

Es imprescindible que la Ley haga referencia expresa a los estándares mínimos de debido proceso que deben ser obedecidos en el marco del procedimiento para determinar la condición de refugiado.”

Tema que también ha sido retomado por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual subraya la necesidad de todo procedimiento de asegurar la intervención y ayuda de intérpretes con el fin de facilitar la comunicación entre autoridades y solicitantes que necesiten de esta asistencia, fortaleciendo así el entendimiento del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de toda persona solicitante.

Por otra parte, resulta importante destacar aquello identificado por la CIDH en su Informe sobre Movilidad Humana, donde se detallan algunas de las fallas recurrentes dentro del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, focalizadas en la mala o nula información respecto de los motivos de ingreso y detención de migrantes en estaciones migratorias, el procedimiento migratorio en sí mismo, la duración de la detención, el derecho a solicitar asilo, el derecho de comunicarse con sus familiares o personas cercanas, y el derecho a recibir asistencia y representación legal. Garantías mínimas que no obstante se encuentran detalladas en la Ley, presentan serias dificultades en su implementación y puesta en práctica por parte de las autoridades migratorias.

Es, precisamente sobre estos rubros identificados, que las presentes propuestas de reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, plantean fortalecer el esquema de garantías del debido proceso contenidas en este cuerpo normativo, acorde a los compromisos internacionales de México en materia de protección internacional y de respeto a los derechos humanos.

De esta forma, partiendo de lo señalado en la sentencia del Caso Pacheco Tineo ante la Corte Interamericana se propone de forma específica:

1) Reconocer la obligación del Estado mexicano y sus autoridades de expedir a cada solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y a sus dependientes, una constancia de trámite respecto del inicio de su solicitud (párrafos primeros y segundo del artículo 22 de la Ley);

2) Incluir de manera expresa la obligación del Estado mexicano y sus autoridades de fundar y motivar debidamente toda decisión relacionada con el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo, en su caso, la decisión del recurso de revisión a que tiene derecho todo solicitante (artículos 12, 24 y 25 de la Ley);

3) La mención expresa del derecho a un recurso efectivo con que cuenta todo solicitante de protección internacional contra las resoluciones dictadas por las autoridades dentro de este procedimiento, poniendo especial énfasis en el carácter imparcial, motivado e individualizado de cada resolución emitida al respecto (artículos 25 de la Ley);

4) La inclusión expresa del derecho de toda persona solicitante de recibir orientación, asistencia y representación jurídica adecuada a lo largo de todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en razón de las circunstancias de vulnerabilidad que estas personas presentan dada su condición (fracción IX del artículo 15) –incluyendo el procedimiento de cesación, revocación o cancelación del reconocimiento de la condición de refugiado (artículo 40 de la Ley) –; y, en este mismo tenor, asegurar este derecho con la inserción expresa dentro del artículo 19 (párrafo segundo), del acceso que debe garantizar la Secretaría de Gobernación al servicio de defensoría pública, de conformidad con lo establecido por la ley en la materia;

5) Ligado a lo anterior, la referencia expresa del derecho de todo solicitante a tener acceso (por sí mismo o a través de su representante) a todos los documentos relativos al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de protección complementaria –integrados en un expediente (propuesta de inclusión de un párrafo tercero del artículo 24)–, así como a obtener copia de ellos para su defensa (párrafo tercero del artículo 19), y

6) Por último, la precisión debida, respecto a la obligación del Estado mexicano de informar debidamente a toda persona que por su situación pueda ser reconocida con la condición de refugiado, haciendo hincapié en el hecho de asegurar la asistencia de intérpretes, instituciones que aseguren la tutela en casos de niñas, niños y adolescentes y, asimismo, la asistencia de organismos públicos y privados de derechos humanos –a nivel nacional e internacional– vigilantes del respeto a principios y normas de derechos humanos y protección internacional.

E. Respeto del principio de unidad familiar en las resoluciones adoptadas en el marco del procedimiento iniciado por solicitantes de reconocimiento de la calidad de refugiado y quienes reciben protección complementaria.

La familia es universalmente reconocida como elemento natural y fundamental de la sociedad, condición que es reconocida por el Estado y la sociedad en su conjunto, confiriéndole distintas medidas de protección y asistencia con el objeto de asegurar esta unidad fundamental.

El derecho a la vida familiar es reconocido por distintos instrumentos internacionales, de la misma forma en que se encuentra protegido por numerosos marcos jurídicos a nivel interno y regional. Ello nos lleva a reflexionar que se trata, efectivamente, de un derecho de alcance universal reconocido a todos los seres humanos por el simple hecho formar parte de esta condición humana. En este orden de ideas, el derecho a la unidad familiar implica para el caso de aquéllos que solicitan de una protección internacional el derecho a la reunificación familiar en el país de asilo, con el fin de asegurar la integridad, organización y desarrollo de esta unidad fundamental dentro del Estado que ha reconocido la condición de refugiado, de asilado político o que ha otorgado una protección complementaria.

Al respecto, el artículo 5 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político contienen una referencia expresa a este principio. No obstante, como resulta evidente de la lectura de esta Ley, parece no existir una armonía en la redacción de los preceptos que integran esta legislación en materia de protección internacional. Como lo han advertido el ACNUR y otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, existen algunas de disposiciones establecidas en artículos de esta Ley –específicamente el artículo 58– que pueden ser consideradas contradictorias con el principio de unidad familiar, al limitar la reunificación familiar y el reconocimiento por derivación de la condición de refugiado, con el grado de dependencia y capacidad económica, sin considerar el perfil y circunstancias particulares en cada caso individual.

Sobre este respecto, como lo establece acertadamente el ACNUR, la implementación del derecho a la unidad familiar en el contexto de los refugiados requiere no sólo que el Estado se abstenga de acciones que perturbarían la vida e integridad de esta unidad básica, sino que se actúe para permitir que una unidad familiar dispersa pueda reunirse de nuevo sin que ello implique poner en riesgo a los integrantes de la misma, dada la situación de peligro vivida en el país de origen. En este sentido, se confirma la universalidad de este derecho contemplado en el marco del Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, razones por las que este principio no puede verse transgredido por limitaciones o alcances de naturaleza migratoria o alguna otra consideración de seguridad interna, razón que nos lleva a proponer una reforma específica en este orden.

Ello, teniendo en consideración también, lo señalado por distintos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y lo propio asentado por la CIDH, los cuales entrelazan el tema de refugiados con las distintas discusiones en el seno de Naciones Unidas y el sistema interamericano en torno a la necesidad de fortalecer las medidas que buscan asegurar la unidad y reunificación de las familias, sobre todo en situaciones cuando la separación de sus miembros depende de razones de tipo político, económico o similares.

De tal suerte que, la propuesta de reforma aquí contenida propone, entre otras cosas, lo siguiente:

1) Armonizar la redacción del artículo 9 de la Ley al incorporar el principio de “unidad familiar” como uno de los principales objetos que deben protegerse por las autoridades implicadas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, junto con la organización y desarrollo de la familia y el principio de interés superior del niño.

2) Reconocer la facultad de la Secretaría para autorizar por derivación el otorgamiento de la protección complementaria, atendiendo al principio de unidad familiar y las finalidades de reunificación familiar que el Estado mexicano ha reconocido por medio de distintos compromisos internacionales (artículo 58 de la Ley).

3) Reconocer de forma expresa dentro de este precepto “otras formas análogas de unión reconocidas por la ley”, abonando, los avances legislativos en materia del reconocimiento de otras formas de unión entre personas del mismo sexo en algunas legislaciones estatales y/o extranjeras, de conformidad con lo desarrollado dentro de los esquemas regional e internacional de derechos humanos.

4) Adecuar la redacción final del primer párrafo del artículo 58, reconociendo la unidad familiar a partir del vínculo de “dependencia social, económica o emocional” hacia el refugiado o el beneficiario de la protección complementaria, para aquéllos casos en que se favorece la reunificación familiar y se reconoce por derivación la condición de refugiado o beneficiario de la protección complementaria por parte de la Secretaría.

5) Por último, y en virtud de los compromisos del Estado mexicano en materia de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizar la reunificación familiar dentro de territorio nacional de los familiares de niños, niñas y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.

Derechos de los solicitantes de la condición de refugiado y quienes reciben protección complementaria.

A.Observancia del principio de no devolución

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 consagra el derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso o devolución forzosa. Asimismo, en términos de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, se reconoce el “derecho de toda persona” de no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.

El alcance de este principio implica la prohibición para los Estados de practicar la “devolución o rechazo en frontera”, entendida en el contexto del Derecho Internacional de los Refugiados como el “rechazo a dejar entrar a un solicitante de asilo a un país de acogida potencial”. Un derecho que se encuentra ya contenido dentro de la legislación secundaria en comento. No obstante, el objetivo de la presente propuesta de modificación a la Ley busca reforzar la formulación de este principio dentro del cuerpo de esta legislación secundaria, integrando en la redacción del artículo 6:

1) La inclusión de las modalidades de rechazo en frontera que se presentan comúnmente en la práctica de esta norma secundaria. Es decir, incluir la prohibición expresa para las autoridades que dan cumplimiento a las normas en esta materia, de rechazar en frontera o de devolver “directa e indirectamente” a todo solicitante o refugiado cuya vida peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de la Ley.

2) La inclusión debida en la redacción de este artículo de categorías ya reconocidas en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados de los que forma parte nuestro país, como desencadenantes de la protección internacional a personas. Específicamente, de situaciones en que peligre o pueda verse amenazada no únicamente la vida, sino también la “integridad, seguridad o libertad” por los motivos ya señalados en el artículo 13 de la Ley.

3) La inserción de causales que desencadenan el funcionamiento de los mecanismos de protección internacional, reconocidas en tratados internacionales sobre materias específicas –tortura y desaparición forzada de personas– de los que el Estado mexicano forma parte. Particularmente, situaciones de “desaparición forzada o bien, la posibilidad de ser juzgado por tribunales de excepción o ad hoc”, las cuales, manifiestamente, podrían amenazar o poner en peligro la vida, integridad, seguridad o libertad de una persona, razón por la cual se ve forzada a solicitar asilo en otro país.

4) La propuesta de redacción del párrafo cuarto del artículo 21 de la Ley –el cual complementa al párrafo que le antecede– al considerar la obligación del Estado mexicano y sus autoridades de tomar las medidas necesarias para que el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado pueda ratificar su solicitud y, en este acto, garantice el cumplimiento del principio de no devolución consagrado en los instrumentos internacionales antes referidos.

B.Derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual o identidad de género

De acuerdo a lo establecido por el ACNUR en su “Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex” del año 2015, a nivel mundial persiste una situación de “discriminación legislativa, social y cultural contra las personas LGBTI [(...) como un fenómeno generalizado (...)], y que este tipo de discriminación obstaculiza de manera significativa los esfuerzos de protección del ACNUR enfocados hacia [est]a población (...)”

En México, esta situación de discriminación ha sido evidenciada tanto por distintas organizaciones de la sociedad civil, Comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, como también por actores como el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones, todos los cuales coinciden con la grave discriminación y violencia que se ejerce contra los miembros de la comunidad LGBTI solicitantes de asilo, incluidos: la violencia y/o acoso por parte de los miembros de la comunidad de solicitantes de asilo y refugiados e incluso por miembros de su familia; interrogatorios insensibles e inapropiados en las distintas etapas del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; la intolerancia, el acoso y la violencia por parte de agentes estatales y no estatales en los países de acogida –socavando la posibilidad de la integración local como una solución duradera–; la discriminación y amenazas de seguridad en el alojamiento, la asistencia médica, y el empleo por agentes estatales y no estatales; la exclusión en el acceso a servicios básicos; la detención arbitraria e, incluso el sometimiento a violencia sexual y de género o sexo de supervivencia en el desplazamiento forzado.

Circunstancias que obligan al gobierno mexicano a actuar de conformidad con su marco legal interno e internacional, proponiendo en esta propuesta la inclusión expresa dentro del artículo 8 de la Ley, de la “orientación sexual e identidad de género” como motivos de discriminación que deben ser considerados por las autoridades que aplican esta Ley, para adoptar medidas que estén a su alcance para evitar la discriminación de solicitantes, refugiados y quienes reciban protección complementaria con una orientación sexual o identidad de género distinta.

C.Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

El reconocimiento expreso del principio del interés superior del niño que realiza el Estado mexicano en la Ley, busca, precisamente, guiar la interpretación y aplicación de los preceptos contenidos en esta norma secundaria, reafirmando el compromiso del Estado mexicano y sus autoridades en la protección de niñas, niños y adolescentes dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o, en su caso, el otorgamiento de la protección complementaria, de conformidad con lo establecido por distintas normas de derechos humanos y de protección internacional del orden nacional e internacional.

La determinación del interés superior, en palabras del ACNUR:

“(...) describe el proceso formal, dotado de garantías procesales estrictas, establecido para determinar el interés superior del niño, especialmente en la adopción de las decisiones importantes que le afecten. Debe asegurar la adecuada participación del niño sin discriminación, involucrar a las personas expertas en áreas relevantes encargadas de tomar las decisiones y equilibrar todos los factores relevantes para valorar la mejor opción.”

En este tenor, y a efecto de armonizar el contenido y redacción de la Ley con este principio se proponen las siguientes modificaciones:

1) La inclusión de un párrafo segundo en la redacción del artículo 9, el cual hace una referencia expresa a la protección que asegura el Estado mexicano a niñas, niños y adolescentes solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, por virtud de lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2) Reconociendo el principio de no privación de la libertad dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de forma conjunta con el principio de interés superior del niño, se propone eliminar el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley vigente, el cual hace referencia a la situación en que un solicitante –niña, niño o adolescente– se encuentre o sea admitido dentro de una estación migratoria, lo cual es manifiestamente contrario a la criterio general de no privación de la libertad de solicitantes de asilo que se pretende reafirmar en la Ley.

3) Reconocer en la redacción del párrafo séptimo del artículo 21, la protección debida del Estado mexicano a los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de las entrevistas que forman parte del proceso de obtención de información, análisis, valoración y resolución del reconocimiento de la condición de refugiado por parte de las autoridades correspondientes, incluyendo la o las entrevistas, “en su caso, con otros miembros adultos de su grupo familiar”; garantizando con ello, el cumplimiento del principio del interés superior del menor reconocido como guía en la aplicación de esta Ley.

D.Ampliación y eliminación de los plazos para las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado

Atendiendo a distintas recomendaciones advertidas por parte del ACNUR, así como diversas organizaciones de la sociedad civil respecto de problemáticas y obstáculos comunes presentes en el procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado, se observa que gran parte de los plazos fijados dentro del procedimiento –tanto a cargo del solicitante como de las autoridades correspondientes– no se ajustan a los tiempos que ocurren regularmente en la práctica.

Retomando el principio de debido proceso que se propone incluir como parte de los principios y criterios que deben guiar la aplicación de esta Ley, el establecimiento por parte de los órganos del Estado mexicano de plazos razonables dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, se observa como una reforma necesaria –atendiendo también, a los compromisos en materia de derechos humanos a que se encuentra obligado el Estado mexicano por virtud de tratados internacionales de los que nuestro país forma parte–.

En este sentido se propone de forma específica:

1) Ampliar el plazo establecido en el artículo 11 de la Ley para el solicitante de ratificar, por sí mismo, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por su representante legal o por interpósita persona, a “diez días hábiles”. Si bien no existen estándares internacionales ni doctrina que hagan referencia a un plazo específico para la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la consideración básica es que tales plazos deben ser siempre razonables y flexibles, además de permitir excepciones.

2) Eliminar los plazos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo 18 de la Ley, relativos a los plazos en que el solicitante debe presentar su solicitud reconocimiento de la condición de refugiado ante la Secretaría, por ser contrarios al espíritu de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 11 constitucional que al respecto reconoce “el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo”. Negar o restringir el derecho al asilo en base a un formalismo –como es el plazo de 30 días hábiles fijados por la Ley vigente– implica una restricción innecesaria y una violación al derecho humano de toda persona de buscar y recibir asilo, reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados; razón por la que se propone adecuar la redacción de este artículo “sin que este derecho se sujete a plazo alguno.”

E.Acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de todo solicitante de protección internacional

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce una serie de derechos para aquéllas personas reconocidas con esta condición, entre ellos: los derechos de propiedad intelectual e industrial, el derecho de asociación, el acceso a la justicia, el derecho a un empleo remunerado, a trabajar por cuenta propia, a desempeñarse en profesiones liberales, el derecho de vivienda, el derecho a una educación pública, derecho a la asistencia pública, así como el derecho a ser protegido en su trabajo por la legislación nacional y tener derecho a la seguridad social; los cuales parecerían limitarse a personas a las que se ha reconocido efectivamente como refugiados. No obstante, la apreciación anterior, dentro del Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado formulado por el ACNUR se describe en sus Principios Generales que:

“De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado.”

Por otra parte, resulta fundamental tener presentes los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia. Al respecto, cabe mencionar la adhesión de México al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales dentro del esquema universal, y la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” dentro del sistema interamericano, los cuales reconocen estos derechos independientemente de la nacionalidad, situación migratoria o de apatridia o cualquier otra condición que se pueda argumentar.

Como lo señala la CIDH:

“Al igual que los derechos civiles y políticos, el principio de universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales aplica para todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados, sin que sean permisibles distinciones en razón de su nacionalidad, situación migratoria, apatridia o cualquier otra condición social. La Comisión estima necesario destacar que independientemente de la nacionalidad o de la situación migratoria de las personas, de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el Protocolo de San Salvador”), los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias tanto en el orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su nivel de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.”

En este sentido se propone establecer la mención expresa dentro del artículo 19 Bis de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, respecto del derecho de todo solicitante de la condición de refugiado para:

1) Acceder a servicios educativos provistos por los sectores público y privado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

2) De igual forma, acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades básicas;

3) Disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como el derecho a recibir una atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, y

4) Por último, acceder a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional.

Derechos ya reconocidos a nivel interno para el caso de refugiados previamente reconocidos por la autoridad administrativa de este procedimiento, los cuales deben hacerse extensivos para los solicitantes de asilo y quienes reciben la protección complementaria, de conformidad con lo dispuesto por tratados internacionales de los que México es parte.

F.Principio de no privación de la libertad de personas con necesidad de protección internacional

La práctica de la detención de solicitantes de asilo y migrantes que ingresan o permanecen de forma irregular en el territorio, se ha convertido en una práctica habitual de los gobiernos de algunos países, quienes utilizan esta medida como un medio para administrar sus fronteras.

No obstante, aunque la migración irregular represente un desafío tanto para la integridad de las fronteras como para el funcionamiento eficiente de los sistemas de asilo, los gobiernos tienen la obligación de tratar a toda persona que cruce sus fronteras de una manera digna y humanitaria, de conformidad con lo establecido en la propia normatividad internacional de los derechos humanos y lo establecido por las normas de protección internacional de personas. Los derechos a la libertad y a la seguridad son, en este sentido, derechos fundamentales de toda persona, lo cual se traduce en el reconocimiento de una prohibición de cualquier tipo de detención arbitraria, fortalecida por el derecho a una libre circulación.

Sobre este respecto, resulta vital partir de lo planteado por el artículo 11 Constitucional, el cual establece:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

Como se desprende del párrafo segundo de este precepto constitucional, el buscar y recibir asilo en nuestro país no se trata de un acto ilegal, por tanto, toda restricción de la libertad que se imponga a las personas que ejercen este derecho debe encontrarse establecida en la Ley, circunscrita diligentemente y sujeta a un mecanismo de revisión expedito. Un razonamiento que profundiza el ACNUR, al advertir que:

“(...) La detención sólo puede aplicarse cuando se persigue un fin legítimo y se haya determinado que es a la vez necesaria y proporcionada en cada caso individual. Respetar el derecho a solicitar asilo implica instituir mecanismos de recepción abiertos y humanos para los solicitantes de asilo, incluyendo el trato seguro, digno y compatible con los derechos humanos.”

Sin embargo, más allá de las reflexiones anteriores, conviene tener presente la disposición contenida la Ley de Migración, la cual establece en su artículo 99, que “es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional”.

Indudablemente, una medida que ha sido empleada por las autoridades de una forma generalizada en todos los casos de personas que se encuentran en territorio mexicano y que cuentan con una situación migratoria irregular. Una situación que resulta de especial preocupación para el caso de personas solicitantes de asilo político, refugio y otras personas con necesidad de protección internacional, dado el estado de vulnerabilidad que estas personas presentan.

Como lo advierte Sin Fronteras en su informe “Detención sin Excepción. 15 años de monitoreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en estaciones migratorias”, la referencia de términos como “presentación”, “alojamiento”, “aseguramiento”, “estancia” o cualesquiera otras formas empleadas en la legislación nacional y por las autoridades migratorias en los últimos años para referirse a la detención de solicitantes dentro de estaciones migratorias, ha buscado la forma de eludir el cuestionamiento inherente a la justificación de la privación de la libertad a solicitantes de protección internacional.

Una situación alarmante a partir de los cálculos realizados por esta organización, los cuales estiman que del 2000 al 2015 se registró un total de 2,126,666 eventos los cuales incluyen la detención de solicitantes de asilo, refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional. Como lo señala Sin Fronteras:

“(...) El uso de estos vocablos no es imparcial. Podemos rastrear a lo largo de quince años una modificación en las formas de referirse al fenómeno de la detención y la expulsión de personas extranjeras del país: en el periodo de 2002 a 2007 encontramos el uso de “alojamiento” y “aseguramiento” como sinónimos, y “devolución” para hablar de las deportaciones, sin distinción. A partir de 2008 y hasta 2012, esta tendencia continúa, aunque incorpora una diferenciación en las deportaciones, a las se denomina “expulsiones”, “repatriaciones voluntarias”, y “devoluciones” (únicamente para el caso de menores). Este dato es de relevancia, puesto que a partir de la incorporación de la “repatriación voluntaria” en los informes estadísticos subsecuentes del INM, aparece una tendencia a la alza en el número de personas que, en apariencia, estarían retornando a sus países por voluntad propia (...) A partir de 2013 se da otro cambio de suma relevancia en el contexto actual dela política migratoria de detención. Considerando el carácter penal que reviste una detención que excede los términos administrativos de 36 horas, ésta deja de llamarse “aseguramiento” y es nombrada “presentación ante una autoridad”, como si se tratara de un acto que ocurre a partir del libre albedrío de la persona migrante. A la par de estas modificaciones del lenguaje institucional –insistimos, no fortuitas– también se verifica un movimiento político-conceptual en las observaciones y señalamientos de la sociedad civil a la política migratoria de detención (...)”

En este entendido resulta fundamental precisar lo que una detención migratoria supone. Dentro de las Directrices elaboradas por el ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes, se entiende, por ejemplo, que cualquier tipo de detención a personas que solicitan de protección internacional, equivale a una privación de la libertad, ya que esta detención implica un confinamiento dentro de un lugar cerrado, situación que impide que el solicitante pueda entrar y salir a su voluntad. En este sentido, recalca que “las distinciones entre la privación de la libertad (detención) y restricciones menores a la circulación son de grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia”. Por consiguiente, independientemente del nombre que se le dé a un determinado lugar de detención, las cuestiones importantes son si el solicitante está siendo privado de facto de su libertad y si esta privación es legal según el derecho internacional.

Al respecto, conviene tener presente lo señalado por la CIDH en sus “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, en los cuales define como privación de la libertad:

“[c]ualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas(...)”

Asimismo, lo señalado por este mismo órgano en su informe “Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, donde la Comisión señala que:

“(...) la figura del “alojamiento” en México representa una privación de la libertad, y corresponde de manera más precisa a lo que se denomina como “detención migratoria” (...) En este orden de ideas, la Comisión considera que la detención de los solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes y beneficiarios de protección complementaria y apátridas debe ser una medida excepcional de último recurso, a la cual solo pueden recurrir las autoridades en los casos prescritos por la legislación nacional y la cual debe ser compatible con las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Al ser una medida excepcional, las autoridades solo podrán recurrir a la detención tras haber determinado que esta medida cumple con los siguientes requisitos: 1) necesidad, 2) razonabilidad y 3) proporcionalidad. Lo anterior implica que la detención migratoria debe ser necesaria en un caso individual, si su utilización es razonable y si es proporcional con los objetivos que pretende alcanzar. En caso de que se determine su necesidad, la detención no debería ser discriminatoria y se debería imponer por el menor tiempo que sea posible.”

En el mismo sentido, lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional”, el cual establece que:

“[l]a privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger.”

De esta forma, la Corte, remarcando la naturaleza no punitiva de esta medida excepcional, recoge los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de normas internacionales de derechos humanos; sumado al hecho de reconocer los distintos términos y eufemismos con que se hace referencia a esta medida de privación de la libertad.

Un criterio compartido por distintos organismos internacionales, los cuales coinciden con la idea que la detención migratoria constituye una forma de privación de la libertad arbitraria, por lo que en consonancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el relativo a la asistencia de personas con necesidad de protección internacional, esta práctica debe entenderse como una medida de carácter excepcional y utilizarse únicamente como una medida de último recurso.

En esta tesitura, resulta claro que esta medida de privación de la libertad se haya mantenido como objeto de preocupación recurrente para un importante número de organismos internacionales de derechos humanos desde el año 2003, los cuales han recomendado a México de forma consistente: 1) El análisis individualizado y pormenorizado del caso particular que deben efectuar las autoridades correspondientes para poder determinar la aplicación de esta medida excepcional, 2) El cumplimiento debido de los parámetros de proporcionalidad, necesidad e idoneidad en caso de considerarse la utilización de la detención como una medida necesaria, y 3) El perfeccionamiento en la aplicación de medidas alternas a la detención. Entre estos organismos podemos señalar:

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

El Comité de Derechos Humanos

El Comité contra la Tortura

El Comité de los Derechos del Niño

El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante referida como ONU)

La Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos

Sobre esta temática en particular, la CIDH realizó un análisis a profundidad respecto de la legalidad y fundamentos en la aplicación de la detención migratoria como una medida excepcional de los Estados, señalando que:

“(...) este tipo de detención solamente es permisible cuando, después de llevar a cabo una evaluación individualizada, se considera que esta medida es necesaria para dar cumplimiento a un fin legitimo del Estado, tal como asegurar la comparecencia del migrante al procedimiento de determinación de su situación migratoria o para garantizar la aplicación de una orden de deportación.477 En este sentido, la Comisión considera que para que proceda la detención migratoria es necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o va evadir que se lleve a cabo su deportación. Por ende, la autoridad competente tiene la obligación de hacer una determinación individual, en la que se presuma la comparecencia del migrante y solo fundada en criterios objetivos que respondan al caso concreto debe ordenarse la detención migratoria.

443. Al referirse a la detención migratoria, la Corte ha señalado que al momento de determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál era el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida. El mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana478. A juicio de la Corte, son arbitrarias las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren debidamente fundamentadas479.

444. Por otra parte, la detención migratoria también puede devenir en arbitraria cuando la ley no establezca un plazo máximo de duración, el cual en ningún caso podrá ser indefinido, o cuando tiene una duración excesiva480. Al respecto, la Corte ha señalado que cuando la detención migratoria se prolonga de forma indebida esta pasa a ser una medida punitiva481.

445. Con relación a la proporcionalidad de la detención migratoria, la Comisión estima que debe existir una relación racional entre esta medida y el fin que persigue, de forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción. Además, el requisito de la proporcionalidad implica que la detención migratoria debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida.

446. En conclusión, la Comisión considera que para que detención migratoria no devenga en arbitraria es necesario que las autoridades estatales hagan un análisis individualizado caso por caso, tras el cual el Estado debe demostrar que no existían medidas menos invasivas para lograr los mismos objetivos y que la detención migratoria responde a los requisitos de: i) perseguir un fin u objetivo legítimo, ii) razonabilidad, iii) necesidad, iv) proporcionalidad y v) no discriminación.”

En este orden de ideas, la presente propuesta de reforma a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria –cualquiera que sea su denominación por parte de la legislación y/o autoridades– atendiendo a lo señalado en distintas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y en este sentido, reafirmar los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad que debe satisfacer la aplicación de esta medida, sumada a las garantías del debido proceso que deben de satisfacerse una vez empleada esta detención (propuesta de eliminación del párrafo segundo del artículo 20 de la Ley).

Por otra parte, remarcar en la Ley –redacción propuesta del artículo 21– las consideraciones debidas en torno a la aplicación de esta figura, incluyendo los fines legítimos y permisibles de esta detención, los cuales deberán asegurar:

1) La comparecencia del migrante dentro del procedimiento de determinación de su situación migratoria; el cumplimiento de los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad –en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal–;

2) La valoración y correcta motivación individualizada de la detención por parte de las autoridades correspondientes –la cual no debe estar sustentada en presunciones–, y

3) Por último, la necesidad de que la detención migratoria deba decretarse por el menor tiempo que proceda para cumplir el fin procesal –lo que a su vez implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a la detención–, es decir, que el período de detención migratoria no se extienda de forma irrazonable e injustificadamente, lo cual derivaría en su arbitrariedad.

Consideraciones que, de hecho, fueron incluidas recientemente en la resolución de un Incidente de Revisión decidido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, el pasado 19 de abril, respecto de la prolongación del alojamiento temporal de una persona de origen salvadoreño en una estación migratoria de la Ciudad de México. Consideraciones que se reproducen a continuación, en razón del avance sustantivo sustentado por este tribunal al afirmar que:

“(...) puede considerarse que ha transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el quejoso (...); por lo que, es dable concluir que aparentemente la privación de la libertad que resiente el impetrante de amparo al encontrarse en alojamiento temporal en una estación migratoria, por estar sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, podría ser arbitraria al rebasar en exceso el tiempo establecido en los ordenamientos legales conducentes para definir la situación migratoria del quejoso, (...) En ese contexto considerando que en el presente caso las consecuencias del acto reclamado son que el quejoso se encuentra privado de su libertad, de negarse la medida cautelar se le podrían causar daños de imposible reparación, (...) El contexto anterior revela que la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación, incluyendo el alojamiento, dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. Asimismo que la detención en estaciones migratorias, se debe estudiar y evaluar el caso particular y únicamente si no existe otra alternativa menos lesiva, será procedente la detención como excepción.”

En este contexto podemos afirmar concluyentemente, que existe un consenso internacional en torno de esta medida, el cual exhorta al Estado mexicano a considerar la necesidad de modificar su legislación interna acorde a los compromisos internacionales que México ha suscrito en distintos foros y espacios internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.

En este sentido, cobra importancia lo señalado por distintos organismos respecto a la implementación de medidas alternas a la detención, para efectivamente hacer posible a los solicitantes de protección internacional continuar con los procesos administrativos de reconocimiento y regularización migratoria en condiciones de libertad. Es por ello que debe de valorarse la implementación de otro tipo de medidas ya contempladas tanto en la normativa nacional como internacional, tales como el depósito o entrega de documentación, las medidas de comparecencia periódica ante las autoridades, la residencia dirigida, la residencia en centros abiertos o semiabiertos de recepción y/o asilo, la presentación de un garante fiador, y convenios de supervisión de la comunidad, entre otros (inclusión expresa en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de la consideración de “medidas alternas a la privación de la libertad” a cargo de la Secretaría).

Por otra parte, resulta fundamental centrar nuestra atención en la situación que las detenciones desencadenan en el caso de grupos vulnerables como son niñas, niños y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, asilo político y quienes reciben protección complementaria, así como aquellas personas con una necesidad de protección internacional.

Al respecto, existe una preocupación latente por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre las consecuencias que acarrea la detención migratoria en niñas, niños y adolescentes. Como lo subraya la CIDH:

“La Comisión observa que los factores que impulsan la migración de NNA son variados, principalmente la búsqueda de mejores oportunidades de vida; reunificación familiar; la búsqueda de protección internacional frente a contextos en los que son víctimas de persecución, violencia y explotación; así como consecuencia de desastres naturales. Otros factores son el maltrato o el abandono que sufren los NNA en sus países de origen, la persecución por parte de organizaciones del crimen organizado, tales como “maras”, pandillas o carteles del narcotráfico y la proliferación de redes transnacionales de trata de personas.”

Sobre esta temática en particular, distintos organismos como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la CIDH han recomendado al Estado mexicano la atención adecuada de este grupos altamente vulnerables, a través del perfeccionamiento del marco jurídico y operacional que asegure la tutela correcta de menores extranjeros acompañados y no acompañados que se encuentren en nuestro país, así como el aseguramiento de servicios especiales de recepción y atención de estos menores solicitantes de asilo, refugio, protección complementaria u otras formas de protección internacional.

En este mismo sentido, la CIDH ha recomendado a México que teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño, de unidad familiar y no discriminación, en suma con la obligación del Estado de adoptar las medidas específicas de protección acordes a la edad y vulnerabilidad que por su condición de menores requieren los niñas, niños y adolescentes migrantes, el Estado mexicano debe reconocer en su normativa interna que: “[l]a decisión final adoptada respecto a un NNA migrante debe satisfacer, en primer lugar, su interés superior y posteriormente el interés del Estado en materia migratoria.”

Una consideración que es introducida de forma expresa en las propuestas de reformas presente, con el fin de cumplir no solamente con las recomendaciones realizadas a nuestro país por parte de distintos organismos internacionales en la materia, sino garantizar la efectiva protección de niñas, niños y adolescentes acorde a la trayectoria del Estado mexicano en su asistencia a personas con necesidad de protección internacional y, asimismo, dar continuidad a lo propuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

G.Derecho de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado a la libre circulación dentro de territorio nacional

Derivado del reconocimiento del principio de no privación de la libertad de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, debe reconocerse dentro de esta legislación secundaria aquello establecido en el párrafo primero del artículo 11 constitucional, el cual estipula que:

“[t]oda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”

Al respecto, debe tenerse en consideración la libertad de circulación reconocida en el artículo 26 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así como aquello dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que al respecto reconocen el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular en él de forma libre. En este sentido, la presente propuesta de modificación pone a consideración el reconocer el derecho a la libre circulación de todo solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado, limitándolo, únicamente, a la obligación del todo solicitante de notificar a la Secretaría su cambio de su domicilio, dentro de un plazo razonable.

H.Derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado con su representante legal.

Considerando el derecho de todo solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado a contar con una asesoría y representación legal a lo largo del procedimiento establecido en esta Ley, y derivado de las garantías del debido proceso reconocidas por el Estado mexicano en normas de derecho interno e internacional, se propone incluir en la redacción del artículo 21 –último párrafo– la obligación del Estado mexicano de asegurar las condiciones necesarias para facilitar el acceso del representante legal al lugar en que se encuentre el solicitante, reconociendo, en este sentido, las condiciones de privacidad que deben garantizarse respecto de sus comunicaciones.

I. Derecho a recibir orientación y asistencia para la obtención de la condición de estancia por razones humanitarias

Dentro de la presente propuesta de modificaciones a la Ley en comento, se propone incluir en la redacción del artículo 22, la referencia expresa al documento que se emite a favor del solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado que permite su estancia en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración vigente. En este orden de ideas, establecer la obligación de las autoridades correspondientes de garantizar la orientación y asistencia necesarias para que el solicitante pueda obtener la condición de estancia por razones humanitarias y, en consecuencia, poder ejercer el derecho a buscar y recibir asilo en territorio nacional mexicano.

III. Otras adecuaciones a la Ley

Dentro de este último eje se proponen una serie de modificaciones específicas a la Ley, las cuales buscan armonizar entre sí las distintas disposiciones que integran esta legislación secundaria de conformidad con los parámetros dispuestos por normas distintas normas de carácter interno, así como también aquéllos compromisos adoptados por el Estado mexicano a nivel internacional.

A.Reconocimiento de la cooperación y acompañamiento que realizan los organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Al respecto se propone reconocer de forma expresa dentro del artículo 8 de la Ley la labor realizada por organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y protección a solicitantes, refugiados, asilados políticos y quienes reciben protección complementaria, reconociendo la facultad de la Secretaría para analizar los informes y propuestas que formulen estos organismos y organizaciones al momento de adoptar las medidas para evitar la discriminación en contra de solicitantes, refugiados y quienes reciban protección complementaria.

B.Reconocimiento expreso del cuerpo de derechos contenido el Título Cuarto de la Ley, como parte de las obligaciones a cargo de la Secretaría en materia de refugiados

Por otra parte, realizar la armonización de preceptos contenidos en la Ley acorde con los principios, derechos y prerrogativas reconocidos en el Título Cuarto “Del reconocimiento de la condición de refugiado y del otorgamiento de protección complementaria”.

En este sentido realizar la adecuación en la redacción de los artículos 15 y 20 de la Ley, a efecto de reconocer las obligaciones a cargo de la Secretaría para garantizar los derechos de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.

C.Reconocimiento del carácter facultativo a cargo de la Secretaría para cesar el reconocimiento de la condición de refugiado

Se propone, asimismo, adecuar la redacción del artículo 33 de la Ley con el fin de reconocer el carácter facultativo –no forzoso– de la decisión de la Secretaría para cesar el reconocimiento de la condición de refugiado.

En el mismo sentido, se propone cambiar la redacción del artículo 51 para detallar aquéllos casos cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección complementaria, pretendan viajar a su país de origen. Al respecto se propone la mención expresa de la obligación a cargo de la Secretaría para hacer del conocimiento de la persona, la posibilidad de que se dé inicio al procedimiento de cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado o, en su caso, retirar la protección complementaria. Y en este tenor, incluir la redacción de un segundo párrafo en el cual se establece la obligación de la Secretaría de analizar las circunstancias individuales de la persona, para, en su caso, dar inicio al procedimiento correspondiente, debiendo en todo momento –y en virtud del principio de debido proceso– motivar su actuación.

D.Reafirmación del principio de no devolución a cargo del Estado mexicano y sus autoridades aun en casos en que el solicitante, refugiado, o extranjero que reciba protección complementaria, ponga en riesgo la seguridad nacional, o bien, haya sido objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad.

Recordando los compromisos del Estado mexicano a niveles interno e internacional al reconocer el principio de no devolución –el cual da sustento a la figura de protección complementaria–, se propone reafirmar dentro del artículo 52 de la Ley el compromiso del Estado mexicano y sus autoridades en el respeto de este principio, aun tratándose de casos en que existan razones fundadas para considerar que el solicitante, refugiado, o extranjero que recibe la protección complementaria, pone en riesgo la seguridad nacional, o bien, ha sido objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad.

E.Finalmente y derivado de la publicación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, se sustituyen las referencias que la Ley hace de Distrito Federal, por Ciudad de México, así como de Delegaciones Políticas por Alcaldías, a fin de homologar la propuesto con las recientes disposiciones locales aprobadas.

El texto de esta iniciativa busca ser sólo la base de un debate profundo e inclusivo que sume las voces de los principales actores involucrados en la materia, incluidos los legisladores, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y la academia. El objetivo es consolidar una reforma legislativa que garantice de manera efectiva la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, de las personas solicitantes de asilo y de aquellas que hubieran sido reconocidas como refugiadas, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte.

A fin de tener una mayor claridad de la iniciativa, presentamos el siguiente cuadro comparativo del texto actual y del texto propuesto de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13, 14 Bis, 14 Ter, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 33, 40, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71 y 72; Se adiciona al artículo 2, una nueva fracción I, recorriendo en su orden las subsecuentes; artículo 5, fracciones VII, VIII, IX y X; artículo 9, segundo párrafo; artículo 19, segundo y tercer párrafos; un artículo 19 Bis; artículo 21, párrafos segundo, tercero, quinto y sexto; artículo 22, segundo párrafo; artículo 24, tercer párrafo; artículo 39, segundo párrafo; artículo 51, segundo párrafo y artículo 58, segundo párrafo; y se derogan el segundo párrafo del artículo 18; artículo 20, segundo párrafo, y artículo 21 segundo párrafo, todos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asilo: Protección internacional por parte del Estado Mexicano a un extranjero que la solicita.

II. Asilo Político: Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial.

III. Asilado político: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano.

IV. Fundados Temores: Los actos y hechos que podrían dar lugar a una persecución en el caso de retorno al país de origen, y que podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

V. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VI. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VII. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de la condición de refugiado, del solicitante de asilo político o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección complementaria.

VIII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, su libertad, su integridad o su seguridad, se vería n amenazada s o se encontraría en peligro de ser sometido a desaparición forzada, a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.

IX. Condición de Refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley, es reconocido como refugiado, por la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal.

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 Bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación.

XII. Solicitante de Asilo Político: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera de la Ciudad de México o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo político.

XIII. Solicitante de la Condición de Refugiado: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados políticos, refugiados y quienes reciban protección complementaria que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 4. Todas las autoridades involucradas en la aplicación e interpretación de esta Ley deberán observar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de observancia obligatoria en México y demás ordenamientos aplicables, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de los asilados políticos, refugiados, de quienes reciban protección complementaria y de las personas solicitantes.

Título Segundo De la condición de refugiado

Capítulo I De los principios

Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios:

I. a V [...]

VI. Confidencialidad y protección de datos personales;

VII. Pro persona;

VIII. Perspectiva de género;

IX. Transparencia, y

X. Debido proceso.

Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban protección complementaria, no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Para la adopción de dichas medidas, la Secretaría analizará las propuestas que formulen organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse la organización, la unidad familiar y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño.

Las niñas, niños y adolescentes serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 10. La información aportada por los solicitantes, refugiados, y quienes reciban protección complementaria, será tratada con la más estricta confidencialidad, con base en lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

[...]

Capítulo II De la condición de refugiado

Artículo 11. Todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar, por sí, por su representante legal o por interpósita persona, el reconocimiento de la condición de refugiado. Si el extranjero solicitase dicho reconocimiento a través de su representante legal o por interpósita persona, deberá de ratificar su solicitud ante la Secretaría dentro del término de diez días hábiles. Si el extranjero la ratifica se continuará el procedimiento de reconocimiento, en caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud. El procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado sólo podrá continuarse por el solicitante o por su representante legal de conformidad con lo establecido en esta Ley y su reglamento

Artículo 12. La Secretaría reconocerá la condición de refugiado, mediante un acto declarativo debidamente fundado y motivado, a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 13 de esta Ley, y que por tanto serán sujetos de los derechos y obligaciones contenidos en la misma.

Al cónyuge, concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina, hasta el segundo grado, u otras formas de unión análogas reconocidas por ley, así como las personas que mantengan una relación de dependencia económica, social o emocional con el solicitante, que de igual forma se encuentren en territorio nacional con el solicitante, se les reconocerá por derivación la condición de refugiado. En los casos en los cuales no exista prueba documental de una relación de filiación y dependencia se analizarán otras fuentes de evidencia, incluyendo la declaración del solicitante.

Título Tercero De las atribuciones en materia de refugiados, protección complementaria y asilo político

Capítulo Único

Artículo 14 Bis. En materia de Asilo Político, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. [...]

II. Orientar a los solicitantes de asilo político y asilados políticos sobre sus derechos y obligaciones;

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados políticos;

IV. a V. [...]

Artículo 14 Ter. En materia de Asilo Político, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados políticos conforme a lo establecido en esta Ley y su reglamento;

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados políticos, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la atención de asilados políticos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, que participen en la atención a asilados políticos, y

V. Atender a los asilados políticos con pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la Secretaría lo siguiente:

I. [...]

II. Promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refugiados y solicitantes conforme al artículo 20 y demás disposiciones del Título Cuarto de esta Ley;

III. a la VII. [...]

VIII. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, que participen en la atención a refugiados;

IX. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado, incluyendo el acceso a la orientación, asesoría y representación jurídica;

X. a XV [...]

Título Cuarto Del reconocimiento de la condición de refugiado y del otorgamiento de protección complementaria

Capítulo I Del reconocimiento de la condición de refugiado

Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría, sin que este derecho se sujete a plazo alguno.

En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción III, el plazo para presentar la solicitud correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los hechos a los que alude dicha disposición.

[...]

[...]

[...]

Artículo 19. El solicitante tendrá derecho a recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta ley y otras le concedan.

Todo solicitante tendrá derecho a orientación, asesoría y representación jurídica adecuada y gratuita por un abogado, al cual elegirá libremente. La Secretaría deberá garantizar el acceso al servicio de defensoría pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Defensoría Pública. También tendrá derecho a que su abogado comparezca en todos los actos del procedimiento.

Los solicitantes de la condición de refugiado, por sí mismos o a través de sus representantes, tendrán pleno acceso a los documentos relativos a la determinación de la condición de refugiado o el otorgamiento de protección complementaria, así como el derecho a obtener copia de los mismos.

Artículo 19 bis. El solicitante de la condición de refugiado tendrá los siguientes derechos:

I. Acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Cuando sea necesario, se ofrecerá a los niños, niñas y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, clases preparatorias, incluidos cursos de idiomas, para facilitar su acceso al sistema educativo y su participación en el mismo.

II. Acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades básicas. Para estos efectos, y por medio de la Secretaría, se podrán crear los instrumentos y apoyos necesarios para la construcción de albergues que garanticen un nivel de vida adecuado para los solicitantes de condición de refugiado.

III. Disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica provistos por los sectores público y privado de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades deberán proporcionar la atención médica y sanitaria necesaria que incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades o trastornos psíquicos graves.

IV. Acceder a un trabajo remunerado. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, brindará las medidas necesarias para facilitar a los solicitantes de condición de refugiado el acceso al empleo. La Secretaría, en coordinación con otras autoridades y organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, deberá proporcionar a los solicitantes de condición de refugiado las facilidades necesarias para el acceso a la formación y capacitación profesional.

Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas necesarias para garantizar los derechos de los solicitantes de la condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto en este Título, particularmente a aquellas que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia.

Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido provisionalmente o se encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de conformidad con las circunstancias del caso. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá determinarse su interés superior.

Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Presentada la solicitud y expedida la constancia de trámite respectiva, la persona solicitante tendrá el derecho de permanecer en libertad, para lo cual la Secretaría tomará las medidas correspondientes para asegurar una medida alternativa a la privación de la libertad, cualquiera que sea su denominación. En caso de que exista evidencia para sugerir que tal alternativa no será efectiva en el caso individual, se deberá evaluar si la permanencia en la estación migratoria es necesaria, tomando en cuenta si es razonable hacerlo y si la medida es proporcional con los objetivos a lograr. De juzgársela necesaria, no deberá ser discriminatoria y se deberá imponer por el menor tiempo posible, mediante una resolución fundada y motivada, de conformidad con la Ley de Migración, y susceptible de ser revisada periódicamente. En ningún caso el plazo de privación de libertad podrá exceder del plazo de máxima duración del procedimiento para determinar la condición de refugiado.

En ningún caso los niños, niñas y adolescentes solicitantes, acompañados o no acompañados, serán sujetos a una medida privativa de la libertad, cualquiera que sea su denominación. Las autoridades estarán obligadas a implementar medidas menos lesivas, bajo el principio de interés superior de la niñez.

La presentación de la solicitud de un extranjero no dejará sin efectos las medidas que se hayan dictado con anterioridad a la solicitud.

Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá dar aviso por escrito y de manera inmediata a la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Una vez notificada la Secretaría en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá tomar las medidas necesarias para que la persona extranjera ratifique la solicitud, garantizando la no devolución de la persona en los términos del artículo 6 de esta Ley.

Los solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional. Cuando un solicitante cambie de domicilio, deberá notificar dicha situación a la Secretaría.

Una vez presentada formalmente la solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de éste.

Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por sí o a través de su representante legal, para lo cual se deberán tomar las medidas para garantizar el acceso del representante al lugar en que se encuentre el solicitante, así como la comunicación entre ellos en condiciones de privacidad. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el solicitante y , en su caso, con otros miembros adultos de su grupo familiar, pudiendo estar acompañados por su representante legal.

Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La constancia mantendrá su vigencia en tanto se resuelva en definitiva la situación jurídica del solicitante.

La Secretaría brindará la orientación y asistencia necesaria para la obtención de la condición de estancia por razones humanitarias por parte de los solicitantes de condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración.

Artículo 24. [...]

[...]

La opinión que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá integrarse al expediente y hacerla del conocimiento del solicitante.

[...]

I. a V. [...]

Artículo 25. La resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante. La Secretaría al momento de realizar las notificaciones procurará que el solicitante comprenda el sentido de la resolución y su derecho a recurrir la misma.

[...]

Capítulo II De la protección complementaria

Artículo 28. La Secretaría podrá otorgar protección complementaria al extranjero que, no encontrándose dentro de los supuestos del artículo 13 de esta Ley, requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida, su libertad o su seguridad, se verían amenazadas o se encontraríaen peligro de ser sometido a desaparición forzada, a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.

[...]

No se otorgará protección complementaria al extranjero respecto del cual existan motivos fundados para considerar que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 de la presente Ley.

Título Quinto De los procedimientos de cesación, revocación y cancelación

Capítulo I De la cesación, de la revocación y de la cancelación

Artículo 33. La Secretaría podrá cesar el reconocimiento de la condición de refugiado al que:

I. a VI. [...]

Capítulo II Disposiciones comunes

Artículo 39. [...]

La autoridad competente para resolver el recurso de revisión garantizará la independencia, imparcialidad, y atenderá al requisito de superioridad jerárquica.

Artículo 40. [...]

I. Recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento respectivo y sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta Ley y otras disposiciones aplicables le conceda, así como acceso a la asistencia jurídica y representación legal;

II. a III. [...]

Artículo 51. Cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección complementaria, pretendan viajar a su país de origen, deberá de hacerlo del conocimiento de la Secretaría, la cual, a su vez, observadas y consideradas las circunstancias individuales de la persona, le hará de su conocimiento la posibilidad de dar inicio al procedimiento de cesación de la condición de refugiado, así como retirar la protección complementaria.

De realizarse el viaje al país de origen, la Secretaría, a partir de un análisis de las circunstancias individuales de la persona, podrá dar inicio al procedimiento correspondiente, debiendo motivar su actuación.

Artículo 52. Si hay razones fundadas para considerar que el solicitante, refugiado, o extranjero que reciba protección complementaria, pone en riesgo la seguridad nacional, o bien, si habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad, podrá ser expulsado o devuelto a otro país, siempre y cuando no se infrinja lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley.

Capítulo IV De la asistencia institucional

Artículo 56.La Secretaría promoverá que las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como las instituciones que otorguen apoyos a las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las facilidades a los solicitantes y refugiados para el acceso a los beneficios de sus programas, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 58. Para efectos de la reunificación familiar, la Secretaría podrá autorizar, por derivación de la condición de refugiado o del otorgamiento de la protección complementaria, la internación a territorio nacional del cónyuge, concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina, hasta el segundo grado, personas que se encuentran bajo otras formas análogas de unión reconocidas por la ley, que dependan social, económica o emocionalmente del refugiado o del beneficiario de la protección complementaria, priorizando siempre la unidad familiar.

En el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se priorizará la reunificación familiar en México de los familiares de niñas, niños y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.

Título Séptimo Del asilo político

Capítulo I Principios

Artículo 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los asilados políticosno sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 60. La información aportada por los solicitantes de asilo político y asilados políticos será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo político o asilados políticos, deberá solicitarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la ley citada.

Capítulo II Del otorgamiento de asilo político

Artículo 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera de la Ciudad de México o la Representación, según corresponda.

Artículo 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el otorgamiento de asilo político al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan económicamente del asilado político, que se encuentren en su país de origen o en territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría.

Capítulo III Del procedimiento de otorgamiento de asilo político

Artículo 63. El solicitante de asilo político deberá presentarse físicamente en la representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera de la Ciudad de México, a efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo político, así como de todos los elementos que disponga para sustentarla.

[...]

Artículo 69. [...]

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo político, ésta y la Representación, de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado político sea trasladado a territorio nacional.

[...]

Capítulo IV Del retiro y renuncia del asilo político

Artículo 71. [...]

I. a II. [...]

III. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado políticoha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o

IV. [...]

Artículo 72. Los asilados políticos podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la Secretaría.

En caso de que un asilado político solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.

[...]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Cada una de las autoridades involucradas realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Entre ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 13), la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 3), la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura (Artículo 13) y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas (artículo 8). Al respecto, cabe precisar que este principio es también referido por algunos como el principio non-refoulement.

2 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/15 31, diciembre de 2015, párrafo 3.

3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Ficha de datos del ACNUR - México”, julio de 2016,

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Mexico/ Mexico_hoja_informativa_Julio_2016_ESP.pdf, última visita 08 de enero de 2018.

4 Cfr. El Universal, “Crece más de 1000% solicitudes de refugio a México de 2011 a 2016”, 19 de junio de 2017,

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/19/ crece-mas-de-1000-solicitudes-de-refugio-mexico-de-2011-2016, última consulta 08 de enero de 2018.

5 No obstante, de acuerdo con información proporcionada por el ACNUR, menos del 1 por ciento del número estimado de personas originarias del TNCA que entran al país de manera irregular solicitan asilo, ello, debido a la falta de información que se proporciona a estas personas una vez que ingresan a territorio mexicano. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Ficha de datos del ACNUR-México”, julio de 2016,

Cfr.http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Mexico/ Mexico_hoja_informativa_Julio_2016_ESP.pdf , última consulta 08 de enero de 2018.

6 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos...” op. Cit., párrafo 48.

7 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951; adherida por México el 7 de junio de 2000 y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2000.

8 Como lo señala el ACNUR, “(...) la búsqueda destinada a lograr la compatibilidad entre el sistema latinoamericano y el sistema universal, y de ambos con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, se mantuvo como una tarea permanente en los repetidos eventos latinoamericanos organizados por el ACNUR, con participación de gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, miembros de la academia, organizaciones no gubernamentales y agencias voluntarias.” Por ejemplo, entre algunas de las lagunas y fricciones que amenazaban la protección de los refugiados se encontraban: “a) el hecho de que en [el sistema universal] se enfatizan desproporcionadamente los derechos y la discrecionalidad de los Estados en detrimento de los derechos de las personas que necesitan protección internacional; b) la aplicación del derecho de asilo [dentro del sistema universal ocurre] de forma elitista, favoreciendo a personalidades conocidas en el ámbito político y, consecuentemente, perjudicando a personas anónimas que también necesitan justificadamente protección internacional; c) que el sistema interamericano de asilo no había elaborado normas de tratamiento que delimitaran el contenido de los derechos de los que se consideran asilados. Cabe señalar, además, que aunque todos los Estados de América Latina habían ratificado uno o varios de los tratados latinoamericanos sobre asilo, lo cierto es que ninguno de estos tratados de asilo había sido ratificado por todos los países de Centroamérica y México, y por lo tanto no existía un marco normativo común para dar respuesta a los desplazamientos masivos generados por los conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos en América Central.” Cfr. Franco, Leonardo (Coord.), “El Asilo y la Protección Internacional de los refugiaos en América Latina: Análisis críticos del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, 1ª edición, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, p.p. 29-30. Texto en

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8945.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

9 En 1982 el gobierno mexicano suscribió un Acuerdo Sede con el ACNUR, el cual permitió a esta Oficina realizar actividades de reconocimiento de la condición de refugiado a pesar de que el Estado mexicano no había ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una labor que desempeñó hasta el año de 2002.

10 Cfr. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de enero de 1967; adherido por México el 7 de junio de 2000 y promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2000.

11 Cfr. Sin Fronteras, “Evolución y Retos del Asilo en México. 20 años de asistencia legal e incidencia por las personas Refugiadas”, Septiembre de 2016, p. 27,

http://sinfronteras.org.mx/wpcontent/uploads/2017/06/InformeAsilo_2016_WEB_02.p df

12 A saber, “[t]todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país”.

13 Fracción III del artículo 2 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

14 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados”, diciembre de 1992, párrafos 45-46 y 53,

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf , última consulta 8 de enero de 2018.

15 Cfr. En su artículo 33, el cual establece al respecto que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.”

16 Cfr. Que en su artículo 1 reconoce que “[t]odo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona.”

17 Cfr. Que en sus artículos 4 y 7 reconoce el derecho de toda mujer al “(...) reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. el derecho a libertad de asociación;

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. y

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”; y en este sentido el compromiso de todos los Estados de “(...) adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.” Firmada ad referéndum el 4 de junio de 1995, ratificada el 26 de noviembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.

18 Cfr. En su artículo 16, el cual establece que “[n]ingún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.”

19 Cfr. Que en su artículo 13, párrafo 4 establece que “[n]o se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.”

20 Cfr. Que en su artículo 15 establece: “[q]ueda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a otro Estado a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a actos de tortura; o que sería juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.”

21 Reconociendo, al respecto, que la figura de la protección complementaria tiene su origen en las obligaciones en materia de no devolución contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, no es posible hablar de “cláusulas de exclusión” para quienes disfrutarían de protección complementaria, en tanto que en el caso de México dicha protección se basa en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y no en el Derecho Internacional de los Refugiados. Distinto a lo que sucede con la protección internacional de los refugiados, la protección contra la devolución de conformidad con los instrumentos de derechos humanos no requiere el cumplimiento de criterios de inclusión ya que deben ser disfrutados por “toda persona”.

22 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a de la Constitución federal”, Novena época, Instancia Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis P. LXXVII/99, p. 46, materia Constitucional, Tesis aislada. En el mismo sentido, Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Derechos humanos. Los Tratados Internacionales vinculados con éstos son de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011”, Décima Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, p. 602, materia Constitucional. Tesis aislada. Última consulta 8 de enero de 2018.

23 También denominado principio pro personae o pro homine, el cual implica que la interpretación de las normas de derechos humanos debe realizarse de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, “(...) lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y el alcance de tales derechos a partir de [... este] criterio hermenéutico (...) , en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio (...)” Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Principio Pro Personae. El contenido y alcance de los derechos humanos debe analizarse a partir de aquél”, Décima Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 659, materia Constitucional. Tesis aislada.

24 Referido en términos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como un “[c]oncepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género” y, asimismo por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “(...) una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones”.

25 A saber, Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersex.

26 De conformidad con los compromisos del Estado mexicano en la materia, entre ellos lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –suscrita por México el 17 de julio de 1980, ratificada el 23 de marzo de 1981 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981– y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Al respecto se recomienda Ver. Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Cfr. “Recomendación General Núm. 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres”, Organización de las Naciones Unidas, CEDAW/C/GC/32, 14 de noviembre de 2014,

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/ BDL/2014/9924, última consulta 8 de enero de 2018.

27 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos...”, op. Cit., párrafo 429.

28 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, Sentencia de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 159.

29 Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, “Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal”, AHRC/30/37, 6 de julio de 2015, párrafos 42-44.

30 Cfr. Comité de Derechos Humanos, “Observación general Nº 35. Artículo 9 (Libertad y seguridad personales)”, CCPR/C/GC/35, 16 de diciembre de 2014, párrafos 26 y 27.

31 Sobre este respecto, la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH ha señalado lo siguiente:

“384. Es preocupante para la Relatoría que los funcionarios del INM cumplan los criterios de un adjudicador imparcial señalados por la Relatoría en su segundo informe de progreso. Por ello, se permite insistir en que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el funcionario que tome una decisión en un procedimiento migratorio cumpla con los siguientes criterios: sea responsable ante sus superiores jerárquicos y ante los organismos de control por su actuación y por la legalidad de las decisiones que profiera, y no tenga ningún vínculo o atribución relacionada con la privación de la libertad de la persona sobre la cual está tomando una decisión relativa a su permanencia o expulsión del territorio nacional. Es importante que el nombramiento y permanencia en el cargo gocen de garantías de imparcialidad y que se encuentren protegidos de presiones e influencias en la toma de decisiones.

386. Es igualmente de suma importancia garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan asistencia legal a las personas migrantes. Además de asistencia individualizada, debe permitírseles el acceso a grupos de personas detenidas en las estancias y estación migratoria con el propósito de ofrecer charlas informativas.

387. La Relatoría considera que el Estado debe hacer todo lo posible para permitir que los representantes legales de quienes tengan fondos para pagar sus honorarios, y las organizaciones de la sociedad civil para quienes no pueden pagar un abogado, puedan prestar la debida asistencia a las personas migrantes. Ello incluye permitirles y facilitar que se reúnan y comuniquen con las organizaciones de la sociedad civil y que éstas los representen legalmente cuando las dos partes así lo acuerden.

389. La Relatoría recomienda que se incluya expresamente en las resoluciones que profieran las autoridades migratorias la mención de los recursos que proceden contra las mismas. Por otra parte, la Relatoría quiere destacar la importancia de que se garanticen los medios y condiciones que permitan la interposición de los recursos administrativos y judiciales respectivos. Es decir, se debe entregar copia de los documentos a la persona afectada por ellos, se deben suministrar copias de los expedientes a sus representantes legales, se deben resolver los recursos fundamentados en razones jurídicas y se deben seguir los procedimientos establecidos en la ley (...)

394. La Relatoría hace un llamado al INM para que permita el acceso de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos estatales de derechos humanos a las estancias y estación migratoria para que desarrollen tareas de monitoreo, apoyo y asistencia a los inmigrantes, como parte de un proceso de interlocución dirigido a mejorar las condiciones de privación de su libertad.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, capítulo y estudio especial, Quinto Informe de progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias”, OEA/Ser.L/V/II.118, 29 de diciembre de 2003, párrafos 384-387 y 394.

32 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Nota de Antecedentes sobre el punto de la agenda: la Reunificación Familiar en el contexto del reasentamiento y la integración. Protegiendo a la familia: Desafíos en la implementación de la política en el contexto del reasentamiento”, Consultas Anuales Tripartitas sobre el Reasentamiento, Ginebra, 20 y 21 de junio de 2001,

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf? reldoc=y&docid=50acbdb52

33 Cfr. Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal”, A/HRC/25/7, 11 de diciembre de 2013, párrafo 148. Y, asimismo, lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos...”, op. Cit., párrafo 342.

34 Entre ellos, lo señalado por el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño ­–adoptada por nuestro país el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 21 de septiembre de 1990 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1990– y lo dispuesto en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que protegen la unidad familiar.

35 Al respecto se recomienda Ver. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Nota de antecedentes sobre el punto de la Agenda: La reunificación familiar en el contexto del reasentamiento en la integración. Protegiendo a la familia: Desafíos en la implementación de la política en el contexto del reasentamiento”, Organización de las Naciones Unidas, Consultas Anuales Tripartitas sobre el Reasentamiento, Ginebra, 20 y 21 de junio de 2001, párrafos 10-27,

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y &docid=50acbdb52

36 De conformidad con lo señalado en los artículos aplicables del Capítulo Décimo “Noveno Niñas, Niños y Adolescentes” de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

37 En este sentido, el rechazo en frontera puede implicar una violación del principio de no devolución reconocido a nivel interno en la Ley en comento, y a nivel internacional en los distintos instrumentos internacionales antes mencionados de los que México forma parte. Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Protección de los Refugiados: Guía sobre el Derecho Internacional de los Refugiados”, Organización de las Naciones Unidas, Guía práctica para Parlamentarios, Número 2, 2001, p. 134,

http://www.refworld.org/pdfid/42a021ef4.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

38 Al respecto, se considera importante establecer de modo expreso en la Ley la prohibición de toda devolución directa, es decir, aquélla practicada en los distintos puntos de internación al territorio mexicano a toda persona que entra de forma irregular y que es devuelta “automáticamente” a su país de origen –sin que exista un análisis de su situación particular de vulnerabilidad–; como también, toda devolución indirecta –también conocida como ‘‘en cadena’–’, la cual refiere a la devolución de un solicitante o refugiado a un país donde no se presume o se conoce no será admitido, por lo que es probable que desde ahí, sea devuelto a su país de origen.

39 Armonizando, también, lo afirmado en la propuesta de modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley en comento, a fin de considerar con un rango de amplitud debido, las causales por las que una persona debe ser reconocida como refugiado o, en su caso, que debe recibir protección complementaria.

40 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Protección de las Personas con Orientación Sexual e Identidad de Género diversas – Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex”, Organización de las Naciones Unidas, Diciembre de 2015, p. 10,

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10649.pdf , última consulta 8 de enero de 2018.

41 Ibidem., p. 14.

42 Principalmente emanadas de la Convención sobre los Derechos del Niño.

43 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño”, Organización de las Naciones Unidas, Mayo de 2008, p. 8,

http://www.acnur.es/PDF/7126_20120417163205.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

44 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados”, diciembre de 1992, párrafo 28,

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf , última consulta 8 de enero de 2018.

45 Adherido por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 y que entró en vigor el 23 de junio de 1981.

46 Firmado ad referéndum en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988, ratificado el 08 de marzo de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1998.

47 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana... op. Cit., párrafo 582.

48 Sobre este derecho, la CIDH abunda al señalar que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, todas las personas tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico y mental. Para garantizar este derecho, los Estados deben, inter alia, adoptar medidas destinadas a: a) suministrar atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunicad; b) extender los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c) la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d) prevenir y tratar las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e) educar a la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y f) satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre los cuales se encuentran los migrantes.

(...) A juicio de la Comisión, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Tal como fuese señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión reafirma la obligación de los Estados de respetar el derecho de los no ciudadanos, migrantes en situación migratoria irregular, solicitantes de asilo y refugiados a un grado adecuado de salud física y mental, lo cual incluye, entre otras cosas, abstenerse de negar o limitar su acceso a servicios de salud preventiva, curativa y paliativa641.

(...) En este orden de ideas, la Comisión valora positivamente que la Ley de Migración de 2011 en su artículo 8 reconoce el derecho de todo migrante a recibir atención médica independiente de su situación migratoria. La Ley también dispone el derecho de los migrantes a recibir atención médica urgente gratuita con objeto de preservar su vida. No obstante, la Comisión tiene conocimiento de que el derecho de los migrantes a recibir atención médica no se traduce en que efectivamente puedan acceder a ella. En efecto, los migrantes en situación migratoria irregular no pueden beneficiarse de los esquemas de salud pública y por su condición económica no pueden costear los servicios de salud privada. (...) La obligación de los Estados de garantizar el acceso a la salud a las personas migrantes y sus familias conlleva el monitorear el acceso efectivo a la salud de estas personas, capacitación de los prestadores de salud y difusión entre los migrantes de sus derechos.644” Ibídem., párrafos 611, 613 y 614.

49 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre la Detención. Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención”, 2012, párrafo 2,

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf? reldoc=y&docid=51e3b3244

50 Cfr. Sin Fronteras, “Detención sin Excepción. 15 años de monitoreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en estaciones migratorias”, noviembre de 2016,

http://sinfronteras.org.mx/docs/inf/inf-detencion-sin-excepcion.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

51 Ibídem., página 82.

52 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre la Detención. Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención”, 2012, párrafo 6,

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf? reldoc=y&docid=51e3b3244, última consulta 8 de enero de 2018

53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas”, adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Disposición General.

54 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2013, párrafos 422 y 434.

55 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, 2ª edición, noviembre de 2015, México D. F., p. 97.

56 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Más Allá de la Detención: Una estrategia mundial para apoyar a los gobiernos a poner fin a la detención de solicitantes de asilo y refugiados (2014-2019)”, junio de 2014,

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9650.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

57 Al respecto, que el Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de la libertad “[c]uando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (...)” Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, “Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 77º período de sesiones (21 a 25 de noviembre de 2016), Opinión núm. 58/2016 relativa a Paulo Jenaro Díez Gargari (México)*”, A/HRC/WGAD/2016/58, 30 de enero de 2017. En este mismo sentido, el Grupo de Trabajo desarrolló una serie de principios y directrices básicos sobre este tema, reconociendo que “el término privación de libertad abarca el período desde el momento inicial de la detención hasta el encarcelamiento anterior y posterior al juicio. Ello incluye la detención temporal de personas como medida cautelar o en zonas internacionales o de tránsito en estaciones, puertos y aeropuertos, el arresto domiciliario, la rehabilitación mediante el trabajo y la retención en centros reconocidos y no reconocidos para no nacionales, incluidos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, los refugiados y los solicitantes de asilo, y los desplazados internos, centros de reunión, hospitales, instalaciones psiquiátricas o médicas de otro tipo o cualquier otro tipo de instalaciones donde permanezcan bajo vigilancia constante, puesto que pueden constituir no solo restricciones de la libertad personal de circulación, sino también una privación de facto de la libertad. También incluye la detención durante los conflictos armados y las situaciones de emergencia, la detención administrativa por motivos de seguridad, y la detención de personas consideradas internados civiles en virtud del derecho internacional humanitario (...)”, reconociendo la arbitrariedad de la detención administrativa en caso de solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados, cuando ésta es prolongada y sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, “Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas...”, op. Cit., Principio 21.

58 El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que: “(...) La detención durante los procedimientos de control de la inmigración no es per se arbitraria, pero deberá justificarse que es razonable, necesaria y proporcionada a la luz de las circunstancias, y revisarse a medida que se prolongue42. Los solicitantes de asilo que entran ilegalmente en el territorio de un Estado parte pueden ser privados de libertad durante un breve período inicial con el fin de documentar su entrada, dejar constancia de sus alegaciones, y determinar su identidad si hay dudas sobre ella43. Prolongar su privación de libertad mientras se resuelven sus alegaciones sería arbitrario de no existir razones particulares específicamente en relación con esa persona, como una probabilidad concreta de fuga, el peligro de que cometa un delito contra otras personas, o el riesgo de que lleve a cabo actos contra la seguridad nacional44. La decisión deberá considerar los factores pertinentes de cada caso y no basarse en una norma obligatoria aplicable a una categoría amplia de personas; deberá tener en cuenta la posibilidad de utilizar medios menos invasivos para alcanzar el mismo fin, como la obligación de presentarse periódicamente en un lugar, la imposición de una fianza u otras condiciones para evitar la fuga; y deberá ser objeto de reevaluación periódica y de revisión judicial45. Las decisiones sobre el internamiento de migrantes también deberán tener en cuenta las consecuencias de la privación de libertad para la salud física o mental de los recluidos46. Toda privación de libertad necesaria debe llevarse a cabo en dependencias apropiadas, higiénicas y que no sean de castigo, y no en prisiones (...) Los niños no deben ser privados de libertad, salvo como medida de último recurso, y ello debe hacerse por el período de tiempo apropiado más breve posible, teniendo en cuenta como consideración principal el interés superior del niño para determinar la duración y las condiciones de la privación de libertad y teniendo igualmente en cuenta la extrema vulnerabilidad de los menores no acompañados y su necesidad de atención.” Cfr. Comité de Derechos Humanos, “Observación general Nº 35. Artículo 9...”, op. Cit., párrafo 18.

59 Al respecto, “(...) El Comité expresa su preocupación por las denuncias de tortura y desaparición de migrantes presentes en el territorio del Estado parte. Preocupan también las informaciones sobre malos tratos, hacinamiento y precarias condiciones de detención en muchas de las Estaciones Migratorias del Estado parte, en especial la falta de higiene, inadecuada atención médica e incumplimiento de la estricta separación entre hombres y mujeres. El Comité observa además la ausencia de mecanismos efectivos para la identificación y remisión de las víctimas de la trata que pudieran encontrarse detenidas en esos centros [En este sentido el Comité recomienda al Estado parte] (...) a) Velar por que se investiguen plenamente los actos de tortura, incluidas las desapariciones y malos tratos cometidos contra refugiados, solicitantes de asilo y otros extranjeros presentes en territorio del Estado parte; b) Mejorar las condiciones de detención en las Estaciones Migratorias (...)” Cfr. Comité contra la Tortura, “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptadas por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012)”, CAT/C/MEX/CO/5-6, 11 de diciembre de 2012, párrafo 21.

60 Sobre este respecto, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por “(a) La ausencia de medidas adecuadas para identificar, ayudar y proteger a niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados, incluida la falta de representación legal de niñas y niños no acompañados; (b) La detención prolongada de niñas y niños solicitantes de asilo; (...) 58. El Comité recomienda que el Estado parte: (...) (b) Tome las medidas necesarias para poner fin a la detención administrativa de niñas y niños solicitantes de asilo, y que de forma expedita, coloque a niñas y niños no acompañados en centros de acogida y a aquellos que estén acompañados, en instalaciones adecuadas que garanticen la unidad familiar y estén en concordancia con la Convención; (...)” Cfr. Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México”, CRC/C/MEX/CO/4-5, 8 de junio de 2015.

61 15. Sobre el particular, este Comité de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación “(...) por las difíciles condiciones de detención (...), donde se reportan casos de trato cruel y degradante y prevalece el hacinamiento, falta de atención médica y omisión de aviso consular. [En este sentido a]l Comité también le preocupa que se continúan utilizando locales destinados a la detención preventiva como estaciones migratorias.

(...) 28. El Comité recomienda que el Estado Parte: (...) b) No utilice para el aseguramiento de migrantes locales destinados a la detención preventiva y/o a la privación de libertad de personas en conflicto con la ley; (...) e) Asegure que los migrantes permanezcan privados de la libertad durante el menor tiempo posible.” Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, “Examen de los Informes presentados por los Estados partes de conformidad con el Artículo 9 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, CMW/C/MEX/CO/1, 8 de diciembre de 2006.

62 Entre las recomendaciones de esta Relatoría al Estado mexicano se encuentran:

“413. La Relatoría invita a México a considerar la posibilidad de ampliar la aplicación de la custodia por terceras personas.

414. El INM debe tomar todas las medidas necesarias para que las personas permanezcan privadas de la libertad durante el menor tiempo posible. Las razones previstas en los numerales 4, 5, 6, 7 y 15 del artículo 6 del Acuerdo del 26 de noviembre de 2001 parecieran privilegiar consideraciones administrativas en desconocimiento de la dignidad humana.

417. Respecto a personas aseguradas por su especial vulnerabilidad, la Relatoría considera que la solicitud de protección no se satisface con la privación de la libertad. El INM debe poner en marcha otros mecanismos de protección que no conlleven la restricción de la libertad de movimiento de la persona que por su situación de vulnerabilidad requiera de medidas de atención o de seguridad.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, capítulo y estudio especial, Quinto Informe de progreso...”, op. Cit., párrafos 413-414 y 417.

63 Este organismo nacional de derechos humanos ha establecido lo siguiente en lo referente a niños, niñas y adolescentes centroamericanos: “Relacionado con el aseguramiento de personas en contexto de movilidad internacional, especialmente niñas, niños y adolescentes no acompañados, la CrIDH señaló en la OC-21/14 que más allá de la denominación específica que reciba una medida privativa de libertad –en el recinto migratorio–,94 la misma por razones exclusivas de índole migratorio excede el requisito de necesidad, toda vez que tal medida no resulta absolutamente indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar una orden de deportación. La privación de libertad de una niña o niño en este contexto de ninguna manera podría ser entendida como una medida que responda a su interés superior; existiendo medidas menos gravosas que podrían ser idóneas para alcanzar tal fin y, al mismo tiempo, respetar su interés superior.95 (...) El marco normativo nacional e internacional actualmente busca que la detención y privación de libertad en recintos migratorios y, en su caso, instalaciones del DIF de NNACMNA sea el último recurso, como una medida extraordinaria, por ello es fundamental retomar el tema de las alternativas a dicha detención en los espacios de protección temporal anteriormente llamados albergues, y hoy, en la LGDNNA, “Centros de Asistencia Social.”” Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe de la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional”, octubre de 2016, párrafos 246 y 277,

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf, última consulta 8 de enero de 2018.

64 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana... op. Cit., párrafos 442-446.

65 Cfr. Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, Incidente en Revisión RA-311/2016, Recurrentes: Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el Quejoso, 19 de abril de 2017.

66 Como lo establece la CIDH en su informe sobre Movilidad Humana, “En aras de garantizar el respeto del derecho a la libertad personal de los migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional, la Comisión urge al Estado mexicano a que establezca por vía legal la excepcionalidad de la detención migratoria e implemente medidas alternativas a la detención de acceso automático para estas personas. En consonancia con lo anterior, la Comisión insta al Estado a implementar un mecanismo de evaluación de riesgos que parta de una presunción a favor de la libertad y establezca criterios claros para determinar los casos excepcionales en los que la detención es procedente. Para tal efecto, la Comisión considera que, en primer lugar, el Estado de México debe establecer medidas alternativas a la detención que funcionen como la regla para los casos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional que se encuentren en el marco de un procedimiento tendiente a determinar su situación migratoria o en un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Solo cuando no procedan las medidas alternativas a la detención, como último recurso y durante el menor tiempo posible, el Estado puede recurrir a la detención migratoria.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana...”, op. Cit., párrafo 499.

67 Sobre este respecto se recomienda Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Directrices sobre la Detención. Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes...”, op. Cit., Anexo A.

68 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana...”, op. Cit., párrafo 215.

69 Comité de Derechos del Niño, “Examen de los Informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención”, CRC/C/MEX/CO/3, 8 de junio de 2006, párrafo 61. En el mismo sentido, lo señalado por el Comité de Derechos Humanos en su “Observación General No. 35, Artículo 9 (libertad y seguridad personales)” de diciembre de 2014; y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su Informe que incluye los “Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal”, de julio de 2015.

70 Comisión Interamericana De Derechos Humanos, “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos...”, op. Cit., párrafo 515.

71 Al respecto, lo reconocido en los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Gabriela Cuevas Barron,Abelina López Rodríguez, Adela Piña Bernal, Adriana Aguilar Vázquez, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Agustín García Rubio, Agustín Reynaldo Huerta González, Alberto Villa Villegas, Aleida Alavez Ruiz, Alejandra Pani Barragán, Alejandro Barroso Chávez, Alejandro Mojica Toledo, Alejandro Ponce Cobos, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana María Rodríguez Ruiz, Armando Contreras Castillo, Arturo Roberto Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, Beatriz Rojas Martínez, Benjamín Saúl Huerta Corona, Carlos Enrique Martínez Aké, Carlos Sánchez Barrios, Carmen Medel Palma, Carol Antonio Altamirano, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, Ciro Sales Ruiz, Claudia López Rayón, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Dorheny García Cayetano, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edgar Guzmán Valdéz, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Edith Marisol Mercado Torres, Eleuterio Arrieta Sánchez, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Eraclio Rodríguez Gómez, Erasmo González Robledo, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Eulalio Juan Rios Fararoni, Flora Tania Cruz Santos, Fortunato Rivera Castillo, Francisco Javier Borrego Adame, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Graciela Sánchez Ortiz, Graciela Zavaleta Sánchez, Guadalupe Ramos Sotelo, Gustavo Contreras Montes, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Hilda Patricia Ortega Nájera, Hirepan Maya Martínez, Hugo Rafael Ruiz Lustre, Humberto Pedrero Moreno, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Indira Viscaíno Silva, Inés Parra Juárez, Iran Santiago Manuel, Irineo Molina Espinoza, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Téllez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Ricardo Delsol Estrada, Juan Ángel Bautista Bravo, Juan Carlos Irma, Juan Carlos Loera de la Rosa, Juan Enrique Farrera Esponda, Juana Carrillo Luna, Juanita Guerra Mena, Julieta García Zepeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Laura Patricia Avalos Magaña, Leticia Arlett Aguilar Molina, Leticia Díaz Aguilar, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorena Villavicencio Ayala, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucía Flores Olivo, Lucio de Jesús Jiménez, Luis Javier Alegre Salazar, Manuel Gómez Ventura, Manuel Huerta Martínez, Manuel López Castillo, Marco Antonio González Reyes, María Beatriz López Chavez, María de Jesús García Guardado, María de los Ángeles Huerta del Río, María del Carmen Bautista Peláez, María Elizabeth Díaz García, María Esther Mejía Cruz, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Isabel Alfaro Morales, María Luisa Veloz Silva, María Marivel Solís Barrera, María Teresa López Pérez, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, María Wendy Briceño Zuloaga, Maribel Aguilera Chairez, Mario Ismael Moreno Gil, Mario Martín Delgado Carrillo, Martha Elena García Gómez, Martha Patricia Ramírez Lucero, Martha Robles Ortiz, Martina Cazarez Yañez, Maximiliano Ruiz Arias, Maximino Alejandro Candelaria, Melba Nelia Farias Zambrano, Merary Villegas Sánchez, Miguel Ángel Chico Herrera, Miguel Prado de los Santos, Miroslava Carrillo Martínez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrasco Macías, Pablo Gómez Álvarez, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Ricardo Francisco Exsome Zapata, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Roque Luis Rabelo Velázquez, Rosalba Valencia Cruz, Rosalinda Domínguez Flores, Samuel Calderón Medina, Samuel Herrera Chávez, Sandra Paola González Castañeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Sebastián Aguilera Brenes, Sergio Mayer Bretón, Sergio Pérez Hernández, Socorro Irma Andazola Gómez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Susana Cano González, Verónica Ramos Cruz, Víctor Adolfo Mojica Wences, Virginia Merino García, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Yolanda Guerrero Barrera, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Perdón, voy a dar el turno. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

A ver, si es sobre este tema. Perdón. Se me ha olvidado recordar para los señores, señoras legisladoras que son de primer ingreso, que se vale adherirse. Pero hemos evitado que sea en tribuna porque podrían apoyarla 300, 400 diputados, sino ahí se pone una lista de adhesión y van pasando y no interrumpen la acción.

Yo quisiera, ya que usted se puso de pie y que yo no había hecho la explicación, le concedo la palabra por dos minutos. Micrófono al diputado Chico Herrera.

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Presidente. Nada más, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, a la oradora, que nos permita adherirnos a su iniciativa. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Usted es del Grupo Parlamentario Morena?

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Sí, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno. Supongo que siendo de su mismo grupo, pues todos ustedes la van a apoyar. Gracias.

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Pero que quede constancia, por favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Que quede constancia de la amistad y de la deferencia. Gracias.

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Gracias, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si la proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, la Secretaría pondrá a disposición la iniciativa. ¿Está usted de acuerdo?

La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): Sí, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.

VOLUMEN II



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Antes de darle el uso de la palabra quiero pedir una disculpa a esta asamblea, porque terminando el orador tendré que retirarme a atender la reunión de la Conferencia. Gracias.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. En congruencia con los trabajos que nuestro grupo parlamentario ha realizado y en sintonía con la propuesta de eliminar totalmente el cobro de IEPS a gasolinas, el día de hoy presento ante este pleno, a nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma la Ley de IVA en materia de la tasa aplicable a la región fronteriza.

Quisiera señalar que, desde la aprobación de la reforma fiscal, nuestro grupo parlamentario hizo púbico el interés de revertir esa tóxica reforma impulsada por el presidente Peña, la cual a casi cinco años de su aplicación continúa lesionando los bolsillos de las familias mexicanas con una mayor inflación, y ha frenado el crecimiento de la economía que a tumbos alcanza el dos por ciento.

La falta de sensibilidad política y compromiso fue el rostro de este gobierno. Hoy, el único saldo que podemos sacar como conclusión es que ha sido un gobierno caro y malo. Más que beneficios, la reforma fiscal ha obligado a los trabajadores a mantener sus empleos a costa de malos salarios y sufrir una mayor carga impositiva.

No obstante, esperamos que a partir de la llegada de la nueva administración esta no insista en la necedad de sus antecesores y se muestre dispuesta, en todos sus frentes, a cumplir una demanda añeja de la ciudadanía y del sector productivo.

En sintonía con nuestra agenda legislativa y con todos los trabajados realizados en las legislaturas pasadas, nuestro grupo parlamentario insiste en revertir las reformas aprobadas en 2013.

Por esa razón, sometemos a la consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del IVA con el objeto de reducir del 16 al ocho por ciento la tasa vigente del impuesto en la frontera.

El incremento al 16 por ciento ha creado incertidumbre en toda la región fronteriza porque no se sienten respaldados por el gobierno. Además, la homologación del IVA ha generado un efecto inflacionario recesivo, un menor poder adquisitivo y baja competitividad del sector productivo, resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

Más de 7.5 millones de ciudadanos que radican en la frontera norte de nuestro país sufrieron el aumento del 45 por ciento en la carga fiscal, superior a cualquier incremento salarial y a las posibilidades de gastos personales y contribuciones fiscales de los ciudadanos fronterizos.

En el conocimiento de las coincidencias existentes en la materia, exhortamos a los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, y a los funcionarios del próximo gobierno a integrar un paquete económico 2019 acorde a las necesidades de aquella región.

Como en ningún otro tiempo tenemos la posibilidad de aprobar ya el proyecto que reduce del 16 al ocho por ciento la tasa del IVA en la región fronteriza, y demos la oportunidad de cumplirle a los mexicanos.

La propuesta es que la aplicación de la nueva tasa sea en toda la región fronteriza del país y no solo a una franja acotada como es la propuesta del presidente electo López Obrador.

Las necesidades de regulación fiscal en la frontera son las mismas, por lo que es necesario que se aplique para todos los estados y municipios y no solo para unos cuantos.

Las leyes fiscales deben ser inclusivas y dar la certeza jurídica. Los principios constitucionales establecen la proporcionalidad, la equidad y la igualdad en las contribuciones. No hay camino para la exclusión de los beneficios que las herramientas fiscales otorgan a los contribuyentes.

Por lo tanto, nuestra propuesta tiene por objetivo hacer partícipes de este beneficio a todos los estados de la zona fronteriza, así como a Baja California Sur y Quintana Roo, como sucedía hasta antes de 2013, porque esos estados demandan también un trato fiscal más justo, derivado de sus particulares condiciones geográficas y su lejanía con los principales centros de distribución y de producción de bienes nacionales y extranjeros.

Termino diciendo que en Acción Nacional estamos ciertos de la necesidad de apostar por la eficiencia fiscal y no por una política recaudatoria.

Apostemos por una política fiscal que dinamice al sector productivo y genere empleos mejor remunerados y erradiquemos la política fiscal recesiva aplicada desde la aprobación de la tóxica reforma fiscal de hace cinco años. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados y senadores de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de reducir el IVA en la frontera, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Hoy en día, para México, la principal fuente de financiamiento es mediante la recaudación de los pagos de impuestos de todos los contribuyentes; entre los de mayor impacto se encuentra el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), del cual hasta el 31 de diciembre del 2013 tenía una tasa preferencial del 11 por ciento a los actos y actividades gravados únicamente a residentes de la región fronteriza (20 kilómetros que incluía algunas excepciones). Esto, porque para México el IVA representa la segunda fuente de ingresos tributarios más importante, por ello, el actual Poder Ejecutivo federal presentó el 8 de septiembre del 2013 una iniciativa que estableció una tasa general para todo el país, eliminando cualquier excepción o preferencias tributarias, las cuales siguen vigentes hasta hoy.

Anteriormente se utilizaba una tarifa del 11 por ciento en la frontera norte para incentivar el comercio exterior, dado que los productos que se vendían en la frontera se les aplicaba la anterior tasa a los productos que estaban destinados a llegar a un consumidor final de la frontera o en algunos casos internacional, en cambio si su destino final era el interior del país, la tarifa se cambiaba a un 16 por ciento.

En 2013, cuando la Cámara de Diputados debatió los efectos negativos sobre el incremento del IVA en la frontera, el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) fue tajante al señalar que este cambio en la ley afectaría al consumo de productos en la región, produciendo un efecto recesivo en su economía. Los diputados del PAN en la LXII Legislatura advirtieron durante la discusión del paquete económico de 2014, que con el incremento en la tasa del IVA en la frontera afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que forman dicha región y complicaría la productividad de miles de pequeñas empresas.

En aquel momento, tanto indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) señalaron claramente las implicaciones negativas de la reforma fiscal. Posteriormente, el Colef manifestó las principales consecuencias por la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en la franja fronteriza, señalando que existiría un incremento de la inflación, la caída en la economía regional, menos competitividad en las empresas, fuga de consumidores y menos poder adquisitivo para los más pobres de la frontera norte.

Es trascendental aludir que el tratamiento diferencial que se aplicó hasta 2013 a la región y franja fronteriza se justificaba y se sigue justificando en caso de darse un trato preferencial, fundamentalmente por dos razones: reducir los costos de distribución que implica el aislamiento de esta zona de los principales centros de abasto del país y aminorar la brecha competitiva en términos de precios entre los productos que se ofrecen en la frontera mexicana y los de las ciudades extranjeras limítrofes.

Por tales motivos es que se hace la presente propuesta, a fin de que se aplique una tasa del 8 por ciento para los actos y actividades por los que se deba pagar cuando los efectúen los residentes en la región limítrofe y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada zona, así como los casos que debieron subsistir como los de importación y compra de inmuebles, cuando se adquieran en la misma zona de la frontera, en forma adicional ya que la actual tasa ha mermado la competitividad de empresas, estimula la inflación, lesiona el poder adquisitivo, además de lesionar intereses colectivos de la nación al generar fuga de consumo, principalmente en Baja California.

Es un hecho que quienes ejercen actos jurídicos mercantiles de los que se establecen en el artículo 75 del Código de Comercio están en una carrera contra un impuesto del 8.25 por ciento regulado en regiones como Texas, el 7.75 en Nuevo México como en California, tasas que han ido decreciendo durante un ejercicio fiscal, máxime que la homologación del IVA en la frontera no cumple con los estándares de la justicia social gracias al fenómeno del aumento en precios que afecta la actividad económica.

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que la competitividad “se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Asimismo, nuestra Carta Magna indica la importancia de la competitividad para el bienestar de la población, toda vez que en el artículo 26 dice que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Es de reconocer que las condiciones económicas de los estados de la frontera norte no son las mismas que el resto del país, y que existe una desigualdad enorme entre el norte y el sur del país, pero precisamente por eso es que se debe aprovechar las condiciones favorables y privilegiadas que siempre ha tenido la frontera norte, ayudando aún más a su crecimiento. De este modo, y en base a la obligación que tiene el Estado de garantizar la competitividad, es indispensable que se le otorguen las mejores condiciones a la frontera norte, a fin de dichos estados fronterizos puedan competir con los estados fronterizos de Estados Unidos de América.

Los beneficios que traería la presente iniciativa al país son lograr la generación de empleos bien remunerados, una mejor infraestructura, educación de calidad, entre otros servicios que incidan en el bienestar de los mexicanos, es prioritario que nuestro país cuente con altos niveles de competitividad.

Desde que se homologó el IVA en todo el país, se han presentado en ambas Cámaras diversas iniciativas en este tema, sin embargo, hasta la fecha ninguna fue tomada en cuenta, siendo éste un tema de relevancia nacional. Personalmente, como diputada representante de Baja California, región fronteriza, conozco de primera mano las consecuencias que la homologación del IVA ha dejado en la frontera. Es por ello, que presento esta iniciativa con proyecto de decreto.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se ha comprometido y se sigue comprometiendo a trabajar en el tema, con el propósito de atender los problemas antes señalados, por lo que la presente propuesta de reforma tiene como objetivo que la región fronteriza del país tenga una tasa preferencial del IVA de 8 por ciento aplicable, recuperando parte del texto de algunos artículos de la entonces vigente ley en 2013, iniciando así, con una nueva etapa de los porvenires de la próxima administración federal, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó entre sus propuestas de campaña, bajar el IVA en la frontera del país.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto en la LXII Legislatura como en la LXIII, presentó diversas iniciativas para reformar la Ley al Valor Agregado, a fin de lograr reducir el IVA en la frontera; además, en la pasada Legislatura los diputados del PAN por Baja California propusieron una Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los estados de la frontera norte, en la que también se establecían temas para mejorar la economía y competitividad en la frontera norte del país, lo cual permitiría contrarrestar los efectos negativos que dejó la homologación del IVA. Desafortunadamente, esa ley no prosperó.

Para efectos de esta propuesta, se pretende reformar y adicionar a la Ley del Impuesto al Valor Agregado en sus artículos 1o.-C, 2o. y 2o.-A, de los cuales se propone lo siguiente:

-Se reforman las fracciones IV a VI del artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de incluir un trato diferenciado entre las tasas del 16 por ciento en el resto del país y el 8 por ciento en la frontera norte, se agrega “o 1.08, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 8 por ciento, respectivamente”.

-Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incluir la tasa del 8 por ciento en la región fronteriza, además se especifica que para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. Lo cual incluye todo el territorio del estado de Baja California, incluyendo Ensenada.

-Y se reforma el último párrafo del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incluir que se aplicará la tasa de 16 u 8 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Primero. Se reforman las fracciones IV a VI del artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-C. ...

...

I. a III. ...

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 o 1.08 según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 8 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 o 1.08, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 8 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

...

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 o 1.08, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 u 8 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

...

...

VII. ...

...

...

...

Segundo. Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 8 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 8 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Tercero.Se reforma el último párrafo del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de

a) a i) ...

Se aplicará la tasa de 16 u 8 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II. a IV. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/ 1376-1392%20-%20El%20Impacto%20De%20La%20Homologacion%20Del%20IVA%20En%20 Las%20Agencias%20Automotrices%20De%20La%20Region%20Riberena.pdf

2 Véase:

http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00012.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 6 de 2018.— Diputados y diputadas: José Rigoberto Mares Aguilar,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Alan Jesús Falomir Saenz, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Ramón Cambero Pérez, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lisbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muy bien. Como lo anuncié, me permiten retirarme, hasta el fin de la sesión. No puedo hacerlo sin reconocer el número y calidad de las iniciativas de ley que las diputadas y los diputados están presentando. Revela un deseo verdadero de que esta sea una Cámara legislativa. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, la iniciativa del diputado José Rigoberto Mares Aguilar.



LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En el uso de la palabra diputado Héctor Yunes.

El diputado Héctor Yunes Landa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Acudo ante el pleno de esta soberanía, en mi calidad integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para poner a consideración de ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 7 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 279, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El propósito de esta iniciativa es fortalecer los principios de certeza y de legalidad que regulan la administración electoral, garantizando a los ciudadanos que no se vulnere de forma alguna el derecho a que su voto sea libre, sea secreto y sea directo.

No obstante lo vasto del andamiaje jurídico de nuestro sistema electoral, aún existen lagunas, esta es una de ellas, producto del uso de nuevas herramientas tecnológicas que han sido lamentablemente utilizadas para distorsionar el ejercicio pleno de nuestra democracia.

La inducción, coerción o amenaza son conductas que inhiben y lesionan la libertad de elección, y con ello, el proceso electoral en su conjunto. En la intimidad de nuestro sufragio no debe haber más elemento de decisión que nuestra voluntad y nuestra conciencia.

Esta iniciativa pretende garantizar que el ejercicio constitucional del voto quede debidamente protegido en términos de libertad y secrecía, desalentando cualquier intento de coacción y manipulación del sufragio a través del uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo fotográfico y de comunicación móvil.

Las prácticas antidemocráticas no solo violentan la ley, sino que vulneran el proceso para la integración legítima de gobiernos y de autoridades. Los mexicanos tenemos la aspiración y además el derecho, de que los gobiernos que emanen de las urnas constituyan la expresión de la mayoría.

La propuesta que hoy se pone a consideración de esta soberanía ya ha mostrado su eficacia en procesos electorales, sin embargo, para su consolidación requiere ser incorporada de manera formal al marco jurídico vigente.

Debo decir que, durante los dos últimos procesos electorales en el estado de Veracruz, la entidad de la que provengo, primero para elegir a las autoridades municipales en 2017, y luego a gobernador del estado y diputados locales, en 2018, el OPLE aprobó un acuerdo por el que se exhortó, y abro comillas: “a la ciudadanía, a evitar el uso del teléfono celular dentro de las mamparas destinadas para emitir el voto, como una medida para evitar actos que generen presión o coacción a los electores”. Sin embargo, la norma electoral no considera una prohibición expresa para su uso dentro de la casilla.

El exhorto hecho por algunos organismos electorales, como también se hace en otros países del mundo, sigue sujeto a la decisión personal de los electores. Es como el llamado a misa, va quien quiere. Esta iniciativa considera que no es suficiente emitir un exhorto, sino que debe emitirse una nueva disposición que garantice puntualmente la libertad individual del sufragio.

Nuestra función, queridas compañeras, queridos compañeros legisladores, es mejorar la norma. Hagámoslo ahora aprobando esta iniciativa con la que se avanzaría significativamente en el mejoramiento de nuestros procesos electorales. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 7 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 279, modificando el orden de los demás párrafos recorriéndolos de manera subsecuente, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Exposición de Motivos

Históricamente y de manera progresiva, en México se han construido estructuras de gobierno más activas, plurales y participativas, lo que se traduce en instituciones sólidas y democráticas, con una profunda e indisoluble interrelación entre las distintas fuerzas políticas.

Estos avances materializaron la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral, realizada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, logrando un paso fundamental hacia la consolidación de la actual democracia mexicana.

En la reforma Político-Electoral en comento, se constituyó el cambio de régimen político y de gobierno más importante de las últimas décadas; se establecieron las bases para las candidaturas independientes y para las iniciativas promovidas por ciudadanos, la posibilidad de celebrar consultas ciudadanas, y que el Presidente de la República cuente con la facultad de expedir iniciativas “preferentes” durante la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Con esta reforma constitucional se enriquecieron las reglas democráticas en el país para dotar de mayor fuerza al sistema político en México y para garantizar que los procesos electorales sean el mecanismo por excelencia de la manifestación de la voluntad soberana del pueblo mexicano.

En materia electoral, dentro de las principales modificaciones destacan las siguientes:

a)Se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que sustituye al IFE en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones federales. Este nuevo organismo se coordinará con los órganos locales para las elecciones estatales. El número de consejeros electorales federales pasa de nueve a 11, con una duración de nueve años en el cargo.

b)Los organismos públicos locales electorales estarán integrados por un consejero Presidente y 6 consejeros electorales; todos serán nombrados directamente por el INE para un periodo de siete años, sin reelección.

c )Se aumenta del 2 al 3% el porcentaje mínimo de votos requerido a los partidos políticos para conservar su registro. Además, todo partido político que alcance el 3% del total de votos válidos emitidos tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados plurinominales.

d)Para el registro de candidatos independientes que deseen participar por el cargo de Presidente de la República, deberán contar con el 1% de las firmas de la lista nominal de electores y 2% para otros cargos de elección popular.

e)Se establece que una elección podrá anularse cuando rebase el tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre que se determine que la falta fue “sistemática” y “determinante” para el resultado de la elección.

f)Los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales (la cuota todavía vigente se fijó en 2007 con 60- 40, mientras que entre 1996 y 2007 fue de 70-30).

g)Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, se precisa que podrán ejercer su derecho para la elección de Presidente, Gobernador de las entidades federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el servicio postal. Resalta que los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero.

h)Por último, se faculta al H. Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.

Con base en lo anterior, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General De Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Cabe mencionar que con la expedición de estas normas se crea el marco jurídico para implementar de manera adecuada la reforma constitucional en materia Político-Electoral.

En lo que respecta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su objetivo principal consiste en definir, desarrollar y disgregar las disposiciones constitucionales relativas a derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, el registro de candidatos, la organización de las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, los procesos electorales federales y locales, así como la integración de los organismos electorales. Además de distribuir competencias entre federación y entidades federativas, también regula la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.

A su vez, la Ley General en Materia de Delitos Electorales juega un papel trascendente para el país, dado que consiste en la regulación de conductas antijurídicas soslayadas, desapercibidas o no suficientemente definidas como constitutivas de delitos con anterioridad, tales como la investigación, persecución, sanción y demás actividades concernientes con la disuasión de delitos electorales, estableciendo tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Algunos ejemplos de conductas antijurídicas tipificadas en este ordenamiento son: exceder topes de gastos campaña, el doble ejercicio del voto, y la recepción o entrega de dinero ilícito destinado a financiar campañas electorales.

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en sus artículos 35 y 36, el derecho y la obligación respectivamente, de los ciudadanos mexicanos a votar en las elecciones populares.

Aunado a lo anterior, existen disposiciones internacionales que protegen derechos humanos políticos, como lo indica el artículo XX de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, firmada en 1948 por el Estado mexicano en la ciudad de Bogotá, Colombia, que establece lo siguiente:

“Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.”

Posteriormente, en el ámbito de las Naciones Unidas, el derecho al voto universal, libre y secreto fue reconocido expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por México el 10 de diciembre de 1948 mediante la resolución 217 (III) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas”.

Dicho instrumento jurídico estableció en su artículo 21:

“Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”

Con el fin de reforzar lo antes mencionado, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por medio de su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, en los artículos 2 y 25 de este Pacto se determinó:

“Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

...

Artículo 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Después de las convenciones descritas, el Estado mexicano suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, pero vinculante para México hasta el 24 de marzo de 1981. Dicho instrumento jurídico estableció en su artículo 23:

“Artículo 23. Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

Como se observa en el ámbito internacional, nuestro país ha reconocido expresa, clara y sistemáticamente el derecho de todos los mexicanos al sufragio universal, libre y secreto.

Bajo este orden de ideas, el artículo 1, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina que La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.”.

Del mismo modo, el artículo 7, numeral 2 establece como derecho y obligación de la participación de los ciudadanos en las elecciones que “El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.”.

En razón de lo anterior, es preciso señalar que en el numeral 2 del artículo 7 de este ordenamiento, se instituye la prohibición de actos para presionar o imponer a los electores la decisión de su voto, materia de la presente iniciativa.

Bajo esta premisa, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con el objeto de proteger el voto universal, libre, secreto y directo, establecido en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó el 29 de mayo de 2017, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales el Acuerdo por el que se exhorta “a la ciudadanía a evitar el uso del teléfono celular dentro de las mamparas destinadas para emitir el voto, el día de la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio de 2017, como una medida para evitar actos que generen presión o coacción a los electores”.

Considerando que este acuerdo emitido afirma sin ambigüedad una conducta específica que ha funcionado como mecanismo de coacción, generando restricción y menoscabo en la libertad del sufragio de los electores, motivo por el cual, es necesario que esta Soberanía, fortalezca las bases que proporcionan la libertad irrestricta de los electores en el momento de la emisión de su sufragio, con la creación de las normas jurídicas que den mayor fuerza a los pronunciamientos de las autoridades que han detectado conductas posiblemente constitutivas de delitos, o en el mejor de los casos, conductas irresponsables o sospechosas.

Si bien es cierto que con la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Estado Mexicano avanzó simultáneamente en la protección sistemática de los derechos Político-Electorales de los ciudadanos, es importante mencionar que el marco jurídico que regula los procesos electorales requiere de una consolidación de prácticas e instrumentos para el acceso efectivo al voto libre y secreto, ambas leyes como todo ordenamiento jurídico es perfectible.

Ante este contexto, con la presente iniciativa se promueve el mejoramiento de las normas jurídicas que nos rigen en materia electoral, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica, conscientes que para que una democracia funcione se necesita que en el país impere el Estado de Derecho.

Desafortunadamente, las disposiciones jurídicas vigentes no han disuadido satisfactoriamente los actos antijurídicos y delitos en materia electoral que se presentan durante el día de la jornada de emisión del sufragio.

Por otro lado, es una realidad ineludible que los avances en materia de tecnología han propiciado el mejoramiento de las condiciones de convivencia y comunicación de la sociedad en general, representando una herramienta coadyuvante para la difusión de información que promueve la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. No obstante, en franca contravención con los derechos humanos políticos de los mexicanos, se ha identificado que los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de comunicación, grabación o filmación, han servido como mecanismo y herramienta para dejar constancia del sentido del sufragio, cuando el ciudadano es presionado o coaccionado para votar en favor de personas ajenas que no representan la voluntad libre del elector.

El Tribunal Federal Electoral define los principios que son característicos del sufragio en México de la siguiente manera:

• Universal: El voto le corresponde a todas las personas que pertenecen a la comunidad política de un Estado determinado (ciudadanía), sin distinción por algún otro factor como sexo, raza, 24 lenguas, ingreso o patrimonio, estrato o clase, educación o convicción política, en tanto cumplan con algunos requisitos indispensables (nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o mental). En la medida en que el sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los gobernantes electos se fortalece y la probabilidad de resolver controversias sociales y legales de manera pacífica aumenta significativamente.

• Libre: Al emitir su voto, el ciudadano debe elegir de acuerdo a su propia voluntad, sin influencia del exterior. El voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. Además, el elector debe contar con una plena capacidad de decisión, es decir, debe tener opciones políticas genuinas de elección, derivadas de un sistema competitivo entre los contrincantes.

• Secreto: Debe garantizarse que el votante pueda tomar una decisión no perceptible por otros; esto se logra a través de implementar mecanismos como cabinas electorales, mamparas y boletas opacas.

• Directo: El voto debe dirigirse sin intermediación de ningún órgano o cuerpo de electores al candidato o fuerza política de su elección.

Con base en la descripción del Tribunal, se asume la responsabilidad para que esta Soberanía expida normas que garanticen la protección de los principios referidos, de tal suerte que la presente iniciativa tiene como propósito reforzar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la protección irrestricta de los derechos Político-Electorales y de la libertad de los ciudadanos, así como la adición con claridad y sin ambigüedad de un tipo de conducta delictiva perfectamente identificada por autoridades administrativas y sustentada por sus respectivos acuerdos, para proceder penalmente por la violación del derecho fundamental de la emisión del sufragio con libertad, garantizando de manera plena el voto universal, libre, secreto y directo, sin actos que generen presión o coacción en los electores.

En aras de dar cumplimiento a lo previsto por la legislación local, nacional e internacional a que se ha hecho referencia a lo largo de la presente iniciativa, es menester de esta Cámara de Diputados coadyuve en la actualización de los ordenamientos que nos rigen para evitar la compra, coacción, inducción del voto y acciones que generen presión sobre el electorado; con la finalidad de que los ciudadanos voten en total y absoluta libertad.

Resulta indispensable dotar de certeza e instrumentos jurídicos a las autoridades jurisdiccionales, de tal manera que cuenten con los elementos para sancionar con rigor a cualquier sujeto que pretenda ejercer una influencia ilícita en el elector.

Cierto es que, con la aprobación de esta reforma se avanzaría significativamente en el mejoramiento de los procesos electorales, consolidando la vida democrática del país; robusteciendo la capacidad del Estado mexicano para garantizar elecciones libres, democráticas y transparentes, tutelando con efectividad los derechos Político-Electorales de todos los mexicanos.

Finalmente, es importante hacer una reflexión estimando que una democracia activa, plural y participativa, se fundamenta primordialmente en el derecho al voto como la expresión de la voluntad del pueblo, siempre y cuando ésta sea libremente expresada. Por ende, la promoción y protección de este derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, los Tratados Internacionales y las leyes reglamentarias, debe de impulsar el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo y respeto de los derechos Político-Electorales, tutelándolos de forma adecuada en las normas en la metería.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma el numeral segundo del artículo 7, y se adiciona un numeral segundo al artículo 279, modificando el orden de los demás párrafos recorriéndolos de manera subsecuente, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 7.

1. ...

2.El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores, así como solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto libremente y en secreto.

3. ...

4. ...

Artículo 279.

1. ...

2. Los electores no podrán utilizar dentro de la casilla ningún dispositivo, instrumento o medio que pueda ser utilizado para capturar, fotografiar, filmar o dejar registro que acredite el sentido de su voto.

3. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

4. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

5. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra “votó” en la lista nominal correspondiente y procederá a:

a) Marcar la credencial para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector, y

c) Devolver al elector su credencial para votar.

6. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Segundo. -Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 7.Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. ... a VIII. ...

VIII Bis. Utilice dentro de las casillas cualquier dispositivo, instrumento o medio que pueda ser utilizado para capturar, fotografiar, filmar o dejar registro que acredite el sentido de su voto.

IX. ... a XXI. ...

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados: Héctor Yunes Landa,Ricardo García Escalante (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES, Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En el uso de la palabra, diputado.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social presento esta iniciativa, que tiene que ver con una propuesta de campaña que hicimos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por nuestro candidato presidencial licenciado Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver precisamente con la reducción del impuesto al valor agregado en las zonas y regiones fronterizas del norte de México al ocho por ciento.

Como todos sabemos, el impuesto al valor agregado se crea allá a principios de 1980 y desde su creación tuvo diversas variaciones en términos fiscales y en términos de los montos. Había una diferenciación con respecto al impuesto en la frontera y con respecto al interior del país.

Esas variaciones tuvieron diferentes repercusiones, pero la más grave para la frontera norte de México se dio en octubre de 2013, cuando se homologa el impuesto al valor agregado al 16 por ciento, como lo tiene el interior del país.

Esto trajo diversas consecuencias económicas, de la desaceleración, de decrecimiento de la economía fronteriza, que al ser considerado un polo de desarrollo nacional se convirtió en una grave crisis económica para las ciudades fronterizas.

En el primer cuatrimestre de 2014, ya había una espiral inflacionaria con un incremento a los precios al consumidor muy por encima de lo que estaba ocurriendo al interior del país.

Mientras en ciudades del centro de la República la inflación no pasaba del dos por ciento, aquí teníamos una inflación en ciudades que la triplicaba. Tal es el caso de Mexicali, con el 5.41 por ciento, o de Ciudad Juárez con el 4.21, o de Tijuana con el 4.56, esto ocasionó fuga de consumidores, pero también el encarecimiento de los insumos para la planta industrial y para el comercio y los servicios en las ciudades fronterizas.

Lo más grave fue que este impuesto lo tuvieron que pagar y lo siguen pagando los más pobres y los de menos recursos económicos en las ciudades fronterizas, porque al no contar con documentos para poder cruzar al vecino país, se vieron sujetos forzosamente al pago del 16 por ciento en todos los productos que consumían y esto trajo consecuencias también para empobrecer más y acrecentar los cinturones de miseria en las ciudades fronterizas del norte de México como Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali y Nogales.

Todas estas consecuencias, aunadas a otras medidas que fue tomando el gobierno federal en materia económica para la frontera, trajeron algunas pérdidas económicas que tuvieron que ver con el producto interno bruto y todo el desarrollo económico de la frontera norte.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las zonas fronterizas compiten con países vecinos, su población tiene la posibilidad real de adquirir productos en otro país y que eso hace que la situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país no sea igual.

Por eso, bajo esta premisa, los diputados del Partido Encuentro Social venimos ahora a presentar esta propuesta, para que podamos, otra vez, hacer a la frontera norte de México una región debidamente competitiva.

Y reconozco que ahora sí diversos grupos parlamentarios que tuvieron la oportunidad de presentar esta iniciativa en la pasada legislatura hoy lo hagan, que se sumen a este esfuerzo que está haciendo y encabezando el licenciado Andrés Manuel López Obrador para trabajar por el bien y el desarrollo de la frontera norte de México.

También quiero comentarles que esta iniciativa se suma a otros proyectos de trabajo que habremos de presentar en este mismo tenor para el desarrollo de una parte muy importante de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta, diputada presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Javier Julián Castañeda Pomposo, diputado perteneciente a la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Exposición de Motivos

El origen de las contribuciones comienza cuando el hombre decide vivir en sociedad, ya que a partir de este momento, se da también el origen de las comunidades que posteriormente en su conjunto forman un estado, el cual tiene la necesidad de ser guiado por un gobierno, y éste a su vez para satisfacer las necesidades de sus comunidades, le es necesario desde ese momento, la implantación de las contribuciones.

Durante siglos la economía fue desarrollada como una simple “practica económica”, basada en la improvisación y la espontaneidad en la que los elementos como la producción, la distribución y el mercado existían y se combinaban en la vida cotidiana.

El hombre practicaba el comercio intercambiando las mercancías que producía por mercancías que le hacían falta para su consumo, sin que le preocupara la necesidad de pensar económicamente.

El interés de pensar económicamente nació cuando el hombre descubrió que el intercambio en el mercado le permitía obtener un excedente económico, surgiendo así el desarrollo del “calculo económico” basado en la obtención del máximo beneficio en las operaciones de intercambio.

En tal virtud, los impuestos son una de las fuentes de ingresos más importantes que tienen los estados en el mundo. A través de ellos, los gobiernos obtienen dinero, con el cual realizan proyectos sociales, de inversión y administración del estado, entre muchos otros propósitos.

Entre estas fuentes de ingresos llamados impuestos se encuentra el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se traduce en la venta de bienes de consumo. Lo que lo caracteriza es el gasto, debido a que éste se cobra como un porcentaje del valor de una mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de comprar la mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que castiga el consumo, es decir, es un impuesto (indirecto) al gasto de las personas.

El Impuesto al Valor Agregado tuvo su origen en Europa, por el año de 1925, bajo el régimen tradicional del “impuesto a las ventas”, mismo que se estableció como un sistema de “impuesto en cascada” también conocido como fenómeno de “imposición acumulativa” que consiste en cubrir un impuesto sobre otro impuesto de la misma naturaleza.

El Impuesto al Valor Agregado, se dice que fue usado por primera vez en Francia, donde surgieron las condiciones prácticas para su desarrollo.

El gobierno francés, con el propósito de eliminar el efecto en cascada, introdujo el gravamen denominado impuesto sobre la producción, promulgado en 1939, el cual es antecedente del tributo al valor agregado.

El IVA se introduce por primera vez en Francia en la reforma fiscal de 1953-1955, siendo posteriormente adoptado por los demás países miembros de la Unión Europea.

En México, fue el ministro de Hacienda, don Matías Romero, quien estableció la primera Ley del Timbre en 1869.

En la época contemporánea, hasta 1970 se causaba el impuesto a nivel federal y local. Durante 1971 y 1972, donde algunas operaciones quedaron grabadas únicamente con un impuesto federal y otras contribuciones con ambas tasas. Desde de 1973 y hasta 1979, únicamente operó el impuesto federal, con participación a las entidades federativas.

Durante las tres décadas de vigencia del impuesto sobre ingresos mercantiles, México mantuvo limitaciones severas al comercio exterior: pocas mercancías se exportaban libremente; algunas causaban impuestos aduaneros y se prohibía la importación de otras. Con dichas medidas se intentó proteger a la industria mexicana y se mantuvo la llamada “economía cerrada”.

El impuesto al valor agregado propiamente dicho, entro en vigor en la República Mexicana el 1 de enero de 1980, de conformidad con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1979, sustituyó a otros impuestos, entre ellos al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), que tenía un efecto denominado “en cascada” o “piramidal” pues cada intermediario incrementaba el precio del bien con el ISIM, lo cual originaba que se pagaran impuestos sobre impuestos, con el consecuente detrimento del último consumidor que debía pagar “todos” los impuestos (según el número de intermediarios que estuviesen involucrados en las diversas fases de compra-venta desde el productor inicial).

El IVA ha registrado diversos cambios desde la fecha que entró en vigor, entre los más importantes, se tiene el que tuvo lugar en 1983, en el inicio de su tercer año de vida institucional, aquí se aumentó la tasa general de 10 por ciento a 15 por ciento, y surge la tasa especial de 6 por ciento para gravar ciertos artículos o actos que estaban exentos, incluyéndose importaciones de bienes para ser consumidos en la zona fronteriza de nuestro país.

Esta tasa diferenciada de 6 por ciento en la zona fronteriza, surge debido al potencial que esta región tiene para convertirse en polos de desarrollo, además de la especial situación de consumo que se presenta, ya que los habitantes tienen la posibilidad de trasladarse a otros países con los que México hace frontera, principalmente Estados Unidos de América, para adquirir los bienes de consumo diario y duradero que requieren, alterando los patrones de consumo en el país.

De acuerdo con datos obtenidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 1990, la tasa general del IVA era de 15 por ciento, de 6 por ciento en ciudades fronterizas y de 20 por ciento para artículos de lujo.

En noviembre de 1991 se propuso “la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país”, derogando el artículo 2o. de la ley y homologándose la tasa del IVA en todo el territorio nacional. Para 1992, la tasa general se disminuye a 10 por ciento. Este cambio tuvo un impacto negativo en la recaudación, ya que pasó de representar 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), en 1991, a 2.2 por ciento, en 1994.

Posteriormente, el 27 de marzo de 1995, se aumentó la tasa general del IVA a 15 por ciento y se regresa a la tasa diferencial en las zonas fronterizas a 10 por ciento; estableciéndose en el último párrafo del artículo 2o. lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora”.

Dichas tasas no sufrieron cambios por un período de 15 años, durante este periodo, hubo intentos de gravar los alimentos y medicinas; sin embargo, dichas propuestas no fueron materializadas.

Los aumentos en las tasas de IVA tuvieron un impacto positivo en la recaudación, durante estos 15 años, ya que la recaudación del IVA tuvo una tendencia al alza, iniciando en 2.3 por ciento del PIB en 1995 y terminando en 3.4 por ciento del PIB en 2009.

Durante este periodo, el crecimiento del PIB tuvo diferentes altibajos, incluso llegando a tener tasas negativas en 1995, 2001 y 2009. Sin embargo, estos altibajos en el PIB no afectaron la recaudación por concepto de IVA, ya que, medida como porcentaje del PIB, fue en constante aumento, con excepción de 2009, en donde disminuyó ligeramente.

Esto indica que, aunque es probable que la recaudación medida en términos monetarios sí haya disminuido en alguno de estos años, la disminución fue menor que la presentada por el PIB, con excepción de 2009.

A partir de 2010, la tasa general del IVA subió a 16 por ciento y la tasa en ciudades fronterizas a 11 por ciento. Estos cambios, de inicio, aumentaron la recaudación a 3.8 por ciento del PIB en 2010. Posteriormente, la recaudación, medida como porcentaje del PIB, disminuyó ligeramente durante el periodo, para terminar, representando, en 2013, el 3.5 por ciento del PIB.

Durante los primeros tres años de este periodo, la recaudación, medida como porcentaje del PIB, no sufrió variaciones significativas y las tasas de crecimiento del PIB fueron moderadamente buenas. Sin embargo, la economía se desaceleró en 2013, con un crecimiento del PIB de sólo 1.4 por ciento. En ese mismo año, la recaudación bajó para representar 3.5 por ciento del PIB.

Estos datos indican que, en 2013, la desaceleración en la recaudación del IVA fue mayor que la del crecimiento del PIB.

La última reforma, que representó un gran impacto para las zonas fronterizas, fue el 30 de octubre de 2013, cuando se aprobó la propuesta de subir al 16 por ciento el Impuesto al Valor Agregado en la frontera, para homologarlo con la tasa del resto del país.

El dictamen que contiene la miscelánea fiscal fue aprobado en el Senado de la Republica con 68 votos a favor, 55 en contra y cero abstenciones, los senadores avalaron la homologación de la tasa fronteriza con la del resto del país. Fue aprobada por sólo 13 votos de diferencia con el voto a favor del PRI, el PVEM y algunos miembros del PRD.

El alza del IVA de 11 a 16 por ciento en la frontera fue aprobado por los 54 senadores del PRI, los 7 del PVEM y con la ayuda de 7 de los 22 senadores del PRD. La iniciativa fue rechazada por 36 de los 38 panistas (2 no votaron), 13 de los 22 perredistas (2 no votaron), 4 de los 5 del Partido del Trabajo (1 no votó), la única senadora de Movimiento Ciudadano y la única senadora de Nueva Alianza.

La existencia de una tasa diferenciada se derivaba de la especial situación de consumo que se presenta en las regiones fronterizas, en la que los habitantes tienen la posibilidad real e inminente de trasladarse a otros países con los que México hace frontera, para adquirir los bienes de consumo diario y duradero que requieren, alterando los patrones de consumo en el país.

Esta tasa reducida se explica por la necesidad de contar con tasas competitivas frente a las naciones vecinas como los Estados Unidos de América, donde los impuestos al consumo rondan en las tasas de 6 a 8 por ciento.

De acuerdo con la asociación Impacto Legislativo, en el Senado hay un total de 41 legisladores provenientes de estados fronterizos, de los cuales 22 (20 del PRI y 2 del PVEM) votaron a favor del IVA de 16 por ciento en esa zona del país.

Los doce legisladores fronterizos del PAN, los 4 del PRD, los 2 del PT y la de Movimiento Ciudadano votaron contra el alza en el IVA.

Es importante mencionar por qué esta reforma representó un acontecimiento con gran impacto negativo en la región fronteriza.

Anteriormente el artículo 2o. de la Ley del IVA establecía que la tasa porcentual se aplicaría en 11 por ciento para la región fronteriza, esta región estaba constituida por la franja fronteriza que comprende 20 kilómetros de espesor a lo largo de la línea internacional de México. Además, incluía el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del estado de Sonora.

Al derogar el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley del IVA, se presentaron diversas situaciones desfavorables para nuestro país. Una de las consecuencias que se presentó con mayor rapidez, fue el incremento de la inflación, ya que, en la primera quincena de enero de 2014, la inflación a tasa anual fue de 4.63 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el caso de las localidades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad Juárez, la inflación tuvo un aumento de manera significativa, presentando variaciones superiores a la media nacional, de 1.38 por ciento de acuerdo con el Inegi. Es decir, el nivel de inflación que alcanzó Mexicali fue del 5.41 por ciento; Tijuana, 4.56 por ciento; La Paz, 4.81 por ciento; y Ciudad Juárez, 4.21 por ciento, durante el primer cuatrimestre de 2014.

En cuanto a la competitividad de las empresas, disminuyó, tal es el caso de Baja California, estado en el que los precios de los bienes y servicios se encarecieron hasta 25 por ciento relativamente, por el aumento de impuestos, de acuerdo con datos obtenidos por el Colegio de la Frontera Norte.

Además de que el IVA impactó negativamente a las empresas, también representó un golpe significativo para la economía de los consumidores. Por ejemplo, el impuesto que pagan por bienes y servicios en California varia de entre 6.75 a 8.25 por ciento, mientras que en Baja California por los mismos bienes y servicios pagan de impuesto 16 por ciento, por lo tanto, esto representa una fuga de consumidores hacia Estados Unidos de América (EUA).

El efecto de la homologación del IVA también afectó de manera preocupante a la población con menos capacidad de ingreso, debido a que los más pobres no cuentan con visa para pasar a EUA, por esta razón, ellos se tienen que sujetar forzosamente al efecto del incremento.

De acuerdo con información de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el incremento del IVA de 11 a 16 por ciento mermó significativamente el poder adquisitivo de los habitantes de esta región, pues de acuerdo con datos del Inegi, se observa que el gasto mínimo requerido mensual de un hogar promedio durante abril de 2014, en municipios como Tijuana fue de 5 mil 141 pesos, superior a los 4 mil 749.6 que se gastaban en 2013. Es decir, el gasto en los hogares creció 8.2 por ciento anual, superior al 3.8 mostrado a escala nacional.

En cuanto a las devoluciones del IVA, de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2014 cayeron 9.5 por ciento en comparación con los recursos devueltos en 2013, al pasar de 264 mil millones de pesos a 239 mil millones de pesos.

Según el reciente informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cifras de 2016, nuestro país es el tercer lugar con menor nivel de ingresos por IVA.

En enero pasado, el valor de las devoluciones por este gravamen se redujo 44 por ciento en comparación con el mismo mes de 2017. Pasó de 41 mil 859 millones de pesos a 23 mil 451 millones de pesos, refieren datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, las acciones derivadas de la reforma fiscal no han sido del todo suficientes para sustentar las necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social, refiere la OCDE en el análisis Getting it Right, prioridades estratégicas para México.

Claramente el homologar la tasa porcentual a 16 por ciento, representó un acto de inconstitucionalidad, ya que va en contra de los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que “como las zonas fronterizas compiten con los países vecinos, su población tiene la posibilidad real de cruzar la frontera para consumir los bienes y servicios que necesitan en el extranjero, modificando los patrones de consumo. Por lo tanto, la situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país no son iguales”.

Cabe destacar que las regiones fronterizas tienen potencial para convertirse en polos de desarrollo. La frontera norte de México, por ejemplo, ha sido una de las regiones de mayor dinamismo económico del país a partir de la década de los ochenta. Ésta representa el espacio geográfico, en donde se ha ensayado de manera clara un nuevo modelo económico que privilegia la apertura comercial, abre camino a la inversión extranjera, promueve la modernización industrial, y busca consolidar la participación en la economía internacional.

La frontera ha sido, en las últimas décadas, una de las regiones con mayor ingreso percápita del país. Medido en pesos corrientes de 1980, el ingreso por habitante era de 13.233, 26.408 y 81.658 pesos en los años de 1975, 1985 y 1993 respectivamente.

Respecto a su contribución al país, la frontera mostró una tendencia hacia el alza, de acuerdo con datos del Inegi, en 1975 su participación porcentual en el producto nacional fue de 20 por ciento; en 1995 era ya de 22.4 por ciento; y en 2001 alcanzó 23.3 por ciento. Es decir, la frontera creció a un ritmo mayor al promedio nacional.

A partir de 1982, el crecimiento económico real de la región fue sustancialmente mayor al de la economía nacional. La región creció a una tasa real superior a 3.0 por ciento de 1985 a 2000. Mientras que la tasa promedio nacional fue de 2.0 por ciento, por lo que la economía fronteriza aumentó su participación en el producto interno nacional.

Es importante mencionar que la participación de la frontera se debe en primer lugar al sector terciario cuya principal rama es la de comercio, restaurantes y hoteles, que ha sido una de las más dinámicas; éste pasó de aportar 22.5 por ciento del producto total en 1995, a 25 por ciento en el año 2001.

En segundo lugar, se encuentra el sector secundario, que aporta 45.9 por ciento del producto de la región, destacando la industria manufacturera y la de la construcción con 27.3 y 18.6 por ciento del producto, respectivamente, en el año 2001.

Las iniciativas principales para promover el desarrollo económico local han sido denominadas políticas de promoción económica. En la mayoría de las ocasiones, estas iniciativas pretenden incidir en aspectos específicos de la actividad económica local, como son el empleo, la inversión en infraestructura, la atracción de inversiones y la promoción empresarial. Sin embargo, indirectamente buscan repercutir en el desarrollo económico local, generando sinergias positivas para la comunidad, mediante mejores empleos, salarios y servicios.

Para efectos de la ley del IVA vigente hasta el 2013, la Región y Franja Fronteriza, incluye la franja de 20 kilómetros de espesor a lo largo de las líneas internacionales del norte y sur de México. Además del territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del estado de Sonora.

En este conjunto regional residían en 2010, 10.7 millones de habitantes, esto es casi 10 por ciento de la población del país. Del total de población expuesta en el norte y el sur, 70 por ciento se localiza en las franjas y regiones de los seis estados del norte.

Además de la clara heterogeneidad económica de la región, otra de sus características es que las franjas fronterizas del norte cuentan con un PIB per cápita superior al del país, hasta 2010, además de que la recaudación por concepto de IVA en los estados del norte del país es mayor con la del resto del país.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, reconoce la importante participación de la región fronteriza en el desarrollo económico de nuestro país, por ello propone reducir la tasa porcentual del IVA a 8 por ciento, para impulsar el crecimiento económico y por lo tanto social de esta región.

El objetivo de proponer este tipo de medidas es incentivar el consumo en la frontera, de esta manera se mantendría más competitiva y podría detonar que aumente el consumo del lado de México por encima de EUA. Incluso podría atraer gente de otros países, para consumir productos en México.

El consumo interno habrá de obtener mayor recaudación por el IVA, la región fronteriza se verá como centro de atracción para el establecimiento de más empresas y por lo tanto generará empleos, es importante para nuestro país que exista más población ocupada en empleos formales.

Por lo anterior, nos comprometemos a seguir trabajando en el tema con el propósito de atender los problemas antes señalados.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único.Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 8 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 8 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Para efectos de esta ley se considera región fronteriza al estado de Baja California, además de la franja fronteriza de 30 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados: Javier Julián Castañeda Pomposo,Héctor Réne Cruz Aparicio (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Castañeda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

Saludamos a una comisión de ex braceros que visitan hoy la Cámara de Diputados, invitados por el diputado Oscar Novella Macías, un aplauso para ellos, sean ustedes bienvenidos.



LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el uso de la palabra, señor diputado.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Diputada presidenta, le estoy pidiendo el uso de la palabra desde hace rato y no me la da.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Terminando el diputado Reyes Ledesma le doy el uso de la palabra, diputada. Y no la habíamos visto, disculpe usted. Adelante, Armando Reyes Ledesma, diputado.

El diputado Armando Reyes Ledesma:México es grande y grande tiene que ser nuestro legado. Con su venia, diputada presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para decirle desde aquí al doctor Carlos Manuel Urzúa Macías que este día las diputadas y diputados del Partido del Trabajo le decimos que, una vez que asuma el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, cumpla con el compromiso hecho en campaña por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de reducir el IVA del 16 por ciento al ocho por ciento. Y el impuesto sobre la renta, del 35 por ciento al 20 por ciento en las zonas fronterizas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Compromiso que respaldamos firmemente.

Por lo anterior, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona el artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de crear la región fronteriza del norte de México, cuyos límites territoriales son los estados de Baja California, Baja California Sur y las regiones parciales de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En reducir en dicha región el pago del impuesto sobre la renta del 35 por ciento al 20 por ciento. Y el pago del impuesto al valor agregado del 16 por ciento al ocho por ciento.

Lo anterior obedece a que, en los estados del sur de los Estados Unidos de América, los impuestos al consumo rondan las tasas de entre el seis por ciento y el ocho por ciento. Mientras que en la franja y región fronteriza de México actualmente el impuesto al consumo es del 16 por ciento, lo que perjudica las actividades comerciales, productivas de la región, principalmente en materia comercial, industrial, de la construcción, de la agricultura, la pesca y la ganadería, lo que hace necesario un cambio para lograr el impulso de la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la franja fronteriza y la región del norte de México.

La propuesta de creación de la frontera del norte de México tiene su origen en el contexto histórico que se ha vivido en la región noreste del país, que comprende a Baja California, Baja California Sur y parte del estado de Sonora.

En esta región, debido a su ubicación fronteriza y aislamiento geográfico del resto de las entidades del país, siempre han tenido como región fronteriza desde 1936, mediante decreto por parte del presidente Lázaro Cárdenas del Río, que declaró como zona libre esa zona.

Sin embargo, esos beneficios fiscales fueron cancelados en 1991, de forma desleal, entreguista a los intereses de Estados Unidos, por parte del gobierno del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, en el año de 1995, el gobierno federal dispuso retomar a un tratamiento diferenciado de tasas en el impuesto al valor agregado de la franja fronteriza de 20 kilómetros.

De igual manera, le queremos decir al doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, que vemos con preocupación el anuncio que hizo de establecer la franja fronteriza de tan solo 30 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, ya que en ese contexto quedarían excluidos el municipio de Ensenada, de Baja California; el estado de Baja California Sur, la región parcial de Sonora y los municipios de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Hago una pausa aquí para decirles a los habitantes de Ensenada, ciudad generosa, de gente buena, trabajadora y gente honesta, que a pesar de las adversidades económicas y sociales que se han vivido siguen en pie y más fuerte que nunca.

Por ello, mi reconocimiento grande a todos los ensenadenses y decirles que no están solos, que el Partido del Trabajo está de su lado para hacer realidad esta iniciativa de ley. No, al aumento, no al IVA de 16 por ciento en Ensenada. Sí al ocho por ciento.

Atentamente, Unidad nacional, todo el poder al pueblo. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto por su atención, amigos y amigas, diputadas.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La frontera norte de nuestro país comparte un espacio geográfico distinto al resto del país, debido a su naturaleza limítrofe con el país del norte.

Es de sobra conocido que las zonas fronterizas compartidas entre México y los estados vecinos de Estados Unidos de América, implican una gestión política y administrativa que implica una serie muy amplia de temas, que van desde lo económico, social, ambiental y cultural.

Los estados fronterizos en el norte de nuestro país son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Y desde 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, también se incluyó, primero como zona libre y posteriormente como zona fronteriza, al estado de Baja California Sur.

En la frontera norte de México se experimentan relaciones dinámicas por ser polos de atracción para migrantes nacionales, del sur del continente y de Centroamérica, por lo que en dicha región es en donde parte de estos extranjeros y connacionales migrantes, transitan en su búsqueda por una mejor calidad de vida hacia el vecino país y en muchas ocasiones, se establecen en las zonas fronterizas de México, generando con ello una mayor demanda de empleos, vivienda y servicios básicos.

Esta circunstancia, acelera los procesos de urbanización y propicia un alto crecimiento poblacional a causa de la inmigración y como resultado de los flujos migratorios se provoca una mayor demanda de servicios.

Dicha situación, implica retos dentro de la política pública y presupuestal para poder atender dichos aspectos que se traducen como asuntos urgentes para la frontera norte de nuestro país.

En nuestro país ha quedado establecido que es una obligación de todos los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, dicha contribución tendrá que ser de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en el artículo 1, fracción I, que las personas físicas y morales residentes en México están obligadas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus ingresos, a excepción de establecido en el artículo 93.

Es también un derecho constitucional que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Es determinante por derecho que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, según lo dispuesto por el artículo 5 constitucional.

Por otra parte, el papel protector del estado a sus ciudadanos debe establecer como una norma que toda reforma fiscal tiene que estar orientada a ampliar la base de contribuyentes, a reducir la evasión fiscal y a no obstaculizar el crecimiento y desarrollo de las empresas, ni menguar las retribuciones de los trabajadores, sino a establecer una base contributiva acorde a las utilidades, ingresos y circunstancias económicas regionales, en donde se realizan las labores, empresas y jornales laborales, para evitar que la uniformidad de criterios en todas las regiones de la nación, puedan ocasionar que las inversiones en la frontera norte puedan fugarse a otros lugares con la finalidad de obtener mayores ventajas competitivas o comerciales.

En este sentido, es de reconocerse que la zona fronteriza del norte de México mantiene una dinámica económica distinta al resto del país, derivado de su ubicación geografía, la competencia directa con estados del sur de los Estados Unidos de América y que, por tanto, se ha ocasionado una dependencia del dólar como moneda americana, la cual es usada en esa región como valor de intercambio.

Por tanto, es necesario reconocer a la luz de las condiciones actuales, que el actual sistema impositivo perjudica el desarrollo de las actividades económicas de la zona norte del país, principalmente en materia comercial, industrial, de construcción, y del sector primario, lo que hace un cambio para lograr el impulso de la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la franja fronteriza y de la región fronteriza del norte de México.

Es importante señalar que en la actualidad se entiende por:

I. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora.

II. Región fronteriza del norte de México, a los estados de Baja California, Baja California Sur, y las regiones parciales de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Es importante apuntar que, en los estados del sur de Estados Unidos de América, los impuestos al consumo rondan las tasas del 6 al 8 por ciento, mientras que en la franja y región fronteriza de México el impuesto al consumo es del 16 por ciento lo que desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región.

Es por ello que se conmina a este Congreso de la Unión, promueva mediante decreto que en la región fronteriza del norte de México se establezca una reducción del IVA al 8 por ciento y del ISR a 20 por ciento con la intención de coadyuvar al desarrollo social, productivo, comercial e industrial, de la región norte del país.

Toda vez que los empresarios y trabajadores de esta región del país requieren de incentivos fiscales, y por tal motivo la presente iniciativa propone que la franja y región fronteriza tengan el cobro del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta de un 8 y un 20 por ciento respectivamente.

Es importante recordar que el establecimiento de zonas diferenciadas en la aplicación del impuesto al valor agregado, tiene su antecedente se en el decreto publicado el 29 de diciembre de 1978; en dicho decreto se incluía una franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur.

Posteriormente se publicó el 21 de noviembre de 1991, en el Diario Oficial de la Federación, la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país, derogándose el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado homologándose la tasa de dicho impuesto en todo el país.

Y en el año de 1995, el gobierno federal dispuso como medida para reactivar el consumo de la producción nacional en las zonas fronterizas, retornar a un tratamiento diferenciado de tasas en el impuesto al valor agregado, demarcando esta zona “además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora” estableciéndose ya una simetría en el tratamiento al incluirse ambas fronteras en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En la última modificación sufrida a este mencionado artículo se incluye dentro de esta zona de tasa diferenciada al municipio de Caborca, disposición publicada en 30 de diciembre de 2002.

Esta tasa reducida la fundo la autoridad hacendaria nacional, con base a la necesidad de contar con tasas competitivas frente a las entidades vecinas de Estados Unidos de América, donde los impuestos al consumo rondan tasas del 6 al 8 por ciento, de ahí la necesidad de que nuestros connacionales habitantes de las regiones fronterizas colindantes con dicho país, tuvieran una tasa menor de este impuesto.

Por otra parte, es importante destacar que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV, propone la participación proporcional y equitativa para contribuir en los gastos públicos.

En este sentido es vigente el principio de proporcionalidad en materia tributaria estriba en que las contribuciones deberán de respetar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de las contribuciones, teniendo en todo momento congruencia la base del tributo con la capacidad de pago de quien lo enfrenta.

Por otro lado, el principio de equidad, establece que las contribuciones traten de manera igualitaria a todos aquellos que la enfrentan, no sólo en cuanto a la imposición de éste, sino incluso en prerrogativas de pago, exenciones, deducciones y franquicias fiscales.

Es por ello, que esta propuesta legislativa busca principios de proporcionalidad y justicia a partir de un esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos.

En estos momentos, es fundamental que las políticas económicas de la autoridad federal, promuevan que la actividad económica del país se sustente con base a resultados macroeconómicos, pero en los hechos dichos beneficios no han llegado a los sectores medios y bajos.

Y por el contrario, se han reducido la capacidad de compra y el poder adquisitivo mientras que los empresarios ven incrementados sus costos por la elevada tasa del ISR y del IVA situación que se agrava en la región de la frontera norte de México.

Ante esto es urgente implementar medidas fiscales tendientes a apoyar al sector productivo, y particularmente a los trabajadores que viven en la zona norte de nuestro país.

Es por todo lo antes expuesto que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Primero.Se reforma el artículo 1 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan , y en el caso de la región fronteriza del norte de México, señalada en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta del 20 por ciento.

II. Los residentes...

III. Los residentes...

Segundo.Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley será del 8 por ciento en la región fronteriza del norte de México, cuyos límites territoriales son los siguientes:

I. Los estados de Baja California y Baja California Sur; y

II.- Las regiones parciales de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La federación, las entidades federativas señaladas en la fracción II del presente artículo y sus municipios que lo soliciten de acuerdo con las relaciones económicas al interior de la entidad federativa perteneciente y con la frontera sur de los Estados Unidos de América, determinarán en conjunto las regiones parciales.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 120 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la federación a través de la o las secretarías del ramo que considere conveniente, así como las entidades federativas y municipios señalados en el párrafo segundo del artículo 2o. del resolutivo segundo de este decreto, deberán en conjunto determinar las regiones parciales, formalizando sus límites territoriales mediante Decreto correspondiente.

Tercero. Para dar cumplimiento al término establecido en el artículo transitorio inmediato anterior, la o las secretarías de la federación deberán emitir convocatoria y bases correspondientes para el desarrollo de mesas de trabajo con la finalidad de coadyuvar en la determinación de las regiones parciales.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Para qué objeto, diputada Arlett Aguilar? Micrófono a la diputada Arlett Aguilar.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): A ver, ¿si se me escucha?

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Okey. Muchísimas gracias. Felicito a todos los compañeros diputados de los estados del norte...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Para qué objeto, disculpe diputada?

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): ¿Cómo?

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Para qué objeto solicitó la palabra?

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Con el mismo objeto del que están hablando ahorita, lo del ISR y lo del IVA, las iniciativas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada, las iniciativas de ley no se discuten aquí sino en comisiones.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Para hacer un comentario con respecto a los comentarios que están haciendo los demás diputados.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si usted gusta suscribir, y no se hacen comentarios de iniciativas. Disculpe usted, el Reglamento no establece intervenciones cuando se presentan iniciativas. Si usted quisiera suscribir alguna de las iniciativas lo hacemos con mucho gusto.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Okey, diputada. Nada más te puedo pedir un grandísimo favor y a todos los compañeros. Que contemplen a todos los estados del sureste en la baja también del IVA y del ISR, porque también nosotros somos zona fronteriza y no tenemos ningún beneficio, sobre todo en el estado de Chiapas y toda la región sur sureste.

Me encanta que hablen sobre la zona norte y sobre los estados del norte, pero no nos olvidemos de que no deben de haber mexicanos de primera ni de segunda clase. Todos los beneficios para todos los mexicanos. Es mi petición que hago. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Correcto. Gracias, diputada.



LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos. Mientras llega a tribuna. Se prepara la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo. En el uso de la palabra, la diputada María Libier González Anaya.

La diputada María Libier González Anaya:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea. Uno de los grandes retos de la democracia es, sin duda, el que los órganos de representación popular den cabida a las muy diversas expresiones políticas que se pueden manifestar en una sociedad.

La pluralidad política y la representación popular de los órganos legislativos se refleja como una oportunidad de crear espacios de poder público. Actualmente es indispensable hacer uso de los derechos político-electorales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el uso del voto activo en la decisión que habrá de tomarse para conducir los rumbos de nuestro país.

Por ello, el electorado elegirá a aquellos representantes populares cuyas propuestas le identifiquen. Sin embargo, se hace necesario ir más allá de la identidad de propuestas electorales. Cuando un grupo social pretende abrirse espacios en los órganos legislativos para garantizar su legítima representación habrá de hacer uso del derecho que tiene todo mexicano para ser electo a cargos de elección popular.

Los mexicanos que hemos residido en el extranjero durante muchos años, resulta de la mayor importancia y trascendencia ser partícipes de las decisiones que se tomen no solo en beneficio del migrante, sino de todas aquellas que incidan en las políticas públicas del país.

Aquí nacimos, este es nuestro país de origen al que nos unen vínculos afectivos y familiares que nos dan sentido de pertenencia más allá de las fronteras geográficas. La importancia de nuestra presencia en las decisiones nacionales radica esencialmente en el hecho de que somos cerca de 36 millones de mexicanos en el extranjero de primera y segundas generaciones.

Aportamos mediante las remesas enviadas 28 mil 778 millones de dólares, lo que significó durante el año 2017 el 2.3 por ciento del producto interno bruto, lo que nos coloca como uno de los actores claves para generar los ingresos que dan sostenimiento a nuestro país. Contribuimos de esta manera a la estabilidad social.

Somos gente indispensable para el desarrollo justo, sano y democrático de la nación. Requerimos de una auténtica y articulada defensa de nuestros derechos, ya que actualmente no los tenemos.

Esta es sin duda la razón por la que, a nombre de la comunidad migrante, en este día vengo a presentar ante esta soberanía la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley General de Partidos Políticos, por medio de una adición del numeral 6 a su artículo 3 mediante la creación de la figura jurídica de diputado y senador migrante.

Con ello pretendemos ejercer plenamente el goce de los derechos constitucionales que nos corresponde a quienes tenemos la calidad de migrantes, pero que formamos parte también de la nación mexicana.

Los migrantes mexicanos hemos generado mediante el envío de nuestras remesas la manutención de nuestras familias. Somos parte importante del turismo de nuestras regiones de origen, consumimos los productos que México produce, así como un sinnúmero de obras que benefician a las comunidades de las que somos originarios.

Por último debemos considerar que si se quiere fomentar la participación democrática que genere beneficios para la población migrante, así como aumentar el número de votantes en el extranjero, se tiene que incluir candidatos que tengan la misma condición migrante, no es suficiente con que se nos facilite el acceso al voto en el extranjero, se hace necesaria ya la representación popular como complemento de nuestros derechos políticoelectorales, en razón de que aun viviendo en el extranjero somos también mexicanos.

Por lo antes expuesto solicito a ustedes generosamente apoyen a esta iniciativa, ya que con ello podremos fortalecer la relación de quienes vivimos en el extranjero o en nuestro país y ejercer los derechos que la Constitución Política nos garantiza. Ser migrante es vivir día a día en un país extranjero. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma mediante adición de una fracción 6, el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes retos de la democracia es sin duda, el que los órganos de representación popular den cabida a las muy diversas expresiones políticas que se pueden manifestar en una sociedad; expresiones que son indudablemente el reflejo de intereses o necesidades presentes en diversos sectores de la población.

La pluralidad política y la representación en los órganos legislativos se refleja como una necesidad de alcanzar espacios del poder público, para desde ahí, atender las diversas necesidades e intereses de carácter social, político y económico existentes, de tal manera que el legislador electo se aboque a la atención de los problemas nacionales pero particularmente a los del grupo social que le dio la responsabilidad de representarle en los órganos legislativos.

Por ello es indispensable hacer uso de los derechos político-electorales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero mediante el uso de voto activo, como la manera de participar por medio de las elecciones en las decisiones que habrán de tomarse para conducir los rumbos de un país, en ello el electorado elegirá a aquellos representantes populares cuyas propuestas le identifiquen; sin embargo en la actualidad se hace necesario ir más allá de la identidad de propuestas electorales, cuando un grupo social pretende abrirse espacios en los órganos legislativos para garantizar su legitima representación, habrá de hacer uso del derecho que tiene todo mexicano para ser electo a cargos de elección popular, es decir ejercer el denominado voto pasivo mediante el cual se dé además de la representación popular, la muy necesaria y enriquecedora pluralidad política.

Es por ello que para los mexicanos que hemos residido en el extranjero durante muchos años, resulta de la mayor importancia y trascendencia ser partícipes de las decisiones que se tomen no solo en beneficio del migrante, sino de todas aquellas que inciden en las políticas públicas del país, aquí nacimos, este es nuestro país de origen al que nos unen vínculos afectivos y familiares que nos dan sentido de pertenencia más allá de las fronteras geográficas.

En tal virtud, los mexicanos en el extranjero consideramos un derecho inalienable e imprescriptible el ejercicio de ser votados para integrar las cámaras del Congreso de la Unión, por ello proponemos la creación de la figuras de “Diputado y Senador Migrante” lo que permitiría garantizar la adecuada representación y salvaguarda de nuestros derechos.

La importancia de nuestra presencia en las decisiones nacionales radica esencial mente en el hecho de que somos cerca de 36 millones de mexicanos en el extranjero, aportamos mediante remesas generadas por nuestro trabajo más de 28 mil 500 millones de dólares que durante 2017 significó el 2.3 del producto interno bruto, lo que nos coloca como uno de los factores clave en la generación de los ingresos que dan sostenimiento a este, nuestro país, contribuyendo a la estabilidad social del país, somos gente indispensable para el desarrollo, justo, sano y democrático del país.

En torno al fenómeno migratorio nacional es de recordar que en las décadas de los 40 y los 50, de manera notable se hace presente la movilización de mexicanos hacia Estados Unidos de América, en razón de la necesidad de mano de obra en este país, quien se encontraba inmerso en la segunda guerra mundial y muchos de sus ciudadanos se encontraban en el campo de combate. La recepción de remesas provenientes de Estados Unidos benefició a la incipiente economía mexicana que se encontraba en proceso de industrialización, a partir de esa época y a la fecha nuestro país tiene en esta fuente de ingresos la base y el sostenimiento de miles de familias.

Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde entonces y a la fecha nuestro país se ha convertido en el origen de miles de ciudadanos que migran principalmente hacia el país del norte para obtener mejores condiciones de vida.

Los estados de la Unión Americana que proveen de mayores cantidades de remesas son California, que transfirió 7 mil 998 millones de dólares (31.1por ciento) y Texas, que envió 3 mil 770 millones de dólares (14.6 por ciento). Otros estados de la Unión Americana con flujos importantes de remesas a México son Illinois, Nueva York, Florida.

Como puede apreciarse la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez mayor, lo cual está en proporción al número de mexicanos que se desplaza hacia el país del norte; en México, las entidades federativas en donde el desarrollo económico no va aparejado a la demanda de creación de empleo les convierte en potenciales exportadoras de mano de obra, pero también en beneficiarias de las remesas que día a día envían desde los lugares en los que sus habitantes llegan a radicar.

Al ir en búsqueda de un mejor porvenir, los mexicanos migrantes se enfrentan en muchas ocasiones a que sus derechos sean vulnerados o menoscabados, ya que a la fecha no existe una defensa debidamente articulada que permita hacer embate a los embates que desde el país del norte se originan contra la población trabajadora inmigrante.

Ésta es sin duda una de las razones que impulsa la presente iniciativa, ejercer plenamente el goce de los derechos constitucionales que nos corresponde a quienes tenemos la calidad de migrantes pero que formamos parte también de la nación mexicana.

Los migrantes mexicanos hemos generado mediante el envío de remesas la manutención de nuestras familias, así como en un sin número de obras que benefician a las comunidades de las que somos originarios, pero también no se debe perder de vista que mediante la organización colectiva buscamos la defensa de nuestros derechos más allá de las fronteras nacionales; habremos de sortear desde luego el embate de quien desde las altas esferas del poder busque vulnerar nuestras garantías.

Por último, debemos considerar que si se quiere fomentar la participación democrática que redunde en beneficios para la población migrante, así como el número de votantes en el extranjero, se tienen que incluir candidatos que tengan la misma calidad migrante, no es suficiente con que se facilite el acceso al voto en el extranjero, se hace necesaria ya, la representación popular, como complemento de nuestros derechos político-electorales, en razón de que aun viviendo en el extranjero somos también mexicanos.

Al respecto es de señalar que existen ya varias entidades federativas que contemplan la figura de “Diputado Migrante”, en sus Congresos locales; de esta manera se pretendemos dar continuidad a la relación de los mexicanos en el extranjero con nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción 6 al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo 3.

1. al 5.

6. Cada partido político inscribirá dentro de los cinco primeros lugares, de cada una de las circunscripciones plurinominales, a un mexicano residente en el extranjero, a fin de establecer la figura de “Diputado Migrante”. De igual manera en la integración del sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, para la elección del Senado de la Republica, deberán incluir a mexicanos residentes en el extranjero con el propósito de crear la figura jurídica de “Senador Migrante”; con el propósito de garantizar una representación adecuada de los mexicanos en esta condición en el honorable Congreso de la Unión.

En ambos casos los ciudadanos mexicanos deberán contar con una antigüedad mínima de cinco años en el extranjero.

Transitorio

Único:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i Remesas hacia México generan 2.3 del producto interno bruto. El Economista, México, 14 de junio de 2017. En el economista.com.mx/ sectorfinanciero/Remesas-hacia-Mexico-equivalen-al-2.3-del-PIB—20170614-0084.ht ml. Consultado 31 de agosto de 2018.

ii Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración. Consultado en

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ 9 de abril de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Libier González Anaya,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Sáenz, Ana Lucía Riojas Martínez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Carmen Julieta Macías Rábago, Dulce María Mendez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kahila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María del Pilar Lozano Mac Donald, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Angélica Tagle Martínez, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

Nos está solicitando el micrófono el diputado Benjamín Robles Montoya ¿para qué objeto?

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Para que me haga el favor, diputada presidenta, solicitarle a la diputada Libier que un servidor también pueda suscribir esa iniciativa. De hecho, le quiero informar que hace un rato conversamos porque los dos hemos presentado propuestas similares, es decir, pedir derechos plenos, votar y ser votado para la población migrante, los mexicanos en el exterior, particularmente los que están en la Unión Americana.

Entonces yo acepté que ella se sumara a la de un servidor y yo pido de manera oficial sumarme también a la iniciativa que ha presentado la diputada Libier.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si la diputada proponente no tiene inconveniente, la suscribe también el diputado Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:Con su permiso, diputada presidenta. En México existe un gran pendiente con respecto a garantizar y reconocer el derecho de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, así como el de asegurar para ellas el acceso universal a la salud.

La OMS estima que cada año se practican más de 20 millones de abortos peligrosos en el mundo. Por su parte el Inegi, señaló que de 1990 a 2015, en el país dos mil 338 mujeres fallecieron por abortos clandestinos e insalubres, lo que representó uno de cada 13 muertes maternas, siendo el aborto clandestino un serio problema de muerte materna en el país. El tema se vuelve un asunto de salud pública que a nivel nacional no ha sido atendido, además de que existe un severo problema de criminalización contra las mujeres.

En este sentido debemos reconocer que el aborto es una práctica que se lleva a cabo sin importar la edad, clase, nivel de educación o socioeconómico, religión, estado civil o si existe regulación o no. Sin embargo, son las mujeres con menos recursos las más propensas a alguna complicación en las prácticas clandestinas que las puede llevar a la muerte o a la cárcel.

Por ellas, por todas, es que garantizar la interrupción del embarazo, es un pendiente legislativo que se debe resarcir y que ha sido retrasado por muchos años ya.

Frente a esta realidad, en nuestra Carta Magna, el artículo 4o. en su párrafo segundo se establece que, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Sin embargo, limita el derecho a la salud de las mujeres al no considerar la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública. Necesitamos enmendar este pendiente.

Es cierto que las legislaciones estatales, la interrupción del embarazo se encuentra permitida bajo algunos factores. No obstante, hay casos que aún no son considerados.

Gire ha señalado que la interrupción del embarazo por violación es un problema de salud pública, ya que estos casos de violencia, de acuerdo a cifras oficiales, representan al menos 600 mil delitos al año, de los que nueve de cada 10 víctimas son mujeres, y cuatro de cada 10 de ellas tienen menos, señoras y señores diputados, de 15 años de edad.

Además, México ha suscrito distintos marcos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que comprometen a los Estados a garantizar condiciones y adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de los derechos de las mujeres seas eficaz y pleno, así como de abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere estos derechos.

En lo dispuesto por los artículos 71, fracción XI, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4o, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 4o, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se garantizará este derecho estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional.

Ni una más, ni una mujer encarcelada más por aborto en México. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El principio de igualdad y no discriminación reconocido en la Constitución debería ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional.

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como “delitos de sodomía”, “crímenes contra la naturaleza humana” o “actos antinaturales”. Una telaraña de leyes y prácticas niegan la igualdad: en Malasia, por ejemplo, la “relación carnal contra el orden natural” es castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en 2000 a 9 varones jóvenes a prisión y penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por “conducta sexual desviada”.

La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En el país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera:

• La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

• En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

• En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

• Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

• En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no dejan de ser actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que daña sus derechos y libertades fundamentales.

Argumentación

Los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda personas, en nuestro ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine por orientación sexual.

En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a este tema y que ha abonado en la argumentación sobre la construcción del derecho a decidir de las personas y al reconocimiento de la diversidad de la integración de las familias en nuestro país producto de la propia dinámica social.

Al respecto, es preciso mencionar la sentencia emitida sobre la acción de inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el procurador general de la República contra las reformas que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para modificar la definición de matrimonio y avanzar en un matrimonio igualitario, sin distinción de género; los argumentos utilizados en dicho criterio de la SCJN los exponemos a continuación:

Sobre la diversidad de las familias

234.En cuanto al segundo aspecto, lo que se consagra constitucionalmente es la protección de la familia –su organización y desarrollo–, dejando al legislador ordinario garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujery, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección constitucional a la familia, como esgrime el accionante.

235.Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, en un estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a las familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.Al respecto, adquiere relevancia que el propio Código Civil, en su artículo 338, dispone que: “La filiación es la relación que existe entre el padre ola madre y su hijo, formando el núcleo primario de la familia(...).

Cambio del concepto de familia conforme a la realidad social

238.Por consiguiente, si conforme al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario,a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia –en sus múltiples organizaciones o manifestaciones–, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época(datos que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi).

239. De este modo, fenómenos socialescomo la incorporación, cada vez más activa, de la mujer al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de divorcios y, por ende, de nuevas nupcias, que ha dado origen a familias que se integran con hijos de matrimonios o de uniones anteriores e, inclusive, con hijos en común de los nuevos cónyuges; el aumento, en ese tenor, en el número de madres o padres solteros; las uniones libres o de hecho; la reproducción asistida;la disminución, en algunos países, de la tasa de natalidad; la migración y la economía, entre muchos otros factores, han originado que la organización tradicional de la familia haya cambiado.

Dinámica social en la transformación del concepto de familia

243.Efectivamente, en cuanto a la dinámica de las relaciones sociales,sobre todo, en las últimas décadas (a partir de los setenta), se advierten transformaciones sociales relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia.Así, existen muchas personas que deciden vivir una vida en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen contraer matrimonio (uniones libres o de hecho), evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras, ya mencionadas, del concubinato o las sociedades de convivencia. También existenmatrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; otros que, por razones biológicas, no pueden tenerlos y que, en algunos casos, recurren a los avances médicos para lograrlo, mediante la utilización, por ejemplo, de donaciones de esperma o de óvulos, aunque no en todos los casos la ciencia ofrezca soluciones adecuadas;unos más que, aun cuando no tienen impedimento para procrear, optan por la adopción; otros tantos que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera.

Libre desarrollo de la personalidad

251.En efecto, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Corte(amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

263.Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008 1 (1 “Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende” (novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVI/2009, página 7; y “Derechos a la intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual. Constituyen derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana” (novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVII/2009, página 7) esta Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad,es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende,entre otras expresiones, la libertadde contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos;la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual.”

Concepto de matrimonio desvinculado de la función de procrear y libertad para hacerlo

273.Pretender, como hace el procurador, que dicha desigualdad encuentra razonabilidad en la conservación de la familia, como núcleo de la sociedad, argumentación que considera, entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “amenaza” u “oposición” a dicha estructura, tampoco puede admitirse por este tribunal constitucional, en tanto refiere una afectación inexistente, pues, como ya mencionamos, en primer lugar, la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer; en segundo lugar, este último también ha evolucionado de forma tal que se ha desvinculado la unión en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando, incluso, al extremo de que, aun teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no es producto de la unión sexual de ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva,o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; en tercer lugar, las uniones entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una “familia”; por último, no se advierte de qué manera podría limitar o restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la formación de una familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera, su finalidad,como afirma el accionante.”

Libertad de procrear

274. La decisión de procrear no depende de la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras,cualquiera que sea su preferencia sexual.

En congruencia con esa resolución y derivado de la resolución de diversos amparos promovidos, el 12 de junio de 2015mediante una tesis jurisprudencial determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último sea la procreación; dicho criterio se establece en la tesis siguiente:

Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.)

Primera Sala

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima época

Libro 19, junio de 2015, tomo I, página 536.

Jurisprudencia (constitucional, civil)

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional.Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”.Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014, 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este tribunal, en sesión privada del 3 de junio de 2015.

Un criterio que se suma a este actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, donde de manera unánime el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que una parte del artículo 260 del Código Civil de Jalisco era inconstitucional, pues atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, pues a se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Por esos motivos, la propuesta que sometemos a consideración busca plasmar en la Constitución esta realidad y poner el ejemplo sobre la manera de legislar con base al principio constitucional de igualdad y no discriminación, además de que el Poder Legislativo, muestra su responsabilidad de contribuir a los principios y valores de la Constitución se hagan efectivos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido realizando.

Se propone retomar la propuesta que en su momento formuló el Presidente de la República y reformaba el primer párrafo del artículo 4o constitucional para establecer que toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Con ello se da pauta para que en los congresos locales y el federal se legisle en la materia con base a una definición de matrimonio para establecerla como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, la cual debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige; además de quitar la referencia a que su propósito es la perpetuación de la especie que, en muchos casos, da cabida a lo que se le conoce como débito conyugal y es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias.

Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad tiene una sinergia, es cambiante y que esa realidad nos dice que mujeres y hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y no debe sujetarnos a criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos. Afirmar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la diversidad sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reformael párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

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Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión y los congresos locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente decreto, dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Guadalupe Almaguer Pardo,José Ricardo Gallardo Cardona, Antonio Ortega Martínez, Juana Carrillo Luna, Lilia Villafuerte Zavala, Mirtha Ileana Villalvazo Amaya, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En el uso de la palabra. ¿Se encuentra la diputada? Perdóneme.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz:Con la venia de la Presidencia. Estudios científicos y datos estadísticos revelan que los niños que sufren maltrato se convierten en adultos violentos.

La violencia en las escuelas es un fenómeno que impide el propósito esencial de la educación, que es lograr que todos los alumnos aprendan y se desarrollen integralmente. Para disminuir y erradicar la violencia en los planteles educativos es necesaria la acción del Estado, pero también de la sociedad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que una cuarta parte de los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños y una de cada cinco mujeres, así como uno de cada 13 hombres declara haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico o de maltrato emocional y víctimas de desatención.

En consecuencia, un adulto que ha sufrido maltrato en la infancia corre mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia, ya sea como víctima o agresores, depresión, obesidad, embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo y consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas.

Cada siete minutos en el mundo un adolescente es asesinado en un acto violento. De acuerdo al Inegi, en México entre 2011 y 2015 fueron asesinados diariamente, en promedio, tres niñas, niños y adolescentes entre cero y 17 años.

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el Inegi dio a conocer los resultados de la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, que midió los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años, en 49 ciudades del país.

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización, delitos o maltratos que afectan de manera directa a niños y niñas de 12 a 17 años, que residen en las ciudades consideradas en la encuesta.

Dicha encuesta captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes, de 12 a 17 años. Se identificó que 47.8 por ciento fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato. El total de delitos o actos de maltrato, contra niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados en la encuesta, representan en promedio cinco delitos o actos de maltrato.

En cuanto al tipo de delito o maltrato infantil, la prevalencia más alta se registró en acoso por atributos, donde niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base en gustos físicos o ropa.

Le sigue la tasa de robo sin violencia, además del acoso a través de pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos personales o herramientas de trabajo con la intención de molestar. También se detectó el maltrato físico, amenaza, robo con violencia, tocamientos ofensivos, difamación por medios electrónicos y extorsión.

A nivel social existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de maltrato infantil, entre ellas, las desigualdades sociales, las de género, la falta de vivienda adecuada y los niveles elevados de desempleo o pobreza, la fácil disponibilidad del alcohol y las drogas, insuficientes medidas para prevenir la pornografía, prostitución y trabajo infantil, entre otras.

En nuestro país han existido hechos de violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad y que son una llamada de atención respecto a los niveles de violencia que hemos alcanzado.

En febrero de 2017, un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, abrió fuego contra tres compañeros y una profesora antes de dispararse a sí mismo. Mientras que en junio del mismo año tuvo lugar un enfrentamiento entre los alumnos del Colegio Irlandés que propinaron una brutal golpiza a ocho estudiantes del Colegio Cumbres que se encontraban en la fiesta de graduación.

Como puede verse, son muchos los tipos de violencia que rodean nuestro entorno y el de nuestros niños, los cuales se han convertido en una sociedad violenta que reproduce los patrones que enfrentan de manera cotidiana.

Derivado de eso proponemos adicionar dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, con la finalidad de incluir en el sistema educativo nacional una materia específica para combatir todo tipo de violencia.

Se trata de una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos prevenir conflictos y la violencia para que los mexicanos aprendamos a resolver los problemas de manera pacífica.

Nuestra propuesta incluye la obligación por parte de la Secretaría de Educación Pública para elaborar y llevar a cabo anualmente, en coordinación con las autoridades competentes, programas o campañas permanentes de difusión a nivel nacional, que vayan acompañadas de acciones concretas que promuevan el valor de la justicia, el respeto a la ley y propicien una cultura de inclusión de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esperando contar con su respaldo, agradezco su atención. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que diciona dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, las cuales pueden persistir durante toda la vida. El maltrato infantil es complejo y las estimaciones actuales sobre su incidencia son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado.

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual genera un impacto en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, además de que son realmente pocos los responsables que llegan a ser procesados.

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad e incluso trabajadores de la asistencia humanitaria.

En México, el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país, sin embargo, con el aumento en los índices de delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños también ha crecido desmesuradamente.

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-2014), que midió los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 ciudades del país.

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las ciudades consideradas por la encuesta.

La Ecopred captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes. Se identificó que 47.8 por ciento de los menores (2 millones 321 mil 216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 49.9 por ciento de los casos se trató de un niño y en 50.1 por ciento de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones (10 millones 220 mil 265), lo cual representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las ciudades objeto de la muestra.

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en acoso por los atributos, pues 24 mil 459 de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. Le sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a 23 mil 659 personas victimizadas por cada 100 mil individuos del grupo poblacional considerado. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etcétera, con la intención de molestar, registró una tasa de 17 mil 385 víctimas. De cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, 9 mil 980 fueron violentados por maltrato físico; 6 mil 15 por amenazas; 5 mil 679 sufrieron al menos un evento de robo con violencia; 5 mil 89 de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2 mil 403 víctimas por cada 100 mil menores) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) son delitos o actos de maltrato de menor incidencia.

Aunque debemos señalar que el Inegi no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido que la huella dejada por la violencia experimentada a una edad tan corta determina la actitud que como adulto tendrá un niño que ha padecido maltrato.

Al respecto, el estudio denominado Inspire ha catalogado la forma de maltrato de un niño de acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta. El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno:

No obstante, la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este fenómeno. Por ejemplo, se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, cifra que subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.

En cuanto a la salud, el maltrato infantil no sólo causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, en casos extremos puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, como ya lo hemos señalado, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, obesidad embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, así como consumo indebido consumo de tabaco, alcohol y drogas.

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo.

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

-Las desigualdades sociales y de género;

-La falta de vivienda adecuada o de servicios;

-Niveles elevados de desempleo o pobreza;

-Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas;

-Insuficientes medidas para de prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;

-Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras.

Sabemos que la violencia en general no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia infantil, en particular, es necesario darle la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo, eliminarla como forma de relación social entre los ciudadanos.

En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los menores. De igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha Ley representa un avance legislativo significativo en la materia y sienta las bases para consolidar un Sistema Nacional para la Protección delos Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de mecanismos específicos.

Entre las innovaciones de la Ley General hay que destacar las siguientes:

-Contempla disposiciones aplicables para todo el país.

-Obligatoriedad directa para todas las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.

-Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos (enfoque garantista de derechos).

De igual manera, es significativo el esfuerzo de coordinación que las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) han realizado para enfrentar el problema de la violencia en las escuelas mediante la concurrencia de autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, con el fin de atender en forma integral y oportuna los factores sociales, familiares y emocionales que puedan afectar las conductas de los alumnos.

Con ese fin, ambas instancias gubernamentales implementaron en febrero de 2017 el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Dicho Plan contempla una estrategia de prevención social en tres ámbitos: primero, dirigido a toda la comunidad escolar con enfoque de convivencia; segundo, detección de grupos de riesgo; y tercero, atención de quienes ejercen la violencia y las víctimas directas e indirectas; mediante las siguientes ocho líneas de acción:

1. Fortalecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Construye-T,

2. Evitar el ingreso de armas a los planteles,

3. Construir redes interinstitucionales para la canalización de conductas de riesgo,

4. Vinculación al servicio telefónico de emergencia 911,

5. Coordinación con sistemas educativos y de seguridad pública locales,

6. Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales,

7. Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, y

8. Fomentar acciones de proximidad social en las comunidades.

En nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo. Otro caso igualmente preocupante fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando sucedió un enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo de ocho estudiantes del Colegio Cumbres, quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que ameritó la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no son los únicos, pero sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que hablamos.

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que para seguir avanzando en el objetivo de velar por “el interés superior de la niñez” se debe incluir en los planes de estudio una materia cuyo propósito específico sea combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural. Nuestra propuesta es que dicha asignatura acompañe la formación de nuestros niños y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social.

Es decir, se trata de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, la cual supone capacidad de relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, de conceptualizar a la escuela como el agente de socialización que siempre ha sido. Dicha socialización significa una adaptación a las instituciones, pues introduce al individuo en el grupo social y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no violenta el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, proceso por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad.

Estamos convencidos de que la prevención de la violencia infantil y sus consecuencias en la persona adulta requieren un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Nuestra propuesta se enmarca entre los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, implementado por la actual administración, cuando señala que “la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultiva la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan ‘la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y profesional”.

En coincidencia, el subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime, ha señalado que “la educación y la ética son el mejor escudo contra la violencia que se puede brindar a los niños de México, a fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse sin limitación alguna, y participar a lo largo de toda su vida en la consolidación de una sociedad más libre, pacífica y por supuesto democrática”.

El Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único. Se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a V. (...)

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Para cumplir con los fines que señala el párrafo anterior, la autoridad educativa federal establecerá en el programa educativo de cada ciclo escolar una materia específica que inculque a los niños, jóvenes y adultos valores éticos y sociales que permitan prevenir la violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones.

La Secretaría de Educación Pública elaborará y llevará a cabo anualmente, en coordinación con las autoridades competentes, programas o campañas permanentes de difusión a nivel nacional, que vayan acompañadas de acciones concretas que promuevan el valor de la justicia, el respeto a la Ley, propicien la cultura de la inclusión, de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones;

VII. a XVI. ( ... )

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html

2 Unicef 2006; 2007; 2010, Unicef/Derechos Infancia México, AC, 2010

3 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. Para información más detallada consultar: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/3

4 Organización Mundial de la Salud, 2016.

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192963 /PLAN_DE_ACCION_SEGOB-SEP_para_firma_VF_1470_pdf

6 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2349/1/tps647.pdf

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/ Modelo_Educativo_para_la_Educacion_Obligatoria.pdf

8 Al participar en la ronda de audiencias públicas “El derecho a una escuela libre de violencia”, en el Senado de la República.

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/etica-y-educacion-escudo-paraninos-contr a-violencia-sep-228

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los seis días del mes de septiembre de 2018.— Diputada y diputado: Leticia Mariana Gómez Ordaz, Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.



ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputadas y diputados, pasamos al tema, al punto de análisis del VI Informe de Gobierno, si por favor ponemos atención. Honorable asamblea, en cumplimiento con lo que dispone el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron llevar a cabo el análisis del VI Informe de Gobierno de la siguiente manera:

El día de hoy, jueves 6 de septiembre, en materia de política social. El martes 11 de septiembre, en materia de política interior. El jueves 13 de septiembre, en materia de política económica. El martes 18 de septiembre, en materia de política exterior.

El análisis constará de tres rondas, cinco minutos por cada grupo parlamentario en orden creciente. En consecuencia, daremos paso al análisis del VI Informe de Gobierno del presidente de la República en materia de política social.

Para tal efecto, los grupos parlamentarios han inscrito para participar en la primera ronda de intervenciones a las y los siguientes diputados, quienes harán uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde. Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD. La diputada Lourdes Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano. El diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo. El diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social. La diputada Cynthia López Castro del PRI. El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN. La diputada Abelina López Rodríguez, de Morena.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche:Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas, diputados, pueblo de México, convertirnos en un país incluyente, que genere progreso y que reparta adecuadamente el fruto de este, haciendo llegar el bienestar a quienes menos tienen es inconcebible sin una política de salud efectiva, pues mantener un buen estado físico es fundamental para que la población alcance una vida plena y productiva, y con ello se reduzcan las brechas sociales en este sentido.

El acceso a la salud se convierte en una condición indispensable para el ejercicio de muchos, si no es que de todos los derechos. Por ello, el gobierno debe cuidarla y procurarla en cualquier circunstancia, destinando sin escatimar para este efecto todos los recursos que sean necesarios.

Para satisfacer todas las expectativas de la población de esta importantísima materia es necesario garantizar la cobertura universal de acceso a los servicios sanitarios proveídos por el Estado y que estos sean cálidos y de mejor calidad.

No se trata únicamente de contar con la infraestructura y los recursos necesarios para cuidar el Estado de la población, sino de aprovechar al máximo los elementos con los cuales se cuenta.

En este sentido, del VI Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto me gustaría destacar las mejoras que se implementaron en las dos más grandes y heroicas instituciones de salud del país: me refiero al IMSS y al ISSSTE.

Respecto al IMSS, es de reconocer el gran esfuerzo para reducir los tiempos de atención, mejorar la gestión de camas para los pacientes y la programación de cirugías los fines de semana, gracias a lo cual se han realizado más de 130 mil procedimientos quirúrgicos adicionales.

Estas medidas también se han implementado en el ISSSTE y ello ha permitido concretar mejoras en la atención hacia sus derechohabientes. En el ISSSTE las urgencias se atienden ahora 16.3 minutos en promedio y se han realizado más de 50 mil cirugías los fines de semana.

De acuerdo a lo manifestado en el informe presidencial, en cuanto a la optimización de recursos es notable que, gracias a una estricta disciplina en el manejo de las finanzas, se ha logrado garantizar la viabilidad financiera del IMSS hasta el año 2030, cuando al inicio del sexenio esta se aseguraba apenas para el año 2014.

Uno de los mecanismos que mas ha contribuido a mejorar la calidad del gasto en el sector salud es, sin duda alguna, el esquema de compra consolidada, modelo que ha permitido ahorrar 17 mil 400 billones de pesos en cuatro años.

Por otra parte, en cuanto respecta a garantizar que los mexicanos tengan acceso a medicamentos a un menor costo, el gobierno de la República informó que ha implementado una estrategia de liberación de medicamentos genéricos, lo cual permitió poner a disposición de la población 418 nuevos fármacos que sirven para el tratamiento del 70 por ciento de las enfermedades.

Quiero destacar un tema que para el Partido Verde ha sido de vital importancia, pues desde hace años hemos asumido el compromiso permanente de garantizar que todos los mexicanos tengan aseguradas medicinas para seguir el tratamiento indicado por su médico para recuperar o mantener la salud y con ello su tranquilidad y la de sus familias.

Me refiero al tema de vales de medicina y los medicamentos que se han puesto en marcha para abatir el desabasto. Problema que se había convertido en un martirio para todos los derechohabientes, de igual modo, el ISSSTE ha implementado cuatro centros de canje en los que ha canjeado más de 11 mil vales.

Y me gustaría mencionar también que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la estrategia Cero Rechazo, gracias a la cual se logró asegurar que se atendiera sin condicionamiento alguno a las mujeres embarazadas y en cualquiera de las instituciones públicas del sector salud. Se trata de una deuda pendiente que se tenía con las mujeres de nuestro país.

Finalmente quiero referirme a la seriedad, el énfasis que el gobierno de la República ha puesto a la atención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, enfermedades que representan una auténtica emergencia sanitaria para el país y que requerían una respuesta de la magnitud de la estrategia nacional que se ha puesto en marcha la cual incluye una intensa promoción de hábitos de consumo saludables, la práctica de actividades físicas y la promoción del chequeo oportuno.

Es por esto que después de hacer un análisis del Informe que la Presidencia de la República entregó a esta soberanía, considero que hoy, a seis años de distancia, México es un país más sano y cuando no, los mexicanos contamos con instituciones sólidas para atender nuestras necesidades físicas. La salud de México va por buen rumbo y estoy convencido de que así seguirá. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. Corresponde el turno en el uso de la palabra al diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez:Con la venia de la Presidencia. En primer lugar, quiero iniciar mi intervención deseando el mejor de los éxitos a todos los grupos parlamentarios, y que es muy importante poner por encima las diferencias políticas, a veces ideológicas, en beneficio de México y de la patria.

Compañeras y compañeros legisladores, hay que decir la verdad en esta máxima tribuna. En este sexenio en este rubro —hay que decirlo— fue un fracaso. Quiero recapitular cómo inició la política social de este sexenio con el famoso decreto y la firma de la Cruzada Contra el Hambre. Eso fue hace seis años, que incluso se le invitó al expresidente brasileño Lula da Silva para emular su programa exitoso de ese país.

Desde la firma de ese decreto al día de hoy, no necesitamos decir discursos, sino mejor, las propias cifras de la Coneval y de órganos internacionales. Tan solo decir que en nuestro país existen casi 54 millones de pobres. Decir que en nuestro país existen 12 millones de personas que no tienen vivienda. Hay que decir que existen casi 19 millones de personas que en la actualidad, que en pleno siglo XXI, no tienen agua.

También, regresando a esa famosa cruzada nacional, mientras en Brasil reducían 28 millones de personas, bajaron la pobreza, aquí se integraban casi 25 millones de mexicanos a la carencia alimentaria.

Por eso en el programa Hambre Cero, en esta ocasión el Ejecutivo federal sacó cero resultados.

Y ¿qué digo en la educación? No es posible que el 41 por ciento de la población de edad escolar, es decir, casi 25 millones de personas, de jóvenes, no tienen derecho a la educación.

En vivienda no tan solo son los dos millones de personas que no tienen vivienda, sino al día de hoy ocho millones de viviendas se multiplican por dos o por tres. En otros casos, en las zonas urbanas hasta por 10. ¿Qué significa? Que estas zonas son zonas hacinadas y que viven en la pobreza totalmente.

Por eso el día de hoy a nombre del Partido de la Revolución Democrática, repito, tenemos una gran preocupación en materia social, y le vamos a apostar a reducir la brecha de la desigualdad, y llamamos a un acuerdo en este Congreso para eliminar de raíz este problema que aqueja de años a la sociedad.

Pero no tan solo en eso, en la política de salud, quiero decirlo, por cierto, en el Comité de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, señaló que en el primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, se invirtieron 121 mil millones de pesos, el primer día, y al último día de estos días de gobierno, sigue ese presupuesto y nunca se aumentó.

De las promesas firmadas, este es el sector donde se incumplió el 60 por ciento de sus compromisos adquiridos.

Y concluyo, diputada Dolores Padierna. Difiero con el diputado del Verde. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que las autoridades con más violaciones de derechos humanos en el 2017, fueron el IMSS y el ISSSTE y, sobre todo, por negligencia médica y falta de atención pública.

Por tal motivo, diputadas y diputados, es momento de tomar esto en serio y eliminar lo que tanto hemos señalado, y años, en esta tribuna, que es eliminar la pobreza de nuestra patria. Es cuanto, diputada Dolores Padierna.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Toca el turno a la diputada Lourdes Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González:Con su permiso, señora presidenta. Me permito presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el análisis de la glosa en política social.

Para la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que toda persona debe tener acceso cuando y donde lo necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras.

En el mismo sentido, el artículo 4o. constitucional de nuestra Carta Magna, reconoce como derecho humano a la protección de la salud de todas las personas. Sin embargo, en seis años del gobierno federal, fue incapaz de aumentar la cobertura de protección social en salud.

En su VI Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoce que cuando inició su cuestión el sistema de salud cubría a 52.9 millones de mexicanos y al terminar su gestión solo avanzó en 400 mil afiliados.

Representando un incremento de apenas 0.8 por ciento, es decir, en seis años la cobertura no incrementó ni en un punto porcentual. A este ritmo necesitaríamos 20 sexenios para alcanzar la cobertura universal a los servicios de salud de la población mexicana, pues el propio secretario de Salud en el actual gobierno federal, el doctor José Narro Robles, en noviembre pasado reconoció que más de 20 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud.

De estos mexicanos sin acceso a la salud, aproximadamente 8.3 millones son jóvenes. Esta realidad no solo constituye una gran desigualdad social, por la incapacidad del Estado mexicano para garantizar este derecho humano, sino que representa una alta carga económica para millones de familias mexicanas, que ante eventualidades de salud deben destinar hasta un 45 por ciento de sus ingresos para pago de medicinas y atención médica, por falta de dicha cobertura.

En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gasto público de salud en México es el más bajo, pues en promedio destina tres por ciento del producto interno bruto para financiar la atención de la salud, mientras que en promedio en cualquier otro país de la OCDE se invierte el 6.6 por ciento.

Pero no solo es que en nuestro país se destinen menos recursos, sino que además el sistema de salud mexicano no está trabajando de la manera más eficiente, pues el gasto administrativo representa casi el 10 por ciento del presupuesto nacional de salud, siendo el más alto de la OCDE.

También nuestra Constitución establece el derecho de toda persona a recibir educación, estableciendo la obligatoriedad de la educación primaria desde 1917; la de educación secundaria desde 1992; la de preescolar desde 20002 y la educación media superior adquirió carácter de obligatoria desde 2012. Sin embargo, a inicios de la presente administración el país no había logrado garantizar la cobertura educativa para la totalidad de las niñas, niños y adolescentes. Así, en el ciclo escolar 2010-2011 el país tenía una cobertura en preescolar del 69.7 por ciento, en secundaria del 78.8 por ciento y en media superior de 50.4.

Al final del presente sexenio, la cobertura en educación preescolar aumentó en seis puntos porcentuales, para alcanzar el 75.7 por ciento, lo que significa que aún falta cubrir un 25 por ciento más. Asimismo, la cobertura de educación secundaria es actualmente del 84.5 por ciento, lo que se traduce en que más del 16 por ciento de los niños que concluyen la primaria no se registran en la secundaria.

Esta falta de cobertura en la realidad se traduce en que más de cuatro millones de niños y adolescentes mexicanos entre tres y 17 años de edad no asisten a la escuela, cancelando sus posibilidades de desarrollo, pues está comprobado que la educación constituye el mejor detonante de movilidad social.

Para concluir esta reflexión y crítica constructiva al verdadero diagnóstico en materia de derechos básicos a los mexicanos, invito a todos, en el recinto, a la congruencia para actuar y decidir nuestro voto a favor de la ampliación de los servicios indispensables como la mejor inversión.

Mejorar la cobertura de estos servicios, no solo es cuestión de buenos deseos, es cuestión de eficientar los recursos, priorizar la operatividad de los mismos para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago González Soto:Muy buenas tardes. Todo sistema que se basa en la injusticia social engendra su propia destrucción. Los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años, perdieron porque fabricaron en tres décadas 60 millones de pobres, que hoy nos reclaman justicia. Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Santiago González Soto: Compañeros diputados, compañeras diputadas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, les expreso nuestra posición respecto del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Este es el último informe de la administración peñista. Es nuestra obligación, como legislatura de izquierda, tomar la foto completa del sexenio, este sexenio que está por concluir. Debemos elaborar una evaluación rigurosa de las políticas públicas implementadas en los últimos seis años, siendo la política social una de las que más publicidad y dinero derrocharon.

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 1o., señala que se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

Y en esta exigencia denunciamos que la política social del último sexenio ha sido la continuación inercial de una estrategia asistencial que se ha implementado desde hace más de 30 años en nuestro país por gobiernos neoliberales priistas y panistas, fabricantes de miseria y ha sido ineficiente e insuficiente en la mitigación de la pobreza y de la desigualdad social.

La estrategia de combatir la pobreza es una aproximación esencialmente neoliberal, la cual, a través de la mediación obsesiva en las condiciones de los beneficiarios, busca maquillar las estadísticas de las condiciones reales de la pobreza en nuestro país y así formalmente eliminaron a casi dos millones de personas de los registros nacionales de la pobreza, pero la realidad es innegable.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el año 2016, el 43.6 por ciento de la población mexicana es pobre, cuatro de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza, son 53.4 millones de mexicanos, eso es para darnos vergüenza como gobiernos que hemos tenido a lo largo de estas tres décadas.

La desigualdad en el ingreso es alarmante y además es indignante. En el año 2017 el uno por ciento de la población concentró el 28 por ciento de los ingresos totales de este país. Es verdaderamente vergonzante para un gobierno que se jacta de combatir la pobreza admitir que tan solo 10, lo vuelvo a reiterar, 10 mexicanos tengan en sus cuentas bancarias más riqueza en miles y millones de pesos que los 60 millones de mexicanos más pobres de este país.

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia fallida del gobierno que atiende a 24.1 millones de mexicanos, que no les alcanza su paupérrimo salario para adquirir una canasta básica alimentaria.

Sobre este programa no podemos omitir las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación, que develaron su utilización dentro del esquema de fraude de la denominada Estafa Maestra. Más aún, el programa generó un gasto de casi 500 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prefirió gastarse el 80 por ciento de esos 500 millones de pesos en gastos de comunicación, que ni siquiera llegan a los compañeros reporteros, sino que prefieren llegar a los bolsillos de otros, y no en desayunos escolares y becas para estudiantes.

Para el final del sexenio, el 58 por ciento de los habitantes de las zonas rurales de nuestro país se encuentra en pobreza, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 80 por ciento de los hogares rurales sufren de hambre.

Además de que estas estrategias asistencialistas en el fondo solo son un paliativo de la inequidad estructural que el actual sistema económico genera, se usaron con fines proselitistas y electorales, aprovechándose de las necesidades básicas que tiene la población más pobre de este país.

Es necesario que la política, la real política de desarrollo social en esta cuarta transformación nacional atienda con equidad, eficiencia a la población más vulnerable.

Por último, quiero referirme a que los millones de pobres que generó el gobierno del presidente Peña Nieto hoy son los héroes del cambio que empujen la cuarta transformación de México. El PT está de tu lado. Gracias, es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social.

El diputado Ernesto Vargas Contreras:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta máxima tribuna para expresar nuestro análisis respecto al VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en materia de política social. Y me voy a centrar en el tema educativo.

Durante este periodo muchos de los esfuerzos gubernamentales se aglutinaron en la Estrategia Nacional de Inclusión y en la propuesta de México con Educación de Calidad. Lamentablemente, para la administración de Peña el balance no es positivo.

Particularmente, se reporta que durante esta administración se realizó una inversión acumulada sexenal de 139 mil millones de pesos para dotar a las escuelas de recursos directos, infraestructura y materiales educativos mediante programas con cobertura nacional, entre ellos Escuelas Dignas y Escuelas al Cien.

El programa benefició a 28 mil escuelas en el componente de atención de las carencias físicas y 36 mil en el componente de fortalecimiento de la autonomía de gestión. Aun así, estos montos implican un promedio inferior a tres millones de pesos por escuela invertida.

Con el puro gasto en la publicidad gubernamental en pro de la reforma educativa pudieron atenderse casi 500 escuelas adicionales. Eso sin considerar que hay subejercicio de hasta 70 por ciento en algunos estados al tercer trimestre de este año 2018.

Es importante considerar que, de acuerdo con el censo que realizó el Inegi en el país en el año 2013 hay más de 152 mil escuelas. Si hacemos una comparación con el número de escuelas beneficiadas, en esta administración nos damos cuenta de que más de 50 por ciento no cuentan con seguridad estructural. Casi la mitad no tiene drenaje. Además, una quinta parte carece de agua potable.

Más de 40 mil escuelas no tienen baños, no tienen electricidad. Las instalaciones son una desgracia. Sufren del síndrome del edificio enfermo, son altamente sensibles a problemas de temperatura, iluminación, calidad del aire y otros factores ambientales que la infraestructura física simplemente no puede contener.

Por ejemplo, ¿qué pueden decir alumnos que todavía cuentan con planteles en que las paredes de sus colegios son de tablas, de aluminio? ¿O los alumnos de la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia Pro Vivienda en Guadalupe, Nuevo León? Las temperaturas ahí alcanzan los 40 grados centígrados o más a la sombra, no tienen abanicos, compañeros. Tienen computadoras, pero obsoletas. No tienen Internet. Los patios parecen terrenos baldíos. ¿Eso es educación de calidad?

Si eso está pasando en un estado próspero como el estado de Nuevo León, ya ni hablemos del resto país, compañeros. Si la mayoría de las escuelas no cuenta con estos servicios básicos, ya ni hablemos de la infraestructura de acceso universal para las personas que tienen capacidades diferentes. No es necesario dar cifras, estadísticas para darnos cuenta de las carencias que aún tienen las escuelas en nuestro país.

También resulta indignante que los libros de texto en este ciclo escolar tengan gravísimos errores, fallas en la corrección de estilo, hasta en sus ilustraciones. La célebre mano de seis dedos. Una banda de rock mundialmente famosa, Nirvana, utilizada para ilustrar jóvenes mexicanos de la década de los 90. Es lamentable.

La educación inclusiva no solo debe atender a algunas minorías, como por ejemplo las escuelas especiales para niñas y niños con discapacidad. Lo fundamental de la educación inclusiva es que aprendamos todos a convivir nuestros propios prejuicios y estigmas que van generando actitudes que ponen en desventaja a las personas que no son como la mayoría pensamos o creemos que somos.

Uno de los principios de Encuentro Social es luchar como organización política y social para que los mexicanos alcancemos la igualdad de oportunidades, de educación, de trabajo, de salario digno, de vivienda, de justicia, de libertad.

Le corresponde al nuevo gobierno y a los que lo acompañamos, trabajar arduamente para cumplir las metas del proyecto de nación que encabeza nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para invertir más recursos en infraestructura, lograr que la educación sea un derecho universal y además promover e impartir de manera gratuita todos los niveles educativos, incluyendo el nivel superior con la finalidad de formar individuos con valores éticos, pero sobre todo construir, compañeros y compañeras, una sociedad mejor.

La educación inclusiva e igualitaria no es un lujo, no debe ser un lujo, es una garantía constitucional, un requerimiento de la sociedad, que esta legislatura, compañeros y compañeras, se caracterice por hacer un esfuerzo por nuestras niñas, por la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ellos son el futuro de este país. No les abandonemos. Gracias, compañeros. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.En el uso de la palabra Cynthia López Castro, diputada del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rubén Cayetano García(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, diputada Cynthia López Castro. El diputado Cayetano quiere hablar, si le abren el micrófono por favor. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para presentar una moción de orden, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Moción de orden? No vemos desorden desde aquí.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Sí. No, aparentemente no, pero a mí sí me preocuparía mucho que estuviéramos sesionando sin quórum. Revisión de quórum es la petición que solicitaría. Mire, me preocupa, me llama mucho la atención que tratándose del asunto...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, discúlpeme, señor diputado. La revisión de quórum, de acuerdo al Reglamento, procede únicamente cuando hay una discusión. En este momento estamos desarrollando el punto de glosa del informe, y no procede su solicitud.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Si me permite, compañera presidenta, sí es importante que se verifique el quórum o se nombre una comisión para revisar afuera cuántos diputados están en la lista por la cobranza.

Esto es muy importante porque estamos, me preocupa que en tratándose de un asunto de política social del gobierno de Enrique Peña Nieto, esta Cámara haya implementado justamente la cobranza.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Voy a concluir.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No procede solicitud de quórum, mucho menos si no tenemos...

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Es muy importante que verifique el quórum, diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No se puede, señor diputado. En el uso de la palabra la diputada Cynthia López Castro.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muchas gracias, muy amable, presidenta.

La diputada Cynthia Iliana López Castro:Gracias. Con su venia, presidenta. Diputado, no nos pudo obstaculizar poder dar nuestro posicionamiento. La justicia social no solo debe ser parte de los discursos. Se tiene que dormir en cada hogar. Representa un factor de unión y solidaridad para lo cual todos debemos de trabajar.

La política social es la ética de la política. Compartimos la visión de que en un país con tantos recursos es inadmisible que vivan personas con carencias básicas. Concebimos a la democracia no solamente como una estructura jurídica, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social del pueblo.

El gobierno de la República ha trabajado para garantizar a todos los mexicanos el ejercicio efectivo de sus derechos sociales, entendiendo que el progreso con igualdad se denomina justicia social.

Ha consolidado un país incluyente en que nadie se quede atrás, en el que todos contemos con lo indispensable para vivir, y con la posibilidad de desarrollar nuestros potenciales. Para ello articuló la Estrategia Nacional de Inclusión que amalgama de los distintos órganos de gobierno siete componentes principales donde hubieron estos logros.

Y no hablaré más que de cifras estrictamente oficiales del Coneval:

1. Combatir el rezago educativo. De 2012 a 2017, diputado Ernesto, la cobertura de educación pasó de un 66 a 82 por ciento. No tenemos un problema de cobertura en educación básica en este país, hay mucho que hacer, pero hubo un gran avance en materia de cobertura.

Pasamos de cinco mil a 25 mil escuelas de tiempo completo, se hizo el programa con el INEA donde seis millones de personas terminaron su primaria y secundaria siendo adultos y adultos mayores.

Se amplió en poco más de nueve millones los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y se puso en marcha una nueva política de vivienda donde uno de cada siete afiliados del Infonavit, gozan de una vivienda digna.

Se creó una red de comedores comunitarios para garantizar que los mexicanos tengan acceso a una alimentación sana. Y les quiero dar este dato: pasamos de 419 comedores en 2013, a cinco mil 700 en 2018.

Se redujo en 37 por ciento el número de personas que se encontraban en una situación de pobreza alimentaria, es decir, 1.9 millones de mexicanos que se encontraban en pobreza alimentaria han quedado fuera de este rubro.

Fue el sexenio de los empleos. Se impulsaron 3.7 millones de personas que hoy perciben un salario formal, y al final de esta administración se alcanzarán cuatro millones.

Se aumentó el salario mínimo, estaba en 60.53 pesos, hoy está en 88.36, un incremento histórico del 17 por ciento.

Se han promovido los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Desde el inicio del sexenio se implementó esta política y hoy 76 mil personas con discapacidad están en una ocupación productiva y formal.

Se han conectado cada vez a más mexicanos. Se redujeron las tarifas de distancia nacional y las tarifas de larga distancia disminuyeron entre un 40 y 43 por ciento, haciendo un ahorro de 19 millones de pesos.

Se transformó el Programa de Oportunidades para ampliar su alcance, así como de promover su productividad e inclusión laboral. De ahí surgió Prospera, que hoy atiende a 6.9 millones de familias, logrando otorgar cerca de 6.5 millones de becas para niños, niñas y adolescentes para educación básica.

Se amplió el número de beneficiarios del Seguro Popular de 12 a 18.4 millones. Se apoyó más de 10 mil proyectos productivos beneficiando a más de 35 mil familias, y es así como el Coneval, y fruto de la estrategia nacional de inclusión, avala que son más de dos millones de personas que salieron de pobreza extrema en este sexenio. Y como lo dijo el presidente de la República, si seguimos este ritmo, erradicaremos la pobreza extrema en menos de una década.

Hago un reconocimiento a dos compañeros que estuvieron formalmente participando en esta secretaría, al diputado Luis Miranda, que fue secretario de Desarrollo Social y al diputado Ernesto Nemer, como subsecretario, son parte de estos esfuerzos que hoy reconoce no solo nuestro grupo parlamentario, el presidente electo de este país lo dijo: México es ahora un país más fuerte del que hace seis años. Recibo una nación estable y sin crisis. Por eso seguiremos trabajando por un país más justo e igualitario, ese es el compromiso que tenemos, y mejoraremos el gasto público. Eso lo dijo el presidente electo: recibo un país mejor que hace seis años.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Respeto a la oradora. Compañeros, respeto a la oradora.

La diputada Cynthia Iliana López Castro:... y el proceso de transformación está en marcha. Ya ofrece grandes resultados. Las reformas transformadoras del presidente Enrique Peña Nieto están cambiando el perfil de México y pronto terminarán cambiando el rostro por completo. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional. Adelante.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba:Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo quiero primero agradecer a las compañeras y compañeros de mi bancada, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el honor de venir a hablar en su nombre, siendo la segunda fuerza parlamentaria de este Congreso.

Si estuviera hoy aquí, Miguel de Cervantes Saavedra diría: La salud, Sancho, después de la libertad es uno de los bienes más preciados que puede tener el ser humano, que le ha llegado de los cielos. Y en ese tema venimos hoy aquí a hacer política no basada en eminencias, como hay algunos, ni basada en existencias con lo que pueden; venimos a hablar de política basada en evidencias.

Hoy venimos a hacer la glosa de un documento integrado por 12 tomos, por cinco CD, en total más de seis mil hojas. No me preocuparía siquiera que no estén aquí sentados en la glosa, como le preocupaba a un compañero de acá, me preocuparía que ni siquiera lo leyeran y que algún asesor les hiciera a ustedes por ahí el posicionamiento para venir a leerlo.

Quiero decirles algunos temas que empiezan mal con este informe, y como en el futbol, Enrique Peña Nieto y el PRI y el Verde la tuvo, y la dejó ir. Su desempeño, a juzgar por las evidencias en la glosa, fue paupérrimo. Muy magro en los temas de política social, y en el de salud, más.

Empecemos con las cifras, evidencia pura. 53 millones en el Seguro Popular, 67 millones en el IMSS, 13 millones en el ISSSTE. Nos señala puntualmente las Fuerzas Armadas, nos señala puntualmente Pemex. En total 134 millones de mexicanos con seguridad social. Y las encuestas dicen además que el 16 por ciento de los mexicanos no tiene seguridad social, lo cual da 158 millones de mexicanos.

Ah caray, ya somos mucho más, porque Conapo dice que somos 125. Si ni siquiera en seis años fuimos capaces de establecer un padrón único en un sistema que tiene quién paga las cuotas, quién recibe el servicio, estamos perdidos. Y la salud, compañeros, no es de montón, la salud es de tamaño uno, y ese uno tiene nombre y apellido y es diferente si está discapacitado, es diferente si es un niño o si es un adulto mayor, como el señor presidente don Porfirio Muñoz Ledo y el que hace uso de la voz.

Ahí les van algunos datos de evidencia. La salud es muy importante, se dijo. Ahí les va qué tan importante. Desde 2015 hubo un estancamiento franco en la inversión en salud, y de la inversión en salud quedó casi paupérrima. Y voy a dar los datos.

En 2012 la inversión en salud por cada persona era de cuatro mil pesos, cuatro mil 500 pesos. En 2018, años después más inflación, bajó a cuatro mil 300.

¿Ustedes creen que con eso, cuando se dice en un lado del informe que se aumentaron los servicios y se aumentaron las garantías de los sistemas de salud: IMSS, ISSSTE, Pemex, Seguro Popular, se puede hacer con el incremento de los precios de servicios de salud y con la disminución del presupuesto? Pues lo demás son cuentos chinos.

La Secretaría de Salud, la que atiende a los pobres y al Seguro Popular, disminuyó en términos reales el 12 por ciento, 80 por ciento sin inversión.

¿Cómo va a haber atención? En este mundo que nos platican no hay atención, porque falta infraestructura regional. El que tengas tu cartilla, no significa que tengas atención efectiva. Que no nos vengan con cuentos.

Miren ustedes, las Fuerzas Armadas deben tener la garantía de un sistema de salud que funcione, que les proteja por si se lesionan. Bueno, pues gracias al presidente Peña y a las políticas de salud rectorales el 11.5 por ciento del Presupuesto de Marina en Salud fue disminuido y de la Sedena el nueve por ciento. ¿Qué señal les mandamos a las gentes?

Ya no hablemos además de la disminución franca en el tema del Seguro Popular. De 70 mil millones de pesos en 2013, se bajó a 66 mil.

Qué poca. Qué poca que a los pobres le hayan bajado en un lapso real la cantidad de recursos. Por eso no hay medicamentos y por eso hacen cola en las filas en los centros de salud, ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, pues no vengan con cuentos.

Miren, decimos que la salud materna y perinatal es muy importante, disminuir la tasa materna, escuchábamos aquí discursos, pero ahí les va lo que pasó. En 2016 tenía dos mil 382 millones de pesos. Para el 18, bajó en 300 millones de pesos. ¿Cómo va a disminuir la mortalidad materna? No basta con que vengamos aquí a hacer discursos de este tema.

En vacunación bajó 224 millones de pesos y en el resto de la Secretaría de Salud, paupérrimo.

Los invito, compañeros, de veras a que —si no están aquí no importa— vean el informe, pongámosle a la salud. La salud, compañeros, es un reino tan profundo, que la línea entre estado de salud y tener enfermedad es muy seria. Ojalá Dios les dé a todos ustedes larga vida. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. No veo en la sala a la diputada. Perdón, adelante, diputada.

La diputada Abelina López Rodríguez:El México excluyente del desarrollo emprendiendo el vuelo hacia el olvido gracias a su gran corrupción. Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros, en el VI y último Informe de Gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto se presumen en 100 páginas los logros alcanzados en los rubros de desarrollo social, combate a la pobreza, empleo, salarios y vivienda.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que la situación del desarrollo social se aleja significativamente de la realidad que vivimos actualmente en nuestro país. De acuerdo al Informe se ha reducido la pobreza y las carencias sociales, se ha avanzado en la universalización de la salud, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ha sido su gran éxito del sexenio, y Prospera cada vez funciona mejor: todo absolutamente falso.

Según Oxford, en el 2017, la desigualdad en México alcanzó cifras históricas insoportables para el sostenimiento y reproducción de una sociedad democrática y libre. El uno por ciento de los más ricos concentró, el año pasado, el 30 por ciento de la renta del país. Los 10 mexicanos más privilegiados cuentan con la misma riqueza que el 50 por ciento restante, es decir, 10 personas tienen más ingresos que 60 millones de mexicanos.

La abismal desigualdad generada por un modelo de desarrollo económico, social y excluyente es una de las causas profundas del desmantelamiento del Estado de bienestar, así como de las crisis de seguridad que sufrimos.

Sabemos también que la desigualdad estructural es catalizadora de los grandes desafíos nacionales que enfrentamos, como la descomposición social, la corrupción, el influyentismo y, por supuesto, la pobreza lacerante, que el... revolucionario es parte de todo eso.

El Informe reivindica la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero el pueblo tiene memoria y recuerda con viveza que la Auditoría Superior de la Federación encontró que más de dos mil millones de pesos fueron desviados del programa que garantizaría la seguridad alimentaria de los más humildes y vulnerables. Quizás han demostrado tan poca voluntad política para erradicar la pobreza precisamente porque se lucra con ella.

El Informe hace hincapié en la creación de 3.7 millones de empleos en el sector formal. El mayor comparado en los dos últimos sexenios anteriores, logrado por las bondades de la reforma laboral. La realidad es que este crecimiento del empleo formal dio como resultado trabajos más precarios, sin seguridad social ni estabilidad en el trabajo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones, debido al desmedido outsourcing,que se extendió con la reforma estructural.

En el país sigue prevaleciendo el trabajo informal, que alcanza cifras del 57 por ciento, y lo peor es que la evaluación del Coneval indica que el 60 por ciento de las personas jóvenes ocupadas se encuentran en estos empleos informales.

El Inegi señala en su encuesta de población ocupada por nivel de ingreso y condiciones de acceso a instituciones de salud, que el sector de trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos es el que está creciendo. A diferencia de los empleos que pagan más de cinco salarios mínimos, que tiene un decremento de un millón de puestos.

El deterioro del poder adquisitivo del salario sigue aumentando y llega al 80 por ciento de la pérdida en los últimos 45 años.

Para combatir el hacinamiento y mejorar la vivienda el informe afirma que se han realizado más de 1.4 millones de acciones para la mejora y ampliación de los hogares, 7.2 millones para brindar acceso a servicios básicos. Sin embargo, sabemos que los sismos de septiembre de 2017 dejaron más de 170 mil viviendas afectadas, en cifras similares a la cantidad de hogares que fueron construidos en el país durante el 2016.

Es por esto que la fracción de Morena tenemos claro que el mandato ciudadano del primero de julio también lleva implícito el rescate de los grandes objetivos sociales del proyecto de nación. Que con el gobierno de Enrique Peña Nieto debe terminar la época de abandono de los sectores populares y la política paliativa y dádivas donde más acentuada fue en este sexenio.

Vamos a construir el estado de bienestar que está previsto en la Constitución, con un enfoque de derechos con responsabilidad presupuestal. Vamos a rescatar la esencia de las políticas sociales, que es la búsqueda de la igualdad y la justicia social.

El pueblo de México votó por un país donde el desarrollo alcance para todas y para todos. Juntos construyamos la cuarta transformación. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.

Antes de pasar a la segunda ronda de intervenciones, quisiera darle un saludo a los médicos suplentes del Instituto Mexicano del Seguro Social de distintos estados de la República, invitados por la doctora diputada Elba Lorena Torres Díaz. Sean bienvenidos a esta Cámara.

Presidencia del diputado
Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la segunda ronda de análisis del VI Informe de Gobierno. Les recuerdo que están asignados cinco minutos por intervención. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, sin duda alguna la política social es uno de los ejes prioritarios para cualquier gobierno que tenga como bandera hacer realidad la justicia social y generar no solo progreso sino también igualdad.

En este sentido la política social es la vía para asegurar que nadie quede excluido del bienestar a través de acciones encaminadas a corregir las desigualdades que se presentan en una economía de mercado.

En el Partido Verde tenemos la convicción de que la protección y el desarrollo de la sociedad, en especial de la población vulnerable, es una responsabilidad del Estado. Más aún cuando las condiciones económicas globales han obligado a gobiernos de todo el mundo a ajustar sus políticas de gasto para hacer frente a los difíciles escenarios financieros en el ámbito internacional.

El gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto ha sido enfático en conjuntar esfuerzos y definir estrategias que permitan a todos los mexicanos tener acceso a los beneficios del desarrollo, ponderando la inclusión, la solidaridad como elemento fundamental para alcanzar la justicia social.

Bajo esta lógica, en el rubro de protección social es de destacar que el gobierno de la República realizó modificaciones operativas al Programa de Pensión para Adultos Mayores, reduciendo la edad para acceder al mismo, de 70 a 65 años, lo cual ha permitido duplicar el número de beneficiarios que existía al inicio de esta administración y garantizar que más de cinco millones de personas que no recibían pensión o jubilación accedan a un apoyo económico.

Por otra parte, se debe resaltar la creación del seguro de vida para las jefas de familia a través del cual se protege hasta los 23 años el bienestar socioeconómico de hijas e hijos en estado de orfandad materna en situación de pobreza.

Gracias a este programa el gobierno de la República reafirma su compromiso con 6.8 millones de madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, para que tengan la certeza que, si ellas llegaran a faltar, sus hijos contarán con un apoyo económico que les permita concluir sus estudios.

Por otra parte, debe destacarse también el impulso de la administración del presidente Peña Nieto que ha dado a uno de los derechos sociales más importantes para las personas, me refiero de hecho a los trabajadores, al acceder a una vivienda. Después de la alimentación, la salud, la educación, promover una vivienda digna a su familia es la más alta prioridad para un padre o una madre de familia.

Entendiendo esta situación, el gobierno de la República impulsó una nueva política de vivienda, dedicada a promover la construcción y adquisición de viviendas sociales en zonas cercanas a los centros laborales y con acceso a infraestructura y servicios como transporte, escuelas, clínicas y espacios públicos. Siguiéndose estos parámetros, los apoyos para la vivienda social se han otorgado preferentemente a desarrollos habitacionales que cumplen con estas características, las cuales impactan de manera decisiva en la calidad de vida de todas las familias.

Otro aspecto importante en cuanto al derecho a la vivienda es contar con certeza jurídica sobre el patrimonio conformado por los padres en beneficio de sus hijos, por lo que por diversas razones no se logran acreditar la propiedad; estas circunstancias generan incertidumbre e intranquilidad en las familias.

Por ello, el gobierno de la República implementó la estrategia de papelito seguro, Papelito Habla, gracias a la cual se ha entregado más de 5.3 millones de documentos que acreditan la propiedad de sus viviendas y sus terrenos.

Igualmente, destacan los logros alcanzados por las dos grandes instituciones públicas, encargadas de otorgar a los trabajadores créditos para adquirir o mejorar su vivienda, me refiero pues, al Infonavit y al Fovissste.

En el caso del Infonavit, en lo que va del sexenio se ha entregado 3.1 millones de créditos, lo cual significa uno de cada tres créditos que el Infonavit ha dado en toda su historia, fueron otorgados en esta administración. Es también de resaltar que más de la mitad de los créditos que el Infonavit otorgó durante los últimos seis años, han sido para jóvenes entre 18 y 34 años.

Por su parte el Fovissste, con más de 422 mil créditos desde el 2013 a la fecha, ha otorgado uno de cada cuatro créditos en su historia durante el sexenio.

El fortalecimiento de los mecanismos de protección social y de la política de vivienda, trae consigo beneficios tangibles y bases sólidas para seguir construyendo un mejor futuro para las y los mexicanos.

Con ello nuestro país da pasos firmes en el camino hacia una sociedad incluyente en donde los derechos elementales no sean limitados al reconocimiento legal, sino que su propio ejercicio esté también garantizado.

En el Partido Verde estamos conscientes de que en el ámbito de la política social falta mucho por hacer para abatir la desigualdad existente entre los más ricos y de los que menos tienen.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos realizados por este gobierno que está próximo a concluir, así...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, considere su tiempo.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:... como resaltar aquellos logros que han resultado de la implementación política exitosa en la búsqueda de construir una sociedad menos desigual, más justa y más solidaria. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del PRD.

La diputada Mónica Almeida López:Diputados y diputadas. Para evaluar el Informe de Gobierno en materia de política social basta resaltar algunas cifras: 55 millones de personas carecen de algún derecho humano que dificulta su desarrollo integral. El 42 por ciento de los trabajadores en México cuentan con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar. El 56 por ciento labora en la informalidad, 60 por ciento gana menos de tres salarios mínimos.

Y aún con el elevado gasto social de tres billones de pesos, que significa prácticamente el 50 por ciento del presupuesto total del país, lamentablemente estamos situados entre los países con mayor desigualdad.

Conclusión. El gobierno se quedó lejos de cumplirle a los mexicanos, y se quedó lejos de cumplirle a los compromisos con la comunidad internacional y los objetivos del desarrollo sostenible.

Ante esta situación, la fracción legislativa del PRD tenemos el firme propósito de generar herramientas jurídicas para impulsar un nuevo marco de política pública social para que el gobierno cumpla con su papel de sujeto obligado para que los derechos humanos estén en el centro del quehacer público, garantizando la redistribución justa de la riqueza para propiciar el desarrollo de cada uno de los municipios de todo el país.

Compañeras y compañeros, el instrumento más valioso para impulsar la justicia social, es la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación que pronto vamos a analizar. Y es aquí en donde con el resultado del análisis del Informe que todas las fracciones hoy estamos presentando, tenemos la oportunidad de romper con la inercia presupuestal de un modelo que nos tiene en una pobreza que ya no se puede admitir ni resistir.

Como resultado del análisis del Informe, tenemos todos el compromiso apremiante de consolidar el principio del mínimo vital para garantizar vida digna para todos, dejando atrás de manera progresiva el asistencialismo y los programas burocráticos alejados de las regiones más vulnerables, para que al contrario, compañeros diputados, el gasto se convierta en una inversión estratégica para dotar a las familias mexicanas de mejores y mayores herramientas, capacidades, libertades y oportunidades para que se logre la autonomía de elegir un proyecto de vida en una sociedad pacífica que haga honor a su constitución.

Compañeros, compañeras, que la evaluación sirva para la construcción, sirva para la propuesta, sirva para entregar soluciones a los mexicanos. Y hoy nos toca construir un Presupuesto que no repita los errores de una fallida política social, y al contrario garantice que todo mexicano pueda llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria y evitar que ninguna persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como seres humanos.

Nuestro reto, nuestra respuesta es un Presupuesto basado en derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ahora corresponde el turno al diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar:Con su permiso, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en este análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social, y en particular en el área de pobreza y trabajo.

Cito y abro comillas: Los menores porcentajes de pobreza y de carencia sociales desde que se tiene registro. Cierro comillas.

Es esta la frase que con motivo del Informe de Gobierno encontramos en la página oficial del gobierno federal. Frase con la que la presente administración pretende convertir sus deficiencias en inexistentes logros de un país imaginario.

Pretendiendo engañar con eslogan de publicidad gubernamental la realidad de un país sumido en una gran desigualdad social. En México, 10 de los hogares reciben más de 35 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento más pobre, recibe únicamente el dos por ciento.

En términos simples, si 100 pesos representan el total de los ingresos de las familias mexicanas, el 10 por ciento de las familias más ricas, estarían recibiendo 35 pesos. Mientras que el 10 por ciento más pobre, solo tiene para sobrevivir dos pesos.

Bajo esta premisa, el 60 por ciento de las familias, apenas recibirían 28 pesos de los ingresos totales de las familias. De este tamaño es la desigualdad de nuestro país. Por ello, con honestidad me pregunto:

¿Existen mexicanos que al día de hoy estén de acuerdo con la afirmación que pregona el gobierno de Enrique Peña Nieto? Podremos comenzar por preguntar a los más de 53 millones de mexicanos que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social, Coneval, se encuentran en situación de pobreza.

Preguntarle a los 24.6 millones que experimentan carencia alimentaria, a los casi 69 millones que no pueden acceder a la seguridad social y que, dicho sea de paso, esta cifra ha aumentado en los últimos años.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México un niño que nace pobre tardaría 11 generaciones en lograr alcanzar el nivel de ingreso que lo saque de la pobreza. Un panorama totalmente desolador para los millones de mexicanos que trabajan diariamente en largas jornadas y sueñan con que sus hijos lleguen a superar sus condiciones de vida.

¿Y qué responderán nuestros jóvenes, el denominado presente y futuro de nuestro país? Según el Consejo para la Prevención de la Discriminación, 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico. Es decir, de dos mil 542 pesos en la ciudad y de mil 614 en el campo, convirtiéndolos también en uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Igualmente sucede con la población indígena, donde en los últimos años, según Coneval, indican que el 71.9 por ciento, 8.3 millones de personas, se encuentran en condición de pobreza. Siete de cada 10 de los 11 millones que vive en México, perciben un salario mínimo.

El gobierno federal se jacta de la creación de cuatro millones de empleos durante este sexenio, sin embargo, nuevamente nos encontramos frente a un falso espejismo, ya que más del 70 por ciento de estos empleos se pagan apenas dos salarios mínimos, unos cuatro mil pesos mensuales. Y a lo que podemos sumarle el alza inflacionaria del 6.6 por ciento que impacta el ya precario poder adquisitivo de nuestra población.

Estas estadísticas, que al contrastarlas con la realidad no merecen ninguna celebración. Según expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a final del primer trimestre de 2018, el 16 por ciento de los hombres y 14 por ciento de las mujeres tenían condiciones laborales con ingresos menores al salario mínimo a pesar de sus largas horas de trabajo.

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado se ha incrementado del 17.6 por ciento en 1970, al 43 por ciento en 2017, sin embargo, la brecha salarial persiste. Las mujeres que realizan una misma función o trabajo que un hombre son, solo por ser mujeres, 16.5 por ciento menor. Ahí tenemos una gran asignatura pendiente, donde debemos de trabajar por la igualdad laboral de las mujeres.

Este sexenio será recordado por millones de mexicanos. Afortunadamente ya está por concluir. Pero deben colgarse la medalla como la administración más corrupta de la historia y, particularmente, en el tema que hoy nos ocupa, la política social, que, en el ejercicio de los recursos públicos para el desarrollo social, se convirtieron en un rentable negocio a costa de los sectores más vulnerables.

Termino. Por eso el pasado primero de julio la ciudadanía mandó un mensaje muy claro a los poderes públicos del país. No somos una clase política, somos servidores públicos que la ciudadanía nos puso para servirles a través de las instituciones...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar:... y no para servirse de ellos. Los diputados ciudadanos estaremos trabajando porque las familias logren un ingreso digno, porque haya igualdad laboral, por pensiones rurales para acabar con la corrupción. Pero, sobre todo, para que los programas sociales sean transparentes. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos:En este país, por desgracia, las cárceles no rehabilitan, profesionalizan al ciudadano que ha elegido la carreta de delincuente. En este país, por desgracia, se destina más dinero público para los reos, que para los jóvenes que deben y están en la universidad pública.

Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Posicionamiento del Partido del Trabajo, en relación al VI Informe de Gobierno, en materia social y, por cuestiones de tiempo, tocaré solamente el tema de la educación superior, que es de urgente u obvia discusión.

La educación superior en México atraviesa por una de las crisis más profundas de su historia. Esta crisis, que afecta con especial saña a las universidades públicas estatales, es producto y resultado de la imposición de una política pública de corte mercantilista, privatizador, excluyente, contraccionista y profundamente diferenciada del gasto público en la materia.

No podemos ni debemos ignorar, en este sentido, los saldos que en este rubro nos deja la administración de Enrique Peña Nieto. Nuestro país exhibe una de las tasas brutas de cobertura en materia de educación superior más bajas de América Latina.

De acuerdo con datos del Instituto Estadístico de la Unesco, la tasa de cobertura en México es apenas del 37 por ciento frente a una media para América Latina del 48 y del 75 por ciento para los países de la OCDE.

Hay incluso países de nuestra región, como Argentina y Chile, que cuentan con tasas superiores al 80 por ciento, el limitado acceso de nuestros jóvenes a la educación superior representa, sin lugar a dudas, un signo desastroso que compromete sobremanera el futuro del país.

El financiamiento público destinado a la educación superior es de apenas el 0.9 por ciento del PIB frente al 1.6 por ciento de la OCDE y el 2.1 por ciento en el país hermano de Ecuador. Mientras que entre el 2009 y el 2017 la matrícula se incrementó en un 51 por ciento, el presupuesto para educación superior creció solo en un 18 por ciento, lo que implicó una disminución del gasto por alumno del 22 por ciento, este gasto equivale a la cuarta parte del gasto por alumno promedio de la OCDE.

A los bajos niveles de cobertura y financiamiento hacia la educación superior se suma una creciente y desbordante expulsión o fuga de talentos. Actualmente 1.2 millones de profesionistas mexicanos, incluyendo 300 mil posgraduados y 30 mil doctores, en su mayoría formados en el campo de la ciencia y la tecnología, residen fuera de nuestras fronteras.

Además de su baja cobertura y fuerte expulsión de egresados, el fracturado y desarticulado sistema de educación superior que impera en el país se caracteriza por su signo profundamente excluyente, a esto se añade una marcada y creciente tendencia hacia la privatización de la educación superior.

La matrícula de las instituciones de educación superior privadas creció de un 19 por ciento en 1990 a un 33 por ciento en el 2017.

En posgrado la matrícula privada abarca ya el 58 por ciento, en su inmensa mayoría de baja calidad.

Otro rasgo de suyo significativo del sistema de educación superior que impera en el país son las fuertes desigualdades e inequidades que permean al seno de las universidades públicas, donde el gasto anual por alumno sería de 38 mil pesos en Guerrero, 107 mil en Tamaulipas y en Zacatecas 55 mil pesos, cantidad que equivale a lo que cuesta mantener un reo en la actualidad.

El bajo presupuesto destinado a educación superior y su desigual distribución tienen ya un saldo rojo. Diez universidades estatales autónomas del país atraviesan por una crisis de insolvencia financiera que las tienen al borde del colapso.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Señor diputado, le ruego concluya su intervención.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos: Les informo que para el mes de septiembre Morelos y Michoacán no tendrían con qué pagar la nómina. Para el mes de octubre Nayarit y Zacatecas. Y para noviembre sería el caso de Oaxaca.

Compañeros legisladores, de nada nos va a servir para el desarrollo del país tener tantos recursos naturales si no invertimos en lo más importante, la clave para el desarrollo de México son los niños y los jóvenes, ellos son el presente y son el futuro. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Señoras, señores diputados, informo, saludamos la visita a este recinto de los dirigentes cooperativistas pesqueros de Sinaloa, invitados por el diputado Jesús Fernando García Hernández. Sean bienvenidos.

Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz:Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Honorable asamblea, compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social hago uso de esta tribuna para participar en la glosa del VI Informe.

El Ejecutivo federal inicia el apartado de México Incluyente de su VI Informe de Gobierno aseverando que la pobreza, la desigualdad y la exclusión constituyen una limitante al desarrollo de nuestro país.

Se resalta en el documento que es prioridad del Estado mexicano garantizar el ejercicio de los derechos sociales con el objetivo de construir una sociedad en la que prevalezca la equidad y la cohesión social.

En Encuentro Social no podemos más que coincidir con esta visión de país, porque esos son temas fundamentales de nuestra declaración de principios y fundamentales de nuestro programa de acción. Seamos claros. En la realidad que viven nuestros representados este objetivo no lo refleja.

En el apartado sobre los servicios de salud el Informe cita que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación, de la política de desarrollo social, el Coneval, la población de cobertura de salud creció en 14.5 millones entre 2010 y 2016. Aun así, casi uno de cada cinco mexicanos carece de servicios de salud.

Las preguntas que nos surgen en torno a este supuesto avance en la cobertura de salud son: ¿es una cobertura de calidad? ¿Está a la altura de las necesidades reales de los mexicanos? ¿Esta es la salud que ellos necesitan? ¿Corresponde a los esfuerzos, las acciones y sobre todo la inversión de los servicios que reciben los usuarios? La respuesta a esas preguntas es no.

El pensamiento generalizado de los ciudadanos es que hay que mejorar en calidad y cobertura los servicios de salud, sobre todo en el Seguro Popular, que como la gente dice: ni es seguro ni es popular.

Por ejemplo, en el centro de salud de la colonia de Guadalupe Peralta, en Aguascalientes, tienen que esperar desde las cuatro de la mañana una cita para una consulta, y resulta que al llegar al momento de su consulta ni consulta ni medicamentos alcanzan. Y así por supuesto el problema se repite en todo el país.

Al pasar la responsabilidad administrativa de este programa a los gobiernos de las entidades, al Seguro Popular lo han convertido en una caja chica para financiar conceptos distintos a los considerados originalmente en el programa.

Existe desabasto de medicamentos y falta de servicios adecuados. En la Cuenta Pública 2016 la Auditoría Superior de la Federación detectó malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país. El monto de las irregularidades ascendió a casi seis mil millones de pesos.

En lo relativo a la auditoría de desempeño 2017, se señala que la Comisión Nacional de Protección Social en salud que opera el Seguro Popular, no dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar que se haya garantizado el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de la utilización, sin discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. Es un claro ejemplo de la corrupción que estamos decididos a combatir como parte de la coalición Juntos Haremos Historia en el Congreso de la Unión.

Lo que plantea la Coneval es claro, la cobertura de salud debe mejorar no solo cuantitativamente, sino en calidad y equidad en la atención. Se debe mejorar en eficiencia y efectividad del gasto en salud.

La Secretaría de Salud debe asumir rectoría plena y en la materia el gasto inversión en salud debe ser recursos públicos y finalmente, rendición de cuentas y transparencia, y los reportes del gobierno federal no van en ese sentido.

¿Qué es lo que encontramos en el Informe? Un cúmulo de datos cuantitativos y poca evaluación cualitativa del servicio y cobertura de salud. Descoordinación entre los tres niveles de gobierno. Falta de transparencia en los datos que nos aportan. No se hace eco en las dificultades que pasan los enfermos al buscar atenderse.

Destacadamente encontramos que en lugar de platicar o aplicar dinero público en la mejor de la cobertura y calidad de los servicios de salud, tenemos decenas de hospitales en construcción y en proyecto bajo esquema de las asociaciones público-privadas que convierten en verdaderos elefantes blancos, que no operan como deberían. Al no contar con recursos humanos o materiales suficientes aunque hayan recibido recurso para hacerlo.

Desde esta tribuna expresamos nuestro compromiso de que el gasto en materia de salud siga siendo prioritario y de interés público, por lo cual este debe ser objeto de seguimiento y evaluación y no podrá sufrir disminución en sus montos presupuestales.

Por lo que en uso de las facultades de esta Cámara estaremos vigilantes de lo que en los recursos asignados sean aplicados conforme a los objetivos planteados por el gobierno electo en el proyecto alternativo de nación y que se verán incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Nuestro compromiso es mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, porque ese es el mandato de la sociedad y estamos para cumplirlo. Hagámoslo hoy y hagámoslo nosotros. Esto es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Anilú Ingram Vallines:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general que nos acompaña.

Estamos a punto de cerrar un capítulo en la historia de México. Nadie puede negar que aún hay muchos pendientes por resolver, pero hay avances significativos particularmente en desarrollo social.

Uno de los grandes legados que deja la administración del presidente Enrique Peña Nieto es la Estrategia Nacional de Inclusión, cuyo objetivo no fue solo intentar ponerle fin al hambre sino cerrar las brechas de desigualdad a través del esfuerzo conjunto entre todas las dependencias y los tres órdenes de gobierno.

Con cada apoyo entregado, con cada alimento servido en los comedores comunitarios, con cada beca, con cada gestión, se dio una oportunidad. No se trata únicamente de revertir números, de cambiar estadísticas. Se trata de cambiar historias de vida. La vida de más de 2.2 millones de mexicanos que salieron de la pobreza extrema.

Las seis carencias que mide el Coneval están en sus valores mínimos históricos. Si nos remitimos a las últimas dos mediciones, 2024 y 2016, se redujeron al mismo tiempo la pobreza moderada y la pobreza extrema.

Más de 67.3 millones de mexicanos —incluidos por primera vez cientos de miles de jóvenes de bachillerato y universidad— hoy son atendidos en clínicas del IMSS. Es decir, 6.2 millones de mexicanos más tienen acceso a los servicios de salud.

En este sexenio también un millón 100 mil familias fueron incorporadas a Prospera. Hoy, el país cuenta con una red de más de cinco mil comedores comunitarios que diariamente sirven más de un millón de alimentos; 2.8 millones de personas más tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente.

Con nuestros hermanos de las comunidades indígenas se beneficiaron a 700 mil personas. Se ejecutaron ocho mil obras y acciones en materia de infraestructura básica. Por eso, compañeras y compañeros, veamos por el espejo retrovisor, intentemos imaginar un país cómo sería sin estos resultados alcanzados.

Los números hablan por sí solos. Las historias de cada persona en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz y en todo el país, justamente es el testimonio fiel del esfuerzo en el que se avanzó en estos seis años.

Orgullosamente puedo decir que formé parte de un gran ejército de hombres y mujeres que, en conjunto con el presidente Enrique Peña Nieto, trabajamos todos los días por un México más justo.

Como delegada federal de Sedesol en Veracruz, conocí de viva voz las necesidades de nuestra gente, gente que vive en comunidades alejadas, enclavadas en la sierra, en condiciones muy agrestes, pero también acuñé en mi corazón la mirada de esperanza de cientos de niños que saben que un mejor mañana es posible.

Yo palpé el México que aún nos duele, por el que se trabajó incansablemente estos seis años. Es cierto, todavía hay mucho por hacer, pero aún hay pobreza que lastima, pobreza que indigna, familias sin techo, mesas vacías. Pero si seguimos en esta ruta y bajo esta estrategia sin aflojar el paso, sé que en unos años más con la suma de esfuerzos será posible erradicar este flagelo.

Hoy pudiéramos enfrascarnos aquí, compañeros, en una discusión estéril, en la búsqueda de culpables de lo que fue y de lo que no pudo ser, un intercambio de señalamientos mientras que allá afuera hay miles de familias que lo que quieren es que los recursos sigan fluyendo.

Lo que ellos nos urgen es que nos pongamos de acuerdo, más allá de colores y de ideologías políticas, que trabajemos lo más pronto por un presupuesto incluyente, en leyes que les lleven sustento a su mesa, que garanticen un techo, justamente que garanticen la esperanza de un mejor futuro, y sin duda, de un mejor presente.

No se trata de destruir al país cada seis años para pintarlo de otro color. Si actuamos todos con la madurez política que exigen los nuevos tiempos de México, podemos comenzar a levantar el modelo de nación que queremos.

Los cimientos ya están ahí. Corrijamos solo donde hubo yerros, pero no empecemos de cero, porque la gente ya no debe...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, concluya su intervención.

La diputada Anilú Ingram Vallines: La gente ya no puede esperar. No hay tiempo que perder. Concluyo, diputado presidente. Yo los conmino compañeras y compañeros, a cerrar filas por las familias de México que nos necesitan. Después de todo, los que hoy estamos aquí, queremos lo mismo, lo mejor para México. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, Diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Sylvia Garfias Cedillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo:Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Ay, caray, me sentí como en un cuento de hadas, pero aquí venimos a hablar de realidades.

Gracias compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN para poder hablar este día a su nombre. Compañeras y compañeros diputados, las malas decisiones del último gobierno priista, porque hoy debo dejar claro, que es el último gobierno del PRI, no habrá más, han conducido a la profunda desaceleración de la actividad económica que vive el país, y el impacto de esas decisiones, se han traducido en un profundo deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, particularmente de aquellos que enfrentan condiciones de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, es decir, los más desfavorecidos de la sociedad. El panorama triunfalista que nos vienen aquí a presentar por el VI Informe de Gobierno, no corresponde a la realidad.

En este sexenio, de acuerdo con las cifras oficiales, tenemos el número de pobres más alto en la historia de México, 53.4 millones de personas. Pero más crítico aún, es que hay nueve millones en pobreza extrema. La situación de pobreza se incrementó en la tercera parte de los estados del país, casualmente gobernados por el PRI.

En este sexenio, el número de personas con un ingreso inferior a la línea del bienestar también subió, pasó de 60.6 a 62 millones de personas. Desafortunadamente, y lo debo decir así, desafortunadamente los resultados, los malos resultados no terminan aquí.

El Coneval también reveló que en el cuarto trimestre de 2017, el 41 por ciento de la población, es decir más de 50 millones de mexicanos y mexicanas, no pudieron adquirir la canasta alimentaria con un ingreso laboral, lo que se conoce como pobreza alimentaria. ¿Cuál es la causa? Un incremento en el valor de la canasta alimentaria del nueve por ciento.

Esta es nuestra realidad que va más allá de cifras alegres, estas que nos presentan en el informe de gobierno. Está claro el fracaso gubernamental, sobre todo en materia de política social.

Es tan evidente que no se puede esconder detrás de los miles de promocionales. Es tan evidente como el dinero que gastó la última administración del PRI en comunicación social. En cada hogar de México se recrudecen los efectos de las malas decisiones y de la corrupción de este gobierno.

Las insignias de la política social de esta administración para el combate de la pobreza, me refiero a la Cruzada Nacional contra el Hambre y a la Estrategia Nacional de Inclusión, fueron un rotundo fracaso.

En este sexenio la política social abandonó a los más pobres, a los y a las que más lo necesitan. Este gobierno hizo de la política social una herramienta de corrupción, de falta de transparencia, fueron especialistas en el manejo opaco. Poco, muy poco pudieron hacer al respecto. Convirtieron estos instrumentos para sus fines personales y político-electorales.

Todo comenzó con un no te preocupes, Rosario, y terminó con la Estafa Maestra. Así se las gastó el PRI gobierno con el desvío de miles de millones de pesos que estaban destinados a aliviar las carencias de los más y de las más pobres de este país. Este gobierno entregó miles de contratos a empresas inexistentes y que no otorgaban los servicios para los que eran contratados. Estamos hablando que, de una suma aproximada de siete mil millones, nadie sabe dónde quedaron alrededor de tres mil millones de pesos.

Ante la evidencia de estos resultados desastrosos en la política social, el gobierno tuvo que recurrir a la manipulación de la información para presentar estas cifras alegres en el informe de gobierno. A nadie engañan, pueden manipular las cifras, la realidad no. La realidad es que hoy hay más pobres como nunca en la historia.

México merece una política responsable en materia social. Esperamos que el nuevo gobierno sancione la corrupción de la que ha sido objeto esta política social y esperamos que actúen de manera inmediata.

Es tiempo de combatir la desigualdad y en eso todas y todos tenemos responsabilidad. En el PAN no vamos a dar tregua a la impunidad. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada Sylvia Garfias. Para concluir esta segunda ronda de análisis del VI Informe de Gobierno, tiene la palabra el diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Bonifacio Aguilar Linda:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda, diputado.

El diputado Bonifacio Aguilar Linda: Saludo a la hermosa gente y trabajadora del estado de Veracruz, pero en especial a la sierra de Zongolica, el distrito 18.

Compañeras y compañeros legisladores, más que informe del sexto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, es un elogio de su sexenio en el informe. No reconoce la falla ni errores, todo es perfecto. Sin embargo, más de 30 millones de mexicanos y mexicanas están en desacuerdo y lo manifiestan votando a un cambio verdadero en el gobierno.

De acuerdo con el contexto presidencial, durante los últimos seis años los recursos financieros a la educación se incrementaron constantemente, pero nada se dice de los errores recortantes al presupuesto educativo que impidieron millones de niños, jóvenes, ser atendidos en una escuela.

En el informe, el tono punitivo contra los maestros ha desaparecido, en lugar de hablar de despidos, se pone el acento en la información y el mérito de los docentes, con este nuevo lenguaje se intenta esconder, los profesores fueron señalados como la principal causa de los pueblos educativos.

No existe ninguna mención a los prolongados conflictos al magisterio ni tampoco rebeldía de los maestros, en el VI Informe existe ninguna referencia de los 50 profesores desaparecidos, de los dirigentes encarcelados y mucho menos a los maestros y padres de familia asesinados en Nochixtlán.

De acuerdo al Informe presidencial, más de un millón de docentes aceptaron someterse a los exámenes, sin embargo, la reforma únicamente ha servido para evaluar, no para mejorar la calidad de educación.

La realidad es que la reformación de los maestros continúa siendo una asignatura pendiente, sin una sólida formación a los docentes no será posible que manejen los nuevos planes ni libros de texto.

En el Informe se presume que gracias a la reforma las plazas no se venden, pero no se dice las autoridades estatales no reportan todas las plazas vacantes ni continúan otorgándolas en forma discrecional, sin respetar los resultados de los exámenes.

Sin el orden de prelación, el Informe destaca que la cobertura educativa se incrementó, se intenta crear la apariencia de todos los niños y jóvenes del pueblo de México y asisten a las escuelas y no existen cien ni mil de jóvenes rechazados en las preparatorias y en las universidades públicas.

Las cifras presentadas en el Informe aparentan que, en todas las comunidades originarias del país, de México, en donde los cinturones de la miseria de las y los ciudadanos, los niños, jóvenes asisten a las escuelas que han sido represadas con las insuficientes y cuentas bebederos, que lo cual es totalmente falso.

Ninguna reforma podrá transformar la educación si no resuelve la falta de agua, la falta de energía eléctrica, sistema de drenaje, mobiliario y conexiones de Internet a las escuelas públicas del gran país de México.

La reforma educativa provocó un profundo rechazo, resentimiento entre las y los maestros, la recuperación de la lectura en la educación y no fue más que un mecanismo para la garantía de los controles políticos electorales de los profesores, de sus sindicatos.

Afortunadamente... tiempos mejores, haber terminado el acoso laboral y los exámenes punitivos.

Anexos a las farmacias y muchas poblaciones rurales no cuentan ni siquiera con dispensarios. El presupuesto destinado a la salud sufrió recorte por falta de recursos públicos, provocó saturación en los servicios médicos y hospitalarios.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, le ruego que termine su intervención.

El diputado Bonifacio Aguilar Linda: La falta de recursos financieros y la corrupción, el itinerante sistema de salud... controlar y prevenir las principales enfermedades que padece el pueblo de México.

Afortunadamente, la pesadilla neoliberal está a punto de terminar. A partir del primero de diciembre iniciará un gobierno que dará prioridad a la educación, salud y la seguridad social con el propósito de elevar la calidad de vida a las y los mexicanos.

Los diputados de Morena respaldaremos al gobierno, promoveremos los cambios legales y los presupuestos para ayudar y contribuir al bienestar de los familiares. Muchas gracias por su gran atención.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.

Bien, vamos a iniciar la tercera ronda, el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social. Tendremos las últimas ocho intervenciones. Les recuerdo que tenemos cinco minutos para cada intervención. Agradecería la observancia de este tiempo. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz:Con la venia de la Presidencia. En la presente administración el objetivo de la política social ha sido garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales. No solo como un piso mínimo de bienestar, sino como una vía para erradicar las causas que le dan persistencia a la pobreza.

Es decir, lograr que el desarrollo genere oportunidades para todos. Que cada mexicano o mexicana, sin importar su origen étnico, edad, lugar de nacimiento o condición socioeconómica, pueda desarrollarse plenamente.

John F. Kennedy en su momento decía: Los derechos de todos los hombres son disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados.

Actualmente, cerrar las brechas de desigualdad solo es posible si se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos sociales, acceso a la alimentación, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a servicios básicos.

Desde 2013, con el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hasta la adopción de la Estrategia Nacional de Inclusión, en 2016, se ha contribuido a los avances más importantes en el ámbito social. Han permitido concentrar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en el abatimiento de las carencias sociales, lo que ha traducido en una disminución significativa de la pobreza extrema y una ampliación gradual pero sustantiva del ejercicio de los derechos sociales fundamentales.

Entre 2013 y 2018 se creó la Red de Comedores Comunitarios, que brindan alimentación sana, variada y suficiente a poblaciones vulnerables en localidades que enfrentan marginación.

El Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, amplió su cobertura para atender a más familias mexicanas que viven en localidades de alta y muy alta marginación.

El Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa, incrementó en 238 municipios su cobertura durante esta administración, logrando atender a 6.2 millones de personas diariamente; 243 mil personas más que en 2002.

A partir de esta administración los beneficiarios del programa Prospera ya pueden adquirir leche Liconsa, y en 400 municipios con el menor índice de desarrollo humano la leche fortificada se vende a un peso.

Para lograr romper el círculo de la pobreza se transformó el programa social Oportunidades, para ampliar su alcance y dotarlo de herramientas que promueven la productividad y la inclusión laboral, alejándolo de una visión asistencialista.

De esta evolución surgió Prospera, que hoy atiende a 6.9 millones de familias; un millón 100 mil más que en 2012, representando un incremento de 19 por ciento de la cobertura.

El reto es muy grande, pero el avance después de 12 años de la administración del PAN es innegable. Mediante un trabajo de coordinación con la Comisión Nacional de Becas, la educación superior, ahora los jóvenes beneficiarios de Prospera, pueden recibir un apoyo para continuar sus estudios a nivel técnico y superior. Los beneficiarios de Prospera reciben ahora una atención médica integral. Para lograrlo se amplió el número de beneficiarios del programa de afiliados al Seguro Popular, de 12.9 a 18.4 millones de personas.

También se incluyó la estrategia de desarrollo infantil y estimulación temprana. Se han llevado a cabo cerca de dos millones de pruebas a niños y niñas menores de cinco años para evaluar su desarrollo. Como parte de la visión integral Prospera, se ha impulsado la inclusión productiva de sus beneficiarios.

También se ha brindado acceso a los servicios bancarios a todas las familias de Prospera. Ahora la entrega de apoyos se realiza por medio de tarjetas bancarias. Además, 2.3 millones de personas se han beneficiado con iniciativas de inclusión financiera como créditos, esquema de ahorros y educación financiera.

Se puso en marcha una estrategia de alfabetización y certificación de primaria y secundaria que ha apoyado a más de seis millones de adultos. Adicionalmente se logró el reconocimiento de la Secretaría de Educación Púbica en la formación que brindan las estancias infantiles, guarderías y Centros de Desarrollo Infantil, como equivalente a educación preescolar.

Para disminuir la carencia de acceso a seguridad social se amplió el programa de Pensión para Adultos Mayores a cinco millones de beneficiarios. Combatir el hacinamiento y mejorar la calidad de las viviendas. Se llevaron a cabo distintas acciones coordinadas con los gobiernos, 6.2 millones de mexicanos más tienen acceso a servicios de salud.

Estos avances son alentadores y le dan sentido a la visión política puesta en marcha durante este sexenio. Si bien aún falta mucho para lograr que todas y todos los mexicanos ejerzan plenamente sus derechos, en el Partido Verde estamos ciertos que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se hicieron los cambios necesarios para cerrar las brechas de desigualdad y apuntalar, como lo decía John F. Kennedy: que ningún mexicano o mexicana vean amenazados sus derechos y en consecuencia los derechos de todos se vean disminuidos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Le agradezco la exacta observancia del tiempo. Tiene el uso de la palabra, el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Compañeros diputados. Por mandato de ley el VI Informe de Gobierno que el Ejecutivo federal presentó a consideración de esta soberanía, es el instrumento más importante para evaluar el cumplimiento de las metas propuetas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de una administración que está por concluir sus funciones.

Hoy me corresponde fijar la posición de mi grupo parlamentario en lo que respecta a la política social, la cual es informada en el capítulo correspondiente a la meta nacional de lograr un México incluyente, para lo cual se propusieron y realizaron acciones dirigidas a reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales.

En el informe, así como en las promociones con que inundaron los medios de comunicación, se insiste en que se redujo la pobreza, situación que si bien es cierta en la comparación de las cifras de los años 2014 y 2016 al pasar de 55.3 millones de personas a 53.4.

Si la comparamos con las cifras del año de 2012 en que la pobreza se estimó en 55.3 millones, resulta que el logro de esta administración fue el dejar al país casi en el mismo número de pobres que había cuando inició.

Claro, en el informe se enfatiza que en términos porcentuales hubo disminución, pero tratándose de vidas humanas lo que importa son las cifras absolutas que indican que esta administración en sus dos primeros años la pobreza creció, en los siguientes dos años disminuyó y queda por ver en el próximo año, cuando se reporte la siguiente medición de pobreza, a cuánto ascenderán los pobres, lo cual es muy probable que incremente si tenemos en cuenta los aumentos en los precios de los alimentos y otros bienes de consumo generalizado que provocaron los incrementos en los precios de los combustibles.

El logro más importante, que es de reconocer, es la disminución de la pobreza extrema, la cual pasó de 11.3 millones de personas en el 2012 a 9.4 en el 2016, lo cual significa que se redujo en 2.1 millones de personas, logro que puede revertirse en el 2018 por el aumento de los precios que hemos comentado y porque las causas estructurales de la pobreza aún persisten en el país y se reflejan en que la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar.

Con el Prospera se alcanzó una cobertura de 6.8 millones de familias. Este programa contempla transferencias monetarias con un promedio de 875.9 pesos mensuales por familia. Esas acciones contribuyeron a que la población con carencia de acceso a la alimentación disminuyera en 2.8 millones de personas en el 2016.

No obstante lo anterior, la población con carencia en ese año se estimó en 24.6 millones de personas, cifra bastante alta. La reducción de la desigualdad continúa siendo una asignatura pendiente en el país. De acuerdo a la estadística proporcionada en el VI Informe de Gobierno, es por ello que el medio fundamental para reducir la desigualdad no solo debe provenir de la política social, sino que se origina principalmente en la política económica que es cobrar más impuestos a los que obtienen mayores ingresos y menos a los de menores ingresos, debiendo redistribuir los ingresos fiscales hacia ese último sector de la población.

En lo anterior radica, además de otros temas, que el programa estelar del combate a la pobreza del presidente Peña Nieto en la Cruzada Nacional contra el Hambre no haya logrado concretar sus metas.

La garantía de los derechos económicos y sociales como son los de la salud, la alimentación, el agua potable, la vivienda digna, reconocidos en nuestra Carta Magna, requieren de acciones más allá de los apoyos monetarios.

Si bien han demostrado que pueden reducir la pobreza, también ha quedado claro que ante acontecimientos económicos que provocan desempleo, inflación, resultan insuficientes tal como lo demostró la crisis financiera del 2008.

La política social en nuestra opinión, debe tener como objetivo el lograr que la población en pobreza mejore sus capacidades para atender por sí mismo...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus:...sus necesidades esenciales. Se trata de lograr que toda persona cuente con los recursos para alimentarse adecuadamente, ya sea a través de producir directamente sus alimentos o porque estén disponibles o accesibles en los mercados, además de contar con los recursos suficientes para adquirirlos.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la demanda de la población de que se realicen los cambios profundos en el gobierno y la legislación para que en nuestro país podamos vivir en paz y dignidad...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Exhorto a la legislatura que estamos iniciando, a que logremos acuerdos necesarios para que tengamos un marco jurídico que garantice los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Muchas gracias, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias diputado. Tiene la palabra la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón: Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito dar a conocer algunos puntos relativos a la glosa del VI Informe de Gobierno en materia de política social, campo, medio ambiente y derecho al agua en los términos siguientes.

Durante gran parte del siglo XX, el país contaba con autosuficiencia alimentaria. En los últimos 25 años la dependencia de alimentos del exterior ha aumentado hasta llegar al 43 por ciento.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las importaciones de maíz pasaron del 17 al 33 por ciento, el trigo se pasó del 34 al 65 por ciento, y el arroz del 70 al 85 por ciento.

Persiste una baja producción agrícola. Por ejemplo, mientras que nosotros producimos alrededor de 3.3 toneladas de maíz, y 5.5 toneladas de trigo por hectárea, países como Alemania, Inglaterra y Francia, superan las 7.9 toneladas.

De acuerdo con los datos del Coneval, existen más de 16 millones de pobres viviendo en el campo mexicano con no más de mil 490 pesos al mes por persona. De acuerdo con datos de la Sedesol, el 40 por ciento de los más de nueve millones de personas que conforman la mano de obra campesina, deben migrar a otras regiones para encontrar mejores oportunidades laborales.

El abandono del campo se refleja en su población más vulnerable. De los millones de trabajadores del campo, tan solo existen aproximadamente 289 mil 353 trabajadores permanentes y eventuales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este sexenio la Sagarpa, a través del Programa Procampo Productivo, entregó apoyos a su padrón de beneficiarios a personas ya fallecidas. Hasta la fecha, se desconoce quiénes cobraron estos recursos o quienes fueron los responsables de los desvíos.

Los recursos destinados para el cuidado ambiental no lograron incidir de manera efectiva. Durante este sexenio, de acuerdo a cifras del Inegi, los gastos en protección ambiental ascendieron a más de 605 mil millones de pesos, mientras que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental superaron los 4.4 billones de pesos, lo que representó una pérdida del 4.6 por ciento del producto interno bruto.

El sexto informe señala que el porcentaje de cobertura nacional de agua potable se incrementó al 94.5 por ciento. Sin embargo, la cantidad de agua que es suministrada a la población en muchos de los casos es escasa, solo el 68 por ciento de los hogares reciben agua diariamente, el 25 por ciento la recibe cada tercer día y el siete por ciento de los hogares no la reciben.

La falta de supervisión de las descargas de aguas residuales en todo el país ha contribuido a la degradación de nuestros mares, ríos y lagos. Ejemplo de ello es el río Santiago, el cual es uno de los más contaminados del mundo y que en la actualidad sigue desatendido a pesar de las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejecutivo y la Comisión Nacional del Agua.

En los hechos, en el presente sexenio la agenda del campo, el medio ambiente y los derechos del agua ha estado sometida a los intereses partidistas y no a una política de Estado. No debemos permitir que esto se reedite, para prosperar necesitamos a los mejores hombres y mujeres encabezando las instituciones de nuestro país. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada Méndez de la Luz Dauzón. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona(desde la curul): Señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto, diputado Reyes?

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): Sí, señor presidente. Quiero hacer una mención muy especial debido a que en este momento muchos universitarios de la Universidad están al pendiente de esta sesión, y hoy es necesario decir que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, así como también todos los legisladores, nos solidarizamos con todos los universitarios de la UNAM.

Quiero decirles que vamos a trabajar fuertemente por ellos, vamos a ejercer presupuesto para procurar dar la universidad gratuita y quiero que me acompañen todos y todas, amigos, compañeros legisladores...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. El tema ya ha sido abordado y ya tiene el apoyo pleno de esta Cámara en el punto de acuerdo.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona (desde la curul): Solamente, señor presidente, una cosa. Quiero que me acompañen, por favor, porque hoy así lo exigen. Goya, goya, cachún-cachún-ra-ra, goya, goya...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Continúe, por favor, diputada, proceda.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:No sé de poses, de donde vengo el pueblo tiene hambre y sed de justicia. En mi bancada queremos crear condiciones para que la ciudadanía viva mejor, la bancada del Partido del Trabajo.

Con el permiso del presidente. Diputados y diputadas, soy una legisladora nueva, espero me puedan comprender, porque me dijeron que si me equivocaba en mi primera presentación, me iban a poner el dedo.

Me queda claro que la diputada del PAN y del PRI no viven en este planeta, porque todo lo que dijeron, como ya lo ha dicho su sabio filósofo: Haiga sido como haiga sido, el PAN no vende piñas. Nos dejaron una ciudadanía desde hace seis años ensangrentada.

Del último Informe de Gobierno de la administración del titular del Ejecutivo, prácticamente concluye este gobierno. El balance de los seis años de política social, así como toda esta administración federal, es negativa.

El informe que hoy glosamos, forma parte de los muchos desatinos del gobierno de Enrique Peña Nieto, encausados a una desinformación rapaz, con una argumentación autocomplaciente y engañosa, exhibiendo una saturación de propaganda gubernamental imposible de avalar.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos claros que el modelo social seguido desde hace 30 años parece tener una máxima: Hacer de la pobreza un negocio.

En materia de política hídrica hoy vemos con preocupación que el Ejecutivo firmó 10 decretos: eliminar la veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas del país, lo que abre la puerta a la posible concesión y privatización del agua nacional.

Con la venta legal se abre y se amenazan los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales, de las zonas urbanas, que hoy son abastecidos con algunas de estas cuencas. Esto significa la amenaza al derecho de acceso del agua potable para todas y todos, y miren que sé del tema, soy de Iztapalapa donde nunca hay agua.

En materia de política de vivienda fueron claros los desaciertos en la coordinación institucional, encabezada por la Sedatu principalmente, en la modificación a un esquema de financiamiento que encausara el desarrollo urbano, sistemático, sustentable y con acceso a infraestructura, y así también la falta de atención a la demanda de vivienda de todos los grupos, probablemente lo que originó la carencia a la vivienda digna, que elevaría la calidad de vivienda de las personas, con espacios adecuados para su habitación y servicios básicos suficientes, arrastrando un déficit aproximadamente de 11 millones de viviendas a nivel nacional.

Este gobierno ha estado plagado de corrupción y de fraude e inmoralidad. Mención especial tiene el saldo de los sismos ocurridos en nuestro país el año pasado, si bien los desastres naturales son impredecibles e inevitables, la acción humana y política para contrarrestar sus efectos se puede y se debe observar.

Este lamentable acontecimiento dejó en evidencia la incapacidad por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales, para diseñar e implementar programas de reconstrucción adecuados a las necesidades de los habitantes en sus entidades federativas correspondientes.

La inexistencia y desinformación oficial pública y detalle de los daños limitó que los grupos expertos en tema de prevención de riesgo y reconstrucción pudieran coadyuvar al diseño de programas de recuperación y de construcción de corto, mediano y largo plazo, que respondieran verdaderamente a las necesidades de los miles de afectados.

En materia de procuración de justicia, los saldos de este fallido modelo a la corrupción, exhibido en este gobierno, detonaron de manera adversa el crimen, la violencia, la inseguridad, así como la violación sistemática de los derechos humanos por parte de instituciones que no han podido hacerle frente a la situación, simplemente cierran este gobierno con el 2018 que tuvo la cifra más alta de homicidios en todo el sexenio, más de 24 mil registrados en el país.

Este gobierno que termina se presentó con un líder en la lucha por la igualdad de género y por la eliminación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, vemos que fue un discurso vacío, las mujeres siguen siendo violentadas y asesinadas desde el 2015 hasta la mitad de 2018...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, le ruego concluir su intervención.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:... se han registrado mil 900 casos de feminicidios. Para nosotros, el Partido del Trabajo, es muy importante cumplirle al pueblo, lo vamos a hacer, no les vamos a fallar. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia recibió del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, texto de una intervención en materia de política social. Se pide a la Secretaría insertarla en un anexo del Diario de los Debates de esta sesión.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del PT, solicito respetuosamente que sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates de la sesión ordinaria de esta fecha, mi intervención respecto del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social.

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente admitir e integrar la presente participación por escrito en el Diario de los Debates.

Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición, quedo de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea: A pesar del triunfalismo de la administración federal que está concluyendo, en los reportes de Coneval sobre la pobreza en México, la población tanto en pobreza moderada como en pobreza extrema aumentó en las zonas rurales, principalmente en los estados del sur sureste, dentro de los cuales destaco el caso de Oaxaca; lo cual pone de manifiesto no sólo el fracaso de la administración federal en turno, sino también, que las disparidades sociales y de bienestar que existen en México no han sido debidamente atendidas.

No obstante que una de las principales problemáticas de las zonas rurales, es el hecho de que son comunidades que están asentadas en zonas montañosas o en áreas de difícil acceso, por lo que se requiere mayor infraestructura de comunicación para poder hacer llegar los servicios más indispensables. Es un hecho, de que la inversión pública, principal componente que promueve la infraestructura en comunicación del país, tuvo durante el sexenio de Peña Nieto, una tasa negativa de crecimiento de 2.2 por ciento.

De igual forma, es de señalarse que la casi totalidad de fondos y recursos asignados en años pasados a este propósito; fueron disminuyendo gradualmente, hasta desaparecer del PEF en 2018. Por su importancia e impacto social, y como ejemplo de este anterior señalamiento, destaco el caso de Fonregión, que disminuyó sus recursos en 60 por ciento en el PEF 2017 y que en 2018 no tuvo ninguna asignación presupuestal.

Adicionalmente, la población en pobreza extrema en zonas rurales está lejos de poder romper el círculo de la pobreza. Un ejemplo de ello, es el grado de escolaridad con que cuenta respecto del nivel nacional: mientras que el porcentaje de personas sin escolaridad a nivel nacional es de 8.4 por ciento, para la población en zonas rurales el porcentaje es casi tres veces mayor, con 23 por ciento.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, durante el sexenio de Peña Nieto, el ingreso corriente promedio por hogar se redujo en 3.5 por ciento, y por sólo aumentó en los estratos más pobres, gracias a los programas de subsidio a la pobreza, pero cayó en todos los demás.

Ante un panorama nacional caracterizado por el bajo crecimiento y la necesidad de superar rezagos sociales, era necesario que el gasto público fuera más eficiente, eficaz y transparente en su ejecución; sin embargo, esto no ocurrió. Ante las desigualdades sociales y regionales, era esencial dinamizar a los sectores pecuario y agrícola para que fueran más productivos en las áreas marginales, hacer más efectivos los programas sociales y detonar la infraestructura pública; sin embargo, nada de esto se implementó.

Con base en la clasificación funcional del gasto, es posible identificar indicadores que permiten analizar cómo se asignan los recursos públicos a través de una estructura de programas, en función de las políticas públicas y objetivos a implementar en distintos ámbitos de la economía.

En México, alrededor del 60 por ciento del gasto programable se destina a la finalidad Desarrollo Social enfocándose en funciones tales como: educación, salud, protección social, vivienda y servicios, recreación y cultura, entre otros. En tanto que, al Desarrollo Económico se destina cerca del 30 por ciento; tendencia que se observó durante la administración federal que termina.

El programa emblemático de la política social del sexenio de Peña Nieto fue Prospera, programa de inclusión social (hasta 2014 Oportunidades), el cual tiene un carácter transversal, toda vez que comprende diversas vertientes que abarcan ámbitos de salud, educación, alimentación y desarrollo social. Este programa se ha constituido en el eje central de la política social y es considerado, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el programa social más importante de México.

De acuerdo con cifras de la SHCP, Prospera tiene presencia en el 99.4 por ciento de los municipios del país, atendiendo en 2,440 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal a más de 6.1 millones de familias beneficiarias; de los municipios atendidos, 1,012 son considerados los prioritarios para la Cruzada contra el Hambre.

Prospera, se planteó como un programa de transferencias monetarias condicionadas dirigido a los hogares en condiciones de pobreza extrema, con el propósito de desarrollar su capital humano (educación, salud y nutrición) y así promover una inserción laboral más favorable de las siguientes generaciones.

Dicho programa, a través de sus tres vertientes: educación, salud y desarrollo social, ejerce recursos en tres ramos distintos: 11 “Educación Pública”, 12 “Salud” y 20 “Desarrollo Social”, en conjunto Prospera, programa de inclusión social contó con una asignación de 81 mil 689.9 millones de pesos en 2016.

No obstante la naturaleza progresiva del programa Prospera, la desigualdad entre la población sigue siendo elevada. Gran parte de la población se enfrenta a una serie de factores que la mantiene con bajo bienestar social, donde las oportunidades de progreso son escasas.

En los últimos años, poco se logró y aún persisten retos apremiantes, de tal manera que los tres órdenes de gobierno deben continuar haciendo su máximo esfuerzo para superar los rezagos.

Se observa claramente un carácter redistributivo de la política de gasto federal y su énfasis en el bienestar social; sin embargo, la pobreza y la desigualdad siguen caracterizando al país. Incluso, de acuerdo con diversos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estas condiciones siguen siendo altas en México en comparación con los niveles internacionales. Uno de cada cinco mexicanos es pobre, en comparación con alrededor de 1 de 10 que corresponde al promedio de la OCDE.

Lo anterior, plantea la necesidad de promover una mayor focalización del gasto hacia la población más pobre; por lo que se requiere hacer una revisión del destino de los recursos, a fin de hacerlos más eficientes y orientarlos de mejor manera hacia los grupos vulnerables. En particular, es preciso que los programas de transferencias directas a través de diversos programas para educación, salud, protección social, vivienda y servicios sean efectivos.

Es urgente focalizar las transferencias al ingreso en quienes padecen mayores carencias de desarrollo en el país.

Asimismo, los recursos que la federación destina a la finalidad Desarrollo Económico deberían de incentivar la creación de empleo formal mejor remunerado. El sector informal concentra más del 60 por ciento, del empleo en México, lo cual deja a una parte importante de la población sin protección social.

Para el ejercicio fiscal 2016, el Ejecutivo federal realizó un presupuesto de egresos con un enfoque base cero y buscó realizar una reingeniería del gasto. Sin embargo, ante los retos que aún enfrentan las finanzas públicas por el entorno económico internacional adverso, es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:

• Dar prioridad a las transferencias dirigidas a la población más pobre, haciendo más progresivas las transferencias de manera que se asegure que se enfoquen mejor en el apoyo a las familias de ingresos más bajos.

• Aumentar los esfuerzos para evaluar el efecto de los programas sociales. Revisar los programas de transferencias de efectivo para identificar las deficiencias que pudieran dar lugar a lagunas, pérdidas, transferencias ineficientes y gasto mal dirigido.

• Reducir las duplicaciones y los elementos redundantes entre los programas de transferencias.

• Desarrollar un sistema más integrado de los programas de transferencias, que permita la identificación de beneficiarios unificada, a fin de asegurar la equidad en el otorgamiento de transferencias para el desarrollo social.

• Dirigir mejor el enfoque de los programas de transferencia para el desarrollo social, a fin de que se enfoquen en las necesidades de los grupos más vulnerables: las mujeres, los ancianos, los niños y los grupos indígenas.

• Incrementar las inversiones en infraestructura para conectar y mejorar las condiciones de vida de la población aislada.

A pesar del triunfalismo de la administración federal que está por terminar, es importante señalar que el país tiene todavía muchos retos por delante.

Los desafíos del desarrollo económico y social en México, plantean la necesidad de empoderar a los más pobres para que sean ellos de manera directa quienes asuman la reingeniería de los programas y proyectos en materia de desarrollo social.

Muchas gracias.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018.— Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil:Con su venia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna como parte de la glosa del VI Informe.

En él encontramos que se afirma que uno de los objetivos de mayor relevancia durante el gobierno del presidente Peña fue la creación de un México incluyente, mediante el cual se divulgó la implementación de una serie de políticas públicas y programas sociales encaminados a erradicar la exclusión.

Para Encuentro Social el respeto y la dignificación de la mujer como partícipe de la sociedad son aspectos primordiales que nos permiten tener un país equitativo y fuerte. Un país en el que el desarrollo y la expresión de la mujer son cada vez más vigorosos.

Si bien es cierto los apoyos en alimentación, salud, proyectos productivos y apoyo para estudiantes sumaron muchos beneficios a miles de familias en estado de necesidad.

También es de considerarse que respecto al tema de la inclusión se deben enunciar y resolver dos grandes males que desde hace ya unas décadas acechan a nuestra población: la violencia de género y la desigualdad laboral.

Los datos oficiales indican que entre 2015 y 2017 se cometieron mil 640 feminicidios en todo el país, esto representa que 546 mujeres fueron asesinadas en promedio cada año, más de una cada día. Tales cifras fueron en aumento en los años de 2015 a la fecha. Tan solo de 2016 a 2017 la cifra pasó de 580 a 671 casos, esto es casi un 15.6 por ciento más.

Al día de hoy la violación de los derechos humanos de la mujer es evidente tanto en los ámbitos público como privado. La agenda en temas de erradicación de conductas de odio o rechazo hacia las mujeres aún es extensa y el punto es que tales conductas pueden ser o no sancionadas, tanto por la sociedad como por la autoridad.

Mientras tanto, dichas conductas pueden terminar en homicidios u otras formas de muerte violenta. Recordemos el caso de Mara Castilla Miranda, estudiante de la UPAEP, en Puebla, 19 años. El 8 de septiembre de 2017 desapareció y fue localizada muerta una semana después.

Su asesino, Alexis “N” ha recibido ya tres amparos. El inadecuado proceso judicial está a punto de dejarlo libre. Ese homicidio quedará impune y como ese hay cientos de casos más.

El siguiente aspecto a resaltar dentro de la estrategia de México Incluyente es la desigualdad laboral. Según datos referidos por la OCDE, en el documento Construir un México inclusivo, políticas y buena gobernanza para la igualdad de género 2017, menos de la población femenina en edad productiva participa en la fuerza de trabajo.

De dicha cifra casi dos terceras partes lo hacen en empleos informales. El motivo, la desigualdad laboral y la violencia de género, ya que en México el ser mujer pareciera ser un pase abierto a obtener un trato y diferencias significativas de desigualdad en materia de ingreso, acceso a la seguridad social y protección de la violencia dentro de espacios públicos y privados.

Algunos de los aspectos que fungen como factores de desigualdad en el caso de las mujeres son: formar una familia, embarazo, trabajo doméstico sin remuneración económica, entre otros.

Haciendo un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, tiene como dato que se asignaron 213.2 millones de pesos al Ramo 4. Gobernación, Programa E-165. Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

De igual forma, para el Ramo 7. Defensa Nacional, se asignaron 108 millones de pesos al Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Un total aproximado de 321.2 millones de pesos en tan solo dos rubros para el combate a la desigualdad y prevención de violencia contra las mujeres.

Eso no basta. Es imprescindible hacer cambios significativos y mejoras a las estrategias de inclusión, con el fin de promover aún más la dignificación y el respeto de las mujeres en todos los ámbitos de convivencia, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, espacios públicos y privados.

En México no deberían existir mujeres de primera y segunda categoría, que mientras unas pueden desenvolverse en ámbitos de igualdad y respeto, otras tengan que soportar persecuciones, vejaciones e incluso maltratos que las lleven a perder la vida.

La Constitución establece derechos de igualdad de oportunidades y seguridad jurídica para todas las mexicanas. No podemos seguir tolerando tanta desigualdad e injusticia en el trato físico y psicológico de las mujeres mexicanas.

Como parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que tiene en la igualdad y la equidad de las mujeres una de sus tareas más importantes, estamos comprometidas a lograr una mejora sustancial en las condiciones de vida de las mujeres de todo el país. Es nuestro compromiso y será nuestra labor. Y aquí, ante la ola de feminicidios en Puebla y del resto de país digo: Ni una más. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde el turno de la palabra al diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Compañeras y compañeros diputados. Quiero en primer lugar reconocer la participación de mis compañeras, la diputada Cynthia López Castro, Anilú Ingram, por su valiosa participación y me dejó claro los datos duros, los logros de esta administración y, por supuesto, también los pendientes que se tienen al día de hoy.

En México el diseño de una política social ha tenido una evolución permanente, al transitar de una visión asistencialista a la de desarrollo social y humano, cimentada en garantizar los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución y desarrollar las capacidades individuales y colectivas.

El cambio es relevante, pues hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, utiliza como instrumento oficial la medición multidimensional de la pobreza establecida en la Ley General de Desarrollo Social. En este sentido, la política de desarrollo social se fortaleció en su diseño, implementación y evaluación, partiendo de una base sólida de información comparable en el tiempo que da cuenta del alcance y el impacto de los programas y de las acciones de gobierno.

Durante la administración del presidente Peña, el monitoreo y la evaluación han sido fundamentales para informar el uso de los recursos públicos y sobre el impacto de sus programas. Dos grandes estrategias han sido fundamentales para disminuir la pobreza extrema en el país. Por un lado, la Cruzada Nacional Contra el Hambre y por el otro, la Estrategia Nacional de Inclusión.

Su propósito ha sido atender de manera integral las causas que motivan la carencia alimentaria, generar condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social. El acceso a una vida digna al interior y al exterior de la vivienda, pero sobre todo disminuir las brechas de desigualdad entre regiones, estados, municipios y grupos sociales.

Bajo esta perspectiva, las políticas universales no se contraponen a las políticas focalizadas. Más aún, para llegar a la universalización, antes hay que disminuir las brechas de desigualdad y sobre todo en el ingreso y en el acceso a los derechos sociales. El direccionamiento permite optimizar los recursos públicos escasos y priorizar las políticas con mayor efectividad.

Como resultado de ambas estrategias, primero, se avanzó rápidamente hacia la cobertura universal de salud entre las familias de Prospera y los beneficiarios del programa para Adultos Mayores.

Segundo. Más de dos millones de personas que no habían podido concluir la primaria o secundaria obtuvieron su certificado.

Tercero. Las niñas y niños que asisten a estancias y guarderías del gobierno federal, reciben ahora una formación reconocida por la Secretaría de Educación Pública como equivalente a su educación preescolar.

Otro claro ejemplo de que el trabajo coordinador da resultados, es el fondo de aportaciones para la infraestructura social, el FAIS. A partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 2013 y a los lineamientos que emite la Sedesol, en los últimos dos años siete de cada 10 pesos de este fondo se han destinado directamente a acciones que combaten las carencias.

Asimismo, los recientes lineamientos del FAIS son multianuales, lo que permitirá planear mejor y poner en marcha proyectos de mediano y largo plazos a nivel municipio y localidad, logrando más rápidamente mejorar sus indicadores de rezago social.

En la administración del presidente Peña, la operadora Diconsa, la red de abasto de alimentos más grande de Latinoamérica con más de 28 mil tiendas, y Liconsa con más de seis millones de beneficiarios, han cambiado las condiciones de vida de muchos mexicanos.

Programas como Prospera, Pensión para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios, Seguro de Vida para Jefas de Familia, forman una plataforma cuyo alineamiento está comenzando a dar resultados alentadores.

El Grupo Parlamentario del PRI presentará el próximo martes un punto de acuerdo para solicitar que no se incremente la edad de 65 a 68 años para ser beneficiarios del programa Pensión para Adulto Mayor, porque no podemos permitir que se ponga en riesgo el único ingreso que reciben millones de mexicanos que en muchos casos utilizan este recurso para salud y alimentación.

Compañeras y compañeros diputados, sin duda hay grandes avances, pero también grandes pendientes. El Grupo Parlamentario del PRI conoce del reto, pero sobre todo conoce de la necesidad de articular acciones entre todos.

El combate a la pobreza no es exclusivo de un partido, es exclusivo de todos, donde todos los niveles de gobierno tenemos que participar, la sociedad organizada también lo tiene que hacer. Por eso...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, concluya su intervención.

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez:...compañeras y compañeros, les queremos poner a disposición toda la voluntad política del Grupo Parlamentario del PRI para contribuir a combatir la pobreza de este país. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta alta tribuna para decirle a Enrique Peña Nieto que a pesar del desmesurado gasto que ha hecho en comunicación para maquillar la realidad, es un hecho que su gobierno falló, les falló a los jóvenes, les falló a los maestros y le falló a la educación.

Para el Partido Acción Nacional la reforma educativa aprobada a inicios de este sexenio, parecía sentar las bases para el real avance de la educación en nuestro país.

Hoy todo indica que pusimos las grandes reformas estructurales que nuestro país requería en las manos equivocadas, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto ha demostrado que no tuvo ni la capacidad ni la voluntad para instrumentarlas adecuadamente.

El impulso de acciones concretas por la calidad educativa y su institucionalización en todos los procesos educativos tenían el objetivo del máximo logro de aprendizaje de las y los niños y jóvenes mexicanos. Se buscaba garantizar el derecho a una educación de calidad.

La puesta en marcha de la reforma fue la responsabilidad del gobierno saliente. Hoy los resultados lamentablemente no son los esperados.

La incapacidad del gobierno federal para enfrentar los problemas de implementación, generó un proceso de evaluación caracterizado por el sentido malestar de un sector de docentes ante la falta de transparencia en la asignación de plazas, deficiencias en los procesos y la ausencia de oferta y cobertura en la capacitación de maestros.

Pareciera que la Secretaría de Educación Pública ha minado el campo de la preparación y actualización docente en lugar de fertilizarlo. Es cierto, a los profesores solo se les ha considerado como el principal problema, pero no se ha vislumbrado que también son y pueden ser la solución. Los maestros, y entendámoslo así, son los principales aliados para la educación en México.

Durante esta administración, también ha sido común encontrar numerosas prácticas de ineficiencia y corrupción en la distribución de los recursos. Muchos programas educativos presentan subejercicios y varios más no cuentan con reglas de operación. Ejemplo de ello es el comportamiento de los recursos asignados para el programa de desarrollo profesional docente, para el cual durante el año 2016, el entonces secretario de Educación Aurelio Nuño, presumió en varias ocasiones un incremento histórico de 150 por ciento, pero solo se logró ejercer el 36 por ciento de lo asignado.

Así, aunque el VI Informe de Gobierno en el que se comunican avances superiores al 90 por ciento en la meta educativa, propuestas para el sexenio, lo cierto es que el panorama de la educación en México está caracterizado por la desigualdad y la baja calidad educativa.

Los resultados de las pruebas PISA y Planea, continúan mostrando que los estudiantes de este país presentan graves problemas en logro educativo, de materias de ciencias, matemáticas y comprensión lectora.

Ni qué decir de las condiciones materiales en las que se encuentran muchas escuelas. Miles de escuelas no cuentan con los servicios básicos de agua, luz y drenaje y acceso a computadoras que funcionen, atentando terriblemente contra la dignidad de estudiantes y maestros. La educación inclusiva presenta una serie de deficiencias que limita el ejercicio del derecho a educación de la población con alguna discapacidad o por su origen indígena en estos grupos de población que continúan enfrentando barreras sustantivas de acceso.

Este gobierno no logró avanzar en la equidad educativa de las zonas rurales y más alejadas, pues continúan enfrentando los mayores problemas de acceso y de infraestructura adecuada.

Compañeras y compañeros, el Partido Acción Nacional ha impulsado las mejores propuestas para México, y desde el Congreso de la Unión le dimos al gobierno federal priista las herramientas para transformar al país, pero es claro que las pusimos en manos equivocadas. Las reformas estructurales al PRI gobierno le han quedado muy grandes. Le fallaron al pueblo, pero sobre todo le fallaron a aquellos que más lo necesitan; las y los niños y jóvenes de nuestro país.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluyo. Deseo que el nuevo gobierno no se deje nublar por las vulgares alianzas que pretende o que ya está realizando, y dé una real respuesta a la necesidad que la educación en nuestro país merece. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Para concluir esta tercera ronda de análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social, tiene la palabra nuestro compañero el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre.

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre:Hola. No había tiempo para hacer un formato en Braille del informe, así que utilizaré el dispositivo. Es una especie de telepronter, pero en mí está y espero dispensen la lectura, en mí sí es válido equivocarme con el telepronter.

Con la venia y el respeto de la Mesa Directiva, quiero en principio agradecer al Partido Morena por permitirme el privilegio de ser el primer legislador ciego en la historia del Congreso mexicano. A mis compañeros de bancada reconozco el auténtico y verdadero ejemplo de inclusión, al permitirme leer la presente glosa.

Con su permiso, diputado presidente. El VI Informe de Gobierno es un insulto a la ciudadanía, una burla disfrazada de buenas intenciones que no describen el país, que solo estuvo en la imaginación del señor presidente Peña Nieto.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Morena, quienes representamos al pueblo de México en esta soberanía, nos sentimos indignados y lacerados con la presentación de este documento, que no refleja la realidad social.

El pasado primero de julio las mexicanas y mexicanos reprobaron al gobierno de Peña Nieto, sus malas prácticas, su falta de resultados.

Desde la tribuna más alta e importante del país le decimos al Ejecutivo federal que falló en su tarea, pues a pesar de que el Plan Nacional 2013-2018, en donde se suponía que su compromiso era impulsar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en el que el señor presidente informa el éxito de sus programas y reformas.

Sin embargo, respecto de la violencia de género, así como las alarmantes cifras de los feminicidios en nuestro país, las mujeres no se ofenden porque en sus anexos de su informe no existan cifras estadísticas. Lo que sí ofende es que sigan ganando el 30 por ciento menos que los varones. Las siete mujeres muertas a diario, a razón de su género, o su indiferencia ante las solicitudes de alerta de violencia de género, aun a pesar de que la respuesta sea urgente, esta tarde hasta nueve meses en hacerse efectiva.

Este dolor no ha detenido su lucha, férrea, con capacidad y altura política. Las mujeres han ganado espacios, que no son concesiones, son logros a contracorriente.

Tampoco podemos decir que todo está bien, cuando sigue existiendo trabajo y explotación infantil, cuando somos el primer lugar de los países de la OCDE en abuso sexual a menores.

Además, en ello nos sentimos que no nos han escuchado los reclamos de 37 millones de jóvenes que no han sido atendidos por el gobierno federal. Nuestros jóvenes no piden dádivas ni regalos, exigen educación, seguridad, oportunidades y un futuro que perseguir, en un país del que se sientan orgullosos.

En la LXIV Legislatura trabajaremos para garantizar que todas sus exigencias sean escuchadas y atendidas, y velaremos por el cumplimiento de sus derechos.

Por lo que respecta al tema de pueblos y comunidades originarias, debemos decir que es bastante irresponsable incorporar en el Informe el supuesto avance que se informa, sin especificar cuáles fueron los indicadores que se movieron en beneficio de la población originaria de 15.7 millones de personas, ello tomando como referencia el lenguaje originario.

Lo cierto es que los pueblos originarios, sin importar la variable que se elija, registran rezagos importantes respecto al resto de la población. La marginación y precarización, además de ser mujer, adulto o persona con discapacidad, no lo digo yo, son datos obtenidos del Informe de Evaluación de la Política, de evaluación, 2018, publicado por el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

Hubiéramos querido ver al señor presidente Enrique Peña Nieto en una comunidad originaria y no nada más en Palacio de Gobierno, diciéndoles a los indígenas que hoy tienen una mejor calidad de vida, cuando en su sexenio se incrementó el despojo de sus tierras, territorio, se contaminaron ríos, manantiales con actividades mineras.

Se ha soslayado su centro ceremonial implementando zonas económicas especiales, sin respetar el derecho a la consulta previa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Ruiz Lustre, le ruego vaya concluyendo su intervención.

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Termino. Impulsaremos la Ley de Consulta Indígena, se propondrá la modificación al artículo 2 constitucional, en el que se le reconocerá como sujeto de derecho y no de interés público.

En resumen, debemos decir que lo único bueno del Informe de Gobierno es precisamente eso, que es el último del régimen del despojo y saqueo de nuestro país.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: En cuanto a personas con discapacidad no se implementaron políticas que garantizaran sus derechos y como personas se les creen alternativas para una mejor inclusión en la sociedad, ya fuera en términos de educación, trabajo, salud, accesibilidad y no discriminación.

Si bien México forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, esto no se ha reflejado tangiblemente en cada una de las personas. Podría hablar más tiempo, pero es suficiente y espero que los demás tomen la palabra para exigir, los exhorto a cumplir. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado Ruiz Lustre, y le reconocemos por el esfuerzo especial que ha hecho para su intervención.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento.

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada, ¿con qué objeto? Tania Cruz. ¿Para qué desea la palabra, diputada? Sí, micrófono, por favor, a la diputada Tania.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Sí, me gustaría hacer un pronunciamiento, si me lo permite.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Faltan varios asuntos todavía, hay dos diputados que quieren un minuto. Un momentito, por favor.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Okey, sí, gracias.



COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se recibió de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la integración de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

• Que el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar cause alta como consejero propietario.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como consejero suplente.

• Que el diputado Carlos Alberto Puente Salas cause alta como consejero suplente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Comuníquese. Secretaría, por favor.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Jesús Fernando García Hernández para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado García Hernández a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Así mismo solicito se incorpore la curul del diputado García a la fracción de Morena en el salón del Pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.— Presente.

Por medio de la presente le informo a usted mi interés para incorporarme al Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, convencido de que Morena trabaja para la transformación real de México.

Por tal motivo solicito a usted de la manera más atenta se tome en cuenta está petición para realizar los trámites necesarios para que se incorpore mi curul, oficinas, prerrogativas y comisiones, con apego a la declaración de principios, estatutos y reglamento interno al grupo parlamentario que usted dignamente dirige.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2018.— Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Luis Enrique Martínez Ventura para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Martínez Ventura a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea trasferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Así mismo solicito se incorpore la curul del diputado Martínez Ventura a fracción de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.— Presente.

Por medio de la presente le informo a usted mi interés para incorporarme al Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, convencido de que Morena trabaja para la transformación real de México.

Por tal motivo solicito a usted de la manera más atenta se tome en cuenta esta petición para realizar los trámites necesarios para que se incorpore mi curul, oficinas, prerrogativas y comisiones, con apego a la declaración de principios, estatutos y reglamento interno al grupo parlamentario que usted dignamente dirige.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2018.— Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Armando Javier Zertuche Zuani para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Zertuche Zuani a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Así mismo solicito se incorpore la curul del diputado Zertuche Zuani la fracción de Morena en el salón de Pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.— Presente.

Por medio de la presente le informo a usted mi interés para incorporarme al Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, convencido de que Morena trabaja para la transformación real de México.

Por tal motivo solicito a usted de la manera más atenta se tome en cuenta está petición para realizar los trámites necesarios para que se incorpore mi curul, oficinas, prerrogativas y comisiones, con apego a la declaración de principios, estatutos y reglamento interno al grupo parlamentario que usted dignamente dirige.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2018.— Diputado Armando Javier Zertuche Zuani (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterados. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día y no presentadas en tribuna serán turnadas a las comisiones correspondientes, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Se informa también a la asamblea que los asuntos turnados durante esta sesión quedarán en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones ordinarias.

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS



SE REFIERE A LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA QUE PERSISTE EN EL PAÍS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Tania, el diputado Azael Chepi y la diputada... Pues no está en el orden del día, pero un minuto, por favor. Le dan el micrófono a la diputada.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Sí, gracias. Si pidiera un minuto de silencio por cada asesinato en mi estado, nos quedaríamos mudos por este largo tiempo.

Compañeras y compañeros legisladores, con su venia, presidenta. Quiero tomar este tiempo para hablar de un tema que es primordial: la inseguridad y la violencia que persiste en el país. México se ha visto marcado por una incesante violencia desde hace más de 10 años y esto ha dejado a miles de familias sumergidas en un profundo dolor.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, no está... Disculpe, diputada.

La diputada Flora Tania Cruz Santos(desde la curul): El problema, lejos de resolverse, se ha incrementado y ha causado daños irreparables, pues la violencia no se elimina con una pincelada. Es un proceso social que toma años para sanar las heridas del pasado y así se pueda erradicar de nuestras comunidades.

El día de ayer en el municipio de Coatzacoalcos, la cabecera del distrito que represento y una de las principales ciudades del sureste, se registraron tres homicidios. Esa es una pequeña muestra...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): ...de la situación que se vive a diario en el distrito 11 de Veracruz y los distritos colindantes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada, concluya, por favor. Están solicitando la palabra varios legisladores.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Sí, no tardo. Solo hace falta ver los titulares de cualquier noticiero de la región. De enero a julio de este año, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reportado 68 homicidios en Coatzacoalcos, o una tasa de más de 21 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): En Coatzacoalcos los ciudadanos viven con miedo, aterrados de salir de sus casas...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): ...e intentar poner un negocio.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, estaba...

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Por lo tanto quiero fijar una postura dentro de este recinto, para que se conozca la realidad...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Sí, voy a concluir. En los municipios del sur de Veracruz se encuentran solos, una amplia desventaja para hacer frente al gran desafío que son las organizaciones criminales. El apoyo o coordinación, que es una obligación del gobierno...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, están solicitando una moción...

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): ...ha sido omiso.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:...por no estar en el orden del día...

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Es momento de dejar los rencores electorales del pasado...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:...su intervención, diputada Tania.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): ...pues la vida de los veracruzanos no puede ser herramienta de venganza política, algo que anteriormente ya ha demostrado que es capaz de hacer el gobernador...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada Flora Tania Cruz Santos...

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Yunes Linares. Es cuanto. Gracias.



LLAMADO PARA QUE CESE LA REPRESIÓN A LOS MAESTROS EN EL PAÍS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, el diputado Azael Chepi solicitó también la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Y luego acá solicitaron la palabra.

El diputado Azael Santiago Chepi(desde la curul): De manera muy breve, diputados, diputadas. Con su permiso, presidenta. El día primero de septiembre, cuando todos se alistaban para la instalación del Congreso, recibimos un grupo de diputados a líderes sindicales, secretarios generales, de maestros democráticos en el país. Tiene que ver un tanto con el análisis de este Informe, de este fallido sexenio.

Quiero exhortar a todas las diputadas y diputados, para que hagamos el llamado a las diferentes instancias, a la SEP, al INEE, para que cese la represión a los maestros en todo el país. Los diputados de Morena vamos por una propuesta, por abrogar la reforma educativa, pero en este momento se sigue reprimiendo, no solamente físicamente, sino administrativamente a todos los maestros del país. Los están cesando, violentando los derechos de los trabajadores. Hacemos este llamado a la sensibilidad...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.

El diputado Azael Santiago Chepi (desde la curul): ...a este pleno. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Ismael Hernández Deras.

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras(desde la curul): Así es. Con todo respeto, presidenta, y con todo respeto a los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias, la intención de cada sesión está definida y muy clara, en un acuerdo parlamentario por la Junta de Coordinación Política, por la Mesa Directiva de la Cámara.

Creo que todos podemos tener derecho a hacer uso de la palabra sin ningún problema. El orden y sobre todo el respeto al orden de todos y cada uno de los acuerdos habrá de darle precisamente la oportunidad para que cualquiera de las compañeras y de los compañeros que deseen hacer uso de la palabra en cualquiera de los temas locales que les genere una oportunidad esta Cámara, están en su derecho.

Lo que no creo es que nos faltemos al respeto, a la misma Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, porque cada sesión tiene su orden. Nosotros nada más invocamos a que se respete ese orden que se acuerda previo a cada sesión. Es la moción que deseo plantear a la Mesa Directiva.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muy válida. Al rato le doy una respuesta.



SE SOLICITE UN INFORME RESPECTO A LA MUERTE DE MÁS DE 300 TORTUGAS GOLFINAS EN LA COSTA DE OAXACA Y GUERRERO

La diputada Irma Juan Carlos(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada Irma Juan Carlos, de Morena.

La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): A propósito del VI Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la corrupción alcanzó el nivel tan alto que —permítanme, cuando ustedes hablan se les respeta— la corrupción fue tan alta que alcanzó el medio ambiente y recursos naturales. El día 28 de agosto se informó de la muerte de más de 300 tortugas golfinas en la costa chica de Oaxaca, y además en la costa chica de Guerrero.

Yo pido, por ser una especie en peligro de extinción la especie golfina, a esta Mesa Directiva, a esa autoridad, a esa máxima tribuna, que por favor se solicite un informe a la Profepa, a Conapesca, a la Semarnat, que nos informen...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): ... qué medidas preventivas y correctivas están llevando a cabo en torno a esta problemática ambiental que tenemos en el país.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Por último, diputada Lucero Saldaña, y concluimos. Sonido en la curul de la diputada Saldaña.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido de mi compañero vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ismael Hernández Deras, no estamos de acuerdo en que el orden del día y los acuerdos de la Junta de Coordinación Política sean rebasados.

Los temas pueden ser muy importantes, muy interesantes, hay que enlistarlos y que estén en los acuerdos. Si no, todos vamos a querer utilizar este tiempo y vamos a tener 500 diputados o los que aguantemos hasta el final, porque a estas alturas ya somos pocos.

Es pedirle a la Presidencia de esta Mesa Directiva que haya este respeto al orden y a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada. Quiero informar a la asamblea que el Reglamento debe de respetarse. Está en revisión nuestra Ley Orgánica, nuestro Reglamento. Se va a facilitar la participación de todas, de todos, mientras tenemos que respetar las reglas que nos dimos y muy pronto tendremos un criterio para el desahogo de todos los temas.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 16:27 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 11 de septiembre de 2018 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9:30 horas.

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 5 horas 29 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 263 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 9

• Iniciativas de senadores: 3

• Minuto de silencio: 2

• Proposiciones de acuerdo de órganos de gobierno: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 8

• Análisis del Vl Informe de gobierno en materia de política social

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 54

13 Morena

7 PAN

7 PRI

7 PES

5 PT

4 MC

7 PRD

4 PVEM

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Aguilar Linda, Bonifacio (Morena)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 158
Almaguer Pardo, María Guadalupe (PRD)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 129
Almeida López, Mónica (PRD)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 152
Andrade Zavala, Marco Antonio (Morena)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 56
Bravo Padilla, Itzcoatl Tonatiuh (MC)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y proponer una modificación: 48
Castañeda Pomposo, Javier Julián (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 114
Contreras González, Lourdes Celenia (MC)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 143
Cruz Santos, Flora Tania (Morena)
Desde la curul, para referirse a la inseguridad y la violencia que persiste en el país: 173
Cuevas Barron, Gabriela (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político: 58
De la Peña Marshall, Ricardo (PES)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 50
Domínguez Flores, Rosalinda (Morena)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 57
Espadas Galván, Jorge Arturo (PAN)
Desde la curul, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 20
Esparza Márquez, Frida Alejandra (PRD)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 47
Espinoza López, Brenda (Morena)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de la estudiante del CCH Miranda Mendoza Flores: 52
Farrera Esponda, Juan Enrique (Morena)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 55
Femat Bañuelos, Alfredo (PT)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 153
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la tribuna, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 19
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 57
García Corpus, Teófilo Manuel (PRD)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 160
García Morlan, Dulce Alejandra (PAN)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 56
Garfias Cedillo, Sylvia Violeta (PAN)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 157
Gómez Alcantar, Marco Antonio (PVEM)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 46
Gómez Cárdenas, Annia Sarahí (PAN)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 168
Gómez Ordaz, Leticia Mariana (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación: 135
Gómez Ordaz, Leticia Mariana (PVEM)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 159
González Anaya, María Libier (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos: 125
González Soto, Santiago (PT)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 144
Hernández Deras, Ismael Alfredo (PRI)
Desde la curul, para hacer moción de orden: 175
Ingram Vallines, Anilú (PRI)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 156
Juan Carlos, Irma (Morena)
Desde la curul, para pedir que se solicite un informe respecto a la muerte de más de 300 tortugas golfinas en la costa de Oaxaca y Guerrero: 175
Loera de la Rosa, Juan Carlos (Morena)
Desde la curul, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 19
López Castro, Cynthia Iliana (PRI)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 147
López Rodríguez, Abelina (Morena)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 149
Macías Olvera, Felipe Fernando (PAN)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 51
Mares Aguilar, José Rigoberto (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 103
Mayer Bretón, Sergio (Morena)
Desde la curul, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 19
Méndez de la Luz Dauzón, Dulce María (MC)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 162
Nemer Álvarez, Ernesto Javier (PRI)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 167
Ramírez Barba, Éctor Jaime (PAN)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 148
Reyes Carmona, Emmanuel (PRD)
Desde la curul, se refiere al 158 aniversario de las Leyes de Reforma: 57
Reyes Ledesma, Armando (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 120
Robles Montoya, Ángel Benjamín (PT)
Desde la curul, hacen comentarios sobre los sismos del 7 de septiembre del año pasado: 55
Rodríguez Mier y Terán, Mariana (PRI)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 51
Rojo Pimentel, Ana Karina (PT)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 163
Rubio Montejo, Roberto Antonio (PVEM)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 150
Ruiz Lustre, Hugo Rafael (Morena)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 169
Saldaña Pérez, María Lucero (PRI)
Desde la curul, para hacer moción de orden: 175
Salvatori Bojalil, Nayeli (PES)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 166
Sandoval Flores, Reginaldo (PT)
Para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en la Universidad Nacional Autónoma de México: 49
Santiago Chepi, Azael (Morena)
Desde la curul, para hacer un llamado para que cese la represión a los maestros en el país: 174
Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso (PRD)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 142
Torres Díaz, Elba Lorena (PES)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 154
Vargas Contreras, Ernesto (PES)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 145
Vidal Peniche, Jesús Carlos (PVEM)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 141
Villafuerte Zavala, Lilia (PRD)
Desde la curul, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 20
Villarreal Salazar, Juan Carlos (MC)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Social: 152
Yunes Landa, Héctor (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: 108