Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año I
México, DF, martes 11 de septiembre de 2018
Sesión No. 5

SUMARIO


ORDEN DEL DÍA

El presidente Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, comunica el acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con el uso de la palabra durante la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior, interviene:

-El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, desde la curul

MINUTO DE SILENCIO

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD, desde la curul, solicita se guarde un minuto de silencio en memoria del presidente Salvador Allende

La Presidencia obsequia la petición e invita a los presentes a ponerse de pie

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Secretaría de Gobernación, mediante las cuales remite:

-El Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero a junio de 2018. Se turna a las Comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento

-El VI Informe de labores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores. De enterado. Distribúyanse a las diputadas y diputados, túrnense a las comisiones correspondientes

-El Reporte de los Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018 y así como la información específica que lo sustenta. Se turna a la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, para su conocimiento

MENSAJE POR EL FALLECIMIENTO DEL EX DIPUTADO JAVIER USABIAGA ARROYO

La Presidencia expresa sus condolencias por el fallecimiento de Javier Usabiaga Arroyo, quien fuera diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quien también se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, entre los años 2000 y 2005

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

El diputado Manuel Rodríguez González, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADA

ACUERDO APROBADO POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A DIVERSAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

En relación con el acuerdo, intervienen, desde la curul:

El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT

El diputado Mario Delgado Carrillo, de Morena

El diputado Jesús Guzmán Avilés, del PAN

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Marcela Torres Peimbert, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE IGUALDAD, PROPORCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS REMUNERACIONES PÚBLICAS

La diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Maribel Martínez Ruiz, en nombre propio, del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El diputado Eduardo Ron Ramos, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre propio y de diputados integrantes del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

EXPIDE LA LEY DEL PRIMER EMPLEO

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

En la primera ronda de intervenciones, hacen uso de la voz:

-El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del PVEM

-La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PRD

-La diputada Carmen Julia Prudencio González, de MC

-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT

-El diputado Armando González Escoto, del PES

-La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del PRI

-La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez, del PAN

-El diputado Juan Martínez Flores, de Morena

En la segunda ronda de intervenciones, participan:

-El diputado Oscar Bautista Villegas, del PVEM

-El diputado Héctor Serrano Cortes, del PRD

-La diputada Pilar Lozano Mac Donald, del MC

-El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT

-El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del PES

-La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI

-El diputado Mario Mata Carrasco, del PAN

-La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena

En la tercera ronda de intervenciones, hacen uso de la palabra:

-El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del PVEM

-La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD

-El diputado Mario Alberto Ramos Tamez, de MC

-El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT

-El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del PES

-La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI

-El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del PAN

-El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, de Morena

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remite al presidente de la República, para su conocimiento

PROPOSICIONES DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES, A SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA E INDEFINIDA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

El diputado Iran Santiago Manuel, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable. Se considera de urgente de resolución

Desde la curul, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, se refiere al procedimiento

Para referirse a la proposición, intervienen:

-La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM

-El diputado Emmanuel Reyes Carmona, del PRD

-La diputada Hildelisa González Morales, del PT

-El diputado Ricardo de la Peña Marshall, del PES

-La diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del PRI

-El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN

-La diputada María Chávez Pérez, de Morena

Aprobado, comuníquese

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE RECONSIDERE EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE LAS CASETAS DE PEAJE

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional

La Secretaría da cuenta de una propuesta de modificación del punto de acuerdo

Se considera de urgente de resolución, con la modificación propuesta

Para referirse a la proposición, participan:

-La diputada Ruth Salinas Reyes, de MC

-La diputada Margarita García García, del PT

-La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del PES

-La diputada Sonia Rocha Acosta, del PAN

-El diputado Francisco Javier Borrego Adame, de Morena

Aprobado, comuníquese

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A GARANTIZAR LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES

La diputada Ximena Puente de la Mora, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres

Se considera de urgente de resolución

Para referirse a la proposición, hacen uso de la palabra:

-La diputada Beatriz Manrique Guevara, del PVEM

-La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD

-La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de MC

-La diputada Maricruz Roblero Gordillo, del PT

-La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del PES

-La diputada Frinne Azuara Yarzabal, del PRI

-La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del PAN

-La diputada Lorena Cuéllar Cisneros, de Morena

Aprobado, comuníquese

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 2 DE OCTUBRE DE 1968, EN TLATELOLCO

Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para realizar una Sesión Solemne en conmemoración del 50 Aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco. Aprobado, comuníquese

EXHORTO A LAS AUTORIDADES A DESTINAR RECURSOS PARA DAMNIFICADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017

Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017

Para referirse al acuerdo, hacen uso de la palabra:

-El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del PES, desde la curul, quien solicita se incluyan todos los estados que se vieron afectados por los sismos, lo cual se acepta

-El diputado Benito Medina Herrera, del PRI

-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT

-La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, del PAN

-El diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena

-La diputada María Rosete Sánchez, del PES

-La diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena

Aprobado, comuníquese

CONDENA LA VIOLENCIA POLÍTICA Y EL ATENTADO SUFRIDO POR EL ALCALDE ELECTO EN GÓMEZ FARÍAS, CHIHUAHUA

Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que condena la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez Ortega y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento

Para referirse al acuerdo, hacen uso de la voz, desde la curul:

-La diputada Patricia Terrazas Baca, del PAN

-El diputado Ulises García Soto, de Morena

-El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena

-El diputado Alan Jesús Falomir Saenz, de MC

Aprobado, comuníquese

RELATIVO A LAS NORMAS DE LEGALIDAD, ÉTICA Y RESPETO PARLAMENTARIO

Se da cuenta con la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario

Para referirse al acuerdo, interviene:

-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la curul

COMUNICACIÓN OFICIAL

Se recibió comunicación del diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por la que informa la integración de la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, a ese grupo parlamentario. De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios

INTERVENCIONES DE DIPUTADO Y DIPUTADA

SOLIDARIDAD CON JÓVENES ACTIVISTAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena, desde la curul

APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DE COAHUILA, QUE HAN SUFRIDO DAÑOS POR LAS LLUVIAS

La diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena, desde la curul



Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo



ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Informo a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:04 horas): Se abre la sesión. Invito a las señoras diputadas y diputados a que tomen sus asientos. La ley es clara en el sentido de que esta sesión comienza a las once en punto.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de septiembre de 2018

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero a junio de 2018.

Remite el sexto informe de labores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores.

Remite el Reporte de los Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018 y así como la información específica que lo sustenta.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Para realizar una Sesión Solemne en conmemoración del 50 Aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

Relativo a la civilidad y respeto entre los integrantes de la Cámara de Diputados.

Relativo a los sismos de septiembre de 2017.

Relativo a la violencia en el estado de Chihuahua.

Iniciativas

Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de niñez y adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de los Derechos de los Jóvenes, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Daniel Gutierrez Gutierrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que abroga la Ley de Seguridad Interior, a cargo de la diputada Ana Lucia Riojas Martínez.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o. y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales egresados de universidades públicas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del matrimonio entre personas menores de dieciocho años, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 212 del Código Penal Federal y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de análisis de la Cuenta Pública, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga el inciso D), fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que abroga la Ley de Seguridad Interior, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 36 y 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 66, 74 y 74 Bis de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional, a cargo del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo y a su equipo de transición, que no incremente la edad de 65 a 68 años para ser beneficiario del Programa de Pensión para Adultos Mayores y se garantice la pensión universal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones de turno a comisión

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al encargado de despacho de la PGR, a que informe de manera pública y abierta al pueblo de México sobre el proceso penal y exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a conducirse con apego a los principios establecidos en la Ley, en aras de garantizar el Estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, informe el estado que guarda la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, por la que han sido afectadas diversas comunidades en la salud de sus habitantes y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, a cargo del diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Sonora, a difundir un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión, a que se visibilice a las juventudes en la Legislación Nacional, suscrito por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX y al Sistema de Aguas, a realizar una evaluación externa del programa "operativo de lluvias", suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de la seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos), suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que, en coordinación con la PGR, implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo al gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, suscrito por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CRE, para que revisen las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán; asimismo al Cenagas, a impulsar la construcción de la infraestructura necesaria, a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a difundir un informe detallado de la ayuda proporcionada a los damnificados y deudos del terremoto del pasado 7 de septiembre de 2017 y a señalar los planes de reconstrucción y reactivación económica en las regiones afectadas, a cargo del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la paridad de género tanto en las presidencias de las Comisiones como en la integración de las mismas, suscrito por diputadas integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la reincorporación del inmueble federal denominado "Parque Bicentenario 2010" a la SEMARNAT y se solicita su no privatización, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio en vía pública en sus diferentes formas y condiciones de trabajo y cesen las acciones de violencia de las autoridades en contra de los trabajadores de este sector, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a difundir la información respecto a la atención brindada a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes deportados a México, en materia de equivalencia o revalidación de estudios, suscrito por la diputada Maribel Martínez Ruíz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año 2017, suscrito por el diputado Juan Enrique Farrera Esponda y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al INAH, para que implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al Congreso local del mismo, a detener y revertir la privatización del patrimonio de dicha entidad, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a garantizar la libertad sindical en los procesos de renovación de las dirigencias del Sindicato Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de la Comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción y estudios geológicos de suelo y a los avances y resultados de la entrega de recursos del Fonden a los municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a emitir credenciales inmediatas y temporales a los migrantes repatriados, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en dicha entidad, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al INEE, a suspender la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo relativo a los procesos de evaluación del desempeño, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige, a cargo del diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la “Fabricación de Culpables” en México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a los feminicidios en el Estado de México, suscrito por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a emitir una estampilla postal, a expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa con motivo de “los 500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz”, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los Organismos Públicos Locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electoral de las mujeres, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur, a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora del instituto sudcaliforniano de las mujeres, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero, para que den cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la aprobación por parte del Congreso del estado de Puebla de los proyectos políticos y administrativos del Ejecutivo Estatal, así como del respaldo a la pérdida del patrimonio del Estado y al daño al medio ambiente de la Ciudad de Puebla, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la turne para su aprobación por el Senado de la República, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado Veracruz de Ignacio de la Llave, para que desarrolle, instrumente y ejecute una nueva política de seguridad pública estatal; y a la fiscalía general del estado para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, a la celebración de una Sesión Solemne con motivo del 50 Aniversario de los Caídos en lucha por la Democracia en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, suscrito por los diputados Dolores Padierna Luna y Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, a acordar a la brevedad la integración de los Diputados y Senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, suscrito por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del estado de Oaxaca, para que informe a la opinión pública sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a la Segob, a atender la problemática en la Autopista del Sol, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente de origen chino, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a las actividades que promueven la unidad familiar en las fronteras y el territorio mexicano, en el marco del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones, suscrito por los diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México y a la Directiva en turno, a permitir que los procesos para la elección de los órganos de dirección del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México sean libres y democráticos, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la PGR, a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los Derechos Ambientales Sergio Rivera Hernández, así como a realizar todas las acciones necesarias para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a revertir la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del folio real electrónico 0012747-1, e impedir la desincorporación a favor de la misma, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a abstenerse de aumentar las tarifas por el uso de las carreteras, caminos y puentes federales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efeméride

Reflexión con motivo del 10 de septiembre, Día Internacional de Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Honorable asamblea, esta Presidencia informa que, por acuerdo de la Mesa Directiva adoptado en la reunión de hoy, cuando un legislador requiera el uso de la palabra le será permitido si su intervención se refiere exclusivamente al tema que se está abordando, particularmente en el caso de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior, en caso de no ser así, se registrará la petición y podrá obsequiarse al final de la sesión.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de septiembre de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con tres minutos del jueves seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y se somete a discusión.

Se concede el uso de la voz al diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, para referirse al acta de la sesión anterior. La Presidencia hace aclaraciones e instruye se inserten sus expresiones en el Diario de Debates.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Sergio Mayer Bretón, Juan Carlos Loera de la Rosa, ambos de Morena; Lilia Villafuerte Zavala, del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional. La Presidencia hace aclaraciones e instruye se inserten sus intervenciones en el Diario de los Debates.

No habiendo oradores para su discusión, en votación económica se aprueba el acta.

Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura al oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el que notifica la declaratoria de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado.

En consecuencia, la Presidencia da cuenta con el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, e instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas, y de los municipios; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su difusión en las embajadas y consulados de México en el mundo, así como su distribución entre las y los ciudadanos diputados, y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite:

• El Informe Definitivo de la Evaluación de Diseño del programa presupuestario G007 "Regulación, Modernización y promoción de la actividad minera". Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

• El Informe de los Programas y Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para su conocimiento.

• El Sexto Informe de labores de la Secretaría de Gobernación. De enterado. Distribúyase a las diputadas y a los diputados; y se turna a la Comisión de Gobernación.

b) De la Cámara de Senadores, con la que:

• Comunica que se declaró legalmente constituida para la Sexagésima Cuarta Legislatura, así también la elección de su Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio. De enterado.

• Remite Oficio por el que informa la constitución de los Grupos Parlamentarios que conforman la Sexagésima Cuarta Legislatura. De enterado.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Partido Acción Nacional. La Presidencia hace aclaraciones.

• Remite Acuerdo por el que se constituye la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que funcionará durante el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. De enterado.

• Remite iniciativas con proyecto de decreto de senadores integrantes:

– Por el que se reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Por el que se reforma la fracción primera, inciso D), numeral uno, sub incisos a, b y c; y el numeral dos del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Por el que se reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de Movimiento Ciudadano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidencia informa que el ciudadano Roger Hervé Aguilar Pérez, diputado federal electo de Morena, falleció el pasado cinco de septiembre, e invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos de violencia suscitados el pasado tres de septiembre del presente año en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura al Acuerdo, y se concede el uso de la palabra para referirse al tema a las diputadas y los diputados: Marco Antonio Gómez Alcántara, del Partido Verde Ecologista de México; Frida Alejandra Esparza Márquez, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veinticinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ochenta y nueve diputadas y diputados.

Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano quien presenta una modificación al Acuerdo; Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; Ricardo de la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social; Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional; y Brenda Espinoza López, de Morena, quien pide a la Presidencia un minuto de silencio en memoria de la ciudadana Miranda Mendoza Flores, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Presidencia hace aclaraciones y concede dicha solicitud. No habiendo más oradores registrados en votación económica se aprueba el Acuerdo con la modificación propuesta. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realiza comentarios la diputada y los diputados: Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano; Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo; Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena; Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Rosalinda Domínguez Flores, de Morena; y Emmanuel Reyes Carmona, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia hace aclaraciones e instruye se inserten sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Gabriela Cuevas Barron, de Morena, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• José Rigoberto Mares Aguilar, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría de los Dolores Padierna Luna

• Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona los artículos primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta y segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Leticia Arllet Aguilar Molina, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.

• María Libier González Anaya, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María Guadalupe Almaguer Pardo, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Leticia Mariana Gómez Ordaz, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día, es el Análisis del Sexto Informe de Gobierno en Materia de Política Social. En la primera ronda intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista de México; Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática; Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social; Cynthia Iliana López Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional; y Abelina López Rodríguez, de Morena.

Presidencia del diputadoMarco Antonio Adame Castillo

En la segunda ronda intervienen las diputadas y los diputados: Roberto Antonio Rubio Montejo, del Partido Verde Ecologista de México; Mónica Almeida López, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Femat Bañuelos, del Partido del Trabajo; Elba Lorena Torres Díaz, del Partido Encuentro Social; Anilú Ingram Vallines, del Partido Revolucionario Institucional; Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del Partido Acción Nacional; y Bonifacio Aguilar Linda, de Morena. En la tercera ronda intervienen las diputadas y los diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; Teófilo Manuel García Corpus, del Partido de la Revolución Democrática; Dulce María Méndez de la Luz, de Movimiento Ciudadano; Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; Nayeli Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro Social; Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional; Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional; Hugo Rafael Ruiz Lustre, de Morena. De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Presidencia de la diputadaMaría de los Dolores Padierna Luna

Se da cuenta con oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que se comunica la designación de los diputados Marco Antonio Gómez Alcantar, Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros, propietario y dos suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicaciones del diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por las que comunica la integración a este Grupo Parlamentario de los diputados Jesús Fernando García Hernández, Luis Enrique Martínez Ventura y Armando Zertuche Zuani. De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas y los diputados: Flora Tania Cruz Santos; Azael Santiago Chepi, ambos de Morena; Ismael Alfredo Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional; Irma Juan Carlos, de Morena; María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia hace aclaraciones, e instruye que sus intervenciones se inserten en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, la Presidencia cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar martes once de septiembre de dos mil dieciocho, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con veintisiete minutos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta. Dispensada la lectura y aprobada el acta. Se tiene por aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la...

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto?

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Sobre el acta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, fue claro que, si no había observaciones al acta, se seguiría la sesión. Usted puede hacer uso de la palabra, si tiene una observación sobre el acta, hágala saber. A ver.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias. Primero acabo de votar la dispensa de lectura, señor, no el acta, eh.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí hubo una condición.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Acabo de votar la dispensa de lectura. Pero observación al acta, en la sesión anterior le supliqué que se incluyera en el acta de la sesión anterior, el cómputo de cómo se habían integrado los grupos, usted lo obsequió, así está el audio y la versión estenográfica.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así es.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Sin embargo, el acta dice que, no va a constar en el acta como usted lo obsequió, sino en el Diario de los Debates. Esa precisión es la que se tiene que corregir en esta acta, porque no era para constancia en el Diario de los Debates, sino en el acta, como usted lo cantó.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, se dio canto. Por favor, mándelo por escrito para procesarlo. Muchas gracias, señor diputado.



MINUTO DE SILENCIO

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señor diputado? Audio.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): Para que en el momento procesal que usted indique, diputado presidente, guardar un minuto de silencio del presidente que ganó por la vía electoral, por la vía democrática, el presidente Salvador Allende. En varios Congresos a nivel mundial el día de hoy lo han obsequiado, y espero que el Congreso, la Cámara de Diputados tome a bien el minuto de silencio del presidente Salvador Allende. Es cuanto, diputado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: He consultado con la Mesa y vamos a obsequiar su petición, señor diputado. Hoy es 11 de septiembre, lo habíamos olvidado. Si quieren ponerse de pie si están de acuerdo.

(Minuto de silencio)



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 113. 2018. DGVP. 299 el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, durante el periodo enero a junio de 2018.

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, se establece que es atribución del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores económicos y las regiones en las que ésta se ubica.

Por lo anterior, respetuosamente me permite enviar a usted tres ejemplares del Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo de enero a junio de 2018, para que por su amable conducto sea remitido al honorable Congreso de la Unión.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2018.— Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Economía, y de Hacienda, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos oficios con los que remite el sexto informe de labores de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos remos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente a los integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudios y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente, también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Distribúyase a las diputadas y diputados, y túrnese a las comisiones correspondientes.

———————— o ————————

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el último párrafo del artículo 42 y 56 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.-III.-088/2018 la maestra Jimena Isabel Ortiz Díaz, titular de la Unidad de Apoyo Técnico del secretario de Hacienda y Crédito Público, envía el reporte de los Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondientes al segundo trimestre de 2018, así como la información específica que lo sustenta.

Por lo anterior, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, una vez que esté integrada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a lo dispuesto en los artículos 42 y 56 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, me permito anexar copio del oficio número 351-A-UCEF-047, de fecha 31 de agosto del presente año, a través del cual el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, José Manuel Lotfe Soto, envía el reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondientes al segundo trimestre de 2018, así como la información específica que lo sustenta (anexo único).

Lo anterior, con la atenta solicitud de que se haga llegar a la comisión legislativa bicamaral, el reporte de referencia.

Aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2018.— Jimena Isabel Ortiz Díaz (rúbrica), titular de la Unidad de Apoyo Técnico.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión Bicamaral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, para su conocimiento.



MENSAJE POR EL FALLECIMIENTO DEL EX DIPUTADO JAVIER USABIAGA ARROYO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El pasado domingo de septiembre falleció Javier Usabiaga Arroyo, legislador y servidor público. Fue diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. También se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, entre los años 2000 y 2005.

Esta Cámara transmite las condolencias a su familia y en reconocimiento... como diputado federal, les ruego enviar sus condolencias por acuerdo expreso de esta asamblea. Si no hay inconveniente así procederé.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por 10 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Manuel Rodríguez González. No estando presente en el salón... No te preocupes.

El diputado Manuel Rodríguez González: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que sea insertado el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado primero de julio, y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados de Morena que impulsamos este proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público.

Cabe precisar que, el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y en las leyes. Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo, efectivamente, al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos.

En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno, como un criterio rector del servicio público.

Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En Morena tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios políticos y éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano de Benito Juárez.

Es destacable el ejemplo de la Ciudad de México, que expidió la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003. Dicha Ley estableció economías y reducciones al costo del gobierno con pautas generales de austeridad, similares a la que en este instrumento proponemos.

El contenido básico de la Ley de Austeridad se basa en incorporar, como principio de la administración y eje estratégico del gasto público, la austeridad como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, el cual comprende la reducción de los altos salarios y privilegios de los servidores públicos de los Poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerán las directrices enunciadas en esta ley.

La incorporación de todos los servidores públicos a los sistemas de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

Evitar el crecimiento de la burocracia. El Estado aprovechará al máximo las capacidades de las plazas, las cuales deberán estar plenamente justificadas en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

Restringir en los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública. Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuir al mínimo necesario la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.

Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia deberá establecer las reglas relativas a contenido y fines de la propaganda oficial.

Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero en cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.

Además, se establecerán reglas para establecer un tope a los gastos de hospedaje y alimentación de servidor público o comisionado.

Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

Establecer la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país.

Determinar que no se podrán constituir fideicomisos ni fondos, mandato o análogos públicos o privados ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto suscrito por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 77, numeral 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con el proyecto que se entrega. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 77, numeral 3, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno.

La conducción del proceso de transformación democrática cuyos cimientos estamos preparando, pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público y corresponderá, una vez en funciones, al Presidente López Obrador, encabezar los esfuerzos para dignificar la función pública hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo. Por nuestra parte, promovemos mediante este instrumento la generación del andamiaje jurídico que soporte este proceso de cambios trascendentes.

La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular.

Cabe precisar que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta Ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes. Todo lo contrario, el propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos.

En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza, ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios; situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio de los recursos públicos.

Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes.

Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a adoptar principios estrictos de austeridad.

En Morena tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios políticos y éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano de Benito Juárez.

Establecer la austeridad de Estado se funda en la necesidad de canalizar los recursos presupuestales, que hoy se malgastan, a las decisiones sociales fundamentales que impulsen el desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan.

Un país con altos índices de pobreza como México, no puede dilapidar sus recursos económicos en la alta burocracia, llena de prebendas y privilegios, por lo tanto, debemos poner un alto a esta práctica que denigra la función pública.

En este sentido es destacable el ejemplo de la Ciudad de México, que expidió la Ley de Austeridad para el gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003. Dicha ley estableció economías y reducciones al costo del gobierno con pautas generales de austeridad, similares a las que en este instrumento proponemos.

Conforme a lo anterior, la austeridad, como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz comprende:

• La reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerá las directrices enunciadas en esta ley.

• La incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

• Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. De este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

• Restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

• Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

• Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia, deberá establecer las reglas relativas al contenido y fines de la propaganda oficial.

• Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.

• Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

• Se establece la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país.

• Se establece que no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se expide la Ley de Austeridad Republicana, para quedar como sigue:

Ley de Austeridad Republicana

Artículo 1o. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la Nación, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Los organismos públicos a los que la Constitución otorga autonomía coadyuvarán, en su ámbito de competencia, al cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes aplicables.

Artículo 2o. Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la responsabilidad que éstos entrañen.

Artículo 3o. Todos los servidores públicos de la federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.

Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley.

También quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo federal, salvo por lo que toca a la correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 4o. Durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni se aumentarán sus dotaciones.

La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podrán ser diversas a las establecidas para los servidores públicos con iguales o similares responsabilidades. Los contratos garantizarán los derechos en materia de seguridad social y el respectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Artículo 5o. Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta.

El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos.

Artículo 6o. Los vehículos solo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las autoridades competentes.

Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales.

Artículo 7o. El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos federales, se sujetará a los montos máximos que para el efecto fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria.

Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En cualquier caso, la difusión de propaganda oficial por parte de los entes públicos federales en radio y televisión deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Únicamente cuando éstos no estén disponibles o sean insuficientes, procederá la aplicación de gasto en tiempos comerciales, conforme a lo establecido en la ley de la materia.

La difusión de propaganda oficial por parte del Poder Ejecutivo federal deberá realizarse por conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 8o. Sólo se autorizarán, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios.

Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.

Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, los cuales siempre se ajustarán a criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad.

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos, dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será público.

Artículo 9o. En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de los entes públicos, que se llevará a cabo de manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones con relación a precio, calidad y oportunidad.

Artículo 10. En adición a las previsiones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.

Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fidecomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización.

Artículo 11. Los Poderes Legislativo y Judicial de la federación, así como los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 12. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones administrativas generales para que los principios del artículo 134 y los de austeridad republicana que contempla esta Ley tengan la debida observancia y para que se apliquen a otros conceptos o partidas, de gasto, siempre que permitan un mejor cumplimiento de las metas y funciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 13. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente decreto emitirá las disposiciones administrativas generales a que se refiere el artículo 12 y los entes públicos obligados adecuarán sus presupuestos, dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la emisión anterior, para el adecuado cumplimiento de esta ley.

Tercero: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Manuel Rodríguez González,Diputados: Abelina López Rodríguez, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Agustín García Rubio, Agustín Reynaldo Huerta González, Aleida Alavez Ruiz, Alejandro Viedma Velázquez, Alfredo Vázquez Vázquez, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Anita Sánchez Castro, Araceli Ocampo Manzanares, Armando Contreras Castillo, Arturo Roberto Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Bonifacio Aguilar Linda, Carlos Enrique Martínez Aké, Carlos Sánchez Barrios, Carmen Mora García, Carmen Patricia Palma Olvera, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Carol Antonio Altamirano, Casimiro Zamora Valdéz, César Agustín Hernández Pérez, Cipriano Charrez Pedraza, Claudia López Rayón, Claudia Tello Espinosa, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, David Orihuela Nava, Delfino López Aparicio, Dolores Padierna Luna, Dorheny García Cayetano, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edgar Guzmán Valdéz, Edith García Rosales, Eleuterio Arrieta Sánchez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Esteban Barajas Barajas, Estela Núñez Alvarez, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Feliciano Flores Anguiano, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Fortunato Rivera Castillo, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Gabriela Cuevas Barron, Gonzalo Herrera Pérez, Graciela Sánchez Ortiz, Graciela Zavaleta Sánchez, Gregorio Efraín Espadas Méndez, Gustavo Contreras Montes, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Hilda Patricia Ortega Nájera, Hirepan Maya Martínez, Horacio Duarte Olivares, Humberto Pedrero Moreno, Idalia Reyes Miguel, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Indira Vizcaíno Silva, Irineo Molina Espinoza, Irineo Molina Espinoza, Irma Juan Carlos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Jesús Fernando García Hernández, Jesús Salvador Minor Mora, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis Elorza Flores, José Luis García Duque, José Ricardo Delsol Estrada, Juan Angel Bautista Bravo, Juan Carlos Loera de la Rosa, Juan Enrique Farrera Esponda, Juan Israel Ramos Ruiz, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Juana Carrillo Luna, Juanita Guerra Mena, Julieta García Zepeda, Julio César Ángeles Mendoza, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Katia Alejandra Castillo Lozano, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Imelda Pérez Segura, Laura Patricia Avalos Magaña, Leticia Díaz Aguilar, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lizeth Sánchez García, Lorena Cuéllar Cisneros, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lorena Villavicencio Ayala, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucía Flores Olivo, Lucinda Sandoval Soberanes, Lucio de Jesús Jiménez, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Ma. de Jesús García Guardado, Manuel Gómez Ventura, Manuel Huerta Martínez, Manuel López Castillo, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Marco Antonio Andrade Zavala, Marco Antonio Carbajal Miranda, Marco Antonio González Reyes, Marco Antonio Medina Pérez, María Beatriz López Chávez, María Bertha Espinoza Segura, María Chávez Pérez, María de los Ángeles Huerta del Río, Maria del Carmen Bautista Peláez, María del Rosario Merlín García, Maria Esther Mejía Cruz, María Eugenia Hernández Pérez, María Geraldine Ponce Méndez, María Guadalupe Román Ávila, María Guillermina Alvarado Moreno, María Isabel Alfaro Morales, María Luisa Veloz Silva, María Marivel Solís Barrera, María Teresa López Pérez, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, María Wendy Briceño Zuloaga, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Delgado Carrillo, Martha Olivia García Vidaña, Martha Robles Ortiz, Maximiliano Ruiz Arias, Maximino Alejandro Candelaria, Merary Villegas Sánchez, Miguel Ángel Chico Herrera, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Miguel Ángel Márquez González, Mildred Concepción Avila Vera, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Miroslava Carrillo Martínez, Miroslava Sánchez Galván, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Pablo Gómez Álvarez, Paola Tenorio Adame, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rafael Hernández Villalpando, Raquel Bonilla Herrera, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ricardo Francisco Exsome Zapata, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rodrigo Calderón Salas, Roque Luis Rabelo Velasco, Rosalba Valencia Cruz, Rosalinda Domínguez Flores, Rubén Cayetano García, Rubén Terán Águila, Samuel Herrera Chávez, Sandra Paola González Castañeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Sebastián Aguilera Brenes, Sergio Mayer Bretón, Sergio Pérez Hernández, Socorro Bahena Jiménez, Socorro Irma Andazola Gómez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Susana Cano González, Teresa Burelo Cortazar, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Ulises García Soto, Ulises Murguía Soto, Valentín Reyes López, Verónica Ramos Cruz, Víctor Adolfo Mojica Wences, Víctor Blas López, Víctor Gabriel Varela López, Virginia Merino García, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Yolanda Guerrero Barrera, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado. Túrnese...

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Permítame, estoy dando turno, compañero diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. ¿Con qué objeto, diputado Antonio Ortega?

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADA



ACUERDO APROBADO POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A DIVERSAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, diputado Antonio Ortega?

El diputado Antonio Ortega Martínez(desde la curul): Para hacer un comentario sobre la propuesta y el acuerdo de la Junta sobre la austeridad.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, se está... Perdóneme, diputado, se está presentando proyecto de iniciativa y se está mandando a comisiones. No es el momento para el debate, procesalmente. Gracias, diputado.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Una pregunta, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No, por favor. ¿Sobre qué?

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Solo le quiero hacer una pregunta a usted.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿A mí? Con mucho gusto le respondo. Dígame.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): La pregunta, presidente. ¿Se va a tratar en el pleno el acuerdo de la Junta sobre la austeridad?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No está programada su disposición.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): No está programada.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No. Se discutió ayer, gracias, en la Junta.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sobre ese mismo punto. Está programada la presentación del tema, como bien lo dice usted, no la discusión. Sin embargo, yo quisiera pedir al diputado Mario Delgado, con todo respeto y camaradería, que no declare cosas que esta soberanía no ha aprobado.

Me parece una falta de respeto a los 500 diputados y diputadas que salga a declarar lo que aún no se ha discutido, y mucho menos aprobado. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero no sustituye a esta soberanía, de ninguna manera.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es un acuerdo de la Junta, señor diputado y no está en el orden del día, precisamente porque no ha sido agendado por la Mesa.

El diputado Mario Delgado Carrillo(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para alusiones y aclaraciones al diputado Fernández Noroña.

Mis declaraciones han sido exclusivamente en el sentido del acuerdo de austeridad que se aprobó ayer por unanimidad en la Junta de Coordinación Política, respecto de un compromiso que se había hecho aquí, de cancelar el seguro de gastos médicos, el seguro de retiro, el fondo de ahorro, la cancelación de automóviles, vales de alimentos, vales de gasolina para diputados y un ejercicio de austeridad en materiales y suministros en toda esta Cámara que da un total de 409 millones de pesos.

Y aprovecho para expresar mi reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por haber accedido a tener estas medidas de austeridad que implican directamente las remuneraciones de todas y todos los diputados y también el gasto de esta Cámara. Mi reconocimiento a todas y todos ustedes. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Se recibe su aclaración.

El diputado Antonio Ortega Martínez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sonido.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente, después de escuchar al diputado Delgado, la respuesta a la alusión que fue exactamente la crítica que Noroña le está haciendo, creo que usted debería abrir un punto para tratar el acuerdo de la Junta y conocer todos los diputados lo que se decidió ahí y que pudiéramos hacer comentarios. Yo creo que este es el mejor momento para poder hacerlo. Le sugiero que en este momento me anote en la lista, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿En la lista de qué?

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente, es que si...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me permite contestarle. Estoy preguntado, con todo respeto.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Usted no aceptó que yo hiciera comentarios al acuerdo de la Junta, pero sí le permitió al diputado Delgado —no lo interrumpió para nada— la larguísima intervención aclarando en qué consistieron los acuerdos de ayer. Me parece que usted no está jugando con absoluta limpieza para todos, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ni juego y sí soy equitativo. No sabía qué tema iba a tratar el diputado Delgado. El asunto no está en el orden del día. Es una decisión de Jucopo.

El diputado Jesús Guzmán Avilés(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado Jesús Guzmán, del PAN.

El diputado Jesús Guzmán Avilés (desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Yo opino que en los ahorros que se van a tener en la Cámara de Diputados no se vayan a la Tesofe. Que busquemos un consenso entre todos los diputados y se vaya a zonas indígenas o zonas de reconstrucción que tanto lo necesitan, en lugar de que se vaya y se pierda en la Tesofe y nadie sepa en qué se van a ocupar los recursos que se están ahorrando de esta legislatura que ya tiene presupuestado ese dinero.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sobre acuerdos de la Jucopo que no son de nuestra competencia, me permitiría sugerirle a la Jucopo que nos mande esta decisión para incluirla en el orden del día. Muchas gracias. Si no, aquí se vuelve a repetir un debate que ya hubo allá.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto. Por favor, diputado. Sonido para el diputado Fernández Noroña. No hay audio para el diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ya. Muchas gracias, diputado presidente. Yo hice una alusión al diputado Mario Delgado y quiero primero ratificar mi apoyo a la decisión, no tengo problema en ello. Es una iniciativa que el compañero presidente electo ha promovido y que nosotros respaldamos a cabalidad.

Me parece que debería la Junta de Coordinación Política asumir que somos pares y que se debe traer a la discusión de este pleno, porque yo comparto lo del diputado que me antecedió, que es un despropósito enviarlo a la tesorería porque eso permite que el actual presidente de la República gaste ese dinero discrecionalmente. Es un ahorro que es dinero bueno tirado al malo.

Yo creo que nosotros deberíamos en esta soberanía decidir si se usa en apoyo a los damnificados, si se usa a comunidades indígenas, si se usa a universidades públicas, si se usa de qué mejor manera, y por lo tanto me sumo a su propuesta. Usted tiene razón de que no está en el orden del día, y me sumo a su petición de que a Junta de Coordinación programe la inclusión de este punto en el orden del día.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Consultado la Secretaría, es ese el procedimiento legal y reglamentario. Jucopo tiene que enviar por acuerdo de sus miembros, inscribirlo en el orden del día. Muchas gracias a todos. Sigue. Tiene la palabra por... Marcela Torres Peimbert ¿con qué objeto? Ah, perdón. Así estoy dando la palabra. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marcela Torres Peimbert...

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, secretariado, sonido para el señor diputado.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Presidente, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento de las Cámaras, de ambas, la decisión de la Mesa Directiva sobre cualquier tema, y la decisión de la Junta de Coordinación Política también sobre cualquier tema, siempre quedaran sujetas a la decisión del pleno, aun cuando sean acuerdos administrativos.

No estamos en contra de lo que se ha decidido, así lo aprobó nuestro coordinador. Pero el artículo 34 de la Ley Orgánica obliga a la Junta de Coordinación a hacer dos presentaciones: una a la Mesa Directiva y la otra al pleno. Y esa presentación no es solo para conocimiento.

Si algún diputado tiene alguna duda, si algún diputado quiere debatir el tema, se debe de poner a consideración del pleno, y creo que la discusión en este momento no es la cantidad de ahorro que vamos a dar, la discusión es a dónde va a ir a parar ese dinero.

Tenemos muy malas experiencias con algunos fideicomisos que han manejado algunos grupos, algunos partidos que hoy son mayoría.

Por eso queremos hacer un planteamiento muy concreto, y sí en el orden del día viene la presentación de este acuerdo de austeridad y sí le plantearía la posibilidad que se abriera a debate para discutir, no cuánto podemos ahorrar, sino a dónde vamos a destinar y cómo se va a supervisar cada uno de esos pesos, para que no haga mal uso ni el presidente actual, ni el presidente que viene.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señores. Creo que tiene usted mucha razón, pero no está en el orden del día para debate. Hay una petición general —creo— que Jucopo la presente aquí. Nosotros... Perdón, permítame, permítame hablar, estoy en el uso de la palabra. ¿Cómo? ¿Quién es usted, perdón? Ya no está en el orden del día. Vamos a resolverlo, hay un órgano de la Cámara, una lectura, el Reglamento lo permitiría, un mecanismo llamado Conferencia, en donde estos temas se tratan entre la Presidencia y la Jucopo. No está en el orden del día. Seguimos con las iniciativas.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De nuevo, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Permítame. Le tengo que dar la palabra a los oradores. Cuando usted me la pida, diputado Pablo Gómez. No, me la ha pedido otro. No, sí, claro que se la voy a dar. ¿Cómo?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): ¿En qué punto...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estoy en iniciativa. Estoy obsequiando... Preocupaciones. Muchas gracias por la muy buena opinión.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba(desde la curul): Señor presidente, primero agradecerle muchísimo su generosidad. Y comentarle un tema que en esencia me preocupa adicionalmente. No se puede ahorrar un gasto que puede venir de deuda...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga, perdóneme, no está a discusión si se ahorra o no se ahorra. Presente usted una iniciativa, por favor. Seguimos con el orden del día. No está a discusión la iniciativa.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Puede no ser ahorro, presidente. Gracias.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marcela Torres Peimbert, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Marcela Torres Peimbert:Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, diputadas y diputados de esta honorable Cámara. La arquitectura parlamentaria en el mundo es sin duda un reflejo de la idea que se tiene de la representación democrática en los distintos países. Recintos como el Órgano Federal Supremo Legislativo, de la República Federal Alemana, reflejan la idiosincrasia del pueblo alemán respecto a cómo debe ser el Poder Legislativo, tanto en su arquitectura como en su actuar.

En ese sentido, el edificio que alberga a este Poder cuenta con una cúpula de cristal por donde las ciudadanas y ciudadanos pueden caminar libremente y observar desde arriba, no solo el desarrollo de todas las sesiones, sino el cómo se adoptan las decisiones en la misma.

En México sucede lo contrario. Y me refiero tanto a la arquitectura como al quehacer de las Cámaras. Aquí tenemos recintos legislativos rodeados por cercas tipo búnker, inaccesibles a la ciudadanía, y donde las decisiones se toman de la misma manera; a puerta cerrada en grupos cupulares.

Muy a pesar de nuestra arquitectura parlamentaria y las prácticas que en estas Cámaras se han realizado durante décadas, podemos hacer algo por acercar a las ciudadanas y ciudadanos a las tareas que aquí desempeñamos. Me refiero a volver al Poder Legislativo en un parlamento moderno, abierto, transparente, que rinda cuentas y que se legitime a través de ello.

En el marco de la adopción del gobierno abierto, como paradigma del desempeño de la gestión pública, la apertura de la toma de decisiones en el Poder Legislativo es un aspecto fundamental. Por ello, las cualidades y características básicas que definen un Parlamento Abierto se han definido en los siguientes principios:

1. Participación ciudadana y rendición de cuentas. Se promueve la participación de las personas interesadas en la integración y la toma de decisiones en las actividades legislativas. Se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, y las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos.

2. Información parlamentaria. Se publica y difunde de manera proactiva a la mayor cantidad de información relevante para las y los ciudadanos, con formatos muy sencillos, mecanismos de búsquedas simples, al acceso de cualquier persona y bases de datos en línea con actualizaciones periódicas sobre el análisis, deliberación, votaciones, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa.

3. Accesibilidad y difusión. Se asegura que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público y se promueve por canales de comunicación abiertos.

La presente iniciativa propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar en su contenido al mecanismo del Parlamento Abierto, que ha sido definido como una forma de interacción para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentaria.

Adicionalmente a lo señalado, es importante destacar que la posibilidad de reelección de diputadas y diputados consecutiva que se prevé ya en la Constitución Política implica y requiere de la clara necesidad de ofrecer a la sociedad la mayor y mejor información relativa al desempeño de las y los legisladores para la toma de decisiones y la más objetiva y pública evaluación del desempeño.

Por ello, el día de hoy es un orgullo para mí presentar ante este honorable pleno lo siguiente: iniciativa con proyecto de decreto, en virtud del cual se adiciona un título séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión.

Esta iniciativa se incorpora a algunas propuestas para actualizar la normatividad reglamentaria del Congreso General, es decir, aplicable, tanto a Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señora diputada, ¿quisiera usted concluir?

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Termino en un segundo, termino en un segundo, si me permite.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perfecto, un segundo.

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Por esa razón planteamos la creación de un Comité Bicamaral para el Parlamento Abierto, a efecto de que sea una instancia del más alto nivel, en la que se homologuen los procesos generales, así como los mecanismos de interacción con las y los ciudadanos, con la finalidad de darle operatividad práctica a dicho comité y de que sus determinaciones se proyecten en sendas Cámaras, es que proponemos que tenga una presidencia compartida por dos legisladores o legisladoras, una diputada o diputado y un senador o senadora de la República.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada, le ruego que concluya.

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Termino, concluyo en un segundo. En un segundo concluyo. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de la necesidad y de la importancia de actualizar el marco jurídico del Congreso, a efecto de que la ciudadanía cuente con mayores cauces para la participación activa de la sociedad, realización de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a la información pública, tanto del desempeño como de la gestión presupuestaria en relación con el ejercicio de las atribuciones de los diputados federales y las senadoras.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Es cuanto, muchísimas gracias, presidente.

«Iniciativa que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas y los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La democracia como forma de organización social y política ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, asumiendo en cada cambio las características que le permitan contar con mayor eficacia, funcionalidad, equilibrios y contar con equilibrios que permitan a las sociedades buscar sus ideales de una mejor forma.

Durante los últimos dos siglos, la democracia adoptó la modalidad representativa clásica como una forma que pudo conjugar la pluralidad con la posibilidad de avanzar en la toma de decisiones. La democracia representativa afloró con grandes ventajas y también con diversos defectos que debieron ser asumidos como parte de la complejidad en la configuración política de las naciones.

En la medida en que las comunidades fueron robusteciendo sus capacidades organizativas y reivindicando espacios de opinión, deliberación e incidencia, la democracia fue adoptando de manera paulatina a las instituciones de la democracia participativa.

En nuestro país dicha evolución se ha plasmado en la Constitución federal, en las constituciones estatales y en diversos ordenamientos que consagran diversos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, su ejecución y evaluación.

En los últimos años, dichos procesos se han diversificado. Nuestra época, caracterizada por el desarrollo de las tecnologías de información, exige una actualización de las formas de organización social y política, dándole pertinencia a la centralidad de la participación en diversos ámbitos de la república. Lo anterior implica abrir cauces para una mayor y mejor incidencia, comunicación y rendición de cuentas entre la sociedad y el gobierno, entre mandantes y mandatarios.

En ese contexto de evolución, la presente iniciativa propone modificar la regulación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de incorporar en su contenido al mecanismo del parlamento abierto, que ha sido definido como una forma de interacción para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.

Adicionalmente a lo señalado, es importante destacar que la posibilidad de reelección consecutiva que se prevé en la Constitución Política, implica la urgente necesidad de ofrecer a la sociedad la mayor y mejor información relativa al desempeño de los legisladores para la toma de decisiones y la más objetiva evaluación del desempeño.

En esta iniciativa se incorporan algunas propuestas previamente realizadas para actualizar la normatividad reglamentaria de la Cámara de Diputados, sin embargo, consideramos indispensable que los mecanismos del parlamento abierto se puedan implementar en ambas Cámaras. Por esa razón es que planteamos la creación de un Comité Bicameral para el Parlamento Abierto, a efecto de que sea una instancia del más alto nivel en la que se homologuen los procesos generales, así como los mecanismos de interacción. Con la finalidad de darle operatividad práctica a dicho comité y de que sus determinaciones se proyecten en ambas Cámaras, es que proponemos que tenga una presidencia compartida por dos legisladores, un diputado federal y un senador de la República.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de la necesidad y la importancia de actualizar el marco jurídico del Congreso a efecto de que la ciudadanía cuente con mayores y mejores cauces para la participación activa de la sociedad, realización de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a información pública, tanto del desempeño como de la gestión presupuestaria en relación con el ejercicio de las atribuciones de los diputados federales y senadores.

Por virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión

Artículo Único. Se adiciona un Título Séptimo, Del Mecanismo de Parlamento Abierto, para quedar como sigue:

Título Séptimo
Del Mecanismo de Parlamento Abierto

Artículo 145. El Congreso de la Unión establecerá el mecanismo de Parlamento Abierto a efecto de garantizar la evaluación permanente, la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de sus atribuciones en general y en particular de cada legislador.

Artículo 146. Para el desarrollo de mecanismos específicos, propuestas y acciones propias de Parlamento Abierto se instituye el Comité Bicameral para el Parlamento Abierto.

El Comité Bicameral para el Parlamento Abierto será la instancia de procesamiento, propuestas y acciones de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y tendrá las siguientes facultades:

I. Proponer mecanismos para la rendición de cuentas del Congreso, las Cámaras, las Comisiones, Comités y legisladores en particular;

II. Promover la eficacia tanto en la organización del trabajo y el desempeño del Poder Legislativo.

III. Proponer la adopción de mecanismos de consulta, participación y colaboración de la ciudadanía y grupos de interés en el proceso legislativo, por conducto de las comisiones legislativas de cada Cámara;

IV. Proponer activamente la publicación y divulgación de información legislativa en línea que permita a las personas interesadas conocer las responsabilidades, tareas y funciones de los legisladores y las Cámaras;

V. Proponer mecanismos para la divulgación de información relevante sobre el proceso de consulta, investigación y deliberación llevado a cabo para formular iniciativas de Ley o Dictámenes;

VI. Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en el Congreso de la Unión;

VII. Coadyuvar para que la ciudadanía tenga información comprensible de las funiciones legislativas a través de múltiples canales;

VIII. Verificar que la divulgación de la información legislativa que hagan los órganos del Congreso se realice en formatos abiertos;

IX. Promover la utilización, implementación y desarrollo de plataformas digitales y otras herramientas que permitan la interacción ciudadana con el Congreso;

X. Publicar explicaciones objetivas, claras y sencillas sobre los principales contenidos de las leyes aprobadas;

XI. Desarrollar programas de divulgación dirigidos a jóvenes y comunidades que no tengan acceso a tecnologías de información de manera sistemática y generalizada;

XII. Procurar la adopción de las medidas necesarias para garantizar que la apertura parlamentaria adopte las mejores prácticas internacionales.

XIII. Publicar la explicación sobre los principales rubros del gasto aprobado en la Ley del Presupuesto General de Egresos;

XIV. Publicar las explicaciones sobre la creación de nuevos impuestos, derechos o aprovechamientos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación;

XV. Propiciar que los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras publiquen las razones que motivan su Agendas Legislativa;

XVI. Reforzar la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones a través de los mecanismos que se aprueben por el Congreso o las Cámaras en su conjunto;

XVII. Publicar la información que reciba de los grupos de interés, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y cabilderos registrados, que sea relevante como insumo para la deliberación y el proceso legislativo de manera coordinada con las Comisiones ordinarias de cada Cámara.

XVIII. Las demás que acorde a los avances tecnológicos y las mejores prácticas internacionales resulten útiles para mejorar la participación y colaboración ciudadana en las funciones del Congreso.

En todo caso el Comité deberá desarrollar sus funciones con pleno respeto y procurando robustecer el desahogo del trabajo de las Comisiones ordinarias, conforme estas lo definan.

Artículo 146. El mecanismo y las acciones correspondientes al Parlamento Abierto serán ejecutados de manera permanente por el Comité Bicameral integrado por 16 Legisladores, 8 Diputados y 8 Senadores, electos por el pleno de cada una de las cámaras. El Comité sesionará por lo menos dos veces durante cada periodo de sesiones y una vez durante el periodo de receso.

Artículo 147. La dirección del Comité Bicameral de Parlamento Abierto corresponderá a dos copresidentes, un diputado y un senador, que durarán en su encargo tres años con la posibilidad de ser reelectos, de ser el caso. Cada copresidente podrá participar en las sesiones de las juntas de coordinación política, de su respectiva cámara, con voz pero sin voto, con la finalidad para informar sobre los trabajos del Comité Bicameral.

Ambos copresidentes deberán ser de grupos parlamentarios de partidos diversos del partido que ostente la presidencia de la Junta de Coordinación Política de sus respectivas cámaras y de partidos diversos entre sí. Contará con una Mesa Directiva con tres secretarios de cada Cámara.

Artículo 148. En los trabajos del Comité Bicameral de Parlamento Abierto se deberá contar con la participación permanente de cinco miembros de la sociedad civil, con voz pero sin voto, conforme a la convocatoria que se expida cada año.

Adicionalmente, previo acuerdo de la mesa directiva, se podrá invitar a las sesiones de dicho Comité a miembros de la sociedad civil para el tratamiento y deliberación de temas específicos.

Artículo 149. La evaluación del desempeño de los legisladores se hará del conocimiento público bajo el principio de máxima publicidad, atendiendo a indicadores objetivos cualitativos y cuantitativos, bajo el procedimiento que se apruebe por votación de dos terceras partes de cada Cámara a propuesta del Comité Bicameral.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Constitución del Comité Bicameral para el Parlamento Abierto se realizará durante el primer periodo de sesiones de la LXIV Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Marcela Torres Peimber,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Lucía Riojas Martínez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carmen Julieta Macías Rábago,Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Aviles, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Luis García Duque, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena Chávez García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas,Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Asencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verástegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



EXPIDE LA LEY FEDERAL DE IGUALDAD, PROPORCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS REMUNERACIONES PÚBLICAS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas.

La diputada Soraya Pérez Munguía:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para transformar el México que tenemos en el México que nos merecemos, las y las legisladores somos pieza fundamental.

Así de relevante es nuestra labor diaria, por eso es un honor para mí hacer uso de esta tribuna, para exponerles un tema que es trascendental para la consolidación del gobierno eficiente, transparente e incluyente que demanda nuestra sociedad.

Han transcurrido más de nueve años de análisis y debate en la arena política y no hemos logrado aprobar una ley federal cuyos principios sean la igualdad, la proporcionalidad y la transparencia de las remuneraciones públicas.

Y hoy toma más importancia que nunca, ya que la Mesa Directiva pretende el 13 de septiembre, en la próxima sesión, discutir y aprobar en fast track una iniciativa que proviene del Senado, que no solamente es vieja sino caduca en la mayoría de sus términos y principios.

Casi todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en que este es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero además es una exigencia de los servidores públicos de la federación que exigimos reglas claras y precisas para la determinación de nuestras remuneraciones.

En un escenario donde todas las fuerzas políticas nos hemos manifestado varias veces por la austeridad debemos ser congruentes y responsables en todas las decisiones que garanticen un ejercicio adecuado de los recursos públicos.

Por ello, desde nuestro grupo parlamentario insistimos nuevamente, como lo hemos hecho en distintas ocasiones, en la necesidad de discutir y aprobar con urgencia una legislación secundaria integral que haga cumplir el propósito de la reforma al artículo 127 constitucional y que finalice por fin esta larguísima omisión legislativa.

Debo destacar que esta iniciativa se inscribe en el contexto internacional dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México forma parte y que medularmente señala que los Estados miembros deben tomar medidas de prevención contra la corrupción, tomando en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, ambos, principios que están contemplados en este proyecto de iniciativa.

El principal objeto de esta ley es regular los rangos y los montos de las remuneraciones que percibimos los servidos públicos federales, estableciendo con claridad que nadie gane más que el presidente. Y he de remarcar, eso ya está establecido hoy en nuestra Constitución. Pero adicionalmente nos obligará a tomar en cuenta dos factores fundamentales.

Por un lado, que los servidores públicos dispongamos de una remuneración suficiente, que nos permita cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias. Y al mismo tiempo, que estas percepciones económicas sean congruentes con el nivel de responsabilidad que tenemos en el servicio público.

Compañeras y compañeros legisladores, dada la trascendencia de este tema, yo celebro que esta legislatura no siga postergando este tipo de discusiones, que son claves para lograr la igualdad. Pero tenemos la obligación de hacerlo con un proyecto de ley que nazca de esta legislatura, que sea de vanguardia y que esté, por lo menos, acorde al marco jurídico vigente.

No permitamos que la falta de voluntad política y la sinrazón nos impida abordar, y peor aún, aprobar un tema que es de vital trascendencia para el sector público. Y por ninguna razón posterguemos una iniciativa que mejora las condiciones laborales entre los hombres y las mujeres. ¿O nos vamos a esperar 100 años más, que es lo que estima el World Economic Forum para disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres en México?

Otro elemento diferenciador de esta propuesta es que toma en cuenta principios elementales, como son la igualdad, la racionalidad y la suficiencia presupuestal, lo que garantizará que se prevean los recursos suficientes para cubrir estas remuneraciones, algo que, desafortunadamente, no siempre pasa en las instituciones de gobierno.

Además, los funcionarios públicos tendremos mayor certeza jurídica en nuestra relación laboral y se erradicarán vicios y arbitrariedades en el salario de los trabajadores. No más discrecionalidad en la determinación de los salarios en el servicio público.

Si juntos logramos que a través de esta ley sean regulados estos tabuladores, garantizaremos mayor eficiencia en el desempeño del servicio público y contribuiremos a la consolidación de un gobierno abierto, eficiente y transparente, estableciendo sanciones para quienes no cumplan esta disposición.

El amigo del jefe ya no puede ganar más por ser amigo del jefe. Tiene que ganar más porque su desempeño y su responsabilidad lo acreditan.

En lo personal, hay un tema que me es muy importante, y lo dice alguien que ha sido servidora pública por más de 17 años. Les confieso que nunca he estado a favor de las cuotas de mujeres, pero reconozco que las cuotas son el único mecanismo que tenemos las mujeres para tener una participación activa en la vida política y pública de nuestro país. Pero no nos confundamos, esta desafortunadamente no es una iniciativa de cuotas, es la posibilidad real de disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario.

Compañeras y compañeros legisladores, quiero finalizar resaltando que con la aprobación de esta iniciativa le daremos valor a cada uno de los espacios en el servicio público, sin distinción motivada por género, por edad, por etnia, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Pero también por primera vez en la historia tendremos la posibilidad de tener un salario justo y equiparable de acuerdo a la complejidad y a la responsabilidad que nos corresponda en el servicio público. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Como es dominio público, el 24 de agosto de 2009 fue publicado el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se fincaron las bases constitucionales para imponer límites máximos a las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y que mandató a su vez que se emitiera la legislación reglamentaria correspondiente.

Segundo. Es de destacar que las reformas a los artículos 75, 115, 116, 122 y 123 tuvieron el propósito como se desprende de sus textos, de establecer la obligación para la federación, municipios, estados y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México– de incluir en sus presupuestos de egresos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional.

Tercero. En ese orden de ideas, debemos señalar que el Congreso de la Unión ha incurrido en lo que la reciente doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado “omisión legislativa”, puesto que atentos al contenido del artículo cuarto transitorio del decreto aludido en el punto primero de la parte considerativa de la presente, expresamente el Constituyente Permanente expresó:

Cuarto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor”.

Cuarto. De lo anterior se coligue que hasta el inicio de los trabajos de la presente legislatura, han transcurrido más de nueve años sin contar con la legislación secundaria que la Constitución señaló.

Quinto. Por otra parte, debemos añadir que durante los nueve años a que hemos aludido con antelación, ha habido intentos, la mayoría infructuosos, para que una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación sea aprobada por el Congreso de la Unión y llegue a ser derecho positivo vigente en nuestro orden jurídico nacional.

Sexto. Como antecedentes próximos a la iniciativa que hoy se presenta, podemos citar las siguientes, que fueron consultadas en la base de datos de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados:

a) Iniciativa de Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, en el año 2015; y la

b)Iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, suscrita por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Andrea García García, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio Pedroza Gaitán y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN, y Martha Angélica Tagle Martínez, en el año 2017.

Séptimo. Por otra parte, también conviene citar que la Cámara de Senadores aprobó una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue turnada en calidad de minuta a la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, sin embargo, a falta de consenso o voluntad política entre las fracciones parlamentarias, dicho acto legislativo no se formalizó en Ley.

Octavo. De igual manera, al hilo que nos ocupa, desde el Senado de la República se han lanzado recientemente diversas iniciativas en la materia objeto de la presente, tal y como se desprende la presentada el jueves 08 de febrero de 2018, por el Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual, tampoco se ha visto materializada como una norma positiva.

Noveno.Por otra parte, el entorno político y económico por el que atraviesa nuestro País nos obliga a entender que los recursos serán cada día más escasos, además de ser una exigencia de población que se establezca normativamente un tope a las remuneraciones de los servidores públicos de la federación.

Décimo.Así pues, los diputados de este honorable Congreso de la Unión, debemos estar conscientes del imperativo, de que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero también, debemos exigir que estas prestaciones económicas estén ligadas con las funciones que cada uno de ellos realizan en los poderes de la federación, órganos, organismos, entidades púbicas o de cualquier otra institución de distinta naturaleza, incluyendo los que cuentan con autonomía constitucional; para que sean congruentes con el trabajo que desempeñan, independientemente, de la denominación que se le dé para su pago.

Undécimo. De aprobarse la presente iniciativa por este Congreso de la Unión se definirá plenamente el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales y vinculará por igual a todos los órganos públicos, entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos constitucionales autónomos; las respectivas entidades tanto paraestatales como paramunicipales y, en general, cualquier órgano que realice funciones de gobierno en el ámbito federal.

Duodécimo. Al hilo de lo expuesto, regular mediante ley, los tabuladores que contengan las remuneraciones públicas, permitirá, por una parte, garantizar permanencia, claridad y eficiencia en la prestación del servicio público. Por la otra, dar a las instituciones públicas la confianza que la ciudadanía exige en la transparencia de la rendición de cuentas por quienes tienen la función administrativa y diseño de los planes y programas. Por ello, en esta iniciativa se establece claramente que los presupuestos deben contener los tabuladores de sueldo y demás prestaciones que se pagarán a dichos empleados públicos.

Decimotercero. Asimismo, destaca en la iniciativa de ley las sanciones administrativas y penales que se aplicarán a quienes estén obligados a su observancia no lo hagan, o traten de evadir su cumplimiento. Se busca con ello, que la aplicación de esta norma quede garantizada y que su contenido no quede como un cúmulo de letras muertas.

Decimocuarto.Que la presente Ley está compuesta por cuatro capítulos, veintidós artículos y tres transitorios. En el Capítulo Primero se precisa el objeto de la ley, así como las definiciones que como cualquier norma jurídica debe contener. El Capítulo Segundo, se establece lo relacionado al sistema de remuneraciones. El Capítulo Tercero, contiene los lineamientos para la elaboración de los tabuladores que se incluirán en los presupuestos de egresos. Las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con esta Ley, están agrupadas en el Capítulo Cuarto. Finalmente, lo relativo a la vigencia y la expedición de su reglamento, se encuentran estipulado en los artículos transitorios.

Decimoquinto. Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso de la Unión, está facultado para legislar en la materia que nos ocupa en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI y 127, respetuosamente me permito someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas

Artículo único. Se expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas, para quedar como sigue:

Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas

Capítulo Primero
Prevenciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto sentar las bases para establecer las remuneraciones de todos los servidores públicos federales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física a la que se le repute la calidad de servidor públicos en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

También es objeto de la presente Ley, sentar las bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos, mediante el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho los servidores públicos.

Artículo 2.Son sujetos de esta Ley:

I. El presidente de la República;

II. Los titulares de las Secretarías dependientes de la administración pública centralizada, así como el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo;

III. El fiscal general de la República, y todos los servidores públicos de la Fiscalía;

IV. Los diputados y senadores, así como todos los servidores públicos del Congreso de la Unión;

V. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación;

VI. Los servidores públicos de los órganos con autonomía constitucional;

VII. Los servidores públicos que desempeñen algún empleo, cargo o comisión en los fideicomisos públicos;

VIII. Los servidores públicos de instituciones, órganos y organismos autónomos, así como de los órganos y organismos descentralizados y desconcentrados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

IX. Los demás servidores públicos de la federación, cuerpos diplomáticos, entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales; y

X. En general todas aquellas personas que reciban una remuneración y/o retribución en términos de la presente ley.

Artículo 3.Además de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, enunciados en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tabuladores de las Remuneraciones de los Servidores Públicos, se tomarán en cuenta los siguientes principios:

I. Igualdad: La remuneración de los servidores Públicos se determinará sin distinción motivada por sexo, edad, etnia, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

II. Proporcionalidad: La remuneración de cada servidor público deberá ser proporcional a las responsabilidades que deriven del cargo o comisión, así como con el nivel de exigencia y complejidad del cargo, empleo o función pública.

III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, razonable y sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado público a quien se le asigne la remuneración y otros conceptos de pago; y

IV. Transparencia: Adecuada claridad, comunicación, publicidad y oportunidad sobre la gestión y asignación de los montos remunerativos, sobre el personal, y demás información pertinente sobre conceptos de pago y registros remunerativos en los términos de la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 4.Para efectos de esta Ley, se considera:

I. Categoría: El valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades, la capacidad de solución de problemas y las responsabilidades requeridas para desarrollar las funciones legales que le corresponden;

II. Entidad(es) Pública(s): Todas las vinculadas al servicio públicos y descritas en el artículo 2 de la presente Ley, y cualquier otra reconocida por la Ley o por la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cualquier otra entidad pública de naturaleza análoga.

III. Ley: Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas;

IV. Manual de Administración de Remuneraciones: Documento expedido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, y los órganos autónomos constitucional, donde se establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos que norman la integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en especie y en servicios, así como de otras percepciones de los servidores públicos.

V. Cargo o Comisión: La unidad impersonal que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;

VI. Remuneración o Retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, y compensaciones que se entrega a un servidor público por su desempeño en una entidad pública.

VII. Remuneración en efectivo: Toda cantidad que reciba un servidor público en moneda de curso legal o cualquier otro sistema de pago aceptado por el servidor público y previsto por las leyes.

VIII. Remuneración en especie: Todo beneficio que obtenga un servidor público, distinto de la remuneración en efectivo.

IX. Servidor(es) público(s): Todo persona adscrita a las entidades públicas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, así cualquier persona a la que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le repute la calidad de servidor público.

X. Tabulador:Documento formulado por las entidades públicas en el que se contengan las remuneraciones de los servidores públicos.

Artículo 5.No estarán sometidos a la presente ley las erogaciones o pagos realizados a personas con motivo de contrato de prestación de servicios personales independientes o contratos de naturaleza análoga.

Artículo 6. La interpretación de las disposiciones de la presente ley, se realizará en el ámbito de su competencia, por los Titulares de los Poderes, de los órganos autónomos, y en su caso, a través de la dependencia o unidad administrativa que aquellos determinen conforme a las disposiciones legales tengan a su cargo el control de los recursos humanos.

Capítulo Segundo
Del sistema de remuneraciones

Artículo 7.Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de acuerdo con los tabuladores de remuneraciones desglosados que se incluyan en los presupuestos de egresos que correspondan.

Artículo 8. Las entidades públicas deberán cubrir a sus servidores públicos las remuneraciones previstas en los tabuladores correspondientes elaborados conforme a lo establecido en la presente ley y el Manual de Administración de Remuneraciones respectivo.

Si durante el ejercicio que se trate, existen ajustes o incrementos derivados de condiciones generales, contratos colectivos, convenios o acuerdos con la federación, dichos aumentos pasaran a formar parte de los tabuladores aprobados.

Artículo 9. No se consideran remuneraciones, los apoyos, los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Artículo 11. La remuneración que corresponda al titular del Poder Ejecutivo federal, en ningún caso podrá ser excedida por ningún servidor público de cualquiera de las entidades públicas a que se refiere la presente Ley.

Artículo 12. La remuneración fija determinada anualmente que como límite máximo corresponda a los Titulares de los entes públicos sujetos a la presente ley, deberá estar establecida en el Tabulador previsto en el presupuesto de egresos respectivo.

Para los efectos de esta ley, se consideran titulares de las entidades públicas, los que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 13.Ningún servidor público, podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales o contratos colectivos de trabajo, derivados de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, acuerdos o convenios con otros órdenes de Gobierno o que deriven de autorizaciones expresas de Ley, la suma de estas retribuciones excedentes, no deberá superar la mitad de la remuneración establecida para el titular del Poder Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente.

Quedan exceptuadas de dicha prohibición las remuneraciones que tengan los servidores públicos provenientes del ejercicio de la docencia, la investigación, actividades científicas y culturales en entidades públicas dedicadas a tales fines, siempre y cuando dichas actividades sean compatibles con los horarios establecidos para el desarrollo de las funciones que se le otorgan con motivo del cargo o comisión dentro de las entidades públicas. De igual forma, cualquier otra que no provenga de ingresos fiscales federales ordinarios.

Artículo 14.En los términos que precisa la presente Ley, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación deberán elaborarse y presentarse las remuneraciones, así como los tabuladores que correspondan a cada empleo, cargo o comisión, debiendo especificar y diferenciar sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

Capítulo Tercero
De los tabuladores

Artículo 15.Todo tabulador determinará los rangos o niveles mínimos y máximos de los montos de las remuneraciones que deberán percibir los servidores públicos por nivel, categoría o puesto.

Dentro de estos rangos, cada ente público deberá determinar las remuneraciones de los servidores públicos, por el ejercicio de su cargo, empleo o comisión, en función de sus conocimientos, experiencia y resultados.

Artículo 16. El tabulador deberá contener como mínimo, lo siguiente:

I. Los niveles mínimos y máximos de las remuneraciones, deberán estar apegados a las bases establecidas por esta Ley. Los montos establecidos en el tabulador respectivo, serán netos.

II. Los niveles mínimos y máximos de las remuneraciones para los empleos, cargos o comisiones públicas deberán ser conformes a la actividad y responsabilidad que desempeñan.

III. Respetar las medidas de protección al salario estipuladas por la Ley.

IV. Los conceptos de remuneraciones por cargo, empleo o comisión, sin omisión alguna en su percepción neta.

V. Las remuneraciones, deberán promover y estimular el mejor desempeño y el desarrollo profesional de los servidores públicos, siempre y cuando se privilegie el total cumplimiento de las atribuciones de entidades públicas definidas en el artículo primero de esta Ley.

VI. Los señalamientos de los acuerdos celebrados con los representantes de los servidores públicos legalmente constituidos, en los que se acuerden los incrementos salariales conforme a las leyes y condiciones generales de trabajo.

VII. Igualmente deberán contener los incrementos salariales que correspondan a los servidores públicos de confianza.

Los tabuladores, a que se refiere el presente artículo, deberán presentarse por el tipo de nivel, categoría, puesto o plaza que corresponda.

Artículo 17. Las entidades públicas al elaborar el tabulador serán responsables que se incluya en los respectivos presupuestos de egresos:

I. Remuneraciones apegados a los requisitos establecidos por esta Ley;

II. Remuneraciones para los servidores públicos acordes a la actividad y responsabilidad que desempeñan y que cumplan los principios previstos en esta Ley;

III. Se privilegie el total cumplimiento de las atribuciones de las entidades públicas;

IV. Se respeten las medidas de protección al salario y derechos laborales adquiridos estipulados por la ley de la materia;

V. Se estimule el mejor desempeño y el desarrollo profesional del servidor público.

Artículo 18. Los tabuladores son de carácter público y deberán estar anexos en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, los cuales contendrán como mínimo las siguientes bases:

1. La situación financiera o presupuestal, sin descuido de los servicios públicos;

2. El grado de responsabilidad del servidor público de que se trate; y,

3. Todos aquellos datos que se requieren para la transparencia de las remuneraciones de los servidores públicos

Artículo 19.Las entidades públicas deberán garantizar en todo momento que en sus proyectos de presupuestos de egresos exista la suficiencia para cubrir las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere la presente Ley, salvo los servidores públicos que hayan sido electos mediante el voto popular, a fin de protegerlas en caso que durante el ejercicio fiscal de que se trate, existen ajustes extraordinarios a las ingresos federales.

Capítulo Cuarto
De las infracciones y delitos

Artículo 20. Los servidores públicos que violen lo dispuesto por esta Ley serán sancionados, en la esfera administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades. Lo anterior, con independencia de que se exija el resarcimiento a la Hacienda de la entidad pública de que se trate y de la responsabilidad penal que pudiera resultar.

Artículo 21.Las entidades públicas, presentarán la querella ante las autoridades competentes cuando se vea afectado en su patrimonio por daños a su hacienda pública, en el incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente ley, ello sin perjuicio de las facultades que las leyes le otorgan a la Auditoría Superior de la Federación, al ejercer sus facultades de revisión, auditoría o fiscalización.

Artículo 22.El servidor público que en razón de su cargo, empleo o comisión hubiere infringido las disposiciones de esta ley o cause daño patrimonial a la hacienda pública federal, será sancionado con tres meses a un año de prisión y multa de hasta cien unidades de medida y actualización, cuando el monto del daño acumulado no rebase el equivalente a los cien unidades de medida y actualización.

Cuando el monto acumulado rebase las cien unidades de medida y actualización, pero no exceda de mil, la sanción será de uno a tres años de prisión y multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización.

En caso de que el daño exceda de mil unidades de medida y actualización, la prisión será de tres a seis años, y multa de quinientas a cinco mil unidades de actualización.

Se considera daño patrimonial a las hacienda pública cuando los servidores públicos a que se refiere esta Ley, realicen o acepten cualquier pago por concepto de remuneración, sin que previamente estén determinados en el tabulador respectivo, o que estándolo, no haya sido aprobado. En este último caso, se considera no aprobado un tabulador cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, el presupuesto no contenga dicho tabulador.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, se deberá tomar en cuenta la antigüedad del servidor público, el monto de su salario y las condiciones particulares del sujeto.

Las sanciones establecidas en este artículo se aplicarán conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según corresponda.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los tabuladores que a la entrada en vigor del presente decreto, no se ajusten a lo establecido en la misma, deberán ser adecuados, en un término no mayor a 180 días naturales de su aplicación y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero. Las entidades señaladas en el artículo 1 de este ordenamiento, deberán proveer en la esfera administrativa todas aquellas medidas necesarias para la exacta observancia de la presente ley.

Artículo Cuarto. La presente ley, respetará a los servidores públicos los derechos que hayan adquirido con anterioridad a su entrada en vigor previsto en otras leyes o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Soraya Peréz Munguía,Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ana Priscila González García, Anilú Ingram Vallines, Carlos Pavón Campos, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Pastor Badillo, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Zarzosa Sánchez, Erika Mariana Rosas Uribe, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Francisco Javier Luévano Núñez, Frinne Azuara Yarzabal, Geraldine Isabel Herrera Vega, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jasnet Melanie Murillo Chávez, José Martín López Cisneros, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan José Canul Pérez, Karen Michel González Márquez, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Barrera Fortoul, Lilia Villafuerte Zavala, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Manuel Limón Hernández, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Hortencia Garay Cadena, Martha Hortencia Garay Cadena, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Patricia Terrazas Baca, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Ricardo Flores Suárez, Ricardo Villarreal García, Rubén Ignacio Moreira Valdez, José Salvador Rosas Quintanilla, Sarai Núñez Cerón, Verónica María Sobrado Rodríguez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Trabajo, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas. Los que estamos aquí representamos las aspiraciones, sueños e intereses de las y los mexicanos. Nuestra función legislativa tiene sentido si somos sensibles hacia las causas de los diferentes sectores de la sociedad.

Para nadie es ajeno la falta de oportunidades, la pobreza y desigualdad que han obligado a millones de jóvenes a buscar empleo para satisfacer sus necesidades básicas, e incluso para contribuir con la economía de los hogares.

Las y los menores trabajadores constituyen uno de los grupos más vulnerables de las transformaciones en la economía globalizada. Padecen con mayor crudeza la pobreza y la desigualdad que socavan su presente y quiebran sus posibilidades para tener un mejor futuro.

La problemática que presentan las y los menores de edad trabajadores en cada región del país es diversa y multifactorial, sin embargo, existen elementos comunes que les son importantes, y a nosotros será analizar y corregir desde la Cámara de Diputados.

A partir de 2015 en México se permite a las y los mayores de 15 años trabajar en el sector formal de la economía, lo cual los hace sujetos de derechos como la seguridad social y las obligaciones tributarias.

Paradójicamente, a pesar de que están plenamente registrados en el sector formal y ante el SAT, debido a su minoría de edad, no tienen el acceso al instrumento bancario por sí mismos. De ahí la presente iniciativa.

La inclusión de las y los menores de edad trabajadores en los instrumentos de nómina hoy deben ser un derecho. El instrumento deberá ofrecer la oportunidad de proteger su dinero, desarrollar una cultura financiera y gozar de los beneficios otorgados por las instituciones bancarias, pero sobre todo les reduciría el riesgo a quedar en manos de la delincuencia sobre todo los días de pago. No obstante, a pesar de su contribución económica nacional esta posibilidad se ve limitada para los y las menores de edad que trabajan.

Señores y señoras legisladores, compañeros, no podemos negar que la inclusión temprana de los adolescentes en la vida laboral debido a su condición de pobreza, constituye en sí misma un drama que reclama nuestra solidaridad y compromiso.

Las y los menores de edad que laboran necesitan certeza y seguridad jurídica para no agregarles más injusticia y más dificultades ante una realidad que, estoy plenamente convencida, los jóvenes no se merecen.

Esta realidad exige la participación tripartita: el Estado, el empleador y la propia institución bancaria. Por ello propongo reformar la Ley Federal del Trabajo y adicionar la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de establecer que los patrones deberán proporcionar facilidades necesarias y realizar las gestiones conducentes ante las instituciones bancarias para que los menores de 18 años puedan recibir su salario a través de este producto de nómina, depósito o ahorro.

En tanto que las instituciones bancarias ofrecerán un producto bancario a las características señaladas a los menores de edad, pero mayores de 15, que presten sus servicios laborales.

Por lo anterior les pido su solidaridad y manifestación favorable a esta presente iniciativa. Hacerlo es una manera de abonar un poco al interés superior de la infancia, y sobre todo, a la deuda histórica que el Estado tiene con las y los menores de edad. Es cuanto, presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto de 2018, “[..] la relevancia de la población joven dentro del contexto nacional radica no solamente en su importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares”.

En la citada publicación, se señala que, conforme a la Encuesta Intercensal 2015, el monto de la población joven de 15 a 29 años de edad ascendió a 30.6 millones, que representan 25.7 por ciento de la población a nivel nacional, de la cual 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres.

En cuanto a su estructura por edad, 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8 por ciento son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de edad.

Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 52.8 por ciento reportan escolaridad de nivel básico: 9 por ciento con primaria (6.7 por ciento completa y 2.3 por ciento incompleta), mientras que el 43.7 por ciento tienen al menos un grado de secundaria.

En México, resultados del primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que la tasa de desocupación de la población económicamente activa (PEA) de 15 y más años, es de 3.2 por ciento a nivel nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales 60.8 por ciento son hombres y 39.2 por ciento son mujeres.

Otra característica del empleo en jóvenes es la alta proporción de ocupaciones informales que absorben a esta población activa.

Datos de la misma encuesta señalan que, de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, 59.5 por ciento (poco más de 8.9 millones) labora en el sector informal.

Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven: 28.8 por ciento de las personas ocupadas en actividades informales tiene de 15 a 19 años, en tanto que sólo 8 de cada 100 personas que se ocupan en el sector formal de la economía están en este rango.

Bajo este orden de ideas, es de recordar que el 12 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma laboral que disminuyó la edad mínima para emplearse, pasando de 16 a 15 años.

La falta de oportunidades, la pobreza y la desigualdad, ha obligado a millones de jóvenes a buscar empleo para satisfacer sus necesidades básicas, e incluso, para contribuir con las de sus hogares. Desafortunadamente, la gran mayoría de ellos deja sus estudios, e incluso, debido a los problemas que enfrentan para ingresar y mantenerse en el mercado laboral formal, así como por la precariedad salarial, muchos optan por actividades informales, aunque ello implique en el presente no contar con las prestaciones de ley correspondientes que les permita enfrentar un futuro complicado sin pensión ni seguridad social.

La problemática que presentan los menores de edad trabajadores en cada región del país es diversa y multifactorial. Sin embargo, existen elementos comunes que es importante visibilizar y corregir desde esta Cámara de Diputados.

Uno de estos problemas es que los adolescentes que se ven en la necesidad de trabajar no tienen acceso a instrumentos bancarios que les permitan proteger su salario, adquirir una cultura financiera a edad temprana o gozar de los beneficios que otorgan las instituciones bancarias. De ahí la presente iniciativa, toda vez que esta falta de accesibilidad, al obligarlos a cargar con efectivo encima, pone en riesgo su integridad, seguridad y les obstaculiza el ejercicio de diferentes derechos.

La citada reforma de 2015 omitió establecer en el cuerpo de la ley las prevenciones necesarias para que estos adolescentes trabajadores pudieran recibir sus remuneraciones en igualdad de condiciones que los mayores de edad y, por lo tanto, ser sujetos también de los mismos beneficios, prerrogativas y derechos.

Entre los requisitos que las instituciones bancarias establecen para contar con una tarjeta de nómina, los cuales son insalvables para los adolescentes trabajadores se encuentran: presentar con identificación oficial vigente (credencial electoral, pasaporte, cartilla militar), e incluso algunas exigen expresamente ser mayor de 18 años.

Es de precisar que, tanto la credencial del Instituto Nacional Electoral como la cartilla militar, sólo se pueden obtener a partir de los 18 años y que, el pasaporte, en caso de que fuera aceptado por alguna institución bancaria como identificación a un menor de edad, tiene un costo económico de 580 pesos por un año de vigencia, lo que significa una erogación, en más de las ocasiones, incosteable, además que es necesaria la comparecencia de los padres, quienes no siempre pueden, quieren o están disponibles para acompañarlos, ya sea por causas de fuerza mayor o porque los hogares de estos menores están desintegrados, causa principal que los obliga a buscar un empleo.

Como se ha señalado con anterioridad, los menores de edad que trabajan al no contar con una tarjeta de nómina enfrentan diversos problemas que derivan en otros, convirtiéndose en una injusta cadena, cuyos desenlaces casi siempre resultan dramáticos.

La incidencia delictiva, como todos sabemos, ha ido en aumento, incluidos los delitos comunes entre los que destaca el asalto a transeúntes y al transporte público con armas de fuego, de ahí que, los indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, señalan que en México 47 por ciento de los jóvenes ha optado por evitar portar dinero en efectivo. Sin embargo, esta posibilidad no existe para los menores de edad, por lo que necesariamente deben llevar consigo dinero en efectivo, convirtiéndolos en víctimas fáciles para los delincuentes, particularmente los días de pago.

Este grupo etario, en caso necesario no puede disponer de su dinero con mayor eficacia, rapidez y seguridad, haciendo uso de cajeros automáticos, dispositivos electrónicos o pagando en los establecimientos. Tampoco pueden adquirir una educación financiera temprana, están impedidos para generar un historial bancario y crediticio, ahorrar, llevar un mejor control sobre sus gastos, así como obtener los beneficios que las instituciones bancarias ofertan relacionados al uso de una tarjeta de débito o nómina, tales como financiamiento de artículos, puntos que pueden ser canjeados por dinero, descuentos o mercancía, seguros de vida y seguros contra robo, etcétera.

La realidad de los menores de edad trabajadores exige la participación tripartita de los poderes del Estado, los empleadores y las instituciones bancarias, en beneficio de su seguridad y calidad de vida.

No podemos negar que la inclusión laboral temprana de los adolescentes a la vida laboral, debido a su condición de pobreza, constituye un drama que merece nuestra absoluta solidaridad y compromiso para no hacerlo mucho más profundo, debido a la falta de normas jurídicas y de políticas públicas.

Los menores de edad que laboran, necesitan certeza y seguridad jurídicas, para no agregarle más injusticia y más dificultades a una realidad ya de por sí injusta y difícil, la cual, estoy plenamente convencida, no merecen.

A efecto de visibilizar de mejor manera los cambios propuestos, se ofrece el siguiente cuadro comparativo.

La intervención de esta Cámara de Diputados se torna urgente, de ahí que les pido su solidaridad y manifestación favorable para con la presente iniciativa. Hacerlo es una manera de abonar un poco al interés superior de la infancia y a la deuda histórica que el Estado tiene con los menores de edad.

En razón de lo antes expuesto y fundado, presento a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Instituciones de Crédito

Primero. Se modifican las fracciones IV y V por razones de técnica legislativa y se adiciona una fracción VI al artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 180. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley.

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten; y

IV. Proporcionar las facilidades necesarias y realizar las gestiones conducentes ante las instituciones bancarias, a efecto de posibilitar que los menores de dieciocho años que presten sus servicios laborales en los términos de la Ley Federal del Trabajo, puedan recibir su salario a través de algún producto bancario de nómina de depósito o ahorro.

Segundo. Se adiciona el primer párrafo del artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general, así como para los menores de edad mayores de 15 años que presten sus servicios laborales en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estadística del Día Internacional de la Juventud:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf

2 Diario Oficial de la Federación:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref27_12jun15.pdf

3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Olga Juliana Elizondo Guerra,Adriana Lozano Rodríguez, Adriana Paulina Teissier Zavala, Araceli Ocampo Manzanares, Armando González Escoto, Carolina García Aguilar, Claudia Báez Ruiz, Eduardo Ron Ramos, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Héctor Joel Villegas González, Héctor René Cruz Aparicio, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Juan Carlos Villarreal Salazar, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, Nayeli Salvatori Bojalil, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ricardo de la Peña Marshall, Ruth Salinas Reyes, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Maribel Martínez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Maribel Martínez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Congreso tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos, de hecho, debemos aceptar que no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificio hacen día a día por sus familiares en México.

Por ello, a nombre propio y del diputado Benjamín Robles Montoya, así como de mis compañeras Margarita García y Claudia Domínguez, vengo a exponer la presente iniciativa, a fin de volver efectivo el derecho pasivo de los mexicanos residentes en el extranjero para integrarse en el Congreso de la Unión, con el porcentaje que represente fehacientemente a nuestros connacionales que, por algún motivo económico, político o social, tuvieron que abandonar el territorio nacional.

Desde hace más de 10 años, su servidora ha realizado innumerables encuentros con mexicanos radicados en diversas ciudades del país del norte, donde he escuchado con atención las demandas más sentidas, desde el aspecto económico hasta ideas perfectamente elaboradas para mejorar la vida de nuestro país.

La presente iniciativa es una de ellas. No es producto de la imaginación de quien les habla, tampoco de una coyuntura o promesa de campaña. Se trata del sentir de nuestras hermanas y hermanos migrantes, de los estudios que han realizado, de nuestros connacionales radicados en la unión americana, cuyo propósito es volver visible a los que nadie ve, a los que nadie escucha, pero que existen y aportan con su fuerza laboral al sostenimiento de su familia en México y, en consecuencia, activan nuestra economía.

Actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó el derecho a credencializarse en el extranjero. Así como la posibilidad de ejercitar el voto libre y secreto para elegir presidente de la República, senadores y cuando así sea el caso, gobernadores.

Asimismo, cabe mencionar que desde que en las leyes en materia electoral otorgaron derechos a los ciudadanos radicados en el extranjero a participar en la democracia, la lista nominal ha crecido considerablemente.

En 2006 votaron 32 mil 632 ciudadanas y ciudadanos. Para 2012 se incrementó a 40 mil 735 votos. En esta última elección, histórica por la concurrencia de comicios del ámbito federal como estatal, se recibieron 98 mil 470 votos, incrementando cerca de un 120 por ciento de votos respecto de la anterior elección. Y la lista nominal de mexicanos en el extranjero aumentó a 181 mil 256 ciudadanas y ciudadanos.

Compañeras y compañeros, como fundamento a esta iniciativa tomamos como base las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país para la elección de diputados y senadores de representación proporcional. Por su parte, como ya lo hemos visto, los 12 millones de mexicanos en el extranjero es una estadística que ningún funcionario ni representante popular debe pasar por alto.

Por ello debemos crear una sexta circunscripción que estratégicamente no comprende espacio geográfico en el país, pero que representa casi la misma cantidad de electores que provienen de cualquiera de las primeras cinco.

Es hora de avanzar en la consolidación de la participación política de los compatriotas residentes en el extranjero. Las razones para ello son extensas y quizá no haya el tiempo para exponerlas todas, pero solo por hacer mención me referiré a las tres básicas.

Primera. Representan un núcleo de más del 15 por ciento de la población nacional. Las remesas enviadas a sus familias alcanzan la cifra de 30 mil millones de dólares, cosa que significa importante su presencia en la vida nacional de este país.

Y tercero. Sus lazos son con México, están vigentes, les incumbe la vida política de este país. Son connacionales, son seres humanos mexicanos radicados en un país extranjero, pero no por ello pierden sus derechos. Pugnamos por los derechos plenos de nuestros connacionales.

Debo comentarles que el pasado miércoles sostuvimos aquí, en uno de los salones de la Cámara, un importante foro con hermanos migrantes que vinieron de diversas ciudades del país vecino. Nos exhortaron con esta iniciativa y nos exhortan a que pugnemos por los derechos plenos de quien hoy en gran medida sostiene la economía de este país.

Es hora de que pensemos en ellos, es hora de que pensemos en las familias que por circunstancias diversas han tenido que perder a seres queridos para radicar en otro país.

No nos equivoquemos, compañeras y compañeros, seamos asertivos. Este es el tiempo de los migrantes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos en el extranjero derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, y el diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa para otorgar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión.

Antecedentes

Con la inscripción estricta del voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero dio inicio un movimiento de salvaguarda y reconocimiento a los millones de personas que, por algún motivo, ya sea económico, político, social o personal se han ausentado permanentemente del país sin poder ejercitar activa y pasivamente los derechos humanos en su vertiente de construcción democrática tienen derecho.

Actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga el derecho a credencializarse en el extranjero, así como la posibilidad de ejercitar el voto libre y secreto para elegir a presidente de la república, senadores y, cuando así sea el caso, gobernadores.

La presente iniciativa ahonda en la construcción de ciudadanía, como requisito sine quo non de una democracia efectiva, instituyendo el derecho político humano a, no solo a votar por representantes populares, incluso a ser votado y representar en una acción afirmativa y de control de convencionalidad, con un espacio en la soberanía del pueblo mexicano.

Justificación

México tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos, no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificios hacen día a día por sus familiares en México.

En mi carácter de representante popular, proveniente de una de las entidades federativas que más aportan al índice de migración, es mi obligación hablar por aquellos que no son escuchados, que no son vistos, pero que sin duda incentivan la economía en nuestro país.

A raíz de la reforma en materia electoral del año 2005 se abrió la puerta para permitir el voto de los mexicanos desde el extranjero, aún y cuando éste fuera únicamente para la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en la reforma del 2007, se estableció en el Libro Sexto del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales los preceptos legales para implementar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los cuales de manera muy elemental y básica delimitaban el ejercicio del derecho al voto en territorio extranjero para elegir única y exclusivamente al presidente de la República; así como los requisitos, plazos y procedimientos para que los ciudadanos se inscriban y emitan su sufragio; las atribuciones del Instituto Federal Electoral en la materia; la prohibición para los partidos políticos y sus candidatos realicen campañas electorales en el extranjero; así como el uso de financiamiento público y privado para esto.

Durante el proceso electoral 2011-2012 el Instituto Federal Electoral realizó los trabajos necesarios para hacer efectivo el derecho y la obligación de los mexicanos residentes en el extranjero de elegir al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer ejercicio realizado durante el proceso electoral federal 2005-2006, se registraron para votar 40,876 ciudadanos de los cuales 32,632 ciudadanos realmente emitieron su voto en 71 países.

Seis años después, en 2012, incrementó considerablemente tanto en el número de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero como en el número de ciudadanos que sufragaron. Fueron 59,115 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y se recibieron 40,737 votos emitidos desde 91 países, lo que representa un incremento del 44 por ciento en el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, así como un aumento del 24.8 por ciento en cuanto a los votos recibidos y una extensión en la cobertura de un 12 por ciento, respecto del proceso electoral 2005-2006.

En esta última elección, histórica por la concurrencia de comicios del ámbito federal como estatal, se recibieron 98,470 votos, incrementando cerca de un 120 por ciento respecto de la anterior y la Lista Nominal aumentó a 181,256 ciudadanas y ciudadanos inscritos.

La estadística anterior, no solo denota el ferviente deseo de la ciudadana mexicana radicada en el extranjero por inmiscuirse y participar en la democracia, también nos habla de su deseo pasivo por representar desde su trinchera citadina los intereses de los migrantes mexicanos en la única soberanía que el pueblo deposita para la dirección de la vida del país: el Congreso de la Unión.

Es por ello que vengo a presentar la siguiente propuesta de ley para volver efectivo el derecho pasivo de los mexicanos residentes en el extranjero para integrarse en el Congreso de la Unión, con el porcentaje que represente fehacientemente a nuestros connacionales que por algún motivo económico, político, social tuvieron que abandonar el territorio nacional y que por desgracia no puede ser ciudadano activo en un lugar que no los reconoce como suyo y en consecuencia, ellos no arraigan el sentimiento de pertenencia.

Una de las razonas por las cuales debe de existir representación de nuestros connacionales radicados en el extranjero en el Congreso Federal es que, según datos del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, hasta el corte de 2016, existen más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes fuera del país de los cuales el 98 por ciento, es decir, 11 millones radican en Estados Unidos de América.

De esta forma, y tomando en cuenta los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, con vigencia en nuestro país a partir del año 2003, se establece en el artículo 41, lo siguiente:

“1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”.

Con ello, no queda más que resaltar que los asuntos públicos de la República mexicana intrínsecamente también conciernen a los mexicanos que se encuentren en el extranjero.

El suscrito, desde hace más de 10 años de experiencia parlamentaria, primero en el ámbito local y luego representando a los oaxaqueños en el Senado de la República, ha realizado innumerables encuentros con mexicanos radicados en ciudades del país del norte donde he escuchado con atención las demandas más sentidas, desde el aspecto económico hasta ideas sumamente elaboradas para mejorar la vida de nuestro país. La presente iniciativa es una de ellas, no es producto de la imaginación del suscrito, mucho menos de una coyuntura o promesa de campaña, se trata de un estudio científico realizado por connacionales radicados en la Unión Americana cuyo propósito es volver visible a los que nadie ve, nadie escucha, pero que existen y aportan con su fuerza laboral al sostenimiento de su familia en México y, en consecuencia, activar nuestra economía.

Con esta iniciativa partimos de un tajo la calidad jurídica que tienen los mexicanos en el extranjero frente a los comicios y damos una revolución a sus ejercicios políticos-electorales para dotar a nuestros connacionales de herramientas legales que les permitan incidir en la dirección del país, a través del ejercicio del voto activo por candidatos propios y a través del ejercicio del voto pasivo, al poder ser electos ellos también como diputados y senadores federales.

Como fundamento a nuestra iniciativa, tomamos como base las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país para la elección de diputados y senadores de representación proporcional. Por su parte, como ya lo hemos visto, los 12 millones de mexicanos en el extranjero es una estadística que ningún funcionario ni representante popular debe pasar por alto, por ello, debemos crear una sexta circunscripción que específicamente represente la población de mexicanos residentes en el extranjero.

Para dar sustento a lo anterior, la propuesta parte en determinar el método que debe seguirse para la demarcación de los trescientos distritos uninominales y su distribución entre las entidades federativas creando una sexta circunscripción electoral que estrictamente no comprende espacio geográfico en el país, pero que representa casi la misma cantidad de electores que provienen en cualquiera de las primeras cinco, nos referimos a los mexicanos avecindados en el extranjero.

Fundamentación

De esta manera, con los antecedentes escritos en la primera parte y las consideraciones de derecho que se inscriben en el presente capítulo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión

Artículo Único. Se reforman los artículos 52; el segundo párrafo del artículo 53; el segundo párrafo del artículo 56 y, se adicionan un segundo párrafo a la fracción II del artículo 54 y un cuarto párrafo a la fracción III del artículo 55, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará? integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en seis circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. ...

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales, cinco dentro del país y una sexta destinada a la representación de los mexicanos residentes en el extranjero. La ley determinará la forma de establecer la demarcación de las cinco circunscripciones en el territorio nacional, las cuales estarán compuestas por treinta y nueve fórmulas de candidatos cada una. La sexta circunscripción, sólo podrá ser conformada por cinco fórmulas de candidatos.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. ...;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá? derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Para el caso de la sexta circunscripción, los mexicanos residentes en el extranjero sufragaran directamente sobre las listas que presenten los partidos políticos nacionales. La asignación de diputados que hayan alcanzado el dos por ciento, se hará según los elementos de cociente natural y resto mayor establecidos en la legislación vigente.

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

III. ...

...

...

Para ser candidato de la sexta circunscripción electoral plurinominal, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, haberse credencializado en la Lista Nominal de Electores de Mexicanos en el Extranjero y acreditar la vecindad de al menos tres años en el país extranjero de residencia.

IV. ...

V. ...

...

...

...

VI. ...

VII. ...

Artículo 56. ...

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal nacional, compuesta por veintiocho fórmulas de candidatos y en otra circunscripción plurinominal para ciudadanos residentes en el extranjero compuesta por cuatro fórmulas de candidatos. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes secundarias en un plazo máximo de 360 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Dado en el salón de sesiones, septiembre 4 de 2018.— Diputadas y diputados: Maribel Martínez Ruiz,Ángel Benjamín Robles Montoya, Ana Priscila González García, Araceli Ocampo Manzanares, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Reyes Ledesma, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Geraldina Isabel Herrera Vega, Idalia Reyes Miguel, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Luis García Duque, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kehila Abigail Ku Escalante, Lilia Villafuerte Zavala, Lizeth Sánchez García, Mariella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Margarita García García, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mary Carmen Bernal Martínez, Maximino Alejandro Candelaria, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Santiago González Soto, Sarai Núñez Cerón, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tengo solicitud de varias diputadas y diputados de adherirse a la proposición. Se ha abierto la lista, ahí está. Gracias.

La diputada María Libier González Anaya (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, diputada.

La diputada María Libier González Anaya (desde la curul): Compañera, como diputada migrante me sumo a la petición de ella. Muchas gracias, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Ojalá y pueda pasar a firmar, además. Muchas gracias.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Eduardo Ron Ramos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 239 A, a la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Eduardo Ron Ramos:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, muchos de nosotros venimos de zonas rurales y estamos conscientes que a los trabajadores del campo les debemos todo. Les solicito tomar como prioridad esta iniciativa.

El Estado mexicano tiene una deuda con los trabajadores del campo. Conforme datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, se estima que más de 16 millones de personas son trabajadores del sector rural.

El Inegi señala que más del 60 por ciento de ellos son mayores de 40 años y casi el 10 por ciento tienen entre 75 y 85 años, manteniéndose por necesidad económica como trabajadores activos pese a su avanzada edad. Eso compañeros es inaudito.

De acuerdo a datos del informe 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan solo existen 289 mil 353 trabajadores permanentes y eventuales del campo afiliados a este sistema, lo que se traduce en que el 98 por ciento de los trabajadores del campo no cuentan con seguridad social, lo que se traduce en la falta de cotización y ahorro para gozar de una pensión.

Los trabajadores del campo tampoco cuentan con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ya que solo siete de 100 trabajadores del campo reciben un aguinaldo. Un trabajador del campo llega a cubrir entre 12 y 15 horas diarias y muchos de ellos ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria básica, lo que les imposibilita ahorrar su futuro y por esta razón debe continuar trabajando después de los 65 años.

Los trabajadores del campo son un grupo económicamente activo, de mayor edad, es decir, que se sigue manteniendo después de 70 años de edad.

Además de lo anterior, debemos recordar que los trabajadores del campo son quienes más sufren por el cambio climático, son quienes padecen de las contingencias de la naturaleza, como inundaciones o sequías y en algunos casos son despojados de sus tierras a causa del crimen organizado.

Por ello, este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso a todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores y con esta medida garantizar, de manera vitalicia, una pensión rural digna, con un ingreso que permita reducir las carencias en el sector rural mexicano.

Adicionalmente se estima que casi 500 mil adultos mayores del campo reciben el apoyo del Programa de Pensión para Adultos Mayores. No obstante lo anterior, el próximo gobierno federal ha planteado que la universalización de la pensión de adultos mayores también beneficiará a jubilados del IMSS o ISSSTE, lo que plantea la pertinencia y justicia social de constituir un fondo para garantizar una pensión, no solo por la edad, sino por los años de trabajo realizado por los trabajadores del campo, históricamente excluidos de la cobertura de servicios de seguridad social.

Esta iniciativa forma parte de los compromisos de Movimiento Ciudadano, suscritos en la agenda legislativa presentada ante esta soberanía y la retoma la iniciativa presentada por nuestros compañeros Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, en la pasada legislatura, donde no contó con el respaldo de los entonces grupos mayoritarios.

El día de hoy, con la nueva composición de un Congreso con mayor sensibilidad social, esperamos contar con todo su apoyo de la mayoría de los integrantes de esta Cámara, para hacer justicia a los trabajadores del campo. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.

Exposición de Motivos

I. Los trabajadores del sector rural se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a derechos fundamentales. Conforme a datos del informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural,y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que más del 60 por ciento de los trabajadores de este sector cuentan con 40 o más años, y casi el 10 por tienen entre 75 y 85 años. Es fundamental destacar que el 45 por ciento de los trabajadores del campo son subordinados y remunerados, el 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, el 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y tan solo el 5.3 por ciento son empleadores. Los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada, y tan solo 7 de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo y la mayoría de los trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social a pesar de que la Ley del Seguro Social lo establece en el artículo 237-B en lo siguiente:

“Artículo 237-B.- Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente Ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:

I. [...]

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores de siete días hábiles, y”

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.”

La realidad es que, de acuerdo con datos del Informe 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tan solo existen 289,353 trabajadores permanentes y eventuales del campo afiliados a este sistema, y en el régimen obligatorio como trabajadores eventuales se ubican 42,006 y tan solo 23,034 en el régimen voluntario. Adicionalmente, se estima que casi 500,000 adultos mayores del campo reciben el apoyo del Programa de Pensión Para Adultos Mayores. No obstante, lo anterior, permanece un gran rezago en la cobertura de servicios de seguridad social y pensión para todos los trabajadores del campo.

Por ello, no sorprende que, de acuerdo a la última Encuesta de Jornaleros Agrícolas, “La población jornalera agrícola esta entre los sectores más desprotegidos en materia de seguridad social: no tiene un acceso generalizado a los servicios de salud ni a los sistemas de seguridad social”. En el mismo sentido, Coneval destaca que la carencia social más sobresaliente en el campo es no tener acceso a una pensión.

Vale la pena destacar que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad, es decir se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un sistema de pensiones adecuado para el campo.

El reconocimiento de los trabajadores del sector rural en el sistema de seguridad social su ubica en la Ley de Seguridad Social en su artículo 5 fracción XIX:

XIX. Trabajador eventual del campo: persona que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será? considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.”

El acceso a la seguridad social es un derecho consagrado en el artículo 123 apartado A fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

II. Este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso de todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye y derecho fundamental de todos los trabajadores. Por ello, proponemos lo siguiente:

• La creación de un Fondo de Pensión Rural financiando a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el beneficio de todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social. Este Fondo de Pensión Rural será independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo federal, las entidades federativas y los municipios.

• La obligación de realizar inspecciones periódicas por parte de las autoridades facultadas para asegurarse de que los trabajadores del campo se adscriban a los servicios de seguridad social.

• Mediante una disposición transitorio, se plantea el ordenamiento de todos los programas en materia de política de seguridad social para el campo, ya que se estima que hay al menos 6 programas distintos que buscan atender este tema.

• Mediante este Fondo de Pensión Rural, se proveerá de manera vitalicia a los trabajadores del campo retirados un ingreso que se ajustará a la Línea de Bienestar establecida por Coneval para el sector rural, que incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria, equivalente a alrededor de 1,918 pesos mensuales (con datos actualizados al mes de agosto de 2018).

• Con esta medida se contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa:

Decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social para crear el Fondo de Pensión Rural

Artículo Único.Se adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 239-A. Los trabajadores del campo tendrán derecho a una pensión para el retiro que será otorgada a través del Fondo de Pensión Rural. Dicho fondo será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación conforme a la legislación aplicable.

El Fondo de Pensión Rural es un instrumento de seguridad social universal en beneficio de los trabajadores del campo. Dicho Fondo será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo establecido en el reglamento respectivo y procurará la inscripción de los trabajadores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en la presente ley.

La cuantía de las pensiones del Fondo de Pensión Rural deberá actualizarse conforme a la Línea de Bienestar para el sector rural establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el Reglamento del Fondo de Pensión Rural.

Tercero.El Poder Ejecutivo federal realizará las adecuaciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestal al Fondo de Pensión Rural, en los términos del presente decreto y la legislación aplicable.

Cuarto.El Poder Ejecutivo federal realizará una evaluación sobre los distintos programas en materia de política de seguridad social y apoyo a adultos mayores del sector rural, procurando el ordenamiento, transparencia y eficacia de la misma, con el objetivo de unificarlos y transitar hacia un esquema de acceso universal a través del Fondo de Pensión Rural establecido en el presente decreto.

Notas

1 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “ Jornaleros Agrícolas en México” (Nov 2015) recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-78-15.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola” (11 mayo de 2016), recuperado de:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, Idem.

4 Informe Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, año 2015-2016, recuperado de:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20152016/ 21-InformeCompleto.pdf

5 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “ Jornaleros Agrícolas en México” (Nov 2015) recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-78-15.pdf

6 “Así es la pobreza en México”, El Financiero, año 2016, recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/pages/asi-es-la-pobreza-en-mexico.html

7 Líneas de Bienestar. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/ Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Eduardo Ron Ramos,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Esteban Barajas Barajas, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Frida Alejandra Esparza Márquez, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lizeth Sánchez García, Lourdes Celenia Contreras González, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Angélica Zamudio Macias, Nohemí Alemán Hernández, Patricia Terrazas Baca, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy este Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, tiene un compromiso muy grande con la sociedad mexicana.

Cada uno de los que hoy estamos aquí recogimos la problemática de un tema muy importante que es la educación. En ese tenor, hoy nos compromete a trabajar en una reforma educativa al alcance no solamente de alumnos sino también de maestros.

Quiero decirles que la LXII Legislatura, en su afán de querer procurar una educación de calidad, al alcance de todos los mexicanos, atentó contra los intereses de los docentes. Es decir, que no fue una reforma educativa, sino fue una reforma laboral que a todas luces atentó contra la economía de miles de maestros. Miles de maestros que seguramente no presentaron esos exámenes de idoneidad para evaluar sus conocimientos y que hoy no tienen una plaza garantizada. Por ello, hoy tenemos el compromiso de trabajar fuertemente para apoyar el magisterio.

Quiero decirles que los maestros, que las maestras no son enemigos del pueblo mexicano, son aliados de todo el pueblo mexicano y de este Congreso de la Unión. Por ello, tenemos que garantizar, trabajar, revisar y matizar esta reforma educativa que hoy el Grupo Parlamentario del PRD, y que seguramente muchos de ustedes tenemos coincidencias, porque hoy tenemos que garantizar que ese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realmente sea un Instituto que pueda garantizar el desarrollo pleno de las y los maestros.

Qué condescendiente fue el presidente Enrique Peña Nieto con las maestras, con los maestros y también la legislatura de aquel entonces.

Cómo no crearon un instituto nacional para la evaluación de los diputados y de las diputadas. Creo yo que no fueron parejos. No fueron parejos porque dejaron a un lado las garantías de miles de maestros.

Hoy a este instituto, el INEE, que únicamente se encarga supuestamente de evaluar y de considerar a los buenos maestros en una evaluación completamente estricta, se le inyectan miles de millones de pesos. En lugar de que ese dinero se le inyecte a la capacitación de las y los maestros.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática en esa discusión quiere proponerles a todos ustedes, compañeros y compañeras, que además de garantizar la educación laica, gratuita, de calidad, hoy lo que nosotros estamos considerando es esa reivindicación histórica del pueblo mexicano. Porque sin ella solamente la educación estaría al alcance de unos cuantos, de los más ricos y seguramente los que no tienen recursos no estarían al alcance de poder acceder a la educación que hoy se propone en este planteamiento y en esta reforma.

La educación pública de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del Estado. Para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la formación y actualización de los docentes y mejorar sus condiciones laborales, la evaluación debe localizar problemas y deficiencias en el sistema en su conjunto, para poder implementar políticas que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje, y las condiciones bajo las cuales se desempeñen las escuelas.

Consideramos que no es lo mismo evaluar a un maestro del sureste, que evaluar a un maestro o maestra de la Ciudad de México o del centro del país. Hay diferencias sociales, culturales y hasta geográficas totalmente distintas.

Por ello, proponemos que se revise profundamente el tema de la evaluación de los maestros y que nosotros, este Congreso, esta Cámara de Diputados, les demos la oportunidad a esas buenas y buenos maestros para que se reincorporen a la vida laboral, proponiendo un sistema de capacitación oportuna para todos ellos.

Quiero proponer, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se reforme el artículo 3o., en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede de la siguiente manera: Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

Para tales efectos el Ejecutivo federal considera la opinión de los gobiernos de los estados, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados en lo dispuesto de esta ley.

Por ello quiero decirles desde esta tribuna, que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dice sí a una educación pública, gratuita, laica y de calidad, con capacitación para todas las y los maestros, respetando los derechos laborales y humanos. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En el contexto del paulatino deterioro del sistema educativo nacional y frente a las demandas de diversos sectores de la sociedad y de los propios maestros de impulsar iniciativas para mejorar sus condiciones, el Constituyente Permanente acordó reformas a nuestra ley fundamental para mejorar la calidad de la educación, establecer mecanismos de evaluación permanente y abrir mejores oportunidades de desarrollo profesional y académico para los docentes, basados en su desempeño.

La reforma constitucional en comento, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013. Con la reforma, se creó el Servicio Profesional Docente, estableciendo que el ingreso y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Se determinó que la ley reglamentaria fijara los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, y que serían nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Se constituyó asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo público autónomo, dotándolo de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la atribución de evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Al instituto se le encomendó el diseño y realización de las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema educativo en su conjunto, así como expedir los lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. También deberá encargarse de generar y difundir información, así como emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.

Se determinó en la Carta Magna que el instituto deberá regir sus actividades en cumplimiento de los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

De la misma manera, se incluyó dentro de las facultades del Congreso de la Unión, la de expedir las normas para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

La legislación secundaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013 desarrolló la reforma constitucional descrita, buscando armonizar la Ley General de Educación con la evaluación educativa y el servicio docente y expidió dos leyes adicionales, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Una educación de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del Estado y sin una política educativa acorde con la reforma constitucional y legal que se aprobó. Por eso se establecieron, en la Ley General de Educación, medidas como la defensa de la escuela pública gratuita, prohibiendo el pago de cuotas para condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos; autonomía de gestión de las escuelas; escuelas de tiempo completo; prohibición de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos; revisión del modelo educativo y el compromiso del gobierno federal a destinar recursos crecientes para el rescate de la educación normal y para programas que mejoren la equidad.

Argumentación

La participación del Grupo Parlamentario del PRD en la discusión y aprobación de la reforma constitucional y de la legislación secundaria, se dio sobre la base de fortalecer la escuela pública, laica y gratuita; así como el respeto a los derechos de los trabajadores del magisterio.

La educación pública –gratuita, laica y de calidad– es una reivindicación histórica del pueblo mexicano. Sin ella, solamente las personas de mayores ingresos podrían beneficiarse. El PRD la ha defendido y promovido siempre como un mecanismo fundamental de progreso y de beneficio social. La educación pública iguala las oportunidades y por tanto reiteramos su defensa e impulso.

La educación pública de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del Estado para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la formación y actualización de los docentes y mejorar sus condiciones laborales. La evaluación debe localizar problemas y deficiencias en el sistema en su conjunto para poder implantar políticas que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje y las condiciones bajo las cuales se desempeñan las escuelas.

El Congreso entendió que una educación pública de calidad no se alcanza culpando a los docentes del creciente deterioro educativo. Los docentes no pueden ser culpables de las deficiencias educativas que se han gestado por la relación de complicidad entre el poder público y ciertas camarillas, que ha generado vicios y corrupción e impactado negativamente los resultados del presupuesto público que se ha invertido en el sector. Los maestros tampoco pueden ser responsables por la existencia de una burocracia que ha sido inoperante para instrumentar una educación pública con las aspiraciones contenidas en el artículo 3o. constitucional.

A las profesoras y los profesores hay que revalorarlos en su justa dimensión, a partir de las condiciones del entorno en que vienen desempeñando su trabajo. Lo que los maestros necesitan es que funcione adecuadamente el sistema educativo nacional, que las escuelas cuenten con servicios básicos, la infraestructura y los materiales pertinentes y que de manera sistemática tengan los apoyos y las oportunidades para actualizarse, de tal forma que puedan cumplir mejor con la tarea que les corresponde desempeñar.

A más de un lustro de la entrada en vigor de estas reformas legales, la SEP no ha realizado acciones para enfrentar los problemas de insuficiencia en la formación y actualización docente y se ha mantenido pasiva ante los grandes rezagos de nuestro sistema educativo.

Desde la legislatura anterior, nuestro grupo parlamentario ha sido enfático en el sentido de llamar a una revisión profunda de la reforma de 2013. Sobre la base de un proceso transparente e inclusivo, es imprescindible fortalecer la escuela pública, laica, gratuita y de calidad que compagine el interés superior de niñas, niños y adolescentes que van a la escuela con el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación.

Revisar la reforma no significa restaurar simulaciones, complicidades, distorsiones o vicios que aún persisten en la contratación y promoción de los maestros.

Son varios los temas por revisar: respeto a derechos humanos laborales; eliminar el carácter punitivo de la evaluación; revisar procesos de evaluación y autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la dignificación del magisterio; la autonomía de gestión de las escuelas; la revisión del sistema de educación normal; el Modelo educativo y los temas ligados al presupuesto y financiamiento.

Es fundamental establecer las responsabilidades que le corresponden al Estado en la formación docente e incorporar la visión de una evaluación para la mejora del desarrollo del profesional (mediante programas de formación continua) ligado a la mejora en la calidad educativa. Así mismo, las autoridades educativas tienen que reconocer como un derecho de todos los que participan en el Servicio Profesional Docente el apoyo, respeto, consideración y reconocimiento profesional.

Una carrera basada en el mérito, como debiera ser este servicio debe cumplir condiciones básicas. Se debe construir un servicio profesional docente que sirva, con otras medidas, al mejoramiento de la calidad; que dé certidumbre y confianza a los docentes; que garantice que con el mérito profesional se tendrá acceso a mejores condiciones de vida y de trabajo; que dé incentivos y apoyos para la formación continua, la actualización y el desarrollo profesional y que dignifique a los maestros.

La aplicación de la reforma se ha reducida a una visión punitiva de la evaluación, que por sí misma no mejora la educación ni abre oportunidades para el desarrollo profesional del magisterio basadas en su desempeño.

Se están destinando más recursos para la evaluación que para la formación y actualización docente, e incluso un despliegue policial de 6 mil elementos para “cuidar” a 4 mil maestros que se iban a evaluar en Guerrero en diciembre de 2015 o de 10 mil policías para “resguardar” a menos de 3 mil maestros que se presentaron al proceso.

Como resultado de la reforma, se llegó al grado de despedir a 3 mil 360 docentes por no haber acudido a los procesos de evaluación de 2015 y se han tomado diversas medidas punitivas al respecto.

El conflicto social se agudizó a tal grado que condujo a un enfrentamiento de consecuencias irreparables en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

La aplicación de la reforma redujo los procesos de evaluación a premios y castigos, no a un sistema de formación, de mejoramiento de las condiciones en que se ejerce la docencia. Hemos coincidido con diversos sectores en el sentido de que debe abandonarse esta visión punitiva de la evaluación, si queremos alcanzar una educación con calidad y equidad. Generar más conflictos no resolverá las urgentes carencias que el sistema enfrenta.

Por esa razón, se propone eliminar de nuestra Carta Magna cualquier relación que tenga la evaluación con la permanencia en el empleo del trabajador de la educación.

Agregar como una causa más de despido el no presentarse a una evaluación es una sobrerregulación innecesaria dado que tal situación ya se encuentra establecida en otras regulaciones laborales, por lo que se suscita una contradicción en la ley. El Apartado B del artículo 123 prevé la “inamovilidad” de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y no aplica para otros servidores públicos un sistema de evaluación que tenga como consecuencia el cese de labores sin responsabilidad para la entidad o dependencia a la cual sirven. Por ejemplo, un médico, una enfermera, un trabajador ambiental, un proyectista, no están sujetos a las mismas presiones a las que se ha puesto al trabajadores de la educación, ni como consecuencia de no ser “idóneo” para el puesto de trabajo en que se desenvuelve, se le cesa sin más.

Existen ya disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B y en las Condiciones Generales de Trabajo, así como en Reglamentos Interiores de Trabajo, para cesar el personal por causa justificada, por lo que es improcedente mantener vigente una disposición de esta naturaleza en un dispositivo constitucional, cuyo objeto no es la regulación de las relaciones laborales, reconocidas en el artículo 123 y en Convenios Internacionales reconocidos por nuestro país.

En suma, la presente iniciativa pretende retomar el camino para una educación de calidad, equitativa y que cuente con la colaboración de los docentes, sin cuyo concurso y confianza en las instituciones hace insostenible un proceso de reforma educativa que tanta falta hace a nuestro país.

Es necesaria una revisión amplia del proceso de formación docente, que durante décadas resultó abandonado, para que las escuelas normales públicas, generen los maestros que el país requiere. No puede existir una educación de mejor nivel si las normales siguen en el atraso formativo, sin mejorar su plan de estudios y en medio de carencias.

El rescate del sector educativo requiere entrar al fondo de los temas académicos, de contenidos y formas de enseñanza, de formación y actualización docente y encarar los problemas de deterioro y abandono en materia de infraestructura que afectan a las escuelas públicas del país.

Mejorar la educación no está a debate. Cómo mejorarla, con qué énfasis, ritmos y métodos, puede suscitar diferencias, pero éstas siempre serán de forma y no de fondo.

En el PRD asumimos que la educación es el camino correcto para fomentar el desarrollo individual y colectivo de nuestra sociedad, y que representa la mejor vía para lograr la movilidad social y acabar con el principal problema de México, que es la desigualdad. Estamos a favor de mejorar la educación; de crear nuevas y mejores escuelas, de dar mantenimiento, actualizar y equipar las existentes; de fortalecer la formación docente y otorgar certidumbre y las mejores condiciones de trabajo para los maestros.

El rescate del sector educativo requiere entrar al fondo de los temas académicos, de contenidos y formas de enseñanza, de formación y actualización docente y encarar los problemas de deterioro y abandono en materia de infraestructura que afectan a las escuelas públicas del país.

Fundamento legal

Los que suscriben, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ordenamientos a modificar

Único. Se reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

I. a II. ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. a IX. ...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión adecuará la legislación secundaria acorde con lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente mismo.

Tercero. Los resultados de la evaluación de desempeño llevada a cabo de 2015 a la fecha, no tendrán efecto sobre la permanencia de los trabajadores de la educación convocados a los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Emmanuel Reyes Carmona,Antonio Ortega Martínez, Ernesto Vargas Contreras, José Ricardo Gallardo Cardona, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada María Chávez Pérez(desde la curul): Presidente.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No entiendo, compañera. ¿Ya le dieron sonido? Porque no la oigo. Yo no manejo el sonido. Pido sonido a la Secretaría. No puedo manejar tantas cosas.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Debemos de tomar en cuenta al magisterio, por eso necesitamos formar la Comisión de Educación, para poder abrogar o derogar el artículo 3o. No debemos tomar iniciativas al vapor. Aquí estoy protestando.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Señora diputada, las iniciativas no son al vapor ni de lenta cocción. Es un derecho de los diputados presentar. Aclaró el secretariado desde el primer día que mientras no se creen las comisiones, las iniciativas quedan a resguardo y cuando se creen las comisiones pasan ahí. Si usted es miembro de esa comisión se le turnará apenas termine el mes. Muchas gracias.



EXPIDE LA LEY DEL PRIMER EMPLEO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por diez minutos, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas. Los jóvenes representan un potencial que los hace forjadores de los cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier nación.

Sin embargo, en México cada vez son más los jóvenes que por distintas circunstancias se ven imposibilitados de incorporarse al mercado del trabajo, al grado de que el primer empleo para este sector fundamental de la población se encuentra la mayoría de las veces en la informalidad.

Esta situación empeora en los jóvenes recién egresados de la educación media y superior, quienes a pesar de contar con la formación académica enfrentan serias dificultades para encontrar su primer empleo por falta de experiencia.

Datos del Inegi indican que durante el primer trimestre de 2017 la población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encontraban ocupados, sin embargo 60.6 por ciento de ellos se encuentra laborando en el sector informal.

La tasa de desocupación por adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de seis por cada 100 personas económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación del 6.9 por ciento, y jóvenes de 20 a 24 años de edad del 6.5 por ciento, mientras que para el grupo de 25 a 29 años es menor la tasa de desocupación con el 5.1 por ciento.

Además, se debe señalar que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De acuerdo también a datos del Inegi, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifican con la falta de experiencia, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más del 16.2 por ciento declararon disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar alguno.

Otro dato a considerar es que el Instituto Mexicano de la Juventud reportó en el 2011 que siete de cada 10 jóvenes conseguían su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares, lo cual significa que de no ser por algún conocido que pueda conceder una recomendación o bien otorgar un empleo, es difícil que los jóvenes puedan tener la confianza para acceder al mercado laboral.

Las dificultades mencionadas han motivado a diversos países que diseñan programas específicos para mejorar aptitudes, quienes enfrenan problemas para integrarse a su primer empleo. Dichos programas aportan nuevas soluciones a un problema antiguo que va creciendo.

La inclusión económica y social de los jóvenes, entre ellos hay que mencionar a: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Argentina; Projoven, en Brasil; Jóvenes en Acción, en Colombia y el más reciente Mi Primer Empleo, en Perú, además uno más anexado que es Paraguay con el mismo nombre.

Bajo esta lógica quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentamos ante ustedes una iniciativa con la finalidad de crear una ley del primer empleo, consistente en establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo en los jóvenes, particularmente en el inicio de su actividad laboral formal.

Esta propuesta establece que serán beneficiados del régimen del primer empleo los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad que comprueben que se trata de su primer empleo formal.

Dichos trabajadores percibirán entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más un salario mínimo adicional que podrá ser pagado por el gobierno.

La permanencia en el trabajo deberá ser por un año obligatoriamente. Ningún trabajador podrá contratarse por más de una ocasión bajo el régimen del primer empleo.

Asimismo, se señala que el puesto de trabajador del primer empleo y la práctica laboral deberán ser adecuados a nivel de formación y estudios cursados por el trabajador.

Adicionalmente se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleve a cabo un registro de los trabajadores inscritos bajo el régimen del primer empleo con base en la cual calculan los montos necesarios para su aplicación en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará anualmente de la recaudación de impuesto especial sobre la producción y servicios, los recursos necesarios para la implementación del régimen del primer empleo.

Todo lo anterior, como ya lo señalamos, pretende terminar con la exclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, de procurarles y capacitarles a un ingreso digno para mejorar sus posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que esperamos contar con su valioso apoyo para concretar esta digna propuesta. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Primer Empleo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta ya un lugar común afirmar que México es un país de jóvenes, sin embargo, el nulo aprovechamiento del llamado bono demográfico continúa afectando la productividad del país y con ello el avance a mejores estadios de desarrollo económico integral y humano de ese grupo etario en pleno siglo XXI.

“El desempleo, especialmente el de larga duración, que afecta a la mayoría de la población joven supone la pérdida de espacios de referencia y pertenencia para las personas en sus procesos de integración social y de construcción de identidad individual y colectiva”. Este proceso pareciera estarse convirtiendo en una tendencia social sumamente preocupante: la de exclusión social, económica y política. “El excluido, ya sea a consecuencia del desempleo o porque nunca ingresó directamente en los circuitos que ordenan y norman la vida económica de las sociedades, deja de ser parte de éstas para transformarse en algo ajeno”.

A decir de Pedro Daniel Weinberg, Director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, “las probabilidades de ser un excluido se encuentran fuertemente asociadas a la edad de las personas. y así como el grupo juvenil es el mayoritario entre los grupos de desempleados, subempleados y pobres, también es el más vulnerable a la amenaza de la exclusión. En esta mayor exposición de las personas jóvenes a la exclusión, desempeña un indudable papel el factor demográfico.

Para Weinberg, es imposible esperar una sociedad integrada sin una educación y una formación integradoras y ésta es la raíz de uno de los verdaderos problemas de nuestro país: la exclusión de la juventud de la dinámica del desarrollo económico y social.

Lo anterior, se puede decir, es un padecimiento latinoamericano en el que los jóvenes tienen menos y peores empleos que los adultos. En efecto, una quinta parte (20 por ciento) de los 163 millones de jóvenes que viven en América Latina trabajan en empleos informales, mientras que una proporción equivalente no tiene empleo, no estudia, ni recibe capacitación, comparada con 15 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otra parte, 23 por ciento de los jóvenes son trabajadores formales y casi 40 por ciento son estudiantes. Además, las tasas de desempleo son casi tres veces mayores entre los jóvenes (11.2 por ciento) que entre los adultos (3.7 por ciento) en todos los países de América Latina y el Caribe, situación que se agudiza entre los jóvenes más pobres. Las deficientes oportunidades de empleo son aún peores entre las mujeres jóvenes.

Los jóvenes de esta región están expuestos a un gran número de vulnerabilidades y amenazas, desde la falta de acceso a un empleo, a educación y a salud de calidad hasta la escasa participación ciudadana (factores que les hacen más difícil el camino para participar en los mercados laborales y actividades productivas y les impiden desempeñar un papel pleno en sus sociedades).

En Latinoamérica, casi siete de cada diez jóvenes de 15 años que viven en hogares de pobreza moderada están en la escuela; cuando éstos llegan a los 29 años, tres de cada diez no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación; otros cuatro trabajan en el sector informal; solo dos trabajan en el sector formal; y el resto estudia y trabaja o solo estudia, es decir, solo uno’ de esos jóvenes tendría algún grado de estabilidad social. Esta situación en el mercado laboral es ya muy parecida cuando los jóvenes cumplen 21 años. En los hogares vulnerables, más de la mitad de los jóvenes de 29 años trabajan en el sector informal o no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación.”

La situación descrita genera la mayor brecha mundial entre las competencias disponibles y las competencias que las economías y los negocios requieren. Alrededor de 50 por ciento de las empresas formales de América Latina no encuentran la fuerza laboral dotada de las competencias que necesitan, frente a 36 por ciento de las empresas en los países de la OCDE. Se trata de un problema particularmente apremiante en países como Perú, Brasil y México. En consecuencia, un tercio de los empleadores tienen que emplear personal calificado del extranjero para suplir la escasez de competencias y las empresas tardan más que en cualquier otra región para ocupar las vacantes.

En el caso particular de México la situación no varía del resto del continente. Durante el primer trimestre. del año 2016 los jóvenes de 20 a 29 años representaron 41.5 por ciento del total de desocupados del país, cifra que sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo juvenil fue la mayor en más de 11 años.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que alrededor de 887 mil personas de 20 a 29 años no contaban con un empleo en el primer trimestre de 2017, cifra que revela la más grande proporción de jóvenes desempleados desde 2005, año en que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años es de 23.5 por ciento del total de los desempleados en México. Mientras que el segmento de 25 a 29 años de edad, al que corresponde 18 por ciento de los desocupados totales, mostró su mayor tasa desde el primer trimestre de 2005. Otro 12 por ciento corresponde a los desocupados de 15 a 19 años.

“El desempleo entre jóvenes, sobre todo en el segmento de 21 a 24 años, corresponde a una cantidad importante de egresados de universidades públicas y privadas que no son absorbidos por el mercado de trabajo”, dijo Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.

Estar fuera del esquema de ley repercute en los salarios, pues 68 por ciento de los jóvenes percibió, durante el periodo señalado, de uno a dos salarios mínimos o no recibió remuneración. “La precarización en las condiciones laborales que está generalizándose en todas las ramas de la actividad económica le está pegando particularmente a los jóvenes, y no sólo se manifiesta en los salarios, sino también en largas jornadas de trabajo y pocas prestaciones”, dijo Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

La situación laboral para el segmento de la población más joven del país abre otra problemática, ya que, en el mismo lapso, seis de cada 10 jóvenes ocupados de 15 a 19 años trabajaron informalmente. La disyuntiva para estos jóvenes, oscila entre autoemplearse (la mayoría de las veces en el sector informal de la economía), o peor aún, caer en las garras de los carteles del crimen organizado, que en muchos casos buscan talento joven especializado para diversificar y dar mayor sofisticación a las actividades ilícitas que llevan a cabo.

Por otra parte, debemos señalar que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De acuerdo a datos del Inegi, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento declararon disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar uno.

Sin duda, la educación y las competencias son factores decisivos para apoyar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo. La educación es fundamental para elevar la débil productividad y encontrar nuevos mecanismos a fin de fomentar el crecimiento a largo plazo, reducir la pobreza, eliminar las desigualdades, lo cual redunda en estabilidad y cohesión social. Sin embargo, debemos reconocer que en la mayoría de los países de Latinoamérica el futuro nos ha alcanzado y hasta ahora no se han implementado mecanismos eficaces para incorporar a los egresados de la educación media superior y superior al mercado del trabajo de manera sólida y sistemática.

Debemos reconocer que la falta de coincidencia de aquello que se enseña en el sistema educativo con los requerimientos del mercado laboral representa un gran problema que fomenta el circulo vicioso del cual hablamos, donde inexperiencia es igual a desempleo.

La falta de competencias de la población joven recién egresada de la escuela, ha motivado que diversos países diseñen programas específicos para mejorar las aptitudes de quienes enfrentan problemas para integrarse al mercado laboral.

Estos programas aportan nuevas soluciones a un problema antiguo pero creciente: la exclusión económica y social de los jóvenes. Entre ellos hay que mencionar a Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Argentina; ProJovem, en Brasil; Jóvenes en Acción, en Colombia; y más recientemente Mi Primer Empleo, en Perú y uno más en Paraguay con idéntico nombre.

Cabe destacar la propuesta del Gobierno de Ecuador, la cual plantea para este 2018 dos programas de subsidios para fomentar la contratación juvenil. En el primero, el Estado asumirá el 50 por ciento del sueldo e igual porcentaje del aporte patronal al Seguro Social de los trabajadores contratados por primera vez por las empresas. Los beneficiarios serán jóvenes sin estudios completos. Este programa se denomina Mi Primer Empleo. El segundo se centra en el sector de pasantías. La propuesta del Gobierno es devolver a las empresas el 100 por ciento del salario pagado al pasante, una vez cumplidos los seis meses de prácticas siempre y cuando la compañía decida contratarlo. Para estos programas, el fisco ecuatoriano destinará unos 270 millones de dólares.

Esta problemática de la juventud no sólo atañe a las economías en desarrollo, también en el mundo desarrollado se padece esta débil incursión de la juventud al ámbito laboral. Por ejemplo, desde 2011, la Unión Europea ha puesto en marcha un programa denominado Eures, que consiste en una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos de empleo de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE, los países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein, además de otras organizaciones asociadas), para apoyar la movilidad de los trabajadores y ofrecer servicios de alta calidad tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Uno de los tres ejes de Eures es el de “Tu Primer Trabajo en Eures” (TPTE). Éste es un plan de movilidad laboral a pequeña escala dentro de la Unión Europea que ayuda a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años de todos los países miembros, así como de Islandia y Noruega, a encontrar una colocación (trabajo, periodo de prácticas o de aprendizaje) en otro país que no sea su país de residencia. Además, ayuda a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas a encontrar la mano de obra que necesitan en las vacantes difíciles de cubrir.

El plan TPTE se aplica en el marco del eje Eures, donde existe un instrumento de financiamiento denominado Empleo y la Innovación Social 2014-2020 (EaSI). El financiamiento es gestionado directamente por la Comisión Europea con el fin de contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Entre otras prioridades, presta especial atención a los grupos vulnerables como los jóvenes y fomenta un alto nivel de empleo sostenible y de calidad.

Entre los requisitos que el TPTE establece para el empleador está el poder proporcionar una formación y un aprendizaje de destrezas en el lugar de trabajo y expedir un certificado o declaración de las destrezas y competencias adquiridas al concluir el periodo de prácticas o aprendizaje, el cual tiene una duración mínima de tres meses (periodos de prácticas) o de seis meses (trabajos fijos y periodos de aprendizaje), que se pueden desarrollar en periodos consecutivos o separados. A la fecha, según su página electrónica, Eures ha ofertado 1,532,583 empleos en 11,050 empresas europeas.

La situación actual de los jóvenes mexicanos exige une verdadera política pública que aporte soluciones inmediatas. En ese sentido, en el Partido Verde hemos hecho diversas propuestas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y mejorar las vías para su inserción en el mercado de trabajo, permitiendo, cuando es el caso, que ello no les impida terminar sus estudios y que ésta se dé en el sector formal.

La presente iniciativa tiene como propuesta fundamental, que aquellos empresarios que decidan contratar a jóvenes para su primer empleo, sin experiencia alguna, les otorguen una percepción económica por el monto de entre uno y dos salarios mínimos vigentes y que el Estado cubra un salario mínimo adicional, en el entendido de que la permanencia en el trabajo deberá ser por un año obligatoriamente.

Consideramos que con esta propuesta el joven adquiere la experiencia necesaria que le será requerida en cualquier otro empleo y el patrón tiene la opción de otorgar la permanencia laboral a un empleado que, por las características propias de la edad, es innovador, dinámico y con un cierto grado de preparación académica o técnica.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Primer Empleo

Único. Se expide la Ley del Primer Empleo:

Ley del Primer Empleo Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo de los jóvenes concerniente al inicio de su actividad laboral formal, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Artículo 2. Serán sujetos a las disposiciones de esta Ley:

a) Los jóvenes de dieciocho a veinticinco años de edad que comprueben que se trata de su primer empleo formal; y

b) Los patrones que estén sujetos al apartado A del Artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria.

Artículo 3. Para que las empresas puedan incorporar personal en las modalidades contractuales previstas en la presente Ley y obtener los correspondientes beneficios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y contar con una situación regular de sus pagos del aporte patronal en materia de seguridad social;

b) No haber efectuado, en los sesenta días anteriores al pedido de contratación, reducción de personal, ni despidos sin causa justificada;

Artículo 4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá un registro de las personas que deseen ser contratadas bajo este régimen. Para este efecto, los interesados en el régimen del Primer Empleo deberán presentar ante la Secretaría, los siguientes documentos:

a) Identificación oficial;

b) Registro Federal de Contribuyentes; e) Acta de nacimiento;

d) Comprobante de domicilio; y

e) Los demás que establezca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Capítulo II Reglas para la Contratación del Primer Empleo

Artículo 5. Los contratos de primer empleo podrán ser convenidos entre patrones y trabajadores de dieciocho a veinticinco años de edad.

Artículo 6. El contrato de primer empleo deberá pactarse por escrito, debiendo constar expresamente las tareas a realizar y su duración, la cual tendrá que ser de un año obligatoriamente. Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la contratación y del inicio de labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo.

Artículo 7. En caso de así considerarlo, el patrón podrá otorgar contrato definitivo, con todas las prestaciones de Ley, al trabajador después del año obligatorio del primer empleo.

Artículo 8. Ningún trabajador podrá contratarse por segunda ocasión bajo el régimen de primer empleo.

Artículo 9. El puesto de trabajo del primer empleo y la práctica laboral deberán ser, cuando sea el caso, adecuados al nivel de formación y estudios cursados por el trabajador.

Artículo 10. Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el término del contrato al año o, en su caso, la continuación del mismo de manera definitiva sujeto a las normas de la Ley Federal del Trabajo. Dicho informe deberá contener la experiencia adquirida por el trabajador en el puesto, así como su asistencia, su comportamiento y su adaptación al trabajo.

Capítulo IIIDerechos y Obligaciones

Artículo 11. Los derechos y obligaciones de los sujetos del contrato se regirán por las normas de la Ley Federal del Trabajo, salvo lo expresamente establecido en la presente Ley.

Capítulo IVTerminación del Contrato

Artículo 12. El contrato de primer empleo terminará por las siguientes causas:

a) Cumplimiento del plazo establecido en el contrato;

b) El despido del trabajador por el empleador con causa justificada, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; y

c) El retiro del trabajador por causas justificadas y por mutuo acuerdo con el empleador.

Capítulo V De las Jornadas Laborales

Artículo 13. La jornada de trabajo será de ocho horas diarias y máximo cuarenta y ocho semanales.

Artículo 14. Quedarán excluidos de ese horario de la jornada de trabajo, los trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que cumplan actividades fuera del local donde se encuentre establecida la empresa, como agentes y comisionistas.

Artículo 15. Los trabajadores del primer empleo tendrán derecho al pago de las horas extraordinarias de labor, de conformidad con la reglamentación establecida.

Capítulo VIRemuneración

Artículo 16. Los trabajadores contratados bajo el régimen de esta Ley percibirán al menos entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más un salario mínimo adicional que será pagado por el Estado mexicano.

Artículo 17. El empleador que contrate a un trabajador bajo el régimen del primer empleo no podrá otorgar a éste un salario menor al que perciben los demás empleados que desempeñen las mismas funciones.

Artículo 18. Los recursos públicos para la subvención del programa del primer empleo serán aportados de lo recaudado anualmente a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y estarán contenidos en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación.

Capítulo VIIExenciones e Incentivos

Artículo 19. Los empleadores estarán exentos, respecto de los trabajadores contratados bajo el régimen de esta Ley, de:

a) Aporte jubilatorio; y

b) Vacaciones.

Artículo 20. Los empleadores deducirán las cuotas por seguridad social que correspondan al trabajador contratado bajo el régimen de esta Ley, de conformidad con la legislación aplicable.

Capítulo VIIIEvaluación

Artículo 21. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará, en conjunto con las empresas participantes, una evaluación anual de la aplicación de la presente Ley e informará públicamente sus resultados.

Capítulo IXMultas y Sanciones

Artículo 22. En caso de que el empleador dé por terminado el contrato de trabajo sin causa justificada antes de cumplido el plazo obligado, deberá indemnizar al trabajador de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 23. Los empleadores que no den aviso de la contratación y del inicio de labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo, serán acreedores a una multa de 500 a 750 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 24. Los empleadores que no den aviso de la conclusión de contrato del primer empleo serán acreedores a una multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 25. Al empleador que incurra en los supuestos descritos en los artículos anteriores se le impedirá seguir contratando bajo el régimen de esta Ley.

Transitorios

Primero. El titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, deberá publicar el Reglamento de la presente Ley a más tardar 90 días después de que entre en vigor la misma.

Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevará a cabo un registro de los trabajadores inscritos bajo el régimen del primer empleo establecido en la presente Ley y con base en él calculará los montos necesarios para su aplicación en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará anualmente, de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los recursos necesarios para la implementación del régimen del primer empleo establecido en la presente Ley.

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “Los jóvenes y el trabajo”, Enrique Pieek, Coordinador, Universidad Iberoamericana. Prólogo de Pedro Daniel Weinberg.

2 Ibídem.

3 Véase, “Perspectivas económicas de América latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento”, OCDE, Banco de Desarrollo de América latina y Cepal. Disponible en:

https://www.oecd.org/dev/americas/Resumen_LEO2017.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Véase, “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años”, periódico El Financiero, martes 28 de junio de 2016. Disponible en línea:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ jovenes-de-20-a-29-anos-con-mas-desempleo-en-11-anos.html

7 Véase, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la juventud (12 de agosto)”, Inegi, 10 de agosto de 2017. Disponible en línea:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aprooosito/2017liuventud2017 Nal.pdf

8 Ibídem.

9 Op. Cit. “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años...”

10 Ibídem.

11 Op. Cit. “Perspectivas económicas de América Latina 2017...”

12 Véase, “Gobierno plantea subsidiar el 50 por ciento del sueldo de nuevos empleos jóvenes”, diario El Comercio, 28 de diciembre de 2017. Disponible en línea:

http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-subsidio-sueldo_jovenes.html

13 Tu primer trabajo Eures Plan de movilidad específico Edición 2017. Disponible en:

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16258/ Tu%20primer%20trabajo%20Eures%20-%20Gu%C3%ADa.pdf

14 Véase, Eures, El portal de la movilidad electrónica. Consultado el 26 de febrero de 2018. Disponible en:

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Roberto Antonio Rubio Montejo,Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Frida Alejandra Esparza Márquez, María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Pasamos al siguiente punto en el orden del día.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:¿Con qué objeto? Sonido con la diputada Guadalupe Almaguer.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para manifestar mi solidaridad con las mujeres electas en el estado de Chiapas, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:No está en el orden del día.



ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al análisis del VI Informe de Gobierno. El siguiente punto en el orden del día es el VI Informe de Gobierno del presidente de la República en materia de política interior. Para participar en la primera ronda de intervenciones, los grupos parlamentarios han inscrito a las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.

En consecuencia, tiene la palabra hasta por cinco minutos Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México. Y para obviar tiempo, se prepara el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Con la venia de la Presidencia. Saludo a las y los diputados, a los medios de comunicación.

La revisión de las acciones que ha implementado el Estado mexicano con el objeto de garantizar la paz, las libertades y el desarrollo integral de las personas, proveen un punto de partida para el diseño de futuras estrategias de seguridad y en consecuencia constituyen una prioridad, tanto para la sociedad mexicana como para esta Cámara.

Los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad se han generado a lo largo de muchos años, son consecuencia tanto del incremento de las actividades delictivas en diversas zonas del país, como las debilidades institucionales en distintos periodos y órdenes de gobierno.

Superar estos retos exige combatir la delincuencia con una política de Estado, en la que cada uno de los Poderes de la Unión y las autoridades federales, estatales y municipales asuman con firmeza e integridad las responsabilidades que les correspondan. A partir de esta visión, el gobierno de la República desplegó una estrategia basada en cuatro ejes principales: coordinación operativa entre los tres órganos de gobierno; fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones policiales; uso intensivo de sistemas de inteligencia y prevención social de la violencia y del delito.

Dada la posición preeminente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de Gobernación, se optó por transferir las funciones de seguridad pública, lo que ha permitido una mejor coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, así como con los otros actores relevantes de la sociedad civil.

Ahora la Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinar los trabajos realizados por el gabinete de seguridad, con lo cual se garantiza que los esfuerzos emprendidos se desarrollen de forma coordinada, eficiente y eficaz. El sentido de corresponsabilidad y la cooperación institucional caracterizan los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el principal órgano del Estado mexicano dedicado a combatir la delincuencia y promover la seguridad.

La división del territorio en cinco regiones permitió llevar a cabo las estrategias diferenciadas de acuerdo con las necesidades de distintas zonas, además de haber fortalecido la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

Aunado a lo anterior, la Estrategia Escudo Titán, que consiste en la realización de operativos en municipios del país con altos índices delictivos, ha permitido atender los problemas de inseguridad desde una perspectiva multidimensional y multifactorial.

Alrededor de una cuarta parte de los municipios del país carecen de una fuerza policial propia. Entre los municipios que sí cuentan con una más de la mitad tienen menos de 50 elementos, que por añadidura tienen remuneraciones que no corresponden a la responsabilidad que desempeñan. Por ese motivo se ha implementado el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como municipal, mediante apoyos otorgados por el gobierno de la República, que resultan indispensables para avanzar hacia un modelo en los cuales los efectivos militares no tengan que cubrir las deficiencias de las policías locales.

Se ha invertido más de 80 mil millones de pesos en la modernización de instalaciones, equipos y armamento de las corporaciones policiales locales, así como en la capacitación de su personal. De enero de 2013 a junio del 18, se han fortalecido las capacidades de más de 903 mil elementos de instituciones de seguridad pública de todo el país.

El uso legítimo de las fuerzas públicas por parte del Estado es una herramienta que debe utilizarse como última alternativa para preservar la paz. En todos los casos, desde la prevención hasta la persecución del delito, el principal instrumento debe ser el uso de inteligencia. Es decir, información debidamente procesada, de modo que sea una guía eficaz para la acción.

Por ello, esta administración ha privilegiado el uso intensivo de los sistemas de inteligencia con la finalidad de establecer acciones que permitan combatir el delito y desarticulen los grupos delincuenciales, sin generar más violencia que afecte la normalidad de las comunidades.

A partir de esta visión se crearon los centros nacionales de la función de inteligencia, los centros regionales de función de inteligencia en los cinco centros regionales de inteligencia naval.

Es imposible imaginar un Estado eficaz contra las organizaciones criminales que no incluya entre sus tareas prioritarias la coordinación entre las autoridades, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y las acciones para prevenir el delito.

La experiencia adquirida a lo largo de los pasados seis años, tanto en los avances como en los rezagos, constituyen un valioso referente para la elaboración de una nueva estrategia. Sería un grave error ignorar lo realizado y pretender partir de cero.

Si bien el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce que hay trabajo por hacer en materia de seguridad, es justo reconocer los esfuerzos realizados por el gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, con base en los cuatro ejes descritos, con la finalidad de brindar a las familias mexicanas paz y tranquilidad para poder vivir y trabajar en paz. Es cuanto, señor presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, señoras y señores legisladores, dentro de los magros resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al lado del persistente y elevado nivel de corrupción, destaca en su VI Informe de Gobierno el limitado acceso a la justicia, que deviene en creciente impunidad, violencia y abandono de las víctimas.

Abundan los datos que ilustran esta situación, verbigracia, durante esta administración en materia de impunidad ocupó la primera posición en América y el cuarto lugar a escala global.

Más de dos terceras partes de la población consideran que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país. Además, que del total de los delitos cometidos solo se denuncia un 10 por ciento y poco más del tres por ciento llegan a concluir su proceso.

Asimismo, es notorio en el periodo de este VI Informe el aumento de los delitos de alto impacto, los crímenes cometidos contra periodistas, la persistencia de la incidencia y reducido acceso a la justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias y la falta de fortalecimiento en las instituciones policiacas federales. De manera alarmante se registra una tendencia creciente en el asesinato y desaparición de periodistas, mujeres y niños.

Aunado a lo anterior, este gobierno queda en deuda en relación a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, siendo omiso en establecer una estrategia clara y una planeación integral a nivel nacional que se tradujera en una política pública efectiva que impidiera el estancamiento de dicho proceso.

Las cifras relativas a la Procuraduría General de la República, dadas a conocer en el VI Informe, señalan que, dentro del sistema de justicia tradicional y mixto, de un total de 84 mil 812 averiguaciones previas en trámite, solo un poco más del dos por ciento se consignaron.

El panorama en el sistema de justicia penal acusatorio no es mucho mejor, ya que de 140 mil 352 carpetas de investigación en trámite solo se presentaron 13 mil 602 al órgano jurisdiccional, la mayor parte es indetenido.

Así pues es notorio, señala que el rezago de la PGR en la implementación del nuevo sistema ha provocado que la mayor parte de las carpetas de investigación iniciadas esté pendiente de determinación y que del total, solo el 0.18 por ciento llegó a juicio oral y el resto se resolvió por otras vías.

Las propias cifras del VI Informe revelan el fracaso de este gobierno en garantizar un sistema de justicia penal expedito, eficaz y transparente. En vez de trabajar para allegar los recursos necesarios para la adaptación y mejora de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, intentó de manera reiterada manipular los procesos, proponiendo leyes socialmente riesgosas como la Ley de Seguridad Interior, así como nombramientos a modo en la Fiscalía General de la República y en el Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de proteger en esta administración a los que han incurrido en escandalosos actos de corrupción.

Los saldos en materia de acceso a la justicia que nos deja este gobierno son funestos. No solo entrega un país más inseguro, violento y saqueado, sino que también deja una certeza social de que quien la hace no la paga.

Se negó la posibilidad de que el Estado de derecho fuera el canal conductor para llegar a la verdad. De juzgar a los delincuentes y reparar a las víctimas. No se respondió de manera legítima y eficaz a las violaciones de los derechos fundamentales y se dejaron de observar principios generales, tales como el derecho al acceso a la justicia, la imparcialidad del juzgador, la igualdad procesal de las partes y la ejecutoriedad y efectividad de las decisiones de los tribunales.

El Grupo Parlamentario del PRD señala que este gobierno no fue capaz de garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. No se logró abatir el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia.

En el PRD consideramos que para recuperar la tranquilidad y la legalidad de nuestro país es necesario actuar en todos los frentes, y principalmente en todos los niveles de gobierno. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González:Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, México sigue siendo un país donde la aplicación y sanción que establece la ley para quienes cometen delitos es la excepción y no la regla. Donde en materia de seguridad y justicia penal aún no logramos construir un verdadero Estado de derecho.

Las instituciones de investigación y procuración de justicia no están rebasadas, están reprobadas. La cifra negra de los delitos ocurridos pero no denunciados han aumentado del 92 al 93.6 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen únicamente se presentan seis denuncias y de estas solo dos son investigadas y resueltas, lo que se traduce en una impunidad del 98 por ciento.

El mismo Inegi en 2016 estimó que en nuestro país ocurrieron 31 millón de delitos que directamente afectaron a 24 millones de personas, quienes fueron doblemente víctimas, pues no solo sufrieron la afectación de sus bienes e integridad, sino también la omisión y la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia.

A nivel federal, del total de denuncias que la Procuraduría General de la República logra consignar ante el juez, el 99 por ciento de ellas se debe a que el diputado fue detenido en flagrancia, lo que evidencia la ausencia total de las capacidades de investigación de los delitos de la principal institución de procuración de justicia de nuestro país.

El aumento de violencia lacera a toda la población, sin embargo, entre quienes han resentido más las consecuencias están las mujeres. Datos del Inegi reflejan que el género femenino representa el 79 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

La violencia feminicida persiste tanto en espacios públicos como privados. Datos de la agencia de ONU Mujeres revelan que en nuestro país se asesinan siete mujeres cada 24 horas.

No podemos hablar de un Estado de derecho cuando el Estado es incapaz de garantizar el libre ejercicio de prensa. La violencia contra periodistas ha alcanzado niveles alarmantes. De 2010 a 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta 74 homicidios de periodistas.

En los últimos seis años se han registrado 49 asesinados y cerca de dos mil agresiones a reporteros. México ocupa el deshonroso lugar como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo y el tercer país más peligroso a nivel mundial, solo superado por Irak y Afganistán, según los datos publicados por la Federación Nacional de Periodistas en 2017. El día de hoy existen periodistas que estarían más seguros ejerciendo su profesión en países en estado de guerra que en México. Como hemos mencionado, este gobierno no investiga ni detiene a los delincuentes. En cambio, sí espía a sus periodistas y representantes del Estado, la sociedad civil.

En junio de 2017, el diario norteamericano The New York Times documentó el espionaje del que fueron víctimas, entre otros, abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un economista que ayudó a redactar el proyecto de Ley Anticorrupción y dos periodistas más influyentes de México. A la fecha este crimen permanece impune.

Este tipo de hechos son fiel reflejo de un gobierno que en el presente sexenio no estuvo a la altura ni de sus ciudadanos, ni de su mandato para gobernar, cuyo VI Informe constituye un saldo más que avances, refleja sus pendientes y omisiones. No en vano, al concluir su mandato, el presidente Peña Nieto termina con una evaluación negativa de gestión, 77 por ciento de los ciudadanos mexicanos manifestó estar en desacuerdo con su gobierno.

Así, el presente Informe en materia de gobernabilidad y política interior, en lugar de avances nos muestra lo mucho que falta por hacer, lo mucho que este gobierno se equivocó y las grandes omisiones que derivan en una crisis de derechos humanos y violencia sin precedentes en la historia de nuestro país.

Restituir la seguridad, castigar la impunidad, sancionar la corrupción, evitar la simulación y lograr que en los hechos, no el discurso, el gobierno y sus instituciones estén al servicio de los ciudadanos seguirá siendo el gran pendiente que esta administración nos hereda. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y se prepara el diputado Armando González, del Partido Encuentro Social. En el uso de la voz Benjamín Robles Montoya. Diputado.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados. La evaluación de la política interior ya la hizo el propio presidente de la República, le fallaron al pueblo de México, sí. No hay México en paz. Y tampoco hay un México con mejores condiciones de seguridad. Y ni que decir de si se cumplió o no la promesa de garantizar el respeto de los derechos humanos, o que la relación entre estados y federación esté en el mejor momento de nuestra vida democrática. No.

De hecho, la política interior del actual gobierno ha rayado en el colmo de la ineficacia y en el límite de convertirse en un crimen contra la población mexicana. ¿Cómo explicar si no las cerca de dos mil agresiones contra periodistas en lo que va del sexenio? ¿Cómo calificar la pérdida de libertad de la población mexicana que ya no puede transitar por el territorio?

¿Cómo olvidar Nochixtlán, cuando las redes sociales demostraron las mentiras del entonces secretario de Gobernación y del entonces gobernador de Oaxaca, que en conferencia de prensa se atrevieron a asegurar que las fuerzas del orden no habían acudido armadas? Y una vez que se difundieron las imágenes y videos de policías con armas de fuego disparando contra la población, mandaron al comisionado de la Policía Federal a dar la cara y a reconocer que sí habían utilizado armas.

Eso, en democracias avanzadas, compañeras y compañeros, habría ameritado la renuncia del secretario de Gobernación y la del propio gobernador, pero no en México y menos en un gobierno priista.

Por eso no es suficiente con que de forma cínica y negligente el presidente diga que no ha cumplido y que le demos la vuelta a la página como si no hubiera pasado nada. Que les pregunte a los familiares de las víctimas de homicidios si basta con palabras y spots televisivos para olvidar lo sucedido.

El gobierno priista de Peña Nieto, ha batido todos los récords de homicidios. Miren, solo en el primer trimestre de 2018 ha sido el más violento desde que se tiene registro. Que pregunte a la población afectada por los sismos de 2017 si se siente segura y atendida por el gobierno de la República como este afirma haberlo hecho en el texto de informe que ha entregado al Congreso.

Sí, nada nos hubiese dado tanta satisfacción como venir aquí a felicitar la atención eficaz de desastres que hubiese efectuado la administración. Pero es todo lo contrario. Con graves visos de corrupción, con dilaciones en todos los aspectos, desde la reconstrucción de viviendas hasta la coordinación institucional.

Por eso, es una posición que compartimos en la bancada del Partido del Trabajo en este Congreso y en todos los Congresos estatales y aun en nuestros gobiernos municipales, que necesitamos restablecer la normalidad democrática en México. Necesitamos revertir la inercia negativa que enfrentamos y reinventar la política interior del país.

Nosotros somos federalistas, nosotros somos municipalistas y no vamos a permitir ni antes, ni ahora ni más adelante, que se falta el respeto a los gobiernos estatales y tampoco se malogren los postulados de Juárez ni el trabajo que durante muchos años nosotros impulsamos desde nuestras propias localidades.

Por todo esto, el presidente sí acertó en reconocer que fallaron, pero no le alcanzó ni el lenguaje ni la sinceridad para reconocer que fallaron también en lo más sagrado, la honestidad, porque se están yendo algunos de los funcionarios más corruptos en la historia de México. Ese fue el signo de esta administración, y ninguna armonía, ningún pacto ha de borrárselos de un plumazo, porque para construir la paz, compañeras y compañeros, son necesarias muchas cosas, pero sobre todo una de ellas, la verdad.

Y en el PT estamos dispuestos a hablar con la verdad al pueblo de México, la verdad sobre el sexenio que se termina y que es del dominio público, y también la verdad sobre el proceso de construcción que iniciamos y que está en marcha.

Por eso que nadie lo dude. Nosotros estamos del lado del pueblo de México, y así como hemos sido directos y severos en el sexenio saliente, también lo seremos con los nuestros, porque ha llegado la hora de la nueva república, eso es cierto, pero de una república moderna que nos impulse hacia adelante y que no retroceda 200 años.

Compañeras y compañeros, la mejor política interior es la congruencia, eso que no conoció el gobierno que se va. Por eso digo, compañeras y compañeros diputados, poco o nada nos dice este informe sobre la verdadera situación del país.

No es más que un montón de cifras alegres que no reflejan el desastre que Peña Nieto deja en la administración pública, y así lo seguiremos mencionando en los distintos momentos de esta glosa del último informe de este desastroso sexenio para el país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. En el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Armando González Escoto:Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, para quienes damos vida y dinamismo al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta soberanía, la sociedad mexicana es heterogénea y encuentra en su diversidad su mayor riqueza, no la vemos como una masa uniforme y por ende aspiramos a que todos los mexicanos sean iguales, pero solamente ante la ley.

Reconocemos, sí, que lo que tenemos que vencer es la desigualdad que la excluye, que la lesiona, la cohesión social, y pone en riesgo nuestra viabilidad como país. En tal sentido, creemos que el tratamiento de iguales a los iguales, y desigual a los desiguales, es una de esas piedras angulares de la justicia.

Uno de los flagelos más lacerantes para la vigencia y la vivencia de los derechos humanos en nuestro país, es sin duda la discriminación que padecen los pueblos indígenas.

Recientemente la relatora especial sobre los derechos humanos de pueblos indígenas en su informe de la visita realizada en noviembre de 2017, concluye que desde 2003 los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos.

El Estado mexicano ratificó el 5 de septiembre de 1990, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, es de observancia general.

El inciso a) del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente.

No obstante lo anterior, la relatora especial en su informe señala que las consultas que llevan a cabo las autoridades no son previas y que se emiten autorizaciones y permisos para proyectos antes de consultar a los pueblos indígenas, situaciones de amenazas, hostigamiento y criminalización de los miembros de pueblos indígenas durante los procesos de consulta, menoscaban el carácter libre de las mismas.

Han pasado siete años de la reforma constitucional de derechos humanos en nuestro país, y la situación de los pueblos indígenas en México, refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Ejemplo de lo anterior, tenemos que el Ejecutivo federal olvidó en su informe de gobierno dar una respuesta en torno a la omisión de presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Este requerimiento fue formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 11 de julio de 2016, en la recomendación general número 27/2016.

La falta de la ley sobre derechos a la consulta ha traído consigo la instalación de mesas interinstitucionales con pueblos indígenas por parte de las autoridades, para resolver la problemática, tal como lo presenta el VI Informe de Gobierno. Lamentable resulta ver que la omisión se convierte en un logro para el gobierno de la República.

Avances que pudiera presumir el gobierno federal para erradicar la discriminación en nuestro país, como la puesta en funcionamiento del Programa Ciudad de las Mujeres, por parte de Sedatu, se ve acompañado por la violación a los derechos humanos de más de 30 personas indígenas que no solamente se les despidió del programa, sino que durante el tiempo que laboraron en la Sedatu en Tlapa, Guerrero, no tuvieron prestación alguna.

En este recinto nos acompañan integrantes de la Unión Regional de Mujeres de la Montaña, Francisca Reyes Castellanos, asociación civil que está apoyando a las mujeres indígenas, despedidas por Sedatu por atreverse a exigir el respeto a sus derechos humanos.

En Encuentro Social nos pronunciamos porque los pueblos indígenas definan no solo su propio tiempo de desarrollo económico, social y cultural, sino que en este caso específico exigimos a la titular de la Sedatu la reinstalación de las mujeres indígenas despedidas, el pago de los meses adeudados y el respeto a sus derechos humanos.

Todas las propuestas que hacemos para mejorar la realidad mexicana en materia de derechos humanos serán desde la convicción de que otro México es posible con los derechos humanos y la discriminación como vigencia y como vivencia. Compañeros diputados, hagámoslo nosotros. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI, el análisis del VI Informe de Gobierno sobre política interior se hizo con reflexión franca y objetiva, visualizando avances significativos en rubros fundamentales para lograr un México próspero, productivo y en paz, como el que hoy se está conformando gracias a que la política interior robusteció, no solo a las instituciones, sino también al Estado de derecho, asegurando gobernabilidad y la conformación de un proyecto de nación donde la atención de los rezagos y deudas sociales estuvo a la par con la consecución del equilibrio económico.

Una muestra de ello es que a lo largo de este año junto a la sociedad civil, legisladoras y gobiernos locales se trabajó para fortalecer y reconocer el papel de la mujer en el México, con la misma intensidad del inicio del sexenio, cuando se incorporó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo la transversalidad de género, con lo que este gobierno de manera efectiva y como nunca antes lo había hecho otra administración garantizó de principio a fin que todas sus políticas públicas y programas sectoriales adoptaran una perspectiva de género, o bien por primera vez y después de más de 60 años de la aprobación del sufragio femenino materializó en la norma y en los hechos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, teniendo hoy el mayor número de diputadas y senadoras en la historia del país.

Asimismo, y en materia de derechos, el gobierno del presidente Peña Nieto también dio muestras de un verdadero compromiso e inclusión, al instrumentar el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación y generar la Norma Mexicana en Igualdad Laboral, certificando ya a 309 centros de trabajo.

De igual forma, sobre el derecho a la nacionalidad y la identidad fundamental para el reconocimiento como integrante de nuestra sociedad y para el acceso y disfrute innegable de todos los beneficios jurídicos y sociales, se implementó de manera exitosa la estrategia Tu acta de nacimiento donde te encuentres, logrando para ello y por primera vez interconectar a todos los registros civiles del país, para que todo mexicano pueda contar con su acta de nacimiento en cualquier parte de la República.

También sobre la atención a los desastres naturales que tantas heridas y costos nos han dejado como nación, ya sea en tornados, huracanes, sismos o inundaciones, se mejoraron los protocolos de atención antes, durante y después de las catástrofes, tanto a la población afectada como a la infraestructura, el entorno y la reconstrucción.

En este punto aprovecho para expresar que ha sido determinante el apoyo de las mujeres y los hombres que conforman el Ejército y la Marina en la implementación del Plan MX, quienes con lealtad, patriotismo y valentía han trabajado en el rescate de víctimas, entrega de víveres y protección de personas.

A las Fuerzas Armadas nuestro mayor reconocimiento y gratitud por todas las imprescindibles tareas que desarrollan para salvaguardar la integridad y soberanía de la nación.

Por eso les reiteramos, el Grupo Parlamentario del PRI está listo para seguir siendo promotor de un marco legal que garantiza su actuación y también para que le permita saber a la población que se seguirá dando con respeto de los derechos humanos y la preservación del orden constitucional.

Gracias a lo hecho existen las condiciones para que hoy el presidente electo continúe su permanencia en las zonas de alto riesgo para tranquilidad de la población. Como se puede apreciar hubo avances y resultados, así como también reconocemos que quedaron grandes retos pendientes, pero señoras y señores diputados, se lograron fraguar los cimientos, que si no se desconocen y se aprovechan, permitirán continuar con su atención y seguir construyendo un país con más tranquilidad, porque hoy contamos con un nuevo sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y un Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la operación del número 911 para la atención de emergencias y una estructura sólida y fuerte en la prevención de conductas delictivas y atender los detonantes de violencia y delincuencia en el país.

Finalmente, hay que enfatizar que el presidente Peña Nieto será reconocido por entregar un país con una democracia madura, que reivindica la política y garantiza la participación ciudadana en beneficio de la sociedad.

Gracias a eso, en la pasada jornada electoral salimos a votar con la seguridad de que nuestro sufragio sería verdaderamente efectivo, la conformación de esta asamblea es testigo y ejemplo de que así lo fue.

Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara refrenda su compromiso con México y no será ni obstáculo ni una oposición que solo exhiba actitudes, seremos garantes de los logros que en este año...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Concluyo, presidenta. Seremos garantes de los logros que en este año y a lo largo del sexenio del presidente Peña se obtuvieron para el bien de todos. ¡Qué viva México! Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez:Con su permiso, presidenta. Señoras y señores legisladores, como es de todos conocido, el pasado primero de septiembre el titular del Ejecutivo federal hizo llegar al Congreso de la Unión el VI y último Informe de labores de su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este Informe el presidente de la República da cuenta del estado que guarda la administración federal y la situación por la cual atraviesa nuestro país al finalizar su gobierno.

En este contexto, es evidente que el gobierno saliente deja un país con graves síntomas de desgobierno y con una sociedad agraviada, irritada e indignada. Parafraseando a la prensa internacional, nunca entendieron que no entendieron.

Para el Partido Acción Nacional los resultados aquí analizados en materia de política interior dan muestra de un fracaso. Así, el balance de un gobierno que de manera arrogante señaló que sí sabía gobernar y, sin embargo, derivado de una estrategia fallida se agravó de manera grave la situación de inseguridad en México.

Sin duda, México atraviesa por uno de los momentos más difíciles en cuanto a violencia y en cuanto al respeto a los derechos humanos de los mexicanos.

Atrás quedó la retórica triunfalista de aquellos que hace seis años pensaron que la inseguridad se solucionaría soslayando el fenómeno, y que con coordinación todo se resolvería.

Lo que hoy vemos es la respuesta ante la decisión errada de desmantelar las instituciones de seguridad pública, de limitar el crecimiento urgente de la Policía Federal, de oponerse a una reforma policial integral y profunda en los tres niveles de gobierno y de oponerse también al mando mixto. De ralentizar la operación del Sistema Penal Acusatorio.

El saldo de violencia, inseguridad e impunidad que hoy duele a los mexicanos es también el resultado de intentos y estrategias improvisadas, como la del establecimiento de una gendarmería nacional a que se destinaron más de 20 mil millones de pesos y de la cual aún no tenemos resultados concretos.

Las estrategias implementadas por este gobierno demostraron en seis años que, lejos de solucionar la problemática existente en materia de seguridad y justicia, la misma se agravó, como dan cuenta los siguientes datos: padecemos de una violencia cuyo saldo ha sido la mayor cifra de homicidios dolosos en la historia reciente. Estamos cerrando la administración con dos mil 600 homicidios dolosos por mes, lo cual supera nos registros en la materia y nos ubica como el país, en promedio, de 27 homicidios dolosos por cada 100 habitantes.

En todo el país se registraron un total de 35 mil 943 casos de homicidio en 2014, mientras que para 2017 el registro fue de 46 mil 681 casos. Es decir, un incremento en tres años del 30 por ciento.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el homicidio doloso constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia en un país.

Otro dato alarmante que da cuenta del estado que guarda la seguridad en México es el saldo que deja la presente administración en materia del crecimiento exponencial en el robo de hidrocarburos.

En los últimos 10 años el robo de combustible creció en 868 por ciento, según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos. El aumento en la ordeña clandestina de ductos de Pemex parece imparable.

Hace 10 años se detectaba una toma por día y a la fecha son 20. Estos datos sencillamente son imposibles de entender sin el conocimiento de las propias autoridades, lo cual pone en tela de juicio una posible complicidad interna, que simplemente no se ha querido ver.

Este gobierno fue incapaz de combatir el crimen organizado con inteligencia, a través del desmantelamiento de sus estructuras financieras, pues dejaron abandonadas figuras como la extinción de dominio, de acuerdo con el propio informe de GAFI.

En materia de combate a la corrupción, pese al avance en la construcción de una potente reforma para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la administración saliente deja grandes huecos en esta materia. México ocupa el lugar 129 de 179 países en el índice de percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional.

El gobierno entrante deberá dar respuesta a interrogantes como qué pasó con el caso de Odebrecht, como responder con acciones contundentes ante el desfalco a las arcas de los mexicanos por parte de gobernadores como Javier Duarte.

Termino, presidenta. Acción Nacional será firme en su postura permanente y persistente en exigir al nuevo gobierno y a su partido a asumir el compromiso en favor de la ley y el derecho. Esta tribuna espera a sus integrantes para conocer la dimensión de su compromiso en los casos de corrupción que este gobierno saliente no quiso, no pudo o no supo resolver. Los mexicanos no quieren pactos de impunidad.

Finalmente debo señalar que las y los diputados del PAN estamos y estaremos siempre dispuestos al diálogo constructivo con las otras fuerzas políticas y con el Ejecutivo federal, como siempre hemos hecho desde hace 79 años y estamos listos para impulsar propuestas, para fortalecer el andamiaje institucional en México. En Acción Nacional estamos listos...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: ... para discutir las propuestas de manera abierta y sin cortapisas. En el PAN estamos listos una vez más para hacer labor responsable, crítica y propositiva al interior del Congreso.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Termino, presidenta. Estamos listos para seguir en la ruta del cambio a México por la vía democrática. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Martínez Flores.

El diputado Juan Martínez Flores:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Yo les digo: No puede haber gobernabilidad democrática sin erradicar la corrupción.

Hace unos días, Enrique Peña presentó su último Informe de Gobierno, en el que resalta entre otros temas, las reformas constitucionales en materias de transparencia y combate a la corrupción.

La reforma anticorrupción buscó establecer un régimen legal e institucional para prevenir los actos de corrupción, sin embargo, desde esta tribuna le decimos al titular del Ejecutivo que esta asignatura deja muchos pendientes. Hoy mismo la sociedad mexicana sigue cuestionando el tema de la Casa Blanca, los contratos y concesiones otorgados al Grupo Higa, a OHL y a Odebrecht.

Durante su administración se evidenciaron por primera vez los actos de corrupción de los exgobernadores, de los ahora sujetos a juicios como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge, todos emanados del PRI que lo llevaron a su gobierno. Los delitos cometidos por ellos formaron parte de una red de complicidades para hacer negocios en el ámbito del poder público.

La Estafa Maestra. Otro gran escándalo de corrupción evidenció la utilización de las dependencias gubernamentales con la finalidad de colocar al sistema financiero dinero obtenido de forma ilícita para los procesos electorales, actuando y haciendo una inequidad en estos procesos electorales.

Los escándalos de corrupción de la actual administración, la presión de la sociedad, de los medios de comunicación y de las organizaciones no gubernamentales, obligaron a crear un entramado institucional con la finalidad de combatir la corrupción imperante en su gobierno.

De esta manera, el Congreso legisló para dar vida al sistema anticorrupción, sin embargo, el principal problema para que esta pueda consolidarse ha sido la voluntad política del partido que lo llevó al poder.

Aún están pendientes los nombramientos del fiscal anticorrupción, de los magistrados de las salas del Poder Judicial especializados en delitos de corrupción, de los titulares de los órganos internos del control de los órganos con autonomía constitucional, el INAI, la Cofece, el Ifetel, el Inegi, entre otros. A la fecha 13 entidades federativas no han expedido las leyes y no han realizado las adecuaciones que permitan la eficaz implementación del sistema.

En su último informe se resalta que más de 46 mil servidores públicos han sido amonestados, multados, suspendidos, destituidos o inhabilitados, pero los mexicanos nos preguntamos ¿hasta cuándo se aplicará la ley a los peces gordos?

¿Será que antes de que termine su sexenio podamos ver y conocer las investigaciones que la PGR ha hecho en el caso de Odebrecht, empresa que ha causado un escándalo de corrupción mundial y podamos ser testigos por primera vez que un extitular de su gabinete sea castigado por hechos de corrupción?

Señor presidente, permítame felicitarlo porque en materia de archivos y datos personales, vaya que se ha cumplido. Con estas leyes lo que se ha logrado es darle legalidad a la reserva de los temas que más han lastimado a la sociedad mexicana.

Hoy, después de 50 años, no podemos conocer aún la verdad histórica sobre el movimiento estudiantil de 1968, tampoco lo que ha ocurrido con el movimiento de los 43 estudiantes desaparecidos o de la matanza de Tlatlaya. Todos estos temas están reservados.

Desde esta tribuna afirmamos que los legisladores de Morena estamos comprometidos con los tres principios que ha sostenido nuestro licenciado Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar.

Pugnaremos porque desde esta Cámara de Diputados la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, no solamente sea un discurso sino sea una realidad.

Hoy Morena, como grupo mayoritario en el Congreso de la Unión, reitera a la ciudadanía que cumpliremos nuestros compromisos, cambiaremos el régimen político donde imperó la opacidad, la impunidad y la corrupción.

Vamos por esa cuarta transformación del país. Nuestro grupo parlamentario busca una nueva relación de poderes. Que nuestras acciones sean el reflejo de nuestras convicciones. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado.

Entramos a la segunda ronda en este análisis del VI Informe de Gobierno, para lo cual se han inscrito los siguientes diputados y diputadas: el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido de la Revolución Democrática. La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano. El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo. El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Partido Encuentro Social. La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Mario Mata Carrasco, de Partido Acción Nacional. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Oscar Bautista Villegas:Muchas gracias, muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.

Garantizar y proteger los derechos humanos es una tarea que debe privilegiarse en todo momento por parte de un estado que se considera democrático, pues se trata de garantías indispensables para asegurar el bienestar de las personas y de sus propias familias. Razón por lo que a lo largo de nuestra historia se han firmado y ratificado diversos acuerdos y tratados internacionales en esta materia. Del mismo modo se han emprendido diversas acciones para garantizar el respeto y su pleno ejercicio. Si bien al respecto absoluto de los derechos humanos en nuestro país, no es una materia terminada, en los últimos años se han conseguido avances muy importantes.

Durante esta administración se establecieron acciones concretas para garantizar la ampliación de los derechos humanos de las personas, destacando en la misma la incorporación de los derechos humanos a la nueva Ley de Amparo, así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Víctimas para incluir la protección integral con un enfoque garantista. La modernización de los marcos normativos en nuestro país ha sido una constante durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a ello, se han creado nuevos ordenamientos para garantizar el combate pleno de diversos ilícitos que afectan a la sociedad.

Destacan en este rubro la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En adición a lo anterior, se desarrollaron programas de trabajo, indicadores de seguimiento y acciones de capacitación que han permitido fortalecer las capacidades de más de 44 mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno en temas relacionados con los derechos humanos, así como el establecimiento de medidas específicas para prevenir y eliminar la discriminación, toda vez, como señala en el VI Informe de Gobierno en nuestro país, aún sigue prevaleciendo este fenómeno, motivo por el que se implementó el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, gracias al cual se logró que durante los primeros cinco años de esta administración, los estados que aún carecían de leyes locales para prevenir la discriminación, atendieran este tema y publicaran su propia legislación, generando con ello bases sólidas para poder garantizar los derechos humanos en el ámbito local.

Es pertinente también destacar que en junio del 2017 la Secretaría de Salud elaboró el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios médicos de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero o intersexual, con lo que se dio un paso importante para garantizar una protección más amplia para este sector de la población.

En materia de recomendaciones emitidas para el gobierno federal, un aspecto sobresaliente es que se redujo el número de recomendaciones turnada a la administración pública federal por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2017 se recibieron un total de 238 recomendaciones, cifra que contrasta con las 277 recibidas durante la pasada administración.

Además de lo anterior, el gobierno de la República ha aceptado cada una de las recomendaciones recibidas, las cuales han sido turnadas para ser atendidas por cada dependencia implicada, siendo resueltas en su totalidad 52 de ellas.

La atención puntual de los ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en esta presente administración se convirtió en un tema primordial, pues son hechos lamentables que afectan no solo en contra de la vida y la integridad de las personas que lo sufren, sino en contra de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad de estar informada.

En este sentido, se fortaleció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, por lo que en diciembre de 2012 a junio de 2018 un total de 948 personas han estado bajo la protección de este mismo.

Haciendo un balance sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos gracias a las mismas, en el Partido Verde consideramos que el gobierno del presidente Peña Nieto ha puesto atención puntual al fortalecimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país, y ello es una muestra clara del firme compromiso con la construcción de una sociedad que ejerza plenamente los derechos consagrados en la propia Constitución. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. En el uso de la tribuna tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Héctor Serrano Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Héctor Serrano Cortes:Con su venia, señora presidenta. Honorable Cámara, señoras y señores diputados, es difícil hablar de la política interior de la glosa que se desprende del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque el 80 por ciento del informe que nos presentan se concentra en temas específicos de seguridad pública y nacional.

La política interior debe desprenderse de los vectores de la seguridad pública y concentrarse en abrazar una relación coordinada entre los Poderes y promover el respeto a la división de los mismos, fortalecer el federalismo y garantizar en todo momento la soberanía de los estados.

En esta nueva etapa de renovación política y democrática debemos aceptar que el respeto entre Poderes es el respeto al pueblo de México. Los representantes populares, con alto sentido de responsabilidad protestamos promover y defender el federalismo.

Ojalá y que el nuevo gobierno por iniciar conciba a la política interior como el mecanismo exacto para promover y garantizar la unidad nacional. La cruenta lucha electoral lastimó, no solo a quienes participaron de forma efectiva en ella, la sociedad mexicana también resultó lastimada, y hoy requiere de certeza en la relación política entre sus representantes populares.

Esta soberanía es de primer contacto con nuestra sociedad, misma que se muestra más demandante e informada que nunca. Todos estamos sujetos al escrutinio público, obligados a actuar con transparencia en la rendición de cuentas. Los electores que participaron en el pasado proceso electoral, al depositar su confianza en el nuevo gobierno, no aceptarán un solo error. Si se comete, no habrá complacencia ciudadana.

Comprendo que, para construir una adecuada relación política, además de voluntad se requiere de oficio político, vocación y, por supuesto, talento, que posibilita alcanzar acuerdos con el mayor consenso.

El gobierno entrante habrá de acreditar su convicción genuina y el tan mencionado compromiso republicano. De ser así, la coordinación con este Congreso y otras soberanías resultará exitoso por el bien de la nación.

Para los estados se requiere un renovado federalismo, que no vulnere la soberanía local ni lesione sus finanzas, porque los retos del federalismo se resuelven con más federalismo. La relación con el Poder Judicial debe conducir y enaltecer el acceso a la justicia cotidiana, fiel a nuestro texto constitucional. Jamás se debe utilizar a los órganos de procuración y administración de justicia para alagar los sentidos y mitigar las afrentas personales.

A los órganos autónomos habrá que respetar su independencia. Para lograr su eficacia es inaceptable se les aplique rudeza presupuestal, pero quizá lo más importante de la nueva política doméstica es la relación abierta y transparente con los ciudadanos que se concentran a través de las organizaciones civiles, sociales y gremiales.

El equilibrio y el trato digno a la oposición suavizan los sentidos y motivan a la reflexión objetiva que facilita el acompañamiento de las políticas públicas a implementar simple y llanamente porque se genere una adecuada y efectiva comunicación.

Hoy el compromiso de todos es con México, acompañaremos como fracción una política interior incluyente, que promueve la participación de los diferentes sectores de la población, que respete a las minorías que en su conjunto se convierten en mayorías, y que respete la libertad de expresión que se constituye como el instrumento que orienta y rectifica decisiones.

Comprometidos estaremos a evitar la confrontación a ultranza, no más división por cerrazón, solo pedimos que la soberbia y el ego no se antepongan para lograr el entendimiento, ya que todo se justifica por el bien de la nación y el bienestar social.

La correcta política interior es el bálsamo que sana a los órganos internos, para que la apariencia externa no requiera de maquillaje. La simulación y el engaño podrán tener efectividad política a corto plazo, pero la razón y los principios que la ideología nos dicta se sostendrán por siempre en nuestra historia. Como dijera Juárez: Contra la patria, nunca tendremos la razón. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Pilar Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald:Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, México es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, así lo constata el Índice Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, que cada año mide la percepción de corrupción en 180 países.

En este indicador México, y por ende su gobierno, ha empeorado significativamente, ha pasado de ocupar la posición 103 en el 2015, a la 135 en el 2017, una caída de más de 32 lugares en solo tres años.

La corrupción no constituye una característica de identidad cultural, al contrario, constituye un agravio que indigna, que avergüenza a la mayoría de los mexicanos, quienes cotidiana y directamente padecen los nocivos efectos de la corrupción.

Para poner en perspectiva, México se ubica a más de 100 lugares por debajo de los dos países latinoamericanos mejor evaluados: Uruguay y Chile, que ocupan la posición 23 y 26, respectivamente. México es el país peor evaluado de los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.

Es claro que un gobierno incapaz de combatir la corrupción se convierte en cómplice de la misma. El 19 de julio del 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, derivado de un conjunto de nuevas leyes que contaron con el impulso y la participación de organismos de la sociedad civil para replantear y configurar un mejor andamiaje, y para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país. Sin embargo, su implementación aún está incompleta.

Desde el 2014 la Constitución Política prevé la figura de una Fiscalía Anticorrupción, instancia que desde entonces no ha contado con un titular y tampoco se ha nombrado a los 18 magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas, como lo establece la reforma anticorrupción del 2016.

Todo ello ha impedido la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, dejando en evidencia la distancia que existe entre las leyes publicadas y la falta de voluntad política para aplicarlas.

De igual manera, desde 1995 se instauró el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, a 23 años de su origen, el Estado mexicano ha sido incapaz de articular una política de coordinación efectiva.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, en los seis años del gobierno del presidente Peña Nieto, el principal problema percibido fue la seguridad pública.

De la misma manera, en 2017 México Unido contra la Delincuencia difundió que para el 81 por ciento de la ciudadanía la situación de inseguridad pública había empeorado, percepción que se corresponde con la realidad, pues 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años, registrando 25 mil 339 homicidios dolosos, delito que en 2017 se incrementó en 26 de nuestras 32 entidades federativas.

De acuerdo al reportaje Matar en México, impunidad garantizada, entre 2010 y 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en nuestro país, y en 95 por ciento de esos casos no hay un culpable sentenciado.

También en los servicios médicos forenses y fosas comunes existen al menos 35 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, según lo informó el abril de 2018 el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.

Ante esta realidad yo pregunto: ¿podemos hablar de gobernabilidad, cuando en nuestro país los delitos no se investigan, cuando no se identifica a los delincuentes? ¿Podemos hablar de gobernabilidad en un país en el que las madres, los padres, los hermanos buscan el paradero de más de 30 mil desaparecidos?

La incapacidad de lograr seguridad y justicia se ha propuesto subsanar con la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017, instrumento que busca decretar la subordinación de las entidades federativas y municipios al Ejecutivo federal, contraviniendo la soberanía de las entidades y autonomía municipales. Instrumento que, en lugar de corregir, incentiva la continuidad de una estrategia de seguridad pública fallida, pues pospone la implementación de una política de seguridad integral, de carácter civil y profesional, tal como lo establece nuestra Constitución.

Dado lo anterior, en Movimiento Ciudadano esperamos con atención la resolución de diversas controversias constitucionales que sobre dicha ley analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que para nosotros la gobernabilidad sustentable es la que surge democrática y no autoritariamente.

Continuamos en nuestra lucha porque la gobernabilidad se restituya a partir del combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la autonomía de las fiscalías o procuradurías de justicia de todo el país.

De no ser así, nos volveríamos cómplices de los grandes errores de este gobierno y, de igual forma, estaríamos fallando al mandato de los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En este análisis el último Informe de Gobierno, me gustaría iniciar diciendo y preguntarle a la bancada del PRI ¿hacia dónde se desviaron 700 millones de pesos en efectivo que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación documentó a la Sedesol y a la Sedatu? Noticia con la que el día de hoy amanecimos.

Cosas como estas han definido el actual sexenio y como se ha repetido en diversas ocasiones en esta tribuna: Enrique Peña Nieto nos mintió y nos sigue mintiendo. Cuando hablaba de gobernabilidad democrática y de una estabilidad económica que nunca llegaron con las multicitadas reformas estructurales, estas no se materializaron en el bienestar general de la población.

Este es el sexenio de más corrupción y de más impunidad en la historia moderna del México contemporáneo, donde las expectativas fueron muy altas y al final los resultados fueron muy pobres. Durante seis años vivimos un periodo de gradual desmantelamiento y de erosión de la vida institucional del país. Peña Nieto no gobernó para los intereses de los mexicanos. Gobernó para una minoría rapaz, hoy los dueños de México. Este VI Informe de Gobierno es un simple acto protocolario de una despedida amarga para el pueblo de México.

El presidente Peña quedará en la memoria de los mexicanos como un mandatario omiso de su responsabilidad constitucional. Este sexenio pasará al tiradero de la historia donde se deja un México sumergido en la inseguridad y en la violencia pública. Las promesas de paz quedaron en el tintero de las buenas intenciones.

Hoy, Peña Nieto será situado como el mandatario más repudiado y señalado por los mexicanos y mexicanas. México vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y el crimen organizado que en vastas regiones de nuestro país los vacíos de autoridad colocan a la impunidad como una regla social no escrita. El empoderamiento del crimen organizado pone en relieve que la estrategia de seguridad fue fallida. Desapariciones forzadas y montañas de cadáveres configuró el escenario del régimen peñista.

Hoy se registran enormes retrocesos en nuestro país, ya que atraviesa por la más grave crisis de derechos humanos de su historia reciente marcada por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas con más de 30 mil desaparecidos y más de 310 mil personas desplazadas a causa de la inseguridad, donde el Ejecutivo federal no solo fue omiso en atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, sino que hemos visto una omisa falta de sensibilidad gubernamental hacia la legítima protesta social que ha derivado en hechos represivos.

¿Cómo olvidar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tlatlaya, de Tanhuato y Nochixtlán, donde —hay que decirlo— no se tuvieron resultados reales, que pusieron en evidencia la incapacidad del gobierno para esclarecer los hechos y poder castigar a los responsables, lo que evidenció que este gobierno no garantizó las condiciones fundamentales para vivir en paz?

Un sexenio donde los ciudadanos no fueron escuchados ni atendidos, con un gobierno que solo sembró miles de muertos en fosas clandestinas a lo largo de todo el país, y dejar a los ciudadanos en espera de justicia y a miles de víctimas invisibilizadas cuyas historias aún no se conocen.

Señor Peña, es evidente que durante su gobierno usted se empecinó en una estrategia de seguridad pública errónea que demostró ser ineficaz por sus pobres resultados. Su sexenio será conocido como la cuna del tráfico de la política que lo llenó de beneficios personales, cuyo emblema más simbólico de su gobierno fue la corrupción con la famosa Casa Blanca y otros casos más que se encuentran en la impunidad como Odebrecht y Grupo Higa mexicano, poniendo a su gobierno en la más absoluta ilegitimidad.

Por ello, diputadas y diputados, resulta indispensable direccionar el rumbo general de nuestro país para darles certidumbre a los ciudadanos dentro de un verdadero Estado de derecho.

El pueblo de México está cansado de tanta violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. Por eso ha decidido un cambio. Con la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que el Partido del Trabajo es parte, los mexicanos dimos el mensaje de: no más. Ahora nos corresponde analizar, revisar y deliberar el último Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Como integrante del Grupo Parlamentario del PT, haremos puntualizaciones responsables.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Hemos decidido por un rumbo distinto y hacia allá, es que el Partido del Trabajo orientará sus esfuerzos legislativos. Hoy más que nunca reafirmamos que el PT está del lado de los mexicanos. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho:Honorable asamblea, para quienes al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta Cámara de Diputados la democracia es una forma de convivencia cívica y ordenada en la que la ciudadanía se da en justicia e inclusión, el gobierno que le permita satisfacer sus necesidades y responder a sus anhelos a través de un entramado legal e institucional que le garantice el respeto a sus derechos humanos, así como a su sistema de libertades.

En tal sentido el sistema político electoral mexicano ha exhibido en días recientes sus fortalezas y debilidades tanto en lo local como en lo nacional. Las autoridades administrativas, así como las jurisdiccionales, han mostrado —con evidentes claroscuros— los límites de nuestra incipiente democracia.

Los comicios del 2006 y 2012, marcados por fuertes cuestionamientos alrededor de su legitimidad, transparencia y equidad, dieron a nuestro país, a la postre, un brutal derrame de sangre y una inconmensurable alza en los escándalos de corrupción y en los índices de desigualdad, lo que causó una fuerte indignación ética en la sociedad y la necesidad de una transformación en la vida pública de la patria.

El pasado primero de julio México vivió una elección de gran envergadura en la que solamente Baja California y Nayarit no eligieron autoridades locales. Se eligieron ocho gubernaturas, una jefatura de gobierno, 585 diputaciones de mayoría y 387 de representación proporcional, mil 596 diputaciones, mil 500 ayuntamientos y 16 alcaldías, 96 concejales de mayoría relativa y 64 de representación proporcional, 24 juntas municipales, así como tres ayuntamientos en la elección extraordinaria.

De igual manera, a nivel federal, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión se renovaron en su totalidad, favoreciendo mayoritariamente a la coalición Juntos Haremos Historia, en un fenómeno inédito y que más de 30 millones de mexicanas y mexicanos se expresaron en pro de una verdadera transformación.

Sobre el tema político-electoral, los documentos del informe que es motivo de glosa, expresan que en la consolidación de la democracia tuvo un papel destacado la renovación del marco político-electoral, que fortaleció la competencia democrática al ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, alentar la equidad de género y a otorgar mayor certidumbre a los procesos electorales.

Igualmente se señala que, en materia de ampliación de derechos, se garantice el derecho de todos mexicanos a votar y ser votados. Se establecen mecanismos para que los ciudadanos puedan buscar un cargo de elección por la vía independiente. Se posibilita la elección consecutiva de legisladores federales y locales, así como alcaldes, regidores, síndicos, lo que incrementa la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía.

A lo anterior hay que agregar que, si bien es cierto que las elecciones de manera general transcurrieron en paz y con limpieza, hay que hacer algunas precisiones indispensables.

Se trató de un proceso electoral de alto riesgo y violencia. Se registraron más de 550 agresiones en contra de políticos y candidatos, y más de 130 homicidios. Mucho tiene que decir al respecto, además de la autoridad de procuración y administración de justicia genérica la Fepade y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Incluso, el de la voz, así como mi equipo cercano, sufrimos de ataques a mano armada, agresiones físicas, amenazas y otros actos de violencia perpetrados por grupos de choque presuntamente contratados por algunos de nuestros adversarios.

Claroscuro de nuestro sistema político-electoral fue también el sinfín de irregularidades en la elección del estado al gobierno del Puebla aún sin resolverse.

De igual modo, muestra del lado B de nuestra democracia electoral fue el conteo desigual y desaseado de los votos en el contexto de la coalición Juntos Haremos Historia, lo que propició una distribución ciertamente injusta, inequitativa y erosionada de nuestra democracia, que le ha arrebatado a la sociedad mexicana un instituto político que le ha dado voz a quienes no tienen voz, y que durante la LXIV Legislatura va a ser factor de cambio al dar la batalla para defender el pacto federal, las libertades civiles, el crecimiento económico y los derechos humanos, garantizando la gobernabilidad y dando bienestar a nuestra sociedad diversa y plural.

Esto lo sabemos, otro México en que la democracia en paz y con respeto a la legalidad e institucionalidad sea una vivencia es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Gracias.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez:Compañeras y compañeros legisladores, el común denominador durante este sexenio ha sido la transformación en materia de política interior.

Durante este periodo se ha diseñado y consolidado un nuevo sistema de procuración de justicia, que incorpora a plenitud la defensa de los derechos humanos y particularmente la protección de los derechos de nosotras las mujeres.

La paridad de género en las instituciones públicas es un indicador de la calidad de nuestra democracia y refleja los niveles de participación de las mujeres y su inclusión en la elaboración de políticas públicas. Esta ha sido una de las premisas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto: asegurar programas con una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

Después de 1953, fecha en que tuvimos la oportunidad de votar y ser votadas por primera vez, iniciamos una lucha larga, lenta y complicada por tener igualdad de oportunidades, y no fue hasta 2012 que vimos mayor apertura para garantizar nuestros derechos de participación en la ley.

Gracias al PRI accedimos a un México de mayores oportunidades y de mayor respeto. La incorporación del principio de paridad en la Constitución ha sido una medida contundente para acercarnos a la igualdad sustantiva, así como la incorporación del principio de transversalidad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, seguido de la atención a la violencia, a la desigualdad y discriminación como temas centrales de la agenda política de México.

Durante esta administración se han realizado esfuerzos sin precedentes para visibilizar y atender la violencia hacia las mujeres, que afecta a siete de cada 10, que atenta contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

Ante esta realidad, el gobierno de la República implementó medidas específicas, como la Alerta de Género, que es un mecanismo único en el mundo que atiende de manera emergente y establece medidas de protección ante cualquier violación a nuestros derechos.

Actualmente 13 entidades cuentan con declaratoria y nueve más se encuentran en revisión.

En estos seis años se consolidaron los centros de justicia para las mujeres. De siete que existían en 2012, hoy contamos con 40 en 27 entidades federativas. A la fecha han dado atención a medio millón de víctimas y sus familias en materia psicológica, jurídica, médica, cuentan con albergues temporales y talleres de empoderamiento social y económico, y aunque ciertamente falte en este tema mucho por hacer, debemos reconocer que existen y son tangibles las bases para salvaguardar nuestra vida y nuestros derechos.

Tan tangibles, como la iniciativa que impulsó nuestro presidente de la República, gracias a la cual podemos participar en igualdad de condiciones para acceder a cualquier cargo de elección popular.

Hoy por hoy somos parte de la solución de las expectativas ciudadanas y representamos, como nunca, el sentir, las causas y las demandas de las mujeres mexicanas.

En esta Cámara representamos el 49 por ciento del total de sus integrantes, 241 mujeres es el número histórico que alcanzamos gracias a la reforma electoral. Justicia, eso fue lo que obtuvimos en esta administración.

Nuestra decidida y firme actuación electoral dio pie a la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y, en 2016, se publicó el Protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres.

La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales hoy no solo investiga la violencia política por razones de género, también castiga. Solo en 2018, 17 mujeres perdieron la vida por perseguir su aspiración como candidatas.

Ciertas estamos de que el andamiaje jurídico para perseguir a estos criminales ya existe, pero hacerles justicia nos corresponde a todas las que aquí ostentamos una curul. Como las vidas de estas mujeres, defendamos los derechos de las candidatas chiapanecas electas y no permitamos ninguna Juanita más. Demos sentido a mujeres y congruencia a nuestro trabajo y participación en esta Cámara.

Diputadas y diputados, la verdadera transformación empezó hace cuatro años ya, con la consolidación de la democracia paritaria, la muestra somos todas las aquí presentes y esta transformación empezó gracias al presidente justiciero de las mujeres mexicanas: Enrique Peña Nieto.

Sumemos esfuerzos para continuar reduciendo la brecha salarial, para garantizar la educación, una vida libre de violencia y en esta Cámara pugnemos juntas, unidas por presidir el 50 por ciento de las comisiones ni más ni menos, ejerzamos nuestro derecho. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Mario Mata Carrasco:Con su venia, señora presidenta. Compañeras, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional llega a esta glosa igualmente agraviado y lastimado por las acciones antidemocráticas y abiertamente ilícitas del último gobierno del PRI.

La utilización de las instituciones e instrumentos del Estado mexicano fue hecha de forma impune en contra de nuestro candidato presidencial. Si bien el PAN ha reconocido los resultados electorales, la intervención de Peña Nieto en contra de Ricardo Anaya quedará inscrita para siempre en los anales de la infamia de la política de México.

Enrique Peña Nieto traicionó la democracia, el daño no fue solo para el frente opositor, el daño fue para todo México y por eso el PRI ya se va y se va para siempre. Hoy la imagen de México ante el mundo es de violencia, inseguridad y corrupción galopante.

El próximo gobierno y la bancada de Morena tienen que cumplir su compromiso contra la corrupción, cuenten con nuestro apoyo para ello, no aceptaremos, por ningún motivo, el pacto de impunidad transexenal.

Los que se van dejan muchos temas pendientes. ¿Qué pasó en el caso Odebrecht? ¿A dónde fueron a parar los millones de dólares entregados como cohecho a Emilio Lozoya? ¿Qué causas políticas o patrimoniales fueron beneficiadas por esa operación que ha costado cárcel a muchos ex presidentes de Latinoamérica y en México sencillamente no pasa nada?

Una muestra de que el próximo gobierno podrá cumplir lo que tantas y tantas veces prometió, de combatir la corrupción de manera frontal y a todos los niveles, será no dar carpetazo a las investigaciones abiertas en los casos de corrupción y conflicto de interés.

Está también el caso de Javier Duarte. Será responsabilidad del futuro gobierno y su fiscal que ese hampón siga en la cárcel. Exigimos que se ejecute la extinción de dominio a los miles de millones de pesos desviados por Duarte, su familia y sus cómplices. Igualmente, exigimos al próximo gobierno su compromiso a favor de la ley y del derecho.

Otro hecho que ha indignado a los ciudadanos es la protección que desde el gobierno federal se está brindando en este preciso momento, que se le ha dejado hasta libre a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de participar en el desvío de 246 millones de pesos a campañas del PRI.

Nos preocupa el manto de impunidad con el que protegen a Gutiérrez, a quien se le ha documentado el desvío de los recursos en complicidad con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien también se le está protegiendo, no obstante las 11 órdenes de aprehensión que pesan en su contra.

Y ahora hasta nos lo promocionan en un spot televisivo como ejemplo del buen gobierno. El colmo del cinismo. Exigimos al Ejecutivo federal que retire inmediatamente esta insultante publicidad, no solo para los chihuahuenses, para todo México.

Lo más grave de todo esto es la actitud revanchista del PRI gobierno en contra del estado de Chihuahua, que como lo ha documentado México Evalúa, ocupa el último lugar en transferencia de subsidios a entidades federativas en el 2017, con 70 millones, sí, solo 70 millones de pesos, mientras que al Estado de México se le transfirieron ocho mil 601 millones de pesos.

Chihuahua ha sufrido la cancelación y el recorte indebido de apoyos comprometidos por 193 millones de pesos en diferentes rubros, como la terminación del aeropuerto de Creel, la construcción de una planta deshidratadora de leche en Delicias, infraestructura indígena y el Proagua. Así se las gasta el último gobierno del PRI —afortunadamente el último gobierno del PRI—, actuando de manera facciosa por defender a quienes han defraudado a México.

Hablamos de un gobierno que aplica la justicia de una manera discrecional, de un gobierno corrupto y digámoslo claro: protector de delincuentes.

Desde esta tribuna pregunto al próximo presidente de México: ¿es a ellos a quienes se les va a ofrecer la amnistía? Cuidado, señores de Morena, de mantener ese discurso y hacerlo realidad. El pueblo les va a cobrar muy cara la factura.

Es cierto, México no quiere más violencia, pero también quiere justicia. Hoy advertimos: la amnistía puede ser sinónimo de la mayor impunidad que hayamos visto en la historia de nuestro país.

El Grupo Parlamentario del PAN será contundente en señalar esos casos. Hoy decimos: no a la impunidad, sí a la legalidad y al Estado de derecho. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación. Las y los mexicanos percibimos la inseguridad como el principal problema de México. El Estado falló en la más importante de sus funciones.

En materia de seguridad la estrategia de Enrique Peña Nieto sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y la reducción de la violencia no se cumplió, más aún, resultó un completo fracaso.

El desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, para incorporar sus funciones a la Secretaría de Gobernación, tampoco dio resultado. En suma, no se recuperó la paz y la seguridad para los mexicanos.

Hoy el país está en ruinas, la tierra fértil de otrora donde la vida seguía su curso hoy es un cementerio de fosas clandestinas. Penosamente, en estos días se encontró en Veracruz la fosa clandestina más grande de Latinoamérica.

Enrique Peña Nieto les miente a los mexicanos. Les miente cuando dice que la violencia es un fenómeno focalizado en algunas regiones del país. No. No, señor presidente, la inseguridad es un asunto nacional y la más clara evidencia de su fallida estrategia y así lo demuestran las altísimas tasas de violencia y de inseguridad que tenemos hoy en día, el actual gobierno dimitió en sus funciones y nos dejó solos, solos a todos los mexicanos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi estimó que en el año de 2016 más de 24 millones de personas mayores de 18 años, 24 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito. De cada 100 mexicanos, es decir, casi 30 hemos sido víctimas de algún delito.

El mes de julio de este año se convirtió en el mes más violento con más de 30 mil víctimas de homicidio doloso, solo en un mes. Los datos del fracaso son contundentes, absolutos, casi 140 mil homicidios en el sexenio, 250 mil desplazados y más de 37 mil desaparecidos.

Peña Nieto llegó a la Presidencia decidido a cambiar la estrategia de seguridad y no tuvo resultados. Actualmente el país es más violento que cuando tomó posesión de su cargo, es decir, resultó peor, mucho peor que Felipe Calderón, lo cual en este país ya es mucho, muchísimo que decir.

La estrategia de combate contra la delincuencia organizada, lejos, muy lejos de favorecer la paz, impulsó un ciclo de violencia, generó el enfrentamiento al interior y entre los propios grupos delictivos y produjo, además, su fortalecimiento, así como el nacimiento de otros nuevos grupos criminales. Una estrategia que, a decir verdad, no sabemos si en realidad fue una estrategia fallida o a lo mejor premeditada.

El VI Informe de Gobierno gotea sangre de culpables y de inocentes, de víctimas y de victimarios. Además, la violación a los derechos humanos fue recurrente y sistemática en este gobierno. Uno de los principales problemas es que la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que recibe información suficiente, solo presenta ante la PGR querellas en menos del uno por ciento de los reportes que recibe sobre actividades ilícitas. Es evidente que existe un fracaso institucional. Lo peor aún. Se intuye un encubrimiento institucional hacia la delincuencia y el lavado de dinero.

Un informe del gobierno que, al igual que los anteriores, oculta brutalmente la corrupción y la impunidad brutal de este gobierno. Se erige el monstruoso asunto de la complicidad y el encubrimiento institucional para el lavado de dinero y para el financiamiento de las redes delictivas. No podemos ser ciegos a este problema.

A la lista de omisiones, además, debemos sumar la del sistema de justicia penal acusatorio, el cual, a pesar del compromiso público para su implementación plena, presenta graves deficiencias. Para muestra un botón. Solo 800 de las dos mil salas necesarias para juicios orales han sido instaladas. Es tan incompleto el proyecto como la justicia misma.

La soledad... La sociedad —perdón— y esta Cámara de Diputados exigen hoy muchas respuestas del gobierno de Peña Nieto. Entre ellas exigimos saber dónde está el dinero para la plena operación del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué hicieron con los recursos que pertenecen al pueblo, en qué bolsillo se encuentran?

El mensaje es muy claro. En materia de seguridad el problema más grande es la impunidad a consecuencia de la ley que no impera en este país. La seguridad de los mexicanos sí requiere de mejores policías, de cambios estructurales.

Es primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia. Es indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social.

La seguridad es responsabilidad de todos, y aquí la única verdad histórica es que el actual sexenio dejó a su paso muerte, dolor, miedo e ingobernabilidad. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada de Morena. Con esto concluimos la segunda ronda.

Quisiera dar un saludo. Se encuentra en galerías un grupo de exbraceros, invitados por el diputado Oscar Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.

Pasamos a la tercera ronda del VI Informe de Gobierno. Van a participar por el Partido Verde Ecologista el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar; por el PRD la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo; por Movimiento Ciudadano el diputado Mario Alberto Ramos Tamez; por el Partido del Trabajo el diputado José Luis Montalvo Luna; por el Partido Encuentro Social el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero; por el Partido Revolucionario Institucional la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán; por el Partido Acción Nacional el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas; y, por Morena, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero. Luego entonces tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar:Gracias. Buen día. Con el permiso de la Presidencia. Sin duda uno de los temas que más lastima a la sociedad es la corrupción. El enriquecimiento inexplicable de un servidor público provoca en la ciudadanía un sentimiento de traición y, en consecuencia, la vida institucional pierde valor a los ojos de la sociedad restando importancia a los años de trabajo invertidos en su construcción.

Los partidos políticos aquí representados no son ajenos a la corrupción, conducta que se ha convertido en un mal, que al igual que la delincuencia ha causado afectación a la mayoría de los ciudadanos.

Ejemplos estos que hacen de la corrupción un acto que debe combatirse en los mismos términos y con la misma fuerza con la que se combate a la delincuencia organizada.

En estos últimos años gracias a la participación y consenso de las diversas ideologías aquí representadas, se han concretado diversas estrategias orientadas a combatir la corrupción en diferentes áreas de los tres órdenes de gobierno.

Estas acciones tienen como fin atender la demanda ciudadana para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, establecer las acciones pertinentes para asegurar que los sujetos obligados en caso de no apegarse al ejercicio del cargo sean sancionados.

Gracias a los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto esta administración que termina ha puesto tras las rejas a un número considerable de servidores públicos que violan la ley. Nunca antes una administración federal lo había hecho.

El Ejecutivo, además, junto con los partidos políticos y otros actores sociales, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.

Darle coherencia y sistematicidad al orden jurídico en materia de combate a la corrupción, tuvo como fin un combate frontal en contra de las prácticas indebidas en el servicio del servicio público. Se trata, pues, de un logro de todas las fuerzas políticas aquí representadas.

Otro logro en materia anticorrupción fue la reforma que establece un nuevo régimen legal e institucional para prevenir actos indebidos en el servicio público para promover la ética y la honestidad estableciendo sanciones para los servidores públicos y los particulares que incurran en conductas ilícitas.

Subrayar que esta importante reforma establece la autonomía técnica y operativa de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Con estas acciones se han logrado sancionar a lo largo del sexenio, a más de 46 mil servidores públicos por conductas indebidas, además de promover la recuperación de recursos del erario por más de 10 mil millones de pesos.

Si bien en el combate a la corrupción se ha avanzado con la creación del entramado legal que sanciona y previne estas conductas, un pendiente que debe ser atendido con cierta urgencia y profunda diligencia es la designación del fiscal anticorrupción.

Existen también otras acciones que pueden incidir en el combate a la corrupción que habremos de discutir como, por ejemplo, la reducción salarial de los trabajadores gubernamentales.

Este tema debe ser discutido con elementos técnicos y profesionales con el fin de clarificar cómo puede incidir la reducción de los salarios de los trabajadores al Servicio del Estado en la prevención de la corrupción, en la profesionalización de los servidores públicos, y en la eficiencia en general de los servicios que presta el Estado mexicano.

Austeridad sí, para combatir los excesos, pero no para afectar el ingreso justo de profesionales del Estado mexicano que tienen un nivel de especialización y experiencia que debe ser dignificado a partir de un salario acorde con su responsabilidad y que debe determinarse por valores de mercado y no por razones morales o de capricho.

Muchos otros mexicanos arriesgan su vida para combatir a la delincuencia organizada, y debe reconocerse dicha labor con prestaciones mínimas que garanticen su seguridad y estabilidad económica para ellos y sus familias en todo momento.

Todas las demás acciones de austeridad son bienvenidas y resultan necesarias para evitar el derroche y dispendio en el actuar público, pues estamos convencidos que tienen como fin dignificar de nueva cuenta el servicio público ante la ciudadanía.

En el Partido Verde reconocemos los avances obtenidos en materia de anticorrupción y transparencia. Sin embargo, consideramos que se debe seguir trabajando en fortalecer estos mecanismos con la finalidad de recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y así erradicar cualquier tipo de práctica indebida, cuya existencia no hace otra cosa más que deslegitimar al servicio público y a las instituciones que componen el Estado mexicano. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo:Con su venia, diputada presidenta. Por cierto, las de Chiapas no son Juanitas, son Manuelitas, señoras y señores diputados.

En el sexenio que se acerca a su fin, desde el Poder Legislativo se han hecho grandes avances en el diseño institucional que nos rige, quizá el de mayor envergadura es el Sistema Nacional Anticorrupción, que desde el Grupo Parlamentario del PRD impulsamos de manera decidida, acompañados siempre por la sociedad civil.

Sin duda, el combate a la corrupción es uno de los mayores anhelos de la ciudadanía, y probablemente sea el mayor reto del gobierno electo. El sexenio del presidente Peña Nieto queda señalado por los enormes escándalos que han colocado a México como uno de los países con índices de corrupción más altos. La Casa Blanca, la Estafa Maestra, Odebrecht, el caso Elba Esther Gordillo son solo un ejemplo de los muchos que podríamos dar y que están en el imaginario colectivo como la marca distintiva de la corrupción priista.

Sin embargo, hoy no hay ni una sola investigación, no se ha iniciado ni un solo proceso penal o se ha sancionado a algún funcionario. Odebrecht, empresa corrupta gracias a sus sobornos, ha provocado la caída de gobiernos en Latinoamérica, en México únicamente causó la destitución del fiscal y el congelamiento de la investigación.

De la Estafa Maestra no existe reporte alguno, ni siquiera de la apertura de alguna carpeta, a pesar de que se desviaron miles de millones de pesos.

De la Casa Blanca y la exoneración que hiciera Virgilio Andrade, del presidente Peña, su esposa y de diversos funcionarios, únicamente nos queda la vergüenza y el coraje que da la impotencia.

En el caso de Elba Esther, si no era culpable debería iniciarse una investigación para sancionar a quienes mantuvieron cinco años presa a una persona inocente. Y si era culpable y la PGR no pudo o no quiso acreditar su culpabilidad, esto nos habla de otro lamentable caso de impunidad y también debería hacerse una investigación y sancionar a los responsables. Lo anterior refuerza nuestra convicción de la imperiosa necesidad de que no exista nunca más, nunca más, un fiscal carnal.

Es necesario que le demos la importancia que reviste la autonomía otorgada constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación y que, gracias a las prácticas perniciosas de una mayoría perversa al servicio incondicional del Poder Ejecutivo, no hemos podido concretar el nombramiento del próximo fiscal general. Este debe ser autónomo e independiente. En cambio, insisten en principios decimonónicos en la impartición de justicia en México, en pleno siglo XXI.

Es por ello que le decimos al presidente electo, que no busque salidas fáciles ni engañosas, y a su representación legislativa, que tome las decisiones que benefician al país y no al PRIMOR.

Ni un fiscal de transición ni un fiscal que dependa del Ejecutivo ayudarán a México a superar la grave crisis humanitaria que hoy vivimos.

Aquí se trata de que iniciemos la construcción de instituciones integras y confiables, que nos permitan recuperar la anhelada justicia en México. No solo hablamos de desconfianza entre las instituciones o de la corrupción de algunos funcionarios, hablamos de que en México es negado el libre ejercicio de los derechos humanos, hablamos de descomposición social, que orilla a las juventudes a servir a la criminalidad como esperanza de supervivencia, hablamos de secuestros, hablamos de desapariciones y hablamos de feminicidios.

En este sexenio el crimen y la delincuencia organizada reinan sobre las instituciones. Seguimos viendo hallazgos, como el de la fosa clandestina en Veracruz. Hay homicidios y hay ejecuciones. La tortura es práctica común en nuestras instituciones.

Por ello este no es un país estable, hay una crisis con 55 millones en pobreza y una inocultable crisis humanitaria.

Como oposición hemos ofrecido nuestra colaboración, pero no dimos un cheque en blanco, este es el final de un sexenio desperdiciado por corrupto, deshumanizado y omiso. No coincidimos con pactar con este desgobierno que hoy termina. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Mario Alberto Ramos Tamez:Con permiso de la Presidencia. De qué tamaño será la dimensión de nuestra crisis de seguridad, como para que el propio presidente de la República, en su VI Informe, reconozca el fracaso de su gobierno expresando: Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país.

La paz, la seguridad, nada más eso, algo tan básico, algo tan fundamental como la tranquilidad, Peña nos entrega un país con miedo y con enormes problemas. De acuerdo con información de la organización México Unido contra la Delincuencia, en nuestro país se pasó de seis a 400 grupos criminales, clasificados como delincuencia organizada, lo que erosiona el supuesto avance de este gobierno al asegurar que se desarticularon las principales organizaciones criminales y se neutralizaron 110 de 122 objetivos, cuando la realidad es que este gobierno convirtió a nuestro país en tierra fértil para el crecimiento de organizaciones delictivas que tomaron el control de grandes porciones de nuestro territorio nacional.

Es decir, la buena noticia es que se desactivaron grupos criminales. La mala es que, a falta de una estrategia de fondo, estos grupos se dividieron en más grupos y ahora tenemos un problema mayor.

Entre el 2016 y el 2017 el incremento de delitos de alto impacto encendió los focos rojos en al menos 16 de las 32 entidades federativas. El fracaso del sistema de seguridad y la procuración de justicia no se puede entender sin señalar que en gran medida la impunidad es propiciada por los gobernantes, pues la falta de autonomía en las procuradurías y fiscalías estatales han permitido que estas instituciones en lugar de estar al servicio de las personas y de los ciudadanos estén al servicio del gobernador, o peor aún, del crimen organizado que los tiene cooptados e infiltrados.

Según Lindsey Crime, los errores de Peña Nieto no se pueden medir exclusivamente con estadísticas del crimen, los actos de corrupción y la incompetencia durante toda la administración han sido y han debilitado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.

El ejemplo más palpable, la fallida investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal en Ayotzinapa, a lo que faltaría añadir las ejecuciones y violaciones de civiles en manos de militares del Estado mexicano.

Los asesinatos a periodistas ordenados por funcionarios gubernamentales y los múltiples gobernadores acusados por vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior es una penosa reseña de esta organización dedicada al estudio del crimen organizado en América latina, y esto es lo que dice de nuestro país.

De acuerdo al Inegi, en el 2013 los organismos públicos para la protección y defensa de los derechos humanos en las entidades federativas dicen que hubo incremento de quejas por más de un 70 por ciento, lo que muestra la dimensión de la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad y para indagar, perseguir a los responsables de los delitos a través de un debido proceso, característico de un régimen democrático y no autoritario, en lugar de investigar tortura y amenaza.

La normalidad democrática también se ha visto afectada por la inseguridad. El pasado proceso electoral fue el más violento en la historia de México, con un saldo de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.

Desde el 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República y que fuera autónoma e independiente para desvincular al Ministerio Público de la subordinación del Poder Ejecutivo y evitar el uso faccioso de la procuración de justicia. Sin embargo, cuatro años después, la Fiscalía General en su plena autonomía sigue en el limbo.

Por ello, la sociedad civil y los diputados de Movimiento Ciudadano estamos planteando la necesidad de avanzar en el diseño institucional para reformar el artículo 102 constitucional y crear una Fiscalía que sirva.

Finalmente, un Estado que no garantiza la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes es incapaz de generar las condiciones necesarias para el desarrollo social, económico e institucional que permita el ejercicio de los derechos plenos y tan elementales como el libre tránsito y la libertad de expresión, derechos que son fácilmente vulnerados cuando existe miedo, desplazamiento forzado y prensa amenazada.

Por ello, el gobierno federal no puede sino solamente reconocer que la gobernabilidad democrática está fracturada y que el proceso de justicia y pacificación del país queda como una deuda histórica.

Así, en política interior el VI Informe de Gobierno evidencia el fracaso del gobierno federal, próximo a concluir, y muestra el tamaño de los retos, de los renovados poderes que hemos de asumir para revertir esta funesta realidad. Déjenme ser absolutamente claros, compañeros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: No vamos a acabar con la impunidad, con la simulación, con la violencia y con el miedo sin una Fiscalía verdaderamente funcional, capaz de tomar decisiones con seriedad y autonomía. Una Fiscalía que sirva. Es un paso sin el cual no habrá una paz verdadera en el país. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Ahora en el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Montalvo Luna:Con el permiso, presidenta. Agradezco profundamente que algunos diputados todavía se encuentren en el pleno. Algunos todavía continúan, dirían los maestros, en el patio de recreo.

México tiene un aproximado de 120 millones de mexicanos. De estos 120 millones, según datos, 54.3 viven en la pobreza. Aún más, nueve millones en la pobreza absoluta. Mexicanas y mexicanos que viven en la marginación total, carentes de los mínimos servicios a los que tiene derecho un ciudadano. No se puede decir exitosa una administración saliente cuando casi la mitad de su población vive en la miseria absoluta. No es cierto.

En el marco del análisis del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, me dirijo a esta honorable asamblea para referirme al estado que guarda la política interior de nuestro país.

En los próximos meses llegará a su fin una de las administraciones con los peores resultados en materia de seguridad interior y los más altos niveles de impunidad. Basta mencionar los agravios y prácticas autoritarias que prevalecen en todo el país.

Hechos de corrupción como el de la Casa Blanca, la violación sistemática a los derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La crisis humanitaria de los menores no acompañados. Aquí nos instala a nuestro gobierno saliente como ese refrán que dice: candil de la calle y oscuridad de la casa. Reclamando al gobierno vecino las condiciones en la que viven los migrantes, cuando en nuestro propio país reciben un trato mísero.

La violencia en contra de los periodistas. El incremento de feminicidios y una escala sin precedente de la violencia son algunos de los saldos de la administración de Enrique Peña Nieto. El fracaso de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto es de tal magnitud que él mismo reconoció en un video el repunte de la violencia al cierre del sexenio y su incapacidad para alcanzar el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.

Cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en el primer semestre de 2018 se registraron 15 mil 980 asesinatos, lo que representa la cifra más alta en las últimas dos décadas. Presumen que entre diciembre de 2012 y agosto de 2018 fueron neutralizados 110 de los 122 objetivos relevantes de la narcoviolencia, pero lo que no han dicho que eliminan a uno y sube otro y se mantienen las condiciones de narcoviolencia en nuestro país.

No obstante, omiten decir que el ciudadano de a pie vive con miedo, incertidumbre y desconfianza en las autoridades y menos dicen que todos los días sufren afectaciones en su patrimonio, integridad, incluso de su vida. Los datos son contundentes y dan cuenta del error de crear una súper Secretaría de Gobernación.

Por ello, en el PT respaldamos la decisión de separar de esta dependencia a la Secretaría de Seguridad Pública, nunca más una policía política en funciones de seguridad. La impunidad es otra directriz de esta administración, prueba de ello es la falta de resultados en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

A cuatro años de distancia, en el PT seguimos rechazando su llamada verdad histórica. Rechazamos la alegoría del presidente, como cruel historia que les da a los padres de los 43. Que sus hijos, convertidos en cenizas, flotan en el aire circundando valles, montañas y ríos. No, lo que quieren los padres es una explicación de cómo la policía municipal los detiene, los entrega a la Policía Federal y al Ejército y estos al narco. De eso quieren respuesta.

Quiero expresar mi total y amplio rechazo a la política coercitiva que ofrece el Sindicato de Petróleos Mexicanos, donde quienes tienen aspiración de ocupar una de las secretarías generales en las 36 secciones de este sindicato, están siendo sometidos a la persecución política.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado José Luis Montalvo Luna: De manera muy clara rechazamos que Carlos Romero Deschamps y Alfredo Mier y Concha, la recisión del contrato de Israel Estévez López, las intimidaciones, las amenazas, las jubilaciones forzadas y las vejaciones hacia los trabajadores. Desde esta tribuna les decimos que no pasarán. Exigimos la inmediata reinstalación de nuestro compañero trabajador Israel Estévez López. No más intimidaciones. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Arturo Argüelles, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero:Con su anuencia, señora presidenta. Honorable asamblea. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta Cámara de Diputados, la paz no es ausencia de conflicto, sino la vivencia del mayor bienestar individual, familiar, comunitario y colectivo.

En esta inteligencia, la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del saliente gobierno de la República, México en Paz, que se corresponde con el apartado de política interior del sexenio, se debe considerar una asignatura no nada más pendiente, sino no aprobada.

La sociedad mexicana a la que no vemos como un todo uniforme y encasillable en el concepto abstracto y retórico pueblo, sino reconocemos como plural, diversa y heterogénea, no se siente en paz y mucho menos se siente segura.

Para documentar nuestro realismo es importante ahora compartir algunos datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi que ilustra el estado que guarda el derecho humano a vivir en paz y con seguridad.

El 75.9 por ciento de la población mayor a 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El 75.7 por ciento de la población se sintió insegura en el transporte público. El 66 por ciento de la población entrevistada, fue testigo de un robo o asalto. El 58.6 por ciento de la población cambió su hábito de permitir que menores salgan de su vivienda. Y el 38.6 por ciento de los hogares mexicanos tuvo al menos una integrante víctima de robo y/o extorsión.

La experiencia en Morelos descentralizar los esfuerzos policiacos y ministeriales con el mando único, resultó catastrófica y repudiada por la sociedad morelense por haberse alejado de su carácter civil y volverse una estrategia casi bélica de persecución política y silenciamiento al disenso. En México la seguridad necesita menos Gracos Ramírez y más Cuauhtémocs Blancos.

De este modo, como representantes populares, no comprendemos cómo es que en los documentos del VI Informe de Gobierno, objeto de la presente glosa, se expresa que, en los cambios estructurales emprendidos durante la administración, tienen como rasgo distintivo la ampliación de los derechos de las personas.

Las y los diputados de Encuentro Social que conocemos y compartimos la cotidianidad de las personas que viven y dan vida a nuestros distritos, sabemos que la incertidumbre con que se vive en sus hogares respecto a su seguridad y la de sus familias, es una realidad que deteriora el tejido social.

La vigencia de la seguridad ciudadana no significa nada, sino representa además una vivencia, la sensación de inseguridad aunada a la percepción que los delincuentes gozan de mayores derechos que el ciudadano agraviado, hacen que la idea de México en paz, así como las cifras alegres que nos presentan, agravien a la sociedad y no signifiquen más que palabras vacías.

En Encuentro Social sabemos que otro México con la seguridad ciudadana como vigencia y como vivencia es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Ahora tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Con su venia, diputada presidenta. Como lo ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, solo en un país con instituciones sólidas e íntegras, puede haber bienestar para todas y todos.

Es por esto, que una de las prioridades de la actual administración fue transformar y modernizar la procuración de justicia en nuestro país, transitando de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y oral.

El reto ha sido mayúsculo. En cuanto al esfuerzo legislativo se han creado o reformado 21 leyes federales, y se modificaron más de 350 leyes locales. Entre ellas destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales que permitió homologar la manera de juzgan los delitos en todo el país, atendiendo los principios de presunción de inocencia, publicidad e igualdad entre las partes.

El compromiso del presidente Peña con las víctimas del delito se traduce en el papel que les ha sido reconocido, pues por fin pueden ejercer su derecho en igualdad de circunstancias en el proceso penal, participando con asesoría jurídica técnica y gratuita, así como con el derecho de protección y el de reparación del daño.

Con la publicación de la ley general en la materia y la conformación de la comisión ejecutiva, se estableció el esquema de protección que las ubica en el centro del quehacer institucional.

Como magistrada presidenta de la Sala Colegiada Penal del supremo Tribunal de Justicia de mi estado, Tamaulipas, pude constatar las bondades de este sistema que permite a las y los juzgadores estar más cerca de los justiciables. Jamás será lo mismo estudiar un expediente que escuchar en audiencias públicas lo que tienen que decir las partes en un proceso penal.

Las bases están puestas, y desde aquí hacemos un atento llamado a todas las fuerzas políticas para continuar con la consolidación de este sistema que aún requiere grandes esfuerzos para responder a los reclamos de justicia de las y los mexicanos.

Nos comprometemos, desde el Grupo Parlamentario del PRI, a trabajar en este sentido, impulsando la creación de un código penal único que, por supuesto, contenga entre su catálogo de delitos el de feminicidio y el de violencia política de género, y que permita tener los mismos tipos penales y las mismas penas en todo el territorio nacional. Asegurar el respeto pleno de la ley es una tarea permanente en nuestro país.

En esta administración no se escatimó en esfuerzos, se combatió a los grupos de crimen organizado con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza. Se impulsó una estrategia nacional y una mayor coordinación entre las dependencias gubernamentales en la lucha contra la delincuencia.

Se logró contener el índice de secuestros en este país y es de justicia señalar que quienes han soportado de manera heroica la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado y a esta ola de violencia han sido nuestras Fuerzas Armadas, quienes junto con la Policía Federal han asumido de manera subsidiaria y temporal las tareas de seguridad pública.

Hemos escuchado descalificaciones, amigas y amigos. Les recordamos, ya no estamos en campaña, a partir del primero de diciembre se tendrá que demostrar la eficiencia para pacificar al país, de lo contrario el pueblo de México se los recriminará.

Por lo pronto, el Ejército y la Marina no salen de las calles, como se había comentado. Celebramos esta decisión, puesto que el presidente electo ha enunciado que continuará haciendo funciones de seguridad pública, por lo que estoy cierta que, sin importar partidos políticos, encontraremos la manera de brindarles el marco jurídico que requieren y que merecen para dar certeza a su actuar y proceder, con estricto respeto, por supuesto, a los derechos humanos. En este sentido, cuentan con el total respaldo de mi partido, el Revolucionario Institucional, para lograrlo.

Recordemos que las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal son también padres y madres, son hijos e hijas, hermanas, hermanos, sujetos también de derechos y obligaciones.

Como alguien que vive en uno de los estados más flagelados por la violencia, desde aquí les digo que tienen todo nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro grupo parlamentario refrenda su compromiso con el pueblo de México para continuar luchando porque la pacificación en este país sea una realidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Oscar Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas:Con su permiso, diputada presidente. Señoras y señores diputados, no es en efecto la primera vez que México decide cambiar, vivimos una época de transformación y seguros estamos que México seguirá cambiando.

El PRI llegó por aquella esperanza de pacificar al país y fracasó, nos hereda más deuda, más homicidios y un monopolio compacto, que le costó muchísimo a este país.

Los mexicanos saben con certeza y ya es por demás sabido que la inseguridad y la corrupción es la herencia de este gobierno y lo sufrimos en las calles todos y cada uno de los días. Por eso el mexicano hizo un llamado para quitar a ese sistema y ponernos aquí para atenderlo, demandarlo y no para acompañarlo.

México por supuesto que juzgó la falta de diálogo institucional de los últimos seis años de los gobiernos del PRI, la carencia de estrategias para el fortalecimiento democrático. Seis años de gobiernos frívolos enfocados en gastar en su propia imagen y en vidas excesivas. Seis años de gobernantes corruptos. Pero eso ya lo sabemos también.

La verdadera exigencia del pueblo de México es que, a esos, los que tanto le han hecho a nuestro país, se les castigue y se les persiga. El pueblo eligió una transformación para no ocultar lo que a todas luces y de manera evidente fueron actos de corrupción y de conflictos de interés.

No para premiarlos con nombramientos en la CFE, o para darles licencia para burlarse de la gente haciéndolos gobernadores, senadores y gobernadores otra vez en un mismo día.

Sí es verdad, ya se van los que utilizaron al Cisen, no para proteger al país, sino para perseguir e intimidar a los ciudadanos.

Acción Nacional está dispuesto en evidenciar los actos del pasado, pero también los que se viven en la actualidad, y es ahí donde Acción Nacional quiere lo mismo que quieren todos los mexicanos. En el PAN queremos que se juzgue la corrupción, pero no solo la que costó dinero, sino la que incluso costó vidas.

En abril de 2017, en el estado de Morelos se inauguró una obra con bombo y platillo llamada Paso Express, presupuestada por mil millones de pesos, y cuando se entregó la obra fue cobrada por dos mil 400 millones de pesos.

En julio de 2017, tres meses después de su inauguración, Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López salieron de su casa a las cinco de la mañana y, literalmente, fueron tragados por la tierra, y fueron tragados por la tierra por un hundimiento por esta misma, formada por rupturas de tuberías, tuberías que no puede ser que el gobierno las cobró en más de dos mil 400 millones de pesos.

El PAN quiere en la cárcel a los Duarte, quiere que alguien por fin pague la desaparición de 43 jóvenes en pleno siglo XXI, que se persiga realmente la justicia. Los problemas los sabemos todos, pero las soluciones las seguimos esperando.

Nos queda claro que este gobierno del PRI no tiene voluntad alguna en resolverlos, este gobierno se destacó por minimizar los problemas, pero nos preocupa que en un país que exige respuestas la tónica de los próximos seis años sea al ritmo de, de eso no voy a hablar, corazoncitos.

Es urgente que el Estado garantice la gobernabilidad democrática en nuestro país, no podemos seguir como hasta ahora. Durante el sexenio del último gobierno del PRI vimos el ejemplo más claro, que nombrara una especie de virreyes en los estados del país para ejercer presión o tener control desde el gobierno central. No son figuras funcionales, y traigo a la memoria el nombramiento de Alfredo Castillo, como su comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, que fue un rotundo fracaso.

La próxima administración deberá mostrar desde los primeros días de gobierno lo que no pudo demostrar el PRI en seis años. Hace unos días el presidente de esta Cámara hablaba de la continuidad del orden republicano, tiene razón, y el PAN le toma la palabra. Acción Nacional considera que ese orden republicano debe partir de todo orden democrático, hecho y nacido desde el pueblo.

Compañeras y compañeros, las y los diputados del PAN estamos y estaremos siempre dispuestos al diálogo constructivo con las demás fuerzas políticas y con el Ejecutivo federal para construir una política interior fortalecida. Para nosotros no es nuevo, lo hemos hecho desde hace 72 años en esta Cámara y en casi 80 años de historia. Creemos entonces los acuerdos y los consensos para llevar un combate frontal a la corrupción, porque si no, no vale la pena ser muchos, vale más la pena ser buenos. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero:Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de sus antecesores del PAN, agudizó la grave crisis en materia de derechos humanos. Regiones y ciudades enteras resienten los estragos de la violencia, de la inseguridad, de los homicidios, de las desapariciones forzadas, de las violaciones.

Nos dejan un país empobrecido, una realidad que sacude por sus extremas desigualdades, por la falta de oportunidades, por la crueldad de los crímenes. Nos dejan una violencia desbordada.

Existe una violencia institucionalizada, la del sistema de procuración de justicia que también nos dejan, que castiga más a los más pobres, a las y los indígenas, a las mujeres y a quienes tienen una preferencia sexual distinta.

Con este sexenio termina una época de gobiernos que no solo eludieron, ignoraron su responsabilidad con los derechos humanos, socavaron los derechos por falta de compromiso, por falta de voluntad política para favorecer intereses políticos o económicos, o simplemente para encubrir la corrupción.

Una época donde se volvieron recurrentes los casos de hostigamiento y de persecución de los defensores de los derechos humanos. Una época donde acentuaron la degradación de la vida pública de México.

El fracaso se mide también por la monstruosa cantidad de feminicidios, la violencia desenfrenada contra niñas, niños, adolescentes, contra las mujeres.

Una incapacidad de las instituciones para detener la ola de asesinatos y de crímenes contra periodistas, para protegerlos y salvaguardar la libertad de expresión.

La incapacidad para evitar los desplazamientos masivos de personas que todavía hoy son obligadas a migrar por razones de la violencia.

Un país colmado de historias de dolor. Decenas de miles de víctimas, familiares que en la desesperación porque se enfrentan al silencio, a la inacción y al desdén de funcionarios públicos. Lo más difícil, enfrentan la colusión de las autoridades con el crimen. Agreden a toda la sociedad y violentan los derechos humanos, todos aquellos funcionarios que han difamado a las víctimas, quienes justifican su no actuar arguyendo que andaban en malos pasos.

Desde aquí refrendamos el compromiso de Morena con todas aquellas familias que todos los días libran batallas con entereza, sin descanso, por la verdad y la justicia, que habrá de llegar sin lugar a dudas.

La bancada de Morena ratifica el compromiso inquebrantable con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Deberá esclarecerse y garantizarse la justicia, pero el reclamo se extiende también en los casos de Chalchihuapan, de Tanhuato y Apatzingán, de Tlatlaya y Nochixtlán.

Cincuenta años han pasado desde aquel episodio atroz de Tlatelolco, 47 de aquel 10 de junio del Halconazo. La violencia ilegal del Estado buscó ahogar, sin conseguirlo, la conciencia crítica, no lo olvidemos. La movilización de los estudiantes que, por cierto, hoy están en las calles luchando por sus derechos para desterrar por siempre las agresiones y la violencia. Para todos los estudiantes nuestro respeto, nuestro compromiso y nuestra solidarias.

Cuarenta años desde la primera huelga de hambre que encabezó la más tenaz defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, con las otras doñas del Comité Eureka, quienes hoy siguen pugnando por una comisión de la verdad, que esclarezca todos los casos de personas desaparecidas en esa época cruel de la Guerra Sucia que implementaron instituciones del Estado mexicano.

Desde entonces, ningún periodo de gobierno ha estado exento de hechos de tortura, desaparición forzada ni casos de impunidad. No ha estado ningún gobierno exento de represión a movimientos sociales.

Por ello, respaldaremos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la decisión firme, porque nunca más las Fuerzas Armadas reciban órdenes de reprimir al pueblo.

En la fracción de Morena compartimos su compromiso político y moral con la verdad, con la moral, con la memoria, con la justicia, con los derechos humanos y con la reconciliación nacional. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Concluyen las tres rondas de intervención sobre el análisis del VI Informe Presidencial, y de conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

PROPOSICIONES DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN



EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES, A SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA E INDEFINIDA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputadas y diputados, pasamos al punto de las proposiciones de urgente u obvia resolución. Nos regiremos por el artículo 113 de nuestro Reglamento, que establece que el proponente hace la propuesta a la asamblea, quien decide si es o no de urgente resolución es la propia asamblea.

Si al término de la consulta se acepta ser de urgente u obvia resolución habrá una intervención por cada grupo parlamentario y al término de la ronda de cada grupo, volveremos a preguntar si está suficientemente discutido el tema. El pleno tiene la última palabra. Si el pleno considera que está suficientemente discutido terminará la discusión del tema o de la proposición en cuestión, y así sucesivamente.

Se trata de tres puntos que nos ha remitido a esta Mesa, la Junta de Coordinación Política. Entonces paso al primer punto. La primera proposición de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable. En el uso de la palabra el diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario Morena.

El diputado Iran Santiago Manuel:Con su permiso, presidenta. Agradezco la atención, la confianza de mis compañeros diputados para presentar este punto de acuerdo que construimos de manera colectiva. Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer. Postulado de Mahatma Gandhi que compartimos, desde el 2013, cientos de miles de maestros de México.

Estamos convencidos de que la educación es la base esencial para lograr el crecimiento de una nación, el pacto imprescindible para combatir la desigualdad social, el derecho humano consagrado en el artículo 3o. de la Carta Magna.

Una educación integral que para lograrlo se requiere de instrumentar políticas públicas sí urgentes, pero no autoritarias ni excluyentes, como lo fue la mal llamada reforma educativa, producto del Pacto por México que no fue más que una reforma laboral dictada desde la OCDE, que es un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país y con otros intereses.

Que ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar capacidades y conocimiento de sus alumnos en condiciones totalmente adversas con bajos salarios, deplorable infraestructura, atendiendo a niñas y niños en extrema pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo para construir conocimientos significativos a pesar del gran esfuerzo de los docentes.

La OCDE y sus seguidores parecen sostener que la calidad de la educación depende solo de la profesionalización docente.

Por otra parte, las maestras y maestros están siendo víctimas de un permanente acoso laboral, una supervisión excesiva, aumento en la carga de trabajo eminentemente administrativo que entorpece su labor.

Aunado a esto se vive una privatización silenciosa del sistema educativo, tal y como sucede con los comités de participación social en las que padres y madres de familia asumen los costos del mantenimiento de los planteles.

El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la reforma educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hoy más de 500, y en el peor han sido asesinados o desaparecidos.

Quienes lo nieguen entonces que nos digan el paradero de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa o que nos revivan a nuestros muertos de Nochixtlan.

Desde junio del presente año miles de maestros han sido notificados para presentar la evaluación punitiva. Aclaramos, los maestros de México no se niegan a la evaluación. Sí a una evaluación formativa, no punitiva, una evaluación que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y nuestras alumnas.

Por eso en Morena estamos a favor y nos pronunciamos por una educación pública integral, laica, gratuita, científica y popular que contribuya a la transformación y mejoramiento de la sociedad construyendo junto con el magisterio y demás actores interesados, una verdadera y auténtica reforma educativa.

Mientras tanto refrendamos nuestro compromiso con las niñas y los niños de México, las y los jóvenes, como con las y los maestros del país, para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les pedimos que voten a favor de este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dicho procedimiento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, mientras no se revise y, en su caso, reforme el marco normativo aplicable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Sin duda, la educación es base esencial para lograr el crecimiento de una nación, constituye el eje principal de su progreso, esto si se considera que la técnica y la ciencia se mejoran gracias a la educación potenciando así el desarrollo económico, lo que la convierte en factor imprescindible para combatir la desigualdad social; sin dejar de mencionar que la educación es un derecho humano, así está reconocido explícitamente en la Constitución federal, el derecho a la educación se encuentra salvaguardado jurídicamente por su artículo tercero, así como en su ley reglamentaria, la Ley General de Educación.

De esta forma, hay pleno consenso en cuanto a que la educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser integral, para lograrlo se requiere instrumentar e implementar diversas políticas públicas, si urgentes, pero no autoritarias y excluyentes, como lo fue la reforma educativa, una reforma fallida producto de un acuerdo cupular, producto del Pacto por México, cuyos resultados polarizaron a la nación, además de que profundizaron y agravaron la crisis económica y social, ahí tenemos los nulos resultados en beneficio de la población de las reformas laboral, fiscal y energética, todas ellas impuestas de manera antidemocrática, todas aprobadas precipitadamente sin diálogo y con exclusión social, favoreciendo sólo intereses de grupo.

En México, la educación ha estado envuelta en múltiples problemáticas, que se han traducido en bajos niveles de aprovechamiento escolar y en altos índices de deserción escolar en todos los niveles, se trata de problemas profundos y estructurales, que se han pretendido endosar de manera irresponsable solamente al gremio magisterial, y a partir de esta consideración se comenzó a confeccionar una gran mentira, una simulación, porque nunca se trató de una verdadera reforma educativa, el 10 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma de los artículos 3o. y 73 constitucionales, que en realidad sentaba las bases de una reforma laboral, para establecer un régimen especial para los profesores de este país, nada que ver con un planteamiento técnico pedagógico en contenidos, programas, planes y libros de texto, con esa absurda invención de reforma constitucional Peña Nieto eludió su responsabilidad para verdaderamente atender los factores del rezago educativo.

Como era de esperarse en fast track, quienes tenían la mayoría en el Congreso de la Unión aprobaron esta reforma, el 19 de diciembre los diputados y el 20 de diciembre los senadores, les bastaron menos de 10 días para aprobar ese atropello al magisterio. Para principios de febrero de 2013, la mayoría de los congresos estatales había ratificado la reforma, por lo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República procedieron a emitir la declaración constitucional de ésta, siendo promulgada el 25 de febrero de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

También hay que mencionar que se trató de una reforma parte de una agenda educativa dictada desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país, ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar todas las capacidades y transmitir conocimiento a de sus alumnos, en condiciones totalmente adversas, con bajos salarios, con una deplorable infraestructura educativa, atendiendo a niños en pobreza extrema en pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo y les será difícil adquirir conocimientos suficientes, aunque el docente haga su mejor esfuerzo; la OCDE y los seguidores de sus dictados parecen sostener que la “calidad” de la educación depende sólo de la profesionalización de los docentes que se logrará a través de mediciones y evaluaciones, que desde luego son aceptadas, siempre que éstas se constituyan en un instrumento de retroalimentación y no en una medida intimidatoria, represiva que atenta contra los derechos laborales del magisterio.

Para agosto de 2013, en un acto verdaderamente vergonzoso, la Cámara de Diputados sesiona en una sede alterna, para en un periodo extraordinario de sesiones aprobar reformas a la Ley General de Educación y para aprobar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aprobando estas legislaciones la Cámara baja el 22 de agosto y la alta el día siguiente, igualmente en fast track, estando ausentes los actores más importantes de esa discusión: los maestros de México.

Luego, en un hecho inédito en la historia del parlamentarismo mexicano, el mismo día de la sesión de Congreso General, el 1 de septiembre de 2013, se dio, como se acostumbraba, un albazo parlamentario en la Cámara de Diputados, sin acuerdos, sin diálogo, sin consenso, se impuso un ordenamiento inadmisible: la Ley General del Servicio Profesional Docente, que estableció procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral, ya que si se reconoce que los maestros son trabajadores al servicio del Estado, se debe por consiguiente asumir que se encuentran regidos por el Apartado B del artículo 123 constitucional y por su ley reglamentaria, pero esto fue desconocido e ignorado, el 3 de septiembre siguiente con gran rapidez en el Senado de la República se aprobó tan ominosa ley, en cuyos artículos octavo y noveno transitorios se menciona expresamente el atentado laboral contra las y los docentes que se nieguen a participar en las evaluaciones, que como ya se comentó están diseñadas como un instrumento intimidatorio y represivo:

. El personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo VIII, de esta ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados que a la entrada en vigor de esta ley tenga nombramiento provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará nombramiento definitivo y quedará incorporado al servicio profesional docente conforme a lo dispuesto en esta ley.

Además de que se trata de evaluaciones estandarizadas, que consideran las características, particularidades y necesidades de cada entidad y región del país. Evaluaciones aplicadas bajo amenaza que están diseñadas para no ser aprobadas.

Por otra parte las y los profesores de México están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, etc. Se vive una privatización silenciosa del sistema educativo, así a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.

El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos.

La aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Aunque no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, se estima que hay más de 500 profesores que han sido víctimas de este tipo de atropellos en México...

Específicamente y en forma lamentable, en el caso de Querétaro, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, (USEBEQ) Enrique de Echavarri, recalcó, en febrero pasado, que “no habrá reinstalación de docentes dados de baja el año pasado”, al referir que el tema está cerrado y agotado. Cabe señalar que Querétaro esla entidad donde profesores organizados exigen la reinstalación de 127 maestros, que fueron cesados por no presentarse a las diferentes etapas de evaluación del desempeño, contempladas por la LGSPD, principal instrumento jurídico de la llamada “reforma educativa” (https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/11/cesados).

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, de conformidad con el artículo 4, incisos a), fracción I, y b), fracción I, del decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, tiene la función específica de participar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la elaboración del programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación para la educación básica, tomando en consideración las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas locales.

Por lo que eespecta a la educación media superior, con fundamento en el artículo 9, fracción I, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, corresponde a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados participar con la secretaría en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación.

A las autoridades educativas federal y locales, de conformidad con el artículo 14, fracción I Bis, de la Ley General de Educación, corresponde de manera concurrente participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente tanto en la educación básica, como en la educación media superior.

Conforme a lo anterior, desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que están comprendidos para ser evaluados en su desempeño como docentes, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada, que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.

En Morena estamos a favor y nos pronunciamos por una educación pública, integral, laica, gratuita, científica y popular, que contribuya a la transformación de la sociedad, trabajaremos para lograr una mejora radical del sistema educativo nacional, para lo cual construiremos junto con el magisterio y demás actores interesados una verdadera y auténtica reforma educativa, mientras tanto y refrendando nuestro compromiso con las y los maestros de México, para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos, realizamos este exhorto a las autoridades educativas correspondientes en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Irán Santiago Manuel, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Adela Piña Bernal, María Chávez Pérez, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Maribel Aguilera Cháirez, Hilda Patricia Ortega Nájera, María de Jesús García Guajardo, Estebán Barajas Barajas (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Gracias, señor diputado. Gracias. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe, secretaria. Mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para su discusión los siguientes diputados y diputadas: la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde; el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del PRD; la diputada Hildelisa González Morales, del PT; la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del PRI; el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, y la diputada María Chávez Pérez, de Morena. En el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Preciado. Micrófono en su curul.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Solo para dos fines procedimentales. El primero es para saber en qué sentido está subiendo cada orador, si es a favor o en contra del punto de acuerdo, para que pueda ser uno y uno y no solo por orden de grupo parlamentario. Dos, para que me registre en contra del punto de acuerdo.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Señor diputado, cuando alguien propone un tema es porque está a favor de él. El pleno será el que decida si se aprueba o no.

Segundo. El Reglamento no establece si necesariamente tiene que ser en uno u otro sentido, y para registrarse usted en el orden de oradores solicítelo a su coordinador y a su vez nos sea remitido que usted esté en el orden del día, porque nos trajeron otro diputado para intervenir por parte de Acción Nacional. Sí, diputado Preciado.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Con el debido respeto. En la discusión de los puntos de acuerdo se deben registrar oradores a favor y oradores en contra. Uno.

Dos. El Reglamento y la Ley Orgánica no establecen como procedimiento que tenga que ser uno registrado a través de la coordinación de los grupos parlamentarios. Es muy claro el Reglamento cuando establece que cualquier diputado que quiera manifestarse a favor o en contra solo tiene que solicitarlo a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Yo le solicito que, de acuerdo con el Reglamento y la Ley Orgánica, se me registre en contra del punto de acuerdo y se nos aclare quiénes de los oradores van a favor y quién en contra, porque el debate debe ser iniciando o a favor o en contra, y de esa manera podríamos ir moderando el debate y no solamente subir en función de los grupos parlamentarios que quieran participar.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Preciado, aclaré al inicio de este tema que se trataba de puntos de urgente y obvia resolución, que se rigen por el artículo 113 de nuestro Reglamento.

El artículo 113 de nuestro Reglamento establece que solo haya un orador proponente, y después, de ser considerado de urgente y obvia resolución, una persona por cada grupo parlamentario.

No es un debate abierto de un tema a votación propiamente, es de urgente u obvia resolución, que se establece en el artículo 113. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad mexicana nos demanda hoy, más que nunca, el estricto apego y respeto a nuestras leyes. No podemos exigir a la ciudadanía que respete las leyes, cuando quienes las formulamos pretendemos a su ver desconocer la voluntad, aun cuando detrás de este desconocimiento se esconden las mejores intenciones.

Creemos en la necesidad de realizar cambios de fondo en distintas áreas. Sin embargo, no podemos apoyar un proceso de transformación que implique omitir la aplicación de las normas jurídicas.

Por esta razón, en el Partido Verde Ecologista de México no compartimos el contenido del punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes del Partido Morena, mediante el cual se busca que como Cámara exhortemos al Poder Ejecutivo y, de manera particular, a los trabajadores de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a suspender de manera inmediata e indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio a los profesionistas del servicio educativo, hasta en tanto sean revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos, o lo que es lo mismo, a que invitemos al titular del Poder Ejecutivo y demás integrantes de la administración pública federal y estatal, a dejar de observar una ley vigente.

Debemos recordar que los procesos de evaluación antes mencionados, así como cualquier otro acto derivado de las leyes que forman parte de la reforma en materia educativa, son producto de un proceso legislativo exhaustivo que se llevó a cabo en estricto apego al mandato constitucional. Por lo que pedir ahora que se suspendan las evaluaciones sería mandar un mensaje equivocado al pueblo mexicano, denostando una falta de respeto a las atribuciones que a la división de Poderes le fueron conferidas por el Congreso de la Unión.

No debemos permitir que esta Cámara exhorte al Ejecutivo a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático. Por el contrario, desde la bancada del Partido Verde Ecologista invitamos de la manera más atenta a los legisladores a reconsiderar su postura respecto a la manera de abordar este tema tan delicado y no hacer una resolución a fast track.

Aclaramos que en el Partido Verde siempre estaremos abiertos al diálogo, al análisis y a la discusión de cualquier iniciativa de reforma y que defenderemos, como hasta la fecha lo hemos hecho, los derechos de la mayoría, pero siempre y cuando esta discusión esté en un margen de entera legalidad.

El votar en contra de este punto de acuerdo no significa en ningún momento ignorar los reclamos del magisterio. Reiteramos que la única intención es conducirnos con el debido respeto que las instituciones merecen.

Compañeros diputados, realicemos el estudio de las reformas las veces que sea necesario, pero por favor no denigremos nuestro trabajo como legisladores pidiendo que deje de aplicarse la ley vigente mientras decidimos cuál es el mejor rumbo para este país.

No dejemos en estado de incertidumbre jurídica a quienes actualmente se encuentran sujetos a estos procesos y, sobre todo, no ofendamos a los mexicanos y al propio Poder Ejecutivo pidiéndole que actúe fuera del margen de la ley. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona:Con el permiso de la Presidencia. La unión hace la fuerza y el día de hoy tenemos coincidencias con los legisladores del Grupo Parlamentario, como así lo han denominado, Juntos Haremos Historia, y quiero decirles que desde hace un rato que tuvimos una participación en voz de su servidor y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD fijamos un posicionamiento muy claro y muy firme respecto al apoyo total al magisterio.

Honorable asamblea, vengo a posicionar a nuestro Grupo Parlamentario a favor del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a diferentes autoridades locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el proceso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, mientras no se revise y, en su caso, reforme el marco normativo aplicable.

Esta posición es congruente con la iniciativa de nuestro grupo parlamentario que acabamos de presentar en la permanencia del servicio público como resultado de la evaluación obligatoria.

Precisamente en esta iniciativa proponemos, en este artículo transitorio, dejar sin efecto aquellas sanciones que hayan recaído en trabajadores de la educación con motivo de la evaluación del desempeño del 2015 a la fecha.

Si bien coincidimos en que uno de los actores clave de la educación son los profesores, el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reconoce no todos los problemas de la falta de calidad educativa dependen de los docentes, porque influyen también las características contextuales.

La aplicación de la reforma educativa se ha centrado en la evaluación docente sin implementar políticas que mejoren las condiciones en que se da el proceso de enseñanza. ¿Cómo pedir que se modernicen los métodos de enseñanza cuando muchas escuelas no tienen ni siquiera las condiciones básicas para poder aprender?

¿Cómo hacer que después de una aplicación desafortunada de la evaluación para el desempeño de los docentes confíen en este instrumento como un método de la mejora en la calidad educativa?

¿Con qué cara le exigimos a los maestros ser evaluados estrictamente, cuando el presidente Enrique Peña Nieto plagió parte de sus tesis? O mejor dicho, cometió errores de estilo.

Debemos emprender un trabajo legislativo serio y profundo que realmente tome en cuenta el contexto multicultural y económico de nuestro país, para en lugar de buscar culpables se asuman responsabilidades y retos. Se hagan verdaderas propuestas, se establezcan los cómos y las rutas, se destine un gasto eficiente y transparente y se deje atrás la demagogia para dar paso a una política educativa, a la altura de los retos de una educación que debe de ser inclusiva y avanzada.

Suspender los procesos de evaluación no debe significar restaurar simulaciones, complicidades, distorsiones o vicios que aún persisten en la contratación y promoción de las y los maestros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido, señor diputado.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Concluyo, ni tampoco debe significar suspender la evaluación para pagar un compromiso de campaña. Sí a la suspensión para realizar un diagnóstico profundo de la reforma educativa y del sistema educativo. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Hildelisa González Morales:Muy buenas tardes. Un país que invierte en educación y que revalora la función del docente es un país que propicia su independencia.

Con el permiso de la Mesa Directiva. Me dirijo ante ustedes, compañeros y compañeras diputadas, muy especialmente a los compañeros y compañeras del Verde Ecologista y del PRI.

También me dirijo a los mexicanos y mexicanas que nos han dado la oportunidad de venir a esta tribuna a defender las causas que lesionan a los ciudadanos.

En México millones de mexicanos perdieron la fe y la confianza e hicieron caer a este régimen. La decepción se agudizó con la aprobación y la aplicación de las reformas estructurales y esto se manifestó en un rechazo mayoritario a los partidos que las promovieron.

Los maestros, como sujetos activos de este proceso de transformación en el país, se manifestaron públicamente a lo largo y ancho de nuestra patria.

La desvalorización del docente se ha incrementado con la mal llamada reforma educativa, que ha sido una reforma lesiva, que ha atacado los derechos laborales del magisterio. Ha tenido un carácter sancionatorio. No ha impactado la calidad de la educación ni ha generado programas de actualización y formación docente, siendo esta reforma un medio de control de las autoridades y de los gobiernos en turno.

En esta nueva etapa, los maestros han jugado un papel preponderante, por lo que el Partido del Trabajo suscribe el punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo. Así como la reinstalación de los maestros que, de manera dolosa, han sido despedidos por estos procesos de evaluación.

Por una educación gratuita y de calidad, por un magisterio revalorizado y por una patria justa. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Hildelisa. Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Ricardo de la Peña Marshall:Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Compañeras, compañeros. La verdad es que mucho se ha hablado de lo que es esta reforma educativa y de lo que no es. Pero en Encuentro Social creemos en la calidad educativa y la reconocemos como un derecho para los educandos y un deber para el Estado mexicano.

Creemos que la actuación de los docentes llega a definir, en muchos casos, la manera de ver el mundo y abrazar el conocimiento de las personas. Estamos de acuerdo en la necesidad de una mejora continua del hecho educativo. No obstante, en Encuentro Social diferimos de la idea que atraviesa la reforma en la materia por parte del gobierno de la República saliente, que postula que la calidad educativa exige un estado de cosas en que la estabilidad laboral del magisterio se pone en peligro.

Ciertamente hay que replantear los términos para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, pero el carácter punitivo de cualquier decisión del Estado mexicano es siempre contraproducente y lesiona al tejido social. Por eso insistimos en Encuentro Social, que la reforma educativa debe de ser integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más debe de ser y que no debe de ser realmente punitiva, sino que debe de considerar a los alumnos, a los contenidos que damos en las aulas.

Y les tengo que decir que tengo 32 años de vida profesional en el medio educativo, que no gozo de ninguno de los privilegios que los maestros que sí están en esa institución, en el gobierno, pueden gozar, que jamás me voy a poder jubilar. Pero, sin embargo, el compromiso con mis alumnos es tan profundo a nivel universidad y preparatorias, ha sido y es tan profundo que tenemos que pensar primero que nada en una reforma real de los contenidos, qué les queremos transmitir a nuestros alumnos, qué les vamos a hacer para construir un futuro en sus mentes. Hay que descuadrarlas. Hay que llevarlos más allá.

Hay que hacerlos que nosotros seamos el peldaño que les permita crecer y no mantenernos en la mediana mediocridad en la que muchos de nuestros alumnos perviven en el sistema público y privado.

Por eso también hay que considerar los espacios y la infraestructura, así como los recursos que podemos poner a disposición de nuestros alumnos. Otro país nos ha sido encomendado. Un México con calidad educativa sin lesionar los derechos laborales, desde el respeto al Estado de derecho y puesta al día del orden jurídico nacional. Eso es posible, por eso hagámoslo nosotros en esta ocasión. Es tanto, cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Martha Hortensia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Martha Hortensia Garay Cadena:Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Martha Hortensia Garay Cadena: Compañeros y compañeras legisladores. Antes de iniciar yo quiero reconocer el trabajo de los buenos maestros y maestras. A los que asisten a clase, los que se preparan, los que construyen este gran país. A los maestros no nos da miedo ser evaluados.

El Grupo Parlamentario del PRI reconoce el compromiso y los esfuerzos realizados por el gobierno de la República desde el inicio de su administración por el elevar la calidad educativa.

Celebramos este paso trascendental de hacer de la educación la fuerza transformadora de México, por eso no compartimos la visión parcial de un tema tan relevante para el país. Descalificar y destruir es fácil. Lo complicado es edificar y proponer.

Hoy tenemos en la reforma educativa que buscar elevar la calidad de la enseñanza en donde maestras y maestros jueguen un papel fundamental. Todo aquel esfuerzo que contribuya a elevar la calidad de la enseñanza, será apoyado por el Grupo Parlamentario del PRI.

Coincidimos en que con el propósito de avanzar hacia la calidad de la educación es indispensable mejorar al magisterio nacional, las condiciones de su formación ingreso, promoción, permanencia, así como la evaluación de las realidades que circundan su desempeño.

En el momento, señoras y señores, en que se discuta de manera integral este tema que es de la mayor trascendencia, en el que está en juego el futuro de niñas, niños y jóvenes, habremos de fijar una posición muy clara en relación al servicio profesional docente.

No compartimos este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del sistema educativo nacional.

Esperamos que cuando se discuta el tema con profundidad, con responsabilidad y con seriedad, tengan ustedes un planteamiento que permita comparar lo que se ha hecho y lo que van a impulsar, que hasta el momento no conocemos.

Requerimos alejarnos de una visión coyuntural y asumir con decisión la revisión bajo una propuesta integral. Ojalá puedan integrar una propuesta completa que busque educación de calidad para el futuro...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.

La diputada Martha Hortensia Garay Cadena: ...y preparar a las nuevas generaciones. Más allá de vender o heredar plazas, del cochupo o el arreglo, se trata de privilegiar la evaluación transparente, las capacidades y trayectorias y el perfil de los maestros.

Para el PRI la educación es un instrumento poderoso...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señora diputada.

La diputada Martha Hortensia Garay Cadena: ...para transformar al país. Un minuto, presidenta. Por eso estamos en contra de su propuesta. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Amigas y amigos, compañeras diputadas y compañeros diputados, presidenta, con su permiso. Primero que nada, un saludo a las maestras maestros de Nuevo León y a todos los trabajadores al servicio de la educación en este país, nuestro respeto, nuestra admiración.

El PAN está a favor del interés superior de la niñez en México, a favor de los buenos maestros que aportan tanto a la calidad educativa, pero no puede estar a favor de incumplir con una regla, una ley establecida.

No podemos, paradójicamente, ser parte del Parlamento nacional donde hacemos las leyes de este país y exhortar a que no se cumplan. Flaco favor le hacemos a las instituciones del país si desde esta soberanía solicitamos el desconocimiento de la Constitución, de las leyes y del resto de nuestro marco normativo.

En tanto no exista algo nuevo, lo que debe seguir observándose es el marco legal vigente, es decir, lo que establece la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Les quiero recordar a los compañeros de Morena lo que dice, hace unos días el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, al respecto de la reforma educativa. Él hace unos días declaró que la reforma educativa se derogaría cuando surge una nueva ley, un nuevo marco jurídico y se conservarán aquellas cuestiones que sean útiles al aprendizaje y también se conservará la evaluación de los maestros.

Mejor pónganse de acuerdo con el próximo gobierno de Morena, presenten una iniciativa en ese sentido y nos venimos a debatir qué sí y qué no de la reforma, porque también tiene cosas buenas. No es todo como la pinta un grupo de maestros de este país, pero sobre todo platiquen con Esteban Moctezuma, que es el que dice que no se va a derogar.

No vengan aquí a pedir un exhorto, que además es incumplible porque están pidiendo que no se aplique la ley, en lo cual el PAN va a estar siempre en contra. Pero sí, en cambio, su próximo secretario de Educación está a favor de la evaluación docente, vayan a ponerse de acuerdo primero ustedes, y luego no quieran engañar a los maestros diciendo que aquí con un discurso en un punto de acuerdo, que a veces es llamado a misa, ya están cumpliendo con su electorado que se creyó que ustedes iban a hacer esas reformas. Vengan a imponer una iniciativa y debatamos. No un punto de acuerdo, porque es lo que va primero, la iniciativa antes que el punto de acuerdo.

Nosotros, como Grupo Parlamentario del PAN, estamos a favor de la calidad educativa. Estamos a favor de un diálogo que permita situar los problemas educativos en su justa dimensión...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Respeto al orador, señores diputados.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Pregunten a Esteban Moctezuma si va a caer, pues...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Está en el uso de la tribuna el diputado del PAN. Favor de respeto al orador.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Hablen con Esteban Moctezuma para ver si cae. Estamos a favor de mejores maestros, estamos a favor de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, estamos a favor de la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos, estamos a favor de ampliar la cobertura de los servicios educativos, estamos a favor de mejorar los contenidos de los libros de texto y en general estamos a favor de una educación de calidad para todo México. Muchas gracias, presidenta.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario Morena.

La diputada María Chávez Pérez:Compañeros, diputados y diputadas, tenemos tres años, eso va a durar el poder y recuerden; los hechos son para toda la vida y si no, nos lo van a demandar siempre.

Hoy nos ponemos a discutir una ley injusta, como una camisa de fuerza que se pusieron los legisladores anteriores, en el cual están sometiendo a una evaluación a los maestros, que son normalistas titulados. ¿Y por qué no someten a evaluación al presidente Enrique Peña Nieto y a toda la camarilla de cómplices que acordaron esta criminal reforma educativa? O los que me antecedieron y que dijeron que nos pusiéramos de acuerdo con Moctezuma.

Los maestros han sido los únicos que han tenido la fuerza para denunciar los actos de corrupción que esta ley permitió. El desmantelamiento educativo de las universidades públicas, en varios estados lo acaban de denunciar. El desmantelamiento a la educación, ¿qué fue lo que hizo?, poner una ley que restringiera los derechos laborales de los maestros y eso lo deben de tomar en cuenta.

A ti legisladora, diputada, diputado, ¿quién te restringe? ¿Quién te evalúa si lo haces bien o lo haces mal? ¿Si eres justa o eres injusta? Pedimos a los compañeros conscientes de acordar este exhorto, para que se detenga esta criminal evaluación al servicio profesional docente.

Quisiera verlos en el estado en que están, cuando han sido cesados de sus cargos como profesores, sin tener un ingreso económico para seguir sosteniendo a sus familias. Así los quisiera ver.

Hoy pegamos de gritos cuando decimos que vamos a trabajar en un plan austero, en un plan restringido, porque tenemos que darle a la sociedad los derechos que son acreditables.

Lo veo injusto que seamos nosotros los que gocemos de privilegios, los diputados, y la inmensa mayoría esté sin un pan de cada día.

Quiero decirles que los artículos transitorios de la Ley General de Educación establecieron plazos. Estos no se cumplieron, fueron una camisa de fuerza que se pusieron los legisladores y, en consecuencia, esta ley está desfasada...

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El tiempo ha concluido, diputada.

La diputada María Chávez Pérez: Esta ley es injusta y la tenemos que tirar.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señora diputada. Concluyó la ronda de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación económica, por favor, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido. Ha concluido entonces las listas de oradores. Ahora solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El punto queda aprobado. Comuníquese.

Presidencia del diputado
Marco Antonio Adame Castillo



EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE RECONSIDERE EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE LAS CASETAS DE PEAJE

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a proceder a analizar la segunda proposición que se ha agendado este día. Se ha presentado...

A ver, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Con el permiso de la Presidencia y con el respeto de mis compañeros. Cuando se tiene que hablar de competitividad dentro de un país, tenemos que hablar de conectividad.

México es un país que está centrado en el corazón logístico de todo lo que es la América. México es un país que está conectado tanto con Asia como con Europa y somos la principal entrada hacia Estados Unidos y en gran parte a todo Centroamérica, pero no podemos hablar de competitividad cuando nuestra circunstancia nos lleva a tener altos costos en el tema logístico.

Cuando hablamos de carreteras, que en este momento se encuentran deplorables, carreteras que están hechas pedazos, carreteras que tienen cero mantenimiento. Cuando nuestros puentes se están cayendo. Cuando nos encontramos con la vulnerabilidad del robo en todas las autopistas del país, principalmente aquellas más transitadas donde más seguridad deberíamos de tener.

El tramo de la México-Puebla-Veracruz, donde todos los días no solo se roban camiones, se roban vehículos, se roban la carga con lujo de violencia. Tenemos un problema muy grave en este país. Tenemos un problema porque ya nadie quiere trabajar de operador, ya nadie quiere subirse a esas carreteras.

Pero todavía así tenemos la desfachatez de anunciar un aumento en las cuotas que tienen que ver con servicio público federal, específicamente Capufe, un aumento que bien puede sonar del 12 al 18 por ciento. Esa es la primera gran mentira, es mucho más, porque aumentaron más las casetas que más aforo tienen. La México-Puebla-Veracruz aumentó cerca del 18 por ciento.

Aquellas que se utilizan poco aumentaron el 12. La media, la matemática simple me dice efectivamente que andan sobre el 14 por ciento, pero el impacto real en la economía de todos los mexicanos es cerca del 17 por ciento.

¿Y por qué digo en la economía de todos los mexicanos? Estaba la semana pasada platicando con una persona precisamente este tema y se le ocurre decirme: que se preocupen los que tienen coche, porque esto nada más le pega a los ricos.

Grave error, los que piensan así es un grave error. Déjenme decirles que a los que más les pega son a las personas más vulnerables.

Cabe destacar que se dice que el transporte carretero mueve solamente el 70 por ciento de las cargas que se mueven en el país. Primer gran error, el transporte carretero mueve el 100 por ciento, el transporte marítimo está limitado a los bordes, a las playas en donde hay puertos marítimos. Se tiene que bajar y transbordar en un camión. De igual manera, los ferrocarriles están limitados hasta donde llegan las vías de ferrocarril. Todo se baja en un camión y todo tiene un impacto.

¿Pero qué es lo más delicado en este tema? El impacto más fuerte lo tienen aquellos productos que forman parte de la canasta básica: el frijol, el maíz, aquellos que tienen que ser transportados desde Sinaloa para surtir la Central de Abasto que se encuentra aquí en la Ciudad de México tienen que pagar altos costos de peaje y todavía se nos ocurre, para cerrar el sexenio, dar un pequeño aumento del 18 por ciento.

Se necesita muy poca conciencia para entender que estamos dañando la economía de los más vulnerables.

Me congratula mucho, en primer lugar, la idea del próximo Ejecutivo, del señor Andrés Manuel, en primer lugar, de separar la policía de Gobernación, de crear una nueva secretaría que pueda vigilar nuestras carreteras.

También me preocupa mucho adónde va a parar ese dinero. Porque todos escuchamos que las casetas de cuota cobran un recurso para recuperar la inversión. ¿Pero sabían ustedes que el 90 por ciento del ingreso de esas carreteras se va a la hacienda pública y solo el 10 por ciento se queda para Capufe, para mantenimiento y conservación de las carreteras?

Por lo tanto, hay que ponerle nombre. No es una cuota, es un impuesto. Nos están aumentando impuestos nuevamente. Es por esto que exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones, y en específico a Capufe, a que echen reversa en este mandato. Que la ciudadanía se los demanda, que la ciudadanía nos está pidiendo que echemos reversa porque nos está impactando en los bolsillos de cada uno de los mexicanos que tenemos necesidades básicas.

Es por eso que queremos pedirles a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa. Que exhortemos al Ejecutivo federal a que tenga la conciencia de reducir nuevamente estos peajes. Que tenga la conciencia plena de que lo que están haciendo no es lo correcto.

Y suscribimos todos los diputados, el suscrito, Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., fracción I; el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente posicionamiento.

Como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsidere el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional, con base en lo siguiente. Y como único resolutivo, para no dar toda la lectura:

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de peaje...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: ...y se reduzcan a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y del sector productivo nacional. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar por la SCT y la SHCP el aumento de las tarifas en las casetas y reducirlas para favorecer a todos los usuarios de las autopistas y el sector productivo nacional, a cargo del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las carreteras del país revisten una gran importancia y son esenciales para el desarrollo económico y social, ya que constituyen un pilar para la movilidad del transporte de personas, mercancía e insumos que incentivan a la actividad productiva, los servicios y el turismo.

Además, por su articulación y conectividad fomentan la competitividad y la productividad de las regiones generando oportunidades de progreso, desarrollo y calidad de vida para los ciudadanos.

La red carretera de autopistas que son operadas por Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe) registra un total de 41, de las cuales 39 pertenecen a la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y dos son propias. En materia de puentes internacionales se tienen un total de 14, de los cuales Capufe concentra 12 y el FNI es propietario de dos; con respecto a los puentes nacionales se registran 18, de los que 16 son propios; uno, el Cucapá, del cruce internacional San Luis Río Colorado, en Sonora, es operado por el organismo y uno pertenece al FNI.

Capufe es el organismo encargado de operar la mayoría de las autopistas del país y es quien cobra el peaje de las mismas. El día 6 de septiembre, en un comunicado oficial publicó que el Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, giró instrucciones a Capufe para que actualice las tarifas de peaje de la red carretera del mencionado Fondo. Esta medida entró en vigor a partir de las 00:00:01 horas del viernes 7 de septiembre del año en curso. Asimismo, se informa que el FNI ha decidido mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco.

Con esta medida se tiene un incremento en el peaje que va desde el 12 al 18 por ciento en las tarifas en la red de autopistas. Cabe destacar que entre las carreteras más transitadas por la Ciudad de México se encuentra la Chamapa-Lechería que se incrementó el 18 por ciento, al pasar de 44 a 52 pesos por automóvil. Cabe destacar que esta autopista, en 2017, registró un aforo anual de 40 millones de vehículos que dejó ingresos por 736.5 millones de pesos, con el incremento se estima que recaude adicionales más de 133 millones de pesos adicionales.

Otro caso es el de la autopista México-Puebla, cuya tarifa subió 17 por ciento, esto significa que los automovilistas van a pagar 165 pesos de los 141 pesos que les cobraban anteriormente. Esta autopista registró en 2017 un aforo vehicular de 53.2 millones de vehículos anuales que dejaron ingresos por 2 mil 989.7 millones de pesos, con el ajuste se estima que se recaude más de 508 millones de pesos adicionales.

Por su parte, la autopista México-Querétaro, que es una vía altamente aforada, el incremento fue del 12 por ciento, ahora los coches pagarán 166 pesos, 2 pesos más de los que se les cobraban antes de la medida. En 2017 registró un aforo de 45.2 millones de vehículos anuales dejando ingresos por 5 mil 136.2 millones de pesos, con el ajuste tarifario se estima que genere más de 616 millones de pesos adicionales.

La autopista Estación Don-Nogales, siendo una vía altamente transitada, se incrementó 17 por ciento, ahora los automóviles pagarán 398 pesos de los 377 pesos que pagaban por transitarla. Esta autopista en 2017 registró un aforo de 11 millones de vehículos y registró ingresos por 882 millones de pesos, que con el aumento se estima que reciba más de 150 millones de pesos adicionales.

La autopista Córdoba-Veracruz, cuyo peaje era de 179 pesos, con el aumento es de 206 pesos con una diferencia de 27 pesos y un 15 por ciento de aumento. La autopista, en 2017, registró un aforo de 10.8 millones de vehículos recibiendo ingresos anuales por 879 millones de pesos y con el ajuste se estima que reciba 131 millones de pesos adicionales.

Es importante destacar que se trata del tercer aumento en lo que va de este 2018. El primero se realizó el 9 de enero solo para la caseta de Tlalpan, en la México-Cuernavaca, la cual pasó de 74 a 98 pesos. El segundo aumento fue el 24 de enero, de un 4.2 por ciento en promedio, abarcando el 87 por ciento de carreteras de la red del Fondo Nacional de Infraestructura a cargo de Capufe. Mientras que en 2017 se registraron dos ajustes de tarifa, el 6 de julio y el 1 de septiembre.

Con base en lo anterior, no consideramos que se justifique el aumento de las tarifas de peaje, debido a que el 24 de enero se dio un incremento respaldado principalmente por los efectos inflacionarios y los gastos de mantenimiento de las vías. Ahora, nuevamente a unos meses que se registró el ajuste, de nueva cuenta se vuelve a presentar un incremento en el peaje, situación que golpea el ingreso de los usuarios de las autopistas como al sector productivo nacional.

Cabe destacar que el sector productivo, como el autotransporte en sus diferentes modalidades y los usuarios que hacen uso de las autopistas, no sólo el pago del peaje representa una disminución a su ingreso, ya que desde agosto de 2017 al 15 agosto del presente año, el precio de la gasolina magna (la más consumida por los mexicanos) pasó de 15.57 a 19.59 pesos por litro, un aumento de 4.02 pesos por litro equivalentes a un incremento de 25.8 por ciento.

Es importante señalar que, de acuerdo a cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los mexicanos pagan en promedio de 5 a 6 pesos de impuestos por litro de gasolina Magna, Premium y diésel, lo que representa en promedio el 30 por ciento del precio final. Asimismo, también señala que el precio de las gasolinas acumula 12 meses consecutivos de aumentos.

Otro problema es el de la inseguridad en las autopistas, pese a ser más caras, no son más seguras, lo cual tiene como consecuencia que las pólizas de seguro para transportistas se hayan incrementado hasta 250 por ciento, además del incremento en los requisitos para poderse asegurar ante la ola de violencia que se genera en las autopistas.

Las cifras de la inseguridad en el autotransporte en sus diferentes modalidades, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), representa 92 mil 500 millones de pesos anuales, impactando en forma negativa en la competitividad de la economía del país. Ante este escenario es fundamental que el Estado garantice el estado de derecho y emprenda acciones para atender el problema que afecta al sector productivo nacional.

Estamos convencidos de que las altas tarifas de peaje, el incremento de las gasolinas y el diésel y la inseguridad representan serios obstáculos para el progreso del país.

Por último, no aceptamos que esta administración, de forma indiscriminada, suba las tarifas a estas alturas del sexenio. La pregunta obligada es: ¿A quién quieren beneficiar?

Por el contrario nuestra postura es que se reconsideren los ajustes tarifarios y se reduzca el peaje, toda vez que el costo de las carreteras es muy alto en nuestro país, cuando contamos con los salarios más bajos, de acuerdo a la OCDE.

La sociedad mexicana ha sido fuertemente golpeada a lo largo del presente sexenio, y esto representa el golpe final a los bolsillos de la gente, no permitamos este atropello y exijamos que se revierta este injusto e innecesario incremento en las tarifas del peaje que nos han impuesto una vez más.

Reiteramos: bastante tenemos con los gasolinazos indiscriminados, con la galopante inseguridad en nuestras carreteras, como para permitir que sigan abusando con el incremento del peaje como una práctica ya recurrente de esta administración.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.

Notas

1 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos. Capufe.

2 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ ComunicadosDePrensa/Com-012-2018.pdf

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Se ha presentado ante esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ello.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Primero. Único.Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzca a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que remita a esta Honorable Cámara de Diputados un diagnóstico integral sobre las condiciones de uso y sobre el mantenimiento prioritario requerido por la red de carreteras federales del país, así como sobre la vigencia de las diversas concesiones otorgadas sobre dicha red carretera.

Tercero.Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad que se intensifiquen las labores de seguridad en la red de carreteras federales del país, que impacte en la reducción de los delitos que se perpetran en ella y en beneficio de los automovilistas y autotransportistas que la utilizan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica).»

Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Permítame, secretaria.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una consulta, diputado presidente. Es de repente difícil con la lectura del documento, que a uno le quede claro. Mi pregunta puntual es si la modificación que se hizo al documento, ¿están pidiendo una reducción del incremento a la tarifa o están solicitando que no haya incremento a la tarifa? No me quedó claro.

Porque si es que se eche abajo el incremento, yo estoy de acuerdo. Pero si están planteando una reducción que fue lo que me pareció escuchar, tampoco escuché en qué porcentaje están planteando la reducción. Si me quisieran aclarar, por favor, este punto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El proponente hará una precisión. Adelante, diputado Muñoz.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez(desde la curul): Efectivamente y corroborando el tema, y para que quede puntual. Estamos pidiendo la eliminación del aumento que se dio hace ocho días. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Debo subrayar que a la proposición inicial hemos dado cuenta de propuestas de modificación que enriquecen este punto de acuerdo y que han sido ya consensuadas, de tal manera que en consecuencia continúe la Secretaría.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación aceptada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo como de costumbre. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. Para proceder a la discusión sobre esta propuesta, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Ruth Salinas Reyes, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Ruth Salinas Reyes:Buenas tardes a las y los presentes el día de aquí. Hoy Movimiento Ciudadano desea ser la voz de las y los ciudadanos que deseamos no solamente se reconsidere el aumento. Solicitamos que también se exija una baja justamente de esta tarifa.

Sin duda es humillante que este gobierno, a unos cuantos meses de salir, todavía aumente más lo que a todos los mexicanos nos está doliendo que es nuestro bolsillo y nuestra economía.

Por lo tanto, decimos no más asaltos sin que las ciudadanas y los ciudadanos nos demos cuenta. Un día despertamos y simplemente nos damos cuenta que nos han incrementado, uno, la gasolina y hoy también las autopistas.

Movimiento Ciudadano solicita, primero, que se revisen justamente estas carreteras, en qué condiciones están, que tengan luz, que tengan seguridad. Pedimos hoy justamente a este gobierno entrante con la política de austeridad que tiene y que maneja, que no finja, que hoy trabajen y que detenga al que va saliendo, que lo detenga en los aumentos, que no apruebe justamente estos incrementos.

Nos sumamos no solo al exhorto, hoy Movimiento Ciudadano dice: vamos a trabajar, vamos a trabajar en iniciativas que realmente nos ayuden a cada una de las y los mexicanos.

Así que aprovecho este espacio para decir: austeridad sí, austeridad con conciencia. No más debate en un tema de discurso. Hoy es realidad, hoy estamos aquí para proteger el bolsillo, la economía de cada una de nosotras, porque aquí les digo, compañeros y compañeras, antes que diputados, antes que legisladores, somos ciudadanas y ciudadanos que también enfrentamos todos los días estas malas decisiones.

No dejemos sin respaldo a quien con su voto nos trajo a esta curul. Hoy protejamos. Cada una de las decisiones que hoy tomemos, va a determinar la calidad de vida que cada una y cada uno de nosotros tengamos, y que nuestros futuros tengan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo.

La diputada Margarita García García:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, pueblo de México.

Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez García.

Si realmente hubiera transparencia por parte del gobierno federal, los ciudadanos sabríamos los modelos financieros por los que operan las carreteras, así como de las condiciones de los títulos de la concesión de modo que podamos saber el porqué de las constantes alzas de cuotas de peaje que pagamos.

La perspectiva de la inflación para nuestro país luce muy complicada para el cierre del año. Este fin de semana pasado vivimos la aplicación de un nuevo incremento del 12 al 18 por ciento en las tarifas de peaje en 37 autopistas y libramientos, así como en tres puentes internacionales.

Esto es un nuevo atentado en los bolsillos de los mexicanos. Dichos aumentos se suman a los anunciados en enero de este mismo año que en promedio fueron de 67. En el estado de Oaxaca el progreso turístico requiere de un impulso relevante por parte de las autoridades federales y con este incremento reciente a la tarifa por peaje en las autopistas, se inhibe la llegada de turistas.

Es una nueva puñalada a la economía del pueblo. Los mexicanos vivimos la peor crisis de la historia, se necesita no vivir en México para adular a un gobierno que atentó en todo momento en los bolsillos de los ciudadanos.

Los mexicanos contamos minutos para que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios terminen el cargo e iniciemos un nuevo México. La historia juzgará a Enrique Peña Nieto como el hombre más cruel y corrupto por enriquecimiento de los impuestos de los más necesitados y protegiendo a los 16 que concentran 143 mil millones de dólares.

Diputados y diputadas, el Partido del Trabajo está solicitando que echemos abajo estos nuevos incrementos. El pueblo de México confía en el cambio anhelado. Nunca más un incremento a espaldas del pueblo. En el PT velaremos siempre por los intereses de los mexicanos. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Encuentro Social.

La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas:Con su venia, diputado presidente. En Encuentro Social creemos en la libre empresa y en la necesidad de la actuación subsidiaria de los particulares para coadyuvar la buena marcha del Estado en bien de la sociedad.

Las autopistas de peaje representan en todo caso fuertes inversiones y constituyen siempre grandes obras de infraestructura, que permiten una adecuada comunicación y transporte para unir y acercar personas y mercancías, más eficientemente. Pero también creemos en Encuentro Social, que se debe de hacer un pago justo y que equilibre la calidad y la seguridad de cada una de las autopistas.

No podemos permitir que haya excesos en los pagos en cada una de estas autopistas, y no podemos permitir que en las autopistas que tienen mayor tránsito sean aquellas a las que más se les aumente, pero también sean aquellas las que más inseguridad representan para cada uno de los mexicanos que ahí transitan y también son una de las autopistas que más deterioro representan.

Pongo un ejemplo. La autopista México-Cuernavaca-Acapulco se ha convertido en una autopista muy insegura, muy destrozada y no podemos permitir que, así como en esta autopista, así como en la autopista Puebla-Veracruz, sigan haciendo estos incrementos.

Creemos en el equilibrio justo. Estamos, sí, a favor de los pagos de peaje, pero con justicia, con el equilibrio.

En Encuentro Social sabemos que puede existir un México comunicado con justicia en los cobros y es posible, y es posible y los podemos hacer todos. Hagámoslos nosotros. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional.

La diputada Sonia Rocha Acosta:Con el permiso de la Mesa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Que se eliminen, en lugar de aumentar las cuotas de peaje. Señoras y señores legisladores, estamos finalizando el año y con ello, una administración del presidente Enrique Peña Nieto, una administración plagada de irregularidades y de abusos hacia la sociedad mexicana, producto del pésimo manejo de este gobierno.

Esta situación provoca que muchas familias mermen o vean mermada su economía ante las recurrentes medidas impuestas por el gobierno. ¿A qué me refiero? Al gasolinazo, al incremento de la inflación y del dólar, todo esto acompañado de la galopante inseguridad que vivimos en este país y justamente ese es el tema que hoy nos ocupa, el tema relacionado con las tarifas del peaje, que se publicaron el 6 de este mes y empezaron los cobros el día 7.

Las autopistas son vías de comunicación esenciales para el desarrollo económico social de México, ya que por medio de ellas se incentiva la productividad de servicios y, por supuesto, del turismo y de las necesidades de todos los ciudadanos.

Sabemos que Caminos y Puentes Federales es un organismo encargado de operar la red de autopistas y puentes federales y que la Secretaría de Hacienda es la responsable de determinar las tarifas que se cobran para el uso de las mismas.

El reciente ajuste a las tarifas del peaje, que va —como ya lo decían— del 12 al 18, pero en algunas autopistas mucho más y, en general, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos repercuten un 17 por ciento, representa un fuerte golpe al bolsillo de las y los mexicanos y de una u otra manera no lo vemos o no lo ven todos los ciudadanos y por eso estamos aquí, haciendo uso de esta tribuna. Todo lo que en este país se comercializa y necesitamos se transporta de una u otra manera.

Hoy encontramos que autopistas de gran afluencia, como la Chamapa-Lechería, tuvo un incremento del 18 por ciento. Otro caso, la autopista, que ya lo comentaron, México-Puebla, donde la tarifa subió un 17 por ciento.

La autopista que su servidora transita para llegar a este recinto desde hace varios años, anteriormente también, México-Querétaro, que representa un corredor logístico que es altamente transitado para el traslado de productos de mercancías y por supuesto de personas, que une al centro con el norte del país, padeció un incremento del 12 por ciento.

Acción Nacional considera que estas prácticas son un abuso del gobierno que no tiene justificación técnica ni financiera. Hay tres aumentos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Si me permite, presidente, ya voy a terminar. El primer aumento se hizo el 9 de enero, el segundo aumento el 24 de enero, de 4.2 por ciento, y por supuesto el último, que es el que hoy estamos reclamando.

Acción Nacional no estamos de acuerdo con la manera autoritaria que usa el gobierno para incrementar los bienes y servicios públicos. Acción Nacional decimos, basta de los abusos en contra del pueblo mexicano. Esta afectación se agudiza por la inseguridad...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, concluya su intervención, diputada.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Claro que sí. Es inconcebible que los mexicanos paguen en promedio cinco a seis pesos de los impuestos por litro de gasolina y todavía le ponemos un impuesto en el peaje.

Por eso, hoy les pido que aprobemos este punto de acuerdo, este exhorto para que se elimine el costo que, por cierto, es el tercero. Muchas gracias. Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Para concluir las intervenciones sobre este punto de acuerdo tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario Morena.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Primeramente, hacer un breve comentario, de que me siento muy contento de pertenecer a esta legislatura y, sobre todo, a mi Grupo Parlamentario de Morena, porque hoy se hace justicia para que seamos escuchados todos en igualdad, no como las anteriores legislaturas que eran las que se apropiaban de todos los temas que aquejaban a México.

Estoy muy contento de tener esta oportunidad y decirles que quiero complementar el punto de acuerdo del compañero que me antecedió, y que de alguna manera debemos todos apoyar para que verdaderamente ya no siga habiendo injusticias en el transporte de México, y sobre todo, también en los bolsillos de los mexicanos que todos los días usamos estas casetas.

Dejar bien clara la posición del Grupo Parlamentario de Morena, que debemos eliminar la imposición arbitraria de las autopistas que día con día nos aumentan.

Situación crítica del autotransporte, en pésimas condiciones las carreteras que tenemos en México, carreteras que han sido, sexenio tras sexenio, el gran negocio para el gobierno federal y para las constructoras o los concesionarios. Ese negocio ya se debe determinar. Situación que debemos tener para beneficiar en verdad a la ciudadanía.

Recuerden que primero, antes de todo, está la seguridad de los mexicanos. Ha habido, durante tres sexenios, el mayor robo en carreteras de México. Aunado a eso tenemos la gran inseguridad de los robos que pasan en las carreteras de México y ninguna autoridad, ninguna en los tres sexenios anteriores hizo nada, nada.

Hoy en día vienen y levantan la mano los otros partidos del Prian, diciendo que este trabajo que ellos hicieron nos lo ponen en una charola de plata. No se vale colgarse de la desgracia de todos los mexicanos. Las carreteras de México deben de ser carreteras que verdaderamente sean seguras para poder bajar el índice de accidentes. Primero está la seguridad de la ciudadanía y del autotransporte en general, a seguir teniendo los grandes negocios que se habían tenido en los años anteriores.

Por eso, el Grupo Parlamentario apoya el punto de acuerdo para eliminar el costo de la autopista que nos acaban de subir en días pasados, con el segundo punto del punto de acuerdo.

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que remita a este H. Congreso de Diputados, un diagnóstico integral sobre las condiciones de uso y sobre el mantenimiento requerido por la red de carreteras federales del país...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Así como sobre la vigencia de las diversas concesiones otorgadas sobre dichas carreteras. No puede ser posible que si las carreteras fueron concesionadas sigamos con las mismas carreteras y con los mismos concesionarios. Ellos ya cobraron su dinero, ellos ya ganaron, ellos ya sacaron su inversión. Ya que dejen esas casetas libres para toda la ciudadanía. Tercero...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que se mantenga en las labores de seguridad en las carreteras federales del país e impacte en la reducción de los delitos. Que sea para beneficio de toda la ciudadanía, los automovilistas y toda la gente que transita por ellas. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de participantes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado. Comuníquese.



EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A GARANTIZAR LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se informa a la asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha sustituido el texto de la proposición con punto de acuerdo registrado con el trámite de urgente resolución, a efecto de que se desahogue con ese trámite el que se encuentra publicado en el orden del día con el número 37, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ximena Puente de la Mora, para presentar la proposición en comento.

La diputada Ximena Puente de La Mora: Compañeras y compañeros legisladores. La reforma políticoelectoral de 2014 incorporó en el artículo 41 constitucional, la paridad de género como una acción afirmativa que permite garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

Esta reforma estableció que los partidos políticos deben garantizar la mitad de sus candidaturas a cargos de elección para que sean ocupados por mujeres. Prueba de lo anterior es que hoy esta Cámara de Diputados se encuentra integrada por 49 por ciento de mujeres, lo cual representa una cifra histórica de nuestra participación.

Desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género, este fenómeno se agravó en las pasadas elecciones. Durante el proceso electoral, 17 candidatas perdieron la vida y en todas las entidades federativas se presentó al menos un caso de violencia política de género.

Hoy quiero destacar lo ocurrido en el estado de Chiapas, donde candidatas electas presentaron su renuncia ante el órgano local electoral, a fin de que el cargo sea ocupado por un hombre. Este fenómeno impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres y en específico los derechos cívicos y políticos como son el de ejercer el voto y participar de manera libre en la vida política en México.

Compañeras y compañeros legisladores, la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. No podemos poner en riesgo el avance político que hemos logrado las mujeres. Si bien se respetaron las reglas de paridad en el marco de las elecciones, con los hechos ocurridos en Chiapas se ha vulnerado el derecho de las mujeres, pero también el mandato de las y los ciudadanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia basada en el género constituye una forma de discriminación contra la mujer que debe ser atendida, pero también condenada.

A la par, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su recomendación número 19 advierte que la violencia contra la mujer constituye una forma de subordinación que impide ejercer una efectiva participación política.

Hemos logrado importantes avances en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres. No podemos permitir que este tipo de actos detengan nuestro desarrollo democrático.

Bajo estas consideraciones, exhortamos al Instituto Nacional Electoral para que informe sobre los avances en las investigaciones que ha iniciado al respecto. A la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a brindar asesoría gratuita a las mujeres chiapanecas que han sido obligadas a renunciar a sus cargos. A la Fiscalía General del estado de Chiapas, a investigar de forma diligente los posibles hechos constitutivos de delito que se desprendan de los actos de violencia política electoral en razón de género.

También exhortamos a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los derechos y las prerrogativas políticoelectorales de las mujeres.

Asimismo, exhortamos de manera sumamente respetuosa y también firme a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Chiapas para que soliciten apoyo a ONU Mujeres en la elaboración de una opinión con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en esta entidad.

Entiéndase: Sin mujeres no hay democracia. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, el INE, los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los derechos y las prerrogativas político-electorales de las mujeres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que investigue de manera diligente los posibles actos de violencia política electoral ejercidos en contra de más de 30 candidatas electas a cargos de elección popular, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma política electoral de 2014 incorporó en el segundo párrafo, fracción primera del artículo 41 constitucional, la paridad de género como una acción afirmativa que permite garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

Esta reforma estableció que los partidos políticos deberán garantizar que 50 por ciento de sus candidaturas a cargos de elección estarán ocupadas por mujeres.

Lo anterior significó un avance sin precedentes en la conformación de una igualdad sustantiva en el país; ello ha permitido abrir espacios para las mujeres y fortalecer su acceso a cargos de elección popular. Prueba de lo anterior, es que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 49 por ciento de mujeres; lo cual representa una cifra histórica.

Desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género.

Desde que el principio de paridad entró en vigor, salieron a la luz pública casos como los de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, dos alcaldesas de municipios indígenas de Chiapas que fueron amenazadas y obligadas a renunciar en 2015.

Este fenómeno se agravó en las pasadas elecciones de 2018. Durante el proceso electoral 17 candidatas perdieron la vida y todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género.

De todo ello se destaca el fenómeno ocurrido en el estado de Chiapas, donde al menos 30 candidatas que obtuvieron cargos públicos mediante votación popular presentaron su renuncia ante el órgano local electoral. Ello, a fin de que el puesto público fuera ocupado por un hombre. Al respecto, destaca el fenómeno ocurrido en los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico en donde todas las mujeres electas renunciaron.

De acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la violencia política en razón de género:

Comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Este fenómeno impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres, y en específico los derechos cívicos y políticos, como son el de ejercer su voto y participar de manera libre en la vida política de México. En este sentido, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que:

Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

La paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar el apartado e) del artículo citado previamente, al establecer las condiciones de igualdad que posibilitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres de acceder a las funciones públicas del país.

En este sentido, la renuncia de candidatas electas en el estado de Chiapas es una violación a los derechos humanos de las mujeres, toda vez que los cargos están siendo ocupados por hombres, lo cual directamente vulnera el derecho consagrado en el artículo 25 del referido ordenamiento internacional, al no garantizar la participación en igualdad de condiciones. Si bien respetaron las reglas de la paridad en el marco de las elecciones, el derecho se vulneró al momento de iniciar el cargo, lo cual revela la discriminación que la mujer continúa viviendo.

En este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia basada en el género constituye una forma de discriminación contra la mujer que debe ser atendida y condenada.

A la par, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación 19, advierte que la violencia contra la mujer constituye una forma de subordinación que impide ejercer una efectiva participación política.

Es importante referir que se han logrado importantes avances en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres, razón por la cual este tipo de actos no pueden, ni deben ser permitidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a investigar los hechos ocurridos en el estado de Chiapas, a efecto de cumplimentar el mandato constitucional de paridad de género y a respetar los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Chiapas, para que solicite apoyo a ONU Mujeres en la elaboración de una opinión con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

Notas

1 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres

http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párrafo 207

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Ximena Puente de la Mora, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Fernando Donato De las Fuentes Hernández, Fernando Galindo Favela, Frinne Azuara Yarzabal, Héctor Yunes Landa, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Eónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortensia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, René Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Soraya Pérez Munguía (rúbricas).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Beatriz Manrique Guevara:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, en el Partido Verde Ecologista hemos apoyado desde sus inicios la lucha por los derechos de las mujeres.

El primer grupo parlamentario de senadores del Partido Verde estaba integrado por cuatro mujeres y un hombre. Y no estamos de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, con cualquier manifestación en contra de las mujeres, sus derechos a una vida plena y sin violencia.

Aplaudimos los avances que se han realizado en la legislación electoral federal, así como en las leyes locales con la incorporación de las reglas para garantizar la paridad de género de manera horizontal y transversal, por lo cual se logró contar con un mayor número de mujeres como nunca en la historia en los cargos de elección popular.

No obstante, es fundamental que realicemos todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar que esta igualad de género se alcance en la vida política, y que no sea solamente formal, sino que la letra cobre vida y sea sustantiva.

No se trata solo de garantizar una integración equitativa del Poder Legislativo, se trata también de garantizar las mismas posibilidades que los hombres para que las mujeres estén en aquellos espacios en donde se están tomando las decisiones que afectan e incluyen sus comunidades y las vidas de sus familias.

Para el Partido Verde Ecologista de México resulta indispensable erradicar toda acción que conlleve un acto discriminatorio por cuestiones de género. Estamos a favor de que se lleven a cabo todas las acciones que sean necesarias para evitar que cualquier persona, y en este caso, especialmente en este caso, que las mujeres sean presionadas para abandonar el espacio que han alcanzado, de acuerdo a las leyes, y con el apoyo ciudadano.

Esta bancada siempre se pronunciará a favor de todas aquellas propuestas que busquen garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres. No estamos regateando derechos, los derechos de las mujeres han sido conseguidos a plomo de cada batalla.

Quienes integramos este grupo parlamentario, nos pronunciamos a favor de esta proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se hace un exhorto a diversas autoridades electorales para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género y respetar los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres, pues consideramos que dichas acciones contribuyen a asegurar que los derechos de las mujeres sean ejercidos no solamente en el dicho, sino de forma plena. No solo queremos participar, queremos llegar hasta el final, vivas, bien, y ejercer todos los derechos, sin regateos. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo:Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias. Todo, absolutamente todos los logros que tenemos hoy las mujeres, han sido sin ninguna duda por el esfuerzo y el empuje de las mismas mujeres mexicanas.

No es un regalo, no es una concesión, no es resultado del esfuerzo de un partido político, sino de todas las mujeres que desde hace más de tres décadas hemos luchado en todas las trincheras, dentro y fuera de los partidos políticos para alcanzar, primero las cuotas, posteriormente las acciones afirmativas, hasta llegar a la paridad, paridad que hoy está constituida en el 41, segundo párrafo de nuestra Constitución, también por impulso de las mujeres mexicanas, de todos los partidos políticos, y también desde la ciudanía.

Lo que sucede en Chiapas, además de tener un gobernador que también es senador, tenemos un gran simulador. Un gran simulador que obliga a las mujeres, a través de sus partidos políticos, a renunciar a los espacios que se han ganado con los votos.

Hoy tenemos más de 43 mujeres entre regidoras, síndicas y diputadas locales. Nosotras queremos decirles; en Chiapas, a la ONU, al INE, al Inmujeres, a todos los rincones de todas las latitudes que nos escuchen, que las mujeres de Chiapas no están solas. De ninguna manera vamos a permitir que en este 2018, donde hemos alcanzado el 43 por ciento en la Cámara de Diputados, hoy en un estado donde se violan prácticamente todos los derechos humanos, se violente también los derechos políticos de las mujeres.

Por cierto, compañeras y compañeros diputados, esta Cámara tiene un pendiente, espero que salga en esta LXIV Legislatura: penalizar la violencia política contra las mujeres. Es hoy, compañeras y compañeros, no más simulaciones. No más torcer la ley, no más torcer la Constitución. Las mujeres en México y en Chiapas, por supuesto, vamos a exigir que se cumpla la paridad.

No sin mujeres, en Chiapas y en todo México. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Fabiola Loya Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras.

En Movimiento Ciudadano creemos firmemente en una verdadera democracia, donde la formación y la participación política, tanto de hombres y mujeres, es indispensable para acabar con un México desigual, con un México que actualmente vivimos con violencia todavía hasta en los derechos políticos de nosotras las mujeres.

Sin mujeres no hay democracia. Este caso de las 43 mujeres electas en Chiapas, solo es la punta del iceberg de la violencia de género que existe en nuestro país. Este caso no puede pasarse por alto ni puede quedar impune. Es por eso que hoy las mujeres legisladoras de todos los partidos nos manifestamos en una conferencia de prensa, diciendo exactamente lo que deben hacer las autoridades competentes en Chiapas.

Me explico. En la construcción de una sociedad democrática no puede haber cabida para las acciones que vayan en sentido contrario a los principios de igualdad y de no discriminación. Las medidas que nosotras pedimos y que Movimiento Ciudadano en este momento va a votar a favor, este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, nosotras pedimos que se emitan las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las mujeres afectadas.

Que se realicen todas las investigaciones pertinentes para que se esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables. Que se implementen las medidas necesarias para inhibir la repetición de hechos similares, así como defender y garantizar la paridad de género en este y cualquier otro proceso electoral.

Los partidos políticos deben entender y de quienes los manejan que, sin mujeres, hoy en 2018, no hay democracia.

Me adelanto un poco, la fracción de Movimiento Ciudadano estará presentando los mecanismos y las reformas correspondientes para que este tipo de casos no queden impunes, para que haya en la norma una sanción hasta llegar a la pena máxima en los partidos políticos, que es perder el registro. Porque sin mujeres, no va a haber democracia. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo:Con el permiso de la Mesa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras y legisladores. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fragmento del poema de Sor Juana Inés de la Cruz.

A nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para repudiar la práctica que se ha dado en el estado de Chiapas, por la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular han sido obligadas a renunciar, con el propósito de que hombres se hagan cargo de dicho puesto.

Quienes así actúan pasan por alto que la paridad de género en materia electoral llegó para quedarse. La paridad de género no solo es una acción afirmativa, es la síntesis de la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos políticos. A principios del siglo XX, para obtener el derecho al voto en elecciones locales en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, para obtener el voto a nivel federal.

En la reforma constitucional electoral del 10 de febrero de 2014 se estableció en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, De los partidos políticos, deberían establecer reglas para garantizar la paridad de género en elecciones federales y locales. Lo que ocurre en Chiapas es un flagrante fraude a la Constitución que no debemos permitir.

Las legisladoras de todos los grupos parlamentarios aquí representados condenamos esta simulación, exigimos a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y al OPL de Chiapas que tomen las medidas que correspondan para impedir que de nueva cuenta la Constitución General de la República sea violada.

Las mujeres en el país conformamos poco más del 52 por ciento de la población nacional, ese mismo porcentaje se refleja en la conformación de la lista nominal electoral.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en todas las reformas electorales hemos impulsado la paridad de género como antecedente de la plena igualdad en todos los ámbitos laborales, académicos y de todo tipo.

No debemos olvidar que las mujeres han sido marginadas de la vida pública del país, pero a mis espaldas, en los muros del honor de este recinto se encuentran los nombres de grandes mexicanas que ofrendaron su vida, familia y patrimonio en favor de las mejores causas: Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, solo por nombrar a dos heroínas de la Independencia.

Las legisladoras del Partido del Trabajo exigimos el pleno respeto de los electores en Chiapas, los que libremente decidieron el primero de julio en alguna compañera mujer que gobernara como presidenta municipal o como integrante del ayuntamiento.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Desde aquí, desde la más alta tribuna de la nación, en un momento, hacemos un llamado a que en el estado de Chiapas se restablezca el Estado de derecho y que se respete y garantice la participación política de las mujeres. Siendo mayor parte de la población, no permitiremos que se avasallen nuestros derechos como mujeres mexicanas.

Las mujeres tenemos la capacidad, la inteligencia para poder cumplir con los compromisos del pueblo. La población votó por las mujeres, por eso tenemos que enfrentar retos que esto implica.

Vamos mujeres, sin miedo y con responsabilidad hagamos valer nuestros derechos de paridad de género en Chiapas y en México. Las mujeres del grupo parlamentario de este recinto legislativo vamos a luchar y estamos en favor de la equidad y de la paridad de género. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Partido Encuentro Social.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz:Con el permiso de la Mesa Directiva. Ante la renuncia masiva de las 40 mujeres a sus cargos en regidurías y diputaciones locales obtenidas en las pasadas elecciones en el estado de Chiapas, resulta indignante saber que las instituciones políticas han sido manipuladas para violentar los derechos políticos de las mujeres.

El Partido Encuentro Social reprueba que, al día de hoy, ante un mandato constitucional siga prevaleciendo el interés de grupos políticos que asumen que los hombres deben ocupar cargos de elección popular ejerciendo violencia política.

Es humillante saber que se juega con los anhelos y aspiraciones de las mujeres, de saber que puedan participar en la vida pública de su estado. Pero sería aún más humillante y más triste que este Poder Legislativo deje pasar desapercibido un tema que daña gravemente la democracia de nuestro país y los derechos humanos de las mujeres. Por tal motivo, exigimos al INE y a la CNDH que investiguen y sancionen a los partidos políticos y a sus dirigentes que resulten responsables de los hechos antes citados.

Se debe fincar un precedente que sirva como ejemplo para hacer saber a quienes abusan del poder que ya no más. Ni una más violentada en sus derechos. Ni una más utilizada como instrumento para acceder al poder. Ni una más y ningún tipo de violencia para las mujeres.

Desde esta tribuna nos solidarizamos en favor de las mujeres mexicanas, porque son tiempos de vigencia femenina y debemos exigir que estos se cumplan. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional. Quiero suplicar a las señoras y señores diputados que están en la parte de atrás de esta expresión solidaria, puedan bajar un poco las cartulinas para no perder la visibilidad del pleno. Si son tan amables, por favor.

Entiendo su emoción, diputado. Pero permítame tener la visibilidad del pleno para poder conducir adecuadamente la sesión. Tiene la palabra, diputada.

La diputada Frinne Azuara Yarzabal:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia política en contra de las mujeres es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos políticos. Es un fenómeno que detiene el avance de nuestra democracia.

El común denominador de esta problemática es la restricción que tenemos para recibir un trato igual que los hombres en el ejercicio del poder o la toma de decisiones.

Desafortunadamente, la violencia se intensificó cuando el principio de paridad de género se incorporó en la Constitución. En la medida en que las mujeres tuvimos un mayor acceso a cargos de elección popular, también nos encontramos más expuestas a distintos actos discriminatorios que atentan contra el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos.

Este fenómeno no responde solo a una entidad, es un problema que vivimos en todo el país.

El caso de Chiapas es el ejemplo más reciente, al menos 40 mujeres que fueron electas renunciaron a su cargo. Esta situación nos obliga como institución fundamental del Estado mexicano a redoblar esfuerzos encaminados a mejorar nuestro marco legal para castigar este gravísimo problema. No es una tarea sencilla, más aún, porque esta forma de violencia se encuentra muy arraigada en la sociedad. El reto para erradicar este fenómeno cruza por la vía cultural, penal, política y electoral, por lo tanto debe de combatirse a través de diferentes frentes.

Las mujeres hemos recorrido una larga lucha por lograr el reconocimiento de nuestros derechos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales y no podemos permitir que atenten contra las mujeres que participamos en la vida política del país. Tenemos derecho a participar en la vida política del país en igualdad de condiciones que los hombres, sin sufrir actos que atenten contra nuestra integridad física y emocional.

No vamos a permitir que ninguna autoridad o partido político utilice este tipo de maniobras para relegar a las mujeres del ejercicio del poder. La paridad de género busca el ejercicio efectivo de las mujeres en diversos cargos públicos, no solo nuestra inclusión en las candidaturas durante la etapa electoral.

Exhortamos a todos los partidos políticos a no recurrir en simulaciones, respetar la paridad de género, proteger los derechos de las mujeres y hacer respetar la voluntad popular.

La fracción del Partido Revolucionario Institucional agradece a todos los partidos políticos aquí representados, el respaldo a esta gran iniciativa de paridad de género. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra a la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Partido Acción Nacional.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez:Es indignante que las mujeres debamos recurrir a los tribunales para que nuestros derechos políticos sean reconocidos. Duele vivir en un país donde la violencia política contra las mujeres es el mecanismo de muchos que no quieren perder sus espacios de poder y de los que no aceptan sus derrotas.

Hoy vemos cómo en Chiapas más de 40 mujeres han renunciado a cargos de representación popular para los que fueron electas, tanto en ayuntamientos como diputaciones locales en el Congreso de su estado. Y ¿para qué o por qué? Para que dichos puestos sean ocupados por hombres atentando a todas luces con la paridad de género.

Los acuerdos políticos no pueden estar por encima de los principios constitucionales de paridad, y desde aquí levantamos la voz para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Es por ello que en Acción Nacional nos sumamos al exhorto y rechazamos cualquier violencia política contra las mujeres en Chiapas, en Puebla, mi estado, y en el resto del país.

Rechazamos que las candidaturas para las mujeres se utilicen como mera simulación de paridad. La paridad de género es un mandato constitucional que garantiza a las mujeres en México el ejercicio pleno de sus derechos, porque los derechos de las mujeres no tienen filiación política.

La lucha por el reconocimiento y el respeto a los derechos políticos de las mujeres son responsabilidad de todas y de todos. Es momento de combatir las resistencias que de forma velada o abierta desean revertir los avances a favor del reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres.

Es necesario que como representantes hagamos escuchar nuestro enérgico reclamo para impedir que se violenten los derechos políticoelectorales en Chiapas y en todo el país. Esperamos además se implementen las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de hechos, y que desde aquí impulsemos y aprobemos reformas para que la violencia política por razón de género sea no solamente reconocida, sino también sancionada.

Lo digo fuerte y claro. No somos juanitas ni manuelitas. Somos mujeres con derechos. Porque en el reconocimiento de los derechos y la participación política de las mujeres en igualdad, ni un paso atrás. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada Sobrado Rodríguez. Para concluir con la ronda de oradores tiene la palabra la diputada Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario Morena.

La diputada Lorena Cuéllar Cisneros:Compañeras y compañeros diputados. Si bien es cierto que en la legislatura pasada votamos porque existiera paridad entre hombres y mujeres, de qué sirve si atrás de ello existe la presión, la humillación, la persecución de las mujeres que hoy al sentirse amenazadas renuncian para dejar sus espacios a los hombres que las tienen sometidas a sus intereses personales.

Como lo vemos en Chiapas, en donde 43 mujeres renunciaron penosamente y cedieron sus espacios para que hoy se beneficien hombres que no se ganaron con su trabajo ese espacio y que solo utilizaron a las mujeres para sus fines personales.

Es vergonzoso que siga existiendo este sistema de control que, a pesar de dar una cara de equidad, por detrás dan la puñalada y hacen lo contrario.

Hoy vemos que por primera vez en la historia de México el gabinete presidencial está conformado por un verdadero equilibrio entre hombres y mujeres, mismo que aquí podemos observarlo en esta Mesa Directiva, que de 12 diputados existen nueve mujeres representando al Congreso de la Unión. Esto quiere decir que hoy es una realidad el equilibrio entre hombres y mujeres.

Lo que sucede en Chiapas nos alerta ya que quieren y siguen persiguiendo y persistiendo sobre todo en las violaciones políticas en contra de las mujeres, y estas solo las vamos a parar ¿cómo las vamos a parar? Solamente nosotros, nosotras las mujeres, no permitiendo que violen nuestros derechos, que pisoteen nuestra dignidad e inteligencia.

Paremos esta falta de respeto que, de no hacerlo así, vendrán otras víctimas más que inclusive pueden perder la vida.

Pero también quiero decir que cada mujer tiene una gran responsabilidad de no permitir por ningún motivo cualquier tipo de violencia, y que en cada una de nosotras está denunciar y velar por erradicar estas prácticas irracionales.

Mujeres de Chiapas: aquí se encuentra Morena en este Congreso que luchará a su lado. Trabajemos todos arduamente, sobre todo en un andamiaje jurídico, sólido, en el tema de violencia política de género y dotemos a las autoridades encargadas de impartir justicia de los elementos que garanticen la gobernabilidad democrática.

Respetamos la Constitución, la paridad de género es necesaria para el desarrollo igualitario de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, señora diputada. Esta Mesa Directiva subraya, interpreta y celebra esta noble y justa causa. Procedo a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido. Consulte.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Presidente, evidente mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Evidentísima. Aprobado, comuníquese. Muchas felicidades.

Presidencia de la diputada
María de los Dolores Padierna Luna

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO



CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 2 DE OCTUBRE DE 1968, EN TLATELOLCO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que son las proposiciones de los órganos de gobierno. En particular tenemos tres enviados por la Junta de Coordinación Política.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar una Sesión Solemne en conmemoración del 50 Aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para celebrar una sesión solemne con motivo del 50 Aniversario de los Caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la lucha por la democracia el 2 de octubre de 1968.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda celebrar una sesión solemne con motivo del 50 Aniversario de los Caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en lucha por la democracia, el 2 de octubre de 1968.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende una invitación abierta a concurrir a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, a media asta, en la Plaza de la Constitución, en centro de la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2018, en conmemoración del Aniversario de los Caídos en la lucha por la democracia en Tlatelolco, en 1968, conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14, de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Rene Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, secretaria. Está firmado este acuerdo por todos los coordinadores parlamentarios. Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea si se aprueba, en votación económica, dicho acuerdo.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado. Comuníquese.



EXHORTO A LAS AUTORIDADES A DESTINAR RECURSOS PARA DAMNIFICADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la siguiente proposición de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los sismos de septiembre de 2017.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo. Único. La Junta de Coordinación Política hace un atento llamado a las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura a respetar los valores de la democracia y a conducirse con respeto, tolerancia, apertura al diálogo, inclusión y búsqueda en consenso de los debates que se desarrollan en la Cámara de Diputados...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Perdón, secretaria, está leyendo otro documento.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Sí, perdón, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El de los sismos del 2017.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la autoridades federales y locales responsables garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas de las comunidades afectadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con motivo de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales y locales responsables garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas de las comunidades afectadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con motivo de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como informen a la ciudadanía sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Rene Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ese documento también fue firmado por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea dicho acuerdo, para ver si se aprueba en votación económica.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo......

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Diputado. Micrófono en la curul del diputado.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (desde la curul): Presidenta, nada más para incluir a los estados faltantes, que también fueron damnificados en el sismo. Se mencionó Chiapas, Guerrero y Oaxaca, quedando pendiente Morelos y la Ciudad de México. Puebla también.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México. Enseguida vuelvo al tema.

El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objeto, señor diputado?

La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Veracruz.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya tomé nota.

El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Señora presidenta, le solicito la palabra para hablar en favor del acuerdo, y si me lo permite, deseo hacerlo desde la tribuna, como mis demás compañeros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un segundito, permítame escuchar para qué han levantado la mano los oradores. Ah, nada más.

A ver, primero, ha solicitado el diputado del Partido del Trabajo que este acuerdo se extienda a todos los estados que fueron afectados por los sismos, entiéndase Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. ¿Están de acuerdo?

Consulte a la asamblea si se acepta la incorporación de estos estados en el acuerdo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta a la asamblea si están de acuerdo en incluir estas propuestas al acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Incluido, se agregan al acuerdo estos estados.

Señor diputado desde su curul, si fuera tan amable, hacer uso de la palabra.

El diputado Benito Medina Herrera(desde la curul): Le pido, por favor, señora presidenta, me permita subir a la tribuna como lo han hecho mis compañeros. Es el ruego que le hago, porque quiero dar mi mensaje desde el pódium.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En este tema por ser consensado a través de la Junta de Coordinación Política no estaban consideradas las participaciones, sin embargo, se le concede, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Benito Medina, del PRI.

El diputado Benito Medina Herrera: Con su permiso, diputada presidenta. En este mes se cumple el primer aniversario de los sismos de septiembre de 2017, eventos desafortunados que ocasionaron la muerte de decenas de personas y dejaron miles de damnificados en distintas regiones de nuestro país, pero México continúa de pie y fuerte. Juntos estamos saliendo adelante y lograremos superar una de las fechas más lamentables de nuestra historia.

El recuerdo de esta tragedia permanece en nuestra memoria, sí, pero también la grandeza de nuestra nación, que en los momentos más difíciles demostró ser un pueblo solidario, consciente y unido.

Vimos a miles de mexicanos que salieron de sus casas para ayudar en las tareas de rescate con la única convicción de salvar vidas y auxiliar a sus vecinos, familiares y amigos.

Por ello es que desde esta tribuna queremos reconocer la solidaridad de la sociedad mexicana, que multiplicó sus esfuerzos y se organizó para actuar ante la adversidad.

Hacemos también un especial reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las instituciones de Protección Civil y al gobierno de México que reaccionaron de forma rápida y coordinada para atender la emergencia, evitando con su trabajo un mayor caos y la pérdida de una mayor cantidad de vidas.

Asimismo, reconocemos a nuestros socios y amigos en el exterior que tendieron su mano y nos apoyaron en esos momentos de crisis, demostrándonos que no estamos solos.

Fueron momentos difíciles y oscuros para México, pero juntos, como nación demostramos que estamos preparados para hacer frente a las peores tragedias con solidaridad y patriotismo.

La susceptibilidad de gran parte de nuestro territorio a este tipo de fenómenos naturales ha promovido una mayor toma de conciencia de autoridades y ciudadanía en materia de prevención de delitos.

Hoy México cuenta con una mejor cultura de protección civil, así como una mayor capacidad técnica y tecnológica para actuar ante desastres naturales.

Hay que reconocer que nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia de protección civil y en tecnología para prevención de sismos de gran magnitud. De tal forma que nuestro sistema está siendo replicado en otras partes del mundo. Debemos avanzar en un mejor camino y materializar un sistema de protección civil más extenso, que llegue a todos los rincones del país.

Compañeros y compañeras, reprobamos y lamentamos profundamente que esta tragedia se haya usado para obtener beneficios personales y políticos, actuar del todo inaceptable.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, a un año de los lamentables acontecimientos, nos solidarizamos con quienes sufrieron pérdidas humanas y materiales en su entorno.

Como mencioné al principio, México está de pie y fuerte. Y depende de nosotros, de todos nosotros lograr su mayor grandeza. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. para ser equitativos, ya ha solicitado el uso de la palabra por parte del Partido del Trabajo el diputado Benjamín Robles Montoya. Y por el Partido Morena, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Compañeras, compañeros, el pasado 7 de septiembre se cumplió un año del terrible y doloroso sismo que azotó principalmente al sur de México. Por ello, no puedo entrar de lleno a esta intervención sin antes procurar un homenaje de vida y en vida para las decenas de familias que lo perdieron todo y que hayan logrado sobrevivir a pesar, muy a pesar de las difíciles circunstancias.

El homenaje es para ustedes, paisanas y paisanos de Oaxaca, pero también de Chiapas y de todos los estados que sufrieron este desastre natural.

Deseo decirles que le han dado un ejemplo a la humanidad sobre cómo se enfrentan las tragedias con entereza, sobre cómo procurarse la dignidad y la solidaridad ante las circunstancias más adversas. Para el pueblo, para la gente, nuestro homenaje más sentido.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo, desafortunadamente, de las autoridades estatales y federales, que han sido rebasadas por las circunstancias y el enorme reto de la reconstrucción.

Harían bien, se los digo con respeto. Harían bien de colgar el harpa y dar paso a quienes sí podrían tener la capacidad y la voluntad de ayudar a nuestra gente de las ciudades y de las comunidades afectadas.

Llevamos todo un año de denuncias y reproches de la gente, por las omisiones y negligencias del gobierno, por la corrupción y el evidente uso político de ustedes, en esas tareas de reconstrucción.

Sí, como nadie los quiere en Oaxaca, como nadie los quiere en Chiapas y en otros estados, descuidaron las obras de centenares de escuelas. Aún hoy hay centros educativos que no han recibido siquiera las visitas reglamentarias para atender sus instalaciones, aunque eso sí, la contabilidad hecha pública registra entrega de recursos del erario. Luego están las tarjetas de ayuda a quienes perdieron su hogar. Y la ineficiencia llegó a tal grado que la primera tarjeta entregada por el presidente de la República no tenía fondos ni en eso tuvieron cuidado.

Para nadie es un secreto, compañeras y compañeros, que los numerosos funcionarios han sido declaradas personas no gratas en municipios y regiones. Las caravanas de damnificados continúan marchando hacia la capital del país para visibilizar lo que localmente es una verdad sabida, la fiebre por ayudar y hacer su trabajo les duró muy poco a los funcionarios de Peña Nieto.

Por todo esto y con el debido respeto que nos merecen las víctimas de los terremotos, esta Cámara sí debe alzar de forma enérgica protesta y alzar la voz por la forma precisamente en que el gobierno y los gobiernos estatales han asumido la tarea de reconstrucción, perdieron el sentido de humanidad. Lo resumiría así, para concluir, diputada presidenta.

La gente debió sufrir la destrucción y ahora sufre la reconstrucción, y esta Cámara tiene que resolverlo y podemos hacerlo si aplicamos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. Es ahí donde vamos a demostrar que el cambio llegó para quedarse en este país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aviso a la asamblea que me salté, y disculpe, a la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Partido Acción Nacional. Y también se registró para la lista de oradores, la diputada María Rosete Sánchez, del Partido Encuentro Social.

En tal sentido, tiene el uso de la palabra la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez.

La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Como sabemos, el año pasado los dos sismos golpearon duramente a varias regiones de México, el 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud de 8.2 grados y el 19 ocurrió otro de 7.1 grados.

Uno de los estados más afectados fue Oaxaca. La tragedia se presentó en la mayor parte de nuestros municipios y ocasionó cientos de fallecidos, miles de damnificados, y un colapso de comunidades enteras. Casos más emblemáticos fueron en los municipios de la región del Istmo donde se perdieron vidas, casas, iglesias, escuelas, caminos, y quedaron en situación de desastre todos estos hogares oaxaqueños.

Ha pasado un año de la tragedia y Oaxaca que no se ha recuperado todavía. Frente a las alegres cuentas de los gobiernos federal y estatal se alza la cruda realidad de personas sin hogar, de escuelas sin reconstrucción y de una economía que no logra levantarse. Adicionalmente, no ha dejado de temblar en Oaxaca, superando cualquier registro de actividad sísmica a nivel mundial.

Los afectados desde un primer momento denunciaron la alteración de los padrones de beneficiarios. El escaso apoyo del gobierno federal y la indiferencia del gobierno local, como siempre ocurre en estos casos, tuvo que ser la ayuda extranjera y el apoyo de la sociedad civil la que ayudó a nuestros paisanos a superar los problemas más urgentes. Sin esa ayuda proveniente de nuestros hermanos de todo el país, Oaxaca estaría en peores condiciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil fue incapaz de brindar respuestas contundentes a la tragedia. Mientras los burócratas no atinaban a reaccionar, nuestros paisanos se debatían rescatando a sus muertos en medio de lluvias intensas, sin alimentos y sin recursos.

Por todo ello, se hace necesario conocer el destino de los recursos que el gobierno federal y el gobierno local dicen haber destinado a la atención del desastre. Es necesario saber, de manera clara, cómo se gastó el dinero presupuestado en el Fonden y también qué se hizo con los apoyos que el gobierno recibió de las instituciones extranjeras y que entregaron al gobierno mexicano también.

La proposición con este punto de acuerdo que hoy se presenta principalmente por la fracción del Partido Acción Nacional, donde se busca exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador de Oaxaca para que de manera puntual informen a esta soberanía sobre el uso de los fondos y de las donaciones y recursos destinados a la reconstrucción.

A un año de esta tragedia es necesario saber con transparencia cómo se gastó cada peso destinado a la atención de nuestros hermanos, ya que en los hogares existen lágrimas, en nuestros hogares también existen personas engañadas con esas tarjetas sin fondo, pero más allá, compañeros diputados y diputadas, como oaxaqueña ya no exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya no exhorto a un presidente de la República, pido la unidad de todos ustedes para que se genere una comisión especial para que se audite todo este recurso, a dónde está y a dónde fue destinado, porque en Oaxaca hay obras pero no para los oaxaqueños, y hay abandono para todas estas personas en el istmo. Por mi parte es todo. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena.

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda:Con su permiso, presidenta Dolores. Honorable asamblea, queridos diputados y diputadas, buenas tardes. La noche del 7 de septiembre del 2017 a las 23 horas con 49 minutos, ubicada a 137 kilómetros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, fue el epicentro de un terremoto de magnitud 8.2 que sacudió brutalmente al sureste del país, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

En mi estado las cifras hablan por sí mismas. Según datos de Protección Civil, 80 mil viviendas fueron afectadas, mil 620 escuelas dañadas, 71 espacios médicos entre hospitales y clínicas fueron parcial o totalmente destruidos, 149 edificios públicos y además un número importante de iglesias y monumentos históricos, puentes y carreteras también fueron destruidos.

Por si fuera poco, la tarde del 19 de septiembre, a las 13 horas con 14 minutos, nuevamente un sismo trepidatorio con magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Puebla, sacudió al centro del país. Un total de 370 personas fallecieron, con un impacto de destrucción en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

En este sentido, para atender a las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se emitieron 11 declaratorias de desastres, autorizando más de 38 mil millones de pesos de esa cantidad mayoritariamente de recursos federales, 22 mil 810 millones destinados a la reconstrucción y más de ocho mil millones de pesos forman parte de las aportaciones que corresponden a las entidades federativas.

Dentro de las demandas ciudadanas existen los siguientes casos:

Afectados, con folios del censo de Sedatu, excluidas, que no tienen fondo, censos oficiales, afectados no censados también. Muchas irregularidades, amigos y amigas. Después de un año de los terremotos seguimos presenciando escenas terribles de damnificados que no han recibido los apoyos y que aún, ante las inclemencias del tiempo, siguen durmiendo en el patio de sus casas.

El viernes, sábado y domingo estuve en mi distrito, y aún siguen las familias, y ahí es donde debemos ponernos el corazón, compañeros diputados y diputadas.

Tenemos que hacer lo que ya pasó y lo que ya enterraron y lo que ya escondieron, pues ni modo. Lo que sí urge es que tenemos que atender porque es una realidad. Los niños y las niñas están durmiendo en el patio de su casa, y eso es inhumano. Y nosotros venimos a hacer algo, a servirle a México.

Por eso aprovecho para pedir que se solidaricen con los 11 estados en este caso. También para sacar puntos de acuerdo, primero, esta soberanía exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a los titulares del Poder Ejecutivo y a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, a llevar a cabo la liberación inmediata de los recursos faltantes destinados a las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Y termino, un último punto, el segundo punto. Se exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los titulares del Poder Ejecutivo, nuevamente de los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Morelos, de Puebla, de Chiapas, de Tlaxcala, del Estado de México y de Guerrero y Michoacán y Veracruz, en el ámbito de sus responsabilidades, a transparentar los padrones de beneficiarios y remitir a esta soberanía toda la información relacionada a los avances físicos, financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ah, muchas gracias.

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada María Rosete Sánchez, del Partido Encuentro Social.

La diputada María Rosete Sánchez:Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentaré nuestra posición sobre los sismos de septiembre de 2017 y las consecuencias que aún siguen afectando a nuestros compatriotas.

El 19 de septiembre es una fecha que vive en la memoria de todos los mexicanos, en particular de los capitalinos, desde que en 1985 esta ciudad fue azotada por el más grande temblor de que se tenga memoria no solo por la magnitud, sino por el número de víctimas mortales. El número real no es conocido aún, pero sabemos que entre muertos y desaparecidos superó los 10 mil muertos.

Recordamos no solo los grandes hoteles derrumbados como el Hotel Regis, edificios en unidades habitacionales, como Tlatelolco. Olor a muerte, mucho dolor, pero también mucha solidaridad y colaboración con un importante despertar de la sociedad civil.

Por si fuera poco, años después, en la misma fecha pero en distinta hora y poco después del macro simulacro, otro temblor azotó la Ciudad de México. Eso ha hecho que tengamos miedo presente en la memoria todos los mexicanos el día 19 de septiembre.

La lección se aprendió, la cultura de protección civil se ha ido ampliando. Hoy, más personas saben qué hacer en una emergencia, pero no es suficiente. En sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, sabemos cómo reaccionar ante una alerta, cómo evacuar un edificio.

Los niños practican simulacros de evacuaciones en sus escuelas, los eventos públicos recuerdan las reglas de protección civil. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por la efeméride del 19 de septiembre oculta otra similar, pero con otro tipo de impacto.

Que el día 7 de septiembre de hace un año, otro fuerte temblor afectó el sur y sureste, fuertemente dañó a Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente. Pero como no son grandes concentraciones, pasado el impacto de la noticia parece que dejó de impactar al país.

Los procesos de reconstrucción han fluido lentamente, los recursos públicos no han llegado en la magnitud suficiente. Pasada la tensión mediática del momento y tal vez por ser zonas rurales de estados del sur, no han recibido los apoyos comprometidos.

Por eso Encuentro Social exige que se atienda, no solo a las víctimas del 19 de septiembre, sino con prioridad a los del 7 de septiembre, que sufrieron. No es tolerable que sea por negligencia o por corrupción.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señora diputada.

La diputada María Rosete Sánchez: No es posible que haya damnificados que no sean atendidos aún. No es tolerable que existan funcionarios sinvergüenzas, federales o estatales, que se han quedado con los recursos que tenían otro fin. Presionemos para que se investigue y se castigue esos abusos, porque dañan a quien más lo necesita. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo para todos. Al país no se le miente, la cuenta está pendiente. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores:Con el permiso de la Mesa. Medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hemos venido viendo el tema de las siguientes consideraciones.

Que el pasado día 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud de 8.2, sacudió el sur y centro de México.

Que desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) el Ejecutivo federal informó que este terremoto es el de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país en los últimos 100 años.

Que la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, emitió una declaratoria emergente para 41 municipios de Oaxaca por el sismo de magnitud de 8.2 con epicentro en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, lo que permitirá a los municipios afectados ser considerados para los recursos del Fonden.

Que los municipios fueron Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Miltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.

Que la zona del Istmo de Tehuantepec, las autoridades de Oaxaca confirmaron el deceso de 71 personas a causa del sismo de magnitud de 8.2, el día 7 y 19 de septiembre.

Que los reportes oficiales del gobierno estatal indicaron que hay al menos 800 mil familias damnificadas por el sismo en 41 municipios de Oaxaca. Se tiene el registro de 324 escuelas con daños de infraestructura, 42 de las cuales presentan daños totales.

Que es necesario insistir en la urgencia de impulsar una reconstrucción acelerada de las viviendas, bajo protocolos de seguridad adecuados y que garanticen la tranquilidad de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

Que no debe olvidarse la reactivación sostenida de las economías de la región con el apoyo de la federación, los gobiernos locales y de la iniciativa privada.

Que, a casi un año del sismo, han dicho que la mayor parte de las escuelas afectadas operan en aulas temporales y no han normalizado sus horarios de clases, lo que impacta de manera negativa a la calidad educativa que reciben cientos de niños y adolescentes.

Que el Legislativo local del estado de Oaxaca en el decreto de presupuesto para 2018 etiquetó una partida inicial de 200 millones de pesos para la reconstrucción.

Décimo primero. Se establece un fondo de reconstrucción y desastre...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Compañera diputada, el tiempo ha concluido.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores: ... por un monto inicial de 200 millones de pesos —ya concluyo— correspondiente al 5, 7, 19 y 23 de septiembre del 2017, incluidos los censos realizados por el gobierno federal, o en su defecto, en la actualización de estos, que se realicen en coordinación con el gobierno del estado. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica consulto si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.



CONDENA LA VIOLENCIA POLÍTICA Y EL ATENTADO SUFRIDO POR EL ALCALDE ELECTO EN GÓMEZ FARÍAS, CHIHUAHUA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la violencia en el estado de Chihuahua.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que condena enérgicamente la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo de Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez Ortega.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo de Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez Ortega, y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Rene Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría... Estos temas no estaban pactados con oradores. ¿Quiénes son los diputados que desean tomar la palabra? Patricia Terrazas, Ulises García. Solo tres. Patricia Terrazas, el diputado Ulises García, el diputado Juan Carlos Loera, el diputado Alan Falomir. Desde la curul, hasta por un minuto, tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas.

La diputada Patricia Terrazas Baca(desde la curul): Buenas tardes. Gracias, presidenta. El día de hoy se pone en los ojos de México el estado de Chihuahua, por la violencia, pero no podemos minimizar la violencia en todo el país.

En 2018 fue la más violenta de las elecciones de la historia. Desde el 2 de julio ha habido 63 ataques y 21 homicidios de políticos; cuatro autoridades electas y se les suma el presidente municipal electo de Gómez Farías. Dos ejecutados de Morena, uno del PRD y otro del Partido Verde Ecologista.

Michoacán, Colima, Guanajuato, Puebla. El problema no es Chihuahua, el problema es México. Y ahorita, en este momento, lo hemos estado escuchando: la violencia del país es imperante para la solución del Estado de derecho. Tenemos que visualizar a México, no podemos visualizar únicamente un estado.

También ha habido problemas por privación ilegal de la libertad en Tamaulipas, amenazas en el estado de San Luis Potosí, a nuestro compañero diputado...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido.

La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra Ulises García, hasta por un minuto.

El diputado Ulises García Soto(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Nada más para sumarme en su totalidad al punto de acuerdo, pero agregar que pedir justicia por un solo compañero sería invisibilizar la realidad que se vive en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua, en los primeros seis meses se asesinaron cerca de mil 235 ciudadanos. En el estado de Chihuahua nos están matando a 200 ciudadanos por mes.

Entonces, quiero agregar al punto de acuerdo el exhorto al Ejecutivo federal, pero sobre todo al Ejecutivo estatal, encabezado por Javier Corral, y mandarle un mensaje desde aquí para que deje el campo de golf y se ponga a recibir el parte de seguridad todos los días por la mañana para que esté al tanto de qué es lo que sucede en el estado de Chihuahua. Necesitamos pacificar el estado de Chihuahua ahora.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, Juan Carlos Loera, diputado.

El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa(desde la curul): Gracias, presidenta. Me parece penosamente minimizado este grave asunto. Mientras un compañero veinteañero, que su padre fue secuestrado hace más de 10 meses y no ha aparecido y que valientemente va a luchar por su pueblo, se debate hoy entre la vida y la muerte.

Señoras y señores diputados, recuerden que cuando empezaron a asesinar narcotraficantes conocidos, nos quedamos quietos porque nosotros no somos narcos, y luego empezaron a asesinar delincuentes y también nos quedamos quietos porque no somos delincuentes. Han asesinado policías y nos hemos seguido quedando quietos porque no somos policías.

Ahora están matando a nuestros amigos. Están matando a presidentes electos. Están matando políticos. ¿Vamos a segur quietos? Es tiempo de exigir coordinación entre la federación y el estado. Ayer estuvimos en Gómez Farías, Chihuahua, acompañando a Alen Muñoz, otro joven veinteañero que valientemente asume el cargo de presidente municipal, esperando por la pronta recuperación de Blas.

El contexto de la violencia incluye una serie de ataques a las policías estatales. En Chihuahua los ataques contra los presidentes municipales...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido, diputado.

El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): ...y los policías. —concluyo— es un ataque al estado mismo. En Juárez, tan solo en agosto se cometieron 182 homicidios, en lo que va del año van 898. Si comparamos el tamaño de Juárez con la zona metropolitana de la Ciudad de México, equivaldría a 15 mil homicidios.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido.

El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): Es tiempo que haya coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. La delincuencia organizada se está fortaleciendo...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.

El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): ...y las fuerzas institucionales del orden se están debilitando. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. El diputado Alan Falomir, tiene la palabra.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz(desde la curul): Gracias, presidenta. Bueno, pues también por supuesto soy diputado de Chihuahua, me sumo a este punto de acuerdo. Creo yo que lo que tenemos que hacer es dejar de lado el tema político, el tema partidista. La realidad de la inseguridad que vivimos en Chihuahua, que vivimos en el norte, en el sur, en el centro del país, definitivamente es una realidad adversa, es una realidad grave.

Lamento mucho el tema del asesinato del alcalde electo, que ya un día después iba a tomar ya protesta como acalde en funciones, y también por supuesto otros incidentes graves que han ocurrido. Menciono en el estado de Chihuahua, pero sí me gustaría dejar de lado esa situación.

Precisamente eso ha llevado a que en el estado de Chihuahua no exista realmente un resultado —que es el que nosotros estamos esperando— por la mala coordinación que ha existido entre los distintos niveles de gobierno, por la falta de coordinación.

Pero no podemos dejar de lado que el tema de la inseguridad pública que se vive por el crimen organizado o por el impacto que genera el crimen organizado, es precisamente responsabilidad principalmente de la federación luego del estado, luego de los municipios.

Esa nula coordinación que no ha existido y yo lo he dicho durante ya varios años, en los últimos meses sobre todo, pues se tiene que mejorar. Se tiene que actuar de una manera pronta, se tiene que actuar también de una manera contundente, pero sí, yo dejaría un poquito de lado el tema de los micrófonos para generar parafernalia y que realmente se atienda esa situación tan grave que se está viviendo en el estado de Chihuahua y en el país en general. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo.

La secretaria diputadas María Sara Rocha Medina: Consulto a las señoras y señores diputados si es de aprobarse el presente acuerdo en votación económica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.



RELATIVO A LAS NORMAS DE LEGALIDAD, ÉTICA Y RESPETO PARLAMENTARIO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre el clima de diálogo y respeto que debe prevalecer en los trabajos de la Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único.La Junta de Coordinación Política hace un atento llamado a las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura a respetar los valores de la democracia, y a conducirse con respeto, tolerancia, apertura al diálogo, inclusión y búsqueda de consensos en los debates que se desarrollen en la Cámara de Diputados, en el marco de las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario que la regulan, con objeto de que ésta cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales de manera eficaz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, señor diputado. Hasta por un minuto el diputado Fernández Noroña, desde su curul.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Seguro necesitaré menos. Este acuerdo es como plantear que la Mesa Directiva respete la ley, la Constitución y el Reglamento. Debería estar incluido el llamado a la Mesa Directiva también, si así son de redundantes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría. Consulte a la asamblea si es de aprobarse el presente acuerdo, en votación económica.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado, comuníquese.



COMUNICACIÓN OFICIAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con la comunicación del coordinador de Morena.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés de la diputada Melba Nelia Farías Zambrano para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración de la diputada Farías Zambrano a ese grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Asimismo, solicito se incorpore la curul de la diputada Farías a la fracción de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.— Presente.

Por medio de la presente le informo a usted mi interés para incorporarme al Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, convencida de que Morena trabaja para la transformación real de México.

Por tal motivo solicito a usted de la manera más atenta se tome en cuenta esta petición para realizar los trámites necesarios para que se incorpore mi curul, oficinas, prerrogativas y comisiones con apego a la declaración de principios, estatutos y reglamento interno al grupo parlamentario que usted dignamente dirige.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputada Melba Nelia Farías Zambrano (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Enterados, comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

INTERVENCIONES DE DIPUTADO Y DIPUTADA



SOLIDARIDAD CON JÓVENES ACTIVISTAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Han solicitado dos diputados, desde su curul, la palabra. El diputado Fernando Cuauhtli Badillo Moreno, desde su curul, hasta por un minuto.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno(desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Nada más para visibilizar y solidarizarme con los jóvenes activistas y hacer un exhorto, se tomen cartas en el asunto por los hechos suscitados los días pasados en el Congreso local de San Luis Potosí donde dos diputados tomaron una actitud reprobable en contra de dichos jóvenes, en donde hubo hasta amenazas de muerte. Los diputados salientes en cuestión son José Luis Romero Calzada y Sergio Desfassiux. Pido, por favor, le demos seguimiento a este pronunciamiento. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Muchas gracias, señor diputado.



APOYO A DIVERSOS MUNICIPIOS DE COAHUILA, QUE HAN SUFRIDO DAÑOS POR LAS LLUVIAS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora tiene la palabra la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena.

La diputada Melba Nelia Farías Zambrano(desde la curul): Buenas tardes, compañeros. Compañeros, hoy quisiera pedirles que nos pudiéramos unir todos para ayudar y apoyar a nuestros amigos, vecinos y ciudadanos de Coahuila, en desgracia por esos desastres que han ocasionado las lluvias tan tremendas que han pasado ahora por mi estado.

Los municipios de Torreón, Piedras Negras y Acuña, ya fueron declarados zonas de desastre, pero hay más municipios afectados como son San Pedro, Viesca, Monclova, Frontera y Sabinas. Muchos otros hay, que quiero pedirles de favor, unámonos para pedirle al Fonden que pueda bajar inmediatamente recursos para tan lamentables hechos, y podamos ayudar a nuestros compañeros y ciudadanos de Coahuila.

También quiero hacerles un llamado a todos los diputados de Coahuila, para que apoyen este punto de acuerdo sin colores ni partidismos. Compañeros, hoy Coahuila nos necesita. Nos estamos ahogando. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Justino Arriaga, del PAN.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Gracias, Presidenta. Nada más hacerle una pregunta y consultarle ¿de qué partido político, de qué grupo parlamentario —perdón— dejó la diputada que usted acaba de mencionar, que se adhiere al grupo de Morena, presidenta, con todo respeto?

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Salió del Partido del Trabajo e ingresó al grupo Morena.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Trabajo. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De nada. Se informa a la asamblea que los asuntos turnados durante esta sesión, quedarán en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones ordinarias.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 17:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 13 de septiembre de 2018 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9:30. Se levanta la sesión.

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 6 horas 46 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 269 diputadas y diputados

• Minuto de silencio:1

• Comunicaciones oficiales: 4

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 8

• Análisis del Vl Informe de Gobierno en materia política interior

• Proposiciones de urgente u obvia resolución: 3

• Proposiciones de acuerdo de órganos de gobierno: 4

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 72

15 Morena

14 PAN

8 PRI

8 PES

8 PT

7 MC

6 PRD

6 PVEM

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Alcántara Núñez, Jesús Sergio (PVEM)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 72
Almaguer Pardo, Ma. Guadalupe (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 120
Almaguer Pardo, Ma. Guadalupe (PRD)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 91
Argüelles Victorero, Jorge Arturo (PES)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 94
Argüelles Victorero, Jorge Arturo (PES)
Para quien solicitar que se incluyan en la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, todos los estados que se vieron afectados: 127
Azuara Yarzabal, Frinne (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 123
Badillo Moreno, Cuauhtli Fernando (Morena)
Desde la curul, para solidarizarse con jóvenes activistas por los hechos ocurridos en el Congreso de San Luis Potosí: 136
Bautista Villegas, Oscar (PVEM)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 81
Borrego Adame, Francisco Javier (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 115
Cabrera Lagunas, Ma. del Carmen (PES)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 114
Chávez Pérez, María (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 108
Cuéllar Cisneros, Lorena (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 124
De la Peña Marshall, Ricardo (PES)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 105
Delgado Carrillo, Mario (Morena)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 32
Díaz Jiménez, Antonia Natividad (PAN)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 129
Domínguez Flores, Rosalinda (Morena)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 131
Elizondo Guerra, Olga Juliana (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito: 47
Espadas Galván, Jorge Arturo (PAN)
Desde la curul, interviene en el marco de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior: 22
Falomir Saenz, Alan Jesús (MC)
Desde la curul, para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que condena la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento: 134
Farías Zambrano, Melba Nelia (Morena)
Desde la curul, para expresar su apoyo a diversos municipios de Coahuila, que han sufrido daños por las lluvias: 136
Farrera Esponda, Juan Enrique (Morena)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 130
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 132, 133
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario: 135
Garay Cadena, Martha Hortencia (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 106
García García, Margarita (PT)
Para solicitar a la Presidencia se precise en el Diario de los Debates que sí está de acuerdo en la austeridad republicana planteada por los grupos parlamentarios, y referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 114
García Soto, Ulises (Morena)
Desde la curul, para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que condena la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento: 133
Gómez Alcantar, Marco Antonio (PVEM)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 90
Gómez Ordaz, Leticia Mariana (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 103
González Escoto, Armando (PES)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 76
González Morales, Hildelisa (PT)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 105
Guzmán Avilés, Jesús (PAN)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 33
Huacus Esquivel, Francisco Javier (PT)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 84
Huerta del Río, María de los Ángeles (Morena)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 89
Loera de la Rosa, Juan Carlos (Morena)
Desde la curul, para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que condena la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento: 133
Loya Hernández, Fabiola Raquel Guadalupe (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 121
Lozano Mac Donald, Pilar (MC)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 83
Manrique Guevara, Beatriz (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 120
Martínez Flores, Juan (Morena)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 80
Martínez Ruíz, Maribel (PT)
Para presentar, en nombre propio, del diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión: 51
Martínez Terrazas, Oscar Daniel (PAN)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 96
Mata Carrasco, Mario (PAN)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 87
Medina Herrera, Benito (PRI)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 127
Montalvo Luna, José Luis (PT)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 93
Muñoz Márquez, Juan Carlos (PAN)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 109
Noroña Quezada, Hortensia María Luisa (PRI)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 77
Ortega Martínez, Antonio (PRD)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 32
Ortega Martínez, Ma. del Pilar (PAN)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 79
Palacios Cordero, Lucio Ernesto (Morena)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 97
Pérez Munguía, Soraya (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas: 39
Preciado Rodríguez, Jorge Luis (PAN)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 34
Preciado Rodríguez, Jorge Luis (PAN)
Desde la curul, el diputado, se refiere al procedimiento, en el marco de la discusión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 103
Prudencio González, Carmen Julia (MC)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 74
Puente de la Mora, Ximena (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 117
Ramírez Barba, Éctor Jaime (PAN)
Desde la curul, para referirse al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en relación con diversas medidas de austeridad: 34
Ramos Tamez, Mario Alberto (MC)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 92
Reyes Carmona, Emmanuel (PRD)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del PRD, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 60
Reyes Carmona, Emmanuel (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 104
Robledo Leal, Ernesto Alfonso (PAN)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 107
Roblero Gordillo, Maricruz (PT)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 121
Robles Montoya, Ángel Benjamín (PT)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 75
Robles Montoya, Ángel Benjamín (PT)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 128
Rocha Acosta, Sonia (PAN)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 115
Rodríguez González, Manuel (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana: 25
Rodríguez Mier y Terán, Mariana (PRI)
Para participar en la tercera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 95
Ron Ramos, Eduardo (MC)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 239-A a la Ley del Seguro Social: 56
Rosete Sánchez, María (PES)
Para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política el que se exhorta a las autoridades a destinar recursos para damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: 131
Rubio Montejo, Roberto Antonio (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo: 65
Saldivar Camacho, Francisco Javier (PES)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 85
Salinas Reyes, Ruth (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SCT, y de la SHCP, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional: 113
Sánchez Martínez, Lourdes Erika (PRI)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 86
Santiago Manuel, Iran (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable: 99
Serrano Cortés, Héctor (PRD)
Para participar en la segunda ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 82
Sobrado Rodríguez, Verónica María (PAN)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 123
Sosa Ruíz, Olga Patricia (PES)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al INE, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres: 122
Terrazas Baca, Patricia (PAN)
Desde la curul, para referirse a la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que condena la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento: 133
Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso (PRD)
Desde la curul, solicita se guarde un minuto de silencio en memoria del presidente Salvador Allende: 22
Torres Peimbert, María Marcela (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión: 34
Villafuerte Zavala, Lilia (PRD)
Para participar en la primera ronda de intervenciones del análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior: 73