«Iniciativa que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto histórico

La historia del Constitucionalismo mexicano va de la mano con nuestra historia como país soberano y se hilvana con las gestas heroicas por la independencia, así como con los proyectos y anhelos de mujeres y hombres que lucharon y entregaron sus vidas por la independencia y soberanía de México.

Es preciso recordar que el Poder Legislativo jugó un papel fundamental en los primeros años que nuestro país vivió como nación independiente. Por ejemplo, durante la revolución de independencia se constituyó el Congreso de Chilpancingo, con el propósito de pactar la primera Constitución mexicana, estableciendo al Congreso como el Supremo Poder Soberano.

Posteriormente, en la Constitución de 1824, que es el marco fundacional de nuestra República, y la primer gran transformación de lo que hoy es nuestra gran nación, se instauró el bicameralismo en nuestro país, con el fin de garantizar la igualdad en la representatividad de las entidades que constituyen la geografía política de la república y entre quienes habían optado por conformar una unión federal, cuya representación se centraba justamente en el Congreso de la Unión.

Cabe señalar que esta división de Cámaras, imperante hasta nuestros días, tal como se expresa en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, se remonta al bicameralismo de los Estados Unidos de América, el cual inspiró la construcción y el perfeccionamiento del sistema federal mexicano.

Años más tarde, en lo que se conoce como las siete Leyes Constitucionales de 1936, de igual forma se adopta el sistema de dos Cámaras, y en 1843 con la expedición de las bases orgánicas en el Cámara de Senadores, la tercera parte de este, la conforman miembros que eran designados por la Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, quienes sobresalían en los campos civil, castrenses o eclesiásticos o habían fungido como Presidente, Vicepresidente de la República, Secretario de Despacho, Ministro Plenipotenciario, Gobernador o General de División.

En 1847 fue promulgada el Acta de Reformas que reinstauró la Constitución de 1824, y en consecuencia el sistema federalista. Con ello la Cámara de Senadores adquirió plena y absoluta representación de las Entidades Federativas, eran electos por otros Senadores y Diputados y por la Suprema Corte, de entre un grupo de individuos que hubiesen ocupado cargos de importancia.

En el ámbito de los estados soberanos que conforman por voluntad propia a nuestra Federación, los Congresos locales se integran por una Cámara; la de los diputados. En los Estados Unidos de América, se da una práctica diferente, ya que es muy común que en casi todos los estados existan dos Cámaras, una de representantes y otra de senadores.

En México, durante la vigencia de la Constitución de 1824 algunos congresos locales se integraron por dos Cámaras; en la Constitución de Durango de 1826 se preveía la existencia de un Senado integrado por siete miembros; duraban en su encargo cuatro años y su renovación era parcial cada dos años. En Oaxaca, su constitución de 1825 tenía un senado integrado por siete miembros que duraban dos años y se renovaban por mitad de los integrantes, al igual que en el estado de Veracruz.

La segunda gran transformación del país, que fue el movimiento de la Reforma, el Constituyente de 1857, opta por rediseñar la representación política en un sistema unicameral. En los estados a imitación de los poderes federales, se organizan las legislaturas con una sola Cámara. No obstante, a partir de 1874, se restablece el Senado a nivel federal.

En el proyecto para la construcción de la Constitución de 1917, que en realidad era una gran reforma política a la Constitución de 1857, y el marco jurídico para lo que nosotros llamamos la tercera transformación del país, algunas de las propuestas del Presidente Venustiano Carranza fueron motivo de grandes debates y consecuentemente de modificaciones hechas por el Congreso Constituyente. Esos hechos prefiguraron lo que en el futuro sería el establecimiento de límites y control al ejercicio del Ejecutivo, por parte del legislativo.

En el contexto histórico descrito, una vez que se logró la pacificación del país, después de la revolución mexicana, se expidió un Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en 1934, su denominación deriva de la Constitución de Cádiz de 1812, y el que rigió la actividad parlamentaria de las Cámaras hasta 2010, fecha en que se expidieron los reglamentos de las dos cámaras del Congreso, los cuales abrogaron parcialmente aquél Reglamento octogenario, que sigue vigente hasta nuestros días en lo que se refiere a Congreso General y a la Comisión Permanente.

Por otro lado, diversos movimientos sociales posteriores al de la Revolución han determinado la composición muy dinámica de fuerzas al interior del Congreso. Poco a poco, el sistema de representación fue evolucionando y la pluralidad política se empezó a manifestar cada vez con mayor fuerza. Parte esencial del motor de cambio, fue también la introducción al marco jurídico del derecho al sufragio femenino en 1953. En 1962, el Presidente Adolfo López Mateos impulsó una reforma constitucional, para la creación de los “Diputados de Partido”, aprobada al año siguiente. Derivado de ello, en las elecciones intermedias de 1965 la Cámara de Diputados tuvo una composición más plural para el ejercicio de la XLVI Legislatura. Estas reformas fueron el antecedente directo de las de 1977, en materia electoral. Su expedición representó un avance en materia de representación de las minorías, que se tradujeron en futuras reformas al Reglamento para el Gobierno Interior y la creación de una Ley Orgánica del Congreso.

En 1977 se adicionaron tres párrafos al artículo 70 constitucional, en donde se hace referencia a la ley reglamentaria y se dispuso que esta no podría ser vetada, ni requeriría de la promulgación por parte del Presidente de la República para tener vigencia.

En 1977 con la nueva integración de la Cámara de Diputados, derivada de las reformas constitucionales del mismo año, se modificaron las reglas para la integración de la Cámara de Diputados, aunada a la reforma en comento, se planteó la imperiosa necesidad de un nuevo ordenamiento en el Congreso, por lo que el 25 de mayo de 1979, fue promulgada la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La serie de reformas electorales que van de 1977 a 1996 dieron paso a la transición de un sistema de partido hegemónico a uno de partido dominante. Con la reforma electoral de 1986 la Cámara de Diputados llega a 500 integrantes, elevando de 100 a 200 el número de curules de representación proporcional, fortaleciendo el carácter mixto de nuestro sistema electoral, y consolidando un sistema pluripartidista, pero todavía con un partido dominante.

La Ley Orgánica del Congreso, de 1977, dio las bases para una convivencia más plural, sobre todo en la Cámara de Diputados, y posteriormente, dado el empuje de una oposición cada vez más vigorosa, vinieron las reformas de 1994 y 1999, en donde no sólo se amplió la participación de las oposiciones en la toma de decisiones en los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso, sino que el Poder Legislativo, fue recuperando paulatinamente sus facultades constitucionales como órgano de control y contrapeso al Poder Ejecutivo.

II. Planteamiento del problema y argumentos de la Iniciativa

Al inicio de la década de los ochenta, el Congreso tenía ya una ley que regulaba su estructura y funcionamiento internos, pero aún predominaba en México la hegemonía de un solo partido. Por ello, la independencia del Congreso respecto al Ejecutivo se encontraba en una situación de vulnerabilidad, toda vez que las Cámaras recibían y aprobaban las propuestas del Ejecutivo, sin ejercer su derecho de analizar e introducir cambios de fondo en las iniciativas presidenciales.

En este sentido, se observa que uno de los factores que han determinado las modificaciones al Marco Jurídico del Congreso, ha sido el incremento de los representantes de la oposición, ya que con ello se hace indispensable la adecuación de reglas acordes con la pluralidad de las cámaras y la nueva realidad social y política del país. Sin duda, ésta ha sido la razón primordial de la transformación de la normatividad del Poder Legislativo Mexicano durante los últimos años.

Como ejemplo de lo anterior, debemos tomar en cuenta los acontecimientos del pasado mediato, en donde podemos mencionar el hecho de que, a partir de las elecciones de 1997, ningún partido ha obtenido mayoría absoluta en el Congreso y ello ha dado como resultado un mucho mayor desarrollo de la actividad parlamentaria frente al Poder Ejecutivo. Luego de décadas de subordinación, el Congreso se ha convertido en el Centro Autónomo en la toma de decisiones y desde luego, en un contrapeso al Presidente de la República.

Ha sido tal el proceso de autonomía y de empoderamiento del Poder Legislativo, en recientes legislaturas, que sus integrantes han asumido plenamente sus facultades dentro del proceso legislativo, al presentar ante el pleno de las Cámaras múltiples iniciativas, cuyo número supera ampliamente a las presentadas por el Ejecutivo, y también ha aprobado, modificado y rechazado incluso las iniciativas presidenciales.

El dinamismo que ha adquirido el Poder Legislativo, su penetración en los medios de comunicación y en las redes sociales, las facultades que se le han otorgado, la cantidad de asuntos que día con día tiene la responsabilidad de deliberar y resolver en todos los ámbitos de la vida nacional, la participación más activa de actores económicos, políticos y sociales, así como la pluralidad en la representación que la sociedad ha determinado en la conformación de las Cámaras, ha hecho de este un espacio diverso diametralmente distinto al Congreso de mediados del siglo pasado.

El trabajo realizado, por los legisladores y legisladoras pertenecientes a la LVII Legislatura, en la cual se aprobó la Ley Orgánica del Congreso vigente, fue un parteaguas en la vida del poder legislativo mexicano. Por primera vez se establecieron normas que sistematizaron las funciones de los órganos de gobierno, de las comisiones y de los órganos de apoyo a las actividades sustantivas de las Cámaras. Su aplicación ha marcado una diferencia en el quehacer parlamentario de los últimos quince años.

Hoy, después de su desempeño y crecimiento en responsabilidades durante las últimas legislaturas, nuevamente el Congreso atraviesa por una disfunción entre sus actividades, composición y el marco normativo fundamental que lo rige.

Es cierto que la expedición de los Reglamentos de cada Cámara en el año de 2010 constituye un gran avance en la actualización e incorporación de procedimientos legislativos, cuya aplicación ha contribuido a eficientar procesos e incrementar la productividad tanto en el Pleno como en las comisiones. Sin embargo, hoy es imperativo la expedición de una nueva Ley del Congreso, que incluso ya tiene bases constitucionales en los artículos 35, 69, 71, 72, 84, 89 y 93 de nuestro máximo ordenamiento, que recoja y sistematice todas las facultades compartidas y exclusivas que la Constitución otorga a las Cámaras del Congreso, y que regule de manera precisa tanto las atribuciones de sus órganos de gobierno y auxiliares, como los procedimientos legislativos y los de ratificación de servidores públicos.

Considero que después de las elecciones del 1 de julio de 2018, existe una nueva realidad, un nuevo mandato para emprender lo que llamamos la cuarta transformación del país, que se expresa claramente con una nueva correlación de fuerzas en el país, y desde luego en el Congreso. Reconocemos que justamente éste es el momento adecuado para transformar a fondo el órgano creador y reformador del Estado. Acataremos el llamado urgente de la ciudanía para ponerle fin a la ineficiencia, al dispendio y a la corrupción y propiciar la mejora en los procedimientos internos, en la toma de decisiones, en la actuación de los legisladores y legisladoras, en la transparencia y rendición de cuentas durante el ejercicio de su encargo. Al mismo tiempo, resulta imperativo consolidar las funciones de evaluación, control y fiscalización del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, mediante el desarrollo de sus facultades constitucionales, sin que estas se vean mermadas por las variantes en la composición de las diferentes fuerzas políticas, que pudieran presentarse en las próximas legislaturas.

En suma, reconocemos la necesidad y la oportunidad histórica para revisar los mecanismos dinámicos de la vida parlamentaria en todos sus aspectos, con el propósito de profesionalizar y eficientar el quehacer del Congreso en su conjunto ,y conducir con reglas precisas la actuación de sus integrantes frente a sus representados, porque la realidad de este tiempo y el mandato de la ciudadanía expresado el pasado 1 de julio, así lo exige.

III. Objetivos de la iniciativa

En el contexto de estudios puntuales sobre el quehacer legislativo en México, así como muchas reflexiones que se han dado a conocer en los últimos años sobre el Congreso mexicano, esta iniciativa retoma ideas emanadas de por lo menos las últimas tres legislaturas en las dos Cámaras del Congreso. Todas ancladas en la misma premisa y buscando el mismo objetivo: eficientar, profesionalizar, dignificar y fortalecer al Poder Legislativo.

El objetivo primordial de la presente iniciativa consiste en expedir una Ley del Congreso que cumpla cabalmente con el mandato constitucional, así como establecer un marco normativo moderno, eficiente y acorde con el funcionamiento actual del Poder Legislativo, que incorpore todas las facultades que la Constitución le confiere y que la actual Ley Orgánica no recoge. Se trata de actualizar y de dinamizar nuestro marco jurídico, como herramienta básica para ejercer el equilibrio entre los poderes, y las funciones legislativas y de control legislativo que le son esenciales al Congreso General y a sus Cámaras.

Asimismo, se trata de elaborar una propuesta de Ley del Congreso, que alcance el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la que se incluyan los temas reflejados en iniciativas y minutas, los acuerdos parlamentarios aprobados consenso en los órganos de gobierno en ambas Cámaras y las mejores prácticas parlamentarias, que contribuyan a regular de mejor manera el trabajo parlamentario.

La gran aspiración y vocación de esta nueva Ley del Congreso es introducir como un eje esencial del Poder Legislativo en México, al Parlamento Abierto, es decir, pretendemos acercar a la sociedad al trabajo legislativo de manera permanente y para ello se busca facilitar las vías de comunicación e información, tradicionales y digitales, a través de las cuales fluya la participación social en este órgano del Estado de deliberación y de decisión política, que es el órgano creador y transformador el Estado y la idea también es que diseñemos mecanismos para rendir puntualmente cuentas a una ciudadanía cada vez más activa e involucrada en la esfera pública.

No sobra decir que la expedición del nuevo ordenamiento tendrá efecto inmediato y será indispensable la abrogación de la actual Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuya vigencia data de 1999, cuando el Congreso aprobó para sí normas que respondieran a la transición democrática que experimentaba desde 1997 el Poder Legislativo en México. Desde su expedición han transcurrido casi veinte años en los que dicha Ley, si bien resultó un instrumento normativo moderno y eficaz, ha sido superada por las recientes reformas constitucionales y en los cambios ocurridos en la composición y trabajo de cada Cámara durante los años recientes. Muestra de ello es la constante multiplicidad de acuerdos parlamentarios aprobados para regular áreas y actividades no reconocidas en la ley de1999.

Así, con la abrogación de la ley hasta ahora vigente, el nuevo ordenamiento se llamaría de manera genérica Ley del Congreso, eliminando el carácter “orgánico” como cualidad exclusiva de la ley, ya que en la nueva Ley se busca no sólo regular la composición y funciones de los órganos de gobierno, técnicos y administrativos, sino algunas de las facultades que la Constitución reconoce para el Poder Legislativo, por lo que se establecen reglas de procedimiento legislativo y reglas para los procedimientos de ratificación de nombramientos y otros de control legislativo como las comparecencias de los servidores públicos bajo protesta de decir verdad, y la pregunta parlamentaria.

IV. Contenidos de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, abroga la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, hoy vigente. En la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta soberanía se incluyen diversos temas que hacen de esta Ley un instrumento que actualiza el marco jurídico del Congreso, y en la que se desarrollan todas las potestades que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo, a través del Congreso General, de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente. A continuación, plasmamos de manera sucinta, todos los contenidos de la Ley, ya organizados en Títulos.

• Título Primero

Este Título establece las características y atribuciones del Congreso General, y describe el mecanismo para la instalación del Congreso, la composición de cada una de las cámaras y los procedimientos para que se lleven a cabo las sesiones de Congreso General.

También norma la entrega y la ceremonia protocolaria para el Informe del Presidente de la República ante el Congreso y establece las Comparecencias y la Pregunta Parlamentaria, como instrumentos para el análisis del informe de gobierno del Presidente.

En el proyecto se prevé un formato en donde se normaliza la relación entre poderes, y el Presidente de la República acude a entregar su informe y dirija un mensaje a la nación, para lo cual, estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional conjunta con esta iniciativa de Decreto, para que el artículo 69 de la Carta Magna se modifique en el sentido de devolver el diálogo entre el Presidente de la República y la representación nacional.

En el proyecto se incorpora la obligación constitucional de los Secretarios de Estado de comparecer ante las Cámaras del Congreso bajo protesta de decir verdad, y se incorpora también el derecho de los legisladores de formularles Preguntas Parlamentarias, estableciendo los plazos que tienen para presentarlas por escrito y para que éstas sean atendidas por los servidores públicos de cada ramo, en los términos del párrafo segundo del artículo 69 y del párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución.

Se establece la nueva fecha y la ceremonia protocolaria para la toma de posesión del Presidente de la República, en los términos que establece el artículo 83 de la Constitución, así como los distintos procedimientos alternos para que el Presidente pueda rendir protesta cuando no pueda hacerlo ante el Congreso, en cuyo caso lo hará ante las mesas directivas de las Cámaras o ante la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, como lo establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 87 de la Constitución Política.

Se establecen las características requeridas para la instalación del Colegio Electoral ante la ausencia definitiva del Presidente de la República, para lo cual se incorporan los cuatro tipos de procedimientos establecidos en los artículos 84 y 85 de la Constitución.

El primero tiene relación con la ausencia definitiva del Presidente durante los dos primeros años del periodo constitucional, en cuyo caso, el colegio electoral nombrará a un presidente interino y emitirá la convocatoria para realizar elecciones y elegir a quien terminará el periodo referido.

El segundo tiene relación con la ausencia definitiva del presidente durante los últimos cuatro años, en este supuesto, el colegio electoral elegirá a un presidente sustituto para que concluya el periodo constitucional.

El tercero atiende el supuesto en el que la elección no se declarara válida. En este caso, el Congreso en funciones se erigiría en colegio electoral y nombraría un presidente interino, el cual asumirá el cargo hasta que concluya el periodo constitucional del Presidente saliente.

Finalmente, para el cuarto procedimiento que se relaciona con el supuesto de ausencia absoluta del Presidente de la República al comenzar el periodo constitucional, se establece que será el Presidente de la Cámara de Senadores quien ocupe provisionalmente la titularidad del Ejecutivo en tanto el Colegio Electoral nombra un Presidente Interino.

También en este título primero se establecen las bases de un nuevo régimen de rendición de cuentas e incompatibilidad con las funciones de los legisladores y demás servidores públicos del Congreso que deje atrás el tradicional informe dispendioso que se enfoca en la promoción de los legisladores y se introduce un nuevo régimen en el que se evalúa la labor de los legisladores por su buen ejercicio del gasto, por su capacidad de control del Ejecutivo, por su asistencia y participación en los trabajos de las comisiones y del pleno, por su incidencia en las reformas que emite el Congreso y por su eficacia en la construcción de acuerdos para expedir leyes y decretos.

Se incorporan instrumentos de control para identificar y prevenir situaciones que puedan generar conflictos de interés, a través de la puntual presentación y actualización de las declaraciones de interés, patrimonial y fiscal de los legisladores y demás servidores públicos del Congreso, así como las personas físicas y morales que sean contratadas por las cámaras del Congreso. También se incluyen procedimientos para la excusa y recusa ante situaciones que representen el riesgo de comprometer el interés público.

Por último, se establece el procedimiento y los plazos para que los Presidentes de la Cámara de Origen instruyan a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, los decretos que formen parte del marco jurídico que regula el régimen interno de las Cámaras y del Congreso.

También se incorpora la facultad del Congreso de publicar en el Diario Oficial de la Federación los decretos o leyes que no hayan sido observados por el Ejecutivo, una vez que se hayan cumplido los plazos que marca la Constitución, y así evitar la nociva práctica del pasado cuando se le confería al Ejecutivo la facultad metaconstitucional de ejercer el llamado “veto de bolsillo” y de esta manera, es decir, por omisión en instruir al Diario Oficial para que publicara las leyes y decretos aprobados por las cámaras del Congreso, se detenían en los hechos estos actos jurídicos.

Por último, se incorpora en este Título el seguimiento del proceso legislativo de las reformas constitucionales en el Constituyente Permanente, así como el recuento de los votos enviados por los congresos locales y finalmente el procedimiento para hacer la Declaratoria de las Reformas Constitucionales en la Cámara de origen durante el periodo ordinario, o bien en la Comisión Permanente durante los recesos.

• Títulos Segundo y Tercero

Los títulos segundo y tercero del proyecto, que norman las funciones de las dos cámaras y se respetan las diferencias jurídicas que debe haber entre ambas cámaras tanto por su dimensión como por sus facultades exclusivas que definen fundamentalmente los artículos 74 y 76 de la Constitución, pero también algunos otros como el 3, 6, 26, 28, 41, y 110.

En el Título Segundo que describe la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el Título Tercero que versa sobre la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores. Se norma con precisión la Sesión Constitutiva de ambas cámaras y se actualizan las fechas de la sesión de instalación de la Legislatura, así como las de la instalación del primer año legislativo de cada Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución, en relación al inicio del mandato presidencial, que será a partir del 1 de octubre de 2024.

Se mantiene la integración de la Mesa de Decanos y las reglas para la elección de la Mesa Directiva de las Cámaras.

Se establecen con toda claridad las facultades exclusivas de cada Cámara y se proponen procedimientos unitarios en cada cámara para los nombramientos y ratificaciones de servidores públicos del gobierno, de los órganos autónomos y de los órganos internos de control.

Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, dentro del Título Segundo, destacan: la ratificación de los nombramientos que haga el Presidente de la República del Secretario de Hacienda y demás funcionarios superiores de esa Secretaría; los mecanismos para las designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación y las designaciones de los titulares de los Órganos Autónomos –CONVEVAL e INE–, según lo establecen los artículos 26, 41 y 74 de la Constitución y a los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, como lo establecen los artículos 28 y 74 de nuestro máximo ordenamiento; la expedición del Bando Solemne que declara la validez de la elección y de Presidente Electo. También se establecen los procedimientos para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo –artículo 74 de la Constitución– que envíe el Presidente de la República en congruencia con la Ley de Planeación, la cual ya contempla los plazos; para el análisis de la Cuenta Pública, reforzando la norma para hacer absolutamente transparente el proceso de análisis del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, así como el proceso de dictaminación y aprobación en el Pleno de este instrumento fundamental de fiscalización; para la Declaración de Procedencia (Retiro de la Inmunidad Constitucional). Esta figura se incluye por congruencia constitucional, aunque en un futuro vendría una adecuación en nuestra Carta Magna para reformar, acotar o eliminar la inmunidad constitucional de los servidores públicos. Por último, se establece el procedimiento para que la Cámara de Diputados se instale como Órgano de Acusación ante la Cámara de Senadores en el marco procesal para el Juicio Político, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución Política.

Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, dentro del Título Tercero, destacan: la ratificación de los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules, e incluso del conjunto de los Secretarios de despacho –salvo los de Defensa Nacional y Marina– en caso de que el Presidente opte por un gobierno de coalición; de los comisionados de los Órganos Autónomos como el INAI, INEE, Ifetel, Inegi, a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República; la integración de la lista de candidatos a Fiscal General de la República; y el nombramiento de dicho servidor público, y de la eventual formulación de la objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal,así como la ratificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También destaca facultad para analizar la política exterior del gobierno federal, y el mecanismo para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por último, destaca también el rol que juega esta Cámara, como Jurado de Sentencia en el Procedimiento para el Juicio Político. Todo lo anterior con las bases constitucionales expresadas en los artículos 3, 6, 76, 96 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro proyecto destaca también la reducción y compactación de las comisiones ordinarias –de dictamen–, ya que el actualmente son demasiadas y son redundantes y se han multiplicado en la lógica del reparto de recursos y privilegios para legisladores, mismos que hemos planteado eliminar del Congreso. También se establece el tope máximo para las comisiones temporales (antes especiales), para que no excedan un máximo de diez y se mantienen las de investigación conforme lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, esperando también en el futuro, una reforma constitucional que aumenta las capacidades de investigación y acusación de dichas comisiones.

En cuanto a los comités, en la Cámara de Diputados se mantiene el Comité de Administración, que es el brazo administrativo de la Junta de Coordinación Parlamentaria y en la Cámara de Senadores se mantiene la Comisión de Administración, y se precisa que ambas deberán conducirse bajo los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

En la Cámara de Diputados proponemos la creación del Comité de Participación Ciudadana y Parlamento Abierto –que sustituye al de Gestoría y Quejas– como órgano auxiliar técnico para la participación ciudadana en todos los espacios e instancias que genere el “Parlamento Abierto”. Para la Cámara de Senadores, proponemos también la Creación de este Comité.

En congruencia con las disposiciones legales en materia de transparencia, se propone la inclusión de un Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia para cada una de las cámaras a fin de poder cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mantendremos los Comités de Ética y Editorial en la Cámara de Diputados. Finalmente, en las dos Cámaras se establece el Comité de Decanos, que se integra con los decanos, y es un órgano permanente de consulta para el desarrollo de los trabajos legislativos.

En cuanto a los órganos técnicos y auxiliares, se mantienen en sus términos las Secretarías de ambas Cámaras, y se fortalece la normatividad en cuanto a los principios que deben guiar su desempeño, tales como la austeridad, transparencia y profesionalismo; también se fortalecen las disposiciones para impulsar el desarrollo del servicio civil de carrera en las dos cámaras.

Es importante tener presente que la Cámara de Diputados incorporó el concepto de un Servicio Civil de Carrera, tres años antes de que lo hiciera el Gobierno Federal. De esta forma, se establecieron las bases para crear un sistema de profesionalización de servidores públicos de la Cámara de Diputados, que fuera un apoyo eficiente, oportuno y de calidad para el desarrollo de sus tareas y atribuciones constitucionales.

Incluso la Ley Orgánica del Congreso General aprobada en 1999, hoy vigente, buscó contar con un Servicio Civil de Carrera en el Congreso de la Unión para resolver problemas relacionados con la cooptación de las estructuras de personal; la reinvención trianual del trabajo legislativo; la carencia de memorias institucionales y de espacios definidos para el trabajo de comisiones; la pérdida del capital humano formado en cada legislatura, la ausencia de un programa de capacitación y desarrollo que auspiciara la generación de conocimiento, o la identificación de éste en las distintas áreas de la Cámara de Diputados.

A casi veinte años de distancia de la concepción de este modelo, podemos decir que se han logrado ciertos avances en estos objetivos, sin embargo, aún falta por hacer para que el Servicio de Carrera se establezca formalmente en la Cámara de Diputados. Ésta es la razón por la cual la presente iniciativa introduce un artículo transitorio que dispone concluir un proceso que debió haber finalizado hace 18 años.

El momento político que representa la LXIV Legislatura y su compromiso reformador, evidencia la oportunidad de hacer cumplir las disposiciones alrededor del establecimiento del servicio profesional en la Cámara de Diputados, de tal modo que reconozca la experiencia y el desempeño del personal que labora en las tareas sustantivas de este órgano legislativo, en los órganos de gobierno, en las sesiones del Pleno y en las comisiones, a fin de que preste sus servicios con el mayor profesionalismo.

Este proyecto entraña un compromiso decidido para impulsar el Servicio Civil de Carrera, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de promover la profesionalización del trabajo legislativo y evitar que siga proliferando los criterios discrecionales para la contratación del personal técnico y administrativo y la generación de plazas que son utilizadas como prebendas para los partidos políticos. Se prevé fortalecer el Servicio Civil de Carrera para qué tanto en los grupos parlamentarios como en las comisiones, comités, órganos de gobierno y demás instancias de las cámaras existan profesionales técnicos altamente calificados, tanto en la rama parlamentaria como en la rama administrativa, que cuenten con conocimientos especializados en los distintos temas que se aborden.

En cuanto a los Centros de estudios, proponemos unificar los cinco centros de estudios existentes en la Cámara de Diputados, en un “Instituto de Investigaciones Parlamentarias”, y que mantenga las áreas temáticas que existen ahora. Consideramos que la existencia de un solo Instituto permitirá establecer tareas, criterios y políticas uniformes para una estructura de apoyo al trabajo del Congreso. En la Cámara de Senadores se plantea mantener en sus términos al Instituto Belisario Domínguez. Asimismo, estimamos pertinente que sus servicios atiendan por igual las necesidades de información y análisis de los legisladores de las Cámaras, y con ello contribuyan de manera objetiva y oportuna a la toma de decisiones.

Se mantiene la Contraloría Interna en el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación para los Trabajos Legislativos, la cual practica auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibe quejas y denuncias y aplica los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas; de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este proyecto el área de Comunicación Social depende de la Presidencia de la Mesa Directiva, en las dos Cámaras. Difunde las actividades, sirve de enlace con los medios de comunicación, y es responsable del programa de publicaciones. El énfasis que hacemos en esta propuesta es para garantizar una política unitaria y congruente entre las dos grandes áreas de Comunicación Social de las cámaras en materia de la difusión de las nuevas leyes y decretos, las cuales se tendrán que dar a conocer una vez que culmine su proceso legislativo y que se ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• Título Cuarto

En este Título se establecen las funciones de los órganos e instancias bicamerales del Congreso. Nuestro proyecto le confiere una importancia central al ámbito bicameral, ya que la visión bicameral debe ser una parte esencial de la cultura parlamentaria y actualmente, es deficitaria. Las y los legisladores de ambas cámaras están normalmente muy centrados en su propio espacio cameral, sin tener conciencia plena ni contacto suficiente con la colegisladora, pasando por alto que todo el proceso legislativo es bicameral, y por tanto el contacto entre ambas cámaras es esencial para la buena marcha del Congreso en su conjunto.

En este Título se mantienen y fortalecen las comisiones bicamerales del Canal y la Radio del Congreso, y de Bibliotecas –a la cual se le incorpora la normatividad aplicable de la ley de archivos-, y la recién creada Comisión Bicameral de Disciplina Financiera y la de Seguridad Nacional. Se crea la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria para generar una mayor coordinación de la presencia de legisladores y legisladoras de ambas cámaras en los diversos foros y organismos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, incluidos los grupos de amistad.

También se establecen reuniones periódicas entre la Conferencias para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados y el órgano competente de la Cámara de Senadores, para generar posicionamientos políticos unitarios del Congreso, para fijar prioridades legislativas, impulsar la dictaminación de los temas sustantivos, y promover y fortalecer el trabajo en conferencia de las comisiones competentes de ambas cámaras para abordar asuntos sustantivos.

• Título Quinto

En este Título se regulan las disposiciones de la Comisión Permanente y se actualizan con el texto constitucional vigentes en cuanto a la ratificación de los nombramientos de funcionarios que hace el Presidente y en cuanto a la competencia de la Comisión Permanente para convocar a periodo extraordinario a las cámaras para instalar el Colegio Electoral.

Asimismo, se privilegia el espacio del debate político durante las sesiones y se le faculta para llamar a reuniones de trabajo a los servidores públicos ante el Pleno y comisiones. También se actualizan y se redefinen las denominaciones de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

• Título Sexto

En este Título de procedimientos legislativos extraordinarios, se norma la Iniciativa Preferente del Presidente de la República, especificando que este tipo de iniciativas conservarán su carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución. Al inicio de la Legislatura, las comisiones competentes de dictaminar estas iniciativas deberán de quedar integradas a la brevedad, para estar en capacidad de hacer el trabajo de estudio y dictamen de las mismas, en tiempo y forma.

• Título Séptimo

Este Título es de gran importancia ya que introduce y desarrolla la normatividad del Parlamento Abierto, que pretende marcar la vocación de esta Legislatura y del Congreso de la Unión. Se trata de observar puntualmente los principios del Parlamento Abierto, de especificar quiénes son los sujetos obligados para garantizar esta práctica al interior del Congreso. Se trata también de abrir los canales de participación de las Cámaras del Congreso a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de leyes, participación en los debates, concurrencia a las comisiones de dictamen y audiencias públicas, de manera presencial o virtual y que toda esta dinámica sea un activo del Congreso. La Ciudadanía tendrá el apoyo técnico del Comité de Participación Ciudadana y Parlamento Abierto en las dos cámaras del Congreso de la Unión, de manera continua y permanente.

En este Título se norma, como un instrumento fundamental del Parlamento Abierto, la Iniciativa Ciudadana, que desarrolla el derecho de iniciar leyes o decretos de los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. Establece que los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas, respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión, y que las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito legal. Se establece la obligación para que las cámaras del Congreso tengan plataformas electrónicas amigables para difundir de manera detallada sus actividades. Dichas plataformas, contarán con los espacios necesarios para que las áreas sustantivas y administrativas de la Cámara divulguen su trabajo y sus resultados, así como para que los ciudadanos puedan integrar sus comentarios, opiniones o sugerencias sobre los temas parlamentarios que serán analizados por los órganos técnicos competentes, en un proceso constante de interacción, contacto permanente y fortalecimiento de la institución legislativa. Asimismo, se establecen además, mecanismos de contacto oficial entre ciudadanía y legisladores y legisladoras, a través de correo electrónico y redes sociales.

También se asienta que el Congreso de la Unión, bajo los preceptos de transparencia y acceso a la información pública, fortalecerá la difusión del quehacer legislativo no sólo a través de la página electrónica y sus contenidos habituales como son la Gaceta Parlamentaria, el Diario de los Debates, las versiones estenográficas o los micrositios de cada Comisión, sino también mediante el Canal del Congreso y ahora además, de una Estación de Radio del Congreso para acercar el trabajo legislativo a todos los ciudadanos. Se establece el mandato para desarrollar todas las plataformas y portales digitales posibles, e incorporar las nuevas tecnologías para aumentar constantemente el radio y alcance de su difusión.

Se integra un sistema de bibliotecas con los acervos de cada Cámara, y los que existen en la biblioteca del Centro Histórico, administrada actualmente por la Cámara de Diputados. Se señala que la administración y operación corresponde a ambas Cámaras y cada cámara contará con un archivo histórico al que pueden acceder todas las personas en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental.

• Título Octavo

En este Título se establecen los mecanismos de Control Constitucional. Se especifican los procedimientos para la substanciación de las facultades señaladas en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, respectivamente.

Se establece el procedimiento para que los legisladores que pretendan recurrir a estos instrumentos, lo hagan por escrito, ante la Junta respectiva, la cual deberá acordar y solicitar a la Mesa Directiva, que el Área Jurídica correspondiente, emita una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. La Junta dará a conocer el proyecto de demanda anexando la opinión técnica, la cual deberá hacerse público, en versión electrónica o impresa al menos setenta y dos horas antes de su discusión y votación en el Pleno. Si el Pleno aprueba su presentación, el Presidente deberá dar curso en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún caso tardará más de tres días después de haber sido votada.

Además, se establece en la Ley, que el Presidente de cada Cámara, podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso.

• Régimen Transitorio

En cuanto a los artículos transitorios del proyecto, incluyen las disposiciones a través de las cuales se establece la abrogación de la ley actual, el inicio de la vigencia del Decreto que se expide, así como los plazos en que habrán de concretarse diversas acciones contenidas en la norma, para emitir los preceptos que de ella se derivan, como serán las necesarias adecuaciones a los reglamentos de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Se incluyen en el régimen transitorio plazos para la adecuación de fechas para el inicio de la legislatura y el periodo presidencial, a partir de 2024. También se establece un régimen transitorio para las comisiones de la Ciudad de México de ambas cámaras, ya que una vez que se expidan las Leyes de Capitalidad y de Coordinación Metropolitana, quedarán sin materia y por tanto deberán extinguirse.

También el régimen transitorio da un plazo razonable, para dar paso a la aprobación de la reforma constitucional al artículo 69, propuesta por varios de los legisladores, para cambiar el formato de la ceremonia del informe presidencial, y que les da bases constitucionales a algunas disposiciones contenidas en el Capítulo Segundo del Título Primero, de esta Ley, en relación al formato de la ceremonia del informe presidencial.

Por último, se incluye también en un artículo transitorio, la disposición para que se instrumente formalmente el Servicio Civil de Carrera en el Congreso de la Unión, en particular, en la Cámara de Diputados.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Título PrimeroDel Congreso General Capítulo PrimeroDe su Naturaleza, Integración e Instalación

Artículo 1.

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Artículo 2.

1. Cada Cámara se integrará por el número de integrantes que señalan los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura.

a) Cuando la legislatura coincida con un nuevo periodo presidencial, el primer año legislativo se computará del 1 de agosto de ese año hasta el 31 de agosto del año siguiente, el segundo año se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente, y el tercer año se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto.

b) Cuando la legislatura no coincida con un nuevo periodo presidencial, los dos primeros años legislativos se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente, y el tercer año se computará del 1 de septiembre al 31 de julio.

Artículo 3.

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y sus ordenamientos para el funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

Artículo 4.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se reunirá a partir del 1º de agosto para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de abril del mismo año.

3. Las dos Cámaras acordarán, en su caso, el término de las sesiones antes de las fechas indicadas. Si no estuvieren de acuerdo, resolverá el Presidente de la República.

4. El Congreso, o una de sus Cámaras, podrán ser convocados a periodos extraordinarios de sesiones en los términos que establece el artículo 67 de la Constitución.

Artículo 5.

1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes.

2. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél.

3. Para la realización de la sesión conjunta de las Cámaras, se requiere el quórum que para cada una de ellas se dispone en el primer párrafo del artículo 63 constitucional.

Capítulo SegundoDe la Apertura del Congreso, del Informe del Ejecutivo, de las Comparecencias y Preguntas Parlamentarias

Artículo 6.

1. El 1o. de septiembre, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

2. El 1o. de agosto, a las 17:00 horas, del año en que dé inicio el mandato del Presidente de la República, previsto por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso se reunirá para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

3. Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declarará en voz alta: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal) Legislatura”.

Artículo 7.

1. El primero de agosto del año en que dé inicio el periodo presidencial, o el primero de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Una vez que el Presidente de la República haya llegado al recinto legislativo, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo parlamentario y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

3. Posteriormente el Presidente de la República dará un mensaje en relación a su informe y acto seguido, el Presidente del Congreso dará un mensaje ante el Congreso.

4. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República escuche los posicionamientos de los partidos y presente su informe.

5. Cada una de las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República con la presencia en el pleno o en comisiones de los secretarios de cada ramo o en su caso, los directores de las entidades paraestatales, los cuales comparecerán bajo protesta de decir verdad, y bajo los criterios que se establezcan en los Reglamentos de las cámaras.

6. Las Cámaras deberán culminar el análisis del Informe en un plazo no mayor a 45 días.

7. Después del análisis del Informe, las Cámaras del Congreso tendrán un plazo de diez días para presentar a través de Pregunta Parlamentaria, una solicitud para que el Ejecutivo precise la información, misma que tendrá que ser contestada por escrito en un plazo de quince días.

8. Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.

Capítulo TerceroDe la Toma de Posesión del Presidente de la República

Artículo 8.

1. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años.

2. Quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o que se encuentre en el supuesto de haber asumido provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese cargo.

Artículo 9.

1. El primero de octubre del año en el que inicia su mandato, el Presidente electo acudirá a Sesión del Congreso General para la ceremonia de la investidura presidencial.

Artículo 10.

1. El Congreso General se instalará a las 11:00 horas y una vez que esté verificado el quórum de asistencia, el Presidente del Congreso General declarará iniciada la sesión.

2. El Presidente del Congreso General da lectura a los resolutivos del Bando Solemne. Acto seguido, el Presidente da la palabra en orden decreciente a los grupos parlamentarios para que hagan sus posicionamientos.

3. El Presidente del Congreso nombra sendas comisiones de cortesía para recibir en las puertas del recinto al Presidente saliente y al Presidente Electo y decreta un receso hasta que ambos se encuentren a las puertas del Salón de Sesiones.

4. Se reanuda la sesión y el Presidente saliente y el Presidente Electo son conducidos hasta el Presidium del Salón de Sesiones, en donde los recibe el Presidente del Congreso.

5. El Presidente saliente portará la banda presidencial al inicio de esta ceremonia, en los términos de la fracción I, del artículo 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

6. El Presidente del Congreso General estará flanqueado por el Presidente saliente y por el Presidente Electo.

7. El Presidente Electo toma por sí mismo, y con el brazo derecho extendido hacia el frente, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”, en los términos del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Enseguida, el Presidente saliente se retirará la banda presidencial y la entregará al Presidente del Congreso, acto seguido, el Presidente del Congreso la entregará al Presidente de la República, quien se la colocará así mismo.

9. El Presidente del Congreso dirigirá un breve mensaje a la Asamblea y le concederá la palabra al Presidente de la República, quien pronunciará su primer mensaje en su calidad de Jefe del Estado Mexicano.

10. La ceremonia concluye con la entonación del himno nacional.

Capítulo CuartoDel Colegio Electoral

Artículo 11.

1. En términos de los artículos 84 y 85 de la Constitución, ante la ausencia absoluta del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto el Congreso, erigido en Colegio Electoral, nombra en un plazo no mayor a sesenta días, un presidente interino o sustituto, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Si la falta absoluta ocurriese en los dos primeros años del periodo respectivo, el Congreso se reunirá en sesión conjunta para erigirse en Colegio Electoral, para lo cual se requerirá la concurrencia de las dos terceras partes del número total de integrantes de cada Cámara.

b) Si el Congreso estuviere en receso, la Comisión Permanente convocará, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ausencia, a periodo extraordinario para que el Congreso se erija en Colegio Electoral y nombre un Presidente Interino.

c) La terna de candidatos la formularán en sesión conjunta las Mesas Directivas y las Juntas de Coordinación de ambas Cámaras del Congreso y la pondrán a consideración del pleno del Colegio Electoral para elegir en escrutinio secreto y por mayoría de votos al presidente interino.

d) Dentro de los diez días siguientes al nombramiento del Presidente Interino, las Mesas Directivas y las Juntas de Coordinación de ambas cámaras someterán a consideración del pleno del Colegio Electoral la Convocatoria para la elección del Presidente que deberá concluir el periodo respectivo, cuidando que entre la fecha de la convocatoria y la realización de la jornada electoral, medie un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve.

e) Una vez emitida la Convocatoria, se clausurarán los trabajos del Colegio Electoral.

f) Esta convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente interino.

g) El Presidente electo tomará protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

2. Si la falta absoluta del Presidente de la República ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo en tanto el Colegio Electoral elige un Presidente Substituto en los términos siguientes:

a) El Congreso se reunirá en sesión conjunta para erigirse en Colegio Electoral, para lo cual se requerirá la concurrencia de las dos terceras partes del número total de integrantes de cada Cámara.

b) Si el Congreso estuviere en receso, la Comisión Permanente convocará, dentro de las siguientes veinticuatro horas, inmediatamente a periodo extraordinario para que el Congreso se erija en Colegio Electoral y nombre un Presidente Substituto para que concluya el periodo correspondiente.

c) Una vez instalado el Colegio Electoral, las Mesas Directivas y las Juntas de Coordinación de ambas Cámaras formularán una terna de candidatos para que el Colegio Electoral elija en escrutinio secreto y por mayoría de votos, al Presidente Substituto.

d) Una vez aprobado el nombramiento, el Presidente rendirá la protesta constitucional, lo cual sucederá en la misma sesión.

Artículo 12.

1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Colegio Electoral en los términos del artículo anterior.

2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al artículo anterior.

Si la falta, de temporal del Presidente de la República se convierte en falta absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.

Capítulo QuintoNuevo Régimen de Rendición de Cuentas e Incompatibilidad con las Funciones de los Legisladores y demás Servidores Públicos del Congreso

Artículo 13.

1. De conformidad con el título cuarto constitucional, los representantes de elección popular y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, son responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones y estarán obligados a presentar y actualizar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

2. El ejercicio del cargo de legisladora o legislador es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, y también lo es con actividades privadas que tengan relación con las funciones desempeñadas en su cargo.

3. Las y los legisladores deberán excusarse de participar en los asuntos que representen un conflicto de interés, de lo contrario se promoverá un proceso de recusación.

Capítulo Sexto

Del Fuero y de la Inmunidad Constitucional de los Legisladores

Artículo 14.

1. Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

3. Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.

Artículo 15.

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

Artículo 16.

1. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

Capítulo SéptimoDe las Facultades de los Presidentes de las Cámaras para Publicar en el Diario Oficial de la Federación los Ordenamientos de su Régimen Interno, así como los Decretos no Observados por el Presidente de la República en el Plazo que marca la Constitución

Artículo 17.

1. Esta Ley y sus reformas y adiciones, así como los reglamentos y acuerdos de las cámaras, no necesitarán de promulgación del Presidente de la República, ni podrán ser objeto de observaciones

o veto. En estos casos, el Presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación dentro de los treinta días naturales siguientes al de su aprobación.

2. Todo proyecto de ley o decreto aprobado por ambas Cámaras, pasará al Ejecutivo, el cual, si tuviere observaciones, podrá devolver el proyecto a la cámara de origen en un plazo de treinta días contados a partir de su recepción, vencido este primer plazo, el Ejecutivo contará con diez días más para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este último plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo.

Capítulo OctavoDe las Declaratorias Constitucionales

Artículo 18.

1. Las adiciones o reformas a la Constitución, deberán ser aprobadas por mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso, así como por la mayoría de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México.

2. Las cámaras deberán realizar el cómputo de los votos de las Legislaturas que conforman el Constituyente Permanente.

3. Una vez llevado a cabo el cómputo de los votos de las Legislaturas, si el Congreso se encontrase en sesiones, la Cámara de origen realizará la Declaratoria de las adiciones o reformas aprobadas.

4. La Declaratoria Constitucional será abordada en un punto específico del Orden del Día de la Sesión de la Cámara de Origen. En él, la secretaría de la Mesa Directiva dará cuenta del cómputo de los votos que se hayan recibido de las legislaturas locales que integran el Constituyente Permanente. Acto seguido todos los grupos parlamentarios que así lo soliciten harán un posicionamiento en relación a la reforma constitucional en cuestión. Al terminar, el Presidente de la Mesa Directiva, solicitará a los presentes, ponerse de pie, y hará la declaratoria formal de la aprobación de la reforma constitucional de que se trate. Finalmente, ordenará su envío al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.

5. Durante los recesos, la Comisión Permanente realizará el cómputo final y la Declaratoria de las adiciones o reformas constitucionales aprobadas, en los términos del numeral anterior.

Título SegundoDe la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados Capítulo PrimeroDe la Sesión Constitutiva de la Cámara

Artículo 19.

1. En el año de la elección para la renovación de la Cámara, el Secretario General:

a) Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;

b) Entregará, en el año en que dé inicio el periodo presidencial conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;

c) Entregará la documentación descrita en el inciso anterior a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, cuando no se trate del año en que dé inicio el periodo presidencial;

d) Preparará la lista de los diputados electos a la nueva Legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara; y

e) Elaborará la relación de los integrantes de la Legislatura que con anterioridad hayan ocupado el cargo de legislador federal, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad.

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1º. de septiembre; excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se reunirán el 29 de julio a las 11: horas, con el objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1º de agosto.

3. El Secretario General de la Cámara notificará a los integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para la celebración de la sesión constitutiva, al momento de entregar las credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en el Diario Oficial de la Federación y en los medios impresos de mayor circulación en la República en torno al contenido de dicha disposición.

4. En los términos de los supuestos previstos por esta Ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de julio o el 28 de agosto conforme lo dispuesto en los incisos b y c del numeral 1 del presente artículo, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) La denominación del Grupo Parlamentario;

b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y

c) El nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario.

Artículo 20.

1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, constituida por un Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.

2. La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes tres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

3. Presentes los diputados electos en el Salón de Sesiones para la celebración de la sesión constitutiva, el Secretario General de la Cámara informará que cuenta con la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos; y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.

4. El Presidente de la Mesa de los Decanos ordenará el pase de lista y la comprobación del quórum, y uno de los Secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la sesión constitutiva.

Declarado éste, el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: protesta constitucional del Presidente de la Mesa de Decanos; protesta constitucional de los diputados electos presentes; elección de los integrantes de la Mesa Directiva; declaración de la integración legal de la Cámara; cita para sesión del Congreso General y designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.

5. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazo derecho extendido: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande”.

6. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie y el Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”. Los diputados electos responderán, con el brazo derecho extendido: “¡Sí protesto!”. El Presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, contestará: “Si no lo hacen así, que la Nación se los demande”.

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presídium, y los integrantes de ésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 21.

1. El presidente de la Mesa Directiva declarará constituida la Cámara de Diputados, mediante la siguiente fórmula: “La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda; excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso deberá celebrarse el 1o. de agosto, a las 17:00 horas.

3. Cumplido lo anterior, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno.

4. Una vez constituida la Cámara y para la celebración de las sesiones de apertura de Congreso General, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas correspondientes para las 10:00 horas de las fechas señaladas en los artículos 65 y 66 constitucionales.

5. Los diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva en los términos de la fórmula prevista en esta ley.

Artículo 22.

1. En caso de que se realice uno o más periodos de sesiones extraordinarias durante el año legislativo, la Mesa Directiva electa para el año correspondiente, será la responsable de conducir dichas sesiones.

Capítulo SegundoDe la Mesa Directiva Sección PrimeraDe su integración, duración y elección

Artículo 23.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

3. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.

4. Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 24.

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara.

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

7. Cuando se trate del año en que dé inicio el periodo presidencial conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de que a las 12:00 horas del día 31 de julio, no se hubiere elegido a la Mesa Directiva, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de agosto.

8. La elección de quienes integren la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por quienes integran la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

9. La presidencia de la Mesa Directiva no podrá recaer en el mismo año legislativo, en un diputado o diputada que pertenezca al mismo Grupo Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Parlamentaria, salvo que éste cuente por sí mismo con mayoría absoluta en la Cámara.

10. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Senadores, al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 24.

1. En la formulación de la lista para la elección de quienes integren la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios cuidarán que las personas propuestas cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.

Artículo 25.

1. En las ausencias temporales del Presidente de la Mesa Directiva, los Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación establecido en la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de los demás integrantes de la directiva.

2. En caso de ausencia de todos los vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá designar a alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones.

3. Si las ausencias del Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la designación del “Vicepresidente en funciones de Presidente” y se considerará vacante el cargo hasta la elección

correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo, y para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas vacantes y se procederá a la elección respectiva.

4. En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a una nueva elección mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno.

Artículo 26.

1. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas:

a) Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y en esta ley;

b) Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara; y

c) Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones de la Cámara o a las reuniones de la Mesa Directiva.

Sección Segunda De sus atribuciones

Artículo 27.

1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la Ley.

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Presidir las sesiones del Pleno, asegurar el adecuado desarrollo de los debates y votaciones y determinar el trámite de los asuntos conforme a la Constitución, a esta Ley y el Reglamento de la Cámara;

b) Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;

c) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

d) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

e) Determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

f) Asegurar que las iniciativas, dictámenes, proposiciones con turno a comisión, acuerdos parlamentarios, mociones, peticiones de particulares, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;

g) Ordenar la publicación en la Gaceta de los proyectos y acuerdos aprobados por el Pleno; en el caso de los primeros, antes de que sean remitidos a la Colegisladora, o al Ejecutivo, según corresponda; dictámenes aprobados por las comisiones, actas de las sesiones del Pleno de la Cámara y de las Comisiones, iniciativas de ley o de decreto que sean registradas, propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno, proposiciones no legislativas y demás asuntos que dispongan sus reglamentos;

h) Ordenar la publicación, difusión y conservación del Diario de los debates que sea de fácil consulta para los ciudadanos.

i) Disponer que la información acerca del trabajo de los legisladores sea difundida a los medios de comunicación, electrónicos, escritos y digitales, en condiciones de oportunidad, objetividad y equidad;

j) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;

k) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;

l) Conducir las relaciones de la Cámara de Diputados con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la relación con las representaciones diplomáticas de otros países;

m) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio civil de carrera, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

n) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, aprobado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;

o) Asignar de manera definitiva al inicio de la Legislatura, cuando implique la renovación de la Cámara, los espacios que correspondan a los grupos parlamentarios en el Salón de sesiones, procurando que sus integrantes queden ubicados en un área regular y continua;

p) Elaborar el anteproyecto de Estatuto por el cual se normará el servicio civil de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

q) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria para la designación del consejero presidente y de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, así como de los titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación;

r) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

Artículo 28.

1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente; se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos.

2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por el más amplio consenso posible, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. En caso de empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.

3. Para los efectos del párrafo anterior, el Diputado facultado para ejercer el voto ponderado, será el Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no cuenten con Vicepresidencia o ante la ausencia de la misma a las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por las secretarías que correspondan.

4. A las reuniones de la Mesa concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz, pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.

Sección TerceraDe su Presidente

Artículo 29.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara.

4. El Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las rigen.

Artículo 30.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la Presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva formará parte de la propuesta de Diputados que deberán integrarla;

b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional;

c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente, aplicando esta Ley y el Reglamento;

d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;

e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;

f) Dar curso a los asuntos en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara;

g) Firmar, junto con uno de los Secretarios y con el Presidente y uno de los Secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General; y suscribir, también con uno de los Secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara;

h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le correspondan;

i) Comunicar al Secretario General de la Cámara las instrucciones, observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

j) Firmar, junto con el Secretario General, y en su caso con el Presidente o Presidenta y un Secretario o Secretaria de la Colegisladora, las leyes y decretos que se expidan, así como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara;

k) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;

l) Presidir la conducción de las relaciones de la Cámara y representarla en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

m) Presidir las reuniones de carácter internacional, así como la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria, en los términos establecidos en esta Ley, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

n) Tener la representación legal de la Cámara y otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;

o) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen; impulsando una política unitaria y congruente con la Coordinación de Comunicación Social de la colegisladora en materia de la publicidad de las nuevas leyes y decretos, las cuales se darán a conocer una vez que se envíen al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

p) Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra Comisión;

q) Requerir a los diputados y diputadas que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos;

r) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

s) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

t) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en esta ley;

u) Rendir un informe de labores del año legislativo que concluya, con claridad, veracidad y oportunidad, el cual deberá ser público a través de los órganos de difusión internos, y

v) Las demás que le atribuyan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. En el caso de iniciativas y minutas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a la comisión o comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Parlamentaria que constituya e integre de manera anticipada la comisión o comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta; y

e) Inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar, emitir la declaratoria de publicidad y ordenar la inclusión del asunto en el Orden del Día para su discusión y votación.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios, y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

Sección CuartaDe las Vicepresidencias y Secretarías

Artículo 31.

1. Los Vicepresidentes asisten al Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones y lo sustituyen en sus ausencias temporales.

2. Las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser asumidas por uno de los Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto por el Presidente.

Artículo 32.

1. Las Secretarias y los Secretarios, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, asisten al Presidente o Presidenta de la Cámara, en los actos relacionados con la conducción de las sesiones ordinarias del Pleno y tendrán las siguientes atribuciones:

a) Asistir al Presidente de la Cámara en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones del Pleno;

b) Pasar lista de asistencia de los diputados al inicio de las sesiones;

c) Verificar el quórum constitucional, recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva. Al efecto, tendrán a su cargo la supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación;

d) Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos dispuestos por el Presidente de la Cámara;

e) Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno, a fin de que se difundan oportunamente entre los diputados las iniciativas y dictámenes; se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Presidente de la Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos competencia del Pleno, y se publiquen oportunamente en el Diario de los Debates, en la Gaceta y en las versiones estenográficas de las sesiones; se asienten y firmen los trámites correspondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso General o de los decretos que expida la Cámara, y distribuya el Diario de los Debates;

f) Difundir y publicar las iniciativas, dictámenes y propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno que vayan a ser objeto de discusión o votación, con la oportunidad debida;

g) Firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la Cámara y, en su caso, por el Congreso, así como los acuerdos y demás resoluciones de la propia Cámara;

h) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente de la Mesa Directiva;

i) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva;

j) Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos y asentar los trámites y resoluciones, y

k) Presentar al Pleno en la primera sesión de cada mes, una relación de los asuntos turnados a las Comisiones, dando cuenta de los casos que hayan sido o no despachados y prever cuales serán puestos a discusión y votación en el Pleno, por vencimiento de plazo de acuerdo al Reglamento; y

l) Las demás que se deriven de esta Ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria, o que les confiera el Presidente de la Cámara.

4. La Mesa Directiva acordará el orden de actuación de quienes integran la Vicepresidencia y la Secretaría para su participación alternada en la conducción de las sesiones plenarias, procurando la corresponsabilidad y equidad en su participación.

5. En caso de ausencia de quienes integren la Vicepresidencia, el Presidente de la Mesa Directiva podrá designar a alguna o alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones.

Capítulo TerceroDe los Grupos Parlamentarios

Artículo 33.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario de conformidad con lo que dispone esta Ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;

b) Las normas acordadas por los integrantes del Grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y

c) Nombre de la diputada o el diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

4. La agenda legislativa de cada Grupo Parlamentario deberá ser publicada en la Gaceta Parlamentaria en la primera sesión de cada periodo ordinario de sesiones.

5. Los grupos parlamentarios podrán fijar la unidad de objetivos y sumarse entre sí con base en la celebración de acuerdos políticos, a manera de coaliciones parlamentarias; podrán compartir agendas legislativas comunes para actuar coordinadamente en las Cámaras del Congreso, y de ser el caso, darle soporte mayoritario a un gobierno de coalición, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, no tendrá efectos administrativos.

Artículo 34.

1. El Coordinador o la Coordinadora expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Parlamentaria y en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

2. Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo. Con base en las comunicaciones de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.

Artículo 35.

1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de sus integrantes, los grupos parlamentarios proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.

2. El órgano de gobierno que corresponda en cada Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará las instalaciones adecuadas a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara, procurando mantener la continuidad en la ubicación bajo los principios de orden y respeto a cada grupo, con independencia de su número.

3. Los grupos parlamentarios deberán tener un espacio de asesoría profesional, con el perfil adecuado para apoyar el trabajo sustantivo de los legisladores y legisladoras, en materias de política interior, política exterior, política financiera, económica y sustentable, política social y cultural.

Artículo 36.

1. Los grupos parlamentarios, los diputados independientes y sin partido, deberán presentar de manera semestral al órgano de control interno que corresponda, un informe detallado sobre el uso y destino de los recursos que les sean asignados para el ejercicio de las funciones de los legisladores y legisladoras que los integren y tener a su disposición la contabilidad para cualquier revisión que deba ejercitarse o solicitud de transparencia que se realice.

Artículo 37.

1. Los grupos parlamentarios tendrán en todo tiempo, el derecho de solicitar a la Junta cambios en la adscripción de sus integrantes en las comisiones de la Cámara, para sustituirlos por causa justificada.

Artículo 38.

1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Parlamentaria dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.

2. La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos Parlamentarios se incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara.

3. La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que los integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a cargo de la Mesa Directiva de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los Grupos formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la representatividad en orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos conformados y las características del Salón de Sesiones.

Artículo 39.

1. Las diputadas y los diputados independientes y sin partido, tendrán las mismas prerrogativas y obligaciones que los demás y contarán con las mismas consideraciones y los apoyos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

2. Cuando un Grupo Parlamentario se divida y exista controversia respecto a quienes corresponde ostentar su personalidad, ésta la conservará el conjunto de legisladores y legisladoras que determine el partido político al que pertenecen.

3. El Grupo Parlamentario que por cualquier razón deje de tener el mínimo de integrantes, se considerará disuelto para todos los efectos legales y administrativos.

Capítulo CuartoDe la Junta de Coordinación Parlamentaria Sección PrimeraDe su naturaleza e integración

Artículo 40.

1. La Junta de Coordinación Parlamentaria expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

Artículo 41.

1. La Junta de Coordinación Parlamentaria se integra con los Coordinadores y Coordinadoras de cada Grupo Parlamentario.

2. La sesión de instalación de la Junta de Coordinación Parlamentaria, será convocada por el Coordinador del Grupo Parlamentario que tenga el mayor número de diputados.

3. Será Presidente de la Junta por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara.

4. En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, al inicio de los trabajos de la Legislatura.

Artículo 42.

1. La Junta adoptará sus decisiones por el más amplio consenso posible de los coordinadores de los grupos parlamentarios, y en última instancia por voto ponderado.

Sección SegundaDe sus atribuciones

Artículo 43.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de proposiciones con puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;

c) Proponer al Pleno la integración de comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas.

d) Proponer al Pleno la integración de la comisión o comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad;

e) Proponer al Pleno a quiénes integrarán la Comisión Permanente;

f) Comunicar a la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria, la designación de los legisladores y legisladoras que integren las delegaciones que participen en las actividades derivadas de la diplomacia parlamentaria, tomando en cuenta su perfil, actividad que desempeñan al interior de la Cámara, así como el cumplimiento de encomiendas pasadas y de la presentación de los informes correspondientes;

g) Comunicar a la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria, la integración de los Grupos de Amistad, una vez que hayan sido aprobadas por el Pleno;

h) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados, y enviarlo a la Mesa Directiva, la cual lo pondrá a consideración del Pleno;

i) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;

j) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

k) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros que correspondan a los grupos parlamentarios, una vez aprobado el proyecto que haya remitido el Comité de Administración;

l) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y de los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que regulan dichos organismos, la presente ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los procedimientos que de ellas se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios; y

m) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

Artículo 45.

1. La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por el más amplio consenso posible, y en última instancia por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario.

2. A las reuniones de la Junta concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz, pero sin voto, quien apoyará en la elaboración de los documentos necesarios para las reuniones y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.

3. La Junta contará con un Secretario Ejecutivo quien será responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas, comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes de la Cámara y dar seguimiento para que sean cumplidos. La forma y los plazos de este nombramiento se acordarán con una resolución de la Junta que cuente con el voto ponderado de sus integrantes.

Sección TerceraDe la Presidencia de la Junta de Coordinación Parlamentaria

Artículo 46.

1. Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria las atribuciones siguientes:

a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;

b) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los diferentes grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del pleno;

c) Asegurar el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten; d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, para su aprobación en el Pleno;

e) Representar a la Junta ante los órganos de la propia Cámara y coordinar sus reuniones;

f) Velar por que se introduzcan en el ejercicio de la labor parlamentaria las disposiciones que ayudan para la adecuada publicidad de los asuntos, de acuerdo a los principios de transparencia y parlamento abierto, y

g) Las demás que deriven de esta Ley y del Reglamento, o que le sean conferidas por la propia Junta.

Capítulo QuintoDe la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Artículo 47.

1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el Presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Parlamentaria. A sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.

2. El Presidente de la Cámara preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por parte de la Secretaría General.

3. La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya constituido la Junta de Coordinación Parlamentaria. Se reunirá por lo menos cada quince días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de los Coordinadores de por lo menos tres Grupos Parlamentarios.

4. La Conferencia adoptará sus resoluciones por el más amplio consenso; en caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. El Presidente de la Conferencia sólo votará en caso de empate.

5. Como Secretario de la Conferencia actuará el Secretario General de la Cámara, quien asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos.

Artículo 48.

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

a) Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones;

b) Impulsar el trabajo en conferencia de las comisiones de dictamen afines de ambas cámaras para eficientar el trabajo legislativo;

c) Proponer al Pleno el proyecto de Estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentario y administrativo y financiero de la Cámara de Diputados y del Instituto de Investigación Parlamentario y sus centros de estudio, en los términos previstos en esta ley;

d) Aprobar el proyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria y el servicio de carrera administrativa, a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

e) Establecer lineamientos para garantizar el trabajo profesional y ordenado de las comisiones, así como el cumplimiento de los programas legislativos;

f) Llevar al Pleno, para su aprobación, los nombramientos de Secretario General y de Contralor de la Cámara, en los términos que señala esta ley; y

g) Las demás que se derivan de esta Ley y del Reglamento.

Capítulo SextoDe las Facultades Exclusivas, Constitucionales y Legales Propias de la Cámara de Diputados

Artículo 49.

1. La Cámara de Diputados ejerce las facultades exclusivas que le confieren los artículos 74, 75, 77, 79 y demás relativos tanto de la Constitución y las leyes.

Sección PrimeraDe la Emisión del Bando Solemne

Artículo 50.

1. Conforme a la fracción I del artículo 74, fracción I de la Constitución, la Cámara de Diputados deberá expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo.

2. Durante los primeros días del mes de agosto la Presidencia de la mesa Directiva recibirá de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la declaración de validez de la elección y de presidente electo.

Artículo 51.

1. Dentro de las dos primeras sesiones ordinarias que celebre la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva expedirá el Bando Solemne en el que dará a conocer el nombre de la ciudadana o del ciudadano que haya sido declarado como presidente electo y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos, boletines o gacetas oficiales de cada una de las entidades federativas.

Sección SegundaNombramientos y Ratificaciones

Artículo 52.

1. Corresponde a la Cámara de Diputados:

a) La aprobación por mayoría calificada de los siguientes nombramientos:

I. Titular de la Auditoría Superior de la Federación;

II. Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

III. Titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos;

IV. Titular e integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

Los procesos de designación señalados en el presente artículo, se harán conforme a las normas y procedimientos específicos que establecen en la Constitución, esta Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 53.

1. La convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por lo menos, deberá contener:

a) El proceso de designación para el que se convoca, los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;

b) Las reglas y los plazos para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a las instituciones públicas de educación superior;

c) Las fechas y los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de designación, en los términos del artículo 41 Constitucional;

d) Tratándose de la designación del titular del órgano interno de control, órgano o comisión que se encargará de la integración de los expedientes, revisión de documentos, entrevistas, procesos de evaluación y formulación del dictamen que contenga los candidatos aptos para ser votados por la Cámara. En todo caso deberá convocarse a las instituciones públicas de educación superior, para que realicen sus propuestas;

e) Tratándose de la designación de los consejeros Presidente y electorales:

I. El órgano o la comisión que se encargará de la recepción de documentos e integración de los expedientes, su revisión, e integración de la lista que contenga los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos para que los grupos parlamentarios formulen sus propuestas con base en ella.

II. Presentadas las propuestas, el órgano o comisión encargado de entrevistar y evaluar a los ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios, así como de formular el dictamen respectivo que consagre los resultados, para los efectos conducentes.

f) Los criterios específicos con que se evaluará a los aspirantes.

2. En el proceso de designación de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, se procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres.

Artículo 54.

1. En términos de la fracción III del artículo 74 y de la fracción II del artículo 89 Constitucionales, corresponde a la Cámara de Diputados la ratificación del nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario de Hacienda y de los empleados superiores de Hacienda, por mayoría de los presentes, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El Presidente de la República, al tomar posesión de su encargo, nombrará al Secretario de Hacienda y a los empleados superiores de ésta Secretaría y de manera simultánea enviará a la Cámara de Diputados dichos nombramientos para que sean sometidos al proceso de ratificación correspondiente.

b) Las propuestas de los nombramientos del Presidente de la República deberán remitirse a la Junta de Coordinación Parlamentaria para que se elabore el análisis y dictamen correspondiente y se ponga a consideración del pleno.

c) El pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar por mayoría simple y en votación nominal el dictamen que presente la Junta de Coordinación Parlamentaria con los nombramientos.

d) Si el pleno de la Cámara de Diputados rechaza la propuesta del nombramiento para ocupar la titularidad de la Secretaría de Hacienda, el servidor público en cuestión cesará en sus funciones y el Presidente de la República enviará una nueva propuesta a la Cámara de Diputados para que sea ratificada.

e) Si la propuesta es rechazada por la Cámara de Diputados, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República.

f) Si la Cámara de Diputados ratifica la propuesta del nombramiento hecho por el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda rendirá la protesta de Ley en la misma sesión.

Sección TerceraDel Análisis y la Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 55.

1. La Cámara de Diputados recibirá, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente al de la toma de posesión del Presidente de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para su análisis y aprobación.

Artículo 56.

1. La Cámara de Diputados contará para su análisis y aprobación con un plazo de dos meses contados a partir de la recepción del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 57.

1. En el análisis que realice la Cámara, verificará que el Plan incluya los fines del proyecto Nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso contrario, lo devolverá con sus observaciones al Ejecutivo Federal para que realice las adecuaciones necesarias y lo remita nuevamente a la Cámara para su aprobación en un plazo no mayor de treinta días naturales.

2. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en los plazos anteriormente establecidos, el Plan se entenderá aprobado.

Sección CuartaAnálisis de la Cuenta Pública

Artículo 58.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis de los informes individuales, en su caso, de los informes específicos y del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y lo enviará a la Comisión de Presupuesto.

2. En aquellos casos en que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación detecte errores en el Informe General o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del Titular de la Auditoría Superior de la Federación o de otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes.

Artículo 59.

1. La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el análisis realizado por la Comisión de Vigilancia y el contenido de la Cuenta Pública y elaborará un dictamen que deberá turnar a la mesa directiva para que se someta a votación del pleno, a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

2. El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General incorporando en el apartado de antecedentes el análisis técnico realizado por la Comisión de Vigilancia.

Sección QuintaDe la Coordinación y de la Evaluación de las Funciones de la Auditoría Superior de la Federación

Artículo 60.

1.Para cumplir con la obligación constitucional que tiene la Cámara de Diputados de evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, contará con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la cual cumplirá con las facultades establecidas en esta Ley y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 61.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación contará con un órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control, el cual estará encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 62.

1. El titular de la Unidad será designado por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de la Comisión, la cual presentará una terna de candidatos que deberán cumplir con los requisitos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para el Titular de la Auditoría Superior de la Federación. El titular de la Unidad durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto para otro periodo de cuatro años.

2. Los servidores públicos de la Unidad deberán cumplir con perfiles académicos en las materias de fiscalización, evaluación del desempeño y control.

3. El ingreso al servicio público de la Unidad se realizará a través de concurso público.

Artículo 63.

1. La Unidad de Evaluación y Control tendrá, las siguientes facultades:

a) Realizar las auditorías y evaluaciones técnicas necesarias, con el objeto de examinar el buen desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior de la Federación, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta con base en el programa anual de trabajo;

b) Vigilar que el Auditor Superior, así como los auditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones, se sujeten a lo establecido por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

c) Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Titular de la Auditoría Superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación e iniciar investigaciones;

d) Imponer sanciones administrativas a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación por la comisión de faltas no graves. Las faltas graves, se substanciarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que éste imponga las sanciones correspondientes;

e) Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación, y

f) Las demás que le confiera la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 64.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación someterá a consideración del pleno de la Cámara, la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 79 constitucional y demás disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para lo cual deberá hacer una amplia consulta a las organizaciones de la sociedad civil.

Capítulo Séptimo De las Comisiones y los Comités Sección Primera De las Comisiones

Artículo 65.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno para toda la Legislatura que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales siguiendo los principios del pluralismo, transparencia, certeza, legalidad y oportunidad.

2. La Cámara de Diputados organizará su propio régimen de comisiones de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, en sus reglamentos y normativas internas.

3. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. Acatarán los plazos para dictamen que establezca el reglamento.

4. Las comisiones ordinarias se mantendrán de legislatura a legislatura y tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto y 93, párrafo primero de la Constitución. La competencia de estas comisiones se corresponde en lo particular con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para ello deberán evaluar periódicamente el Plan Nacional Desarrollo y sus programas respectivos, así como los informes que presente el Ejecutivo a la Cámara, en lo correspondiente a la materia o materias de su competencia.

5. Asimismo, estas comisiones, deberán evaluar la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que haga el Titular del Ejecutivo Federal, en el ramo que les corresponda y enviar sus opiniones, durante los 30 días naturales siguientes a la recepción de la propuesta, a las Comisiones de Gobernación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público, que serán las encargadas de emitir un dictamen al respecto y ponerlo a consideración del Pleno, a más tardar, 60 días naturales posteriores a la recepción de las opiniones propuestas, para su discusión y, en su caso, aprobación, conforme lo dispuesto por el artículo 74, fracción VII de la Constitución.

Artículo 66.

1. Las comisiones ordinarias serán:

I. Asuntos Frontera Norte;

II. Asuntos Frontera Sur-Sureste;

III. Asuntos Migratorios;

IV. Atención a Grupos Vulnerables;

V. Ciencia y Tecnología;

VI. Comunicaciones, Infraestructura y Transportes;

VII. Cultura y Cinematografía;

VIII. Defensa Nacional;

IX. Deporte;

X. Derechos de la Niñez y la Adolescencia;

XI. Derechos Humanos;

XII. Desarrollo Metropolitano Urbano y Ordenamiento Territorial

XIII. Desarrollo Social;

XIV. Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola, Ganadera y Pesquera

XV. Economía, Comercio y Competitividad;

XVI. Educación;

XVII. Energía;

XVIII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XIX. Federalismo y Desarrollo Municipal

XX. Gobernación y Protección Civil;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Igualdad de Género;

XXIII. Jurisdiccional

XXIV. Justicia;

XXV. Juventud;

XXVI. Marina;

XXVII. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales

XXVIII. Población;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Pueblos Indígenas;

XXXI. Puntos Constitucionales;

XXXII. Radio y Televisión;

XXXIII. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento;

XXXIV. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXXV. Relaciones Exteriores;

XXXVI. Salud;

XXXVII. Seguridad Pública;

XXXVIII. Seguridad Social;

XXIX. Trabajo y Previsión Social;

XL. Transparencia y Anticorrupción;

XLI. Turismo;

XLII. Vigilancia de la Auditoría, y

XLIII. Vivienda

Artículo 67.

1. Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas específicas que en cada caso se señalan.

a) Presupuesto y Cuenta Pública. Elabora el predictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año que corresponda; asimismo, realiza el predictamen de la Cuenta Pública del año de ejercicio anterior, del Ejecutivo Federal.

b) Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; realiza las tareas que le marca la Constitución, esta Ley y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

c) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se compone con veinte integrantes, preferentemente de entre los diputados y diputadas de mayor experiencia legislativa y todos los grupos parlamentarios estarán representados en la misma. Se encarga de:

I. Preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar todas las normas que rigen las actividades camarales,

II. Dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y en lo referente a las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados, así como de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los órganos de legisladores constituidos en virtud de este ordenamiento, y aquellas que se refieran al protocolo, e

III. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias.

d) La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y diputadas y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen, de manera plural, a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios.

Artículo 68.

1. Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

2. La solicitud para integrar las comisiones de investigación deberá realizarse a través de la Junta, la cual verificará que se cumplan los requisitos que señala la Constitución y que cuentan con el respaldo de la cuarta parte de los diputados y diputadas o de la mitad de los senadores y senadoras que integran sus respectivas Cámaras.

3. Para efectos de lo anterior, la Junta dará a conocer al Pleno el acuerdo correspondiente.

4. En la integración de comisión de investigación, la Junta adoptará los mismos criterios de proporcionalidad que en la integración de las comisiones ordinarias. Para la integración de la junta directiva se dará prioridad a los legisladores y legisladoras proponentes de la comisión.

5. Los resultados parciales y finales de las investigaciones se remitirán al Titular del Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes. Las Cámaras están obligadas a conservar los archivos físicos y digitales de tales resultados, de acuerdo a sus normas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Artículo 69.

1. El Pleno podrá acordar la constitución de hasta diez comisiones temporales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y la obligación de presentar un informe final, como parte del proceso de entrega-recepción. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión temporal o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

2. Con los criterios establecidos en el párrafo anterior, el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones temporales fuera de los plazos siempre y cuando sean para hacerse cargo de un asunto urgente de coyuntura que deba atender la Cámara.

3. Estas comisiones no podrán interferir en las competencias de los órganos legislativos señalados en los párrafos anteriores y tampoco gozan de potestad dictaminadora.

Sección SegundaDe su integración

Artículo 70.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta integrantes y su encargo será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente, las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán integrarse hasta en tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2. Las Comisiones contarán con una Junta Directiva integrada por un presidente y tres secretarios.

3. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de treinta integrantes; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas y para desempeñar adecuadamente sus funciones. La Junta Directiva de estas comisiones estará integrada por un presidente y un secretario por cada grupo parlamentario.

4. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Parlamentaria tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

5. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

6. En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación de sus miembros como integrantes de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.

7. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

Sección TerceraDisposiciones Complementarias

Artículo 71.

1. Los integrantes de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada.

2. El Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezcan los diputados integrantes de las comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o definitiva.

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio necesario para el trabajo de su Junta Directiva y para la celebración de sus reuniones plenarias.

4. Para el mejor desempeño de las tareas de las comisiones ordinarias, el Pleno de cada una de ellas podrá conformar subcomisiones o grupos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos y las disposiciones internas de las Cámaras. En la constitución de las subcomisiones se reflejará la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la Comisión.

5. Los presidentes y el equipo técnico de las comisiones se mantendrán preferentemente durante la legislatura.

6. Para ser presidente de una comisión ordinaria se requiere: ser nombrado por el Pleno, a propuesta de la Junta; título profesional en carrera afín al tema de la comisión o tres años de experiencia en la materia; amplio conocimiento en coordinación y dirección de grupos o asambleas y gozar de buena reputación.

7. Para remover al presidente de una comisión ordinaria deberá presentarse ante la Junta, solicitud por escrito, con la firma de la mayoría de integrantes de la Junta Directiva, exponiendo los argumentos y la causa grave por la que se solicita su cambio. La Junta deberá aprobar la remoción, con acuerdo de la mayoría de sus integrantes y ésta será avalada por mayoría absoluta del Pleno. Al mismo tiempo, la Junta propondrá al Pleno al legislador o legisladora que sustituirá al titular de la Comisión correspondiente.

Artículo 72.

1. Las reuniones de las comisiones serán públicas, de acuerdo a las prácticas de Parlamento Abierto y podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas,

representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

2. No habrá retribución extraordinaria alguna por las tareas que los diputados realicen como integrantes de las comisiones.

Artículo 73.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República.

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

5. Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar sesenta días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.

Artículo 74.

1. Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos de la Cámara en el despacho de los asuntos a su cargo.

2. No habrá retribución extraordinaria alguna por las tareas que los diputados realicen como integrantes de las comisiones.

Artículo 75.

1. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a) Elaborar su programa anual de trabajo;

b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

c) Sesionar cuando menos una vez al mes;

d) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne;

e) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en los plazos que establezca el Reglamento de la Cámara;

f) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente, a través de un proceso de entrega-recepción, que deberán preparar durante los últimos tres meses de la Legislatura, y

g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

2. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación en la misma sesión, y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el Presidente de la Mesa Directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la Asamblea.

Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.

Sección CuartaDe los Comités

Artículo 76.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación.

2. Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, y para brindar el apoyo técnico necesario que les garantice lograr una exitosa participación en el Parlamento Abierto y en la elaboración de Iniciativas Ciudadanas, se formará el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana.

3. Para auxiliar a la Junta de Coordinación Parlamentaria en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración que habrá de conducirse bajo los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. El Acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un diputado del mismo Grupo Parlamentario de quien presida aquélla.

I. El Comité de Administración presentará a la Junta, para su aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los diputados, los sueldos de los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara, dando cuenta del ejercicio correspondiente al mes anterior.

II. Una vez aprobado el proyecto por la Junta de Coordinación Parlamentaria, está la remitirá a la Mesa Directiva la cual la pondrá a consideración del Pleno.

4. El Comité Editorial es la instancia técnica que tiene por objeto definir los criterios, políticas y programas editoriales de la Cámara de Diputados y está integrado por dos diputados de cada grupo parlamentario, el Secretario General, el Secretario de Servicios Parlamentarios, los directores generales de los centros de estudios y el director general del centro de documentación, información y análisis. Los funcionarios de la Cámara asistirán a las reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin voto.

5. El Comité de Ética promoverá los principios de transparencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, disciplina, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Estará integrado por los miembros del Comité de Decanos, un diputado representante de cada grupo parlamentario y un representante de los diputados independientes.

6. Para efectos de consulta y opinión en materia política y legislativa, se integrará el Comité de Decanos que atenderá las solicitudes que le requieran la Junta de Coordinación Parlamentaria y los órganos legislativos. Este Comité estará constituido por los diputados que integren la Mesa de Decanos, conservando la composición y estructura jerárquica.

Capítulo OctavoDe la Órganos Técnicos y Auxiliares

Artículo 77.

1. Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara cuenta con una Secretaría General.

2. La Cámara tendrá una Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros.

3. En el ámbito de la Secretaría General la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad de Género.

Sección Primera De la Secretaría General de la Cámara

Artículo 78.

1. La Secretaría General observa en su actuación las disposiciones de la Constitución, de esta ley y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos; y constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los servicios de la Cámara de Diputados. La prestación de dichos servicios queda a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.

2. El Secretario General de la Cámara será nombrado por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el término de cada Legislatura, pudiendo ser reelecto; continuará en sus funciones hasta la realización de la elección correspondiente.

3. Para ser designado Secretario General de la Cámara se requiere:

a) Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y estar en Pleno goce de sus derechos;

b) Haber cumplido treinta años de edad;

c) Contar con título profesional legalmente expedido;

d) Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo;

e) No haber sido durante los últimos cinco años miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a un puesto de elección popular; y

f) No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena de privación de la libertad.

4. El Secretario General de la Cámara tiene las atribuciones siguientes:

a) Preparar los elementos necesarios para celebrar la sesión constitutiva de la Cámara, en los términos previstos por esta ley;

b) Fungir como Secretario de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

c) Concurrir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Mesa Directiva y preparar los documentos necesarios para las reuniones, levantar el acta correspondiente y llevar el registro de los acuerdos que se adopten;

d) Concurrir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Coordinación Parlamentaria, y apoyar al Secretario Ejecutivo en la preparación de los documentos necesarios para las reuniones, y en el registro de los acuerdos que se adopten.

e) Dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las atribuciones y el correcto funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros;

f) Ejecutar en los casos que le corresponda, así como supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros;

g) Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera; e

h) Informar trimestralmente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de los servicios parlamentarios y administrativos y financieros.

Sección Segunda De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Artículo 79.

1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a) Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que comprende los de: comunicaciones y correspondencia; turnos y control de documentos; certificación y autentificación documental; instrumentos de identificación y diligencias relacionados con el fuero de los legisladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas; y protocolo, ceremonial y relaciones públicas;

b) Servicios de la Sesión, que comprende los de: preparación y desarrollo de los trabajos del Pleno; registro y seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o de decreto; distribución en el Pleno de los documentos sujetos a su conocimiento; apoyo a los Secretarios para verificar el quórum de asistencia; cómputo y registro de las votaciones; información y estadística de las actividades del Pleno; elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones; y registro de leyes y resoluciones que adopte el Pleno;

c) Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y asistencia a cada una de ellas por parte de un funcionario de carrera, que puede fungir como secretario técnico;

d) Registro de los integrantes de las mismas; seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones; y registro y elaboración del acta de sus reuniones;

e) Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de: elaboración integral de la Versión Estenográfica; del Diario de los Debates; y de la Gaceta Parlamentaria;

f) Servicios del Archivo, que comprende los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del Pleno y las Comisiones; y desahogo de las consultas y apoyo documental a los órganos de la Cámara y a los legisladores; y

g) Servicios de Bibliotecas, que comprende los de: acervo de libros; hemeroteca; videoteca; multimedia; museografía; e informática parlamentaria.

2. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo anterior se constituye en una Dirección, la cual se estructura con las oficinas que se requieran, conforme a lo que se disponga en el Estatuto.

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaria General y adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el cual contará con las áreas de: estudios económicos, sobre sustentabilidad y finanzas públicas; estudios políticos y sobre transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción; estudios sociales y opinión pública; y estudios para la igualdad de género.

4. De igual forma, en el ámbito de la Secretaría General está adscrita la Unidad para la Igualdad de Género.

a) Los objetivos de la Unidad son:

I. Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados;

III. Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional;

IV. Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

V. Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva, y

VI. Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

b) La Unidad estará a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Artículo 80.

1. El Secretario de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias.

2. Al Secretario le corresponde:

a) Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones; acordar con él los asuntos de su responsabilidad; y suplirlo cuando no pueda concurrir a las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Parlamentaria;

b) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia;

c) Realizar estudios sobre la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Cámara, así como promover investigaciones de derecho parlamentario comparado; y

d) Cumplir las demás funciones que le confieren esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

Sección TerceraDe la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros

Artículo 81.

1. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a) Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos de los servicios de carrera; reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal externo a los servicios de carrera; nóminas; prestaciones sociales; y expedientes laborales;

b) Servicios de Tesorería, que comprende los de: programación y presupuesto; control presupuestal; contabilidad y cuenta pública; finanzas; y formulación de manuales de organización y procedimientos administrativos;

c) Servicios de Recursos Materiales, que comprende los de: inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería; y adquisiciones de recursos materiales;

d) Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: mantenimiento de bienes inmuebles; alimentación; servicios generales; apoyo técnico para adquisiciones de bienes informáticos; instalación y mantenimiento del equipo de cómputo; y asesoría y planificación informática;

e) Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos legales de la Cámara, en sus aspectos consultivo y contencioso;

f) Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de bienes muebles e inmuebles; seguridad a personas; y control de acceso externo e interno; y

g) Servicios Médicos y de Atención a Diputados.

2. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo anterior se constituye en una Dirección, la cual se estructura con las oficinas que se requieran, conforme a lo que se disponga en el Estatuto.

Artículo 82.

1. El Secretario de Servicios Administrativos y Financieros vela por el eficiente funcionamiento de los servicios que le competen.

2. Al Secretario le corresponde:

a) Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones; acordar con él los asuntos de su responsabilidad; y suplirlo cuando no pueda concurrir a las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Parlamentaria;

b) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia;

c) Realizar estudios de carácter administrativo y financiero de la Cámara; y

d) Cumplir las demás funciones que le confieren esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera.

Sección CuartaContraloría Interna

Artículo 83.

1. La Cámara cuenta con su propia Contraloría Interna, cuyo titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas; así como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, y llevar a cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y proveedores conforme a la normatividad aplicable. La Contraloría se ubica en el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y debe presentar a ésta un informe trimestral sobre el cumplimiento de sus funciones. Su titular es nombrado a propuesta de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los individuos presentes en el Pleno.

2. La Contraloría Interna cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría, de Control y Evaluación y de Quejas, Denuncias e Inconformidades.

a) A la Dirección General de Auditoría le corresponde elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del programa anual de control y auditoría, realizar auditorías y aclaración de las observaciones hasta la solventación y/o elaboración de los dictámenes de responsabilidades; vigilar que el manejo y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables.

b) A la Dirección General de Control y Evaluación le corresponde diseñar, implantar, supervisar y evaluar los mecanismos de control de la gestión de las unidades administrativas de la Cámara y participar en actos de fiscalización.

c) A la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades le corresponde recibir e investigar las quejas, denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, notificar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, investigar y substanciar los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades previstos en las disposiciones legales y normativas aplicables, dictar las resoluciones correspondientes, e imponer las sanciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos; atender e intervenir en los diferentes medios de impugnación ante las autoridades competentes e interponer los recursos legales que correspondan en los asuntos que intervenga, así como representar a la Contraloría Interna en los recursos legales y ante las autoridades jurisdiccionales locales o federales.

Sección QuintaServicio Civil de Carrera

Artículo 84.

1. El Estatuto para la organización y funcionamiento de las Secretarías y de los servicios de carrera, por lo menos deberá contener:

a) La estructura de cada una de las Secretarías y sus relaciones de mando y supervisión; y

b) Las tareas de las direcciones, oficinas, centros y unidades de la Cámara que integran los servicios de carrera.

Artículo 85.

1. Las normas y los procedimientos para la conformación de los servicios parlamentario y administrativo y financiero de carrera, se ajustarán a las siguientes bases:

a) Los sistemas de la Función Legislativa y de la Función Administrativa se integran por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica de la Cámara. Los niveles o rangos permiten la promoción de los miembros titulares de los sistemas, en los cuales se desarrolla su carrera, de manera que puedan colaborar con la Cámara en su conjunto y no exclusiva ni permanentemente en algún cargo o puesto;

b) Para el ingreso a los sistemas se deberán acreditar los requisitos que señale el Estatuto y haber cumplido con los cursos que imparta la Unidad de Capacitación y Formación Permanente;

c) Los nombramientos de los titulares de los servicios parlamentario y administrativo y financiero en un nivel o rango de un Cuerpo para ocupar un cargo o puesto, se regularán por las disposiciones del Estatuto; y

d) La permanencia y promoción de los funcionarios se sujetará a la acreditación de los exámenes de los programas de actualización y especialización que imparta la Unidad, así como a los resultados de la evaluación anual que se realice en los términos que establezca el Estatuto.

2. Las condiciones de trabajo y los sistemas de adscripción, movimientos a los cargos, compensaciones adicionales por el desempeño de un cargo y remociones, así como las demás disposiciones necesarias para la organización y adecuado desempeño de los servicios de carrera de la Cámara, se desarrollarán en el Estatuto.

3. Los integrantes de los dos servicios de carrera serán considerados trabajadores de confianza, y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, por esta ley y por el Estatuto. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, se celebrarán los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 86.

1. La Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentario y administrativo y financiero de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de la formación, actualización y especialización de los candidatos a ingresar y de los funcionarios de carrera en ambas ramas, de conformidad con el Estatuto respectivo. La Unidad está a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto del Servicio de Carrera y se estructura con las oficinas que se requieran.

Sección SextaCoordinación de Comunicación Social

Artículo 87.

1. La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comunicación, y es responsable del programa de publicaciones. La Coordinación depende de la Presidencia de la Mesa Directiva. Su organización y funciones, así como la designación de su titular y del personal que la integre, se rige por lo dispuesto en el Estatuto.

2. La Coordinación construirá una política unitaria y congruente con la Coordinación de Comunicación Social de la colegisladora en materia de la publicidad de las nuevas leyes y decretos, las cuales se darán a conocer una vez que se ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. La Coordinación privilegiará la difusión de las actividades de la Cámara de Diputados y del Congreso en general, a través de todos los medios digitales a su alcance, teniendo como propósito fundamental, la difusión y la interacción con la ciudadanía, siguiendo los principios de Parlamento Abierto, a través de plataformas y portales interactivos.

Título TerceroDe la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores Capítulo PrimeroDe la Sesión Constitutiva de la Cámara

Artículo 88.

1. En el año de la elección para la renovación de la Cámara, el Secretario General de Servicios Parlamentarios:

a) Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a los senadores electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de senadores;

b) Entregará, en el año en que dé inicio el periodo presidencial conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 20 y hasta el 28 de julio, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;

c) Entregará la documentación descrita en el inciso anterior a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, cuando no se trate del año en que dé inicio el periodo presidencial;

d) Preparará la lista de los senadores electos a la nueva Legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara; y

e) Elaborará la relación de los integrantes de la Legislatura que con anterioridad hayan ocupado el cargo de legislador federal, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad.

2. Los senadores electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de validez de mayoría y de primera minoría, así como los senadores electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre; excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se reunirán el 29 de julio a las 11:00 horas, con el objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de agosto.

3. El Secretario General de Servicios Parlamentarios notificará a los integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para la celebración de la sesión constitutiva, al momento de entregar las credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en el Diario Oficial de la Federación y en los medios impresos de mayor circulación en la República en torno al contenido de dicha disposición.

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de validez de mayoría y de primera minoría o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de julio o el 28 de agosto conforme lo dispuesto en los incisos b y c del numeral 1 del presente artículo, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) La denominación del Grupo Parlamentario;

b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y

c) El nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario.

Artículo 89.

1. Exclusivamente para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, constituida por un Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.

2. La Mesa de Decanos se integra por los senadores electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad.

3. Si ningún integrante se hubiese desempeñado anteriormente como Senador se acudirá a la mayor antigüedad como diputado federal y en su defecto, como diputado local.

4. El Senador o Senadora electa que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Igual criterio se seguirá para los vicepresidentes y secretarios, sucesivamente. Si ningún Senador o Senadora tuviere antigüedad parlamentaria la Mesa de Decanos se formará por orden decreciente de edad.

5. Presentes los senadores electos en el Salón de Sesiones para la celebración de la sesión constitutiva, el Secretario General de Servicios Parlamentarios informará que cuenta con la documentación relativa a los senadores electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos; y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.

6. El Presidente de la Mesa de los Decanos ordenará el pase de lista y la comprobación del quórum, y uno de los Secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: protesta constitucional del Presidente de la Mesa de Decanos; protesta constitucional de los senadores electos presentes; elección de los integrantes de la Mesa Directiva; declaración de la legal constitución de la Cámara; cita para sesión del Congreso General y designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.

7. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazo derecho extendido: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador a la (número ordinal) Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande”.

8. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie y el Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”. Los senadores electos responderán, con el brazo derecho extendido: “¡Sí protesto!”. El Presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, contestará: “Si no lo hacen así, que la Nación se los demande”.

9. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

10. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presídium, y los integrantes de ésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones.

11. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

12. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 90.

1. El presidente de la Mesa Directiva declarará constituida la Cámara de Senadores, mediante la siguiente fórmula: “La Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda; excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso deberá celebrarse el 1º de agosto, a las 17:00 horas.

3. Cumplido lo anterior, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno.

4. Una vez constituida la Cámara y para la celebración de las sesiones de apertura de Congreso General, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas correspondientes para las 10:00 horas de las fechas señaladas en los artículos 65 y 66 constitucionales.

5. Los senadores que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva en los términos de la fórmula prevista en esta ley.

6. Antes del inicio de cada año legislativo subsecuente, la Cámara de Senadores realizará, dentro de los 10 días anteriores a la apertura de sesiones, una junta previa para elegir a la Mesa Directiva.

Artículo 91.

1. En caso de que se realice uno o más periodos de sesiones extraordinarias durante el año legislativo, la Mesa Directiva electa para el año correspondiente, será la responsable de conducir dichas sesiones.

Capítulo SegundoDe la Mesa Directiva Sección PrimeraDe su integración, duración y elección

Artículo 92.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula.

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el Reglamento.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 93.

1. El Presidente de la Mesa Directiva será suplido en sus ausencias temporales por el Vicepresidente que corresponda de acuerdo al orden en que hayan sido electos.

2. En caso de ausencia de todos los vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá designar a alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones.

3. En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a una nueva elección en los términos del artículo 92 de esta Ley; los así electos concluirán el periodo de quien hubiese dejado la vacante.

Artículo 94.

1. En caso de que se realice uno o más periodos de sesiones extraordinarias durante el año legislativo, en dichos periodos actuará la Mesa Directiva electa para el año correspondiente.

Artículo 95.

1. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por transgredir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Cámara. Para ello se requiere que algún senador presente moción, que se adhieran a ella por lo menos cinco senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras partes de los miembros presentes, después de que se someta a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta tres Senadores en pro y tres en contra.

2. La remoción a que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos definitivos y se procederá a la designación del nuevo integrante de la Mesa Directiva, mediante el mecanismo previsto en esta Ley.

Sección SegundaDe sus Facultades

Artículo 96.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente;

b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;

c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter de preferente para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;

h) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;

i) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;

k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;

l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

2. Las facultades que se precisan en los incisos a), d), e), f), g), h) y l), serán ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva.

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.

Sección TerceraDe su Presidente

Artículo 97.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno;

b) Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer en aquellos con que se dé cuenta a la Cámara;

c) Conducir los debates y aplicar el Reglamento correspondiente;

d) Firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara;

e) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones oficiales de la Cámara;

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e),

del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra Comisión;

h) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;

i) Solicitar el uso de la fuerza pública en los términos establecidos en esta ley;

j) Requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, en su caso, las medidas y sanciones procedentes conforme a lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

k) Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las unidades administrativas y el Centro de Capacitación y Formación Permanente del servicio civil de carrera, con objeto de asegurar su buen desempeño y acordar con sus titulares los asuntos de su competencia. El Presidente de la Mesa Directiva, podrá delegar en los vicepresidentes y secretarios el ejercicio de la facultad establecida en el presente inciso, señalando expresamente, e informando al Pleno, a cuál de los integrantes de la Mesa Directiva le corresponde la función delegada;

l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;

m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

n) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

o) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

2. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a las comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada las comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta; y

e) Inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar, incluir el asunto en el Orden del Día para su discusión y votación.

Artículo 98.

1. El Presidente de la Cámara estará subordinado en sus decisiones al voto del Pleno. Este voto será consultado cuando lo solicite algún senador, en cuyo caso se requerirá que al menos cinco senadores se adhieran a dicha solicitud. El trámite para que el Pleno resuelva acerca de la misma será establecido en el Reglamento.

Sección CuartaDe los Vicepresidentes y de los Secretarios

Artículo 99.

1. Los Vicepresidentes asisten al Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones y lo sustituyen en sus ausencias temporales.

Artículo 100.

1. Los Secretarios de la Cámara, con el apoyo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, asisten al Presidente de la Cámara en los actos relacionados con la conducción de las sesiones ordinarias del Pleno y tendrán las siguientes atribuciones:

a) Pasar lista de asistencia de los Senadores al inicio de las sesiones para verificar que existe el quórum constitucional;

b) Desahogar los trámites legislativos que les correspondan;

c) Firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la Cámara, y en su caso por el Congreso, así como los demás acuerdos de la propia Cámara;

d) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente de la Mesa Directiva;

e) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva;

f) Presentar al Pleno en la primera sesión de cada mes, una relación de los asuntos turnados a las Comisiones, dando cuenta de los casos que hayan sido o no despachados;

g) Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por el Pleno, y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo;

h) Cuidar que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente. Las actas de cada sesión contendrán el nombre del senador que la presida, la hora de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior y una relación nominal de los senadores presentes y los ausentes, con permiso o sin él, así como una relación sucinta, ordenada y clara de cuanto se tratare y resolviere en las sesiones, expresando nominalmente las personas que hayan hablado en pro y en contra, evitando toda calificación de los discursos o exposiciones y proyectos de Ley. Al margen de las actas se anotarán los asuntos de que se trate;

i) Leer los documentos listados en el orden del día;

j) Distribuir las iniciativas y dictámenes que vayan a ser objeto de discusión o votación, con la oportunidad debida;

k) Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos y asentar los trámites y resoluciones;

l) Vigilar la impresión del Diario de Debates, y

m) Las demás que les atribuyan esta Ley, los ordenamientos relativos a la actividad legislativa o que les confiera el Presidente de la Cámara.

2. El pase de lista, la verificación del quórum y las votaciones nominales de leyes o decretos podrán realizarse a través de medios electrónicos.

Capítulo TerceroDe los Grupos Parlamentarios

Artículo 101.

1. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes.

Artículo 102.

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de cinco senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara.

2. Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos mediante la presentación al Secretario General de Servicios Parlamentarios de los siguientes documentos:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes;

b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directivas; y

c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes.

Artículo 103.

1. Los grupos parlamentarios deberán entregar los documentos referidos en el artículo precedente, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección. El Presidente de la Mesa Directiva formulará, en su caso, la declaratoria de constitución de cada grupo parlamentario en la primera sesión ordinaria del Pleno. El grupo parlamentario ejercerá desde ese momento las funciones previstas por esta Ley, y las demás que les atribuyan los ordenamientos relacionados con la actividad parlamentaria.

Artículo 104.

1. El Coordinador del grupo parlamentario será su representante para todos los efectos y, en tal carácter, promoverá los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y participará con voz y voto en la Junta de Coordinación Política; asimismo, ejercerá las prerrogativas y derechos que este ordenamiento otorga a los grupos parlamentarios.

Artículo 105.

1. El Coordinador del grupo parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones de los coordinadores, el Secretario General de Servicios Parlamentarios llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones.

Artículo 106.

1. Los grupos alientan la cohesión de sus integrantes para el mejor desempeño y cumplimiento de sus objetivos de representación política.

Artículo 107.

1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara.

Artículo 108.

1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

Artículo 109.

1. La ocupación de los espacios y los escaños en el salón de sesiones se hará de forma que los integrantes de cada grupo parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los grupos estará a cargo del Presidente de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los grupos podrán formular propuestas de ubicación. En todo caso, el Presidente resolverá con base en el número de integrantes de cada grupo, en orden decreciente, el número de grupos conformados y las características del salón de sesiones.

Capítulo CuartoDe la Junta de Coordinación Política Sección Primera De su integración

Artículo 110.

1. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

Artículo 111.

1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura. En su ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador que lo represente.

2. La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, conforme al número de senadores con que cuente cada uno de sus respectivos grupos respecto del total de la Cámara.

3. Los grupos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente a quienes los representen en la Junta de Coordinación Política, mediante el acuerdo firmado por la mayoría de sus integrantes, que se comunicará formalmente a la Mesa Directiva.

4. Será Presidente de la Junta de Coordinación Política por el término de una legislatura el coordinador del grupo parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta.

5. Si al iniciar la legislatura ningún coordinador cuenta con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta, la Presidencia de ésta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los grupos parlamentarios que cuenten con un número de senadores que representen, al menos, el 25 por ciento del total de la Cámara. El orden anual para presidir la Junta será determinado por el coordinador del grupo parlamentario de mayor número de senadores.

6. El Presidente de la Junta nombrará a un Secretario Técnico, quien será responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes de la Cámara.

Sección SegundaDe sus Atribuciones

Artículo 112.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

b) Presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos con turno a comisión, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma;

c) Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas, así como a los senadores que integrarán la Comisión Permanente;

d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad;

e) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos;

f) Proponer al Presidente de la Mesa Directiva a los senadores que integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de carácter internacional, y comunicarlo a la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria, y

g) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento.

Artículo 113.

1. La Junta de Coordinación Política sesionará, por lo menos, una vez a la semana durante los periodos de sesiones, y al menos una vez al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa convocatoria, los integrantes de las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los funcionarios de la Cámara, siempre que se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previamente conocimiento al Presidente del Senado.

Sección TerceraDe las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política

Artículo 114.

1. Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las siguientes atribuciones:

a) Promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado desahogo de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones;

b) Proponer a la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario del mismo;

c) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta;

d) Representar a la Junta, en el ámbito de su competencia, ante los órganos de la propia Cámara y coordinar sus reuniones; y

e) Las demás que deriven de esta Ley y del Reglamento.

Capítulo SextoDe las Facultades Exclusivas, Constitucionales y Legales Propias de la Cámara de Senadores

Artículo 115.

1. La Cámara de Senadores ejerce las facultades exclusivas que le confieren los artículos 76, 77 y demás relativos de la Constitución y las leyes, mediante decretos, resoluciones o acuerdos y previa solicitud, propuesta o comunicación que presentan los sujetos constitucional y legalmente facultados para ello.

Artículo 116.

1. Conforme a la fracción I, del artículo 76 de la Constitución, a la Cámara de Senadores le corresponde analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal atendiendo al cumplimiento de los principios normativos de la política exterior que señala el artículo 89, fracción X, de la Constitución, y a los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y con base en las aportaciones de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 117.

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, el Senado aprueba los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos atendiendo al procedimiento correspondiente.

2. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las comisiones deberán cuidar el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales.

Artículo 118.

1. Corresponde a la Cámara de Senadores:

a) La aprobación o ratificación por mayoría calificada de los siguientes nombramientos del Presidente de la República:

I. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

II. Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México;

III. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

IV. Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales;

V. Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones;

VI. Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica;

VII. Comisionados del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

VIII. Comisionados del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.

b) Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el voto de las dos terceras partes de los presentes, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que el mismo funcionario someta a su consideración;

c) La aprobación o ratificación por mayoría calificada de los nombramientos que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Magistrados Electorales que integren las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

d) Designar a dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal;

e) Al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrantes de su Consejo Consultivo;

f) Magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios.

2. Los procesos de designación anteriormente señalados en el presente artículo se harán conforme a las normas y procedimientos específicos del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Artículo 119.

1. La Cámara de Senadores integrará la lista de candidatos a Fiscal General de la República, nombrará a dicho servidor y formulará objeción a la remoción que del mismo haga el titular del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de la Constitución.

2. La Cámara observará lo establecido en cuanto al procedimiento, los términos y requisitos del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la designación y remoción de los titulares de las Fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

Artículo 120.

1.Corresponde a la Cámara de Senadores la aprobación o ratificación de:

a) Ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales;

b) Empleados Superiores de Hacienda;

c) Coroneles y demás jefes superiores del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, así como los grados equivalentes en la Armada;

d) Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

e) Los demás que deriven de las leyes secundarias del orden jurídico nacional.

2. Convocar a la integración del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos de la ley de la materia.

Para realizar la aprobación o ratificación de los nombramientos anteriores se estará a lo dispuesto a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Artículo 121.

1. En caso de que el Presidente de la República opte por un gobierno de coalición se estará a lo dispuesto en los artículos 76 fracción II y 89 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Senadores podrá ratificar los nombramientos de todos los secretarios de despacho hechos por el Presidente, salvo los de Defensa Nacional y Marina.

Artículo 122.

1. Son facultades de la Cámara de Senadores:

a) Autorizar la salida de tropas nacionales fuera del territorio, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas nacionales.

b) Dar consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria.

En ambos casos, se estará a lo dispuesto por las leyes de la materia y el procedimiento que establezca el Reglamento de la Cámara.

Artículo 123.

1. La Cámara de Senadores podrá ejercer la facultad que le otorga la fracción V del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes en las entidades federativas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria de dicho ordenamiento y de manera supletoria por el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Artículo 124.

1. Corresponde a la Cámara de Senadores aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo y en los términos que disponga la ley respectiva.

Artículo 125.

1. Corresponde a la Cámara de Senadores la autorización de convenios amistosos sobre límites territoriales entre entidades federativas se hará por decreto aprobado por dos terceras partes de los presentes, y se estará a lo dispuesto en los artículos 46 y 76, fracción X de la Constitución, la ley reglamentaria y el Reglamento.

Artículo 126.

1. Cuando el Senado se erija como Jurado de Sentencia para conocer en juicio político, conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución, el procedimiento a seguir es el establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de manera supletoria el del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Capítulo SéptimoDe las Comisiones y los Comités Sección PrimeraDe las Comisiones

Artículo 127.

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Las comisiones serán:

a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b) Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c) De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

Artículo 128.

1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. Acatarán los plazos para dictamen que establezca el reglamento.

Artículo 129.

1. Cuando lo determine la Cámara, con apego a la Constitución y a las leyes, se nombrarán comisiones con carácter temporal para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico.

Artículo 130.

1. La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las otras comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente.

Artículo 131.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. Administración;

II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales;

V. Comercio y Fomento Industrial;

VI. Comunicaciones y Transportes;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Social;

X. De la Ciudad de México (en régimen transitorio)

XI. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XII. Energía;

XIII. Estudios Legislativos;

XIV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XV. Gobernación;

XVI. Hacienda y Crédito Público;

XVII. Jurisdiccional;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medalla Belisario Domínguez;

XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXII. Para la Igualdad de Género

XXIII. Puntos Constitucionales;

XXIV. Reforma Agraria;

XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVI. Relaciones Exteriores;

XXVII. Salud y Seguridad Social;

XXVIII. Seguridad Pública;

XXIX. Trabajo y Previsión Social, y

XXX. Turismo.

Artículo 132.

1. Las Comisiones contarán con un presidente y dos secretarios.

2. Durante su encargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara, no formarán parte de ninguna comisión ordinaria o especial.

3. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

4. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por la mayoría de los senadores que las integren. Si

alguno o algunos de ellos disienten del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito voto particular.

5. La Cámara podrá subdividir en subcomisiones o en secciones las comisiones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.

Artículo 133.

1. Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo.

Artículo 134.

1. Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República.

4. Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.

5. Las comisiones pueden reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes.

6. La conferencia de comisiones deberá celebrarse con la anticipación necesaria que permita la adecuada resolución del asunto que las convoca.

Artículo 135.

1. La Comisión de Administración presentará al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, para su aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los senadores, los sueldos de los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara, dando cuenta del ejercicio correspondiente al mes anterior.

2. Durante los recesos del Congreso, los presupuestos serán presentados a la Comisión Permanente para el mismo efecto.

Artículo 136.

1. De acuerdo con el decreto que crea la medalla de honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República y su Reglamento, la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne en el mes de octubre de cada año, para imponerla al ciudadano que haya sido seleccionado.

2. A la sesión solemne se invitará al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine.

Artículo 137.

1. De acuerdo con el Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que otorga el Senado, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El Senado de la República celebrará sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que haya sido acreedora al mismo por su destacada labor en el reconocimiento, defensa, protección, ejercicio e investigación de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en nuestro país.

b) A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los Organismos Públicos y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país.

Artículo 138.

1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 8 Senadores y un máximo de 12, con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios.

Artículo 139.

1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales, de dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los organismos constituidos en virtud de esta Ley, y aquellas que se refieran al protocolo.

Artículo 140.

1. El Reglamento establecerá los procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de las comisiones y los asuntos que por su naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ellas mismas.

Sección SegundaDe su Integración

Artículo 141.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno.

4. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno podrá constituir “grupos de amistad” para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. La Junta comunicará de integración de los grupos de amistad a la Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria.

Sección TerceraDe su Organización

Artículo 142.

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar a ellas por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el Presidente de la comisión correspondiente.

2. Los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de provisional, previa solicitud de la Junta.

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio físico necesario para su trabajo y para la celebración de sus reuniones plenarias. Por conducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y registro de las actas de sus reuniones. En todo caso, las comisiones ordinarias contarán con un Secretario Técnico.

4. No habrá retribución extraordinaria alguna por las tareas que los senadores realicen como integrantes de las comisiones.

Sección CuartaDe los Comités

Artículo 143.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación.

2. Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, y para brindar el apoyo técnico necesario que les garantice lograr una exitosa participación en el Parlamento Abierto y en la elaboración de Iniciativas Ciudadanas, se formará el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana.

3. Para efectos de consulta y opinión en materia política y legislativa, se integrará el Comité de Decanos que atenderá las solicitudes que le requieran la Junta de Coordinación Política y los órganos legislativos. Este Comité estará constituido por los senadores que integren la Mesa de Decanos, conservando la composición y estructura jerárquica.

Capítulo OctavoDe la Organización Técnica y Administrativa

Artículo 143.

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:

a) Una Secretaría General de Servicios Parlamentarios;

b) Una Secretaría General de Servicios Administrativos, de la que dependerá la Tesorería de la Cámara, y

c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa Directiva, las que dependerán de ésta.

d) Se crea la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República. La Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República, además, contará con la estructura administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 144.

1. Los titulares de las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios, así como de la Tesorería de la Cámara, serán propuestos por la Mesa Directiva al Pleno, y serán electos por mayoría de los senadores presentes. Durarán en sus cargos por toda la legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser removidos a propuesta de la Mesa Directiva, por causa grave, calificada por la mayoría absoluta de los senadores presentes en el Pleno.

Artículo 145.

1. Tanto el Secretario General de Servicios Parlamentarios, como el Secretario General de Servicios Administrativos y el Tesorero, tienen facultades para proponer, en el ámbito de su competencia, normas administrativas de carácter interno, las cuales tendrán que ser aprobadas por mayoría simple de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara.

Sección PrimeraDe la Secretaría General de Servicios Parlamentarios

Artículo 146.

1. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios tendrá las funciones siguientes:

a) Asistir a la Mesa Directiva durante el desarrollo de las sesiones del Pleno;

b) Recibir los documentos oficiales y de los particulares dirigidos a la Cámara, remitirlos desde luego a la Mesa Directiva y llevar un control de registro de los mismos;

c) Asistir a los Secretarios de la Cámara en la recepción de las votaciones del Pleno;

d) Auxiliar al Presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria en la elaboración del programa legislativo a desarrollar durante cada periodo de sesiones;

e) Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos por la Cámara y supervisar el correcto manejo del libro de leyes y decretos;

f) Llevar un registro de las resoluciones, acuerdos y dictámenes emitidos por la Mesa Directiva y las Comisiones de la Cámara, y garantizar su publicación en el Diario de los Debates o en los medios autorizados;

g) Desahogar las consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las comisiones, respecto a las iniciativas de ley o decreto que estén en proceso de Dictamen, con el apoyo de la unidad especializada correspondiente; y

h) Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento, y de los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara.

Sección SegundaDe la Secretaría General de Servicios Administrativos

Artículo 147.

1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Encabezar y dirigir los servicios administrativos, a fin de que éstos se desempeñen con eficacia;

b) Conducir las relaciones de trabajo establecidas con el personal de base de la Cámara; y

c) Administrar los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales, de informática, jurídicos y de seguridad de la Cámara.

Sección TerceraContraloría Interna y Tesorería

Artículo 148.

1. La Tesorería de la Cámara tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir de la Tesorería de la Federación los fondos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, conforme al calendario de ministraciones aprobado;

b) Aplicar los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara y del Pleno, relativos a la aplicación de las partidas del presupuesto de egresos de la Cámara;

c) Hacer los pagos de dietas y sueldos de los Senadores y servidores públicos de la Cámara y los demás autorizados en el presupuesto;

d) Opinar sobre los asuntos financieros de la Cámara;

e) Presentar mensualmente a la Comisión de Administración un informe de la aplicación de los recursos financieros de la Cámara;

f) Descontar de las cantidades que deba entregar como dietas a los Senadores, la suma que corresponda a los días que dejaren de asistir, conforme a la orden escrita del Presidente de la Cámara; y

g) Las demás que esta Ley, el Reglamento y los acuerdos de la Mesa Directiva le confieran.

2. El Tesorero al iniciar su cargo otorgará la fianza correspondiente para caucionar la Administración de los fondos del presupuesto de la Cámara.

Artículo 149.

1. La Cámara tendrá una contraloría interna, cuyo titular será designado por mayoría de los senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria. El contralor podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría de los senadores presentes en el Pleno.

2. Las ausencias temporales del contralor interno mayores de treinta días naturales, serán suplidas por el titular de la subcontraloría que corresponda, en el orden de prelación que señala el párrafo 2 del artículo 150 de esta Ley, quien fungirá como encargado del despacho.

3. En su caso, el encargado del despacho realizará las funciones que esta ley y demás ordenamientos aplicables determinen para el titular de la Contraloría Interna.

Artículo 150.

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral;

b) Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe semestral sobre el resultado de la auditoría al ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una vez aprobado, será remitido por el Presidente de la misma a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos legales conducentes;

c) Evaluar la gestión de las unidades de apoyo técnico, administrativo y parlamentario de la Cámara, para medir la eficiencia, eficacia, economía y calidad en su desempeño, así como los resultados e impacto de los programas y recursos ejercidos, presentando ante los órganos de gobierno correspondientes los informes de resultados;

d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal de los Servidores Púbicos;

e) Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos de la Cámara, establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal de los Servidores Púbicos;

f) Iniciar y desahogar los procedimientos administrativos derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal de los Servidores Púbicos; en contra de los servidores públicos de la Cámara por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, e imponer las sanciones correspondientes;

g) Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones;

h) Intervenir en los procesos licitatorios de la Cámara, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a la normatividad que la rige, respecto de la adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras públicas y enajenación de bienes muebles e inmuebles;

i) Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones que se presenten con motivo de los procesos licitatorios, en términos de la normatividad aplicable;

j) Participar conforme a sus atribuciones en los actos de entrega-recepción, así como en las actas administrativas en las que soliciten su intervención los órganos directivos, comisiones y comités del Senado, o las dependencias de la propia Cámara;

k) Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, cuando sean impugnadas ante los tribunales federales competentes;

l) Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los documentos que obren en sus archivos cuando así se requiera;

m) Emitir las normas administrativas internas, en el ámbito de sus atribuciones, que estime convenientes para regular su funcionamiento, las cuales deberán ser previamente sancionadas por la Mesa Directiva, y

n) Las demás que determine la Mesa Directiva.

2. La Contraloría Interna se auxiliará de las áreas que a continuación se enlistan, cuyas funciones se organizarán y desarrollarán en los ordenamientos administrativos y manuales correspondientes:

a) Subcontraloría de Auditoría;

b) Subcontraloría de Responsabilidades, Quejas y Denuncias;

c) Subcontraloría de Evaluación de la Gestión Administrativa;

d) Subcontraloría de Evaluación de la Gestión Parlamentaria, y

e) Coordinación de Auditoría a Grupos Parlamentarios.

3. Las resoluciones del contralor interno se darán a conocer previamente a la Mesa Directiva por conducto de su Presidente.

Sección CuartaDel Servicio Civil de Carrera

Artículo 151.

1. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo de la Cámara de Senadores, se instituye el servicio civil de carrera. Para tal propósito, la Cámara contará con un Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores públicos del Senado, dependiente de la Mesa Directiva, la que designará al titular de dicho Centro, el cual deberá cumplir los requisitos y ejercerá las atribuciones que establezca el Estatuto.

2. La Mesa Directiva elaborará el proyecto de Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado, que será aprobado por el Pleno.

Artículo 152.

1. Los miembros del Servicio Civil de Carrera serán considerados trabajadores de confianza, y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, por esta Ley, y por los ordenamientos respectivos. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, se celebrarán los convenios respectivos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sección QuintaCoordinación de Comunicación Social

Artículo 153.

1. La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comunicación, y es responsable del programa de publicaciones. La Coordinación depende de la Presidencia de la Mesa Directiva. Su organización y funciones, así como la designación de su titular y del personal que la integre, se rige por lo dispuesto en el Estatuto.

2. La Coordinación construirá una política unitaria y congruente con la Coordinación de Comunicación Social de la colegisladora en materia de la publicidad de las nuevas leyes y decretos, las cuales se darán a conocer una vez que se ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. La Coordinación privilegiará la difusión de las actividades de la Cámara de Senadores y del Congreso en general, a través de todos los medios digitales a su alcance, teniendo como propósito fundamental, la difusión y la interacción con la ciudadanía, siguiendo los principios de Parlamento Abierto, a través de plataformas y portales interactivos.

Título CuartoÓrganos e Instancias Bicamerales Capítulo PrimeroDe las Comisiones Bicamerales

Artículo 154.

1. Las comisiones bicamerales son las que se crean por acuerdo de ambas Cámaras con el objeto de organizar, dirigir y evaluar los servicios que el Congreso de la Unión presta al público por conducto de órganos especializados. Estas son:

a) Del Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso;

b) Del Sistema de Bibliotecas del Congreso;

c) De Disciplina Financiera;

d) De Diplomacia Parlamentaria, y

e) De Seguridad Nacional.

Artículo 155.

1. La Comisión del Sistema Bicameral de Radio y Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso tiene como propósito la conducción de las actividades que desarrolla el Sistema específico para la difusión de los trabajos legislativos de cada Cámara; se integra por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara.

2. Está encargada de la conducción y del desarrollo de las actividades del Canal de televisión, de la Estación de Radio y de las tecnologías de la información y tiene la obligación de inspeccionar que la difusión de la labor legislativa de las Cámaras se realice respetando las siguientes directrices:

a) La forma en que se encuentra integrado el Congreso;

b) La manera en que se desarrolla el proceso legislativo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

c) La forma en la que se ejercen los mecanismos de control por parte de las Cámaras y la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y

d) La equidad y objetividad en la información del trabajo legislativo y en la difusión de los indicadores políticos, sociales y económicos que se generan en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, en el Instituto Belisario Domínguez y en las comisiones y comités de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.

3. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, a través de la Mesa Directiva en cada Cámara, la Comisión informará del desarrollo de sus actividades.

4. En las reuniones de la Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, con voz, pero sin voto, el Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del Canal copia del material transmitido a través del mismo.

7. La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicameral.

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en favor del titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice el Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos para tal efecto por la Comisión Bicameral.

Artículo 156.

1. La Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso se encarga de la conducción y supervisión de las tres unidades de información que lo integran.

2. Está integrada paritariamente por diputados y diputadas; y senadores y senadoras de los grupos parlamentarios que estén representados en ambas Cámaras, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de la respectiva Junta. La presidencia será rotativa de forma anual, alternándose un diputado o diputada y un senador o senadora.

3. La Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar su reglamento y expedir las bases técnicas del funcionamiento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, garantizando la aplicación y el desarrollo de las normas establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, en la Ley de Archivos, y en los principios del Parlamento Abierto;

b) Estructurar una Red Nacional de Información Legislativa;

c) Establecer convenios de colaboración con las bibliotecas, institutos y centros de investigación de las Legislaturas de los Entidades Federativas, las instituciones de educación superior públicas y privadas, nacionales y organismos internacionales;

d) Supervisar el cumplimiento del depósito legal, así como la distribución del material recibido dentro de las unidades que integra el sistema,

e) Aprobar la elaboración y publicación de la bibliografía nacional parlamentaria, y

f) Conformar, mantener, difundir y acrecentar los acervos bibliográficos, hemerográficos y de otro tipo; promover las plataformas digitales para generar acervos en línea, para la consulta abierta a la ciudadanía, para así contribuir al cumplimiento de las atribuciones propias de cada Cámara, de sus comisiones y de sus legisladores y legisladoras. Los acervos tendrán carácter público.

Artículo 157.

1. La Comisión Bicameral de Disciplina Financiera estará integrada por ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y cuatro de la comisión de Hacienda y Crédito Público o de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de esta comisión se ejercerá de manera alternada por un diputado y un senador con una periodicidad de un año.

2. Esta Comisión analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, podrá emitir observaciones en los casos de endeudamiento elevado en alguna de las Entidades Federativas y emitirá observaciones de acuerdo a los plazos y procedimientos que establece la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Artículo 158.

1. La Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria estará integrada por tres senadoras y senadores y por tres diputados y diputadas. Los Presidentes de las cámaras del Congreso presidirán alternadamente por periodos de seis meses la Comisión. Podrán delegar su función a algún integrante de esta Comisión, por consenso de los demás.

2. Las y los integrantes de esta Comisión serán electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación.

3. La Comisión Bicameral de Diplomacia Parlamentaria tendrá, una relación institucional y Permanente con entidades similares de todos los parlamentos del Mundo, y con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

4. La Comisión Bicameral deberá dar soporte documental y técnico a los legisladores y legisladoras representantes del Congreso mexicano, ante representaciones diplomáticas permanentes y temporales de los parlamentos del mundo.

5. A propuesta de la Juntas de Coordinación de ambas cámaras, designará a los legisladores y legisladoras que integren las delegaciones que participen en las actividades derivadas de la diplomacia parlamentaria, en los organismos bilaterales y multilaterales, temporales y permanentes, quienes tendrán que cumplir sus funciones con constancia, profesionalismo y dignidad, y tendrán que presentar informes puntuales sobres sus actividades en estas instancias a esta Comisión Bicameral.

6. A propuesta de las Juntas de Coordinación, el Pleno de cada Cámara aprobará la integración de los “grupos de amistad” para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente para cada legislatura.

7. La Comisión Bicameral contará con personal técnico capacitado del servicio civil de carrera del Congreso para dar seguimiento y apoyo técnico calificado a las actividades de diplomacia parlamentaria que desarrollen las y los legisladores en todo el mundo.

8. La Comisión Bicameral deberá resguardar y clasificar la información y documentación que genere la Diplomacia Parlamentaria, incluidos acuerdos, actas e informes, para constituir un acervo que retroalimentará esta actividad internacional.

Artículo 159.

1. La Comisión de Seguridad Nacional estará integrada por tres senadoras y senadores y por tres diputados y diputadas. La Presidencia de la Comisión será rotativa anual y recaerá alternadamente en un senador o senadora y en un diputado o diputada.

2. Las y los integrantes de esta Comisión serán electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación de cada Cámara.

3. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tendrá, además, las atribuciones que le otorga la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

Capítulo SegundoDe las Reuniones en Conferencia

Artículo 160.

1. Las Conferencias para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados y el órgano de gobierno competente de la Cámara de Senadores se reunirán cuando menos una vez por mes para deliberar en torno a las prioridades legislativas de cada cámara de acuerdo a las agendas registradas por cada grupo parlamentario en cada periodo legislativo, a fin de agilizar los procesos legislativos correspondientes al trámite de presentación, deliberación y análisis y dictaminación de las iniciativas que sean prioritarias para los grupos parlamentarios y que generen consenso. Para ello, se impulsará el trabajo en conferencia de las comisiones dictaminadoras de cada cámara, a fin de acelerar el proceso legislativo de los temas sustantivos de cada periodo ordinario, incluidos en éstos, las iniciativas preferentes.

Artículo 161.

1. Las comisiones pueden celebrar reuniones en Conferencia con las comisiones homólogas de la colegisladora para agilizar el desahogo de algún proyecto de ley o decreto u otro asunto de su competencia.

2. En la Cámara de origen, el Presidente o Presidenta de la Comisión dictaminadora, previo acuerdo de sus integrantes, puede invitar a reunión al o los presidentes o presidentas de las comisiones competentes de la colegisladora, y a sus integrantes para que asistan a deliberar en Conferencia, previo aviso a la Mesa Directiva.

3. La reunión en Conferencia que se realice en cualquiera de las Cámaras debe ser conducida por la legisladora o legislador Presidente de la Comisión respectiva de la Cámara de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara que corresponda, otorgando a los legisladores y legisladoras todas las atenciones y prerrogativas que les confieren la Constitución, esta Ley y el Reglamento.

4. Las comisiones de cada Cámara, que realicen reuniones en Conferencia, deben rendir un informe final de los trabajos realizados en estas reuniones, a través de su Presidente o Presidenta, el cual se debe dirigir a los órganos competentes de cada Cámara.

Título QuintoDe la Comisión Permanente

Artículo 162.

1. La Comisión Permanente es el órgano legislativo que, durante los recesos de las Cámaras del Congreso de la Unión, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 163.

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete integrantes, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus integrantes en ejercicio el mismo número de sustitutos.

2. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara de Senadores.

Artículo 164.

1. El mismo día en que las Cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los diputados y senadores que hubieren sido nombrados como integrantes de la Comisión Permanente, se reunirán a efecto de elegir a su Mesa Directiva en el recinto que corresponda conforme al artículo anterior.

2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, deberá elegirse conforme al siguiente procedimiento:

a) Los Diputados y Senadores se reunirán bajo la Presidencia provisional de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos, o de éstos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales.

b) Para su auxilio, el Presidente provisional designará a dos Secretarios.

c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un Presidente, dos Vicepresidentes, uno deberá ser diputado y otro senador, y cuatro Secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores.

Artículo 165.

1. El Presidente de cada cámara será elegido presidente de la Comisión Permanente. El de la Cámara de Diputados lo será para el primer receso y el de la Cámara de Senadores lo será para el segundo receso del año de ejercicio.

Artículo 166.

1. Llevada a cabo la elección de la Mesa Directiva, los electos tomarán desde luego posesión de sus cargos, y el Presidente declarará instalada la Comisión Permanente comunicándolo así a quien corresponda.

Artículo 167.

1. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y a las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del Presidente.

2. La Comisión Permanente observará los principios de Parlamento Abierto, y desarrollará los instrumentos digitales necesarios en sus portales para la interacción cotidiana entre los legisladores y la ciudadanía; de igual forma, se tramitarán de manera expedita las solicitudes para la participación presencial de la ciudadanía en torno a los temas de interés en las comisiones de trabajo.

Artículo 168.

1. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda.

2. Cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos, se ordenará su inserción en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la cual tendrá un espacio en el portal digital de la Cámara que funja como sede; se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso, y se turnarán de inmediato a las comisiones de la Cámara a que vayan dirigidas, para su análisis y dictamen.

3. Cuando se trate de ratificación de nombramientos que haga el Presidente de la República, se harán los procedimientos que indican los reglamentos de cada Cámara y de esta Ley, tanto en comisiones como en el Pleno, en donde se tomarán las votaciones correspondientes en el tablero electrónico.

Artículo 169.

1. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes, salvo en los casos que se exija, por mandato constitucional, legal o reglamentario, una mayoría calificada.

Artículo 170.

1. La Comisión Permanente no suspenderá sus trabajos durante los periodos extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se haya convocado el periodo extraordinario respectivo.

Artículo 171.

1. En los supuestos de falta absoluta del Presidente de la República, la Comisión Permanente convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias a las Cámaras del Congreso para que se constituyan en Colegio Electoral, y nombre un presidente interino o substituto, según corresponda, en los términos de los artículos 84 y 85 de la Constitución.

Artículo 172.

1. Si el Congreso de la Unión, se halla reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre la falta absoluta del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso pueda constituirse en Colegio Electoral y proceder conforme a lo que establece el artículo 84 constitucional.

Artículo 173.

1. La Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los asuntos de su competencia. Una para asuntos de política interior y exterior; otra para asuntos de política económica, financiera y sustentable, y otra para política social.

Artículo 174.

1. La Comisión Permanente será un espacio para el debate político libre sobre la agenda nacional y para el diálogo permanente con servidores públicos en reuniones de trabajo, tanto en el pleno como en comisiones. Se procesarán proposiciones y pronunciamientos no legislativos, en el pleno y en comisiones y las iniciativas preferentemente se turnarán a las comisiones de dictamen de cada cámara, para su atención inmediata.

Artículo 175.

1. La Comisión Permanente realizará el cómputo final y la Declaratoria de las adiciones o reformas constitucionales aprobadas. La Declaratoria Constitucional será abordada en un punto específico del Orden del Día de la Sesión de la Cámara de Origen. En él, la secretaría de la Mesa Directiva dará cuenta del cómputo de los votos que se hayan recibido de las legislaturas locales que integran el Constituyente Permanente. Acto seguido todos los grupos parlamentarios que así lo soliciten harán un posicionamiento en relación a la reforma constitucional en cuestión. Al terminar, el Presidente de la Mesa Directiva, solicitará a los presentes, ponerse de pie, y hará la declaratoria formal de la aprobación de la reforma constitucional de que se trate. Finalmente, el ordenará su envío al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 176.

1. Durante los recesos del Congreso, se presentarán a la Comisión Permanente, para su examen y su aprobación, los presupuestos de dietas, sueldos y gastos de las respectivas Cámaras, conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley.

Artículo 177.

1. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio en cada periodo, deberá tener formados dos inventarios, uno para la Cámara de Diputados y otro para la de Senadores. Dichos inventarios se turnarán a las Secretarías de las respectivas Cámaras y contendrán las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso.

Título SextoProcedimientos Legislativos Extraordinarios Capítulo ÚnicoDe la Iniciativa Preferente

Artículo 178.

1. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

2. La iniciativa referida en el numeral anterior, conservará su carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución.

Artículo 179.

1. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.

2. La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.

Artículo 180.

1. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.

2. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese carácter, se observará lo siguiente:

a) La Cámara de origen deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

b) El plazo a que se refiere el numeral anterior será improrrogable.

c) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución.

III. El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara de origen, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72 de la Constitución.

d) La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia a fin de agilizar el análisis y dictamen de las iniciativas con carácter preferente, en cualquier etapa del proceso legislativo.

Artículo 181.

1. Para las minutas sobre iniciativas preferentes aprobadas y remitidas a la Cámara revisora para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) El Presidente dará treinta días naturales a partir de la recepción del asunto por la Cámara revisora, para que la comisión o comisiones formulen el dictamen correspondiente;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución;

e) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución;

f) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución.

III. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente.

Artículo 182.

1. Para las minutas sobre iniciativas preferentes remitidas para los efectos de las fracciones D o E del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) La Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir de la recepción del asunto;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente;

e) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora, la cual deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

Título SéptimoParlamento Abierto Capítulo PrimeroDel Parlamento Abierto y del Acceso a la Información Pública

Artículo 183.

1. El Congreso de la Unión en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en posesión del Congreso, archivos y parlamento abierto, deberá atender los principios, bases generales y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de la materia.

2. El Congreso de la Unión impulsará la utilización de tecnologías de la información al interior de cada una de sus Cámaras y mediante su función legislativa, para la consecución de los objetivos y principios del Parlamento Abierto.

Artículo 184.

1. El Congreso de la Unión adoptará una política integral mediante la cual se generen mecanismos de consulta, participación, amplia colaboración y construcción conjunta con la ciudadanía en los procesos legislativos, que además garantice el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo, transparencia y apertura gubernamental del Congreso de la Unión, en cada una de sus Cámaras y en la Comisión Permanente.

2. Los Comités de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana en cada Cámara deberán orientar y atender las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, y también brindarán el apoyo técnico necesario que les garantice lograr una exitosa participación en el Parlamento Abierto, incluida la asesoría para la elaboración de Iniciativas Ciudadanas.

Artículo 185.

1. Serán principios rectores en el desempeño de las obligaciones derivadas del presente Título el de certeza, eficacia, imparcialidad, participación, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

2. Son sujetos obligados de la presente ley:

a) Legisladores y Legisladoras;

b) Mesas Directivas;

c) Grupos Parlamentarios;

d) Junta de Coordinación Parlamentaria de la Cámara de Diputados;

e) Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores;

f) Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

g) Comisiones;

h) Subcomisiones;

i) Comisiones Bicamerales, salvo la de Seguridad Nacional;

j) Comités;

k) Instituto de Investigación Parlamentaria;

l) Unidades para la Igualdad de Género:

m) Instituto Belisario Domínguez;

n) Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y

o) Todas las unidades administrativas.

3. Los sujetos responsables a documentar todo acto que derive de sus funciones legislativas administrativas o financieras:

a) La Secretaría General de la Cámara de Diputados;

b) La Secretaría de Servicios Parlamentarios de cada Cámara y las direcciones generales que las integran;

c) Las Secretarías de Servicios Administrativos y Financieros de cada Cámara y las direcciones generales que la integran, incluidas la Dirección General Finanzas de la Cámara de Diputados y la Tesorería de la Cámara de Senadores;

d) La Contraloría Interna de cada Cámara y las direcciones generales que la integran;

e) El Canal de Televisión del Congreso;

f) Toda otra unidad administrativa prevista en el Manual de Organización de cada Cámara o que sea creada por Acuerdo de sus Plenos u órganos de gobierno;

g) La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y

h) Toda persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos de la Cámara o realice actos de autoridad.

4. Cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión contará con un Comité de Transparencia, el cual regirá su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, en los términos previstos en la Ley General de Transparencia, esta Ley y en los Reglamentos de Transparencia de cada cámara.

5. Las Cámaras contarán con una Unidad de Transparencia, las cuales dependerán de sus Mesas Directivas y garantizarán que los sujetos obligados en materia de transparencia cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 186.

1. Los Grupos Parlamentarios deberán documentar, transparentar y publicar todo acto que derive de sus facultades, funciones o competencias en la Cámara, o bien que derive de sus reglas internas de operación y uso de los recursos públicos que les hayan sido asignados, así como de la normatividad del partido político al que pertenezcan y que incida en sus funciones.

Artículo 187.

1. Los sujetos obligados deberán:

a) Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, el uso de formatos accesibles y de la tecnología de la información;

b) Generar portales de acceso a la información sencillos, en donde esté disponible toda la información del quehacer legislativo, incluidos los micrositios de cada comisión, comité y grupo de trabajo de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente;

c) Transparentar su gestión mediante la difusión de la información oportuna, verificable, relevante e integral;

d) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño legislativo;

e) Consolidar la práctica del parlamento abierto;

f) Incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones legislativas y fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades del Congreso de la Unión;

g) Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la ley en la materia;

h) Informar al pleno de cada Cámara sobre las acciones y la instrumentación de la normatividad en la materia;

i) Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de transparencia y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional;

j) Difundir proactivamente información de interés público;

k) Consultar la opinión a pueblos indígenas sobre los asuntos de la agenda legislativa que sean de su interés, respetando su cosmovisión y sus formas de organización social.

l) Coadyuvar en la coordinación e implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del Congreso en la Plataforma Nacional de Transparencia, y

m) Las demás que resulten de la Ley General y de la normatividad aplicable.

Artículo 188.

1. En materia de protección de datos personales se observará lo que disponga la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Capítulo SegundoDe la Iniciativa Ciudadana

Artículo 189.

1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

2. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas, respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente.

Artículo 190.

1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá:

a) Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente.

La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.

Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique.

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma. En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano, siempre y cuando éste sea menor al 20% del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello al Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida la iniciativa;

c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones; y

d) Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Cuando la iniciativa no cumpla con los requisitos señalados en los incisos a), c) o d) el Presidente de la Cámara prevendrá a los proponentes para que subsane los errores u omisiones en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.

Artículo 191.

1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente procedimiento:

a) El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación de que haya sido suscrita en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva;

b) El Instituto Nacional Electoral contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para realizar la verificación a que se refiere el inciso anterior;

c) En el caso de que el Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del Instituto Nacional Electoral, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario; y

e) En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

Artículo 192.

1. En el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara, el Presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos, para que asista, acompañado por el número de personas que por acuerdo se autoricen, a una reunión de la comisión que corresponda, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta.

2. Las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado, no serán vinculantes para la comisión y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara respectiva.

3. El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que el representante no asista a la reunión a la que haya sido formalmente convocado.

4. El representante podrá asistir a las demás reuniones públicas de la comisión, acompañado por el número de personas que por acuerdo se autoricen, para conocer del desarrollo del proceso de dictamen y podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación.

Capítulo TerceroDe la difusión e información de las actividades del Congreso

Artículo 193.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras y la Comisión Permanente lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan.

Sección Primera Del Canal y de la Radio del Congreso

Artículo 194.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el órgano denominado “Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, y “otro denominado “Radio del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos” los cuales funcionarán con base en los permisos y las autorizaciones que les asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal de Televisión y de Radio del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tienen por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3. El Canal de Televisión y de Radio del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto.

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el Reglamento del Canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicameral.

4. Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión y de Radio del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.

Dichos recursos deberán ser aportados por cada Cámara en los términos que se determinen en el anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral para el funcionamiento del Canal.

Sección SegundaDel Diario de los Debates y de la Gaceta Parlamentaria

Artículo 195.

1. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” en el que se publicará

la fecha y lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del que presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura.

3. El Titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara, será responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y deberá remitirlos en su oportunidad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Archivos y los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

Artículo 196.

1. Cada Cámara también contará con una Gaceta Parlamentaria, como un órgano informativo, así como de la Comisión Permanente, para efectos de difusión y transparencia de sus actividades, cuyo propósito es publicar en medios físicos, pero fundamentalmente en medios digitales y en tiempo real, toda la información generada por los órganos parlamentarios, administrativos y de apoyo técnico, que incida en el trabajo sustantivo de cada Cámara.

2. La publicación, contenidos y difusión de la Gaceta estará regulada por los Reglamentos y su sitio electrónico oficial será responsabilidad de cada Cámara, observando criterios de compatibilidad entre éstos, así como facilidad para su consulta por parte de los ciudadanos.

3. La Gaceta de la Comisión Permanente estará regulada por esta ley y por el Reglamento de la Cámara sede de dicho órgano y se alojará en el sitio electrónico oficial de la misma.

4. La Gaceta deberá incorporar los siguientes contenidos:

I. Orden del día de las sesiones;

II. Convocatorias y orden del día de las reuniones de las comisiones y los comités;

III. Registro de asistencia e inasistencia de los legisladores y legisladoras a las sesiones del Pleno;

IV. Registro de asistencia e inasistencia de los legisladores y legisladoras a las reuniones de comisiones;

V. Solicitudes de licencias de los legisladores y legisladoras;

VI. Solicitudes de cambios de integrantes en las comisiones;

VII. Actas, informes, programas, resoluciones y acuerdos del Pleno, de la Conferencia, de la Junta, de la Mesa Directiva y de comisiones, comisiones bicamerales y comités;

VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en la Cámara, y las que se presenten en la Comisión Permanente y se turnen a las Cámaras;

IX. Observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal enviadas a la Cámara de origen;

X. Minutas enviadas a la Cámara;

XI. proyectos de Acuerdo Parlamentario, de punto de acuerdo, de proposiciones protocolarias, y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el Pleno, en las comisiones y en los comités;

XII. Declaratorias de publicidad de los dictámenes de las comisiones, así como de las iniciativas y minutas que pasan al Pleno por vencimiento de plazo;

XIII. Dictámenes aprobados en las comisiones y los votos particulares que sobre los mismos se presenten;

XIV. Dictámenes aprobados por el Pleno de la Cámara, antes de ser turnados a la Colegisladora, a las legislaturas de los estados o al Ejecutivo, según corresponda;

XV. Comunicaciones oficiales dirigidas a la Cámara que se presenten al Pleno;

XVI. Citatorios a las diversas actividades de las comisiones y comités, de los órganos de gobierno y entidades de la Cámara o, en su caso, de la Comisión Permanente;

XVII. proyectos de acuerdo, pronunciamientos, declaraciones y acuerdos internos de la Junta;

XVIII. Acuerdos y comunicados de la Conferencia;

XIX. Acuerdos de la Mesa Directiva;

XX. Información sobre la administración y los servicios de la Cámara;

XXI. Acuerdos que adopte la Comisión Permanente del Congreso;

XXII. Informes de las comisiones que en representación de la Cámara asistan a reuniones interparlamentarias de carácter mundial, regional o bilateral;

XXIII. Informes y documentos que disponga la Conferencia y la Junta;

XXIV. Todas las aclaraciones, correcciones o actualizaciones de los documentos publicados en la propia Gaceta, y que posteriormente hayan sido modificados para su registro en el Diario de Debates;

XXV. Todas las convocatorias de concursos de oposición para ocupar plazas en la Cámara, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XXVI. Prevenciones de la Presidencia por vencimiento de plazos y de prórrogas a las comisiones;

XXVII. Solicitudes de prórroga de las comisiones respecto al plazo para dictaminar;

XXVIII. Resoluciones de la Mesa Directiva a las solicitudes de prórroga;

XXIX. Iniciativas y minutas por vencimiento de plazos a discusión, y

XXX. Todos aquellos asuntos o labores de la Cámara, o de la Comisión Permanente que el Presidente considere relevantes para su difusión.

5. Su contenido se difundirá a través de los servicios electrónicos de información de las Cámaras y de la Comisión Permanente.

Título OctavoProcedimientos de Control Constitucional Capítulo PrimeroDe la Controversia Constitucional

Artículo 197.

1. Para la sustanciación de las facultades señaladas en el inciso c), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias constitucionales, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las o los legisladores que pretendan la interposición de una demanda de controversia constitucional deberán presentar solicitud por escrito, acompañada del proyecto de demanda ante la Junta de Coordinación respectiva,

b) La Junta respectiva deberá acordar y solicitar a la Mesa Directiva, que el Área Jurídica correspondiente, emita en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. Este plazo no se aplicará cuando este por vencerse el término constitucional para su formulación;

c) La Junta dará a conocer el proyecto de demanda anexando la opinión técnica, la cual deberá hacerse pública, en versión electrónica o impresa al menos setenta y dos horas antes de su discusión y votación en el Pleno, y

d) Si el Pleno aprueba su presentación, el Presidente deberá dar curso en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún caso tardará más de tres días después de haber sido votada.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Presidente de cada Cámara, podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso.

Capítulo SegundoDe la Acción de Constitucionalidad

Artículo 198.

1. De acuerdo con las facultades señaladas en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; y por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Senadores, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano

2. Para la sustanciación de las facultades señaladas en el numeral anterior se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las o los legisladores que pretendan la interposición de una acción de inconstitucionalidad deberán presentar solicitud por escrito, acompañada del proyecto de demanda y de las firmas que la respalden ante la Junta de Coordinación respectiva,

b) La Junta respectiva deberá acordar y solicitar a la Mesa Directiva, que el Área Jurídica correspondiente, emita en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. Este plazo no se aplicará cuando este por vencerse el término constitucional para su formulación.

Transitorios

Primero.El presente decreto será vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y con la expedición de esta Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abroga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Las disposiciones del artículo 2 numeral 2, en relación a las fechas para el cómputo de los años legislativos, entrarán en vigor el primero de agosto de 2024.

Tercero. Las disposiciones del artículo 7 relativas al informe del Presidente de la República entrarán en vigor una vez que se aprueben las reformas constitucionales propuestas al artículo 69, en relación al formato del Informe de gobierno, que han sido puestas a consideración de esta Cámara por varios legisladores en esta y en anteriores legislaturas.

Cuarto. Las disposiciones del numeral primero del artículo 8, en relación a la fecha en que el Presidente comenzará el ejercicio de su encargo, entrarán en vigor a partir del primero de octubre de 2024.

Quinto.Las disposiciones del numeral primero del artículo 9 entrarán en vigor a partir del primero de octubre de 2024. El primero de diciembre de 2018, año en el que inicia su mandato, el Presidente electo acudirá a Sesión del Congreso General para la ceremonia de la investidura presidencial.

Sexto.Las disposiciones del numeral 1 del artículo 55, entrarán en vigor el 1 de octubre de 2024, por lo que el Presidente de la República que comience su mandato el 1o. de diciembre de 2018 enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión, conforme lo establece el segundo transitorio de la ley en la materia.

Séptimo.Las comisiones ordinarias “De la Ciudad de México”, en ambas cámaras se integrarán en los términos de las demás comisiones ordinarias, pero una vez que se logren expedir la Ley de Capitalidad y la Ley de Coordinación Metropolitana, mandatos pendientes de la reforma constitucional al artículo 122, en materia de reforma política de la Ciudad de México, éstas quedarán disueltas.

Octavo.La Cámara de Diputados dispondrá de lo necesario para la creación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el cual se compondrá de los centros de estudio que existen actualmente.

Noveno.La Cámara de Diputados, a través de la Conferencia deberá disponer las acciones y medidas necesarias para regularizar y concluir el proceso de instrumentación del Servicio de Carrera de la Cámara, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Quinto transitorio del decreto por el que se expide el Reglamento de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de diciembre de 2010.

Décimo.Las dos Cámaras del Congreso dispondrán de todos los medios para desarrollar y consolidar de inmediato el Servicio Civil de Carrera.

Décimo Primero. La Cámara de Diputados dispondrá lo necesario para sustituir el Comité de Gestoría y Quejas con la creación del Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana.

Décimo Segundo.La Cámara de Senadores dispondrá lo necesario para crear el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana.

Décimo Tercero.La Cámara de Senadores dispondrá de lo necesario para la adscripción de la Coordinación de Comunicación Social a la Mesa Directiva de la Cámara.

Décimo Cuarto.La Comisión del Sistema Bicameral de Radio y Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso, dispondrá de todo lo necesario para desarrollar el sistema de radio y las tecnologías de información del Congreso.

Décimo Quinto.Habrá un plazo de 180 días para adecuar las leyes que sean necesarias y los reglamentos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estudios Parlamentarios. Revista de Política y Derecho Parlamentario, año 1, agosto-noviembre, 1992, pp.28-29.

2 Teniendo en consideración que la disposición constitucional cobrará vigencia en cuanto el Congreso expida la Ley de la Fiscalía.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Porfirio Muñoz Ledo, Adriana Lozano Rodríguez, Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Alejandro Mojica Toledo, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando González Escoto, Arturo Roberto Hernández Tapia, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Benjamín Saúl Huerta Corona, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Medel Palma, Carmen Mora García, Carolina García Aguilar, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Báez Ruiz, Clementina Marta Dekker Gómez, Dorheny García Cayetano, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Edgar Guzmán Valdéz, Elba Lorena Torres Díaz, Eleuterio Arrieta Sánchez, Ernesto Vargas Contreras, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Flor Ivone Morales Miranda, Flora Tania Cruz Santos, Francisco Javier Huacus Esquivel, Francisco Javier Saldivar Camacho, Geraldina Isabel Herrera Vega, Héctor Joel Villegas González, Idalia Reyes Miguel, Iran Santiago Manuel, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacobo David Cheja Alfaro, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jesús Salvador Minor Mora, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Argüelles Victorero, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Luis Montes Nieves, José de la Luz Sosa Salinas, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis García Duque, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martínez Flores, Juanita Guerra Mena, Julieta Kristal Vences Valencia, Julieta Macías Rábago, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lidia García Anaya, Lilia Villafuerte Zavala, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lizeth Sánchez García, Lorena Villavicencio Ayala, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Manuel Gómez Ventura, Manuel Huerta Martínez, Marco Antonio Andrade Zavala, Marco Antonio Medina Pérez, María Bertha Espinoza Segura, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Elizabeth Díaz García, María Guillermina Alvarado Moreno, María Isabel Alfaro Morales, María Marivel Solís Barrera, Maribel Martínez Ruiz, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mario Antonio Reyes Colín, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Patricia Ramírez Lucero, Martha Robles Ortiz, Miguel Alonso Riggs Baeza, Mónica Almeida López, Nayeli Salvatori Bojalil, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruíz, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rafael Hernández Villalpando, Raquel Bonilla Herrera, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Ricardo de la Peña Marshall, Rodrigo Calderón Salas, Rosalba Valencia Cruz, Rubén Cayetano García, Ruth Salinas Reyes, Samuel Calderón Medina, Sandra Paola González Castañeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Sergio Mayer Breton, Sonia Rocha Acosta, Valentín Reyes López, Víctor Adolfo Mojica Wences, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Zaira Ochoa Valdivia, Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de mejorar el monto del salario mínimo, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de mejorar el monto de salario mínimo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su labor y el cual nunca debe de ser menor al estipulado como el mínimo, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Este salario mínimo es la cantidad menor que puede pagarse a un trabajador por su trabajo en una jornada por la labor o servicios prestados, dentro de un lapso determinado bajo cualquier forma que sea calculado por hora o por rendimiento, y no puede disminuirse ni por acuerdo individual ni colectivo, está garantizado por ley y se fija para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales del país.

Con los salarios mínimos se pretende proteger a los sectores vulnerables de la población, establecer salarios equitativos, erigir un umbral de remuneración como base de la estructura salarial y como instrumento de política macroeconómica.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

La determinación del salario, fundamentos teóricos.

El nivel que el salario puede alcanzar en el mercado de trabajo dependerá de la libre interacción entre la oferta y la demanda de trabajo, y experimentarán cambios, de manera significativa, por las interferencias de los sindicatos y el Estado.

a) La oferta de trabajo.

En términos generacionales, si el salario se encuentra en un nivel superior al de equilibrio, en un momento dado, las siguientes generaciones enfrentarían menor capacidad para subsistir y la oferta de trabajo disminuirá; mientras que, si el salario se encuentra por debajo del de equilibrio, las siguientes generaciones tendrían mayor capacidad de subsistir y la población con capacidad de trabajar aumentará.

Por otra parte, si a lo largo del tiempo el trabajador se había acostumbrado a ciertos placeres o comodidades, la disposición de renunciar a sus necesidades básicas de subsistencia aumentará en la situación donde el nivel del salario se encontrará por debajo del nivel de equilibrio; con otras palabras, las comodidades o patrones de vida se convertirían en necesidades básicas.

A medida que el salario crece, cuando las condiciones de auge se presentan en la economía, los trabajadores adoptarán nuevos patrones de vida aumentando el bienestar general de su familia, lo que permite exigir cada vez más artículos necesarios para subsistir y artículos que le generen mayor placer, pero tan pronto como la población aumenta a lo largo del tiempo, el incremento en el salario se obstaculizará gradualmente y los patrones de vida se presentarán como desfavorables con facilidad, cuando el salario empiece a disminuir.

La teoría de la economía política postula que además del elemento físico que determina el límite final del valor de la fuerza de trabajo, existe el elemento histórico social: el patrón de vida tradicional en cada país que hace la diferencia entre países.

Es entonces que los sindicatos se ven más impulsados a negociar un salario más alto como consecuencia de los distintos patrones de vida a defender (el elemento social). El otro determinante del salario en el mercado laboral era el ejército industrial de reserva: la sobrepoblación relativa, la oferta de mano de obra, en el sistema capitalista, es superior a la demanda, lo cual es resultado de la fuerza especial de resistencia por oponerse a un incremento del salario; entre estas fuerzas, la sustitución de la fuerza de trabajo se impone por medio de un mayor número de máquinas y la exportación de capitales hacia el exterior para encontrar mano de obra barata.

b) La demanda de trabajo.

En una época cercana a la del economista David Ricardo, era simple considerar al capital como un anticipo para el pago de los salarios de los trabajadores, es decir, como un monto monetario que equivalía a la compra de mano de obra. En ese sentido, el salario varía proporcionalmente con la acumulación y disminución del capital, manteniendo constante a la población, mientras que, si el capital se mantiene constante, el nivel del salario será menor si la población aumenta y mayor si la población disminuye. En conclusión, el salario ya podría tener dos impactos significativos, uno sobre los patrones de vida de la oferta de trabajo, y otro sobre el tamaño del fondo de salarios de los empresarios.

De acuerdo con el planteamiento del fondo de salarios, se empezó a considerar que la demanda de trabajo estaría determinada por la dinámica del producto del trabajo y no por el monto del fondo de salarios. Ante un aumento en la productividad del trabajo, mayor flujo de capital, lo cual reduciría el desempleo. Si se mantiene el stock de capital constante, un intento mayor por obtener más producción con más trabajadores, los rendimientos serían decrecientes, en consecuencia, el límite de demanda de mano de obra tendría que ser fijo.

Por su parte, si el trabajo es escaso y los otros factores de la producción abundantes, la productividad y el precio de la mano de obra del primero aumentará. Del mismo modo, una tasa de interés alta será un factor deprimente en la productividad marginal del trabajo, siempre y cuando exista un mayor número de personas en busca de trabajo; por su parte, la eficiencia en la organización industrial, también, repercutirá negativamente la productividad del trabajo y de igual manera el desarrollo de la técnica.

Marshall, por su parte, consideraba que la oferta de capital barato y abundante, era importante en relación con la prosperidad de los empresarios en un mundo capitalista. Además, mencionaba, cuanto más pobre es la clase trabajadora, y cuanto más lo sean sus necesidades básicas, menor será el precio al que estén dispuestos a vender su trabajo. Cuanto menor sea su ingreso, mayor el valor que le atribuya el trabajador a cada unidad monetaria adicional. Una caída repentina en los salarios puede significar un aumento en la oferta de mano de obra en tres principales formas: la pobreza puede empujar a un mayor número de mujeres y jóvenes a buscar ocupación y presionar a los trabajadores actuales a trabajar más horas o aumentar la intensidad de su trabajo.

La tendencia internacional sobre el salario y la desi-gualdad.

Desde el año de 1980 hasta la última crisis financiera de 2008-2009, los estudios cuantitativos han mostrado que la participación de los ingresos por salario se ha reducido significativamente en las economías avanzadas, poniendo en duda la división constante entre el ingreso por trabajo y capital (Hein and M. Mundt, 2012).

A su vez, los riesgos por mayor desigualdad y bajo crecimiento económico han venido aumentando en varios países subdesarrollados, como resultado del estancamiento en los salarios, de estrategias basadas en la deuda pública y de una rápida apertura comercial. Por poner un caso específico, los países miembros de la OCDE, en junio de 2014, muestran que el grupo de entre 18 a 25 años de edad experimentó la caída más severa en el ingreso durante el periodo de 2007-2011, es decir, el riesgo de mayor pobreza se traslada cada vez más de las personas ancianas a los jóvenes.

Por otra parte, los problemas generados por la distribución del ingreso se han quedado fuera de la discusión de los modelos de crecimiento económico desde de la década de los setenta, pues en teoría ésta se rige por las relaciones de productividad marginal dentro de un modelo de competencia perfecta, determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Sin embargo, como lo mencionan recientes investigadores, esta forma de concebir al sistema capitalista no se sostiene en un mundo en el que las características monopólicas, monoposónicas y de competencia imperfecta entran en juego.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo en el año 2012 planteó que tanto el nulo crecimiento de los salarios como una mayor brecha en la distribución del ingreso han contribuido de manera significativa a la crisis económica de los últimos años, por lo que este proceso tiene que ser revertido mediante el crecimiento equitativo y el empleo decente; y esto viene como consecuencia a que desde la aparición de la crisis financiera mundial en 2008-2009, los gobiernos y los bancos centrales de muchos países industrializados han reducido sus previsiones de crecimiento económico de largo plazo, lo cual muestra que la debilidad de la demanda agregada tendrá un impacto negativo en el crecimiento potencial de las economías domésticas.

Por otra parte, serias preocupaciones han surgido acerca de la opinión en general de que el crecimiento económico debe venir por el lado del empresario y la distribución por el lado de los trabajadores, y que este tipo de economía, la de los salarios bajos, puede impulsar el crecimiento económico y, en consecuencia, disminuir la pobreza, especialmente en las primeras etapas del desarrollo económico; y aunque la discusión por los costos y beneficios de aumentar el piso del salario mínimo se encuentra en un punto elevado y extremo a nivel internacional, el sentido que ésta ha tomado no es el mismo, puesto que los bajos salarios y la desigualdad son un obstáculo al crecimiento, como recientemente lo planteó el economista internacional y premio Nobel, Paul Krugman.

En el mismo sentido, la revista The Economist(agosto, 2014) menciona que entre los economistas destacados existe, cada vez más, una clara oposición contra los salarios mínimos, puesto que reducen el empleo, perjudicando a muchos de los que se supone se tiene que ayudar más, contrariamente a lo que se encontró en los estudios empíricos de 1990, de que los salarios mínimos más altos reducen los puestos de trabajo, sobre todo entre los jóvenes.

En esa publicación, se destaca que David Card y Alan Krueger examinaron la respuesta de los restaurantes de comida rápida ante un aumento del salario mínimo en el estado de Nueva Jersey y lo que encontraron como resultados fueron incrementos en los niveles de empleo, contrariamente de lo que se creía. Es por eso que el debate del salario mínimo ha cambiado y se ha vuelto más robusto, principalmente por las nuevas pruebas encontradas, de tal suerte que Gran Bretaña introdujo un salario mínimo en 1999 y Estados Unidos realizó varios ajustes en 40 por ciento entre el año 2007 y 2009.

De igual manera, el 3 de julio de 2014, Alemania aprobó el Salario Mínimo Interprofesional, con excepción de jóvenes y desempleados, en 8.5 euros la hora de trabajo, que equivale a 1,445 euros mensuales. En este país el salario mínimo no existía y fue una de las principales exigencias del Partido Socialdemócrata a la hora de firmar un acuerdo de coalición con el partido conservador de la Dra. Ángela Merkel. Según la ministra del trabajo, Andrea Nahles, en Alemania existen demasiados ciudadanos que se ven obligados a trabajar a cambio de salarios bajos y que no se benefician suficientemente de la buena evolución económica, lo que perjudica la cohesión social. Por su parte, la Ministra del trabajo aceptó que aquellas personas que tengan cierto tiempo desempleadas no se beneficiarán del salario mínimo interprofesional; además, podrán cobrar menos de 1,445 euros mensuales los menores de 18 años sin experiencia ni calificación.

Recientemente, la calificadora Standars & Poor’s criticó la desigualdad de los ingresos en los últimos años de la población de Estados Unidos, y en consecuencia redujo la tasa de crecimiento de largo plazo de 2.8 a 2.5 por ciento. De acuerdo con la calificadora de bonos de largo plazo y deuda de los gobiernos centrales y estatales, a medida que la brecha de la desigualdad es cada vez más ancha, que para este caso es muy similar a la que se experimentó en el año de 1929, las repercusiones sobre el crecimiento de largo plazo serán cada vez más negativas. Con datos del informe, uno por ciento más rico acaparó 23 por ciento de los ingresos antes de impuesto mientras que 90 por ciento menos favorecido, 50 por ciento. Por su parte, de 2009 al 2010 el ingreso de los más ricos aumentó 15 por ciento y los más pobres uno por ciento. Se dice que mientras los más ricos ahorran y los más pobres basan su consumo en créditos sin respaldo alguno, puesto que no ahorran, lo que le sigue es una burbuja especulativa de tamaño colosal; además, en el largo plazo, la probabilidad de una mayor movilidad social disminuye aceleradamente, lo cual genera población menos productiva y educada, por lo que su recomendación se suma a las voces sobre el grave riesgo que se corre de seguir ante esta situación preocupante, no sólo en Estados Unidos sino a nivel mundial.

Por lo que respecta al Fondo Monetario Internacional, la Consulta del Artículo IV con Estados Unidos puso de relieve cinco amplios temas tanto para apuntalar la recuperación como para mejorar las perspectivas a largo plazo: i) aumentar la productividad y la participación de la mano de obra, ii) luchar contra la pobreza, iii) mantener la deuda pública en una trayectoria descendente sostenida, iv) gestionar la salida de una situación de tasas de política monetaria de nivel cero y v) lograr un sistema financiero más seguro. Para alcanzar estos objetivos y fortalecer el futuro económico del país, el FMI recomendó que los esfuerzos de política deben centrarse en impulsar políticas del mercado laboral más proactivas que reduzcan el desempleo a largo plazo y aumenten la participación; elevar el salario mínimo reforzando al mismo tiempo el Crédito Impositivo por Ingreso del Trabajo; invertir en infraestructura; mejorar la estructura impositiva y elevar los ingresos fiscales; llevar a cabo una reforma fundamental de la Seguridad Social, y frenar el aumento de los costos de atención de la salud.

El empleo decente

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el empleo decente se compone de cuatro conceptos: el empleo, la protección social, derechos de los trabajadores, y el diálogo social.

La OIT lo define en los siguientes términos: El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

Este concepto tiene implicaciones tanto para los trabajadores formales como informales, autónomos y domésticos. La idea incluye empleos suficientes con remuneración, seguridad y las condiciones laborales, aunque los últimos tienen que ver con la libertad de sindicatos y erradicación del trabajo infantil, con dialogo social.

De acuerdo con esto, se dice que los trabajadores tienden a ser más diversos tanto por condiciones de trabajo como por el manejo de la tecnología: esto coloca al movimiento sindical frente a nuevos retos para la representación colectiva y de negociación.

Por otra parte, el empresario común también enfrenta retos similares a los sindicatos, pues el crecimiento económico tiende a ser cada vez más heterogéneo en términos transnacionales y de grupos de poder que se concentran cada vez más, lo que de alguna forma lo hace vulnerable ante la competencia por mano de obra y en la determinación de salarios. Es decir, tanto sindicatos como empresarios enfrentan, actualmente, un altísimo reto frente a lo que se considera trabajo productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad en el cual los derechos son protegidos con remuneración digna y protección social.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y será un ámbito de actuación fundamental para la OIT y sus mandantes. Además, otros aspectos clave del trabajo decente están ampliamente presentes en las metas de muchos de los otros 16 objetivos de la nueva visión de desarrollo de las Naciones Unidas.

En relación con la búsqueda de un empleo decente, y según el informe de los salarios en 2013, el crecimiento de los salarios mensuales promedio disminuyó por debajo de los niveles que anteriormente se observaron en la crisis de 2009 y de igual manera las horas trabajadas, se experimenta un aumento de sub-empleo y un aumento de los trabajos parciales. Por su parte, la brecha de salarios entre hombre y mujeres ha disminuido en los años de las crisis, sin que ello signifique que la situación de las mujeres ha mejorado de manera que pueda ser optimistamente celebrada.

Salario mínimo digno en México.

Aunque el salario promedio de los trabajadores ocupados está por encima del salario mínimo, aún existen muchos trabajadores que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos.

En México hay un importante debate sobre la conveniencia de atender el rezago del salario mínimo; sin embargo, la atención está centrada, en buena medida, en quienes perciben sólo 1 salario mínimo. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se propuso demostrar que dicho salario, en realidad, ejerce su influencia a distintos niveles de percepción salarial, lo cual hace que sea un referente o unidad de cuenta al que se acude tanto en las relaciones laborales informales como formales. Según el estudio, a esta influencia de facto del salario mínimo se le considera análoga a un efecto gravitacional en el mercado de trabajo en el que es posible detectar otros niveles salariales que orbitan a su alrededor. Para cuantificar la amplitud de dicho efecto, se utilizó una metodología de exploración de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y su módulo complementario.

Según ese documento, los temas centrales del debate sobre la pertinencia de modificar la política de salarios mínimos en México consistían en determinar, a) si tras tantos años de rezago salarial, resarcir el salario mínimo tendría relevancia o no considerando que el mercado laboral ya rebasó ese referente hace mucho tiempo; y 2) si en caso de tener efectos, predominarían los positivos sobre los negativos o sería contraproducente.

Las conclusiones fundamentales del estudio informaron que la fijación institucional de salarios por la vía del establecimiento de mínimos sí es relevante en el mercado de trabajo en México, aunque no sea dominante, pues su influencia se extiende más allá de un solo nivel de remuneración. Esta influencia puede explicar el rezago de los salarios con respecto al de la productividad en los últimos años, incluso si la atención se centra solamente en el ámbito formal. Es por ello que una eventual reactivación del salario mínimo —sea con un efecto neto positivo o negativo— tendrá repercusiones mayores a las consideradas hasta ahora en el debate público.

Salario real y productividad

Existe consenso en torno a la tesis de que, en México, el Salario Real no refleja los avances en productividad que se han logrado en los últimos años. Para los efectos de esta iniciativa consideramos que el rezago salarial puede explicarse, entre otros factores, por los efectos que la política de salarios mínimos ha tenido sobre los salarios en general y, en particular, sobre los salarios de los trabajadores cuyo nivel de ingresos oscila entre 1 y 5 SMG.

Por ello, estamos totalmente convencidos de que la modificación al alza por la vía institucional del monto del SMG es el paso fundamental para eliminar el obstáculo que impide una dinámica virtuosa entre salarios y productividad.

Por ejemplo, cuando se comparan los niveles de productividad de México y Chile, se concluye que si bien el comportamiento de la productividad en México había sido superior al chileno en el periodo 1950-1995, de entonces a 2010 la brecha ha disminuido y en la actualidad, ambos países tienen niveles de productividad muy similares, contra niveles de salarios muy diferentes, totalmente desfavorables para México.

En México, la evolución del salario real no ha coincidido con la evolución de la productividad. Entre 1976 y 1995 la productividad del salario decayó significativamente (-14.4 por ciento), y el salario también disminuyó, aunque a un ritmo cinco veces más acentuado (-71.3 por ciento). En cambio, entre 1995 y 2010, la productividad del salario aumentó significativamente (+21.6 por ciento) sin que el salario también se recuperara, y de hecho siguió deteriorándose (-7.1 por ciento) en sentido inverso a la recuperación de la productividad.

Este solo dato nos obliga a proponer soluciones de fondo para que los salarios recuperen una parte de la brecha que se ha abierto entre su productividad y su valor monetario.

Contra lo que se afirma a la ligera, la propuesta de elevación de los salarios mínimos no necesariamente es una política populista y nociva, y sí puede ser una política responsable y benéfica. Por sólo mencionar un par de ejemplos: destacan los análisis de la prestigiada revista The Economisty las recomendaciones de política pública del Fondo Monetario Internacional. Nadie puede decir que se trata de voceros del populismo.

Para la primera, “aumentar el salario mínimo produce poco daño y puede causar muchos beneficios”

El criterio orientador de esta iniciativa para determinar el monto al que debe ser fijado el salario mínimo es el establecido por la Coneval como líneas de bienestar por hogar. A junio de 2014, la línea de bienestar por hogar equivale a $10,075 mensuales: $4,901 de canasta alimentaria (48 por ciento) y $5,174 de la no alimentaria (52 por ciento).

Para Acción Nacional, el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social, es medio fundamental para la realización del ser humano y de la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital. Acción Nacional sostiene que todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a su familia con posibilidades reales de mejoramiento, por ello, los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado.

Objetivo de la propuesta

Para que el salario mínimo sea capaz de cumplir las metas constitucionales y de tratados internacionales que tiene establecidas y, por ello, sea capaz de garantizar el goce del derecho humano a recibir un salario digno por el trabajo desempeñado, esta iniciativa propone que el salario mínimo mensual sea el equivalente al monto de la línea de bienestar que determina el Coneval.

Para alcanzar ese objetivo, el salario mínimo del año 2019 deberá ser de $10,075 mensuales, es decir, de $ 336.00 (trescientos treinta y seis pesos 00/100) diarios.

Marco legal

El salario mínimo es una garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste encuentra su fundamento en el artículo 1o. y en la fracción VI, párrafo II y III, del artículo 123.

El artículo 1o. constitucional en el párrafo segundo establece que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

La fracción VI, párrafo II y III, del artículo 123 establece que: ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Este mismo derecho se encuentra consagrado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos toda vez que en su artículo 23 indica:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

En este mismo orden de ideas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró: “Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una existencia digna. El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente basada en la justicia social; si bien no existe una suma universalmente aceptada que defina este tipo de salario, puede ser descrito como un salario producto de un trabajo a tiempo completo, que permita a las personas tener una vida decente considerada aceptable por la sociedad”

La Ley del Trabajo dispone:

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas.

Artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 96. La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.

Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción V; y

II. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder del diez por ciento del salario.

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará 1 por ciento del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder 20 por ciento del salario.

IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder de 10 por ciento del salario.

Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Por lo expuesto, se propone al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único:Se adiciona un nuevo párrafo tercero al artículo 90, recorriéndose el actual en su orden; se reforma el primer párrafo del artículo 570 y se adiciona un nuevo artículo 570 BIS, todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 90. ...

...

El salario mínimo general determinado por la Comisión Nacional será, cada año, equivalente al importe que resulte necesario para que sea suficiente para acceder a la línea de bienestar que determine, para el mes de diciembre del año inmediato anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

...

Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año, conforme al monto determinado en el tercer párrafo del artículo 90 de esta ley, y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Artículo 570 Bis. La Comisión Nacional podrá suspender la vigencia del salario mínimo determinado cuando los representantes de los patrones soliciten una suspensión temporal y acrediten que la aplicación del salario pone en peligro la viabilidad de alguna o algunas actividades económicas.

Dicha solicitud deberá ser tramitada en un procedimiento sumario, que se determinará por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el que se respeten los derechos procesales fundamentales.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 De la Cueva Mario. El nuevo derecho del trabajo. Editorial Porrúa. México, 2004, página 315.

2 Organización Internacional del Trabajo C95, Convenio sobre la protección del salario, 1949, número 95.

3 Starr, Gerald, “La fijación del salario mínimo: Una justificación internacional”, Revista Internacional del Trabajo, Volumen 100. Número 4, 1981.

4 Nava, V. Análisis constitucional de la propuesta de elevar el salario mínimo en el Distrito Federal.

5 1772 – 1823.

6 Alfred Marshall. 1842 – 1924.

7 Premio Nobel 2008.

8 Economista laboral canadiense y profesor de Economía en la Berkeley.

9 Economista norteamericano y profesor en Princeton.

10 Ministra de Empleo y Asuntos Sociales entre 2013 y 2017.

11 Mecanismo de consulta con los países miembros conforme al Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.

12 http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang—es/index.htm

13 http://www.inegi.org.mx/rde/2016/01/06/cual-es-el-monto-de-trabajadores- en-mexico-cuyas-remuneraciones-son-un-reflejo-del-salario-minimo/

14 The minimum wage”, The Economist, 3 de mayo de 2014

15 Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002.

https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/ Principios-de-doctrina-2002.pdf

16 Belser, Patrick. 20 aniversario del día de los derechos humanos, “20 años trabajando por tus derechos” Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a trece de septiembre de dos mil dieciocho.— Diputados y diputadas: Ernesto Alfonso Robledo Leal, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lilia Villafuerte Zavala, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Guillermina Alvarado Moreno, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Cynthia López Castro, e integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de paridad de género en la conformación de las Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia electoral, en la cual, entre otras importantes modificaciones, se incorporó el principio de paridad de género en la integración de los colegiados legislativos. Esta reforma surgió a propuesta del entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

La reforma constitucional modificó sustancialmente el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para que de manera expresa se estableciera la obligación de los partidos políticos a garantizar que la mitad de sus candidaturas a legisladores federales y locales, fueran asignadas a las mujeres.

Expresamente, el artículo en cita establece:

Artículo 41. ...

...

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

...

Para materializar el mandato constitucional, los partidos políticos debieron hacer públicos los criterios utilizados para garantizar la figura de paridad de género, esto con la finalidad de que no se tenga como resultado final que a alguno de los géneros le fueran asignados distritos que históricamente hayan registrado bajos resultados.

Aunado a esto, el porcentaje del financiamiento público que los partidos políticos deberán destinar a las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de la participación política de las mujeres tuvo un aumento, pasando del dos por ciento al tres por ciento.

Como resultado de esta reforma, en mayo de 2014, se expidió Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); y se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En estas reformas secundarias se contempla que las candidaturas a diputados por ambos principios deberán estar conformadas por un propietario y por un suplente, que los partidos políticos estarán obligados a buscar la participación efectiva de ambos géneros en la postulación de candidatos. Así como de promover y garantizar la paridad entre ellos en la candidaturas a cargos federales.

Así, en las fórmulas de los candidatos, tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional, los partidos políticos debieron asegurar que se encontraran conformadas por personas del mismo género.

Cabe señalar que este punto resulta de vital importancia dado que plasma en la reforma la resolución de 2011 realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia de paridad y equidad de género.

Dicha sentencia es conocida como “Resolución antijuanitas”, y con ella se buscó evitar que los Partidos Políticos evadieran las acciones afirmativas relacionadas con la cuota de género, previstas en el ahora abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En esta sentencia se aprobó que las fórmulas de candidatos a legisladores federales por ambos principios debían integrarse con personas del mismo género, esto para eliminar la práctica de las “Juanitas”.

Esta práctica consistía en que los partidos políticos postulaban mujeres para cubrir la cuota exigida por la Ley, para después ser sustituidas por sus suplentes que eran hombres. En otras palabras, al final, los ocupantes de los espacios en el Congreso pertenecían a un género distinto al del propietario.

La existencia de este tipo de prácticas en la vida política y democrática fue uno de los principales motivos que impulsaron la reforma del 2014, ya que se pretendía llevar a cabo un cambio cultural que evitara el predominio de un sólo género en los puestos de representación popular.

Ahora bien, el Instituto Nacional de las Mujeres en su Glosario de Género define el término paridad de la siguiente manera:

Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. En la práctica la paridad se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres. Se relaciona con la necesidad de incrementar el acceso de la mujeres a los puestos de toma de decisiones a través del sistema de cuotas de participación política, es decir, que implicaría que tanto mujeres como hombres deben tener un porcentaje de cargos de representación popular y de toma de decisiones equivalente al porcentaje de la población que representan.

Por parte del Tribunal Electoral, se han determinado las siguientes cuatro reglas esenciales que permitirán garantizar la paridad de género:

1. Homogeneidad en las fórmulas

2. Alternancia

3. Paridad vertical y paridad horizontal

4. No postular mujeres en los distritos perdedores, es decir con menor porcentaje de votación

En este mismo sentido, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se reafirma lo establecido en el artículo 232, fracción III de la CPEUM, en el cual se establece lo siguiente:

Artículo 232.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En la pasada Legislatura (2015-2018) la Cámara de Diputados se conformó por 214 mujeres, las cuales representaban el 42.8 por ciento y por 286 hombres que representan el 57.2 por ciento del total de diputados que integran la Cámara.

Gráfica 1: Integración de Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura

Fuente: Cifras de Infopal, LXIII Legislatura, mayo 2018.

Teniendo como base las cifras publicadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta ha sido la evolución (1988-2018) respecto a la participación de las mujeres en los cargos de representación popular en la Cámara de Diputados.

Gráfica 2: Participación de mujeres en Cámara de Diputados (1988-2018)

Fuente: Observatorio Inmujeres, 2018.

Actualmente la legislatura en Cámara de Diputados contaba con un total de 56 comisiones ordinarias, 46 comisiones especiales, 5 comisiones bicamerales y 9 comités. En la pasada LXIII Legislatura las presidencias de las comisiones ordinarias y especiales se encontraban distribuidas de la siguiente manera:

Gráfica 3: Integración de las presidencias de las Comisiones Ordinarias en Cámara de Diputados.

Fuente: Catálogo de Comisiones, Cámara de Diputados 2018.

Gráfica 4: Integración de las presidencias de las Comisiones Especiales en Cámara de Diputados.

Fuente: Catálogo de Comisiones, Cámara de Diputados 2018.

En el capítulo sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran contempladas las comisiones que integran la Cámara, así como sus funciones, atribuciones y los lineamientos para su integración.

En el caso de su integración, algunos de los criterios considerados por la Junta de Coordinación Política para la postulación de los legisladores para los puestos de Presidente, Secretarios e Integrantes de las Comisiones son los siguientes:

- Pluralidad representada en la Cámara;

- Criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones;

- Diversidad en cuestión de Grupos Parlamentarios;

- Antecedentes y experiencia legislativa;

Actualmente, la Cámara de Diputados, en el ámbito de la Secretaría General cuenta con una Unidad para la Igualdad de Género, la cual funge como un órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional.

En el artículo 55 de la antes mencionada Ley Orgánica del Congreso General, se establece que las funciones de dicha Unidad consisten en lo siguiente:

a) Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

b) Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados;

c) Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional;

d) Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

e) Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva, y

f) Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

Sin embargo, resulta evidente que en los criterios utilizados para resolver la integración de las Comisiones de la Cámara de Diputados no se encuentra considerado ningún criterio inclusivo, que permita una mayor participación de mujeres en los puestos que conforman las Comisiones, en particular en la asignación de Presidencias de comisiones y comités.

Por lo tanto, resulta de vital importancia que, en las más altas esferas de representación popular, sean generadas condiciones reales de igualdad, a partir de las cuales, se integre de manera efectiva e igualitaria la participación de las mujeres integrantes de la Cámara.

En consecuencia, proponemos dos cambios en el Marco Normativo de esta honorable asamblea. En primer lugar, se propone la modificación al numeral 4 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que la Junta de Coordinación Política deba atender de forma obligatoria el principio de paridad de género en la asignación de Presidencias de las comisiones que proponga al pleno de la Cámara.

En segundo lugar, proponemos la modificación del numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que, del mismo modo, la integración de las Juntas Directivas, es decir, la conformación de presidencias y secretarías de las comisiones y de los comités, atiendan al principio de paridad de género.

El siguiente cuadro refleja la propuesta en concreto:

Así, con la finalidad de seguir avanzando en la garantía de igualdad entre hombres y mujeres, y para concretar la reforma política que de forma ambiciosa impulsó el presidente Peña Nieto, es imperativo que este colegiado cumpla con el mandato constitucional, no sólo en cuanto a su literalidad sino en todo el espíritu de la norma.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de paridad de género en la conformación de las Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el numeral 4 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la paridad de género, la proporción que representen en el pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

Segundo. Se reforma el numeral 1 del artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue.

Artículo 149.

1. La junta directiva estará conformada por el presidente y los secretarios de la comisión o comité, siendo el presidente su titular. la asignación del cargo de presidente en las comisiones y comités deberá garantizar el principio de paridad de género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Reforma política-electoral, Segob, fecha: S/F, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/ EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf

2 Ídem, Reforma política-electoral, Segob.

3 Ídem, Reforma política-electoral, Segob.

4 Impacto del registro paritario de candidaturas en el proceso electoral federal 2014-2015, Instituto Nacional Electoral, fecha: 2015, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://www.observatoriomujeresnl.mx/docs/Resume_ejecutivo_paridad.pdf

5 Ídem, Impacto del registro paritario de candidaturas en el proceso electoral federal 2014-2015, Instituto Nacional Electoral.

6 Ídem, Impacto del registro paritario de candidaturas en el proceso electoral federal 2014-2015, Instituto Nacional Electoral.

7 Cuotas de Género en el Registro de candidaturas, Expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fecha: 2012, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/ 001_dialogos_judiciales_0.pdf

8 Ídem, Cuotas de Género en el Registro de candidaturas, Expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados.

9 Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, fecha: Noviembre 2007, fecha de consulta: 4 de junio de 2018, disponible en:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

10 Paridad de Género en el Derecho Electoral, Edda Carmona Arrez, Tribunal Electoral, fecha: S/F, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/ Carmona-Arrez-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-el-Derecho-Electoral.pdf

11 Integración del Pleno y Comisiones por género LXIII Legislatura, INFOPAL, fecha: mayo 2018, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php

12 Integración del Pleno y Comisiones por género LXIII Legislatura, INFOPAL, fecha: mayo 2018, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php

13 Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, Inmujeres, fecha: 2015, fecha de consulta: 3 de junio de 2018, disponible en:

http://observatorio.inmujeres.gob.mx/category/genero-y-politica/legislando/

14 Catálogo de Comisiones, Cámara de Diputados, fecha: 2018, fecha de consulta: 4 de junio de 2018, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_comisiones_tc.pdf

15 Catálogo de Comisiones, Cámara de Diputados, fecha: 2018, fecha de consulta: 4 de junio de 2018, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_comisiones_tc.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Cynthia Iliana López Castro, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alfredo Villegas Arreola, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ana Paola López Birlain, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ana Priscila González García, Ana Ruth García Grande, Anilú Ingram Vallines, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Ariel Rodríguez Vázquez, Beatriz Manrique Guevara, Beatriz Rojas Martínez, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Carmen Julia Prudencio González, Carmen Patricia Palma Olvera, Caudia Pastor Badilla, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Elena Lastra Muñoz, Claudia López Rayón, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Dulce María Sauri Riancho, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Zarzosa Sánchez, Elba Lorena Torres Díaz, Enrique Ochoa Reza, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Fernando Galindo Favela, Flora Tania Cruz Santos, Frinne Azuara Yarzabal, Geraldina Isabel Herrera Vega, Gloria Romero León, Héctor Yunez Landa, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Jacquelina Martínez Juárez, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Carlos Vidal Peniche, Jesús Sergio Alcántara Núñez, José Elías Lixa Abimerhi, José Luis García Duque, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Juanita Guerra Mena, Julieta Macías Rábago, Karen Michel González Márquez, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Barrera Fortoul, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lenin Nelson Campos Córdova, Leticia Díaz Aguilar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Lourdes Celenia Contreras González, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Luis Enrique Miranda Nava, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, Margarita García García, María Alemán Muñoz Castillo, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Carmen Bautista Peláez, María del Rosario Merlín García, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Geraldine Ponce Méndez, María Guadalupe Almaguer Pardo, María Libier González Anaya, María Lucero Saldaña Pérez, María Marcela Torres Peimbert, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Maribel Martínez Ruiz, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Hortensia Garay Cadena, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Mónica Almeida López, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Olegaria Carrazco Macías, Olga Juliana Elizondo Guerra, Óscar Bautista Villegas, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Patricia Baca Terrazas, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rene Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Rosalba Valencia Cruz, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ruth Salinas Reyes, Sarai Núñez Cerón, Sonia Rocha Acosta, Soraya Pérez Munguía, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Virginia Merino García, Ximena Puente de la Mora, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que abroga las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todas publicadas en el DOF el 11 de septiembre de 2013, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013; y por el que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en nuestro país toda persona tiene derecho a recibir una educación, precisando que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y la media superior serán obligatorias.

El precepto jurídico en comento, en su párrafo tercero, a la letra dispone que: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

En este tenor, una de las principales funciones de los gobiernos en Estados democráticos es garantizar el acceso a una educación, la cual debe entenderse como de calidad e integral, que le permita a las niñas, niños y adolescentes desarrollar plenamente las competencias, capacidades y habilidades necesarias para enfrentar con éxito los desafíos que impone el contexto global en el que estamos inmersos. Además de la obligación en comento, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el acceso a la educación fue consagrado como derecho humano dentro del orden jurídico nacional.

Lo anterior, en concordancia a instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 26 dispone a la letra lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

El objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos del Milenio, consiste en: ”Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Sobre el particular, la Organización de las Naciones Unidas señala que la educación no solo es medular para mejorar nuestra vida e indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible, sino que además brinda las herramientas necesarias para que la población mundial pueda desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más apremiantes.

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, en su artículo 13, numeral 1 en su primera porción normativa dispone que la educación derecho de toda persona a la educación. Convienen en que los Estados parte reconocen el derecho a toda persona a la educación, la cual indican que “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales...”.

Además, la Convención de Derechos del Niño de 1990, en su artículo 26, numeral 1 reconoce el derecho del niño a la educación, ello con la finalidad de que dicho derecho se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. El propio precepto jurídico, en su numeral 2 establece que: “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño...”. Asimismo, en su artículo 29, numeral 1, inciso a) establece que la educación debe estar encaminada a: “Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”.

Bajo esta tesitura, la reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de febrero de 2013, partió de la premisa de que el magisterio no contaba con las cualidades deseables –tales como estar capacitados, ser responsables y cumplidos; y que sus mecanismos de ingreso y promoción eran corruptos o laxos en virtud de que las asignación de puestos en todos los niveles del sistema no correspondía a un procedimiento que otorgara certeza suficiente de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean las idóneas para esas funciones.

El objetivo principal de la reforma fue una nueva regulación laboral del magisterio, bajo el argumento de que solo así se podría lograr el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. No obstante, sin un diagnóstico que validara dichas aseveraciones, se asumió “...la narrativa dominante que culpabilizaba a los profesores por los deficientes resultados de aprendizaje de los estudiantes.”

El objetivo fue claro: culpar a los maestros de los malos resultados en materia educativa para poder instrumentar un régimen laboral punitivo a través del establecimiento del servicio profesional docente.

Cabe mencionar que en la Ley General del Servicio Profesional Docente se establecieron procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, lo cual demuestra que la reforma educativa tiene un carácter laboral, en virtud de que este tipo de procedimientos tendrían que estar regulados en la legislación de esta materia, específicamente en el Apartado B del artículo 123 constitucional, en virtud de que los maestros son trabajadores al servicio del Estado.

El primero de septiembre de 2013, durante la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados, los legisladores del Partido del Trabajo anticipamos que nuestro voto sería en contra del dictamen, al representar un “albazo legislativo”, en virtud de que no se respetó el diálogo que integrantes de la Comisión de Educación mantenían con las dirigencias magisteriales y se pretendía aprobar sin el consenso de los destinatarios dicha reforma, que son los verdaderos especialistas en la instrucción pública.

Advertimos en su momento que: la reforma podrá ser aprobada, pero carecerá de la legitimidad con que toda ley debe contar, en virtud de que los destinatarios de la norma la rechazan. El Poder Legislativo ya no podrá comprometerse a escuchar a diferentes actores sociales, porque de aprobarse hoy la ley será un estigma que no honra la palabra empeñada y que cuando se decide crear grupos de trabajo solo es para engañar y ganar tiempo.

A cinco años de distancia, esta afirmación se sigue confirmando, la reforma educativa laboral y punitiva del presidente Enrique Peña Nieto ha ido avanzando, sin que se puedan apreciar resultados favorables en la educación; pero sí en la represión en contra de los maestros y en contra de la sociedad misma, tal como ocurrió en los actos por parte de elementos de la Policía Federal en contra de pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, que se oponían a la reforma educativa.

Los legisladores del Partido del Trabajo expresamos nuestro respaldo a la evaluación de los maestros, en tanto fuera concebida como un instrumento encaminado a mejorar la educación. Asimismo fuimos enfáticos en señalar que rechazamos la evaluación, “cuando se le entiende, como se menciona en el dictamen, como una medida intimidatoria, represiva y para despojar a los maestros de sus plazas mediante una aplicación retroactiva de la ley contraria a lo que se prevé en el primer párrafo del artículo 14 constitucional.”

La Auditoría Superior de la Federación evidenció el fracaso en la instrumentación de la reforma educativa, que no sólo no ha demostrado mejoras en la calidad de la educación, sino que los alumnos de educación básica y media superior obtuvieron los niveles más bajos en el área de matemáticas y de lectura; asimismo, se detectó que sólo se capacitó a menos del 5 por ciento de los profesores de educación básica y a 13.5 por ciento de los educación media superior. Finalmente, el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, no cuenta con una metodología para articular y analizar, de forma integral, las evaluaciones de sus componentes.

En lo relativo a la formación docente en los niveles básico y medio superior, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en 2016 únicamente se capacitó a 50 mil 225 de las 1 millón 45mil 14 figuras educativas, lo que representa un 4.8 por ciento del nivel básico y a 56 mil 345 de las 417 mil 745 figuras del medio superior representando tan solo el 13.5 por ciento. Además, la oferta académica no tomó en cuenta las necesidades de formación del personal educativo.

Se decía que con las nuevas disposiciones normativas se alcanzaría “el sueño de tener una educación de calidad pertinente, oportuna y con equidad”. A cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7 por ciento de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1 por ciento en lectura; mientras que en media superior el 49.3 por ciento en el área de matemáticas y el 45 por ciento en lenguaje y comunicación, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo.

La apuesta de esta reforma era “fortalecer una evaluación incluyente y no discriminatoria, considerando la diversidad demográfica y cultural, así como la desigualdad social y económica de las comunidades educativas y contextos escolares” Contrario a ello, Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, señaló en entrevista que “...esta reforma es muy centralista, muy uniformadora. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está haciendo parámetros generales que quiere hacer valer, pues, en escuelas multigrado y en escuelas urbanas, cuando son contextos diferentes”; por su parte, Elsie Rockwell, investigadora emérita del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México, respecto a reformas educativas que han fracasado en otros países advierte “En ningún caso se ha demostrado que reformas que inician con la aplicación universal de exámenes estandarizados de alto impacto hayan logrado elevar la calidad de la educación de manera equitativa.”

Por otra parte, el estudio: Reforma Educativa. Un análisis en su diseño y aplicación, 2012 - 2016, presenta diversos hallazgos que refutan las afirmaciones que señalan que los docentes son responsables de la mala calidad de la educación y demuestra la incapacidad de los procesos de evaluación para constatar que se están contratando a las personas con las capacidades idóneas:

No hay elementos para afirmar que a través de los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia, se hayan seleccionado realmente profesionales con “conocimientos y capacidades idóneas.”

No se puede tener certeza de que quienes fueron rechazados o alcanzaron un resultado insuficiente son efectivamente “no idóneos”.

La reforma avanzó en su objetivo político y administrativo de recuperar el control en la administración de las plazas, no obstante, no alcanzó el objetivo de que la selección del personal docente, directivo y técnico se logrará a través del mérito en el desempeño profesional.

El caso de la evaluación del desempeño 2015-2016, mostró la falsedad de la premisa que señala la relación directa entre las capacidades docentes y la falta de calidad, pues sólo 15 por ciento de los 300 mil profesores evaluados obtuvo resultados insuficientes.

En el Partido del Trabajo siempre hemos tenido claro que los maestros no son el problema de la educación, tal como se argumentó en su momento en la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional en materia educativa; por el contrario: ellos representan una parte importante de la solución. Reconocemos su vocación de transmitir conocimiento, aun en las condiciones más adversas: con salarios insuficientes, falta de infraestructura educativa y –lo peor– niños que por sus carencias llegan a las aulas con hambre y no son capaces de adquirir conocimiento. Los legisladores del Partido del Trabajo no somos omisos ante la legítima demanda de la sociedad y de los maestros de México.

Los datos de diversos estudios dan cuenta del fracaso de la reforma educativa, pero por si esto no fuera suficiente, dicha reforma fue utilizada como una bandera política por parte del entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien aspiraba a ocupar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional.

Del 27 de agosto de 2015 a diciembre de 2017, cuando Aurelio Nuño estuvo al frente de la SEP, el gasto en publicidad oficial de la dependencia creció de forma exponencial, tan sólo en 16 meses destinó mil 687 millones de pesos en publicidad oficial. Lo que representa casi una quinta parte de los más de 8 mil 100 millones de pesos que se destinaron para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Por otra parte, en el proceso de evaluación educativa de 2016, más de 3 mil 300 maestros que decidieron no hacerla por considerarla una imposición de carácter administrativo y laboral, lo que provocó que fueran despedidos por la Secretaría de Educación Pública sin derecho a ninguna indemnización.

El presente decreto responde a una de las exigencias sociales más sentidas, la de garantizar la educación como totalidad. El objetivo consiste en que el Congreso de la Unión expida una legislación reglamentaria en materia educativa donde sea considerada la experiencia, conocimientos y aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados en sector.

Para ello, proponemos abrogar todas las disposiciones establecidas en materia de reforma educativa contenidas en la Ley General de Educación, publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; así como la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicadas en DOF el 11 de septiembre de 2013.

En el caso de la derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Educación, cabe mencionar que en dicho proyecto de decreto se estableció lo siguiente: “Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., primer y tercer párrafos; 3o.; 6o.; 8o., primer párrafo y fracciones II y III; 10, fracciones I, III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción II; 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 57, fracción I; 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, fracciones II, VI y VII; 67, fracción III; 69, segundo párrafo y tercero en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 72, y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV al artículo 8o.; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII Quáter y XII Quintus al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75”.

En el Partido del Trabajo concebimos al parlamento abierto como el medio por excelencia para expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales como las disposiciones que buscamos derogar y abrogar. Con los planteamientos formulados se busca avanzar hacia el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, ello desde todas sus aristas, no solo por lo que respecta a las obligaciones impuestas a los docentes.

Reconocemos la importante labor de los docentes de México, quienes son ejemplo de vocación y compromiso. En consecuencia, es fundamental contar con una legislación secundaria en materia educativa que contemple las particularidades de cada centro educativo del país, en virtud de que una evaluación homogénea en todo el territorio nacional, lejos de contribuir al fortalecimiento de competencias, deriva en un mecanismo estrictamente laboral, punitivo e inequitativo.

Antes de hablar de una evaluación docente en México, es indispensable contar con un diagnóstico preciso del panorama educativo (avances, carencias y desafíos) y por supuesto, que los centros escolares de todo el territorio nacional tengan las condiciones y servicios mínimos para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente. Al ser un tema transversal que involucra prácticamente todos los aspectos de la sociedad, también es imprescindible que las cuestiones educativas estén en armonía con el combate a la pobreza y desigualdad. ¡Nunca más una reforma en materia educativa que se lleve a cabo sin una consulta a los docentes de México!

Proyecto de

Decreto por el que se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013; y por el que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013

Único. Se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013; y por el que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de forma coordinada, ambas Cámaras del Congreso de la Unión tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que se involucre a docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados, a fin de expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales.

Tercero. Los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos estatales, deberán suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria en materia educativa, que tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Notas

1 Párrafo adicionado el 26 de febrero de 2013 como parte de la llamada Reforma Educativa.

2 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos,

<http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/> Consultado el 15 de septiembre de 2018.

3 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/> Consultado el 15 de septiembre de 2018.

4 Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx> Consultado el 15 de septiembre de 2018.

5 Organización de las Naciones Unidas, Convención de Derechos del Niño,

<https://www.unicef.org/mexico/spanish/ mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf> Consultado el 15 de septiembre de 2018.

6 Ramírez Raymundo Rodolfo, Reforma Educativa, un análisis en su diseño y aplicación, 2012-2016, Serie Reformas Estructurales: avances y desafíos número 4, diciembre de 2016, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, página 26.

7 Ibíd., página 91.

8 Versión estenográfica de la sesión ordinaria del domingo 1 de septiembre de 2013, Cámara de Diputados,

<http://cronica.diputados.gob.mx/> Consultada el 15 de septiembre de 2018 (el subrayado es nuestro).

9 Ibíd.

10 Informe General Educativo. Cuenta Pública 2016, Auditoría Superior de la Federación,

<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/ASF-20180222.pdf> Consultado el 15 de septiembre de 2018. El énfasis es nuestro.

11 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación (DOF 11-09-2013) Consultada el 16 de septiembre de 2018

12 Informe General Educativo. Cuenta Pública 2016, obra citada, el énfasis es nuestro.

13 Ibíd., página 81

14 Cano, Jorge, “Sobre el fracaso de la reforma educativa: entrevista a Manuel Gil Antón”, en: https://bit.ly/2Hw90YC, Consultado el 16 de septiembre de 2018. El énfasis es nuestro.

15 Gentili, Pablo, “México: la reforma educativa en debate”, en

https://bit.ly/2D2Vc9O Consultado el 16 de septiembre de 2018

16 Ibíd., página 92.

17 El despilfarro de Nuño en la SEP: mil 687 millones de pesos en publicidad en sólo 16 meses de gestión”, Proceso,16 de enero de 2018,

<https://www.proceso.com.mx/518651/el-despilfarro-de-nuno-en-la- sep-mil-687-mdp-en-publicidad-en-solo-16-meses-de-gestion> Consultado el 16 de septiembre de 2018.

18 SEP: no habrá liquidación para cesados; la decisión es irrevocable, Excélsior,

<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/02/1078184> Consultado el 16 de septiembre de 2018.

19 DOF, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5313841%26fecha%3D11/ 09/2013> Consultado el 15 de septiembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: José Luis Montalvo Luna,Reginaldo Sandoval Flores, Armando González Escoto, Bonifacio Aguilar Linda, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Francisco Javier Huacus Esquivel, Francisco Javier Saldívar Camacho, Héctor Joel Villegas González, José Luis García Duque, Lizeth Sánchez García, Olga Juliana Elizondo Guerra, Reginaldo Sandoval Flores (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 212 del Código Penal Federal y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.

Exposición de Motivos

I.México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben constantemente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual. En su más reciente reporte, correspondiente al año 2017, nuestro país se colocó en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con respecto al año anterior. México “se encuentra empatado con República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos. A nivel regional, México se encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región”

Al igual que Transparencia Internacional, otros organismos y reportes internacionales como el Índice de Competitividad Global, el Latinobarómetro, el Reporte de Integridad Global, los Indicadores Globales de Gobernabilidad del Banco Mundial o el Índice de Estado de Derecho, identifican a México como un país con altos niveles de corrupción. Esto no resulta sorpresivo al observar la enorme cantidad de hechos de corrupción en nuestro país, hechos que han sido evidenciados y documentados por la Auditoría Superior de la Federación, por distintas investigaciones periodísticas, así como por la sociedad civil organizada.

Dichos hechos de corrupción han sido desde aquellos relacionados con las “mordidas”, trámites municipales o locales, permisos relacionados con la propiedad, hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, la destrucción de los manglares de Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de diversos gobernadores, o la llamada “Estafa Maestra” que involucró a diferentes titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal.

II.Los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas.

Es por ello que se ha vuelto necesario ampliar los mecanismos para combatir la corrupción, en concordancia con la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, que obliga a adoptar “medidas preventivas, de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos público y privado”, evitando desde el soborno a políticos de alto nivel o partidos políticos, el uso de relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos, el enriquecimiento ilícito, hasta el soborno a funcionarios públicos de nivel inferior para acelerar trámites, o de cualquiera de los delitos por hechos de corrupción que establece el Código Penal Federal.

Vale la pena destacar que la corrupción les cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.

III. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas legales aprobadas en dicha materia, constituyen un importante avance en el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país. La reforma contempló diversos mecanismos para inhibir actos de corrupción, para combatir el conflicto de interés y para sancionar tanto en el terreno administrativo como en el penal los actos de corrupción. Sin embargo, es posible continuar abonado a un andamiaje legal que castigue de manera más efectiva estos hechos y que también sirva para inhibirlos.

La presente iniciativa pretende establecer la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, la cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa:

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.

Artículo Primero. Se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 212 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 212.- [...]

[...]

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación permanente paradesempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

I. Derogado.

II. Derogado.

Derogado.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación permanentepara desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas .

I. Derogado.

II. Derogado.

III. Derogado.

IV. Derogado.

[...]

[...]

Artículo Segundo.Se reforma la fracción IV del artículo 78 y se suprime el último párrafo del mismo artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 78. [...]

I. a III. [...]

IV. Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

[...]

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Índice de Percepción de la Corrupción 2017

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

2 Índice de Percepción de la Corrupción 2017 vía Transparencia Internacional, IMCO,

https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via- transparencia-internacional/

3 Inegi, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013

www.inegi.org.mx

4 El dream team de los gobernadores corruptos en México, Manuel Hernández Borbolla, Huffingtonpost 07/12/2016,

https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/29/la-generacion-de-gobernadores- mas-corruptos-en-la-historia-de-me_a_21616032/

5 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

www.unodc.org

6 Amparo Casar, María, “México: Anatomía de la Corrupción”,Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015. Pág. 45

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Paola López Birlain, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ana Priscila González García, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Erika Mariana Rosas Uribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacobo David Cheja Alfaro, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Karen Michel González Márquez, Kehila Abigail Ku Escalante, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdéz, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Guadalupe Almaguer Pardo, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Zamudio Macias, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nelly Maceda Carrera, Nohemí Alemán Hernández, Patricia Terrazas Baca, Pilar Lozano Mc Donald, Ruth Salinas Reyes, Sarai Núñez Cerón, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Teófilo Manuel García Corpus, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha seis de diciembre de 2011 presenté, ante esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, como consta en la Gaceta Parlamentaria de la citada fecha, misma que hoy reitero ante esta honorable asamblea.

La construcción de dicha iniciativa llevó un largo proceso de búsqueda de consensos que incluyó las siguientes etapas:

A) Un acuerdo de trabajo bajo la figura de conferencia parlamentaria entre las comisiones de Asuntos Indígenas de las cámaras de Diputados y Senadores, que tuvo como propósito construir un anteproyecto de Ley teniendo como base iniciativas previamente presentadas por los presidentes de las citadas comisiones en su respectivo órgano legislativo.

B) En congruencia con lo dispuesto en el artículo 2o. constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se realizaron 71 foros microrregiones y siete foros regionales de consulta, con la participación de representantes de los pueblos indígenas, y dos coloquios nacionales con la presencia de los titulares de las políticas públicas indigenistas de los gobiernos de las entidades federativas y legisladores locales. El informe de este proceso publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el título Informe final de la Consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37019/ informe_final_de_la_consulta_sobre_el_anteproyecto.pdf)

C) La elaboración final de la iniciativa, con base en los resultados antes señalados.

D) En su momento, la Comisión de Asuntos Indígenas elaboró el proyecto de dictamen correspondiente que fue programado para su discusión y eventual aprobación, sin embargo las reuniones no se realizaron por falta de quorum.

Cabe señalar que la falta de legislación reglamentaria en materia del derecho a la consulta ha perjudicado enormemente el patrimonio material e inmaterial, la seguridad, la educación, la identidad y la salud de los pueblos y comunidades indígenas; ante ello los indígenas han tenido que acudir a la judicialización para hacer valer este derecho, lo que ha obligado a la intervención de las autoridades judiciales, en este sentido, destacan las tesis aisladas constitucionales XXVII/2016 (10a.) y XXIX/2016 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de junio de 2016, que resuelven a favor del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados bajo los mandatos constitucionales y los estándares del derecho internacional en la materia.

Destaca también la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante su Recomendación general no. 27/2016, titulada Sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana, dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México y poderes legislativos de las entidades federativas de la república mexicana, emitida el 11 de julio de 2016, a quienes se recomienda que en el ámbito de sus competencias propongan, discutan y emitan las normas que garanticen el ¨... derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del país que recoja como mínimo los estándares descritos en la Recomendación, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas”.

A continuación presento a detalle los procesos y fundamentos a que me he referido anteriormente.

El 25 de marzo de 2010 presenté la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas; misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas, en esa fecha, presidida por el suscrito, “para estudio y dictamen”.

La iniciativa está estructurada con seis títulos que contienen once capítulos: Título I, Disposiciones generales; Título II, Sujetos de la consulta: Capítulo I, Titulares del derecho de consulta, Capítulo II, Organismo estatal responsable de la consulta; Título III, De la consulta: Capítulo I, Materias, actos y metodología, Suspensión, Capítulo II, Proceso de consulta; Título IV: Capítulo I del órgano de ejecución, Capítulo II de los procedimientos de las consultas, Capítulo III Resultados de las consultas, Capítulo IV De la difusión de las consultas, Capítulo V Implementación de los resultados; título V Impugnación: Capítulo I causas, medios y efectos; Título VI sanciones: capítulo único, sanciones administrativas y penales.

Los ordenamientos jurídicos en que se basa para el reconocimiento del derecho a la consulta son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2o. constitucional, la Ley de Planeación y la Ley de la CDI. En cuanto a los sujetos de la consulta, distingue dos tipos: los sujetos de consulta y los sujetos obligados a consultar; en el primer caso, ubica a los pueblos indígenas, directamente o a través de sus autoridades e instituciones representativas, a las comunidades indígenas, también directamente o a través de autoridades o instituciones representativas, y a las comunidades migrantes a través de sus instituciones representativas; y como sujetos obligados a consultar señala a las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como el honorable Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados; crea, asimismo, un órgano técnico, a través del cual se realizará la consulta, que en el orden federal estará dentro de la CDI, y la obligación de las entidades federativas de crearlo o dotar de facultades al que tengan. En lo concerniente al derecho de los sujetos, y obligaciones del Estado, establece la de consultar todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los indígenas, en especial, reformas institucionales, así como las relacionadas con el diseño, planeación ejecución y evaluación de proyectos, programas y acciones orientadas a fomentar su desarrollo integral; informar de los resultados a quien se consultó y a los representantes de los pueblos y comunidades, y que los sujetos obligados a realizar la consulta deberán hacer las previsiones presupuestales para que sean incluidas en el PEF, y en los presupuestos estatales. En relación con las medidas por incumplimiento de los sujetos obligados a consultar, establece la de impugnación y de tipificación de delitos, además de las que deriven de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El 18 de septiembre de 2008 el senador Andrés Galván Rivas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, presentó la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena y se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)”, que, hasta principios del año 2010 no se había avanzado. Esta iniciativa, a su vez, en su estructura se compone de siete capítulos: I Disposiciones generales, II De los sujetos y materia de consulta, III Del sistema de consulta indígena, IV De la implementación de la consulta, V De los resultados y la difusión, Capítulo VI de las responsabilidades y VII Del financiamiento. Los ordenamientos jurídicos a los que alude en el reconocimiento del derecho son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2o. constitucional, la Ley de Planeación y la Ley de la CDI. En cuanto a los sujetos de la consulta, distingue dos tipos: 1) sujetos a consultar, señalando como tales a los pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones y autoridades representativas, a las comunidades indígenas migrantes residentes en territorio nacional en zonas urbanas o rurales y a las organizaciones indígenas debidamente acreditadas con residencia en el territorio nacional y de acuerdo con el tema y cobertura de la consulta; y 2) sujetos obligados o instancia competente, señalando en este rubro a la Unidad de Planeación y consulta de la CDI, y que cada estado y dependencia nombrarán un responsable. Como deberes principales, que establece para los sujetos obligados a consultar, contiene: integrar el sistema de consulta en los estados de la república y en las dependencias de la administración pública federal; informar a la CDI las consultas por realizar para la integración del presupuesto; aplicar el sistema de consulta; informar de los resultados a los consultados y, en cuanto al financiamiento, deberán de hacer las previsiones en la Cámara de Diputados y en las legislaturas estatales o ayuntamientos. Finalmente, en cuanto a las sanciones, sólo señala, en general, que incurre en responsabilidad quien no cumpla con la ley.

Para el proceso de dictaminación de la iniciativa, en mi carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, propuse, primero a la Junta Directiva y después al pleno de la Comisión, que promoviéramos ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores un proceso de trabajo en “conferencia parlamentaria”, a través del cual se analizaran, discutieran y consensaran, primero a nivel técnico y posteriormente con los legisladores, los dos proyectos legislativos existentes en ambas comisiones, y considerando las iniciativas anteriores y las opiniones y propuestas tanto del Ejecutivo como de la academia y de las organizaciones indígenas; con objeto de generar un documento de trabajo (anteproyecto de dictamen de ley de consulta) que se sometiera a la consulta de los pueblos y organizaciones indígenas, se recabaran sus observaciones y propuesta, se analizaran e incluyeran en el dictamen y, una vez consensuado, se presentara para dictamen en las Cámaras.

La Comisión de Asuntos Indígenas de este órgano legislativo aprobó esta propuesta, la presentamos al senador Galván, en su carácter de presidente de la Comisión de Senadores, quien a su vez la llevó a los senadores de su Comisión y fue aceptada y enriquecida, acordándose el plan de trabajo “en conferencia”, y que, cuando se tuviera el proyecto de dictamen, se analizarían las condiciones y se decidiría en cuál de las Cámaras se presentaría como origen, para que fuese aprobada, turnada a la revisora y aprobada definitivamente en ésta, para turnarse al Ejecutivo.

Para la implementación del plan de trabajo, el personal de la secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores se incorporó al Grupo técnico que, con el propósito de avanzar consensuadamente en la agenda legislativa, se había constituido previamente con la Secretaría Técnica, investigadores especialistas en materia indígena del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y asesores representantes de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, con representantes del Ejecutivo federal, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Secretaría de Gobernación (enlace del Ejecutivo con el Legislativo).

El “grupo técnico” se avocó a trabajar intensamente, y después de 13 prolongadas reuniones de trabajo, durante los meses de mayo a septiembre de 2010, terminó de elaborar el documento Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, mismo que fue discutido y aprobado, como documento de trabajo en reunión de conferencia de las juntas directivas de las comisiones, el 29 de septiembre. Asimismo, se acordó solicitar la participación y apoyo de la CDI para someter el documento a un proceso amplio y profundo de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, a académicos, especialistas y a la sociedad en general. Se obtuvo el apoyo de la CDI en la organización y desarrollo del proceso de consulta. Las comisiones de Asuntos Indígenas de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión coordinaron el proceso, mientras que la CDI se responsabilizó de la operación.

El programa de consulta se desplegó en dos etapas: en la primera, durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, se realizaron siete Foros regionales de información y difusión, dirigidos a representantes de pueblos y comunidades indígenas, siendo sedes los estados de San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal (Cámara de Diputados); y dos coloquios, uno con los titulares de las políticas públicas indigenistas de los gobiernos de las Entidades Federativas, realizado en Oaxaca, y otro con académicos, especialistas y dirigentes de organizaciones indígenas, efectuado en la ciudad de México.

En la segunda etapa de la consulta, realizada durante febrero y marzo de 2011, se realizaron las siguientes acciones:

71 talleres microrregionales de consulta en 28 estados, donde participaron y expresaron su opinión sobre el “anteproyecto” los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a la siguiente regionalización: Baja California: Sede San Quintín, los indígenas migrantes y residentes; sede Ensenada, pueblos Pai Pai, Cochimi, Kiliwa, Kumiai, Cuacapá; sede Tijuana, indígenas migrantes y residentes. Baja California Sur: sede La Paz, indígenas migrantes avecindados. Campeche: Sede Champotón, pueblos Quiche, Kakchiquel, Kekchi, Ixil; sede Calkiní, pueblos Maya. Ciudad de México: Sede Milpa Alta, pueblo Nahua; sede Delegación Cuauhtémoc, indígenas migrantes y residentes. Chiapas: Sede Maza de Madero, pueblos Mam, Mochó, Kaqchikel, Poptí -Jakalteko, Motozintleco, Tojolabal, Kanjobal y Chuj; sede San Cristóbal de las Casas, pueblos Tzotzil, Tzental y Zoque; sede Ixtacomitán, pueblos Tzotzil, Zoque, Tzental y Chol; sede Palenque, pueblos Ch’ol, Tzental, Lacandón. Chihuahua: Sede Yepachi, pueblo Pima; sede Chiapas, pueblo Guarijio; sede Guachochi, pueblo Raramuri; sede Baborigame, pueblo Tepehuano. Coahuila: Sede Múzquiz, pueblo Kikapú. Durango: Sede Santa María de Ocotán, pueblo Tepehuano. Estado de México: Sede Temoaya, pueblo Mazahua, Matlazinca, Tlahuica y ÑhaÑhu, sede Atlacomulco, pueblos Mazahua y ÑhaÑhu; sede Ecatepec, indígenas migrantes y residentes. Guanajuato: Sede San Luis de la Paz, pueblo Chichimeca Jonaz. Guerrero: sede Ometepec, pueblo Amuzgo; sede Tlapa, pueblos Tlapaneco y Mixteco; sede Chilapa, pueblo Nahua. Hidalgo: Sede Huejutla, pueblo Nahua; sede Tenango de Doria, pueblos ÑhaÑhu y Tepehua; sede Ixmiquilpan, pueblo ÑhaÑhu. Jalisco: Sede Mezquitic, pueblo Wixárika. Michoacán: Sede Pátzcuaro, pueblo Purépecha; sede Cherán, pueblo Purépecha; sede Zitácuaro, pueblos Mazahua y ÑhaÑhu; sede Aquila, pueblo Nahua. Morelos: Sede Tetelcingo, pueblo Nahua; sede Tetlama, pueblo Nahua. Nayarit: Sede Tepic, indígenas migrantes y residentes; sede Jesús María, pueblos Cora y Wixarika; Sede Ruiz, pueblo Cora; sede Potrero de la Palmita, pueblo Wixarika; sede Huajicori pueblo Tepehuano. Nuevo León: sede Monterrey, indígenas migrantes y residentes. Oaxaca: Sede Tlaxiaco, pueblos Tacuate, Mixteco, Chocho, Triqui y Chatino; sede Tlacolula, pueblos Zapoteco y Mixe; sede Juchitan, pueblos Zoque, Zapoteco, Huave y Chontal de Oaxaca; sede Huautla de Jiménez, pueblos Mazateco, Cuicateco, Chinanteco e Ixcateco. Puebla: Sede Cuetzalan, pueblo Nahua; sede Huehuetla, pueblos Nahua y Totonaco; sede Tehuacán, pueblos Nahua y Popoloca. Querétaro: Sede San Antonio de la Cal, pueblos Pame y ÑhaÑhu; Quintana Roo: Sedes Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Puerto Morelos y Chetumal, pueblo maya. San Luis Potosí: Sede Tancanhuitz, pueblo Tenek; sede Tanpacan, pueblo Nahuatl; sede Cárdenas, pueblo Pame. Sinaloa: Sede El Fuerte, pueblo Yoreme; sede Culiacán, indígenas migrantes y residentes. Sonora: Sede Hermosillo, pueblos Pima, Seri, Pápago y Kikapú; sede Potam, pueblo Yaqui; sede Etchojoa, pueblo Mayo; sede San Bernardo, pueblo Guarijio. Tabasco: Sedes Nacajuca y Macuspana, pueblo Chontal. Tlaxcala: Sede Tlaxcala, pueblo Nahua. Veracruz: Sede Chicontepec, pueblos Tenek y Tepehua, sede Papantla, pueblo Totonaco; sede Zongolica, pueblo Nahua; sed Uxpanapa, pueblos Nahua, Chinanteco y Zoque; sede Acayucan, pueblos Popoloca y Nahua. Yucatán: Sede Valladolid, pueblo Maya.

Un panel denominado “El anteproyecto de Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Derecho Internacional”, el 9 marzo de 2011 en este Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se publicó en las portadas de las páginas electrónicas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, la “convocatoria abierta” para recabar la opinión de toda la sociedad, sobre el anteproyecto de Ley de Consulta, a través de la cual se recibieron 38 propuestas

Se difundió, a través de 20 radiodifusoras indigenistas, operadas por la CDI, un programa con amplia explicación sobre los contenidos del anteproyecto; además se trasmitieron cápsulas promociónales que motivaron la participación de los pueblos y la sociedad en el proceso de consulta.

El Canal del Congreso realizó y trasmitió un promocional invitando a la participación en la consulta, además, trasmitió el foro de difusión realizado en instalaciones del Palacio Legislativo, los coloquios con funcionarios responsables de la política indigenista de los gobiernos de las entidades federativas, y con expertos y organizaciones indígenas, así como el Panel Internacional.

Se realizaron dos reuniones con representantes de dependencias y entidades de la administración pública federal para explicar el contenido del “anteproyecto” y conocer sus opiniones sobre el mismo.

Además se solicitaron y recibieron opiniones de instituciones y expertos, como el diputado Jaime Cárdenas Gracia; el Seminario Internacional sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM; los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, y para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como la Dirección de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados.

Para estudiar y procesar los resultados de todo este proceso de consulta realizado y las observaciones tanto de la CDI como de la administración pública federal, se realizaron otras 10 reuniones del grupo técnico, integrado por la Comisiones de Asuntos Indígenas de las Cámaras de Diputados y Senadores, ampliándose con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Gobernación, obteniendo como resultado la versión final, enriquecida, del “anteproyecto”.

La última reunión, en la que quedó concluido el “anteproyecto de dictamen de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas”, ya preparado para someterse a dictamen de las comisiones y de los plenos de ambas cámaras, fue el 28 de marzo de 2011. El día siguiente, 29 de marzo, fui destituido como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

No se volvió a hablar del tema, hasta el 1 de junio, en ocasión de que fue en esa fecha cuando la CDI realizó, en un foro, en la ciudad de México, la entrega formal a las Comisiones de Asuntos Indígenas de las Cámaras de Diputados y de Senadores del documento Informe final de la consulta sobre el anteproyecto de la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, que contiene la sistematización de los resultados de los 71 Talleres microrregionales de consulta, realizados en 28 estados (los resultados conforme se fueron generando, se fueron también procesando en el grupo técnico).

Fue hasta esa fecha y en el marco de ese evento, en el que, al hacer sus respectivas intervenciones los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso se comprometieron públicamente a retomar e impulsar el proyecto. En virtud de que, aprovechando la situación del relevo en la presidencia de la Comisión en la Cámara de Diputados, la administración pública federal había formulado y planteado nuevas objeciones, observaciones y propuestas en torno al proyecto, se acordó, volver a instalar el grupo técnico, con el propósito de analizarlas, consensarlas y en su caso incorporarlas al proyecto, al efecto se realizaron, también con nuestra participación, otras 6 reuniones de trabajo. El anteproyecto quedó concluido el 29 de junio de 2011.

Ha transcurrido bastante tiempo desde que se terminó la versión del anteproyecto en los términos acordados por las juntas directivas de las comisiones de asuntos indígenas de ambas cámaras, y de la misma forma, mucho tiempo desde que se concluyó, en definitiva, habiéndose dado tiempo suficiente para desahogar las observaciones y propuestas de la administración pública federal, y hasta la fecha, al parecer se abandonó o se dejó sin efecto el acuerdo fundamental que motivó este intenso y profundo proceso de trabajo, de llevar hasta sus últimas consecuencias (hasta la aprobación de la ley) en “conferencia parlamentaria” este compromiso con todos las actores involucrados en él, principalmente con los pueblos y comunidades indígenas. Y no obstante la “presión” que tiene la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para emitir el dictamen por el término establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión (después de haberse solicitado prorroga en dos ocasiones), un claro ejemplo de abandono y falta de compromiso que origino que no prosperara esta iniciativa.

Esta situación me compromete tanto en lo personal como con todos los representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que tan esperanzada y entusiastamente participaron en el proceso, con los legisladores que abrazan el proyecto, los servidores públicos, en especial los de la CDI, los académicos e investigadores que tanto nos apoyaron con sus opiniones y propuestas; a hacer lo que todavía esté a mi alcance hacer, a pesar de las condiciones adversas, para rescatar y no dejar en los archivos del Congreso este valioso proyecto de ley que ya consultado con los representantes de los pueblos indígenas y consensuado, a nivel técnico, con las principales fuerzas políticas del país, debiera tener viabilidad práctica como uno de los productos, quizás de los más importantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y ahora de esta LXIV Legislatura que está comenzando, para sentar las bases del verdadero diálogo intercultural Estado-pueblos indígenas y empezar a resarcir la deuda histórica que tenemos con los indígenas y fortalecer la naturaleza de nuestro país como nación pluricultural.

Por todo lo anterior y desde luego reconociendo que el “anteproyecto de dictamen de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas” que presento es en muchos aspectos muy superior a la iniciativa que presenté originalmente, que fue enriquecida con los aportes de todos los actores que he mencionado, es que he decidido presentar este “anteproyecto de dictamen de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas” como nueva iniciativa de ley, y desde los nuevos espacios que se hayan de generar, seguir luchando por su dictaminación y aprobación.

Como se mencionó al principio del presente escrito, los indígenas, sus territorios y patrimonio han sufrido agresiones, principalmente producto de las políticas energéticas, mineras, por lo que han acudidos a las instancias judiciales que han emitido dos resoluciones en forma de tesis donde se destaca:

Tesis: 2a. XXIX/2016 (10a.), Pueblos y comunidades indígenas. Derecho a ser consultados. Requisitos esenciales para su cumplimiento (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2016)

“De conformidad con los estándares internacionales en materia de protección a los derechos de las comunidades indígenas, las características específicas del procedimiento de consulta variarán necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del impacto sobre los grupos indígenas, por lo que los jueces deberán analizar en cada caso concreto si el proceso de consulta realizado por las autoridades cumple con los estándares de ser: a) previa al acto, toda vez que debe llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto, con suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución; b) culturalmente adecuada, ya que debe respetar sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones; en ese sentido, las decisiones que las comunidades indígenas tomen de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres deben respetarse en todo momento, lo que implica que las autoridades deben llevar a cabo la consulta, a través de medios e instrumentos idóneos para las comunidades indígenas, de suerte que la falta de acceso a las tecnologías de la información, no signifique un menoscabo en el ejercicio de este derecho; c) informada, al exigir la existencia de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para que sea comprensible, por lo que si así lo requiere el caso concreto, deberá ser proporcionada en las lenguas o idiomas de las comunidades o pueblos involucrados, así como con todos los elementos necesarios para su entendimiento, de manera que los tecnicismos científicos no constituyan una barrera para que las comunidades puedan emitir una opinión; y d) de buena fe, pues la consulta exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, debe efectuarse fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada”

Tesis: 2a. XXVII/2016 (10a.) Pueblos y comunidades indígenas. En su derecho a ser consultados, el estándar de impacto significativo constituye elemento esencial para que proceda. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2016).

“El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental reconocida en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, cuya protección puede exigir cualquier integrante de la comunidad o pueblo indígena, con independencia de que se trate o no de un representante legítimo nombrado por éstos. En ese sentido, constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como los derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. No obstante, lo anterior no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así, se ha identificado -de forma enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en las condiciones de vida y entorno de los pueblos indígenas.”

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación general número 27/2016, en su parte final exhorta:

“[Al] Ejecutivo Federal:

“Unica. Presente una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del país que recoja como mínimo los estándares descritos en la presente recomendación, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

“Al Congreso de la Unión:

“Primera. Se estudie, discuta y vote, la iniciativa que, en su caso, presente el titular del ejecutivo federal respecto del derecho a la consulta previa, libre e informada, que integre como mínimo los requisitos que han sido establecidos en el texto de esta Recomendación.

“Segunda. En su caso, se estudie, discuta y vote una iniciativa que presente alguna de las dos cámaras, una legislación específica respecto del derecho a la consulta previa, libre e informada, que integre como mínimo los requisitos que han sido establecidos en el texto de esta Recomendación

“Tercera. Se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país realizando consultas a las mismas, y se integre a las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones académicas durante el procedimiento legislativo.”

La iniciativa de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas que estoy presentando se integra con ocho capítulos que en total contienen 29 artículos y cinco transitorios.

En el capítulo I, Disposiciones Generales, se establece:

Que el ámbito de aplicación de la ley, será todo el territorio nacional y de observancia obligatoria para los tres órdenes de gobierno, y que sus disposiciones tienen como objeto garantizar el acceso de los pueblos indígenas a su derecho a la consulta.

Que, de conformidad a las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, para los derechos de los Pueblos Indígenas es ya de jerarquía constitucional; se identifican las circunstancias y momentos, en general, en que los pueblos indígenas y sus comunidades ejercerán su derecho a la consulta, “...cuando el Estado prevea actos legislativos o administrativos que los puedan afectar o los afecten directamente en sus derechos”; además, se establece que la consulta habrá de realizarse mediante procedimientos adecuados. Las particularidades de este mandato se desglosan en los capítulos relativos al objeto y materias de la consulta y de los procedimientos.

Que la finalidad de la consulta es lograr el consentimiento libre, previo e informado a través de acuerdos, en los términos que la misma ley determina. En los capítulos relativos a los procedimientos y resultados de la consulta se establecen las particularidades y condiciones para obtener y expresar el consentimiento y los acuerdos.

Que la consulta es requisito en el proceso de planeación y previa a la ejecución de las acciones del Estado que la motivan, lo que significa que las autoridades administrativas y los órganos legislativos, deberán hacer las previsiones metodológicas, logísticas y presupuestales para realizar las consultas respectivas antes de su toma de decisiones.

Las definiciones de los principales conceptos a los que hace referencia la ley.

Asimismo, se establecen los principios que habrán de orientar y regir la relación autoridad-pueblos indígenas en el cumplimiento de esta ley.

En el capítulo II se identifica a los sujetos de la consulta, distinguiéndose dos tipos de sujetos: los sujetos del derecho a la consulta y los sujetos obligados a realizar la consulta. Para los primeros, se destaca que para efectos de la ley que se expide, se otorga personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, superando así la omisión legislativa que se presenta en la mayoría de las constituciones y leyes locales al no reglamentar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, como se los delega el artículo 2o. de la Constitución federal; además esta ley reconoce explícitamente como sujetos del derecho a la consulta a las comunidades afromexicanas y a las comunidades indígenas residentes en zonas urbanas o rurales distintas a las de su origen. Los sujetos obligados a realizar consulta serán las autoridades de las administraciones públicas, así como a los órganos legislativos y autónomos de los tres órdenes de gobierno.

El capítulo III se refiere al objeto, y en él se establece que el objeto de la consulta será lograr el consentimiento previo, libre e informado a través de acuerdos, respecto de las materias que históricamente han trastornado la vida de las comunidades, provocando el desplazamiento y empobrecimiento de los pueblos indígenas, además de numerosos conflictos sociales. Las materias sobre las que habrá de realizarse consulta, son aquellas que afectan el amplio potencial de recursos que se encuentran en los territorios indígenas; estos recursos, reclaman los pueblos y conforme al Convenio 169 de la OIT les asiste el derecho, habrán de servir para planear su desarrollo, generar procesos económicos y acceder a una vida más digna y, a partir de ello, contribuir al desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Por ello, se definen como materias a consultar: La ejecución de obra pública, la expropiación de tierras, el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de recursos propiedad de la nación existentes en sus tierras y territorios, la imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios, los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas, las acciones específicas de los tres órdenes de gobierno, las autorizaciones y permisos para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos existentes en sus tierras y territorios asociados al conocimiento tradicional, la instalación de depósitos de residuos peligrosos o rellenos sanitarios que se ubiquen en tierras que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas, los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas, los actos administrativos de los tres órdenes de gobierno que afecten o puedan afectar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a libre determinación y autonomía, y las iniciativas de ley o reformas legislativas que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

En virtud de que existen normas específicas para la integración del Plan Nacional de Desarrollo que ya consideran la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, se ratifica que la consulta, deberá realizarse en los términos que establecen los ordenamientos respectivos. El mismo trato de respeto a las normas locales se otorga para el caso de los planes de desarrollo estatal y municipal.

Asimismo, se establecen las condiciones fundamentales y los instrumentos del procedimiento de consulta, las cuales se establecen como disposiciones, para la realización de la consulta, en los capítulos IV, V y VI. En el capítulo IV se establecen las generalidades del procedimiento, mientras que en el capítulo V se señalan las particularidades del proceso de consulta para actos administrativos y en el capítulo VI, las particularidades para actos legislativos.

Las generalidades de la consulta que se establecen en el capítulo IV son las relativas al uso de los idiomas indígenas en la información que se maneje en el proceso de consulta; se reafirma la obligación de los órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de realizar consulta cuando pretendan realizar actos de autoridad, de su respectiva competencia, que pudieran afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas; se establece la obligatoriedad de acreditar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas o de sus autoridades o representantes para participar en el proceso de consulta, este mandato respeta la facultad que la Constitución le confiere a las legislaturas locales para reconocer a los pueblos indígenas, pero en los casos en que la reglamentación para ese efecto no exista, el pueblo o comunidad indígena podrá acreditar su personalidad mediante el acta de asamblea correspondiente donde el sujeto se autorreconocerse como indígena, y ese mismo documento señalará a las personas acreditadas como sus representantes para efectos de la consulta, y otra generalidad es la suspensión de la consulta, lo que podrá hacerse cuando las partes llegan a un acuerdo para ello o cuando el órgano responsable desista de realizar el acto que la motivó.

El capítulo V define el proceso de consulta sobre actos administrativos, que inicia con la obligación del órgano responsable, con la coadyuvancia del órgano técnico, de integrar la información sobre el acto a consulta, los estudios de impacto y el alcance de la acción a emprender; también habrá de formular y emitir la convocatoria respectiva; así como realizar la una reunión informativa con los sujetos a consultar donde se entregará la información, les informará sobre el proceso de consulta considerado en la ley, les solicitará su acreditación y acordará la fecha para elaborar y consensuar el programa de trabajo de la consulta. Este mandato prevé que un pueblo o comunidad indígena no convocado y que considere que el acto a realizar le afecta, solicite su inclusión; sobre el particular, el órgano responsable está obligado a resolver y comunicarlo al solicitante. Asimismo, se definen las etapas mínimas del proceso de consulta como son: Los mecanismos de difusión, el uso de lenguas indígenas y el apoyo de intérpretes, la definición de actividades y su calendarización, los procedimientos específicos técnico metodológicos, la sistematización de los resultados y en su caso, definición de acuerdos, y la entrega de los resultados a las partes. El programa deberá consensuarse entre las partes, como requisito para su ejecución. Aquí también se prevé el mecanismo de celebración de convenios entre los niveles de gobierno, cuando las tareas de consulta, por su naturaleza, obliguen a la concurrencia, coordinación o complementación entre diferentes órdenes de gobierno. Se pone especial cuidado en la integración del expediente de la consulta, para que las partes tengan documentado el proceso y en su caso, cuenten con los elementos para actuar conforme a su derecho convenga. Además el órgano responsable estará obligado a comunicar los resultados de la consulta a los consultados y difundirlos en los medios de comunicación del ámbito de aplicación de la consulta. Se establece que los pueblos o comunidades indígenas consultados y el o los órganos responsables deberán expresar sus acuerdos mediante convenios, que serán de derecho público, lo que dará la formalidad jurídica requerida a los acuerdos, que serán de cumplimiento obligatorio. Esta es la forma en que quedará establecido el carácter vinculante de la consulta. Se prevé también que en el caso de que, habiéndose realizado la consulta, no se logre el consentimiento o acuerdo, a efecto de que las partes puedan ejercer el derecho que consideren les asiste, se levantará un acta, donde quede constancia de sus posturas, misma que se integrará al expediente. Además, como un primer recurso de defensa de los pueblos y comunidades indígenas, en caso el caso de que el órgano responsable del Estado inicie la ejecución de acciones sin haberlos consultado, la comunidad o comunidades afectadas tendrán acción para exigirle, por escrito, la suspensión de la obra.

El capítulo VI define el procedimiento para la consulta sobre actos legislativos. En éste se establece que las Cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales serán responsables (con la coadyuvancia del órgano técnico), según donde se presente la iniciativa de reforma o de ley; que la consulta se realizará previamente a la formulación del dictamen correspondiente; el órgano responsable emitirá la convocatoria correspondiente con cobertura territorial congruente a su ámbito de competencia, donde se informará sobre contenido del o los proyectos que motivan la consulta, la modalidad de la consulta, la cobertura territorial, los sujetos a consultar, los periodos y formas de registro y acreditación y las fechas, lugares y horarios de realización de la consulta. También aquí se establece la obligatoriedad de hacer constar en actas los resultados de la consulta y de hacerlas del conocimiento de los sujetos consultados y de las instancias legislativas que tienen la facultad de resolver en definitiva sobre el proyecto legislativo, y de informar a los sujetos consultados de las formas en que se consideraron los resultados de la consulta, en un plazo no mayor de treinta días, y que en el caso de Congreso de la Unión, la Cámara de origen será la responsable de acatar este mandato.

En el capítulo VII, mediante sólo dos artículos se obliga a los órganos responsables de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno y a los poderes legislativos federal y a los de las entidades federativas, a prever, en el ámbito de sus respectivas competencias, en los presupuestos anuales, los recursos necesarios para la realización de las consultas que derivarán de la planeación.

Finalmente, en el capítulo VIII se las responsabilidades y sanciones, señalándose que los titulares de los órganos responsables y técnicos que teniendo la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas no lo hicieran, incurrirán en responsabilidad administrativa y la que resulte.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo Único. Se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas en los siguientes términos:

Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1.La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional, es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer, para los tres órdenes de gobierno, disposiciones que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la consulta.

Artículo 2. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados a través de sus instituciones o autoridades representativas, cuando el Estado prevea actos legislativos o administrativos que los puedan afectar o los afecten directamente en sus derechos. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho mediante procedimientos adecuados.

Artículo 3. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas a que se refieren los artículos anteriores tiene como finalidad lograr su consentimiento libre, previo e informado o llegar a acuerdos, en los términos de esta ley.

Artículo 4. La consulta los pueblos y comunidades indígenas es requisito en la planeación y será previa a la ejecución de las medidas que la motivan.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Afectación directa: Cambios que un acto legislativo o administrativo pueda producir o produzca en los derechos y forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

II. Autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas: Las que cada pueblo o comunidad instituyen de conformidad con sus sistemas normativos.

III. Comunidades integrantes de un pueblo indígena: Aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

IV. Consentimiento libre, previo e informado: Aceptación, a través de acuerdos de los pueblos y comunidades indígenas de los actos que el Estado prevé realizar y que los afecten directamente, tomada sin coacción y con información oportuna, adecuada y suficiente.

V. Órgano Responsable: Dependencia o entidad del Poder Ejecutivo en sus tres órdenes de gobierno, Órganos Autónomos y del Poder Legislativo Federal o Estatal que prevea actos que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, obligados a realizar la consulta.

VI. Órgano Técnico: Dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal, municipal o del Poder Legislativo especializado en materia indígena, obligado de coadyuvar con el órgano responsable de la consulta, asistiéndolo técnicamente en el diseño, aplicación, sistematización, divulgación y seguimiento de la misma.

VII. Proceso de Consulta: Sistema de participación de los pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones y autoridades representativas por el cual se establece un diálogo intercultural con las autoridades del Estado, respecto de actos legislativos o administrativos que éstas se proponen realizar y que puedan afectarlos o los afecten directamente, con el propósito de obtener su consentimiento libre, previo e informado, a través de acuerdos.

VIII. Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Artículo 6. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes principios:

I. Buena fe: Disposición de las partes de actuar leal, sincera y correctamente, propiciando un clima de confianza y respeto mutuo.

II. Equidad de género: Participación equitativa de las mujeres al interior de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta.

III. Equidad: Igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos y facultades, de los sujetos que intervienen en el proceso de consulta.

IV. Interculturalidad: Reconocimiento, adaptación y respeto a las diferencias culturales en condiciones de igualdad, expresado en la interacción y el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.

V. Participación: Intervención libre y activa de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación, ejecución y evaluación de los actos que los afecten directamente.

VI. Respeto a la libre determinación: Proceso permanente que garantiza a los pueblos y comunidades la adopción de sus propias decisiones para determinar su condición política y desarrollo, económico, social y cultural.

VII. Transparencia: Acceso de los pueblos y comunidades indígenas a toda la información gubernamental relacionada con la materia de la consulta, en forma oportuna, suficiente, clara y objetiva.

Capítulo IIDe los Sujetos

Artículo 7. Son sujetos de consulta y tienen personalidad jurídica en los términos y para los efectos de la presente ley:

I. Los pueblos indígenas;

II. Comunidades indígenas;

III. Comunidades afromexicanas; y

IV. Las comunidades indígenas que residen en el territorio nacional en zonas urbanas o rurales distintas a las de su origen.

Artículo 8. Son sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, cuando prevean actos legislativos o administrativos que los afecten directamente:

I. En el orden federal:

a) Las dependencias y entidades de la administración pública federal;

b) Las cámaras que integran el Congreso de la Unión; y

c) Los órganos autónomos.

II. En las entidades federativas:

a) Las dependencias y entidades de la administración pública;

b) Las legislaturas locales; y

c) Los órganos autónomos locales.

III. En los municipios, la administración pública municipal y, en el caso del Distrito Federal, las demarcaciones territoriales.

IV. Los órganos técnicos previstos en los distintos órdenes de gobierno, en los términos establecidos en la presente ley.

Capítulo III Del Objeto y Materia de la Consulta

Artículo 9. Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como objeto lograr su consentimiento libre, previo e informado o llegar a acuerdos respecto de:

I. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos;

II. La expropiación de tierras de núcleos agrarios que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas;

III. El otorgamiento de concesiones y permisos para la exploración, uso, aprovechamiento o explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados en sus tierras y territorios;

IV. La imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios en territorios indígenas;

V. Las autorizaciones y permisos para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos existentes en sus tierras y territorios asociados al conocimiento tradicional;

VI. La instalación de depósitos de residuos peligrosos o rellenos sanitarios que se ubiquen en tierras que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas;

VII. Los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas;

VIII. Los actos administrativos de los tres órdenes de gobierno que afecten o puedan afectar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a libre determinación y autonomía; y

IX. Iniciativas o reformas de legislativas que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

El consentimiento o el acuerdo se expresarán por escrito en los términos de esta ley.

Artículo 10. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se realizará en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

Para los planes de desarrollo estatales y municipales, la consulta se realizará de conformidad con la legislación aplicable en las entidades federativas.

Capítulo IV Generalidades del Procedimiento de Consulta

Artículo 11. Toda la información relacionada con el procedimiento de consulta deberá ser en español y en la lengua o lenguas que hablen los pueblos y comunidades participantes.

Artículo 12. El órgano responsable que pretenda realizar actos administrativos o legislativos que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas, está obligado a realizar la consulta en los términos de esta ley.

Artículo 13. Los pueblos y comunidades indígenas y sus autoridades o instituciones representativas participantes en la consulta, acreditarán su personalidad jurídica según lo establezca la legislación de la entidad federativa correspondiente.

En caso de no existir procedimiento legal para acreditar la personalidad jurídica, ésta se acreditará a través del acta o documento similar expedido por la Asamblea u órgano de gobierno tradicional del pueblo o comunidad indígena. En este documento se señalará la institución o autoridad representativa para efectos de la consulta.

Artículo 14. La consulta podrá suspenderse temporal o definitivamente:

I. Cuando las partes así lo determinen.

II. Porque el órgano responsable suspenda el acto que motiva la consulta.

Capítulo V Del Procedimiento y Resultados de la Consulta sobre Actos Administrativos

Artículo 15. Al inicio del procedimiento de consulta el órgano responsable con la coadyuvancia del órgano técnico:

I. Integrará la información sobre el acto previsto, misma que deberá de incluir por lo menos el objeto, naturaleza, temporalidad y alcance, basados en estudios de impacto en lo cultural, ambiental, económico y social, que sean necesarios.

II. Emitirá la convocatoria al proceso de consulta, a los integrantes del pueblo o comunidad indígena correspondiente a través de los medios más idóneos de acuerdo a su cultura, lengua y prácticas de comunicación.

En caso de que un pueblo o comunidad indígena no haya sido convocado y se considere que acto objeto de la consulta le afecte o pueda afectar directamente, podrá solicitar ante el órgano responsable su inclusión en el proceso de consulta.

El órgano responsable está obligado a resolver dicha solicitud dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y comunicar a los solicitantes dicha resolución.

III. Realizará una primera reunión informativa con los convocados que tendrá por objeto:

a) Entregar la información relativa al acto a consultar, ésta debe ser precisa, accesible y comprensible, de ser necesario en la lengua y variante lingüística;

b) Informar sobre el proceso de consulta previsto en esta ley;

c) Solicitar a los pueblos y comunidades que acrediten a sus autoridades o instituciones representativas; y

d) Acordar una próxima reunión para elaborar y consensar entre las partes, el programa de trabajo de consulta.

Artículo 16. El programa de trabajo de la consulta contendrá por lo menos las siguientes etapas:

I. Definición de actividades y su calendarización;

II. Mecanismos de difusión de las etapas de la consulta;

III. Uso de lenguas indígenas y apoyo de interpretes y traductores;

IV. Los procedimientos específicos técnico metodológicos para la realización de la consulta;

V. Sistematización de los resultados y en su caso definición de acuerdos; y

VI. Entrega de los resultados a las partes.

Artículo 17. Una vez consensuado el programa de trabajo de la consulta se procederá a su ejecución.

Artículo 18. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno celebrarán convenios de coordinación para realizar la consulta, cuando se requiera por la naturaleza del acto que la motiva y en concordancia con las leyes de la materia cuando sea necesario.

En estos convenios se determinarán el o los órganos responsables, así como el o los órganos técnicos que correspondan.

Artículo 19. En cada caso, el órgano responsable abrirá un expediente que contenga por lo menos:

I. Los actos que motivan la consulta;

II. El o los órganos responsables;

III. El o los órganos técnicos;

IV. Los convenios de coordinación a los que se refiere el artículo 17;

V. Los pueblos o comunidades afectados;

VI. Las autoridades o instituciones representativas participantes en la consulta;

VII. El programa de la consulta;

VIII. Los resultados de la consulta; y

IX. Los convenios, actas y documentos a los que se refiere esta ley, según proceda.

El órgano técnico, los consultados y, en su caso, las demás autoridades involucradas, contarán con una copia de este expediente.

Artículo 20. Los resultados de la consulta deberán constar en acta. El órgano responsable, con la coadyuvancia del órgano técnico, deberá hacer del conocimiento de los sujetos consultados y de las autoridades involucradas los resultados de la consulta; en español y en la lengua de la comunidad o pueblo indígena que corresponda.

El órgano responsable deberá difundir en medios de comunicación de cobertura similar al ámbito de aplicación de la consulta los resultados de ésta.

Artículo 21. Los acuerdos que resulten del proceso de consulta por actos administrativos serán objeto de convenios entre los pueblos o comunidades indígenas consultados y el o los órganos responsables, de cumplimiento obligatorio para las partes y en ellos se establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento.

Los convenios serán de derecho público y las controversias que se susciten con motivo de su interpretación y cumplimiento, serán resueltas por los tribunales del ámbito y materia que corresponda.

Artículo 22. Cuando, como resultado de la consulta, no se obtenga el consentimiento, se levantará un acta donde consten las posturas de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 23. En caso de actos administrativos en los que el órgano responsable inicie su ejecución sin haber consultado a los pueblos o comunidades indígenas afectados directamente, éstos tendrán derecho para exigir la suspensión, del o los actos hasta que se realice la consulta.

Para la procedencia de la suspensión a que se refiere el párrafo anterior bastará la solicitud por escrito de la autoridad o institución representativa del pueblo o comunidad indígena, al órgano responsable, señalando la afectación o posibles afectaciones por el o los actos. El órgano responsable, dentro de diez días hábiles a partir de la solicitud, con la coadyuvancia del órgano técnico, está obligado a determinar respecto de la procedencia de la suspensión solicitada y en su caso suspender inmediatamente el acto. La determinación, con las razones que la justifiquen se notificará por escrito a los solicitantes dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Capítulo VI Del Procedimiento y Resultados de la Consulta sobre Actos Legislativos

Artículo 24. Las consultas que realicen las Cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales, en su carácter de órganos responsables, con la coadyuvancia del órgano técnico, se sujetarán a lo siguiente:

I. Previo a la formulación del dictamen correspondiente a una iniciativa de reforma o de Ley, que afecte o pueda afectar los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, se realizará la consulta.

II. El órgano responsable definirá la modalidad de consulta más apropiada en función de la materia y ámbito de que se trate, para consultar a los sujetos susceptibles de ser afectados por actos legislativos.

III. El órgano responsable emitirá la convocatoria correspondiente con cobertura territorial congruente a su ámbito de competencia.

IV. El órgano responsable establecerá en la convocatoria a la consulta como mínimo lo siguiente:

a) Contenido del o los proyectos que motivan la consulta;

b) Modalidad de la consulta;

c) Cobertura territorial;

d) Sujetos a consultar;

e) Periodos y formas de registro y acreditación; y

f) Fechas, lugares y horarios de realización de la consulta.

Si algún pueblo o comunidad indígena se considera excluido de la consulta podrá solicitar por escrito su participación al órgano responsable, dentro del plazo de registro. El órgano responsable está obligado a resolver dicha solicitud dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

Artículo 25. Los resultados constarán en actas y se harán de conocimiento de los sujetos consultados y de las instancias que resolverán en definitiva respecto del proyecto legislativo, a efecto de que sean considerados en el dictamen correspondiente.

Artículo 26. Concluido el proceso legislativo, el órgano responsable deberá informar a los sujetos consultados de las formas en que se consideraron los resultados de la consulta en un plazo no mayor de treinta días.

En el caso del Congreso de la Unión, la Cámara de origen será la responsable de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior.

Capítulo VII Del Financiamiento

Artículo 27. Los órganos responsables y técnicos, harán las previsiones presupuestales necesarias según corresponda para realizar las consultas, mismas que deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes.

Artículo 28. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán incluir en los presupuestos que aprueben las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo VIII De las Responsabilidades

Artículo 29. Incurrirán en responsabilidad administrativa, en términos de la legislación aplicable, los titulares de los órganos responsables y técnicos que teniendo la obligación de consultar en los términos de la presente ley, no lo hicieran.

Asimismo incurrirán en responsabilidad administrativa y la que resulte del caso específico los titulares de los órganos responsables que incumplan con lo establecido en el artículo 23 de este ordenamiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonizarán las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley, en un plazo no mayor a un año.

Tercero. En el caso de que en alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa, podrá solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para efectos de la consulta, mientras se instituye el órgano local correspondiente.

Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos del cuerpo normativo del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Teófilo Manuel García Corpus,Armando González Escoto, Francisco Javier Saldivar Camacho, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Nohemí Alemán Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; se reforma la fracción XXIII al artículo 27, el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los retos de la sociedad moderna es lograr que todos los habitantes del planeta accedan a los insumos necesarios para su sobrevivencia, toda vez que existen las condiciones técnicas para alcanzar este objetivo.

Prueba de lo anterior es la cantidad de excedentes que cada año se producen en todo el mundo, incluyendo a nuestro país. Al respecto, se estima que alrededor del mundo se desperdician 1,300 millones de toneladas de alimentos al año, lo cual equivale a un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano; Tan sólo en América Latina, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se pierden hasta 127 millones de toneladas de alimentos anualmente.

Según el documento “ Food Losses and Food Waste in Mexico: quantification and some proposals for public policy”, elaborado por el Banco Mundial, el total de las pérdidas y desperdicio de alimentos en nuestro país es mayor a 20.4 millones de toneladas por año. El mismo documento señala que si toda la comida que es desperdiciada en México fuera recuperada, ésta alcanzaría para alimentar a toda la población mexicana en carencia alimentaria.

Por otra parte, el doctor Gregor Wolf, del Banco Mundial, coordinador de Operaciones Sectoriales de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, aseguró a la Agencia EFE que el estudio del Banco Mundial pone de manifiesto la gran importancia de contar con información confiable que permite dimensionar el problema, estimar los costos asociados e identificar mejoras en los esfuerzos institucionales. El estudio, presentado en diciembre de 2017, reveló que de 79 alimentos representativos en la canasta alimentaria de México se calcula un desperdicio de 20.4 millones de toneladas cada año, que implica grandes impactos ambientales por excesivo uso de agua y generación de bióxido de carbono. De acuerdo con el estudio, “si los alimentos perdidos y desperdiciados fueran recuperados sería posible atender la deficiencia alimentaria de más de 7.4 millones de mexicanos”.

Las implicaciones del desperdicio de alimentos también abarcan al proceso de producción: la huella de carbono global relacionado con este fenómeno se calcula en 3,300 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que se utilizan aproximadamente mil 400 millones de hectáreas para producir alimentos que no se consumen (una superficie mayor a la de Canadá e India juntos), y la huella hídrica representaría hasta 3.6 veces el consumo total de Estados Unidos.

En el caso mexicano, la cantidad de alimentos desperdiciados genera 36 millones de toneladas de CO2, lo que equivaldría a las emisiones anuales de 16 millones de vehículos, y por esta misma causa se estima la pérdida de 40 mil millones de litros de agua.

En contraste, se ha logrado alcanzar el millón de hectáreas sembradas destinadas para generar alimentos orgánicos, cifra que ha permitido que México se mantenga en el séptimo sitio como productor de agroalimentos a nivel mundial y el cuarto en América, de acuerdo con cifras de 2017 dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El Estado está obligado a proveer de las condiciones óptimas para que toda persona pueda acceder a una alimentación sana, garantizando la disponibilidad de los alimentos.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la alimentación de forma explícita en su artículo cuarto, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

El derecho a la alimentación se amplía para proteger a un sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad, obligando a la Federación, los Estados y Municipios a desarrollar mecanismos para apoyar la nutrición de los indígenas y familias migrantes mediante programas de alimentación, con especial atención a la población infantil.

Según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hubo una reducción en los niveles de carencia por acceso a la alimentación, llegando en 2016 a 20.1 por ciento de la población. No obstante esta reducción, en nuestro país existen 21.4 millones de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, por lo cual hablamos de quienes están en riesgo de morir de hambre por no tener un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

Para lograr revertir esta situación se deben promover medidas tendientes a evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación, a efecto de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a aquellos sectores de la población que por diferentes causas no pueden satisfacer esa necesidad básica.

En este sentido, el Partido Verde propone abordar el tema desde tres ámbitos normativos: la expedición de una ley general, reformar la Ley de Desarrollo Rural y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales responden a las problemáticas que se describen a continuación.

I. Expedición de la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos

La merma, pérdida y desperdicio de alimentos en México es equivalente a más de un tercio de los alimentos producidos. El desperdicio se puede dar en las etapas de producción, pos-cosecha y procesamiento de alimentos, así como de venta minorista y consumo final.

En nuestro país, la problemática de pérdida de alimentos es mayor en los primeros eslabones de la cadena de producción de alimentos (desde la pre-cosecha).

En la fase de producción primaria la cosecha no compensa el costo del transporte e incita a los productores a dejar los productos en el campo, debido a la volatilidad de precios del mercado. También se pierden alimentos en esta etapa porque en ocasiones no cumplen con estándares de calidad exigidos por el mercado. Lo mismo sucede con el producto cosechado, que se pierde por no alcanzar los criterios de calidad. En la industria de la transformación la pérdida se debe a envases o embalajes dañados, o bien, errores de envasado (errores de impresión).

En la etapa de distribución y comercialización se pierden alimentos por mal manejo, principalmente de los perecederos, por tener una fecha próxima de caducidad o por que exceden la misma.

Finalmente, en la fase de consumo se desperdicia una gran cantidad de alimentos debido a los malos hábitos de planificación al comprar los alimentos o falta de comprensión de las etiquetas, entre otros factores. En hoteles, restaurantes, comedores escolares y hogares se desechan alimentos ya preparados, por no ser del agrado del consumidor.

De acuerdo a Genaro Aguilar Gutiérrez, secretario del Grupo Técnico de Pérdidas y Merma de Alimentos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en México se desperdician al año una cantidad de alimentos que representa el 37 por ciento de la producción agropecuaria en el país. Igualmente, señala que el monto de las pérdidas y mermas asciende a más de 100 mil millones de pesos. Según Aguilar Gutiérrez, si se recuperara el alimento desperdiciado se podría alimentar durante semanas a toda la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, es decir, 7.4 millones de personas que padecen de pobreza extrema y carencia alimentaria. En este sentido, detalló se podría proporcionar cada semana 16 litros de leche a cada familia pobre durante todo un año; 3.5 kilos de papa; 2.6 kilos de cebolla; 5 kilos de jitomate; 7 kilos de pollo; 3.6 kilos de carne de puerco y 4.2 kilos de carne de res.

Uno de los principales objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre es el de minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte y comercio. A partir de su entrada en vigor, se logró la conformación del Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos, con representantes de 16 secretarías de Estado, Bancos de Alimentos y de la FAO.

Actualmente las actividades de recuperación en México son realizadas en su mayoría por los bancos de alimentos, los cuales representan iniciativas generadas desde la sociedad civil que atienden la problemática en distintas entidades federativas. La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos de México está conformada por una red de más de 50 bancos de alimentos distribuidos por todo el territorio nacional. Más de 10 mil personas laboran en la red de bancos de alimentos, de las cuales el 90 por ciento son voluntarios. El modelo de rescate alimentario de los bancos de alimentos beneficia a más de 1 millón 137 mil mexicanos en pobreza alimentaria. No obstante lo anterior, la cantidad de alimentos recuperados en nuestro país sigue siendo mucho menor a la que se desperdicia.

El problema de carencia alimentaria que existe en México no es un tema de insuficiencia de alimentos, sino de aprovechamiento y distribución ineficiente de los mismos.

La pérdida de alimentos tiene impactos sociales, económicos y ambientales. Implica la utilización de recursos naturales e insumos agrícolas que también acaban desperdiciándose y generando impactos innecesarios, reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, genera pérdidas de ingresos para los productores, aumenta los precios para los consumidores e impacta de manera negativa en la salud y nutrición de la población.

La expedición de la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos pretende precisar los objetivos y líneas de acción a implementar para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar su rescate y recuperación, así como la reutilización de los alimentos, haciendo hincapié en el ámbito federal y la coordinación con las autoridades locales.

En México ya existen antecedentes normativos referentes a la inhibición del desperdicio o la delegación de atribuciones a autoridades locales para efectuar acciones de donación de alimentos: son 11 las entidades federativas que cuentan con legislaciones referentes al tema, mientras que 21 estados de la República no tienen leyes específicas.

De las 11 entidades que tienen una regulación referente al tema (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas), 10 señalan las atribuciones conferidas a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones determinadas en las leyes correspondientes, mientras que nueve de las leyes locales se enfocan en el tema de la donación y dos en el tema de la prevención del desperdicio de alimentos. Esta información puede observarse en el siguiente cuadro:

Siguiendo este esfuerzo, la ley general que se propone pretende fortalecer las acciones que ya se llevan a cabo tanto por la sociedad civil como por las autoridades locales, por lo que se establecen las competencias de cada autoridad para evitar caer en contradicciones.

II. El desperdicio de alimentos y su impacto en las condiciones de sostenibilidad: modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

El desperdicio de alimentos compromete la sostenibilidad en virtud de que:

-La agricultura intensiva que no permite el barbecho y reposición de las tierras, disminuye la fertilidad del suelo. Cuando aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en el mundo no se consume, los suelos sufren una presión innecesaria. La disminución de la fertilidad de los suelos hace necesario recurrir a una mayor cantidad de insumos sintéticos que causan contaminación y terminan ocasionando la pérdida de tierras cultivables.

-En la agricultura y ganadería ya se usa el 70 por ciento del agua dulce que se utiliza en la Tierra y todo nuevo aumento de la producción agrícola significará un mayor consumo de agua. El agua representa un factor limitante clave de la seguridad mundial, pues cuando los alimentos se desperdician el agua se malgasta.

-Los sistemas alimentarios y agrícolas dependen enormemente de la disponibilidad de energía derivada de combustibles fósiles. El petróleo se utiliza en casi todas las fases de la producción de alimentos: desde la producción de fertilizantes hasta la plantación y cosecha mecanizadas, el riego, el enfriamiento y el transporte.

De acuerdo con a Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para el 2030 se debe reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

Al detectar el origen de las pérdidas de los alimentos, este nuevo indicador proporciona a los países una medida regular de los desperdicios que se producen en el camino de la semilla a la mesa. Los gobiernos podrán emplear estos datos para desarrollar políticas sobre el almacenamiento, la seguridad y transporte de alimentos, así como el funcionamiento de los sistemas alimentarios.

La reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos tendrá un impacto sobre otros Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a un uso más eficaz de los recursos, a la reducción del hambre (mediante una mayor oferta de alimentos) y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior, debido a que todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva o negativa en la economía, el medio ambiente y el desarrollo social. El uso de modalidades de consumo y producción sostenibles aumenta la eficiencia y productividad, asegura que las actividades humanas se mantengan dentro de la capacidad de sustentación del planeta y se respetan los derechos de las generaciones futuras.

En ese sentido, el consumo y la producción sostenibles significan hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata del uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones.

Por otro lado, el consumo y la producción sostenibles engloban el objetivo de desvincular sistemáticamente el crecimiento económico de la utilización creciente de los recursos y la degradación del medio ambiente, a fin de hacer más con menos.

Ahora bien, en relación a la seguridad alimentaria y nutricional en México, es preciso resaltar que ésta presenta un panorama de grandes contrastes. Si bien la oferta de energía alimentaria disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda, las fuertes deficiencias en el acceso originan un panorama heterogéneo de grandes carencias que requiere de intervenciones focalizadas en ciertos grupos de población y en ciertas regiones.

Al deficiente acceso a los alimentos de grupos importantes, se suma la desnutrición crónica infantil aún por atender, al igual que la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. La doble carga de la malnutrición impide el adecuado desarrollo físico e intelectual del individuo, al mismo tiempo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, con grandes costos directos e indirectos para las familias y la sociedad.

Las últimas estimaciones de la FAO dan cuenta de un aumento de la subalimentación a nivel global, aumentando en el último año 38 millones de personas, pasando de 777 millones en 2015 a 815 millones en 2016, siendo el 11 por ciento de la población global.

En su conjunto, la Ley que se propone crear con la presente la iniciativa tiene diversos ejes transversales que no la limitan a una acción de carácter altruista, sino que por el contrario se enfoca en materia económica, ambiental y social, toda vez que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos debe considerarse como una prioridad nacional, debido a que su impacto no sólo tiene que ver con el hambre y la mal nutrición, sino también con la emisión de gases de efecto invernadero y con una potencial disminución del producto interno bruto.

III. Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Nuestro país presenta un grave problema de distribución de alimentos, a pesar de que la producción de éstos sería suficiente para satisfacer las necesidades de la toda la población.

El trabajo realizado hasta la fecha en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha incorporado a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC (BAMX), que junto con Diconsa, se han encargado de distribuir los víveres recuperados en las zonas de mayor marginación del territorio nacional.

Los bancos de alimentos se encargan de distribuir entre la población de escasos recursos alimentos no comercializables que se encuentran en condiciones óptimas para el consumo humano, ya sea canalizándolos a instituciones de asistencia social o distribuyéndolos directamente en las comunidades.

Así, los bancos de alimentos son reconocidos como puentes entre la abundancia y la carencia, pues se encargan de rescatar alimentos de los mercados de abasto, tiendas de autoservicio, campos agrícolas, empacadoras e industria alimentaria en general, evitando así su desperdicio.

El papel de dichas instituciones es de gran relevancia pues éstas promueven la autogestión de las comunidades en donde tienen injerencia y la participación social en la labor de encontrar soluciones a sus problemas.

Por otro lado, en lo que se refiere a los beneficios fiscales que estimulen la donación de alimentos, es necesario señalar que en la actualidad el artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite a los contribuyentes realizar deducciones autorizadas a través de donativos. La deducibilidad de los mismos no puede exceder del siete por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente.

Bajo el amparo de dicha normatividad se abre la puerta para que las personas morales que así lo determinen, puedan realizar donaciones con las que obtengan un beneficio fiscal.

En este sentido, en reconocimiento a la labor realizada por los bancos de alimentos para beneficiar a quienes más lo necesitan, proponemos también reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta con dos fines particulares. En primer lugar, brindar las facilidades para que los bancos de alimentos puedan darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como donatarias autorizadas. En segundo término, se pretende permitir la deducción de los costos de traslado de alimentos donados de las instalaciones de los sujetos obligados por la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos a Bancos de Alimentos y organizaciones civiles o comunitarias, con el fin de coadyuvar a hacer más eficiente la entrega directa en sus instalaciones.

En otras palabras, se busca ampliar los beneficios fiscales que ya se otorgan en la actualidad y sumarles a éstos el de poder deducir al 100 por ciento los costos de los traslados de los alimentos donados.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; se reforma la fracción XXIII al artículo 27, el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Primero. Se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos, para quedar como a continuación se presenta:

Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Establecer los mecanismos de coordinación para que autoridades federales y locales desarrollen y amplíen la estructura institucional y física para la operación de Bancos de Alimentos en todas las entidades federativas;

II. Determinar los lineamientos para evitar el desperdicio de alimentos permitiendo la donación de productos perecederos a los bancos de alimentos en beneficio de las comunidades con un alto índice de marginación;

III. Garantizar el derecho a la alimentación por medio de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y establecimientos como las centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación, para que sea posible el traslado y distribución de alimentos que no sean considerados para su comercialización y que los artículos que se encuentren en condiciones para su consumo puedan llegar a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través de un Comité que para tal efecto se conforme.

IV. Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados, aunque no cumplan con requisitos comerciales.

V. Establecer mecanismos para que los alimentos que no sean comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.

VI. El establecimiento de medidas que permitan a beneficiarios de programas de asistencia social y aquellos que por su condición se encuentren en situación de vulnerabilidad, acceder a los alimentos que sean descartados para su venta o aprovechamiento en las instalaciones de las centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio.

VII. Prohibir acciones que impidan el acceso a los alimentos que aún se encuentren en condiciones de ser consumidos.

VIII. Regular el etiquetado de caducidad.

Artículo 2. La distribución de alimentos recuperados compete a las instituciones de gobierno, organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales señalados en la ley.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Banco de Alimentos: Organización constituida con la finalidad de recuperar los excedentes de alimentos que son desechados, con la finalidad de distribuirlos a las personas en estado vulnerable y sin acceso a los artículos de la canasta básica. Dichos espacios pueden ubicarse como parte de la red de abasto social administrada por Diconsa o por asociaciones civiles;

II. Beneficiario: La persona física que recibe a título gratuito los productos entregados por el donante, que carece de los recursos económicos suficientes para obtener total o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir.

III. Comité: Órgano constituido por representantes de la Secretaría, autoridades estatales y municipales, organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales que determinarán las fechas, horarios y entrega de los alimentos en las localidades con un índice de vulnerabilidad mayor;

IV. Desperdicio de alimentos: Son los alimentos que se tiran o desperdician en la parte de las cadenas alimentarias que conducen a productos comestibles destinados al consumo humano.

V. Diconsa: Diconsa, SA de CV, es la red de abasto social más grande del país, cuyo objetivo es garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles en localidades con altos índices de marginación;

VI. Donante: Persona física o moral que dona a título gratuito, alimentos aptos para el consumo humano.

VII. Establecimientos comerciales: Lugares donde se comercializan alimentos, ya sea en su forma natural o procesados, entre los que se encuentran centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación de alimentos;

VIII. Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

IX. Norma Oficial Mexicana: NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo;

X. NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria;

XI. ISR: Impuesto Sobre la Renta;

XII. SAT: Servicio de Administración Tributaria;

XIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social.

Capítulo IIDistribución de Competencias

Artículo 4. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios ejercerán sus respectivas atribuciones para garantizar el derecho a la alimentación a través de la recuperación y distribución de alimentos, de conformidad con las competencias establecidas en la presente Ley.

Artículo 5. Las atribuciones que la presente Ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal centralizada y paraestatal, de conformidad con las facultades que le confiere esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 6. Son atribuciones de la Federación las siguientes:

I. La formulación, aplicación y evaluación de los mecanismos de coordinación para que autoridades federales y locales desarrollen y amplíen la estructura institucional y física para la operación de Bancos de Alimentos en todas las entidades federativas;

II. Establecer los lineamientos para evitar el desperdicio de alimentos, en los que se permita la donación de productos perecederos a los Bancos de Alimentos de las comunidades con un alto índice de marginación;

III. Formular las reglas de operación sobre la colaboración entre los tres niveles de gobierno y los donantes para el traslado y distribución de alimentos;

IV. Emitir la regulación del tratamiento comercial en los establecimientos de autoservicios de los alimentos perecederos, enlatados y envasados, a efecto de recuperar aquellos que sean susceptibles de ser consumidos y aprovechados, aunque no cumplan con los requisitos comerciales, siguiendo los lineamientos de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010;

V. Establecer los lineamientos para que los alimentos que no sean comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación a través del Comité;

VI. Emitir la regulación para que beneficiarios de asistencia social y aquellos que por su condición se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a los alimentos que sean descartados para su venta o aprovechamiento en las instalaciones de las centrales de abastos, mercados y tiendas de autoservicio;

VII. Emitir la regulación sobre el límite del etiquetado de caducidad, en concordancia con la Norma Oficial Mexicana, así como con la información que publique el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que los alimentos recuperados se entreguen a los beneficiarios dentro de un período razonable de vigencia para su óptimo consumo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

VIII. Establecer la regionalización de las zonas de más alta marginación en el territorio nacional, así como el establecimiento de calendarios para la distribución de alimentos;

IX. La promoción y difusión de actividades permanentes para que organismos de la sociedad se integren a los esquemas de recuperación de alimentos;

X. Las demás que esta y otras Leyes le atribuyan.

Artículo 7. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. Integrar el Comité de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley;

II. Garantizar la operación de al menos un Banco de Alimentos en su territorio, o bien, el número necesario para cubrir las necesidades de las comunidades con mayor vulnerabilidad;

III. Crear un padrón de establecimientos comerciales en el que se especifiquen los diferentes esquemas de donación de alimentos a fin de garantizar el flujo constante de productos recuperados destinados a los centros de acopio.

IV. Fomentar entre los ciudadanos una cultura de recuperación y donación de alimentos;

V. Promover y difundir información que concientice a los consumidores y los sectores público, social y privado sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y de propiciar la donación de los mismos;

Artículo 8. Corresponden a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. Designar a su representante municipal ante el Comité;

II. Conformar un Comité de recepción de alimentos, cuando el municipio se encuentre catalogado con un alto índice de marginación, de conformidad con los datos que emita el Inegi;

III. Participar y colaborar con el Comité en la formulación, planeación y ejecución de la recuperación y donación de alimentos;

IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la recuperación y donación de alimentos;

V. Coordinar con las autoridades federales y estatales la recuperación y donación de alimentos;

VI. Operar la infraestructura a su cargo, en la promoción e implementación de acciones en favor de la recuperación y donación de alimentos en su territorio, a efecto de que lleguen de manera oportuna a la población con un alto índice de marginación;

Capítulo IIIDel Acopio y Distribución de Alimentos Recuperados

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con el Inegi, la catalogación de las zonas de más alta marginación, así como el desarrollo y distribución de los calendarios para la distribución de los alimentos recuperados a través de la red de almacenes Diconsa.

La Secretaría vigilará el límite del etiquetado de caducidad de los alimentos procesados, a efecto de que éstos sean entregados a los beneficiarios dentro de un periodo razonable de vigencia, para su óptimo consumo, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas; así como con la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 10. Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantendrán actividades permanentes de promoción para que los organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales se integren a los esquemas de recuperación de alimentos.

Artículo 11. En cada una de las entidades federativas se deberá contar con un Comité integrado por un representante designado por la Secretaría, el titular o representante estatal de desarrollo social, un funcionario municipal de los ayuntamientos en donde se ubiquen zonas de alta marginación, y representantes de organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales.

Artículo 12. Las reuniones de los Comités deberán darse al menos una vez cada seis meses, con el objetivo de diseñar, mejorar y ampliar los mecanismos para la donación, traslado, recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos que no sean considerados para su comercialización.

Artículo 13. Las decisiones de los Comités deberán ser públicas, así como los informes derivados de la operación de los centros de acopio o Bancos de Alimentos, ya sea que se encuentren administrados por las autoridades gubernamentales, asociaciones civiles, establecimientos mercantiles que deseen acceder a los beneficios fiscales establecidos por la ley.

Artículo 14. Los establecimientos comerciales que se integren a los Comités podrán acceder a los beneficios fiscales que se determinen en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por concepto de donativos en especie a los Bancos de Alimentos, así como el traslado de artículos consumibles destinados a asociaciones civiles y/o comunitarias y otras que determine la ley.

Artículo 15. El Comité de cada entidad desarrollará mapas de ubicación de los centros de acopio para la recuperación de alimentos, Bancos de Alimentos disponibles u otros espacios destinados para la captación y distribución de productos alimentarios.

En las localidades donde ya se encuentren operando organismos de la sociedad civil que realicen actividades de apoyo para la alimentación de la población no se afectarán sus esquemas de acción, ni se les obligará a formar parte del Comité. Serán notificados de su integración en el mapeo mencionado y tendrán preferencia en el diseño para la ampliación de las acciones de acopio y distribución de alimentos.

Artículo 16. Las actividades de acopio, traslado y distribución de alimentos realizadas por el Comité, las organizaciones civiles y autoridades gubernamentales deberán circunscribirse al diseño de las reglas de operación determinadas por la Secretaría.

Artículo 17. Las autoridades de las 32 entidades federativas deberán garantizar la operación de al menos un Banco de Alimentos en su respectivo territorio o el número necesario para cubrir las necesidades de las comunidades marginadas, sin menoscabo de las atribuciones de instituciones gubernamentales del ramo.

Artículo 18. Los gobiernos locales deberán integrar un padrón de establecimientos comerciales que se integren a los diferentes esquemas de donación de alimentos, a fin de garantizar el flujo constante de productos recuperados destinados a los centros de acopio.

Artículo 19. La vigencia del convenio para que los establecimientos mercantiles se mantengan como integrantes de alguno de los esquemas de prevención del desperdicio y recuperación de alimentos será de al menos un año fiscal.

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con los Comités, promoverá la participación de los centros comerciales para establecer lineamientos que permitan la recuperación de los productos perecederos, enlatados y envasados, a efecto de que éstos sean entregados a los beneficiarios dentro de un período razonable de tiempo para su óptimo consumo, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana, así como con la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 21. Quienes sean beneficiarios de programas de asistencia social, no serán excluidos en la distribución de alimentos recuperados.

Artículo 22. Para el diseño de las reglas de operación, la Secretaría tomará en consideración la Norma Oficial Mexicana, así como la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Asimismo, considerará la información enviada por los Comités, así como los siguientes lineamientos generales:

I. Entrega de alimentos en instalaciones de Bancos de Alimentos o en las instituciones de beneficencia determinados por éstos en coordinación con el Comité de su localidad o entidad.

1. A través del portal del SAT: “Sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías”, los bancos de alimentos realizarán la solicitud de la cantidad y tipo de alimentos que pueden recibir ya sea directamente o a través de organizaciones de beneficencia.

2. Se establecerá la obligación de entregar los alimentos seleccionados en las instalaciones de los Bancos de Alimentos o donde estos indiquen.

3. Los costos que el cumplimiento de esta obligación genere serán deducibles de ISR.

II. Entrega en municipios o localidades con un mayor índice de marginación.

1. Aplicable para aquellas comunidades catalogadas como de alta marginación por el Inegi y en donde no exista un Banco de Alimentos en un radio de 150 kilómetros.

2. Se deberá conformar un Comité para la recepción de alimentos, el cual solicitará a los donantes los alimentos que de acuerdo al número de habitantes requieran.

3. El donante señalará fecha y hora para la entrega de los alimentos.

4. Las entregas deberán hacerse, de preferencia, cada semana en el lugar que para tal efecto señale el Comité.

5. El donante podrá deducir el ISR por los costos generados de esta actividad.

III. Entrega en instalaciones del donante.

1. Centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio deberán tener una sección de alimentos que no puedan ser comercializados pero que todavía sean aptos para consumo humano o animal.

2. Los beneficiarios de cualquier programa social federal o estatal podrán solicitar a los donantes la entrega de estos alimentos previa acreditación con credencial o tarjeta que demuestre el programa del que son beneficiarios.

Artículo 23. Queda prohibido que los establecimientos comerciales desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos, de acuerdo con lo establecido en las leyes federales y locales, así como las normas oficiales vigentes.

Artículo 24. Queda prohibido realizar acciones de discriminación que impidan el acceso a los alimentos que aún se encuentren en condiciones de ser consumidos

Artículo 25. Los donativos que sean entregados a los organismos encargados de la recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos recuperados estarán sujetos a la legislación fiscal vigente.

Artículo 26. La autoridad promoverá que los establecimientos comerciales que generen volúmenes mayores de alimentos desechados, pero en condiciones de ser recuperados, se integren a los esquemas señalados en la ley.

Capítulo IVDe las Sanciones

Artículo 27. El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley será sancionable con la imposición de una multa en un rango de 100 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cuyo monto será destinado a la obtención y posterior distribución de alimentos en zonas marginadas.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a III. (...)

IV. Impulso al fortalecimiento y desarrollo de los Bancos de Alimentos en el país;

V. Planeación familiar;

VI. a XIX. (...)

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; de los Bancos de Alimentos; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior.

Artículo 109. El Estado, a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, integrará y difundirá la información de mercados regionales, nacionales e internacionales, relativos a la demanda y la oferta, inventarios existentes, expectativas de producción nacional e internacional y cotizaciones de precios por producto y calidad a fin de facilitar la comercialización. Asimismo, integrará y difundirá información sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de valor de los productos, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final, a efecto de determinar la caducidad o fecha límite de consumo.

Igualmente, mantendrá programas de apoyo y de capacitación para que las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso y desarrollen mercados de físicos y futuros para los productos agropecuarios y forestales.

Artículo 183. Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:

I. y II. (...)

III. La identificación de factores sociales y demográficos, en coordinación con los gobiernos locales, a efecto de promover la instalación de Bancos de Alimentos en las entidades federativas y con ello garantizar el derecho a la alimentación a los sectores menos favorecidos de la población;

IV. La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en las cadenas alimentarias;

V. a VIII. (...)

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 27, se reforman el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a XXII. (...)

XXIII. Que, tratándose de los costos de traslado de alimentos desde las instalaciones de los sujetos obligados por Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos a donatarias autorizadas, Comités o directamente a la población, los mismos serán deducibles al cien por ciento del monto total.

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I a V...

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades marginadas de zonas rurales, urbanas e indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda. Así como al acopio y selección de alimentos perecederos no perecederos excedentes para su distribución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría tendrá como plazo 180 días para elaborar las reglas de operación que permitan la colaboración entre autoridades, sociedad civil y establecimientos comerciales para prevenir el desperdicio y recuperación de alimentos.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe”, febrero de 2016, p. 4. Disponible en:

http://www.fao.org/3/a-i5504s.pdf

2 Véase, Aguilar Gutiérrez, Genaro, “Food Losses and Food Waste in Mexico: quantification and some proposals for public policy, World Bank-México. Disponible en:

http://www.cec.org/sites/default/files/pdf/fww/wb-presentations/ 6-genaro-aguilar.pdf

3 Ibídem, lámina 12.

4 Ibídem, lámina 27.

5 Véase, “Banco Mundial: México despilfarra el 34 por ciento de su producción alimentaria”, Agencia EFE, 8 de diciembre de 2017. Disponible en:

https://www.efe.com/efe/america/mexico/banco-mundial-mexico-despilfarra- el-34-de-su-produccion-alimentaria/50000545-3461427

6 FAO, obra citada página 4.

7 Aguilar, óp. cit.

8 Sagarpa. Duplica México superficie de producción de alimentos orgánicos. Gobierno de la República, México, 12 de octubre de 2017. Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/ 2017/octubre/Documents/2017BS335.PDF

9 Véase, “Coneval Informa la evolución de la pobreza 2010-2016”. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/ Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf

10 Ibídem.

11 La FAO, se refiere a la “pérdida de alimentos” como la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores (Parfitt et al., 2010).

12 Véase, “Se desperdician más de diez mil toneladas de alimentos cada año en México”, Sedesol, 13 de noviembre de 2013. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedesol/prensa/se-desperdician-mas-de-diez-mil- toneladas-de-alimentos-cada-ano-en-mexico

13 Véase, “Bancos de Alimentos de México”. Disponible en: https://bamx.org.mx/bamx/?v=1fda4fa5605d

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Beatriz Manrique Guevara, Dulce Alejandra García Morlan, Enrique Ochoa Reza, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jesús Carlos Vidal Peniche, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Lizeth Sánchez García, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Ma. Sara Rocha Medina, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Ester Alonzo Morales, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Hortencia Garay Cadena, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Patricia Terrazas Baca, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Sonia Rocha Acosta, Soraya Pérez Munguía (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto e integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre y por cuenta de sus integrantes, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Quienes integramos al Congreso de la Unión hemos protestado solemnemente guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen. De este modo, 628 personas estamos llamadas a dar lustre y vigor al orden jurídico nacional, a fin que, tanto el marco normativo como el institucional que dan forma al Estado mexicano, se encuentren al día y aptos para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.

Diputados y senadores, así como el presidente de la República, provenimos de ejercicios comiciales en los que la ciudadanía se manifiesta periódicamente para definir el rumbo del país que le parece mejor a la sociedad, a la que en el Partido Encuentro Social, en tanto ciudadanos que compartimos el deseo y el compromiso de transformar a México en un mejor país a través de la participación activa, reconocemos como heterogénea, plural y diversa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución; asimismo, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones, cuyas funciones se rigen por los principios que nutren al derecho electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En Encuentro Social estamos convencidos que cada vez un mayor número de personas y familias deben estar presentes en las decisiones sobre el sendero que ha de transitar nuestra nación. Por ello, es que constituimos la Coalición Juntos Haremos Historia, la que se enriqueció por la aportación de lo mejor de cada uno de los institutos políticos que la integramos, con profundo aprecio por las diferencias y una constante búsqueda de elementos comunes para diseñar agenda, proyecto y gobierno.

El primero de julio del presente año fuimos testigos y protagonistas, en todo el territorio nacional, de un ejercicio democrático inédito en nuestro país. Se trató de una elección de gran envergadura, en la que solamente Baja California y Nayarit no eligieron autoridades locales.

Se eligieron ocho gubernaturas, una jefatura de gobierno; 585 diputaciones de mayoría y 387 de representación proporcional; mil 596 ayuntamientos y 16 alcaldías; 96 concejales de mayoría relativa y 64 de representación proporcional, 24 juntas municipales, así como 3 ayuntamientos en elección extraordinaria.

No obstante lo anterior, cantidad no significó calidad en todos los casos; además de un proceso inusitadamente desaseado en Puebla, los votos al interior de la Coalición no se contaron adecuadamente y, por ende, su distribución fue injusta, inequitativa y erosionó a nuestra democracia, al arrebatarle a la sociedad mexicana a Encuentro Social, instituto político que le ha dado voz a quienes no tienen voz y cuyas bancadas seguirán siendo factor de cambio para servir mejor a México, desde nuestro modo específico de ser y actuar.

En esta ocasión, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social honra su compromiso con el avance democrático en nuestro país con una propuesta legislativa con altura de miras y visión de largo plazo.

En los umbrales de la tercera década del Siglo XXI, conscientes del progreso tecnológico y el avance en la conciencia de la sociedad con su entorno, la ecuación desarrollo sustentable, ciencia aplicada y democracia, es una apuesta altamente deseable que demanda, de las y los representantes populares, gran sensibilidad social y adaptabilidad al cambio.

Actualmente, la producción de boletas electorales, habida cuenta que son de papel, implican un alto costo ambiental que debemos dejar de trasladar a las generaciones que nos habrán de suceder.

Al mismo tiempo, la existencia de errores humanos, ya deliberados, ya sin mala fe, al momento del escrutinio y cómputo de los votos, sigue siendo una lamentable posibilidad que, en el universo de una elección de alta complejidad, distorsiona los resultados y hace, de la voluntad popular, un referente meramente teórico y, de la participación ciudadana, un hecho testimonial.

En esta lógica, mejorar y ampliar lo legislado a la fecha en torno al voto electrónico, es una respuesta sustentable, moderna y que ofrece una importante reducción a los márgenes de error durante las jornadas comiciales, lo que podrá permitir que los principios del derecho electoral sean una vivencia que confirmen su vigencia.

Por lo anteriormente expuesto, con la conciencia que un México en que la democracia electoral responda, con exactitud, precisión, justicia, equidad y sustentabilidad a la voluntad popular es posible si lo hacemos nosotros, como coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y en nombre de sus integrantes, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Primero.Se adicionan un inciso kk) al numeral 1 del artículo 44; un inciso i) al numeral 1, artículo 56; un inciso f) al numeral 1, del artículo 86 y se recorre el inciso f) como inciso g) del artículo 86; un numeral 7 al artículo 266; un inciso j) al numeral 1 del artículo 269; un numeral 3 al artículo 290, un inciso d), recorriendo los subsecuentes, al artículo 293; y un numeral 6 al artículo 295 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a la ii) ...

jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta ley o en otra legislación aplicable, y;

kk) Aprobar los procedimientos, lineamientos e implementación para la recepción del voto mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos.

2. [. . .]. .

3.

Artículo 56.

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) a g);

h) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia.

i) Proveer lo necesario para la implementación de la recepción del voto mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos; y

j) Las demás que le confiera esta ley.

Artículo 86.

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla:

a) a la d) ...

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de esta ley;

f) Corroborar el correcto y pleno funcionamiento de los instrumentos de votación por medios electrónicos; y

g) Las demás que les confieran esta ley.

Artículo 266.

1. [...].

2. [...].

a) [...].

b) [...].

c) [...].

d) [...].

e) [...].

f) [...].

g) [...].

h) [...].

i) [...].

j) [...].

k) [...].

3. [...].

4. [...].

5. [...].

6. [...].

7. Al aprobar el procedimiento e implementación para la recepción del voto mediante instrumentos de votación por medios electrónicos, el Consejo General aprobará el modelo de boleta electrónica electoral que se utilizará para la elección.

Artículo 269.

1. [...].

a) a h) [...].

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto; y

j) En su caso, los instrumentos de votación por medios electrónicos.

1. [...].

2. [...].

3. [...].

Artículo 290.

1. [...]:

a) [...];

b) [...];

e) [...];

d) [...];

e) [...]:

I. [...], y

II. [...], y

f) [...].

2. [...].

3. En su caso, los votos emitidos a través de los instrumentos de votación por medios electrónicos serán transmitidos desde las casillas, bajo la supervisión del secretario de la mesa directiva de casilla y de los escrutadores, a una sede central, ubicada en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; se solicitará el uso de dispositivos móviles, previamente otorgados, a los operadores de las casillas.

Los resultados de la votación emitida mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos se enviarán en dos formatos: a) texto y b) imagen. Se enviarán los resultados capturados y la imagen del acta emitida por el instrumento de votación por medios electrónicos, mismos que serán publicados de manera inmediata.

La recepción de los resultados estará a cargo de personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Dicha recepción se hará en un servidor, el cual tendrá una página web en la intranet para la publicación de dichos datos enviados desde las casillas.

Artículo 293.

1. [...]:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) El número total de votos emitidos por medio de los instrumentos de votación por medios electrónicos, y el número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;

e) [...];

f) [...], y

g) [. . .].

Artículo 295.

1. [...]:

a) [...];

b) [...]. y

c) [...].

2. [...].

3. [...].

4. [...].

5. [...].

6. Se remitirán también, a la Bodega Central del Instituto Nacional Electoral los instrumentos de votación por medios electrónicos.

Segundo. Se reforman el numeral 1 del artículo 15; el numeral 1 del artículo 216, añadiendo el inciso e); se añade un inciso d) al numeral 5 y se modifica el inciso e) del artículo 273; los numerales 1 y 3 del artículo 279; y el numeral 3 del artículo 284; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 15.

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos emitidos mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas y los emitidos mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados y los correspondientes a los candidatos independientes.

2. [...].

3. [...].

Artículo 216.

1. Esta ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la documentación, materiales electorales, y dispositivos para la recepción de la votación por medios electrónicos, debiendo establecer que:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...], y

e) Los dispositivos para la recepción de la votación por medios electrónicos deberán cumplir con las especificaciones aprobadas por el Consejo General, garantizando la efectividad y el secreto del voto, y asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los ciudadanos.

Artículo 273.

1. [...].

2. [...].

3. [...].

4. [...].

a) [...]. y

b) [...].

5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

a) [...].

b) [...].

c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los números de folios;

d) Hacer constar en el acta el número de votos emitidos por medio de los instrumentos de votación por medios electrónicos para cada elección en la casilla que corresponda;

e) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías, y en el caso de los instrumentos de votación por medios electrónicos, que éstos se encontraban en ceros, y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes;

f) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y

g) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

6. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas.

7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.

Artículo 279.

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto o, en su caso, se le dirigirá a la casilla correspondiente para que emita libremente y en secreto su voto mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos.

2. [...].

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente, o en su caso, recibirá el acta final del ejercicio del voto emitido a través de los instrumentos de votación por medios electrónicos.

4. [...];

a) [...];

b) [...];

c) [...]; y

5. [...].

Artículo 284.

1. [...):

a) [...], y

b) [...].

2. [...].

a) [...].

b) [...].

c) [...], y

d) [...].

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, el presidente de la casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho, o, en su caso, se le dirigirá a la casilla correspondiente para que emita libremente y en secreto su voto a que tu viere derecho, a través de los instrumentos de votación por medios electrónicos.

4. [...].

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.—Diputadas y diputados: Adriana Lozano Rodríguez,Armando González Escoto, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Elba Lorena Torres Díaz, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Francisco Javier Huacus Esquivel, Francisco Javier Saldivar Camacho, Héctor Joel Villegas González, José Luis García Duque, Lizeth Sánchez García, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»