«Iniciativa que adiciona el artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena

Carol Antonio Altamirano, diputado federal a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

El artículo 112 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “(...) serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (...)”.

No obstante, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al revisar las faltas contenidas en este último ordenamiento legal, no se encontró ninguna que describa la conducta relativa al subejercicio.

En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé, en la fracción IX del artículo 114, que un servidor público será sancionado cuando realice “acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos”.

Es por ello, que se propone incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la conducta que está descrita en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que sea considerada como una falta administrativa grave de los servidores públicos, y sancionada conforme al procedimiento correspondiente.

De esta forma, la sanción administrativa que, en su caso, llegue a imponer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a los servidores públicos, con motivo del procedimiento por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Argumentos

El artículo 2, fracción LII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conceptualiza el subjercicio del gasto, de la siguiente forma:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

En el referido ordenamiento legal, en el artículo 114, fracción IX, se establece la conducta en que los servidores públicos pueden incurrir por acción u omisión en subjercicio, de la siguiente forma:

Artículo 114. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos; y

Sin embargo, la referida disposición legal no establece ninguna sanción, pues ésta solamente indica que “se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos”.

Al revisar el contenido de los artículos 51 a 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se advierte ninguna falta administrativa grave de los servidores públicos que sancione el supuesto antes mencionado, por lo que se advierte una clara ausencia normativa que debe enmendarse.

Es por ello, que se considera viable incluir como una falta administrativa grave la conducta prevista por el artículo 114, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, imponga a los servidores públicos las sanciones administrativas consistentes en suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Único. Se adiciona el artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado Carol Antonio Altamirano(rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario de PAN en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confiere los artículo 71, fracción II; artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducibilidad de colegiaturas, conforme a la siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3o. que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos sus niveles, modalidades y con la intervención de todos los órdenes de gobierno.

Además de que el Estado debe garantizar la calidad de la educación, también está obligado a construir la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios educativos que establece el mismo artículo tercero de nuestra Carga Magna.

Justo en el contexto del concepto de calidad fue redactado el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente, que en su apartado III y VI.3 “México con Educación de Calidad” se plantea como objetivo “impulsar un México (...) que abra las puertas de la superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes. La premisa es sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.”

En materia sólo de accesibilidad a la educación, lo que se redactó como objetivo en dicho Plan fue lo siguiente:

1) Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro;

2) Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo;

3) Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población y

4) Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Por su parte, Morena y el equipo de Andrés Manuel López Obrador también contemplan el tema educativo como una prioridad.

Al revisar la Plataforma Electoral y el Proyecto de Nación 2018-2024, el próximo Gobierno pone a la educación como eje y columna del desarrollo nacional. Para el gobierno electo, el desarrollo de nuestro país no se puede entender sin su impulso.

“La base del modelo de desarrollo y crecimiento del nuevo gobierno democrático consiste en reasignar adecuadamente el gasto público y ejercerlo de una manera más eficiente y sin corrupción, para que los recursos públicos se dirijan a programas sociales y de infraestructura de gran impacto y a elevar la cobertura y calidad de la educación, principalmente la media superior y la superior. (...)

El nuevo gobierno atenderá el sector educativo como una prioridad. La educación, elemento indispensable para el desarrollo nacional, tiene muchas dimensiones: el derecho a recibirla es universal, consustancial a todos los habitantes del país, cual sea su edad, condición social, cultural y económica. La educación es la mejor inversión pública para una nación”.

Además, el Proyecto de Nación 2018-2024 trata el tema de la educación prácticamente en toda su redacción, pero desde un contexto de impulso a la competitividad del país. Los argumentos vertidos son que para ubicar a México donde realmente pertenece, la clave es el impulso al tema educativo.

Para el logro de un desarrollo sostenible, en dicho documento se establece como Objetivo 4. “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

Al respecto, y en este contexto de propuestas en diferentes plataformas políticas, si los Gobiernos que lo proponen no logran cumplir con los objetivos establecidos, todo queda en letra muerta, en un tema que resulta verdaderamente importante para los niños y niñas del país, para nuestros jóvenes y, por supuesto, para el futuro de la mano de obra profesional de México.

Coincidimos en que el fomento al desarrollo y competitividad de México no se puede entender sin el impulso a la educación. Desafortunadamente, a pesar de las grandes inversiones públicas que se han hecho durante los últimos años, no alcanza para cubrir, no sólo la calidad de la educación, sino la oferta educativa y la promoción y accesibilidad, para que un mayor número de personas estudien en todos sus niveles.

Si bien es cierto que la obligación del Estado Mexicano, además de fortalecer la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, a través de los programas presupuestales existentes, también es necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos en todos sus niveles.

Por esta razón, durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se promulgó por primera vez un decreto que otorgó un estímulo fiscal a los contribuyentes en su carácter de personas físicas con el objeto de que en su determinación del impuesto sobre la renta (ISR) pudieran disminuir los pagos efectuados por concepto de colegiaturas (servicios de enseñanza) siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos.

Fue tal el éxito de dicho decreto, que desde su promulgación por primera vez en el año 2011, se ha venido replicando en los Decretos vinculados a estímulos fiscales porque han servido de gran apoyo a las familias mexicanas que tienen a sus hijos estudiando en colegios privados ante la falta de oferta educativa en su carácter público.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos queda claro que esas medidas contundentes y efectivas, son las que necesita el país para impulsar el desarrollo nacional, son acciones que dan resultados tangibles y no se quedan en meras propuestas de planes de gobierno, o promesas de campaña.

No obstante, el apoyo que se ha dado al tema a lo largo de los últimos años, hoy resulta pertinente señalar que la propuesta de deducción tiene tres limitantes:

1) La deducción tiene un límite;

2) Sólo se puede deducir hasta nivel Bachillerato o su equivalente y;

3) El estímulo fiscal continúa siendo un decreto y no se ha incorporado a la Ley del impuesto Sobre la Renta.

El primero de ellos resulta un problema porque desde su aparición en el año 2011 el monto de deducibilidad no ha sido actualizado con base en inflación, mientras que el segundo rompe con el principio de “equidad tributaria” y no genera garantías al contribuyente que puede pagar una educación privada en cualquiera de sus niveles. Finalmente, al ser parte de un gasto fiscal vinculado a una ley vigente, es necesario dejar plasmado en la ley correspondiente, el incentivo fiscal actual con el objeto de garantizar la posibilidad de deducción sin dejar espacio a que sea decisión del presidente en turno dicho beneficio a los contribuyentes.

Por esta razón, la intención de la presente iniciativa es reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de incorporar a dicha ley un estímulo que actualmente se encuentra como decreto presidencial, además de actualizar los montos de deducibilidad con base en la inflación y matriculado y por supuesto, incorporar al nivel superior para que los padres de familia, contribuyentes en su carácter de personas físicas, tengan la posibilidad de hacer deducible dicho gasto y apoyar a su economía.

En nuestro Grupo Parlamentario el tema no resulta nuevo. En un principio vimos con buenos ojos la propuesta del ex Presidente Calderón y en un esfuerzo por continuar apoyando a las familias mexicanas, se trabajó desde la trinchera legislativa para dar continuidad a dicho apoyo.

Los proyectos más recientes que se han presentado en la materia fueron propuestos por parte de los entonces diputados Alberto Coronado Quintanilla y Tania Margarita Morgan Navarrete de la LXII Legislatura, mientras que en la LXIII fueron los Diputados Federales Cecilia Romero, César Augusto Rendón, Juan Pablo Piña y Juan Carlos Ruiz García quienes se interesaron por el tema y presentaron sendas iniciativas en ese tenor.

Cada uno de ellos plantearon sus exposiciones de motivos con visiones particulares, pero con un solo objetivo que es el incremento de los montos de deducibilidad y su ampliación al nivel superior.

Vale la pena señalar que el Grupo Parlamentario ha trabajado insistentemente en este tema, el presente proyecto de iniciativa al igual que todos los que se han presentado de forma anterior, retoman el espíritu del planteamiento inicial, con el objeto de dar continuidad a los trabajos en la materia, y son una respuesta efectiva a la negativa de ser tomados en cuenta al menos durante el último sexenio precedido por Enrique Peña Nieto.

No estamos seguros si los mecanismos y propuestas sobre el sector educativo que propone el gobierno electo sean los más efectivos para la sociedad mexicana, pero confiamos que propuestas como la que aquí presentamos tienen que ser necesariamente respaldadas por esta nueva Cámara de Diputados, y el equipo de López Obrador.

Si en verdad hay un interés por parte del gobierno electo de impulsar el desarrollo y competitividad del país con el apoyo a la educación con calidad y acceso, resulta pertinente que, al inicio de la presente Legislatura, desde el ámbito legislativo se impulsen y aprueben al mismo tiempo las medidas jurídicas y fiscales necesarias que permitan cumplir con los objetivos planteados por el Gobierno en turno.

Sin lugar a dudas, el mecanismo más adecuado e idóneo es el de impulsar una reforma fiscal como herramienta técnica de apoyo a las familias mexicanas que por la falta de acceso a la educación en instancias públicas, optan por educar a sus hijos en instituciones particulares con el objetivo de brindarles educación y formación académica de calidad.

En suma, se reitera una vez más que la propuesta reside en incorporar a la Ley del Impuesto sobre la Renta la deducibilidad de colegiaturas (gasto en enseñanza), actualizar los montos de deducibilidad con base en criterios de inflación, incorporar a la educación superior como concepto de gasto deducible y mantener los topes como montos máximos de deducibilidad con el propósito de no afectar sobremanera los gastos fiscales de la federación.

“Es de toda justicia en este sentido, que el Poder Ejecutivo Federal apoye la educación que no puede brindar el Estado para la población”.

Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior y superior a los que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta y adoptados, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:

Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación y;

Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate y:

Primero. Sobre los montos y cantidades que podrán ser sujetos a deducción por nivel educativo:

La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo primero de la presente fracción no excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla:

Nivel Educativo Límite anual

de deducción

Preescolar $14,800.00

Primaria $13,500.00

Secundaria $20,800.00

Profesional técnico $17,900.00

Bachillerato o su equivalente $25,700.00

Licenciatura $13,900.00

Segundo. Sobre las limitantes a deducir:

La deducción a la que se refiere la fracción IX no será aplicable a los pagos:

Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y

Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Para los efectos de la citada fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.

Tampoco será aplicable la deducción a la que se refiere la fracción IX cuando las personas mencionadas en el primer párrafo de esta fracción reciban becas o cualquier apoyo económico público para pagar los servicios enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Tercero. El monto de las deducciones del artículo anterior, será actualizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada tres años y conforme a inflación.

La modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta será enviada en el Paquete Económico que corresponda.

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. Quedan sin efectos legales los decretos o leyes que contravengan las disposiciones de esta ley.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018”. p.9

2 Ibídem. pp. 124-125.

3 Morena. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno. Anexo dos. Pp.22, 24.

4 Proyecto de Nación 2018-2024 pp.22 y 96.

5 Posición del Grupo Parlamentario del PAN.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: José Martín López Cisneros,Elba Lorena Torres Díaz, José Luis García Duque, Maricela Dunyaska García Rojas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 49 y adiciona el 50 Bis a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

María Alemán Muñoz Castillo, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 y se adiciona una artículo 50 Bis, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente

De acuerdo con un estudio realizado por el doctor Raimundo Soto, de la Universidad de Chile, definir a la corrupción es una tarea compleja y no existe una acepción general del término, donde las distintas sociedades poseen diversas visiones morales, políticas y administrativas sobre cuáles prácticas son corruptas. Al realizar un comparativo teórico el profesor resaltaba las siguientes:

“Bayley (1966) señala que la corrupción, que frecuentemente se refleja en actos de soborno, es un término general que comprende el mal uso de la autoridad derivado de consideraciones de beneficio personal que no necesariamente se traduce en ganancias monetarias. Werlin (1973) define corrupción de manera más restringida como el desvío de fondos públicos hacia propósitos privados. Van Klaveren (1990) define al burócrata corrupto como aquel que utiliza su cargo público como una plataforma para obtener ingresos ilegales. De este modo, los ingresos del servidor público corrupto no dependen de una evaluación social de su contribución al bien común sino de las condiciones del mercado y de sus habilidades para extraer la mayor cantidad de recursos de la demanda del público. En este caso, el funcionario público opera como un monopolista que maximiza su renta. Friedrich (1990) complementa la definición anterior señalando que la corrupción se produce cuando un servidor público al que la sociedad le ha dado atribuciones para cumplir un determinado deber, realiza actividades en beneficio personal que reducen el bienestar social o dañan el interés público. Otros autores, como Harch (1993), llevan la definición a un terreno más práctico y la definen mediante una serie de acciones que son corruptas. Entre ellas el robo abierto, la apropiación indebida de fondos o propiedad estatal, el nepotismo y la obtención de favores a amigos o familiares, y el abuso de la autoridad pública con el fin de obtener pagos o beneficios personales. Se puede extender la definición de Harch para incluir el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la aceptación de dádivas y regalos, el lobby y otras actividades para influir en el sistema político de modo tal de obtener beneficios personales o para grupos de interés. Resulta notable que estas definiciones de corrupción únicamente consideren situaciones en las que interactúan servidores públicos y distintos grupos o individuos de la sociedad. Pareciera, aparentemente, que con ello se niega que la corrupción exista en el sector privado. Pero ello no es así. Sin embargo, hay muchos actos de agentes privados que afectan negativamente a la sociedad...”

Adicionalmente:

“Es importante también separar el concepto de corrupción de aquellos actos que son simplemente ilegales o inmorales de acuerdo a algún código de conducta. No todas las acciones ilegales son corruptas (por ejemplo, el robo) y no todas las prácticas corruptas son ilegales. Como señala Wagner (1994), lo que caracteriza a la corrupción es que el intercambio es voluntario entre ambas partes –corruptor y corrupto. En el caso de un crimen, naturalmente, la víctima no participa voluntariamente del “intercambio”. Por otro lado, en muchas sociedades la costumbre de que los funcionarios públicos acepten regalos o dádivas es legalmente tolerada hasta ciertos niveles, como atestigua la existencia de regulaciones respecto del valor máximo permitido para ellas. Es igualmente importante distinguir entre actos de corrupción e inmoralidad, pues si bien la corrupción tiene una sanción social, hay muchos actos de inmoralidad que no son corruptos.”

Las significaciones anteriores, licenciosamente se han convertido en arraigados y verdaderos martirios sociales, de acuerdo con las diversas visiones precitadas al inicio de la actual iniciativa, que además encuentran vía libre o restringida de acuerdo con lo avanzado de los marcos normativos y con la voluntad general de cada estado nacional.

Reconociendo impactos cada vez más visibles, quizás por la concientización gradual del fenómeno, y cuantificables por la mejora en las técnicas y métodos de registro de datos, desde el punto de vista económico y presupuestal en la última década.

Donde además se ha expuesto una situación alarmante, pues pareciera que existe una especie de estancamiento en cuanto a la situación de la corrupción en el mundo, visualizándose sin mejoría notable elevados indicadores del problema en al menos dos terceras partes de los países del orbe, situación que por supuesto representaría cierto control para los países con índices tradicionalmente bajos del fenómeno, pero que podría significar inacción o la presencia ordinaria de incentivos perversos en aquellos con altos registros; encontrándose México para mal entre estos últimos, de acuerdo con el denominado Corruption Perceptions Index 2017, publicado desde 1995 por la organización no gubernamental Transparency International.

De acuerdo con este índice, nuestro país ha empeorado inclusive su situación, ocupando actualmente el lugar 135 de entre 180 naciones evaluadas al registrar un score de 29, mientras que en el año 2012 registraba 34; tomando en cuenta que la escala considera un registro de 100 para un país muy limpio de corrupción, y cero para uno sumamente corrupto.

Si bien en la agenda de nuestro país el fenómeno de la corrupción ha sido algo recurrente y por décadas, podría decirse, tolerable a la vista de la población, dada una cierta complicidad en la cotidianidad de la sociedad mexicana, puesto que se convirtió en una especie de herramienta de fácil uso para la solución de conflictos y necesidades ordinarias, que en la práctica vino a suplir de los mecanismos formales; fue a partir del año 2000 con la elección de un nuevo partido en el Poder Ejecutivo federal y su correlacionado sufragio anti sistémico, que la población inició una especie de auto auscultación que no se ha detenido, viniendo a reconocer gradualmente en la existencia de la corrupción, efectos nocivos estructurales más allá de los beneficios coyunturales recibidos por todos a cualquier nivel.

Donde poco a poco ha dimensionado sus costos relacionados y la verdadera traba que han ejercido sus prácticas en el desarrollo nacional, comenzando por ineficiencias implícitas en la política pública y en sus aplicantes, los servidores públicos; hasta la simbiosis inclusive cultural donde gran parte de la población ha sido copartícipe en el fenómeno.

De acuerdo con otro informe de International Transparency, 51 por ciento de mexicanos encuestados, respondieron haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los últimos doce meses.Asimismo, diferentes fuentes han estimado que el costo de la corrupción como proporción del producto interno bruto (PIB) de México ronda 9 por ciento, a pesar de que esta cifra no ha sido verificada, pero sí se trata de un referente recurrente en el debate común.

Es así que durante los últimos años, uno de los temas de centrales en la discusión nacional ha sido el combate a la corrupción. Donde la argumentación, a pesar su irrenunciable componente político, se ha vertido gradualmente en nuestro marco jurídico, a pesar de lo anquilosado de este costoso vicio de reproducción social.

Al presente día, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce ya el fenómeno y otorga recientes bases para enfrentarlo, comenzando por insertar en la vida jurídica el llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El cual nace como un esfuerzo institucional que busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, siempre en un marco de legalidad y buenas prácticas; al tiempo de apoyarse en la transparencia y rendición de cuentas.

Siendo su fundamento original un paquete de reformas constitucionales en materia anticorrupción que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015; las que han dado sustento a diversa legislación secundaria que el pasado 18 de julio de 2016, al ser publicadas también dotaron de funcionalidad al citado modelo.

Por cuanto a las reformas constitucionales, éstas pueden resumirse por lo expresado en el artículo 113 de la ley fundamental, que señala:

“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”

Asimismo, las reformas constitucionales establecen adecuaciones relacionadas con la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ahora bien, entre los aspectos fundamentales del SNA previstos en ley secundaria, sobresalen los siguientes:

- Como se mencionó previamente, el Sistema coordinará a las autoridades federales, estatales y municipales, para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, para ello se asistirá de una Plataforma Digital Nacional que conecte diversos sistemas electrónicos a efecto de establecer políticas integrales, metodologías de medición y acceso de las autoridades a los sistemas.

- Merece mención adicional que el SNA sería encabezado por un ciudadano.

- Así como un enfoque teórico preventivo, a través de códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de auto regulación.

Adicionalmente:

- Se ha insertado categóricamente la obligación de que toda persona que reciba recursos del Estado deba presentar anualmente su declaración patrimonial y de intereses.

- Así como la orientación de la vigilancia no sólo a personas del sector público, sino también a personas del sector privado que contraten con el gobierno.

En resumen, el SNA nace con la intención de que prevalezca un mecanismo plural, que involucre a diferentes instancias de gobierno, para investigar y sancionar hechos de corrupción y que la responsabilidad del proceder no sólo recayera en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP) como era con anterioridad.

Por tal razón, el SNA se encontraría integrado por cuatro instancias: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector y los sistemas locales. En donde participarían formalmente desde la propia sociedad civil hasta el denominado Fiscal Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros varios.

Respetable asamblea:

No obstante el esfuerzo descrito con anterioridad, a más de un año del arranque del SNA ninguna entidad federativa ha logrado la conformación total del sistema local y de fiscalización.

Donde sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la Ley General con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial.

De acuerdo con Luis Pérez de Acha, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del SNA: “Uno de los frenos es que los recursos económicos y humanos son insuficientes en todo el país...” además “El Congreso cerró el periodo de sesiones el 31 de abril pasado sin nombrar al fiscal Anticorrupción, como lo mandata la ley, siendo ésta una de las figuras clave del sistema para investigar los posibles casos en la materia, ni tampoco ratificó a los denominados magistrados anticorrupción...”

Dado lo anterior, el propio Consejo de Participación Ciudadana del SNA interpuso cuatro juicios de amparo ante tribunales colegiados por las omisiones en que han incurrido los estados: por no implementar los sistemas locales; por no ajustar la Ley General de Responsabilidades Administrativas; contra legislaturas de los estados por no proveer de recursos y; en contra del Senado de la República por no ratificar a los magistrados anticorrupción.

Es bajo este entorno normativo que recién concluyó el proceso electoral en el país, donde contendientes de todos los partidos presentaron propuestas diversas alrededor del tema de la corrupción, siendo los puntos de confluencia: la necesidad de operar plenamente el SNA y el reconocimiento de la propia perfectibilidad de la norma para continuar enriqueciéndola, esfuerzo que deberá ser permanente.

Para el primer aspecto, confiamos en que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Poder Ejecutivo federal y estatales, sabrán ponerse de acuerdo en breve conforme a sus respectivas facultades y coadyuvancias formales e informales, en beneficio de nuestro país.

Respecto de la perfectibilidad, es que presentamos la actual iniciativa bajo un enfoque también preventivo, que inhiba este tipo de prácticas nocivas a través de la eliminación de incentivos aún existentes para las mismas.

Con un entorno que además se apoye por supuesto en la transparencia y rendición de cuentas permanente de los hombres públicos de jerarquía superior.

Hablamos de la creación del Buró Nacional del Funcionario Público.

Instancia que dependerá del SNA y que concentrará la hoja de vida pública de todas las personas que son o han sido funcionarios públicos, procurando paulatinamente convertirse en una base de datos confiable y completa para la toma de decisiones, de acceso público, y que tendrá como prioridad identificar en tiempo real a los diferentes aspirantes a cargos públicos, inhibiendo o posponiendo el acceso a los cargos a todas aquellas personas con irregularidades detectadas conforme a la información que arrojen los sistemas de información considerados en la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello proponemos la creación de este buró electrónico dentro de la conformación de la Plataforma Digital Nacional del SNA, que actualmente ya considera la creación de varios sistemas electrónicos de información alrededor del comportamiento del servidor público, pero sin una distinción jerárquica (diferencia entre funcionario y empleado público) y mucho menos una presentación amigable para la población usuaria que la consulte.

Tomemos por ejemplo el ya considerado Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, que considera de acuerdo con su definición y sin distingo a toda la burocracia del país; pero creemos que en ella no se concentra el mayor daño por actos de corrupción al erario, es más, consideramos que si ponemos especial atención al comportamiento de los altos funcionarios esa conducta positiva derramaría hacia abajo y podría ser asimilada de mejor manera por el resto de los servidores públicos.

Asimismo, y conforme a la ley la consulta sería obviamente limitada sólo a las autoridades cuya competencia lo requieran, situación que podemos comprender sin duda, pero la población o el empleador deberían ser al menos advertidos con algún indicador visual sobre la existencia de alguna irregularidad que motive por los caminos formales existentes profundizar en la misma.

Lo anterior y sin contradecir la salvaguarda de cierta información conforme a derecho por supuesto, podría distinguirse al momento y sin problema en el Buró que hoy proponemos, propiciando con ello decisiones más sustentadas sobre las credenciales de los aspirantes a ocupar alguna responsabilidad pública.

El Buró Nacional del Servidor Público debería ser entonces un concentrado de información que arrojen todos los sistemas electrónicos de la Plataforma Digital Nacional, presentándola de manera clara y sintética, pero únicamente para aquellas personas que han sido superiores jerárquicos conforme a la distinción que realiza la ley en la materia, es decir, no de todo el universo burocrático que incluye por ejemplo a médicos, maestros, empleados, etcétera; y que o no manejan o manejan niveles mínimos de recursos públicos, muchas veces únicamente relacionados con el adecuado ejercicio de su actividad. Por demás está decir que estos servidores quedarían bajo el esquema que actualmente ya considera el marco normativo del SNA.

Asimismo, el buró deberá integrar por supuesto a toda persona sancionada por actos de corrupción de manera enunciativa.

Necesitamos una nueva generación de liderazgos totalmente a prueba de la corrupción y sus tentaciones; donde poner a la vista de todos su histórico desempeño en una especie de Reporte de Historial Público, los incentivará por mantener una hoja pública limpia, en ánimo de su profesionalización o vigencia pública.

El Buró Nacional del Funcionario Público será entonces un agente de cambio, que incentivaría buenas prácticas en el ejercicio del servicio público.

Similar al resultado del llamado Buró de Crédito, que ha incentivado con el tiempo a las personas por mantener un sano historial crediticio para acceder a diferentes fuentes de financiamiento, todo a través de un adecuado y responsable manejo de su capacidad de pago.

Y por el lado de las instituciones otorgantes de crédito, ha depurado a sus clientes y permitido que sean los de mejor calificación los que accedan a sus productos, disminuyendo con ello el riesgo sistémico que implica el impago.

Lo que se convierte en un círculo virtuoso donde existen cada vez más y mejores créditos para cada vez más y mejores clientes.

Lo mismo sucederá con el Buró Nacional del Funcionario Público, que incentivará con el tiempo a las personas por mantener un sano historial como servidor público para acceder a otros cargos, todo a través de un adecuado y responsable manejo de una conducta alejada de actos de corrupción.

Y por el lado de las instituciones públicas, éstas depurarán a sus funcionarios y permitirá que sean los de mejor calificación los que accedan a los cargos por cubrir, disminuyendo con ello el riesgo sistémico que implica contratar a personas con antecedentes de conducta corrupta.

Lo que se convierte en un círculo virtuoso donde existen cada vez más y mejores servidores públicos, para el adecuado ejercicio de la función pública en beneficio de todo el país.

Es por lo anteriormente expuesto que se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 49 y se adiciona un artículo 50 Bis, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Único. Se reforma el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, adicionando una nueva fracción I que recorre las vigentes; y se adiciona un artículo 50 Bis, para quedar como siguen:

Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:

I. Sistema Buró Nacional del Funcionario Público;

II. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

III. Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

IV. Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados;

V. Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;

VI. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y

VII. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Artículo 50 Bis. El Sistema Buró Nacional del Funcionario Público, presentará información a consideración del Comité Coordinador para uso público, indicando con carácter preventivo la existencia de algún indicador relacionado con faltas administrativas, hechos de corrupción, o cualquier otro que arroje la información de los sistemas que conforman el Sistema Nacional, con las reservas de ley que establezca la ley.

Presentando la información a través de un Reporte de Historial Público, de todas las personas que han sido o son funcionarios públicos de nivel jerárquico superior, en orden ascendente a partir de jefe de departamento; así como de aquéllas que han sido sancionadas por faltas administrativas o hechos de corrupción en los términos que señale la ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento del Sistema Buro Nacional del Funcionario Público 90 días después de su publicación, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Notas

1 Soto, Raimundo. “La corrupción desde una perspectiva económica”. Estudios Públicos, 89 (verano 2003). FLACSO. Pág. 27

2 Ibídem, pág. 28

3 www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

4 Ibídem.

5 Transparency Internacional. “People and corruption: Latin America and the Caribbean.” 2017.

6 https://verificado.mx/corrupcion-cuesta-pib/

7 Reforma a 14 artículos Constitucionales: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122.

8 Cuatro nuevas leyes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y las siguientes leyes reformadas: Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

9 De acuerdo con los artículos transitorios de las reformas constitucionales, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entraría en vigor un año después del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); por lo que el 19 de julio de 2017 entró en vigor el SNA.

10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, 2018. “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.”

11 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). Red por la Rendición de Cuentas.

www.rendiciondecuentas.org.mx

12 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Alemán Muñoz Castillo,Alonzo Morales María Ester, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Héctor Yunes Landa, Hortensia María Luis Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan José Canul Pérez, Laura Barrera Fortuol, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Luis Enrique Miranda Nava, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortensia Garay Cadena, Noemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Frinne Azuara Yarzabal, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rene Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Soraya Pérez Murguia, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, al tenor de la siguiente

Actualmente, el financiamiento público que otorga el Estado a los partidos políticos está conformado por los recursos económicos, bienes y servicios que se entregan a dichos institutos para que cumplan sus funciones y lleven a cabo los fines que la legislación en la materia les señala.

En este orden de ideas, se reconoce la categorización del financiamiento público en sus vertientes directa e indirecta.

Las formas más importantes de financiamiento indirecto son la exención de pago de impuestos y la entrega de espacios en radio y televisión, entre otros.

Por su parte, el financiamiento directo se refiere a los recursos financieros que el Estado otorga a los partidos políticos para cubrir los gastos por concepto de actividades ordinarias, gastos de campaña en años de elección y para actividades específicas.

Sobre el particular, disponen los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

I. Antecedentes

En la reforma constitucional de 1977, por primera vez se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público; tal condición posibilitó reconocer derechos y obligaciones a los partidos políticos y se establecieron algunas formas de financiamiento público indirecto.

Fue hasta la reforma legal de 1987 cuando se estableció el financiamiento público directo a los partidos políticos, el cual era determinado por el número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatas anteriores junto con el número de curules obtenidas en la Cámara de Diputados.

La reforma constitucional de 1990 se encargó de desagregar los conceptos de financiamiento público, estableciendo los siguientes conceptos susceptibles de financiamiento público directo: actividad electoral; actividades generales; actividades específicas y por subrogación del Estado respecto de las aportaciones de los legisladores para el sostenimiento de sus partidos.

Antes de 1993, no se establecían reglas respecto del financiamiento privado, sobre topes de gastos de campaña, ni sobre mecanismos de información, supervisión y fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos; en consecuencia, tampoco se establecían sanciones sobre el particular.

Fue hasta la reforma constitucional de 1993 que se reguló el financiamiento privado, los topes de gastos de campaña, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos; hasta entonces se prohibió expresamente el financiamiento proveniente de los órganos del Estado, de extranjeros, ministros de culto y empresas.

La reforma electoral de 1996 estableció la preponderancia del financiamiento público sobre el privado, además de establecer dos modalidades de financiamiento público directo; para las actividades ordinarias permanentes de los partidos y para gastos de campaña.

Con la reforma de 2008 se facultó al entonces IFE para ser el administrador único de los tiempos oficiales en radio y televisión. Para tal efecto, se creó el Comité de Radio y Televisión, órgano encargado de aprobar las pautas de transmisión de los programas y mensajes de los partidos políticos; asimismo, era el responsable de monitorear y garantizar las prerrogativas de los partidos políticos.

Igualmente, con tal reforma se estableció la prohibición, a los partidos políticos y a las personas físicas y morales, para contratar propaganda político electoral en radio y televisión.

A su vez, en la última reforma constitucional de 2011, no se tocó nada relacionado con el financiamiento público; ello, debido al creciente descontento social que pedía la disminución de las prerrogativas de que gozan los partidos políticos en nuestro país. Como consecuencia, el tema no fue abordado en la reforma.

II. Consideraciones

Las razones que durante muchos años se han dado para favorecer el financiamiento público sobre el privado son: transparencia en el origen de los recursos; independencia plena de los partidos políticos; garantizar la equidad en la competencia electoral; desincentivar la búsqueda de fuentes de financiamiento ilícito, entre otras.

Por desgracia, los mexicanos no hemos percibido ninguno de estos supuestos beneficios; por el contrario, persiste la opacidad, tráfico de intereses, inequidad y financiamiento ilícito.

Para una gran mayoría de los ciudadanos, el financiamiento público que reciben los partidos políticos resulta excesivo; especialmente si tomamos en cuenta las graves carencias que padecen nuestros sistemas de salud y educativo, solo por mencionar dos servicios públicos que afectan gravemente el bienestar de todos los mexicanos.

Así tenemos que, para el ejercicio fiscal 2017, se presupuestaron 4,059 millones de pesos para el financiamiento a los partidos políticos.

Rostro de la molestia son las inequidades sociales a que Encuentro Social no puede quitar la mirada. La falta de vacunas en los centros de salud son parte de la vida cotidiana; sin embargo, el Gobierno Federal solo presupuestó, para el presente año, un mil 919.9 millones de pesos, es decir, dos veces menos que lo destinado para los partidos políticos.

En este mismo orden de ideas, la diabetes es un problema muy serio de salud pública en nuestro país; no obstante, para el 2017 solo fueron presupuestados 452.9 millones de pesos, lo que apenas representa el 11 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos.

De igual manera, para la atención médica de las niñas y niños menores de 5 años de edad se destinaron un mil 955.9 millones de pesos, a través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, lo que representa menos de la mitad del presupuesto que recibirán los partidos políticos por concepto de financiamiento público directo.

En materia educativa, habría que señalar que el total del financiamiento público directo que reciben los partidos políticos, equivale al 88 por ciento del costo del Sistema Nacional de Investigadores (4 mil 600 millones de pesos).

Con el presupuesto que se destina al financiamiento de los partidos políticos, se podría triplicar el gasto en Educación Indígena, el cual, actualmente asciende a un mil 261.6 millones de pesos.

Las y los diputados federales de Encuentro Social estamos convencidos de la necesidad de ampliar el gasto de un mil 202.5 millones de pesos del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, para que millones de niños, mujeres y adultos mayores sean beneficiados con leche de alta calidad, asimismo, reprobamos el gasto de los 4 mil 59 millones de pesos para financiamiento de partidos políticos.

Aunado a lo anterior, el descredito, la falta de legitimidad y representación social que sufren, desde hace ya varios años, los partidos políticos genera el desánimo y el descontento ciudadano, mismos que se ve reflejado en el incremento del abstencionismo electoral. En lo que va del siglo, el abstencionismo electoral promedia el 38 por ciento en elecciones presidenciales y el 48 por ciento en las elecciones federales intermedias (ver gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con base a Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral

Además de denotar una creciente desvinculación social de los partidos políticos; un desmesurado incremento en el costo de nuestra democracia; el aumento de las burocracias partidistas y la apatía del electorado que no se siente representado por ninguno de los partidos políticos existentes. Resulta paradójico observar que la participación electoral de la ciudadanía ha disminuido considerablemente a pesar del aumento al financiamiento público de los partidos políticos (ver gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con base a Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral e Instituto Nacional Electoral.

Por tal razón la presente iniciativa busca:

Eliminar el financiamiento público directo que reciben los partidos políticos.

Fomentar el autofinanciamiento de los partidos políticos.

Regular puntualmente el financiamiento privado que reciban los partidos políticos.

Atender una añeja demanda ciudadana, a la que le resulta ofensivo el altísimo costo de la democracia mexicana.

Contribuir a bajar, significativamente, el desproporcionado costo de operación de nuestro sistema electoral.

Generar ahorros por más de 4 mil millones de pesos, los que podrían ser utilizados en gasto social o inversión productiva.

Legitimar la actividad de los partidos políticos y de la clase política en general.

Posibilitar una mayor equidad financiera entre los partidos políticos

Transparentar todos los recursos, con independencia de su origen, que obtuvieren los partidos para su operación.

De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral de un total de 180 países analizados, 57 países (31.7 por ciento) no cuentan con disposiciones jurídicas para otorgar financiamiento público directo a partidos políticos, tales como Suiza, Italia, Bielorrusia, Bolivia, India, Filipinas, Líbano, Nigeria, Egipto, entre otros (ver cuadro 1)

Continente Países

África 18

América 13

Asia 15

Europa 4

Oceanía 7

Total 57

Fuente: Elaboración propia con base a Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral e Instituto Nacional Electoral.

III. Conclusiones

Con lo anterior, queda demostrado que el funcionamiento de los partidos políticos es viable sin el financiamiento con recursos públicos.

El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hizo manifiesto desde el 29 de septiembre de 2016, su interés por suprimir el financiamiento público a los partidos políticos, como consta en la iniciativa de reforma a los artículos 41 y 116 de la CPEUM presentada la misma fecha, la que fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Es de señalarse que el 23 de marzo de 2017 se discutiría en reunión ordinaria de la precitada Comisión un proyecto de dictamen conjunto en sentido positivo -que contempla nuestra propuesta de supresión y 13 más de disminución- a efecto de disminuir el financiamiento a partidos políticos. Sin embargo, en dicha reunión se difirió su discusión.

De igual manera, la última semana de abril de 2017, al término del periodo ordinario de sesiones, se citó para discutir dicho dictamen en reunión de comisión, con la aparente intención aprobarlo y turnarlo al pleno para su discusión inmediata, sin embargo, habiendo decretado un receso, no se pudo llevar a cabo la votación del proyecto de dictamen que nos ocupa, en virtud de la casual falta de quórum, por lo que se difirió, una vez más, la toma de decisiones en esta asignatura tan trascendental.

En tal virtud y ante la ausencia del dictamen correspondiente, el plazo para analizar y dictaminar la iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario prescribió y, por tal motivo, el 31 de julio de 2017 se desechó.

Hoy que el oportunismo político y electorero ha inspirado inusitadas reacciones en los Partido Políticos que nunca vieron oportunamente por el tema, es indispensable deslindar al GPPES y precisar que respetamos profundamente el orden legal y constitucional.

Así, conscientes de lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la CPEUM que prevé que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales (el subrayado es nuestro) y, con total respeto a los tiempos y procedimientos legales establecidos, se presenta esta iniciativa a sabiendas de que su eventual aprobación, sería aplicable a los procesos electorales subsecuentes.

Para mayor claridad, se expone el siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con la reforma a la fracción II del artículo 41 constitucional, se busca eliminar el financiamiento público que reciben los partidos políticos y establecer un nuevo sistema de financiamiento basado en los recursos propios que puedan obtener dichos institutos políticos y completarlo con financiamiento privado.

Por lo anteriormente expuesto y ajeno a las coyunturas del oportunismo político, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del financiamiento público a los partidos políticos

Único. Se reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. (...)

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento , exclusivamente de origen privado, de los propios partidos y sus campañas electorales.

El financiamiento para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de los recursos destinados al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, cuya consecución y fiscalización, así como su temporalidad, se regirá de acuerdo con lo que disponga la ley.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes, simpatizantes y de origen privado; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.

III. a VI. (...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios segundo y tercero.

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Tercero. La reforma a la fracción II del artículo 41 de esta Constitución será aplicable a partir del 1 de enero de 2020.

Notas

1 El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral fue establecido como una organización internacional intergubernamental por catorce Miembros fundadores en una conferencia celebrada en Estocolmo el 27 de febrero de 1995. El Instituto fue registrado de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y posee la condición de observador en la Asamblea General de la ONU desde 2003. (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Estatutos, 2008.) México es miembro desde 2003. (Instituto Internacional para la Democracias y la Asistencia Electoral, s.f.)

2 Los partidos políticos de 58 países cuentan con financiamiento permanente a los partidos políticos (32.2 por ciento), en 43 países hay financiamiento público para apoyar de manera permanente y para las campañas (23.9 por ciento), en 19 solo se financia a las campañas políticas. (10.6 por ciento) y en 3 no se dispuso de información (1.7 por ciento)

3 Botswana, República Centroafricana, Comoras, Egipto, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Libia, Mauritania, Mauricio, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Suazilandia y Zambia

4 Antigua y Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela y Guyana.

5 Afganistán, Bangladesh, Camboya, India, Irán, Irak, Kurdistán, Líbano, Malasia, Myanmar, Nepal, Paquistán, Filipinas, Singapur y Turquestán.

6 Suiza, Italia, Bielorrusia y Malta.

7 Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Vanuatu.

Salón del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Héctor Joel Villegas González,Adriana Paulina Teissier Zavala, Armando González Escoto, Carmen Mora García, Carolina García Aguilar, Claudia Báez Ruíz, Edgar Guzmán Valdez, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Francisco Javier Saldívar Camacho, Indira Vizcaíno Silva, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José de la Luz Sosa Salinas, José Luis García Duque, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María del Carmen Cabrera Lagunas,Miguel Acundo González, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ricardo de la Peña Marshall, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputadas y diputados Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la administración pública federal.

El clima de inseguridad y violencia que priva en nuestro país es una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos.

Pero tal fenómeno no se originó por generación espontánea, ni surgió de un día a otro; se trata de un fenómeno que, si bien hoy tiene su auge, es resultado de un proceso de descomposición que se gestó a lo largo de años, auspiciado por la corrupción de autoridades, el deterioro de la economía, el aumento de la desigualdad, la ausencia de oportunidades, el rompimiento del tejido social, así como la grave impunidad que lastima a México.

Hay que decirlo con toda claridad, años y años de malos gobiernos fueron causantes del desbordamiento de la delincuencia, de que miles y miles de jóvenes terminaran optando por el delito como su modo de vida, ante la ausencia de perspectivas y oportunidades. Lo mismo administraciones federales que locales se dedicaron a enriquecerse a costa de sus gobernados, dejando en el olvido a generaciones y sectores enteros de la sociedad, convirtiéndolos en caldo de cultivo para la delincuencia.

Por eso debemos tener claro de una vez por todas, que el problema de la criminalidad no es un problema de buenos y malos, de policías y ladrones; se trata de un fenómeno con raíces sociales que no podrá ser resuelto en el corto plazo. Es necesario atacar el problema desde sus raíces económicas y sociales, con la perspectiva de comenzar a disminuirlo en el mediano plazo y a partir de ahí, seguir avanzando.

De nada servirá, como no ha servido nunca, abarrotar las prisiones y aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, si seguimos alentando la formación de nuevos delincuentes. Es necesario trabajar para evitar que más y más jóvenes se decanten por el delito como su forma de vida.

Sin embargo, también es cierto que la sociedad mexicana exige resultados y que una estrategia integral no implica que se dejen de perseguir los delitos que cotidianamente se registran. Es claro que se requiere incrementar los esfuerzos en materia de seguridad.

Las administraciones federales que nos han gobernado, incluyendo la actual, percibieron que la seguridad era uno de los temas más importantes para las y los mexicanos. El problema es que se equivocaron en la perspectiva con la que atendieron el tema, centrando sus esfuerzos en una estrategia eminentemente punitiva que dejó del lado otros rubros que tendrían que haber sido considerados como parte de una estrategia integral.

En 1999, prácticamente a finales de su sexenio, el presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Un año más tarde, en el año 2000, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras disposiciones; el aspecto más relevante de esta reforma fue la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Dicho decreto fue publicado el último día de la administración del presidente Zedillo, por lo que en realidad se trató de una reforma llevada a cabo para la administración entrante, encabezada por Vicente Fox.

En junio de 2009, ya con Felipe Calderón en la Presidencia de la República, se creó la Policía Federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Este episodio resulta de especial trascendencia, pues el sexenio de Felipe Calderón, como todos lo recordamos, se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia a consecuencia de su, por demás, torpe estrategia basada en la persecución armada y la ampliación e intensificación del uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.

Sin embargo, durante la administración del presidente Calderón, ni la Policía Federal ni la propia Secretaría de Seguridad Pública estuvieron exentas de corrupción y escándalo. Ejemplos de ello sobraron, baste recordar la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en junio de 2012, protagonizada por elementos de la Policía Federal que habían aprobado las evaluaciones de control de confianza y entre los cuales se señaló a tres como integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en la terminal aérea.

Otro ejemplo, la balacera en la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tres Marías en agosto de 2012, o el caso del empresario Eligio Ibarra Amador, extorsionado y secuestrado por policías federales en Ciudad Juárez en 2011 y brutalmente asesinado unos días antes de comparecer a ratificar su denuncia contra sus captores. O los 13 policías federales, detenidos en octubre de 2013 por pertenecer a una banda de secuestradores que operaba en Acapulco. O los seis policías federales detenidos en abril de 2013 por balear a dos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, uno de los cuales falleció.

Igualmente lamentable fue el paso de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, cuya gestión se caracterizó por aberrantes, abiertas y cínicas violaciones a derechos humanos, lo mismo obteniendo confesiones de acusados sin presencia de defensor ni ante el Ministerio Público, que videograbando dichas confesiones para difundirlas en medios de comunicación, violentando así la presunción de inocencia, o manipulando pruebas a modo y montando operativos mediáticos, como ocurrió con el caso Cassez, el cual quedó manchado y en entredicho por la manipulación de que fue objeto por órdenes de García Luna.

Tras la deleznable actuación de García Luna y ya con el presidente Enrique Peña Nieto en funciones, en enero de 2013 se llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual se disolvió la Secretaría de Seguridad Pública y se creó la Comisión Nacional de Seguridad, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación a la cual se adscribió a la Policía Federal. Sin embargo, la reforma llevada a cabo por el presidente Peña Nieto no representó un cambio sustancial o de fondo a la estrategia de combate a la delincuencia, encabezada por las fuerzas armadas.

Es necesario recordar que, desde su creación, la Policía Federal fue enarbolada por la administración de Felipe Calderón como una gran panacea, el discurso oficial exaltó una y otra vez la necesidad de contar con una institución policial confiable, profesional y debidamente capacitada, que eventualmente pudiera sustituir a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada. Lo cierto es que han pasado ya nueve años desde su creación y aún no se vislumbra cercano el regreso de los militares a sus cuarteles, como tampoco se puede afirmar con convicción que la Policía Federal sea la institución ejemplar que se pretendió hacer creer.

Como parte de las medidas que llevará a cabo la próxima administración que entrará en funciones en diciembre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que volverá a crear la Secretaría de Seguridad Pública de la administración pública federal, para lo cual solicitó al presidente Peña Nieto que promueva las reformas necesarias, a fin de que dicha dependencia se encuentre legalmente constituida al momento del inicio de su administración.

Como parte de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ganar la elección presidencial de 2018, el Partido del Trabajo es plenamente consciente de la importancia toral que el tema de la seguridad pública revestirá en los próximos años y respalda la sensibilidad del Presidente electo, de colocar el tema, uno de los de mayor preocupación para las y los mexicanos, entre las prioridades de su gobierno.

Sin embargo, también es nuestra convicción que la atención del problema requiere una nueva perspectiva.

Hasta ahora, la seguridad pública en México se ha cimentado en una óptica punitiva y persecutoria, dejando en segundo plano la prevención y la atención integral de los factores que generan delincuencia. Bajo esa lógica, se ha terminado por entremezclar las labores de seguridad pública con las de seguridad nacional, lo que si bien es comprensible por virtud del grado de penetración y control de la delincuencia organizada sobre gobiernos y regiones enteras, ha resultado dañino en términos de legalidad y respeto a los derechos humanos. Los excesos y abusos se han incrementado, con el consiguiente descrédito de las instituciones y la desconfianza de las y los ciudadanos

Por ello, la presente iniciativa plantea que las atribuciones y, por ende, la labor de la nueva Secretaría encargada del ramo, respondan a un nuevo enfoque para la atención del rubro de seguridad, bajo la perspectiva de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

El concepto de seguridad ciudadana es una vertiente del concepto de seguridad humana, que surgió esencialmente a partir del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994. Si bien se trata de un concepto aún discutido en el ámbito académico y conceptualizado de distintas formas en países como Canadá o Japón, podemos señalar que se trata de un concepto más integral, que se enfoca en las amenazas a la vida, tranquilidad y derechos de las personas, a diferencia del concepto de seguridad pública, que tradicionalmente se refiere o se asocia con la seguridad del estado y sus instituciones, lo que se asemeja más al concepto de seguridad nacional. De ahí que hoy en día, no haya una delimitación clara de la labor y atribuciones de las instituciones civiles y las militares, y tampoco de las tareas de seguridad pública y seguridad nacional, mezcolanza que se profundizó con la expedición de la dañina Ley de Seguridad Interior.

En otras palabras, la seguridad pública, en la concepción tradicional que hemos seguido hasta ahora, ubica al estado y sus instituciones como el centro alrededor de cuya seguridad y estabilidad gira la seguridad y el bienestar de los gobernados. En cambio, bajo el concepto de seguridad ciudadana, la persona con su integridad, sus derechos, sus bienes y su entorno, se ubica en el centro de atención como sujeto primordial de la seguridad. En ese tenor, si pretendemos realmente atender el problema de la inseguridad con un enfoque más integral, resulta necesario entonces que la labor de la nueva Secretaría del ramo sea planteada con una perspectiva distinta a la que históricamente se ha aplicado.

Semejante replanteamiento implica necesariamente un cambio de fondo. Por ello, con el afán de sentar las bases para la construcción de un nuevo enfoque bajo el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo su labor de pacificación del país, la presente iniciativa se plantea con el objeto de proponer la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La idea, desde luego y en primer lugar, no es erigir de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública creada en las administraciones panistas, sino crear una dependencia esencialmente distinta en sus objetivos y enfoque. Para ello, es necesario asumir que su labor, debe ser sólo una parte de una estrategia integral y multidisciplinaria de prevención del delito, que abarque ámbitos económicos, sociales, educativos y culturales.

Las atribuciones de esta nueva dependencia deben reflejar la preeminencia de la persona humana como objeto de la seguridad y darle a la vez, los suficientes espacios de participación en la construcción de su tranquilidad. Deben privilegiar también, las tareas de prevención sobre las funciones punitivas y de uso de la fuerza, así como la observancia plena de los derechos humanos. Esto último no resulta fácil en un contexto como el que vivimos, con una sociedad profundamente agraviada por la delincuencia, que por esa razón exige el uso de métodos y medidas más punitivas en contra de quien comete un delito. Sin embargo, creemos que la mejor manera de revertir esa postura es justamente a través de la construcción de mejores condiciones, mediante el combate a la corrupción y la impunidad, así como la participación de las y los ciudadanos de manera coordinada con sus autoridades.

Lo anterior, desde luego, no implica renunciar totalmente a las labores policiales reactivas, sino únicamente cambiar la perspectiva de sus funciones al privilegiar sus labores preventivas; en todo caso, el respeto a los derechos humanos será siempre la premisa que rija su actuación.

Para llevar a cabo la creación de una nueva dependencia que traiga aparejado un replanteamiento de las tareas de seguridad, la presente iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal.

Respecto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforma el artículo 26, para incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de las dependencias con que contará el Poder Ejecutivo de la Unión para el despacho de los asuntos del orden administrativo.

En cuanto al artículo 27, relativo a las facultades de la Secretaría de Gobernación, se derogan las fracciones que actualmente contienen sus atribuciones en materia de seguridad pública, recorriéndose las subsecuentes en su numeración; así también, se derogan los dos últimos párrafos, que se refieren, respectivamente, a las atribuciones del Comisionado Nacional de Seguridad como auxiliar de la Secretaría de Gobernación, así como la ratificación del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por parte del Senado de la República.

Por otro lado, se adiciona el artículo 30 Bis, que establecerá las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe señalar que se trata de la reactivación de este artículo, que fue adicionado mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000 y posteriormente derogado en la reforma publicada el 2 de enero de 2013.

Entre las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacan las relativas a la formulación y ejecución de políticas públicas y programas tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y la prevención de los delitos, con enfoque de respeto a los derechos humanos. Es necesario hacer notar que, bajo este nuevo enfoque, ya no se habla de política criminal, ni de seguridad pública bajo su concepción tradicional, sino de seguridad y tranquilidad de las personas.

Destaca también que las atribuciones con que actualmente cuenta la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad nacional quedan excluidas del ámbito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el fin de no entremezclar las labores de seguridad nacional, como se ha venido haciendo desde hace varios años. Así, la visión que se propone con esta iniciativa es justamente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Federal, no tengan atribuciones en materia de seguridad nacional sino en seguridad de las personas y prevención de delitos, estableciéndose una diferenciación y separación implícita entre ambas labores, que también sirva de base para delimitar el ámbito de intervención de las instituciones competentes.

Otro de los enfoques que se pretenden con esta iniciativa, como ya se ha señalado, es el de privilegiar la seguridad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Es por ello que, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se excluye la relativa a la preservación de la paz y orden públicos, términos ambiguos e imprecisos que actualmente quedan abiertos a la interpretación a conveniencia de la autoridad y no pocas veces han servido de pretexto para reprimir la protesta social. Este es uno de los mejores ejemplos de cómo la seguridad pública, en su concepción tradicional, ubica al Estado y sus instituciones en el centro de las labores de seguridad. En lugar de ello, proponemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga a las personas como el principal objeto y sujeto de sus funciones.

Por otro lado, se establece que la Policía Federal quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que será la encargada de organizarla, dirigirla, administrarla y supervisarla.

Destaca también la facultad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de participar en la atención integral a víctimas, para lo cual contará con unidades especializadas en la materia y podrá celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado. Se trata de una atribución de gran importancia, pues ratifica el enfoque de seguridad humana y respeto a los derechos humanos que se pretende imprimir en las labores de esta nueva dependencia, máxime dentro del contexto nacional actual, en que la atención a las víctimas de la violencia y la delincuencia debe ser una prioridad en aras de lograr la reconciliación nacional que pretende llevar a cabo la administración que, a partir de diciembre, encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Es necesario aclarar también, que resultará evidentemente necesario modificar las normas reglamentarias, tanto de la Secretaría de Gobernación, como de la Policía Federal, a fin de adecuarlas al nuevo marco normativo.

Ahora bien, la presente iniciativa plantea la sustitución de la expresión seguridad pública por seguridad ciudadana. Es necesario recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece la función de seguridad pública, por lo que, a simple vista, podría parecer que la utilización de seguridad ciudadana resultaría inconstitucional.

Al respecto, estimamos que no se configura una contravención a la norma constitucional, toda vez que la presente iniciativa, aun cuando propone una nomenclatura que utiliza una expresión distinta, mantiene las facultades de la dependencia dentro de los fines de la seguridad pública, solo que lo hace bajo nuevos enfoques, orientaciones y premisas. De igual forma, no se modifica la nomenclatura, atribuciones, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que involucra a los tres niveles de gobierno y se mantienen también sus bases mínimas. De esa manera, ni la dependencia que se crea, ni sus atribuciones, ni la orientación de su labor se contravienen con el espíritu del texto constitucional, pues aun cuando existan diferencias conceptuales entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana, la Constitución no mandata que la dependencia del ramo deba tener un nombre en particular, mucho menos impone un enfoque específico en el que la persona humana no deba ser el objeto principal de la seguridad.

Con ello, se establece dentro del ámbito de la administración pública federal, un primer paso para buscar replicarlo en el ámbito local y de esa manera rediseñar las labores de seguridad a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la administración pública federal.

Artículo Primero. Se reforman el artículo 26 y las fracciones XII en adelante del artículo 27; se adiciona un artículo 30 Bis; se derogan los dos últimos párrafos del artículo 27; todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Seguridad Ciudadana;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 27. ...

I. a XI. ...

XII. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;

XIII. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional;

XIV. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;

XV. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes;

XVI. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución;

XVII. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica;

XVIII. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables;

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;

XX. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas;

XXI. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal;

XXII. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

XXIII. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación;

XXIV. Fijar el calendario oficial; y

XXV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y la prevención de los delitos, con enfoque de respeto a los derechos humanos;

II. Proponer al Ejecutivo Federal la política integral de prevención del delito y seguridad de las personas, y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal;

III. Ejercer el mando sobre la fuerza pública para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas;

IV. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República;

V. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;

VII. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VIII. Proponer acciones tendientes a asegurar la efectiva coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las Alcaldías en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IX. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito, protección de la integridad y los derechos de las personas y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;

X. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales;

XI. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común;

XII. Establecer mecanismos de participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad ciudadana; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones;

XIII. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales;

XIV. Participar en la atención integral a víctimas, para lo cual contará con unidades especializadas en la materia y podrá celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;

XV. Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley;

XVI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran e intervenir de manera preventiva o reactiva ante situaciones que impliquen violencia, con pleno respeto a los derechos humanos;

XVII. Auxiliar al Poder Judicial de la federación y al Ministerio Público, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo su mando y conducción; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XIX. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de las personas a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional;

XX. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

XXI. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

XXII. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad ciudadana, así como del ámbito criminal y preventivo que requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones;

XXIII. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana sobre el ejercicio de esta atribución;

XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Segundo. Se reforman la fracción XIV del artículo 5, la fracción V y el segundo párrafo del artículo 12, el segundo párrafo del artículo 17 y el último párrafo del artículo 27; se adiciona un tercer párrafo al artículo 17, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XIII. ...

XIV. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal;

XV. y XVI. ...

Artículo 12. ...

I. a IV. ...

V. El Secretario de Seguridad Ciudadana;

VI. a IX. ...

El presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Seguridad Ciudadana. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

...

Artículo 17. ...

El secretario ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos por el presidente del Consejo. El nombramiento del secretario ejecutivo requerirá la ratificación del Senado de la República.

El secretario ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. a V. ...

Artículo 27. ...

...

...

El comisionado Nacional de Seguridad será invitado permanente de la Conferencia, quien suplirá las ausencias del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal.

Artículo Tercero. Se reforman el primer párrafo y la fracción II del artículo 2; las fracciones VIII y IX del artículo 4 y el artículo 9, todos de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y sus objetivos serán los siguientes:

I. ...

II. Aplicar y operar la política de seguridad ciudadana en materia de prevención y combate de delitos;

III. y IV. ...

Artículo 4. ...

I. a VII. ...

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal, y

IX. Secretario, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal.

Artículo 9. Las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal que requieran realizarse con riesgo o urgencia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de la Secretaría de Gobernación y al Reglamento de la Ley de la Policía Federal en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Los traspasos que por motivo de este decreto deban realizarse de una dependencia a otra, incluirán las adecuaciones presupuestarias que comprenden las modificaciones a la estructura programática y financiera, a los calendarios financieros y de metas, así como los traspasos de recursos humanos y de los activos patrimoniales tales como bienes inmuebles, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para los asuntos a su cargo. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Cuarto. Los asuntos que con motivo de este Decreto deban pasar de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entren en funciones, a excepción de aquellos urgentes o sujetos a término los cuales se atenderán por la dependencia que las venían despachando.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los 18 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Angel Benjamín Robles Montoya,Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Emilio Manzanilla Téllez, José Luis Montalvo Luna, Maricruz Roblero Gordillo, Reginaldo Sandoval Flores, Ana Ruth García Grande, Ana Karina Rojo Pimentel, Armando Javier Zertuche Zuani, Mary Carmen Bernal Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.

I.El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que adicionó un párrafo octavo al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir expresamente el uso discrecional e indebido de recursos públicos destinados para propaganda y promoción personalizada de cualquier servidor público, restringiendo los gastos de comunicación social únicamente para fines institucionales, informativos, educativos y de orientación social, al establecer lo siguiente:

Artículo 134, párrafo octavo,

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público .

En relación con lo anterior, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. En Cuyo artículo Tercero Transitorio se estipulo la obligación del Congreso de la Unión para emitir la legislación reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, al establecer lo siguiente:

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

El Congreso de la Unión fue omiso durante casi 4 años, hasta que el 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, que tuvo el voto en contra de distintas fuerzas de oposición y la crítica de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que denominaron a dicha legislación como “Ley Chayote”.

II. A lo largo de los últimos años, el gasto en publicidad oficial se ha caracterizado por el derroche y la opacidad. De acuerdo con el estudio de la organización Fundar, denominado “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”, en los cuatro primeros años del actual Gobierno Federal y el primer semestre del 2017, el monto de recursos públicos erogados en publicidad oficial asciende a 37 mil 725 millones de pesos.

Además de lo anterior, debe señalarse que la actual administración federal se ha caracterizado por gastar más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el rubro de publicidad oficial. Entre 2013 y 2016 se registró un sobre ejercicio de 71.86 por ciento más recursos, es decir, se pasó de 21 mil 099 millones de pesos, a 36 mil 261 millones de pesos. El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos en un periodo donde, paralelamente, han existido recortes al presupuesto de sectores como salud o educación.

Durante el año 2017, en materia de publicidad oficial, nuevamente, se registran ajustes presupuestales y sobre ejercicios que merecen ser esclarecidos. Así lo evidencia el informe de avance del gasto al segundo trimestre, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a dicha información, se autorizó un monto de 2 mil 932 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en Servicios de Comunicación Social y Publicidad, específicamente en la partida de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, sin embargo, al segundo trimestre del año se habían hecho modificaciones presupuestales por 4 mil 920 millones de pesos, una variación del 67 por ciento.

Lo anterior no se puede desvincular de efectos que atentan no solo contra la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, sino también con efectos que atentan en contra del libre ejercicio de una prensa independiente y por ende del derecho a la información imparcial y crítica de la sociedad, elementos que deben caracterizar a un verdadero régimen democrático, como lo señala Edna Jaime, Directora General de la Organización de la Sociedad Civil México Evalúa:

En lo que va de esta administración federal se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos en este rubro (Publicidad Gubernamental). En este lapso, en cada ciclo fiscal se han presentado sobreejercicios que no son menores: 49 por ciento en 2013, 35 por ciento en 2014, 80 por ciento en 2015 y 134 por ciento en 2016. Lo que esto quiere decir es que el Ejecutivo federal ha gastado mucho más de lo que el Legislativo le ha autorizado.

Hay dos efectos perniciosos en este gasto. El primero supone el costo de oportunidad de estos recursos, esto es, lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la justicia o el medio ambiente, por canalizar recursos a este rubro.

Hay otro efecto también muy grave. Esta bolsa multimillonaria de recursos está domesticando a medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para existir. Dice el dicho que el que paga manda. Y a billetazos parece que se está dictando línea editorial a distintos medios. Para decirlo de otra manera, con nuestro propio dinero se está dañando el trabajo periodístico y hasta la libre expresión.

En la misma tesitura se ha pronunciado la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, al señalar lo siguiente:

En primer lugar, la falta de regulación en este campo ha permitido un manejo arbitrario y discrecional de los recursos, tanto en el ámbito federal (entre 2012 y 2015 se destinaron 37 mil millones, siempre con sobreejercicios que en 2014 significaron un gasto adicional de 10 mil millones, de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Investigación y Análisis) como en el estatal, donde las cifras son doblemente escandalosas (en 2015 los estados gastaron 11 mil millones en publicidad oficial, lo que representó el doble de lo presupuestado).

La falta de regulación al respecto ha dado lugar a una enorme discrecionalidad para asignar los recursos y para distribuirlos en opacidad, y ha permitido que la publicidad oficial siga siendo una herramienta en manos de los gobiernos para frenar la crítica, o para condicionar la orientación de los medios informativos; es decir, ha servido para premiar o castigar la política editorial de la prensa, minando así la libertad de expresión. La publicidad oficial se ha utilizado no sólo para promover indebidamente a gobernantes y figuras públicas (lo cual está prohibido por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que no ha sido reglamentado desde 2008), sino para censurar el oficio profesional y crítico del periodismo, como vimos recientemente en el caso del conductor de las noticias matutinas de Enfoque.

III. Desafortunadamente, la mencionada Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso de la Unión, no cumple con las expectativas, no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la opacidad, e incluso presenta retrocesos. Entre las principales críticas a esta ley, destacan las siguientes:

• No contiene el derroche. Carece de mecanismos efectivos para controlar el gasto y fijar topes a las erogaciones en materia de publicidad gubernamental.

• No contiene el uso político de la publicidad. Mantiene en manos de la Secretaría de Gobernación la atribución de regular el gasto en materia de publicidad.

• No contiene la discrecionalidad. No se regulan ni prohíben las ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social.

• No detiene la propaganda personalizada. No regula los informes de actividades, empleados para hacer propagada personalizada.

• No empodera al Sistema Nacional Anticorrupción. No involucra a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley.

Estos argumentos son suficientes para considerar la abrogación de la mencionada ley y plantear la expedición de un nuevo ordenamiento con el que se cumpla el mandato constitucional y las expectativas de los ciudadanos en materia de transparencia, fiscalización y control al gasto en publicidad y comunicación social.

La presente ley, en contraste, plantea una serie de mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad y el combate a la discrecionalidad. Entre los principales puntos de la ley propuesta, se destacan los siguientes:

• Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.

Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta aplicación de la legislación.

• Se fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.

• Se prohíben expresamente las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.

• Se establecen criterios de máxima transparencia en la aplicación del gasto y en la asignación de contratos en materia de comunicación social.

• Se establece que no podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a comunicación social.

• Se crea un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y administrada por el Instituto.

• Se prohíbe la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa:

Decreto que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental

Artículo Único. Se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental

Artículo 1.La presente Ley es reglamenta del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comunicación social y publicidad gubernamental; sus disposiciones son de orden público e interés general y tienen por objeto garantizar que el gasto en dicho rubro cumpla con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez, así como regular, fiscalizar y vigilar la contratación y asignación de publicidad gubernamental que realicen los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 2.Las disposiciones contendidas en la presente Ley serán aplicables respecto de los servicios de comunicación social y publicidad adquiridos con recursos públicos, tanto por instituciones públicas o privadas, o por cualquier persona física o moral que utilice los mismos para tales fines.

Artículo 3.Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Instituto:Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental;

II. Medios de comunicación: la persona física o moral que presta servicios de comunicación social y publicidad, titular de una concesión prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

III. Padrón Nacional: El Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

IV. Publicidad gubernamental: La producción, edición, asignación, distribución, difusión o contratación de contenidos a través de un medio de comunicación, bajo cualquier formato, que realicen los sujetos obligados por la presente Ley;

V. Publicidad encubierta: La publicidad que, pretendiendo no ser tal debido a una intencional descontextualización, repetición innecesaria, falta de objetividad, o mera falsedad, implique un mecanismo de comunicación social de los sujetos obligados por la presente ley.

Artículo 4.Toda información relacionada con la aplicación de la presente Ley, así como con la comunicación social y la publicidad gubernamental de los sujetos obligados, será de carácter público, se aplicará en todo momento el principio de máxima publicidad sobre la misma, y no podrá ser clasificada como reservada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 5.El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, es una instancia autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.

Artículo 6. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados para Servicios de Comunicación Social y Publicidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

VI. Emitir los Lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y publicidad;

VII. Vigilar que los sujetos obligados no rebasen los topes máximos de gasto en publicidad establecidos en la presente ley;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la presente Ley.

Artículo 7. El Instituto estará integrada por cinco comisionados. Uno de ellos será el comisionado de la Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien lo presidirá, y los otros cuatros serán ciudadanos con experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado.

Artículo 8.Los cuatro Comisionados mencionados en el artículo anterior serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. La Cámara de Diputados constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos.

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorífico.

II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a Comisionados.

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Instituto y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

Artículo 9. Los Comisionados del Instituto durarán en su encargo un periodo de tres años.

Artículo 10. Son atribuciones del Presidente del Instituto las siguientes:

I. Ejercer la representación legal del Instituto;

II. Presidir el Pleno del Instituto;

III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno del Instituto, según lo dispuesto por la Ley y su Reglamento Interno;

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

V. Formular los Lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del Instituto, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del Instituto;

VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;

VIII. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 11. El Instituto tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 12. Son atribuciones del Pleno del Instituto las siguientes:

I.Establecer los Lineamientos generales de actuación del Instituto;

II. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con el Instituto; y

IV. Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto.

Artículo 13.El Instituto vigilará que la adquisición de publicidad por parte de todo sujeto obligado se ajuste a las siguientes disposiciones:

I. No se contratarán con un único medio de comunicación servicios cuyo costo total sea mayor a diez por ciento del gasto total destinado a comunicación social;

II. No podrán ser contratados servicios relacionados con la modificación de la línea editorial o con la opinión de los medios de comunicación;

III. Las organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a través de publicidad gubernamental, deberán ser auditadas por la Auditoría Superior de Federación e integradas al Padrón Nacional;

IV.Queda prohibida la difusión de publicidad de servidores públicos personalizada; y

V. Queda prohibida la contratación de publicidad gubernamental encubierta, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

Artículo 14.Los sujetos obligados deberán publicar en forma continuar en su portal de internet, la siguiente información relacionada con la contratación de servicios de comunicación social:

I.Monto total destinado desglosando por rubros y entidades correspondientes;

II.Contratos celebrados durante el ejercicio fiscal vigente en materia de comunicación social; y

III.Un programa anual de comunicación social.

Artículo 15. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación será un sistema público de información, administrado por el Instituto, que contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios en materia de comunicación social y publicidad para los sujetos obligados por la presente Ley.

Artículo 16.Los medios de comunicación cuyo registro no figure en el Padrón Nacional no podrán ser contratados para que brinden servicios de comunicación social para los sujetos obligados.

Artículo 17.El Padrón Nacional deberá contener las tarifas y criterios bajos los cuáles los medios de comunicación ofertarán sus servicios, quedando estrictamente prohibido que los sujetos obligados puedan adquirir los mismos con tarifas o criterios distintos.

Artículo 18.El Instituto publicará y mantendrá actualizado el Padrón Nacional en un sitio de internet especializado para tal efecto, y accesible en todo momento al público. La Secretaría de Gobernación estará obligada a enviar al Instituto los contratos, convenios y licitaciones celebrados con medios de comunicación para la Administración Pública Federal, dentro de un plazo no mayor a tres días contados a partir de su celebración.

Artículo 19.Los sujetos obligados tendrán las siguientes obligaciones en materia de publicidad gubernamental:

I.Señalar claramente el sujeto obligado que contrate los servicios;

II.Omitir el nombre, cargo, imagen, voz o signo distintivo de servidores públicos;

III.Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía se identifiquen con un partido político, coalición o servidor público;

IV.Omitir la trayectoria personal de los servidores públicos;

V.Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía generen confusión por su semejanza con los colores y símbolos patrios;

VI.Omitir contenido que pretenda influir en las preferencias electorales; y

VIII.Omitir contenidos que inciten a la violencia política en razón de género, a la violencia de género, o cualquier forma de discriminación.

Artículo 20.En el periodo que comprendan las precampañas y campañas electorales, así como durante el periodo de intercampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberá suspenderse la comunicación social y la publicidad de los sujetos obligados en todo medio de comunicación, con excepción de las campañas de las propias autoridades electorales.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y 242 numeral 5 del Código Electoral y de Procedimientos Electorales, los servidores públicos podrán emitir mensajes en los medios de comunicación para difundir sus informes de actividades de acuerdo a la legislación aplicable, pero en ningún caso dichos mensajes podrán contener propaganda personalizada.

Artículo 21.El gasto anual en publicidad gubernamental no deberá exceder del cero punto quince por ciento (0.15%) del gasto corriente aprobado en los presupuestos para el ejercicio fiscal correspondiente a cada ejecutor de gasto de la Administración Pública Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos constitucionales autónomos federales.

El monto máximo y restricción para los gobiernos, poderes públicos, órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y sus municipios, no podrá exceder el cero punto quince por ciento (0.15%) de su respectivo gasto corriente del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.

No podrán reasignarse, ni ampliarse las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental, salvo contingencias y emergencias en materia de programas de protección civil y salud.

Artículo 22.Queda prohibido que los sujetos obligados realicen reasignaciones, ampliaciones a traspasos de recursos etiquetados para otros rubros, para la comunicación social o la publicidad gubernamental.

Artículo 23.No podrán destinarse recursos derivados de créditos, donaciones, o patrocinios, para sufragar el gasto en materia en publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados.

Artículo 24. Los sujetos obligados no podrán incrementar sus presupuestos anuales en materia de comunicación social, respecto del inmediato año anterior, durante los ejercicios fiscales correspondientes a la celebración de procesos electorales nacionales o locales.

Artículo 25.Queda estrictamente prohibida la contratación de servicios de comunicación social o publicidad gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares o accionistas principales, hayan sido funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, durante los tres años anteriores a dicha contratación.

Artículo 26. Cualquier persona física o moral puede denunciar ante los órganos previstos en la presente Ley, la difusión, producción, edición o distribución de publicidad gubernamental o comunicación social por parte de los sujetos obligados, que pueda ser violatoria de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27.El denunciante podrá solicitar la suspensión provisional de la publicidad o comunicación social de los sujetos obligados, cuando considere que afecta a sus derechos fundamentales. En caso de determinarse dicha suspensión, el Instituto ordenará a los concesionarios el retiro inmediato del contenido en cuestión.

Artículo 28.El Tribunal de Justicia Administrativa deberá sancionar con la suspensión del empleo, cargo o comisión, de dos meses a dos años, al servidor público responsable de la difusión, edición, distribución o propaganda de publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados que:

I.Viole lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley;

II. Implique cualquier forma de publicidad encubierta, conforme a lo señalado en el artículo 13 de esta Ley;

III. Se realice durante el periodo de precampañas o campañas electorales; o

IV.Viole los topes de publicidad y comunicación social establecidos en el artículo 21 de la presente Ley.

Las sanciones anteriores podrán incrementarse, en caso grave, con la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a cinco años, al servidor público responsable.

Artículo 29.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los sujetos obligados que violenten lo establecido en la presente Ley serán sancionados con 2 mil a 5 mil días multa.

Artículo 30.Sin perjuicio de lo dispuesto por el presente capítulo, el servidor público que utilice recursos públicos para su promoción personalizada será sancionado con las penas que se establecen para el delito de peculado, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código Penal Federal.

Artículo 31.Los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón Nacional, recibirán sanción de 7 mil a 10 mil días multa; en caso de reincidir, no tendrá derecho a figurar en el mismo.

Artículo 32.Las sanciones que contempla la presente Ley para los sujetos obligados, son independientes de las que derivadas del orden civil, penal o de cualquier otra índole, puedan aplicarse por la comisión de los mismos hechos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se abroga la Ley General de Comunicación Social, publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental deberá integrarse dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Fundar Centro de Análisis e Investigación, “Contar lo ‘bueno’ cuesta mucho el gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”.

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

2 Edna Jaime. El Financiero, 10 de noviembre de 2017. Publicidad Gubernamental.

http://mexicoevalua.org/2017/11/10/publicidad-gubernamental/

3 Jacqueline Peschard. El Financiero. 13 de noviembre de 2017. La Corte contra la omisión Legislativa.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ la-corte-contra-la-omision-legislativa.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Martha Angélica Zamudio Macías,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

1. Al establecerse en nuestra Constitución Política un Título Sexto, Del Trabajo y la Previsión Social, se funda el derecho social, contemplando en una ley fundamental, un marco regulador, protector y tutelar de la naciente clase trabajadora.

Retomando las demandas formuladas por el naciente movimiento obrero mexicano, plasmadas en el Programa del Partido Liberal Mexicano en 1906, el artículo 123 reconoció los derechos de los trabajadores concebidos como una clase social y mandató al Estado mexicano garantizar su cumplimiento y vigencia.

Jornada máxima, prohibición del trabajo infantil, vivienda obrera, protección a las madres trabajadoras, responsabilidad del patrón ante los accidentes y enfermedades laborales, los derechos de asociación y de huelga, la solución de los conflictos entre capital y trabajo mediante el arbitraje y la búsqueda de un equilibrio entre ambos factores, fueron algunos de los pilares del derecho social y laboral que se desarrollo a partir de 1917.

Y, destacadamente, se estableció la institución del salario mínimo como una garantía tanto de una remuneración suficiente como un pisopor abajo del cual no es válido el establecimiento de una relación de trabajo legal.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

En la Constitución vigente, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, se define la suficiencia de esta remuneración:

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Esto no sólo es una materia de derecho constitucional sino una legítima aspiración de cualquier trabajador: acceder, mediante el empleo a un nivel de vida decoroso, holgado, digno, con expectativas de desarrollo personal, familiar y colectivo. Sin esas condiciones y sin aspiraciones, el trabajo y buena parte de la existencia pierden su razón profunda de ser.

Otras normas internacionales han dimensionado este derecho, más allá del terreno laboral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) dice en el artículo 23, numeral 3:

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

También la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) reconoce en el artículo XIV:

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce en su artículo 7, lo siguiente:

Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Como otros, el derecho a un salario mínimo suficiente es un derecho humano.

2. Sin embargo, como es sabido, ni el salario mínimo cumple con esas características ni es el menor salario que se paga por una ocupación en nuestro país. Entre 1934 y 1982, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 54 por ciento; de 1982 a 2014, se redujo 67.5 por ciento y si tomamos como referencia el año de 1977, la caída es de 72.5 por ciento. Esto significa que los trabajadores han dejado de recibir tres cuartas partes del salario a que tenían derecho durante tres décadas.

Aunque esta caída se ha convertido en un estancamiento en los últimos tres lustros, para recuperar el poder adquisitivo perdido históricamente, se requeriría subir el salario mínimo tres veces y media. Si en este momento se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios perdidos históricamente desde 1977, se necesitaría aumentar los salarios mínimos más de dos veces y media.

Los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo son más de 10 millones, el 23 por ciento de la población económicamente activa ocupada (sin contar los “No especificados”); asimismo el 70 por ciento de las nuevas ocupaciones son contratadas con salarios bajos. Incluso en empresas que presumen tener alta tecnología, como las armadoras automotrices, en que el costo salarial no repercute en la formación de valor, se siguen pagando salarios bajísimos, que no son compatibles con la actividad realzada. Precisamente, México es uno de los tres países que participan en el grueso de la industria automotriz mundial en que los trabajadores reciben los menores salarios. En la industria automotriz alemana se pagan en promedio 52 dólares por hora y en México, cuatro.

Nuestro país sigue con la lamentable política de querer atraer inversión y elevar la productividad con las “ventajas comparativas” de los bajos salarios. Como sabemos, esto no ha sucedido en treinta años y por tanto no tiene sentido seguir en esa línea.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 1975 a 2010, los salarios representados dentro del producto interno bruto (PIB) cayeron de 37.3 a 29.1 por ciento lo que equivale a ocho puntos porcentuales de la masa de riqueza nacional generada entonces.

Las consecuencias por los salarios tan bajos han sido la migración forzosa hacia Estados Unidos de América, con pérdida de vidas por la política antimigratoria de ese país, el crecimiento de la delincuencia organizada en diferentes modalidades y la falta de oportunidades a mejores niveles de vida entre las familias, por nombrar solo algunas.

3. El salario mínimo en México resulta un caso atípico en el contexto global. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), otras economías similares a la nuestra como Argentina, Brasil, Chile y Colombia elevaron sus salarios base de 2002 a 2011, superando entre dos y tres veces el nivel de subsistencia. En ningún caso, la recuperación salarial condujo a una situación de inflación o desempleo; al contrario, la igualdad del ingreso mejoró significativamente y, aunada a otras políticas redistributivas y de fomento económico, permitió elevar el bienestar de las personas. Según Cepal, el fortalecimiento del salario mínimo ha contribuido al descenso en la desigualdad del ingreso en Argentina, Brasil y Uruguay; esto ha tenido lugar conjuntamente con crecimiento del empleo y procesos de formalización laboral. Durante el período estudiado, México es el único país de América Latina en que la pobreza aumentó.

De acuerdo a la Cepal, México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no muestra una recuperación en la última década. Según este organismo, la relación entre el salario mínimo y el valor de la línea de pobreza per cápita demuestra que México es el único país al final de la década (2002-2011) donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita. Su nivel sigue manteniéndose por debajo del nivel de la pobreza de ingresos.

El organismo señala que que en México, del 2010 al 2014, la disminución de los ingresos constituyó el principal factor de aumento de la pobreza.

México, asimismo, es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el menor salario mínimo real por hora (0.4 dólares), muy lejano del segundo menor, Chile, que lo supera en casi seis veces.

El Comité DESC, en sus observaciones finales de 1999 al tercer informe periódico de México sobre la aplicación del Pidesc, expresó lo siguiente:

El comité lamenta que, a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de Salario Mínimo no ha ajustado al alza el salario mínimo. En estos momentos, es preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para adquirir la canasta básica constitucional, en violación del inciso ii) del párrafo a) del artículo 7 del pacto, y según se refleja en la legislación nacional (artículo 123.VI de la Constitución).

En 2006 el comité volvió a abordar la cuestión del salario mínimo en el marco de sus observaciones finales al cuarto informe periódico de México sobre la aplicación del Pidesc, al externar su preocupación por los bajos salarios mínimos en el país, en especial de las mujeres e indígenas, e instóal Estado a que vele por que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios (sic), o negociados entre los trabajadores y empleadores aseguren a todos los trabajadores y empleados condiciones de vida dignas para ellos y sus familias.

Enfrentar estas realidades mediante una consulta no resulta pertinente ni apropiado; es un asunto de decisión política para construir acuerdos y atender con urgencia y pertinencia. De nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad; se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita alcanzar un acuerdo nacional.

4. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, así lo dice nuestra Carta Magna en su artículo 123 en su apartado A, fracción VI, párrafo segundo. Sin embargo, jurídicamente, los salarios mínimos no se encuentran referencias con algún otro indicador como la inflación o la canasta básica, o las líneas de bienestar, para que su modificación se ajuste al mismo. Así pues, la satisfacción de las necesidades no se cumplen en absoluto y menos con un deterioro progresivo del salario debido al crecimiento lento de la economía, que lleva a la insuficiente creación de empleos que son cada vez de menor calidad y de remuneración muy baja.

Esto se ha dado porque desde la Constitución, se define a un organismo que sea el encargado de determinar la suficiencia de los salarios mínimos. El artículo 123, apartado A, fracción VI, tercer párrafo dice:

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Las múltiples necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y sus requerimientos para proveer la educación obligatoria a los hijos deben comprender múltiples satisfactores: costos de habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte, bienes y servicios de carácter social y cultural. Ni que decir de la salud, artículos de higiene personal y limpieza doméstica.

La adición de este párrafo data de 1962. Entonces existieron una Comisión Nacional y cientos de comisiones regionales, por lo que no existían diversos salarios mínimos. Se le dio base de esta forma a la creación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Y en 1986, se determina que los salarios mínimos deberán ser generales o profesionales (en ramas determinadas de la actividad económica o bien en profesiones, oficios o trabajos especiales); que regirán en áreas geográficas determinadas. Y se determina el carácter tripartito que hasta ahora tiene la Conasami.

La Comisión ha funcionado como un instrumento de política económica no como una institución laboral. La política salarial que ha acompañado a las políticas neoliberales se ha caracterizado por mantener el objetivo económico de mantener la estabilidad monetaria, conteniendo la inflación.

Fue creada ad hoc en el contexto de los pactos económicos y sociales firmados por el gobierno federal en la década de los 80, en el siglo pasado: el de Solidaridad Económica de 1987 y el de Estabilidad y Crecimiento Económico de 1988. La crisis desatada en diciembre de 1994 sencillamente la dejó atrás: no hubo manera de mantener un esquema de mayor reducción a los salarios. Desde inicios de este siglo, ha emitido resoluciones emparejando el salario mínimo con la inflación esperada, manteniendo al salario en un mismo nivel, sin caídas más abruptas: en parte, porque ya no queda espacio para mayores reducciones y porque se ha mantenido deprimidos a los salarios por otras vías como ha sido la informalidad. De cualquier forma en casi tres lustros no hay caídas pronunciadas, pero se mantiene al salario estancado en un bajo nivel.

La fijación del salario no ha obedecido a cuestiones de necesidad o de estudio de las necesidades de la clase trabajadora para acceder a un salario suficiente. La práctica hasta ahora vigente ha sido atar el aumento salarial, con la inflación “ex ante”, es decir la inflación pronosticada por el gobierno; lo que en la mayoría de las ocasiones resulta menor a la inflación observada.

Por estas razones, la determinación de los salarios mínimos no ha tenido fundamentos legales ni técnicos; ha sido una política discrecional, vertical y autoritaria:

(La Conasami) ha recreado la vía del capitalismo excluyente, pues el deterioro de los ingresos de los trabajadores determina a su vez la reducción del mercado interno, en tanto en el modelo económico vigente los ejes del crecimiento se encuentran en las exportaciones y la inversión extranjera. Y para estos nuevos ejes o motores del crecimiento, el gobierno ha definido a los bajos salarios como gancho para atraer la inversión extranjera, lo que a su vez genera una falsa y endeble competitividad internacional.

El tripartismo con que fue diseñado favorece al Ejecutivo, legitimando la política de contención salarial: la representación de los trabajadores, ostentada por el sindicalismo oficial puede avalar o no los incrementos, pero eso es intrascendente en tanto los patrones y el gobierno mantienen el dominio de dos de los tres sectores convocados en la Comisión. Con ausencia de libertad y democracia sindicales en una comisión tripartita como lo es la Conasami, en realidad el gobierno define los salarios mínimos mediante decisiones verticales del Presidente de la Republica. O sea, los salarios se fijan desde hace décadas por decreto.

El artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo vigente, por ejemplo, habla de que los salarios mínimos pueden revisarse en cualquier momento por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social y a solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones, pero esto, no significa la aprobación de aumento de salarios pues no elimina el carácter discrecional de las decisiones en la materia, y tampoco logra la eficacia necesaria para la protección del salario ya que el control político de la Conasami lo tiene el Poder Ejecutivo y por lo tanto la autonomía técnica de la Conasami, es limitada y casi inexistente.

Lo anterior hace que la Conasami no tenga razón de existir ya que definir los salarios mínimos, que es su más importante función, esta delegada al Consejo de Representantes quien está dirigida por el Presidente de la Comisión y éste es nombrado por el Presidente de la Republica (art 551 de la Ley Federal del Trabajo). Es el Titular del Ejecutivo, quien en realidad define los salarios mínimos, llenado la falta de representatividad de los integrantes del tripartita Consejo de Representantes.

Por eso, se requiere revisar las instituciones que determinan el salario. Los salarios mínimos se fijan por una comisión en que la correlación de fuerzas en este organismo ha operado en contra del trabajador y siempre como un apéndice del Ejecutivo. Por eso, en esta iniciativa se plantea la desaparición de la Conasami.

Para algunos actores del sector laboral, la comisión no tiene razón de ser, es un elefante blanco que consume recursos y no hace aportaciones reales para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales al no fundamentar los aumentos que por decreto impone el Ejecutivo.

De acuerdo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en 2013, la Conasami tuvo un presupuesto autorizado de 38 millones 581 mil 489 pesos. Sin embargo, ejerció 40 millones 545 mil 860, es decir que sobregiró su gasto 5.1 por ciento más de lo aprobado. Para 2014, tiene un presupuesto aprobado aún mayor, de 41 millones 414 mil 055 pesos.

El principal capítulo de gasto de la Conasami es el de servicios personales por 30 millones 607 mil 452 (73.9% del total). Curiosamente, se incluye un concepto de gasto por 2 millones 257 mil 570 pesos para “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, cuyo efecto sobre las decisiones de la Comisión resultarán seguramente intrascendentes.

Se ha mencionado que la presidencia de esta comisión ha sido ocupada los últimos 20 años por Basilio González Núñez quien al mes tiene percepciones brutas por 173 mil 436 pesos (sueldo base de 17 mil 409 pesos y compensación garantizada de 156 mil 27 pesos).

El funcionario además cuenta con seguro colectivo de retiro, de hasta 25 mil pesos; gastos médicos; una suma asegurada básica de 259 salarios mínimos generales mensuales vigentes en la Ciudad de México y un seguro de separación individualizado, con una aportación de hasta 10 por ciento de la percepción ordinaria.

Reciba además una prima vacacional de 50 por ciento sobre 10 días de sueldo base por dos periodos vacacionales; gratificación de fin de año de 40 días de sueldo base; ayuda para despensa 77 pesos mensuales; una gratificación quinquenal de hasta 225 pesos mensuales y un equipo de telefonía celular con un gasto de hasta 1 mil 385 pesos mensuales.

5. En este contexto, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera, convocó el 1 de mayo de 2014 a un debate nacional sobre el tema. Dijo entonces que “ante esta situación se considera de suma importancia convocar a un gran debate nacional que nos lleve a una nueva política –local y federal– de recuperación del ingreso, especialmente de los que menos ganan”. Evidentemente, el debate no parte de soluciones voluntaristas ni de generar expectativas irreales. Si en algo ha insistido el gobierno de la Ciudad de México es en efectuar un análisis responsable e incluyente, en el que la política de recuperación salarial sea gradual y separe estos aumentos a los múltiples pagos legales, crediticios y administrativos a los que va ligado el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

Se trata de una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.

Algunos sectores y personajes han optado por la defensa del statu quo. Por dejar que las cosas sigan igual, argumentando que el salario mínimo es una entelequia, que nadie paga y nadie gana. Se ha dicho que tener una política salarial sería contraproducente: sería una intervención indebida del Estado ante las fuerzas libres del mercado, que se regula solo mediante la competencia; que debe esperarse a la recuperación económica y al aumento de la productividad para que esta mano invisibleconduzca a la alta los salarios; que un aumento por decreto a los salarios mínimo provocaría mayor informalidad y desempleo: las empresas se verían impedidas en costear su fuerza laboral y cerrarían masivamente, sobre todo las empresas micro y pequeñas empresas que son las principales empleadoras, cuya fragilidad las haría naufragar ante dicha medida; finalmente, un aumento mayor a los mínimos generaría inflación, eliminando la estabilidad monetaria y desencadenando una carrera precios-salarios en que perderían más los que menos ganan.

Ya se ha mencionado que la recuperación de los salarios en América Latina no ha dado como resultado ninguno de estas tendencias negativas. Tampoco se puede ligar la productividad al salario: ésta no ha caído setenta por ciento como el salario y aunque ha habido incrementos magros en la economía, esto no ha servido para mejorar el ingreso de los trabajadores.

Una política sensata de recuperación salarial tampoco partiría de incrementos disparados al salario; además de una gradualidad y una conducción económica consecuente, también se necesita un acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores para crear condiciones que lleven a tal recuperación, porque sus efectos serían benéficos no sólo para los asalariados y sus familiares, sino para toda la economía y constituirían una base para mejorar el consumo, el empleo productivo y el bienestar.

La Cepal resume lo anterior así:

La revitalización del uso del salario mínimo como instrumento de política del mercado laboral en la región ha mostrado que los efectos del pensamiento convencional no se presentan, en la medida que este instrumento sea vinculado a las políticas económicas e instituciones laborales. Es decir, que sea parte del proyecto de desarrollo de largo plazo de cada país.

(...)

Esta propuesta tiene por objeto potenciar la capacidad redistributiva del Estado en distintos ámbitos de la desigualdad y para que la institucionalidad laboral acompañe el cambio estructural, y así reducir brechas de género, de productividad, de empleo de calidad y de apropiación entre capital y trabajo.

Uno de los problemas que se han destacado en el debate es que el alza de los salarios mínimos tendría repercusiones en esferas legales, financieras y administrativas, debido a que el salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia para efectos legales. Esto propicia que durante los procesos de negociación para fijar los salarios mínimos en la Conasami, existan impedimentos para las mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en pagos de multas, créditos, derechos, contribuciones y más de seiscientos conceptos financieros, administrativos y burocráticos contenidos en diversos decretos y leyes, aunado a que el titular de la Conasami afirma que debido a la carga de la agenda legislativa se ha retrasado el proyecto de desvincular “el salario mínimo como referencia en la legislación federal vigente”, siendo que se llevan dos años y medio posponiéndose para su presentación formal, lo que reafirma la ineficiencia de la Conasami.

Dicversas institituciones han sido cuestionado severamente el trabajo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quizás, uno de los últimos reductos del viejo México corporativo. Conforme este debate avanza el salario mínimo se convirtió en la fuente de la controversia de dos realidades incompatibles: una nación que se quiere fundar sobre derechos fundamentales, frente a otra, que se basa en acuerdos cupulares. Un constante desencuentro entre esa comisión y las instituciones que la democracia ha creado, integradas trabajosamente a través de pesos y contrapesos que representan el complejo pluralismo mexicano.

Aquí una reseña de las controversias.

1) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) corrigió la decisión de Conasami por ocultar los estudios que ella misma propuso para estudiar el aumento del salario mínimo. Divulgar tales documentos, hechos con recursos públicos y comprometidos públicamente desde 2014 “ tensaría la relación obrero-patronal” decía la Conasami. Pero el INAI entendió que el salario de los mexicanos, y su evaluación técnica, económica, es del más alto interés público. Deben formar parte de la deliberación nacional y ordenó publicar esos estudios. Su nombre: “Informe final que contiene los resultados de las investigaciones y estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones”.

2) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló en 2015, una crítica al desempeño de la Conasami, señalando que sus “estudios” (144, entre 2001 a 2014) constituyen un trabajo inconexo, incoherente, “sin metodología” pero que le han costado a los mexicanos 539.6 millones de pesos. Es decir: los salarios mínimos en México no se decretan con profesionalismo ni seriedad técnica, sino con prejuicios en un Consejo absolutamente sesgado y sin representación.

3) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo que una trabajadora de limpieza interpuso en contra del decreto que la Conasami en diciembre de 2015, y por el cual, el salario mínimo se ubicaba en 73 pesos al día. La Suprema Corte entiende que este es un asunto de enorme relevancia y que debe ser corregido incluso por la forma en que se decreta. Y por ello, el tema de los ingresos de los más pobres.

La Corte afirma que es un asunto “sensible y de interés social” y dice claramente que estamos ante un derecho humano con base constitucional “razón por la cual el monto que fije la Conasami debe ser tal, que efectivamente cumpla su contenido”.

Y dio un paso más allá, algo que no debe seguir ignorando el debate en México: “...al momento de emitir una resolución que fije los salarios mínimos debe contemplar todos los informes que aseguren la obtención de una cantidad que importe un salario remunerador, así como tomar en cuenta el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un estudio de reciente aparición, concluye lo siguiente:

La naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, que incluyen el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, conllevan también a considerar el estudio de los esquemas, órganos y procedimientos a través de los cuales se hacen las estimaciones para fijar el monto mismo del salario, esto incluiría, por ejemplo, analizar la naturaleza y alcance del rol que corresponde al gobierno en la determinación del monto del salario mínimo; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados.

La legislatura que acaba de concluir resultó provechosa en ese tema, al incorporar a nuestra Constitución la desindexación del salario mínimo.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

El decreto establece la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Con la reforma constitucional, se otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la facultad de calcular y determinar anualmente el valor de la UMA, así como publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año los valores diario, mensual y anual, en moneda nacional de la UMA.

El Legislador estableció la UMA para evitar que una política de recuperación de los salarios repercutiera en el cobro de impuestos, créditos, multas y otras obligaciones, pero esto no significa que el salario mínimo desparezca totalmente como unidad de cuenta de otros indicadores relacionados con los ingresos de los trabajadores.

Argumentación

En su Declaración de Principios, el Partido de la Revolución Democrática finca su compromiso económico con las grandes mayorías, con la justa distribución social de la riqueza, de manera tal que paulatinamente se logre disminuir las grandes diferencias económicas y sociales y se genere el acceso de las mayorías a mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo y salario dignos, es decir, a crear las condiciones materiales y culturales de existencia con equidad y justicia social.

Al respecto, el PRD ha planteado en sus propuestas de reforma laboral la eliminación de la Conasami, trasladando a la Cámara de Diputados la determinación de los incrementos a los salarios mínimos, a través de un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que fije un salario mínimo general único en todo el país, eliminado (por inoperantes) las zonas geográficas.

Por ello, la presente iniciativa plantea la necesidad de acotar el poder de intervención del Ejecutivo, colocando nuevos elementos y contrapesos, fortaleciendo la capacidad técnica del sistema de fijación, ensanchando la representatividad y el poder de negociación de los interlocutores sindicales y de los trabajadores que efectivamente son afectados por el decreto de la Conasami año tras año, así como un papel más relevante a un diálogo social genuino. Esta condición resulta indispensable si es que se quiere devolver su objeto a dichas instancias, sin supeditación a los objetivos macroeconómicos o de abaratamiento sistemático del trabajo.

Dadas estas condiciones, la reorientación de la política de salarios mínimos en México no puede dejar de considerar cuáles serían las mejores alternativas no solo para superar los problemas mencionados sino para evitar que en el futuro vuelvan a imponerse objetivos ajenos a los que señala la Constitución y al propósito superior de mejora sistemática del ingreso de los mexicanos.

En la presente iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos Productividad y Reparto de Utilidades, pero no como un órgano de la Cámara de Diputados, sino como un organismo constitucional autónomo, dotado de autonomía técnica, dedicado de una forma profesional a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, como pueden ser la inflación, el precio de la canasta básica, las líneas de pobreza determinadas por Coneval, la productividad, el crecimiento económico, la generación del empleo y cualquier otro factor que incida en el costo de la vida para que debe enfrentar el trabajador para acceder a un salario suficiente, de acuerdo a la definición constitucional.

La labor de este nuevo instituto será considerar elementos con rigor técnico y objetivo para el cálculo del salario, sin esperar su fijación anual por parte del Ejecutivo, a través de un decreto como ocurre hasta ahora.

Finalmente para que se le dé un verdadero sentido a la fracción VII, del artículo 123 constitucional que a la letra dice “para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad” debe haber una verdadera recuperación, estable y sostenida del salario mínimo en cuanto a su poder adquisitivo, para así compensar verdaderamente a los trabajadores por su fuerza laboral aportada en la productividad, con una vida mucho más digna.

El Congreso debe generar condiciones para un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores a fin de crear condiciones que lleven a la recuperación salarial. La labor en estos momentos es detener la caída salarial y su estancamiento, comenzando su recuperación de forma gradual pero sostenida.

Nuestro grupo parlamentario, por esta vía, propone una política que distribuya los beneficios del crecimiento económico y de la productividad y así, contribuya a la competitividad. Consideramos que es urgente una política inmediata de recuperación salarial, como un objetivo central de la política económica y no como un resultado indirecto y postergado.

La recuperación salarial es la base del bienestar social. De otra forma, ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que enfrentamos. No tiene sentido hacer consultas ante lo obvio: es momento de buscar acuerdos. Su urgencia es evidente.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Ordenamientos a modificar

Se reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforma el artículo 123, apartado A, fracciones VI y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

A...

I a V...

VI. Los salarios mínimos se fijarán en forma anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia con fundamentada justificación y de conformidad con la ley, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para realizar los estudios y diagnósticos en el nivel nacional necesarios para la determinación de los salarios mínimos, así como las bases normativas aplicables al reparto de utilidades entre patrones y trabajadores.

El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades estará integrado por un presidente y cuatro consejeros, que serán ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en el sector académico y profesional, con experiencia mínima de diez años en materia laboral y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de elección popular. Serán nombrados por dos terceras partes de los miembros presentes la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; dicho nombramiento podrá ser impugnado por única vez por el presidente de la República y si no lo hiciere el cargo será ocupado por la persona nombrada por la Cámara de Diputados.

El presidente y los consejeros del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades desempeñarán su encargo por un período de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola vez. Sólo podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

VII a VIII...

IX. ...

a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos Productividad y Reparto de Utilidades propondrá cada cinco años la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el porcentaje de utilidades que deba repartirse anualmente entre los trabajadores.

b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades practicará las investigaciones y realizara los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará así mismo en consideración la exceptuación de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación en un número determinado y limitado de años para fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.

c) El Instituto podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen.

d) y e)...

X. a XXXI...

B...

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberá integrarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un período de dos años, dos por un período de tres años y uno por un período de cuatro años, que será su presidente. Hasta en tanto no se concluya este proceso, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos continuará en funciones.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto las reformas que correspondan a la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos necesarios para la implementación del presente decreto, en materia del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Cuarto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades propondrá al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión las medidas y recomendaciones necesarias para establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Notas

1 OIT. Guía de recursos sobre el salario mínimo.

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/salary.htm. Consulta el 21 de agosto de 2014

2 Datos hasta 1982, de José Luis Calva. “Balance del experimento neo-liberal en México” en Problemas del Desarrollo, Volumen 29-30, números 115-116. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, octubre-diciembre 1998/enero-marzo, 1999, página 130. Datos posteriores son estimaciones propias.

3 Ver “México, con el sueldo más bajo en el sector automotriz” en La Jornada, julio 1, 2014.

4 “En la mayoría de estos países la pobreza extrema tampoco registró variaciones apreciables, con la excepción de El Salvador, donde disminuyó 3,2 puntos porcentuales. México es el único país con información disponible a 2012 donde los indicadores de pobreza aumentaron”. Ver Cepal. Panorama Social 2013, página 18.

Ver también Antonio Prado, “Salario mínimo en la agenda del desarrollo de América Latina y el Caribe”, Ponencia en el Foro internacional sobre salario mínimo, empleo, desigualdad y crecimiento económico. Ciudad de México, agosto, 2014

5 Cepal. Panorama Social de América Latina 2015. Disponible en

http://www.cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-america-latina- 2015-documento-informativo

6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. E/C.12/1/Add.41, Párrafo 20. Disponible en

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/461/98/PDF/ G9946198.pdf?Open Element

7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. E/C.12/MEX/CO/4, Párrafos 13 y 31. Disponible en:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=E/C.12/MEX/CO/4&Lang=Sp Fecha de consulta: mayo de 2016

8 Rosa Albina Garavito Recuperar el salario real: un objetivo impostergable ¿cómo lograrlo? Fundación Friedich Ebert. Diciembre 2013, página 18.

9 Antonio Prado, Op Cit.

10 Véase en:

http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

11 CNDH, 2016. Salarios Mínimos y Derechos Humanos. Páginas 26-27. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_018.pdf

12 De tres zonas originalmente propuestas, subsisten dos a la fecha y la distancia de los salarios mínimos generales entre ambas tiende a reducirse.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Norma Azucena Rodriguez Zamora,Antonio Ortega Martínez, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que deroga las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

La seguridad social surgió como resultado de un largo proceso, derivado del perpetuo estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad.

El hombre se encuentra en constante enfrentamiento contra un mundo en el cual se tiene que adaptar constantemente, se enfrenta a las enfermedades y por consiguiente a la necesidad de prevenirlas; al igual que tiene que hacer frente a las vicisitudes de la vejez y de la imposibilidad de subsistir por sus propios medios.

La necesidad de seguridad del hombre ha sido el principal impulso del progreso de la humanidad. Es por esto que el hombre se ve en la necesidad de crear núcleos en los cuales pueda desenvolverse e identificarse. El núcleo más básico del hombre es la familia y es a partir de este núcleo que surgen organizaciones sociales mucho más amplias que velan por la solidaridad y la protección mutua.

En los núcleos más amplios de la sociedad es que surgen las organizaciones de trabajo y desarrollo en las cuales el hombre es libre de ejercer sus derechos y libertades, sin embargo, se encuentra en la naturaleza del hombre la constante búsqueda de protección hacia sí mismo y hacia su núcleo más próximo.

La seguridad social tiene claramente como base uno de los instintos más primitivos del ser humano y por eso es concebida comoparte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual.

Sin embargo, hasta 1941 con la Carta del Atlántico y en 1942 con la Declaración de Washington que esta expresión –“seguridad social”– no tuvo mayor significado, pues aquí se proclama: “Todas las naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico, social a fin de garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social”.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1948 fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 establece:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

De igual manera, en el artículo 25 se establece:

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), admitido el 7 de noviembre de 1945, siendo de esta manera uno de los países con mayor participación en la asamblea mencionada.

Gracias a ésas y otras muchas más declaraciones internacionales, en 1943 se creó en el país la Ley del Seguro Social, la cual dio origen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que comenzó a funcionar en 1944.

Este decreto es producto de la Revolución Mexicana de 1910, la cual culmina con la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que en el artículo 123, fracción XXIX, establece:

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestarde los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

Otra institución de suma importancia en el país es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes. Los gobiernos estatales y organismos públicos descentralizados pueden contratar los servicios del ISSSTE para afiliar a sus trabajadores mediante la celebración de convenios.

Entre los afiliados a esta institución se encuentran:

18 dependencias federales, 8 órganos autónomos, 68 organismos descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 fideicomiso público, 6 agrupaciones, más los Poderes Legislativo y Judicial, como afiliados por ley, decreto o acuerdo; 13 gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos descentralizados y 5 Poderes Legislativos y Judiciales, así como 62 municipios y 4 organismos descentralizados municipales, forman el grupo de afiliados al ISSSTE.

Ambas instituciones cuentan con servicios de pensiones para sus derechohabientes que, por mandato constitucional, convencional y legal, se hace extensivo a sus dependientes económicos sean hijos menores y cónyuge supérstite.

La reforma integral de la Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995 materializó muchas de las importantes demandas que no cumplía en toda su extensión la ley de 1973.

A su vez, las principales reformas aprobadas en las últimas legislaturas están relacionadas con el mejoramiento de las pensiones para los trabajadores del ISSSTE, del IMSS y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En la LVII Legislatura se aprobó una reforma de la Ley del ISSSTE que aumentó el monto de las pensiones y modificó su forma de cálculo en beneficio de los trabajadores.

En la LVIII Legislatura se dieron varias reformas importantes. La primera fue una amplia reforma a la Ley del Seguro Social que, entre otras cosas, dispone que no puede haber pensiones inferiores a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se aprobó también una iniciativa para que los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tengan el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos acumulados hasta esa fecha en las Subcuentas del Seguro de Retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro acumulados en la Subcuenta del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, vigente a partir del 1 de julio de 1997, incluidos los rendimientos generados por dichos conceptos.

Todo lo anterior, sin contar las más de diez reformas dadas durante los últimos diez años tendentes siempre a ampliar el espectro de protección para derechohabientes en cada uno de los ramos referidos en el párrafo anterior.

No obstante, pese a los avances que se han tenido, se ha conservado una disposición notoriamente inconstitucional y que vulnera los derechos de las personas. Generalmente mujeres, pero con igual agravio a hombres que se ubicarán en el supuesto de la norma. En efecto, el artículo 132 de la Ley del Seguro Social a la letra establece:

“ Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II.Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace; y

III.Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.

El artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece:

Artículo 136.No tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del trabajador o pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II.Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio; y

III.Cuando al contraer matrimonio el pensionado recibía una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el trabajador o pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.”

No obstante, sobre las disposiciones transcritas, en particular en lo que se refiere a la fracción I de ambas disposiciones, podemos advertir que deviene en inconstitucional ya que se trata de una restricción arbitraria, no razonable y no justificada en atención de la prueba de proporcionalidad que ha construido el Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un amparo en revisión resuelto en fechas recientes, el máximo tribunal de la nación ha resuelto la inconstitucionalidad de dichas disposiciones. De acuerdo con la resolución en comento, dicha disposición:

“... permite un trato desigual e injustificado al establecer un requisito arbitrario –consiste en que el matrimonio tenga una duración de seis meses a la muerte del asegurado–, cuando el ordenamiento jurídico no está sujeto para su validez a tiempo de espera ni a condición, pues el único requisito de existencia es su celebración ante autoridad competente.”

Se establece un trato distinto a los beneficiarios de la pensión al brindar seguridad social condicionada a requisitos desiguales, arbitrarios y subjetivos, pues el plazo de seis meses que establece dicho artículo no tiene razón de ser ni es legalmente justificado, ya que un cónyuge no es más ni menos por el hecho de haber o no transcurrido el paso que aquí se establece.

No se debe permitir que el artículo restrinja indebidamente los derechos de los cónyuges que tienen menos de seis meses de casados y que no tienen hijos, pues dichas condiciones violan los derechos humanos de igualdad, equidad y seguridad social, al restringir indebidamente los derechos de las personas miembros de las familias y beneficiarios, por lo que se viola lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución, 16, punto 3, y 25, punto 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 17, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo tildado de inconstitucional establece un trato desigual al cónyuge supérstite del trabajador asegurado al condicionar el matrimonio para efectos de pensión en el régimen obligatorio del seguro social, privándolos injustamente de un beneficio al que tienen derecho y dando un trato desigual y discriminatorio entre iguales.

En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se establece:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civilo cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así, se advierte que los principios de igualdad y no discriminaciónimplican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser ley suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

El principio de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que se pueden crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcionada, discriminatoria de las personas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad.

La pensión por viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, no debe ser motivo para no otorgarla por circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir seis meses de matrimonio o que hubiese o no procreado hijos.

En otras palabras, para la procedencia de la pensión de viudez la ley la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro del periodo señalado posterior a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo, porque si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance –del trabajador o pensionado–, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse.

En el último párrafo del artículo impugnado está establecido que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos la ley sin mayor explicación hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez.

En razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, en la ley no se expresa justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de lo previsto en el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria del derecho de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

La condición establecida en la primera fracción de ambos artículos citados deviene inconstitucional, pues las leyes que los contienen atienden los mismos objetivos de la seguridad social descritos en los primeros párrafos y ambas restricciones resultar injustificadas por arbitrarias y sin atender el criterio de razonabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las mismas razones aducidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social pueden ser aplicadas con un criterio de analogía a la fracción I del 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En consecuencia, ambas disposiciones deberán ser derogadas a fin de garantizar a los cónyuges supérstites el derecho de una pensión por viudez aun si no se cumplieron seis meses de matrimonio: término arbitrario y sin soporte jurídico constitucional.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan las fracciones I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero.Se derogala fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II.Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace; y

III.Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido dependientes económicos junto con el asegurado o pensionado.

Segundo.Se derogala fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 136.No tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II.Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio; y

III.Cuando al contraer matrimonio el pensionado recibía una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el trabajador o pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

6 Organización de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de

http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

7 Organización de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de

http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

8 Nugent, R. (sin fecha). Seguridad social: su historia y sus fuentes (J. UNAM, Editor). Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo 33:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

9 Universidad de las Américas Puebla. (2006). Historia de la seguridad social y sus definiciones . Recuperado el 13 de mayo de 2016, de capítulo II:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/bobadilla_o_rc/cap itulo2.pdf

10 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (17 de febrero de 2006). Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Seguridad Social:

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_ssocial.htm

11 Ídem.

12 Diversos medios de comunicación dieron cuenta entre el 4 y 5 de mayo de 2016 de la resolución de la SCJN.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Beatriz Manrique Guevara,Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Erika Mariana Rosas Uribe Vidal Peniche (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Carmen Medel Palma y Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Carmen Medel Palma y Juan Martínez Flores, Diputados Federales en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención materno infantil.

Según la Organización Mundial de la Salud se entiende a la malnutrición como las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones:

• La desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia ponderal (un peso insuficiente para la edad);

• La malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el exceso de micronutrientes; y

• El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres).

En 2014, en el mundo había aproximadamente 462 millones de adultos con insuficiencia ponderal, mientras que 1900 millones tenían sobrepeso o eran obesos. Asimismo, se calcula que, en 2016, 155 millones de niños menores de 5 años presentaban retraso del crecimiento, mientras que 41 millones tenían sobrepeso o eran obesos.

Alrededor del 45 por ciento de las muertes de menores de 5 años tienen que ver con la desnutrición. En su mayoría se registran en los países de ingresos bajos y medianos. Al mismo tiempo, en esos países están aumentando las tasas de sobrepeso y obesidad en la niñez.

Todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición. Combatir todas las formas de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial.

Las mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes están particularmente expuestos a la malnutrición. La optimización de la nutrición al comienzo de la vida (en particular durante los 1000 días que transcurren entre la concepción y el segundo aniversario del niño) asegura el mejor arranque posible de la vida, con beneficios a largo plazo.

La pobreza multiplica el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias. Las personas pobres tienen una mayor probabilidad de sufrir distintas formas de malnutrición. Por su parte, la malnutrición aumenta los costos de la atención de salud, reduce la productividad y frena el crecimiento económico, lo que puede perpetuar el ciclo de pobreza y mala salud.

El 1 de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025. El Decenio ofrece la oportunidad sin precedente de luchar contra todas las formas de malnutrición.

El Decenio fija un calendario concreto de aplicación de los compromisos formulados en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, lo cuales se enfocan a cumplir un conjunto de metas mundiales relativas a la nutrición y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación fijadas para 2025, así como de cumplir las metas pertinentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible —en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 ( poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible) y el ODS 3 ( garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades).

Encabezado por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición hace un llamamiento para que se adopten políticas en seis esferas de acción:

• Crear sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en favor unas dietas saludables;

• Proporcionar protección social y educación nutricional para todos;

• Armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y proporcionar cobertura universal de las medidas nutricionales esenciales;

• Velar por que las políticas de comercio e inversión mejoren la nutrición;

• Crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades; y

• Fortalecer y promover la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición en todos los lugares.

En México la Ley General de Salud establece en su artículo 1o. Bis que se entenderá por salud al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; mientras que el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

A pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la desnutrición -por un lado- y la obesidad infantil -por otro-, siguen siendo un problema grave a solucionar en el país.

La desnutrición, que afecta de un modo significativo a la región sur, y la obesidad, que lo hace en el norte, se extienden a lo largo de todo el territorio mexicano, poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y adolescentes.

Las cifras de desnutrición siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25 por ciento en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.

Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre adolescentes, también es cierto que se ha evidenciado un mayor desequilibrio entre el norte y el sur. Así, la prevalencia de la desnutrición crónica es tres veces mayor en el sur que en el norte en esta franja de edad.

Diversas intervenciones, como los programas de vacunación universal, la administración masiva de vitamina A, los programas de desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos gracias a los programas de desarrollo social, han sido eficientes para disminuir el ratio de niños y niñas que presentaban malnutrición. Pero sus prevalencias altas persisten en zonas rurales y remotas, y también entre la población indígena, por eso es necesario un esfuerzo mayor para reducir las disparidades regionales y de origen étnico.

La otra cara de los problemas de nutrición la conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia de sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, la lactancia materna es de vital importancia para los infantes pues:

• Es el mejor alimento que le aporta al bebé todo lo necesario para su pleno desarrollo y lo protege de enfermedades.

• Ofrece protección inmunológica y por lo tanto previene diarreas e infecciones respiratorias.

• Protege contra la deshidratación y la desnutrición.

• Es higiénica y segura, ya que durante una emergencia no existen las condiciones de limpieza necesarias para la preparación de la fórmula infantil y la esterilización de biberones.

• Brinda seguridad y calma, tanto a la mamá como al bebé. Les ayuda a reducir el estrés que se vive durante una emergencia.

Prevención de la muerte prematura, infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, el colesterol alto y las enfermedades intestinales. Las niñas y los niños que reciben los beneficios de la leche materna tienen al menos 6 veces más posibilidades de sobrevivir durante los primeros meses de vida.

Aunado a lo anterior existen diversos beneficios de la lactancia materna en distintos sectores. Para las madres, a corto plazo puede ayudar a prevenir de hemorragias (la hormona oxitosina contrae el útero), ayuda en la recuperación física de la madre y fomenta el contacto psicoafectivo con su bebe. Además, la lactancia tiene un efecto anticonceptivo natural. Además de que existen menos posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer incluido el cáncer de mama.

Los beneficios sociales se reflejan en la disminución de la mortalidad infantil prevenible, además de en una sociedad más sana y productiva al bajar el ausentismo escolar de los niños, y laboral de los padres.

En cuanto al sector salud, la disminución de casos de niños enfermos, repercute en la disminución de los costos de atención, así como en la elevación de la calidad en la atención. Asimismo, económicamente representa una ventaja para las familias, al no ocupar formulas artificiales que signifiquen un gasto importante.

Dentro de una mirada de datos provenientes del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia y de otras organizaciones, destacan tres:

1. En México, en 2014, había en el país 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza; de ellos, 4.6 millones en pobreza extrema.

2. La desnutrición crónica en zonas rurales es de 20.9 por ciento; 11.1 por ciento en zonas urbanas.

3. En el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica en las poblaciones urbanas es de 7.25 por ciento; la cifra se duplica en las rurales.

No se requiere contar con saberes médicos para entender las consecuencias de la desnutrición materna en el bebé, pero sobresalen: microcefalia —desarrollo insuficiente del cráneo—, pobre desarrollo psicomotor, alteraciones en lenguaje y audición, bajo coeficiente intelectual, disminución en las habilidades motoras, déficit de atención, ontogénesis imperfecta, entre otras patologías.

La desnutrición durante los primeros años de vida conlleva otras patologías: retardo en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor, incremento en el número de enfermedades, menor desempeño intelectual, menor capacidad laboral y menos oportunidades sociales.

Del mismo modo, disminuye el rendimiento escolar e incrementa el abandono escolar y se asocia a repetición de cursos. En niños y niñas desnutridos la probabilidad de completar la educación secundaria es once veces menor que en sus pares bien alimentados.

La obesidad, otra forma de malnutrición, se ha convertido en un problema muy serio. Nuestro país ocupa el nada honroso primer lugar mundial en obesidad infantil. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la desnutrición ha disminuido mientras que la obesidad y el sobrepeso han aumentado.

La malnutrición le ha costado al país 2.3 por ciento del PIB, lo cual equivale a 28 mil 800 millones de dólares al año. Hay más de cuatro millones de escolares pequeños en esta situación, mientras que 3 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adultos presentan obesidad o sobrepeso. La obesidad responde a varios factores entre las que destaca la imposibilidad económica de ingerir alimentos sanos.

Algunas enfermedades asociadas a la obesidad son la diabetes mellitus, infartos, insuficiencia renal crónica. Al respecto cabe mencionar que la diabetes se ha convertido en el mayor problema que enfrenta el sistema de salud al ser la causa principal de muerte en adultos, primera causa de atención médica, y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

Dado que las enfermedades crónicas degenerativas no crecen respecto a alguna fórmula matemática o gradualmente, sino que dependen del comportamiento de la sociedad y los recursos a su alcance para contrarrestarlas y en el mejor de los casos, prevenirlas, resulta importante emprender acciones preventivas y fortalecedoras respecto de la nutrición materno infantil, que coadyuven en el desarrollo idóneo de la infancia.

Quienes padecen obesidad y sobrepeso en la infancia, son vulnerables y carecen de oportunidades. Las desigualdades sociales determinan, desde el útero, el futuro y comprometen la educación y el posible éxito de las acciones que en la materia se construyan desde el poder legislativo.

La Ley General de Salud en su artículo 50 fracción VIII establece que es obligación del Estado combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas, pues son de interés de la nación.

Los primeros años de vida de las niñas y niños tienen una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro.

Si en los primeros años de vida un niño recibe el mejor comienzo, muy probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela, llevará una vida adulta productiva y tendrá mejores oportunidades.

De acuerdo con UNICEF, la primera infancia, de los 0 a los 2 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento.

Es necesario que los niños de este rango de edad adquieran los nutrientes esenciales y desarrollen la fortaleza que les permita crecer y superarse. Un adecuado estado nutricional del menor, evita la propagación de enfermedades y fortalece su sistema inmunológico.

La alimentación de las madres es fundamental. Las mujeres que padecen desnutrición tienen bebés con un peso inferior al adecuado, lo que aumenta las posibilidades de desnutrición en las siguientes generaciones.

Esta situación, se agrava sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas, pues es en este sector de la población en donde menos existe información nutricional y ayuda alimentaria.

Es necesario que cada niño y niña reciba el mejor comienzo, pues su futuro y el futuro de sus comunidades depende de ello.

Propuestas de modificación

Proponemos fortalecer las políticas de atención materno infantil contenidas en la Ley General de Salud, para que los servicios de salubridad en nuestro país, apoyen en la labor de combatir la desnutrición crónica y la anemia que hoy padecen millones de niños en sus primeros años de vida. Mediante el otorgamiento gratuito de alimentos y suplementos alimenticios a las madres y niños con desnutrición o anemia.

Se plantea que los servicios de salud generen programas de orientación nutricional para las madres, con el propósito de impulsar una correcta alimentación y nutrición desde temprana edad y, a su vez, detener el aumento del sobrepeso y obesidad infantil. Sobre todo, en los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, resulta fundamental establecer la obligación de los servicios de salud de contar con programas de seguimiento al estado nutricional del menor, principalmente durante el periodo de lactancia y en sus primeros dos años de vida, así como la orientación nutricional a la madre para su desarrollo integral.

Finalmente, se propone que las Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil operen en los pueblos y comunidades indígenas del país, pues es en estas localidades donde se requiere más apoyo, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundando someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único. Se reforman la fracción IV Bis del artículo 3, se reforma la fracción segunda del artículo 64, y se reforma el párrafo primero del artículo 64 bis y; se adiciona una fracción VII al artículo 61, todos de la Ley General de Salud.

Artículo 3o.En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a IV ...

IV Bis. Los programas nutricionales para las madres y sus hijos desde el embarazo, durante el periodo de lactancia y hasta los primeros dos años de vida del menor, con el propósito de impulsar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde temprana edad y, a su vez, combatir el aumento del sobrepeso y obesidad infantil. Particularmente, mediante el desarrollo delprograma de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas.

IV Bis 1 a XXVIII. ...

Artículo 61. El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I a V ...

VI.

VII. El seguimiento al estado nutricional del menor, principalmente durante el periodo de lactancia y en sus primeros dos años de vida, así como la orientación nutricional a la madre para su desarrollo integral. Con especial énfasis en pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. ...

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa, mediante la entrega gratuita de alimentos y/o suplementos alimenticios, tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis. a IV. ...

Artículo 64 Bis. La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con especial énfasis en los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Leyes/lgs.pdf

https://www.gob.mx/sedesol/articulos/diconsa-crece-para-beneficiar- a-mas-mexicanos

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/comedores-comunitarios

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-kraus/nacion/malnutricion- en-mexico

https://www.gob.mx/salud/articulos/desnutricion-calorico-proteica

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Carmen Medel Palma,Agustín Reynaldo Huerta González, Alma Delia Navarrete Rivera, Carolina García Aguilar, Juan Martínez Flores, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Sylvia Violeta Garfias Cedillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Dulce Alejandra García Morlan, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205 de la Ley de Seguridad Social,al tenor de la siguiente

Los avances en materia de igualdad de género son el resultado de una larga e histórica batalla de mujeres y hombres responsables y conscientes de que para avanzar se requiere trabajo conjunto y sin distingos entre ambos géneros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

La igualdad entre mujeres y hombres es entonces, un principio jurídico universal; en nuestro país, establecido así en el artículo 4o. de la Carta Magna.

Históricamente se ha planteado que el cuidado de las hijas y los hijos es responsabilidad exclusiva de las mujeres, sin embargo cada vez hay más conciencia de que el rol paterno es, al igual que el materno, fundamental para el desarrollo de los hijos.

Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto que los estereotipos femeninos y masculinos deben dejarse a un lado a la hora de tomar decisiones sobre a quién corresponde el cuidado de los hijos, pues “las diferencias entre hombres y mujeres no son más que las asignadas por la biología y que se manifiestan de manera física”.

Uno de los servicios a los que recurren las madres y los padres de familia es la guardería, la cual surge de la necesidad de estos de contar con un lugar especializado donde dejar a sus hijos mientras ambos trabajan.

De conformidad con la Real Academia Española, la guardería infantil es el lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta edad.

La Ley Federal del Trabajo señala en el artículo 171 que los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Que el servicio de guardería del IMSS atiende el desarrollo integral del niño y la niña, a través del cuidado y fortalecimiento de su salud, además brinda un programa educativo-formativo acorde a su edad y nivel de desarrollo.

Las guarderías del IMSS tienen como visión “promover el desarrollo integral de los niños y niñas, mediante la aplicación de modelos educativos vanguardistas con personal calificado que proporcione el servicio con calidad, respeto y calidez; en instalaciones seguras y funcionales, que se adapten a las necesidades de la demanda con procesos automatizados y estandarizados que permitan evaluar su desempeño en el progreso del menor.”

Por su parte, su misión es “proporcionar a los hijos de las madres trabajadoras aseguradas, padres viudos, divorciados o de aquél al que judicialmente se le ha otorgado la custodia de sus hijos e hijas; todos aquellos elementos que favorezcan su desarrollo integral a través de programas de alto valor educativo, nutricional, de preservación y de fomento a la salud, así como satisfacer la demanda mediante la ampliación de cobertura.”

Cabe mencionar que en la actualidad, cada vez son más las familias donde ambas parejas trabajan, por lo cual recurren al servicio de guardería, esto ante la necesidad de tener un lugar en el cual dejar a sus hijos mientras ellos se desarrollan profesionalmente.

Según datos de ONU Mujeres, el 59 por ciento de los empleos de las mujeres son informales, por lo tanto no cuentan con protección social. Si bien la brecha salarial ha mejorado, aún las mujeres con un trabajo “formal” y declarado son minoría.

Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Según estudios efectuados en países de la OCDE y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo —o una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral— produce un crecimiento económico más rápido.

Nuestra legislación prevé el derecho de acceso al servicio de guarderías únicamente a la mujer trabajadora, el trabajador viudo o divorciado o a aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos. Sin embargo, cuando en un matrimonio la madre no cuenta con un trabajo en el que tenga acceso a las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y en consecuencia no puede acceder al servicio de guardería, y el padre que goza de ese derecho por ser derechohabiente, se le niega este servicio por no cumplir con los supuestos de ser viudo o divorciado; claramente nos encontramos frente a una violación a sus derechos humanos, pues ambos tienen derecho a desarrollarse plenamente en el ámbito laboral y por ende el negarles el acceso a la prestación del servicio de guardería estaría atentando contra el pleno desarrollo de la personalidad y perpetuando así estereotipos o roles de género.

Evidentemente, al establecer en la legislación solo el derecho de acceso al servicio de guarderías a la madre trabajadora o al padre viudo o divorciado, se da por hecho que cuando no se da este supuesto es porque uno de ellos necesariamente tiene que dedicarse al cuidado de los hijos de tiempo completo.

Es claro que se deben reconocer tanto el derecho de la mujer como del hombre en un plano de igualdad, y se debe contar con los medios adecuados para garantizar a ambos el pleno desarrollo de su personalidad.

Si bien es cierto que existen todavía muchos prejuicios que constituyen un obstáculo para el desarrollo pleno de la mujer, pues con frecuencia se nos encarga las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, también lo es que en la actualidad cada vez somos más la mujeres que salimos a trabajar y que colaboramos para llevar el sustento al hogar, dejando de lado los roles que la tradición y las costumbres nos han asignado.

No es óbice señalar que existen antecedentes, en los que se ha negado el servicio de guarderías a los derechohabientes por no encontrarse en los supuestos que marca la Ley del Seguro Social, esto es, ser mujer trabajadora, trabajador viudo o divorciado, o tener la declaración judicial de guarda y custodia de sus hijos.

En el año 2006, ante la negativa del IMSS a otorgar el servicio de guardería a una pareja por no encontrarse en los supuestos señalados, decidieron ampararse, para que le fuera reconocido y garantizado el derecho que tienen al servicio de guardería por ser derechohabiente inscrito al IMSS.

Al conocer la SCJN sobre dicho caso, en sesión de fecha 29 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión 59/2016, en el que concedió el amparo promovido en contra de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; 2 y 3 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo 8.1.3 de la Norma que establece las disposiciones para la operación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para la Segunda Sala el derecho de igualdad entre el hombre y mujer que contempla esta disposición constitucional, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual necesariamente implica que tanto una como el otro gocen, en el caso concreto, en su calidad de trabajadores asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería, conforme a lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo para ilustrar la presente propuesta las siguientes tesis emitidas por la SCJN:

Época: Décima Época

Registro: 2013233

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXXXIII/2016 (10a.)

Página: 909

Guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad.

Conforme a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 2o. y 3o. del Reglamento para la Prestación del Servicio relativo, así como la Regla 8.1.3 de la Norma que Establece las Disposiciones para la Operación del Servicio citado, emitida el 22 de octubre de 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer como al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le otorga dicha prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Ahora bien, de una interpretación sistemática de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de igualdad entre el varón y la mujer busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual implica que los trabajadores asegurados (padre y madre) gocen de los mismos derechos que les brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería. De ahí que analizado el caso con perspectiva de género se advierte que no existe justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón laboralmente activo sólo obtiene el servicio de una guardería para sus menores hijos en casos excepcionales, eso significa que la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas.

Amparo en revisión 59/2016. 29 de junio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; Eduardo Medina Mora I. reservó criterio en relación con el efecto del amparo y Javier Laynez Potisek manifestó que haría voto concurrente. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Esta tesis se publicó el viernes 2 de diciembre de 2016, a las 10:14 horas, en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época

Registro: 2013234

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Constitucional

Tesis: 2a. CXXXIV/2016 (10a.)

Página: 909

Guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la seguridad social.

Conforme con los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 2 y 3 del Reglamento para la Prestación del Servicio relativo, así como la Regla 8.1.3 de la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio citado, emitida el 22 de octubre de 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer como al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le otorga dicha prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Esta diferencia de trato transgrede el derecho a la seguridad social, pues por un lado, la fracción XXIX del Apartado A del artículo 123 constitucional establece que el servicio de guardería previsto en la Ley del Seguro Social está encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares sin hacer diferencia alguna por razón de sexo; y por otro lado, la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas.

Amparo en revisión 59/2016. 29 de junio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; Eduardo Medina Mora I. reservó criterio en relación con el efecto del amparo y Javier Laynez Potisek manifestó que haría voto concurrente. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Esta tesis se publicó el viernes 2 de diciembre de 2016, a las 10:14 horas, en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época

Registro: 2013235

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXXXV/2016 (10a.)

Página: 910

Guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgreden los derechos de la niñez y el interés superior del menor.

Conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la niñez tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, cuya protección corresponde a ambos padres por igual, es decir, en un ámbito de corresponsabilidad equitativa, lo cual conlleva la necesidad de que el varón pueda ver satisfecho su interés de cuidado y desarrollo del menor a través del beneficio de una guardería. No obstante lo anterior, conforme a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, 2 y 3 del Reglamento para la Prestación del Servicio relativo, así como la Regla 8.1.3 de la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio citado, emitida el 22 de octubre de 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer y como al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le otorga esa prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Esta diferencia de trato transgrede los derechos de la niñez y el interés superior del menor reconocidos en el precepto constitucional referido, en la medida que establecen requisitos distintos para las mujeres y hombres que les permitan obtener por igual el servicio de las guarderías para la atención y el cuidado de sus hijos, privando con ello a su vez al menor de la posibilidad de acceder a esta prestación a través de su padre asegurado por el Instituto, porque la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas.

Amparo en revisión 59/2016. 29 de junio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; Eduardo Medina Mora I. reservó criterio en relación con el efecto del amparo y Javier Laynez Potisek manifestó que haría voto concurrente. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Esta tesis se publicó el viernes 2 de diciembre de 2016, a las 10:14 horas, en el Semanario Judicial de la Federación.

Por su parte, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, Conapred, en fecha 6 de octubre de 2015, ante las quejas presentadas por hombres trabajadores que desean inscribir a sus hijas e hijos a los servicios de estancias infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o al de Guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social y se les condiciona y/o restringe dicha prestación por no encontrarse en los supuestos a que refiere la Legislación de la materia, emitió la resolución 8/15, a través de la cual en su punto resolutivo primero señala que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, deberán realizar las acciones necesarias para garantizar la no repetición del acto de discriminación que dio origen a la resolución, la negación de otorgar el servicio de guardería a padres trabajadores por no encontrarse en los supuestos que marca la ley, por ello insta a realizar las acciones tendientes a promover una reforma al Reglamento del Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo infantil del ISSSTE y a la Ley del Seguro Social, en la que se contemple una disposición incluyente y no discriminatoria por motivo de género, en particular en agravio de los padres derechohabientes y sus hijas e hijos.

Es importante que como legisladores garanticemos que el marco normativo sea acorde a la realidad, de ahí la importancia de reformar el párrafo primero del artículo 201 y el párrafo primero del artículo 205 de la Ley de Seguridad Social, a efecto de garantizar tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS el acceso a los servicios de guardería, con ello estaríamos abonando a la inclusión de mujeres y hombres al ámbito laboral en igualdad de condiciones.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205 de la Ley de Seguridad Social

Artículo Único.Se reforman el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205 de la Ley de Seguridad Social para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de la mujer y el hombre trabajadores que no puedenproporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

...

Artículo 205. La mujer y el hombre trabajadorestendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

...

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 60 días para modificar el Reglamento para la prestación de los Servicios de Guardería y demás disposiciones reglamentarias o administrativas para el cumplimiento de la presente reforma.

Tercero.La junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contará con un plazo de 60 días para modificar el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones reglamentarias o administrativas para el cumplimiento de la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Dulce Alejandra García Morlan,Adolfo Torres Ramírez, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Adriana Lozano Rodríguez, Alan Jesús Falomir Saenz, Ana Lucia Riojas Martínez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ana Priscila González García, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ariel Rodríguez Vázquez, Carlos Alberto Valenzuela González, Carmen Julia Prudencio González, Carolina García Aguilar, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Vargas Contreras, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, José Luis García Duque, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Julio César Angeles Mendoza, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Lilia Villafuerte Zavala, Luis Fernando Salazar Fernández, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Manuel Alberto Ramos Tamez, Marco Antonio Adame Castillo, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Angélica Zamudio Macias, Martha Elena García Gómez, Martha Estela Romo Cuéllar, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruíz, Sandra Simey Olvera Bautista, Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbricas).»

«Iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

La política tributaria es un instrumento central para el financiamiento del país, en virtud de que través de los impuestos que pagan los contribuyentes, el gobierno tiene la posibilidad de destinar presupuestos para construir obras de infraestructura, brindar servicios básicos como salud, educación, vivienda y programas para combatir la pobreza.

El pago de impuestos es una obligación en cualquier sociedad, además, es el medio más común y con potencial recaudatorio para financiar el gasto que realizan los gobiernos.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción IV del artículo 31 que:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. a III. ...

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La recaudación de impuestos no sólo constituye un instrumento para generar ingresos, también persigue otros objetivos de carácter social, por ejemplo, para mejorar el bienestar de los ciudadanos pertenecientes a los grupos más vulnerables. De esta manera, la política tributaria puede ser recaudatoria, promotora de la actividad económica y usarse como instrumento redistribuidor del ingreso.

A través de las deducciones se puede fomentar la inversión en diversos sectores económicos y generar empleos, ya que permite a los contribuyentes liberar recursos para financiar otras actividades o beneficiar a grupos sociales específicos y/o impulsar a sectores determinados de la economía.

En México, las deducciones de las prestaciones correspondientes a la previsión social se redujeron del 100 por ciento al 53 por ciento y 47 por ciento, a raíz de la publicación de la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de 2013, con lo que se ha afectado a muchos trabajadores, e incluso es una situación que ha sido materia de análisis en instancias del Poder Judicial, que han considerado que existen deducciones de tipo estructural que el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria.

El artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) considera parcialmente deducibles todas las prestaciones pagadas a los trabajadores que sean consideradas ingresos no acumulables (exentos) para estos.

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

La actual redacción a la fracción XXX del artículo 28 afecta las prestaciones laborales que otorga el patrón a los trabajadores, por ejemplo, premio de puntualidad, fondos y cajas de ahorro, vales de despensa, ayuda de transporte, prima de antigüedad, horas extras, entre otros, afectando el ingreso de los trabajadores y su economía familiar.

No refleja la verdadera situación contributiva de las empresas, toda vez que les impone determinar una utilidad mayor a la que realmente reporta su operación, en el entendido de que los pagos que una empresa realiza por concepto de gastos de previsión social ciertamente trascienden en la determinación de su capacidad contributiva.

En este sentido, la presente iniciativa propone la derogación a la fracción XXX del artículo 28, con el objeto de que las erogaciones obligatorias y formales para el patrón, mismas que deriven de la propia Ley, de un contrato individual, de un contrato colectivo o de la costumbre, sean deducibles al 100 por ciento.

Con esta reforma, las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, las cuotas de seguridad social, a cargo del trabajador, que sean pagadas por el patrón podrán ser deducibles al 100 por ciento.

En síntesis, el objetivo de la presente iniciativa está orientado a ampliar los conceptos de deducibilidad por las erogaciones que realicen las empresas para el pago de prestaciones: aguinaldos primas vacaciones y dominicales, premios de puntualidad y asistencia, la participación de los trabajadores en las utilidades, vales de despensa, ayudas para transporte y horas extra, beneficiando directamente a miles trabajadoras y trabajadores del país que aún no cuentan con estos ingresos adicionales en sus centros de trabajo.

Con esta modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los beneficios fiscales de deducibilidad se traducirán en beneficios sociales para los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

I. ... al XXIX. ...

XXX. Derogado

XXXI....

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Isaías González Cuevas,Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Benito Medina Herrera, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carlos Pavón Campos, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Elba Lorena Torres Díaz, Enrique Ochoa Reza, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Janet Melanie Murillo Chávez, José Elías Lixa Abimerhi, Karen Michel González Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Luis Fernando Salazar Fernández, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Patricia Terrazas Baca, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

El 24 de enero de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal (Ciudad de México) y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo año en que surge esta ley, el gobierno actual anunció como una meta nacional “Construir un México en Paz” y plasmó la estrategia correspondiente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La estrategia plantea dos vertientes de trabajo: la contención del delito y la prevención social de la violencia y la delincuencia, con las que se busca reducir los delitos y la violencia e incrementar la seguridad en las comunidades.

La violencia y la delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, es decir, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo, así como numerosas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.

Incorporar el enfoque de prevención social en las políticas de seguridad pública puede resultar un tema complicado en un contexto nacional en el que se exigen resultados demostrables y medibles en el corto plazo. Al mismo tiempo es arriesgado porque la prevención social propone detonar procesos que permitan transformar prácticas y creencias estructuralmente arraigadas, por tanto, sus resultados no siempre son visibles de forma inmediata.

Sin embargo, el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México, en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como son el incremento del miedo y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público, el incremento de las medidas de seguridad y el más lamentable de todos, la pérdida de vidas humanas.

Por tal razón, la inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implanta para disminuirla.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y la iniciativa privada exigen, con justa razón, acciones públicas eficaces; exigen que el gobierno dé cuenta de las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad en nuestro país.

La prevención de la violencia y la delincuencia, busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas; lo hace considerando que en estos problemas influyen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico. Al mismo tiempo, busca fortalecer los factores de protección para disminuir o neutralizar las posibilidades de estas problemáticas. Es decir, la prevención social implica la promoción de cambios socioculturales para generar entornos más seguros y propicios para vivir libre de la delincuencia y la violencia.

Para Encuentro Social, uno de los aspectos más importantes a atender para la prevención de la violencia y la delincuencia es el familiar, ya que consideramos que la familia es el primer medio de control social, donde las personas aprenden a interactuar positivamente, de no ser así, comienzan a gestarse los problemas sociales que hoy vemos a diario, como el uso de la violencia para resolver conflictos o la inexistencia de valores como la responsabilidad, la solidaridad o el respeto de límites.

En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto incluir en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a la familia como un ámbito a atender en la prevención de esta problemática social.

Así por ejemplo, en los procesos penales contra menores, sobre todo cuando el hecho es grave, frecuentemente el acusado proviene de una familia disfuncional.

Una familia es disfuncional si faltan comunicación, afecto, actividades compartidas, asunción de responsabilidades y si se pierde el sentido de pertenencia y cohesión, ya sea en un núcleo monoparental, ampliado o tradicional, donde se encuentran ambos padres.

De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014, es posible estimar que 64 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años que no son jefes de hogar viven con ambos padres, 23 por ciento de ellos viven sólo con sus madres, 3 por ciento únicamente con sus padres y 10 por ciento viven con uno o más parientes adultos (abuelos, tíos, padrastros, hermanos, primos, etcétera).

Entre las causas por las cuales 36 por ciento de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la ausencia de al menos una figura parental, sobresale el hecho de que los padres están separados, con 40.5 por ciento, seguido del fallecimiento de al menos uno de los padres, con 15.1 por ciento. La Ecopred permite estimar, que en la mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años, éstos identifican situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar.

Asimismo, se estima que 71.6 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de riesgo durante 2014. De ellos, 61.6 por ciento manifiesta que sus amigos han tenido problemas en sus casas, mientras que 42.8 por ciento señala que acostumbran fumar cigarros de tabaco.

Aunado a lo anterior, 39.8 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años que estudia, trabaja o realiza ambas actividades identifica que sus compañeros tienen problemas en sus casas; mientras que 32.8 por ciento señala que han habido compañeras madres solteras que han dejado de estudiar o, en su caso, de trabajar.

La delincuencia juvenil es multicausal, en consecuencia es de suma importancia analizar la incidencia de la familia como factor de predicción de conductas delictivas, cuando deja de ser un elemento protector.

En muchos hogares, los niños y adolescentes padecen la influencia de elementos negativos como adicciones, programas, películas y series de televisión no aptos para su edad o la exposición a la pornografía y a la violencia que los medios electrónicos mal empleados han traído. Por otro lado, hay padres y madres de familia desprovistos de herramientas y habilidades para guiarlos correctamente. La comunicación se encuentra ausente y no hay verdadera vida en familia.

Disciplinar a un hijo se ha hecho para muchos padres una tarea imposible. Unos no conocen otro medio salvo la violencia física o psicológica, y otros tratan a su hijos como amigos condescendientes. Se les permite todo sin consecuencia alguna. Así, los primeros aprenden a rebelarse contra las figuras de autoridad por medio de la violencia y a maltratar a los demás sin crear la mínima empatía hacia el dolor ajeno. Los segundos carecen de límites y, por ende, no asumen responsabilidad alguna por sus actos.

Esta negatividad en las relaciones familiares tiende a impulsar a los jóvenes a buscar refugio en la calle, muchas veces con una banda o pandilla como grupo de apoyo. En esas circunstancias, las conductas delictivas se desatan con mayor facilidad.

De la misma manera, no se pueden soslayar los numerosos casos de niños que cada año nacen de madres adolescentes, la mayoría provenientes de sectores marginados de la sociedad, excluidos de educación y trabajo, así como del apoyo de sus familias.

Esas jóvenes terminan expulsadas de su hogar y pasan a ser jefas de familia, engrosando las estadísticas de pobreza extrema de nuestro país.

Dentro de una cultura de supervivencia, una serie de elementos negativos confluyen alrededor de los jóvenes criados en esas circunstancias y pueden impulsarlos a la delincuencia, a veces propiciada por el mismo grupo familiar. Entre esos elementos están la falta de educación, amigos delincuentes, drogadicción, venta de drogas como única opción económica, desocupación y, lo más preocupante, un futuro sin esperanza.

Hoy se busca responsabilizar con severidad a los menores infractores de la ley, sin reflexionar en la situación disfuncional de las familias de las que provienen. La corresponsabilidad de la sociedad no es aceptada, por lo que se sigue intentando prevenir la delincuencia solo mediante la sanción.

Es necesario poner mayor atención en la familia para que sea un elemento protector y aliado en la prevención de la delincuencia, de lo contrario seguirá siendo un factor de riesgo y fomento de conductas antisociales.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas en el documento Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990 da cuenta en el Apartado IV, denominado Procesos de socialización, inciso a) de los siguientes puntos:

A. La familia

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros.

12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de guarderías.

13. Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el “desplazamiento” de un lugar a otro.

15. Deberá prestarse especial atención a los niños de familias afectadas por problemas creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de familias indígenas o de inmigrantes y refugiados. Como tales cambios pueden perturbar la capacidad social de la familia para asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la madre, será necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la socialización de los niños.

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas entre padres e hijos, se hará que los padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la participación de los jóvenes en las actividades familiares y comunitarias.

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía en la familia y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten al bienestar y al futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

18. Es importante insistir en la función socializadora de la familia y de la familia extensa; es igualmente importante reconocer el papel futuro, las responsabilidades, la participación y la colaboración de los jóvenes en la sociedad.

19. Al garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada, los gobiernos y otras instituciones deben basarse en los organismos sociales y jurídicos existentes pero, cuando las instituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, deberán también prever y permitir medidas innovadoras.

En tal virtud, es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de la familia, no sólo como un medio de prevención de la violencia y la delincuencia, también como un motor para el desarrollo social y como productora de futuros integrantes de la sociedad mexicana.

Por otro lado, derivado de la revisión realizada a la ley en comentó, se observó que ésta norma se encuentra disconforme con la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, la cual, entre otras disposiciones pondera, que la emergente Ciudad de México sea como las demás entidades federativas, es decir, ya no es un Distrito Federal, sino la ciudad capital, en consecuencia el término Distrito Federal se sustituye por el de Ciudad de México.

Por esta razón, en esta iniciativa también se propone armonizar los artículos de esta ley que hacen mención del extinto Distrito Federal, para sustituirlo por el término vigente de Ciudad de México.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis y se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Único. Se reforman los artículos 1, 6, 15, 17, 19, 20, 27, 28 y se adiciona un artículo 10 Bis a Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos:

I. Social;

II. Comunitario;

III. Situacional, y

IV. Psicosocial.

V. Familiar

Artículo 10 Bis. La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito familiar se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales que fomenten el fortalecimiento de valores humanos en la familia y la sociedad como estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia;

II. La promoción de actividades y espacios de diálogo y aprendizaje en la familia como talleres y foros que promuevan una sociedad de tolerancia, respeto y cooperación;

III. Facilitar servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto;

IV. El reforzamiento de las habilidades emocionales e interpersonales, así como el ejercicio de valores en servidores públicos de nivel operativo en la atención a víctimas de violencia;

V. Estrategias de educación y sensibilización para padres de familia y alumnos de las escuelas de educación básica ubicadas en polígonos con mayores índices de violencia, quienes recibirán capacitación y materiales para reforzar sus conocimientos en habilidades socioemocionales para la vida;

VI. Promoción de estrategias de educación y sensibilización hacia las familias y poblaciones de mayor vulnerabilidad, para la prevención y concientización del uso responsable del internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 15. El Centro Nacional tendrá...

I. a XIII. ...

XIV. Promover entre las autoridades los gobiernos federal, de los estados, la Ciudad de México y los municipios la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XV. a XXVI. ...

Artículo 17. ...

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los gobiernos federal, de los estados, la Ciudad de México y los municipios, organismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académicas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 19. En el cumplimiento del objeto de esta ley, las autoridades de los gobiernos federal, de los estados, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán:

I. a VIII. ...

Artículo 20.- El Programa Nacional...

I. a VIII. ...

Las autoridades de los gobiernos, federal, los estados, la Ciudad de Méxicoy los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas.

Artículo 27. Los programas federales, de los estados, la Ciudad de México o municipales, en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y sujetarse a las bases que establecen la presente Ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 28. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios preverán en sus respectivos presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia derivados de la presente ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Adolfo Torres Ramírez, Adriana Lozano Rodríguez, Agustín Reynaldo Huerta González, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Priscila González García, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando González Escoto, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carolina García Aguilar, Claudia Báez Ruiz, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Elba Lorena Torres Díaz, Francisco Javier Saldivar Camacho, Geraldina Isabel Herrera Vega, Héctor René Cruz Aparicio, Hildelisa González Morales, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Janet Melaine Murillo Chávez, Jannet Tellez Infante, Jorge Luis Montes Nieves, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Kristal Vences Valencia, Karen Michel González Márquez, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Luis Fernando Salazar Fernández, Marco Antonio Reyes Colín, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Elizabeth Díaz García, María Eugenia Hernández Pérez, María Guillermina Alvarado Moreno, María Isabel Alfaro Morales, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Angélica Zamudio Macias, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nayeli Salvatori Bojalil, Nohemí Alemán Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Patricia Terrazas Baca, Sandra Simey Olvera Bautista, Sergio Mayer Breton, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud; y se modifica el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en las últimas décadas en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, se estima que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas por estos padecimientos, situándolos como el quinto factor de riesgo de defunción a nivel mundial.

La incidencia de sobrepeso y obesidad es una de las principales causas de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), tales como: diabetes mellitus, dislipidemias e hipertensión arterial.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

En nuestro país, la prevalencia de dichos padecimientos se ha convertido no sólo en una emergencia sanitaria, sino también un fenómeno que afecta la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico de la nación. México ocupa el 2o. lugar entre los países de la OCDE con mayor incidencia de sobrepeso, solo por debajo de los Estados Unidos.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016 señalan que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, en la población de 5 a 11 años, es de 33.2%; en adolescentes de entre 12 y 19 años es de 36.3% y en adultos de 20 años y más es de 72.5%.

Aunque se han instrumentado políticas públicas para erradicar y prevenir el sobrepeso y la obesidad, los padecimientos asociados a dicha condición no sólo persisten, sino que siguen en aumento permanente.

A través de la instrumentación de políticas públicas es posible inhibir la prevalencia del sobrepeso y obesidad, así lo muestra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y con alta densidad calórica, en el año 2014, con el que se registró una reducción anual en el consumo entre 5.5% y 12% en las bebidas saborizadas y entre 5.1% y 10.2% en los alimentos con alta densidad calórica. Lo cual se tradujo en la reducción del consumo de bebidas azucaradas entre la población de los estratos socioeconómicos más bajos.

El gobierno federal impulsó el etiquetado frontal nutrimental obligatorio, que entró en vigor el 30 de junio de 2015. Con dicha medida se buscó influir a los consumidores en la elección de alimentos envasados que representen una opción más saludable y mejorar sus hábitos alimenticios, a fin de reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad. No obstante, debido a su inadecuada implementación, los resultados obtenidos no fueron los esperados.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito subsanar las deficiencias observadas en las políticas públicas implementadas en los últimos años. Tal como lo señala Luisa Brumana, Jefa Regional de Salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF:

“Un etiquetado con mayor información contribuye a que las familias tomen mejores decisiones con respecto a su alimentación. Por tanto, es fundamental que el etiquetado frontal de alimentos sea bien comprendido por toda la población, incluyendo a quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. El vínculo entre la comida procesada y la obesidad está documentado y empieza desde la infancia. La evidencia demuestra que el consumo de alimentos y bebidas no saludables ocasiona un incremento de peso y obesidad, y tiene una relación directa con el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.”

Si bien es cierto que el etiquetado frontal obligatorio, representó un importante avance al no dejar al arbitrio de la industria de alimentos la decisión de colocar en sus productos dicho etiquetado, también lo es que un sistema gráfico con barras de colores facilitaría ampliamente su comprensión por parte de la ciudadanía.

En la región de América Latina, además de nuestro país, Ecuador y Chile cuentan con políticas obligatorias de etiquetado frontal, mientras que países como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y República dominicana cuentan con directrices voluntarias.

Existen distintos sistemas de etiquetado frontal, entre ellos, los Sistemas de Nutrimentos Específicos y los Sistemas de Resumen. Los primeros, muestran en la etiqueta frontal la cantidad, por porción, de nutrimentos seleccionados a partir de la Información Nutrimental; mientras que los segundos, utilizan logotipos o símbolos de salud y calificativos que proporcionan información de resumen sobre el contenido de nutrimentos de un producto, tales como las calificaciones de salubridad de alimentos o marcas de aprobación.

En México contamos con el sistema de etiquetado de Guías Diarias de Alimentación (GDA). Este sistema se utilizó por primera vez en el año de 1988 en el Reino Unido y surge como resultado de la colaboración entre dicho gobierno, la industria alimentaria y las organizaciones de consumidores. La GDA es una herramienta que permite conocer con cuánta energía, azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio contribuye una porción de alimento a la alimentación diaria.

No obstante, el sistema de etiquetado GDA ha sido muy cuestionado por ser confuso de comprender, incluso para poblaciones con un alto nivel educativo. Actualmente, a más de dos años de su implementación en nuestro país, contamos con estudios recientes que nos permiten evaluar la forma en la que este tipo de etiquetado ha contribuido a mejorar los hábitos alimenticios de la población mexicana.

La Encuesta Nacional de Salud 2016 señala que, en promedio, cuatro de cada diez personas leen el etiquetado nutrimental de los alimentos empacados y bebidas embotelladas. No obstante, el 30% de los entrevistados considera que éste es algo comprensible; mientras que para el 28% es poco comprensible y para casi el 17% es nada comprensible, es decir casi 45% de la población que consulta el etiquetado nutrimental considera que le resulta difícil entender dicha información. En promedio, cerca del 20% de la población elige alimentos o bebidas si el etiquetado señala que es un producto saludable.

Por otro lado, el estudio titulado Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor señala lo siguiente, respecto a la percepción y uso de etiquetas frontales por parte de padres, madres y cuidadores en los países considerados:

Fuente: Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, noviembre de 2016.

• El 71% de familiares o cuidadores considera importante el contenido de nutrimentos al momento de la compra de productos para sus hijos o hijas y los productos lácteos, los cereales y las bebidas azucaradas son los productos más revisados.

• El 33% de los encuestados utilizan el etiquetado frecuentemente o siempre al momento de hacer compras para sus hijos o hijas, mientras que el 27% lo utiliza ocasionalmente.

• El sistema GDA es uno de los menos preferidos por los encuestados con menor nivel de educación para identificar alimentos y/o bebidas más saludables para sus hijos o hijas con una preferencia de 59%, mientras que el sistema de etiquetado de semáforo cuenta con mayor aceptación, al alcanzar un porcentaje de 99%.

• El 46% de los padres de familia prefieren un sistema de etiquetado que sea de fácil lectura, rápido y comprensible por lo que los sistemas de semáforo, octágonos de advertencia y sistemas de resumen (logotipos) son los preferidos por la población.

Ambos estudios arrojan importantes hallazgos. Por una parte, se muestra el incremento de la población que toma en cuenta el etiquetado nutrimental, para realizar compras de productos para sus hijos, lo que evidencia la manera en que éstos contribuyen a que los consumidores elijan alimentos y bebidas industrializados más saludables. Por otra parte, queda de manifiesto la dificultad que los consumidores están enfrentando para entender el sistema GDA, lo que es contrario a los objetivos de los sistemas de etiquetado nutrimental que deben brindar información de manera sencilla y rápida.

Esto no significa que dicha política no sea una importante herramienta para prevenir la prevalencia de sobrepeso u obesidad, sino más bien, que se deben realizar los cambios necesarios para contar con un etiquetado frontal efectivo, que sea comprensible para todos los sectores de la población y que tome poco tiempo en entenderlo.

Bajo esta tesitura, el propósito de la presente iniciativa es el de sustituir el sistema de etiquetado nutrimental GDA en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de semáforo nutrimental, en virtud de que la evidencia sugiere que este último es más fácil de comprender por todos los sectores de la población.

Nuestra propuesta establece que los envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas deberán contener un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera horizontal. Estos colores serán: rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes:

a) La barra de color rojo está asignado para los componentes de alto contenido y tendrá la frase “Alto en...”.

b) La barra de color amarillo está asignado para los componentes de medio contenido y tendrá la frase “Medio en...”.

c) La barra de color verde está asignado para los componentes de bajo contenido y tendrá la frase “Bajo en...”.

Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal, la Secretaría de Salud tendrá que establecer, de acuerdo a evidencia científica, la Tabla de Contenidos y Concentraciones Permitidos. Además, deberá realizar las modificaciones necesarias a la Normas Oficiales aplicables a fin de que se ajusten al sistema de etiquetado gráfico.

De igual forma, consideramos prioritario que la implementación del nuevo tipo de etiquetado vaya acompañada de una campaña educativa permanente, a fin de que la mayor parte de la población comprenda el sistema de etiquetado gráfico. Para ello, proponemos utilizar los tiempos oficiales del Estado, a fin de que dicha campaña no represente un gasto para el erario público.

Nuestras propuestas tienen como objetivo que la población cuente con un etiquetado frontal fácil de comprender, sin importar su nivel de estudios o la edad. Además buscamos que esta política sea un factor determinante para promover hábitos alimenticios más saludables, principalmente entre la población infantil.

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud; y se modifica el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Primero. Se modifica el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud; para quedar como sigue:

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada a través de un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera horizontal; estos colores serán: rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes:

a) La barra de color rojo está asignado para los componentes de alto contenido y tendrá la frase “Alto en...”.

b) La barra de color amarillo está asignado para los componentes de medio contenido y tendrá la frase “Medio en...”.

c) La barra de color verde está asignado para los componentes de bajo contenido y tendrá la frase “Bajo en...”.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 251, de la Ley Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social, así como información acerca del uso y funcionamiento del sistema de etiquetado frontal y la promoción de hábitos alimenticios saludables Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal, la Secretaría de Salud tendrá un lapso de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para establecer de acuerdo a evidencia científica y la normatividad aplicable, la Tabla de Contenidos y Concentraciones Permitidos en el sistema gráfico de etiquetado nutrimental. Además deberá realizar las modificaciones necesarias a la Normas Oficiales aplicables a fin de que se ajusten al sistema de etiquetado gráfico nutrimental.

Tercero. Las industrias de alimentos contaran con un período de 9 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para implementar el nuevo sistema gráfico de etiquetado nutrimental con barras de colores.

Notas

1 La obesidad es un factor de riesgo y una responsabilidad compartida, Organización Panamericana de la Salud,

<http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article &id=787:la-obesidad-un-factor-riesgo-responsabilidad-compartida &Itemid=270> Consultado el 25 de julio de 2018.

2 Ibíd.

3 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,Secretaría de Salud, septiembre de 2013,

<http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/ Estrategia_con_portada.pdf> Consultado el 25 de julio de 2018.

4 Ibíd.

5 Citado en 5o. Informe de Gobierno 2016 -2017,Presidencia de la República, p. 206

<http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/> Consultado el 15 de septiembre de 2017.

6 Diario Oficial de la Federación México, Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, 2014.

7 Un etiquetado de alimentos comprensible e integral ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil,UNICEF,

< https://www.unicef.org/lac/media_34917.html> Consultado el 25 de julio de 2018. El subrayado es nuestro.

8 Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, noviembre de 2016,

<https://www.unicef.org/lac/ 20161120_UNICEF_LACRO_Etiquetado_Resumen_LR.pdf> Consultado el 25 de julio de 2018

9 Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Op. Cit.

10 Guía Diaria de Alimentación, Nestlé, <

http://www.nestle.cl/nhw/gda Consultado el 25 de julio de 2018.

11 Citado en Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

12 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016,Secretaría de Salud, 31 de octubre de 2016,

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf> Consultado el 25 de julio de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: José Luis Montalvo Luna,Claudia Báez Ruiz, Elba Lorena Torres Díaz, José Elías Lixa Abimerhi, José Luis García Duque, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Luis Fernando Salazar Fernández, María Eugenia Hernández Pérez, Martha Estela Romo Cuéllar, Nayeli Salvatori Bojalil, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 36 y 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que permitirá otorgar representación a la comunidad mexicana migrante al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Antecedentes

La evolución en el proceso democratizador del Estado mexicano fue provocada por la permanente presión social frente a un partido político predominante y un presidencialismo que absorbía o concentraba en una sola persona facultades meta constitucionales.

Esa presión demandó el diseño de un sistema de elecciones diferente, plural e incluyente, que se adaptara a la realidad cambiante de una sociedad más participativa y mejor informada, que dejara atrás la conducción discrecional del gobierno federal del organismo administrativo encargado de organizar los procesos electorales en el país.

Tuvieron que pasar muchos años antes de que se alterará un esquema donde el gobierno era juez y parte, avalando los resultados y al sucesor. El proceso democratizador, empujado por una sociedad participativa y demandante, incluyó voces ideológicas, partidistas, académicas y ciudadanas en la conformación de una autoridad electoral autónoma, con un ámbito de competencia que diera certeza a los procesos electorales y, fundamentalmente, la ciudadanización plena de sus órganos que lo dotarán de una configuración orgánica y funcional completamente independiente del gobierno.

El detonante que aceleró la pluralidad en los procesos electorales, fue la crisis política derivada de la elección presidencial de 1988. El resultado fue la abolición de la oscura Comisión Federal Electoral, para dar paso al Instituto Federal Electoral, reconocido como “un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

No obstante, en la integración del Consejo General de IFE, máximo órgano de dirección de la autoridad electoral, se mantuvo la presencia del gobierno pues el presidente de dicho consejo lo era el secretario de Gobernación, más seis consejeros magistrados que, pese a no tener filiación partidista, eran propuestos por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Diputados, dos diputados y senadores como representantes de los dos grupos parlamentarios mayoritarios y representantes partidistas de acuerdo al resultado de la votación.

Con la reforma de 1994 y el establecimiento de los consejeros ciudadanos al interior del Consejo General del IFE, que tenían mayoría, se incrementó la presencia ciudadana. En tanto, la Reforma Electoral de 1996, eliminó la presencia del gobierno en el seno del Consejo General, reforzando la autonomía e independencia del IFE en su integración, reservándola para los denominados desde entonces consejeros.

La desconfianza en la autoridad electoral, como tema recurrente en los diferentes procesos de reforma, permitió que se fueran otorgando y modificando las atribuciones de la nueva autoridad electoral, a fin de consolidar su autonomía e independencia, hasta lograr, a partir de 2014 que con el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), se adoptara un nuevo esquema de carácter mixto que le otorga responsabilidades claras en los procesos electorales locales, en el pasado fuente de innumerables casos de dudas sobre los resultados.

Justificación

Se han logrado avances importantes en la consolidación de nuestra democracia, erigiendo una autoridad electoral guiada por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, con una autonomía e independencia más clara y, sobre todo, con una naturaleza ciudadana que genere confianza.

Actualmente, el Consejo General del INE, como órgano superior de dirección, es el responsable de vigilar el cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, se integra por un consejero presidente y diez consejeros electorales; consejeros del Poder Legislativo; un representante por cada grupo parlamentario representado en el Congreso de la Unión y un representante por cada partido político nacional.

Uno de los pendientes de la democracia mexicana ha sido no sólo elevar el nivel de competencia electoral, tema en que ha habido importantes avances, que se refleja en la alternancia en los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, sino también en alcanzar la confianza y la elección de buenos gobiernos.

En este proceso, en México nos hemos visto inmersos en distintas reformas electorales con avance gradual, en su contenido, pero con un grado importante de insatisfacción en la participación, en su alcance.

Lo anterior queda en evidencia por el bajo nivel de satisfacción que los mexicanos tenemos en nuestra democracia, la falta de confianza en el gobiernos, los partidos políticos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Así es que cada proceso electoral se traduce en una contienda donde más que propuestas abundan los reproches y las descalificaciones.

Lo más grave: hemos incrementado la inversión en infraestructura democrática con miles de millones en el financiamiento a los partidos políticos, salas especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una burocracia electoral costosa frente a los magros resultados.

En el esfuerzo por fortalecer nuestra democracia hemos privilegiado el establecimiento de un pluralismo político con endebles cimientos de legalidad. Lo cuestionable es que esa preocupación por una mayor participación que dotara de pluralidad al sistema electoral mexicano se ha limitado a invertir tiempo y recursos en el combate a la desconfianza electoral.

En este esfuerzo dejamos de lado a millones de compatriotas que se han convertido en el pilar principal de la débil economía de México, mexicanas y mexicanos que ante un escenario carente de opciones de desarrollo y crecimiento, se vieron forzados a salir del país en la búsqueda de nuevas oportunidades.

Con una población que supera los 12 millones de personas nacidas en México y que viven en Estados Unidos de América (EUA), más sus descendientes, la diáspora mexicana supera ya los 36 millones de personas de origen mexicano viviendo en el vecino país del norte.

Primero dejamos que con programas de trabajo temporal se atemperara la demanda de oportunidades que en México no se tradujeron en crear suficientes fuentes de empleo para detener los flujos de migrantes hacia el exterior.

Después, vimos acciones gubernamentales con poco o nulo impacto. Han sido los propios migrantes los que, con ese espíritu de progreso y valor, han desplegado iniciativas que han incidido en el logro de reformas que los visualizan y los muestran con la fuerza que les caracteriza.

No obstante, esos esfuerzos, iniciativa la mayoría de las veces de la comunidad mexicana migrante, principalmente la radicada en EUA, como el establecimiento de la matrícula consular o el voto a distancia o extraterritorial, no han permitido el ejercicio pleno del derecho a la participación política en los asuntos del país, en específico, en la elección de sus gobernantes.

Por ese motivo, en los próximos días presentaré una iniciativa de reforma para reconocer normativamente el derecho de la comunidad mexicana migrante de poder ser votada a cargos de elección popular, particularmente como diputados migrantes, que les permita estar en los espacios de decisión para que sean ellos mismos los que levanten la voz para defender sus derechos.

En este contexto, se estima que son poco más de 8 millones de mexicanos radicados fuera de nuestras fronteras, los que estarían en posibilidad de ejercer su derecho a emitir su voto a distancia.

Desde nuestra perspectiva, existe una política deliberada de freno a iniciativas que permitan ampliar la participación de los mexicanos desde el extranjero. Los resultados electorales de los procesos de 2006, 2012 y 2018, ya con el reconocimiento del derecho al voto a distancia, arrojaron una mínima votación, que sin duda está orientada a mostrar que no es viable la participación de los migrantes o que es bajo su interés en los asuntos de un país que nos les dio las oportunidades que anhelaban, cuando en realidad, en cada mexicana y mexicano que vive en el extranjero encontramos a personas con alto nivel de interés en los asuntos públicos del país.

La deuda histórica que el Estado mexicano tiene con su comunidad migrante debe ser saldada reconociéndoles su papel en el desarrollo económico del país, por su aportación en remesas, pero también con darles plena participación en los asuntos públicos del país.

Hablamos de una comunidad que alcanza diez por ciento de los poco más de 122 millones de mexicanos en el país: de cerca de 36 millones de personas de origen mexicano que viven en EUA, aproximadamente 12 millones nacieron en México.

Los mexicanos que viven en el extranjero representan una fuerza potencialmente determinante en la transformación del país, no sólo por la elevada cantidad de connacionales que viven en el exterior, sino particularmente por su impacto social, cultural y económico en ambos lados de la frontera norte, por ejemplo.

Las remesas de trabajadores migrantes en EUA sumaron en 2017, la cantidad de 28 mil 700 millones de dólares, superando los ingresos de divisas por exportación de petróleo.

En el mercado laboral se estima que 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la economía de EUA depende del trabajo de inmigrantes mexicanos, que generan poco más de mil 500 millones de dólares anuales.

En este contexto, los daños que se pueden causar con las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, que entre otras cosas pretende expulsar a poco más de 3 millones de migrantes, pueden afectar a la industria estadounidense que depende de su trabajo, como en los sectores financiero y comercial, donde los trabajadores mexicanos representan 32.5 por ciento de la economía estadounidense, junto con la fabricación y los servicios.

Según datos del U.S. Bureau of Labor Statistics, 15 millones 342 mil mexicanos trabajan en EUA, de los cuales, 24 por ciento no tiene visado. Pese a su peso y contribución a la economía estadounidense, los mexicanos no ven reconocida su aportación. Tan sólo en nueve de los 15 sectores de la economía, más de 20 por ciento de los trabajadores son mexicanos.

El mismo Bureau of Labor Statistics, reconoce que la posible expulsión masiva de migrantes afectaría en mayor medida al sector de la construcción ya que de un millón 780 mil trabajadores que tiene, 18 por ciento son de origen mexicano.

Otro rubro que también depende de los mexicanos es el de la alimentación: 364 mil mexicanos trabajan en la agricultura y pesca; 20 por ciento son trabajadores dedicados al cultivo; 16 por ciento trabajan en restaurantes, y 10 por ciento labora en los sectores de ocio, hospitalidad, transporte, minería, hidrocarburos, comercio y servicios profesionales.

Fuente: Datos del U.S. Bureau of Labor Statistics para 2015

La visión emprendedora de la comunidad mexicana migrante se extiende además a la generación de poco más de 8 por ciento del PIB de EUA. Datos del estudio Partnership for a New American Economy (PNAE) señalan que los mexicanos en EUA representan 12 por ciento de los inmigrantes dueños de pequeños negocios de esa nación, las cuales generan 17 mil millones de dólares en ingresos.

Se estima que hay aproximadamente 765 mil mexicanos que son propietarios de su propio negocio en EUA, con lo que contribuyen de manera importante a la generación de empleos.

Este es el temple del mexicano que migra fuera de nuestras fronteras y que con su talento y visión deberán contribuir de manera decisiva en el cambio de fondo que México necesita.

La propuesta contenida en la presente iniciativa no requiere de reforma al marco constitucional que establece la organización e integración del Instituto Nacional Electoral. De igual manera, no contradice el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución, para la elección del consejero presidente y de los diez consejeros electorales y demás integrantes de dicho Consejo.

Efectivamente, el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución, establece:

“ V.La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

...

...

El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a)La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución;

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;

c)El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

d)Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;

e)Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

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La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.

...

El mismo artículo 38 de la Constitución, en su penúltimo párrafo, dispone que será el Legislativo el que establezca en la ley los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el secretario ejecutivo del INE.

En consecuencia, con la presente iniciativa se propone que uno de los diez consejeros electorales que forman parte del Consejo General del INE, tenga perfil migrante; es decir, que haya residido en el extranjero, que haya realizado un trabajo probado en favor de la comunidad mexicana migrante, que haya formado parte de algún club o federación de migrantes y que acredite su residencia en algún lugar fuera del país.

Con la designación del consejero electoral migrante, saldaremos parte de la deuda histórica que como sociedad tenemos con el otro México que vive en la distancia, trabaja permanentemente y contribuye con millones de dólares al sostenimiento de la economía del país.

Fundamento legal

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 36, se adiciona un párrafo al inciso d) del artículo 38; y se reforma el inciso e) del artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para otorgar representación a la comunidad mexicana migrante al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Artículo Único.Se adiciona un párrafo segundo al artículo 36, se adiciona un párrafo al inciso d) del artículo 38, y se reforma el inciso e) del artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 36.

1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, diez consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

Uno de los consejeros electorales deberá ser migrante, electo bajo el mismo procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

2. El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

3. El consejero presidente del Consejo General debe reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 38 de esta Ley para ser Consejero Electoral. Durará en su cargo nueve años y no podrá ser reelecto.

4. ...

5. Los consejeros electorales serán elegidos de conformidad con el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

6. al 10.

Artículo 38.

1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones;

En el caso del consejero electoral migrante, además deberá acreditar:

i) Residencia en alguna ciudad con importante presencia de migrantes mexicanos, en los últimos 5 años como mínimo;

ii) Gozar de buena reputación y contar con el reconocimiento de la comunidad mexicana migrante,

iii) Haber presidido o pertenecido a un club o federación de migrantes que le respalde, y

iv) Trabajo probado a favor de la comunidad mexicana migrante.

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso;

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses, o por tener la calidad de migrante.

g) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

i) No ser secretario de estado, ni fiscal general de la República o procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefe del gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y

j) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni ser o haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal ordinario.

2. a 3.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María del Pilar Lozano Mac Donald, Alan Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Elba Lorena Torres Díaz, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, José Luis García Duque, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya, María Marivel Solís Rivera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

De conformidad a las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Como ustedes saben, nuestro país hoy enfrenta por su ubicación geofísica permanentes situaciones de alto riesgo, como son amenazas naturales por sismos, terremotos, tifones, tsunamis, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas y ciclones de alta intensidad, cabe recordar que ahora se cumplió el primer aniversario de los sismos del 7 de Septiembre, y estamos a unos días de lo ocurrido el pasado 19 de Septiembre del 2017, seguidos por diversas replicas que aún producen daños, miedo y zozobra en la población, este tipo de desastres naturales mostraron con crudeza la vulnerabilidad que nuestro país mantiene frente a este tipo de fenómenos naturales.

A pesar de los difíciles momentos que ha atravesado el país por estos imprevistos fenómenos naturales en los que hemos quedado marcados en nuestra memoria, es el caso de los sismos devastadores de 1985, en esa situación de absoluta emergencia nacional el país carecía de una política de protección civil nacional, a partir de ahí se ha ido construyendo de manera incipiente una cultura de la prevención entre la sociedad y las entidades gubernamentales, ante la escasa cultura cívica de desastres naturales, ahora nos resulta indispensable construir auténticas políticas públicas de protección civil para soportar los diversos tipos y adversidades de los fenómenos naturales con poder de destrucción que ocurren en nuestro país.

Hoy nuestra República presenta un modelo de protección civil somero, su acción es más reactiva que preventiva, para atender un desastre o una catástrofe, debemos involucrar a la nación de manera más estrecha y mirar hacia el plano internacional para generar una cultura real y objetiva de protección civil, por ello en marco de la Sendai, para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030 fue adoptado en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, realizada en la ciudad de Sendai (Japón), el 18 de Marzo de 2015, con el apoyo de la oficina de las Naciones Unidas, para la reducción de riesgo de desastre y a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se logró en este encuentro una serie de innovaciones, entre las que destaca de manera particular y con énfasis la gestión de riesgos de desastre, en lugar de la simple gestión de desastre, es decir que el manejo de desastres se debe direccionar en todas sus medidas en la prevención, mitigación y preparación de emergencias, acompañada de la recuperación y la rehabilitación de las zonas de desastre.

Hoy debemos conducir al país hacia la ruta que los expertos internacionales indican: “Que el alcance de la reducción de riesgos de desastres debe ampliarse considerablemente para concentrarse tanto en las amenazas naturales como en las de origen humano, así como las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos, comprendiendo mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones”. Debemos entender las múltiples dimensiones de los desastres que se han puesto atención a las condiciones relativas de los riesgos, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres acompañadas de las plataformas nacionales, la redición de cuentas, en la gestión de riesgos de desastres, la obligación de prepararse para una mejor reconstrucción en reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones. La movilización e inversión que tenga en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos. La resiliencia de la infraestructura sanitaria el patrimonio cultural y lugares de trabajo. La consolidación de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales, y la elaboración de política de donantes y programas que tenga en cuenta los riesgos incluidos, los préstamos y el apoyo financiero brindado por las instituciones financieras internacionales.

México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales de alto potencial destructivo, de acuerdo a datos oficiales una cuarta parte de la población del país vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos o terremotos, los riesgos son elevados por las altas concentraciones poblacionales en México, presentan vulnerabilidad física y social que propician un gran riesgo de desastre, la exposición a estos fenómenos los asentamientos humanos irregulares en zonas de peligro, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad, provocan grandes pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país.

El modelo que aplicamos en México, hasta ahora para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores, es meramente reactivo más que preventivo, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias, soslayando la cultura inspirada en la prevención, acompañada de una educación real en donde los propios ciudadanos se activen en beneficio de superar sus emergencias en vez de ser solamente agentes pasivos en la reconstrucción y en el cuidado del medio ambiente.

La perspectiva de las políticas públicas de Protección Civil, deben reorientarse en buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la protección civil, a efecto de ir creando con mayores recursos humanos, materiales, financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o más agentes perturbadores, muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores ha dejado la experiencia de que tanto las instituciones como los gobiernos y la sociedad no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que puedan sucedernos, y que pueden impactar en todas las actividades primordiales.

Aunado a lo anterior el propio Programa Nacional de Protección Civil, advierte que el Sistema Nacional de Protección Civil, enfrente dificultades para alertar a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta, ahí está el ejemplo donde la Ciudad de México carece de una conexión eficaz con los sensores de alerta de sismicidad en el estado de Oaxaca.

En estos últimos años al país le ha tocado pasar por diversas catástrofes naturales, tantos sismos, ciclones de alta intensidad y severas tormentas tropicales, provocando constantes inundaciones en las zonas metropolitanas de los estados del país, tan solo ocurrieron el año pasado 13 tormentas, de las cuales 7 se convirtieron en Huracanes de gran peligro. Según el servicio Weather Underground, que lleva un sesudo registro en el que indicó que México se colocó en estos últimos tiempos en Ranking de los 15 años más activos de desastres naturales desde 1851.

Tan solo la intensidad del Huracán Irma, que batió records, tales como ser la tormenta más poderosa que se ha formado en el Atlántico fuera del Caribe y el Golfo de México y que alcanzo a tener durante 37 horas vientos de categoría 5.

Las dependencias de la Administración Pública Federal carecen del suficiente conocimiento especializado en gestión de riesgos, así como mecanismos para compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos.

La trascendía de facultades y atribuciones de la actual Coordinación Nacional de Protección Civil, contrasta dramáticamente con la naturaleza y la persona jurídica de la Unidad Administrativa menor a la Secretaria de Gobernación.

No podemos omitir la constante desinformación que se vive día a día en las redes sociales y en los errores cometidos por las instituciones públicas en el manejo de la información, así como la falta de coordinación de los mandos a cargo de las labores de rescate que han provocado en los mexicanos un total malestar y un desgaste institucional de nuestras fuerzas armadas y de las instituciones a cargo que entran en acción en momentos de emergencia.

La magnitud de los retos que enfrenta un país como el nuestro, nos obliga a contar con una instancia de más alto nivel, cuyas características esenciales sean la autonomía, la especialidad y la capacidad técnica operativa.

Por lo tanto, el Modelo de Coordinación Nacional, como Unidad Administrativa reactiva de la Secretaria de Gobernación, debe dar paso a un nuevo modelo de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, a partir de la creación del Instituto Nacional de Protección Civil, como un órgano administrativo desconcentrado de la misma secretaría, encargado de la gestión, operación y ejecución de las políticas públicas de Protección Civil, donde también se planifique, impulse, articule y ejecute acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocado por la acción humana.

Algunas cifras del impacto económico en diferentes sectores revelan de manera contundente el efecto negativo de los desastres y de la falta de prevención para el país:

• 1 millón 169 mil viviendas afectadas y un impacto económico de 22 mil 971.2 millones de pesos.

• 23 mil 935 unidades educativas, lo que da un promedio anual de 1 mil 841 unidades afectadas. Las pérdidas económicas en el sector educativo sumaron 4 mil 560.9 millones de pesos.

• El sector salud es uno de los más afectados por desastres, debido a que su impacto se traduce en dos rubros principales: los efectos registrados en las unidades médicas y el costo que representa la implementación de la atención médica necesaria posterior al desastre. Entre 2000 y 2012 el impacto económico estimado de los eventos evaluados para este sector fue de 4 mil 272.6 millones de pesos en mil 939 unidades de salud afectadas.

• El sector carretero, el cual precisa los mayores costos de reconstrucción, ha concentrado 57% del total de los recursos entregados por el Fondo de Desastres Naturales entre los años 2000 y 2011. De acuerdo con los eventos evaluados, se han estimado daños y pérdidas en las carreteras por 58 mil 750 millones de pesos. Estos daños afectan a otros sectores, ya que provocan incomunicación y desabasto, al quedar bloqueados los pasos en algunos casos, además de elevar los costos de traslado por el desvío de rutas.

Adicionalmente, es preciso mencionar que fallas en la red de distribución de agua potable, caída en las redes de energía, de transmisión de datos, bloqueos a servicios como seguridad pública, transporte o sanidad son sólo algunos de los ejemplos de sucesos de gravedad crítica que pueden afectar a los gobiernos, asociaciones y a los ciudadanos en general.

El creciente impacto económico y social debido al incremento de fenómenos catastróficos, particularmente vinculados al cambio climático, pone al descubierto las limitaciones de las políticas públicas de la primera década del presente siglo en el país y la necesidad de evitar una posición reactiva sin carácter preventivo. Por ello, para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores se cuenta con el modelo establecido para atender situaciones de crisis; sin embargo, en los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones preventivas y reactivas, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada.

Esta visión debe reorientarse, encaminándose a buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la Protección Civil, a efecto de ir contando con mayores recursos humanos, materiales y financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores. Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que tanto las instituciones, como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que pueden sucederles y que pueden impactar en sus actividades primordiales.

Aunado a lo anterior, el propio Programa Nacional de Protección Civil advierte que el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta dificultades para alertar eficazmente a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta. Otro elemento a considerar dentro de las vulnerabilidades del sector público reside en el hecho de que el país requiere de infraestructura nacional diseñada de modo eficiente ante fenómenos naturales y antrópicos.

Las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) carecen de conocimientos especializados en gestión de riesgos, así como de mecanismos para compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos.

Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente preparados para enfrentarse a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo su estabilidad y/o gobernabilidad. No existen programas orientados a la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar las pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una respuesta planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. Tanto los municipios, como los gobiernos estatales y las dependencias de la APF, no cuentan con estrategias que les permitan hacer frente a fenómenos perturbadores, sin ver detenidas sus actividades primordiales. El desconocimiento de la importancia y aplicación de planes de continuidad de operaciones ha generado una descoordinación en las prioridades de atención frente a dichos fenómenos.

Adicionalmente, es necesario fortalecer los mecanismos de administración de emergencias y desastres ya que la falta de una adecuada vinculación de los planes de protección civil de las entidades federativas con el Gobierno de la República, ha provocado una deficiente disponibilidad y aprovechamiento de los recursos para atender emergencias, tales como los refugios temporales, la instalación de centros de acopio, la capacidad de distribución de ayuda humanitaria, entre otros.

Asimismo, cabe destacar que la promoción gubernamental de la cultura de protección civil no ha sido suficiente para llegar a las localidades con menos de 2,000 habitantes, regiones con población indígena o personas que enfrentan barreras de comunicación asociadas a una discapacidad. Igualmente, la baja promoción ha repercutido en una limitada participación social en la práctica de conductas de autocuidado y autoprotección que contribuyan a reducir las cifras de decesos y lesiones. Además, incide el hecho de que no se cuenta con información sobre el impacto de las campañas de sensibilización e información entre la población, por lo que no se identifica con certidumbre cuáles son las capacidades o conocimientos con los que cuentan los individuos, las familias y los grupos a nivel comunitario para responder preventiva o reactivamente ante los agentes perturbadores a los que están expuestos.

Por otra parte, se reconoce la necesidad de contar con programas permanentes que impulsen una cultura de protección civil, así como de prevención y autoprotección en todos los sectores de la población, con especial énfasis en los habitantes con altas condiciones de vulnerabilidad. Para ello, se reconoce la necesidad de implementar amplias campañas de difusión y comunicación social a nivel regional, local y comunitario para que la población identifique oportunamente condiciones de riesgo y participe activamente en reducirlas.

De gran importancia son los enfoques a las acciones preventivas que coadyuven a la disminución del riesgo ante desastres de origen natural, fortalecidos con los conocimientos de las vulnerabilidades existentes en las comunidades. La prevención frente a los riesgos naturales existentes y los producidos por el cambio climático o la acción del hombre deben formar parte de las estrategias en materia de la gestión integral de riesgos.

Por ello, se requiere enfocar los esquemas de capacitación y formación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, que fortalezcan la cultura de la autoprotección y colaboren con las comunidades para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres, gracias a la comprensión de los fenómenos naturales y antropogénicos.

Por otro lado, los eventos catastróficos sufridos recientemente ponen de manifiesto que la protección civil en México se sostenía en un modelo de intervención mayoritariamente reactivo basado en el desastre como detonante de la acción de la autoridad. Lo anterior, ha ocasionado que los recursos tendientes a la protección civil sean orientados considerablemente a la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural, lo que no necesariamente ha garantizado la eficiencia de los recursos autorizados.

En este sentido, resulta indispensable la adopción de diversas líneas de acción que permitan ampliar y fortalecer la intervención gubernamental, sustituyendo al desastre como el centro de las gestiones y haciendo más eficiente el destino de los recursos asignados a la protección civil.

La respuesta pronta y efectiva en la prevención, así como en la atención de emergencias y desastres implica la correcta, eficaz y transparente asignación de los recursos conducentes, por lo que debe de asumirse la responsabilidad y liderazgo en la materia, para mitigar los efectos producidos por fenómenos naturales perturbadores. Lo anterior, con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, de acuerdo con los principios de complementariedad, corresponsabilidad y transparencia, señalados en la Ley General de Protección Civil.

En consecuencia, la atención de emergencias y desastres se convierte en un elemento fundamental de protección a la población y las autoridades deben contar con protocolos definidos para cada caso. De igual forma, se deben privilegiar los aspectos proactivos de la administración de emergencias y desastres, anticipándose eficazmente a los escenarios de crisis y fortaleciendo la corresponsabilidad entre los integrantes del sistema, como una herramienta de mejora continua hacia donde el sistema deberá ir evolucionando.

Por ello, es imperativo nuestro país realice los ajustes necesarios en su legislación y en sus políticas públicas para garantizar la disminución a las afectaciones humanas y materiales que se han logrado en muchos países que han colocado en el centro de su estrategia nacional la siguiente premisa: si bien es imposible contener la fuerza de la naturaleza, se pueden mitigar sus efectos y salvar vidas.

Las principales desgracias o tragedias, en la mayoría de las ocasiones, son el fruto de una conjugación de variables que pueden evitarse comenzando por las poblaciones expuestas, vulnerables y mal preparadas para hacer frente a eventos que no fueron previstos pese a que existía el conocimiento de que podían suceder.

Es el caso particular de los terremotos del 07 y 19 septiembre de 2017, pues el primero, de intensidad 8.2, dejó más de 110 mil inmuebles dañados y graves afectaciones a la infraestructura pública de la región sur del país; mientras que el segundo, de intensidad 7.1, costó la vida a 369 personas y provocó serios daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero.

El gobierno federal ha cuantificado, de manera preliminar, que serán necesarios más de 38 mil millones de pesos para reconstruir las entidades afectadas por los sismos. Lo anterior, pese a que las y los mexicanos, principalmente después del terremoto de 1985, hemos hecho de la protección de la vida la mayor de nuestras prioridades y de la prevención un pilar fundamental de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, parece que no terminamos de aprender la principal lección: no podemos limitarnos a responder y atender emergencias en el largo plazo, por lo que debemos apostar por la prevención y, particularmente, por la resiliencia, entendida esta última como la capacidad que tiene una persona o una sociedad para enfrentar y superar circunstancias traumáticas.

Por estas razones, con el propósito de atender el diagnóstico y enfrentar los retos contenidos en el Plan Nacional de Protección Civil, teniendo como base los más altos estándares y los compromisos internacionales derivados del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, México debe avanzar en la construcción de una nueva política nacional de protección civil y reducción del riesgo de desastres, en aras de adquirir la capacidad de prevenir y, en su caso, responder de manera rápida, eficiente y segura después de la incidencia de un evento perturbador importante.

Actualmente, el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil recae en la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta Coordinación Nacional es una unidad administrativa que tiene las siguientes atribuciones:

I. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo;

II. Verificar los avances en el cumplimiento del Programa Nacional;

III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil;

IV. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad;

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables;

VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional en la materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional;

VII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 18 de esta Ley;

VIII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos, para lo cual podrá solicitar recursos de los instrumentos financieros;

IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de · monitoreo públicas o privadas;

X. Suscribir convenios en materia de protección civil y gestión de riesgos en ‘el ámbito nacional e internacional, en coordinación con las autoridades competentes en la materia;

XI. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural;

XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;

XIII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de prevención y atención de emergencias y desastres;

XIV. Asesorar a las entidades federativas, al gobierno del Distrito Federal y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos;

XV. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil;

XVI. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores;

XVII. Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos, Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad;

XVIII. Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la gestión de los riesgos;

XIX. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por regiones y entidades federativas, para hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos;

XX. Promover entre las instancias competentes de los distintos órdenes de gobierno, la generación de información relativa a la protección civil, que por su oportunidad, calidad y cantidad fortalezca los procesos de toma de decisiones;

XXI. Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población;

XXII. Supervisar, a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres.

Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo;

XXIII. Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado;

XXIV. Promover y apoyarla capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en materia de protección civil;

XXV. Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de gestión del riesgo;

XXVI. Gestionar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de otros países, la recepción y envío de apoyos internacionales;

XXVII. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer la protección civil mediante la incorporación de los avances en la materia, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXVIII. Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y

XXX Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Por su parte, el artículo 59 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación le confiere a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a sus unidades adscritas, la atribución de apoyar al Secretario de Gobernación en la conducción del Sistema Nacional de Protección Civil, en su carácter de Secretario Técnico de dicho Sistema; así como integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Protección Civil. Como es posible apreciar, las facultades y atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Nacional de Protección Civil y constituyen responsabilidades estratégicas de las que depende la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

No obstante, la trascendencia de dichas facultades y atribuciones contrasta dramáticamente con la naturaleza y la personalidad jurídica de una unidad administrativa menor que opera anualmente con poco más de 30 millones de pesos, de los cuales la mitad de los recursos son para servicios personales y la otra mitad para gastos de operación. Para darnos una idea de la ubicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil dentro de la estructura administrativa del gobierno federal, basta señalar que el presupuesto que se le destinó en 2017, fue apenas superior al que se asignó a la Dirección General de Asociaciones Religiosas.

Desde luego que el presupuesto global que se ejerce en materia de protección civil es mucho más amplio de lo que se destina a la operación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de hecho, tan solo en 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación concedió más de 222 millones de pesos para el funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, la magnitud de los retos que enfrenta un país como el nuestro nos obliga a contar con una instancia del más alto nivel, cuyas características esenciales sean la autonomía, la especialidad y la capacidad técnica y operativa.

Por lo tanto, el modelo de Coordinación Nacional como unidad administrativa reactiva de la Secretaría de Gobernación, debe dar paso a un nuevo modelo de Protección Civil y gestión del riesgo de desastres, a partir de la creación del Instituto Nacional de Protección Civil como un órgano administrativo desconcentrado de la misma Secretaría, encargado de la gestión, operación y ejecución de las políticas públicas en Protección Civil.

Dicho organismo será el ente rector de la política nacional en materia de Protección Civil y reducción del riesgo de desastres, teniendo como objetivo central el de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil, a partir de los objetivos mundiales y los principios rectores acordados por la comunidad internacional para garantizar la responsabilidad primordial de los Estados en la prevención y reducción del riesgo de desastres. En el derecho comparado, encontramos en el escenario mundial sendos ejemplos de instancias de alto nivel a cargo de la política nacional de protección o seguridad civil.

Por ejemplo, en Costa Rica existe la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), es una institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto, así como para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488, faculta a la CNE a coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, en donde cada institución debe participar en los temas específicos de su competencia y colaborar con los comités locales de prevención de riesgo y atención de emergencias

Por su parte, en Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil, es un organismo público ejecutor que conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y es el órgano técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú es un organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias, a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado.

Mientras que en Chile, uno de los países más avanzados en este tema, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) es el organismo técnico del Estado encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Su misión es planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocados por la acción humana. La ONEMI fue creada por el Decreto de Ley. N° 369, en marzo de 1974 y, desde entonces, su gestión ha estado centrada en el reforzamiento del Sistema de Emergencia y Alerta Temprana, así como en el fortalecimiento del Sistema de Protección Civil, sumado a la atención y apoyo en las situaciones derivadas de las emergencias, por las diversas variables de riesgos a lo largo del país.

Por su parte, Brasil a pesar que tiene condiciones climáticas que van desde climas tropicales a templados, tiene más de dos tercios drenados por las cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins-Araguaia, mientras que en la parte nordeste del país son recurrentes las sequías, en el sur son frecuentes las inundaciones y las heladas ocasionales. Los estudios epidemiológicos demuestran que, en los últimos años, los desastres de origen natural produjeron daños superiores a los provocados por las guerras. En este país sudamericano, los desastres provocados por el hombre son cada vez más intensos a causa del desarrollo económico y tecnológico. En numerosos distritos este desarrollo ha provocado el deterioro ambiental y ha agravado las vulnerabilidades de los ecosistemas humanos, contribuyendo a aumentar los niveles de inseguridad. Aunado a ello, la crisis económica que ocurrió en el país a partir de la década de los años setenta generó reflejos altamente negativos sobre el proceso de desarrollo social y sobre la seguridad de las comunidades frente a los desastres. El crecimiento desordenado de ciudades ha reducido la disponibilidad de terrenos en áreas seguras, y la consecuente valorización de estos terrenos ha provocado que una gran parte de la población tenga que asentarse en zonas de riesgo. Por ello, Brasil posee un Sistema Nacional de Defensa Civil que fue reorganizado en 2005. Este Sistema Nacional está constituido por órganos y entidades de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal, de la Defensa Civil y del Ministerio de la Integración Regional. Los objetivos del SINDEC son principalmente planear y promover la defensa permanente contra los desastres de origen natural o causados por el hombre; actuar en una situación inminente o en caso de desastres; prevenir o minimizar los daños, socorrer y asistir a las poblaciones afectadas y recuperar las áreas deterioradas. El SINDEC tiene una estructura particular conformada por:

• Condec: Consejo Nacional de Defensa Civil, constituido por los representantes de los ministerios. Es el órgano responsable de la formulación y deliberación de las políticas y directivas del Sistema.

• Sedec: la Secretaría Nacional de Defensa Civil es el órgano central del Sistema responsable de coordinar las acciones de defensa civil en todo el territorio nacional.

• Cordec: las Coordinaciones Regionales de Defensa Civil son órganos regionales localizados en cinco macro regiones geográficas de Brasil, responsables de la articulación y la coordinación del Sistema a nivel regional.

• Cedec: las Coordinaciones Estatales de Defensa Civil son los órganos estatales y distritos federales responsables de la articulación y la coordinación del Sistema a nivel estatal.

• Comdec: las Coordinaciones Municipales de Defensa Civil son los órganos municipales responsables de la articulación y la coordinación del Sistema a nivel municipal.

• Órganos sectoriales: órganos de administración pública federal.

• Órganos de apoyo: órganos públicos y privados, ONG y comunidades.

Además, a nivel local el país cuenta con los Núcleos Comunitarios de Defensa Civil, que representan un instrumento para estimular una mayor participación y una mejor comprensión de la realidad local. Estos núcleos tienen como objetivo estimular el ejercicio de la ciudadanía para despertar una conciencia socioambiental. Señal de la evolución de los esfuerzos brasileños hacia una mayor información pública ha sido la intensa actividad de capacitación que se llevó a cabo en todo el país y que permitió capacitar desde el 2003 a alrededor de 7.400 personas de manera presencial y 6.000 personas a distancia con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población a los desastres.

En concreto, tenemos la urgencia de construir un órgano público desconcentrado con autonomía, con especialidad, capacidad técnica, tecnológica y operativa, que se llamará: Instituto Nacional de Protección Civil, como un ente público administrativo desconcentrado por la misma Secretaría de Gobernación.

Esto es, en esencia el propósito de esta iniciativa que presenta el grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto para reformar la ley General de Protección Civil, y crear el Instituto Nacional de Protección Civil, para fortalecer la política pública del Estado en la materia: Pues es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a las familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, lo siguiente:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28,31,33, 47, 49, 50, 56, 57 Y 65, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Ley General de Protección Civil

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XII. ...

XIII. Instituto Nacional: Al Instituto Nacional de Protección Civil;

XIV. a LXI. ...

Artículo 17 ...

Sobre la denominación que a nivel nacional se tiene de las unidades estatales, municipales, de la Ciudad de México y las Alcaldías, se dispondrá por virtud de la presente Ley llamarse Instituto Estatal de Protección Civil del Estado o en su caso, Instituto Municipal de Protección Civil.

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en el Instituto Nacional, el cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a XXX. ...

Artículo 20. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Organización del Sistema Nacional.

Artículo 33. ...

...

El Comité Nacional estará presidido por el Secretario de Gobernación, o en su ausencia por el titular del Instituto Nacional, quienes podrán convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del país.

El Secretariado Técnico del Comité Nacional recaerá en el Titular del Instituto Nacional. Los esquemas de coordinación de este comité serán precisados en el Reglamento.

Artículo 47 ...

...

En caso de que no exista dicha normatividad, se promoverá ante las instancias competentes, por conducto del Instituto Nacional, que se cree un sistema civil de carrera para los servidores públicos responsables de la protección civil.

Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia dependiente del Instituto Nacional por conducto del Cenapred, orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, actualización y especialización de materias teóricas’ y prácticas.

Artículo 50. La estructura, organización y operación de la Escuela Nacional de Protección Civil se especificará en las disposiciones normativas que para tal efecto emita el Instituto Nacional.

Artículo 56. El Instituto Nacional coordinará el funcionamiento de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios. Para tal efecto, las Unidades Estatales, Municipales y Delegacionales de Protección Civil en las entidades federativas, deberán promover en el marco de sus competencias, la capacitación, organización y preparación de los voluntarios que deseen constituirse en brigadistas comunitarios, pudiendo constituir redes municipales, estatales o regionales de brigadistas comunitarios, y realizar los trámites de registro en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.

Artículo 57. Le corresponde al Instituto Nacional, asesorar a las entidades federativas, al Gobierno del Distrito Federal y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgos.

Artículo 65 ...

...

El Instituto Nacional y las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, promoverán con las diversas instancias del Sistema Nacional, para que desarrollen programas especiales destinados a reducir o mitigar los riesgos antropogénicos, así como de atención a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos.

Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados LXIV Legislatura, a 19 de septiembre 2018, Ciudad de México.— Diputadas y diputado: Mónica Bautista Rodríguez, Elba Lorena Torres Díaz, José Luis García Duque, Lilia Villafuerte Zavala (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se recorren las demás en su orden subsecuente, al tenor de la siguiente

Conservar las tradiciones es un reto que enfrentan las naciones como consecuencia de los procesos de globalización a que han sido sometidas en las últimas décadas y que ponen en riesgo su identidad cultural y la cohesión social que hay entre la población, que se siente identificada por cuestiones culturales derivadas de prácticas populares que en muchos de los casos se han arraigado en pueblos, comunidades y ciudades a lo largo de los siglos.

Los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central de la cultura e identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave peligro a causa de la mundialización. Aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales, como el uso medicinal de especies vegetales locales, pueden ser de interés para los científicos y las empresas, ello no impide que muchas prácticas ancestrales estén desapareciendo.

[...]

Salvaguardar una visión del mundo o un sistema de creencias es aún más difícil que preservar un entorno natural. Además de las amenazas externas que se ciernen sobre su entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas propenden a adoptar modos de vida o modelos de desarrollo puramente económicos ajenos a sus tradiciones o costumbres.

[...] (UNESCO.)

En razón de lo anterior, los estados deben de establecer acciones concretas con la finalidad de preservar su patrimonio material e inmaterial, logrando que este perdure a lo largo de los tiempos.

Nuestro país se caracteriza por contar con una amplia diversidad cultural, y muestra de ello es porque se constituyó con una infinidad de culturas prehispánicas que dotaron de características propias a las regiones del país.

La herencia prehispánica con la que contamos logró perdurar en términos generales toda vez que se sincretizó con la cultura y tradiciones heredadas en la época colonial, y en las etapas posteriores que se desarrollaron dentro de la consolidación de nuestro país como nación independiente.

De esta forma, tradiciones como la del día de muertos toma sentido en nuestro país, toda vez que provienen de un aspecto arraigado tanto de la cultura prehispánica como de la concepción heredada de la religión católica imperante en México.

Con la fiesta del Día de los Muertos, tal como la practican las comunidades indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país.

[...] Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto político y social de las comunidades indígenas de México.

Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México.

Esta fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI (UNESCO).

Abordando un aspecto particular sobre esta festividad, es pertinente hacer mención que su relevancia es tal que fue inscrita en el 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003), por lo que es reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por lo que se requiere del establecimiento de acciones especiales con objeto de preservarla.

Debemos tomar en cuenta la relevancia que adquiere este tipo de manifestaciones culturales como patrimonio inmaterial de la humanidad, a razón de que atienden la siguiente finalidad conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:

Artículo 2: Definiciones

A los efectos de la presente convención,

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes–que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. [...]

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

[...]

[...]

[...] (UNESCO, 2003.)

En los organismos internacionales se han establecido mecanismos para atender y preservar las diferentes manifestaciones culturales que existen en el mundo, las cuales en el caso específico de México, conviven de forma armónica con lo establecido dentro de los marcos normativos del país, por lo que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se pueden considerar algunos aspectos relevantes por resaltar en razón de la presente iniciativa, a fin de fundamentarla y motivarla.

La Constitución Política establece en el párrafo duodécimo del artículo 4o., en términos generales, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como al ejercicio de sus derechos culturales, por lo cual el Estado deberá garantizar el ejercicio de éstos.

Artículo 4o. [...]

[...]

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural (Diario Oficial de la Federación, 1917).

En las fracciones III y V del artículo 11, y VI del 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales encontramos elementos que permiten asegurar que el Estado garantizará el derecho en esta materia en razón de lo siguiente:

Artículo 11. Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:

I.Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia;

[...]

III.Elegir libremente una o más identidades culturales;

[...]

V.Participar de manera activa y creativa en la cultura;

[...]

[...]

Artículo 12. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes aspectos:

[...]

VI.El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México;

[...] (Diario Oficial de la Federación, 2013.)

En el ámbito internacional también se ha impulsado a lo largo de los años la creación de instrumentos que regulen y protejan la cultura material e inmaterial de las naciones, como parte del interés internacional de salvaguardar estas prácticas, por ser considerados parte fundamental de los derechos humanos.

Como primera instancia, cabe hacer mención que la evolución en la protección de los derechos humanos se ha dado de forma incremental, toda vez que se han incorporado a lo largo de los años nuevos derechos con lo que se pretende lograr la protección más amplia de éstos.

Analizando el desarrollo de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, podemos encontrar que a lo largo de la historia se han impulsado cuatro generaciones de derechos humanos, mismos que incluyen los siguientes elementos: Derechos sociales, económicos, civiles, políticos; de minorías; de los pueblos; de los grupos en estado de vulnerabilidad; y culturales (véase Suprema Corte de Justicia de la Nación).

De esta forma podemos inferir que los derechos humanos por su importancia y trascendencia, guían el desarrollo de las acciones que implementan los organismos nacionales e internacionales que son elaborados para la salvaguarda de los mismos.

En cuanto a los instrumentos internacionales en materia de protección y preservación de la cultura a nivel internacional, podemos mencionar que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 2003, con lo que se aceptó la necesidad de reconocer la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales que hasta en ese momento no contaban con un marco jurídico que las protegiera.

En la convención referida encontramos algunos aspectos relevantes, entre los cuales destacan los mencionados en el artículo 1:

Artículo 1: Finalidades de la convención

La presente convención tiene las siguientes finalidades:

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate;

c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;

d) la cooperación y asistencia internacionales (UNESCO, 2003).

Entre los objetivos que persigue la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 se encuentra, de acuerdo con los artículos 16 y 17, el establecimiento de 2 listas, que tienen la siguiente finalidad:

• Lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia

Se compone de elementos del patrimonio cultural inmaterial que las comunidades y los Estados Partes consideran que necesitan medidas de salvaguardia urgentes para asegurar su trasmisión. Las inscripciones en esta lista contribuyen a movilizar la cooperación y la asistencia internacionales para que los actores interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas. En 2009, el comité inscribió 12 elementos. En 2010 ha inscrito 4 elementos más.

• Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Se compone de las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor conciencia de su importancia. El comité incorporó 90 elementos en 2008 (anteriormente proclamadas “obras maestras”) e inscribió 76 elementos en el 2009. En 2010, 47 fueron sido añadidos a la lista.

Actualmente hay 429 elementos inscritos en las 2 listas de patrimonio inmaterial (UNESCO, 2017).

El país ratificó la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2005, por lo que estamos obligados a observar lo que en ella se dispone.

México cuenta con 8 expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que nos posiciona como uno de los países de América Latina con el mayor número de manifestaciones inscritas y reconocidas.

La convención referida es complementaria de otros instrumentos internacionales que protegen el patrimonio cultural como es el caso de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (UNESCO, 1972).

Por ese motivo deben establecerse acciones concretas para asegurar que las manifestaciones culturales del país perduren, yendo más allá de su propio reconocimiento y materializando las mismas a través del fomento en su ejercicio.

De esa manera, deben implantarse acciones específicas para resguardar la celebración del 2 de noviembre como Día de Muertos, por lo que debemosconsiderar esta celebración para que adquiera el estatus como día oficial no laborable, toda vez que al elevarla a esta categoría se asegura su pleno reconocimiento como parte del patrimonio inmaterial de nuestro país y de la humanidad, además de contribuir al fomento de lazos de identidad cultural y valores de convivencia familiar para los mexicanos.

La propuesta que se desprende de lo expuesto dentro de los párrafos precedentes, contempla el establecimiento dentro de la Ley Federal del Trabajo del 2 de noviembre de cada año como día feriado oficial, en razón a que esta acción permitirá preservar la tradición de celebrar el día de muertos que se practica de forma ancestral en nuestro país, así como fomentar el fortalecimiento de la identidad cultural y los valores de convivencia que requieren ser fortalecidos en las familias mexicanas.

Antes de entrar en la parte argumentativa con relación a la necesidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo el 2 de noviembre como día oficial no laborable, es pertinente destacar que la Secretaría de Educación Pública establece dentro del calendario escolar como día de suspensión de actividades, al igual que lo hace la Cámara de Diputados.

El descanso forma parte de los derechos de que debe gozar toda persona que desempeñe cualquier actividad, toda vez que el mismo permite garantizar su bienestar físico y emocional.

Los acuerdos y tratados internacionales, así como la normatividad que forma parte de los estados en materia laboral, establecen el derecho del trabajador para tener periodos de descanso garantizados que le permitan entre otras cosas, la convivencia con sus familias así como recuperar su fortaleza física y emocional. De acuerdo con lo que se señala en Podetti (1997), el descanso al que tienen derecho los trabajadores se puede clasificar de diversas maneras entre las que destacan las siguientes:

Los descansos y otras interrupciones del trabajo, en interés del trabajador, han sido objeto de clasificaciones diversas. Entre ellas, la elaborada por De Diego, trata separadamente al descanso en general; a la subdivisión del descanso laboral en reparatorio, reposo, tiempo social, terapéutico; al descanso en su relación con el tiempo cronológico; a su duración secuencial; a la fuente de la que proviene; a los sistemas especiales que lo prevén; a los originados en la necesidad de recuperar estados patológicos; a los ocasionales por días festivos y acontecimientos varios; a los originados en características propias de algún sector, región o grupo étnico y religioso; y a su obligatoriedad (Podetti, 1997).

En el caso concreto de esta iniciativa, independientemente de que establezcamos elementos jurídicos para comprender y justificar el derecho de los trabajadores a contar con días de descanso tanto de forma semanal como en periodos prolongados de tiempo, únicamente nos referiremos en el caso específico a los que provienen de los días feriados obligatorios.

El convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (número 132), establece en el numeral tercero del artículo 3, así como en los numerales primero y segundo del artículo 6, el periodo de descanso que debe ser garantizado para el trabajador, así como la definición de los días feriados y de la forma en la que se establecen para cada país.

Artículo 3

[...]

3. Las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios.

Artículo 6

1. Los días feriados oficiales o establecidos por la costumbre, coincidan o no con las vacaciones anuales, no se contarán como parte de las vacaciones mínimas anuales pagadas prescritas en el párrafo 3 del artículo 3 del presente convenio.

2. En las condiciones en que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el organismo apropiado, los períodos de incapacidad de trabajo resultantes de enfermedad o de accidente no podrán ser contados como parte de las vacaciones pagadas anuales prescritas como mínimo en el párrafo 3 del artículo 3 del presente convenio (OIT).

En el caso específico de México, se entiende por día feriado aquellos días de descanso que tienen como objetivo el celebrar una festividad determinada mismos que se consideran como parte de los periodos de descanso a los que tienen derecho los trabajadores.

Los días feriados o festivos tienen por objeto que las y los trabajadores celebren, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas.

El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable y se considera como descanso obligatorio (Profedet).

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 74 las siguientes fechas como días feriados y, por tanto, fechas de descanso obligatorio:

Artículo 74.Son días de descanso obligatorio

I. El 1 de enero;

II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1 de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre; y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral (Diario Oficial de la Federación, 1970).

Con relación a las reformas desarrolladas respecto al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el decreto del 17 de enero de 2006 tuvo como finalidad fijar una nueva mecánica para recorrer al lunes inmediato la suspensión de actividades para ciertos días feriados, con objeto de garantizar un periodo ordenado y prolongado.

Algunos de los elementos más destacados de la reforma que se menciona en el párrafo anterior son los siguientes, y se citan tal y como aparecen en el dictamen que fue votado y aprobado:

Segunda.Refieren las iniciativas que la implementación de los llamados fines de semana largos generaría por lo menos tres beneficios:

En primer lugar, brindaría certeza a las familias mexicanas de que independientemente del día de la semana en el cual se registre el evento cívico motivo del descanso obligatorio, podrán tener seguros cuatro días de descanso acumulados a cuatro fines de semana al año, y podrán planear la convivencia familiar, el descanso o la salida a cualquier destino turístico nacional o internacional.

En segundo lugar, las empresas se verían beneficiadas por la eliminación de los llamados puentes que tienen lugar cuando el día festivo cae en jueves o en martes, o cuando los trabajadores se toman el día lunes alterando así la productividad de los centros laborales.

En tercer lugar, se generaría una derrama económica adicional por la activación del turismo interno en los diferentes destinos turísticos nacionales e internacionales, al saber por ley, los fines de semana específicos que se pueden tomar como largos durante el año para vacacionar (Segob, 2005).

En el caso de los argumentos retomados del dictamen que dio origen a la reforma del artículo 74 de la multicitada ley, se advierten diversos beneficios derivados del establecimiento de la mecánica para el tratamiento de los días feriados. En el caso de la propuesta de establecer como día de descanso obligatorio al 2 de noviembre de cada año, los criterios de recorrer ese día de descanso al lunes más cercano a esa fecha, haría perder de todo sentido el argumento de otorgar como día de descanso obligatorio para esa festividad, al ser una día determinado en la que se celebra la manifestación cultural referente al día de muertos; la cual requiere sea celebrada en ese determinado día. Cabe hacer mención que en algunos casos dicha fecha caería en fin de semana, por lo cual no se alteraría de forma permanente la dinámica en las actividades cotidianas de la ciudadanía.

La presente iniciativa tiene como propuesta fundamental, establecer dentro de la Ley Federal del Trabajo, el 2 de noviembre como día de descanso obligatorio, con lo que se pretende fortalecer los valores y la identidad cultural, así como fomentar lazos afectivos en las familias en el país.

Consideramos que con esta propuesta se garantiza la protección del patrimonio cultural inmaterial que representa la celebración del día de muertos, el fortalecimiento de valores y de la identidad cultural en nuestro país, derivada de la celebración de esta festividad.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se recorren las demás en su orden subsecuente

Único. Se modifica la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y se recorren las demás en su orden subsecuente:

Artículo 74.Son días de descanso obligatorio

I. El 1 de enero;

II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1 de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El 2 de noviembre;

VII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

IX. El 25 de diciembre; y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo deSan Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Roberto Antonio Rubio Montejo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Lorenia Iveth Valles Sampedro e Irineo Molina Espinoza, diputados en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo, al tenor de la siguiente

El derecho al trabajo es uno de los más elementales soportes para el desarrollo de la persona y de las naciones, de ello depende la satisfacción de las necesidades de la familias, el crecimiento económico y el bienestar general de la población. En el ámbito internacional, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispone que, “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”

Paralelamente al derecho al trabajo, las discusiones en torno al salario mínimo han cobrado especial relevancia, pues refieren al establecimiento del monto mínimo que recibirá una persona en su empleo, definiendo el ingreso base que una persona debe obtener para tener una vida digna, que le permita al menos adquirir los alimentos, bienes y servicios básicos, además de satisfactores relacionados con la educación, salud, vivienda, recreación, cultura, entre otros, no solo para sí misma, sino también para su familia.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado que “por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.”

Contextualizando, en el orden jurídico nacional, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su fracción VI y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, al referirse a los salarios mínimos, señalan que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Conforme a lo anterior, si bien el marco jurídico internacional y nacional dispone que el salario del trabajador sea suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus familias, la remuneración que reciben millones de mexicanos, aún aquellos que trabajan en el sector formal de la economía, está lejos de garantizar una vida digna.

Aunque el salario promedio de los trabajadores ocupados está por encima del salario mínimo, de acuerdo con diversos estudios, de las 50 millones de personas ocupadas en el país, entre 7.5 y 8 millones, tienen una remuneración por sus actividades de hasta un salario mínimo, es decir, casi un 15 por ciento del total de trabajadores. Muchos de los cuales, ante la precariedad de su ingreso, tienen problemas incluso para alimentarse (fuente).

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Línea de Bienestar,1 es decir, el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria (bienes y servicios básicos) por persona al mes es de 2 mil 958.36 (datos al mes de junio de 2018).

Eso significa, por ejemplo, que en una familia de cuatro personas el ingreso mensual debería ser cuando menos de 11 mil 833.46 pesos, con un ingreso por debajo de ese monto se estaría en una situación de pobreza por ingresos. Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a 2 mil 686.144 mensuales. Habría que incrementar 4.4 veces el salario mínimo para cumplir lo estipulado en la Constitución Mexicana. El salario mínimo ha estado creciendo en porcentajes poco significativos, lo que ha ocasionado que el poder adquisitivo del trabajador disminuya significativamente al paso de los años.

Para dimensionar el impacto en el ingreso de los mexicanos, el Coneval elaboró un análisis que indica lo siguiente: El Ingreso real per cápita para el ámbito urbano pasó de 2 mil 376 pesos en el cuarto trimestre de 2006 a mil 717.4 pesos en el cuarto trimestre de 2017, lo que implica una caída de 27.7 por ciento. En el contexto rural pasó de 889 pesos en el cuarto trimestre de 2006 a 835 pesos para el cuarto trimestre de 2017, lo que representa una disminución de 6.1 por ciento.

Otro dato, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, que nos muestra la evolución del ingreso en los hogares, nos indica que entre 2005 y 2017, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio de los hogares se redujo 10.6 por ciento.

De acuerdo con el índice de tendencia laboral de la pobreza al primer trimestre de 2018 que elabora el mismo Coneval, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, aumentó de 38.9 a 39.1 por ciento entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, esta cifra equivale a alrededor de 50 millones de mexicanos. La gravedad de este hecho radica en que, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo de los trabajadores y por ende de las familias disminuye abruptamente.

Sobre estos datos, Coneval detalla que el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de mil 357 pesos en el cuarto trimestre de 2016 a mil 479 pesos en el cuarto trimestre de 2017, lo que representa un incremento de 9 por ciento. En el caso de la canasta alimentaria en el ámbito rural, el incremento fue de 8.7 por ciento, al pasar de 970 pesos a mil 55 pesos para el mismo periodo. El informe de dicha institución remarca que los valores de las canastas alimentaria y no alimentaria, tanto en el ámbito rural como urbano, han mantenido un incremento constante.3

Al respecto, en 18 de las 32 entidades federativas se incrementó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Morelos, Tabasco y Guerrero por mostrar los mayores aumentos.

Por otra parte, el ingreso laboral per cápita real, únicamente mostró un aumento anual de 0.7 por ciento entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, al pasar de mil 716.72 a mil 727.88 pesos. Lo cual resulta insuficiente ante la pérdida histórica del poder adquisitivo.

Por otra parte, los últimos años han sido particularmente críticos en el mercado laboral nacional. De conformidad con estadísticas del Inegi, la fuerza laboral activa del país ha tenido un incremento neto de 8.3 millones de personas desde 2005, sin embargo, su crecimiento se ha desacelerado notablemente en los últimos años.4

Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalla que la población que recibe de 0 a 3 salarios mínimos ha aumentado en más de 3 millones 779 mil personas, en el periodo de 2012 a 2017, esto equivale a un incremento del 66.2 por ciento al 68.3 por ciento respecto al total de la población ocupada.

Lo preocupante también es que la tendencia es contraria si se observa la población que gana más de tres salarios mínimos, en 2012 eran 11 millones 332 mil 356 personas con un ingreso superior a tres salarios mínimos, para 2017 se había reducido a 9 millones 125 mil 132 personas, es decir pasó del 23.2 por ciento al 17.3 por ciento.

De acuerdo con lo anterior, aun aquellos trabajadores que superan el ingreso del salario mínimo, es difícil que satisfagan sus necesidades básicas. El 68.3 por ciento de los trabajadores subordinados remunerados (empleo formal) no rebasa un ingreso equivalente de 3 salarios mínimos en su zona de residencia, por lo que la tercera parte de los trabajadores del país enfrenta problemas, incluso, para alimentarse adecuadamente y pagar sus servicios básicos, sobre todo si cuenta con una familia de más de 3 integrantes.

En el estudio México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora; los aumentos salariales que nacieron muertos, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM,5 expone que en 1987 se requería laborar cuatro horas con 53 minutos para obtener la Canasta Alimentaria Recomendable,6 mientras que para el 26 de octubre del 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años, medida por la canasta alimenticia recomendable, es del 80.08 por ciento.

El documento elaborado por la UNAM detalla los siguientes datos, para octubre de 2016 la canasta alimentaria recomendable -que no incluye renta, vestido, calzado o educación para los hijos- costaba 218.06 pesos y en el periodo de un año se incrementó a 245.34 pesos; ese aumento de 27.28 pesos, representó una variación del 12.5 por ciento, la variación anual más grande desde mediados de la década de los 90.

Datos del Inegi señalan que laborar más horas a la semana tampoco se traduce en una mayor remuneración para la población trabajadora, pues 2.1 por ciento de las personas ocupadas trabajan más de 48 horas a la semana y ganan menos de un salario mínimo, mientras que 1.2 por ciento trabaja más de 48 horas a la semana y no recibe ingresos por su trabajo.7

Estos indicadores ponen en evidencia el brutal impacto en los bolsillos de los mexicanos y el fracaso de las políticas salariales, pues la última medición de la pobreza nacional hecha por el Coneval, señala que, en los últimos años, específicamente entre 2012 y 2014, se incrementó en 2 millones el número de pobres en el país. Pasando de 53.3 a 55.3 millones de personas, es decir, el 46.2 por ciento de los mexicanos.

Pese a tan mal escenario para los mexicanos, nuestro país se ubica como uno de los que tienen los salarios mínimos más bajos de toda América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México presenta una paradoja entre los países de América Latina, pues ocupa el penúltimo lugar en cuanto al nivel del salario mínimo mensual y el segundo lugar en cuanto al nivel de productividad laboral. Por lo que en México no aumentan los salarios, pero sí se obtiene provecho del trabajo de los mexicanos.

Así mismo, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mexicanos reciben el salario mínimo más bajo, con apenas 88 pesos y 36 centavos diarios, mientras que el promedio es de 817 pesos.

Al respecto, la OIT ha señalado que tanto el nulo crecimiento de los salarios como una mayor brecha en la distribución del ingreso han contribuido de manera significativa a la crisis económica de los últimos años, por lo que este proceso tiene que ser revertido mediante el crecimiento equitativo y el empleo decente.

Los bajos salarios y la desigualdad son un obstáculo al crecimiento, como lo ha planteado el economista internacional y premio Nobel Paul Krugman; en el mismo sentido, la revista The Economist menciona que entre los economistas destacados existe cada vez más una clara oposición contra los salarios mínimos, puesto que reducen el empleo y contraen los ingresos de las masas de trabajadores, perjudicando a muchos de los que se supone se tiene que ayudar más.

La OIT con la finalidad de asegurar protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas, adoptó el “Convenio sobre la Fijación de Salarios Mínimos” en 1970, en donde se obligaba a los países ratificantes a establecer un sistema de salarios mínimos. En él se establece que “los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, y no podrán reducirse”.

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberán incluirse “las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales”; así como “los factores económicos, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”.8

Lamentablemente, en nuestro país, el salario mínimo actual no cumple con el cometido de proporcionar al trabajador y a su familia una vida digna. Hoy es inadmisible que una familia deba subsistir con 88.36 pesos diarios.

El último incremento al salario mínimo se dio a partir del 1 de diciembre de 2017; la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que el salario mínimo general pasara de 80.04 a 88.36 pesos diarios, con el argumento de apoyar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan. El organismo explicó que se decidió otorgar un aumento de cinco pesos diarios al salario mínimo, con lo que se ubicó en 85.04 pesos. Además, sobre ese aumento, acordó otorgar un incremento ligado a la inflación, de 3.9 por ciento, con lo que quedó en 88.36, es decir, 2 mil 686.14 mensuales.9 Eso significa un incremento de 4.6 por ciento respecto a enero de 2017.

Adicionalmente, la Conasami se comprometió a revisar un incremento del salario mínimo antes del 30 de abril de 2018, lo cual no ha ocurrido. Por el contrario, se agudiza la precariedad laboral.

Muchos esfuerzos se han dado de manera reciente para aumentar el salario mínimo, desde iniciativas de reforma a la CPEUM, a la Ley Federal del Trabajo, solicitudes de consulta popular, propuestas de cámaras industriales y organizaciones patronales, así como planteamientos de candidatos y gobernantes. Sin embargo, ninguna propuesta ha prosperado para elevar el salario mínimo a un nivel que permita a las familias una vida sin carencias.

Sin embargo, hay que resaltar que se han dado avances, en 2016 se aprobó una reforma a la CPEUM en el Congreso de la Unión, en materia de desindexación del salario mínimo. La creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se desprende de la reforma constitucional, sustituye al salario mínimo como referencia de trámites, multas, impuestos, créditos, prestaciones. Con ello, se dio un primer paso para un aumento del salario mínimo, pues su incremento ya no significará elevar el costo de otros servicios u obligaciones, argumento que se utilizó por años para contener el alza al salario.

En cuanto al procedimiento de actualización del salario mínimo, en el artículo 123 constitucional se detalla que la Conasami, organismo público integrado por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, será quien lo fije. Concretamente en la Ley Federal del Trabajo se señala lo siguiente: “los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.”

Esta disposición legal no es sensible con las necesidades del trabajador, ya que establece un procedimiento que privilegia la negociación entre organizaciones sindicales, patronales y de gobierno, considera primero las condiciones macroeconómicas y las presiones del mercado laboral, por encima de las necesidades reales de ingreso de la población. No es acorde con la realidad que vivimos, ni siquiera garantiza la compra de los alimentos y servicios básicos de una familia.

En Morena consideramos que no debe desestimarse la generación de riqueza nacional y el aumento del poder adquisitivo del trabajador a través del fortalecimiento de la economía nacional para aumentar la productividad. Sin duda, disminuir la brecha entre la productividad y los salarios es una condición indispensable para la estabilidad económica del país y para mejorar el ingreso del trabajador. Sin embargo, hoy en día la situación nacional nos obliga a tomar medidas inmediatas para elevar el ingreso de millones de trabajadores que apenas sobreviven con el sueldo que reciben.

Sectores académicos, los partidos políticos, actores de la economía nacional y el propio gobierno federal actual advierten la necesidad de replantear la forma en que se calcula y define el salario mínimo, pues no hay un mecanismo que evite perpetuar la pérdida del poder adquisitivo. Hoy están dadas las condiciones para que el Poder Legislativo tome acciones contundentes para dar respuesta a una demanda histórica de los trabajadores mexicanos.

La importancia de reformar la Ley Federal del Trabajo radica en la necesidad de dignificar el salario mínimo y lograr que sea suficiente y congruente con la realidad que vivimos.

A pesar de que hemos perdido oportunidades para elevar el ingreso de los trabajadores mexicanos más necesitados, los esfuerzos deben continuar para lograr que aquellos que ganan el mínimo tengan lo suficiente para una alimentación adecuada y garantizar la satisfacción de necesidades básicas como vivienda, salud, educación, transporte, vestido, pero también sus derechos al esparcimiento, la cultura, artes y cualquier actividad que contribuya a la recuperación de la paz y convivencia social.

Propuesta para aumentar el salario mínimo

La iniciativa que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental reformar la Ley Federal del Trabajo para que la Conasami incluya como base para fijar el salario mínimo el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos que determinará el Coneval. Con esta medida se establece que el ingreso mínimo de un trabajador será suficiente para adquirir, al menos, estos satisfactores.

El costo de esta canasta básica alimentaria y de servicios básicos a que se refiere el párrafo anterior, será el mismo que el de la Línea de Bienestar que hoy calcula el Coneval de manera mensual, la cual incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria para zonas urbanas. En la siguiente gráfica se detallan los productos y servicios que componen la Línea de Bienestar, con datos al mes de junio de 2018:

Con este ajuste al marco normativo, el salario mínimo que deba recibir un trabajador cubrirá, al menos, la cantidad de alimentos suficientes que satisfagan los requerimientos de las familias (canasta alimentaria) y el gasto promedio en servicios básicos como el transporte, vivienda, educación, salud, entre otros (canasta no alimentaria).

El costo de la canasta alimentaria y no alimentaria (Línea de Bienestar Urbana), que calcula Coneval, para junio de 2018, es de 2 mil 958.36 pesos mensuales por persona, es decir, 97.31 pesos al día, por lo que la nueva definición del salario mínimo deberá tomar en consideración ese monto en un inicio, claro está, ajustándolo al momento en que entre en vigor el presente decreto, de conformidad con los datos del Coneval y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

Esta cifra de 97.31 pesos,es el costo de la Línea de Bienestar por persona, por lo que se considera apropiado sea un primer paso para elevar el salario del trabajador mexicano en el corto plazo.

Sin embargo, se señala también en las disposiciones transitorias, que el salario mínimo posteriormente deberá sufrir un incremento gradual hasta cubrir el costo de la Línea de Bienestar para una familia, en un plazo menor a 8 años.De acuerdo a datos del Inegi, los hogares mexicanos tienen un promedio de integrantes de 4.1 personas, por lo que si hiciéramos el ajuste de multiplicar el costo de la Línea de Bienestar por este número, se necesitarían 12 mil 129.2, o 398.9 pesos diarios, para cubrir el gasto de alimentos y servicios básicos de una familia promedio en México.

Modificaciones planteadas a la Ley Federal del Trabajo

• En el cuerpo del decreto, se reforma el artículo 85 y se establece que para fijar el importe del salario se tomarán en consideración el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos, los hábitos y costumbres de las familias mexicanas, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.

• En el mismo artículo 85, se hace explícito que el salario mínimo deberá garantizar que con él se cubran las necesidades básicas de una familia.

• Se propone reformar y adicionar el artículo 90 para señalar que el monto del salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar, al menos, que el ingreso del trabajador cubra el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica, cuyo valor será determinada por el Coneval.

• Se señala en la reforma en el artículo 94 que la Conasami deberá basarse en la información que estime el Coneval para el cálculo del salario mínimo. Puesto que hoy carece de una referencia adecuada que permita su incremento en relación a la inflación en alimentos y servicios básicos.

• En el mismo artículo 94 se detalla que la actualización del salario mínimo deberá decretarse cuando menos cada 6 meses, con el propósito de evitar una pérdida abrupta del poder adquisitivo, pues generalmente el salario se actualiza cada año.

• Asimismo, en el artículo 94se obliga a la Conasami a garantizar que el salario mínimo sea suficiente, al menos, para que el ingreso del trabajador cubra el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica.

• En la parte de los transitorios, en el artículo segundo, se señala que la Conasami deberá dar cumplimiento a lo previsto en el decreto, para realizar los ajustes al monto del salario mínimo, en un término inferior a un año. Con ello, tendremos certeza de que no se postergará por décadas nuevamente la dignificación del ingreso del trabajador.

• Para efectos de asegurar un aumento gradual del salario mínimo que no distorsione la economía nacional y sea responsable, se incorpora un artículo transitorio tercero para señalar que el incremento inicial del salario mínimo deberá cubrir el costo de la Línea de Bienestar por persona al momento en que entre en vigor, que equivale a $97.31 pesos al día (con datos a junio de 2018).

• Asimismo, se señala en el artículo tercero transitorio que la Línea de Bienestar equivaldrá al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria para zonas urbanas (la cual es más alta que para zonas rurales). Y se ajustará de conformidad con el INPC calculado por el Inegi.

• Se señala también en las disposiciones transitorias, en un artículo cuarto transitorio, que el salario mínimo posteriormente deberá sufrir un incremento gradual hasta cubrir el costo de la Línea de Bienestar para una familia en un plazo menor a 8 años. Esto, tomando en cuenta la evolución del costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica, los hábitos, composición y costumbres de las familias, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.

Existe consenso en el planteamiento de la propuesta que se pone a consideración, el salario mínimo cuando menos debe ser mayor al costo de la Línea de Bienestar. Así lo han expresado incluso los sectores productivos y empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quienes han manifestado que existen las condiciones económicas para ajustar el salario mínimo, cuando menos a un monto equivalente a la Línea del Bienestar.12

Hoy millones de mexicanos requieren de un ingreso que les permita una vida digna, no retrasemos más el ajuste al alza del salario mínimo, ello sería condenar a millones de mexicanos a continuar en la pobreza alimentaria y a enfrentar graves carencias.

Un salario justo es la base fundamental en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Esta es una demanda social que ha estado postergándose por décadas y en el Poder Legislativo debemos trabajar para que sea realidad.

Contrario a lo que se afirma a la ligera, la elevación de los salarios mínimos no necesariamente es una política populista y nociva, y sí puede ser una política responsable y benéfica. La prestigiada revista The Economist ha señalado que “aumentar el salario mínimo produce poco daño y puede causar muchos beneficios”, con esa idea, debemos mirar al futuro.

Esta propuesta es responsable, no traerá desajustes a la economía nacional y el salario mínimo crecerá de conformidad con las necesidades de los mexicanos y la capacidad de la economía nacional. La LXIV Legislatura que inicia sus trabajos debe responder a los grandes retos del país, el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente más pobre requiere acciones inmediatas.

Texto Vigente

Ley Federal del Trabajo

Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos.

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Texto Propuesto

Ley Federal del Trabajo

Artículo 85. El salario debe ser remunerador, nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y deberá garantizar que con él se cubran las necesidades básicas de una familia. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos, los hábitos, composición y costumbres de las familias, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.

...

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El monto del salario mínimo deberá ser suficiente para asegurar la satisfacción de las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar, al menos, que el ingreso del trabajador cubra el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica, cuyo valor será determinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y garanticen el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores que le permitan, al menos, cubrir las necesidades alimentarias y de servicios básicos de sus familias.

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán, cuando menos cada 6 meses, por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual, deberá basarse en la información que estime el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialy podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

La Comisión Nacional garantizará que el salario mínimo sea suficiente, conforme a lo establecido en los artículos 85 y 90 de la presente ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 85, el segundo y tercer párrafos del artículo 90, y el artículo 94; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 94, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 85. El salario debe ser remunerador, nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley y deberá garantizar que con él se cubran las necesidades básicas de una familia. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos, los hábitos, composición y costumbres de las familias, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.

...

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El monto del salario mínimo deberá ser suficiente para asegurar la satisfacción de las necesidades normales de unafamilia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar, al menos, que el ingreso del trabajador cubra el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica, cuyo valor será determinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y garanticen el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores que le permitan, al menos, cubrir las necesidades alimentarias y de servicios básicos de sus familias.

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán, cuando menos cada 6 meses, por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual, deberá basarse en la información que estime el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

La Comisión Nacional garantizará que el salario mínimo sea suficiente, conforme a lo establecido en los artículos 85 y 90 de la presente ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, para realizar los ajustes al monto del salario mínimo, en un término inferior a un año.

Tercero. El incremento al salario mínimo será gradual. El costo inicial de la canasta básica alimentaria y de servicios básicos a que refiere el presente decreto, será el mismo que el costo de la Línea de Bienestar para zonas urbanas, de conformidad con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al momento de la actualización del salario mínimo que se haga conforme a los criterios del presente decreto.

Dicho monto, se ajustará de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) calculado por el Inegi y los indicadores que defina el Coneval.

Cuarto. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos garantizará que el salario mínimo se actualice progresivamente hasta cubrir el costo de la Línea de Bienestar para una familia típica, en cuanto a integrantes que la componen, en un plazo no mayor a 8 años.

Para tal efecto, se tomarán en cuenta la evolución del costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos para una familia típica, los hábitos, composición y costumbres de las familias, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas, de conformidad con la información que para tal efecto proporcionen el Coneval e Inegi y los que se estimen necesarios.

Notas

1 De acuerdo con el Glosario de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Línea de Bienestar equivale al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informede Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informede Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estadísticas a Propósito de Día Internacional del Trabajo.

5 Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía. Boletín UNAM-DGCS-016. Ciudad Universitaria. 12 de enero de 2018

6 Para efectos de su análisis, los investigadores de la UNAM detallan que la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR), está conformada por 40 alimentos –para una familia de cuatro personas: dos adultos, un joven y un niño.

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estadísticas a propósito del día mundial de la Justicia Social.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/justicia2017_Nal.pdf

8 Organización Internacional del Trabajo (OIT). C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ INSTRUMENT_ID:312276

9 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Boletín de Prensa.

https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo-salario-minimo-general-88-36- pesos-diarios?idiom=es

10 En la siguiente página se pueden consultar las actualizaciones mensuales de la Línea de Bienestar.

http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/ wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0

11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estadísticas a Propósito del Día Nacional de la Familia Mexicana 2017.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf

12 Periódico El Heraldo.

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/lamenta-coparmex-interrupcion-en- la-evolucion-salarial-a-la-linea-de-bienestar/

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Lorenia Iveth Valles Sampedro, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Carlos Alberto Valenzuela González, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Elba Lorena Torres Díaz, Hildelisa González Morales, Jorge Luis Montes Nieves, José Luis García Duque, María Guillermina Alvarado Moreno, María Marivel Solís Barrera, Sandra Simey Olvera Bautista, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Transparencia y Acceso de la Información Pública, a cargo de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ana Paola López Birlain, diputada de la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad de que otorga los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de establecer el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, al tenor de la siguiente:

En México, 53.4 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza y 9.4 millones en pobreza extrema, millones de familias no tienen acceso a una educación de calidad, demandan servicios de salud, no gozan de una adecuada alimentación y no disfrutan de una vivienda digna., de acuerdo con el Coneval en su más reciente Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

En este contexto, los programas sociales se convierten en herramientas indispensables si queremos una sociedad más democrática, con igualdad de oportunidades para todos. Resulta entonces inadmisible la falta de transparencia en las dependencias gubernamentales encargadas de la operación de los programas sociales. Desafortunadamente en México aún existe una larga tradición de manejo opaco, muchas veces con fines político y partidista de los programas sociales en diversos estados de la República.

En nuestro país todavía tenemos graves deficiencias en la institucionalidad de los programas sociales, pues no existen reglas claras y transparentes sobre la operación y el uso de los recursos, lo que permite que se usen discrecionalmente y con fines político electorales, pues sabemos bien que se condiciona la entrega de los apoyos según las simpatías políticas.

En los últimos años lo que ha privado, tanto a nivel federal como local, ha sido un uso electoral de los programas sociales en con el afán de captar el mayor número de votantes posibles en los procesos electorales. La opacidad con la que trabajan el gobierno federal y los estatales, demuestran que no existen controles suficientes ni información que permita un adecuado ejercicio y control del gasto estatal. Los recursos del programa sociales tienen un gran riesgo de manipulación política. Los gobiernos en turno actúan por encima de la ley, la opacidad es la regla, la corrupción es inherente a su actuar.

De este modo, ha sido una preocupación recurrente de especialistas, académicos y diversas organizaciones (Transparencia Mexicana, IMCO, INCIDE, México Evalúa, PNUD, Acción Ciudadana frente a la pobreza, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) de establecer en la Ley General de Desarrollo Social la obligación de que los programas de los tres órdenes de gobierno se integren en un padrón único de beneficiarios.

Diversas iniciativas de esta naturaleza han sido presentadas por distintos grupos parlamentarios, en la LXIII Legislatura el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó iniciativas en este sentido a cargo de los diputados María del Rosario Rodríguez y Enrique Cambranis; este es un tema que debe ser discutido de manera urgente si queremos superar el clientelismo y el uso electoral de los programas sociales, el primer paso es generar información transparente del destino de los recursos de los programas y contar con un padrón único, nacional de beneficiarios.

De este modo, el objetivo de esta iniciativa es crear el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para fortalecer la transparencia de la información acerca de los recursos que reciben los beneficiarios y los programas sociales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. Con esta finalidad, se hace una propuesta legislativa que permite una más equitativa y eficiente operación en los programas sociales manejados por los tres niveles de gobierno, sistematizando la lista de beneficiarios y de los programas vigentes en los tres niveles de gobierno.

El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) será una herramienta de gestión social que contenga información estructurada, sistematizada y normalizada, que permite identificar, conocer y segmentar las características socio-económicas de personas, familias u hogares y del entorno de los participantes de programas sociales que opera el gobierno. Es un sistema de información que está conformado por un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, almacenar, procesar y distribuir información para apoyar los procesos de toma de decisiones en el ámbito social.

De tal forma que se proporcione a los diferentes actores del sector social, información oportuna para la toma de decisiones que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de la población mexicana, se requiere la necesidad de desarrollar y fortalecer un Padrón Único de Beneficiarios (PUB).

Ciertamente, existe el SIIPP-G (Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales) que tiene un alcance muy limitado, es únicamente una herramienta informática que permite integrar los padrones de los programas de la administración pública federal, el SIIPP-G solamente cuenta con información de 79 programas federales, cuando de acuerdo con el Coneval existen 6 mil 489 programas y acciones sociales. En este sentido, no se puede argumentar que la mera existencia del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales es suficiente.

Uno de los retos más importantes de la política social de nuestro país es la falta de coordinación intergubernamental y la consecuente duplicidad de programas. Existen 150 programas y acciones federales relacionados con derechos sociales, mientras que en el ámbito estatal se cuenta con 2 mil 528 programas y a nivel municipal con 3 mil 811 sumando en total 6 mil 489 programas sociales en todo el país que mencionamos anteriormente. Lamentablemente, no se cuenta con información oportuna sobre los beneficiarios de dichos programas lo que redunda en una ausencia de articulación interinstitucional que afecta el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social.

Además, actualmente no existe un registro que incluya aquellos de los gobiernos estatales y municipales. La propuesta resulta relevante ya que sólo el 64 por ciento de los programas sociales vigentes de las entidades federativas cuentan con un padrón de beneficiarios y únicamente el 55 por ciento de los programas sociales en el ámbito local reportaron hacer públicos los padrones de beneficiarios, lo cual es preocupante en tanto que es precisamente en el ámbito local donde existe un mayor riesgo de utilizar los programas sociales con fines político-electorales debido a la debilidad institucional respecto de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En diversos documentos el Coneval ha expresado que esta dispersión y proliferación de programas es una debilidad de la política social, reduce los impactos, incrementa el gasto burocrático e impide lograr una cobertura completa de la población potencial y la población objetivo de cada programa.

Además genera duplicidades y amplios márgenes de discrecionalidad en la asignación de subsidios y apoyos. Diversas organizaciones civiles han también presentado propuestas para mejorar los resultados de los programas sociales. En particular, GESOC ha generado un Índice del Desempeño de los Programas Sociales (INDEP) con base en los resultados de las evaluaciones oficiales de cada programa, con los lineamientos del Coneval.

Con el fin de que los beneficiarios y las instituciones encargadas del desarrollo social tengan un conocimiento transparente de los beneficiarios y de los programas sociales a nivel nacional, se requiere una normatividad expresa que obligue a los estados a elaborar los padrones y a hacerlos públicos en los mismos términos en que están los federales, particularmente de aquellos programas que se aplican con recursos del gobierno federal. De ahí que sea necesaria la elaboración de un sólo registro de beneficiarios y programas de desarrollo social que incluya a los federales, estatales y municipales.

De esta forma, se presentan propuestas específicas para enfrentar la dispersión, la discrecionalidad, y los riesgos de clientelismo y uso electoral de los programas sociales: el padrón único de beneficiarios y la obligación de transparentar los recursos, acciones y resultados de los programas sociales en formato de datos abiertos.

Se establece en los artículos 10, 27 Bis y 27 Ter de la LGDS que la Secretaría de Desarrollo Social integrará un Padrón Único de Beneficiarios que será requisito obligatorio para ingresar a los programas sociales y reciban los subsidios correspondientes y esto mismo se incluye en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De tal modo que únicamente las personas que realmente necesiten el apoyo y prestaciones gubernamentales (transferencias monetarias, becas, ayuda alimentaria, subsidios de vivienda, acceso gratuito a servicios de salud entre otros) y cumplan con los criterios de selección sean los que efectivamente los reciban, no debe existir espacio para el ejercicio discrecional y clientelar de los recursos públicos, especialmente si estos están destinados a la población más pobre del país. En el artículo 27 Quáter, se establece que para que las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán presentar en formato de datos abiertos la información sobre ejecución y asignación de recursos, padrón de beneficiarios reglas de operación y en general la información administrativa y estadística que permita conocer el destino de los recursos de los programas y sus resultados.

También se considera la reforma al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de establecer normas mínimas con respecto a la calidad y la consistencia de la información gubernamental en materia de padrones de beneficiarios ya que no existe un marco homogéneo entre las dependencias y entidades para la integración de padrones.

Se han documentado un gran número de casos sobre el uso discrecional que hacen de los programas sociales en las delegaciones federales de las dependencias, es muy común escuchar sobre la entrega de recursos monetarios o en especie que se hacen a personas que no lo requieren y que muchas de ellas ni si quiera se encuentran como beneficiarios de algún programa social, o si lo son, son registrados sin cumplir los requisitos que exigen las reglas de operación.

Este tema es muy importante y no debe ser desestimado, numerosos especialistas, ONG, académicos han mencionado que se debe legislar en este sentido para evitar el uso discrecional de los recursos destinados al gasto social. Mencionan que se deben promover reformas a la Ley General de Desarrollo Social para establecer el padrón único como la vía obligatoria de asignación de subsidios y transferencias a hogares y personas, así como los criterios para garantizar el acceso efectivo, la transparencia y mecanismos de vigilancia ciudadana.

Con un Padrón Único de Beneficiarios se estará contribuyendo para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia, que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno; garantizando a la sociedad un manejo más eficaz de los recursos destinados a la superación de la pobreza; evitando duplicidades en la entrega de apoyos y permitiendo la aplicación de esquemas más integrales para trabajar a nivel territorial.

Por anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de establecer el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo Primero. Se reforman: la fracción X del artículo 5, la fracción VI del artículo 10; se adicionan los artículos 27 Bis, 27 Ter y 27 Quáter, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a IX....

X. Padrón Único de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas de desarrollo social federales, estatales y municipales, que contendrá, entre otros, el perfil socioeconómico de los mismos.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a V. ...

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; la adscripción al Padrón Único de Beneficiarios será requisito indispensable para ser beneficiario de los subsidios y prestaciones de los programas de desarrollo social.

Artículo 27 Bis. La Secretaría de Desarrollo Social integrará el Padrón Único de Beneficiarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social. El Padrón Único será la vía obligatoria para asignar programas de transferencias en efectivo, en especie y subsidios a los hogares y personas en condición de pobreza, vulnerabilidad o rezago social, por parte del gobierno federal.

Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas de desarrollo social deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública una relación de los programas a su cargo; dicha dependencia deberá integrar el inventario nacional de programas sociales, el cual deberá señalar para cada programa el tipo de beneficiarios, las zonas geográficas atendidas, normatividad aplicable o cualquier otro criterio que permita una mayor transparencia en la operación de los programas y fortalezca la coordinación y el intercambio de información sobre los beneficiarios. Todos los programas implementados deberán figurar en el inventario y solo se permitirá la incorporación de beneficiarios en los programas registrados en el inventario.

Artículo 27 Ter. La Secretaría de Desarrollo Social establecerá convenios con las entidades federativas y los municipios para que todos los programas sociales que otorgan subsidios a hogares y personas, se asignen con base en la información del Padrón Único de Beneficiarios, a fin de evitar duplicidades y ampliar las coberturas al conjunto de la población objetivo.

Artículo 27 Quáter. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas de desarrollo social deberán presentar, en formato de datos abiertos, la información sobre ejecución y asignación de recursos, padrón de beneficiarios, resultados, indicadores, reglas de operación y en general la información administrativa y estadística que permita conocer el destino de los recursos de los programas y sus resultados.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XI al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue.

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:

I. a VIII. ...

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden;

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos, y

XI. Verificar la adscripción al Padrón Único de Beneficiarios, el cual será requisito indispensable para el otorgamiento de cualquier subsidio en el ámbito de los programas para el desarrollo social.

...

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el inciso q) de la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue.

Artículo 70. En la Ley Federal y de las entidades federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. a XIV. ...

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) a p) ...

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, información socioeconómica básica, nombre del programa el monto, ramo administrativo del programa, monto del recurso, beneficio o apoyo otorgado, los criterios para otorgarlos, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

Los sujetos obligados que tengan a su cargo programas de desarrollo social deberán integrar, sistematizar y enviar la información de los beneficiarios a las autoridades competentes a fin de constituir un Padrón Único, de cobertura nacional y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social.

Toda la información concerniente al Padrón Único de Beneficiarios se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información. Los sujetos obligados deben publicar en sus páginas de internet los respectivos padrones de beneficiarios de los programas sociales que operan en cada ejercicio fiscal.

XVI. a XLVIII. ...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Coneval. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf

2 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_ programas_y_acciones_sociales.aspx

3 IPRO. Informe de Resultados 2012. Transparencia Mexicana y PNUD México. Disponible en: www. programassociales.org.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputado: Ana Paola López Birlain,Elba Lorena Torres Díaz, José Luis García Duque, Lilia Villafuerte Zavala, María Marivel Solís Barrera (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes párrafos en ese mismo orden, al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el propósito de que “pague menos quien más trabaja y menos gana”.

Antecedentes

Al interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siempre ha existido una gran preocupación para beneficiar a los millones de trabajadores asalariados y hacer crecer sus percepciones económicas derivadas del trabajo realizado en horas extras, después de una jornada laboral de 8 horas, por lo que se advierte la necesidad de ajustar la fórmula que determina el impuesto sobre la renta a los trabajadores que se encuentren en estos supuestos, haciendo corresponder las ganancias económicas que reciban con el tiempo que invierten trabajando.

Al respecto, existen antecedentes en los que diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde la LXI Legislatura hasta la recién concluida LXIII, han presentado iniciativas que guardan concordancia entre sí para tratar de favorecer a este tipo de trabajadores a través de la reconfiguración de la referida carga tributaria. En ese sentido, las propuestas son las siguientes:

Durante la LXI Legislatura, el Diputado Leobardo Soto Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso reformar elartículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en aquella época, con la finalidad de eliminar el pago del impuesto sobre la renta del pago de tiempo extra que realicen los trabajadores, sin importar el salario base de cotización ni el número de horas acumuladas al final de la semana.

En la LXIII Legislatura, la Diputada Yahleel Abdala Carmona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso reformar la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la finalidad de eliminar el pago del impuesto sobre la renta sobre las remuneraciones que se obtengan por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, que perciban los trabajadores que tengan un ingreso de hasta 5 salarios mínimos generales diarios para una o varias áreas geográficas.

En la misma legislatura, la Diputada Martha Julissa Bojórquez Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que busca establecer la exención del 100 % de los ingresos que obtenga el trabajador por concepto de tiempo extraordinario, entre otros rubros.

Actualmente, la dinámica social en la que vivimos, exige que los trabajadores tengan que considerar trabajar horas extras para brindar un mejor nivel de vida a toda su familia y a sí mismo.

En ese sentido, la presente propuesta va enfocada a beneficiar a los trabajadores asalariados, con la finalidad de que tengan las condiciones legales necesarias para elevar su línea de bienestar mínimo, ya que actualmente el número de trabajadores que necesitan laborar tiempo extraordinario es cada vez mayor, incluso más allá del tope de las 9 horas impuesto en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, permitiéndoles alcanzar mayores percepciones económicas a las que regularmente tendrían únicamente con la jornada laboral de 8 horas.

Según datos arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), actualmente se necesitan alrededor de 12 mil pesos mensuales para poder sostener a una familia promedio de 4 miembros en un entorno urbano, y de 7 mil 675 pesos en el caso de una familia del campo.

Los trabajadores asalariados que se encuentran en esos rangos de salario o dentro de los cinco superiores establecidos en la tabla contenida en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegan a trabajar jornadas hasta de 16 horas diarias, con una carga fiscal que resulta desproporcionada, pues el impuesto sobre la renta se retiene a partir del total de ingresos obtenidos al mes, de manera que si un trabajador formal con un salario por debajo de la línea de bienestar mínimo supera su límite superior (establecido en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), a base de horas extras, le serán aplicados tanto la cuota fija como el porcentaje por excedente del rango superior al de su nivel salarial fijo.

Quitar esta carga resultaría para ellos uno de los apoyos más efectivos que pudieran recibir.

Se propone que a todos los trabajadores cuyos salarios sean menores a 10 mil pesos, divididos en cinco niveles por el referido tabulador salarial del segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no les sea incrementada la retención al nivel o niveles superiores cuando obtengan más ingresos a partir de trabajar jornadas exhaustivas fuera de su horario fijo de trabajo, lo que propiciara el crecimiento de su economía e impulso de su desarrollo personal y de su familia.

Estos trabajadores son el segmento de los que trabajan más y menos ganan, no por una cuestión de las características de su trabajo o la falta de requisitos de especialización del mismo, sino porque se les impone una carga tributaria desproporcionada, motivo por el que la Ley del Impuesto sobre la Renta debe ajustarse para que dichos trabajadores tengan remuneraciones que correspondan al tiempo que invierten a su trabajo y de esa manera, puedan ejercer su derecho al mínimo vital e incrementarlo a través de una remuneración efectiva y dignas, en términos de las siguientes tesis aisladas que se transcriben a la presente propuesta:

Época: Décima Época

Registro: 2011316

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 28, marzo de 2016, Tomo II

Materia(s): Constitucional

Tesis: I.9o.A.1 CS (10a.)

Página: 1738

Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral 1); de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social (artículo 23, numeral 3). En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11, numeral 1); además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [artículo 7, inciso a), subinciso ii)]. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional estableció, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, de rubro: “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano.”, que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: I. Deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas; III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas.

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 261/2015. Astro Gas, S.A. de C.V. 13 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo.

Época: Décima Época

Registro: 2002743

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: I.4o.A.12 K (10a.)

Página: 1345

Derecho al mínimo vital. Concepto, alcances e interpretación por el juzgador. En el orden constitucional mexicano, el derecho al “mínimo vital” o “mínimo existencial”, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123;aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: “la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión.”. Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Esta iniciativa con proyecto de decreto, guarda un espíritu de carácter social que propicia la construcción de los escenarios económicos más favorables a los trabajadores asalariados y a sus familias, impulsando su desarrollo con medidas económicas y fiscales adecuadas.

Es, pues, con el propósito de darles un apoyo económico eficaz y quitarles una carga que no es equitativa a los trabajadores que se encuentren en el rango referido, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes párrafos en ese mismo orden, al artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

“Artículo 96. ...Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

...La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

Tratándose de los cinco rangos inferiores de ingresos establecidos en la tabla de tarifa mensual contenida en este artículo, las retenciones fijadas se mantendrán, aunque se rebase el límite superior, cuando esto se produzca debido al pago de horas extras, sin perjuicio de lo establecido para el tiempo extraordinario en la fracción I del artículo 93 de la presente ley.

...Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario.

...Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

...Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo.

...Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo.

...Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.

...Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.”

Único. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Fernando Donato de las Fuentes Hernández,Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Herrera Medina, Carlos Pavón Campos, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Pastor Badilla, Elba Lorena Torres Díaz, Enrique Ochoa Reza, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Frinne Azuara Yarzabal, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Ivonne Liliana Álvarez García, Jesús Sergio Alcántara Núñez, José Luis García Duque, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Fernando Salazar Fernández, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Elisa González Estrada, Martha Hortensia Garay Cadena, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Oscar Bautista Villegas, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sergio Fernando Ascenci Barba, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de asociaciones religiosas como donatarias autorizadas, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, al tenor de la siguiente

Si se hace una revisión meticulosa de la historia del país, es posible encontrar los que parecen ser los primeros antecedentes de la beneficencia en México. Se tiene que al término de la conquista de Tenochtitlán en 1521, los indígenas fueron tratados de manera brutal por los conquistadores, ante lo cual surgieron personas e instituciones dispuestas a protegerlos. Este apoyo solidario en los inicios de la Nueva España (llamado entonces “ejercicio de la caridad cristiana”), tiene como ejemplos los hospitales, que no sólo servían para atender a los enfermos, sino también como hospedaje y centros de enseñanza.

Las instituciones hospitalarias constaban de un conjunto de edificios, en los cuales se tenía colegio, enfermería, casa de cuna, residencia para los habitantes del poblado e iglesia. Estas instituciones eran administradas por las órdenes religiosas, principalmente por parte de los franciscanos, agustinos y dominicos.

Por las tareas de evangelización e instrucción de los indígenas, se considera que los hospitales y los conventos fueron los primeros centros en los que se ejercía la acción solidaria.

Así, las principales instituciones del sistema de apoyo solidario de la época colonial (sobre todo durante los siglos XVI y XVII) fueron los hospitales, las escuelas y las cofradías.

Durante las primeras décadas de la vida independiente del país, la Iglesia católica fue la institución encargada de desempeñar las funciones asistenciales. Posteriormente a las Leyes de Reforma, el gobierno liberal tomó una parte de las instituciones de beneficencia en sus manos y creó la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública, pero su acción se vio muy limitada.

Algunas de las instituciones de beneficencia permanecieron bajo el dominio de la Iglesia y así surgió la división entre la beneficencia pública y la privada. Como consecuencia de las Leyes de Reforma y de la lucha ideológica entre la Iglesia y el Estado, el sector de ayuda social durante las primeras décadas de la vida independiente de México sufrió un importante colapso, ya que el gobierno no contaba con la capacidad para atender a este sector, y la Iglesia por la desamortización de sus bienes, junto con la orden de que tenía prohibido participar en dicho sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para hacerlo.

A partir de entonces, el Estado mexicano se hizo cargo de la beneficencia y asistencia social en el país, no obstante las agrupaciones religiosas de las distintas confesiones no han dejado de desempeñar labores asistenciales, educativas y culturales entre otras.

II. Consideraciones

De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual tiene como principal finalidad generar información estadística respecto de las condiciones de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia social.

En particular sobre los servicios que reciben los beneficiarios y sobre las características sociodemográficas de éstos y los trabajadores. Se puede constatar que 29 por ciento de los alojamientos de asistencia social es sostenido por agrupaciones religiosas.

A pesar de que es evidente que múltiples agrupaciones y asociaciones religiosas realizan actividades asistenciales de todo tipo, no son consideradas para recibir donativos deducibles, como si sucede con las asociaciones civiles, situación que las pone en desventaja para realizar este tipo de actividades.

Para recibir donativos deducibles, una organización o asociación civil, debe verificar que su objeto social se ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas, así como cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia. Para tal efecto, se considera como objeto social el fin o actividad preponderante que va a llevar a cabo, el cual debe señalarse en el acta constitutiva y estatutos sociales.

Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles son: Asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, de preservación de especies en peligro de extinción, becantes, de obras o servicios públicos, de desarrollo social, de apoyo económico, museos y bibliotecas privadas y escuelas-empresas.

Como se ha mencionado, las agrupaciones y asociaciones religiosas realizan varias de estas actividades, principalmente asistenciales, educativas y culturales.

Ahora bien, las asociaciones civiles que realizan cualquiera de las actividades antes mencionadas y son sujetas a donativos, tienen diversas ventajas fiscales como son

Tributar para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.)

Puede recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero, debiendo expedir los comprobantes respectivos. (Publicación en el anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal, DOF, y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, SAT).

De manera general no es contribuyente del ISR.

Con previa autorización del SAT puede aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivo, siempre que se ubiquen en los supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82, 83 y 84, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 36, segundo párrafo y 134 de su reglamento.

Con previa autorización, no paga impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, y que pasen a formar parte de su patrimonio, siempre que el donante sea residente en el extranjero.

Asimismo, las personas físicas pueden deducir los donativos no onerosos ni remunerativos que den a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, siempre y cuando el monto total de dichos donativos no exceda del 7 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, persona física, en el ejercicio anterior a aquel en el que se efectúe la deducción.

En el caso de donativos en especie, pueden deducir el importe que corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales.

III. Conclusiones

En consecuencia, si se considera como lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, solamente las actividades que realice una agrupación social para poder ser sujeta a recibir donativos deducibles, no existe ningún impedimento para que las asociaciones religiosas entren en este supuesto.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, es de suma importancia que las personas, organizaciones, agrupaciones o asociaciones, que tengan como objeto o fin principal el fomento de la asistencia social en cualquiera de sus vertientes, puedan ser retribuidas, auxiliadas o compensadas de igual forma por el gobierno de México, sin ningún tipo de sesgo discriminatorio, particularmente por pertenecer o adscribirse a una religión o confesión determinada.

Por tanto, se busca que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de brindar certeza jurídica a sus potenciales donantes, lo que propiciaría una mayor percepción de donativos para sus obras de asistencia social, con la posibilidad de aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos, siempre que se ubiquen en los supuestos que establece para el efecto la Ley del Impuesto sobre la Renta y también para poder recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero.

Por tal razón se propone modificar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir a las asociaciones religiosas entre las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de asociaciones religiosas como donatarias autorizadas

Único. Se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 82.Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XVI, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta ley deberán cumplir lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley.

I. a IX. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El Colegio de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2003, página 45.

2 Verduzco Igartúa, Gustavo. Obra citada, páginas 64-65.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Claudia Báez Ruiz,Adriana Paulina Teissier Zavala, Armando González Escoto, Carmen Mora García, Carolina García Aguilar, Edgar Guzmán Valdez, Lorena Elba Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Francisco Javier Saldívar Camacho, Héctor Joel Villegas González, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José de la Luz Sosa Salinas, José Luis García Duque, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Rosete Sánchez, Miguel Acundo González, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ricardo de la Peña Marshall (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mary Carmen Bernal Martínez y Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, Mary Carmen Bernal Martínez y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El informe presidencial conceptualizado por el maestro Elisur Artega Nava, como “una exposición que en forma escrita debe formular el presidente de la república y presentar anualmente al congreso de la unión, en la que manifieste el estado general que guarda la administración pública federal”, reviste gran importancia en la vida democrática del país, así como en el sistema de frenos y contrapesos en el que la división de poderes debe de ser estable, eficiente y responsable.

El informe presidencial tiene entre otros antecedentes históricos la Constitución Política de la Monarquía Española, o Constitución de Cádiz, de 1812, la cual disponía en los artículos 121 y 123:

Artículo 121. El rey asistirá por si? mismo a la apertura de las Cortes; y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Artículo 123. El rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente; y al que el presidente contestara? en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al presidente, para que por éste se lea en las Cortes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 consideraba en los artículos 67 y 68 lo siguiente:

Artículo 67. El Congreso general se reunirá todos los años el día primero de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

Artículo 68. A esta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a éste acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.

En el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 se establecía lo siguiente:

63. A la apertura de sesiones del congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del congreso contestará en términos generales.

De acuerdo con don Emilio Rabasa, durante los últimos años del “porfiriato”, el General Díaz, en razón de su edad, solamente daba lectura a su mensaje y el informe era leído por los secretarios del ramo.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 expresaba en el artículo 69 lo siguiente:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Desde 1917 y hasta 2008 se llevó a cabo la tradición de que en el informe presidencial se hiciera una exposición verbal (aunada a su presentación escrita), lo cual dio origen a lo que se conocía como el “día del presidente”, en el cual el titular del Poder Ejecutivo hacía un monólogo de hasta cinco horas, en las que se autoalababa con los “grandes logros” de su administración en el año inmediato anterior; ello, ante el debilitamiento del Poder Legislativo, cuya mayoría eran miembros del partido predominante, por lo cual jamás se oponían a la figura presidencial.

El 1 de septiembre de 1988, en el sexto Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el diputado Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente para manifestarse contra los comicios de ese año, lo cual desencadenó que en cada informe presidencial se sumaran más diputados o senadores de oposición a efecto de interrumpir el otrora sacramental discurso presidencial.

Por lo anterior, en 2008 se realizó la reforma de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual el presidente de la República ya no tenía la obligación de asistir ante el Congreso de la Unión, pero sí de remitir su informe por escrito; dicho artículo quedó de la manera siguiente:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Con la reforma señalada no se terminó con el “día del presidente”, ya que el Titular del Ejecutivo Federal sustituyó el informe verbal ante el Congreso de la Unión, por un mensaje televisado desde Palacio Nacional, con la comodidad de no ser interpelado o interrumpido y ante la complacencia de los invitados que en su mayoría son servidores públicos de la administración pública federal.

El informe presidencial reviste gran importancia en un sistema de pesos y contrapesos, donde se busca alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en las cuales se ha divido la acción gubernamental. Por tanto, la asistencia del presidente de la República ante el Congreso de la Unión es necesaria par afianzar las relaciones entre estos dos, aunado a que el Congreso es el representante del pueblo motivo por el cual se le debe dar a conocer el estado de la administración pública de México.

La asistencia del titular del Ejecutivo federal a rendir su informe ante el Congreso de la Unión, lo es con objeto de “mantener un vínculo de colaboración, respeto y control entre estos dos poderes (principio mecanicista de frenos y contrapesos), que a través del informe se entabla una comunicación entre dichos órganos con la finalidad de que el primero haga saber al segundo de manera detallada y pormenorizada la situación en que se encuentra la administración, las decisiones tomadas y sus motivos, los éxitos, logros, problemas, fracasos, necesidades e intenciones para mantener o modificar el rumbo de las políticas públicas a seguir; y que a su vez el segundo revise, analice, sugiera, recomiende y critique constructivamente el documento presentado, responsabilizándose en tomar las acciones que en derecho procedan”.

La presentación del informe presidencial se considera una forma de control parlamentario, y efectivamente, lo es aún en un sistema presidencial como el nuestro, ya que permite al órgano legislativo ejercer cierta fiscalización sobre las acciones del presidente y sus subordinados, y este escrutinio si bien no produce directamente consecuencias sobre su permanencia en el cargo o el fincamiento de una responsabilidad, sí lo expone políticamente a él, a su administración e incluso al partido al que pertenezca, ante la opinión pública y la ciudadanía, que en tiempos electorales le puede pasar la factura.

La incomparecencia del presidente de la República a presentar su informe ante el Congreso de la Unión ha distanciado a estos dos poderes, obstaculizando la colaboración entre ellos, aunado a que la responsabilidad del Ejecutivo se ha ido degradando respecto a las decisiones tomadas en su gestión del año inmediato anterior.

El informe presidencial no es sólo protocolo sino que reviste un acto de la vida democrática del país, en la cual el Poder Legislativo puede tener el conocimiento e interpelar respecto el estado general que guarda la administración pública, con lo cual se busca evitar los posibles excesos del presidente de la República.

El objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 69 de la Carta Magna, a fin de que el presidente de la República nuevamente asista ante el Congreso de la Unión, a presentar su informe de gobierno, dada su importancia en la vida democrática del país, sin embargo, también se pretende evitar los vicios de antaño, como los monólogos del presidente o las continuas interrupciones de los legisladores.

A efecto de evitar lo anterior se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de moderar la intervención del presidente en la presentación del informe, haciendo uso de la voz por un término de hasta 20 minutos, mientras que la respuesta del presidente del Congreso lo sería por espacio de hasta 10 minutos.

Con base en lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 69.En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso asistiráel presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

(...)

(...)

Segundo.Se adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 12. (...)

El presidente de la República presentará ante el Congreso de la Unión el informe del estado general que guarda la administración pública, haciendo uso de la voz hasta por 60 minutos, y el presidente de la Cámara de Diputados lo recibirá en términos generales, haciendo uso de la voz hasta por 15 minutos.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artega Nava, Elisur, Derecho constitucional, Oxford, México, 1999, página 302.

2 Gutiérrez Rosas, María de los Ángeles, Seminario de derecho constitucional y amparo, “Informe presidencial”, Universidad Nacional Autónoma de México, página 88.

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018.— Diputada y diputado: Mary Carmen Bernal Martínez,José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar, diputado a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con base en la siguiente

El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Esta reforma tuvo a bien facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización para el fin de ser utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en virtud de que se había venido utilizando el salario mínimo como referente para el pago de diversos ingresos del Estado.

Esta reforma estableció que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Actualmente tenemos casos de multas por infracciones cometidas a leyes y reglamentos, en donde que todavía se indica que el salario mínimo es la referencia para establecer los montos pecuniarios de las sanciones.

Así, la desvinculación del salario mínimo como unidad o base para el cálculo de multas obedece al mandato dado por el poder revisor de la Constitución para adecuar las leyes que aún mantienen en sus textos la cuantía basada en salario mínimo.

Si bien en el decreto se estableció en el artículo tercero transitorio que a la fecha de entrada en vigor, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, y de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización, en el cuarto transitorio se indicó que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio referido anteriormente, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización.

Por otro lado, el 26 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-012-SCT-2-2017, “sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”, la cual ha tenido como objetivo fortalecer el marco jurídico para evitar los accidentes vehiculares en las autopistas y carreteras. Esta norma oficial, surgió como un legítimo reclamo de la sociedad civil para que la autoridad atendiera la problemática de la alta incidencia de accidentes suscitados en los que se veían involucrados los vehículos de doble remolque.

Ahora bien, con la entrada en vigor de este ordenamiento, las sanciones por infringir los supuestos jurídicos que prescribe se remiten a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de entre las que tienen el carácter pecuniario se establecen en salarios mínimos. Es por lo anterior que en esta ocasión se presenta esta iniciativa para modificar la ley mencionada a fin que se adecúe al mandato de desindexar el salario mínimo como unidad, base, referencia para determinar las sanciones, tal y como lo establece el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional del 27 de enero de 2016.

Se considera oportuno realizar las modificaciones a fin de evitar cualquier tipo de confusión que se pudiera dar en torno a la interpretación de la Ley de Caminos y Puentes Federales y si partimos de teorías modernas del derecho, como el caso de la acción comunicativa, así como los principios de máxima publicidad de la ley, de completitud y coherencia el ciudadano podrá contar con mayor certeza a la hora de conocer la norma, siendo por esta razón que el poder revisor constituyente no eximio al legislador de hacer su labor para adecuar las leyes.

Por lo anterior se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción quinta del artículo 66, las fracciones I a V y el tercer párrafo del artículo 74, y las fracciones I a III del artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforman la fracción quinta del artículo 66, las fracciones I a V y el tercer párrafo del artículo 74, y las fracciones I a III del artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 66.Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos:

I. a IV. ...

V.Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 unidades de medida y actualización salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso.

Artículo 74.Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la presente ley, las infracciones de lo dispuesto en la misma serán sancionadas por la secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización;

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización;

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización;

IV. Incumplir cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientas unidades de medida y actualización; y

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil unidades de medida y actualización.

En caso de reincidencia, la secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta ley.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por unidad de medida y actualización, como la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia vigente para determinar el monto de la multa al momento de cometerse la infracción.

Los ingresos derivados por concepto de multas que se impongan en términos del presente artículo, se destinarán a la secretaría para cubrir gastos de operación e inversión en tecnología y programas vinculados al autotransporte.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I.Por infracciones de la presente ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientas unidades de medida y actualización; y

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta unidades de medida y actualización.

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción;

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas unidades de medida y actualización.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Juan Carlos Villarreal Salazar,Alberto Esquer Gutiérrez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, José Luis García Duque, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lorena Elba Torres Díaz, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya, Nohemí Alemán Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que abroga la Ley de Seguridad Interior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Planteamiento del problema

El 21 de diciembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior (LSI). Dicho decreto fue antecedido en su discusión en las Cámaras del Congreso de la Unión por cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos debido al papel preponderante que se les atribuye a las Fuerzas Armadas para auxiliar a las autoridades civiles en las tareas de seguridad pública. De nada sirvieron los llamados y observaciones el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250,500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo.

La LSI fue controvertida por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de enero de 2018, contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.

En su acción de inconstitucionalidad la CNDH hace valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas; así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de éstos se hacen a nivel constitucional.

De acuerdo al ombudsman la LSI posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.

Si bien uno de los argumentos básicos que se utilizaron para apoyar la LSI es el que da certeza a la población y a los miembros de las fuerzas armadas, sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública, lo cierto es que, la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas, lo más preocupante es que la autoridad civil termine sucumbiendo a las acciones militares sin ningún tipo de controles democráticos, de ahí la importancia para las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática que proponemos que esta norma sea expulsada de nuestro marco jurídico mediante su respectiva abrogación.

Argumentos que la sustentan

A doce años que se tomó la decisión de enfrentar con el Ejército el narcotráfico, el país es hoy más violento e inseguro que hace una década, por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad pública presenta severos cuestionamientos.

Uno de ellos es la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en operativos de seguridad pública, Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son algunos de los casos más representativos que incentivaron graves violaciones y la indebida extensión del fuero militar.

Esta ley normaliza la actividad militar en tareas de seguridad pública. Su utilización en tales tareas en el combate a grupos criminales ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos acreditados de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en contra de la población civil.

La LSI debe abrogarse también, por que se trata de una norma absolutamente inconstitucional, ya que la misma fue controvertida por un grupo de Senadores por las siguientes razones:

1. Viola al artículo 73 constitucional, ya que dicho artículo no establece la competencia expresa del Congreso de la Unión para expedir una ley de estas características. La seguridad interior en México, desde una interpretación conforme está vinculada a la suspensión de garantías –artículo 29 de la Constitución– y a la intervención federal prevista en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución, así como a los mecanismos de desaparición de poderes y resolución de conflictos políticos entre las entidades federativas –artículo 76 fracciones V y VI de la Constitución–. La seguridad interior no es seguridad pública ni seguridad nacional. Es una categoría diversa.

2. Violenta los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una república, representativa, democrática, federal y laica. No puede, por tanto, establecerse un régimen militar de excepción como forma de gobierno o de Estado sin que se cumplan los extremos de los artículos 29,119, 76 fracciones V y VI constitucionales. El militarismo bajo la égida de uno de los poderes –el ejecutivo- es coincidente con el autoritarismo, pero no con la democracia ni con la república, además de infringirse el principio de división de poderes.

3. Viola el artículo 29 de la Constitución. Las condiciones jurídicas y políticas de excepción en el país o en alguna parte de su territorio, constitucionalmente sólo pueden darse a través del procedimiento de suspensión de derechos y garantías. No puede establecerse un régimen de excepción, transitorio o permanente, para emplear las fuerzas armadas y preservar el orden, o enfrentar riesgos y amenazas internos, bajo procedimientos legales que no se fundamentan en la Constitución como es el objetivo de la LSI.

4. Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer párrafo. La intervención federal que contempla ese precepto es a petición de las legislaturas o por el Ejecutivo de cada entidad, si aquéllas no estuviesen reunidas. Jamás la intervención federal del artículo 119 constitucional le da facultades al titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé esa norma –artículo 11 segundo párrafo de la Ley de Seguridad Interior-.

5. Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para expedir leyes en materia de seguridad interior, por lo que, atendiendo a las competencias de los Estados, éstos podrían en ejercicio de la competencia residual ocuparse de su seguridad interior, en los términos y condiciones que establezcan. Desde luego sin militarizar a las entidades federativas.

6. Se viola el artículo 129 de la Constitución. La norma indica que tiempo de paz el lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles. Por lo que, las fuerzas armadas no pueden ocuparse de la seguridad interior, salvo supuestos constitucionales específicos y excepcionales –artículos 29, 76 fracciones V y VI, 119 de la Constitución. Su espacio es el de los cuarteles y fortalezas militares y su función la disciplina estrictamente militar.

7. Se viola el artículo 21 de la Constitución. Aunque la ley señala que las acciones de seguridad interior no tendrán la condición de seguridad pública –artículo 18, segundo párrafo-, lo cierto es que la actuación de las fuerzas armadas no tendrá otro propósito que ese –combatir el crimen organizado, según el artículo quinto transitorio de la ley-. El artículo 21 constitucional con claridad meridiana estatuye que la seguridad pública es una competencia de carácter civil.

8. Se violan los artículos 1, 10, 11, 14 y 16 de la Constitución. La ley propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de “protección” a la seguridad interior y con las acciones permanentes para prevenir los riesgos, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posesiones o papeles si no es a través de mandamientos de las autoridades competentes.

9. Se viola el artículo 89 fracción VI de la Constitución. Una correcta interpretación del artículo 89 fracción VI, que dota al Ejecutivo de competencias para emplear las fuerzas armadas para la seguridad interior, sólo es compatible con lo dispuesto en los artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI de la Constitución. No se puede interpretar de otra forma el artículo 89 fracción VI porque ello equivaldría a vulnerar el principio de división de poderes, el principio de control de los actos del ejecutivo, la soberanía de los Estados y el principio de municipio libre –unas fuerzas armadas en el territorio nacional que obvian y menosprecian los controles constitucionales de los poderes legislativo y judicial, y la soberanía estatal y municipal-. Solo de manera excepcional, y en el marco de los artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI constitucionales, sería permisible el empleo de las fuerzas armadas para la seguridad interior. El argumento analógico debe ser empleado aquí: si para declarar la guerra el presidente debe contar con la autorización del Congreso –artículos 73 fracción XII y 89 fracción VIII- también para emplear las fuerzas armadas con fines de seguridad interior, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 129, 49, 21, 29, 119, 76 fracciones V y VI de la Constitución- requiere del concurso de los otros poderes de la Unión.

10. Se violan los artículos 49, 115, 116 y 124 de la Constitución. El empleo amplio de las fuerzas armadas por todo el territorio nacional, de manera permanente e impuesta por las autoridades federales del poder ejecutivo, constituye una transgresión del principio de división de poderes, por la ausencia de mecanismos de control legislativos y jurisdiccionales no previstos en la ley –además de violarse el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque los ciudadanos carecen de un recurso efectivo para oponerse a esas decisiones-, y un enorme menoscabo a la soberanía de los estados y a la libertad de los municipios –artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior.

11. Se viola el principio de certeza jurídica. Las definiciones de Seguridad Interior son vagas y abiertas y cualquier problema de la vida nacional puede ser caracterizado como de seguridad interior y sujeto a la aplicación de la ley. Caben tanto los supuestos de seguridad nacional como los supuestos de seguridad pública.

12. Se corre el riesgo de reprimir el derecho a la manifestación ya que el artículo 8 de la Ley de Seguridad LSI establece que las manifestaciones no se considerarán amenazas a la seguridad interior si se realizan conforme a la Constitución. El problema jurídico consistirá en que la autoridad competente –El Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación- definirán qué es lo que se entiende por manifestaciones conformes o no conformes a la Constitución, sin posibilidad que esa interpretación sea susceptible de control legislativo, judicial, y constitucional.

13. Se viola el artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad. Lo anterior porque el artículo 9 del de la Ley de Seguridad Interior considera que la información de seguridad interior al ser de seguridad nacional será considerada reservada. Es decir, no existen garantías de transparencia ni de acceso a la información en la materia.

14. Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos que han señalado los riesgos de la militarización para los derechos humanos, y el empleo de las fuerzas armadas de manera excepcional, en auxilio a las autoridades civiles y subordinadas siempre a las autoridades civiles.

15. La ley sirve para perpetuar un modelo que en doce años de aplicación de facto ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia del país, y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, etcétera.

Para nuestro grupo parlamentario, lo antes expuesto debe valorarse para expedir una legislación diferente que permita regular el uso de la fuerza, coordinar las tareas de inteligencia e investigación, obligar a la transparencia y dotar de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas.

En este tenor, es importante tomar en consideración, el reconocimiento de la dimensión internacional de los derechos humanos y el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y debatir entre todos un modelo de seguridad humana, que combata los altos índices de criminalidad, pero también de corrupción e impunidad en el que nos encontramos inmersos.

En mérito de los expuesto se somete a La consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017

Artículo Único. Se abroga la Ley de Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.—Diputadas y diputado: Claudia Reyes Montiel,José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos por el IMSS y el ISSSTE, al tenor de la siguiente

Una de las transformaciones que ha modificado de manera profunda la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la administración pública, tanto en la teoría como en la práctica.

Lo anterior se deriva de la evolución de los sistemas democráticos occidentales cuyas obligaciones con la ciudadanía encuentran una salida en la relación entre administración de recursos y el ejercicio de la política, señalándose ambos elementos como necesarios para el surgimiento de planes y acciones gubernamentales.

El poder político influye de manera directa en las decisiones de gobierno, pero no de manera preponderante, dado que se deben considerar factores administrativos (sobre todo en cuanto a los recursos disponibles y la necesidad constante de fortalecer las arcas públicas a través de la tributación obligatoria) y los mecanismos para acceder a ellos (leyes y reglamentos aplicables al acceso y uso de los recursos públicos).

Al pensar en esta relación entre política y administración pública, se puede reconocer un sistema complejo de actores que interactúan entre sí y en donde se involucran normas y valores que no necesariamente se encuentran en armonía, puesto que el ámbito social implica una ambigüedad de origen en dicha relación derivada de las constantes modificaciones del espacio público, el crecimiento en las demandas de la sociedad y la limitación de los recursos públicos.

En un intento por resolver el desequilibrio existente entre recursos y necesidades, se originó el concepto conocido como nueva administración pública, la cual surge en los países que adoptaron la democracia occidental cuyos gobiernos cuentan con la característica de operar bajo un sistema político-administrativo cuyo diseño requiere el surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública.

Dichas instituciones se comportan de acuerdo con diversos intereses y normas; o, en una revisión más extensa, se rigen por una serie de “códigos de conducta profesional, procesos adecuados y un gobierno basado en reglas, responsabilidad democrática, ética del servicio público y participación de los grupos afectados” (Christensen, 2001).

Esta nueva concepción de lo que debe ser la administración pública implica la apertura del complicado entramado que se genera en el proceso de toma de decisiones, puesto que en la práctica hasta hace poco tiempo en México se consideraba un ámbito exclusivo de la clase gobernante, excluyendo a las voces de la sociedad civil.

El país cuenta con un sistema institucional federal integrado por 18 secretarías encabezadas por titular del Poder Ejecutivo, cada una con atribuciones específicas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, siendo una de ellas la Secretaría de Salud (Ssa), la cual tiene como misión “establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad” (Ssa, 2016).

Como se observa, la Ssa refiere como parte de su labor la participación de la sociedad, de manera que la gestión de recursos no quede supeditada al ámbito administrativo de la propia secretaría, sino que permita la observación del manejo de dichos recursos por los ciudadanos.

Uno de los grandes problemas del sector salud es la corrupción en la adjudicación de contratos para surtir de medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticas indebidas tales como licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300 por ciento, compras menores que las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios, afectando el financiamiento de dicho sector, pues tan sólo para el programa de Seguro Popular la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos en el orden de los 70 millones a los mil millones de pesos, encontrándose quebrantos en cinco estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2014 (Robles de la Rosa, 2014).

La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance de poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción, pues los niveles de percepción de éste fenómeno son motivo de alarma. En 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países de acuerdo con Transparencia Internacional (Transparency International, 2015). Otro organismo internacional, el Banco Mundial, ha calificado a nuestro país con 26 puntos de 100 en cuanto a indicadores de control de la corrupción, es decir, como uno de los países más corruptos.

En materia económica, países competidores como Brasil, China e India (parte del bloque de los BRICS), han mejorado los niveles de percepción de la corrupción en 11, 16 y 11 puntos respectivamente, mientras que México se ha estancado al aumentar sólo cuatro puntos en los últimos 21 años (Casar, 2016, pág. 16), y el 82 por ciento de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones (Ponce, 2016).

Ante este panorama, es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficiencia y la eficacia en el actuar de los funcionarios públicos. Una de las medidas que se tomaron en este sentido dentro del campo de la salud pública fueron las modificaciones que originaron la integración del concepto compras consolidadas como parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras instituciones de salud (Aguirre, 2014), de manera que se establecieran mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.

Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo 2012-2018 no se desestimó el alcance de la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se impulsan medidas que promuevan la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central, con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.

Lo anterior es consecuencia de la evolución democrática en nuestro país (y que es una tendencia a nivel mundial), tocando el accionar del gobierno federal, obligando a los tomadores de decisiones a avanzar en la integración de gobierno y ciudadanía en lo que respecta al proceso de políticas públicas, lo cual implica generar las condiciones necesarias para incentivar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en dicho proceso. Lo anterior se deriva del compromiso que el gobierno federal ha impulsado desde el comienzo del presente sexenio, dado el crecimiento constante de la sociedad por participar en la toma de decisiones gubernamentales, lo cual se considera como uno de los factores críticos para el bienestar del régimen democrático, cuantimás cuando surgen eventos coyunturales tanto a nivel mundial como en el ámbito local.

No es un contexto sencillo, toda vez que una de las demandas más sentidas de la sociedad en general es el uso correcto de los recursos públicos, dado el pacto existente entre gobierno y ciudadanos, en donde se establece entre las obligaciones de ambos el correcto ejercicio de los medios financieros por el primero, y el sostenimiento del Estado y su sistema institucional de los segundos a través del pago de impuestos.

La transparencia en la toma de decisiones se concentra en el estado de derecho, que en términos laxos se refiere a la estricta observancia de la ley sin distinción de cargos, posición social ni económica, y que aplica tanto para gobernadores como para gobernados, siendo de especial atención el ejercicio de los recursos, toda vez que la capacidad de acción del Estado se materializa en las obras públicas y los servicios auspiciados por el mismo gobierno.

Como se mencionó, uno de los esfuerzos realizados por el gobierno federal ha sido el impulso al esquema de contrataciones consolidadas,* el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario.

Los beneficios de esta estrategia son evidentes: para 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose 9 por ciento la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas vía este esquema debido al ahorro que significa y el avance en el combate del rezago del abasto de medicamentos en las farmacias del sistema nacional de salud (Ssa, 2015).

Instancias como el IMSS han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos, siendo ejemplo dicho instituto al encabezar las negociaciones para compra consolidada en 2016 por más de 48 mil millones de pesos, considerando el impacto positivo de esta estrategia en la economía, dada la garantía de mejora en las condiciones de calidad y precio de los medicamentos y material de curación (Ssa, 2015), lo cual es un beneficio para la atención de salud de los mexicanos.

Dado el ahorro que se generó entre 2014 y 2015, en este año participaron 21 entidades federativas, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (hospitales federales y servicios de atención psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el ISSSTE y los servicios de salud de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos en compras consolidadas de medicamentos.

Otro ejemplo del interés que se genera por incluir este esquema como una medida para el ahorro y la eficiencia en el gasto público, es la compra consolidada de medicamentos por parte del ISSSTE que para 2017 se estima en un monto de 10 mil millones de pesos destinado a la adquisición de aproximadamente 25 mil claves de fármacos y otros insumos para la salud, siendo el cuarto año consecutivo en el cual participa dicha dependencia, y que ocuparía el segundo lugar como comprador de importancia bajo este esquema, sólo por debajo del IMSS (Notimex, 2016).

Los esfuerzos anteriores coinciden con lo estipulado en el PND en cuanto a los objetivos 2.3, “Asegurar los servicios de salud”; y 2.4, “Ampliar el acceso a la seguridad social”, considerando los beneficios que en cuanto a ahorro y calidad de los medicamentos adquiridos por medio de la contratación consolidada, al mismo tiempo que ello significa un mejor manejo de los recursos públicos y simplifica el acceso a la información pública al reducir en un solo procedimiento la compra de productos médicos.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas, siendo uno de ellos la opacidad de quienes las adquieren y los tratos con los distribuidores.

Ante este panorama y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de derechohabientes en el esquema de compra consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la obligación de adquirir insumos y servicios por dicho medio, a fin de combatir la corrupción y el desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

La Secretaría de la Función Pública, en los términos del reglamento de esta ley, podrá promover contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

En el caso de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, la contratación consolidada será obligatoria.

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.

[...]

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

* De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, este concepto se concibe como una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se integran en un solo procedimiento de contratación, a fin de presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio (ASF, 2016).

Referencias

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http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/11/ 11/compras-consolidadas

ASF. (6 de junio de 2016). Contrataciones públicas que garanticen las mejores condiciones para el Estado. Obtenido de

http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-consolidadas

Casar, M. A. (Octubre de 2016). México: anatomía de la corrupción. Obtenido de

https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2016/10/ M%C3%A9xico-Anatom%C3%ADa_de_la-Corrupci%C3% B3n_2da._edici%C3%B3n_Final.pdf

Christensen, T. (2001). “La nueva administración pública: el equilibrio ente la gobernanza política y la autonomía administrativa”, en Gestión y Política Pública, 55-100. Obtenido de

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/ Vol.X_No.1_1ersem/CT_VoI.X_No.I_1sem.pdf

Notimex (17 de septiembre de 2016). 20 minutos. Obtenido de

http://www.20minutos.com.mx/noticia/136638/0/issste-preve-mas-de-10-mil -mdp-para-compras-consolidadas-en-2017/

Ponce, K. (18 de mayo de 2016). “Dinero en imagen”. Obtenido de El Financiero:

http://www.dineroenimagen.com/2016-05-18/73089

Robles de la Rosa, L. (23 de mayo de 2014). “Se fugan 1.7 mil millones de pesos para medicamentos”, en Excélsior. Obtenido de

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/26/961416

Ssa (14 de septiembre de 2015). Secretaría de Salud, blog. Obtenido de

https://www.gob.mx/salud/articulos/compra-consolidada-de- medicamentos?idiom=es

Ssa (12 de septiembre de 2015). Secretaría de Salud, prensa. Obtenido de

http://www.gob.mx/salud/prensa/en2016-la-compra-consolidada-de- medicamentos-sera-de-48-miI-millones-de-pesos

Ssa (2016). ¿Qué hacemos? Obtenido de

http://www.gob.mx/salud/que-hacemos

Transparency International (2015). Corruption Perceptions Index. Obtenido de

http://www.transparency.org/research/cpi/overview

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputados: Jesús Carlos Vidal Peniche, Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención de damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ha transcurrido un año desde los sismos que el 7 y 19 de septiembre de 2017 dejaron alrededor de 12 millones de personas afectadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y en la Ciudad de México; esta tragedia dejó miles de personas sin hogar en esas entidades federativas, personas que siguen durmiendo en albergues e incluso en las calles. La tragedia humana se agrava por los daños a miles de edificaciones que necesitan ser reparadas o demolidas.

Según información que consta en el Portal de Trasparencia Presupuestaria del Gobierno Federal, para atender la catástrofe provocada por ambos sismos, las autoridades federales por conducto de la activación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), entregaron insumos o apoyos de emergencia a la población (agua, despensas, colchonetas, artículos de higiene personal, láminas, palas, cascos, impermeables, guantes cobertores, medicamentos), así como los denominados apoyos parcialesque fueron destinados para que iniciaran acciones, trabajos y obras prioritarias para el restablecimiento de comunicaciones y de servicios básicos; por estos rubros se erogó la cantidad total de $6, 844, 389, 946.00 (seis mil ochocientos cuarenta y cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis pesos) en apoyos parciales inmediatos,que fueron utilizados por la autoridad para dar respuesta inmediata y así evitar más víctimas fatales y que la ciudad se sumiera en un caos irreparable.

Lo cierto es que no se tiene certeza sobre el destino de muchos de los insumos que supuestamente fueron otorgados y puestos a disposición en las zonas afectadas, por el contrario, la mayor parte de los artículos manifestados en el portal de trasparencia fueron donados por la propia sociedad civil, la que incluso hizo labores de retiro de escombro y rescate de personas; ello en solidaria respuesta al llamado hecho a través de medios de comunicación y redes sociales, que fungieron como herramientas para canalizar los apoyos y donaciones que permitieron solventar la contingencia.

Es menester destacar que la proyección de los recursos se ha implementado para la ejecución de acciones en materia educativa, vivienda, hidráulico, naval, carretero, salud, monumentos históricos, deportivo y urbano; en los términos de la póliza del Fonden para cada sector y no deberían ser usados para otro concepto pues ello implicaría desviación de recursos públicos.

Aunado a lo anterior, se sabe que representantes de damnificados y ellos mismos, así como diversos legisladores, solicitaron en la Cámara de Diputados, que fueran aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 los recursos necesarios para lograr una reconstrucción plena de las zonas afectadas y regresar a los afectados al uso y disfrute de todos sus derechos, el monto que se había estimado fue de 50 millones de pesos, para hacer frente al gran trabajo de reconstrucción, demolición y construcción de viviendas.

Sin embargo, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue inferior a lo solicitado por las personas que resultaron afectadas por los sismos; el presidente de la República en conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2017, también refirió que era necesaria una inversión final de aproximadamente 48 mil millones de pesos, pero la referida aprobó sólo 28 mil 394 millones de pesos que serían destinados a los nueve estados afectados para la reparación y construcción de viviendas.

Cabe destacar que a los recursos mencionados también debe de sumársele lo captado a través de donativos provenientes de la población y de las personas morales, así como lo correspondiente al Fondo de Desastres Naturales, que al 14 de septiembre de este año corresponde a 38 mil 163 millones de pesos como monto aprobado y tan sólo 13 mil 363 millones de pesos como monto ejercido.

Desde que ocurrió la tragedia que hoy conmemoramos, diversos medios de comunicación y las personas damnificadas han cuestionado la adecuada administración de los recursos que fueron otorgados para el rescate y reconstrucción de zonas afectadas, denunciando desviós de recursos, robo de apoyos, clonación de tarjetas bancarias mediante las que se entregaron los apoyos individuales, la fabricación de damnificados, la falsa entrega de apoyos y el lento apoyo por parte de las autoridades federales y locales.

No es sino obvio el reclamo social ante la opacidad y discrecionalidad con el que se ha manejado el otorgamiento, la recepción y la verificación de los recursos, ya ha transcurrido un año y aún existen en todas las entidades federativas, personas pernoctando en las calles, comunidades sin servicios básicos, edificios apuntalados y en riesgo de desplome. Esta situación nos lleva a reclamar por qué miles de afectados aún no reciben apoyo alguno, se les trata con desdén o arrogancia en las oficinas gubernamentales y no como personas que deben ser una prioridad de atención para el Estado mexicano. El reclamo y la indignación obedece también a la corrupción que engrosa patrimonios malhabidos de funcionarios públicos en detrimento de la urgente ayuda por la que claman los damnificados.

Por eso lo más importante es la reconstrucción y garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos en beneficio de quienes se ha quedado con nada, a quienes han perdido el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Es fundamental no ver a los afectados como mera estadística, sino como realidad lacerante que es necesario remediar. Es necesario concluir la fase de reconstrucción y evitar nuevas vulneraciones a los derechos de los gobernados particularmente, en lo tocante a la vivienda digna, la educación y la integridad personal.

Por lo anterior, estamos ante la necesidad de exhortar al Ejecutivo federal a transparentar exhaustiva y detalladamente el estado de avance en las acciones de reconstrucción y atención a damnificados, así como en la remediación de los daños y la implementación de acciones puntuales de prevención. Es particularmente necesario tener certeza respecto de qué inmuebles siguen representando un riesgo de protección civil. Tenemos la obligación de concluir la reconstrucción y no hay mejor manera de hacerlo que obligando a los responsables a transparentar su actuar, proscribiendo la opacidad en la que se anida la negligencia, la corrupción e indolencia gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente, en apartado especial de sus portales de transparencia, la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, particularmente:

a) El monto ejercido de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, así como los otorgados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los transferidos por particulares, bajo cualquier modalidad legal;

b) El destino especifico de las partidas correspondientes;

c) El porcentaje de avance en los trabajos de reconstrucción, y

d) El porcentaje de damnificados a los no se les ha realizado un peritaje de daño estrctural.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, a que por medio de los entes públicos competentes, concluyan la dictaminación de inmuebles, en las zonas afectadas y otorguen a la brevedad los apoyos a fin de que se concluya la reconstrucción y las personas damnificadas sean restituidas en su vida plena.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; que en el ámbito de sus competencias garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos para la reconstrucción y den curso a las denuncias por el mal empleo de los recursos del Presupuesto de Egresos y de los del Fondo Nacional de Desastres Naturales que fueron destinados para el mismo objeto.

Cuarto.La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada realicen las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de la probable comisión de delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de 2017, en concreto, si existe una desviación de recursos públicos.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar, con carácter de urgente, un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados durante los sismos de septiembre de 2017 y dar atención a los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, considerando en las acciones programadas el respeto al interes superior de la niñez.

Nota

1 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerza mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputada y diputado: Leticia Arlett Aguilar Molina, Mario Delgado Carrillo (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre Torreón, Coahuila, y los ejidos del norte y oriente de Matamoros para permitirles el acceso al Fonden, a cargo del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado José Ángel Pérez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, fracción II, del numeral 1, fracción I, II, III, IV y VI del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación declare Zona de Desastre al municipio de Torreón, Coahuila, así como a los ejidos del norte y oriente de Matamoros, Coahuila, para acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Del 6 al 9 de septiembre de 2018 se presentó en la región Lagunera un fenómeno meteorológico de lluvias atípicas, las cuales, debido al cambio climático, cada vez se vuelven más típicas.

Testimonio de lo argumentado se encuentra en los registros de Conagua. Se han presentado desde 2015 en los meses de junio y diciembre; agosto, septiembre y noviembre de 2016; mayo junio y octubre de 2017. Algunas ocasiones acompañadas con avenidas en el río Nazas en 2008, 2010, 2016 y 2017.

La precipitación pluvial acumulada en Torreón alcanzó los 220 milímetros, en tan solo cuatro días, ocurriendo el sábado 8 de septiembre de 2018 la mayor con 80 milímetros, de acuerdo con datos del Sistema Nacional Meteorológico.

Tal vez para otras regiones con mayor precipitación esto no sea de gravedad, pero para una ciudad con un promedio de 240 milímetros anuales, es todo un fenómeno.

Este meteoro se encuentra ampliamente documentado en los medios de comunicación, regionales y nacionales, así como en los portales oficiales de gobiernos municipal y estatal de Coahuila.

Cabe señalar que fue declarada Zona de Emergencia, por lo que a partir del domingo 9 de septiembre de 2018, se implementó el Plan DN-III-E por la Secretaría de Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el artículo 21 y 73 de la Ley de Protección Civil, a través de la 11a. Región Militar.

Las inundaciones afectaron más de 50 colonias de la zona urbana de Torreón, dejando intransitables las principales 12 vías de comunicación del municipio, así lo reportó Protección Civil; esto equivale a más de 25 mil hogares afectados de manera directa y una población de 95 mil torreonenses.

También fueron afectados los ejidos conurbados al ejido San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como el ejido Congregación Hidalgo, situado al oriente de este municipio, en estas comunidades rurales habitan más de 7 mil familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, por mi conducto, nos permitimos poner a consideración de esta honorable LXIV Legislatura, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:

Único. Con pleno respeto al Poder Ejecutivo de la nación, esta honorable Sexagésima Cuarta Legislatura solicite a la Secretaría de Gobernación, se le otorgue sin dilación la petición de declaración de Zona de Desastre al municipio de Torreón, así como a los ejidos conurbados a San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como, el ejido Congregación Hidalgo, situado al oriente de este último municipio, realizada por el Ejecutivo de Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de septiembre de 2018.— Diputado José Ángel Pérez Hernández (rúbrica).»

«Único. Con pleno respeto al Poder Ejecutivo de la nación, esta honorable LXIV Legislaturta solicite a la Secretaría de Gobernación se le otorgue sin dilación la petición de declaración de zona de desastre al municipio de Torreón, así como a los ejidos conurbados a San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como el ejido Congregación Hidalgo situado al oriente de este úlimo municipio, realizada por el ejecutivo de Coahuila y a 17 localidades del municipio de Jocutla y dos de Tlaquiltenango del estado de Morelos que se vieron afectados el pasado 17 de septiembre y Escuinapa y Rosarito en el estado de Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 19 de septiembre 2018.— Diputado José Ángel Pérez Hérnandez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita audiencia con el titular de la SHCP para que dé cuenta del estado de los convenios correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de urgencia financiera, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamentos en lo que se dispone en el artículo 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

“La concreción de la cuarta transformación de este país, pasa necesariamente por darle carta de la ciudadanía al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.”

Habremos de coincidir en que el tema de la educación superior está planteado de manera permanente en la agenda mundial. Actualmente es innegable la influencia que ejerce en todos los ámbitos de la esfera social, a tal grado que las posibilidades reales de desarrollo que se fincan en las naciones tienen como referente a sus sistemas educativos.

Para el caso de la educación superior pública en México podemos observar que han crecido la cobertura y matrícula, se ha diversificado la oferta académica, y la evaluación de los programas académicos y procesos administrativos es una práctica recurrente, a fin de lograr una cada vez mayor calidad en la prestación de sus servicios.

Si bien muchos avances son notorios, habrá que tener en cuenta que las instituciones de educación superior públicas han estado haciendo cada vez más, con menos recursos financieros, han incrementado sus indicadores de calidad y competitividad académica, a costa de serios esfuerzos de ajusto de gasto, y programas de austeridad, a tal grado que sus funciones sustantivas han estado en permanente amenaza, por tanto, persisten lo los rezagos en inercias, mucho de los cuales se han derivado de compleja situación financiera que aqueja a estas instituciones educativas.

Deseo expresarles que sé que se avecina una situación de extrema urgencia, que las universidades públicas estatales de:

1. Chiapas

2. Estado de México

3. Michoacán

4. Morelos

5. Nayarit

6. Oaxaca

7. Sinaloa

8. Tabasco

9. Veracruz

10. Zacatecas

Presentan una insolvencia financiera que las tienen al bordo de un gran conflicto. Cabe señalar que su situación es recurrente, cada año han presentado la misma situación, resultado de que tiene un subsidio que no cubre, desde hace años, el total de las obligaciones contractuales con sus respectivos sindicatos, además de la falta de reconocimiento de sus plantillas laborales, mismas que han crecido debido al aumento de la cobertura.

Año tras año, al final del periodo fiscal, la Secretaría de Hacienda les ha otorgado apoyos con recursos extraordinarios no regularizables, sin embargo, en este momento, y a pesar de existir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los trámites para su apoyo se han estancado.

Aprovecho el uso de la voz para comentar que de no atenderse esta situación, cada una de las universidades públicas estatales mencionadas, entrarán en un colapso financiero que les paralizará, dejando sin clases a 537 mil 616 jóvenes, que representan el 32 por ciento de total de la matrícula de las universidades públicas estatales.

Desgraciadamente se percibe la existencia de un gran valor vacío, en la administración federal, donde el gabinete que se va, ya no da respuesta, en tanto que los que llegaran, no tienen posibilidad, en este momento de atender y resolver.

Por último, si pretendemos desempeñar un papel decoroso, en el ámbito de la sociedad del conocimiento, debemos aspirar a contar con una educación superior pertinente y de calidad, debidamente financiada, toda vez que ésta represente un insumo fundamental para impulsar el desarrollo del país, favorecer el desarrollo de los ciudadanos íntegros y libres, y mejorar la competitividad.

¡Lo que hoy suceda en nuestro ámbito educativo, habrá de marcar el futuro de esta nación!

Por una transición pacífica y pactada

¡Todo el apoyo a la educación superior pública!

Por lo antes expuesto es que solicito a este pleno, de urgente y obvia resolución, apruebe la siguiente proposición con

Artículo Único: La Cámara de Diputados aprueba la conformación de una Comisión de Diputados, encabezados por los coordinadores de cada grupo parlamentario, más 1 o 2 diputados de cada estado mencionado, los rectores de cada universidad involucrada que así lo consideren, para:

1. Solicitar audiencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dé cuenta del estado que guardan los convenios ya elaborados, correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018. — Diputados y diputadas: Alfredo Femat Bañuelos, Ana Karina Rojo Pimentel, Ángel Benjamín Robles Montoya, Armando Reyes Ledezma, Armando Zertuche Zuani, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Lastra Muñoz, Clementina Marta Dekker Gómez, Dionicia Vázquez García, Emilio Manzanilla Téllez, Francisco Favela Peñuñuri, Francisco Javier Huacus Esquivel, Hildelisa González Morales, José Luis Montalvo Luna, Lizeth Sánchez García, Luis Enrique Martínez Ventura, Margarita García García, María Roselia Jiménez Pérez, María Teresa Marú Mejía, Maribel Martínez Ruiz, Maricruz Roblero Gordillo, Mary Carmen Bernal Martínez, Reginaldo Sandoval Flores, Santiago González Soto,Silvano Garay Ulloa (rúbricas).»