«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 a cargo del senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, con fundamento en los dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 80, fracción 1, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 al tenor siguiente:

El 1 de septiembre de 2018 comienza una nueva era en la política mexicana y con ello grandes retos y desafíos. Con una mayoría absoluta en ambas Cámaras, la agenda del partido político Morena será la agenda nacional y posiblemente marcará la pauta para conducir el destino del país.

En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario del PRD, seremos una oposición critica y responsable en la cual acompañaremos las iniciativas que converjan en nuestra agenda legislativa y que coadyuven al bienestar de todos los mexicanos, pero cuestionaremos fuertemente en los temas que se disienta, exigiendo en todo momento el cumplimiento de las promesas hechas por el titular electo del Ejecutivo.

Por tal razón, una de esas promesas que deriva de una añeja demanda, es la condonación del adeudo histórico de energía eléctrica de Tabasco, así como su reclasificación de tarifa; digna y justa.

Antecedentes

En 1994 inicio la resistencia civil al no pago de energía eléctrica en el estado de Tabasco, por una sencilla razón; son recibos impagables, lo que ha conllevado a un adeudo histórico por el suministro de este servicio.

El 23 de noviembre de 2015, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a los integrantes y las camionetas de las brigadas de resistencia civil pacífica, las cuales circulan en el estado para organizar a los tabasqueños, acuden pueblo por pueblo para levantar denuncias en contra de la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas eléctricas.

En ese sentido, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena explicó que las brigadas estarían a cargo de llevar a cabo los trámites para imponer amparos contra la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE), lo cual busca proteger a todo el pueblo de Tabasco ante el abuso del gobierno federal. Ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo se está a la espera de cumplir con la añeja demanda.

Planteamiento del problema

Tabasco tiene tarifas eléctricas impagables para la mayoría de sus habitantes, con el paso de los años la deuda va en incremento sin que haya una solución real para acabar con este problema.

A ello debemos sumar que la entidad ha sido golpeada severamente en su economía por la caída de los precios del petróleo, al depender en gran medida de este recurso, es de vital y suma importancia crear alternativas de empleo e impulso de otras actividades productivas para generar y potenciar el ingreso de los tabasqueños, así como brindarles tarifas de energía eléctrica dignas y justas que puedan pagar; en ese sentido, es dable mencionar los siguientes datos:

Actividad Económica

Acorde al Informe Económico y Estatal 2017, señala que el producto interno bruto (PIB) de Tabasco en 2015 representó 3.2 por ciento y ocupó el lugar 10, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de -0.12 por ciento.

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (8.9 por ciento); construcción (4.6 por ciento); minería petrolera (59.1 por ciento); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (6.7 por ciento); transportes, correos y almacenamiento (2.9 por ciento). juntas representan 82.2 por ciento del PIB estatal.

Los sectores estratégicos en el estado de Tabasco son: agroindustrial, minería, turismo, servicios de apoyo a los negocios y energías renovables. El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para el tercer trimestre de 2016, Tabasco registró un decremento en su índice de actividad económica de -7.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias registraron una variación anual positiva de 4.4 por ciento, mientras que las secundarias y terciarias registraron un decremento anual de -8.9 por ciento, -4.5 por ciento respectivamente. Siendo las actividades secundarias las que más contribuyeron al desempeño económico de la entidad.

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 73 mil 724 Unidades Económicas, lo que representa el 1.5 por ciento del total en nuestro país. Al cuarto trimestre de 2016, la población económicamente activa (PEA) ascendió a 1 millón 26 mil 527 personas, lo que representó 59.5 por ciento de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, 92.4 por ciento está ocupada y 7.6 por ciento desocupada.

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios el estado de Tabasco, ocupa el lugar 21 en México, a diferencia del informe anterior donde ocupó e1 15.

Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Tabasco ocupa el 25 lugar para apertura de una empresa, el 1 17° respecto a la obtención de permisos de construcción, el 160 en registro de propiedades y el 220 en cumplimiento de contratos.

Sector externo

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2015 Tabasco ocupó el 15 lugar por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron un monto de 6 mil 558.9 millones de dólares, lo que representó 1.9 por ciento a nivel nacional. Destacó como principal actividad la extracción de petróleo y gas con un valor en sus exportaciones de 5 mil 927.8 millones de dólares, lo que representó el 90.4 por ciento. Considerando las actividades agropecuarias, la entidad también exportó plátano fresco, azúcar de caña, follaje tropical y cacao en grano.

De enero a septiembre de 2016, la entidad atrajo una inversión extranjera directa (IED) de 148.8 millones de dólares, lo que representó el 0.8 por ciento del total nacional.

Con respecto a las remesas, alcanzó un total de 153.2 millones de dólares durante el periodo enero-diciembre de 2016, lo que significó un crecimiento de 17.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Ocupó el 28 lugar en el país, ya que concentró 0.6 por ciento del total nacional.

Derivado de lo anterior, es necesario señalar que en términos reales el PIB de la entidad viene en decremento, así como las actividades secundarias y terciarias que son vitales para el desarrollo del estado. Respecto a la facilidad de abrir negocios se encuentra en los índices más bajos a nivel nacional.

Es de destacar que un elemento que inhibe de manera sustancial la apertura de una microempresa es el costo excesivo en la tarifa eléctrica que tienen que pagar, por lo cual dicho proyecto se queda en un deseo y no en una realidad, un motivo más por el cual se tendría que poner a consideración por parte del Gobierno Federal reclasificar la tarifa eléctrica para utilizar a la empresa como un mecanismo que incentive la economía del estado y genere empleo.

El motivo sustancial que busca la presente iniciativa es que el Gobierno de la Republica que encabezara el virtual presidente electo, el Licenciado Andrés Manuel López reconozca la indebida tarifa eléctrica que se aplica al estado y tome en consideración a base de criterios científicos la reclasificación de la misma, así como la eliminación de la deuda histórica para la reivindicación del pueblo tabasqueño.

Para ello, se presenta una serie de elementos teorico-tecnicos para sustentar la propuesta, en la cual se demuestra que hay un error de clasificación en las temperaturas que se presentan en Tabasco.

Organismos educativos del estado han realizado mediciones de temperatura con estándares e instrumentos de última generación que se han instalado en estaciones y hogares de toda la entidad funcionando todo el año, todos los días y las 24 horas para obtener reportes actualizados.

Ello ha dado como resultado que se logren medir las temperaturas reales que se registran al interior de casas habitación2 las cuales requieren de un mayor uso de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores para obtener un grado de confort adecuado para sobrevivir y contrarrestar el clima adverso.

Dicha investigación advierte que debe considerarse la sensación térmica y no la ambiente para definir una clasificación de temperatura, pues hay variaciones considerables entre estos dos criterios. La primera genera el calor y humedad real que se sienten en la región, por lo cual y en base a los resultados, la entidad tiene un promedio de máximas mensuales de 35° centígrados, muy por encima del promedio que se maneja actualmente.

El incremento de temperatura se refuta con otros análisis, acorde al Conacyt, Tabasco pierde hasta seis metros de costas mar adentro anualmente en algunas zonas debido a la erosión costera que ha potenciado el efecto de la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, provocando la salinización del territorio en determinadas regiones y, por ende, desequilibrios en los ecosistemas.

Aunado a lo anterior, geográficamente el estado es una zona vulnerable cuyos impactos del cambio climático más importantes son inundaciones, variaciones en la línea de costa e incrementos de la temperatura; a lo que se suman los efectos del hundimiento de las cuencas bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta por el proceso natural de sedimentación y la extracción de petróleo y agua.

En ese mismo orden de ideas, acorde al Reporte del clima en México 2017 que realiza la Conagua, señala que las altas temperaturas fueron importantes en el incremento de la superficie nacional con sequía. Los mayores incrementos se observaron en el centro y sureste del país, en el estado de México cubre 14 por ciento de su superficie, en Guanajuato el 29.5 por ciento, en Tabasco 53 por ciento y en Chiapas 39.8 por ciento.

Con los reportes e investigaciones mencionadas anteriormente y retomando los resultados obtenidos de organismos educativos se demuestra que hay incrementos considerables de temperatura, dejando claro el error de medición por parte de la Conagua (Organismo encargado de la medición de las temperaturas a través de sus estaciones meteorológicas), lo cual conlleva a que la Secretaria de Hacienda se base en los estudios de dicho organismo y fije criterios contrarios a la realidad climatológica y tiene como consecuencia que la CFE cobre cuotas demasiado elevadas.

Continuando con el análisis, es necesario hacer un comparativo donde se demuestra que algunas entidades (caso de Yucatán) tienen temperaturas similares a Tabasco y ha logrado una reclasificación de tarifa en pro de sus habitantes.

La imagen que antecede refiere a entidades de la republica con temperaturas promedio iguales a las de Tabasco sin embargo tienen tarifa preferencial, mientras tanto a nuestra entidad se le castiga con tarifas de alto consumo (en adelante DAC). Es de resaltar que ante el cambio climático registrado en los últimos años en Quintana Roo, el Congreso del Estado solicitó a la Comisión Federal de Electricidad reducir las tarifas eléctricas para consumo doméstico, el cual fue avalado y notificado, con lo que 320 mil familias serán beneficiadas, de acuerdo con integrantes del Poder Legislativo.

En esa misma tesitura, a partir de 11 de octubre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa doméstica “1 D” a sus clientes domésticos en Mérida. Con esta medida se beneficiarán con una tarifa más baja, en temporada de verano, 217 mil 712 clientes y, en temporada fuera de verano, 145 mil 955 clientes en el municipio de Mérida, de un total de 474 mil 422.

La reclasificación de la tarifa para Mérida se debe a que la temperatura media mínima en ese municipio, registrada en periodo de verano durante los últimos 5 años, supera de manera consecutiva los 31 C. Esta temperatura media mínima es mayor a la registrada anteriormente. Por lo tanto, y en apego a la normatividad vigente y a la clasificación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora se aplicará la Tarifa Doméstica 1 D para la Ciudad de Mérida.

Lo anterior con base en el análisis realizado a los registros de temperaturas medias mínimas mensuales de la estación climatológica “Base Aérea Militar Número 8”, ratificada por el Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (SMN-Conagua) como estación climatológica representativa del municipio Mérida, Yucatán, mediante oficio número 800.8.- 562 de fecha 25 de septiembre de 2017.

Los clientes empezarán a percibir la aplicación de la tarifa 1 D del periodo completo de consumo a partir de 11 de noviembre, para los clientes que facturan de manera mensual. Los clientes que facturan de manera bimestral, verán reflejada la aplicación de esta tarifa a partir de su recibo de diciembre (facturación en periodo par) y enero (facturación en periodo non).

Los tipos de tarifa existentes y clasificados por la CFE van desde la 1A hasta la 1 F y la DAC o las que aplican a negocios y empresas, por lo cual, estás tarifas están basadas teóricamente en la temperatura ambiente de la localidad que se trate.

Es de resaltar que la tarifa DAC es la que aplica la CFE para usuarios con consumos superiores a los 3 mil kwh por año, o aquéllos cuyo promedio de los últimos seis bimestres esté por arriba de los 500 kwh por bimestre.

En cuestión de precios, la tarifa DAC puede llegar a ser 350 por ciento más costosa que sus pares de menor consumo. Aumentando el costo de su consumo a casi el doble. El cobro de esta tarifa es 100 por ciento legal y no sirve de nada reclamar o realizar una denuncia para intentar salir de ella.

El principal problema de la tarifa DAC en Tabasco, es que una vez superado el límite de consumo durante un período estipulado por la CFE, se hace el cambio automático hacia esta tarifa, sin dar aviso al consumidor.

Tabulador de tarifas de castigo:

(Tarifa 1C) Aplica para reclasificación DAC si supera el promedio de 850 Kw/mes en los últimos 12 meses.

(Tarífa 1D) Aplica para reclasificación DAC si supera el promedio de 1000 Kw/mes en los últimos 12 meses.

Elaboración propia con datos de la CFE

Derivado de la sensación térmica tan alta, es imposible no utilizar los aparatos electrodomésticos durante todo el día y sobre todo en la noche cuando todo el calor que se absorbió se concentra al interior de las casas. Aun con estas condiciones, los tabasqueños deben cuidar el consumo para no pagar la tarifa de castigo. De ser el caso en que se rebase el consumo permitido pasa lo siguiente:

Ejemplo: 2TNR X 12 h/día, 24 kWh/día

Este recibo reporta consumo 27.32/día

Consumo Mil 667 kWh/bimestre

Costo/kWh (IVA INC) —- $4 mil 602/kWh

A pagar con IVA $7 mil 673.00/bimestre

Resultados

Req. Energético:2500=3500 kWh/bimestre

Min=41.66kWh/día a Max=58.33 kWh/día

Pagando en promedio al precio del recibo

(50 kWh/día) $13 mil 808.63/bimestre

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Acorde a datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral señala que el salario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS es de $9,039.1 pesos mensuales. En ese sentido, los costos de la energía eléctrica se vuelven un gasto imposible de cubrir.

Como se mencionó en un principio, retomando ~I análisis de actividad económica, es imprescindible impulsar y diversificar actividades productivas para que los habitantes no dependan en tanta medida de la derrama económica que genera la actividad petrolera.

El virtual presidente electo tiene pensado en su estrategia económica utilizar a la CFE como palanca para el desarrollo, por lo cual un arreglo entre ambas partes seria benéfico para los habitantes de esta región del sureste.

Por lo tanto, es necesario acabar con esta demanda y generar ingresos que ayuden a las finanzas públicas del país. Ello es posible llevarlo a cabo ya que se cuentan con todos los criterios teórico-técnicos para que el gobierno de la republica condone la deuda histórica y tome a consideración en base a estudios científicos la reclasificación de tarifa y con ello permita mejores condiciones de desarrollo para el estado.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa tiene planteado establecer un estímulo fiscal denominado “Programa de transición energética doméstica”, el cual tiene como objetivo principal una vez que se haya condonado la deuda y reclasificado la tarifa, dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, lo cual complementa una estrategia integral pensada en el beneficio de los habitantes tabasqueños que incluye la condonación, la reclasificación y un mecanismo de ahorro de energía, como un elemento más que evite un posible endeudamiento en un futuro.

Por lo expuesto, el suscrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción 1, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto:

Artículo Único. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 para quedar como sigue:

Transitorio de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019

Único. El gobierno de la República determina eliminar el adeudo histórico por concepto de energía eléctrica en el estado de Tabasco, estableciendo en base a consideraciones científicas la reclasificación de tarifa a 1 F, así como la implementación del “Programa de Transición Energética Doméstica”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas

1 Información Económica y Estatal, Tabasco, 2017, Consulta en línea:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/19S30S/tabasco_2017_02.pdf

2 Representa el 90 por ciento de los clientes de la CFE (consumo doméstico), así como el mayor número de deudores que se encuentran en resistencia civil pacífica al no pago de energía eléctrica.

3 Conacyt, “Agenda informativa”, marzo, 2017, Consulta en línea:

http://conacytprensa,mx/index,php/ciencia/ambiente/ 13726-estudian-vulnerabilidad-de-tabasco-ante-el-cambio-climatico

4 Conagua, “Reporte del clima en México”, diciembre, 2017, Consulta en línea:

https://smn,ena,gob,mx/tools/DATA/Climatolog%C3 %ADa/ Diagn%C3 %B3stico%20Atmosf%C3%A9rico /Reporte%20del%20Clima%20en%20M%C3 %A9xico/RC-Diciembre 17, pdf

5 La Conagua toma en cuenta la temperatura ambiente y no así la sensación térmica que es un indicador más real de la intensidad del calor.

6 CFE, Tarifas, “Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados”, 2017, Consulta en línea:

https://app.efe.mx/aplicaciones/cefe/tarifas/tarifas/ Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1F2003&anio=2018

7 Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, “Información laboral”, julio, 2018, Consulta en línea:

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/ web/pdf/perfiles/perfil%20tabasco.pdf

Referencias

CFE, Tarifas, “Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados”, 2017, Consulta en línea:

https://app.de.mx/aplicaciones/cde/tarifas/tarifas/ Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1F2003&anio=2018

Conacyt, “Agenda informativa”, marzo, 2017, Consulta en línea:

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/ 13726-estudian-vuInerabilidad-de-ta basco-ante-el­carnbio-clirnatico

Conagua, “Reporte del clima en México”, diciembre, 2017, Consulta en línea:

https://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/ Diagn%C3%B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Clima%20en%20M%C3%A9xico/ RC-Diciembre17.pdf

Información Económica y Estatal, Tabasco, 2017, Consulta

https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/195305/tabasco_2017_02.pdf en línea:

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaria de empleo y productividad laboral, “Información laboral”, julio, 2018, Consulta en línea:

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/ web/pdf/perfiles/perfil%20tabasco.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Senadores: Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase “Al Movimiento Estudiantil de 1968”, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios

Quienes suscribimos, en nuestro carácter de Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82, numeral, 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto, con la petición de que se consulte al pleno la dispensa del trámite de dictaminación y se proceda a su discusión inmediata, al tenor de la siguiente

En diversas Legislaturas del honorable Congreso de la Unión, han sido presentadas múltiples iniciativas que tienen como objeto la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro de frases alusivas al movimiento estudiantil de 1968, así como los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de ese año, en Tlatelolco, Ciudad de México. En la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria pueden localizarse las siguientes:

1. Con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el salón de sesiones la siguiente leyenda: “Mártires por la Democracia del 2 de octubre”, a cargo del diputado Gerardo Acosta Zavala a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 2 de octubre de 1997.

2. De decreto para que se inscriba con letras de oro la leyenda “A los mártires de Tlatelolco de 1968”, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Jesús Martín del Campo Castañeda a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del a Revolución Democrática, el 30 de septiembre de 1999.

3. Con proyecto de para que se inscriba en letras de oro “A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968”, a cargo de la diputada María del Rosario Tapia Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 4 de octubre de 2000.

4. Con proyecto de decreto, para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Movimiento Estudiantil del 68”, suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, el 27 de marzo de 2008.

5. Con proyecto de decreto, para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Mártires de Tlatelolco de 1968”, suscrita por los diputados Martha Angélica Tagle Martínez y Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 7 de octubre de 2008.

6. Con proyecto de decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Mártires del 68”, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, 8 de marzo de 2012

7. Con proyecto de decreto, para que se inscriba en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968”, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, el 29 de septiembre de 2015

8. Con proyecto de decreto, para inscribir en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al Movimiento Estudiantil del 68”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena, el 6 de febrero de 2018.

9. Con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase “2 de octubre no se olvida”, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Hortensia Aragón Castillo, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y PRD, el 24 de abril de 2018.

10. Con proyecto de decreto para la inscripción de honor en la Cámara de Diputados de la leyenda “Al movimiento estudiantil del 68”, presentada por el diputado Juan Romero Tenorio, en su nombre y de los diputados Maricela Contreras Julián, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, el 1 de agosto de 2018.

En el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro están inscritos los personajes, instituciones y hechos más importantes de nuestra historia, en donde se destacan: quienes representan nuestros orígenes en el pueblo indígena precolombino; quienes nos liberaron de la colonización extranjera, forjando la patria en la guerra de independencia; quienes restauraron la República durante la Reforma, quienes establecieron los cimientos de una Nación moderna, con libertad, democracia, igualdad, en la Revolución Mexicana. Están también las más relevantes instituciones públicas académicas y las instituciones de instrucción castrense.

El movimiento estudiantil de 1968 y los hechos del 2 de octubre de aquel año, son un punto de inflexión en el México contemporáneo a partir del cual nuestro país caminó hacia la apertura democrática de las instituciones que ejercen el poder político, hasta entonces dispuestas bajo un esquema de partido dominante. Es, por tanto, un hecho cuya memoria debemos perpetuar.

El 2 de octubre del presente año se cumplen 50 años de los trágicos acontecimientos de 1968, en la Plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México y, por otro lado, al día de hoy, no se ha instalado la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que habrá de funcionar a lo largo de esta LXIV Legislatura, misma que tradicionalmente ha dictaminado las iniciativas cuyo objeto es la inscripción de personajes, frases o instituciones en el Muro de Honor de nuestro Palacio Legislativo.

Por ello, consideramos oportuno poner a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, con la solicitud de que pueda ser objeto de dispensa de trámites legislativos y sometida a discusión y, en su caso, aprobación.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “Al Movimiento Estudiantil de 1968”.

Artículo Único.Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Al Movimiento Estudiantil de 1968”.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.— Diputados: Mario Delgado Carrillo, Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Reginaldo Sandoval Flores, Alberto Esquer Gutiérrez, José Ricardo Gallardo Cardona, Arturo Escobar y Vega, (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que crea la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al tenor de la siguiente

Las mexicanas y mexicanos decidimos el pasado primero de julio de 2018 cambiar el gobierno federal, para acabar con la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la injusticia y establecer gobiernos democráticos, que actúen en favor de la mayoría de la población, para aliviar sus males y carencias y establecer un desarrollo real para todas y todos. La justicia debe llegar de inmediato a los más desprotegidos, como lo son los pueblos y comunidades indígenas, así como los pueblos rurales y campesinos.

La pobreza y la miseria se han establecido, por generaciones, sobre los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas y están siendo despojados de sus tierras y territorios. El mandato de los más de treinta millones de votos es acabar con estas injusticias y garantizar los derechos de los campesinos, de los ejidatarios y en especial de los pueblos y comunidades indígenas.

México es firmante de los acuerdos internacionales que establecen derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que incluso han sido incorporados en nuestra Constitución Política, pero en la práctica han sido quebrantados por diferentes instancias de gobierno, de la procuración de justicia y por corporaciones policiacas y militares.

El Estado mexicano, a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio del año 2011, elevó a rango constitucional, los derechos humanos, consagrados en el Pacto Fundacional de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, como lo señala el párrafo segundo del artículo primero constitucional, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Los derechos humanos plasmados en el Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo, ya son normas constitucionales, por lo que todas las autoridades de los tres órdenes de poder, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar.

Así, el Convenio 169 en concordancia con la fracción IX, Apartado B del artículo segundo constitucional consagra el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, por las autoridades de los tres órdenes de gobierno antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses.

Es un hecho notorio que las organizaciones indígenas y campesinas, de nuestro país, han tenido que recurrir a su derecho de resistencia, en situaciones de carencia extrema, porque el Estado no toma en consideración su situación de vulnerabilidad de sus derechos.

Las concesiones mineras y la instalación de mega proyectos, otorgadas por el gobierno federal, han generado conflictos con las poblaciones afectadas y se ha escalado la confrontación entre las comunidades indígenas y de campesinos, con las empresas privadas nacionales y extranjeras, interesadas en la explotación de los recursos ahí existentes. En esos casos los gobiernos han optado por disolver las manifestaciones de inconformidad, reprimiendo y encarcelando a dirigentes sociales.

Los sectores más desprotegidos han sido los pueblos y comunidades indígenas, por ello, en el Examen Periódico Universal de 2013, realizado por el Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, esta instancia recomendó al Estado y gobierno mexicano, realizar una Ley de Consulta para Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual, a la fecha, no se ha materializado, existiendo un incumplimiento del Presidente de la República y demás representantes del Estado Mexicano.

No debe calificarse el derecho a la consulta previa, libre e informada y los procesos para implementarla como obstáculo para el desarrollo, cuando en realidad debe ser un ejercicio democrático esencial para garantizar derechos y proteger el patrimonio natural y cultural de la nación mexicana.

La consulta previa es un derecho fundamental, que tienen los pueblos indígenas, cada vez que alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno, quiera tomar una decisión que pueda afectarles o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, que puedan perjudicarles directa o indirectamente.

A través del proceso de consulta, los pueblos y comunidades indígenas, pueden expresar su consentimiento libre, previo e informado o su rechazo de la medida que las autoridades pretendan implementar, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades.

La propuesta de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como objetivo principal reglamentar de manera clara y precisa el derecho a la consulta previa, libre e informada, de tal forma que los pueblos y comunidades indígenas, a través de un proceso transparente puedan expresar su opinión en un medio libre, que se oponga a la coacción o interferencias con las que se pretendan tergiversar lo que decida el pueblo o comunidad indígena.

La propuesta consta de 26 artículos divididos en siete capítulos.

En las disposiciones generales, del capítulo I, se establece que la ley será de observancia general en todo el territorio nacional y garantizar, a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la consulta, cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar o los afecten directamente. Los pueblos y comunidades indígenas sólo serán consultados a través de sus instituciones o autoridades representativas

La consulta tiene la finalidad de llegar a un consentimiento libre, previo e informado, a través de acuerdos y será requisito previo a la ejecución de las acciones del Estado que la motiven.

Se establece que esta Ley se sujetará a los siguientes principios: Respeto a la libre determinación; Buena fe; Equidad; Equidad de género; Interculturalidad; Participación; y transparencia.

En el capítulo II se define que los sujetos de consulta son: los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y las comunidades indígenas que residen en el territorio nacional en zonas urbanas o rurales, distintas a las de su origen. Asimismo, se definen los sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas.

En el capítulo III se establece el objeto y materia de la consulta, que será “lograr el consentimiento previo, libre e informado a través de acuerdos” respecto a: la ejecución de obra pública, la expropiación de tierras, el otorgamiento de concesiones y permisos, la imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos, los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas, acciones específicas que los afecten y las iniciativas o reformas legislativas que afecten directamente sus derechos.

Asimismo, se excluyen de la consulta las acciones emergentes de combate a epidemias y de auxilio por desastres, así como las Leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

En el capítulo IV se establecen los procedimientos de la consulta, garantizando mecanismos de difusión en todas las etapas de la consulta; el uso de lenguas indígenas; la definición de actividades de consulta y calendario para su cumplimiento; la sistematización de resultados y definición de acuerdos y la entrega de los resultados a las partes.

Se establece que los acuerdos a que se lleguen en el proceso de la consulta, serán objeto de convenio entre los pueblos y comunidades indígenas consultados y los órganos de gobierno responsables.

El capítulo V establece que hacer con los resultados de la consulta; en el capítulo VI se define como se financiará la consulta y en el capítulo VII se establecen las responsabilidades.

Es por todo esto que ponemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Único. Se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como sigue:

Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer, para los tres órdenes de gobierno, disposiciones que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la consulta.

Artículo 2. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados a través de sus instituciones y autoridades representativas, cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar o los afecten directamente en sus derechos e intereses. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho mediante procedimientos adecuados.

Artículo 3. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas a que se refieren los artículos anteriores, tiene como finalidad lograr el consentimiento libre, previo e informado a través de acuerdos, en los términos de esta ley.

Artículo 4. La consulta es requisito en la planeación y previo a la ejecución de las acciones del Estado, que la motivan.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

II. Comunidades integrantes de un pueblo indígena: aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

III. Proceso de Consulta: Sistema de participación de los pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones y autoridades representativas por el cual se establece un diálogo intercultural con las autoridades del Estado, sobre acciones legislativas o administrativas que estas se proponen realizar y que puedan afectarlos o los afecten directamente, con el propósito de obtener su consentimiento libre, previo e informado, a través de acuerdos.

IV. Consentimiento libre, previo e informado: aceptación o acuerdo de los pueblos y comunidades indígenas sobre las medidas que el Estado prevé realizar y que los afecten directamente, tomada sin coacción y con información oportuna, adecuada y suficiente.

V. Autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas: las que cada pueblo o comunidad instituyen, de conformidad con sus sistemas normativos.

VI. Afectación directa: cambios, positivos o negativos, que una medida legislativa o administrativa puede producir sobre la forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas impactando en sus derechos e intereses.

VII. Órgano responsable: dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo, en sus tres ordenes de gobierno, órganos autónomos y del Poder Legislativo Federal o Estatal, que prevea medidas o acciones que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, obligados a realizar la consulta.

VIII. Órgano técnico: dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal especializado en materia indígena, obligado de coadyuvar con el órgano responsable de la consulta, asistiéndolo técnicamente en el diseño, aplicación, sistematización, divulgación y seguimiento de la misma.

Artículo 6. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes principios:

I. Respeto a la libre determinación: proceso permanente que garantiza a los pueblos y comunidades la adopción de sus propias decisiones para determinar su condición política y desarrollo económico, social y cultural.

II. Buena fe: disposición de las partes de actuar leal, sincera y correctamente, propiciando un clima de confianza y respeto mutuo.

III. Equidad: igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos y facultades, de los diversos sujetos que intervienen en el proceso de consulta.

IV. Equidad de Género: participación equitativa de las mujeres al interior de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta.

V. Interculturalidad: reconocimiento, adaptación y respeto a las diferencias culturales en condiciones de igualdad; expresado en la interacción y el diálogo entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas.

VI. Participación: intervención libre y activa de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación, implementación y evaluación de las medidas que les afecten directamente.

VII. Transparencia: acceso de los pueblos y comunidades indígenas a toda la información gubernamental relacionada con la materia de la consulta, en forma oportuna, suficiente, clara y objetiva.

Artículo 7. Son sujetos de consulta y tienen personalidad jurídica en los términos y para los efectos de la presente ley:

I. Los pueblos indígenas.

II. Comunidades indígenas.

III. Comunidades afromexicanas, y

IV. Las comunidades indígenas que residen en el territorio nacional en zonas urbanas o rurales distintas a las de su origen.

Artículo 8. Son sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, cuando prevean medidas que los afecten directamente:

I. En el orden federal:

a) Las dependencias y entidades de la administración pública federal.

b) Las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

c) Los órganos autónomos.

II. En las entidades federativas:

a) Las dependencias y entidades de la administración pública.

b) Las legislaturas locales.

c) Los órganos autónomos locales.

III. En los municipios, la Administración Pública Municipal y, en el caso de la Ciudad de México, las Alcaldías.

IV. Los órganos técnicos previstos en los distintos ordenes de gobierno, en los términos establecidos en la presente ley.

Artículo 9. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como objeto lograr el consentimiento previo, libre e informado a través de acuerdos respecto de:

I. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos;

II. La expropiación de tierras de núcleos agrarios que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas;

III. El otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados en sus tierras y territorios;

IV. La imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios en territorios indígenas;

V. Los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Las Acciones específicas de los tres ordenes de gobierno que afecten o puedan afectar sus derechos, y;

VII. Iniciativas o reformas legislativas que afecten o puedan afectar directamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

El consentimiento se expresará mediante acuerdos que acepten el proyecto original, modifiquen la realización del acto o establezcan condiciones para su ejecución.

Artículo 10. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los estatales y municipales será en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

Para los planes de desarrollo, estatales y municipales, será de conformidad con la legislación aplicable en las entidades federativas.

Artículo 11. No serán materia de consulta los siguientes asuntos:

I. Las acciones emergentes de combate a epidemias;

II. Las acciones emergentes de auxilio en desastres, y

III. Las leyes de ingresos y los Presupuestos de Egresos.

Artículo 12. El órgano responsable que pretenda realizar medidas administrativas o legislativas que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas, está obligado a realizar la consulta en los términos de esta ley.

Artículo 13. Los pueblos y comunidades indígenas participantes en la consulta, acreditarán su personalidad jurídica según lo establezca la legislación de la entidad federativa correspondiente.

En caso de no existir procedimiento legal para acreditar la personalidad jurídica, está se acreditará a través del acta o documento similar por la asamblea u órgano de gobierno tradicional del pueblo o comunidad indígena. En este documento se señalará la institución o autoridad representativa para efectos de la consulta.

Artículo 14. Al inicio del proceso de consulta el órgano responsable con la coadyuvancia del órgano técnico:

I. Integrará la información sobre la acción prevista, misma que deberá incluir por lo menos el objeto, naturaleza, temporalidad y alcance, basados en estudios de impacto en lo cultural, ambiental, económico y social que sean necesarios.

II. Emitirá la convocatoria al proceso de consulta, a los integrantes del pueblo o comunidad indígena correspondiente a través de los medios más idóneos de acuerdo a su cultura, lengua y prácticas de comunicación.

En caso de que un pueblo o comunidad indígena no haya sido convocado y se considere que le afecte o pueda afectar la acción del Estado podrá solicitar su inclusión en el proceso de consulta.

III. Realizará una primera reunión informativa con los convocados que tendrá por objeto:

a) Entregar la información relativa a la acción a consulta, esta debe ser precisa, accesible y comprensible, de ser necesario en la lengua y variante lingüística;

b) Informar sobre el proceso de consulta previsto en esta ley;

c) Solicitar a los pueblos y comunidades indígenas que designen y acrediten a sus autoridades o instituciones representativas, y

d) Acordar la próxima reunión para elaborar y consensuar entre las partes, el programa de trabajo de consulta.

Artículo 15. El programa de consulta contendrá por lo menos las siguientes etapas:

I. Mecanismos de difusión de las etapas de la consulta;

II. Uso de lenguas indígenas y apoyo de intérpretes y traductores;

III. Definición de actividades y el calendario para llevarlas a cabo;

IV. Los procedimientos específicos técnicos meteorológicos para la realización de la consulta;

V. Sistematización de los resultados y en su caso definición de acuerdos, y

VI. Entrega de los resultados a las partes.

Artículo 16. Una vez consensuado el programa de consulta se procederá a su ejecución.

Artículo 17. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno celebrarán convenios de coordinación para realizar la consulta, cuando por la naturaleza del acto que la motiva y en concordancia con las leyes de la materia de que se trate exista concurrencia.

En estos convenios se determinarán el o los órganos responsables, así como el o los órganos técnicos que correspondan.

Artículo 18. En cada caso, el órgano responsable abrirá un expediente que contenga por lo menos:

I. Las acciones que motivan la consulta;

II. El o los órganos responsables;

III. El o los órganos técnicos;

IV. Los convenios de coordinación a los que se refiere el artículo 17;

V. Los pueblos o comunidades afectados;

VI. Las autoridades o instituciones representativas participantes en la consulta;

VII. El programa de la consulta;

VIII. Los resultados de la consulta, y

IX. Los convenios, actas y documentos a los que se refiere esta ley.

El órgano técnico, los consultados y, en su caso, las demás autoridades involucradas, contará con una copia de este expediente.

Artículo 19. Los acuerdos serán objeto de convenios entre los pueblos o comunidades indígenas consultados y el o los órganos responsables, de cumplimiento obligatorio para las partes y en ellos se establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento.

Los convenios serán de derecho público y las controversias que se susciten con motivo de su interpretación y cumplimiento, serán resueltas por los tribunales del ámbito y materia que corresponda.

Artículo 20. En caso de que el órgano responsable inicie la ejecución de acciones sin haber consultado a los pueblos o comunidades indígenas afectados directamente, a través de sus autoridades e instituciones representativas; estos tendrán acción para exigir la suspensión, de la o las medidas hasta que se realice la consulta.

Para la procedencia de la suspensión a que se refiere el párrafo anterior bastará la comunicación por escrito de la autoridad o institución representativa del pueblo o comunidad indígena, al órgano responsable, señalando la afectación o posibles afectaciones de o las acciones. El órgano responsable está obligado a suspender inmediatamente las acciones al recibir el escrito.

Artículo 21. La consulta podrá suspenderse temporal o definitivamente:

I. Cuando las partes así lo determinen, y

II. Porque el órgano responsable suspenda la acción que motiva la consulta.

Artículo 22. Cuando, como resultado de la consulta, no se obtenga el consentimiento, se levantará un acta donde consten las posturas de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 23. Los resultados de la consulta deberán de constar en acta. El órgano responsable, con la coadyuvancia del órgano técnico, deberá hacer del conocimiento de los sujetos consultados y de las autoridades involucradas los resultados de la consulta; en español y en lengua de la comunidad o pueblo indígena que corresponda.

Los resultados, tanto los de cada una de las etapas, como los generales, deberán constar en actas y difundirse a los consultados, por los medios adecuados.

El órgano responsable deberá difundir en medios de comunicación de cobertura similar al ámbito de aplicación de la consulta los resultados de esta.

Artículo 24. Los órganos responsables y técnicos, harán las previsiones presupuéstales necesarias según corresponda para realizar las consultas.

Artículo 25. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México, deberán de incluir en los presupuestos que aprueben las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 26. Incurrirán en responsabilidad administrativa, en términos de la legislación aplicable los titulares de los órganos responsables y técnicos que teniendo la obligación de consultar, en los términos de la presente ley no lo hicieran.

En el supuesto del artículo 20 el órgano responsable no suspenda la acción, el titular de este incurrirá en responsabilidad administrativa y la que resulte del caso específico.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México adecuarán las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley, en un plazo no mayor a un año.

Tercero. En el caso de que alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa, podrá solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para efectos de la consulta, mientras se instituye el órgano local correspondiente.

Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro de la ley y de la exposición de motivos del cuerpo normativo del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Armando Contreras Castillo,Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Luis Fernando Salazar Fernández, Marcelino Rivera Hernández, María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Sonia Rocha Acosta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente

En contexto planteado por el Banco Mundial, el desarrollo social se centra en la necesidad de “poner en primer lugar a las personas” en los procesos de desarrollo. La pobreza no es solo un tema sobre los ingresos bajos; se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones frente a los ciudadanos.

Las políticas sociales deben ser un instrumento de fácil acceso, trámites sencillos y gratuitos para las personas más necesitadas de obtener beneficios a través de los programas para el desarrollo social; asimismo, por efecto de la implementación de políticas y programas enfocados en el desarrollo social, se promueve el crecimiento económico y mejora las intervenciones y calidad de vida de los beneficiarios.

Una comunidad que tiene una alta calidad de vida se considera cuando sus habitantes, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y pueden desplegar sus potencialidades en cuanto a realización personal y como sociedad en conjunto.

La actual Ley General de Desarrollo Social, aun cuando establece los mecanismos para la operación del Sistema Nacional de Desarrollo Social en nuestro país, lo cierto es que no garantiza, ni facilita adecuadamente el acceso de toda la población al desarrollo social, de conformidad con los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y menos aún, lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues son ambiguas sus disposiciones en cuanto a la forma en que debe entregarse un programa social o de asistencia, pues dispone que toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

En este tratado se reconoce que no puede realizarse el ideal de un ser humano libre si no se crean las condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Así mismo, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, se reafirmó el carácter indivisible e interdependiente de todos los Derechos Humanos y, en consecuencia ,los derechos económicos, sociales y culturales deben ser considerados al mismo nivel que los derechos civiles y políticos.

Generando así una facultad discrecional de la Secretaría de Desarrollo Social, en los requisitos establecidos y que deberá cumplir el beneficiario de acuerdo a cada uno de los programas, lo cual, deja en completo estado de indefensión a la población en general, pues no puede ser admisible que se condicionen los programas a una lista de requisitos, cuando lo que se pretende es generar una mejor calidad de vida en la sociedad mexicana, erradicando la pobreza y privilegiando los derechos de educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, además de los derechos relativos a la no discriminación que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que en los últimos ocho años, la cifra de personas pobres en México aumentó en 3.9 millones de personas, situación por la cual dicho organismo solicitó una revisión a los programas sociales que se entregan en nuestro país, emitiendo diversas recomendaciones y en las cuales se destaca el mejoramiento en la coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno.

Sin embargo, el hecho de que en México las personas en situación de pobreza no puedan acceder a dichos programas, no radica en que estos no sean los adecuados, sino en las condicionantes que establecen para su otorgamiento, de los cuales destacan el solicitar sean acreditables identidad, nacionalidad, edad, estado civil, prerregistros, llenado de formatos de solicitud, llenado de cuestionario único de información socioeconómica; presentar copias certificadas de actas, comprobantes de domicilio, clave única de registro de población, comprobantes de estudio, asistencia a pláticas y talleres, remitiendo incluso a los ciudadanos a páginas de internet para poder hacer el trámite en línea. Lo anterior es por demás absurdo, pues debería bastar que se realice una labor de campo por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Social; en la cual se lleve a cabo en primer término, un estudio del sector social que requiere de un programa de apoyo o de asistencia social y determinar cuál debe ser dicho programa a entregar; en segundo plano, se deben realizar las labores adecuadas para efecto de que el mismo personal de la secretaría, efectúe el llenado de formatos y solicitudes que correspondan de acuerdo a la información proporcionada por la persona que ya fue identificada como beneficiario, y debiendo bastar únicamente que el beneficiario acredite su nacionalidad mediante acta de nacimiento e identidad con identificación oficial con fotografía.

Ciertamente, en la actualidad la Sedesol cuenta con el Sistema de Focalización del Desarrollo, Sifode, que es un registro de 4.1 millones de hogares, utilizado por 23 programas de diferentes secretarías. La Sedesol ha realizado 9 millones de cuestionarios únicos de información socioeconómica, lo que genera resultados que permiten una mejor planeación en los programas y saber qué programa o dependencia puede combatir estas carencias y mejorar los indicadores de pobreza multidimensional. La información que proporciona el Sifode es tomada como verdadera por la Sedesol, que es una forma idónea para la incorporación de los beneficiarios. Prospera, principal programa de combate a la pobreza, utilizando la información del Sifode parte del principio de buena fe, por lo que basta con la información que proporcione el informante adecuado para ser considerada como verídica, resultando innecesario el requerimiento de documentación comprobatoria que acredite su dicho, permitiendo su incorporación al programa de manera más rápida.

De acuerdo con lo anterior, y para el propósito que persigue la presente iniciativa, se considera que la forma óptima de incorporar beneficiarios a un programa sea de la forma en que opera el Sifode pero su uso se limita únicamente a 23 programas y se requeriría que muchos más programas sociales utilicen esta metodología de focalización partiendo del principio de buena fe, por lo que debe ser suficiente con la información que proporcione el beneficiario potencial sea considerada como verídica, lo que hace más eficiente la incorporación de las personas a los padrones de beneficiarios.

Adicionalmente, en algunos casos los requisitos, documentos y procedimientos para acceder a los apoyos de los programas sociales pueden resultar incongruentes o inadecuados en algún grado; lo anterior, considerando que en dichos casos, usualmente la población objetivo se compone por personas que se ubican en los estratos de ingreso más bajos en el país, o bien, pertenecen a comunidades consideradas marginadas.

Es pertinente reformar la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social para establecer como un derecho que los beneficiarios recibir la ayuda necesaria para su incorporación a los programas, no debemos olvidar que los beneficiarios de los programas sociales son personas en condiciones de pobreza y en muchas ocasiones las ROP no son lo suficientemente claras para su entendimiento.

Por tal motivo se propone a esta asamblea legislativa la modificación del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, atendiendo a lo contenido en la siguiente tabla comparativa:

De este modo, para garantizar una eficiencia, rapidez y sencillez del trámite de obtención de beneficio, deberá de modificarse la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, en los términos anteriormente señalados.

Por lo manifestado resulta necesario e indispensable facilitar, evitar requisitos y documentos que compliquen el trámite para el ciudadano y además pueden generar costos gravosos para los solicitantes como pueden ser copias certificadas ante fedatarios públicos o constancias de residencia ante las autoridades administrativas que no son gratuitas.

Por ello considero necesario que esta asamblea atienda y resuelva de fondo facilitando a las poblaciones que requieren esos esas necesidades a fin de que la población mexicana pueda acceder de manera sencilla a los programas sociales o de asistencia, con la finalidad de erradicar y combatir la pobreza que acoge a nuestro país, teniendo con ello una mejor calidad de vida.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a V. ...

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón y recibir del personal adscrito a la secretaría, el apoyo para el llenado de la solicitud y para la realización de los trámites de incorporación al padrón de beneficiarios, que incluya la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento de los requisitos.

VII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Sonia Rocha Acosta,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lilia Villafuerte Zavala, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

La educación es una herramienta fundamental para el progreso y desarrollo del país, así como para la mejorar de la calidad de vida de la población. Su función básica es ampliar las oportunidades económicas, sociales y políticas, para reducir las desigualdades entre los grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a la vez que garantiza el ejercicio de una ciudadanía responsable, libre y crítica.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

En México, desde 1917, la Constitución Política consagró a la educación como un derecho social fundamental. Al respecto, su artículo 3o. señala a la letra que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.

De la misma manera, el artículo 2o. de la Ley General de Educación establece que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

Para el cumplimiento de este derecho fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en la Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, numeral III.2: “Que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles”.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) señala que aproximadamente 5 millones de jóvenes estudian la Educación Media Superior (EMS).

Tan sólo en el ciclo escolar 2015-2016 se matricularon: 4 millones 985 mil 080 jóvenes en educación media superior, de los cuales 600 y 700 mil abandonaron sus estudios, lo que representa entre 13 y 15 por ciento de este sector poblacional.

Las principales causas de abandono son las siguientes: 32.3 por ciento, por cuestiones escolares institucionales; 35.4 por ciento, son económicas; 21.2 por temas relacionados a problemas familiares-personales; 1.1 por inseguridad y 10 por ciento no especificado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) revela que, tan sólo en el ciclo escolar 2017-2018, el abandono escolar en educación primaria fue de 0.8 por ciento, en secundaria 4.3 por ciento y en la Educación Media Superior de 13.3 por ciento.

Según datos del Congreso Nacional de Investigación Educativa, en el país el abandono escolar en nivel de educación media superior ha representado uno de los problemas que lo ha marcado históricamente. Tomando como punto de referencia el ciclo escolar 1990-1991 la tasa de abandono pasó de 18.8 por ciento a 13.1 por ciento en el ciclo escolar 2013-2014, lo que significa que durante dos décadas el problema del abandono sólo disminuyó en 5.7 por ciento. En la actualidad, anualmente el abandono representa salida temprana de más de 3 mil 200 jóvenes al día, calculando por los 200 días del ciclo escolar, siendo ésta una de las mayores tasas de abandono en América Latina y en los países que conforman la OCDE.

El Panorama de la Educación 2017, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), menciona que llegar a la educación superior para adultos entre 25 y 34 años de los países de la OCDE se está convirtiendo en norma: el 43 por ciento de las personas en este rango de edad tenían un título universitario en 2016. En contraste, la población en esa edad sin educación media superior alcanza sólo el 16 por ciento.

En este sentido, la SEP señala que en el ciclo escolar 2017-2018 la matrícula del Sistema Educativo Nacional ascendió a 36 millones 450 mil alumnos, de los cuales 25 millones 447 mil correspondieron a Educación Básica; 5 millones 237 mil a Educación Media Superior; 3 millones 864 mil a Educación Superior; y un millón 900 mil a Capacitación para el Trabajo.

La siguiente gráfica permite constatar que durante el ciclo escolar 2012-2013 había una matrícula de poco más de 6 millones 340 mil alumnos en educación secundaria, mientras que en el ciclo 2017-2018 fue de 5 millones 536 mil.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la SEP.

Estas cifras adquieren relevancia, sobre todo, si consideramos que en el ciclo escolar 2017-2018 la matrícula del nivel medio superior sumó poco más de 5.2 millones de jóvenes, lo que significa que un millón 372 mil dejaron de estudiar la educación superior. Las razones presuntamente pueden relacionarse con cuestiones económicas, falta de interés, su incorporación al mercado laboral nacional o bien por emigrar a los Estados Unidos, principalmente.

Otra de las problemáticas es que existe un universo laboral cada vez más competitivo y cerrado, por lo que es esencial tomar con anticipación la mejor decisión sobre el futuro profesional, valorando las mejores opciones posibles sobre la carrera que se pretende estudiar.

De acuerdo con datos del Observatorio Laboral, al primer trimestre de 2018, las carreras con mayor demanda, son las siguientes:

Por su parte, la iniciación de los estudios de educación media superior y superior, representan una oportunidad inmejorable para avanzar en la consolidación de un proyecto de vida, que empieza a moldearse en el bachillerato y que se espera sea fortalecido en las aulas universitarias para generar profesionales con altos niveles de autorrealización y comprometidos con el desarrollo y progreso del país. En tal virtud, es necesario considerar las altas cifras de deserción que aún persisten en ambos niveles educativos y fortalecer las políticas públicas para su pronta atención.

El universo de adolescentes y jóvenes que terminan la secundaria y el nivel medio superior asciende a 10.8 millones alumnos, es decir, se trata de aquellos que deben elegir una carrera de estudios o un área profesional para su desarrollo, siendo esta una de las decisiones más importantes que marcarán su horizonte personal, profesional y laboral. Esta es precisamente la población objetivo a la cual se orienta la presente iniciativa.

Cuando dicha decisión es apresurada se corre el riesgo de que la elección de la carrera no guarde correspondencia con el perfil del estudiante, lo que puede generar consecuencias negativas como bajo rendimiento, desmotivación y a posteriori deserción y abandono de los estudios.

De entrada, los anteriores motivos justifican la pertinencia de fortalecer y adoptar la orientación vocacional como una herramienta fundamental para que los adolescentes y jóvenes dispongan con información oportuna y más precisa al momento de elegir su carrera técnica o profesional.

La orientación vocacional es una disciplina científico-técnica del campo de las Ciencias Humanas Sociales, cuyo propósito es potenciar el desarrollo humano de las personas, conseguir la autocomprensión y autorientación, alcanzando de manera efectiva la toma de decisiones educativas y vocacionales y lograr, de esta manera, la adaptación y el ajuste para conseguir un aprendizaje óptimo en los años de escolaridad.

La orientación en el campo vocacional se da en el transcurso de toda la vida. Y si bien inicia en los primeros años de escolaridad, es durante la educación secundaria y en el nivel medio superior cuando los jóvenes requieren, en mayor medida, de dicha herramienta.

La OCDE asegura que la orientación profesional ayuda a las personas de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas a elegir una formación académica, profesional o una ocupación laboral que encamine su futuro profesional.

Asimismo, señala que la orientación incluye una serie de puntos que apoyan a la elección efectiva con programas que ayudan a los alumnos a aclarar sus objetivos profesionales y a entender el mundo laboral; así como ayuda personal, o en grupo, para decidir sobre cursos iniciales de estudio, cursos de formación profesional, educación y formación posterior, primera elección de trabajo, cambio de ocupación o reentrada en el mundo laboral; y servicios informatizados o en línea que informan sobre trabajos y carreras o que ayudan a decidirse profesionalmente; generando información sobre puestos de trabajo, cursos y formación profesional.

La orientación vocacional es, además, muy importante para abordar las necesidades de los estudiantes en riesgo y de los que abandonan prematuramente la escuela. Existen experiencias internacionales positivas, especialmente en los países escandinavos, en los que la orientación profesional se incluye en los programas de intervención temprana con obligaciones mutuas y planificación de acciones personales.

En efecto, existen diversas legislaciones en materia educativa que ya han adoptado la orientación vocacional, destacando los casos de España, Argentina y Francia, como se muestra en el siguiente cuadro:

Es importante señalar que Bélgica se considera como pionero de la Orientación y de la Psicopedagogía. En 1899 se funda el primer Instituto de Psicología Pedagógica de Europa y en 1936 aparece la primera legislación sobre organización y funcionamiento de las Oficinas de Orientación Escolar y Profesional, denominación que más tarde se extiende al resto de los países.

En el Reino Unido, en 1910 se promulga una ley sobre orientación profesional en la que se le otorga a la institución escolar un papel relevante en la búsqueda de empleo del alumnado al finalizar sus estudios.

En los Estados Unidos, la orientación surgió a principios del siglo XX siendo sus principales exponentes Parsons, “padre” de la Orientación Vocacional; Davis, que introdujo el primer programa de orientación en la escuela; y Kelly, que utilizó por primera vez el adjetivo educativo referido a la orientación. A partir de los años veinte empezó a generalizarse el uso de los términos Educational Guidance (Orientación Educativa) y Vocational Guidance (Orientación Vocacional), a diferencia de Europa donde se extendió el término Orientación Profesional.

En este contexto, la presente iniciativa propone reformar la Ley General de Educación, con el objeto de desarrollar programas de orientación vocacional y tutorías, a fin de apoyar la elección académica y profesional de los estudiantes de educación secundaria y del tipo medio superior.

Es indispensable que dentro de la legislación en materia educativa, se adopte e incorpore la orientación vocacional como un proceso necesario para apoyar la elección apropiada y profesional de los jóvenes que egresan de secundaria y del nivel medio superior, que les permita ponderar sus gustos e intereses, habilidades y competencias, aspectos de personalidad, la oferta académica, la dinámica profesional y el campo laboral.

Por lo anterior, resulta primordial instrumentar modelos efectivos de orientación profesional-vocacional, lo que significaría no sólo un ahorro en tiempo, recursos y esfuerzos, a la vez que evitará frustraciones provocadas por la elección equivocada de la carrera.

Esta reforma a la ley ayudará a dar una mayor y mejor orientación a los adolescentes y jóvenes en su búsqueda y elección profesional. Ello es de gran relevancia puesto que un estudiante identificado y motivado con su carrera, tiene alta probabilidad de ser un egresado exitoso.

Resulta fundamental que las y los jóvenes no solo concluyan sus estudios de secundaria y educación nivel media superior, sino que también, transiten a niveles superiores, para lo cual es imperativo contar con programas de orientación vocacional, oportunos y eficaces. En este marco, se propone la adición de una fracción IV Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

I. a IV.-...

IV Bis. Desarrollar programas de orientación vocacional y tutorías, con el fin de apoyar la elección académica y profesional de los estudiantes de educación secundaria y del tipo medio superior.

V. a XIII. ...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.un.org/es/documents/udhr/

2 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ 558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf

3 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/334/P2A334.pdf

4 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/ principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf

5 http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/ 0398.pdf

6 https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/

7 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/ principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf

8 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/ Tendencias_empleo.html

9 https://www.oecd.org/edu/innovation-education/29888194.pdf

10 http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

11 http://www.suteba.org.ar/download/ley-de-educacin-provincial-43873.pdf

12 http://www.apega.org/attachments/article/379/orientacion_educativa.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Irma María Terán Villalobos,Alejandro Ponce Cobos, Anilú Ingram Vallines, Beatriz Dominga Pérez López, Benito Medina Herrera, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Ernesto Vargas Contreras, Graciela Zavaleta Sánchez, Hortencia María Luisa Noroña Quezada, Irineo Molina Espinoza, Isaías González Cuevas, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Ortiz Guarneros, Kehila Abigail Ku Escalante, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Enrique Miranda Nava, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Ester Alonzo Morales, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina diputada del Grupo Parlamentario Partido Encuentro Social, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Actualmente niñas, niños y adolescentes están pasando más tiempo en las escuelas y los padres más tiempo en los trabajos, esta dinámica social implica una necesidad de tener reglas claras acerca de un fenómeno que hasta hace algunas décadas se consideraba como normal, desconociendo totalmente sus graves consecuencias, me refiero al acoso escolar o como es más comúnmente conocido bullying. “El acoso escolar (bullying) es tan amplio que puede ser abordado por distintas ramas del saber, desde el campo medico se puede decir que es un problema médico psicológico y físico, desde la sociología como un fenómeno o hecho social que inhabilita la convivencia en sociedad, y desde el ámbito que nos compete, el jurídico, podemos considerarlo una conducta antisocial llevada a cabo por menores de edad en perjuicio del sano desarrollo de la sociedad”.

Son tan terribles las consecuencias de este comportamiento que las estadísticas marcan un incremento en el número de suicidios relacionados al acoso escolar (bullying), considerado éste como la punta de máxima violencia.

Sin embargo encontramos, dentro de las consecuencias de éste tipo de acciones, la disminución de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje en las aulas, en el ambiente que se desenvuelve este comportamiento encontramos una relación trilateral que se sostiene mediante la ley del silencio y la condena pública del delator, lo cual convierte el escenario en un lugar prácticamente inhabilitado para todas y todos, y se agregan los estereotipos de género transmitidos desde el hogar, que se ven potenciados en el momento del acoso escolar, nos encontramos ante un excelente caldo de cultivo de conductas que favorecen la violencia contra las mujeres y pudiendo más tarde incluso llegar al feminicidio.

Según estudios de la ONU y la OCDE, México se sitúa en el primer sitio en escala internacional en el número de casos en acoso escolar o Bullying a nivel secundaria, además de que 7 de cada 10 niños y jóvenes de primaria y secundaria afirman haber sufrido una agresión en alguna etapa de su vida escolar.

La CEPAL señala que 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje es de poco más de 7 por ciento; Además de indicar que estudios recientemente han demostrado que los estudiantes que sufrieron violencia de sus iguales alcanzaron un desempeño en lectura y matemáticas significativamente inferior al de quienes no la experimentaron, es por ello que, el hecho de prevenir, fomentar lineamientos para erradicar estas conductas tendrá beneficios en distintos aspectos como el rendimiento escolar.

En el proyecto de iniciativa de Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, nos menciona que “La Escuela es el sitio de socialización en el que se establecen relaciones de amistad entre niñas, niños, jóvenes y docentes; es además un sitio donde se experimentan las relaciones de poder, jerarquización, así como la participación en actos violentos, ya sea que se reciba algún tipo de violencia por parte de compañeros y compañeras o de los adultos y adultas que forman parte de la comunidad educativa. Después de la casa, la escuela es el espacio idóneo para enseñar y aprender la convivencia libre de violencia de cualquier tipo. Sin embargo, ha habido obstáculos para que la labor de la escuela no se haya concretado de esa manera, entre otros: la falta de una modificación al currículo educativo formal y oculto, siendo este último el más urgente de atender, ya que perpetúa la violencia en varios sentidos (Flores, 2005). Un obstáculo más es la falta de voluntad política que ha impedido que se lleve a cabo un programa integral que minimice y erradique todas las formas de discriminación y violencia en los centros escolares (Oxfam, 2005a). Igualmente, desde el imaginario social, se sigue concibiendo a la escuela como un espacio que prioritariamente potencia capacidades cognitivas, antes que las afectivas. En este contexto, una gran parte de docentes centran sus esfuerzos en cubrir los créditos de los planes de estudios, en pro de un desarrollo académico conveniente al ajuste de las demandas del programa educativo, con lo que dejan de lado contenidos que tienen como base la cooperación y convivencia, mismas que, de tomarse en cuenta, conducirían a las alumnas y los alumnos a aprender y vivir en una cultura de paz”.

En el mismo proyecto de iniciativa de Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, nos revela que “al menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de acoso escolar y de éstos uno de cada 10 recibe atención especializada”. Desde luego que procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, es como se puede establecer los principios para el funcionamiento que surja sobre la comunicación respetuosa con base a una cultura de paz, respeto y tolerancia en la comunidad escolar.

Por lo anterior expuesto es indispensable contar con diversas acciones que obliguen a las escuelas, directivos, profesores, alumnos y padres de familia, a generar y participar en proyectos y programas que permitan capacitarse en la protección de los derechos humanos y en la forma en que la gente toma conciencia de sus derechos, pero también de sus obligaciones, con el objetivo de discernir el tema y tomar conciencia sobre el peligro que encierra la violencia y acoso en las escuelas, para lo cual se requiere dar seguimiento y evaluar constantemente un clima de seguridad, así como una eventual rectificación, esto con la finalidad de impulsar acciones para generar una cultura de prevención y seguridad en la comunidad escolar y su entorno.

El objetivo de la presente iniciativa es adoptar la capacitación como la principal herramienta de trabajo para el combate contra el bullying, debiendo prevenir el maltrato escolar a través de acciones, proyectos y programas que fomenten una cultura de paz, el respeto entre el alumnado, consolidando un seguimiento y evaluación constante.

Propiciar en consecuencia, capacitación de los menores, profesores y padres de familia como promotores de los derechos y obligaciones que como seres humanos tenemos, permitirá fortalecer los valores, la identidad y por ende el comportamiento; además de contar con la participación decidida de los maestros, personal administrativo y padres de familia que reciban capacitación en las propias escuelas, de ese modo realizar tareas de prevención resulta indispensable, para evitar que la espiral ascendente de la violencia impere en las generaciones de menores y adolescentes como algo cotidiano.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14....

I al XII Quintus...

XII Sextus. Capacitar, Fomentar y promover lineamientos de participación y seguimiento en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar y en el diseño de condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estudio del Marco Jurídico del Acoso Escolar/Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y Equidad de Género

2 Proyecto de Iniciativa de la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina,Armando González Escoto, Carolina García Aguilar, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, María del Carmen Cabrera Lagunas, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Rosete Sánchez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olvera Bautista Sandra Simey (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, diputado a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX, del artículo 371, de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

La reforma política de 1977 marcó el inicio hacia la liberalización del sistema político autoritario. En los últimos 40 años, a través de diversas reformas electorales en nuestro país se han logrado avances graduales para consolidar nuestra democracia. Prueba de ello, es el triunfo en las urnas que obtuvo el pasado primero de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador y que fue reconocido por todos los actores políticos, situación que garantiza la transición pacífica del poder político el próximo primero de diciembre.

A pesar de estos avances, aún quedan pendientes que es preciso atender para lograr una auténtica democracia. Una de estas aristas es lo concerniente a los obstáculos que los trabajadores tienen que enfrentar para elegir libremente a sus dirigentes sindicales y de esta manera decidir el rumbo de sus organizaciones, es decir, sigue pendiente alcanzar una democracia sindical.

En sentido amplio, el concepto de democracia presupone tres principios básicos: libertad, igualdad y justicia. En este tenor, uno de los grandes objetivos del nuevo Ejecutivo federal y de los legisladores que conformamos la LXIV Legislatura es lo referente a construir una democracia sindical que esté libre de hechos de corrupción y que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores mexicanos. Dicho postulado no sólo es una cuestión discursiva, sino que constituye una de las principales directrices para los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que como su nombre lo indica, tiene un compromiso auténtico e integral con la clase trabajadora de México.

En relación a la democracia en el interior de las organizaciones de trabajadores, en su obra La democracia sindical, el jurista José Dávalos Morales, indica que implica la permanente lucha de la clase trabajadora por abolir la explotación del hombre por el hombre y por lograr su mejoramiento económico, social y cultural. Asimismo, menciona que la democracia sindical debe ser entendida como “una forma de gobierno que garantiza la decisión última, al órgano representativo de la asociación profesional, y que la acción sindical descansa en el derecho de opción de cada individuo a afiliarse o no, y a entrar o salir del sindicato, sin óbice para su libertad de trabajo.”

Es importante advertir que se trata de un tema que se remonta a la Revolución Francesa de 1789, movimiento social que reivindicó a nivel internacional los derechos del hombre, incluidos los relativos a las relaciones laborales.

Entre los principales antecedentes de la vida sindical en nuestro país, se encuentran la Constitución Política de 1857 que en sus artículos 5 y 9 consagró la libertad de trabajo y el derecho de asociación, respectivamente; y por supuesto, la Constitución de 1917 (primera en el mundo en consagrar los derechos sociales de los trabajadores), que en su artículo 123 estableció los derechos colectivos de los trabajadores bajo los términos que a continuación se refieren: “XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, ...”.

La primera Ley Federal del Trabajo de 1931, Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, entre otras cuestiones, reconoció el derecho de formar sindicatos sin necesidad de autorización previa; estableció el principio democrático de que a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él; extendió a los mayores de doce años y que a partir de los dieciséis años podrían participar en la administración y dirección del sindicato; e incorporó la libertad de los sindicatos de formarse y organizarse conforme a sus propios estatutos.

En el contexto internacional, instrumentos como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (número 87) de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 3, numeral 1, a la letra dispone que: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

No obstante, actualmente aún persisten prácticas en las que los trabajadores elijen “a mano alzada a sus dirigentes”, tal es el caso de la elección Manuel Moreno Mendoza como dirigente de la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Las Choapas, Veracruz, en el año 2015, mismo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó en julio de 2017 que se repusiera dicho proceso, resaltando que en la nueva elección, el voto fuera ejercido de manera libre y secreta.

En días recientes, en la Sección 35 de la Refinería Miguel Hidalgo de Pemex, los trabajadores han denunciado la represión hacia el personal sindicalizado que desea contender para el nuevo Comité Ejecutivo Local. Inclusive el trabajador Israel Estévez López que lideraba a un amplio grupo de trabajadores para contender para la próxima planilla fue cesado de su trabajo. El caso del Sindicato Petrolero no es un hecho aislado, por el contrario, muestra una práctica sistemática que persiste en el sindicalismo mexicano, prueba de ello lo podemos observar en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el que de acuerdo a declaraciones de sus integrantes, el actual secretario general, Manuel Vallejo, busca imponerse de “manera autoritaria” en el próximo proceso para renovar la dirigencia que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.

Las prácticas autoritarias en el sindicalismo mexicano, obstaculizan el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes y se siguen presentando a pesar de que la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo señala que los estatutos de los sindicatos contendrán el procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta.

Consideramos que esta redacción es ambigua y da pauta a que las dirigencias sindicales no cumplan con los principios de garantizar la elección libre y secreta, lo cual es una condición fundamental para que los integrantes de los sindicatos puedan expresar su voluntad sin coacción o temor a ser objeto de represalias.

Las modificaciones propuestas tienen como objetivo garantizar que la elección de directivas sindicales y sus miembros, sea de manera personal, libre, directa y secreta. Con ello, además de fortalecer la representatividad sindical, se fomenta la rendición de cuentas sobre cuestiones relativas a los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos de trabajo.

Al contar con una auténtica representatividad, las dirigencias sindicales podrán responder a las demandas legítimas de los trabajadores y serán verdaderos defensores de los logros históricos del sindicalismo mexicano. Además de su importancia intrínseca, los cambios propuestos se encuentran en concordancia con el texto constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los instrumentos internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano.

La reforma planteada es viable en virtud de que emana de un reclamo social histórico que no puede seguir postergándose. Asimismo, cabe resaltar que los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo señalan que: “ La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical.”

Además, el Comité reitera que: “No existe violación de los principios de la libertad sindical cuando la legislación contiene ciertas reglas que tienen por finalidad promover los principios democráticos en el seno de las organizaciones sindicales o bien garantizar el desarrollo normal del procedimiento electoral respetando los derechos de los miembros, a fin de evitar todo conflicto en lo que atañe al resultado de las elecciones.”

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. ...

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, que garantice que el voto de los trabajadores se ejerza de manera personal, libre y secreta.

X. a XV.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dávalos Morales, José, La Democracia Sindical, Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, No. 77, 1993, [en línea], disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/ view/3082/3385

2 Convenio 87 sobre Libertad Sindical, Organización Internacional del Trabajo. Disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/ view/3082/3385

3 “Piden democratizar proceso interno en Sindicato de IMSS”, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-democratizar-proceso- interno-en-sindicato-del-imss

4 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 4a. ed., 2006, párrafo 398, disponible en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—normes/documents/ publication/wcms_090634.pdf

5 Ibíd. párrafo 399.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.— Diputado José Luis Montalvo Luna(rúbrica).»

«Iniciativa que abroga la Ley de Seguridad Interior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley de Seguridad Interior.

I. El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las múltiples críticas y observaciones vertidas por fuerzas políticas, especialistas, académicos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Entre los principales cuestionados a esta Ley se encuentra su trasfondo, ya que detrás del planteamiento sobre seguridad interior subyace un intento por normalizar el estado de excepción, es decir, por normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este sentido, se puede decir que la Ley de Seguridad Interior busca legitimar el enfoque militarista y la estrategia de combate a la inseguridad de la última década, cuyo corolario es la violación de derechos humanos.

De manera particular, también debe señalarse que la Ley de Seguridad Interior, incurre en cuestiones de inconstitucionalidad. Algunos preceptos violentados son los siguientes:

• El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. La seguridad interior no es una facultad otorgada al Congreso de la Unión, dado que no tiene base constitucional, además la seguridad interior no es parte de la seguridad pública, por lo que no es posible derivar la facultad para legislar en la materia. Por ello, es violatoria de los artículos 49 (principio de división de poderes) y 73 (división funcional de poderes) de la Constitución.

• La Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que ninguna autoridad puede tomar decisiones que no estén previstas o autorizadas en una disposición legal anterior, de modo que la seguridad interior carece de fundamentación, siendo violatoria del artículo 16 de la Constitución, dado que no se funda el acto legislativo.

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior violan el principio de salvaguarda federal, que establece en el artículo 119 de la Constitución, que en casos de trastorno interior, serán las legislaturas locales o el Gobernador (si aquéllas no estuvieran reunidas), las que solicitarán la intervención y protección de las fuerzas federales. La Ley viola este principio, al facultar al Presidente a disponer de las fuerzas federales y armadas a intervenir ante amenazas a la seguridad interior, así como a realizar “tareas permanentes” en materia de seguridad interior. La discrecionalidad otorgada al Presidente y a las fuerzas armadas viola este principio, establecido en el artículo 119 de la Constitución.

• Viola el derecho a la información, previsto en el artículo 6 constitucional, al establecer que la información que se genere será siempre considerada de “seguridad nacional”. En primer lugar, no se justifica que “toda” la información sea considerada de seguridad nacional, pero además la ley está previendo otorgar esta categoría a toda la información incluso antes de que se genere dicha información y antes de que sea clasificada por los órganos competentes. Si bien la Ley General de Transparencia establece que efectivamente se podrá clasificar la información, dicho análisis debe realizarse caso por caso, pero la Ley de Seguridad Interior evita este procedimiento y de facto clasifica toda la información como reservada, por lo que es violatoria del artículo 6° de la Constitución en materia de acceso a la información.

• Viola la libre asociación, al establecer que sólo las movilizaciones no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho más amplio y no ceñirse sólo a las movilizaciones, por lo que es violatoria del artículo 16 de la Constitución.

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior establecen que en las operaciones de seguridad interior se designará a un comandante de las fuerzas armadas para coordinar los trabajos, lo que invade las atribuciones de otros órdenes de gobierno y vulnera las propias atribuciones del Presidente de la República, que en todo caso debería poder designar a quien él decida, sin que tenga que ser forzosamente un comandante, por lo que es violatoria del artículo 89 de la Constitución relativo a las atribuciones del presidente.

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior invaden competencias de estados y municipios, las que sólo podrían replantearse a través de una reforma constitucional y una legislación general, pero la Ley de Seguridad Interior no tiene ese carácter, por lo que es violatoria del artículo 40 de la Constitución respecto a la organización federal de la República.

• Diversos artículos limitan e invaden facultades del ministerio público y las de autoridades civiles de procuración de justicia, y pueden violentar los derechos humanos, al no preverse que las personas detenidas deberán ser puestas a disposición de inmediato, por lo que es violatoria del artículo 21 de la Constitución relativa a las funciones del ministerio público y del 16 relativo a las detenciones.

• La Ley de Seguridad Interior transgrede disposiciones en materia de recolección de información, ya que prevé que las fuerzas armadas podrán recolectar información mediante medios lícitos, concediendo así que las fuerzas armadas puedan pedir a un juez la intervención de comunicaciones privadas, lo que transgrede el equilibrio de poder cívico-militar, dado que la instancia facultada para solicitar este tipo de intervenciones a un juez son las autoridades civiles, no las militares, por lo que es violatoria del artículo 21 y 16 de la Constitución.

Por estas razones, es que diputados federales de la LXIII Legislatura de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Además de las cuestiones de inconstitucionalidad registradas en la Ley de Seguridad Interior, deben resaltarse otros problemas de la misma, como la ambigüedad en sus definiciones: las causales para activar la participación de las Fuerzas Armadas son muy laxas: “las que afecten la estabilidad de las instituciones”, o “las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional”.

Peor aún, se incluyen como causales las previstas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que son bastante abiertas, como: “Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria”, “Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”, “Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”, “Actos ilícitos en contra de la navegación marítima”, “Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”, “Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Por otro lado, establece un régimen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, ya que El artículo 4 define los “riesgos a la seguridad interior» como la «situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior”. Y los artículos 16 y 26 señalan, respectivamente, que el presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria, y que las Fuerzas Armadas podrán “identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior” de manera permanente y sin declaratoria.

En este mismo sentido, en la Ley de Seguridad Interior hay una ausencia total de controles institucionales, ya que no se prevén mecanismos de control en torno a la autorización y actuación de las acciones de seguridad interior, ni por parte del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte, únicamente se señala que se deberá “notificar” a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, la Ley de Seguridad Interior es un incentivo perverso para que las instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus capacidades. El mecanismo previsto en el artículo 11 para que las entidades federativas soliciten acciones de seguridad interior es demasiado laxo. Se plantea que podrán solicitarlo las legislaturas (sin especificar una mayoría requerida) o el Ejecutivo estatal en caso de receso de aquellas, cuando se vean comprometidas sus “capacidades efectivas” para atender una amenaza. Este es un incentivo perverso para que las entidades federativas se postren a la necesidad de mejorar sus instituciones y “capacidades efectivas”, y recurran sistemáticamente a la intervención de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significó también la renuncia del Estado mexicano a mejorar sus policías y sus instituciones civiles de seguridad, particularmente en los municipios y entidades federativas.

Todo lo anterior, obliga al Poder Legislativo a realizar un ejercicio de reflexión en torno a la Ley de Seguridad Interior y en torno al futuro de la política de seguridad de nuestro país. Consideramos que la apuesta del Estado mexicano debe ser tener policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más una estrategia de seguridad que ha fallado durante los últimos años.

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

Que abroga la Ley de Seguridad Interior.

Artículo Único. Se abroga la Ley de Seguridad Interior.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para elaborar y aprobar la reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad, considerando esquemas de coordinación efectivos, modelos de mando mixto coordinados, mecanismos de capacitación, evaluación y mejora continúa de las instituciones de seguridad pública, la mejora en las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Cuarto. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, a 11 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Ana Priscila González García,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Sáenz, Alberto Esquer Gutiérrez, Ariel Rodríguez Vázquez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Francisco Ramírez Salcido, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lilia Villafuerte Zavala, Lourdes Celenia Contreras González, María del Pilar Lozano Mac Donald, María Eugenia Hernández Pérez, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Robles Ortiz, Nohemí Alemán Hernández, María del Pilar Lozano Mac Donald, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del problema

En la actualidad, el gasto público ejercido ha superado con mucho lo aprobado por el Congreso de la Unión. Así, por ejemplo, en los últimos tres años se han gastado más de 300 mil pesos por encima del Presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión.

México Evalúa, en el estudio “Arquitectura del Ramo 23”, señala que:

“entre el 2013 y el 2017, el ramo 23 gastó 14 veces más de lo aprobado. En este periodo se aprobaron recursos por 22 mil millones de pesos, pero se gastaron 318 mil millones de pesos. Este incremento representó 30 por ciento del aumento de los ingresos tributarios entre el 2014 y el 2017, es decir, los excedentes de los ingresos se pueden estar utilizando para este ramo”.

Particularmente nos referimos a lo acontecido con las facultades, sin contrapeso (carentes de transparencia ni rendición de cuentas), que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las transferencias que se realizan a los estados y municipios a través del Ramo 23 de “Provisiones Salariales y Económicas” las cuales se han incrementado de manera desproporcionada.

“Estos programas no cuentan con reglas de operación y en su mayoría no fueron autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente. Su asignación se hace sin contrapesos y queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda sobre cuánto se gasta, a quién se le da, por qué, cuánto y cuándo”

2. Argumentos

Se ha buscado que el diseño del presupuesto público no solo se concentrara en el control del gasto como fin último, sino en el establecimiento de normas que mejoraran la captación de ingresos y su asignación de acuerdo con los planes y programas establecidos. Este proceso culminó en 2006 con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que fue reforzado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2008) y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (2009).

Los hallazgos del estudio identifican dónde se encuentran estas áreas de oportunidad.

1. Nuestros presupuestos no son realistas. Por ello tienen que adecuarse de manera muy significativa durante su ejercicio. En los años que cubre este análisis (2005 a 2013), las ampliaciones netas al presupuesto ascendieron a 262 mil millones de pesos anuales.

2. Las ampliaciones se destinan en una gran proporción al cajón de Ramos Generales. La responsabilidad hacendaria de estos Ramos es difusa.

No cuentan con normas operativas suficientemente establecidas para el manejo de los fondos que administran. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha recomendado incluirlas en la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto, lo que se ha hecho parcialmente pero sigue siendo insuficiente.

3. La estimación de los ingresos tampoco es realista. Sistemáticamente los ingresos se subestiman. En el mismo periodo de análisis, los ingresos excedentes del gobierno federal ascendieron a alrededor 243 mil millones de pesos promedio anuales. Los derechos, productos y aprovechamientos (ingresos no petroleros y no tributarios) dan cuenta de la mayor parte de este excedente.

4. El gobierno federal no explica suficientemente a qué programas y proyectos se asignan los excedentes y con qué criterios los elige. Un ejemplo es el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP) que recibe parte de dichos ingresos. En su origen este fondo tenía la misión de administrar una reserva para compensar caídas en el ingreso petrolero. Hoy es un Fondo que se destina al gasto. Se desconocen los criterios con los cuales ahora se determinan las cantidades que recibe el FEIP vía ingresos excedentes y las que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del FEIP para asignarlas a programas y proyectos de inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

5. El control y contrapeso legislativo es débil en la fase del ejercicio del gasto. La ASF, el brazo auditor del Congreso, no tiene facultades para intervenir durante el ejercicio del presupuesto. Trabaja con el principio de posterioridad, lo que le resta relevancia y oportunidad.

En suma y por lo expuesto, los ciudadanos no tenemos información suficiente para saber exactamente en qué se gasta el presupuesto adicional y tampoco para saber con qué efectividad. Las mejores prácticas presupuestales incluyen en el proceso del seguimiento a su ejecución presupuestal, sin embargo, en nuestro país, el ejecutivo federal por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público incurre en acciones y gestiones que unilaterales en las que es juez y parte, sin contrapesos institucionales.

Concretamente nos referimos, la intervención que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las transferencias que se realizan a los estados y municipios a través del Ramo 23 de “Provisiones Salariales y Económicas” las cuales se han incrementado de manera desproporcionada, por ejemplo, México Evalúa, en el estudio “Arquitectura del Ramo 23”, señala que:

“entre el 2013 y el 2017, el ramo 23 gastó 14 veces más de lo aprobado. En este periodo se aprobaron recursos por 22 mil millones de pesos, pero se gastaron 318 mil millones de pesos. Este incremento representó 30 por ciento del aumento de los ingresos tributarios entre el 2014 y el 2017, es decir, los excedentes de los ingresos se pueden estar utilizando para este ramo”.

Son tres principales programas de este ramo: Programas Regionales, Contingencias Económicas y Fortalecimiento Financiero.

El Poder Ejecutivo en la ejecución y gestión del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, realiza adecuaciones y trasferencias presupuestales entre las dependencias responsables del gasto y al interior de su presupuesto autorizado, sin informar ni consultar a la Cámara de Diputados sobre su asignación y ejecución, incurriendo en un una práctica discrecional y, por tanto, en una práctica inadecuada y peor aún, sin rendición de cuentas.

Esta práctica genera opacidad en el manejo presupuestal. Es por ello que resulta inaplazable que se regule estas prácticas indebidas, que nada abonan o contribuyen a las mejores prácticas internacionales en el ejercicio del gasto público.

Es ilustrativo, el reporte de la SHCP, en el que expone que el gasto neto del sector público fue por 5 billones 177 mil 596 millones de pesos, lo que significó una reducción del 8.7 por ciento, respecto de lo que se registró en 2016 y en términos reales. No obstante, este gasto fue mayor en 321 mil 811 millones de pesos a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 en la Cámara de Diputados.

En sus diferentes rubros de gasto, se indica que el gasto programable se redujo en 12.7 por ciento, respecto del 2016, pero también superó el gasto que se había programado en más de 301 mil 804 millones de pesos.

En las dependencias de gobierno se registró un gasto de 1 billón 76 mil 146 millones de pesos, que si bien significa una reducción del 32.2 por ciento, respecto de lo que se gastó en 2016, si se compara a lo que se tenía programado, se ve un exceso de 97 mil 415 millones de pesos.

En su reporte, la Auditoría también ubicó aquellas dependencias o ramos que más incrementan su gasto con respecto al presupuesto que se les asignó; algunas de ellas son: la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, Provisiones Salariales y Económicas, Educación Pública y Aportaciones a la Seguridad Social.

En el caso del Ramo 23, que se refiere al de Provisiones Salariales y Económicas, se observó que gastó 77 mil 638 millones de pesos más a lo que se le aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015 por un total de 204 mil 945 millones de pesos; monto que significó 36.2 por ciento más que lo que gastó en 2014.

En este mismo tenor la ASF recomendó a la SHCP mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones presupuestarias que se ejecutan mediante este ramo. Particularmente, en la identificación del origen y destino de los recursos que financian las ampliaciones presupuestarias, las operaciones de cierre del ejercicio fiscal, y las vinculadas con ingresos excedentes de las dependencias y entidades (Véase cuadro de ingresos excedentes.

En este sentido, por la magnitud de los montos aportados de 2014 a 2016, cabe destacar la reforma y adición del artículo 19 bis a la LFPRH, a finales de 2015, y que entró en vigor en 2016, cuyos montos aportados se situaron en: 31 mil 449, 210 mil 094 y 321 mil 653, –todos-, en miles de millones de pesos, en ese orden.

Dicha adición, estableció lo siguiente:

Artículo 19 Bis. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

La secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

De esta manera, estos sustantivos recursos fueron aportados por el Banco Central, provenientes de su Remanente de Operación, al erario para el pago de la deuda púbica de años anteriores, así como para mitigar el déficit fiscal; en general, para el pago de deuda.

Es importante señalar que, cuando la SHCP reporta en la Cuenta Pública, el gasto ejercido, presenta los saldos netos de este gasto, por lo que no es posible distinguir si las ampliaciones en los presupuestos han sido financiadas con ingresos excedentes o con recursos provenientes de recortes al presupuesto de otros Ramos. De esta manera se diluye la responsabilidad y la legitimidad de estas decisiones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda deseable, que la autoridad presupuestaria presente un reporte que muestre por una parte el cumplimiento del gasto aprobado y por otra, las adecuaciones que se realizaron durante el ejercicio.

Asimismo, la autoridad debe explicar las diferencias entre el presupuesto aprobado y el ejercido. Solamente de esta manera se lograría mayor claridad sobre los motivos de las decisiones, un aspecto fundamental de la rendición de cuentas.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en su estudio: “El Ramo 23 en el Presupuesto “indica que tanto en la LFPRH como en su Reglamento existen disposiciones sobre los recursos que se deben asignar a través del Ramo 23 por motivos, tales como:

Uno, las que señalan los recursos vinculados a su función de reserva; dos, las relacionadas con atender cuestiones y compromisos laborales; tres, las propias del cumplimiento de obligaciones y compromisos del gobierno federal, y cuatro, las que se vinculan a su función de control presupuestario.

A continuación se sintetizan las disposiciones del Marco Jurídico del Ramo 23:

1. LFPRH Artículo 33, fr. II. El proyecto de PEF debe comprender las previsiones salariales y económicas.

1.1. RLFPRH Artículo 58, fr. II. En la formulación del proyecto de PEF, la SHCP, con base en los anteproyectos de presupuesto de las dependencias y entidades, incorporará las previsiones salariales y económicas que correspondan, incluidas las respectivas a las aportaciones federales.

2. LFPRH Artículo 19, fr. I. Sobre la distribución de los ingresos excedentes.

3. LFPRH Artículo 19, fr. I. Sobre la distribución de los ingresos excedentes.

Incrementos salariales; Creación de plazas y, Otras medidas económicas de índole laboral.

Atención de desastres naturales, cuando el Fondo Desastres resulte insuficiente.

Ampliaciones automáticas para cubrir apoyos para incrementos en tarifas eléctricas, asociados a mayores costos de combustibles.

Ley de la Industria Eléctrica

4. Artículo 116. La Secretaría de Energía (Sener) establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.

Programas de apoyos focalizados para coadyuvar en el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, para Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.

5. LFPRH. Artículo 19, fr. IV y V.

6. LFPRH Artículo 19 Bis, fr. II.

7. LFPRH Artículo 19, fr.IV, inciso d

Sobre la distribución de los ingresos excedentes, para reservar recursos.

Sobre la distribución del Remanente de Operación de Banco de México.

Sobre la distribución de los ingresos excedentes, para transferir recursos a las entidades federativas.

8. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); Fortalecimiento del FEIPA programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

8.1 RLFPRH Artículo 12. Sobre la distribución de los ingresos excedentes, que la SHCP transferirá a las entidades federativas para gastos en programas y proyectos de inversión.

9. LFPRH Artículo 82. Sobre la transferencia de recursos de las dependencias y entidades (de la administración pública federal), con cargo a sus presupuestos, por medio de convenios de coordinación; con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales.

9.1 RLFPRH. Artículo 224. Sobre la transferencia de recursos de las dependencias y entidades (de la administración pública federal), con cargo a sus presupuestos, por medio de convenios de coordinación;

10. LFPRH Artículo 37. Sobre la inclusión en el Proyecto de PEF de provisiones para el Fondo para la Prevención de Desastre, para el Fondo de Desastres, y para el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.

Para gastos en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento.

Programas o Proyectos (Fondos) para atender las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar objetivos específicos.

Programas o proyectos vinculados a descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales.

Para que el órgano de control del Ejecutivo estatal realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas con los recursos transferidos.

Las asignaciones en el PEF para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.

De manera tal que, en México existe una brecha entre el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y el que realmente ejerce el Poder Ejecutivo. Durante los últimos nueve ejercicios presupuestales, se ejerció de manera sistemática un gasto superior al que fue aprobado.

Cada año se gastaron cientos de miles de millones de pesos adicionales. Pero no sólo se gastó más, también se gastó diferente.

Por ello, como parte de la reglas de operación en materia de transparencia, se reitera que es necesario que cada trimestre la SHCP presente una nota metodológica en donde explique la asignación de los ingresos excedentes, es decir, la forma en la que aplica las disposiciones de la LFPRH en materia de ingresos excedentes. Además, la normatividad debe obligar a la SHCP a rendir cuentas sobre los motivos y los criterios con base en los cuales priorizó su asignación del gasto excedente. También debe incluir la obligación de especificar los ejecutores, programas y proyectos que ejercieron los recursos y los insumos que se adquirieron con los mismos, así como sus resultados. Y cuando las adecuaciones presupuestarias con cargo a ingresos excedentes, rebasen el 10 por ciento de los ingresos totales de una unidad ejecutora o dependencia, deberá informarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el consiguiente proceso de información y máxima transparencia.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, someten a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción I, fracción IV, incisos b) y c) del artículo 19; fracción III, párrafo tercero del artículo 58; y la fracción I, inciso f) del artículo 59, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo de la fracción I, la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 19; se reforma y adiciona a los incisos b) y c), la fracción III; se reforma y adiciona la fracción II, párrafo tercero del artículo 58; y la fracción I, inciso f) del artículo 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19.El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes, -siempre y cuando no rebasen el 10% del total del total de la unidad o dependencia-, que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:

a) ...

b) En un 5% al Fondo Regional para infraestructura.

c) En un 60% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y

d) ...

...

Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación, de transparencia y rendición de cuentas, que expida el Congreso de la Unión.

...

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. ...

II. ...

III. ...

...

...

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. En caso de que las adecuaciones presupuestarias sean mayores al 10% del presupuesto total del ramo de una unidad, y provengan de ingresos excedentes, la Secretaria deberá presentar un informe pormenorizado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Hacienda y Crédito Púbica, que habrá de contener las motivaciones y necesidad de autorizar tales movimiento, así como, el monto, plazos, operadores, y habrán de someterse a reglas de operación, así como se sujetarán a procesos transparentes y con rendición de cuentas.

Artículo 59. ...

I. ...

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes, que rebasen el 10% del total de la unidad ejecutora o dependencia.

II. ...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. La Cámara de Diputados tendrá 90 días a partir de la publicación del Decreto para emitir las reglas de operación para la asignación de los recursos excedentes en el Ramo 23, así como cuando las adecuaciones presupuestarias sean mayores a 10% del total de un ramo.

Cuarto. La Cámara de Diputados tendrá 90 días a partir de la publicación del Decreto para expedir las reglas de operación del Fondo Regional para Infraestructura, mismo que se habrá de utilizar para crear obra pública cuando abarque dos o más entidades federativas.

Notas

1 “Arquitectura del Ramo 23”, Campos, Mariana. México Evalúa México, 2014.

2 “Arquitectura del Ramo 23”, Campos, Mariana. México Evalúa.

3 Cuenta Pública 2016.

4 “Descifrando la caja negra del gasto”. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de:

https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/ MEX-EVA-CAJANEGRA-VF.pdf. Pág. 44.

5 Artículo adicionado DOF 18-11-2015

6 Banco de México. Estados de cambios en el capital contable 31-12-2016 y 2015. Recuperado el 25 de agosto de 2018 de:

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/ estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/ %7B0120B5DD-DEAE-4A14-DC93-978D197258AC%7D.pdf

7 ”El Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos”. CEFP. Recuperado el 28 de agosto de 2018. de:

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0082018.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Antonio Ortega Martínez,Abril Alcalá Padilla, Alan Jesús Falomir Sáenz, Claudia Reyes Montiel, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Luz Estefanía Rosas Martínez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Patricia Terrazas Baca, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos (los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad de recursos utilizados, mayor será la cantidad de residuos que requieren ser asimilados por el entorno.

En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad de prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los países desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo que era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha convertido en un problema ambiental de gran envergadura”.

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a través de estrategias que trascienden el ámbito local se reflejó en diversos documentos posteriores a la Conferencia de Johannesburgo. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, en su documento final, “El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a la gestión de los residuos:

• Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal; y

• Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir reduciendo, reutilizando y reciclando los desechos y de aumentar la recuperación de energía procedente de desechos con miras a gestionar la mayor parte de los desechos mundiales de manera ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en la consolidación de una economía circular que permita la estabilización en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo abierto.

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales, maximizando el reciclado, al mismo tiempo de crear, para los desechos residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas a la recuperación de energía.

Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-producto-residuo pasa por convertir el residuo nuevamente en recurso a través de la valorización, ya sea mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso energético.

La jerarquía de gestión de residuos confiere prioridad secuencialmente a la prevención; es decir, la no generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, orientadas a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el reciclaje; después, la recuperación; y, finalmente, la eliminación. Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida, porque el propósito primordial es principalmente tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida consiste en reducir los residuos (a través de acciones como la reutilización). El reciclaje, incluido el compostaje o la digestión anaeróbica, es la medida que prosigue, seguida de las acciones de valorización de materiales y de conversión de residuos en energía. La última medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o a través de la incineración sin que exista valorización energética.

Respecto a México, el problema de los residuos, como en otras naciones en vías de desarrollo, está relacionado con su mal manejo, así como con la falta de políticas públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad de basura generada.

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente con las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización de éstos.

La basura representa una amenaza para el medio ambiente porque libera gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono; porque durante su proceso de descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y el subsuelo; y, además, porque es una fuente para la reproducción de fauna nociva (como ratas, moscas, cucarachas, etcétera) portadora de diversas infecciones y enfermedades.

Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana porque la basura se acumula en las calles y en los espacios públicos, lo cual puede representar un impacto mayor cuando, al llegar la temporada de lluvias, se obstruye el drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la infraestructura, cuya reparación representa gastos adicionales para los gobiernos.

Diversas tendencias a escala mundial han demostrado ser eficientes para mejorar el manejo de los residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es uno de los principales retos ambientales para el país.

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de tecnologías que ya son una realidad en otros países, por ejemplo:

• La biodigestión, gracias a la cual se aprovecha el gas metano que genera la descomposición de los residuos orgánicos; y

• La valorización energética, mediante la cual se aprovechan los residuos con alto valor calorífico para producir combustible y generar electricidad.

En ambos casos, la energía obtenida por dichos procesos puede ser utilizada para hacer funcionar el alumbrado público o como combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local. Cabe recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de un buen número de municipios en el país.

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, lamentablemente, a la fecha ésta es una fuente de energía desaprovechada en el país, pues la mayoría de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en vertederos de agua.

Según la cifra más reciente, publicada en 2015, en México se generan anualmente 53.1 millones de toneladas de residuos, lo cual representó un aumento de 61.2 por ciento respecto al volumen generado en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 145 mil 479 toneladas de basura; expresada por habitante, la cifra alcanza 1.2 kilogramos en promedio por día.

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país podría, una vez agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, someterse a procesos como la biodigestión (en el caso de la fracción orgánica) y la valorización energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

México se comprometió a reducir a 2030 la emisión de 13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás en rellenos sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de carbono por evitar la quema de residuos a cielo abierto, por lo cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) trabaja en fomentar la recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la finalidad reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios de disposición final y trata de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva.

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las necesidades municipales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la Semarnat, a finales de 2016 había 17 rellenos sanitarios en el país, de los cuales sólo 6 contaban con infraestructura para aprovechar el biogás: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Querétaro.

Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde el año 2006 el Metro de Monterrey se mueve gracias a la energía eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la descomposición controlada de residuos orgánicos. Lo anterior evita la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y supone un ahorro en términos económicos, pues la energía eléctrica generada a partir de residuos es más barata que la generada de modo convencional.

Otras ciudades en México, como Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes, también utilizan basura para generar biogás, el cual sirve para producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado público.

No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí se aprovecha sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios.

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos países.

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en 2014 estaban en funcionamiento en Europa 482 plantas de termovalorización, que abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15 millones.

Suecia es uno de los países que más genera electricidad mediante la termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil hogares. Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía con la capacidad de proveer calor y electricidad a todas las escuelas de Oslo, la capital, y proporcionar calor a 56 mil hogares.

“Cuatro toneladas de residuos tienen la misma energía que una tonelada de combustible”, afirma Pal Mikkelsen, director de la agencia Waste to Energy en Oslo.

Respecto al país, en la Ciudad de México se inició en 2017 la construcción de la primera planta de termovalorización de Latinoamérica. Con ello se busca generar energía para movilizar las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro a través del aprovechamiento de 4.5 toneladas de residuos que se producen en la capital del país.

Al asistir a la presentación del proyecto de la planta de termovalorización de la Ciudad de México, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, señaló que la combustión controlada de la basura para producir electricidad es una opción ambientalmente adecuada al problema de los residuos en México.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que nuestro país cuenta con un enorme potencial en la producción de energías limpias vía el uso responsable y correcto de los desechos orgánicos e inorgánicos que diariamente se generan en todo el territorio.

Estimamos necesario armonizar el marco normativo nacional en materia de producción de energías limpias y el uso de los residuos sólidos derivados del consumo humano y animal, estableciendo en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos la obligación de utilizar los residuos urbanos, orgánicos e inorgánicos, para la producción de energía eléctrica. La ley en cita establece en el artículo 63 sólo lo siguiente:

Artículo 63. La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y coprocesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un coprocesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción de bienes y servicios. Deberán distinguirse los residuos que por sus características, volúmenes de generación y acumulación, problemas ambientales e impactos económicos y sociales que ocasiona su manejo inadecuado, pudieran ser objeto de coprocesamiento. A su vez, deberán establecerse restricciones a la incineración, o al coprocesamiento mediante combustión de residuos susceptibles de ser valorizados mediante otros procesos, cuando éstos estén disponibles, sean ambientalmente eficaces, tecnológica y económicamente factibles. En tales casos, deberán promoverse acciones que tiendan a fortalecer la infraestructura de valorización o de tratamiento de estos residuos, por otros medios.

A lo anterior, debemos añadir que en materia ambiental solamente existe la NOM-098-SEMARNAT-2002, “Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes”, la cual solamente se refiere a la incineración de los residuos sólidos urbanos, excluyendo el uso de los mismos como forma de generación de energía eléctrica que, como hemos descrito, es uno de los elementos indispensables para una política sostenible de gestión de los residuos.

Por lo aquí expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos incorporar en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la obligación del gobierno federal de crear Normas Oficiales Mexicanas en las que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, para la generación de energía; además de incorporar la obligación de estados y municipios en la participación y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias que sirvan para la generación de energía eléctrica a través de los residuos.

Por lo anterior sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Único.Se adicionan la fracción XIII al artículo 2, la fracción IV al artículo 3, la fracción IV Bis al artículo 7, la fracción IX Bis al artículo 10 y un segundo párrafo al artículo 18; y se reforma el segundo párrafo del artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 2. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

I. a XII. (...)

XIII. El aprovechamiento de los residuos en la generación de energía eléctrica.

(...)

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública

I. a IV. (...)

V. El aprovechamiento de los residuos en la generación de energía eléctrica.

(...)

Artículo 7.Son facultades de la federación

I. a IV. (...)

IV Bis. Elaborar, expedir y publicar las normas oficiales mexicanas en la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, para la generación de energía eléctrica;

V. a XXIX. (...)

Artículo 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. a IX. (...)

IX Bis. Participación y aplicación, en colaboración con la federación y los gobiernos estatales, de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica.

X. a XII. (...)

Artículo 18. Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los programas estatales y municipales para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, incorporarán en los Programas a que se refiere el párrafo anterior las acciones necesarias para el uso de residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, en la generación de energía eléctrica.

Artículo 97. (...)

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. Asimismo, plantearán en qué casos se puede permitir la formación de biogás, el uso de la termovalorización y de otras tecnologías limpias para su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica.

(...)

(...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase Informe del secretario general. Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos, Comisión sobre el Desarrollo Sostenible constituida en comité preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 14 de marzo de 2001, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas. E/CN.17/2001/PC/9. Punto 19, páginas 4-5. Disponible en

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/ 292/72/PDF/N0129272.pdf?OpenElement

2 Véase “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, Río de Janeiro, 19 de junio de 2012. Puntos 218 y 219, páginas Disponible en

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf

3 Véase “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, What needs to be done? United Nations Environment Programme. Disponible en

https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/ISWA_Reports/ GWMO_summary_web.pdf

4 Véase Real Ferrer, Gabriel, “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”, Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, página 11. Disponible en

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/ Residuos_y_sostenibilidad_V2.pdf

5 Véase Informe de la situación del medio ambiente en México 2015, Semarnat, México, 2015. Página 434. Disponible en

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_completo.pdf

6 Véase Aprovechamiento de RSU, alternativa para generar energía, comunicado de la Semarnat, 23 de noviembre de 2016. Disponible en

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu- alternativa-para-generar-energia

7 Ibídem.

8 Véase STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro, presentación informativa, 23 de mayo de 2014. Disponible en

https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf

9 Véase “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”, en revista Alcaldes de México, 24 de octubre de 2014. Disponible en

http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro-ciudades- transforman-basura-en-electricidad/

10 Véase “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios”, Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html

11 Véase Real Ferrer, Gabriel, “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”, obra citada, página 24.

12 Ibídem.

13 Véase “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado en la revista en línea Green Screen Media, el 7 de julio de 2017. Disponible en

https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/

14 Véase “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, BBC Mundo, 25 de noviembre de 2013. Disponible en

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/ 130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng

15 Ibídem.

16 Véase “Planta de termovalorización pone a la Ciudad de México a la vanguardia en tecnología y materia ambiental”, boletín del gobierno de la Ciudad de México, 4 de septiembre de 2017. Disponible en

http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/planta-de-termovalorizacion- pone-la-cdmx-la-vanguardia-en-tecnologia-y-materia-ambiental#

17 Véase “Semarnat apoya gestión de residuos a través de plantas de termovalorización”, comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 4 de septiembre de 2017. Disponible en

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-apoya-gestion-de-residuos-a- traves-de-plantas-de-termovalorizacion?idiom=es

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Marco Antonio Gómez Alcantar,Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Luis Fernando Salazar Fernández, Ernesto Vargas Contreras (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consolidación municipal, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene una homogeneidad de las características que deben tener los municipios, pero en la realidad las bases de dicho precepto constitucional no se pueden aplicar de la misma manera para todos los municipios ya que existe una heterogeneidad de los mismos, lo que en la práctica impide que se genere un fortalecimiento de dicha figura organizativa, toda vez que los más de 2400 municipios que existen en nuestro país tienen peculiaridades que no se reflejan en dicho precepto y que dificultan la consolidación de la concepción de un municipio moderno, ante dicha problemática, la presente iniciativa pretende incluir en dicho artículo constitucional una diferenciación de municipios que permita su reconocimiento y respectiva consolidación, tomando en cuenta sus características propias, e incluyendo al sector indígena de la población, así como nuevas facultades y atribuciones que se estima fortalecerán el ámbito Municipal.

La inclusión en dicho precepto normativo de una catalogación de municipios que denotan sus características propias, se estima servirá para facilitar y promover el desarrollo sustentable en cada uno de ellos, una vez comentado lo anterior, se realiza la presente propuesta para el fortalecimiento del régimen jurídico del municipio mexicano con el firme propósito de que el mismo sirva para generar un mayor desarrollo y progreso nacional.

Argumentos que sustentan la propuesta de reforma

Como parte de la evolución de la sociedad, grupos de individuos conformados en primer orden por miembros que pertenecían a una misma familia, de manera voluntaria acordaban con otras familias unir esfuerzos para hacer frente a acontecimientos, factores y problemáticas que se presentaban en los lugares donde estaban asentados, así como para proteger o tutelar fines comunes, que de manera individual no podían lograr.

Este tipo de organizaciones se pueden considerar como el antecedente del municipio, mismo que ha tenido una evolución que se ha tornado paulatina, que al ser incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convierte en una figura jurídica que lucha día con día por su pleno reconocimiento, sin que en la realidad nacional se obtenga la consolidación que dicha institución requiere.

Los municipios han evolucionado de acuerdo a las necesidades que han presentado las distintas sociedades, siendo una institución cuyo origen se remonta a muchos siglos atrás, se considera parte del pacto social ya que concentra la voluntad de individuos, constituye una figura democrática que une sus esfuerzos por un bien común y establece reglas de conducta.

El municipio como organización de un grupo social surge para facilitar la implementación de una gestión y la posibilidad de ejercer las atribuciones que estos entes desarrollan a través de sus representantes, que en nuestro país constituyen los Ayuntamientos o Alcaldías cuya directriz debería de ser el acceder al mejoramiento económico, social y cultural de cada grupo social que integra cada municipio.

Los municipios o demarcaciones territoriales son la base de la división territorial, política y administrativa, que al ser integrada por diversos individuos enfrenta circunstancias o situaciones que le son propios, toda vez que no enfrentan las mismas problemáticas, aunque puedan tener nociones básicas de ciertas necesidades comunes.

Ante esta problemática, diversas administraciones federales han implementado acciones para encontrar soluciones viables, ejemplo de esto fue la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicada en 1983, por la que se intentaron renovar dichos esfuerzos y se estimó procedente incorporar a dicho precepto una serie de características semejantes o elementos que podrían considerarse comunes para todos los municipios y que versaban sobre la actuación de los ayuntamientos, la facultad para emitir disposiciones administrativas, los servicios básicos que están a su cargo, hacienda pública, desarrollo urbano, aspectos medioambientales, territoriales y ecológicos, entre otros, estimando que se pasó por alto el hecho de que hay aspectos que distinguen a los municipios.

Las diferencias existentes entre los más de dos mil municipios con que cuenta la República Mexicana, estriba en aspectos que van desde la distancia que existe entre los mismos y las áreas desarrolladas, sus condiciones geográficas, su cercanía o lejanía del gobierno estatal, al número de su población y hasta los recursos naturales con los que cuentan en su territorio, aspectos que limitan sus condiciones y dificultan que puedan cumplir con las obligaciones y facultades que se establecen en el Artículo 115 Constitucional, situación que limita que puedan desarrollar su potencial.

En la historia de México, los pueblos y comunidades indígenas han tenido una participación constante y destacada, ya que se han distinguido por ser un sector de la población que pese a las desigualdades sociales que han enfrentado desde la Colonia y posterior a la independencia, se han mantenido luchando por el respeto y reconocimiento de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, tradiciones y por la prevalencia del equilibrio de los recursos naturales de los lugares en donde se encuentran asentados.

No ha sido una lucha fácil, ya que durante muchas décadas del siglo pasado, diversos sectores de la sociedad mexicana, incluyendo a la clase política de ese entonces, tomaban el tema del respeto y reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas a la ligera y le daban poca importancia.

Es importante hacer notar que la lucha por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas no es un tema exclusivo de la Nación Mexicana, toda vez que a partir de la década de los cincuenta, se gestaron movimientos en diversos países que contaban con poblaciones indígenas u originarias, por lo que al pasar de los años las acciones de reconocimiento empezaron a consolidarse y a ganar la importancia necesaria como para hacer que el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, convocará a la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, para que reunidos en Ginebra, Suizael 27 dejunio de 1989, en su septuagésima sexta reunión, suscribieran el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, mismo que fue suscrito por el Estado mexicano el 13 de agosto de 1990.

Cabe resaltar que este convenio internacional, tomó en cuenta las normas internacionales, recomendaciones sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras disposiciones internacionales, por lo que a partir de que México suscribió dicho convenio, adquirió ciertas obligaciones como Estado parte que cuenta con un gran sector de población indígena.

A partir de la década de los noventas, se van gestando en nuestro país acciones más importantes para lograr el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos y comunidades para asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y de su desarrollo económico, así como para mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, perfilándose hacia el cambio de situación que prevalecía para ellos y que no les permitía gozar plenamente de los derechos humanos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población Mexicana ya que no se había tomado en cuenta, que estos pueblos han contribuido de manera importante a la diversidad cultural y a la armonía social del País.

Posteriormente con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre derechos y cultura indígena de 16 de febrero de 1996, el Gobierno Federal de ese entonces, adquirió el compromiso de impulsar reformas constitucionales y promulgar una ley indígena que recogiera todas las demandas de los pueblos y comunidades indígenas.

Es importante destacar que lo que siempre han buscado dichos pueblos es el reconocimiento de su derecho a seguir siendo indígenas, por ello, se aplicó la reforma Constitucional, primero al artículo 4 y posteriormente el artículo 2°, reconociendo la integración multicultural de la Nación fundada en sus pueblos originarios.

Dicho precepto constitucional reconoce y protege el desarrollo de las comunidades indígenas, protegiendo sus lenguas, sus culturas, usos, costumbres, recursos y la manera de organizarse, de igual forma, se les brinda acceso a la jurisdicción del Estado y recae en las autoridades la obligación de tomar en cuenta sus prácticas y sus costumbres, de ahí la necesidad de incluir en el artículo 115 Constitucional dicho reconocimiento.

Nuestro país cuenta con entidades federativas que tienen una gran extensión territorial, como ejemplo tenemos a Baja California que tiene 5 municipios, o entidades federativas que tienen menor extensión territorial pero que cuentan con cientos de municipios como es el caso de Oaxaca que tiene 570.

Un aspecto que motiva la necesidad de actualizar las normas jurídicas, lo dictan los cambios que va a enfrentando la población de la nación, ya que las necesidades y los problemas que genera satisfacerlos van marcando el ritmo del desarrollo o atraso en que pueden situarse las poblaciones, que se ven afectadas por el aumento en el número de habitantes que requieren cubrir sus necesidades, así como de tener acceso a diversos satisfactores y servicios que podrían considerarse, aunque sean básicos, indispensables para su subsistencia y para su desarrollo, como lo son el abasto de alimentos y mercancías, acceso a educación, fuentes de empleo, explotación de recursos naturales, comercio, atención médica, influencia sobre el medio ambiente, seguridad pública, e implementación de avances tecnológicos, rubros que los gobiernos deben solventar, de ahí la necesidad de delimitar aquellos servicios que deben generarse desde los municipios y que en algunos casos, por su situación económica no pueden colmar.

El principal efecto del artículo 115 Constitucional consiste en fijar una relación de criterios de semejanza y uniformidad, pretendiendo alcanzar un fortalecimiento municipal a nivel nacional, situación que no se ha podido lograr hasta nuestros días.

Es importante hacer notar que el artículo 115 de la Constitución General sólo establece la generalidad de las características de los municipios, ya que le corresponde a las Legislaturas Estatales señalar las características específicas o peculiaridades para diferenciar a los municipios que integran la respectiva entidad federativa a través de la emisión de la legislación que corresponda, mientras que le compete a los Ayuntamientos expedir sus normas administrativas para normar su ámbito jurisdiccional.

Ante la importancia del municipio como institución democrática y en el caso del Ayuntamiento como una instancia de gobierno más cercana a la población que permite que este último elemento participe en los asuntos públicos que le atañen y que suceden en una demarcación territorial específica, resulta necesario establecer elementos que fortalezcan dicha institución ante los cambios que demanda la integración a la globalización en el Siglo XXI, fortaleciendo sus atribuciones y ejerciendo una jurisdicción bien definida que les permita aplicarlas de manera más conveniente y benéfica, aspectos que brindan seguridad jurídica a la población que vive y realiza sus actividades en el territorio que ocupan los municipios, ante esto, requieren superar la complejidad de sus problemáticas, lo que se puede lograr con un actuar responsable de sus funcionarios públicos municipales y con la participación constante de su población a través de mecanismos que sean más efectivos y eficientes.

El objetivo del fortalecimiento municipal debe de estar íntimamente relacionado con la consolidación de esta organización en los ámbitos político, económico y social de las comunidades, ya que del mismo surgen las fuentes del desarrollo, el progreso individual y comunitario, por ello, la libertad, la justicia social, la democracia, la participación ciudadana, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo equitativo sostenido y sustentable, encuentran en dicha organización un punto de partida, de unión y de destino.

La noción del municipio como base de organización política, social, administrativa y territorial del siglo pasado, estaba supeditada a que se contaba con un menor número de habitantes, con población preminentemente rural, que en su mayoría no sabían ni leer, ni escribir, en nuestros días, las cosas han cambiado, la mayoría de la población se ha convertido preeminentemente en población urbana que ha adoptado a la democracia como una estructura jurídica y régimen político, así como un sistema de vida que pretende el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, lo que ha permitido que la sociedad se torne más participativa y crítica, situación que debe darse en mayor medida desde los municipios.

Otro aspecto importante, es que desde las décadas de los ochentas y noventas, en México se ha revalorizado la importancia de los pueblos y comunidades indígenas integrados a los municipios, que si bien es cierto ha ido en aumento el desarrollo urbano, actualmente son muchos los municipios que tienen integrados a su territorio estos pueblos y comunidades, lo que hace necesario que pese a los avances vertiginosos que tiene la sociedad en su conjunto por los descubrimientos científicos y la evolución tecnológica, así como por las nuevas concepciones globalizadoras, se respete la identidad cultural de este sector, promoviendo su desarrollo armónico, equitativo y su integración, toda vez que los mismos tienen un sinfín de potencialidades, por ello, es nuestra responsabilidad como legisladores velar por su bienestar y contribuir a su desarrollo social, educativo y económico como parte que son del pueblo mexicano.

El hecho de contar con una diferenciación de municipios permite delimitar de una manera más clara las problemáticas que enfrentan, así como establecer una mejor planeación y ejecución de los programas y políticas públicas, si queremos contar con una verdadera evolución de la organización política municipal, debemos tomar en cuenta lo que sucede en otros países del mundo que han tendido hacia una descentralización de funciones hacia otros ámbitos de gobierno, dando oportunidad a una mayor participación ciudadana en la planeación y conformación de las políticas y asuntos públicos, así como adoptando mejores técnicas de gestión pública, lo que permitirá la transición del estancamiento del ámbito municipal hacia la Municipalidad del Siglo XXI, ya que estos entes no pueden limitarse a ser sólo proveedores de bienes y servicios públicos, sino que deben atender los problemas y demandas sociales a través de una adecuada gestión de políticas públicas municipales, siendo punto de partida de mejores prácticas y de participación ciudadana responsable e informada.

Tenemos que aprovechar ese contacto más directo que las autoridades de los ayuntamientos tienen con la ciudadanía que integra los diversos municipios, ya que en la medida de que realicen sus funciones con responsabilidad, ética y profesionalismo, dichas acciones legitimarán el gobierno y la gestión municipal.

Por lo que respecta a los derechos y cultura indígena, derivado de la reforma aplicada al artículo 2 de la Constitución General de 2001, tuvo como imperativo su reconocimiento y la determinación del derecho que tienen al autogobierno indígena en el orden municipal, ante dicha implementación de derechos indígenas, la consecuencia necesaria, es incluir a los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 115 Constitucional, con el objeto de incluir en este precepto el reconocimiento del ejercicio pleno de su derecho de libre determinación y autonomía, lo que incorporaría a dicho artículo la garantía de la diversidad en los gobiernos locales.

Esta caracterización del municipio con pueblos y comunidades indígenas integrados, traería aparejado el reconocimiento de formas diversas en su composición, en la designación y funcionamiento de sus autoridades y de su organización desde dicho ámbito, cuya renovación de sus representantes que se integren al ayuntamiento pueda efectuarse mediante sus normas internas o mediante los mecanismos establecidos en las legislación de político-electoral, como lo han hecho en el Estado de Oaxaca, haciendo énfasis en que los pueblos y comunidades indígenas tienen tradiciones, usos y costumbres que varían según la cultura y la región, por lo que corresponderá a las Legislaturas Estatales incluir en sus respectivas constituciones y leyes estatales, la caracterización de los mismos, tomando siempre en consideración y respetando sus circunstancias particulares.

Se estima que para que exista un verdadero fortalecimiento, progreso, desarrollo y crecimiento Municipal como base de la organización política, económica y social del Estado Mexicano, se debe mantener el federalismo, el equilibrio, la coordinación y la cooperación entre poderes y entre los tres niveles u órdenes de gobierno, lo que se traducirá a su vez en el fortalecimiento de la República, ya que tanto el federalismo y el municipio moderno deben de convertirse en el sustento del desarrollo nacional.

Nuestro país a partir de finales del 2018, enfrentará diversos cambios positivos y significativos, si bien es cierto que la concepción democrática se ha ido consolidando en la última década, todavía hay muchas cosas por hacer en ese rubro, como quedó establecido en la Plataforma electoral de Morena que recoge el Proyecto Alternativo de Nación 2018 -2024, presenta una nueva visión del país, a través de proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan que México rompa la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas, tendencias que marcaron al país en las últimas tres décadas.

Ejemplo de la necesidad de cambió de dirección del País, lo vimos reflejado con el resultado del proceso electoral que vivimos en julio de este año, que sin duda ha sido el proceso electoral concurrente más grande e importante de la historia reciente de nuestra Nación, en la que se votaron 3416 cargos de elección popular a nivel Federal y local, y dicha elección se caracterizó por que se impuso la decisión y voluntad de la Mayoría de poner fin a los gobiernos corruptos e ineficientes, y optaron por la transformación en aras de construir un mejor futuro para las generaciones venideras.

No será un labor sencilla luchar contra el estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción que propiciaron anteriores administraciones, pero con la voluntad y participación de todos los sectores de la población, si podemos lograr una transformación y mejorar de manera efectiva nuestra circunstancia nacional, estatal y municipal, ante esto, en los procesos político-electorales que se lleven a cabo en el futuro, debe prevaler la auténtica democracia, no tolerar imposiciones, no permitir el uso de recursos públicos en la compra de votos, ni de lealtades, se debe combatir la propaganda gubernamental tendenciosa y demagógica en medios de comunicación, así como todas las formas de simulación, trampas y fraude, y sobre todo, las autoridades del nuevo gobierno en el ámbito de sus respectivas atribuciones, incluyendo a las electorales estás últimas deben consolidarse aún más y regirse bajo una absoluta independencia, para estar en aptitud de proceder con estricto apego a la constitución y a las leyes, con el objetivo de que nada ni nadie esté por encima de la voluntad soberana del pueblo.

Parte de la solución a las necesidades planteadas, se ven reflejadas en la presente propuesta y como se ha establecido en el capítulo respectivo, el propósito de la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 115 Constitucional, es integrar al mismo, diversos principios, directrices y normas que abordan los elementos que se estiman son necesarios para permitir un desarrollo gradual de los municipios de nuestro país, tomando en consideración que cada uno tiene características y necesidades distintas.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reformanal artículo 115 ,el primer párrafo; a la fracción I, los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; a la fracción ll, los párrafos primero y segundo, y del párrafo tercero, los incisos a) y d); a la fracción III, los párrafos primero, tercero y cuarto; a la fracción V, los inciso a) y g), y el párrafo segundo; a la fracción VII, el primer párrafo y a la fracción VIII, el primer párrafo, y se adiciona, al 115, un segundo párrafo; la fracción l, con dos nuevos párrafos, recorriéndose los subsecuentes; a la fracción III, del párrafo primero, los incisos a) a la k); a la fracción IV, un cuarto párrafo; y una nueva fracción IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,democrático, participativo, deliberativo,laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El Estado, realizará las acciones que resulten necesarias para promover un crecimiento económico sostenido y sustentable de los municipios, reforzando el apoyo a aquellos en donde exista mayor rezago o con altos índices de pobreza y marginación, con el propósito de que se eleve el nivel de vida de sus poblaciones, cualquiera que sean sus características, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado, con excepción de las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes locales tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de servicios de manera conjunta. En el caso de los municipios con inclusión de pueblos o comunidades indígenas, estos serán gobernados por las autoridades y representantes elegidos conforme a sus normas político-electores.

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a los años que establezca la legislación estatal. Parala postulación, deberá tomarse en cuenta, a través de los mecanismos de participación ciudadana, la aceptación de la mayoría de los ciudadanos de cada municipio y sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de los municipios con inclusión de pueblos o comunidades indígenas, estos últimos elegirán a sus autoridades y representantes, así como los periodos de su mandato, conforme a sus normas político-electores.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, y previa consulta popular municipal, cuyo resultado sea fehaciente,podrán suspender ayuntamientos o alcaldías, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

Los ciudadanos podrán mediante los mecanismos de participación ciudadana que deberá ser reglamentada por las legislaturas de los estados, solicitar ante dicha instancia, la revocación de mandato de integrantes de los Ayuntamientos, si éstos no cumplen las funciones que les impone el cargo o con las obligaciones que la ley establece para tales fines.

Si alguno de los funcionarios de elección popular integrantes de Ayuntamientosdejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

En el caso de los representantes de pueblos o comunidades indígenas que sean integrantes de ayuntamientos, sean suspendidos, renuncien a ser integrantes o incurran en falta reiterada, serán reemplazados por otros en términos de las leyes estatales que regulen los derechos de dichos pueblos y comunidades, o de acuerdo a sus normas político-electorales.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

II.Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal de manera comprometida y responsable, dichas disposiciones se basarán en los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación , así como los mecanismos de participación ciudadana municipal y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) ...

c) ...

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes y que con la antelación debida haya realizado consulta ciudadana municipal y exista constancia de los resultados de la misma; y

e) ...

...

III.Los Municipios como orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, generarán condiciones para el bienestar común, fortalecerán el proceso de desarrollo individual y colectivo, teniendo a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Fomentar el desarrollo humano, fundado en la importancia de la persona como principal promotor y receptor de las políticas públicas locales, y orientado hacia la búsqueda de la libertad y la sustentabilidad;

b) Será eje de desarrollo sustentable, por lo que deberá ofrecer el espacio propicio para la democracia a través del ejercicio de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía y para el pleno ejercicio de la participación ciudadana;

c) A través de sus servidores públicos y de los representantes de pueblos y comunidades indígenas, realizar la planeación estratégica, la evaluación y la transparencia de la gestión pública, además de fomentar la participación ciudadana en la generación de políticas públicas para que las mismas sean más efectivas;

d) Incentivar mejores niveles de recaudación, planeación, presupuestación y fiscalización en el ejercicio de los recursos públicos y en la rendición de cuentas en el cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos;

e) Preservar la identidad cultural y étnica, así como la conservación del patrimonio histórico municipal;

f) Reglamentar los mecanismos de transparencia como acciones permanentes del gobierno municipal, para que sean incorporados por los funcionarios públicos o representantes de los pueblos y comunidades indígenas, en su quehacer cotidiano;

g) Impulsar la actividad turística, como una alternativa productiva y de generación de empleos;

h) Promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales con que cuente el municipio;

i) Atender los problemas y demandas sociales a través de una adecuada gestión de políticas públicas municipales;

j) A través de los integrantes de los Ayuntamientos, fomentar la eficiencia en la preparación y ejecución de planes y programas socialmente prioritarios y para el desarrollo regional;

k) Proveer de servicios públicos de calidad, en materia de:

1o. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

2o. Alumbrado público.

3o. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

4o. Mercados y centrales de abasto.

5o. Panteones.

6o. Rastro.

7o. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

8o. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

9o. Protección civil, siendo coadyuvantes los gobiernos Estatales y el Federal;

10. Bomberos, y

11. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

...

Los municipios de una misma entidad federativa, que tiendan a formar una Zona Metropolitana, así calificada por el organismo establecido en el Apartado B del artículo 26 de esta Constitución, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo federal relacionadas con el diseño de la política interior, los asentamientos humanos y el desarrollo social, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, deberán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, éstos deberán participar, en el ámbito de sus competencias, en la elaboración del convenio para la prestación de servicio públicos, así como otorgar la aprobación de las legislaturas de los Estados involucrados. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Los pueblos y comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV....

a)...

b)...

c)...

...

...

...

...

Los Congresos Estatales podrán expedir una Ley de Coordinación Hacendaria para Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, con la intensión de crear un sistema más robusto, eficaz y eficiente de fiscalización y recaudación de los recursos públicos.

V.Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, que con la antelación debida someterán a consulta ciudadana municipal y cuyo resultado deberá ser fehaciente para que sea procedente su implementación;

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g)Participar activamenteen la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) ...

i) ...

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

VI....

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. En el caso de los municipios que cuenten con integración de los pueblos y comunidades indígenas, estos últimos determinarán de acuerdo a sus normas internas, las personas y la forma en se ejercerá el mando del cuerpo de seguridad.

...

VIII.Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, así como los mecanismos de participación ciudadana y de consulta popular municipal, en los que se incluirán a los pueblos y comunidades indígenas.

...

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa, siempre que no contravenga a lo dispuesto en esta Constitución. Los pueblos y comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que cuenten integración de los mismos, podrán asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones para la mejora en su desarrollo económico, político, educativo, social y cultural. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones, facultades y obligaciones que pudieran transferírseles.

X.Derogada.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor.

i Bibliografía consultada:

Adame García, Jorge Carlos, El derecho municipal en México, el municipio base fundamental del federalismo en México, Primera Reimpresión, Editorial Porrúa, México, 2011, pág. 21.

Valencia Carmona, Salvador, El municipio en México.

Conferencia dictada dentro del 1er Simposio Internacional de Derecho Administrativo y Municipal, contenido en el Suplemento: SCLC/Estudios Jurídicos y Políticos, No. 4, Julio-diciembre, UNACH, San Cristóbal de la Casas, Chiapas, 2006.

La versión electrónica de este documento fue obtenida de internet el 30 de agosto de 2018 a las 09:00 horas y puede ser localizado en la siguiente liga:

http://www.cedem.unach.mx/old/pdf/09Salvador.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión electrónica obtenida el 20 de agosto de 2018, a las 15:00 horas del apartado de Leyes Federales de México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.— Diputado Irineo Molina Espinoza(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Arturo Espadas Galván, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400, fracción I, primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo a dicha fracción del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:

El derecho tiene como uno de sus objetivos orientar la conducta colectiva a través del diseño de un marco jurídico que permita la convivencia pacífica, en un entorno de respeto a la legalidad y los derechos humanos.

En este sentido es fundamental que las leyes y reformas que surjan del Congreso federal atiendan de manera eficaz las necesidades sociales, es decir, que el derecho responda a la realidad social, a los fenómenos sociales existentes para que sea la ley un instrumento eficaz en la construcción y conservación del tejido social.

Es por ello que la ley es dinámica, pues dinámicos son los fenómenos que pretende regular y, en su caso, combatir, y esto es parte fundamental de la tarea de todo órgano legislativo.

En Acción Nacional estamos conscientes que la materia de seguridad representa una exigencia mayúscula y multifactorial, y que debemos pugnar por la seguridad ciudadana que implica la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo ejemplar a los delincuentes, teniendo como premisas de especial énfasis la profesionalización y dignificación de la carrera policial, se trata, como se expone en la plataforma política, en una visión de carácter integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a la cultura de la paz, a vivir en paz, y en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, lo que coincide en esencia con la llamada pacificación.

Dentro de la estrategia descrita no podemos ser ajenos a los reclamos sociales más sentidos y a ofrecer soluciones inmediatas que coadyuven al logro de esta cultura de paz, al mejorar las condiciones de seguridad, a evitar lo que parece la promoción del delito ante la impunidad y ante la apertura existente para su realización y obtención de lucro.

No es dable pensar que el cambio de la inseguridad que hoy cubre al país, a un estado de seguridad, se producirá con una acción integral puesta en marcha en un solo momento, por el contrario, requiere de diversos pasos, legislativos, administrativos, jurisdiccionales, que permitan un cambio gradual, pero dicho cambio debe comenzar de inmediato.

Es por ello, que la presente iniciativa es un eslabón de esa cadena de cambio de la inseguridad a la seguridad, un eslabón que contribuye y que no tenemos derecho a negar a las y los ciudadanos, por el contrario, es obligación de las y los legisladores responder a esta demanda de inmediato, desde el primer momento de nuestro mandato.

Uno de los reclamos más sentidos de la sociedad es el incremento del delito de robo, principalmente el delito de robo de autopartes, robo a casa habitación, robo a vehículos que transportan bienes muebles, robo a transeúntes, violentando el derecho de los ciudadanos a la conservación de su patrimonio y a su derecho humano a la seguridad, y este delito encuentra un amplísimo campo de acción derivado de dos circunstancias fundamentales: 1) Impunidad y 2) Es altamente lucrativo porque tiene un gran mercado impune.

Dicha conducta genera un perjuicio social y económico grave, resultando afectado el patrimonio de los ciudadanos.

La conducta se practica dentro de un círculo delictivo, pues una vez cometido el delito de robo, los bienes muebles son puestos a la venta en distintos lugares y posteriormente adquiridos por otras personas a un precio más bajo que en el mercado lícito, generando un incremento a la demanda de objetos de procedencia ilícita.

El propósito de la iniciativa que se presenta radica principalmente en tipificar el robo por receptación de bienes muebles a fin de lograr la disminución de la comisión del delito de robo y el control de la oferta de bienes robados, así como fomentar en el ciudadano la obtención de documento idóneo que acredite la posesión y propiedad de sus bienes muebles. Buscamos combatir el mercado que hoy en día permite en minutos que el delincuente convierta en dinero el producto del robo y este producto del robo se comercialice con total impunidad, como si se tratare de bienes lícitos.

Se trata de un cambio de paradigma, se trata de la aplicación de la ley, porque en México se cuenta con leyes fiscales, civiles y en materia de comercio que nos dan pautas perfectamente claras para conocer la licitud de los objetos que las personas comerciamos ya en compra o en venta, y con esta iniciativa se busca que quienes estén comerciando bienes muebles se cercioren de la licitud de los objetos que adquieren para venta, y hablamos de casas de empeño, locales de venta de bienes muebles usados, comercio en general de bienes muebles.

La tipificación de estas conductas no es novedosa, cabe señalar que en materia de robo de vehículos automotores, legislaciones estatales ya cuentan con este tipo de figuras de robo por receptación, donde la persona que compra un vehículo usado está obligada a tomar precauciones para verificar que ese vehículo es lícito, es decir, que no es producto del robo. Cito como ejemplo el Código Penal para el estado de Guanajuato que establece:

Artículo 275-B. A quien sin haber participado en la comisión del delito de robo, cuyo objeto, producto o instrumento fuese un vehículo automotor, lo adquiera sin tomar las precauciones necesarias para cerciorarse de su lícita procedencia, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa.

Se entenderá por tomar las precauciones necesarias, la obtención de la constancia de no reporte de robo vehicular ante la Procuraduría General de Justicia, la que será considerada medida idónea para cerciorarse de la lícita procedencia del vehículo.

Esta es una figura que se considera como receptación de lo robado y es punible, esta iniciativa pretende ampliar el tema a cualquier bien mueble, la batería del automóvil, el celular que roban a nuestros hijos, la computadora que con violencia quitan a un estudiante y que hoy en día representa hasta el riesgo de un homicidio, los muebles, televisiones, electrodomésticos, alhajas que sustraen de las casas de las y los mexicanos.

Se entiende por receptar, la ocultación o encubrimiento de los efectos del delito. El delito de receptación es por tanto un delito precedido de otro. Comúnmente se comete con la compra de bienes robados, sin embargo, hay ocasiones en las que el comprador desconoce el origen de los objetos, es por ello, que buscamos que todos nos cercioremos de la licitud de lo que compramos y esto mediante los instrumentos legales existentes, facturas, sentencias de adjudicación entre otros, fundamentalmente aquellos que se dedican al comercio.

El que recibe en venta o prenda, en ocasiones no adopta las precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quién la recibió tenía derecho para disponer de ella, y en otras ocasiones acepta la compra-venta con conocimiento de que los bienes muebles son objeto del delito de robo, cuestión que entra en el ámbito de la subjetividad, ello en virtud de que no tiene la carga de cerciorarse de la legitima procedencia.

Por ello surge la necesidad de adecuar el marco jurídico penal para contar con instrumentos que ayuden a frenar este tipo de actividades contrarias a la ley, es decir, acabar con ese inmenso mercado de la compraventa de los bienes producto del robo, pues ante la ausencia de un marco jurídico específico que sancione la totalidad y diversas modalidades de estas conductas, en la actualidad, se trastoca la adecuada persecución de actos delictivos a fin de garantizar a los ciudadanos el respeto a su integridad física y patrimonial.

En el país se han extendido comercios donde se expende con impunidad los bienes objeto de robo, además de contribuir al comercio informal en perjuicio de los contribuyentes debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes que formalmente pagan contribuciones cumpliendo con la obligación constitucional de contribuir al gasto público.

Los mercados de reventa de bienes robados no sólo fomentan una actividad ilegal en sí, como lo es la receptación; además, generan competencia desigual con el comercio establecido, al funcionar al margen de las normativas del comercio establecido, y suelen estar relacionados con la comisión de otros ilícitos.

No siempre el consumidor tiene la certeza de que lo que compra es un bien objeto de robo, sin embargo, adquirirlo en un establecimiento informal y a un costo por debajo del costo real, presume la existencia del delito.

Ante la falta de cultura de los consumidores de allegarse del documento idóneo para acreditar la propiedad de los bienes objeto de robo, no acuden a realizar la denuncia o querella correspondiente aun teniendo sospecha fundada de la persona que comete el delito pues al no poder acreditar la propiedad desisten de tal derecho, impactando en la economía y patrimonio de la sociedad.

Por ello, tomando en consideración los argumentos vertidos y atendiendo a cuestiones de política criminal, así como en apego a los principios constitucionales, con la presente iniciativa se pretende crear un nuevo tipo penal que contemple la regulación de las conductas delictivas relacionadas con el robo por la receptación de bienes muebles; con el propósito de brindar mayor protección al patrimonio de nuestros ciudadanos, proteger sus derechos y garantizar mayor seguridad jurídica a quienes detentan la propiedad de dichos bienes.

A fin de contribuir a la erradicación de la conducta objeto de la iniciativa, se propone ofrecer un mecanismo necesario para que los consumidores tengan la seguridad de que los muebles adquiridos son lícitos.

Por lo que, en uso de las facultades conferidas al Ministerio Público, se realicen visitas de inspección en locales, establecimientos o puestos fijos y semifijos, donde se comercialicen bienes muebles presuntamente objeto de robo, a fin de que los poseedores de los mismos acrediten la legal procedencia de los bienes muebles en venta.

Que ante la imposibilidad de acreditar la posesión o propiedad de los bienes muebles al momento de la inspección, el Ministerio Público asegure, custodie y resguarde dichos bienes hasta en tanto acrediten la legítima procedencia.

La legítima procedencia se acreditará con el documento idóneo que señale las características que identifiquen el bien mueble, entendiéndose por éste, el documento que cumpla con las disposiciones fiscales vigentes en el momento de su expedición, lo que anteriormente se conocía o llamaban facturas y se expedían en documento impreso por imprenta debidamente autorizadas y ahora llamados comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pudiendo en su caso acreditarse también con acuerdos de adjudicación, o contratos de compraventa, siempre y cuando que con el documento idóneo se señalen las características que identifiquen plenamente el bien mueble y con ello su adquisición legal.

En tratándose de facturas o comprobantes fiscales digitales por internet, el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar a la autoridad fiscal la validación de dichos comprobantes, en los demás casos, deberá hacerlo ante la autoridad que corresponda en razón de la naturaleza del documento que se exhiba, esto con las facultades de investigación con las que ya cuenta.

Lo anterior, para evitar la presentación de documentos falsos o manipulados mediante cualquier medio electrónico, facsímil o algún otro medio de falsificación o alteración.

En mérito de lo antes expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400, fracción I, primer párrafo, y se adiciona un tercer párrafo a dicha fracción del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 400, fracción I, primer párrafo, y se adiciona un tercer párrafo a dicha fracción del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 400. ...

I. Después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

...

Se entenderá por tomar las precauciones indispensables, el verificar y constatar la legítima procedencia, la que se acreditará con el documento idóneo que señale las características que identifiquen el bien mueble, entendiéndose por éste, el documento que cumpla con las disposiciones legales y fiscales vigentes en el momento de su expedición.

II. a VII. ...

...

a) a c) ...

...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Jorge Arturo Espadas Galván,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Alan Jesús Falomir Saenz, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Morales Vázquez, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ron Ramos, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Vargas Contreras, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Malaine Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Ruth Salinas Reyes, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Azuara Zúñiga Xavier (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 6, fracción I, 66, 68, 71, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al título vigésimo quinto un capítulo quinto, con el artículo 420 Quinquies, al Código Penal Federal, con el siguiente

Planteamiento

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 se emitió la declaratoria de desastre natural en 9 entidades federativas y 699 municipios. Las pérdidas materiales son incalculables y las pérdidas humanas invaluables, sabemos que desde el sismo de 1985, con ayuda de la ciencia, de los protocolos de protección civil, de la voluntad política y social hemos ganado un minuto cuando ocurre un sismo, un minuto que nos ha dado la esperanza de sobrevivencia, sin embargo falta mucho por poder garantizar el derecho a una vivienda digna, a la certeza jurídica de nuestros bienes y sí también a la exigencia de las obligaciones del Estado y de los mismos ciudadanos quienes convergemos en esta sociedad.

Por ello se vuelve primordial cumplir la obligación estatal de proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad; de realizar mediante la ley, las acciones de prevención en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, el diseño de planes a gran escala geográfica y administrativa; de reducir los asentamientos humanos irregulares, edificaciones e instalaciones de todo tipo de servicios en zonas que son propensas a amenazas o riesgos naturales.

La iniciativa que hoy presento es tan vigente como en 2015, cuando planteé este problema en la Cámara de Senadores, y que con fundamento en el artículo 72 H. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos replanteo ante esta Soberanía, porque es igualmente necesaria como recordar que la gestión de riesgos y prevención ante los desastres naturales, es un tema fundamental en las acciones gubernamentales, legislativas y judiciales.

En materia de desastres y emergencias naturales, esta iniciativa pretende dar fuerza normativa a la protección civil, consolidando un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, que garantice la estabilidad social, económica y ambiental, unificando, fortaleciendo y haciendo aplicables las normas; En este sentido señalo que implementar correctamente los procesos administrativos, erradicar la corrupción y sancionar a quienes permiten la construcción y el establecimiento de asentamientos humanos, centros de población y edificaciones que no cumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad, debe ser sancionado conforme a la ley.

Argumentación

A ocho años de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designara el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres,damos cuenta de que la preocupación que motivó a este organismo internacional a conmemorar este día está más que nunca vigente, nos referimos al aumento de los desastres naturales y sus efectos en el territorio y sociedad, provocando en la mayoría de los casos, la pérdida de innumerables vidas humanas.

Los desastres naturales han sido definidos como “las consecuencias de los eventos provocados por los peligros de la naturaleza que abruman la capacidad de respuesta local y afectan gravemente el desarrollo social y económico de una región, los daños ocasionados pueden manifestarse en pérdidas o lesiones humanas así como en daños materiales y ambientales”.

La Organización de las Naciones Unidas subraya en la resolución A/RES/64/200 que reducir el riesgo de desastres es una acción tan importante que debe ser responsabilidad de los múltiples sectores que conforman la sociedad, pues además de establecer medidas de atención y prevención de riesgo, en paralelo contribuyen al logro del desarrollo sostenible.

En este sentido, la planificación y el ordenamiento territorial se convierten en un elemento clave, pues la buena toma de decisiones sobre el uso del suelo y el diseño de planes a gran escala geográfica y administrativa, ayudan primero a mitigar los desastres; segundo a reducir los asentamientos humanos, edificaciones e instalación de todo tipo de servicios (transporte, electricidad, agua, etcétera) en zonas propensas a amenazas o riesgos naturales, y tercero a cumplir la obligación estatal de proteger y garantizar el derecho a la vida.

El territorio, la población y los procesos de urbanización interactúan constantemente con el medio ambiente. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, 78 por ciento de la población (es decir, 87 millones 622 mil 449 habitantes) vive en localidades urbanaslas cuales continuamente son rebasadas en su función y demarcación espacial; por ejemplo, entre 2001 y 2013 un total de mil 951 municipios (79.4 por ciento de los municipios del país), fueron declarados al menos en una ocasión en condiciones de desastre por eventos hidrometeorológicos (ciclones, lluvias, inundaciones y sequías) y tan solo en 2013, 3.14 millones de personas resultaron afectadas a causa de los fenómenos naturales.

De lo anterior debemos recordar que la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales, es un tema fundamental en este sexenio, el cual se ha traducido a dos objetivos fundamentales:

1. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la estabilidad social, económica y ambiental.

2. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.

Esos objetivos, desde el ámbito legislativo, requieren ser observados y atendidos, para generar las disposiciones clave que fortalezcan las acciones e instrumentos que ya funcionan, por lo que el propósito de esta iniciativa es ofrecer los mecanismos jurídicos para que la vulnerabilidad humana ante los desastres naturales sea minimizada y en su caso reparada.

Recordemos que la gestión de riesgos, implica el conjunto de acciones que permiten identificar, analizar, evaluar, prevenir y reparar los riesgos existentes y los producidos por fenómenos naturales o por la acción del hombre. Lo anterior involucra, como se ha mencionado, todo tipo de actividades, incluyendo el conocimiento y monitoreo del riesgo, la prevención, mitigación, manejo financiero y regulación para prevenirlos y reducirlos.

Por ello propiciar la homologación normativa y correcta vinculación con los programas y los órdenes de gobierno bajo el principio pro personapermitirá impulsar un desarrollo social y económico equilibrado.

El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 hace referencia de que a pesar de que (sic) “la Ley General de Protección Civil contempla como delito grave la construcción en zona de riesgo, [pero] este hecho no es sancionado en la legislación penal federal, lo que convierte al precepto en inaplicable. Existen algunos casos en que las autoridades locales cuentan con la normatividad que les permita evitar los asentamientos en zonas de riesgo. Sin embargo, muchas veces no es aplicada, debido a que los costos de reubicar a personas asentadas en zonas son muy altos, o a otras razones fuera de ordenanza”.

La Ley General de Protección Civil considera en el capítulo XVII la regulación en torno a la detección de zonas de riesgo, cuya identificación corresponde al gobierno federal con la participación de las entidades federativas y el Distrito Federal. En el artículo 84 de la ley se considera delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Adicionalmente, en el artículo 86 de la misma ley se señala que el Atlas Nacional de Riesgos, y los respectivos estatales y municipales deben ser tomados en consideración por las autoridades competentes para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras o asentamientos humanos.

En consecuencia: 1) la prohibición (conducta) de construir, edificar, realizar obras o asentarse (dentro de un espacio territorial); 2) sin que se haya elaborado un análisis de riesgos o haber tomado en cuenta la legislación aplicable (Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General de Protección Civil o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, por ejemplo); y 3) sin que cuenten con la autorización correspondiente; Son elementos que no se encuentran determinados en el Código Penal Federal y que debieran incluirse en este ordenamiento.

La introducción de este delito a la esfera punible no es menor, el Estado puede anticipar el ámbito de protección a una etapa anterior a la vulneración efectiva de un bien jurídico, por lo que hacer punible una actividad que se considera peligrosa es válido, sobre todo cuando ésta tiene como eje central la infracción de normas administrativas, tal y como es el caso.

El Código Penal Federal está compuesto por 429 artículos. En el título vigésimo quinto, referente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, se regulan

a) Las actividades tecnológicas y peligrosas. Aplicando multas y penas de prisión a quienes ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, ordene, autorice o realice actividades, de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

b) Actos contra la biodiversidad. Estableciendo multas y pena de prisión para quienes 1)introduzcan al territorio nacional o trafiquen con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta; 2) Realicen actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población; 3) destruyan la vegetación natural, tala de árboles o cambio de uso de suelo forestal; y 4) Comercialice, transporte, acopie, almacene madera o algún recurso forestal maderable.

c) La bioseguridad. Se impondrán penas y multas a quien introduzca o extraiga del país, comercialice, transporte o libere algún organismo genéticamente modificado.

d) Los delitos contra la gestión ambiental. Estableciendo multas y penas a quien transporte, consienta, autorice u ordene que se transporten residuos considerados como peligrosos, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables. Asiente datos falsos con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones de la normatividad en materia ambiental o bien provoque daño a los recursos naturales o al ambiente.

Disposiciones que si bien se han ocupado de dar protección y acceso a la justicia de quienes se ven afectados por estos actos, también nos confirman el vacío legal que en materia de riesgos existe en la legislación Federal, es nuestro deber fortalecer la legislación vigente para incluir responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo.

En lo local, no omitiremos señalar que al menos 9 Estados de la República cuentan ya con la tipificación de algunos de los supuestos enmarcados en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, señalando penas que van de los 6 meses a los 10 años de prisión, por

1. Realizar obras de urbanización o edificación en zonas inundables, de deslaves o derrumbes (Código Penal para el Estado de Aguascalientes, artículo 155).

2.Construir, edificar, realizar obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente (Código Penal del Estado de Campeche, artículo 361).

3. Permitir el desarrollo de una construcción sin la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente (Código Penal para el Distrito Federal, artículo 329 Bis; Código Penal del Estado de Michoacán, Artículo 350; Código Penal del Estado de México, Artículo 228; Código Penal del Estado de Puebla, Artículo 198; Código Penal del Estado de Querétaro, Artículo 246-F, Código Penal del Estado de San Luis Potosí, Artículo 341; Código Penal del Estado de Yucatán, Artículo 198).

4. Realizar obras sin implantar las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad para la mitigación de impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente (Código Penal del Estado de México, artículo 228).

5. Sanción al servidor público que intervenga dolosamente en un asentamiento humano irregular (Código Penal del Estado de Michoacán, artículo 351; Código Penal del Estado de Querétaro, artículo 246- F).

Ante ello debemos ejercer la responsabilidad legal que nos toca, la creación de tipos penales es una facultad del legislador; materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo, representa una medida idónea para proteger los bienes y derechos establecidos en la Constitución (derecho a la vida, vivienda, seguridad e integridad), sin que esto represente una adición desproporcionada o irracional, sino todo lo contrario, pues somos claras en señalar que no se tipifican conductas que desconozcan derechos fundamentales o que sean irrazonables.

Con la presente iniciativa le otorgaremos fuerza normativa a la protección civil y brindaremos al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción, el cual se complementará con la obligación de los Gobiernos, Federal y locales para garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, a la par de impulsar la creación y actualización de reglamentos de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos de los asentamientos humanos que se presentan en cada territorio.

En consecuencia, esta adición legislativa, puede generar también un gran cambio de atención gubernamental y mejor destino presupuestario en favor de la población, no es una casualidad que actualmente se destinen más recursos para el Fondo de Desastres (6 mil 8 millones 472 mil 100 pesos) que para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (346 millones 587 mil 453 pesos), con una diferencia de 5 mil 661 millones 884 mil 647 pesos.

No olvidemos que los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, reiterando que la ausencia de mecanismos eficientes de preparación, atención regulación y planeación provoca pérdidas humanas y económicas.

La aprobación de este proyecto, además de las razones jurídicas y económicas, incentivará la participación social y vinculación del legislativo con la ciudanía y los estados haciendo nuestras las recomendaciones en la materia y apoyando la labor que ante desastres naturales realizan las organizaciones civiles, cuerpos de emergencia, brigadas de protección civil, del Ejército y la Marina que reaccionan oportunamente a contingencias naturales.

La atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil son materias que nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona al título vigésimo quinto el capítulo quinto, con el artículo 420 Quinquies, del Código Penal Federal

Único. Se adiciona al título vigésimo quinto el capítulo quinto, con el artículo 420 Quinquies, recorriéndose el capítulo subsecuente, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420 Quinquies. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa, a quien

I. Autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas de acuerdo con el análisis de riesgo realizado por la autoridad competente;

II. Debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma;

III. Asiente datos falsos en documentos con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal;

IV. No realice el análisis de riesgo o cumpla las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño o riesgo que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga.

Las mismas penas previstas en este artículo y además de la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrá al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas en el presente artículo.

Artículo 421. ...

I. a V. ...

...

...

...

...

...

Artículos 423. y 424. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designa la fecha conmemorativa el 21 de diciembre de 2009 en la sexagésima sexta sesión plenaria.

2 Organización de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2009. Disponible en

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/200

3 Ruiz-Tagle, Carlos. “Derecho y desastres naturales” 2013. Disponible en

https://ficheros-2013.s3.amazonaws.com/05/29/ Im_1_3_438318490_in1_66_91.pdf?AWSAccessKeyId=1V02D0W3KSR4KHZ90B82 &Expires=1442257392&Signature=raq6X%2FNRk%2FrX1z7roQ7M4RSHdbI%3D

4 Ibídem 1.

5 UNISDR Terminología sobre reducción del riesgo de desastres, página 22. Disponible en

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf

6 Una amenaza natural se define como un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales (UNISDR, página 7).

7 De un total de 112 millones 336 mil 538, población registrada en México por el Inegi.

8 Inegi, Gestión de Información Geográfica. Disponible en

http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-CarlosGuerrero.pdf

9 Puente, Sergio “La gestión Integral de Riesgo de Desastres como Política Pública”. Colegio de México A. C.

10 Adicionalmente, debe considerarse que en promedio cada zona metropolitana está integrada por 6.4 municipios, según datos señalados en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Referencia al objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la estabilidad social, económica y ambiental.

11 OCDE, información disponible en

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacion/1_4.html

12 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867 &fecha=30/04/2014

13 Gestión del Riesgo, Cambio Climático y Desarrollo (PNUD).

http://riesgosydesarrollo.org/web/odm_data/rt/ConceptosFINALPeq.pdf

14 Programa Nacional de Protección Civil 2014- 2018. Apartado 1.5 Marco Jurídico desactualizado y heterogéneo. Disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076 &fecha=30/04/2014

15 Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro concreto. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-939/02. Disponible en

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-939-02.htm

16 Artículo 414 del Código Penal Federal.

17 Artículos 417 a 420 Bis del Código Penal Federal.

18 Artículo 420 Ter del Código Penal Federal.

19 Artículo 420 Quáter del Código Penal Federal.

20 Línea de acción 3, en la estrategia 5.2, “Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de prevención y mitigación de riesgos”. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2015.

21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-939/02. Disponible en

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-939-02.htm

22 Líneas de acción 2 y 3, en la estrategia 5.1, “Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano”.

23 Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015. Ramo 23, “Previsiones salariales y económicas”. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/exposicion/decreto_presupuesto.pdf

24 El Fondo de Desastres Naturales en México. Una reseña, junio de 2012. Disponible en

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/ fonden_resumen_ejecutivo.pdf

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo,Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Fernando Galindo Favela, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Luis Enrique Miranda Nava, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rene Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 3 de febrero como Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, a cargo del diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del PES

Los suscritos, diputados federales Armando González Escoto, María Rosete Sánchez y Francisco Saldívar Camacho, integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de febrero de cada año como “Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas” con base en los siguientes:

Antecedentes

La Organización de Naciones Unidas a través su Asamblea General ha aprobado mediante diversas resoluciones designar determinadas fechas como Día Internacional en tanto las agencias adheridas al sistema de Naciones Unidas (OMS, UNESCO, etc.) determinan los Días Mundiales, tal es el caso de las siguientes conmemoraciones:

Día Internacional contra el Cáncer

, Día Internacional de la Mujer

, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

, Día Internacional del Agua

, Día Mundial de la Salud

, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor

, Día Internacional con el Maltrato Infantil

, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

, Día Mundial del Medio Ambiente

, Día Internacional contra el Trabajo Infantil

, Día Internacional de la Diversidad Biológica

, Día Internacional de las Viudas

, Día Internacional de Nelson Mandela

, Día Internacional contra la Trata de Personas

, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

, Día Internacional de la Juventud

, Día Internacional de la Alfabetización

, Día Internacional de la Paz

, Día Mundial de la Alimentación

, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama

, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

, Día Mundial de la Lucha contra el Sida

, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La conmemoración de los días internacionales y mundiales tiene como objetivo llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar concienciar, llamar la atención de la opinión pública respecto a una problemática sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

El 7 de diciembre de 1987 mediante resolución 42/112 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó conmemorar el 26 de junio como “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas”, a fin de reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas.

Dentro de la misma resolución la Asamblea General se tomó nota del informe de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas e insto a los gobiernos y las organizaciones a que al formular sus programas tengan debidamente en cuenta el marco que ofrece el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de drogas como conjunto de recomendaciones que enuncias medidas prácticas que pueden contribuir a la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Como se puede apreciar el contexto de la Resolución 42/112 mediante el cual se aprobó la instauración del 26 de junio como Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas” tiene un enfoque de combate en contra del consumo de drogas, no un enfoque del derecho humano de acceso a la salud.

Asimismo, en nuestro país es el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión los que a través de Decretos determinan fechas como Días Nacionales, por ejemplo, tenemos las siguientes conmemoraciones:

, Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal

, Día del Maestro

, Día de la Marina

, Día Nacional del Ingeniero

, Día Nacional del Árbol

, Día del Abogado

, Día Nacional del Cine Mexicano

, Día Nacional del Trabajador Social

, Día del Bombero

, Día Nacional del Charro

, Día Nacional de Protección Civil

, Día Nacional del Cáncer de Tiroides

, Día Nacional del Sordo

Al igual que los Días Internacionales y Mundiales, los Días Nacionales decretados por el Ejecutivo Federal y/o por el Congreso de la Unión tienen como objetivo llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública nacional respecto a una problemática sin resolver, un asunto importante y pendiente en nuestro país, de igual forma se busca en algunas reconocer la actividad de diversas profesiones.

En el marco de las acciones emprendidas por el Programa para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el 28 de febrero de 2013 el Observatorio Ciudadano para la Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México le solicito al Secretario de Gobernación en su calidad de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia la instauración del “Día Nacional para la Prevención de las Adicciones”.

Este requerimiento se sustentó a partir del convencimiento del Observatorio que la mejor manera de combatir el consumo de drogas se sustenta en la prevención y no en el combate a través de las fuerzas armadas.

La solicitud referida fue turnada para su análisis y estudio a la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, la cual emitió opinión favorable para declarar que el 8 de julio de cada año sea declarado Día Nacional para la Prevención de las Adicciones en México,en virtud de que en dicha fecha se publicó el Decreto que crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, DOF 8 de julio de 1986.

No obstante, lo anterior el Titular del Ejecutivo Federal no emitió el decreto promulgatorio, por lo que la fecha propuesta por la Secretaría de Gobernación para la conmemoración del Día Nacional de Prevención de las Adicciones nunca se concretó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la adicción es una enfermedad psicoemocional y física, que estimula al cerebro a tener una necesidad o dependencia hacia una sustancia, relación o actividad.

De igual manera menciona que “la droga”, es toda substancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones. Este problema del consumo de sustancias psicoactivas es también conocido como drogodependencia, y fue definida por primera vez por la OMS en 1964, como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética, cuyas características son: el deseo de continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio, tendencia a incrementar la dosis, dependencia física y psicológica de la misma.

En 1982, la OMS definió a la dependencia como un síndrome que implica un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comportamientos considerados habitualmente como más importantes.

Las drogas se enlistan drogas en tres tipos:

1. Depresoras

2. Estimulantes

3. Alucinógenas

Los depresores son drogas que relajan el sistema nervioso central, producen una sensación de relajación la cual llega a inducir al sueño.

Las drogas estimulantes provocan un aceleramiento del cuerpo humano, el cual crea una resistencia física temporal mayor a lo que el mismo llegase a estar acostumbrado.

Las drogas etiquetadas como alucinógenas son aquellas que alteran la realidad y provocan cambios en el sistema nervioso central, cambiando la percepción de los sentidos, como la vista y el oído que son las más comunes.

Las sustancias antes enlistadas, actúan directamente sobre el sistema nervioso, alterando su funcionamiento, mandando señales erróneas al cerebro, siendo causal constante del cambio del comportamiento de las personas.

El consumo de sustancias psicoactivas puede llevar a desarrollar una dependencia, provocando consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad, aunque es importante señalar que no es necesario tener una adicción para que estas consecuencias se presenten. En algunas ocasiones basta un solo consumo para que ocurran, como puede ser el caso de algunos jóvenes que sufren de sobredosis o tienen algún accidente después de haber ingerido alguna sustancia psicoactiva.

El uso y abuso de drogas en México en los últimos años ha generado una preocupación en diversos sectores de la sociedad, posicionado al consumo de drogas, como uno de los principales problemas de seguridad pública, cuando lo correcto debe ser reconocido como un problema de salud pública.

Tal y como lo muestran las estadísticas que se presentarán a continuación, la adicción a las drogas ha visto un incremento inquietante en los jóvenes en los últimos años, siendo uno de los factores de dicho incremento, el abuso de sustancias de fácil acceso y bajo precio como pegamentos y solventes utilizados en la rama industrial.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en personas entre 12 y 65 años de edad, 8 millones 425 mil personas ha consumido alguna vez alguna droga ilegal. Destaca en particular, el incremento en el consumo de drogas entre las mujeres quienes, en el tiempo transcurrido entre las dos Encuestas Nacionales, 2011 y 2016-2107 presentaron un incremento de más del 100%. Las drogas de mayor consumo son mariguana y cocaína. Es relevante que poco más de 500 mil personas presenta síntomas de posible dependencia y de éstas sólo la quinta parte ha acudido a tratamiento.

Con base a datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 1 de cada 10 alumnos de secundaria ha probado alguna vez alguna droga ilegal y 4 de cada 10 alumnos en el nivel de bachillerato. La droga de mayor uso es mariguana; le siguen en importancia de consumo los inhalables, tranquilizantes y cocaína.

Asimismo, el consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres a nivel nacional aumento drásticamente, entre el año 2011 y 2017, según la encuesta nacional de adicciones 2017- 2018, incrementándose al doble el consumo.

Ello aunado a la mirada estigmatizadora en torno al consumo de drogas ilegales, que habitualmente considera a las personas usuarias como enfermas o delincuentes que deberían ser apartadas de la sociedad. Lo cual, da pie a una reacción de aislamiento por parte de las y los consumidores, quienes suelen autoexcluirse de las relaciones con instituciones y redes sociales; lo que a su vez genera una dinámica que pone invisibles sus necesidades y derechos, y que limita los mecanismos para su inclusión.

Lo anterior debe trae consigo que el Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por el bienestar de sus ciudadanos, cree y ponga en acción políticas públicas adecuadas y eficientes, que garanticen la prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

En los últimos años el Gobierno Federal ha priorizado el combate a la oferta y no a la demanda, esta estrategia ha generado una espiral de violencia que ha traído consigo más de 250,000 muertes de diciembre de 2006 a abril de 2018, vinculadas al combate a los cárteles de las drogas.

El enfoque asumido por el Gobierno han es el combate a la oferta de sustancias psicoactivas ilegales y controles rigurosos e impuestos a las legales como el alcohol y el tabaco, sin embargo, la erradicación de cultivos, la captura o abatimiento de capos ( a mayo de 2018 estaban neutralizados 109 de los 122 objetivos prioritarios por la actual administración), el desmembramiento del crimen organizado, la limitación para el uso y portación de armas y las infiltraciones del narcotráfico en las estructuras del Estado han mostrado un problema grave y de amplia permanencia que no tiene cierre si no se atiende lo que a su vez es el final y el motor de la cadena: el consumo.

Abatir la demanda implica reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas en un problema de salud pública, la salud es requisito indispensable para el bienestar y el sustento del desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la educación y el desarrollo personal. Las políticas de prevención, además de provocar un impacto en el gasto sobre la salud por representar una solución previa a la enfermedad, pueden dotar de un alto beneficio a la sociedad al ser interactivas, sustentables y favorecer el avance del potencial humano sin estigmatizar a la población afectada.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, suscrito por el Estado Mexicano el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 12 que:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

En concordancia con la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 3 de febrero de 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación decreto mediante el cual se adiciona un párrafo penúltimo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: “ Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforma lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El 10 de junio de 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el artículo primero párrafo tercero establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”

En materia del cuidado de la salud es bien conocido que resulta más económico invertir en la prevención que en el tratamiento ya que se interviene antes de que aparezca la enfermedad y pueden hacerse estrategias de gran alcance con bajo costo que empoderen a la niñez y juventud con el fin de hacerlos responsables de su propia salud física y emocional y estilos de vida saludable. Esta actitud también impacta en las comunidades a corto, largo y mediano plazo ya que fomenta una participación cimentada en el conocimiento y la toma benéfica de decisiones basada en una responsabilidad plena.

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas se debe entender como un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol y la resistencia colectiva ante la oferta de las drogas.

La implementación de políticas públicas en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas coincide con el planteamiento formulado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo, de trazar una ruta para la pacificación y reconciliación del país.

La realización de campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas coadyuvará en la reconstrucción del tejido social y la pacífica convivencia del país. Estas campañas de prevención deben de reconocer a las personas consumidoras como sujetos de derecho, el derecho humano a la protección a la salud por parte del Estado Mexicano.

Encuentro Social está comprometido con la cuarta transformación que el pueblo de México voto el pasado 1 de julio, transformación que busca la reconciliación y pacificación de nuestro país, transformación que implicar llevar servicios de salud de calidad a las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, transformación que entiende que más vale prevenir que combatir.

Es por ello que, la presente propuesta se ve claramente insertada en la postura de cambiar el modelo de seguridad pública y la pacificación nacional, ya que no se pretende erradicar el problema, a través de las fuerzas armadas, si no, fortalecer los distintos niveles de prevención, logrando con ello, atender la problemática fortaleciendo el tejido social.

Por los argumentos expuestos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 3 de febrero de cada año como “Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”

Artículo Único.El honorable Congreso de la Unión declara el 3 de febrero de cada año “Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”.

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 file:///E:/INICIATIVAS%20DE%20LEY/UNODC,%20D%C3% ADa%20Mundial.pdf

2 https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/ encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-13675 8

3 https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/documentos/encuesta-nacional-de-consumo- de-drogas-en-estudiantes-2014-encode

4 Fuente Inegi y SNSP

Salón del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, septiembre 20 de 2018.— Diputados y diputadas: Armando González Escoto,Carolina García Aguilar, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Francisco Saldívar Camacho, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Rosete Sánchez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal por el Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con base en la siguiente

1. El tema del uso de los colores que manifiesta la bandera nacional de México por parte de partidos políticos es añeja. La observación que muchos mexicanos se han hecho sobre el uso de un partido político de los colores de la bandera para crear su identidad gráfica ha sido y es pertinente. Existe todo un proceso de argumentación que va de personalidades políticas a partidos sobre la intención de legislar en la materia. Veamos un poco de historia de estos argumentos que están en páginas de reportajes, notas y el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados.

Ya en 1994, específicamente el 13 de septiembre, la presidenta de la Convención Nacional Democrática (CND), Rosario Ibarra de Piedra, anunció que realizaría un “gran plebiscito nacional el 24 de febrero de 1995 para que la gente decidiera si quiere que los colores nacionales sigan en manos del partido oficial”. “Sé que será una labor ardua, difícil”, dijo en entrevista minutos antes de dar el “grito” con Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad Universitaria, la noche del 15 de septiembre. “Es injusto —agregó— que un partido tenga en su emblema los colores nacionales. La bandera es el símbolo de todos los mexicanos, y no debería pertenecer a ningún partido político Lo peor es que se la ha apropiado precisamente el partido de Estado, un organismo casi dictatorial que ha olvidado que a la bandera se le debe honrar y venerar. Hoy se ha convertido en un instrumento político para comprar votos y conciencias, como en el caso del uso vergonzoso que le ha dado solidaridad”. Ahí se retomó una larga lucha de la oposición mexicana —el PAN, por ejemplo, lo ha demandado prácticamente desde su fundación— por evitar que el partido oficial utilice los colores de la bandera nacional en su logotipo y propaganda. Pero, pese a todas las reformas políticas sexenales, la vieja demanda opositora no se ha conseguido. El 14 de septiembre, en la Ciudad de México, la Asamblea de Barrios se plantó frente a la sede nacional del PRI, encabezada por una mujer disfrazada de La Patria Allí, Superbarrio se acercó a un enorme logo del PRI envuelto en una espectacular nube de hielo seco y despegó las letras negras del verde, blanco y rojo, después de lo cual los asistentes cantaron el Himno Nacional y dejaron las siglas frente al edificio del partido tricolor.

Ese acto, según declaró Marco Rascón, de la Asamblea de Barrios, es parte de la lucha por una “patria que nos quiere arrebatar el PRI” y para “rescatar los colores patrios que los priistas han usufructuado durante 65 años”.

Estudiosos y políticos coinciden en que el planteamiento de Rosario Ibarra es importante Antonio Paoli, especialista en semiología y doctor en ciencias sociales, dijo que “el hecho de que toda la empatía que causan los colores de la nación se identifiquen con un partido, automáticamente ejerce una atracción que es un atentado a la competencia política”. Y es grave, dijo, porque “desde el punto de vista simbólico un solo partido está acaparando la nacionalidad del país”. Carlos Monsiváis aseguró con ironía que “yo estaba convencido de que era la bandera la que le robó los colores al PRI”. Y agregó: “Es más, creo que el PRI ha sido muy generoso en permitirnos usar sus colores en nuestra bandera”. Por su parte, la asambleísta y miembro del Comité Ejecutivo del PRD, Laura Castillo, dijo que esa ha sido una lucha constante de su partido, desde su fundación. Cuenta que infructuosamente pelearon hace cinco años Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer, en 1989, cuando el recién creado PRD sometió su logotipo a la aprobación del Consejo Federal Electoral: “El sol azteca tenía rayos verdes y rojos, pero el PRI impidió que el PRD los usara, argumentando que ellos los contenían en sus estatutos y que no se podían repetir. En protesta, decidimos usar únicamente el color negro. Fue un error —comenta—, ya que nadie entendió que era una protesta, y nos perjudicamos solitos, como los suicidas”. La exigencia se volvió a plantear en la Cámara de Diputados en abril de este año, en la discusión de la última reforma política. El PRD exigió un artículo que prohibiera a los partidos políticos utilizar como suyos los colores nacionales. Considera Laura Castillo que “si los colores de la nación no los podemos usar todos, que no los use nadie”.

Francisco José Paoli —exrector de la UAM-Xochimilco y actualmente diputado panista— coincidía con esta idea, dice que cuando el PRD presentó su logotipo, “hubo un acuerdo contrario de la Comisión Federal Electoral en el que se establecía que no se podían usar los mismos colores por más de un partido, lo cual es correcto porque cada partido debe tener una identidad. De hecho, el Partido Verde Ecologista no pudo usar el verde que ya tenía el PARM”. Sin embargo, dijo, “el uso de los colores nacionales en el símbolo del PRI son parte de un argumento político. Lo que está en el fondo es la comprobación de que el PRI es un partido de Estado que usa los colores del Estado nacional y no los comparte con nadie”.

2. Ya en esta representación popular se han presentado iniciativas. Por ejemplo, la del diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del miércoles 21 de diciembre de 1988. Donde su motivación, justo es de recordar, suscribía: “Es una exigencia nacional la reforma de las instituciones democráticas con miras a crear un sistema que garantice, legal y prácticamente, la auténtica consulta de la voluntad de la ciudadanía y el debido acatamiento a sus decisiones. Es así que Acción Nacional, consciente de la realidad que guarda nuestra nación, propuso un “compromiso nacional por la legitimidad y la democracia”, en el que se contienen dieciocho instituciones democráticas, entre las que encuentra la prohibición del uso de los colores de la bandera nacional con fines electorales. Más allá de lo que nos pueda separar en nuestras diferentes ideologías nos une y nos identifica el ser mexicanos. Es México mismo, concepto amplio y diverso que a veces escapa de la comprensión simple y directa y que requiere por tanto, de signos tangibles, fáciles a los sentidos y claros al entendimiento. Y esos signos de México son los emblemas cuyo tema hoy consideramos ya que representan a México en su más amplia dimensión. Unidos más allá de circunstancias, opiniones, dogmas o tesis políticas, estaremos en desacuerdo con todo aquello que pretenda acaparar el símbolo de toda la patria, para hacerlo símbolo de una sola parte.

No podemos entender que en la democracia una parte se adueñe de los colores patrios representando sólo una porción y no a la totalidad de los ciudadanos. México está muy por encima de cualquier partido, México es amplio y generoso, y nuestros partidos son restringidos y circunstanciales; y ese México que todos decimos amar y respetar, se simboliza en su bandera cuyos colores y escudo la conforman como representación de la patria que es todos los mexicanos y no propiedad de grupo político determinado.

La naturaleza misma de un partido político, como parte de un todo que representa sólo una porción del pueblo de México, hace que sea indebido el uso exclusivo de los colores de la bandera nacional en favor de un partido cuando contienden distintas organizaciones políticas, entre las cuales no deben interponerse los colores de la bandera nacional como distintivo exclusivo de uno de ellos, para marcar diferencia con los demás”.

En otro caso, tenemos el de la senadora Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, quien propuso en 2016, prohibir el uso simultáneo de los tres colores de la bandera mexicana, en cualquier combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos de partidos o agrupaciones políticas. Mediante una iniciativa que buscó reformar las Leyes sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y General de Partidos Políticos, planteó que los logotipos de estos institutos no contengan los colores del lábaro patrio. Asimismo, sugirió que los partidos políticos que hagan uso simultáneo de los tres colores de la bandera en sus emblemas, distintivos y símbolos perderán sus registros. La legisladora dijo que sólo en los regímenes autoritarios suele haber una identificación de la nación y sus símbolos con un partido, que puede ser en esos casos único o casi único.

Recordó que tal como sucedió en los regímenes de partido único, en México el PRI estuvo entremezclado con el gobierno y el hecho de que los colores patrios coincidieran con los colores de ese partido político “ayudó a mantener esta identidad antidemocrática, pues bien podía interpretarse que los programas sociales eran programas del PRI y viceversa. Lo mismo podría decirse de los servicios públicos”. Consideró que esta identificación representó un problema “porque se solía identificar a la política social insignia del gobierno mexicano con un distintivo que conjuntaba los colores de la bandera, que son también los del PRI”.

En la actualidad, dijo, regresó la inaceptable identificación entre gobierno y partido, ya que la plataforma electoral 2015-2018, que presentó el PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se promociona con la combinación de colores verde, blanco y rojo, “lo que no tendría nada de malo si no se estuviera haciendo una alusión nada velada al programa de transferencias directas más importante del gobierno mexicano, que lleva por nombre Prospera”.

Esta confusión debe terminar si se aspira a avanzar nuestra transición democrática, a cuidar el uso de nuestros símbolos patrios, a fortalecer la cohesión social plasmada en ellos, que tanta falta hace en tiempos presentes, y a evitar prácticas de clientelismo político. Las consecuencias que se derivan de las decisiones antes citadas del Tribunal Electoral son por lo menos dos: la primera es que la única manera de hacer que los colores de la Bandera sean considerados tales cuando se presenten juntos en el emblema de algún partido es establecerlo en la ley correspondiente; la segunda es que debe romperse la ambigüedad entre la correspondencia de los colores de la bandera, los del gobierno y los de cualquier partido político para disminuir el margen de discrecionalidad cuando se juzgan las intenciones propagandísticas de programas gubernamentales.

3. Nuestra intención argumental y legislativa es proponer una demanda histórica y convertirla en un mandato constitucional. Trasladar una energía legítima a una orden constitucional. Al mostrar dos propuestas de partidos como el PAN y PRD, pretendo dejar claro que es una propuesta que tiene consenso y sentido. Como legisladora del Partido del Trabajo y en alianza con el partido Morena y Encuentro Social, pretendemos refrendar la legítima aspiración a que los colores patrios no sean usados con intención electoral, con pretensión de identidad de un partido con la bandera o los códigos aprobados para el gobierno federal en turno. Estamos seguros que los cambios que pretende la ciudadanía recorren legislaciones, usos y costumbres, conductas, actitudes y uno de ellos es el respeto a los colores patrios.

En consideración de las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente...

...

...

Derivado de lo anterior es por lo que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la propuesta de reforma que se detalla a continuación, en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Artículo Primero. Se reforma el artículo 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXIX - A. ...

XXIX - B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales, prohibiendo en todo caso, el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera Nacional, en cualquier combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de los partidos políticos o asociaciones políticas.

XXIX - C. a XXXI. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Articulo 32 Bis. Las personas físicas, instituciones, partidos o asociaciones políticas no podrán usar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios.

Asimismo, queda prohibido el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera Nacional, en cualquier combinación y composición, en sus emblemas, distintivos y símbolos en general.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Ana Gabriela Guevara Espinoza,Alejandro Barroso Chávez, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Priscila González García, Bonifacio Aguilar Linda, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carmen Medel Palma, Carmen Mora García, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Edith García Rosales, Eleuterio Arrieta Sánchez, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Fortunato Rivera Castillo, Iran Santiago Manuel, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martínez Flores, Julieta Kristal Vences Valencia, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Lidia García Anaya, Lilia Villafuerte Zavala, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Manuel Gómez Ventura, Marco Antonio Reyes Colín, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Luisa Veloz Silva, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Tenemos un país que se encuentra en una situación límite, un México atravesado por la violencia y una crisis generalizada de derechos humanos, un Estado secuestrado por la corrupción y las redes de complicidad. Un régimen político sumido en la parálisis y el descrédito, y una sociedad lastimada por la desigualdad y por la inequidad.

La corrupción, que se presenta de formas diversas, tiene secuestrada a las instituciones públicas mexicanas, y se ha convertido en uno de los principales factores para mover a México en el camino incorrecto. La consolidación de una agenda de transparencia y combate a la corrupción es una prioridad para la vida pública mexicana, y debe acompañarse de acciones contundentes y de largo alcance que transformen las inercias del poder público.

México ocupa el lugar 135, de 180, en el primer lugar, como el país menos corrupto, lo ocupa Nueva Zelanda, mientras que el último sitio corresponde a Somalia, como el país con más corrupción.1

Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores. La combinación de corrupción e impunidad se convierte en un equilibrio pernicioso en el que se generan fuertes incentivos para que las empresas, los individuos y los servidores públicos refuercen estas prácticas en lugar de combatirlas. El porcentaje de impunidad alcanza 97 por ciento.

México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.2

En la misma perspectiva de fortalecer el poder ciudadano con una eficiente estructura de control, supervisión y sanción a las funciones de gobierno y de los recursos públicos, y no ocultarles nada a los ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados federal, fue la única bancada completa en presentar su Declaración 3 de 3, tal como fue acreditado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Fernando Nieto, doctor en Sociología y profesor del Colegio de México (Colmex), y Jesús Cantú, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, por medio de entrevistas con ciudadanos, identificaron cinco causas de la corrupción:

1. Debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen pues son fáciles de romper.

2. Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción.

3. Falta de contrapesos políticos. No hay una oposición ni Congresos activos que vigilen a los Poderes Ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen pesos y contrapesos.

4. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público.

5. Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios dejan sin castigo los actos de corrupción.3

Por otra parte, la investigadora María Amparo Casar identifica los siguientes costos de la corrupción en México:

Costos económicos:

• Inversión – Hasta 5 por ciento menor en países con mayor corrupción (FMI)

• Ingreso de las empresas – Pérdida de 5 por ciento de las ventas anuales (Ernst & Young)

• Piratería – Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP)

• Producto Interno Bruto – 2 por ciento del PIB (WEF), 9 por ciento (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 10 por ciento (CEESP)

Costos políticos:

• Insatisfacción con la democracia:

• Sólo 37 por ciento apoya a la democracia

• Sólo 27 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2013)

• Crisis de representación:

• 91 por ciento no confía en partidos políticos

• 83 por ciento no confía en legisladores

• 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

Costos sociales:

• Bienestar: 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales (Transparencia Mexicana).

• Violencia: Existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace).4

Con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se crearon leyes e instituciones, que cuentan con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia este problema ampliamente generalizado en las instituciones mexicanas. La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo que ha representado la creación del SNA, debemos destacar que de poco servirán las disposiciones legales que derivan de este instrumento si no se continúa revisando y complementando los temas que quedaron inconclusos.

Entre las asignaturas pendientes destaca lo referente a la transparencia a que deben estar obligados no solo los servidores públicos en cuanto a la presentación de sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero también debe obligarse a la presentación de la declaración fiscal, ya que ésta simplemente busca transparentar el cumplimiento de pago de impuestos que, por ley, todo ciudadano tiene la obligación de realizar.

Consideramos de primera importancia que esta obligación sea ampliada a todo aquel que reciba o administre fondos o recursos públicos, ya sean federales, estatales o municipales. La exigencia de transparencia, a través de incluir obligatoriamente la declaración fiscal, no solo la patrimonial y la de intereses, debe considerar, sin distingos de ninguna especie, a toda persona y a toda entidad que reciba o administre recursos públicos.

En este sentido, la presente iniciativa plantea que se incluya en la Constitución federal, la obligación de presentar también la declaración fiscal; asimismo, se propone que, además de los servidores públicos que señala el artículo 108 constitucional, se agreguen los directivos de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos políticos nacionales y locales, candidatos propietarios y suplentes a puestos de elección popular y todas las personas y entidades que reciban y/o tengan a su cargo la administración y manejo de fondos y recursos públicos federales, estatales o municipales. De igual forma, cuando sea el caso, a quienes integren los equipos de transición de los gobiernos federal, estatales y municipales.

De ninguna manera se pretende estigmatizar a nadie ni a ninguna entidad, mucho menos aún, se tiene un propósito persecutorio. Sin embargo, habrá que llamar la atención que, en no pocas ocasiones, quienes manejan recursos públicos, sean o no lo servidores públicos que señala la Constitución, han sido protagonistas de una estadística alarmante: de 518 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra corrupción en 1996, se pasó a 38,917 notas y 3,593 titulares en 2015.

Sin duda alguna, enriquecer el SNA debe contar con un sólido soporte constitucional, porque solo desde la Ley fundamental se podrá allanar el camino para llenar los huecos que quedaron en las Leyes que dan forma al propio sistema.

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, quienes sean parte de los grupos de transición de los gobiernos federal, estatales y municipales que reciban y ejerzan recursos públicos,así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente [. . .]

Los ejecutivos [. . .]

Las Constituciones [. . .]

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo , así como los directivos de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos políticos nacionales y locales, candidatos propietarios y suplentes a puestos de elección popular y todas las personas y entidades que reciban y/o tengan a su cargo la administración y manejo de fondos y recursos públicos federales, estatales o municipales,estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración fiscal, patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Corruption Perceptions Index 2017.- Consulta en línea:

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

2 Fundación Universidad de las Américas, Puebla.- Índice Global de Impunidad México 2018. pdf. – página 7

3 https://www.forbes.com.mx/5-causas-la-corrupcion-la-politica/

4 María Amparo Casar.- México: Anatomía de la Corrupción. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Consulta en línea:

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Jorge Alcibíades García Lara, Alan Jesús Falomir Sáenz, Ana Priscila González García, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ariel Rodríguez Vázquez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Vargas Contreras, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Salcido García, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Keila Abigail Ku Escalante, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de los Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, y al Valor Agregado, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, derogan y adicionan los artículos 2 y 2 A de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, el artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se adiciona el inciso XI al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en la siguiente consideraciones

Planteamiento del problema

México es un país petrolero que durante mucho tiempo su población disfrutó de los beneficios de pertenecer al grupo de países con gran producción petrolera nacional, que permitía contar con combustibles suficientes para el desarrollo de sus actividades sin que esto significara un alto costo al bolsillo de sus ciudadanos.

Diversas reformas constitucionales y al marco normativo en la materia generaron impactos negativos en la economía de los mexicanos, disminuyendo la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y pronunciadamente afectando a los que menos tienen.

Las consecuencias de esas reformas provocaron pasar de una política fiscal-energética que permitía el subsidio de los combustibles a través de un precio fijo a una liberalización del sector energético y del precio de los combustibles, donde además se le adicionó un impuesto indirecto denominado “Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”.

Es así como nuestro país pasó de un posicionamiento nacionalista y proteccionista respecto a su política energética a un posicionamiento liberal. Esta experiencia nos dejó dos principales resultados:

Primero. Que el subsidio a los combustibles ocasionó un beneficio a los segmentos más ricos de la población y;

Segundo. Que la liberación de las gasolinas generó impactos negativos a toda la población mexicana, sin que existiera un efectivo mecanismo de redistribución de la riqueza.

Muestra de lo anterior son las conclusiones del Instituto Mexicano para la Competitividad, que de manera textual señala: “ el 20 por ciento más rico del país recibe casi 60 por ciento del beneficio total del subsidio. En contraste, el 20 por ciento más pobre recibe tan sólo 3 por ciento. Si lo comparamos con políticas de combate a la pobreza, encontramos que tenemos maneras más eficientes de redistribuir la riqueza.”

Otros artículos especializados como el denominado El extraño caso de los altos precios de la gasolina en México1 refirieren que:

“En Estados Unidos de América, los precios de la gasolinahan bajado 33 por ciento en los últimos seis años. En México, subieron 64 por ciento (en pesos) durante el mismo periodo. Con la elección presidencial que se realizó el 1 de julio, es comprensible que se haya convertido en un gran tema de campaña en México.”

De acuerdo con este estudio los altos precios de la gasolina en México han sido propiciados en gran medida por la depreciación del peso frente al dólar y por la alta volatilidad del precio de los combustibles, y adiciona la siguiente problemática:

“A diferencia de sus contrapartes en Venezuela o Arabia Saudita, las autoridades mexicanas generalmente no usaron su poder de modificación de preciospara ofrecer grandes descuentos a los consumidores.”

Al diagnóstico del problema, además de este contexto financiero, debemos observar que la reforma energética ocasionó el debilitamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex); provocando que nuestro país pasara de ser un gran productor de petróleo a nivel nacional a un pequeño importador de combustible, donde el Impuesto Especial a la Producción y Servicios que se le aplica a los combustibles pasó a ser la forma de llenar el vacío presupuestal que dejo la Reforma Energética.

Para muchos especialistas en la materia, el aumento en el precio de la gasolina genera un aumento en los precios de los bienes que requieren transporte, como los alimentos. Sin embargo, este aumento no implica inflación a largo plazo, al menos que se tengan problemas estructurales en la economía, y es justo ahí donde nos encontramos.

México tiene problemas estructurales en la economía que han pasado de un gobierno a otro, teniendo sexenios (como el que está por terminar) donde simplemente no fueron atendidos, los siguientes:

1. La desigualdad en el desarrollo entre el sector industrial, el agrícola y el de servicios.

2. Que la industria nacional está orientada a la producción de bienes finales y no produce bienes intermedios ni bienes de capital.

3. El alto volumen de importaciones de bienes intermedios y de capital, lo que determina una dependencia con respecto al exterior.

4. El abandono y retraso del sector agrícola.

5. La dependencia del petróleo, inclusive con la reforma energética que permitió la privatización.

6. La heterogeneidad en el desarrollo tecnológico de las empresas extranjeras y las nacionales. Y la ausencia de un desarrollo tecnológico propio.

De acuerdo con cifras propias de Petróleos Mexicanos, en el país se consumen diariamente aproximadamente 125 millones de litros de gasolina y 60 millones de diésel, estas cifras bajo el actual panorama económico afectan de manera indiscutible al bolsillo de cada uno de los ciudadanos mexicanos al tener altos costos de los combustibles.2

En este contexto la pregunta es ¿En dónde nos encontramos? El Estado mexicano se encuentra en una encrucijada donde el gravamen que se aplica a las gasolinas termina impactando a los consumidores finales, las posturas de subsidio son de difícil aplicación derivado de la privatización en la Reforma Energética y la aplicación de cualquier política que incentive el uso de combustibles generaría de forma irreversible impactos ambientales negativos.

Y si analizamos experiencias de otros países podemos ver que los precios bajos de la gasolina no garantizan una inflación baja. Venezuela tiene uno de los precios de gasolina más baratos del mundo en 35 centavos de peso por litro y una inflación de 50 por ciento anual. Además, los impuestos a la gasolina tampoco generan más inflación. En Corea del Sur, Italia y Noruega hay un impuesto de más de 10 pesos por litro y ningún país tiene una inflación mayor al 3 por ciento anual.

¿Cuáles son las propuestas que ha planteado en el sector privado para disminuir el costo de los combustibles en México?

• El director de operaciones comerciales y jurídicas de FullGas Energy Operation, Abraham Montoya, señaló que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa entre 35 y 40 por ciento del costo del combustible, por lo que, si se logra reducir ese gravamen a un nivel como en Centroamérica, por ejemplo, de entre 5.0 y 10 por ciento, bajaría significativamente. Y es que además de este gravamen se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implica una doble tributación.

• La gerencia de relaciones externas de la compañía Shell México opinó que “los precios de los combustibles se definen por varios factores entre los que están el precio del crudo, los impuestos, la logística, las normas ambientales, el tipo de cambio y los costos operativos, entre otros. En la medida en las que estas variables cambien, los precios pueden subir o bajar, pero estos factores se encuentran fuera del control de los distribuidores minoristas”.

• Rafael Zorrilla Alanís, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo señaló que: “Si las autoridades logran por fin que las bandas delictivas dejen de robar los ductos de Pemex, el precio de los combustibles de manera automática debe bajar sus costos hasta en 25 por ciento de su precio actual.”

¿Cuáles son las propuestas que han planteado los académicos para disminuir el costo de los combustibles en México?

• El IEPS sólo se puede acreditar frente al ISR propio o retenido a los trabajadores, si se encuentran mecanismos para ampliar esta base y poderlo acreditar contra el Impuesto al Valor Agregado (IVA), e incluso si se tuviera aún impuesto a favor, poder solicitar la devolución como se hace con el IVA o ISR, esto reduciría el impacto que se tiene en la actividad”, consideró Refugio Muñoz López, catedrático y especialista en temas de transporte y logística.

• Arturo Damm Arnal señala que se debe eliminar el pago del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, fundamentalmente por tres razones: 1)el IEPS a gasolinas es un impuesto que se cobra, al menos directamente, a la “gente rica” que lo puede pagar, por lo que “se justifica”; 2)es un impuesto que se cobra a un bien, la gasolina, que por obra y gracia de la contaminación genera externalidades negativas, por lo que puede ser considerado un impuesto pigouvian, bien visto por todo aquel preocupado por el medio ambiente; 3)el gobierno, dado que cada año gasta más (y dado que sus clientelas presupuestarias, que se benefician de dicho gasto, no lo dejan gastar menos), necesita de cuanto recurso pueda echar mano, y el IEPS a gasolinas ha demostrado tener considerable poder recaudatorio.

• Ramsés Pech Razo señala que eliminar el Impuesto Especial sobre Producción de Servicios ayudaría a bajar el precio hasta 1.5 pesos.

Análisis de constitucionalidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son obligaciones de los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Es así como esta Cámara de Diputados es competente para establecer o derogar contribuciones que tengan impacto a nivel federal, por lo que la presente iniciativa no tiene problemas de constitucionalidad respecto a la eliminación de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios o la adición sobre el Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que respecta a la determinación de incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva los dispuestos en la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, esta determinación es bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Lo anterior en virtud de que existen diversas actividades delictivas en materia de hidrocarburos que afectan de manera significativa la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y propician casos de delincuencia organizada.

Aunado a lo anterior el sector energético se encuentra dentro de las actividades estratégicas del país de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y 27 constitucionales.

Objeto de la iniciativa

Reducir el costo de los combustibles en México mediante una propuesta integral que permita beneficiar a todos los ciudadanos sin generar impactos negativos al medio ambiente. Bajo una opción legislativa viable y eficiente, que permita:

1. Eliminar el Impuesto Especial a Producto y Servicios a los combustibles.

2. Castigar de forma más severa las actividades que afectan la distribución de combustibles.

Impacto presupuestal

De conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, se tiene previsto para este año una recaudación con motivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con motivo de combustibles automotrices de 258,633 millones de pesos. Dicho monto se divide de la siguiente forma:

1. Artículo 2o., fracción I, inciso D). 231,250.3 millones de pesos.

2. Artículo 2o.-A. 27,383.3 millones de pesos.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al segundo trimestre de 2018 (enero-junio) la recaudación por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por combustibles automotrices representa un monto de 98,442.3 lo cual significa una disminución real de 35.6 por ciento respecto a lo recaudado en el mismo periodo durante el 2017.3

Aunado a lo anterior, el próximo gobierno federal ha manifestado la implementación de un Plan de Ahorro y Reasignación Presupuestal, con el cual prevé ahorros por 132 mil millones de pesos únicamente por concepto de reducciones al capítulo 1000.4

Estos ajustes presupuestales se suman a los planteados en la Cámara de Diputados por 409 millones de pesos en ahorros que van desde la reducción de salarios y personal hasta cuestiones de compra de materiales y servicios.

De igual forma la austeridad planteada en el Senado a través del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura prevé un ahorro de mil quinientos millones de pesos en sus gastos.

Ante esta situación la presente propuesta legislativa es viable toda vez que su impacto presupuestal se ve sustentado en los ahorros planteados por la política de austeridad en los diversos Poderes de la Unión, además de que su beneficio a la ciudadanía es un tema indiscutible e impostergable.

Ante esta situación queda preguntarnos ¿Qué podemos hacer para disminuir el precio de la gasolina a favor de los mexicanos?

Para dar respuesta a esta interrogante, es importante recordar que el Partido de la Revolución Democrática siempre ha pugnado a favor de la soberanía energética en México y ha dado la mayor lucha contra privatización de los recursos nacionales.

Bajo estos antecedentes, es que la presente iniciativa tiene por objeto plantear una opción legislativa viable y eficiente, que permita por la disminución del precio de la gasolina en México eliminando el Impuesto Especial a Producto y Servicios a los combustibles y castigando de forma más severa las actividades que afectan la distribución de combustibles.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa

Decreto por el que reforma, derogan y adicionan los artículos 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se adiciona el inciso XI al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Primero.Se deroga la fracción D así como los numerales 3 y 5 de la fracción H, todos del artículo 2 y se deroga el artículo 2 A, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:

Artículo 2o.Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

A) a C) ...

D) (Se deroga)

E) a G) ...

...

...

...

I) ...

J) ...

II. a III. ......

Artículo 2o.-A. (Se deroga)

Segundo.Se adiciona el inciso j a la fracción I del artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

...

...

...

J) Los siguientes combustibles automotrices:

1. Gasolina menor a 92 octanos

2. Diésel

Tercero.Se adiciona el inciso XI al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

...

XII. Los previstos en los artículos 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de aplicar cuotas complementarias al precio de los combustibles.

Tercero. Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen.

Notas

1 Periódico El Financiero, publicado el 20 de abril de 2018.

2 https://twitter.com/Pemex/status/1011305486052929538/photo/1? ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1011305486052929538 &ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com.mx%2Fconsumo-diario-de-gasolina- es-de-124-millones-de-litros-en-promedio%2F

3 http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp

4 http://www.eluniversal.com.mx/cartera/ahorros-del-plan-de-austeridad-hasta-por- 132-mil-millones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Luz Estefanía Rosas Martínez,Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Emmanuel Reyes Carmona, Frida Alejandra Esparza Márquez, Héctor Serrano Cortés, Javier Salinas Narváez, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Teófilo Manuel García Corpus, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Beatriz Manrique Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, al tenor de la siguiente

El robo de combustibles en México no es un fenómeno nuevo, sino que se trata de una práctica llevada a cabo desde hace décadas en diversas regiones del país. En la actualidad, este ilícito ha dejado de tener presencia únicamente en algunas zonas del territorio y afecta a prácticamente todos los estados de la República, aunque la mayoría de las tomas clandestinas se siguen concentrando en entidades como Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz.

De igual forma, hace años que el robo de combustibles dejó de estar en manos de delincuentes comunes y ha pasado a ser uno de las actividades preferidas por diversos grupos de la delincuencia organizada, que en muchas ocasiones sostienen violentas disputas por el control de los territorios.

El robo de combustibles ha mostrado signos de haberse convertido, según los expertos, en uno de los delitos más lucrativos, incluso más que el tráfico de drogas, y es que el aumento en el número de tomas clandestinas junto con las pérdidas en especie y económicas reportadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la participación organizada y jerarquizada en la extracción ilegal de combustibles, son sólo algunos indicios de la alta posibilidad lucrativa que brinda este delito.

La creciente participación de la delincuencia organizada en el robo de hidrocarburos ha hecho de éste un asunto fuera de control en los últimos años, lo cual se ve reflejado en el aumento exponencial del número de tomas clandestinas y en la violencia asociada al delito, la cual ya ha tenido un fuerte impacto en diversas comunidades.

Con la finalidad de enfrentar esta situación y en busca de erradicar el robo de combustible, el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos, incluida la creación de un nuevo marco legal especializado en la sanción de este delito y de aquellos relacionados con el mercado ilícito de combustibles.

En este sentido, el 12 de enero de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Este ordenamiento tiene como objetivo fundamental establecer los delitos y las sanciones aplicables a la producción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

La ley considera que la realización de las distintas actividades ilícitas que forman parte del mercado ilegal de combustibles amerita una sanción especial pues ponen en riesgo la seguridad energética y el patrimonio de la nación.

Bajo esta lógica, se considera responsables a todos los que participan en la extracción y venta ilegal de hidrocarburos, incluidos servidores públicos y miembros de la comunidad que de algún modo colaboren con los delincuentes (por ejemplo, rentándoles sus terrenos, brindándoles información o no denunciándolos).

La ley contempla sanciones para los responsables de los diversos delitos que tipifica, las cuales van de tres hasta 30 años de prisión, más las penas aplicables si se comprueba que se trata de delincuencia organizada, mismas que podrían sumar otros 40 años de cárcel, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Considerando que la extracción ilegal de hidrocarburos constituye un riesgo para el medio ambiente, el legislador estimó oportuno, durante el proceso de discusión y aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, establecer en el artículo 20 lo siguiente:

“Se aumentará hasta en una mitad la sanción que corresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en esta ley y que con ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.”

Con lo anterior, se establece una sanción adecuada para los responsables de un delito que genera contaminación ambiental y un impacto severo en los suelos, que, de acuerdo a especialistas, podrían tardar hasta 25 años en recuperarse de manera natural.

En función de lo dispuesto por el artículo 20, consideramos que las penas para castigar el robo de combustible, también deberían aumentarse cuando la realización dolosa de algunas de las conductas delictivas que describe la ley provoque una afectación a la vida y a la integridad de las personas.

No podemos dejar de tener en cuenta que uno de los principales deberes del Estado es el de brindar seguridad a los ciudadanos y que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos afectan directamente a la población cuando ponen en riesgo su vida y su integridad. Lo que está en juego es la seguridad de las personas que corren el riesgo de perder la vida por explosiones derivadas de la ordeña ilícita de ductos que transportan combustible.

Basta con citar lo ocurrido en 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde hubo 30 personas fallecidas, para dar cuenta de la magnitud de una de las muchas tragedias que pueden presentarse a consecuencia del robo de combustible.

De acuerdo al dictamen que la Comisión de Justicia presentó a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2015 y en virtud del cual se aprobó la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, entre 2012 y 2015 se registraron 2 mil 8 tomas clandestinas con derrames de productos, algunos de los cuales ocasionaron desastres fatales, por ejemplo:

• 19 de diciembre de 2010. En San Martín Texmelucan, Puebla, la explosión derivada de una toma clandestina tuvo como resultado 30 personas fallecidas, 12 heridos, 154 damnificados, 89 casas quemadas y 40 vehículos calcinados.

• 13 de marzo de 2013. En Reynosa, Tamaulipas, derivado de un incendio en una toma clandestina murieron 7 personas calcinadas y se incendiaron 6 vehículos.

• 21 de julio de 2013. En Santa María Tonatitla, estado de México, derivado de la explosión de una toma clandestina resultaron cinco policías con quemaduras y dos patrullas incendiadas. Asimismo, se incendió un camión de bomberos y dos bomberos del municipio de Tecámac resultaron con quemaduras.

• 16 de diciembre de 2013. Derivado de una toma clandestina se produjo una fuga de gas licuado del petróleo (LP) con producto incendiado en Acolman, estado de México. Se evacuó a 35 personas de zonas aledañas al lugar y resultaron lesionadas cuatro personas, entre ellas una menor de cuatro años.

Además de los sucesos anteriores, los cuales le costaron la vida o le provocaron lesiones a decenas de personas, se deben considerar también los casos en que la intervención oportuna de la autoridad evitó que se presentaran pérdidas humanas que lamentar. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido el 22 de octubre de 2012 cuando una fuga de gas en Tepeji del Río, Hidalgo, provocó la evacuación de aproximadamente 2 mil personas.

El ejemplo más reciente se presentó el pasado 12 de septiembre en Puebla, Puebla, donde mil 200 familias de siete colonias fueron desalojadas de sus casas por una fuga de gas, presuntamente provocada por delincuentes dedicados al robo de combustibles. Afortunadamente, en este caso se actuó a tiempo y se logró evitar una tragedia de proporciones mayores.

El problema del robo de combustible en nuestro país es muy grave y se requieren penas más severas que contribuyan a inhibir la comisión de conductas que ponen en riesgo grave la seguridad de la población.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

Único. Se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 20. Se aumentará hasta en una mitad la sanción que corresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en esta ley y que con ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo, al ambiente, a la vida y a la integridad corporal de las personas.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “El robo de combustibles: asalto a la nación”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Documento de trabajo número 253, julio de 2017. Página 17. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/ Novedades/Documento-de-trabajo-El-robo-de-combustible-asalto-a-la-nacion

2 Véase, Patiño González, Dalia, “El impacto ecológico del robo de combustible”, Agencia Informativa Conacyt, 15 de agosto de 2017. Disponible en:

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/ 16843-impacto-ecologico-robo-combustible

3 Véase; “Sellada y controlada fuga de gas en Puebla: Protección Civil”, periódico El Universal, 12 de septiembre de 2018. Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/estados/sellada-y-controlada-fuga-de- gas-en-puebla-proteccion-civil

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputada y diputado: Beatriz Manrique Guevara,Ariel Rodríguez Vazquez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

El enorme crecimiento en materia tecnológica a nivel mundial nos obliga a adoptar nuevas formas de convivencia en nuestro día a día. Estas impactan en los sectores sociales, culturales, económicos y políticos. Por ejemplo, la adopción tecnológica cumple con una importante función, facilitar la vida del ser humano con el objetivo de realizar tareas mucho más productivas.

Las tecnologías de la información y comunicación deben ser un eje rector en la producción nacional para la consolidación de la competitividad a nivel mundial y generando empleos de calidad. De acuerdo con el Informe Global de Tecnología de la Información 2015, se pretende que la tecnología sea un detonador de desarrollo social y un acceso a la conectividad y el empleo.

A nivel mundial, la economía obliga a la innovación en las tecnologías de la información reportando un crecimiento de un 9.3 por ciento en el año 2014 y obteniendo cerca de 617.5 mil millones de dólares anuales en este sector. Países como India, Alemania, Irlanda y Singapur son líderes mundiales en esta materia. Por ejemplo, India reportó para 2014 cerca de 34 mil millones de dólares y se estima que para 2019 cuente con un valor de 58 mil millones de dólares. Sus principales industrias son: la manufacturera, automotriz, del sector salud y farmacéuticas, textil, infraestructura, aeroespacial, etcétera, áreas detonantes para el desarrollo económico. Otro ejemplo muy importante a nivel mundial es Alemania, reportando un valor de mercado de 52 mil 573 millones de euros, y que espera alcanzar los 58 mil 65 millones de euros, apostando a la innovación en el sector manufacturero gracias desarrollo de nuevas tecnologías.

El objetivo de esta reforma es impulsar las nuevas tecnologías en las actividades empresariales de las Pymex. Esto con la finalidad de que se generen nuevos empleos y una economía sólida para la región en la que se encuentren sus actividades. Es de suma relevancia mencionar que México se encuentra entre los principales exportadores de tecnologías de la información (TI) en América Latina de acuerdo con la Secretaría de Economía. Por tanto, si la ventaja con la que cuenta nuestro país se implementara en actividades regionales, podríamos posicionar tener mayor éxito en posicionar nuestra producción en el mundo globalizado.

Ahora bien, es necesario que la Secretaría de Economía y demás entidades encargadas del ramo consideren la elaboración de programas relacionados en las Pymes, destacan los apoyos para la capacitación en estas tecnologías. De acuerdo con distintos estudios, las micro, pequeña y mediana empresas generan un 72 por ciento del empleo a nivel nacional y una aportación al producto interno bruto del 52 por ciento. En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.

Las Pymes se concentran en actividades como el comercio, los servicios y la industria artesanal, al igual que en trabajos independientes. A pesar de su relevancia, en México tan sólo 10 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (Pymex) logran llegar a los 10 años de vida; mientras que 75 por ciento de los nuevos negocios fracasan antes de los dos años, de acuerdo con cifras difundidas por el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial.

La introducción del uso de las tecnologías en las Pymex es de suma importancia en diversas materias. Por ejemplo, para el aprovechamiento de comunicaciones e información con la finalidad de eficientar los procesos que permitan ser competitivos. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce), el 46.7 por ciento del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que no usan equipo de cómputo argumentan que no lo necesitan. Siguen en importancia el 15.6 por ciento de empresas que declaran no disponer de equipo de cómputo y el 15.2 por ciento que argumenta la falta de recursos económicos para la adquisición de dichos activos.

En concordancia con el uso del equipo de cómputo, se tiene que el 73.9 por ciento de las microempresas señalan no utilizar internet. Esta situación sucede en el 7.6 por ciento de las pequeñas empresas y el 1.6 por ciento de las medianas. En este sentido, el 47.3 por ciento de total de las empresas que no usan internet declaran no necesitarlo.

Por lo señalado, esta propuesta tiene por objetivo establecer dentro de las directrices de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las bases para que el gobierno fomente la inversión de capital privado para el desarrollo empresarial que podría generarse gracias a una mejor rentabilidad así como a la consolidación de la producción y competitividad a nivel nacional e internacional. Además, busca promover el uso de las tecnologías de la información, para ello, un énfasis especial se ponen en la capacitación.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se adicionan un inciso e) al artículo 4 y las fracciones X y XI al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para quedar como sigue:

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a)...

b)...

c)...

d)...

e) Las bases para que la Secretaría fomente la inversión de capital privado para el desarrollo de la producción empresarial que permita una mejor rentabilidad en la micro, pequeñas y medianas empresas consolidando su producción y competitividad a nivel nacional e internacional.

II...

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

...

X. Promover la capacitación para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de impulsar la producción y la competitividad en las regiones del país.

XI. Proponer en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, programas para la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en la actividad empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=

http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Resource/121/1/images/ TIC_esp.pdf&ved=2ahUKEwiY2_mn24zdAhXH64MKHXq1B04QFjAAegQIBBAB &usg=AOvVaw3FEAD9s23WN82tjF0FEFUu (Citado por PROMÉXICO “Diagnóstico Sectorial Tecnologías de la Información y Comunicación, 27 de agosto de 2018)

2 Íbidem

3 Condusef, Pymes. Disponible en:

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/ educacion-financiera/492-pymes (Consultado el 2 de septiembre de 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Daniel Gutiérrez Gutiérrez,Alejandra Ponce Cobos, Alma Delia Navarrete Rivera, Armando Contreras Castillo, Beatriz Dominga Pérez López, Dolores Padierna Luna, Graciela Zavaleta Sánchez, Irineo Molina Espinoza, María del Carmen Bautista Peláez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Sandra Simey Olvera Bautista, Virginia Merino García, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, al tenor de la siguiente:

I. Objetivo

El objetivo de la presente iniciativa es mejorar la calidad y eficiencia del proceso de entrega y recepción en los poderes Ejecutivos de la Federación, los estados y Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, mediante la formalización y estandarización de la metodología y el establecimiento de políticas y disposiciones aplicables para la entrega y recepción de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública saliente a la administración pública entrante para el período al cual fueron electos, con el fin de lograr su adecuada armonización a nivel nacional, así como para orientar a los servidores públicos obligados en la materia.

Es importante destacar que la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a los recursos que manejan las administraciones públicas en los tres órdenes de gobierno son el cimiento de la confianza democrática en los representantes electos por el voto popular. En ese sentido, es indispensable garantizar un marco institucional eficiente y armónico para que el proceso de entrega-recepción de recursos en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. Sobre esta base, la presente iniciativa pretende dotar de un marco normativo general para que las acciones para dinamizar, fortalecer y modernizar el proceso de entrega y recepción, la cual requiere de mecanismos eficientes que faciliten el mismo, a la vez que permitan conocer su estado general para facilitar la gestión de quien recibe.

Estas acciones se enmarcan bajo el criterio de responsabilidad, para lograr que la entrega y recepción se lleve a cabo con mayor precisión y oportunidad, permitiendo que la atención de los asuntos públicos se realicen de manera continua y transparente.

Elevar la calidad del servicio público y establecer condiciones que garanticen la eficacia en el quehacer de las dependencias y entidades de la administración pública en todos los órdenes de gobierno con el objeto de que los servidores públicos optimicen las metas y entreguen los resultados que la sociedad espera de ellos.

II. Fundamento constitucional y legal

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al gobierno federal, entre otras atribuciones, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia; establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal; formular y conducir la política de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, así como vigilar y supervisar que los servidores públicos cumplan con las obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el desempeño de la función pública, dentro del régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Dicha disposición legal de nivel federal encuentra su correlativo en las diversas legislaciones a nivel estatal que regulan dichas materias relativas al correcto ejercicio de los recursos públicos asignados a los servidores públicos de los gobiernos estatales y municipales.

En este mismo sentido, el pasado 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, en todos los órdenes de gobierno, por lo que, la presente iniciativa se configura como un claro complemento a la citada disposición legal para consolidar la transparencia y rendición de cuentas de manera homologada en todas las entidades federativas y municipios de nuestro país.

A mayor abundamiento, el artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Dicha información incluye el proceso de entrega-recepción que se realiza en los tres órdenes de gobierno entre los servidores públicos de una administración pública entrante con respecto a la saliente.

Establece el citado artículo a la letra, lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

...

Sin duda, dentro de la exigencia constitucional para legislar en materia de la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, se incluye el transparentar el uso y aplicación de los recursos de que disponen los titulares de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, mismos que es necesario que rindan un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan y formalicen la entrega-recepción de los recursos públicos que tuvieren asignados al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, con el objeto de que los servidores públicos que los sustituyan en sus obligaciones, cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las tareas y compromisos inherentes al desempeño de su función, y que además permitan constatar el resultado de los objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que dichos servidores públicos tenían bajo su administración o resguardo.

Por lo expuesto, tiene como propósito establecer el procedimiento, así como el contenido del acta y los formatos que se aplicarán, para que los servidores públicos obligados preparen y entreguen los documentos en forma oportuna, sistematizada y clara.

III. Contenido de la ley general

La iniciativa se estructura en un capítulo único compuesto por tres títulos bajos las denominaciones de “Disposiciones Generales”, “Sujetos y Órganos” y “Proceso Entrega-Recepción”.

La presente iniciativa será de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivos de la Federación, los estados y la Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El gobierno de Ciudad de México deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Los actos administrativos de entrega-recepción que realizan los servidores públicos de las dependencias federales sean materia de rendición de cuentas, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a los datos y las situaciones presupuestales de las secretarías federales, así como de los gobiernos de los estados y municipios.

Todos estos funcionarios, al separarse de su empleo o comisión, deberán rendir un informe de los asuntos a su cargo y de la situación que guardan, al tiempo de entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como la documentación y los archivos ordenados y clasificados, a quienes los sustituyan en sus funciones.

La propuesta prevé que el servidor público saliente que no rinda este informe ni los recursos que tuvo a su mando, será requerido por el órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, para que cumpla con esta obligación en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde su separación.

Es importante destacar que la presente iniciativa atiende una de las principales lagunas legales existentes en el marco jurídico federal, estatal y municipal que es el correlativo al proceso de entrega recepción, el cual uno de los actos administrativos que no han sido contemplados en los actos a transparentarse son las actas entrega-recepción que realizan los sujetos obligados.

El acta administrativa de entrega-recepción siempre se ha considerado sólo un mecanismo para fincar responsabilidades, ya sean administrativas o penales, por lo que existe una repulsión natural a realizarla, y regularmente los funcionarios públicos la consideran mero acto burocrático que debería desaparecer, pues ellos avanzan por el camino de la informalidad,

Contrario a ello, el empleo del acta administrativa significa claramente el complemento de la honestidad con la que el funcionario público desarrolló su función, pero también el empleo del acta entrega-recepción coadyuva a delimitar responsabilidades de quienes reciben y entregan.

El contenido de dicha acta, preparada por el servidor público saliente, deberá contener al menos, los siguientes elementos:

I. El informe del estado de los asuntos a su cargo;

II. Informe exacto sobre la situación de los recursos financieros y humanos, pasivos y activos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, inventario de todos los bienes muebles e inmuebles a su cargo, vehículos, cuentas por cobrar, donaciones realizadas a favor de la administración, estado de cuentas bancarias, cumplimiento de obligaciones fiscales, créditos solicitados, registro de contratos colectivos con los sindicatos y contratos individuales de trabajo, aportaciones otorgadas por la administración pública a personas morales o físicas, entre otros.

III. Informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos;

IV. Obras Públicas en proceso, incluidas aquellas que fueron iniciadas y aquellas que fueron concluidas durante el período del servidor público correspondiente;

V. Manuales de organización y de procedimientos;

VI. Situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas;

VII. Registro de expedientes, sistema de información y toda la documentación generada y aquella recibida por el servidor público correspondiente.

VIII. El informe detallado los asuntos en trámite o pendientes.

IX. Convenios y contratos con empresas celebrados con la administración pública correspondiente sea a través de licitaciones públicas, invitación o adjudicación directa, para proveeduría, servicios o cualquier erogación de gasto público, en términos de la legislación correspondiente

En este tener de ideas, se plantea que en la entrega-recepción final intervengan de manera innovadora los siguientes servidores públicos:

I. El servidor público titular saliente;

II. El servidor público titular entrante;

III. El representante de la Secretaría o de la Contraloría General del ámbito correspondiente.

IV. El representante del Poder Legislativo del ámbito estatal correspondiente, el cual, será designado por dicho Poder de entre sus integrantes, siempre que este incorporado al grupo parlamentario o legislativo del partido político mayoritario de oposición al partido del cual emane la administración pública saliente y represente el distrito electoral o el estado en el que esté ubicada la señalada administración pública.

El contenido del proceso de entrega de recepción deberá ser difundido en los medios de comunicación social disponibles para el gobierno correspondiente, incluyendo de manera obligatoria en la glosa del informe de gobierno o su equivalente, así como, a través del portal de internet correspondiente para su consulta inmediata y permanente por parte de cualquier interesado, sin mediar petición de por medio.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, para quedar como sigue:

Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública saliente a la administración pública entrante para el período al cual fueron electos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente ley es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivos de la federación, los estados y la Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Es competencia de la Secretaría de la Función Pública la aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ley.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El gobierno de la Ciudad de México deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Artículo 2o. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Secretaría. La Secretaría de la Función Pública.

II. Contraloría General. La Contraloría General o el Órgano de Control Interno competente en cada uno de los ámbitos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, los estados y la Ciudad de México.

III. Servidor Público. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública de los Poderes Ejecutivos de la federación, los estados y la Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

IV. Dependencias. Las señaladas en cada una de las legislaciones aplicables de los poderes Ejecutivos de la Federación, los estados y la Ciudad de México.

V. Entidades. Las señaladas en cada una de las legislaciones aplicables de los Poderes Ejecutivos de la federación, los estados y la Ciudad de México.

VI. Entrega-Recepción. El acto de entrega de los recursos humanos, materiales y financieros de un servidor público a su sustituto, el cual puede ser:

a) Intermedia. Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la administración pública del ámbito correspondiente.

b) Final. Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la administración Pública del ámbito correspondiente.

Artículo 3o. Los servidores públicos obligados por la presente Ley son todos aquellos enunciados en el artículo 2o. de la presente Ley, incluidos de manera enunciativa mas no limitativa a los titulares de los poderes ejecutivos de la Federación, los estados y la Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades; así como sus subordinados con nivel de subsecretario, director general, director de área, subdirector, jefe de unidad departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los referidos, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Artículo 4o. La entrega-recepción de los recursos de las dependencias, entidades u órganos político administrativos a quienes sea aplicable en términos del artículo 3o. de esta ley, deberá efectuarse por escrito, mediante acta administrativa que describa el estado que guarda la dependencia, entidad u órgano político administrativo correspondiente y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley y en apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 5o. En la entrega-recepción final intervendrán:

I. El servidor público titular saliente;

II. El servidor público titular entrante;

III. El representante de la Secretaría de la Función Pública o de la Contraloría General del ámbito correspondiente.

IV. El representante del Poder Legislativo del ámbito estatal correspondiente, el cual, será designado por dicho Poder de entre sus integrantes, siempre que este incorporado al grupo parlamentario o legislativo del partido político mayoritario de oposición al partido del cual emane la administración pública saliente y represente el distrito electoral o el estado en el que esté ubicada la señalada administración pública.

El contenido del proceso de entrega de recepción deberá ser difundido en los medios de comunicación social disponibles para el gobierno correspondiente, incluyendo de manera obligatoria en la glosa del informe de gobierno o su equivalente, así como, a través del portal de internet correspondiente para su consulta inmediata y permanente por parte de cualquier interesado, sin mediar petición de por medio.

Artículo 6o. Los servidores públicos obligados a realizar la entrega de la entidad, dependencia u órgano político administrativos, deberán anexar mediante acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la normatividad y procedimientos que prescriba la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso.

Artículo 7o. Los servidores públicos que en los términos de esta ley, se encuentren obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán efectuar el proceso de entrega-recepción ante el órgano de control interno que corresponda.

Artículo 8o. Los órganos de control interno de cada uno de los órganos que están sujetos a esta Ley deberán emitir un formato general para el acto de entrega-recepción en la que contenga los lineamientos fundamentales a que se contrae esta ley.

Artículo 9o. Las titulares de las dependencias, entidades y órganos político administrativos, deberán comunicar a sus órganos de control interno, los nombres, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos en quienes recaigan las obligaciones establecidas por la presente ley, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la oficina.

Artículo 10. En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control interno de la dependencia, entidad u órgano político administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración.

El órgano de control interno de que se trate, una vez recibido el escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, a los servidores públicos entrante y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, levantando un acta administrativa en presencia del representante del órgano de control, dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de control procederá a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 11. Cuando el servidor público saliente no proceda a la entrega en los términos de esta Ley del informe sobre los asuntos y recursos a su cargo, será requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación.

Si el servidor público saliente dejare de cumplir esta obligación, será responsable en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Artículo 12. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible la entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, los servidores públicos sujetos a esta Ley deberán mantener permanentemente actualizados sus registros. Controles y demás documentación relativa a su gestión.

Artículo 13. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados al servidor público saliente no lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u omisiones que con motivo de sus empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos

Artículo 14. El servidor público saliente deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos, mediante acta administrativa, la cual incluirá:

I. El informe del estado de los asuntos a su cargo;

II. Informe exacto sobre la situación de los recursos financieros y humanos, pasivos y activos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, inventario de todos los bienes muebles e inmuebles a su cargo, vehículos, cuentas por cobrar, donaciones realizadas a favor de la administración, estado de cuentas bancarias, cumplimiento de obligaciones fiscales, créditos solicitados, registro de contratos colectivos con los sindicatos y contratos individuales de trabajo, aportaciones otorgadas por la administración pública a personas morales o físicas, entre otros.

III. Informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos;

IV. Obras Públicas en proceso, incluidas aquellas que fueron iniciadas y aquellas que fueron concluidas durante el período del servidor público correspondiente;

V. Manuales de organización y de procedimientos;

VI. Situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas;

VII. Registro de expedientes, sistema de información y toda la documentación generada y aquella recibida por el servidor público correspondiente.

VIII. El informe detallado los asuntos en trámite o pendientes.

IX. Convenios y contratos con empresas celebrados con la Administración Pública correspondiente sea a través de licitaciones públicas, invitación o adjudicación directa, para proveeduría, servicios o cualquier erogación de gasto público, en términos de la legislación correspondiente

Artículo 15. El informe escrito sobre los asuntos a cargo del servidor público saliente deberá contener una descripción de la situación de su oficina a la fecha de inicio de su gestión; de las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, así como de las actividades que no se han concluido y por último la situación de la oficina en la fecha de retiro o término de su gestión.

Artículo 16. Una vez que haya sido reconocido legalmente el servidor público designado, deberá designar una Comisión integrada por cuatro personas para que en coordinación con el servidor público saliente, puedan iniciar la transferencia de los documentos e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con los recursos financieros, humanos y materiales.

La comisión receptora deberá conocer la situación de la administración y desarrollo de los programas, proyectos y en su caso obras públicas en proceso, de tal forma que al momento de relevarse la titularidad de los cargos pueda continuar la actividad gubernamental.

Artículo 17. El proceso de entrega recepción deberá iniciar desde que la autoridad entrante del órgano de la administración pública respectiva haya sido legalmente reconocida, que, en cualquier caso, será 30 días previos naturales a la toma de protesta del servidor público correspondiente.

Artículo 18. Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la administración pública de la Ciudad de México los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de su gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la administración, contenidas en un sólo documento.

Los titulares salientes de los entes deberán preparar la información relativa al acta administrativa en forma específica, anexando pormenorizadamente la información y documentación relativa al estado que guarda la dependencia, entidades u órganos político administrativos correspondiente. Esta información formará parte de la entrega-recepción de los recursos públicos del estado y deberá incluir en lo que sea aplicable:

I. Estructura orgánica;

II. Marco jurídico de actuación, especificando sí se trata de: Ley, reglamento, decreto o acuerdo que regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de actuación; fecha de expedición; publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha; en caso de existir, incluir, manual de organización y procedimientos, de trámite y servicios al público o de cualquier otro tipo.

III. Recursos Humanos:

a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, nombre, categoría, señalando si el trabajador es de base, sindical, extraordinario, eventual o se encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por obra determinada y detalle de su percepción mensual, indicando sueldo base.

b) Relación de personal sujeto a pago de honorarios, especificando el nombre de la persona que presta sus servicios, importe mensual de honorarios y la descripción de actividades.

c) Relación del personal con licencia, permiso o comisión, señalando el nombre; el área a la que está adscrito el servidor público, el área a la que está comisionado y el periodo de ausencia.

IV. Recursos materiales:

a) Relación de la unidad administrativa resguardante de mobiliario y equipo de oficina, así como de los artículos de decoración y publicaciones, con una información clara del número de inventario, descripción del artículo, marca, modelo, serie, ubicación, especificaciones y el nombre del servidor público a quien se le tiene asignado el bien y la referencia de resguardo.

b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con información de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie, así como el nombre y cargo del servidor público a quien se le tiene asignado y la referencia del resguardo.

c) Relación de equipo de comunicación por Unidad Administrativa responsable, conteniendo número de inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y cargo del servidor público resguardante.

d) Relación por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del artículo, unidad de medida y existencias.

e) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del Registro Público de la Propiedad, descripción del bien, tipo de predio, Delegación, ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble.

f) Relación de inventario de almacén por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del artículo, unidad de medida y existencia.

V. Recursos financieros:

a) Estados financieros, en los que se anexe los libros y registros de contabilidad, balance general, estado de resultados, estado de origen y aplicación de fondos.

b) La relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen, acompañando su último estado de cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente. Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro contrato de crédito o similares a éstas, que contenga el número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento o de presentación de estado de cuenta, saldo, firmas registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente conciliados.

c) La relación de cheques pendientes de entregar que contenga: fecha, el nombre de la institución bancaria, cuenta de cheques, número de cheque, el importe de los cheques pendientes de entregar, el nombre del beneficiario y el concepto del gasto por el cual fue expedido el cheque.

d) Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio de ingresos, fecha y monto del mismo.

e) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga: número de documento, nombre del deudor, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda.

f) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique: número de documento, nombre del acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda.

g) Relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad o dependencia avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado.

h) Presupuesto ejercido, anotándose el ejercicio que corresponda, el número de cuenta, subcuenta, importe parcial e impone total.

i) Aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que garantice el pago de las contribuciones fiscales de carácter federal para el ejercicio fiscal en curso y los correspondientes a los años en el que se desarrolló la administración pública correspondiente, en caso de existir pasivos en este rubro, deberán corresponder a ejercicios fiscales anteriores a la citada administración.

VI. Obras Públicas:

a) Inventarío de obras, por tipo de inversión que contenga: Programa y nombre de la obra, ubicación de cada obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el porcentaje de avance físico y financiero y modalidad de adjudicación.

b). Relación de anticipos de obras pendientes de amortizar que contenga: Número de contrato, nombre del contratista, costo total, importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo.

c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga: Programa/proyecto y nombre del mismo, así como su ubicación, especificando: localidad, metas, unidad de medida correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y la condición en que se encuentra.

VII. Derechos y obligaciones:

a) Relación de contratos y convenios. Lo anterior deberá contener: el número de contrato o convenio, fecha, el nombre de la persona física o moral con quien se celebra el contrato y descripción del contrato o convenio.

b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados de convenios firmados, especificando: nombre del documento, dependencias participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, local o delegacional.

d) Relación de contratos de fideicomiso, con la información clara del número de fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación actual.

VIII. Relación de archivos:

a) Relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contiene, la ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; si el archivo se capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde se haya instalado.

b) Relación de libros del Registro Civil y sus duplicados, especificando claramente. La localidad, año, número de libros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, registros de ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, tutela, pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes, y de las informaciones testimoniales para acreditar hechos relativos al nacimiento, así como el total de libros.

c) Relación de archivos por secciones: Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá informar secciones, periodo, legajos, número de inscripciones y ubicación.

d) Relación de Archivo General de Notarías. La información deberá contener: Número de notaría, titular, número de volúmenes y periodo.

e) Relación de protocolos en poder de notarios. Se deberá informar; número de notaría, titular, número de volúmenes, así como la fecha de autorización del primer y último libro.

f) Relación de archivos históricos de la Ciudad de México que contenga aquellos documentos que representen un valor e integren la memoria colectiva de la Ciudad de México.

IX. Otros:

a) Relación de asuntos pendientes de resolver, con la descripción de: Número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del mismo y fecha probable de terminación.

b) Relación de formas oficiales, con la descripción clara de: Nombre de la forma, numeración, cantidad, precio unitario, total y responsable.

c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio, autoridad que conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo.

Artículo 19. El servidor público entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la renuncia del servidor público saliente, ante el representante del órgano de control respectivo y con la asistencia de dos testigos que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y. en su caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o comisión lo amerite, se designaran personas para proporcionar información y documentación y, para verificar el contenido de la misma.

Los anexos del acta de entrega-recepción son responsabilidad de los servidores públicos entrante y saliente, y en su caso, de las personas para proporcionar información y documentación y, para verificar el contenido de la misma, por lo que deberán ser revisados y firmados previo a la formalización del acta de entrega-recepción. El acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma;

a) Un ejemplar para el servidor público entrante.

b) Un ejemplar para el servidor público saliente.

e) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y;

d) Un ejemplar para el representante del órgano de control respectivo.

e) Un ejemplar para el representante del Poder Legislativo del ámbito estatal correspondiente

Artículo 20. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante en un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la dependencia, entidad u órgano político administrativo correspondiente. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite.

Artículo 21. La Secretaría y la Contraloría General, vigilarán de conformidad con sus respectivas competencias, el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta ley.

Artículo 22. Los servidores públicos deberán proporcionar la información y documentación que les requieran el órgano de control respectivo.

Artículo 23. El servidor público saliente 30 días antes de que concluya su empleo, cargo o comisión deberá solicitar la intervención del órgano de control que corresponda para la debida intervención que le compete conforme a esta ley. En caso de que no lo haga, será sancionado de conformidad con la legislación de responsabilidades de los servidores públicos competente y se iniciará el procedimiento de manera oficiosa.

Artículo 24. La Secretaría o la Contraloría General competente tiene facultad para dictar las medidas complementarias para la observancia de esta ley, así como para solicitar, desde un año antes, la documentación que considere necesaria para preparar la entrega final de la administración pública correspondiente.

Artículo 25. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será sancionado por la Secretaría o por la respectiva contraloría de acuerdo con la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 26. Ningún servidor público, señalado en el artículo 3 de la presente ley, podrá dejar el puesto sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción correspondiente; para este efecto el superior jerárquico respectivo deberá designar el sustituto definitivo o provisional, en el caso de entrega-recepción inmediata, dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia, se notifique baja o se lleve a cabo el cambio de puesto. En caso de incumplimiento de la anterior obligación, el superior jerárquico correspondiente será responsable en términos de la legislación de responsabilidades de los servidores públicos competente, en caso de urgencia para la entrega-recepción se podrán habilitar horas o días para hacer la entrega correspondiente, dicha habilitación la hará el titular del órgano de gobierno correspondiente o por el por el órgano de control interno correspondiente, según sea el caso.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procesos de entrega recepción en trámite al inicio de vigencia de la presente ley se regirán conforme a las legislaciones vigentes en dicho momento. Las disposiciones previstas en este Decreto serán aplicables al siguiente proceso de entrega recepción.

Tercero. Las legislaturas de los Estados deberán adecuar sus respectivas legislaciones de conformidad con las disposiciones de la presente ley a más tardar en un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Malaine Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Laura Angélica Rojas Hernández, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Fernando Salazar Fernández, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 138 a 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI

Pablo Guillermo Angulo Briceño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, al tenor de la siguiente

El suministro y consumo de la energía eléctrica en nuestro país es de primer orden y en últimas décadas se han impulsado diversas acciones y programas para lograr el acceso universal a la electricidad.

Actualmente nuestro país cuenta ya, con una cobertura de suministro de electricidad del 98.6 por ciento a nivel nacional, del que el 78 por ciento está dirigido a las áreas urbanas y el 22 por ciento a las áreas rurales. Sin duda, el avance es de gran trascendencia.

No obstante cabe señalar que en la época contemporánea, ha cobrado vigencia el fenómeno climatológico denominado calentamiento global, con motivo del cambio climático, cuya preocupación es de escala mundial y que está generando un incremento constante y progresivo de la temperatura promedio en el mundo.

En México, el cambio climático está afectando muchas regiones, por ejemplo, la península de Yucatán y en especial el estado de Campeche tienen los registros de temperatura más altos.

La Organización Mundial de la Salud, se ha pronunciado al respecto en diversos estudios, afirmando que las altas temperaturas son un factor que incide en la propagación de enfermedades respiratorias y golpes de calor que incluso ponen en riesgo la vida de las personas.

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático “INECC”, México es uno de los países con mayor incremento en sus temperaturas con un aumento de un grado centígrado entre 2012 y 2015, y en algunas zonas del territorio nacional, la variación es aún mayor. A manera de ejemplo, tenemos que de 2016 a la fecha, el estado de Campeche ha registrado temperaturas promedio poco más de 30 grados centígrados la mayor parte del año; y, en algunas partes de su territorio por encima de los 35 grados, lo que, sumado a la humedad, genera una sensación térmica de mayor temperatura que hacen no solo necesaria, sino imprescindible la utilización de sistemas de enfriamiento y ventilación que elevan considerablemente el consumo de energía.

En cuanto al pago por suministro básico doméstico de la energía eléctrica, los usuarios de Campeche destinan más de 3 mil 500 pesos anuales, pagando un 43 por ciento más que la media nacional respectivamente, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica elaborada por el Inegi en el año 2014.

Fuente: Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares, 2014-INE-GI.

En localidades donde la temperatura incrementa durante el verano, se eleva considerablemente el consumo por la necesidad de mantener las viviendas a temperatura adecuada. Los ventiladores y el aire acondicionado tienen un nivel de consumo medio y alto, con un consumo mensual aproximado de 30 y 675 kilowatts-hora, respectivamente.

Es por ello, que la desproporción en el gasto de consumo de electricidad de los hogares se empieza a presenciar a partir del segundo quintil de ingreso más pobre de la población, en el cual se puede apreciar el mismo patrón: los hogares de entidades federativas con mayores niveles de temperatura, pagan más en electricidad. En el cuadro siguiente se muestra un listado de las diez entidades federativas, cuyo segundo quintil de ingreso, destina más recursos económicos al pago de energía eléctrica:

Fuente:Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, la venta de electricidad se incrementa en el periodo de verano como se puede apreciar en la gráfica que se muestra a continuación.

Fuente: Sistema de Información Energética. Secretaria de Energía del Gobierno Federal.

Como se puede apreciar en la gráfica, entidades del sureste, como Campeche, Quintana Roo y Yucatán tienen un comportamiento ascendente de consumo de electricidad conforme a los meses donde se presentan mayores temperaturas, teniendo como puntos máximos la época de verano.

En suma, es importante señalar todo lo antes descrito por la pertinencia de considerar las diversas condiciones o factores socioeconómicos y sobre todo climáticos que inciden en el consumo del servicio eléctrico, a nivel de usuario doméstico final.

Ahora bien, como es bien sabido, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 22 de diciembre de 1975 quedó abrogada con la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de agosto de 2014, que ubica a la Comisión Federal de Electricidad como el principal proveedor del servicio de electricidad en nuestro país, a través del Sistema Eléctrico Nacional.

Este nuevo ordenamiento legal, en su artículo 12 fracción IV, faculta a la Comisión Reguladora de Energía para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del Cenace y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico.

No obstante, el Ejecutivo federal se encuentra facultado para determinar, mediante “Acuerdo”, un mecanismo distinto de fijación de tarifas, con relación al elaborado por la Comisión Reguladora de Energía para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

El 30 de diciembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo con número 27/2015, por el cual el Ejecutivo federal, autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, distinto al que emita la Comisión Reguladora de Energía.

Con base en las disposiciones antes citadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Acuerdo 015/2014, publicado en el DOF el 1 de enero de 2016, en el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, vigentes durante el periodo que comprende el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

En el nuevo esquema tarifario, se aplican ocho tarifas a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas conectadas individualmente a cada vivienda, dependiendo del consumo de kilowatts/hora/mes.

Para calcular la tarifa doméstica, además del consumo de kilovatios, se considera el tipo de tarifa que corresponde en cada región y la temporada, sea de verano o fuera de este período; considerándose como verano el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales son fijados de acuerdo con las observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En otras palabras, para el uso doméstico existen ocho regiones tarifarias de acuerdo con determinados elementos y criterios, entre los cuales se incluye la temperatura promedio en verano por localidades y regiones. A continuación se presenta un cuadro en el que puede observarse dicha clasificación:

Las principales variables utilizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos son: el nivel de consumo y la temperatura promedio registrada por la zona geográfica y la temporada o período bien sea dentro o fuera del verano, de tal suerte que, entre más cálida sea una zona geográfica, menores serán los costos por concepto de consumo de electricidad.

De acuerdo con la metodología vigente, se considera que una localidad alcanza una determinada temperatura media mínima en verano, cuando durante un año haya alcanzado el límite indicado durante 2 meses consecutivos o más, y a su vez esto ocurra durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente, según los reportes elaborados por la Semarnat.

El criterio de la normatividad vigente obedece a que, en las regiones con temperaturas más altas, es precisamente en donde el servicio de energía eléctrica se convierte vital tanto para la preservación de la salud de las personas, como para la realización de sus actividades cotidianas.

La península de Yucatán y en especial el estado de Campeche tienen los registros de temperaturas más altos de todo el país. De 2016 a la fecha, el estado de Campeche ha registrado temperaturas promedio de más de 30 grados centígrados la mayor parte del año y en algunas partes de su territorio por encima de los 35 grados. De igual manera, las sensaciones térmicas y la humedad hacen imprescindible la utilización diaria y constante de sistemas de enfriamiento y ventilación que ocasionan un consumo mayor de energía de todos los sectores poblacionales y productivos.

Ahora bien, es importante señalar que, de acuerdo con la normatividad vigente, el límite de alto consumo de electricidad se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada, a saber:

Fuente: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx

Ahora bien, En el citado Acuerdo se establece que el consumo mensual promedio registrado por el usuario se determina con el promedio del consumo durante los últimos 12 meses. Asimismo, se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad.

Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario es superior al Límite de Alto Consumo se le reclasifica a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Dicha reclasificación implica para los usuarios un incremento considerable en los costos por uso de electricidad.

Los aparatos eléctricos que proveen de ventilación y enfriamiento, con un funcionamiento diario en promedio de 14 a 16 horas, rebasa los 1700 KW autorizados en la tarifa 1C que se aplica en el estado de Campeche, por ejemplo.

En razón de lo anterior señalado, consideramos indispensable realizar una reclasificación de la tarifa que responda a la demanda y necesidades de la población.

De conformidad con el Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2017, las cuotas y costos aplicables mensualmente por cada tarifa de servicio doméstico son las siguientes:

Dentro de dicha clasificación, actualmente al estado de Campeche, por ejemplo, se localiza en la Tarifa 1C, con un límite de alto consumo de 850 kilowatts por hora al mes. Sin embargo, debido a la utilización de aparatos eléctricos de ventilación y enfriamiento durante la temporada de verano en la que se incrementan considerablemente las temperaturas, el consumo real por vivienda es mucho mayor al límite establecido en dicha tarifa, incrementándose así el costo por el consumo de electricidad en cada hogar.

No obstante que las tarifas para uso doméstico cuentan con un subsidio por parte del Gobierno Federal, para muchas familias el pago de electricidad significa un gasto muy elevado durante los meses de verano.

Las repercusiones negativas de las altas temperaturas en el precio de la electricidad no se limitan al estado de Campeche; lo mismo ocurre en las demás entidades federativas de la región Sur sureste, y todo esto genera una situación de desigualdad e inequidad en los costos relacionados con el uso del servicio eléctrico.

En consecuencia, resulta necesario llevar a cabo una reclasificación de esas tarifas a fin de que sean justas, accesibles y que consideren la proporción de gasto familiar que representa el pago del consumo eléctrico de servicio doméstico para la satisfacción de las necesidades básicas de la familia dentro de una vivienda.

Se trata de una exigencia legítima para evitar más afectaciones a la economía familiar de la población que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad, porque ante el fenómeno del calentamiento global todos somos totalmente vulnerables.

Como legisladores, considero que tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico que, en el caso que nos ocupa, nos permitan hacer frente al cambio climático y generar mejores condiciones para adaptarnos a los efectos del calentamiento global.

Es necesario sin duda, perfeccionar las metodologías empleadas hasta la fecha para determinar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico que se cobra a los usuarios domésticos, disponiendo de nuevas herramientas institucionales para medir con mayor precisión y puntualidad los cambios de temperatura y atender a lo que la ley precisa en cuanto al establecimiento de mecanismos distintos para determinados grupos sociales, en función de su entorno geográfico y climatológico.

Del “Reporte Anual del Clima en México” publicado por la Semarnat y la Conagua, que muestra las temperaturas promedio por mes de las entidades federativas, de enero a diciembre de cada año, obtenemos las correspondientes a la región Sur Sureste, respecto de los años 2014 a 2017, como sigue:

Fuentes:

http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog por cientoC3 por cientoADa/Diagn por cientoC3 por cientoB3stico por ciento20Atmosf por cientoC3 por cientoA9rico/Reporte por ciento20del por ciento20Clima por ciento20en por ciento20M por cientoC3 por cientoA9xico/RC-Diciembre17.pdf

http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog por cientoC3 por cientoADa/Diagn por cientoC3 por cientoB3stico por ciento20Atmosf por cientoC3 por cientoA9rico/Reporte por ciento20del por ciento20Clima por ciento20en por ciento20M por cientoC3 por cientoA9xico/RC-Diciembre16.pdf

http://smn1.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/RC-Diciembre15.pdf

http://smn1.conagua.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2014.pdf

Como puede observarse, las temperaturas registradas por la Semarnat y la Conagua, han llegado a situarse en los 38.4 grados centígrados, como en el caso del estado de Campeche, a lo que es necesario considerar que por las condiciones climatológicas de humedad prevalecientes en esta región de nuestro país, la percepción y sensación térmica se eleva a una temperatura de más de 40 grados centígrados, inclusive a la sombra, lo que obliga a la población a la utilización de ventiladores y equipos de aire acondicionado y consecuentemente, a un mayor consumo de energía eléctrica, lo que viene a afectar fuertemente la economía familiar, debido a la clasificación existente en lo relativo a las tarifas y precios del servicio público de la energía eléctrica.

El artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión Reguladora de Energía, a expedir mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas.

Al efecto, consideramos importante reformar este dispositivo legal, a fin de instituir un párrafo in fine, que obligue a que las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas para las personas físicas del suministro eléctrico, con el carácter de usuario final, deberán considerar las condiciones económicas, sociales, ambientales y climáticas del lugar en que residan.

Por otra parte, consideramos que resulta evidente la necesidad de reclasificar la tarifa asignada al estado de Campeche y a las demás entidades federativas integrantes de la región Sur Sureste, para ubicarlas con justicia solidaria, reconociendo el entorno climatológico al que se encuentran sujetas y así, asignarles la aplicación de la tarifa 1F, con un consumo promedio mensual del usuario hasta por 2,500 kwh/mes.

En materia de tarifas eléctricas, el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica faculta al Ejecutivo federal para determinar mediante “Acuerdo”, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales obtenido mediante la aplicación de las metodologías para determinar el cálculo por parte de la Comisión Reguladora de Energía, a favor de determinados grupos de usuarios del Suministro Básico, como sigue:

“ Artículo 139.-La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”

En tal virtud y considerando los diversos factores señalados en esta exposición de motivos en materia de cambio climático y sus efectos en el período de verano, que comprende los seis meses más cálidos del año y que afectan a la población del estado de Campeche y demás entidades federativas integrantes de la región Sur Sureste de nuestro país, es que consideramos indispensable establecer, mediante reforma a este dispositivo legal, el fundamento legal que permita al Ejecutivo federal llevar justicia social y tratamiento diferenciado razonable y justo en materia de aplicación de tarifas eléctricas a los habitantes de esta región.

Esto es, reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de instituir la facultad del Ejecutivo federal para determinar, mediante Acuerdo, la aplicación de la tarifa 1F hasta por un consumo mensual promedio de 2,500 kwh/mes, como se ha precisado.

Esto resulta de gran beneficio para los habitantes de esta región y constituye sin duda, un mecanismo de justicia social, porque el límite de alto consumo se define para cada localidad, en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada.

Y resulta, que durante el verano, período que comprende los seis meses más calurosos del año, las temperaturas imperantes en esta región, obligan a la población a incrementar la utilización del servicio de energía eléctrica, superando con mucho el llamado límite de alto consumo, lo que rebasa la capacidad de pago de este ya vital servicio y propicia la generación de adeudos que agobian a todos estos grupos de usuarios del servicio básico y doméstico de energía eléctrica.

Por ello estamos proponiendo a esta Soberanía, la aprobación de esta reforma al Artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para instituir que para usuarios del suministro eléctrico, con el carácter de usuario final del estado de Campeche y demás entidades de la región sur sureste se aplique la tarifa 1F hasta por un consumo mensual promedio de 2,500 kwh/mes.

Al efecto, consideramos que la reclasificación tarifaria propuesta es procedente toda vez que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, como lo establece la Ley de Desarrollo Social en su artículo 8o., que es de observancia general y cuya aplicación al caso que nos ocupa, es inobjetable e inatacable.

Esto es así, porque consideramos, sin lugar a dudas, que de continuar sin modificación las tarifas eléctricas asignadas, seguirá afectándose la precaria economía familiar, con la realización de fuertes desembolsos en su perjuicio o condenarlas al endeudamiento por incapacidad de pago que puede motivar y orientar inclusive a la resistencia civil.

Finalmente, consideramos importante establecer en el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, como uno más de sus objetivos, garantizar a las personas físicas, con el carácter de usuario final, el acceso al suministro de energía eléctrica a precios asequibles.

Con objeto de facilitar la lectura, visualización y comprensión de lo propuesto, a continuación ponemos a su consideración el siguiente cuadro comparativo:

En nuestra labor legislativa considero que tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico a fin de que esto permita, como en el caso que nos ocupa, hacer frente al cambio climático y a los efectos del calentamiento global, porque es necesario sin duda, perfeccionar las metodologías para determinar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico que se cobra a los usuarios domésticos con el carácter de usuario final, disponiendo de nuevas herramientas institucionales para medir con mayor precisión y puntualidad los cambios de temperatura y atender a lo que la ley precisa en cuanto al establecimiento de mecanismos distintos para determinados grupos sociales, en función de su entorno geográfico y climatológico.

En este orden de ideas y en concordancia con el enfoque mundial para medir la calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas que incluye el acceso a la electricidad en los hogares, consideramos necesario que se atiendan en su justa dimensión las circunstancias especiales de las regiones del país afectadas por el cambio climático y el calentamiento global, a fin de asignar tarifas y precios justos, equitativos y solidarios para el cobro del servicio público de electricidad.

Por otra parte, no podemos ni debemos soslayar que en esta región habitan familias cuya economía y subsistencia depende de personas adultas mayores y de madres solteras cuyos ingresos son precarios e insuficientes y que tienen que soportar, como es del común conocimiento, muy altas temperaturas, por efecto y consecuencia del cambio climático y en condiciones de vulnerabilidad.

Campeche ha sido históricamente el principal productor de petróleo a nivel nacional. En razón de esa gran aportación histórica que ha representado para el país en materia energética, la población del estado de Campeche exige respetuosamente un trato justo y equitativo con respecto al cobro de electricidad, tomando en consideración su situación de vulnerabilidad ante el cambio climático y los efectos del calentamiento global.

Se trata de una aspiración y un reclamo social muy sentido que es necesario satisfacer porque es de justicia social y porque tiende puentes de solidaridad entre los mexicanos y su gobierno.

Es por ello que se pone a la alta consideración de esta soberanía, tratándose de una iniciativa de reforma los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica que no conlleva la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, la realización de nuevas funciones, ni la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica

Único. Se reforman los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 138. ...

I. a V.-...

...

...

...

Las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas para las personas físicas del suministro eléctrico, con el carácter de usuario final, deberán considerar las condiciones económicas, sociales, ambientales y climáticas del lugar en que residan.

Artículo 139. ...

...

Para usuarios del suministro de energía eléctrica, con el carácter de usuario final, del estado de Campeche y demás entidades de la región sur sureste se aplicará la tarifa 1F hasta por un consumo mensual promedio de 2,500 kwh/mes.

Artículo 140. ...

I. a VI. ...

VII. Garantizar a las personas físicas del suministro eléctrico, con el carácter de usuario final, el acceso al suministro de energía eléctrica a precios asequibles.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Pablo Guillermo Angulo Briceño,Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Carlos Enrique Martínez Aké, Carlos Pavón Campos, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, José Elías Lixa Abimerhi, Juan Ortiz Guarneros, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Margarita Flores Sánchez, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Uno de los problemas más graves y alarmantes que enfrentan las sociedades actuales, es el de la contaminación ambiental, las consecuencias son en extremo peligrosas, ya que afectan negativamente al planeta tierra en general y particularmente a las zonas urbanas con mayor concentración poblacional.

Este problema no sólo debe de llamar la atención de legisladores y de gobernantes, sino de todos los ciudadanos que habitamos este mundo, el país y las ciudades, pues independientemente de cualquier condición social o económica, todos somos vulnerables a los daños ocasionados por la contaminación y el deterioro ambiental.

La evolución y el desarrollo de las zonas urbanas a nivel nacional, han venido acompañados por la proliferación de problemas ambientales, debidos al incremento en la concentración de población, actividad industrial, vehicular, doméstica y de dotación de servicios.

La contaminación que se genera en un determinado territorio recorre en ocasiones grandes distancias y sus efectos se manifiestan en otra región, trayendo como consecuencia la necesidad de mantener una vigilancia constante, no sólo en los lugares en que se originan los contaminantes, sino en zonas aledañas.

En nuestro país, se identifican áreas que requieren mayor atención, como: poblaciones con alto grado de industrialización, zonas de posible riesgo ambiental y zonas degradadas por el hombre, clasificadas como críticas.

La atención a la necesidad de los gobiernos locales y de la comunidad de incrementar sus esfuerzos para obtener información confiable de la concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos en estos sitios, es imperativa y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección a la salud y ecosistemas.

Es evidente la necesidad de más información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire. Lo anterior supone, la apremiante instrumentación y modernización de sistemas de monitoreo que incrementen la representatividad, compatibilidad y validez de la información que se colecta.

El monitoreo de la calidad del aire toma una importancia fundamental para identificar y proveer la información necesaria a fin de evaluar la calidad del aire de cada región y sus tendencias, como una herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales, entre otras aplicaciones.

En este sentido, existe legislación en la materia, principalmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que obliga a los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Asimismo, existe el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-156-SEMARNAT-2008, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, en el que se especifican las características técnicas que deben tener los sistemas.

Para Encuentro Social, es indispensable que los sistemas de monitoreo de la calidad del aire funcionen correctamente, y estén ubicados en sitios donde pueda haber una lectura confiable de los contaminantes ambientales, ya que en materia del cuidado del ambiente, si no comenzamos a actuar desde ahora, las consecuencias las padecerán nuestros hijos y las generaciones que nos siguen y muchas de ellas serán inundaciones, altas temperaturas, agua contaminada y sucia, sequías arrasadoras, entre muchas otras catástrofes.

Actualmente nuestro país enfrenta una compleja problemática en el tema de contaminación del aire, con complejas repercusiones a la salud de la población, sobre todo de quienes habitan zonas urbanas y sus alrededores.

En este sentido, en 2013, la organización británica Clear Air Institute realizó un estudio a través del cual se analizaron los niveles de contaminación ambiental de 21 ciudades con más de un millón de habitantes en Latinoamérica.

Dentro de estas se encontraban Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México; de ello se obtuvo información sobre cuatro compuestos que predominan en el aire y que contaminan gravemente la atmosfera, identificadas como partículas PM2.5, PM10, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

Derivado del anterior estudio, en abril de 2015, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dio a conocer que Monterrey ocupaba el primer lugar en contaminación del aire en América Latina, ya que registró los más altos números de contaminación por PM 2.5 y PM 10, superando a ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México.

En Nuevo León la contaminación del aire se ha convertido desde hace varios años en un problema de salud pública, que se refleja también en el presupuesto ejercido por el Estado, según estudios del ITESM, la contaminación atmosférica del área metropolitana de Monterrey les cuesta, al gobierno y a particulares, entre cuatro mil y ocho mil millones de dólares anuales, cantidad que resulta de la suma de los costos de la atención a la salud y de baja de productividad, principalmente por ausentismo laboral debidos a la contaminación.

Los contaminantes atmosféricos de Nuevo León provienen, en general, de cuatro fuentes: las fijas que hacen referencia a la industria; las móviles emitidas por autos y camiones; las de área, es decir, de actividades comerciales y servicios; y por último las naturales, como la erosión del suelo.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, en 2016, 61 por ciento de los días presentaron una mala calidad en el aire, produciéndose 785 mil toneladas de contaminantes.

Entre los contaminantes del aire más comunes y sus efectos figuran: el monóxido de carbono (CO), generado principalmente por la quema de combustible de los vehículos y motores. Su inhalación reduce la cantidad de oxígeno en los órganos y tejidos del cuerpo, agrava las enfermedades del corazón, causa dolor en el pecho, entre otros síntomas.

El ozono (O3), un contaminante secundario formado por la reacción química de los compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx) en presencia de luz solar, disminuye la función pulmonar y causa síntomas respiratorios, como tos y falta de aire, provoca asma y empeora otras enfermedades pulmonares.

El dióxido de nitrógeno (NO2) se genera por la quema de combustible (de empresas eléctricas, grandes calderas industriales y por vehículos) y la quema de madera, su inhalación agrava las enfermedades pulmonares que causan síntomas de problemas respiratorios y aumenta la susceptibilidad a la infección respiratoria.

Asimismo, por las partículas (PM10 y PM2.5) que se forman a través de reacciones químicas, a partir de la combustión (por ejemplo, la quema de carbón, madera, diésel, gasolina), los procesos industriales, la agricultura (el arado, la quema de campo), y durante la construcción de carreteras y en procesos erosivos y la extracción de material pétreo. Las exposiciones a corto plazo empeoran las enfermedades del corazón o de los pulmones y causan problemas respiratorios; y las exposiciones a largo plazo, enfermedades del corazón o de pulmón.

Otro contaminante, el dióxido de azufre (SO2), proviene de la ignición de combustibles (especialmente el carbón con alto contenido de azufre), las empresas eléctricas y los procesos industriales de refinación, su inhalación agrava el asma y dificulta la respiración.

También la contaminación del aire está constituida por la acidificación, que implica las reacciones químicas que involucran a los contaminantes del aire y crean compuestos ácidos que dañan la vegetación y los edificios.

A lo anterior hay que agregar las condiciones geográficas del Estado de Nuevo León, ya que algunas características propias de la región potencializan la contaminación ambiental, por ejemplo, la presencia de montañas y valles intensifica la dependencia de vientos y las condiciones atmosféricas para el movimiento y dispersión de contaminantes, asimismo el clima seco propicia el mantenimiento de los contaminantes, especialmente con la ausencia de viento, de la misma manera la inversión térmica durante la temporada de otoño e invierno aumenta la acumulación de contaminantes en el área metropolitana.

Derivado de lo anterior, la salud de los neoleoneses está cada vez en mayor peligro por la contaminación, tan sólo la ciudad de Monterrey es la que registra la segunda mayor cantidad, a nivel nacional, de partículas de polvo flotando en el ambiente.

Las montañas de la Sierra Madre Oriental, como el Cerro de la Silla, Topo Chico y Mitras, símbolos de esta ciudad, apenas pueden ser apreciados debido a la contaminación ocasionada por las pedreras, la industria y el parque vehicular, aunado a la falta de políticas públicas del gobierno, que han dejado alta densidad de PM-2.5 y PM-10 en el aire, convirtiendo a Monterrey en la ciudad más contaminada de México.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determinó que Monterrey es la ciudad más contaminada de México por la concentración de 86 PM-10 y de 36 PM-2.5.

No nos debería extrañar este primer lugar porque es una de las ciudades más industrializadas y no existe una política de Estado en materia ambiental. En lugar de actuar, el actual gobierno, como los anteriores, le echa la culpa al que va pasando diciendo que es a causa del automóvil, las pedreras, la industria, la inversión térmica, el polvo del desierto de Coahuila o de San Luis Potosí. Se van repartiendo las culpas y nadie actúa. Está es una alerta real y es urgente afrontar el problema.

Monterrey tiene mil 500 millones de toneladas métricas de contaminantes de dióxido de carbono (CO2). Y por tanto, la autoridad admite que hay cerca de 5 mil muertes prematuras anuales debido a la contaminación del aire, mientras en todo el país es de 40 a 50 mil decesos tempranos por cáncer, problemas pulmonares, infartos o derrames cerebrales.

Según los estudios del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Instituto Tecnológico de Monterrey, dirigido por Gerardo Mejía Velázquez, 80 por ciento de la contaminación proviene de la industria y el transporte, 15 por ciento de las pedreras y el 5 por ciento restante de otras fuentes de combustión. Y a medida que aumenta la contaminación se incrementan las enfermedades.

El grupo de asociaciones civiles como Vamos Nuevo León, Reforestación Extrema, Ando en Bici, Ciudad Común, Pueblo Bicicletero y la Banqueta se Respeta, señaló en un comunicado que hubo aire limpio sólo durante 27 por ciento de los 365 días de 2017.

“Desde su campaña, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se comprometió a mejorar la calidad del aire en Nuevo León... Estamos esperando que se presenten estrategias concretas y resultados para atacar este problema”, señala el documento.

En noviembre de 2017, Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, advirtió en una conferencia ofrecida en la cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que las partículas que afectan la calidad del aire generan graves afectaciones a la salud de los ciudadanos: Si mejoramos el transporte público, también mejoramos la movilidad y la calidad del aire.

Para el ecologista Guillermo Martínez Berlanga es sintomático que en los años recientes se ha reportado la muerte de ocho personas cuando hacían ejercicio al aire libre: “Ante la falta de (declaración) de contingencia ambiental por el gobierno, gente que está haciendo ejercicio se infarta con apenas 50 años de edad y mueren en la parte menos contaminada, que es Chipinque, o la más verde, que es Calzada del Valle.

Asimismo, el especialista considera que todo esto son cosas que la gente no puede ver por la contaminación, como lo que pasa a las mujeres cuyos hijos nacen con defectos congénitos. Esto es un problema de salud. De cada 10 abortos entre jóvenes, cuatro se deben a causas no relacionadas con el embarazo, sino con la contaminación.

La contaminación se nota en los ojos, la nariz y el organismo en general. En una ciudad como Monterrey, a las cuatro de la tarde la gente ya siente fatiga porque ha estado respirando durante ocho horas un aire tóxico con dióxido de nitrógeno, plomo, azufre y arsénico. ¿Qué pasaría si en Monterrey hay inversión térmica y se empieza a morir la gente como en Chile, Los Ángeles, Londres o la Ciudad de México?

Para los ecologistas, la grave situación en Monterrey se debe a la poca cantidad de árboles y áreas verdes en la entidad. Monterrey tiene un déficit de un millón de árboles y mil 700 hectáreas de áreas verdes. Necesitamos 10 espacios similares al parque Fundidora y debería tener por lo menos 10 pulmones urbanos. Tenemos uno y a medias, porque el gobierno está destruyendo el Parque Fundidora.

La ignorancia, la poca atención en el tema y la corrupción no han permitido crear ciudades sustentables en México: El gobierno de Nuevo León sólo observa. La corrupción es gravísima.

No conocen el tema. Jaime Rodríguez puso a su compadre Roberto Russildi como secretario de Desarrollo Sustentable; es su socio con conflicto de interés: primero, porque él es contaminador y depredador con sus negocios; segundo, porque no sabe nada del tema.

El gobierno no ha entendido que los pulmones urbanos son la salvación de las ciudades sustentables. Están construyendo en áreas verdes, destruyéndolas e invadiéndolas. Están haciendo una mancha de concreto, urbanizando las montañas. En el Cerro del Obispado debería haber 25 mil encinos y lo que tenemos es concreto.

Es indispensable aplicar la inversión necesaria para combatir la contaminación, pues está solamente se elimina gratuitamente por dos medios: árboles y lluvia. No hay ninguna ciudad sustentable en México. No hay una ciudad que pueda resistir los efectos del cambio climático, con aire sano, o que haya resuelto su problema de agua ni el de movilidad o áreas verdes con suficientes parques.

En las ciudades de nuestro estado, son cada vez más los días con niveles altos de contaminación, lo que de acuerdo con los expertos, la salud se afecta primero con irritación de ojos y garganta, pero después se generan padecimientos crónicos en los pulmones y el deterioro deriva hasta en problemas cardiacos.

Los trabajos en las pedreras, la falta de árboles en la ciudad y el alto crecimiento urbano horizontal, han llevado a nuestro Estado a una alarmante situación, tanto que desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable han venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia por la contaminación del aire en Monterrey.

El área metropolitana de Monterrey enfrenta grandes retos para reducir sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, de tal forma que no se causen daños a la salud de la población. Durante mucho tiempo, la problemática de la calidad del aire no se ha comunicado, ni ha sido combatida de manera eficiente por los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y la población en general no lo percibe como un problema de salud pública.

La primer medida que se debe de tomar, es la de tener una lectura correcta de la contaminación del aire, esto sólo se logrará teniendo en óptimas condiciones los sistemas de monitoreo, por esta razón la presente iniciativa pretende reformar el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar el funcionamiento, mantenimiento y modernización de los sistemas de monitoreo.

Actualmente, muchos de estos sistemas se encuentran averiados o incompletos y no arrojan resultados confiables que permitan conocer con veracidad la calidad del aire de las ciudades, como ejemplo el sistema de monitoreo de la calidad del aire (SMCA) de Nuevo León, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, constituido por 10 estaciones de monitoreo automático.

En donde, en el Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se identificaron problemas, pues la evaluación del cumplimiento o no de la Norma de PM2.5, no se pudo realizar en ninguna estación de monitoreo debido a que no se generó información suficiente para ello, por las carencias técnicas de las estaciones. Esta situación tiene que ver también con la antigüedad de los equipos, ya que la mayoría inició sus operaciones en 1992, es decir, hace 26 años.

Mejorar la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey es una labor ardua, requiere acciones específicas y permanentes hacia las diferentes fuentes de emisión. Sólo así se generaría, en el mediano y en el largo plazo, la reducción de los niveles de contaminación del aire. Urge establecer, de manera coordinada, las políticas públicas necesarias entre los tres órdenes de gobierno y que se destinen los recursos necesarios para ejecutarlas de manera efectiva. Asimismo, se requiere crear conciencia en la población sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente y sumar a la sociedad civil organizada, así como las universidades y centros de investigación.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto

Decreto por el que se reforma el artículo 112 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforma la fracción VI, del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 112. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:

I. a V. ...

VI. Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire, garantizando su correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización. Los gobiernos locales remitirán a la secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;

VII. a XII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 Semarnat, DGGCARETC. Guía para la elaboración de programa de gestión para mejorar la calidad del aire(Proaire), versión 1.0. Primera edición, México, 2015.

2 Salvador Blanco, Akira Mizohata. Estudio de Partículas Suspendidas PM2.5 en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando González Escoto, Arturo Roberto Hernández Tapia, Carlos Alberto Valenzuela González, Carolina García Aguilar, Elba Lorena Torres Díaz, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José Elías Lixa Abimerhi, José Luis García Duque, Juan Francisco Ramírez Salcido, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Eugenia Hernández Pérez, María Rosete, Martha Robles Ortiz, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olga Juliana Elizondo Guerra, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 31, 35 y 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31y 35, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Cuando se expidió la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada el 19 de junio de 2017, en diversos artículos se hizo referencia al sector social y privado, organizaciones de la sociedad civil, personas jurídicas y agrupaciones; esto significó un avance en la inclusión de las personas morales u organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la creación, difusión o investigación de expresiones y manifestaciones de la cultura.

A continuación se mencionan los artículos en los que la citada ley se refiere con diversas denominaciones a las personas morales, intervinientes en la cultura:

El artículo 2, estipula que dicha ley tiene por objeto:

Fracción VII. Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado.

El artículo 9 menciona que toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivosin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso.

En el artículo 16 se faculta a las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, para regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.

El artículo 17 establece que la federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México y las personas físicas o jurídicasde los sectores social y privado que presten servicios culturales; podrán participar de los mecanismos de coordinación con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta ley.

En su artículo 18 se establece los fines específicos en los cuales podrán participar en los mecanismos de coordinación; en la fracción VII, incluye a las organizaciones de la sociedad civil, al citar: establecer acuerdos de coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En su artículo 35 se estipula que en la Reunión Nacional de Cultura “podrán” participar representantes de agrupaciones dedicadas a la creación, difusión o investigación de expresiones y manifestaciones de la cultura y de las organizaciones de la sociedad civil de conformidad con la agenda de trabajo y a invitación expresa.

El pasado 1 de julio la ciudadanía emitió un voto a favor de los que fuimos electos en nuestros respectivos distritos electorales, con la esperanza de que se elaboren leyes que permitan una planeación democrática del desarrollo nacional, como lo mandata el artículo 26 constitucional, de tal suerte que sea una realidad en la cotidianidad de la vida del ciudadano la democratización política, social y cultural de la nación. La planeación en materia de cultura para que sea democrática, debe de elaborarse contemplando a la sociedad civil organizada que tiene como forma de vida la actividad cultural, que requiere sea atendida en sus aspiraciones y demandas.

Es de conocimiento público que una gran parte de la actividad cultural que se realiza en el país es por parte de organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales organizadas bajo la figura de derecho civil de asociación civil. Se requiere un tratamiento especializado en materia cultural, por su trascendencia en todos los ámbitos, ya que tiene un carácter orientador y es un factor fundamental de la integración nacional que debe ser cuidadosamente preservado.

Se tiene que tomar en cuenta que la sociedad está cada vez más organizada bajo figuras jurídicas que la Constitución tutela, de tal forma que son la expresión genuina de las aspiraciones de una colectividad actuante y protagonista de las grandes transformaciones que el país está experimentando; en particular se hace necesario que se incluya de manera clara en los órganos de definición de políticas en materia cultural a las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales.

No debemos soslayar el papel decisivo que puede jugar la cultura para resarcir el tejido social dañado por la incultura y la violencia. Siempre será preferible atender desde temprana edad a niños y jóvenes a través de actividades deportivas, educativas y culturales para educarles y no tener que sancionarles cuando por descuido y abandono son presa de la delincuencia y la drogadicción. Diversas organizaciones de la sociedad civil en la actualidad dan atención a este sector de la población en la enseñanza de disciplinas como pintura, música, danza, literatura, teatro, escultura, cinematografía, etcétera, actividades que pueden potenciarse de obtener por parte del Estado mayores apoyos de carácter económico.

También existen organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales que agrupan a artistas con experiencia y trayectoria en su disciplina que impulsan sin fines de lucro la actividad cultural en el país y que de igual forma deben de ser incluidos para que su experiencia sea tomada en consideración en la elaboración de los planes y programas en materia de cultura, así como ser sujetos de apoyos de carácter económico para potenciar las actividades que realizan.

Si bien existe la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, ésta tiene un enfoque desde la perspectiva del desarrollo social; por lo tanto se requiere que en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se establezca de manera clara la inclusión de la asociaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales en la Reunión Nacional de Cultura y en la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de sus fines.

Toda vez que existe ya la Secretaría de Cultura y la ley que la regula, es necesario adecuar su marco jurídico para incorporar este cambio en la percepción en el papel de la cultura, para cumplir con la demanda de creadores y artistas para ser incorporados de manera eficaz en las políticas públicas en materia de cultura.

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual propongo reformar con la presente iniciativa, pretende conciliar dos conceptos diferentes de cultura, por un lado la concurrencia y por otro los derechos ciudadanos; en las modificaciones propuestas se sigue privilegiando este espíritu de colaboración entre los diversos niveles de gobierno y se propone potenciar que la población tenga acceso a un derecho humano señalado en nuestra Constitución y en los acuerdos internacionales suscritos por México en la materia de cultura.

Se requiere otorgar mayor representatividad y participación de las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales en la Reunión Nacional de Cultura, que de acuerdo a esta Ley de Cultura es un mecanismo de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los derechos culturales a nivel nacional. Por otra parte es necesario que se lleve a cabo un registro puntual y certero de la asociaciones civiles y/o fundaciones culturales que existen en el país, con el objeto de que se tenga la certidumbre jurídica de a quién se le otorga representatividad, apoyos económicos y estímulos públicos, lo que sin duda coadyuvará a transparentar los recursos que se destinan a este sector.

Hay que recordar que la historia nos ha enseñado que un pueblo que no preserva su cultura está condenado a desa-parecer.

Por lo expuesto se propone reformar los artículos 31 y 35, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 31 y 35, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se reforman los artículos 31 y 35, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar como sigue:

Artículo 31.La Reunión Nacional de Cultura estará constituida por los titulares de las dependencias u organismos públicos de cultura de las entidades federativas y la federación. Así mismo formarán parte las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales.

Artículo 35.En la Reunión Nacional de Cultura deberán participar representantes de agrupaciones y/o asociaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales dedicadas a la creación, difusión o investigación de expresiones y manifestaciones de la cultura una por cada estado de la República y de la Ciudad de México, procurando que se representen las diversas disciplinas artísticas.

Artículo 38. La Secretaría de Cultura celebrará los convenios de concertación para la ejecución de las políticas públicas en la materia e impulsará una cultura cívica que fortalezca la participación de la sociedad civil en los mecanismos de participación que se creen para tal efecto. Las entidades federativas llevarán acciones similares en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Cultura realizará un registro nacional de las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales, a las que otorgará apoyos económicos y estímulos públicos para el cumplimiento de las actividades de fomento y difusión de la cultura, de acuerdo a los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputada y diputado: María Teresa Marú Mejía,Juan Martín Espinosa Cárdenas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Carmen Julia Prudencio González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo IV correspondiente al Título Sexto, así como el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo, del artículo 189 todos del Código Penal Federal al tenor de la siguiente:

La seguridad pública es una función del estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que tiene como finalidad salvaguardar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas; prevenir, investigar y perseguir la comisión de los delitos, así como mantener el orden y la paz pública en nuestro país.

Sin embargo, garantizar la seguridad es una actividad compleja, que requiere de ordenamientos jurídicos que busquen lo ideal, pero propongan lo posible. Esto se logra a través de los policías, que son servidores públicos con potestad para hacer uso de la fuerza y encargados de hacer cumplir la ley, para garantizar el orden y la paz públicos, así como para proteger la integridad física, los bienes, derechos y libertades de las personas.

La problemática que vive hoy nuestro país, en la materia es alarmante, al incrementarse las agresiones en contra de los servidores públicos encargados de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia. Si bien es cierto que el aumento de estos ataques y de la violencia se debe presuntamente a la delincuencia organizada, no se puede seguir permitiendo que las fuerzas del orden sean amenazadas y/o violentadas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 dispone que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

El asunto que nos ocupa es precisamente tutelar y salvaguardar la integridad física, de los servidores públicos, encargados de la prevención y persecución del delito, así como de la procuración de justicia, así como brindar óptimas condiciones de trabajo y seguridad durante el desempeño de sus funciones.

La tarea que realizan no es menor ya que el Estado les confiere garantizar la seguridad de los ciudadanos, prevenir los delitos y procurar la justicia, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las agresiones que sufren estos servidores públicos se han incrementado y su incidencia representa una problemática en el ejercicio de sus actividades, al ser estas consideradas de alto riesgo, en donde permanentemente ellos y sus familias pueden perder la vida, sufrir lesiones o ser privados de su libertad; por lo que consideramos necesario sancionar de manera ejemplar estos supuestos cuando son efectuadas en su contra.

Respecto a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al “primer trimestre de 2017, nos indica que son aproximadamente 331 mil los ocupados como policías y agentes de tránsito en México”.1 La cifra antes mencionada no contempla a todo el personal que desempeña funciones de seguridad pública, ya que no existe una base de datos, en la cual se aglutine esta información.

Sumado a ello encontramos que la Comisión Nacional de Seguridad establece que, en los últimos veinte años, 2 mil 220 policías han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, entre los cuales 534 eran elementos estatales, 998 formaban parte de instituciones municipales.

A su vez, esta misma dependencia estimo que el 2017 cerraría con 547 agentes caídos en diversas operaciones de combate a la delincuencia organizada.

Durante “2018 han sido asesinados 256 policías en México, las entidades que encabezan este hecho son: Guanajuato ocupa el primer lugar con 41 homicidios, Estado de México y Guerrero 25, Veracruz 24, Puebla 23, Ciudad de México y Jalisco 13”;2 ¿cuantos más necesitamos para hacer un cambio?, la respuesta está en nuestras manos.

Los servidores públicos encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia, realizan una actividad que da libertad a todos los demás ciudadanos, lo cual no debe de omitirse, por el contrario, debe de enaltecerse, ya que esta actividad requiere de vocación de servicio.

De igual manera, durante el desempeño de sus funciones, los servidores públicos a los que nos referimos son propensos a recibir todo tipo de lesiones, que vulneran su actuar; cuando estos también ciudadanos y por lo tanto son sujetos de derechos, por lo consiguiente, cuando un civil los agrede se convierte en un delito aún más grave, por contra quien se comete, el cual debe ser investigado y sancionado severamente.

Esta idea se fortalece si tomamos en cuenta precisamente que la seguridad pública, es una función del Estado, y por medio de la cual se puede ejercer la fuerza legalmente establecida, a través de los servidores púbicos facultados para ello, los cuales son una extensión del mismo, ya que, sin las condiciones mínimas de convivencia pacífica y armónica, el Estado perecería, y tales condiciones son justamente las que proporciona la seguridad pública.

En resumen, atentar contra la integridad física de un policía es debilitar al Estado mismo.

Un claro ejemplo se vive en la Ciudad de México, ya que de enero de “2012 a septiembre de 2016, 2,633 elementos de la policía preventiva (PP) han sido lesionados por golpes, quemaduras, mordeduras, petardos, rocas y con aerosol. Por su parte la Policía Bancaria e Industrial (PBI) registró solo 98 elementos, de 2012 a agosto de 2017.

Los 2 mil 731 elementos lesionados en total, de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), superan 13 veces a los 210 que sufrieron ataques por arma de fuego y blanca”.3

Es claro que el asunto que nos ocupa es de orden nacional en los tres órdenes de gobierno.

No podemos dejar de lado la situación que vive el país respecto al secuestro, la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, nos indica que a nivel nacional se estiman 69 mil 107 secuestros a algún integrante del hogar”,4 los cuales no dejan exentos a los servidores públicos que desempeña funciones de seguridad pública y que ante todo son ciudadanos.

Por lo tanto, el objetivo de la presente iniciativa es tipificar claramente en el Código Penal Federal que al que cometa un delito en contra de un servidor público encargado de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aumente la pena de prisión, ya que estos por la labor que desempeñan y por las agresiones que constantemente se cometen en contra de ellos, que ponen en peligro su vida y su integridad física; sabemos que el problema es complejo, pero también ofende a la sociedad en su conjunto, ya que nos estamos refiriendo a padres, madres, hermanos o hijos de alguien.

La principal responsabilidad de un gobierno es generar las condiciones que permitan a los gobernados realizar todas sus actividades de manera segura, y por este motivo es que la función que desempeñan los servidores públicos a los que nos referimos es inherente para generar armonía dentro de la sociedad. Debemos preguntarnos como legisladores ¿cómo pueden llevar a cabo estas acciones cuando su vida y su integridad física son expuestas?, es determinante reconocer la deuda política y social que tenemos con los buenos policías y hacer un esfuerzo sostenido para cambiar esta situación.

El fin de la presente iniciativa con proyecto de decreto es dejar claro que cuando un delito se cometa contra un servidor público encargado de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia, la sanción será mayor, debido a la vulnerabilidad física que este posee al desempeñar sus funciones.

Lo anterior, no es un asunto menor, ya que no todos los servidores públicos tienen los mismos riesgos en cuanto a la preservación de su integridad física. El ser policía no solo es una profesión de servicio, sino también de riesgo permanente.

Es importante entender lo prescrito en el artículo 189 del Código Penal Federal, que a la letra establece:

“Artículo 189.- Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.”

El presente proyecto de decreto, pretende reformar el primer párrafo del artículo anteriormente citado, a raíz de que el término “agente de la autoridad” no es claro, y tampoco está contemplado en otros ordenamientos que lo pudieran definir.

La única interpretación que se puede tomar en cuenta, es la que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis aislada :

“Robo contra transeúnte. No puede coexistir esta calificativa cuando la víctima del delito sea un agente de la autoridad en el ejercicio lícito de sus funciones y se encuentre en la vía pública.

En el caso de que se lleve a cabo un robo contra un agente de la autoridad estando éste en la calle como peatón, tal circunstancia no actualizaría la calificativa de transeúnte, pues no debe soslayarse que respecto de la misma, el legislador ha establecido sancionar con mayor severidad a quien ejecute un robo hacia una persona que deambula libremente en la vía pública independientemente de los motivos por los cuales se encuentre en esa zona, sino la diversa cometida contra un agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones, toda vez que es indudable que debido a su actividad como garante de la tranquilidad y seguridad social, invariablemente estará en la vía pública, y, en consecuencia, ambas calificativas no pueden coexistir ya que sólo subsistiría la agravante prevista en el artículo 289 del Código Penal para el Distrito Federal en la hipótesis cuando el delito sea cometido contra un agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones, habida cuenta que de otra manera se vulneraría en perjuicio del gobernado el principio de taxatividad penal previsto en el párrafo tercero del artículo 14, así como el diverso non bis in ídem contenido en el 23, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al castigarse dos veces la misma conducta”.5

De lo anterior, podemos entender como agente de la autoridad, a aquel que, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones, toda vez que es indudable que, debido a su actividad como garante de la tranquilidad y seguridad social, invariablemente estará en la vía pública. Lo que da a entender, que es un servidor público que realiza funciones de seguridad pública.

La presente propuesta busca precisar y separar a los servidores públicos encargados de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia, y que realizan actividades de seguridad pública, de aquellos que no las efectúan.

Consideramos que la redacción actual del artículo 189 que nos ocupa es injusta, ya que no refleja lo que viven de manera cotidiana las personas cuya responsabilidad asumida es la de “servir y proteger” a los ciudadanos en la vía pública.

Además, no es precisa, porque no deja claro que entender por agente de la autoridad, lo cual genera interpretaciones erróneas, ineficacia de la Ley e incertidumbre jurídica.

La redacción actual del artículo en estudio coloca a los servidores públicos y agentes de la autoridad en un mismo nivel de peligro, lo cual en los hechos no es así.

Por lo anterior, consideramos que es necesario dejar claro en la redacción del artículo de referencia, que los delitos cometidos contra los servidores públicos encargados de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia en el desempeño de sus funciones, serán sancionados de manera más severa.

Esta propuesta es solo un primer paso para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos referidos, lo cual tendrá como resultado un mayor compromiso de su parte con su actividad profesional.

La normativa internacional nos muestra un claro ejemplo, respecto a las sanciones por faltas realizadas contra los elementos dedicados a realizar funciones de seguridad pública, la cual nos arroja:

“Nueva York, Estados Unidos: 15-25 años

• La sola resistencia a una detención puede resultar en un año de cárcel al presunto.

• Si el presunto lesiona, aunque sea de forma mínima y/o sin intención al uniformado puede ser encarcelado hasta por 15 años.

• Si se lesiona al agente de gravedad, la sentencia puede llegar a los 25 años de cárcel.

Roma, Italia: 10 años

• Atacar a un uniformado se puede castigar entre 3 y 10 años de cárcel.

• Si no hay intención no supera los 5 años.

Moscú, Rusia: 20 años

• Los castigos por insultos a la autoridad van desde multas y trabajos forzados de entre 120 horas y hasta un año.

• Las amenazas o el uso de la violencia en contra del representante de la autoridad se pueden castigar hasta con 5 años de prisión si no pone en peligro su vida.

• Si se pone en peligro la vida del agente, el castigo puede ser de entre 5 y 10 años de cárcel.

• La intrusión en la vida de un agente de los servicios del orden público puede costar entre 12 y 20 años de cárcel o prisión vitalicia.

Toronto, Canadá: 5 años

• Si existe culpabilidad del presunto en caso de resistencia indebida a un policía, el castigo puede ser de hasta 5 años de cárcel.

Tokio, Japón: 3 años

• La violencia contra de policías no llega a más de 3 años de prisión.”6

Como observamos, el asunto no es menor, así como tampoco intrascendente, ya que los costos ocultos son todos aquellos que sufre la familia del servidor público, por la pérdida del mismo, y el cual aportaba económicamente a un núcleo familiar, que, al quedar desintegrado, deja a sus integrantes en estado de vulnerabilidad.

Para el servidor público que cumple funciones de seguridad pública, las agresiones o lesiones hacia su persona tienen consecuencias sobre su salud, dependiendo de la gravedad y del tiempo de recuperación de las mismas, que pueden reducir el nivel de sus ingresos, su desarrollo profesional y su calidad de vida en general. Indudablemente todo ello tiene repercusiones negativas para el entorno familiar. Los costes que asume el trabajador son de difícil cuantificación económica por el drama humano que puede generar desde el punto de vista personal y familiar.

Las agresiones no son solo contra los servidores públicos, que son representantes de la propia ley, sino contra nuestras instituciones de seguridad, del Estado mismo y que al efectuarse demeritan, disminuyen y menoscaban los esfuerzos por mantener el orden y la paz pública.

La presente iniciativa busca proteger a los servidores públicos encargados de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia. Consideramos que perfeccionar el tipo penal, generaría un solo criterio, lo que facilitaría los procesos en relación a su denuncia, investigación y sanción; Estimamos que esta iniciativa con proyecto de decreto otorga certidumbre al sector.

Al entender el ámbito material de validez se podrá establecer un criterio diferente para tipificar este delito en el orden federal, ya que diferentes ordenamientos justifican el decreto de esta iniciativa, como son los siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.

...

XXII a XXX. ...

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;

b) Los señalados en los artículos 2o. a 5o. del Código Penal Federal;

c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

e) Aquéllos en que la Federación sea sujeto pasivo;

f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados;

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado;

j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación;

k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal, cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;

l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal;

II., III. y IV. ...

En distinto orden de ideas ¿Cuál es la razón por la cual consideramos necesario reformar el Título del Capítulo IV, del Título Sexto del Código Penal Federal?, la razón es lograr la armonía de términos, y con ello evitar la incertidumbre jurídica.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en sus párrafos primero y cuarto lo siguiente:

Denominación del Título reformada DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 29-01-2016

...

...

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.”

Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016

...

De igual manera la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo 3.-, fracción IX decreta:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I... a VIII...

IX. Servidor Público de Carrera: Persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia.

Por su parte, el artículo 3, fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que debemos entender por “servidor público” en los siguientes términos:

Artículo 3.Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I... a XXIV...

XXV. Servidores Públicos:Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Por lo anterior, consideramos prudente reformar la denominación del Título del Capítulo IV, del Título Sexto del Código Penal Federal y con ello estar en armonía con el texto constitucional, las leyes referidas y las reformas propuestas en este mismo texto al artículo 189 del Código referido.

Por lo anteriormente expuesto la reforma que proponemos en particular, quedaría en los siguientes términos:

Los ciudadanos son un eje fundamental de transformación en el desempeño del actuar del personal encargado de la seguridad pública, pero si estos no los respetan y por el contrario los agreden, como puede construirse la cohesión social en beneficio de todos.

Consideramos que en los párrafos precedentes hemos dado razones de peso que justifiquen las reformas y adiciones que proponemos.

En nuestras manos esta demostrar que la realidad sí puede ser distinta y mejorar, cuando se legisla responsablemente el presente y con ello se anticipa el futuro.

Por lo anteriormente razonado y fundado, me permito someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados a la LXIV Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación título del capítulo IV correspondiente al Título Sexto, así como el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo, del artículo 189, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Capítulo IVDelitos cometidos contra servidores públicos

Artículo 189.-Al que cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.

Al que cometa un delito en contra de un servidor público encargado de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de dos a doce años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ datos nacionales. “Estadísticas a propósito de... los policías y agentes de tránsito”. México (Aguascalientes). 2017. Disponible en línea en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agentes2017_Nal.pdf

2 Causa en Común, AC. Registro de Policías Asesinados 2018. México. 07/09/2018. Disponible en línea en:

http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/

3 El Universal.Andrés M. Estrada. “Policías agredidos. En la Ciudad de México, son atacados dos al día”. 19/12/2017. México. Disponible en línea:

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/policias-agredidos-en- la-cdmx-son-atacados-dos-al-dia

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)/ Principales resultados. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. México. 26/09/2017. Disponible en línea en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación/[Tesis Aislada]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, febrero de 2010; Pág. 2916. I.10o.P.33 P.

6 ¿Cómo se castigan las agresiones a un policía en distintos países? Patrick Fallon. 05/08/2015. Disponible en línea en:

https://actualidad.rt.com/sociedad/182202-penas-asalto-policia-mundo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: Carmen Julia Prudencio González,Kehila Abigail Kú Escalante, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Juan Francisco Ramírez Salcido, Ariel Rodríguez Vázquez, Jorge Alcibíades García Lara, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Eugenio Russo Salido, Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno legislativo iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

I. Planteamiento del problema

La reforma fiscal que tuvo Estados Unidos de América (EUA) para 2018 fue la más importante en 30 años, dado que disminuyó el impuesto para las empresas con carácter federal, de 35 a 21 por ciento, recortando 14 puntos porcentuales, con la intención de lograr un crecimiento en su producto interno bruto de 1.7 por ciento en el largo plazo, así como un alza en los salarios y la creación de empleos, lo que se convierte en un reto para México al atraer nuevas inversiones, y tener que competir con un paraíso fiscal como vecino, con el que se comparten 3 mil 142 kilómetros de frontera y pasando por 4 estados de EUA y 6 mexicanos.

Ante dicha situación, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática ha considerado en su agenda legislativa para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la actual legislatura que es necesario “reducir la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas para promover el aumento de la inversión privada, nacional y extranjera, para la generación de nuevos empleos y mejor remunerados”. Pero también se busca la “extensión de la sustentabilidad ambiental en todas las actividades económicas”.

A la vez, tradicionalmente el PRD se ha caracterizado por combatir los privilegios fiscales y la evasión de impuestos y, por tanto, considera necesario adicionar a dichos estímulos elementos que orienten los incentivos de las empresas a cumplir con metas vinculadas a la sustentabilidad y el aumento del salario para que los beneficios sean para las generaciones futuras y sus actuales trabajadores.

II. Argumentos

En realidad, EUA, adicionalmente al impuesto federal a las corporaciones, da la oportunidad de que sus estados puedan imponer una tasa impositiva estatal que va de 3.0 a 12 por ciento en 44 estados (hay estados que no tienen impuesto estatal corporativo), como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia con datos de

https://statetaxindex.org/tax/corporate/ y

https://files.taxfoundation.org/20171016171625/SBTCI_2018.pdf página 61

De esa manera, queda casi equivalente la tasa de 30 por ciento en México lo que permite al país seguir siendo competitivo frente a EUA, y ello nos permite poner una serie de requisitos en las empresas que se quieran beneficiar con una reducción en el impuesto sobre la renta y se midan los beneficios que deben otorgar a la sociedad en general como es la sustentabilidad para beneficio de las generaciones futuras y el aumento en los salarios que permita impedir que el crecimiento no altere el dominio oligárquico y la concentración progresiva del ingreso ya que “de toda la producción que se genera en México, 74 por ciento se queda en capital (empresarios) y 26 en trabajo (trabajadores), cuando 75 por ciento de la población ocupada corresponde a trabajadores”.

Para ello actualmente en México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica la metodología para el cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra para los sectores productivos, lo cual se deberá calcular por cada empresa y dar a conocer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de ir abatiendo la mala distribución del ingreso en el país.

En el país ya hay un índice de precios y cotizaciones sustentable en la Bolsa Mexicana de Valores que aglutina a las 30 empresas más grandes del país y que son calificadas por la Universidad Anáhuac, basándose en tres pilares, Sustentabilidad Ambiental, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, debiendo las empresas tener información referente a los tres pilares de manera pública. Por ello se debe estimular a todas las universidades o instituciones de educación superior que lo deseen a que a través de ellos se conviertan en calificadoras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sin tener que llegar a cotizar en la Bolsa de Valores, se puedan establecer los criterios necesarios para que sean consideradas sustentables o ecológicas y premiadas con una tasa menor en el ISR por cooperar con la conservación del planeta y redistribuir mejor los ingresos. De no ser con indicadores claros, se estaría regalando dinero público sin una evaluación real de los beneficios, lo cual es hasta hoy la gran tragedia de los privilegios fiscales del país.

Para ello se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que se disminuya la tasa del impuesto sobre la renta a la tasa mínima de 24 por ciento (21 de tasa federal de Estados Unidos y 3 de la tasa mínima que tiene 44 estados de 51 en ese país), pero con indicadores que permitan alcanzar y justificar dejar de obtener ingresos para el desarrollo de México y modificar la mala práctica de otorgar beneficios fiscales sin medición de los objetivos declarados.

Con esta reforma se podrá continuar el proceso de desarrollo sustentable, se permitirá avanzar en la modernización de las empresas en México y mejorar la distribución del ingreso para fortalecer a la sociedad y el crecimiento en México.

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la adición de un segundo párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio a la tasa de 30 por ciento.

Las personas morales certificadas como sustentables o ecológicas a través de universidades o escuelas de educación superior con estudios de reconocimiento oficial con calificadoras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y otorguen un aumento salarial a todos sus trabajadores en el año fiscal siguiente al que se calcula el impuesto sobre la renta equivalente al aumento de la productividad que informen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a la metodología que establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podrán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 24 por ciento.

I. y II. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Numeral 12.3 de las prioridades legislativas del Grupo Parlamentario del PRD, para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 5 de septiembre de 2018.

2 Numeral 9.4 de las prioridades legislativas del Grupo Parlamentario del PRD, para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 5 de septiembre de 2018.

3 https://planeacionibero.wordpress.com/2017/06/09/liberalizar-el-salario- traeria-recuperacion-observatorio-de-salarios-2/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2018.— Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

El estudio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, así como de las externalidades de la misma no es una tarea reciente, si bien es cierto que hoy en día existe mayor vigilancia y participación de las autoridades para dar atención a la problemática ambiental, lo cierto es que el análisis de las acciones del hombre en contra de su medio natural y de las consecuencias negativas en él encuentran sus orígenes en la civilización agrícola de Egipto, la cual tenía grandes conocimientos prácticos sobre la acción del medio natural, lo que le permitía tener una agricultura fructífera, lo que derivó en una afectación ambiental debido a la modificación de suelos y desaparición masiva de especies silvestres.

Al paso de los años la preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales fue generalizándose, de tal suerte que los primeros trabajos para tratar este problema se dieron en los años 70, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocaron a una conferencia en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 110 países y cuyo objetivo era elaborar un plan de acción práctico mundial, dando origen a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

Esta declaración contiene 109 recomendaciones que pueden agruparse en cinco grandes rubros:

1. Aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales;

2. Planificación y administración de los asentamientos humanos para el mejoramiento ambiental;

3. Identificación de los principales contaminantes y su control;

4. Aspectos educacionales, socioculturales y de información respecto a los asuntos ambientales, y

5. Medio ambiente y desarrollo.

De igual manera dicha conferencia le dio origen al Día Mundial del Medio Ambiente y consecuentemente se adoptó un nuevo concepto de educación ambiental; al respecto, en nuestro país fue en el mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), como una alternativa de atención a la problemática ambiental.

Muestra de la intención de atender prioritariamente la afectación a nuestro medio ambiente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se refirió que las soluciones de la problemática ecológica dependen en gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población, por lo que era necesario ejecutar acciones en materia de educación ambiental a través de un proceso continuo y permanente que se inicie en los grados preescolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema educativo.

Otro ejercicio fue el que implementó la Comisión Nacional de Ecología en 1987, dirigiendo sus principales trabajos a la educación ambiental, a través del fortalecimiento a las acciones para promover la conciencia ecológica con la participación de la comunidad docente, desarrollando talleres en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente en la reforestación.

La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, la misma representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido apreciados como parte de una cultura ambiental.

La formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en nuestro entorno exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos ambientales ya impactados, las técnicas de recuperación hacia éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del mayor número de recursos naturales aún existentes en nuestro planeta.

Al respecto, Febres, en su publicación La gestión ambiental: bases conceptuales de la educación para un desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el desarrollo sustentable debe ser la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la pobreza”; de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleven a pensar que como personas y estudiantes comunes no puedan comprender, se habla más de la generación de la conciencia y a integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de estrategias para mejorar nuestro entorno natural.

No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación ambiental.

Sin duda las acciones que se han desarrollado a lo largo de la historia establecieron bases sólidas para el diseño y ejecución de políticas públicas que exalten la importancia de la educación ambiental como una herramienta indispensable para combatir la degradación de nuestro medio natural.

Al paso de las décadas el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes de atender, ello, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende la desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y contaminantes.

No somos omisos a los logros alcanzados, cada vez somos más las personas preocupadas e interesadas por hacer algo que beneficie su entorno, no obstante, es una realidad innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no por falta de capacidad, sino por la falta de concientización y participación social.

Es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener en sus manos la implementación de acciones que aunque parecen mínimas o insignificantes, la suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los que aun contamos.

Parte indispensable en la toma de conciencia es la disponibilidad de información, para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los planes y programas educativos, la materia de educación ambiental, ello, convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en materia ambiental.

Actualmente nuestro sistema educativo ha evolucionado, de tal forma que hoy dos derechos humanos tan elementales como la educación y el derecho a un medio ambiente sano se fusionan para el cuidado de nuestro entorno y especialmente para beneficio de las personas.

La política educativa actual ha mostrado un grado de inclusión al tema ambiental verdaderamente innovador e importante para lograr poner un alto a las afectaciones ambientales, ejemplo de ello es la introducción de la materia ambiental dentro de los fines de la educación en la Ley General de Educación, tal y como se señala en los siguientes preceptos jurídicos:

“ Artículo 7.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]”

Para su implementación, la referida ley general igualmente establece que la encargada de la determinación de dichos planes y programas de estudio es la Secretaría de Educación, tal y como se cita en el siguiente artículo:

“ Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que en su caso formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programasa que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previa a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

En cumplimiento de dicha atribución, en años recientes, la Secretaría de Educación dio a conocer el Modelo Educativo 2016, mismo que surge ante la necesidad de hacer compatible el modelo educativo vigente con los retos actuales y las demandas de un mundo globalizado.

Dicho modelo educativo reorganiza los principales componentes del sistema educativo para garantizar una educación de calidad basada en cinco ejes:

1. Escuela al Centro. Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer y atender, con oportunidad y pertinencia, las necesidades de las escuelas. En otras palabras, el modelo busca crear una escuela renovada y fortalecida que cuente con una organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que conviertan las aulas en auténticos espacios de aprendizaje.

2. Contenidos. La selección de los contenidos básicos que integran el currículo nacional debe ser resultado de una visión multidisciplinaria en la que participen docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Esta definición debe tener como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, aquello fundamental que debe ser común y el aliento a la mejora de la calidad.

3. Maestros. Para lograr la transformación de la educación, además de una nueva gestión del sistema educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se requiere de una revisión de la formación y el desarrollo profesional docentes. La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser un continuo durante toda su vida laboral.

Se refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y deja de considerarlos preponderantemente como transmisores de conocimiento prescrito en un currículo vertical, poco abierto a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos. Más bien, la premisa del modelo educativo 2016 es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a alumnos de características heterogéneas.

4. Inclusión y Equidad. En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.

En materia de equidad, es preciso redoblar esfuerzos para destinar mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que respuestas diferenciadas a necesidades diversificadas contribuyan a eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación.

5. Gobernanza. El principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores que lo nutren son el respeto, la confianza, la honestidad y la responsabilidad. En materia de división de responsabilidades, esto supone que el maestro, el director, los padres de familia y el supervisor el modelo educativo 2016 deben dividir y compartir atribuciones, así como dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que a cada uno corresponden.

En el caso que nos ocupa, son los contenidos uno de los elementos de mayor relevancia para dar viabilidad al modelo de forma integral; como Partido Verde Ecologista de México celebramos la integración de la materia ambiental como uno de sus ejes prioritarios tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Lo anterior sin duda habló del interés del gobierno de la República para desarrollar acciones que se adecuen a las demandas actuales de la situación ambiental por la que atravesamos, sin embargo, consideramos que se requiere de la inclusión explícita de la obligación de incluir dichos aprendizajes –materia de educación ambiental– en el texto de la legislación, lo que garantizará su cumplimiento sin pretexto de ser omisos al mandato de una política pública que podría desaparecer ante el futuro cambio de administración en nuestro país.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación

Único.Se modifica la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar e impartir de manera obligatoria la materia de educación ambiental que incluyalos conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Único.La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Leticia Mariana Gómez Ordaz,Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz a abstenerse en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de enajenar bienes muebles que represente un daño a la hacienda pública local o un acto de sabotaje de las capacidades operativas de la próxima administración, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primera.Durante su periodo como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (1 de diciembre de 2016 al 8 de febrero de 2018), el ahora senador de la República, Julen Rementería del Puerto, anunció el rescate de maquinaria pesada que se encontraba abandonada en diversos municipios, la cual era propiedad de dicha dependencia estatal.

Ha sido publicitado en diversos medios de comunicación, que son alrededor de 597 equipos de maquinaria, propiedad de la SIOP, de los cuales, el actual gobierno aduce que 222 de estos bienes muebles, son material ferroso; señalando que parte del producto de la venta, será destinado a la reparación de 50 máquinas, lo que en su dicho, alcanzará una erogación de 62 millones de pesos (mdp); por cuanto ve a otras 112 máquinas serán enajenadas bajo el concepto de “maquinaria de medio uso”; asimismo, dicen estar investigando para su recuperación, otras 200 piezas.

La maquinaria se dividirá en dos bloques, una para subastar en la modalidad de venta normal, la cual será entregada al postor, y otro para subastar, en calidad de desecho.

Entre la maquinaria a subastar, otros medios han descrito los siguientes bienes:

• Un precalentador de asfalto de más de 8 millones de pesos; una excavadora, 465 mil 500 pesos; un payloader, 513 mil pesos; 5 martillos hidráulicos, 318 mil pesos; un tractor de orugas, 637 mil 389 pesos; una planta mezcladora en frío, 135 mil pesos; una recuperadora de material, un millón de pesos; una motoconformadora, 47 mil pesos, y un trascabo, de 30 mil pesos.

Presumiblemente, de la subasta se obtendrían 72 mdp, de los que supuestamente se invertirán 62 mdp, por lo que de ser verídica dicha información, se concluye que sobrarían 10 mdp.

Segunda. En este sentido, el viernes 29 de agosto de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en su número extraordinario 346, la subasta pública número SP-008001-004-18, relativa a la enajenación onerosa de 136 unidades de maquinaria pesada y equipo complementario, propiedad de la SIOP, misma que fue dirigida a todas aquellas personas físicas y morales interesadas.

Dicha maquinaria fue subastada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el 13 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas, en el auditorio de dicha secretaría, exponiéndose dentro de la convocatoria que:

“...las unidades de maquinaria y equipo marcadas con los números consecutivos del 1 al 64 serán subastados bajo la modalidad de venta normal, del 65 al 136 se enajenarán en calidad de desecho...”.

Las bases según la convocatoria, estuvieron publicadas para su consulta y compra en la página de internet de la Sefiplan, los días 31 de agosto, 3 y 4 de septiembre de 2018, mismas que actualmente no son consultables, lo que pudiera constituir una irregularidad de transparencia en el procedimiento, pues al no ser consultables las bases en el portal, no se tiene certeza jurídica de que la maquinaria haya sido valuada conforme a los precios actuales en el mercado.

Por lo que, con la venta de los bienes muebles, se puede presumir que la próxima administración no pudiera estar en condiciones de verificar los contratos de compraventa y mantenimiento de la maquinaria subastada, incurriendo en un daño patrimonial al estado.

En ese aspecto, se considera de vital importancia transparentar el procedimiento pues tales hechos ponen de manifiesto aspectos que pudieran generar un agravio al patrimonio del Estado, tales como:

Respecto de los bienes muebles que la SIOP determinó subastar, no se tiene certeza de que hubieran sido valuados conforme a los procedimientos aplicables, por tanto, es cuestionable si los precios en los que fueron enajenados en realidad corresponden a las condiciones en las que se encontraba cada una de las máquinas.

Por otra parte, es conocido que el órgano fiscalizador del Estado formuló diversas observaciones y recomendaciones a la SIOP; al respecto, es evidente que existieron diversos contratos relativos a la adquisición y mantenimiento de la maquinaria, por tanto, actualmente y en lo sucesivo, la Secretaría no contará con los elementos necesarios para solventar y acreditar dichas observaciones.

Finalmente, no debe soslayarse que el ex titular de la SIOP, en su momento, hizo declaraciones sobre el rescate de maquinaria en mal estado, en la que se invirtieron cantidades millonarias, pues así lo declaró ante diversos medios de comunicación, para meses después deshacerse de ella en subasta pública, a precios bajísimos, argumentando su obsolescencia; de ahí que exista latente preocupación de la población, y del gobierno electo, sobre un posible daño patrimonial al estado de Veracruz.

Tercera.Actualmente el gobierno del estado de Veracruz está realizando una serie de remates y licitaciones “de última hora” con lo que se están “malbaratando” bienes estatales. Estas enajenaciones de bienes muebles no han sido explicadas, ni tienen un objetivo específico en beneficio de la hacienda pública.

Estas subastas simuladas semejan licitaciones amañadas, es decir, una manipulación de posturas para favorecer a postores, en una forma simulada de fraude a la ley, para hacerse de bienes muebles a precios muy por debajo de las cotizaciones de mercado.

Esto no sólo representaría una responsabilidad administrativa o penal para quien desde el gobierno del estado participa o permite la realización de estos actos fuera de la norma establecida, toda vez que representan actos de corrupción.

Estos hechos, a pesar de que puedan ser consumados, corren el riesgo de ser declarados nulos, civil o administrativamente, por estar realizados sin el debido respaldo legal y causar un detrimento a la hacienda pública estatal.

Deshacerse de maquinaria y equipo pesado indispensable para las labores de las dependencias públicas, no sólo es una falta administrativa, es un agravio a la sociedad. Por ello, el gobierno saliente debe suspender, en términos de ley, las subastas a las que ha convocado.

Un gobierno que está a punto de concluir su mandato debe comportarse a la altura de sus responsabilidades, transparentar sus acciones y responder a los cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública. Dos años de gobierno fallido han generado muchas suspicacias sobre su actuación.

Tiene que responder sobre la licitación de 500 cámaras de vigilancia para mejorar el sistema estatal de seguridad pública, pero de las cuales sólo menos de 100 están puestas en funcionamiento.

Las llamadas telefónicas del secretario de Seguridad Publica del gobierno con delincuentes prófugos son fuente de preocupación en tanto no se aclare el propósito de dichas conversaciones, el contenido de las mismas y su resultado final.

La ineficiencia de la contraloría general del estado es tal que no se ha sancionado a nadie por actos de corrupción, ni se han recuperado bienes y tampoco se han resarcido los daños económicos a la hacienda pública; los supuestos bienes confiscados a Javier Duarte de Ochoa, sólo fueron un montaje mediático para manipular a la sociedad en un contexto electoral, pero judicialmente nada ha sucedido. A esto se suma la imposición de un fiscal anticorrupción a modo, sin autonomía, que parece designado para encubrir delitos relacionados con actos de corrupción.

La atención a las víctimas de delitos es francamente incompetente. Basta ver que en el caso de las víctimas de desaparición forzada, las víctimas indirectas, es decir, los familiares, se enteran de la búsqueda y de los hallazgos de sus seres queridos a través de los medios y no por conducto de las autoridades competentes. Esto no sólo es falta de sensibilidad, es un hecho prohibido por la ley, ya que revictimiza a las personas. Aunado a lo anterior, la política de criminalización de las víctimas de la delincuencia atenta contra la memoria y el derecho al buen nombre de cualquier persona.

Los vínculos del gobernador con delincuentes conocidos, como los García Guzmán, Vicente Benítez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Antonio Tarek Abdalá Saad, Erick Alejandro Lagos Hernández y Fernando Padilla, acrecientan las dudas sobre una exoneración anticipada, sin tribunales de por medio, a cambio de dinero y apoyo político.

En suma, es un gobierno donde la rendición de cuentas no existe.

Cuarta.Debe recordarse que la democracia se basa en leyes y éstas se ven enmarcadas en un orden jerárquico que va de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, estatales y los ordenamientos terciaros como reglamentos, circulares, etcétera.

En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, párrafos tercero, cuarto y sexto indican:

“ Artículo 134...

...

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

...

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución...”

Por su parte el artículo 72, párrafo cuarto, de Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece:

“ Artículo 72...

...

...

Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento administrativo que disponga la ley, con base en los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos bajo los supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de contratación.”

En el mismo orden de ideas, el artículo primero, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala:

“ Artículo 1o. ...

...

Los entes públicos señalados en el presente artículo están obligados a cumplir las disposiciones de esta ley; deberán realizar las acciones referidas, observando los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, imparcialidad, control y rendición de cuentas...”

Quinta. Es claro que conforme al marco constitucional, federal y local, así como las disposiciones legales aplicables a todo tipo de enajenaciones de bienes muebles, patrimonio de la hacienda estatal, se desprende que deben “asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Además de que “los entes públicos están obligados” y “deberán realizar sus acciones observando los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, imparcialidad, control y rendición de cuentas”.

Sin embargo, las acciones del gobernador para rematar el patrimonio público, semejan una revancha política para dejar sin elementos técnicos a la administración que está por tomar las riendas del gobierno, en un intento por sabotear la capacidad operativa del gobierno entrante, que le impidan hacer frente a las necesidades de la administración.

Esto es la puntilla de un gobierno que le falló a la gente y que ahora pretende lastimarla ante el rechazo manifestado en las urnas a sus acciones. No lo permitiremos.

Con base en las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, sometemos a la consideración de este pleno, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un daño a la hacienda pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o un acto de sabotaje a la capacidad operativa del próximo gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputadas y diputados: María Bertha Espinoza Segura, Ricardo Francisco Exsome Zapata, Raquel Bonilla Herrera, Jaime Humberto Pérez, Claudia Tello Espinoza, Carmen Mora García, Rafael Hernández Villalpando, Flora Cruz Santos, Eleuterio Arrieta Sánchez, Carmen Medel Palma, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Valentín Reyes López, Bonifacio Aguilar Linda, Paola Tenorio Adame, Eulalio Juan Ríos, Marco Antonio Medina Pérez, Lizet Amayrani Guerra Méndez, Zaira Ochoa Valdivia, Juan Martínez Flores, Rosalba Valencia Cruz, Manuel Gómez Ventura, Hector Yunes Landa, Juan Martínez Flores (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro a ejecutar acciones encaminadas a cumplir el objeto del convenio celebrado entre ellos para la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala, suscrita por la diputada Julieta Macías Rábago e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

La cuenca Lerma-Chapala, que comprende una superficie de 59 mil 948 kilómetros cuadrados (km2), a través de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, es uno de los más importantes focos de actividad económica en México, pues ahí se produce 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) industrial del país, aloja a una de cada ocho hectáreas de riego a nivel nacional y en ella se prestan todo tipo de actividades de servicios.

Es además hogar para más de trece millones de habitantes establecidos en 159 municipios, quienes encuentran sustento en las actividades industriales, agrícolas, pecuarias y de servicios que se desarrollan a lo largo de esta cuenca.

El volumen de la actividad económica que allí se desarrolla, así como los actos negligentes que algunos pobladores, actores económicos y autoridades llevaron a cabo durante décadas, han provocado que los niveles de contaminación presentes en la cuenca alcancen niveles alarmantes y representen una crisis de salud pública para la zona y una amenaza latente para todas las actividades económicas que dependen de la cuenca.

De conocimiento público fue el caso del menor Miguel Ángel López Rocha, quien en 2008 falleció al intoxicarse con arsénico, tras caer a las aguas del río Santiago, en el municipio de El Salto, en Jalisco, hecho que derivó en recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y evidenció la gravedad de la problemática existente.

Otro indicador es la altísima incidencia de padecimientos renales que presentan los habitantes de comunidades como Agua Caliente y San Pedro Itzican, en Jalisco, pues de acuerdo con datos de la Universidad de Guadalajara, cinco de cada diez adultos y niños de las mismas han desarrollado fallas renales y a través de análisis clínicos se ha detectado presencia de pesticidas, plomo, mercurio y otros contaminantes en sus organismos, que sin duda contribuyen en la grave crisis de salud pública multifactorial que viven las comunidades de esta zona.

Como consecuencia de los hechos señalados, en 2009 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala, en la cual se dio a conocer un diagnóstico, optimista en demasía, de las subregiones que integran la cuenca y se propuso una serie de acciones para ser ejecutadas en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno, sin embargo, los avances para revertir el daño han sido prácticamente imperceptibles.

La organización Greenpeace ha documentado, a través de diversas publicaciones, los alarmantes niveles de contaminantes, la ineficacia de las medidas que se han emprendido, así como la inacción y negligencia institucional que han sido factor decisivo para llegar al estado de emergencia actual.

Prueba de la consciencia institucional sobre la existencia de esta crisis, es la creación en 1989 del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, integrado por representantes de los gobiernos federal y estatales involucrados, para dar seguimiento a las medidas de atención planteadas. Han transcurrido ya 25 años de ello y las circunstancias sólo se han agravado.

En 2014 se suscribió el Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo y Querétaro, con el objeto de conjuntar recursos y ejecutar acciones para la recuperación del río Lerma, a través del cual se acordó la ejecución de una serie de acciones encaminadas a recuperar la cuenca Lerma-Chapala, para lo cual también se comprometieron quienes lo signan a obtener y aportar los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto del convenio.

Lamentablemente y ante la evidente ausencia de un auténtico compromiso institucional, las trágicas manifestaciones de esta crisis continúan agravándose y de no tomar medidas inmediatas, coordinadas y contundentes, se prevé que en el corto plazo el daño ambiental, económico y las afectaciones a la salud alcancen y perjudiquen a una importante proporción de los habitantes en los territorios próximos a la cuenca. Basta considerar que el lago de Chapala aporta 60 por ciento del suministro de agua que requiere la zona metropolitana de Guadalajara.

Es innegable que existe una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados; gobiernos federal, estatales y municipales, industrias, empresas agrícolas y pecuarias, pobladores. Pero es innegable también que, con la participación de todos ellos, es posible atender la problemática y dar así un cambio de rumbo a las terribles expectativas que hasta el momento se tienen.

En consideración de la complejidad que ello representa y la multitud de actores involucrados, la atención coordinada y eficaz sólo será posible si la estrategia institucional lidera los esfuerzos y demuestra un compromiso proporcional a la prioridad que esta crisis demanda.

Es por lo expuesto y en atención a que para Movimiento Ciudadano la salud pública, la garantía del acceso a los derechos humanos y la protección al medio ambiente son prioridades, que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para que en su calidad de suscribientes del convenio entre ellos celebrado para la recuperación del río Lerma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2014, ejecuten las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del citado convenio y con ello atender la grave crisis de salud pública y ambiental que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a sus pobladores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputados: Julieta Macías Rábago (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a escala nacional, a partir de enero de 2019, para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.

El numeral 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, siendo que por lo que ve a los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Además del marco nacional, México ha suscrito instrumentos internacionales en la materia que señalan que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, numeral 3). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Pese a lo señalado, el estudio La pobreza persistente en México, realizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, concluyó que el salario mínimo general actual en México de ninguna manera es suficiente.

El salario mínimo general diario en el país está fijado en 88.36 pesos; es decir, 2 mil 686.14 mensuales, por lo cual resulta uno de los más bajos en Latinoamérica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país en la región en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media, esto resulta alarmante y se contrapone a los marcos normativos.

En los primeros días de septiembre del año en curso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con los gobernadores fronterizos, tras la cual se anunció el aumento del salario mínimo al doble en la frontera para quedar en 176.72 pesos, así como la reducción del impuesto sobre la renta a 20 por ciento y al valor agregado a 8 por ciento, a partir del 1 de enero de 2019.

El anuncio hecho por los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, beneficiará a la planta trabajadora de 44 municipios de la frontera norte.

Como Grupo Parlamentario del PRD, saludamos el acuerdo entre el presidente electo y los gobernadores fronterizos; sin embargo, hay algunas consideraciones que este anuncio parece no haber tomado en cuenta.

De acuerdo con información oficial y académica, los estados del país más rezagados y con mayores índices de pobreza y desigualdad, son los del sur. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportó en 2017 “3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; y 2 millones 615 en Guerrero”.

Cosmin Gabriel Bolea, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del oeste de Rumania y profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México, señaló que los “primeros diez estados que reciben más de 70 por ciento de la inversión extranjera directa son del centro y centro-norte. Los últimos diez estados son del sur o sureste y tienen solo el 6 por ciento de esa inversión”.

Además, “la tasa de crecimiento económico en la mayor parte de los estados del Bajío y norte de México ha llegado en los últimos años a medias de entre 4.0 y 5.0 por ciento, mientras que las entidades más rezagadas apenas lo han hecho entre cero y 1.0 por ciento anualmente” (Olvera, D. Estados del sur seguirán pobres: gobierno y privados les invierten cada vez menos capital, alertan. Consultado en línea el 17 de septiembre del año en curso en http://www.sinembargo.mx/05-03-2017/3162331). Los niveles de pobreza y pobreza extrema son mucho mayores en el sur que en el centro y centro norte del país. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán son los estados con mayor porcentaje de pobres.

Nos preocupa que el aumento de 100 por ciento del salario mínimo y la reducción de impuestos se aplique sólo en el norte, y no se tome en cuenta la realidad del sur del país.

Hace un mes, Gerardo Esquivel, propuesto como futuro subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que la próxima administración propondrá para el resto del país un aumento de 14.3 por ciento para el salario mínimo para ubicarlo en 101 pesos en 2019, proyectando un salario mínimo de 176.6 al final del sexenio. No obstante, la medida debe ser igualitaria para todo el país, sin diferencias que respondan a intereses políticos sino que respondan a las necesidades de la sociedad mexicana.

Resultaría poco saludable para la república que se siga aumentando la desigualdad salarial entre el norte y el sur. De insistirse con dicha desigualdad, seguirá aumentando la migración hacia el norte. Por ello, un aumento salarial de 100 por ciento sin inflación a escala nacional es lo que México necesita.

Los legisladores del PRD impulsaremos que no se siga promoviendo la desigualdad entre las regiones, que no se discrimine al sur, y que no se actúe como si existieran trabajadores de primera clase y trabajadores de segunda clase. Al mismo tiempo, proponemos nuestra solidaridad para unificar acciones en favor de un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales para aumentar el salario mínimo a 176.72 pesos para 2019, y para que no se abuse incrementando los precios de las mercancías.

Un incremento de 100 por ciento del salario mínimo es un primer paso para derrotar la pobreza. Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de su pobreza. Como legisladores, no debemos permitir desigualdades y debemos impulsar un aumento sustantivo para todas las mexicanas y los mexicanos. Por ello, el PRD propone un salario mínimo de 176.72 a escala nacional, y le pide al presidente electo que honre la palabra, pues como decía: por el bien de México, primero los pobres.

Esta propuesta cobra gran relevancia, si tomamos en consideración que la suficiencia del salario mínimo, es un elemento de vida para los mexicanos y que contribuye al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores, a la protección de la niñez, y para la ciudadanía en general.

Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, el aproximado de ocho pesos de incremento al salario no han sido suficientes y resultan ofensivos para la clase trabajadora que sustenta al país.

El gobierno federal, los empresarios y las autoridades correspondientes deben comprometerse a garantizar un salario digno que cumpla las necesidades de todas las personas. No podemos negar este derecho a los mexicanos.

En los pasados comicios, la promesa de un cambio radical a los problemas que aquejaban al país motivó a la ciudadanía a tomar una decisión, hoy esas personas electas no pueden fallarle a la gente. Acabemos con la injusticia salarial en México.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer conforme a sus atribuciones las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.— Diputado Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica).»