Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento del cómputo de asistencia.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputadas y diputados, y sigue subiendo, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (14:06 horas): Se abre la sesión.

INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019, COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En el marco de la celebración del año internacional de las lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra al ciudadano Pedro Mendoza Juan José, hablante del ihu-hu, una de las nueve variantes del otomí, hasta por cinco minutos.

El ciudadano Pedro Mendoza Juan José: Somos ihu-hu originarios de Mayonija, México, América actualmente.

Desde tiempos inmemoriales, mi primer ancestro vio la luz, aquí no había nadie, solo el sol, la luna, el agua, el aire, las piedras. Era todo lo que existía.

Poco a poco surgió la vegetación. Estaba solo mirando hacia el mar.

Se preguntó: ¿Quién soy yo? Entonces Ohja (dios) dijo: Pobre hijo mío, entonces, sacó una sirena del mar y la llevó hasta la gran montaña de Mayonija.

En donde convirtió el agua salada en agua dulce y a la sirena, en mujer.

Aquí está el origen de nuestra cultura ihu-hu (nu-hu) aquí fue donde nacieron nuestros primeros ancestros. Nuestros abuelos y abuelas.

Desde entonces, año con año, sus hijos visitamos este lugar; para que nunca jamás olvidemos nuestro origen.

Cuando llegamos, ahí hacemos la siguiente plegaria:

Vine aquí a tu casa. Estoy aquí en tu puerta. Vengo a pedir para mi vida. Una vida sana. Una vida completa. Siempre creyendo en ti. Una generación completa.

Quisiera que abrieras mi corazón para sentir que tengo vida. Quisiera que abras mis oídos para poder escucharte. Quiero que abras mi boca para poder hablar contigo.

Quiero salud, quiero una vida saludable –esto llamamos ceremonia de ofrenda–. Es aquí de donde somos originarios. En donde se inicia la familia ihu–hu –ñu–hu.

El primero de agua salada, el agua dulce. Es decir que la vida surgió en el mar. El segundo, que la vida es un sueño. Es decir, nacer y morir.

Nada es nuestro. Respeto. Cuidar. Prudencia. Esa es la palabra expresada, la palabra es una orden.

Nadie puede desobedecer porque la palabra ihu–hu –ñu–hu– es de respeto. Desde hace nueve mil años se dio la orden.

Hoy comenzamos una nueva generación. Recuerden lo que les digo, a eso se debe mi presencia. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradecemos la presencia del ciudadano Pedro Mendoza Juan José, y lo invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Lunes 8 de abril de 2019

Intervención desde la tribuna de Pedro Mendoza Juan José, en el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Arturo Escobar y Vega, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Lorena Villavicencio Ayala, José Ricardo Delsol Estrada

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Cámara de Senadores

Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para resolver la problemática que ha causado el desplazamiento forzado interno de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México.

De la Fiscalía General de la República

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín.

De la Fiscalía General del Estado de Chiapas

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prevención, atención y combate del delito de robo de vehículos.

De las secretarías de Gobierno del Estado de Guanajuato; de Desarrollo Social del Estado de Guerrero; del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima; y del IIPEDE del Estado de Yucatán

Remiten cuatro contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y el equipamiento urbano.

De la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero

Remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de atender la problemática de alerta de violencia de género contra las mujeres.

De la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México

Remiten dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir y prevenir el aumento de delitos y violencia en el territorio nacional.

De las Secretarías del Trabajo y Previsión Social de los estados de Hidalgo, de Colima y de Tamaulipas

Remiten tres contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

De la Presidencia Municipal de Tijuana, Baja California

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se haga valer el Estado de derecho, respetando los derechos humanos de todas las personas, nacionales y extranjeros.

De la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer acciones y diseñar programas sociales de apoyo para las madres jefas de familia, a fin de mejorar su bienestar.

Del Banco de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las medidas establecidas en los sistemas de pagos bajo la regulación del banco.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobiernos

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y 205 bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.

De las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, “Desplazamiento Forzado Interno”, al Título Décimo Octavo y se adiciona un artículo 287 Bis al Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113, y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de fomento al empleo para los jóvenes, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro nacional de deudores alimenticios morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y Morena.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, en materia de unidad familiar, suscrita por las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en materia de democratización de la representación trabajadora, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 1o., 12 y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Anilú Ingram Vallines y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 40, 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. y deroga la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por la diputada Lizbeth Mata Lozano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 4o. y 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 9o. de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por las diputadas Dolores Padierna Luna y Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por las diputadas María Teresa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, del Código de Comercio y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 368 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Bea-triz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Julio César Ángeles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, suscrita por los diputados Jorge Arturo Espadas Galván y José Elías Lixa Abimerhi y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Julio César Ángeles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 370 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 84 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 55 de la Ley Minera, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 26 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 51 y adiciona un artículo 55 Bis a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Ana Paola López Birlain y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 1916 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 6o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona.

Que reforma el artículo 2-A a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez.

Que adiciona los artículos 17 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Puertos, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 29 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruíz y María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Consejo Fiscal, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, suscrita por el diputado José del Carmen Gómez Quej y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 59 y 113 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Marcela Torres Peimbert y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 19, 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2726 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Raúl Gracia Guzmán y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 91, 94 y 95 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y deroga los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 70 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley Nacional que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

De decreto que declara el tercer jueves de noviembre como “Día Nacional de la Filosofía”, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10 y 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto que declara el día 7 de marzo de cada año como “Día Nacional del Huipil”, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley que crea la Universidad Nacional Náutica Mercante, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 27, 28 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 165 del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 33 y 35 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 35 del Código Civil Federal y 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y deroga los artículos 14 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el DOF el 30 de enero de 2018, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de periodistas, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se declara el 20 de octubre de cada año como Día Nacional del Mezcal, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 123 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Marcela Torres Peimbert y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de la Salud, suscrita por el diputado Alfredo Femat Bañuelos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por diputadas integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y Sin Partido.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 46 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y adiciona un artículo 26 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Encuentro Social, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se declara el 21 de abril como el Día Nacional de la Educadora, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 64, 130 y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Minera, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 25 de la Ley General de Partidos Políticos y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma un artículo 217 Bis y adiciona un artículo 217 Bis 1 al Código Penal Federal, suscrita por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que declara el 14 de marzo de cada año como el Día de la Madre Soltera y Monoparental, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 53 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado José de la Luz Sosa Salinas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 66 y 77 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que adiciona los artículos 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Claudia Pastor Badilla y Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 51 Bis y reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de cuenta pública, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de integración de alumnos con discapacidad a la educación regular, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas, a que en coordinación con los gobiernos municipales en donde se ha declarado alerta de género, hagan pública la información respecto de las acciones preventivas de seguridad y de justicia implementadas para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a publicar el programa de atención a los cementerios en la capital del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inmujeres, así como sus similares en las entidades federativas, para que, en la próxima conmemoración del día de las madres, se generen actividades que reconozcan su participación social, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ifetel y a la Profeco, a vigilar, verificar y regular los lineamientos de las tarifas, planes y costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, a cargo del diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Alcaldía de Xochimilco, a la Semarnat y a la CAME, a instrumentar acciones en relación con la quema de pastizales y zonas forestales en la capital del país, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo para que, en el Complejo Cultural de los Pinos, se implemente un centro cultural de legalidad, civismo y moralidad denominado Ciudad de las Constituciones, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias a fin de subsanar el desabasto y garantizar la disposición de antirretrovirales para atender padecimientos como el VIH/SIDA, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la División Científica de la Policía Federal, a reforzar la vigilancia de la web, con el fin de detener a los responsables que generan contenido antisocial, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, a reformar la legislación local, para que se establezca como tipos penales sancionables las conductas relativas con la publicación de material audiovisual con contenido sexual sin consentimiento y en perjuicio de la privacidad, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de Puebla, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, a garantizar el adecuado estado de las rutas de evacuación, a fin de prevenir cualquier contingencia por la creciente actividad del volcán Popocatépetl, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a Pemex, para que reformulen su estrategia de combate al robo de combustibles, ante el aumento de este ilícito en diferentes entidades federativas del país, durante el primer bimestre del presente año, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para que se verifique y agilice la compra y distribución de medicamentos destinados al tratamiento de cáncer en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a realizar la recategorización del Nevado de Toluca como “Parque Nacional”, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a garantizar y asegurar el abastecimiento y el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico para la población de la Alcaldía de Iztapalapa en época de estiaje, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al IMSS, a hacer públicas las razones por las cuales la asignación presupuestada por el PEF 2015 dentro del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, no fue aplicado para el pago de 38 días faltantes por cada año de servicio prestado a 1,707 jubilados de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados A.C., Siglo XXI, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de diferentes entidades federativas, a aplicar el criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Órganos Jurisdiccionales, a impulsar de oficio todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, con el objeto de garantizar una justicia pronta y expedita, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos de Guerrero, a abstenerse de nombrar como Jueces a personas que no cumplen con los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y se les califique de inelegibles, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de que sean cien por ciento accesibles a personas ciegas y débiles visuales, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a hacer las gestiones necesarias a fin de que la locomotora 279 ubicada en Cuautla, Morelos, sea considerada patrimonio de la humanidad, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para implementar programas o acciones inmediatas de restauración ecológica ante el grave desequilibrio del Río Papaloapan por los altos niveles de contaminación que presenta, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a ampliar el número de productores que serán sujetos para apoyos del sector agropecuario en sus convocatorias, en especial a los programas de concurrencia con las entidades federativas, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Sonora, a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, a cargo del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a concienciar a la sociedad en general sobre las niñas, niños y adolescentes con espectro autista, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, a dar seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión de cada uno de los hospitales que se encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fonart, para implementar acciones que beneficien a la promoción y venta de artesanías mexicanas indígenas en el extranjero y a nivel nacional, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias, a invertir los recursos del Fondo Metropolitano que correspondan a la Zona Metropolitana del Valle de México, en la construcción de infraestructura del Sistema 1 de Ferrocarriles Suburbanos, así como a elaborar los estudios y proyecto ejecutivo para su ampliación hasta el municipio de Huehuetoca, Estado de México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León, abstenerse de intervenir en el proceso judicial referente al amparo promovido contra el nombramiento de diversos integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de dicha entidad, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 5 de abril, aniversario luctuoso del ingeniero Heberto Castillo, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si se dispensa el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de abril de dos mil diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos ochenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del jueves cuatro de abril de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política avalado por la Mesa Directiva, en el sentido de que, en cada sesión ordinaria, previa autorización de la Presidencia, intervenga una persona hablante de lengua indígena; se concede el uso de la palabra al ciudadano Luis Alberto Pérez González, educador indígena, vocero del pueblo Mam, historiador y promotor de los derechos de los pueblos originarios, en el marco de la celebración del dos mil diecinueve, como el año “Internacional de las Lenguas Indígenas”. Una vez terminada su intervención la Presidencia agradece su presencia y lo invita a retirarse del Recinto cuando él lo desee.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación al Orden del Día el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena; y Margarita García García, del Partido del Trabajo. La Presidencia hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura del Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y no habiendo oradores registrados para su discusión, en votación económica, se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De las diputadas y el diputado: Martha Angélica Zamudio Macías; Adriana Paulina Teissier Zavala; y Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, por la que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Cámara de Senadores con la que remite:

• Acuerdo para normar la Sesión Solemne en la que el Senado de la República, recibirá la visita del Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel.

• Acuerdo para normar la Sesión Solemne en la que el Senado de la República, recibirá la visita del señor Roberto Azevedo, Director General de la Organización Mundial de Comercio.

Se turnan a la Mesa Directiva, para su conocimiento y asistencia, en su caso.

El siguiente punto del Orden del Día, es la declaratoria de Reforma Constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa.

La Presidencia instruye a la Secretaría realizar el cómputo correspondiente de los votos aprobatorios recibidos por parte de las legislaturas de las entidades federativas. La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. En consecuencia, da fe de la recepción de veinte votos aprobatorios al decreto que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

Puestos todos de pie, la Presidencia emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.” Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules los siguientes dictámenes con proyecto de decreto, de las Comisiones:

a) De Seguridad Social, por el que se reforman los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social.

b) De Defensa Nacional, por el que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de mil novecientos cincuenta.

c) De Hacienda y Crédito Público, por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expide a favor de la ciudadana María de los Ángeles Jasso Cisneros, como Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, se somete a consideración de la Asamblea si se autoriza su discusión y votación de inmediato. En votación económica, se autoriza.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expide a favor de la ciudadana María de los Ángeles Jasso Cisneros, como Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En votación económica la Asamblea autoriza se de lectura a los resolutivos del dictamen. Se concede el uso de la palabra para hablar en pro al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal, por trescientos setenta y siete votos a favor y cuarenta y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expide a favor de la ciudadana María de los Ángeles Jasso Cisneros, como Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Comuníquese al Ejecutivo Federal.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas de este Recinto, la ciudadana María de los Ángeles Jasso Cisneros, cuyo nombramiento como Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, acaba de ser aprobado por la Asamblea. Se designa una comisión de cortesía para acompañarla al interior del Recinto y rinde protesta de ley.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La Presidencia informa a la Asamblea que los grupos parlamentarios, han solicitado a la Mesa Directiva aplazar su discusión y votación. La Presidencia concede dicha solicitud.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Social, por el que se reforman los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión a la diputada Mary Carmen Bernal Martínez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Nayeli Arlen Fernández Cruz;

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

Raymundo García Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Ramírez Salcido, de Movimiento Ciudadano; Hildelisa González Morales, del Partido del Trabajo; Javier Julián Castañeda Pomposo, de Encuentro Social; Carlos Pavón Campos, del Partido Revolucionario Institucional; Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional; y Maximino Alejandro Candelaria, de Morena. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro las diputadas y el diputado: Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Partido Acción Nacional; Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Susana Cano González, de Morena. En votación económica no se considera suficientemente discutido, en consecuencia, intervienen los diputados, y la diputada: Edelmiro Santiago Santos Díaz, Alejandro Carvajal Hidalgo, ambos de Morena; Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo; y Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul responde alusiones personales la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos segundo y tercero transitorios; así como la adición de un artículo transitorio. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos segundo y tercero transitorios, y la adición de un artículo transitorio, que en votación económica, se admiten a discusión, e interviene en pro la diputada Maribel Martínez Ruíz, del Partido del Trabajo, sin más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo particular; desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a las propuestas de modificación los diputados: Fernando Galindo Favela, Enrique Ochoa Reza, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Álvarez, de Morena; y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación, que, en votación económica, se acepta y en votación nominal por trescientos setenta y dos votos a favor; y cuarenta y nueve en contra, se aprueba en lo particular, la supresión de los artículos segundo y tercero transitorios; y la adición de un artículo transitorio. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que por el que se reforman los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el relativo a las proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y al diputado:

• Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Universidad Nacional Autónoma de México, a reforzar el plan de estudios de las facultades de medicina y enfermería, la capacitación para la detección oportuna de los diferentes tipos de cáncer infantil y adolescente. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Emmanuel Reyes Carmona; Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; Abril Alcalá Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; Jorge Arturo Argüelles Victorero, de Encuentro Social, Frinné Azuara Yarzábal, del Partido Revolucionario Institucional; Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien presenta propuesta de modificación al punto de acuerdo; y Víctor Adolfo Mojica Wences, de Morena. La Presidencia consulta al promovente si acepta la modificación presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien desde su curul la acepta; y se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta de modificación, en votación económica, se acepta. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

• Rosa María Bayardo Cabrera, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a emprender las acciones necesarias para atender el daño ambiental de la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima; y a realizar la rehabilitación de la misma. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Erika Mariana Rosas Uribe; Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano; Margarita García García, del Partido del Trabajo; Eudoxio Morales Flores, de Encuentro Social; Ximena Puente de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional; y Dorheny García Cayetano, de Morena. La Presidencia informa a la Asamblea que la promovente ha presentado propuesta de modificación e instruye a la Secretaría dar lectura de la misma, la cual, en votación económica, se acepta y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

• Silvia Guadalupe Garza Galván y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, en relación con la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; quien acepta interpelación de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional; y del diputado Jorge Alcibiades García Lara, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidencia levanta la sesión a las quince horas con cincuenta minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día lunes ocho de abril de dos mil diecinueve, a las catorce horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las doce horas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica...

INTERVENCIÓN DE DIPUTADO

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL INGENIERO HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, compañera.

Hay un ciudadano diputado que me ha pedido la palabra, y le indiqué que podría ser el momento adecuado, muchas gracias. Roberto Hernández.

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia(desde la curul): Con su permiso, presidente. Compañeros diputados, el 5 de abril de 1997 perdimos a un gran luchador social, Heberto Castillo Martínez, antecesor fundamental para la cuarta transformación.

Ingeniero y político veracruzano, comenzó su participación pública acompañando al ex presidente Lázaro Cárdenas en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Independencia Económica y la Paz en marzo de 1961, de la que surgió el Movimiento de Liberación Nacional, con el propósito de unificar la izquierda mexicana.

En el ámbito profesional desarrolló, después de años de investigación, un sistema estructural mixto de acero y concreto al que llamó tridilosa, empleado en la construcción de muchas obras, demostrando que la ciencia puede compaginar con la política.

Estuvo preso en Lecumberri, por su participación en el Movimiento del 68. Al salir de la cárcel impulsó la conformación del Comité Nacional de Auscultación y Organización para consolidar un verdadero partido de masas, al lado de luchadores sociales como Demetrio Vallejo, con quienes constituyó el PMT y después el PMS, con la idea de hacer una revolución a la mexicana, es decir, con base en las condiciones y la experiencia propias de los habitantes del país, sin apegarse necesariamente al dogmatismo de algunos grupos marxistas, señalando que la conciencia se genera en el proceso de la acción.

Desde entonces, se convirtió en el mayor de los defensores de la soberanía nacional, al denunciar la corrupción de las incongruencias de la política energética imperante. Fue candidato a la gubernatura de Veracruz, diputado federal, senador y candidato presidencial por el PMS en 1988.

En un acto de congruencia y madurez política, declinó para sumarse a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, con el Frente Democrático Nacional. En 1989 se dio el registro del PMS para la formación del PRD.

Muchos políticos lamentaron su muerte. El PRD declaró tres días de luto y su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, suspendió actos partidistas y de campaña. Cabe señalar que el pasado viernes la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo en su honor. Honor y gloria a Heberto Castillo. Es cuanto.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la iniciativa presentada el pasado 23 enero del 2019. Turnada a la Comisión de Pesca.

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, suscrita por la diputada Beatriz Manrique Guevara y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2019.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), coordinador del GPPVEM.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta que, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos, en materia de desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, presentada el pasado 6 de febrero del año en curso.

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, reciba mis más sinceras consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.— Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro del punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco, para que, en coordinación con los gobiernos municipales en donde se haya declarado alerta de género, hagan pública la información respecto de las acciones preventivas de seguridad y de justicia que se han concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, presentada por una servidora el pasado 11 de marzo.

Le pido amablemente sea retirada de la Comisión de Justicia para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarlo posteriormente.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril del 2019.— Diputada Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecuto federal, a la secretaria de Cultura, y al Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal para que el Complejo Cultural de Los Pinos, anteriormente residencia oficial del presidente de la República, y actualmente Complejo Cultural de Los Pinos, implemente un centro cultural de legalidad, civismo, moralidad denominado Ciudad de las Constituciones, presentada por una servidora el pasado 28 de febrero.

Le pido amablemente sea retirado de la Comisión de Gobernación y Población para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarlo posteriormente.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril del 2019.— Diputada Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancele la vigencia del cupo de importación de carne de pollo proveniente de terceros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales UPCI, inscrita por el suscrito el 15 de febrero de 2019, a efecto de profundizar sobre su contenido.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2019.-—Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que queda sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara De Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; ya lo dispuesto en los artículos 7, fracción 1, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SIBISO/000424/2019, de fecha 27 de marzo de 2019, signado por la doctora Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L. 64-II-2-410.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019.— Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), director general Jurídico y de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

La que suscribe doctora Almudena Ocejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social, en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/DIP/00090.2/2019, en el que se exhorta a las autoridades federales, poderes ejecutivos de las entidades federativas, a los municipios del país y a la Fiscalía General de la República, a efecto de que en los ámbitos de sus competencias en la manera que les fue indicado por la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) en su informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI) en México, publicado en mayo 2016, den cumplimiento a las propuestas formuladas en dicho informe, se notifica que la CNDH no señala en el documento alguna acción o propuesta que corresponda a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso).

Sin embargo, es menester señalar que en el marco de sus atribuciones la Sibiso busca generar el acceso a la alimentación, salud, identidad, equidad, cohesión e integración social de las personas migrantes y sus familias, sin excluir a las personas que se encuentran en condición de desplazamiento forzado.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019.— Doctora Almudena Ocejo Rojo (rúbrica), titular de Inclusión y Bienestar Social.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Fiscalía General de la República.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL 64-II-4-414, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 14 de febrero del año en curso, cuya parte resolutiva señala:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al fiscal general de la República a que, en el ámbito de sus atribuciones, analice ejercer su facultad de atracción para el caso del homicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín (sic).

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 21, 102, Apartado A, 119, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 33, Apartado A, fracción I, y transitorios tercero, cuarto, quinto (interpretado a contrario sensu), sexto y décimo segundo, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, hago de su conocimiento que el maestro José Aarón Gómez Orduña, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, comunicó a esta dirección la respuesta del maestro Alejandro Carrillo Velasco, director de área en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, siendo la siguiente:

Al respecto, hago de su conocimiento que una vez analizados los hechos establecidos en el dictamen de la proposición del punto de acuerdo referido, esta fiscalía especial considera que por el momento los hechos plasmados en el citado dictamen y de los cuales conoce la Fiscalía General de Oaxaca no actualizan los requisitos establecidos en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en la fracción XXI, penúltimo párrafo, del artículo 73 de la Carta Magna, en concordancia con el ordinal 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo relativo a las reglas de competencia tratándose de delitos en agravio de periodistas, para actualizar la facultad de atracción que se pide analizar: En primer término, al no advertirse datos eficaces que establezcan que el lamentable homicidio acaecido el 2 de junio de 2018 contra la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y dos personas, entre ellas la candidata a la segunda concejala de la planilla del PRI-PVEM-PNA, Pamela Terán Pineda, y su chofer haya sido con motivo de su actividad periodística, al no desprenderse mayores datos que así lo demuestren, pues si bien del numeral 2 del contenido de la proposición en su párrafo segundo se desprende que la periodista Soledad Jarquín Édgar, progenitora de la fotógrafa extinta, presentó ante la fiscalía estatal pruebas en que establece que su descendiente como jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural del gobierno estatal, había sido obligada a costa de perder su empleo por su entonces jefe, el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar con su trabajo la candidatura del consanguíneo del referido secretario Hageo Montero López, a la primera concejalía del ayuntamiento situado en la región del Istmo, y además de que la propia fiscalía estatal no procediera contra los presuntos responsables del robo del equipo de cómputo, así como de una cámara fotográfica y de una cámara de video, pese a contar con los datos del responsable. Sin embargo, llama la atención de quien examina que del contenido del aludido dictamen se desprende que haya sido liberado el presunto autor material de la privación de la vida y se hayan desestimado diversos testimonios, incluso uno de ellos desechado por un juez de control de Juchitán, lo que pone en tela de juicio su atesto, pues se desconoce si sus atestos proporcionaron datos probatorios que vincularan los hechos con la actividad periodística de la fallecida, amén de que tampoco se precisa qué tipo de material probatorio contenían los aparatos electrónicos y si efectivamente éste se encontraba relacionado con su quehacer periodístico, pues se desconoce su contenido y, por ende, si éste afectaba o trastocaba intereses de alguien para privarla de la vida, pues no debe soslayarse que también fueron privadas de la vida dos personas más, entre ellas una candidata a la segunda concejalía, Pamela Terán Pineda, y el chofer de esta última, lo que arroja fuerte presunción, si efectivamente el ataque iba dirigido a la víctima con motivo de su labor periodística o en contra de Terán Pineda, dado el alto índice de homicidios cometidos el año próximo pasado contra candidatos de elección popular, no sólo en la cabecera municipal de Juchitán de Zaragoza sino en todo el país, lo que hace pensar indiciariamente que el homicidio contra Pamela Terán se trató de un atentado político, tal y como incluso así los vislumbraron algunos medios periodísticos, y desafortunadamente éste alcanzó a la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

Lo anterior es así ya que el hecho de que el equipo de trabajo (que contenía material fotográfico y de video) de la víctima fuera robado de la habitación del hotel donde se hospedaba horas después de haber sido privada de la vida, tal y como se establece en la cuarta consideración; ello no es suficiente para que esta unidad especial ejerza su facultad discrecional de realizar la facultad de atracción de la investigación, toda vez que los hechos puestos a consideración, como se ha establecido, no se desprenden datos eficaces de que la privación de la vida de la fotoperiodista Cruz Jarquín haya sido realizada con motivo de su actividad periodística, circunstancia que no se advierte hasta el momento con datos objetivos, a fin de vislumbrar si tales actos cometidos en su perjuicio fueron con motivo de su actividad periodística y que con tal acción se haya limitado, coartado, o bien, menoscabado su derecho a la libertad de expresión, tal y como lo requiere el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Carta Magna.Ello, en aras de tener certeza y seguridad jurídica que requiere todo gobernado en un país democrático como el nuestro.

Lo anterior encuentra sustento jurídico de conformidad con los artículos 16, 17. 21 y 102 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con los numerales 21, 128, 129, 131, 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 1, 2, 3, 4 y 14, fracción III, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en concordancia con el acuerdo número A/145/2010, emitido por el procurador general de la República, en fecha 1 de julio de 2010, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, cuyo numeral sexto establece los supuestos por los cuales puede tener competencia la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y también en atención del acuerdo A/109/2012, emitido por la Procuradora General de la República en fecha 21 de mayo de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de mayo de 2012, que reformara el primero de los acuerdos citados (sic).

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2019.— Doctor José Enrique Prieto Vargas (rúbrica), director de Vinculación.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Fiscalía General de Chiapas.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por acuerdo e instrucción del doctor Rutilio Escandón Cadena, gobernador del estado de Chiapas, en atención y respuesta de su oficio número D.G.P.L. 64-II-1-0445, expediente 29; donde se remite el acuerdo único de sesión celebrada el día 14 de febrero pasado, que a la letra se transcribe: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno a implementar acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento delictivo y de violencia que se ha presentado en los últimos meses en el territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población.

A este respecto, muy respetuosamente me permito hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de esa honorable Legislatura que, a casi 100 días de inicio de la presente administración, por disposición y acuerdos emanados en la mesa de seguridad del estado, se trabaja e implementan acciones de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno; no solo en el ámbito fuerte de la prevención, sino también en la contención y disminución de la incidencia delictiva; puesto que al cierre del trimestre del año pasado, en Chiapas sensiblemente aumentaron ciertos delitos como robos a transeúntes, robos agravados (comercios), robos a domicilios, violencia de género y otros que venían afectando a la seguridad pública de la población.

Ante este panorama, el nuevo gobierno que conduce el doctor Rutilio Escandón Cadenas retoma y establece como directriz en el ámbito de la seguridad y justicia, el Eje de Sociedad Segura y Estado de Derecho del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, del que sin duda el punto esencial es el acercamiento de las autoridades de seguridad y justicia con la sociedad, ya que esto nos posibilita estrategias de prevención integral con un fuerte contenido social.

La inseguridad la entendemos como aquellos delitos que se han cometido y que, por tanto afectan el desarrollo armónico de determinadas áreas de la geografía chiapaneca, por lo que desde el primer día de asumir el mandato el presente gobierno viene respondiendo plena e íntegramente a las necesidades actuales y a las características que han tomado las conductas delictivas en nuestra entidad.

Por lo que hoy, en coordinación con el Ejército mexicano, Marina, policías federales, estatales, municipales, sistema estatal de seguridad y otras instituciones, venimos articulando nuestras capacidades de inteligencia, reacción y, sobre todo, privilegiamos programas conjuntos de prevención del delito, lo que ha demostrado ser una estrategia útil para contener la violencia.

Además, en la implementación del Plan Estatal de Desarrollo estamos incorporando el diagnóstico ajustado a los problemas y realidades que afrontan algunas regiones de la entidad.

Un problema añejo que aqueja a los chiapanecos de zonas indígenas es el de los conflictos agrarios y religiosos, en algunos casos con consecuencias fatales; sin embargo, mediante la operación política y el diálogo de la autoridad que escucha y atiende, se ha logrado distender estos escenarios de riesgos.

Otra línea de acción prioritaria es la capacitación del ministerio público, peritos y policías con capacidades y perfiles formativos para atender las distintas modalidades del delito en todas las regiones del estado.

Nos comprometimos a hacer más eficientes y eficaces, los sistemas, protocolos y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, policías y peritos; así como, fortalecer la investigación ministerial y policial, para elevar el nivel de eficacia en la integración de la carpetas de investigación o en los acuerdos repara torios de una justicia alternativa.

Para combatir la criminalidad estamos invirtiendo en la reorganización interna, capacitar y especializar a los cuerpos policiacos y de seguridad pública, de acuerdo con estándares internacionales, y establecer controles de confianza, para monitorear la ética y la calidad con la que se desempeñan; así como el establecimiento de consejos de seguridad publica en cada municipio, a fin de lograr blindar cada región chiapaneca.

En suma, respetable legisladora, en Chiapas, en lo que va estos tres meses de gobierno, se trabaja básicamente en fortalecer la infraestructura de seguridad y justicia y tecnología para prevenir y combatir los delitos; la capacitación, profesionalización, dignificación y el equipamiento de las diferentes áreas operativas y cuerpos de seguridad pública, para obtener mejores capacidades de respuesta ante el eventual crecimiento de la delincuencia; así como, la instrumentación de acciones en materia de prevención del delito, para reducir los índices delictivos en el estado.

En este propósito, el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas nos instruye externarle su compromiso ante la comisión de seguridad pública de esa legislatura, de continuar mejorando e impulsando una política criminológica, basada en el análisis de datos, en el conocimiento científico, en la investigación proactiva y la estrecha coordinación institucional, para obtener resultados empleando medios especializados para prevenir y combatir la delincuencia.

Sin otro particular, le patentizamos nuestra más alta deferencia y consideración.

Respetuosamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de enero de 2019.— Maestro Román Dhidier Castillejos López (rúbrica), coordinador de Prevención e Innovación Institucional, Fiscalía General de Chiapas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número D.G.P.L. 64-II-4-417, por el cual se da a conocer la aprobación del acuerdo:

“Único.La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, establezcan las acciones que impulsen los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el objeto de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida”.

En atención a lo anterior, hacemos de su conocimiento:

Para un gobierno con grandeza como lo es el del estado de Guanajuato, nuestro motor principal sí es la persona, por ello implementamos día a día acciones para elevar la calidad de vida de todos los guanajuatenses.

En Guanajuato contamos con un marco jurídico que regula el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, ya que en fecha 13 de septiembre de 2012, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado aprobó el Decreto Legislativo número 289, a través del cual se expidió la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, cuyo fin es evitar que la discapacidad constituya un obstáculo para el desarrollo personal y social de los guanajuatenses, bajo la premisa de velar por las necesidades y carencias que aquejan en especial a los más vulnerables, como lo son las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es, desde su aprobación por las Naciones Unidas en 2006, el documento clave ante el largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad. México firma, y ratifica este tratado, así como su Protocolo Facultativo, manifestando con ello la plena disposición del Estado mexicano para aceptar los derechos y obligaciones de orden jurídico que contienen estos instrumentos.

En este contexto, es de suma relevancia la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos donde quedan integrados los contenidos en tratados internacionales a los cuales México se encuentre adherido. El citado Decreto Legislativo número 289, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, Tercera Parte, del 14 de septiembre de 2012, crea el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad como “un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de atención, protección, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad en el Estado” (artículo 10).

Igualmente, en el artículo Tercero Transitorio de la citada Ley, se estableció al Ejecutivo del estado un plazo de noventa días, a partir de su entrada en vigencia, para constituir el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis). Por lo cual, el 3 de diciembre de 2012, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se instaló el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, convirtiéndose el estado de Guanajuato en ejemplo a nivel nacional, como un estado incluyente mediante la atención de más de 230 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad.

La misión del Instituto es ser un organismo innovador que promueve la creación y ejecución de políticas públicas tomando como base, la participación ciudadana en coordinación con entidades públicas, teniendo un enfoque de transversalidad, que asume como ejes fundamentales la rehabilitación, habilitación e inclusión, considerando la responsabilidad compartida que contribuya al desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias en el marco del respeto a los derechos humanos.

Por lo anterior, la administración pública estatal, a través del Instituto Guanajuatense para la Personas con Discapacidad, implementa, entre otras acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, las siguientes:

Integración laboral. El objetivo principal de este programa es lograr que las personas con discapacidad obtengan un empleo remunerado, acorde a sus capacidades, intereses y habilidades en igualdad de oportunidades, por lo que se cuenta con una agencia laboral que evalúa a las personas con discapacidad para obtener su perfil y con él promover su contratación en empresas del sector público y privado. Para ello se aplica uno de los sistemas de evaluación más avanzados en el mundo “Valpar”, que consta de simuladores electrónicos que detectan las destrezas y habilidades en personas con discapacidad motora, intelectual, auditiva, intelectual y visual.

Inclusión a la vida. Para lograr el fortalecimiento del instituto y lograr que los programas lleguen a todo el estado, se formó la Red Estatal de Promotores de Inclusión a la Vida, integrada por 54 personas quienes presentan algún tipo de discapacidad; dichos promotores operan en 44 municipios de la entidad, dando ejemplo de trabajo intenso, fortaleza, voluntad e independencia. Asimismo, se han generado campañas de sensibilización dirigidas al personal de dependencias gubernamentales, estudiantes y con la sociedad en general. De igual manera, esta Red da seguimiento a las necesidades de las personas con discapacidad en materia de recreación, socialización, educación, deporte, capacitación laboral, aprendizaje del sistema braille, manejo de silla de ruedas, credencialización, becas, entre otros.

Sistema de transporte público adaptado. Se fortalece el Sistema de Transporte Público Adaptado con la entrega de camionetas tipo furgoneta a los DIF municipales. Dicho transporte cuenta con espacio para seis sillas de ruedas, rampas electrohidráulicas, cinturones de seguridad y sillas abatibles para acompañantes. Con este programa, se fortalece el Sistema de Transporte Público Adaptado para Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida que opera en el Estado de Guanajuato.

Programa Audiológico y de Lenguaje. La discapacidad auditiva es una de más difíciles de detectar. Afecta al niño en su capacidad para hablar, relacionarse con su entorno y en el adulto es un obstáculo para su vida social. Por lo que el Ingudis es único en el país al atender las dos vertientes de la discapacidad auditiva: detección y tratamiento, y, por otro lado, la inclusión social al facilitar herramientas para el aprendizaje del lenguaje oral o a través de la lengua de señas mexicana. Asimismo, la difusión de la lengua de señas mexicana, LSM, incluye a la familia, maestros e inclusive a compañeros de trabajo cuando la persona con discapacidad inicia su vida laboral para facilitar la comunicación y comprensión en su entorno, contando además con áreas audiológicas equipadas con tamiz auditivo, timpanómetro, videotoscopio y cabina sonoamortiguada; tecnologías que permiten detectar y medir los problemas de audición en recién nacidos hasta adultos.

Lengua de señas mexicana. Crear espacios para que las personas con discapacidad tengan cada vez más oportunidades de inclusión social, es el propósito de la difusión del uso de la lengua de señas mexicana, LSM. Se han ofrecido cursos básicos de LSM a los sistemas municipales DIF, a la Red Estatal de Promotores de Integración a la Vida, terapeutas de lenguaje, para que puedan lograr un entendimiento con personas sordas. De igual manera se realizan interpretaciones a través de la LSM, en informes, conferencias, capacitaciones y foros donde se incluye a personas con discapacidad auditiva.

Certificados de discapacidad. Para lograr que la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y sus beneficios lleguen realmente a quien lo necesita, el Ingudis elabora certificados de discapacidad elaborados por médicos especialistas en rehabilitación. Con estas acciones se evita que las personas con discapacidad y sus familiares, sobre todo los de escasos recursos, se desplacen para obtener el documento.

Vinculación interinstitucional. Crear espacios para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, implicando un intenso trabajo para crear conciencia, sumar voluntades, crear programas y oportunidades. Además, se han impartido conferencias con el tema de la cultura de la discapacidad a escuelas desde nivel básico hasta profesional, empresas y organizaciones no gubernamentales.

Campamentos. A través de diversos campamentos de capacitación integral para usuarios de sillas de ruedas se ha logrado que diversidad de personas con discapacidad motriz dejen el sedentarismo y adopten una nueva actitud, dirigida al auto-cuidado de la salud, la independencia y a emprender un nuevo proyecto de vida. Cabe resaltar que muchos de los participantes nunca habían salido de viaje o sin algún familiar, por lo que la experiencia con Ingudis ha sido determinante en sus vidas.

Unidades Municipales de Rehabilitación. A través de los sistemas DIF municipales, el Ingudis fortalece la atención a las personas con discapacidad de todo el estado a través de 46 Unidades Municipales de Rehabilitación, que operan con equipo y bajo los lineamientos del instituto, pero bajo administración de los propios Sistemas DIF municipales.

Profesionalización de servicios. Con el objeto de lograr que los servicios de rehabilitación sean de mayor calidad y eficacia, el Ingudis emprende acciones de capacitación y convenios para acercarse de profesionales impartiendo cursos de capacitación y talleres prácticos, a licenciados, técnicos y pasantes en el área de terapia física y para los médicos especialistas participativos; asimismo, realiza visitas a los municipios a efecto de evaluar a la población que lo requiera por medio de un especialista en rehabilitación.

Empresas e instituciones incluyentes. Las empresas que han incluido a personas con discapacidad ven fortalecidas la tolerancia, el respeto, el orgullo y la solidaridad entre su personal, lo anterior, a través de visitas, foros y conferencias dentro de las cuales el Ingudis sensibiliza a los empresarios y dependencias gubernamentales para lograr la inclusión de personas con discapacidad y se les ofrece un acompañamiento de tres meses para lograr un entendimiento exitoso entre jefes y compañeros. El trabajo de Ingudis en las empresas depende del tipo de discapacidad que presenten los nuevos compañeros. En el caso de las personas sordas, por ejemplo, se enseña al personal más cercano términos elementales del lenguaje de señas mexicana, para que puedan entenderse.

Vida Independiente. Son dos campamentos realizados en coordinación con la organización internacional Vida Independiente, dirigido a niños y adultos entre quienes se promueve la vida activa a través del uso de silla de ruedas en cualquier terreno. Los cursos tuvieron como sede las ciudades de Bucerías, en Nayarit, y Aguascalientes.

Descubriendo mis Capacidades. Campamento dirigido a niños y jóvenes usuarios de sillas de ruedas con el propósito de promover la vida activa.

Salud y Deporte para una Vida Independiente. Campamento realizado en coordinación con la Comisión el Deporte del Estado, CODE, y la organización internacional Vida Independiente para Personas con Discapacidad dirigido a jóvenes y adultos usuarios de silla de ruedas con úlceras por presión. El objetivo fue además de promover la práctica del deporte como medio rehabilitador y procurar mejores prácticas para la prevención y control de lesiones.

El estado de Guanajuato refrenda su compromiso con las y los guanajuatenses, al implementar acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Nota

1 El Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por 1.0 Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de marzo de 2019.— Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica), secretario de Gobierno de Guanajuato.»

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«Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 64-II-4-417 de fecha 14 de febrero del año en curso, y de conformidad con el exhorto girado al gobierno del estado de Guerrero, emitido por la LXIV del Congreso de la Unión, concerniente a personas con discapacidad, le participo que, como Secretaría de Desarrollo Social estatal, hemos dado atención a personas con discapacidad hasta el año 2018, actualmente, por las políticas implementadas por el nuevo gobierno, el Congreso del estado eliminó el presupuesto 2019 proyectado por el Ejecutivo para dar continuidad al apoyo por dispersión mensual directa a personas con discapacidad.

La entidad federativa continuará proporcionando atención a la salud de este grupo vulnerable del sector de la población, por medio del DIF y los cinco CRIG-Guerrero donde se busca atender necesidades de servicios de rehabilitación, además de la playa incluyente ubicada en la localidad de Papanoa, con equipo dirigido especialmente a usuarios con alguna discapacidad, con lo cual puedan tener fácil acceso a la playa.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Chilpancingo, Guerrero, a 6 de marzo del 2019.— Mario Moreno Arcos (rúbrica), secretario de Desarrollo Social, gobierno de Guerrero.»

«Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero.

Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social, licenciado José Francisco Solís Solís, director general del DIF-Guerrero.— Presentes.

Por este medio, me permito turnar a ustedes para su conocimiento, oficio número D.G.P.L. 64-II-4-417 dirigido al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Guerrero, signado por la diputada Dulce· María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que se aprobó el acuerdo:

“Único.... exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, establezcan las acciones que impulsen los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el objeto de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida”.

Sin otro particular, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Chilpancingo, Guerrero, febrero 22 de 2019.— Maestro Humberto I. Díaz Villanueva (rúbrica), secretario particular del gobernador de Guerrero.»

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«Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Colima.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención del oficio número DGPL 64-II-4-417, del expediente 821, dirigido al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, mediante el cual se hace del conocimiento que en la sesión celebrada el 14 de febrero de 2019 se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer en el marco de sus atribuciones acciones que impulsen los derechos humanos de las personas con discapacidad, con objeto de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Por ello, en función de dicho exhorto, hago de su conocimiento que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Colima, presidida por el suscrito, a través del Servicio Nacional de Empleo de Colima y el Programa de Apoyo al Empleo, sustentado en las Reglas de Operación de 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de febrero de 2019, se establece que el objetivo principal de la dependencia es intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva, lo cual se lleva a cabo mediante estrategias como proveer de información que facilite la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo, y diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la articulación de los actores del mercado facilitando la colocación en un empleo u ocupación productiva a favor de grupos vulnerables.

Ante esta situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en uso de las facultades que le son inherentes, interviene para impulsar y fomentar la ocupación de las personas con discapacidad garantizando en todo momento el respeto de sus derechos humanos; lo anterior, mediante una serie de actividades encaminadas al acercamiento de los agentes del mercado laboral, que incluyen la atención de población en desventaja, como jóvenes de entre 16 y 29 años, personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, víctimas u ofendidos de delitos, personas preliberadas, población en situación de pobreza extrema, y de alimentación, como medidas para impulsar el empleo en estos segmentos.

Derivado de lo anterior, indico a usted que con la finalidad de favorecer la incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo, con fundamento en las reglas mencionadas se promueve la estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de Apoyo al Empleo. Dicha estrategia establece lo siguiente:

La Estrategia Abriendo Espacios tiene por objetivo atender de manera personalizada a los solicitantes de empleo canalizados, con discapacidad y adultos mayores para favorecer su inserción en el mercado laboral, a través de los servicios de vinculación laboral y acciones de apoyos. Participa también brindando asesoramiento y apoyo a los empleadores en la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores, así como en la elaboración de las descripciones de puestos que pueden ser adaptados para ser cubiertos con estas personas.

La estrategia opera a través de cuatro vertientes:

a) Intermediación laboral, a través de las modalidades Bolsa de trabajo y Ferias de empleo y mediante el portal Abriendo Espacios, www.abriendoespacios.gob.mx

b) Identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional para las personas con discapacidad y adultos mayores. El SNE aplica instrumentos de evaluación especializados, entre los que destaca el sistema de muestras de trabajo Valpar, cuyos resultados permiten orientar a las personas hacia su mejor opción ocupacional o su derivación hacia acciones de capacitación o actualización de conocimientos.

c) Capacitación para el trabajo: a través del subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad se apoya a las personas que requieren capacitarse para adquirir o fortalecer sus competencias laborales a fin de facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

d) Apoyo a iniciativas de ocupación por cuenta propia: a través del subprograma Fomento al Autoempleo se apoya con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo o herramienta a las personas que desean impulsar una actividad productiva y tienen experiencia y conocimientos para desarrollar una ocupación por cuenta propia.

Por lo expuesto, le informo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Colima toma nota del exhorto citado, y se compromete a seguir impulsando la estrategia Abriendo Espacios para promover la coordinación de acciones que vinculen a las personas con discapacidad con un empleo digno en el estado, garantizando así su derecho humano y mejorar su calidad de vida.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario respecto a la presente.

Atentamente

Colima, Colima, a 20 de marzo de 2019.— Licenciado Vicente Reyna Pérez (rúbrica), secretario del Trabajo y Previsión Social y Titular de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de Colima.»

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«Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.

Doctora Dulce María Sauri Riancho, diputada Propietaria.— Presente.

Por este medio me permito dar respuesta a su atento oficio número DGPL 64-II-4-417 del expediente 821 donde nos remite el acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, establezcan las acciones que impulsen los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el objeto de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Por lo cual informo que, en el marco de las acciones realizadas para impulsar los derechos humanos de las personas con discapacidad, el gobierno del estado de Yucatán, encabezado por el maestro Mauricio Vila Dosal ha realizado las acciones necesarias para la creación y puesta en marcha del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey).

De conformidad con lo señalado en la observación general número 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2018 1, el Iipedey se crea a partir de la solicitud y consulta a las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad de Yucatán. Por lo que su participación ha estado presente dentro de la agenda pública desarrollada para el periodo 2018-2024.

Asimismo, precisar que las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad han participado en las diversas mesas de trabajo para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Es importante señalar que el Iipedey es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto coadyuvar con el Poder Ejecutivo y las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad, objeto que se desprende del artículo 2 del Decreto 9/2018 que regula el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán expedido el 3 de diciembre de 2018 en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y vigente desde el 1 de enero del presente año, documento que me permito anexar.

En el mismo sentido envío el extracto del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán donde se indica el presupuesto asignado al Iipedey para el ejercicio fiscal de 2019 publicado el 31 de diciembre de 2018 con el que se inician las acciones de transversalización de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Nota

1 ONU. CRPD/C/GC/7. Observación general número 7 sobre la participación de las personas con discapacidad incluidos los niños y niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y seguimiento de la Convención. Publicado: 9 de noviembre de 2018. Párr 15, pág. 5.

Atentamente

Mérida, Yucatán, a 8 de marzo de 2019.— Maestra en Derecho María Teresa Vázquez Baqueiro (rúbrica), directora general.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remiten a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de la Mujer de Guerrero.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a las instrucciones del licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Guerrero, hechas mediante oficio número SPG/0473/2018, de fecha 27 de febrero del presente año, signado por el maestro Humberto I. Díaz Villanueva, secretario particular, por medio del cual turna para atención el oficio número DGPL 64-II-8-1082, signado por usted, en su calidad de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de febrero del año en curso, por el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la referida Cámara, al respecto me permito informar lo siguiente:

Es pertinente informarle que, a partir de la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Ometepec, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, del estado de Guerrero, se han implementado diversas acciones afirmativas, tendientes al cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención y de justicia y reparación decretadas en la declaratoria de referencia, lo cual se ha informado de manera oportuna a esa honorable Cámara y al Senado de la República.

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo exhortado e informar a esa honorable Cámara de Diputados, y con la finalidad de actualizar las acciones realizadas tendientes al cumplimiento de las medidas decretadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se tuvo a bien solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, información que a continuación se describe:

1. Informe Anual Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Guerrero, correspondiente al año 2018. Adjunto al presente en medio magnético (CD), como anexo 1.

2. Informe de seguimiento remitido mediante oficio número FGE/VPS/0485/2019, signado por el maestro Manuel Amador Saavedra Flores, vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía General del estado, de fecha 14 de marzo de 2019, el cual contiene acciones, protocolos, estrategias y resultados en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en materia de prevención y castigo de los feminicidios, y acciones encaminadas a garantizar la no repetición para las mujeres y niñas, adjunto al presente copia del oficio de referencia y el informe de seguimiento constante de 16 horas, como anexo 2.

3. Informe remitido mediante oficio DGPSD/0289/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, signado por la licenciada Alma Roselín Organiz Salgado, encargada de la Dirección General de Prevención Social del Delito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual informa las acciones realizadas encaminadas al cumplimiento de las medidas decretadas en la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, en el periodo de octubre 2018 a la fecha. Adjunto al presente en medio magnético el oficio de referencla y el informe constante de 49 hojas, como anexo 3.

4. Información remitida por la licenciada Michell Chen Araujo, directora general de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud, mediante oficio SSA/DGDUG/198/ 2019, de fecha 14 de marzo de 2019, por el cual informa acciones, protocolos, estrategias y resultados en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en materia de prevención y acciones encaminadas a garantizar la no repetición para las mujeres y niñas. Adjunto al presente copia del oficio de referencia e información constante de 6 hojas, como anexo 4.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Chilpancingo, Guerrero, a 21 de marzo de 2019.— Licenciada Maira Gloribel Martínez Pineda (rúbrica), secretaria de la Mujer en Guerrero.»

«Secretaría de la Mujer de Guerrero.

Licenciada Maira Gloribel Martínez Pineda, secretaria de la Mujer.— Presente.

Por instrucciones del maestro Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general del estado, y en atención a su oficio número SM/J/0543/2019, de fecha 11 de marzo del año en curso, por medio del presente remito a usted:

La información que solicita, anexando para tal efecto los oficios números el primero 057/2019, signado por la licenciada Marisol Urban Cruz, fiscal especializada para la Investigación de Delitos de Homicidio Doloso cometido en Agravio de Mujeres y Demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género; y el segundo oficio número FGENPS/UG/0024/2019, suscrito por la licenciada Shyomara Yadira Bautista Cantú, titular de la Unidad de Género.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, marzo 14 de 2019.— Maestro Manuel Amador Saavedra Flores (rúbrica), vicefiscal de Prevención y Seguimiento.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Comisión Nacional del Agua.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Me refiero a su oficio D.G.P.L. 64-II-4-411, dirigido a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de esta Comisión Nacional del Agua, sobre el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión de Agua del Estado de México y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Nezahualcóyotl, para atender la problemática de desabasto de agua que sufren las colonias del citado municipio.

Anexo, le hago llegar la comunicación enviada por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 15 de marzo 2019.— Doctor José Antonio Barrios Pérez (rúbrica), jefe de la Oficina de la Dirección General, Conagua.»

«Comisión Nacional del Agua.

Doctor José Antonio Barrios Pérez, jefe de Oficina de la Dirección General en la Conagua.— Presente.

En atención a su memorando número BOO.OO.01.- 045, por medio del cual hace referencia al oficio número DGPL 64-II-4-411 de la Cámara de Diputados, dirigido a la doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua, respecto a la problemática de desabasto de agua que sufren las colonias del municipio de Nezahualcóyotl.

Al respecto anexo nota informativa en la que se describen los caudales entregados al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nezahualcóyotl (Odapasneza) por parte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.— Ingeniero Guillermo Álvaro Hernández Viveros (rúbrica), director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Conagua.»

«Comisión Nacional del Agua.

Punto de Acuerdo

Problemática de desabasto de agua en el municipio de Nezahualcóyotl

En relación con el punto de acuerdo que la Cámara de Diputados hace llegar a la Dirección General, en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nezahualcóyotl (Odapasneza) a atender la problemática de desabasto de agua que sufren las colonias del municipio, para que entreguen los mil 400 litros por segundo de los que originalmente se le dotaban y para que coordinadamente verifiquen y resuelvan a la brevedad el desabasto de agua que sufren todas las colonias del citado municipio.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México suministra, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), agua potable en bloque en los puntos de entrega que a continuación se relacionan:

-Tanque La Caldera

-Ramal Peñón-Texcoco-Presurizadora Planta Lago

-Planta Zaragoza (transferencia Cutzamala).

Durante 2018, el promedio de entrega de agua en bloque fue de 895 litros por segundo y durante los dos primeros meses de 2019 el promedio es de 875 litros por segundo.

Actualmente, la Conagua desarrolla programas de mantenimiento para atender las fallas que se registran en las fuentes a su cargo, a fin de cubrir las metas establecidas con la CAEM que durante 2018 y 2019 son del orden de:

Independientemente de los puntos de entrega mencionados, la Federación entregó a la CAEM en noviembre de 1995, cinco pozos localizados dentro del territorio del municipio de Nezahualcóyotl, con un caudal en conjunto de 507 litros por segundo, que sumado al caudal de 895 litros por segundo entregado en promedio durante 2018, proveniente de La Caldera, Peñón-Texcoco y Transferencia Cutzamala, daría como resultado un caudal de mil 402 litros por segundo.

Una vez transferidos los cinco pozos, las acciones de operación, conservación y mantenimiento están a cargo del Odapasneza, siendo fundamental que estos pozos operen en las mejores condiciones, a fin de lograr el suministro en conjunto de los mil 400 litros por segundo.

Las fuentes subterráneas ubicadas dentro de la zona metropolitana del valle de México registran fuertes abatimientos, así como colapso de su estructura que requieren llevar a cabo acciones permanentes de mantenimiento electromecánico, rehabilitación y relocalización de los pozos.

Los caudales comprometidos a suministrar durante 2018-2019 se establecieron con base en las condiciones del acuífero y la infraestructura, estableciendo los programas de mantenimiento factibles de desarrollar, debido a que no es posible garantizar la existencia e invariabilidad de volúmenes de agua, los cuales, como se mencionó anteriormente, dependen de la recarga del acuífero y de las circunstancias que afectan a cada una de las fuentes subterráneas como son:

-Hundimientos diferenciales

-Cambio de calidad en el agua

-Sismos

-Oposición social para la relocalización de pozos.

Con base en lo anterior se requiere que tanto municipio, estado y Federación implementen programas del uso eficiente del agua, en los cuales se debe buscar atender en forma prioritaria la reducción de fugas en líneas primarias y secundarias de distribución, a su vez la CAEM y el Organismo Operador Municipal deben contemplar los programas de mantenimiento necesarios a desarrollar en las fuentes a cargo de cada uno de ellos.

Por parte de la CEM, el municipio de Nezahualcóyotl recibe agua de sistemas intermunicipales, los cuales complementan el suministro hacia la población, fuentes que deben conservarse a fin de mantener el abastecimiento en forma regular.

Ciudad de México, marzo 12 de 2019.»

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«Comisión del Agua del Estado de México.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura.— Presente.

Alfredo Pérez Guzmán, en mi carácter de vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), en cumplimiento de las facultades que me confieren los artículos 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 21 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; 13, fracción XII, y 16, fracción V, del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; y 12, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 2016.

En relación con el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, que aprobó exhortar a la CAEM a atender el desabasto de agua potable que sufren los habitantes de Nezahualcóyotl, México, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

I. Esta descentralizada en términos de lo que establece el artículo 17 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, tiene por objeto “planear, programar, presupuestar, diseñar, construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de suministro de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas, así como la disposición final de sus productos resultantes, e imponer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de la normativa en la materia”, por lo que dentro del ámbito de sus atribuciones realiza acciones para atender el desabasto en el municipio referido, gestionando la obtención de recursos ante las siguientes instancias:

• Comisión Nacional del Agua, del Programa do Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, en su apartado urbano, obteniendo la autorización de 71 millones de pesos, recursos que fueron invertidos en las siguientes obras:

• Comité Técnico del Fideicomiso 1928, del que se obtuvo la autorización de 6 millones 712 mil pesos, recursos que fueron invertidos en las siguientes obras:

• Comité Técnico del Fideicomiso 2003, Fondo de Desastres Naturales, obteniendo la autorización de 474 millones 719 mil 537.36 pesos, recursos que fueron invertidos en las siguientes obras:

• Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de México, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, obteniendo la autorización de 392 millones 304 mil 399.34 pesos, recursos que fueron invertidos en la siguiente obra:

En total, este organismo obtuvo la autorización de 944 millones 735 mil 936.07 pesos, para la ejecución de obras y servicios relacionados con ellas en Nezahualcóyotl, México, con objeto de que los ciudadanos del municipio gocen en forma suficiente del vital líquido. Para la ejecución de dichas obras se tiene comunicación permanente con el organismo operador de Nezahualcóyotl, y dar atención a zonas prioritarias.

II. Este organismo suministra a Nezahualcóyotl mil 593 litros por segundo (lps), de los cuales 903 lps provienen de fuentes federales (171 lps del ramal Tláhuac-Mixquic, 463 lps del ramal Peñón-Texcoco y 269 del sistema Cutzamala) y de fuentes estatales 690 lps de pozos profundos, entregándole 193 lps por encima de los mil 400 lps que se dotaban originalmente.

III. Asimismo, esta comisión para efecto de mejorar la calidad y proporcionar el servicio de agua potable en el municipio en comento, por encargo de la Conagua, construyó el acueducto del macrocircuito Ramal Norte, en el estado de México, proyecto que fue diseñado por la Conagua, para dotar, ampliar y mejorar el servicio de agua potable en dicha municipalidad a través de los caudales provenientes del sistema Cutzamala, por lo que atendiendo al interés social el gobierno del estado de México, por conducto de esta descentralizada colabora en forma conjunta y coordinada con dicha dependencia federal, en la construcción de la obra con el objetivo de avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de aprovechamiento del agua y prestar pronta atención a las demandas y necesidades de la población.

Por lo expuesto, la Comisión del Agua del Estado de México informa a esa legislatura que los numerales primero a tercero del punto de acuerdo referido son atendidos de manera oportuna.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Naucalpan, México, a 25 de marzo de 2019.— Alfredo Pérez Guzmán (rúbrica), vocal ejecutivo.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remiten a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 18 fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito dar contestación a su oficio número DGPL-64-II-7-447, referente al exhorto aprobado en sesión de fecha 14 de febrero de 2019, el cual señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta, con el debido respeto a su autonomía las entidades Federativas, para que implementen proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno, que propicien la reinserción al entrono productivo de la sociedad mexicana, mediante la generación de recursos para su subsistencia.

En relación a lo anterior, me permito comentarle que se envió oficio a la Secretaría del Migrante de Michoacán, a lo cual dio respuesta el licenciado Rodrigo Torres González, secretario técnico de la dependencia, a través del oficio SEMIGRANTE/ST/028/2019, con fecha de recepción 4 de marzo del 2019, del cual agrego copia simple para su constancia, que contiene la siguiente contestación:

“Tengo a bien señalar que, durante esta administración, a través de la SEMIGRANTE se ha logrado brindar el apoyo a 2 mil 483 personas con, el mismo número de proyectos productivos a migrantes en retorno, lo anterior con recursos del Fondo de Apoyo al Migrante y generando una inversión total de $69,375,000.00 (sesenta y nueve millones trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional)”.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2019.— Ingeniero Pascual Sigala Páez (rúbrica).»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Licenciado Arturo Jhonatan Yépez Rojas, encargado de Despacho de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y 14 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en seguimiento a su similar SELAR-1421/2018, y por instrucciones del maestro José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se notifica el. exhorto notificado vía oficio DGPL-64-II-7-447 de la Cámara de Diputados del honorable Congreso, dirigido al titular del Ejecutivo del estado, al respecto tengo a bien señalar que durante esta administración, a través de la Semigrante se ha logrado brindar el apoyo a 2 mil 483 personas con el mismo número de proyectos productivos a migrantes en retorno, lo anterior con recursos del Fondo de Apoyo al Migrante y generando una inversión total de $69,375,000.00 (sesenta y nueve millones trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional).

No omito señalar que, derivado de la cancelación del Fami en el Decreto de Egresos de la Federación, este año estamos en espera de la apertura de ventanillas de programas federales con los cuales podamos concurrir recursos estatales para continuar con este tipo de acciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo del 2019.— Licenciado Rodrigo Torres González (rúbrica), secretario técnico.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador constitucional de Mi-choacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 18, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito dar contestación a su oficio número DGPL-64-II-8-0636 referente al exhorto aprobado en sesión de fecha 4 de diciembre de 2018, el cual señala:

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso y reciclaje de residuos.

En relación con lo anterior, me permito comentarle que se enviaron dos oficios a distintas dependencias del estado; la primera de ellas de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, de la cual se recibe la contestación del titular de ésta ingeniero Ricardo Luna García quien realizó la difusión del exhorto a los titulares de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, para que en el ámbito de su competencia adoptaran y fomentaran las acciones señaladas en el exhorto en comento, mediante el oficio SEMACCDET-OS-0041/ 2019, el cual se anexa en copia simple a la presente para su constancia.

La segunda institución emplazada fue la Procuraduría de Protección al Ambiente, de la cual se recibe su respuesta a cargo de su titular el licenciado en relaciones internacionales Juan Carlos Vega Solórzano en la que señaló por oficio PPA-QP-Q37/ 2019 lo siguiente: “esta Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado realiza permanentemente visitas de inspección y vigilancia a los rellenos sanitarios de los ayuntamientos como es el caso de Zinapécuaro, Huetamo, Jacona, Zacapu, Jiménez, Tzitzio, generando primero recomendaciones que mejoren la gestión y disposición final de los residuos y en algunos casos tenemos procedimientos en curso de resolución y convenio. La nueva visión nacional Cero Residuos, oriente la gestión a la separación y reciclaje, reduciendo al mínimo el volumen que se coloca en los sitios de disposición final.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo, No. Reelección.

Morelia, Michoacána, a 6 de marzo de 2019.— Ingeniero Pascual Sigla Páez (rúbrica).»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Licenciado José Daniel Moncada Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaria de Gobierno.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAR-1495/2018, relativo al exhorto para que se incentive el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca la reducción, reúso y reciclaje de residuos, me es grato comunicarle que esta Secretaría a mi cargo, ha hecho extensivo el exhorto en comento, a los titulares de la Comisión intersecretarial de Cambio Climático, a través del oficio: SEMACCDET-OS-0041/ 2019.

Sin más más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2019.— Ingeniero Ricardo Luna García (rúbrica), secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Ingeniero Rubén Medina Niño, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario.— Presente.

Con el propósito de atender el exhorto, dirigido al titular del Ejecutivo, enviado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, presidenta de la Mesa Directiva de lo Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y que a la letra dice

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan, la reducción, reúso y reciclaje de residuos.

Por lo anterior, lo invito para que en la dependencia a su digno cargo y en el ámbito de su competencia se adopten fomenten las acciones señaladas en el exhorto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión paro reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2019.— Ingeniero Ricardo Luna García (rúbrica), secretario de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial.»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Se envió oficio con exhorto a las dependencias que se enlistan continuación

• Licenciado en Relaciones Internacionales Juan Carlos Vega Solórzano

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente

• Licenciado Juan Bernardo Corona Martínez

Secretaría de Seguridad Pública

• Licenciado Germán Tena Fernández

Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

• Maestro en Ciencias Julio Vega Medina

Comisión de Pesca

• Doctor Alejandro Ochoa Figueroa

Comisión Forestal de Michoacán

• Licenciado Carlos Maldonado Mendoza

Secretaría de Finanzas y Administración

• Licenciada Claudia Chávez López

Secretaría de Turismo

• Licenciado Juan Carlos Barragán Vélez

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

• Arquitecto José Hugo Raya Pizano

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

• Maestro Jesús Melgoza Velázquez

Secretaría de Desarrollo Económico

• Maestra Diana Celia Caprio Ríos

Secretaría de Salud

• Ingeniero Rubén Medina Niño

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario

(Todos de Michoacán).»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Ingeniero Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.— Presente.

Por medio de la presente, me permito informar a usted con relación a su oficio SEMACCDET-OS-0041/ 2019, de fecha 23 de enero del año en curso, relacionado al exhorto dirigido al titular del Ejecutivo, enviado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que esta Comisión Forestal del estado, ya tomó medidas en dicho tema dentro de las cuales se generó una circular (anexo copias), en la cual se le hace del conocimiento a todo el personal que labora en este organismo, que queda prohibida la compra de plástico y derivados de poliestireno, a partir de febrero de 2019.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero de 2019.— Doctor Alejandro Ochoa Figueroa (rúbrica), director general.»

«Secretaría de Gobierno de Michoacán.

Licenciado José Daniel Moncada Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.— Presente.

En alcance al oficio SELAR-1496/ 2018 donde se envía el exhorto DGPL 64-II-8-0636, de la Cámara de Diputados, relativo a la participación de las dependencias estatales en actividades que favorezcan la reducción, reuso y reciclaje de residuos, le comento que la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado realiza permanentemente visitas de inspección y vigilancia a los rellenos sanitarios, de los ayuntamientos como es el caso de Zinapécuaro, Huetamo, Jacona, Zacapu, Jiménez y Tzitzio generando primero recomendaciones que mejoren la gestión y disposición final de los residuos, y en algunos casos tenemos procedimientos en curso de resolución y convenio. La nueva visión nacional Cero Residuos, orienta la gestión hacia la separación y reciclaje, reduciendo al mínimo el volumen que se coloca en los sitios de disposición final. El diseño y puesta en marcha de organismos municipales de gestión de residuos sólidos es un enfoque que debe impulsarse ahora.

Le reitero la seguridad de mi atención y aprecio, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Cordialmente

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2019.— Licenciado en Relaciones Internacionales Juan Carlos Vega Solórzano (rúbrica), procurador de Protección al Ambiente.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y a su vez me es grato informarle que en cumplimiento y atención a su oficio número 097/2018, el cual hizo llegar a la licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, correspondiente a la sesión celebrada por la Cámara de Diputados de ese honorable Congreso, en relación con el punto de acuerdo mediante el cual se resuelve:

“Único: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno a implementar acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los últimos meses en el territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población...”

En atención a ello, la Secretaría de Seguridad Pública atiende respetuosamente el exhorto del Poder Legislativo relacionado a implementar dichas acciones y programas, las cuales se muestran a continuación en el documento anexo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 25 de marzo de 2019.— Licenciado José David Anaya Cooley (rúbrica), secretario de Seguridad Pública.»

«Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

Acciones v programas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública encaminados a combatir v prevenir el aumento de delitos y de violencia

Coordinación entre autoridades intervinientes

Hoy en día, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una estructura de información para la coordinación entre las autoridades intervinientes de los tres órdenes de gobierno y de auxilio que les sirven para la toma de decisiones y estrategias operativas, entre otras se enumeran las siguientes:

• Atención de incidentes por zona canalizados a tránsito municipal y policía municipal, dividido en prioridades alta, media y baja.

• Incidencia delitos patrimoniales.

• Mapa de incidencia en localidades rurales.

• Captura de rol de turnos de seguridad pública municipal.

• Cobertura señal de radio.

• Porcentaje de reportes con llamadas recurrentes por zona.

• Tiempos de atención.

• Reunión mensual con los comisarios de seguridad pública municipal y estatal, para analizar los tiempos de respuesta, llamadas de recurrencia, estadística delictiva, asimismo se realiza una minuta con los compromisos y acuerdos por parte de C5i y la corporación correspondiente.

• Código Rojo: Es la vía por la cual las corporaciones se coordinan a través de radio frecuencia con un incidente relevante o de alto impacto, comandado por la supervisora en turno del centro de operaciones. Se han activado 626 códigos rojos de los cuales 119 han sido con éxito.

• Sistema de comunicación directa en llamadas recurrencia para notificar cualquier incidente por más de dos llamadas.

• Evaluación de calidad: Se hace una llamada al reportante para evaluar la atención por parte de cada corporación.

• Se cuenta con convenios de coordinación de acciones con los municipios.

• Gestión con altos mandos de corporaciones ante un incidente de prioridad cuando se visualiza la NO atención de las corporaciones.

Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género

Se logró también la conformación de un comité transversal que a la fecha ha sesionado en 31 reuniones y está integrado por 27 instituciones. De igual manera, se creó el sistema en línea ALVI (Atención de Llamadas de Violencia Familiar y de Género) para dar seguimiento integral a los domicilios con llamadas de reincidencia por violencia familiar en nuestro estado; las instituciones que integran el comité son las siguientes:

• 20 instituciones del gobierno estatal.

• 3 instituciones del gobierno municipal.

• 4 instituciones de sociedad civil.

Programas estatales de prevención de delito

Por otra parte, contamos con los Programas Estatales de Prevención del Delito que la Secretaría despliega en la entidad, mismos que comprenden los siguientes subprogramas:

• Observatorio de Seguridad Ciudadana.

• Comunidad proactiva.

• Kiosko virtual y página web.

• Capacitación para la prevención.

• Capacidades locales para la prevención.

• Familias unidas.

• Escuelas pacíficas.

• Policía de proximidad.

• Juventudes en paz.

• Arte, deporte y recreación.

• Construyendo identidad.

• Denuncia responsable.

• Policía de Proximidad Social.

• Campaña de despistolización.

• Ciudadano prevenido.

• Trabajando el presente.

• Construyendo el futuro.

• Abriendo camino.

• Concursos artísticos y culturales.

• Box amateur.

Programa Te Queremos Seguro

Hoy en día, la Secretaría de Seguridad Pública está implementando el programa “Te Queremos Seguro”.

En el marco de dichos programas, se desarrollan actividades tales como seminarios de capacitación a comités vecinales y multiplicadores de la prevención. Asimismo, actividades preventivas para aumentar la responsabilidad del ciudadano para crear seguridad ciudadana en la comunidad, en cuya ejecución se difundirán los alcances de las detenciones ciudadanas que la Carta Magna prevé; sus requisitos legales, los alcances para el ciudadano y los riesgos que ello implica, a fin de que la ciudadanía esté plenamente informada de ello y cuente con elementos de juicio para ese tipo de detenciones.

Análisis de información

Por otra parte, existen las acciones de coordinación entre las instituciones de seguridad pública, policiales y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno. Lo anterior, mediante células operativas que generan información para alimentar carpetas de investigación con material probatorio tangible.

Ejemplo de ello es la colaboración permanente para nutrir diariamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado con datos, evidencias y análisis que se obtienen a través de la línea de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089 con independencia de lo que corresponda a los informes policiales homologados que están relacionados con delitos de:

• Feminicidios.

• Delitos sexuales.

• Delitos contra la familia.

• Delitos contra la paz.

• Vida y seguridad de las personas.

• Aquellos que se cometen en contra de menores de edad.

Mesa de construcción de la paz

Recientemente se instaló en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) la mesa de construcción de la paz, en la que la nuestra gobernadora externó “Cuando estamos en coordinación todos los niveles de gobierno, sobre todo en materia de seguridad, se logra tranquilidad, se logra certidumbre”, que los ciudadanos esperan resultados de sus autoridades y por ello continuarán las reuniones en las que se unirán los esfuerzos de corporaciones federales y estatales.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión .— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L 64-II-4-432, por medio del cual ha ce del conocimiento que en sesión celebrada en fecha 13 de diciembre de 2018 se aprobó el dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia cuyo punto de acuerdo establece: “Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y a sus homólogos de las 32 entidades federativas, para que fortalezcan las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, asimismo se solicita de manera respetuosa nos manifieste las acciones que implementará durante su gestión en materia de trabajo infantil”, me permito informarle lo siguiente:

El gobierno del estado de Hidalgo creó en el año de 2013 la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, la cual coordina los esfuerzos de las dependencias y entidades de la administración pública en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección del adolescente trabajador en edad permitida; además de promover la cultura social de prevención y erradicación del trabajo infantil.

Dicha comisión está integrada por Secretarías del Poder Ejecutivo estatal, oficinas de representación federal y organizaciones de los sectores patronal y sindical, cabe señalar que cada integrante ha realizado acciones, en el ámbito de sus competencias, para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, tales como las que se enlistan en el documento adjunto al presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 25 de febrero de 2019.— Maestra María de los Ángeles Eguiluz Tapia (rúbrica), secretaria del Trabajo y Previsión Social.»

« Acciones realizadas por las instituciones para la erradicación del trabajo infantil

Secretaría de Gobierno Sipinna Estatal Hidalgo

Acciones realizadas para erradicar las causas que originan el trabajo infantil por parte de la Secretaría de Gobierno

• La Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal elaboró con la colaboración de los integrantes del sistema y con el apoyo de UNICEF México, a través de Gesoc, AC, el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que incluyen acciones para contribuir en la eliminación de las causas que originan el trabajo infantil.

• Se difundieron con los integrantes e invitados del Sipinna estatal vía correo electrónico 3 infografías para la erradicación del trabajo infantil y contra la trata de personas.

• Con la finalidad de que los secretarios ejecutivos municipales obtuvieran información sobre las acciones para prevenir el trabajo infantil y la protección de adolescentes en edad permitida para trabajar, se invitó a participar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Consejo Consultivo Ciudadano a una reunión a fin de que se les diera información sobre el tema y cómo actuar desde sus municipios si detectan casos.

• Derivado de los acuerdos de la Comisión Interinstitucional que nos ocupa, se solicitó que los días 12 de cada mes se difundiera la Campaña contra el Trabajo Infantil, por medio de talleres, pláticas, elaboración de periódicos murales, lo cual vienen realizando las secretarias ejecutivas municipales.

• Se propuso a los secretarios ejecutivos municipales que incluyan en el diseño de sus programas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes la prevención del trabajo infantil.

• A partir del 31 de octubre de 2017 la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal participa como invitada permanente de la comisión.

• Debido a que la difusión y la sensibilización de la población respecto al conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes es muy importante para prevenir el trabajo infantil, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Estatal, diseñó y difundió la encuesta –¿Qué sabes del Trabajo Infantil?– donde se abordaron preguntas relacionadas al tema de trabajo infantil. Se tuvo una participaron 68 instancias gubernamentales, dando un total de mil 714 personas, esto con la finalidad de que se sensibilizará al personal de gobierno del estado y alcaldías municipales.

Participación en las reuniones del grupo de trabajo para le elaboración del protocolo de intervención interinstitucional: “Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros”.

En las sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral Estatal y Municipales, se trató en asuntos generales el tema y se derivaron compromisos para la difusión de la prohibición del trabajo, infantil, cada día 12 de mes, y la intervención ante los casos detectados en sus municipios.

Asimismo a través del Centro de Justicia Penal para Mujeres del estado de Hidalgo y del Instituto Hidalguense de las Mujeres se realizaron acciones relacionadas al tema de eliminar las causas del trabajo infantil, siendo las siguientes:

• Se cuenta con un programa de capacitación y difusión de la perspectiva de género y de derechos humanos, en el cual se plasma las actividades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres y en su caso hijas e hijos.

• Por tres años consecutivos se ha realizado la feria de Prevención de la Violencia de Genero desde la infancia en el marco del Día Naranja y del Día del Niño, fortaleciendo el trabajo en materia de prevención a través de actividades psicoeducativas, con temas específicos, sobre prevención de la violencia familiar, tipos y modalidades, promoción de valores, taller de escultura en plastilina, actividad de cuenta cuentos, concierto de rock y kermés. Todas las actividades se desarrollaron en coordinación con instituciones gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, incluyendo las letras de las canciones cantaron con perspectiva de género y derechos humanos.

• Se llevó a cabo la integración de un grupo focal de 25 niñas y niños de una escuela primaria para trabajar la serie radiofónica “Súper Justina en Acción”, diseñada por la Asociación Civil Mujeres en Frecuencia, con el acompañamiento técnico de Promoviendo la Justicia Projusticia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual busca fortalecer el conocimiento y ejercicio de derechos de niñas y niños, así como la convivencia pacífica en vínculo al acceso a la justicia, considerando los elementos que interactúan en el sistema de Justicia Penal Acusatorio.

• Elaboración de material para la difusión en redes sociales sobre ternas específicos (en el marco del día de las niñas y los niños, así como de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes).

En el Instituto Hidalguense de las Mujeres

• Brinda diversas conferencias, talleres y cine debate a hombres y mujeres con la finalidad de desmitificar los roles y estereotipas tradicionalmente asignados a las niñas y mujeres en relación a la división sexual, del trabajo y el acceso a sus oportunidades.

• Mediante los programas de becas para el fomento educativo para las mujeres Hidalguenses y becas para mujeres en regiones indígenas, se apoya a mujeres hidalguenses adolecentes que cursan el nivel medio superior, incluyendo a mujeres adolescentes en regiones indígenas. Con estos programas se ha contribuido a disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior en beneficio de las mujeres del estado de Hidalgo.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

• Coordina los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.

• Se realizó el foro-taller Planeación estratégica intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

• Se creó la campaña “No al Trabajo Infantil”.

• Se han realizado pláticas informativas con el tema: “Erradicación del Trabajo Infantil” en diferentes escuelas.

• Se han llevado a cabo mesas de trabajo y seguimiento con los integrantes de la comisión.

• Se tuvo participación con un módulo informativo sobre “Erradicación del Trabajo Infantil”, en las Ferias de Empleo y en la Cuarta Jornada “Familias por la Convivencia Escolar”.

• Se ha colaborado en las sesiones de la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar de la SEPH.

• Se participó en el Taller de Asesoría sobre las acciones a realizar para poner fin a todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

• La STPSH colabora como integrante del Sipinna Municipal de Pachuca, asistiendo a las sesiones ordinarias.

• Colocación de un módulo informativo sobre: “Erradicación del trabajo infantil”:

– Primera Feria Regional de empleo en el municipio de Pachuca;

– Sexta Feria Nacional de empleo en el municipio de Tula de Allende;

– Sexta Feria Nacional de empleo en el municipio de Tepeapulco;

– En la Feria de empleo dirigida a jóvenes, celebrada en el municipio de Pachuca.

– En la Feria de empleo dirigida a jóvenes, celebrada en el municipio de Tepeji del Río.

• Participación con un módulo informativo sobre “Erradicación del Trabajo Infantil” en la cuarta Jornada: “Familias por la Convivencia Escolar”, llevada a cabo en la secundaria número 70 de Minera de la Reforma.

• Exposición del Tema: “Labores peligrosas e insalubres para los adolescentes trabajadores en edad permitida”, en sesión de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Plática informativa sobre trata de personas y trabajo infantil en el marco del programa “Viernes de estancia para el personal de la Sedeco”.

• Reunión con los encargados de la implementación del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Pronim.

• Plática a representantes de asociaciones civiles y miembros de comités de contraloría social en presencia del delegado Víctor Hugo Velasco Orozco.

• Participación en la Feria Informativa contra la Trata de Personas con un stand, abordando el tema del trabajo infantil.

• Participación en la Feria de Apoyos y Servicios para Jornaleros Agrícolas con un stand informativo de trabajo infantil

• Coordinación de las mesas de trabajo celebradas para la revisión y aprobación de protocolo de intervención interinstitucional:” Trabajo infantil en semáforos y cruceros”.

Secretaría de Finanzas Públicas

• Coadyuvará en acciones preventivas en los centros Pamar del Sistema DIF Hidalgo, mediante el diálogo y el acercamiento de experiencias en temas de interés de las niñas; niños y adolescentes en riesgo, con lo que se favorezca el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, la asertividad, la inteligencia emocional y en consecuencia la adecuada toma de decisiones que fortalezcan su calidad de vida.

• A partir del 12 de junio del actual se ha iniciado una concientización con el personal de la Secretaría, a través de actividades que sensibilicen.

Secretaría de Salud

• Elaboración y difusión de una campaña de sensibilización social sobre los riesgos a la salud de niñas, niños y adolescentes que ocasiona el trabajo infantil. La campaña contempló 1 infografía, 1 postal, 2 plecas y un spot de radio

• Establecer el proceso de atención a niñas, niños y adolescentes que son referidos de las diferentes instancias o instituciones que detectan acciones de trabajo infantil.

• Difusión de información sobre prevención de riesgos, prevención y erradicación del trabajo infantil en las sesiones del Comité de Mortalidad Infantil y del Grupo de Atención Integral al Adolescente al personal de salud.

Secretaría de Cultura

De forma permanente en las redes sociales de la Secretaría se realiza:

• Difusión de imágenes para reforzar la campaña para la erradicación del trabajo infantil.

Asimismo como resultado de la publicación de la convocatoria “apoyo a la producción de artes escénicas dirigidas al público infantil” se llevan a cabo las puestas en escena “Lágrimas de agua dulce” y “Ladrones del tiempo”. Puestas en escena con contenido enfocado al tema de la erradicación del trabajo infantil otorgada al publicó en general.

Función de teatro: “El Principito” en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, de Pachuca de Soto.

45 función de teatro escolar MOBY: Poeta-Ballena, en los municipios de Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Zapotlán de Juárez, Zempoala, Tulancingo de Bravo, Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Epazoyucan.

2 Funciones de teatro: “La Princesa”, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, y en el estado de Aguascalientes.

Cabe destacar que el total de personas asistentes a las funciones mencionadas es de 4554,

Impartición del Taller de artes visuales para niñas y niños en el municipio de Ixmiquilpan.

Impartición del Taller de Teatro Infantil en el municipio de Pachuca de Soto. Se contó con un total de 59 personas que acudieron a dichos talleres.

Narración oral cuentos tradicionales del Valle del Mezquital a la que acudieron un total de 293 personas.

Secretaría de Turismo

De promoción permanente de la campaña: “No al trabajo infantil”.

Durante el presente ejercicio fiscal se impartieron 32 cursos de sensibilización sobre el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, en los municipios de Huasca de Ocampo, Pachuca de Soto, Mineral del Chico y Tecozautla, contando con un total de 537 participantes.

Oficialía Mayor

Durante el presente ejercicio fiscal y atendiendo las disposiciones legales, no se contrató a ningún menor de edad para el desempeño del servicio público.

Secretaría de Desarrollo Económico

Promoción permanente de la campaña: “No al trabajo infantil, a través de banners y publicaciones conmemorativas.

De abril a la fecha se han realizado un total de 2086 publicaciones, mismas que han alcanzado 1861 réplicas.

A partir del mes de mayo se han incorporado un total de 4 talleres y pláticas de sensibilización dirigidas a niñas y niños de entre 4 y 13 años, a través del Programa: “Viernes de estancia para el personal de la Sedeco”, cuyo objetivo principal es apoyar a las y los trabajadores de nuestra dependencia con el cuidado de sus hijas e hijos, el último viernes de cada mes, debido a la suspensión de clases por el Consejo Técnico de la SEP.

• Taller riesgos del trabajo a temprana edad: alcance 40 niños y niñas de entre 3 y 13 años.

• Plática ¿Qué hacer si hay un niño o una niña en un semáforo trabajando?: alcance 22 niñas y niños de entre 4 y 12 años.

• Taller acoso escolar: alcance 15 niños y niñas de entre 6 y 12 años.

• Plática derechos de los niños y niñas: alcance 10 niños y niñas de entre 7 y 13 años.

Teniendo un total de 87 niños beneficiados.

Secretaría de Seguridad Pública

• La Secretaría de Seguridad Pública de manera periódica realizó publicaciones con la finalidad de sensibilizar y generar conciencia en la población para prevenir y erradicar el trabajo infantil. A través de su red social Facebook, asimismo, se difundieron los números de emergencia 9-1-1 y 089 Denuncia anónima.

• En lo referente a las cuentas de Prevención del delito Hidalgo (Facebook y Twitter) con la participación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana, a partir del 5 de marzo a la fecha, de manera periódica, se han publicado diversas imágenes y videos a fin de sensibilizar a la población respecto a la erradicación del trabajo infantil.

• Se realizan presentaciones en instituciones educativas y espacios públicos en el Estado, a través del proyecto “Domo Educativo”, en donde se hace una proyección de diversos videos o cortometrajes abordando las problemáticas sociales que laceran la seguridad y estabilidad de la población hidalguense, además de realizar actividades lúdicas con las que transmiten mensajes de autoprotección a niñas, niños y adolescentes en donde han participado estudiantes, padres de familia y personal docente.

Secretaría de Desarrollo Social

• Programa Atención a Migrantes se llevan a cabo dentro de las actividades del programa, platicas de sensibilización sobre la prevención del Trabajo Infantil con asesorías que otorguen a las familias de migrantes que se encuentran en el territorio estatal.

• Programa Fomento Artesanal se impulsa el tema de prevención del trabajo infantil y adolescentes en los procesos de capacitación que se brindan a los grupos de artesanos y artesanas, respecto a la no incorporación en los trabajos de producción y comercialización de sus productos para no limitar el sano desarrollo de sus hijos.

• Programa Atención a la Juventud Se impulsan acciones de prevención en jóvenes de edades entre los 12 y 16 años implementado campañas permanentes de difusión en los Centro de poder joven que se tienen en el estado para sensibilizar sobre la prevención del trabajo infantil y de la población adolescente.

Sistema DIF Hidalgo

Por lo que respecta a las direcciones dependientes del Sistema DIF Hidalgo, desde el ámbito de prevención las acciones son las siguientes:

• Diseño, reproducción y difusión de materiales informativos y de orientación sobre riesgos, causas y consecuencias del trabajo infantil.

• Campañas de sensibilización, información y orientación sobre el trabajo infantil.

• Implementación del manual de Scream (Estrategia Mundial de Prevención del Trabajo Infantil,) que se de-sarrolla en los centros PAMAR con niñas, niños y adolescentes.

Desde el ámbito de atención las acciones son las siguientes:

• Fortalecer habilidades para la vida en niñas, niños y adolescentes en centros PAMAR (Centros de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo).

• Otorgamiento de becas académicas y de capacitación, siendo requisito indispensable que estas se proporcionen de manera complementarias.

• Estudios, investigaciones de campo, diagnósticos, en todos los municipios que cuenten con centros PAMAR, con la finalidad de elaborar un censo de Población infantil Trabajadora y establecer estrategias de acción para cada municipio del estado Hidalgo, en particular sobre el trabajo infantil.

• Profesionalización del personal, lo cual se procura para cada responsable de centro PAMAR cuente con materiales e información suficiente para atender esta problemática.

Procuraduría General de Justicia

• Difusión de la campaña contra el trabajo infantil a través de pláticas de prevención a grupos vulnerables (adolescentes de nivel secundaria en el estado) con el tema de “Trata de personas y trabajo infantil”.

Delegación Sedesol Hidalgo

Previo al cambio de administración federal realizó las siguientes acciones:

• Programa Empleo Temporal participará como una de las alternativas para mitigar los efectos negativos del fenómeno de desempleo asociado a situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.

• Programa Seguro de vida para Jefas de Familia podrá afiliar a las madres de cada uno de los niños, niñas y adolescentes focalizadas en el tema, para que en caso de fallecer, ellos podrán contar con una beca e incorporarse al nivel escolar que les corresponda, los montos varían de acuerdo al grado y es totalmente gratuito.

• Programa de Estancias Infantiles otorga becas para niños y niñas de 1 a 3 años 11 meses, por lo que únicamente los interesados podrían incorporarse si cantaran con este rango de edad.

• Programa 3x1 para migrantes a través del programa se realizaran actividades deportivas en las escuelas que se han beneficiado con dicho programa en los últimos ejercicios fiscales con el tema “actividades deportivas en contra del trabajo infantil” (torneos de futbol interlocales por municipio).

Programa Jornaleros Agrícolas

• Realizar reuniones con personal de Pronim a efecto de poder llevar clases a niñas y niños hijos de jornaleros en un horario matutino con la finalidad de disuadir a los padres de llevarlos a los campos de cultivo.

• Asimismo, promover en la población jornalera el apoyo de becas a efecto de que al recibir un apoyo económico por la permanencia de sus hijos en las aulas, eviten el trabajo infantil recibiendo numerario para el sustento familiar.

• Dependiendo de la asignación presupuestal para el presente ejercicio fiscal, otorgar el apoyo de alimentación a hijos de jornaleros menores de 14 años.

• Difundir material de información acerca de la erradicación del trabajo infantil en albergues y unidades de trabajo.

• Realizar reuniones de trabajo con la población jornalera para concientizarlos de evitar el trabajo infantil.

Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más

• Otorgar pláticas sobre la erradicación del trabajo infantil por personal capacitado, así como entrega de folletería e información

• Difusión de información en físico acerca del tema en los 11 Centros de Atención Regional ubicados en el Estado y que atienden a los 84 municipios

• Difusión de folletería y aplicación de encuestas sobre el trabajo infantil en las visitas domiciliarias con el apoyo de los promotores UBA.

• Difusión de anuncios como carteles con información sobre el tema y los números telefónicos donde puedan denunciar esta situación, en lugares visibles en los Centros de Atención Regional.

• Difusión de información del tema de erradicación de trabajo infantil en las pláticas y actividades que se realizan con los beneficiarios del programa Pensión Para Adultos Mayores con el apoyo de la Red Social.

• Compartir folletería a los enlaces municipales acerca de ¿Qué es el Trabajo Infantil?

Programa Comedores Comunitarios

• Realizar pintas en bardas o paredes de los comedores comunitarios haciendo énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes para sensibilizar a los integrantes de las localidades beneficiadas con ese programa específicamente en ciertos municipios.

Programa Fomento a la Economía

• Difusión de material a los beneficiarios e interesados de este programa.

Programa Coinversión Social

• Difusión de información en cada uno de los municipios que cuenten con este programa acerca del combate del trabajo infantil.

Coparmex

• Difusión de información a los Empresarios afiliados a Coparmex Hidalgo, sobre el tema en cuestión.

• Creación y promoción de una campaña digital para la difusión entre sus asociados a través de sus canales de comunicación internos

• Creación y promoción de una campaña Digital para difundir entre la sociedad en general a través de sus canales de comunicación externos (Redes Sociales).

Consejo Coordinador Empresarial

• Derivado de la Campaña para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolecentes Trabajadores en Edad Permitida, el CCEH lanzó una campaña de concientización en redes sociales a través de la difusión de imágenes por semana en Facebook y Twitter para causar impacto en la sociedad hidalguense, trabajando en equipo con las cámaras empresariales y asociados para que estas imágenes fueran compartidas en sus redes.

Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun)

Apoyo en la convocatoria para la celebración de dos mesas de trabajo para la revisión del protocolo de intervención interinstitucional: “Trabajo infantil en semáforos y cruceros”, mismas que tuvieron lugar los días 4 de septiembre y 1 de octubre del año en curso, respectivamente.

Federación de Trabajadores del Estado de Hidalgo CTM

En las visitas realizadas a las empresas adheridas a la central obrera se dialoga para sensibilizar y concientizar a los empleadores sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil y respetar los derechos de los niños.

Se gestionó con directivos de algunas empresas para que se hiciera la entrega de becas y estímulos económicos a los hijos de los trabajadores con buen aprovechamiento escolar, estimulando con esto la continuación de sus actividades educativas alejándolos de la deserción escolar y del trabajo infantil.»

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«Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Colima.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a su oficio número D.G:P.L. 64-II-4-432, dirigido al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, en el cual se informa que, en sesión celebrada en fecha 14 de febrero del mes y año en curso, la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura aprobó el acuerdo en el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la STPS del gobierno federal y a sus homólogos en las 32 entidades federativas para que fortalezcan las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil; asimismo, se solicita manifieste las acciones que se implementarán durante la gestión en materia de trabajo infantil.

Sobre el particular me permito informarle que las acciones que se han implementado en la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida para el estado de Colima han sido positivas, enfocadas en prevenir y erradicar este fenómeno, para lo cual debo señalarle que, en particular, esta dependencia a mi cargo viene ejecutando acciones como la entrega de folletería desalentando el trabajo infantil, las inspecciones aleatorias a los centros de trabajo para corroborar que no se encuentran menores trabajando en edad prohibida o adolescentes en edad permitida realizando actividades que la legislación laboral prohíbe, así como operativos en donde se denuncia un hecho de menores trabajando, llevando a cabo reuniones de concientización a los empresarios, a través de los presidentes de las cámaras empresariales sobre este tema, aunadas a las que se emprendieron en años anteriores y cuyos resultados, de acuerdo con los datos del Inegi, a través de la ENDE y el Modulo de Trabajo Infantil, reflejan la disminución de niñas, niños y adolescentes trabajando en nuestro estado, del primero al quinto lugar para el año 2017.

No obstante, debo señalarle que, en breve, se llevará a cabo la primera reunión de trabajo del presente año de la recién reinstalada comisión, en la cual se les requerirá a las nuevas instituciones que la conforman, que nos informen las acciones que llevarán a cabo para prevenir y erradicar el trabajo, infantil y puedan formar parte del programa de trabajo 2019.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 4 de marzo de 2019.— Licenciado Vicente Reyna Pérez (rúbrica), secretario del Trabajo y Previsión Social de Colima.»

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«Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta.— Presente.

Por solicitud del licenciado Roberto Roux Maya, secretario particular del gobernador, me permito informarle que, en el marco del fortalecimiento para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, esta Secretaría realiza acciones, estrategias o programas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.

La Secretaría del Trabajo, mediante la Dirección de Inspección y Previsión Social, ejecuta el Programa de Inspección de Trabajo permanente en el estado con especial enfoque al trabajo infantil y trabajo adolescente permitido; los inspectores del Trabajo se encargan de vigilar que se cumplan sus derechos de acuerdo con los artículos 173, 174 y 175 de la Ley Federal del Trabajo, además de realizar inspecciones, capacitaciones y platicas informativas para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía; de igual manera, los interesados pueden presentarse a las oficinas de la Dirección o llamar al 01-800-821-2110.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 25 de febrero del 2019.— Maestra María Estela Chavira Martínez (rúbrica), secretaria del Trabajo, gobierno de Tamaulipas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Presidencia municipal de Tijuana, Baja California.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Después de saludarle, me permito acusar de recibido su oficio D.G.P.L. 64-II-I-0449, por el cual da a conocer el acuerdo de exhortar, entre otros, al gobierno municipal que encabezo, para que se haga valer el Estado de derecho, respetando los derechos humanos de todas las personas; nacionales y extranjeros.

El suscrito, en el ejercicio de mi función pública y bajo la investidura de presidente municipal, ha mantenido un discurso siempre apegado al respeto de los derechos humanos, en lo que concierne a los grupos en contexto de vulnerabilidad, de manera muy específica se ha visto reflejada nuestra actuación en hechos concretos en su favor.

Esta administración, encabezada por su servidor, concibe la movilidad de las personas no como un problema, sino como un fenómeno social que requiere la participación integral de las instituciones para procurar su bienestar y que alcancen, en la medida de lo posible, el mejoramiento de su condición humana.

Lo que informo para su conocimiento y los efectos que juzgue pertinentes. Sin más por el momento y reiterándome a sus órdenes, me despido.

Atentamente

Tijuana, Baja California, a 26 de febrero de 2019.— Licenciado Juan Manuel Gastelum Buenrostro (rúbrica), pesidente municipal de Tijuana, Baja California.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Secretaría de Desarrollo Social de Aguascalientes.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadosdel Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura.— Presente.

En respuesta de su atento oficio número DGPL 64-II-4-423, recibido en fecha 26 de febrero del año en curso, a través del cual solicita que sean revisados los programas sociales que apoyan a las madres jefas de familia, a fin de mejorar su bienestar, le informo que aunque los programas sociales con que cuenta esta dependencia no son exclusivos para el segmento de la población mencionado, 85 por ciento del padrón de beneficiarios de los programas corresponde a mujeres madres de familia, y el gobierno de Aguascalientes siempre da prioridad a las que desempeñan el papel de jefas de familia, debido al compromiso que se tiene en mejorar la calidad de vida de las familias cuya manutención y cuidado de los hijos recae en uno de los padres.

Agradezco de antemano la atención que se sirva disponer al presente, y aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la seguridad de mis respetos.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 12 de marzo de 2019.— Ingeniero Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica), secretario de Desarrollo Social.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Banco de México.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Nos referirnos al oficio número D.G.P.L. 64-II-3-323 de fecha 23 de enero de 2019, correspondiente al expediente número 28, mediante el cual el secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instalada durante el más reciente receso del honorable Congreso de la Unión, hace del conocimiento de este Instituto Central el acuerdo aprobado por esa Comisión Permanente en sesión de esa misma fecha, que señala lo siguiente:

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, solicita al Banco de México informe a esta soberanía sobre las medidas que haya establecido en los sistemas de pago bajo su regulación, con el propósito de controlar los riesgos derivados de las operaciones con aquellas personas dedicadas a realizar actividades vulnerables con activos virtuales, en términos de la legislación aplicable.”

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo., 2o., 3o., fracción I, y 47, fracción I, de la Ley del Banco de México, así como 1o.,4o., 8o., párrafos primero, segundo y tercero, 12 y 14 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, en anexo al presente oficio, remitimos a usted el informe elaborado por este Instituto Central para dar debida atención al punto de acuerdo citado.

Sin otro asunto que tratar, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, 5 de abril de 2019.— Maestro José Jaime Cortina Morfín (rúbrica), director general de Operaciones y Sistemas de Pagos; maestro Luis Urrutia Corral (rúbrica), director general jurídico.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

«Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

El suscrito, senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 , fracción I, 164, numerales 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Consejo Nacional de Población refiere que en nuestro país residen 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11 por ciento del total de la población nacional. Según proyecciones estadísticas para el año 2035, el número de adultos mayores será igual al de niños y se espera que para el 2050 conformen más del 20 por ciento de la población total.

Las personas mayores constituyen uno de los sectores más vulnerados en sus derechos, la pobreza es el problema más apremiante para su bienestar, la inseguridad de sus ingresos es uno de los problemas más críticos relacionados con los derechos humanos a que se enfrenta cada día un gran número de personas mayores.

Las personas de edad avanzada se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo estable y bien remunerado, así como al acceso a una pensión digna, lo que vulnera otros de sus derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y familiar, pues son una población que termina condicionada por las formas en cómo las familias asumen su manutención y bienestar.

Cifras oficiales permiten observar que el universo de personas mayores que tienen acceso a una pensión contributiva es pequeño. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral y su inserción en condiciones precarias llevan a que la proporción de mujeres pensionadas sea aún menor que la de los hombres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2013, sólo una cuarta parte de las personas mayores cuentan con una pensión contributiva (26.1 por ciento).

Para 2017 la institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 72.9 por ciento; le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.

Pese a que originalmente la pensión fue considerada como un derecho y como el canal natural para preservar la dignidad durante la vejez, el sistema de pensiones contributivas en México dista mucho de ofrecer una cuantía de pensión que permita a los trabajadores tener una vida digna al final de su ciclo laboral.

A partir de febrero de 2010 las personas que reciben sus pensiones por parte del IMSS vieron disminuidos sus ingresos, debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó a este instituto de seguridad social que les retuviera el impuesto sobre la renta a aquellas personas cuya pensión excedía de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, retención que anteriormente no se realizaba por problemas de operatividad de la disposición.

Este hecho mermó la calidad de vida de los adultos mayores, quienes ya de por sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, no se debe perder de vista que el 26 por ciento de las personas mayores presentan alguna discapacidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mientras que el 36 por ciento tienen limitaciones relacionadas con su movilidad, y el 9 por ciento presenta algún tipo de trastorno cognitivo no demencia.

El referido deterioro funcional debido a la edad avanzada afecta la salud y la calidad de vida de las personas mayores, lo que incrementa las posibilidades de requerir de un cuidador, así como de atención médica, estudios y medicamentos especializados, que en ocasiones no son proporcionados por las instituciones de seguridad social y cuyos costos ya de por sí son difíciles de cubrir por un adulto mayor, y se harán más difíciles de cubrir con el gravado del impuesto sobre la renta a sus pensiones, y la disminución de la cuantía de las exención debido a la cuantificación de las mismas en términos de unidad de medida y actualización.

Esta política emprendida durante los gobiernos neoliberales de gravar las pensiones contributivas fue considerada por la sociedad mexicana una política tributaria inequitativa y equivocada, en virtud de que, durante toda su vida laboral, los trabajadores ya contribuyeron a los gastos de la hacienda pública, pagando puntualmente sus impuestos y contribuyendo con su trabajo al producto interno bruto de nuestro país.

Al ser la pensión producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante su vida laboral activa, no debería estar sujeta al cobro de impuestos, porque no es fuente de capital, rendimientos o de intereses, sino de montos constitutivos pensionarios que se dieron durante el periodo activo del trabajador.

Históricamente el Partido del Trabajo se ha opuesto a que debido a la insuficiencia tributaria del Estado se afecten las pensiones y jubilaciones de una población que durante todos los años de su vida laboral contribuyeron a edificar este país mediante el pago de sus impuestos, por ello, en 2010 en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para que se elevara de 9 a 25 veces el salario o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la renta para las personas jubiladas.

El tope propuesto de 25 salarios mínimos se debía a que éste es el tope máximo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas se pensionen. La iniciativa presentada en su momento por nuestro compañero diputado buscaba restaurar la equidad y la justicia social a aquellas mujeres y hombres que le brindaron tanto a México durante su vida laboral, sin perder de vista que estas mujeres y hombres, siendo pensionados o jubilados, continúan contribuyendo a la hacienda pública mediante el pago del impuesto predial, impuestos al consumo y demás pagos por derechos y aprovechamientos.

La Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar esta iniciativa para exentar del pago del impuesto sobre la renta a los pensionados que ganan hasta 25 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, sin embargo, el Senado de la República disminuyó dicha exención a 15 salarios mínimos, por el costo fiscal que representaría para la hacienda pública.

Esta decisión tomada por el Senado de la República en dos mil doce se preocupó más por cuidar al fisco que por hacer justicia social a los adultos mayores.

Mucho se argumentó señalando que exentar del pago por impuesto sobre la renta a pensionados que percibían más de 15 salarios mínimos beneficiaba a un segmento no mayor al 3 por ciento de los pensionados por las instituciones de seguridad social pública, sin embargo, se les olvidó señalar a los entonces legisladores que los pensionados que cobran de entre 15 hasta 25 salarios mínimos, fueron trabajadores que en su vida laboral activa pagaron las mayores tasas del impuesto sobre la renta, por lo que aportaron la mayor parte del porcentaje recaudado por este impuesto a nuestro país.

Teniendo presente que fue una injusticia social contra los adultos mayores no haber exentado hasta en 25 salarios el pago del impuesto sobre la renta, la presente iniciativa de ley tiene por objetivo elevar de 15 a 25 veces la exención del ingreso, que deberá quedar dispensado de la aplicación del impuesto sobre la renta para los pensionados y jubilados.

Las personas mayores que viven de pensiones de hasta 25 salarios mínimos no deben confundirse con grandes empresarios o funcionarios públicos que viven de regímenes de excepción, como en su momento lo fueron los expresidentes de México, los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los altos funcionarios del Banco de México y de la Banca de Desarrollo, cuyas pensiones superan los cien mil pesos, se trata de apoyar a extrabajadores cuyas pensiones fueron producto del trabajo de toda una vida y cuyo ingreso constituye su única fuente de subsistencia.

En México las pensiones son de las más bajas del mundo. Un jubilado apenas si se retirará con el equivalente al 37 por ciento de su salario y debe de utilizar un buen porcentaje se sus ingresos para la compra de medicamentos, ya que como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, México es uno de los países que más gasta en medicinas por el desabasto de medicamentos y porque los servicios de salud son insuficientes.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que en enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Esta reforma estableció que el salario mínimo dejaría de ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, por lo que a partir de ese momento todas las menciones en la leyes al salario mínimo como unidad de cuenta se referirán a la unidad de medida y actualización, la que de conformidad con su normatividad es establecida por el Inegi.

Bajo ese contexto todas las obligaciones y supuestos previstos en las leyes fiscales tales como montos de deducción, exenciones, multas, derechos, o cualquier otro, referidos al salario mínimo, se entendieron referidas a la unidad de medida y actualización, lo que impactó negativamente en la normatividad que regula las exenciones de los pensionados.

Con esta legislación el monto que debe quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la renta para las personas jubiladas tiene un incremento menor al incremento que los jubilados tienen en el monto de sus pensiones, ya que el valor de la unidad de medida y actualización es inferior al monto del salario mínimo, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Grupos de pensionados se han manifestado en contra de esta reducción en sus exenciones, producto del cambio en la unidad de cuenta, ya que muchos de ellos ­en su calidad de trabajadores, pactaron con su patrón para que sus prestaciones de seguridad social, incluyendo su pensión, fuera determinada y pagada en montos de salarios mínimos por así haberse acordado entre particulares en sus contratos colectivos o individuales de trabajo, por lo que la determinación de la exención en términos de la unidad de medida y actualización, representa una disminución en el monto de sus exenciones.

Es importante destacar que esta disminución en el monto de las exenciones para pensionados se hará más evidente para el bolsillo de los pensionados cada año, por la separación entre el valor del salario mínimo y la unidad de medida y actualización, por ello también se considera necesario que se eleve de 15 a 25 veces la unidad de medida o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la renta para las personas jubiladas.

No hay duda de que la crisis económica, la carestía, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el cobro de mayores impuestos, durante los gobiernos neoliberales agudizó la vulnerabilidad de las personas mayores. El haber gravado las pensiones para incrementar los ingresos públicos con contribuyentes cautivos, frente a las grandes condonaciones de impuestos a sectores empresariales que se realizaron en las administraciones pasadas, fue un acto de injusticia e inequidad.

La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores y los grandes retos epidemiológicos que presenta el envejecimiento de la población hacen necesario que el Estado mexicano se replantee la forma de acercarse a la población adulta mayor.

El Poder Legislativo tiene la imperativa tarea de diseñar un nuevo marco normativo que sea capaz de ayudar a crear condiciones que permitan que los adultos mayores mejoren su calidad de vida, el aumentar el monto de la exención del pago del impuesto sobre la renta para los pensionados es una forma de contribuir a lograr una equidad real y material.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

I. a III. ...

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de veinticinco veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

V. a XXIX. ...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Se debe tener en cuenta que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo abarcó exclusivamente las referencias al salario mínimo utilizadas por las leyes, pero no tiene impacto en los acuerdos celebrados entre particulares. Guízar, A. y Maldonado, R. El marco normativo de la UMA y su aplicación en el artículo 93 de la Ley del ISR. Recuperado el 21 de marzo de 2019 de

https://www.ccpm.org.mx/avisos/marco-normativo-de-la-UMA-y-su-aplicaciom-consul torio-fiscal-marzo-2017.pdf

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2019.— Senador Joel Padilla Peña (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto dedecreto por el que se reforma el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión del Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, Desplazamiento Forzado Interno, al Título Décimo Octavo y se adiciona y artículo 287 Bis al Código Penal Federal.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo.

La diputada Rocío Barrera Badillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el día de hoy la Comisión de Gobernación y Población somete a su consideración un proyecto que busca ampliar la certeza jurídica de los gobernados y perfeccionar nuestro marco jurídico electoral.

En lo que hace al artículo 456, se busca incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes.

En lo tocante al artículo 457, se dispone que sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven.

Siendo en el caso de estas últimas, obligatorio presentar las denuncias o querellas conducentes ante el agente del Ministerio Público o autoridad administrativa competente.

Lo anterior resulta de trascendencia para nuestro entramado jurídico, en virtud de que fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo efectivamente sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales.

La norma electoral prevé actualmente un mecanismo de imposición de responsabilidades y ha superado en otros ordenamientos, como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues dispone que la imposición de tales sanciones depende exclusivamente del superior jerárquico del servidor público que comete la infracción, el cual al advertir un hecho probablemente constitutivo de delito o de responsabilidad administrativa se limitará a dar vista a la autoridad correspondiente.

Esto resulta a todas luces dañino a la noción misma de la justicia, pues siendo el caso que por razón del ejercicio de sus funciones el servidor público advierta un ilícito se encuentre en la obligación ética y legal de denunciar, más aún, cuando cuenta con elementos probatorios que permitirán la adecuada integración de una carpeta de investigación o un expediente administrativo.

Al no existir responsabilidad respecto de los casos en que se determine o no presente las denuncias correspondientes o únicamente dar o no vista a la autoridad, la ley vigente tolera la impunidad. Esto es un hecho que con el dictamen que ponemos a su consideración se revierte estableciendo mecanismos que fortalecen la cultura de la legalidad.

Ahora bien, que en 2015 una reforma constitucional perfeccionó el sistema de determinación de responsabilidades y que dicha reforma constitucional fue reglamentada en 2016.

Podemos observar que lo que entonces se estableció fue un cambio de paradigma, en el que el elemento nodal de tal sistema de responsabilidades no consistió únicamente en el establecimiento de nuevas posibilidades sancionatorias sino en la identificación de los responsables de sancionar, estableciendo la obligación, hoy básica, de todo servidor público de denunciar ante la autoridad competente los hechos probablemente violatorios de la ley.

Esto entraña la autonomía de los procedimientos iniciados contra el probable responsable en una materia, como el electoral y el daño en otra, como es la civil. La penal o la administrativa pueden causar los mismos hechos.

Es independiente y no implica ser juzgado dos veces por la misma cosa. Deja de ser accesoria a la previa determinación de culpabilidad de la persona física que materializó los actos. Por lo tanto, no es correcto aducir el principio jurídico non bis in ídem, en este particular.

Asimismo, dentro de una lógica de diseño democrático se busca que los servidores públicos mantengan principios tales como honestidad, integridad e imparcialidad. Tales conductas deben ser efectivamente sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad.

En contraste, los resultados en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral nos dejan ver que las sanciones actualmente aplicadas no son exiguas y en muchos casos no trascienden más que en una amonestación pública y en otros casos se aplican criterios de oportunidad para no sancionar.

Ello justifica por sí sola la procedencia de la reforma al artículo 457 pues, en efecto, es obligación y no potestad del superior jurídico procurar la determinación de responsabilidades cuando hubiera lugar a ellas.

De ahí que se estima conducente la visión de que obligatoriamente se deberán presentar las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. Agradezco su atención, es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Agradezco también la atención de los pocos diputados que realmente la escucharon.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista de México. Y ruego de nuevo a las señoras diputadas y diputados se sirvan tomar asiento y escuchar a sus compañeros, por favor.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos. El artículo 134 de nuestra Constitución regula la forma en que un servidor público, de cualquier nivel, debe ejercer su encargo en lo que toca a su conducta, al manejo de recursos y, sobre todo, a la difusión de propaganda personalizada.

Lo anterior se traduce de forma particular en lo siguiente. Respecto de su conducta, un servidor tiene la obligación de ser imparcial, pues presta servicios a todos y no exclusivamente a aquellos que militen en su partido. Violar esta disposición solo trae como consecuencia que el INE dé vista al Congreso federal o local, o al superior jerárquico para efectos de determinar una posible responsabilidad.

En la historia de este país los Congresos locales se han pronunciado amonestando en una sola ocasión, en Veracruz. La sanción no fue representativa y fue más bien una estrategia para concluir el proceso legal.

Respecto al uso de recursos públicos el servidor público tiene en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Los recursos de que habla este artículo deben ser entendidos también como los programas sociales. Nunca en la historia de este país se ha sancionado el uso de recursos públicos con fines electorales ni en materia administrativa ni en materia penal con la Fepade. Solo el Congreso en Nayarit estableció una sanción de inhabilitación a un exgobernador.

Finalmente, la propaganda gubernamental que se emita deberá contener fines institucionales y estar exenta de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Al respecto, y al igual que con la violación al principio de imparcialidad, este tema se manda al Congreso federal o local para determinar responsabilidad. Y esta conducta nunca ha sido sancionada ni ha sido objeto de algún extrañamiento.

En otras palabras, las violaciones a la ley por parte de servidores públicos acaban resolviéndose prevaleciendo la solución política sobre la legal. Y precisamente por eso el Partido Verde estará a favor del presente dictamen.

Esta reforma que se propone busca que el INE tenga facultades para sancionar las tres conductas previstas por el artículo 134 constitucional para los servidores públicos, reconociendo un agravante en lo que tiene que ver con la coacción o la presión a los electores.

Esta reforma significa un avance para lograr una verdadera equidad en la contienda, sin embargo, esta disposición puede perder eficacia si analizamos los criterios que en la materia ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral, haciendo prácticamente imposible aplicar la letra de la ley, en virtud de criterios garantistas que establecen parámetros de valoración de pruebas desproporcionados, que generan impunidad y una notoria inequidad en la contienda electoral.

Que sirva esta reforma para abrir el debate sobre la equidad de la contienda y los mecanismos con los que contamos para garantizarla. Debatamos sobre los recursos públicos que recibe un partido, pero también de la forma en que gasta el INE. Debatamos si los criterios de interpretación garantista han fomentado una verdadera equidad en la contienda o, por el contrario, han generado impunidad y vacíos.

En México, prácticamente todas las fuerzas políticas han gobernado y puedo asegurar que el mexicano sabe para lo que sirve su voto, por ello es obligación de esta asamblea crear el marco normativo necesario para tener procesos electorales con más certeza, alejados de polémicas y alejados de omisiones de la autoridad en busca de que los resultados los legitimen.

Finalmente, quiero felicitar a Pablo Gómez por esta iniciativa, durante tres años debatimos este tema en la mesa del Consejo General del IFE y desde entonces el argumento para no sancionar era que no existían facultades expresas para ello, hoy este tema se corrige. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:Con su venia, diputado presidente. Ha sido y es una razón de la representación del Partido de la Revolución Democrática, luchar de manera permanente en el manejo higiénico y propicio de los recursos públicos, a fin de que haya responsabilidades en el servidor público que malversa, mal usa y de forma poco higiénica usa los recursos para cuestiones de tipo electoral, esa ha sido la historia de lucha y una de las razones primeras del Partido de la Revolución Democrática.

Y también sancionar la conducta, porque hemos dicho en varias ocasiones desde esta tribuna que conducta nociva en el uso de los recursos públicos sin sanción es simulación, compañeros.

El PRD se une a esta propuesta porque es parte de la responsabilidad histórica que tenemos, y particularmente esta legislatura, de llevar a cabo acciones contundentes y firmes en el uso de los recursos y que no solamente sea uso sino abuso, como hemos visto en otras ocasiones. Por supuesto que el Instituto Nacional Electoral deberá ser parte de esta responsabilidad.

Utilizar el recurso público de manera insalubre ha sido una constante de todos los gobiernos en este país, pero no solamente, compañeros, de los gobiernos federales, sino de los gobiernos estatales y municipales. Eso es lo que buscamos erradicar.

Bienvenida desde el Partido de la Revolución Democrática esta iniciativa que, como he dicho y repito, su cuna ha sido el Partido de la Revolución Democrática.

Esto incluirá, compañeros, el uso del recurso público también por supuesto en la propaganda electoral, porque hemos visto una y otra vez cómo el servidor público no solamente abusa, sino esconde evidencia con una serie de complicidades que terminan por dejar a la ciudadanía una escuela y una forma insalubre de ganar elecciones.

Es nuestra exigencia desde el partido, y hoy nos unimos a esta iniciativa, de que parte de la pedagogía que tiene que recibir la ciudadanía, el mejor ejemplo se lo debe dar el servidor y el servicio público con esta mística que ha dado ejemplo en muy pocas ocasiones, y en otras ocasiones ha dado pésimos ejemplos.

Por ello, en muchas ocasiones, en este país se buscan personas con recursos públicos y en ocasiones, compañeros y compañeras, no conocemos y no se conoce el origen de esos recursos, y también tendríamos que estar transparentando el origen en muchas ocasiones no solamente del recurso público, sino recursos que nadie conoce su origen y que son, digamos, por decirlo bajo, de dudosa procedencia.

El PRD entonces se une con mucha convicción de que podamos construir una democracia real con transparencia y que la ciudadanía tenga también esa garantía.

El Consejo General del INE, yo no tengo ninguna duda, compañeras y compañeros, de que cumplirá su papel y retomará este argumento. La democracia debe ser, con un elemento sin cuestionar, un recurso público que venga exclusivamente de los órganos y no del erario y nunca más un recurso público del crimen organizado u otros orígenes que desconocemos.

Nos unimos como Partido de la Revolución Democrática, a esta iniciativa presentada hoy por Pablo Gómez. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio López, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González:Con su venia, señor presidente. El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que hoy discutimos y que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene como fin eliminar un vacío legal que hasta el día de hoy existe en la legislación electoral de nuestro país, lo anterior debido a que si bien la porción normativa vigente y materia de este dictamen hace alusión a diversos actores y organizaciones relacionadas con materia electoral en relación a sanciones que se deben aplicar ante la comisión de una determinada infracción, la figura de servidor público había sido omitida en el catálogo, lo cual le permitía realizar acciones al margen de la ley que perjudican el desarrollo de un proceso electoral en perjuicio de la democracia general.

Para Movimiento Ciudadano, si un derecho no es para todos, no es un derecho. Y de igual manera si una sanción no contempla a todos los que de alguna manera pueden ser beneficiados por esta situación, la ley es incompleta.

Así entonces, consideramos que los servidores públicos se han visto beneficiados durante años de esta laguna jurídica en perjuicio de los ciudadanos al utilizar no solo su posición dentro del gobierno en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, sino los recursos materiales, humanos y económicos que no son de su propiedad pero que utilizan en ocasiones, de manera burda y reiterativa para beneficiar a su preferencia electoral, es decir, una sola persona beneficia a una sola clase política.

Por otro lado, sabemos que presentar las denuncias al Ministerio Público es de vital importancia para la impartición de justicia, y que si bien eso estaba contemplado en la porción normativa de referencia no tenía el carácter de obligatoriedad para el superior jerárquico que tuviera conocimiento de la comisión de una infracción a la normativa electoral o de algún tipo de delito.

Esto es precisamente lo que esta reforma viene a solventar, ya que no dependerá de la decisión subjetiva del superior jerárquico el hacer conocimiento al Ministerio Público, la conducta ilegal llevada a cabo por el servidor público con la cual dotará de transparencia, pero sobre todo, asegurará la legalidad del superior jerárquico para cumplir y hacer cumplir la ley.

Por último, consideramos que toda ley no solo es perfectible, sino que debe actualizarse constantemente al corregir errores que al momento contienen algo que se hace precisamente con este dictamen, lo cual ayudará a todos los involucrados ya sea de menor o mayor grado en los procesos electorales que se apega a la ley y en caso de infringirla sea sancionado de acuerdo al delito cometido, sin menoscabo a la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la salvaguarda de los derechos político–electorales son de suma importancia para una adecuada democratización de los procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país.

Por tal motivo, votaremos a favor de esas reformas, y aprovechamos la oportunidad para dejar en claro que en mi grupo parlamentario apoyaremos toda reforma que perfeccione el marco jurídico nacional venga de quien venga la propuesta. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago González Soto:Con la venia de la presidencia. Buenas tardes. Acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar al favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población, por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Estos artículos forman parte del Libro Octavo, cuya denominación es “De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno”, y forman parte del Título Primero, cuyo encabezado es “De las Faltas Electorales y su Sanción”.

Es necesario destacar que, por muchos años, la sociedad mexicana demandó a las autoridades gubernamentales la realización de procesos electorales limpios, imparciales y sujetos a lo que la norma electoral establecía. No olvidamos las fraudulentas elecciones del año 88 ni tampoco las de 2006.

En el periodo del presidencialismo, presidencialismo autoritario que comprende de 1929 al año de 1994, las elecciones en México fueron elecciones de Estado, esto es, donde no había imparcialidad de las autoridades de los tres órganos de gobierno, ya que se volcaba todo el apoyo en favor de todos los candidatos del entonces conocido partido oficial, de tal forma, que los candidatos de los partidos de oposición participábamos en clara desventaja respecto de los otros candidatos.

Con la alternancia del año 2000 las cosas mejoraron, pero no hubo solución de raíz en virtud de que si bien es cierto el partido mayoritario perdió capacidad de operación desde el gobierno federal, la mantuvo en muchos gobiernos de los estados y de los ayuntamientos y también porque aparecieron nuevos actores que incurrieron con las mismas prácticas después de ese año de la transición.

A partir de la gran revolución cívica llevada el pasado primero de julio del año 2018, donde desde el gobierno federal se ha asumido el pleno compromiso de mantenerse en una clara neutralidad política a efecto de que quien resulte ganador en una contienda electoral lo sea porque convenció al pueblo con su propuesta política, y no porque se hayan volcado los recursos del Estado en favor de dicho candidato.

No obstante que, como se menciona en el cuerpo del dictamen, desde la legislación electoral de 1946 hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de mayo de 2014, se han previsto sanciones administrativas en contra de quienes violen la ley reglamentaria, lo que es que estas no se aplican.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en el artículo 456, la adición de un inciso j), que se refiere a la incursión de los servidores públicos como sujetos de sanción administrativa aplicada por el Instituto Nacional Electoral.

Es pertinente mencionar que los sujetos de responsabilidad a las sanciones administrativas son, en primer lugar, los partidos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los notarios públicos, entre otros que se establecen en el artículo 442 de esta ley. Pero no se incluían a los servidores públicos.

El mérito de este artículo 456 de la adición del inciso j), es la inclusión expresa de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, de cualquiera de los niveles políticos, e inclusive de los órganos autónomos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en el que se hayan ahora hasta multas de 5 mil unidades de medidas de actualización, en el supuesto de que se utilicen recursos públicos para la presión o coacción a los electores para inducir el sentido del voto, con multa de entre 5 mil a 10 mil unidades de medida y actualización, y en el supuesto de reincidencia con multa de hasta el doble de la originalmente impuesta.

En el artículo 57 se establece que sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente. ¿Quién en estos momentos es el superior jerárquico de un alcalde o de un gobernador? Es como sociedad que en este momento el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos que efectivamente todos los votos sean libremente emitidos y que cuenten y se cuenten bien. Sin lugar a dudas contribuiremos a perfeccionar nuestro sistema democrático.

Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Eudoxio Morales Flores, del Partido Encuentro Social.

El diputado Eudoxio Morales Flores:Posicionamiento de la reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con su permiso, señor presidente. Honorable pleno, es un sistema plenamente democrático, el voto representa la expresión de la voluntad más emblemática de la participación ciudadana para realizar grandes cambios en materia social, política, económica y cultural.

Por ello, es responsabilidad de los órganos del Estado y de los ciudadanos defender, garantizar que el voto sea de calidad. Es decir, que su emisión se realice mediante la decisión personal, libre y secreta.

En este sentido, los principios que debe hacer valer la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios fortalecerán los principios de equidad y neutralidad de la competencia electoral, con la finalidad de que los comicios se desarrollen en un ambiente plenamente democrático, sin ningún sesgo de corrupción o coacción, como actualmente hoy se da.

Por tal motivo, es un tema muy delicado que a través de los órganos del Estado y, sobre todo, que los servidores públicos federales, estatales y municipales promuevan y beneficien a candidatos y partidos políticos, con la finalidad de favorecer el día de la elección como hoy, diríamos, existe.

Esto corrompe el voto de los ciudadanos, la equidad y la neutralidad de una elección, lo cual daña la credibilidad social, la democracia electoral y vulnera, sobre todo, el Estado de derecho.

Por tal motivo, es necesario acabar con las prácticas que por décadas han secuestrado al voto de los ciudadanos, a través de prácticas clientelares, violencia y coacción, siendo los servidores públicos los principales operadores de tan lamentables prácticas que deben ser superadas.

Ante este escenario, Encuentro Social ha acompañado a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reforma constitucional al artículo 19, donde se ha tipificado como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.

Consecuentemente, en esta reforma constitucional es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico, para evitar y sancionar a los servidores públicos que pretendan o puedan utilizar para coaccionar el voto de los ciudadanos.

En este sentido, en Encuentro Social acompaña la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque estamos de acuerdo con incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que puedan ser acreedores a una sanción por trasgredir las leyes electorales, particularmente el que hacen uso de los recursos públicos. Incluso yo diría no solamente de los recursos públicos, de los recursos privados, incluso del lavado de dinero.

Estas sanciones serán de manera gradual, es decir, desde una amonestación pública a sanciones pecuniarias de 5 y 10 mil unidades de medida de actualización o el doble de estos montos si hay reincidencia.

También coincidimos con esta modificación porque estable que los servidores públicos, sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan, podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales. Y el caso de estas últimas será obligatorio para el superior jerárquico presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público, situación que no sucede actualmente de manera vigente. Esto con la finalidad de evitar que los cargos públicos sean utilizados para coaccionar o inducir el voto de los ciudadanos en procesos electorales.

Cabe señalar que esta reforma se armoniza con lo dispuesto con el artículo 134 constitucional, párrafos octavo y noveno, de los cuales mandata la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral. Es decir, tienen prohibido los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno, desviar dinero con la finalidad de coaccionar el voto y difundir propaganda electoral que rompe el principio de la neutralidad de la elección.

Por ello, Encuentro Social de manera permanente fortalecerá el sistema electoral mexicano donde impere la ética, la equidad, la legalidad y la imparcialidad para que las elecciones sean libres, auténticas y democráticas, donde la responsabilidad de los servidores públicos sea salvaguardar en todo momento la neutralidad de los procesos electorales en este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del PRI.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La legislación electoral mexicana es una de las más robustas del mundo, contamos con reglas claras que permiten garantizar una democracia sólida que se sustenta en la edición libre de los ciudadanos.

A fin de garantizar el buen ejercicio del sistema democrático se prevén sanciones administrativas o penales que castigan la violación a los principios de equidad, y en las contiendas electorales el uso de recursos públicos en los procesos, la corrupción y otras conductas que vulneran el libre ejercicio del derecho al voto libre y secreto.

Lamentablemente, cada vez existen más mecanismos sofisticados que pretenden vulnerar las elecciones. De ahí que las leyes en la materia requieran reformarse, a fin de hacer frente a estas conductas.

Por ello, es que este dictamen que discutimos cobra una enorme relevancia. La reforma que se plantea a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales parte de la necesidad de crear mecanismos de sanción para aquellos servidores públicos que vulneran el principio de equidad en la contienda electoral, a partir del uso de recursos públicos para campañas electorales.

Este texto hace especial énfasis en la necesidad de sancionar a aquellos servidores públicos o funcionarios que actualmente no son castigados cuando cometen actos de corrupción en materia electoral.

Por ello, se modifican los artículos 456 y 457, con el objetivo de establecer la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral sancione, multe a funcionarios, entre los que se prevén también aquellos que ostentan un cargo de elección popular cuando realizan actos de propaganda en favor de un partido o candidato, que utilizan recursos públicos o violentan de cualquier manera la democracia mexicana.

Esta modificación establece un sistema de blindaje electoral que busca garantizar la libertad del voto, se endurece el sistema de responsabilidades y se genera una mayor certeza.

Compañeras y compañeros legisladores, uno de los logros más importantes del país ha sido la consolidación de un sistema democrático que se fundamenta en elecciones libres. Debemos garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, para que sean los mexicanos quienes elijan de manera libre a sus gobernantes.

El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, porque con la reforma a las responsabilidades administrativas en materia electoral creamos un nuevo mecanismo de sanción que fortalece todavía más los principios fundamentales de la democracia.

Son los mexicanos, compañeros, quienes eligen a sus gobernantes y no podemos permitir de ninguna manera que ninguna persona, sin importar su cargo, su jerarquía dentro del servicio público o político incida en los procesos y violente la equidad electoral. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas, de Acción Nacional.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos analizando un dictamen que ha emitido la Comisión de Gobernación a efecto de reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este dictamen versa sobre responsabilidades de los servidores públicos estableciendo una serie de sanciones a aquellas conductas que vienen a inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con la libertad del sufragio, la presión al electorado.

Es una iniciativa en la que en principio debemos estar de acuerdo todas y todos, y así lo manifestamos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde presentamos algunas reservas, unas fueron adoptadas, otras no, razón por la cual nuestro voto en la comisión fue en sentido negativo.

No obstante ello, en este ejercicio del diálogo entre las diversas fuerzas políticas, algo que debemos privilegiar y hacerlo cada día más seguido, hemos logrado llegar a puntos de coincidencia que nos permiten hoy votar a favor este dictamen.

El Grupo Parlamentario del PAN está a favor de sancionar de manera eficaz a todas y todos aquellos funcionarios que por cualquier motivo a través de su actuación desvíen recursos públicos desde su propio tiempo hasta recursos monetarios para beneficiar alguna campaña política.

Esta postura la asumimos con toda responsabilidad y con toda certeza de que es el camino que se debe seguir, modernizar la legislación electoral para hacer efectivas estas sanciones administrativas.

Quiero resaltar el ejercicio que se hace en la Comisión de Gobernación conducida por la diputada presidenta Rocío Barrera, donde ya es costumbre llegar a muy buenos diálogos y a buenos entendimientos. Una conducción que nos permite construir consensos, que permite entender que dentro de nuestras diversas formas de pensar podemos llegar a puntos en común, donde se entiende que el ejercicio del parlamento es escucharnos a todas y a todos para lograr la mejor propuesta. Donde se entiende que no hay un dueño de la verdad y que dos cabezas piensan más que una.

En este ejercicio que se hace en la Comisión de Gobernación y con el diputado que propone esta reforma, hemos llegado hoy a la construcción de un mejor dictamen que nos permite anunciar el voto a favor.

Estamos convencidos en Acción Nacional de que los recursos públicos jamás deben verse inmiscuidos en una campaña política. Que el electorado debe ejercer su voto en total libertad. Que cualquier presión al electorado debe ser sancionada y tratándose de un servidor público con mayor razón.

Yo celebro que lleguemos a este consenso e invito a todas y a todos los compañeros a votar a favor este dictamen que versa sobre el fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias por su atención.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Pablo Gómez Álvarez:Ciudadanas y ciudadanos legisladores. Hoy se consulta ante la Cámara un proyecto que tiene como propósito dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 de haber sido introducida en la legislación electoral de nuestro país.

Hacia el año de 1989, en una reforma electoral, o al menos así llamada, se empeoraron varios preceptos de la vieja normativa. Uno de ellos fue que los servidores públicos que cometieran alguna transgresión administrativa a la Ley Electoral deberían ser declarados en tal virtud de transgresores y enviarle al superior jerárquico el expediente para que este se hiciera cargo de aplicar la sanción. ¿Cuándo se aplicó la sanción? Nunca.

¿Por qué? Porque esos servidores públicos eran denunciados ante la autoridad electoral. Por lo regular, no actuaban por decisión propia, sino bajo las órdenes justamente de su superior jerárquico.

Entonces esta manera de darles impunidad fue en verdad una genialidad jurídica, es decir, una gran tomadura de pelo para la República y para la ciudadanía.

No es que queramos hacer arqueología, es que para poder llevar a cabo uno de nuestros propósitos dentro de nuestro programa de la cuarta transformación que consiste en luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad, este punto es un punto relevante, puesto que se trata justamente de la lucha electoral en la que los organismos públicos intervienen, utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad tanto a los empleados como a los jefes.

Un sistema electoral que tiene este precepto como el que queremos cambiar por completo el día de hoy, dejarlo atrás, es uno de los peores sistemas electorales que puede haber en un país en el mundo. Repartir impunidades desde la Ley Electoral, pues es la peor cosa que se puede hacer, y sin embargo se hizo. Esto ha sido parte de un sistema político. No es una cosa que ocurrió por equivocación, sino que estas reglas fueron mandadas a hacer.

Señoras y señores legisladores, si en algo nos pudimos unir, no es en la arqueología de lo que ha ocurrido antes, cada quien tiene sus versiones, sino de la tarea de desmontar la simulación, los privilegios y las impunidades. Hagámoslo como lo podemos hacer, el día de hoy la nación y la República nos lo habrán de reconocer. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, en favor. Por favor, compañera.

La diputada Ana Ruth García Grande:Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, nuevamente con el gusto de poderme dirigir al pueblo de México, al que saludo con mucho cariño como siempre.

Acudo en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a esta alta tribuna, para hablar a favor del dictamen que se encuentra en análisis, que presenta la Comisión de Gobernación y Población, y por el cual se propone la adición al artículo 456 y una reforma al parágrafo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En democracia y en la democracia representativa, en particular, el sufragio es el bien jurídico tutelado de mayor relevancia, el más importante que puede existir con las características legales que le dan esa preeminencia para poder hacer de la voluntad ciudadana la representación popular, porque a través de su ejercicio el pueblo elige quién quiere que lo gobierne, y asimismo decide la integración de la representación en los Poderes Legislativos o gobiernos municipales.

Por ello, es importante que se diseñe un andamiaje institucional que le dé un blindaje especial a ese sufragio, que al día de la fecha y según nos denuncia la historia, ha sido objeto en etapas muy específicas y hechos muy deleznables, de una falta absoluta de respeto por parte de los servidores públicos, donde se coacciona de diversas formas el otorgamiento de recursos de programas a cambio del voto.

Si viene a nuestra mente este ejercicio que trastoca de fondo la libertad jurídica del sufragio, podemos ponerle el nombre del partido que quieran. Desafortunadamente en nuestro México hay ejemplos a lo largo y a lo ancho, porque han gobernado nuestro país y sus regiones todos los partidos políticos, de manera que podemos ilustrar esta práctica que hoy se quiere inhibir a través de esta propuesta, porque definitivamente el círculo virtuoso que entraña la construcción del marco normativo en las elecciones tiene que irse adecuando en ese ejercicio incesante, evolutivo, a las realidades que se proyectan en nuestro país.

Una realidad de ellas es que los servidores públicos no estaban incluidos en sanciones específicas para el caso de estas conductas que atentan de fondo a la evolución de nuestro sistema democrático.

En ese entendido, los mexicanos hemos visto en diversos procesos electorales desde el poder público, como ya se dijo, del color que sea, cómo se han diseñado diversos mecanismos de cooptación y coacción hacia los electores.

Se ha atestiguado, además, cómo el uso de los programas sociales, cuyo propósito es paliar una situación de marginación en la que se encuentran algunos estratos de nuestra población, se alejan de este fin, de esta teleología. No se han utilizado para paliar estos espacios de necesidad, sino se ha administrado este tipo de programas con fines electorales.

¿Qué pretende este dictamen? Establecer sanciones específicas que eliminen en buena medida estas prácticas. A todos nos hacen daño como parte del pueblo mexicano, porque no llegamos a alcanzar un nivel de democracia pura, sana, que lleve efectivamente la voluntad del pueblo a hacer una representación o un gobierno.

Por eso, en el Partido del Trabajo estamos de acuerdo con la teleología que persigue esta iniciativa, porque ya establecimos que como se aprecia desde la propia Constitución General de la República, el principio de neutralidad política de todos los servidores públicos debe darse sobre un ejercicio de ética, que muchas veces no se puede exigir simplemente en el discurso, y para evitar que se sigan presentando estos ejemplos, lamentablemente tenemos que llevarlo a la ley con tal precisión, que no haya ninguna duda, porque pareciera que aunque estuvieran implícitas en las disposiciones de nuestras leyes reglamentarias, o en nuestra ley de supremacía, todos le buscamos la forma para eludir.

Es verdaderamente vergonzante y creo que estamos en un momento donde todos debemos hacer ese esfuerzo, aun cuando nosotros pretendamos en un futuro ser parte del servicio público. Porque finalmente no podemos –reza el refrán– entre gitanos leernos la mano.

Si no hay una disposición expresa, este tipo de conductas van a seguirse llevando a cabo.

Es así como nuestra argumentación tiende a la eventualidad de que nos unamos en esta visión y demos una muestra de ética política y de voluntad de aspirar a estadios mejores, donde el diseño constitucional y en este caso reglamentario, específicamente evite la comisión de estas conductas y en el caso de que lleguen a realizarse, se tenga establecida una sanción específica a la que se llegue a través del procedimiento sancionador que la propia ley refiera.

Como se aprecia, sin perjuicio de lo que el INE hace en el acuerdo de referencia, en el que se basa la iniciativa en mención, es momento de que nosotros, como legisladores, asumamos nuestra tarea. Muchas gracias a la Presidencia y a todos los que han puesto atención a mi intervención.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle, del Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. El motivo de mi intervención es para manifestar, a nombre de Movimiento Ciudadano, nuestro voto a favor de este dictamen.

Sin duda estamos de acuerdo en esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque tiene que ver con un tema del día a día en la política electoral de nuestro país.

Mucho se ha hablado de los delitos electorales cometidos por funcionarios públicos, en cada proceso electoral es el pan nuestro de cada día. Saber que funcionarios hacen diferentes acciones para intentar comprar o coaccionar a los electores a fin de manipular su voto.

Sin embargo, y a pesar de que esto está reconocido desde hace mucho tiempo en nuestra legislación electoral, antes en el Cofipe y ahora en la LGIPE, estas conductas estaban reconocidas legalmente pero no existía una sanción. Y en ese sentido, esta reforma que ha sido propuesta por el diputado Pablo Gómez, busca precisamente que estas conductas, que no se deben permitir ni durante ni antes ni después de una elección, queden impunes.

La impunidad es uno de los principales problemas que enfrentamos en nuestro país, pero cuando hablamos de impunidad en materia electoral estamos hablando de que gracias a la impunidad y por la vía electoral llegan a ocupar cargo personas que han cometido delitos electorales. Y cómo podemos esperar que ellos puedan gobernar de manera correcta para las y los ciudadanos cuando han, precisamente, utilizado medios que no son legales para ese espacio, y es por eso que hoy se tiene que sancionar este tipo de conductas.

La reforma es al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se refiere al artículo 449. En esta ley venían varios de los actores posibles que pueden cometer delitos electorales, y en el 449 se refiere específicamente a los funcionarios públicos, a los funcionarios públicos de los diferentes niveles y órdenes de gobierno.

Y es muy importante decirlo, a partir de esta legislación todos los funcionarios públicos que cometan este tipo de actos ilícitos serán sancionados. ¿Cuáles son esas conductas que se reconocían en la legislación y no estaban sancionadas? Por una parte, está la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral.

Por otra parte, se encuentra el incumplimiento del principio de imparcialidad, establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecta la equidad de la competencia, porque la equidad es uno de los principios fundamentales que rige nuestros procesos electorales.

Y finalmente, una de estas conductas que están reconocidas en la legislación es la utilización de programas sociales y de recursos del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

A partir de esta reforma se sancionará a los funcionarios públicos con estas sanciones, que van desde la amonestación pública, hasta la multa. La multa por cinco mil unidades de medidas de actualización, y se agrava cuando se trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto.

En ese sentido, estaríamos teniendo una reforma que busque sancionar, no solamente por la vía administrativa a aquellos funcionarios que estén cometiendo delitos electorales, sino particularmente también llevarlo a la vía penal. Y que no queden en el limbo estos delitos electorales. No basta con reconocer que son delitos, sino es muy importante además reconocer que estos delitos son sancionables.

Por eso a partir de esta reforma, y de manera muy particular, es necesario que todos los funcionarios públicos –escúchenme bien: todos los funcionarios públicos– eviten caer en cualquiera de estos delitos que están considerados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Nosotros que hemos estado en varios distritos y municipios hemos visto como hoy muchos siervos de la nación están haciendo este tipo de acciones y no podrían hacerlo en tiempo electoral. A partir de esta reforma es muy importante que quede claro que esto es un delito electoral y que será sancionado. Ningún funcionario de ningún nivel puede utilizar los programas sociales con fines electorales, porque de otra manera será sancionado. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, por favor.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Aquellos que nos hemos dedicado al ejercicio político observamos que existe una perniciosa tendencia de algunos servidores públicos para tratar de inclinar las balanzas durante las elecciones, sin menoscabo de que deja de lado las tareas públicas encomendadas, además indebidamente utilizando los recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido.

Tales tendencias debemos desterrarlas en México, y eso es precisamente la finalidad que persigue este dictamen de la Comisión de Gobernación y Población. Las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen sanciones dirigidas a los servidores públicos que pretenden involucrarse para afectar el equilibrio y la equidad de los procesos electorales.

Las sanciones que se proponen, atendiendo a un principio de gradualidad en su imposición, van desde la amonestación pública y la multa hasta 5 mil unidades de medias y actualización. En caso de que en su conducta infractora los servidores públicos hagan uso de recursos públicos para presionar a los electores y sancionar, la sanción económica que se propone será hasta de 5 mil y 10 mil unidades de medidas de actualización.

Es claro que el dictamen pretende acabar con la corrupción en el ámbito electoral. No queremos más elecciones de Estado. Es por ello que, para el caso de la reincidencia del servidor público, proponemos que se sancione con el doble de la multa originalmente impuesta.

Quiero dejar asentado que no se trata de afectar las preferencias e ideologías políticas de los servidores públicos. Ellos están en su plena libertad de apoyar a quien ellos gusten, ya sea candidato o fuerza política de su agrado, pero sin hacer uso de su posición de gobierno y sin hacer uso de los recursos del pueblo.

Por otra parte, el dictamen también pretende corregir una práctica de encubrimiento en el ámbito del servicio público, ya que actualmente queda al arbitrio del superior jerárquico interponer la denuncia penal correspondiente, lo que se presta a un manejo discrecional y arbitrario del caso.

Para corregir lo anterior, la propuesta legislativa propone que, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, el superior jerárquico presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. También obligatoriamente presentará la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

Al hacer obligatoria la presentación de las denuncias penales correspondientes, eliminamos un nicho de corrupción que facilita la impunidad y la componenda entre los servidores públicos corruptos y deshonestos.

Como pueden advertir, se trata de evitar la utilización de los cargos públicos para coaccionar o inducir al voto de los ciudadanos. Nadie al amparo del poder y del gobierno debe influir en el voto libre de los ciudadanos.

Por todos es conocido que durante la época electoral vemos con preocupación que existen injerencias y presiones para afectar la decisión ciudadana. No son desconocidas las prácticas ilícitas que vulneran el régimen electoral, las presiones a los subalternos, donde se les otorgaban beneficios a candidatos o a un partido, negar el acceso a una plaza pública para un evento de un partido opositor o de su preferencia electoral.

En Morena buscamos que cuando un ciudadano acuda a la casilla lo haga en plena libertad y por convicción, sin temor a que una autoridad vaya a actuar en su contra. Me siento orgulloso de pertenecer a Morena. Felicito al compañero Pablo Gómez por esta iniciativa presentada.

Esta LXIV Legislatura marca una gran diferencia en el reclamo justo que por décadas ha sido negado y que fue para proteger y a encubrir por años a servidores públicos corruptos y deshonestos, donde jamás se actuó en contra de nadie. El buen juez por su casa empieza.

Hoy, quienes tenemos una representación legislativa y somos mayoría, estamos actuando con responsabilidad y sin ningún temor. Hoy se acaba la tradición del encubrimiento, de la complicidad y de la impunidad. En Morena buscamos y aspiramos a una auténtica democracia. Juntos sigamos construyendo un país justo y democrático. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Benjamín Robles Montoya, del PT.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Este dictamen de verdad sin duda es relevante para la democracia mexicana, que debo insistir logró una etapa fundamental de consolidación el pasado primero de julio.

Este dictamen, compañeras y compañeros, lo entendemos en un nuevo consenso que obliga a quienes buscamos el respaldo popular a hacer bien las cosas, y lo digo porque la cuarta transformación con pasos como estos está dando por finalizada la impunidad que protegía a gobernantes para incidir en los resultados electorales. Sí, adiós al pasado corrupto. Adiós al robo de elecciones. Adiós al uso de servidores públicos para favorecer candidaturas de Estado.

La Comisión de Gobernación y Población nos propone una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que viene a complementar el régimen de responsabilidades administrativas con medidas especializadas para la materia electoral.

Se establecen, como aquí se ha señalado, con pleno respeto al principio de taxatividad sanciones administrativas para los servidores públicos que indebidamente participen en el proceso electoral, sin menoscabo de las sanciones penales que pudiesen originarse.

Como lo refiere también el dictamen, así se sanciona la participación indebida del aparato burocrático que pone en grave riesgo la equidad que debe caracterizar a cualquier elección.

Compañeras, compañeros, creemos en el PT que los recursos con los que cuentan los gobiernos pueden superar significativamente las capacidades de las candidaturas y mucho más, mucho más, si se generan coacciones a la ciudadanía a través de la entrega de recursos o en condicionamiento de programas y apoyos. Por eso reiteramos que en el Partido del Trabajo anunciamos nuestro voto a favor del presente dictamen porque abona precisamente a la integridad del servicio público.

Lo anterior significa, compañeras y compañeros, que también respaldamos medidas complementarias porque entendemos que esta reforma se inscribe en un contexto integral del combate a la corrupción y de la protección a la equidad electoral.

Asumimos que el servicio público debe ser imparcial, neutral y objetivo, porque la función más relevante de los gobiernos debe ser la garantía de derechos y servicios públicos.

Cada alteración de la normatividad administrativa conlleva a costos arbitrarios para los ciudadanos. Cada servidor público distraído en actividades electorales indebidas cuesta en términos presupuestales y democráticos o burocráticos enormes cantidades. Una silla vacía representa que miles de ciudadanos encuentren oídos sordos frente a sus necesidades, pero no solo eso, también representa la máxima corrupción que puede haber del gobierno.

Así han sido años de lucha por elecciones limpias por parte de nuestro movimiento, encabezado desde siempre por el hoy presidente de la República, y nuestra coalición sabe que la intervención gubernamental genera fraudes electorales. Nuestro compromiso está, por lo tanto, con las elecciones limpias, con que cualquier opción pueda ganar en las urnas, pero mediante el voto libre y secreto de la gente. La razón es sencilla: la democracia es de la gente y los gobiernos se deben a la ciudadanía.

Por lo tanto, reconocemos el esfuerzo de la comisión, y nuestro voto en favor será para mantener la democracia que hemos alcanzado. No permitiremos regresiones. La cuarta transformación llegó para quedarse. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del PES.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestras instituciones democráticas y sus servidores públicos deben en todo momento garantizar el principio de legalidad e imparcialidad que mandata nuestra Constitución, es decir, los servidores públicos federales en su desempeño estatal y municipal deben actuar en todo momento con responsabilidad, ética y equidad.

Al respecto, el artículo 134 constitucional señala que los recursos económicos que disponga la federación, las entidades federativas y los municipios se anexarán con eficiencia, eficaz economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Este precepto constitucional también contiene el principio de imparcialidad o neutralidad que prohíbe de manera general los poderes públicos, el uso de recursos públicos con fines electorales, esto con la finalidad de lograr que los servidores públicos no hagan uso de su cargo para promoverse con fines políticos o en su caso promuevan a candidatos o a un partido político durante un proceso electoral.

Por ello es importante garantizar el principio de imparcialidad con la finalidad de que los recursos públicos de los programas sociales sean utilizados con fines partidistas, los servidores públicos se abstengan de acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos por lo menos durante su jornada laboral.

Los órganos del Estado suspenden la difusión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y los servidores públicos durante el ejercicio de su cargo, deben tener una conducta imparcial respecto de cualquier proceso electoral.

Los servidores públicos deberán abstenerse de realizar pronunciamientos a favor o en contra de algún precandidato o candidato o partido político. En este sentido, Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, ya que la reforma planteada tiene armonía sistemática con los preceptos constitucionales y con los tipos penales de conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, los cuales son sancionados en base a la ley general en materia de delitos electorales.

Es entonces que esta reforma fortalece el procedimiento de sancionador al adicionar con sujetos responsables a servidores públicos. Por ello se adiciona el inciso j) al artículo 456 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que corresponde a la modificación de este artículo, justifica las precisiones de que las sanciones electorales se imponen con independencia de otras normas administrativas o penales, ya que son regímenes jurídicos distintos.

Por ello la importancia de establecer la obligación del superior jerárquico, para presentar las denuncias o querellas ante la gente del Ministerio Público, si hubiera utilización de recursos públicos por parte de un subordinado.

Encuentro Social está a favor de consolidar una democracia electoral con garantía ciudadana para que pueda emitir su voto libre de cualquier tipo de coacción que atente contra sus libertades y derechos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, buenas tardes.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Diputado Valentín Reyes López, de Morena.

El diputado Valentín Reyes López:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales buscan ser ejemplo, decoro y dignidad en los servidores públicos para evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen las elecciones, específicamente el dictamen propone dos cuestiones de la mayor relevancia.

Primero. Se precisa a los servidores públicos como posibles infractores de las leyes electorales, para establecer sanciones que van desde amonestación pública hasta multas, con independencia de otras responsabilidades administrativas o penales.

Cabe mencionar que las multas se agravan cuando se usan recursos públicos para inducir o coaccionar el voto, así como el caso de reincidencia.

En segundo lugar. Se establece el mandato expreso de que en caso de responsabilidades penales, al superior jerárquico del servidor público que incurra en la falta deberá presentar de forma obligatoria la denuncia penal correspondiente ante el agente del Ministerio Público.

Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ha sido frecuente en nuestra historia que, valiéndose del cargo o de una posición pública, hay quienes indebidamente ejercen presión y tratan de inclinar la balanza en las elecciones, distraer recursos públicos de sus necesarias y altas finalidades por el hecho mezquino de conseguir el poder público.

Si permitimos que esto siga sucediendo habrá siempre injerencias arbitrarias que tengan el atrevimiento de afectar voluntad popular que se deposita en las urnas.

Existe un problema de impunidad y corrupción. De acuerdo a cifras de la Fepade, del total de investigaciones contra servidores públicos durante los últimos cuatro procesos electorales presidenciales, en el proceso electoral de 2018, los casos en contra de funcionarios públicos representó solo el 4.4 por ciento. Por tanto, algo no está favoreciendo la denuncia ni el inicio de procedimientos sancionatorios en contra de los malos servidores públicos. Debemos cambiar el diseño legal vigente, que no favorece ni permite que prosperen las investigaciones penales por infracciones electorales por delitos cometidos por servidores públicos.

Concluyo. Buscamos revalorizar la ética, la responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones. Buscamos que se respete el voto y decisión de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en Morena nos pronunciamos en favor del dictamen a discusión. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Hágalo saber la secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, el sistema sigue abierto. ¿Ya lo cerramos, señor presidente?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, hay dos votantes que estaban fuera del salón seguramente y han llegado con gran rapidez. Por favor, tome esos dos votos y se cierra el sistema.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con 423 votos a favor, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, quien presentará una modificación al artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, parece que se perfila, y del PRI, una nueva mayoría.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la asamblea, para compartirles una propuesta de reserva que ha sido suscrita por cuatro legisladores de diversos grupos parlamentarios. Del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido Morena; del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI; y de la diputada Martha Tagle Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano, a quienes agradezco que me hayan confiado la oportunidad de mencionar en la tribuna el argumento.

Esta es una reforma que está directamente vinculada con un derecho, que es el llamado derecho disciplinario en nuestro país. El derecho disciplinario se refiere a todas las normas que se generan en nuestro país para regular las sanciones a las que son sujetas los servidores públicos de la nación, y desde ahí hay que partir.

Justamente, el servidor público es toda persona que de-sempeña una responsabilidad, un empleo, un cargo, una comisión en la administración pública federal. Y en el caso particular de esta reforma, nos referimos al derecho electoral, vinculado a uno de sus órganos, al Instituto Nacional Electoral, en donde desempeñan funciones especiales servidores públicos de la nación.

La reforma propone realizar una adición al artículo 456 y 457. Quiero decir a todos ustedes que hemos planteado en la Comisión de Gobernación un argumento que el día de hoy ha tenido eco y que agradecemos, tanto a su presidenta como a los integrantes de la misma y a los diputados suscribientes de esta reserva.

Nos referimos en especial a eliminar del artículo 457 dos palabras que no son necesarias para garantizar que no vaya a terminar en impunidad esta reforma. Me refiero específicamente a las palabras “obligatoriamente y presentará”, que establecen como obligación en la reforma aprobada que los servidores públicos no solamente sean investigados por la vía administrativa, sino que obligatoriamente sean investigados por la vía penal.

Y la palabra obligatoria es justamente el debate en el cual hemos encontrado coincidencias. Me refiero específicamente a que no todas las responsabilidades administrativas son responsabilidades penales, y no todas las responsabilidades penales son responsabilidades administrativas.

Ante este escenario, lo que estamos planteando es que el superior jerárquico tenga facultades para denunciar administrativamente a quien haya incurrido en una infracción, pero no necesariamente tenga que hacerlo ante el Ministerio Público. Para evitar la saturación del Ministerio Público hoy hemos adaptado eliminar ese supuesto para dejar intocado el artículo 457, y con eso los elementos del 456 permitan que esta reforma logre su propósito para sancionar a los malos servidores públicos de la nación.

Reconozco y agradezco la voluntad de los legisladores del Partido Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Movimiento Ciudadano, y naturalmente, a quienes proponemos del Partido Acción Nacional, para que este propósito se alcance y que no favorezcamos la impunidad con una reforma que, con esta redacción, podría tener lamentablemente un escenario que no favoreciera el propósito, que es combatir la corrupción en México. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 457, por favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación del artículo 457. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se acepta.

Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 457, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Punto, es todo.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de las modificaciones aceptadas por la asamblea y de los artículos en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Cerramos ya, por favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Adelante, diputada Natividad, de viva voz.

La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Son 407 votos a favor, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con lo que quitamos dos palabras que nosotros mismos habíamos puesto y que no cambia el sentido de la votación, nos merecemos el premio mundial del barroco. Sí lo merecemos, se quita una frase que nosotros habíamos puesto.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Aprobadas las modificaciones por 407 votos y el proyecto de decreto aprobado en lo general, se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaria con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.- LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Morena.

• Que el diputado Cipriano Charrez Pedraza cause baja como secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que la diputada Maribel Aguilera Chairez cause alta como secretaria en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que la diputada Gabriela Cuevas Barrón cause baja como secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que el diputado Humberto Pedrero Moreno cause alta como secretario en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que la diputada Maribel Aguilera Chairez cause baja como integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano cause alta como integrante en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que el diputado Humberto Pedrero Moreno cause baja como integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

• Que el diputado Miguel Ángel Chico Herrera cause alta como integrante en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.- LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Morena.

• Que el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación y Población.

• Que el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.- LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Raymundo García Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Raymundo García Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación y Población.

• Que el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

• Que la diputada Mónica Bautista Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Mónica Bautista Rodríguez cause baja como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Mónica Bautista Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que sea sometido a discusión y votación de inmediato. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.

En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación.

Tiene la palabra por 10 minutos la diputada presidenta Patricia Terrazas Baca, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II de nuestro Reglamento.

La diputada Patricia Terrazas Baca:Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas y estimados diputados. El día de hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea para su aprobación el dictamen a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.

Este dictamen, cabe mencionar, tiene origen en la iniciativa que se presentó en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 9 de octubre de 2018. La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y aprobada el 4 de diciembre de 2018 por el pleno de dicha Cámara.

¿En qué deriva la importancia de esta minuta? La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Así cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo, es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.

Actualmente el artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece una sanción de tres meses a seis años de prisión a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Ahora bien, la presente minuta pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.

En este sentido la minuta de referencia propone:

a) Modificar la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para que solo contemple la sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que aparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y

b) Se adicione el artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación para establecer que se impondrá sanción de tres a a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Esta comisión dictaminadora está convencida de que la reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal de los gobiernos así como genera un impacto positivo en el bienestar de los países.

Es por ello que se coincide plenamente con la colegisladora en la pertinencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra–venta de facturas, la generación de una competencia desleal, todo ello generando a largo plazo que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.

Estamos convencidos los legisladores de esta comisión, en que la presente minuta constituye un paso importante en el combate a las prácticas descritas. Sin embargo, se estima imperante continuar con el estudio, análisis e implementación de medidas adicionales que tengan efectos positivos sobre la recaudación a corto plazo.

En este sentido, en fecha próxima se presentará una iniciativa a nombre de los integrantes de la comisión, tendiente a avanzar en las medidas para el combate al presente tema. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas:Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, el presente dictamen tiene como objetivo principal sancionar de tres a seis años de prisión a quienes vendan, enajenen estas facturas falsas.

Al imponer este tipo de sanciones, buscamos desincentivar este gran negocio ilícito. Las facturas falsas, creo que todos coincidimos, son un problema muy grave para nuestro país, ya que generan pérdidas económicas de recursos que se dejan de recaudar, además de que fomentan la corrupción, la evasión fiscal, en donde la principal causa de la caída de los ingresos nacionales es vía impuestos, se debe a las operaciones simuladas por empresas que emiten estas facturas falsas, en donde muchas de ellas son utilizadas para distribuir productos ilegales, para el lavado de dinero y desvío de fondos.

Por esta práctica ilegal las finanzas públicas del país dejan de recibir aproximadamente dos billones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así, la evasión fiscal perpetrada a través de la compra–venta de facturas falsas es una práctica que nos afecta a todas y a todos los mexicanos que cumplimos con la ley y que sí pagamos nuestros impuestos.

Lo más lamentable es que esta tragedia fiscal afecta principalmente a aquellos que son los que menos tienen, los más pobres y desfavorecidos de nuestro país, ya que debido a la evasión fiscal el gobierno no implementa más programas para beneficiar a los más pobres del país o entregar más becas escolares, o bien canalizar más recursos para la detección y tratamiento de cáncer infantil, por citar alguna problemática.

El gobierno también no incrementa el presupuesto a ciencia y tecnología o el presupuesto a medio ambiente o el combate al cambio climático, y también deja de invertir en infraestructura estratégica para detonar el crecimiento regional. En síntesis, esta evasión fiscal detiene el desarrollo del país, afectando a todas y todos los mexicanos para el simple beneficio de unos cuantos delincuentes.

En ese sentido, la aprobación de este dictamen es de suma importancia ya que coadyuva con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, permitiendo disminuir la corrupción en la adquisición de bienes y prestación de servicios.

Este es un primer paso, es un primer paso en donde se endurecen estas penas sobre todo para el que vende, pero tenemos el firme compromiso de avanzar y de ir más allá, de reforzar la legislación para verdaderamente poder terminar con este gran negocio de la venta de facturas o bien denominado de la venta de papel.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor, porque estamos a favor de México, porque estamos a favor de un México que sea más incluyente, en favor de todos aquellos que son los que menos tienen. Por ello, en este dictamen vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidenta, es cuanto, compañeros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Ortega Martínez:Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Antonio Ortega Martínez: No podía ser más oportuna la presentación de este dictamen, una vez que hemos conocido los preocupantes indicadores y previsiones que presenta la Secretaría de Hacienda, en los pre–criterios de política económica 2020.

Declinación del crecimiento económico, coincidente con los recortes a la baja en las estimaciones de calificadoras, analistas, organismos internacionales y el propio Banco de México.

Desde finales del 2018 y los primeros tres meses del 2019, estimando un decrecimiento real anual del PIB de 1.6, y como consecuencia tendremos menores ingresos fiscales que obligarán a un recorte del gasto, un recorte inmediato para mantener el equilibrio de las finanzas públicas y un recorte aún más severo en el Presupuesto del próximo año, que Hacienda estima en 2019 en 121 mil millones de pesos, equivalente a 0.5 del PIB.

La parte positiva de estas malas noticias es que Hacienda reconoce la realidad de la desaceleración de la economía y ello posibilita la adopción de estrategias contingentes para tratar de revertir el menor vigor de nuestra economía nacional.

Consideramos que Hacienda, en donde se quedó corta es en esclarecer las verdaderas causas internas y externas de este grave tropiezo económico. Los principales analistas económicos han señalado que sin duda hay ingredientes externos: la desaceleración de la economía en China, en Europa, en los Estados Unidos, pero que un ingrediente importante son las decisiones políticas internas, señalando las más importantes como la suspensión del aeropuerto de Texcoco, la implementación de la nueva estrategia energética, la falta de estudios de factibilidad financiera de los grandes proyectos del Ejecutivo, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y otro conjunto de decisiones que afectan la confianza y la inversión y desactivan la inversión privada nacional y extranjera.

Por ello, ratifico que este dictamen es oportuno, ya que se pone en manos del Ejecutivo federal una norma que permite que se instrumenten programas, que conjugando premios y castigos pueden incrementar sustancialmente los ingresos públicos.

La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de adquirir, expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se trata de combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, generalmente vinculadas con empresas fantasmas y otras, como el lavado de dinero.

Para ilustrar la importancia del dictamen, permítanme señalar a la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, que estimó que el año pasado el uso de facturas apócrifas causó al fisco una pérdida de ingresos por casi dos billones de pesos, monto que equivale al 70 por ciento de la recaudación tributaria prevista para este año.

El dictamen también se propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Por lo anterior, el voto de los diputados del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Higinio del Toro Pérez:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Compañeras y compañeros diputados, vengo hoy a esta tribuna a fijar una postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Si me permiten antes hacer una reflexión sobre estos asuntos que hemos estado votando los últimos días.

Yo celebro que cada vez más esta Cámara de Diputados sea sensible a los asuntos públicos, pero, sobre todo, a aquellos asuntos del día a día del ciudadano y para dar una muestra, recordar lo que hicimos la semana pasada.

Nos pusimos de acuerdo todas las fracciones parlamentarias y prácticamente por unanimidad sacamos la Ley General del Registro Civil, que ahora les permitirá a los menores de edad, no necesariamente tener que registrar el estado civil de los padres o quitar esta palabra ahí medio facciosa de adulterinos.

Nos pusimos de acuerdo también con la Ley del Seguro Social. Los padres, los varones hoy podrán solicitar el servicio de guardería cuando su situación jurídica así lo permita. Lo hicimos también con la Ley de Migración, endureciendo las penas para aquellos servidores públicos que denuesten el paso de migrantes por nuestro territorio.

Y, en ese sentido, el punto y dictamen que me antecedió en el uso de la voz va también en ese sentido, endurecer las penas para quienes cometan delitos electorales a través de la utilización de recursos públicos. Es un paso fundamental para esta transformación que algunos compañeros aquí han citado una y otra vez.

Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión, porque una cosa es el discurso combativo de oposición, y otra cosa también es el ejercicio conveniente del poder. De nada sirve hoy que aprobemos, y aprobamos ya esta mencionada reforma de Ley de Procedimientos Electorales, si finalmente desde el día de hoy se incumple en que efectivamente se esté vigilando que los recursos públicos no se estén utilizando para este tipo de intereses personales.

Contextualizo. Con lo que respecta a nuestro posicionamiento, el proyecto de decreto por el que se reforma esta fracción III, del artículo 113, y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación, por supuesto que para Movimiento Ciudadano será a favor.

Señalando como punto de partida que desde el 4 de diciembre del 2018 el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen correspondiente y ordenó el envío de la minuta a esta Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. Afirmo, también, que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual participo, realizó diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que permitan analizar y valorar el contenido de la citada minuta, expresar consideraciones de orden general y específico sobre ella, e integrar el presente dictamen que en unos minutos más votaremos.

Por lo anterior, nuestro posicionamiento será a favor, debido a que estamos de acuerdo en que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia y de control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Por supuesto que estamos en contra de la emisión de facturas para simular operaciones inexistentes. Ya se dijo aquí, solo el mercado, el tamaño de ese negocio son dos billones de pesos. Prácticamente un 40 por ciento del presupuesto anual de nuestra nación.

Es una realidad que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismas que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio totalmente ilegal.

La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Además, estas prácticas pueden involucrar el lavado de dinero, por lo que este tipo de acciones deben tener consecuencias legales contundentes.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincidimos en que se imponga una sanción de tres a seis años de prisión al que expida, enajene, comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Tenemos confianza en que consecuencias como esta contribuirán a que las malas prácticas se debiliten, se fortalezcan los ingresos públicos. Por supuesto lo que permitirá la sostenibilidad fiscal del gobierno mexicano. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar González Yáñez:Con el permiso de la presidenta Dolores Padierna.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Óscar González Yáñez: Apreciables curules y dignos diputados y diputadas que nos acompañan, México está considerado uno de los países... en percepción uno de los países más corruptos del mundo.

Hay un debate de que si somos el 135 o el 138. La verdad es que de 180 países que se miden, estamos muy debajo de la media mundial. Pero el tema que nos preocupa no es tanto si somos el 130 o el 135 sino la escala del 0 a 100. Los países nórdicos tienen 80 puntos en la escala de 0 a 100 y en México tenemos solamente 28 puntos.

No habría ningún problema si fuéramos el 100 o el 150 si en la escala del 0 a 100 tuviéramos más de 80 puntos. El problema es que tenemos solamente 28 e independientemente, insisto, del número que ocupemos, la percepción es que somos un país corrupto.

Yo me permitiría hacer una pregunta: ¿quién es más corrupto? ¿El servidor público que usa su cargo para hacer cosas ilícitas o el empresario o el particular que tiene una empresa que realiza actividades ilícitas generando facturas falsas o apócrifas?

¿Cuánto deja de ganancia esta actividad? Hay cálculos que tenemos que van del 2 por ciento al 10 por ciento del producto interno bruto. Hay quien plantea que son alrededor de 42 mil millones de pesos la generación de estas facturas falsas que ya se han convertido en una práctica cotidiana en la economía mexicana.

El servidor público usa sus facultades y el empresario usa su derecho de generar una facturación. En días pasados nosotros acabamos de nombrar a la responsable jurídica del SAT esperando nosotros que esta práctica pudiera ser atendida de otra manera.

Los empresarios buscan en todo momento cómo evadir impuestos, en consecuencia, la evasión y la elusión se convierten en un instrumento de ganancia de las empresas. ¿Cuál es lo preocupante de la generación de este facturaje? Que en lugar de que la ganancia venga producto de la inversión, de que tengas productos más baratos, lo haces ahora a través de la administración y de la contabilidad de una empresa, por eso se ha convertido en una actividad muy, muy, muy benévola para los propios empresarios.

Yo terminaría mi intervención diciendo que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos dejar de ser un país corrupto, pero que tenemos que hacer un esfuerzo todos, tanto servidores públicos, como los propios empresarios.

Nosotros, en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, nos manifestamos sólidamente y fuertemente en contra de lo que es la corrupción emanada de los particulares a través de la generación de facturaje falso. Es una nueva etapa, es un nuevo momento del país, ojalá lo entendamos de esa manera, vamos por un nuevo país y sancionar esta actividad nos va a llevar a que entonces del país que queremos esté cada vez más lejos de la corrupción.

Yo hacía una reflexión con mis compañeros hace un momento, ¿quién es más corrupto, el servidor público o el particular? ¿El que mata a la vaca o el que le agarra la pata? Bueno, gracias por la respuesta. Entonces, en consecuencia, son más corruptos los servidores públicos y también los empresarios. En consecuencia, son corruptos aquellos que generan una actividad que está fuera de la ley y buscan ganar dinero a través de la contabilidad de sus empresas.

El respetuoso llamado que les hacemos a los empresarios es que abandonen esta actividad, dado que ahora va a ser un delito y van a ser seriamente castigados. No queremos llenar las cárceles de gente corrupta, lo que queremos es sacar la corrupción de la sociedad y crear una cultura donde no haya necesidad de ser corrupto para ganar dinero. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez:Arriba Tamaulipas. Gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados. Todos sabemos que hay muchas cosas incómodas para la mayoría de la población, pero el pago de impuestos creo que es la principal. A pesar de que sea algo a favor del bien común y una obligación ciudadana, el pago del impuesto es una tarea poco agradable.

Hay pocas acciones individuales que son tan benéficas para la sociedad como el pago de los impuestos. Es con los tributos o las contribuciones que podemos ofrecer educación a todos los niños y a todas las niñas. Proveer de infraestructura a todo el país, cuidar la seguridad pública y proteger la integridad territorial o procurar justicia, entre otras tareas que nuestros pagos al fondo común, que implican los impuestos, hacen posible.

De allí que pagarlos bien y a tiempo sin duda es totalmente benéfico para todo el país, y más ahora que nuestro presidente López Obrador ha hecho del combate a la corrupción una cruzada nacional. El pretexto de muchos que decían para qué pagar impuestos, si se los van a robar, está quedando totalmente obsoleto. Hoy, el dinero público se usa para beneficio del pueblo. Es momento de que todos contribuyamos adecuadamente.

Por todo ello es muy importante evitar las operaciones simuladas. Aquellos que fingen operaciones para reducir su base gravable, para esconder ingresos buscando pagar menos, esos no solo evaden y eluden el fisco, lo hacen de la manera más terrible. No simplemente dejan de pagar y ya, sino que aparte mienten y falsean los datos para poder robarle al pueblo de México entregando menos de lo que deben al gobierno, garante del bienestar común en este tipo de tareas. Es pues, por tanto, un robo terrible que debe ser altamente sancionado.

A pesar de ello, hasta ahora la ley lo trataba como algo simple y menor, poco importante, y daba igual vender o comprar una factura falsa; simular una operación para pagar menos, tenía poca sanción y era indistinta para las partes. Por ello apoyamos este dictamen que hace dos cosas al modificar el artículo 113 y añadir el artículo 113 Bis del Código Fiscal Federal.

Separa los hechos de comprar y de vender comprobantes falsos o facturas simuladas y da una sanción más grave de hasta seis años de prisión a quien venda y adquiera documentos falsos. De esa manera quien quiera engañar al fisco, deberá pensarlo realmente dos veces.

Perder casi una parte importante de su vida por ganar unos cuantos miles de pesos dejará de ser una opción viable. El negocio de robarle a todos pagando menos impuestos dejará de ser realmente un negocio. Por supuesto, que de aprobarse esta medida pasaremos a un segundo paso, hacer que se aplique adecuadamente empezando con los grandes falsificadores de facturas.

Como Cámara de Diputados dotaremos al gobierno de más herramientas para evitar estos delitos. Confiamos en que las usarán adecuadamente de manera correcta y expedita, porque no solo roban al bien común, ya lo mencioné hace unos minutos, mienten y engañan. Esas conductas son totalmente intolerables y ahora con esta norma serán sancionadas severamente, porque un México en que todos pagamos lo justo y a tiempo al fisco, es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, compañeros diputados.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados por parte de las personas físicas y morales, ha provocado un gran daño al sistema de recaudación nacional.

Por esa razón resulta pertinente impulsar reformas legales para desincentivar la comisión de ese ilícito. Debemos contribuir con la autoridad fiscal para modernizar el marco legal y enfrentar los nuevos desafíos.

Es importante señalar que la venta de facturas falsas es un problema para el Servicio de Administración Tributaria. De 2010 al 2018, se identificaron más de 8 mil empresas que presuntamente cometen algún acto delictivo en esta materia. Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras, ascienden a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.

Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria considera que la principal causa de la caída de la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las empresas deductoras de operaciones simuladas, como son: incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones y facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación.

La evasión de pago de impuestos es una práctica nociva que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, pero, sobre todo, reduce la capacidad que tienen los gobiernos para atender la necesidad de la gente.

Los contribuyentes que incurren deliberadamente en acciones de este tipo, deben ser sujetos a sanciones más severas por parte de las autoridades. Resulta pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes y de facturas y comprobantes fiscales.

La modificación a la actual fracción III del artículo 113 resulta pertinente para que solo se contemple a quien adquiera los comprobantes al considerar que en dichas medidas se tendrá un efecto positivo para la disminución de la práctica, y sobre todo, para mejorar la recaudación.

Por otro lado, la adición de un artículo 113 Bis establece que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Lo anterior, para mitigar esta práctica a efecto de que nuestro sistema recaudatorio mejore. Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor de este dictamen.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de los mexicanos y también estamos a favor de todas las acciones que busquen reducir los actos ilícitos de los delincuentes.

La defraudación fiscal es un acto que no debemos permitir porque tener menos impuestos para atender las necesidades de la gente es un acto que va en contra de los derechos de todos los ciudadanos. Ese es el compromiso del PRI, luchar contra todos los actos ilícitos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, desde hace varios años, expertos en materia fiscal han advertido que el uso de facturas falsas afecta sistemáticamente al fisco y por lo tanto a todo el país. Por ello es urgente tomar las medidas precautorias correspondientes para ayudar a las autoridades fiscales a combatir un problema que en el mediano plazo puede afectar también a la inversión pública, hecho que como ya se ha observado en días recientes, deriva en un menor crecimiento económico.

En México, el uso de comprobantes fiscales digitales por internet ha generado controles de expedición de facturas mucho más rígidos, pero esto no ha sido suficiente para terminar con la simulación de operaciones por parte de los contribuyentes.

Al respecto, recientemente el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, señaló que la evasión y la elusión fiscal en nuestro país ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del PIB. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los 2 billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.

De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre los países más perjudicados por la evasión de las empresas, que coincide con las estimaciones del SAT al detectar unas 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación.

La estimación del daño al erario con las facturaciones fantasmas representa el 60 por ciento de la recaudación proyectada para el presente ejercicio fiscal, y el 34 por ciento del total de ingresos estimados, aprobados por el Congreso de la Unión en diciembre del año pasado.

En su momento, la dictaminadora de origen en la Cámara de Senadores señaló que en los últimos años se incrementó el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se utilizan con el fin de obtener un beneficio ilegal, como el incremento indebido de deducciones, obtención de devoluciones fraudulentas de IVA y lavado de dinero, solo por citar algunos casos.

Al respecto, la aprobación de esta reforma permitirá, por un lado, que las autoridades fiscales consoliden el control sobre operaciones de los contribuyentes, pero también pretende poner un alto a las operaciones financieras de dependencias públicas con empresas fantasmas en todos los órdenes de gobierno.

De acuerdo con datos expuestos en el foro denominado “Corrupción y empresas fantasma, propuesta de reforma legal para su combate eficaz”, organizado justamente por esta Cámara, expertos estiman que el 70 por ciento de las facturas generadas por empresas falsas son utilizadas por instituciones del sector público para desviar recursos. Dichas cifras alarmantes nos permiten conocer la gravedad de este delito y además que en un alto porcentaje se encuentra respaldada por la corrupción de servidores públicos y que, por lo tanto, debe ser atendida en forma prioritaria. Por ello consideramos que es importante pasar del discurso a los hechos, ya que hasta ahora nos parece que no se han registrado avances cuantificables en el combate a la corrupción.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos las declaraciones del gobierno federal sobre la supuesta corrupción en distintos programas, en las cuales no se señala a los responsables ni las pruebas que lo sustentan ni que se hayan iniciado los procedimientos judiciales correspondientes, para que realmente se sancione a quienes cometen actos de corrupción.

Por lo que en el caso de los funcionarios públicos que participan en la compra de comprobantes fiscales para efectuar el desvío de recursos públicos, exhortamos al gobierno federal a que realice acciones concretas para que no haya ni perdón ni olvido para los que con sus actos ilícitos han saqueado a nuestra nación.

En Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, porque queremos poner en manos de las autoridades fiscales las herramientas necesarias para hacer eficiente la recaudación de impuestos y generar los ingresos necesarios que contribuyan al incremento de la inversión y generación de desarrollo para todos los mexicanos. Pero también esperamos la aplicación efectiva de la ley, para que no se trate de una reforma más, sino una herramienta efectiva para combatir la compra–venta de facturas de operaciones inexistentes. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

Tenemos en esta Cámara invitados especiales del evento denominado “Diputada y Diputado por un Día”, invitados por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, a quienes les damos la más cordial bienvenida.

Tiene la palabra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Compañeras y compañeros legisladores, de la colegisladora se recibió la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que la evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, siendo ineludible que este tipo de conducta ilícita debe ser sujeta a sanciones enérgicas por parte de las autoridades correspondientes.

El presente dictamen es un reflejo de la voluntad política del gobierno federal, cuyo compromiso es combatir la corrupción de manera frontal y sin tregua.

La minuta que hoy se discute está encaminada a poner un alto total a las prácticas de evasión fiscal mediante la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La principal causa de la caída de la recaudación de los impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas deductoras de operaciones, como son: incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación, y lavado de dinero.

Basta de ser permisivos, ya no podemos continuar con la emisión de facturas falsas mediante actos simulados, sin la materialización de actividades u operaciones de empresas que bajo un registro indebido e ilegal venden la emisión de las mismas a través de las famosas empresas fantasmas o despachos que venden facturas para evitar trasladar el impuesto a las arcas del gobierno.

Dada la gravedad de la evasión fiscal en nuestro país, que actualmente se ha convertido en una práctica generalizada, se requieren acciones de defensa en favor de los contribuyentes que sí respetan la ley y sí cumplen con sus obligaciones.

Esta propuesta fortalece el marco jurídico, salvaguarda el bienestar de los contribuyentes y castiga de manera ejemplar a quienes falsifican comprobantes fiscales. En esta ocasión se sancionará a los que adquieren, enajenen o expidan facturas falsas. Conductas cometidas por delincuentes de cuello blanco, supuestos pagadores de los impuestos, empresarios que, teniendo la capacidad contributiva para cumplir con el pago de impuestos, prefieren indebidamente aminorar su carga contributiva, erosionar la base tributaria para evadir o defraudar el pago de impuestos en perjuicio del Estado y del pueblo de México.

Hoy se incrementa la sanción para los delincuentes que acostumbran erosionar la base tributaria, de tal manera, que se les impida continuar con esta práctica. Esta minuta fortalece el marco jurídico, combate la corrupción y refrenda el compromiso con el pueblo de México. No más empresas que vivan del erario.

Ciudadanos, no más ser permisivos de actos de corruptela. Ciudadanos, no seamos parte de este sistema de corrupción, apoyemos a nuestro México bajo el principio de autodeterminación, para que con fidelidad como ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales y entendamos que su destino será en programas que ayuden a los más vulnerables de nuestra sociedad.

Invito a esta soberanía para que, en corresponsabilidad con todas las fuerzas políticas aquí representadas, pongamos un alto a la simulación en la aplicación del castigo a quienes defraudan la hacienda pública. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Pasamos ahora a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Paola Tenorio Adame:Con el permiso de la señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Paola Tenorio Adame: Gracias. La hacienda pública mexicana no volverá a ser violentada por los intereses particulares de unos cuantos. La evasión de impuestos y la comprobación de actividades inexistentes han lastimado por mucho tiempo a los recursos de nuestra nación. A esta situación desde Morena le decimos: Basta.

Con la aprobación del presente dictamen haremos que las penas a quienes se enfrentan quienes expiden o enajenen comprobantes fiscales falsos sean más altas. Específicamente, de corroborarse la culpabilidad de la persona, la penalidad a la que se enfrentará ya no será de un mínimo de tres meses, como lo expresa el texto vigente del Código Fiscal de la Federación, sino que será de un mínimo de tres años.

Es uno de los pasos que deben darse en el nuevo camino que está tomando nuestro país, un paso en el sentido correcto, un paso que incentiva la honestidad republicana de nuestro presidente de la República.

Permítanme introducir este momento la esencia que provoca el nacimiento de esta propuesta. Según el estudio “Evasión de impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta”, los recursos que el fisco genera ha dejado de ingresar a estas arcas de la hacienda pública por este tipo de actividades ronda los 500 mil millones de pesos. Sin embargo, en tiempos más recientes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido que la cantidad podría rondar los 2 billones de pesos.

Compañeras y compañeros legisladores, esta cantidad es equivalente al 70 por ciento de la recaudación prevista para 2018. Es claro que esta situación no puede seguir así. No puede seguir así porque estos recursos no solo significan pérdida de dinero, sino también pérdida de mejores oportunidades de desarrollo y pérdidas en el bienestar de las personas. Significan más desigualdades, aún más desigualdad social y pobreza.

Indudablemente teníamos la obligación de tomar cartas en el asunto. No únicamente porque estas actividades alimentan la corrupción en este país, sino porque con esto refrendamos nuestro compromiso para transformar y mejorar a nuestro México.

Con el incremento de la penalidad que propone el presente dictamen se encarece en 300 por ciento el costo que hay que pagar para continuar emitiendo y enajenando facturas fiscales falsas. Estamos seguros que en este encarecimiento desincentivará la comisión del delito y fortalecerá los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes. Ya no habrá mano blanda con los corruptos, ya no habrá incentivos perversos para seguir dañando los recursos de las y de los mexicanos. Ya basta.

Por ello en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen. Confiamos que las demás fracciones también lo harán por el bien de México. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, hasta por cinco minutos.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala:Gracias, presidenta. Con su venia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: En México los ingresos públicos por concepto de impuestos constituyen uno de los principales pilares de las finanzas públicas de nuestro país. Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, México se mantiene entre los seis países con menos ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe, al representar apenas el 17.4 por ciento del producto interno bruto.

Ha sido necesario resaltar que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones por las empresas deductoras de operaciones simuladas, cuyas prácticas comunes se encuentran en el incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de impuestos al valor agregado, la realización de operaciones fantasmas, la facturación de mercancías en las que no se pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero.

Según el Servicio de Administración Tributaria, este tipo de evasión ha provocado pérdidas en recaudación al país de hasta 2.04 billones de pesos en un cálculo realizado entre el 2010 y agosto de 2018. La emisión de facturas apócrifas por desgracia se va diluyendo a través de diferentes contribuyentes de manera que pueden involucrar a todos los sectores en un afán egoísta y antipatriótico, pues su actuar no se limita al beneficio inmediato que han alcanzado ilícitamente, sino que trasciende en un efecto dominó en detrimento de la economía nacional.

Se trata pues de un daño que impacta directamente a los mexicanos, pues la baja recaudación impide que se pueda disponer para un gasto público equilibrado y que garantice a la ciudadanía el acceso a los beneficios derivados de dicho ejercicio.

La minuta que propone una adición de un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación busca desincentivar la conducta ilícita mediante la imposición de una sanción privativa de libertad únicamente a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados buscando atacar el origen que motiva la práctica.

Las y los diputados sin partido estamos convencidos de que una nación con una economía eficiente y sana no solo depende de la buena administración de sus gobiernos, sino también del actuar con probidad de su ciudadanía.

Es por ello que votaremos a favor del dictamen que hoy nos ocupa en un primer paso por generar desde la ley los mecanismos que propicien un orden social. Si bien ya en una frase por demás dicha y en una insistencia encontraremos la verdad, el cambio inicia por uno mismo y la corrupción, como el cáncer de nuestra sociedad, solo encontrará su tratamiento y cura en la insistencia de la visión del bien común como una responsabilidad de todos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros legisladores. México no volverá a tener un sistema de recaudación que no cuente con la fuerza suficiente para hacer frente a los actos que la vulneran.

La evasión de impuestos indudablemente es una práctica que daña el potencial de recaudación de cualquier gobierno, y desafortunadamente nuestro país no es la excepción, y no es la excepción en buena parte porque no contamos con sanciones adecuadas que eliminen el incentivo económico que tienen estas prácticas, prácticas que son ilegales y deshonestas.

Según el Servicio de Administración Tributaria, la presentación de facturas para simular operaciones inexistentes es la principal actividad que daña la hacienda pública, operaciones que tienen como principales finalidades: incrementar las deducciones de impuestos, aumentar las solicitudes de devolución del IVA, facturar mercancía que no paga impuestos por su importación u operaciones que simplemente lavan dinero.

Por si eso no fuera suficiente, para ejemplificar la realidad a la que nos enfrentamos, permítanme comentarles que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales falsos.

Compañeras y compañeros diputados, no es posible continuar por el sendero de la corrupción y la deshonestidad, debemos ejercer las atribuciones que nos otorga la Constitución y legislar a favor de un sistema fiscal que salvaguarde la ley y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todas y todos, personas físicas y morales.

Un sistema fiscal que haga frente a la corrupción y promueva una mejor recaudación que incentive la salud de nuestra hacienda pública, y que se logren distribuir los recursos a quienes más lo necesitan. Un sistema fiscal que no incentive estas prácticas ni se limite a sanciones mínimas para quienes las cometen.

Con la aprobación del presente dictamen avanzaremos en esta dirección de hacer ley la propuesta. Habrá más control y vigilancia, y lograremos que se evite este gran riesgo para quienes expidan y enajenen facturas fiscales falsas, que haya, pues, un freno a la impunidad, a la corrupción, a la deshonestidad, y que se desincentiven estas actividades.

Digamos ya basta a la corrupción y a la evasión de impuestos. Digamos sí a un mejor futuro, a un futuro más justo y un México que esté verdaderamente al servicio del pueblo. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Ruego a la Secretaría, consultar a la asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Abra la secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Diputada presidenta, a favor 417, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular, por 417 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, al Código Fiscal de la Federación. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bueno, nos están solicitando un cambio. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del mismo Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna:Con su venia, presidente. Compañeros, buenas tardes. Acudo hoy a esta tribuna para presentar una propuesta de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de austeridad electoral.

Es claro que el mandato de la pasada elección orienta a todos los órganos del poder a la economía, a la austeridad, a gastar menos en beneficio de programas sociales en favor de los ciudadanos. Se han hecho diversos esfuerzos en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en el Judicial, y creo que necesitamos bordar nosotros sobre un tema fundamental, cómo generar condiciones para que tengamos procesos electorales no tan onerosos, que sean más económicos y donde no se traslapen las funciones de la materia.

¿Cuál es el fondo de este tema? El fondo de este tema es que desde la reforma electoral de 2014 se generó una redistribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados, denominados OPLE.

Se distribuyeron las competencias para que el INE asumiera muchas funciones que tenían los institutos en los estados, pero además para que ejerciera ascendencia sobre estos. El INE designa a sus integrantes, el INE puede ejercer sus atribuciones total y parcialmente, lo está haciendo por ejemplo en el caso de la elección de Puebla, y de esa manera quedó un entramado con una diversa dinámica a la que traíamos hasta ese momento.

Todo pudiera estar bien y el cambio de atribuciones pudiera ser adecuado. Sin embargo, lo que no se modificaron fueron los presupuestos. El año pasado, en el 2018, los OPLE gastaron 15 mil millones de pesos, para este año tienen presupuestados 10 mil millones de pesos. Son gastos excesivos que pueden obviarse, si fortalecemos la estructura del INE para que el INE asuma los procesos electorales y federales, donde finalmente ya la concurrencia es tal, y que el INE lleva gran parte de estos fenómenos.

¿A qué nos llevaría esta reforma? Esta reforma nos conduciría a eficientar los procesos electorales, a concentrarlos en una sola autoridad electoral nacional y además a tener ahorros sustanciales para las entidades federativas.

Estamos hablando de que las entidades federativas recibirían o dejarían de presupuestar para presupuestarlo en otras cosas, alrededor de 9 mil millones, cuando no estamos hablando de elecciones y alrededor de unos 10 mil a 11 mil millones, cuando estamos hablando de procesos electorales.

Esta reforma está encauzada a lo que hemos sostenido en Morena, para tener instituciones públicas que sean autónomas o que sean de cualquier Poder, pero que se orienten con un ejercicio de autonomía y que el gasto que estas ejerzan vaya acorde con lo que la sociedad está demandando. La sociedad demanda que no dilapiden ningunos órganos del Estado y que las elecciones sean más baratas.

Nuestra propuesta también contempla o retoma una idea que ya se ha presentado en otras iniciativas, que es reducir el gasto de los partidos políticos. Si estamos pidiendo que se recorte el gasto en la democracia, lo lógico es también acompañar la idea de que los partidos políticos eroguen menos en las elecciones. De esta manera vamos uniformando la estrategia de ir abaratando todos los procesos del ejercicio del poder público.

Con esta idea, compañeros, en Morena proponemos y seguiremos avanzando por la ruta de economizar, de destinar recursos, en este caso, a las entidades federativas para que puedan hacer más con lo que tienen ahora, a la vez de que podamos tener procesos electorales eficientes y eficaces y seguir por la ruta de confianza en este camino.

Yo les pido que lean y revisen con atención esta reforma. Les pido que entendamos que va en el camino de austeridad que la gente ha demandado y además que podamos construir, a partir de ella, el estudio y el análisis de una reforma electoral integral, donde veamos, todas las fracciones aquí representadas, hacia dónde tenemos que ir para la próxima elección. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El diputado Xavier Azuara Zúñiga va a presentar dos iniciativas en la misma intervención. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción Servicios, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, ambas suscritas por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Compañeras y compañeros diputados, al presentar dos iniciativas en un acto, ruego a la Presidencia tenga a bien ser benevolente con el tiempo.

A más de 100 días de este gobierno, se han encendido focos rojos que advierten la línea política que tendremos en los próximos años, dentro de los que se encuentran la concentración absoluta de los recursos públicos, la eliminación de intermediarios, llámese sociedad civil, gobierno estatal u órgano regulador.

Es preocupante que bajo el pretexto de corrupción se eliminen programas de alto impacto para diversos sectores de la población, como los recursos para las estancias infantiles, la pensión de mujeres víctimas de violencia, el Fondo Nacional del Emprendedor, así como la concentración de los recursos del Fondo Minero, y la del mal llamado Programa de Tandas para el Bienestar. Y la lista podría seguir.

Por ello, es importante impulsar el marco jurídico que proteja el pacto federal y los ingresos de las entidades federativas para el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, la primera de las iniciativas que presento ante ustedes tiene como finalidad fortalecer y transparentar el cálculo de las fórmulas que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal para el gasto federalizado.

Si bien es cierto que en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las fórmulas para la distribución de los recursos del Ramo 33, a través de los diferentes fondos existen dos grandes problemas con estas fórmulas. El primero es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está obligada a poner a disposición de todos los ciudadanos los componentes de las fórmulas, ni muchos menos actualizarlas.

Por lo que es prácticamente imposible para un gobierno estatal o municipal calcular los recursos que se le asignarán en cada ejercicio fiscal, y se conforman con lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les dice que les toca.

El segundo problema se observa mediante un análisis del comportamiento de los diversos fondos pertenecientes al Ramo 33. Encontraremos que la Secretaría de Hacienda otorga a las entidades federativas menos recursos de los que en realidad les corresponde, aun cuando la recaudación federal participable se encuentra al alza.

Lo anterior, porque la ley establece que los porcentajes son para efectos de referencia, lo que ha permitido un manejo discrecional de los recursos para las entidades federativas y municipios.

Por ello, la iniciativa que pongo a su consideración tiene dos objetos muy relevantes en materia de transparencia y fortalecimiento del gasto.

El primero, bajo el principio de máxima publicidad, para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá poner a disposición pública y de manera actualizada la información que utiliza para las fórmulas de asignaciones de los recursos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El segundo es eliminar los efectos de referencia para dispersión de los recursos, con la finalidad de eliminar esta práctica que ha permanecido por años.

Con esta iniciativa queremos demostrar que no solo somos una oposición, sino una opción constructiva que impulsa los mecanismos legislativos para combatir la corrupción.

Por otra parte, el presidente reconoció el aumento de las gasolinas, incumpliendo una vez más a su promesa de campaña. Por ello, esta iniciativa tiene como objeto la eliminación del IEPS a gasolinas de 92 octano, ya que este combustible contiene una menor cantidad de azufre, lo cual genera una menor emisión de gases contaminantes.

Además, esta iniciativa no solo busca beneficiar al consumidor de las gasolinas, también muestra la preocupación que hay en temas de salud pública. Por ejemplo, el 63 por ciento de la población en México es consumidora de bebidas alcohólicas, siendo los jóvenes entre 12 y 24 años los principales consumidores de estos productos.

Otro problema agravante de salud es el consumo de tabaco, puesto que el consumo de este producto es uno de los principales causantes de problemas pulmonares en nuestra población.

También estamos tomando en cuenta un segmento de la población que el gobierno federal ha ignorado. Por esto, mi preocupación de la obesidad que aqueja a nuestros pequeños.

Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Uno de cada tres de nuestros niños presenta este problema y que, de seguir así, nos posicionará en el primer lugar en obesidad en el mundo. Por lo cual, se propone aumentar en 10 por ciento el impuesto a tabacos labrados, sin tocar a los productores labradores a mano.

Este mismo porcentaje a cada una de las graduaciones alcohólicas adscritas en la ley. Así como también el incremento de un peso a bebidas saborizadas, donde se estima que el consumo se reduzca en un 8 por ciento.

Estos impuestos aportan al total del IEPS, en promedio cada uno, de 5 a 12 por ciento. Estos aumentos aportarían un incremento a la aportación total, tomando en cuenta también la reducción de gasolinas. No habría un impacto negativo en la recaudación, por el contrario, esto aumentaría en un estimado de 167 mil millones de pesos, los cuales serán destinados a programas de salud pública de combate a la obesidad y apoyo...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: ...al sector Salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El diputado Xavier Azuara Zúñiga:

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Gracias. Estimadas diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar a esta soberanía una iniciativa que tiene como propósito fundamental la defensa de los derechos de los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en escuelas privadas.

Esta reforma que someto a su consideración, propone ampliar las facultades que tiene actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de garantizar relaciones comerciales equitativas, el acceso a mejores condiciones de mercado, específicamente para fijar las reglas claras entre los particulares que prestan los servicios educativos de carácter privado y los consumidores, padres de familia, evitando con ello se vulneren sus derechos e intereses por un actuar abusivo o desmedido.

Como antecedente preceptivo se tiene un acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, por el que se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que proporcionan los particulares, sin embargo, es sabido que las anomalías continúan y se acrecientan cada vez más cada ciclo escolar.

Lo anterior es destacable por ser la única disposición jurídica con la que actualmente la Profeco fija su actuar para conducirse en esta materia. No obstante, hoy en día es notoriamente insuficiente para normar de manera eficaz y eficiente las ofertas educativas en mención.

En el acuerdo de cita se precisa que los servicios ofrecidos a los educandos a cambio de una contraprestación económica deben ser ajustados a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de las actividades y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objetivo.

Asimismo, considera únicamente a los servicios educativos de tipo elemental y medio, y por lo tanto no resulta aplicable al nivel de educación superior y a nuevas modalidades como lo es la educación no escolarizada o en línea.

Hay que mencionar que la Secretaría de Economía tiene la facultad, entre otras, de fijar normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de las actividades educativas que brindan las escuelas privadas, así como una mejor provisión de información.

En este sentido, la pasada administración firmó un convenio entre la SEP y la Profeco para evitar abusos en contra de la economía de los padres de familia con hijos en escuelas particulares y con ello coadyuvar con la transformación educativa.

De tal modo, la presente iniciativa modificaría los artículos 19, 24 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionaría un artículo 65 Quáter con la finalidad de que se encuentre un sustento legal para la expedición de una norma oficial mexicana que regule esta materia e impacte de manera positiva en más de cinco millones de alumnos que cursan la educación básica, media superior y superior de forma escolarizada, evitando con ello el crecimiento exponencial de injusticias que se han cometido por años en detrimento de sus respectivas familias.

Por citar un ejemplo, se tiene que, en agosto de 2015, la procuraduría informó que al menos 300 escuelas particulares a nivel nacional habían sido sancionadas con prácticas abusivas entre las que destacan el condicionamiento de compra de útiles escolares y uniformes.

En virtud de lo anterior, propongo establecer obligaciones a los particulares que presten servicios educativos en cualquiera de sus modalidades y tipos, para que con el carácter de proveedor cumplan con lo siguiente.

Primero. Informen por escrito el costo total de los servicios que prestan previo a la inscripción para cada ciclo escolar.

Segundo. No incrementen las colegiaturas durante el ciclo escolar ni establezcan cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie.

Tercero. No exijan la adquisición de útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos o servicios con determinados proveedores; y

Cuarto. No condicionen la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna.

Compañeras, compañeros, las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor surgen de una demanda constante de los padres de familia que con mucho esfuerzo invierten gran parte de sus ingresos en la construcción de mejores alternativas de vida a través de la educación, razón por la cual pido su apoyo para que esta propuesta legislativa pueda ser dictaminada a favor en su oportunidad y se convierta en una verdadera solución a los problemas que atañen a la prestación de servicios educativos de particulares. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala:Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. La transformación del Estado mexicano se refleja en la transformación de sus leyes y de sus instituciones.

La visión del proyecto de nación pone en el centro de las políticas públicas el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos, deja de lado la asistencia social y la asistencia pública.

Los esfuerzos de la nueva administración se concentran en erradicar la pobreza, la desigualdad, en disminuir la brecha que separa a todos los que menos tienen de los que tienen todo.

La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que consta de 14 artículos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985.

La última reforma que se realizó data del 9 de abril de 2012, es decir, van a ser siete años de que se revisó esa norma.

Es momento de que hagamos un esfuerzo por modernizar dicha institución. En razón de ello, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social pone a consideración de este honorable Pleno la iniciativa para transformar la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la Lotería Nacional para el Bienestar Social.

Proponemos reformar, además de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, para dotar a la Secretaría de Bienestar Social de la competencia para atender lo relativo a la Lotería Nacional para el Bienestar Social.

También la iniciativa propone que la nueva Lotería se sectorice en la Secretaría de Bienestar Social, con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas que fondean los programas sociales para el bienestar social.

La iniciativa propone también que los recursos derivados de los premios no cobrados se reintegren al patrimonio de la institución y que se actualicen los nombres de las secretarías de la Función Pública y del Bienestar Social en la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

Con la finalidad de fortalecer la influencia y el enfoque de bienestar en el órgano de gobierno, se propone que, en ausencia del presidente de la junta directiva, que hoy es el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea sustituido por el secretario de Bienestar Social.

Diputadas, diputados, la nueva Lotería Nacional debe ser más transparente y rendir cuentas al poder en que se deposita la representación popular, que son las Cámaras del Congreso y de la Unión.

Por ello se propone en la reforma que el informe anual de actividades y de resultados, el presidente de la junta directiva presenta, sea turnado a las Cámaras del Congreso de la Unión.

La reforma que Encuentro Social está promoviendo propone hacer justicia a uno de los pilares de esa institución, es decir, a los expendedores y vendedores de billetes. Estamos proponiendo también, que reciban una comisión por la venta de billetes sin exceder el 15 por ciento de valor nominal de dichos billetes, elevándolo en un cinco por ciento más de lo que hoy reciben. Hagámosle justicia, ellos son la fuerza de la venta que da vida a nuestra lotería.

Presentamos esta iniciativa con respeto a la historia de esta noble institución del Estado mexicano, conscientes de que la Lotería Nacional data de 1770, sabedores de que nuestra Lotería nació con el nombre de Real Lotería General de la Nueva España, que el primer sorteo de la Lotería se llevó a cabo el 13 de mayo de 1771, con un monto equivalente a 84 mil pesos actuales.

Somos respetuosos de la aportación de la Lotería, sin embargo, necesitamos una Lotería que fortalezca a los programas de bienestar social que coadyuve a superar la pobreza a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos.

Queremos una Lotería que apoye a elevar los estándares de la vida material, de salud, educativos, de actividades personales y de medio ambiente, un estado de bienestar es posible, hagámoslo nosotros. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Maribel Martínez Ruiz y María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Gracias, diputado presidente. Efectivamente, en nombre de mis compañeras diputadas, quisiera arrancar señalando lo siguiente, lo que estoy convencido. Más importante que conservar el poder, así lo creemos, más importante que ganar una elección o demostrar hegemonía de un proyecto político, está el equilibrio democrático, la garantía de la competencia política y la libertad de las y los ciudadanos para acceder a espacios de decisión y gobierno.

Señalo esto porque creo que los partidos no pueden ponerse de rodillas frente a la divisa del poder por el poder. Creo que los partidos requieren sostenerse de pie pero sobre otra divisa, la que plantea que el poder solo ennoblece si se pone al servicio de la gente, tanto de la gente de hoy como la de mañana.

Por eso siempre será preferible un régimen democrático fuerte, instituciones y leyes justas, y no un marco jurídico que solo responda a una coyuntura partidista o a un resultado electoral cuya naturaleza siempre es volátil y cambiante.

Estoy convencido de que la cuarta transformación entonces debe apostar por un régimen democrático justo y no por un régimen a modo. Esta es la voluntad del pueblo y creo que es la voluntad a seguir por las fuerzas progresistas de esta Cámara.

Por estas razones, las diputadas Maribel Martínez, María Teresa Marú Mejía y un servidor, del Partido del Trabajo, estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional en materia de financiamiento de los partidos políticos y de acceso a los medios de comunicación social.

Sí, sostenemos que es verdad que los partidos en su mayoría han perdido la confianza de la gente, pero también es verdad que el marco jurídico con el que actúan es insuficiente, cuando no decirlo, que quizás sería más correcto, obsoleto para garantizar su adecuado funcionamiento.

Por ejemplo. Pocos recursos para el fomento de la cultura política, y muchos para frivolidades publicitarias. Pocos recursos para capacitación y apertura de espacios para la participación política de las mujeres, y mucho en cambio para la búsqueda del voto, que debe ser el último eslabón de los intereses partidistas y no el primero.

De ahí que nuestra intención sea que el financiamiento al que tienen acceso los partidos cumpla al menos con tres objetivos:

1. Como dice José Woldenberg, garantizar un nivel de recursos suficientes para que la competencia electoral sea eso, una competencia entre distintas opciones con oportunidades reales de conquistar el poder o espacios de representación parlamentaria, y no un ritual entre ganadores y perdedores.

Lograr esto requiere un reparto de recursos equitativo igualitario que propenda al pluralismo político y no a la concentración excesiva del poder público.

2. Que el financiamiento a los partidos sea el más transparente de la historia. Que los partidos demuestren en su interior lo que prometen hacer si son gobierno o parlamento. Que primero cumplan en casa lo que deciden aspirar en ciudades, en entidades y aun en el país entero.

Por eso proponemos, por ejemplo, que los partidos políticos no podrán reservar ningún tipo de información acerca del origen y destino de los recursos públicos; y

3. Que el tiempo establecido como derecho de los partidos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuya en partes iguales.

Así creemos que esta Cámara de Diputados y, sobre todo la mayoría política de esta Cámara, requiere enviar un mensaje muy claro a la nación: Lo que nosotros queremos no es el poder a perpetuidad, sino la democracia viva. Queremos un país equitativo y con libertades. La expresión de la diversidad en todos los órdenes, la construcción de un régimen para todas y para todos, porque sin duda alguna y en eso creo que todos estamos de acuerdo, viva la diversidad en México. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano reconoce que las llamadas sociedades de información crediticia o buró de crédito, como son conocidas, cumplen con una importante función de apoyo a las instituciones que otorgan créditos a personas físicas y morales.

Si bien es cierto que el buró de crédito contribuye para que instituciones bancarias y empresas cuenten con criterios más objetivos para aprobar o negar créditos, también es verdad que con el tiempo se han convertido en un freno para el otorgamiento de estos.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano esto es así, en virtud de que cualquier usuario de crédito que por alguna circunstancia haya mostrado un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones es reportado como no sujeto de crédito, independientemente que haya solventado sus pagos o haya regularizado su situación de los pagos.

El punto es que en este proceso se prolonga demasiado el tiempo que marca la ley para que el buró de crédito retenga la información de los usuarios, por un periodo de 72 meses, en donde se reportan los incumplimientos de pagos, independientemente de que se haya hecho ya la regularización de estos desde mucho tiempo atrás.

Los diputados ciudadanos estamos conscientes de que esta situación va en detrimento de la opción de personas y de empresas para acceder a créditos, que en el caso de personas físicas les impide tener alternativas para contar con capacidad económica para solventar los gastos familiares, y en el caso de las empresas, frena las posibilidades de inversión, esta situación afecta primordialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos recibido denuncias de que se ha generado la proliferación de fraudes que se cometen, ofreciendo servicios para borrar el historial crediticio del buró de crédito.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, así lo acredita. Es por ello que Movimiento Ciudadano plantea como necesario considerar la reducción del plazo de 72 meses, estableciendo un periodo de tiempo menor y, sobre todo, diferenciando entre personas físicas y personas morales, toda vez que obviamente no es lo mismo el monto de crédito que puede tener un individuo al que puede tener una empresa.

Así, la presente iniciativa plantea la necesidad de modificar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de que el buró de crédito libere el historial crediticio de los usuarios, pero diferenciando los plazos para personas físicas y personas morales.

Se propone que se reduzcan los plazos a 12 y 24 meses respectivamente. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Compañeras, compañeros diputados, la iniciativa que someto hoy a consideración de esta asamblea tiene como objetivo reformar el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, con base en las siguientes consideraciones.

Entre los varios problemas de salud que afectan a la población derechohabiente de los sistemas de seguridad social que ofrece el Estado mexicano, podemos agregar, sin lugar a dudas, el desabasto de medicamentos cuyos orígenes son diversos.

Ya sea por las limitaciones económicas que enfrenta dicho sistema, donde converge la desatención presupuestal por parte de las autoridades responsables, además del incremento de la población atendida y el mayor número de los padecimientos crónico–degenerativos, el panorama ha adquirido dimensiones que requieren de su atención.

Las modalidades de la sustracción de medicamentos que llevan a cabo distintos actores, entre otras, efectuadas en no pocas ocasiones por el personal adscrito al sistema referido, ha provocado inocultables casos de la falta de medicamentos oportuna en dichos hospitales y en clínicas.

A este problema que afecta la salud de las personas se agrega el daño al erario, causado por actitudes transgresoras de la ley. Ello aunado a la existencia de un mercado negro donde se ofertan muchos de estos medicamentos, conformado también por muestras médicas y medicamentos falsos, demanda de adecuaciones al marco legal vigente.

Se tiene conocimiento que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, siendo superado solo por China, Rusia, Estados Unidos, la India y Brasil, en lo que se refiere a la venta de medicamentos de origen ilegal, afectando a 8 millones de personas. Además del 60 por ciento de los medicamentos ofertados en los distintos canales de comercialización es robado, es falsificado o ha sido elaborado sin observar los protocolos que debieran seguirse para tal efecto.

Entre los medicamentos ofertados se encuentran algunos para tratar padecimientos muy severos, como es el caso de los antirretrovirales, utilizados en el tratamiento del VIH, o los fármacos para contrarrestar casos de cáncer.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, tan solo el ilícito de la falsificación de medicamentos y su posterior venta les provee a las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad un monto aproximado a los 11 mil 500 millones de pesos de ganancias anuales.

Por lo que concierne a la sustracción de medicamentos utilizados en hospitales y clínicas del sector salud, no resulta difícil pensar que para que ello ocurra hay una participación decisiva, desafortunadamente, por parte del personal adscrito al sector. Ya sea en la modalidad de personal médico o administrativo.

Sin duda se trata de una minoría, cuantitativamente hablando. No obstante, la suma de conductas irregulares genera un problema de abastecimiento de fármacos, lo cual puede corroborarse en múltiples casos de pacientes que, al verse impedidos de surtir su receta en la instancia correspondiente, se ven en la necesidad de costear la adquisición del medicamento en farmacias del sector privado, con un grave daño patrimonial.

Las actividades sanitarias en el país, así como de la industria farmacéutica, han localizado en el mercado negro la existencia de medicamentos provenientes del sector salud. Lo anterior ha generado un reclamo social que demanda castigar a los responsables, sea cual sea la magnitud de los actos irregulares.

En este contexto, a manera de ejemplo, son ya varios los casos que dan cuenta de la venta de vacunas en establecimientos particulares, como sanatorios y consultorios, mismas que habían sido destinadas inicialmente al sector salud.

Por lo antes expuesto y buscando dar una respuesta proveniente de nuestra actividad legislativa, es que presento la iniciativa en comento, a fin de sancionar conductas irregulares que originan este problema. Además de producir, tanto el quebrando patrimonial sufrido por el sector Salud, y la afectación económica a los derechohabientes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: La educación es el medio idóneo a través del cual las personas pueden superar las condiciones de pobreza, marginación, exclusión social en las que se encuentran, toda vez que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales para el desarrollo y bienestar.

En este contexto, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que todos los sectores de la población tengan acceso a la misma en condiciones de igualdad y de no discriminación. La educación, por las características con las que cuenta, es un derecho humano fundamental, protegido a nivel internacional a través de los acuerdos de tratados internacionales y a nivel nacional por las leyes propias de cada país.

En el caso de México, en las últimas décadas se han logrado importantes avances en materia de cobertura educativa en lo que representa a la educación básica, que esta sea impartida de forma universal.

A pesar de lo anterior, es importante mencionar que el sector educativo en nuestro país es uno de los más grandes y complejos del mundo, lo que implica que enfrentemos grandes retos en materia de planeación y regulación tanto de planes de estudio por nivel educativo, como de la infraestructura necesaria para su impartición, por lo que se ve en la necesidad de apoyarse del sector privado para poder ampliar la cobertura de los servicios educativos en el país y ser utilizado por las familias que así lo decidan.

La educación en nuestro país, en concordancia con las leyes mexicanas, puede impartirse de forma gratuita mediante el financiamiento público a través de la prestación de servidores por particulares, con el objetivo de atender las necesidades y demandas de la población.

La educación que se imparte en nuestro país ya sea pública o privada debe apegarse a lo establecido con las leyes aplicables en la materia, así como en lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública.

En lo que respecta a la educación básica y media superior que se imparte por los particulares, es pertinente hacer mención que, por su carácter, no cuenta con un financiamiento público, por lo que recurre de cobro de cuotas como medio de subsistencia y a través del cual se generan recursos económicos como parte de un negocio privado, lo que aplica que las personas que hacen uso de la prestación de sus servicios tengan que cubrir el pago de diversos conceptos.

En el caso de nuestro país, el único instrumento a través del cual se regulan las cuotas y pagos que deben ser cubiertos por la prestación de servicios educativos, se encuentra el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presentan los particulares.

A dicho acuerdo se establecen algunos conceptos bajo los cuales las instituciones educativas privadas pueden realizar cobros a los alumnos por diferentes conceptos entre los que destacan la inscripción y la reinscripción.

Debemos señalar que las instituciones de educación privada cumplen con una gran misión que se traduce en la preparación de millones de mexicanos que por diversos motivos no hacen uso de los servicios que ofrecen las instituciones de educación pública, sin embargo, es inexcusable que se realicen prácticas comerciales con el cobro de reinscripciones en perjuicio de las familias mexicanas.

La presente iniciativa tiene como objeto fundamental eliminar la posibilidad de aplicar cobros por reinscripción por considerarlo desproporcional. Consideramos que la naturaleza de las cuotas de reinscripción es abusiva para los padres de familia, ya que estos al pagar las cuotas de colegiatura por cada año escolar ya han cubierto el costo de ingreso a las escuelas y estas últimas no deberían de volver a cobrarles dicho concepto.

Asimismo, creemos necesario que las instituciones de educación privada estén obligadas a dar a conocer de forma puntual y pormenorizada los servicios que están contratando, con el objeto que los padres de familia tengan el conocimiento de los pagos que ellos realizan.

Estamos convencidos de que con esta iniciativa se protegerán los derechos de las familias mexicanas que hacen uso de los servicios educativos prestados por instituciones privadas, al garantizar que no realizarán pagos injustificados totalmente desproporcionados, por lo que les solicitamos, compañeros diputados, de todo su apoyo. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y RECORTE DE GASTO CORRIENTE DE LA FEDERACIÓN

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Estimadas compañeras y compañeros. El grupo de diputados sin partido hoy venimos con una propuesta de ley con el objetivo de aplicar las economías necesarias en el gobierno abonando con técnica de transparencia e impulsando una política eficiente en el ahorro en el gasto gubernamental.

Desde nuestra visión, el correcto gasto público debe promover una Hacienda responsable, eficaz, eficiente y transparente, que mejore las condiciones de bienestar de los mexicanos, para lograrlo se han creado una diversidad de normas e instituciones que permiten evaluar y monitorear la calidad del presupuesto y del gasto público ejercido, con el fin de que los dineros públicos alcancen para cubrir las necesidades de todos.

Lamentablemente, los gastos administrativos han crecido mediante una inercia empujada por la inflación, partiendo de los presupuestos anteriores sin análisis serios y con total falta de control. Esta situación genera que el servicio público pierda la credibilidad ante la sociedad, ya que se percibe un derroche del dinero público en las actividades gubernamentales.

Por poner algunos ejemplos, en 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que el gasto de la federación excedió durante el ejercicio fiscal los ingresos que efectivamente recibió, lo cual se traduce en un desbalance que podría estar justificado durante ciertas épocas de incertidumbre o recesión económica pero que en definitiva no pueden ser la constante.

Lamentablemente, estos desbalances han continuado durante muchos años sin mayores restricciones. Identificamos que el gasto programable ha tenido aumentos anuales de aproximadamente 10.7 por ciento respecto al estimado en el Presupuesto de Egresos.

Debo hacer notar que, de este aumento, por lo menos un tercio fue destinado a gastos de operación, lo cual puede significar que el gasto no fue eficiente o su estimación fue incorrecta.

Para el ejercicio fiscal 2017, el gasto para el desarrollo social fue de 2 mil 282 millones 387 mil pesos, lo cual representa casi el 50 por ciento del gasto total que se ejerció durante este año fiscal.

Lamentablemente este gasto no representa un avance en materia de combate a la pobreza, la cual mantiene sus cifras de 7.6 por ciento de personas en pobreza extrema, y de 43.6 personas en pobreza. Estas cifras no permiten pensar que el gasto para el desarrollo social es mucho pero no es suficiente.

Los anteriores ejemplos son una simple muestra de que el gasto público no está cumpliendo el objetivo de beneficiar a los que menos tienen, abonando al desprestigio de las instituciones, la falta de credibilidad al sentimiento de ausencia de representación por parte de los gobernantes.

Ante esta situación proponemos generar nuevas reglas para disminuir el gasto corriente del gobierno federal, impactando principalmente en servicios personales, materiales y suministros y en servicios generales.

El objeto de la presente iniciativa es disminuir el gasto corriente de entre todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales, procurando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez de la administración.

Derivado de las anteriores consideraciones, es que propongo la presente iniciativa de Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación, como una propuesta complementaria a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena denominada Ley de Austeridad Republicana.

En esta propuesta identificamos el ahorro por capítulo de gasto. Se armoniza con las leyes vigentes en materia hacendaria, se blindan los derechos laborales de los servidores públicos, se protegen las acciones prioritarias del gobierno y se incluye en acciones preventivas de combate a la corrupción y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros de esta honorable asamblea, vengo a presentar esta iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La presente iniciativa es la quinta que presento para el fomento y difusión de la cultura política democrática, y forma parte de un paquete que busca armonizar diversas leyes para construir ciudadanía y consolidar los procesos de participación ciudadana.

Es decir, construir un andamiaje legal fincado en las principales demandas de la sociedad que le permitan la inclusión y participación en los asuntos públicos. En palabras simples, una sociedad es democrática cuando tiene la posibilidad de participar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas y así derrotar la cultura política del viejo régimen autoritario, empobrecedor y entreguista, que dejó a nuestro país derruido por la desi-gualdad y la violencia.

En los últimos años se ha encasillado a la generación llamada Millennial, como una generación apática, egoísta y desinteresada de la política y de los temas públicos, sin embargo, debemos preguntarnos, ¿quiénes han formado a esa generación a la que hoy se le juzga como individualista y poco participativa en los asuntos públicos?

Debemos entender que como servidores públicos y como representantes populares tenemos el compromiso de diseñar y proponer leyes e instituciones que respondan a las necesidades de la sociedad actual y los tiempos que hoy nos está tocando vivir requieren de un marco jurídico e institucional comprometido con aportar en formación de jóvenes para que participen de forma activa en los asuntos públicos.

Para esta nueva mayoría social y política, la juventud es un tema prioritario. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro así lo demuestra, sin embargo, sabemos que no es suficiente dar apoyos económicos para becas de estudio y capacitación para el trabajo, entendemos que la juventud requiere espacios de manifestación, de expresión de ideas y de inquietudes, y por ello estamos convencidos que las leyes y las instituciones deben dar las bases para que la juventud se exprese libremente.

Es necesario construir políticas públicas que tengan como objetivo que las y los jóvenes sean protagonistas de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país. Para ello requerimos de la modificación del marco jurídico que dé pauta para que las instituciones diseñen e implementen las políticas públicas necesarias en materia de jóvenes y participación ciudadana.

Es por ello que propongo lo siguiente. Dar atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud para diseñar, implementar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, una estrategia nacional de difusión, promoción y fomento de la cultura política democrática y construcción de ciudadanía, por medio de cursos, talleres, seminarios, coloquios, conferencias, pláticas en escuelas de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior, publicaciones impresas y electrónicas, cápsulas de televisión, radio, redes sociales y cualquier otro medio que sirva para este fin.

Dicha estrategia nacional será una política pública que deberá contar con objetivos, metas, líneas de acción e indicadores, para evaluar sus avances y el impacto que genera en la población objetivo. Por lo anterior, es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Jáuregui Montes de Oca. Túrnese a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla:Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, el crecimiento económico y las finanzas sanas no deben lograrse a costa del bienestar de la economía familiar ni de la estabilidad financiera de las empresas que son el motor del país. Por eso me presento aquí, con una propuesta de reforma de Ley del Impuesto Sobre la Renta, que traerá consigo un beneficio sustancial a los mexicanos.

Es claro que México necesita tener una recaudación eficiente, por lo que es necesaria una legislación y una política fiscal acorde a las condiciones económicas actuales y en sintonía con las demandas de la población y del sector empresarial.

El caso concreto del impuesto sobre la renta, ISR, que grava directamente las fuentes de riqueza entre las percepciones que considera gravables en su ley, están aquellos ingresos percibidos por personas físicas, por conceptos de dividendos o utilidades, como se observa en el precepto 140 y 164 de la ley. Sin embargo, señala que las personas físicas estarán sujetas de manera adicional a una tasa del 10 por ciento sobre los dividendos o utilidades, distribuidos por las personas morales residentes en el país.

A este respecto existen opiniones diversas, cuando lo correcto o no de este concepto, ya que, en contra de la eficiencia y utilidad del impuesto, este concepto resulta inequitativo y quizá ilegítimo, al privilegiar la recaudación acosta del sometimiento de nuestro sector productivo y los ingresos reales de los trabajadores.

Este impuesto cedular adicional del 10 por ciento complicó el panorama, ya que suma al 10 por ciento del reparto de utilidades, PTU, y el incremento del 28 al 30 por ciento del ISR, genera una carga efectiva que alcanza un 50 por ciento, misma a que a todas luces es excesiva, abusiva y lesiona el bolsillo de los pagadores de impuestos.

Es así que surge la necesidad de realizar una modificación a la legislación vigente y replantear las políticas fiscales que soportan dicho impuesto, no solo con la intención de una recaudación eficiente, sino que además incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una manera convencida de su utilidad, sin someter al sector productivo.

Por lo antes expuesto es que pido su apoyo para este proyecto, para que su dictamen sea positivo y posteriormente en este pleno lo aprobemos, por eso les propongo que en beneficio de las personas disminuyamos esa carga excesiva del ISR al eliminar ese pago por concepto de una tasa adicional del 10 por ciento sobre los dividendos de utilidades distribuidos por personas morales. Es cuanto, señora presidente, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rosas Quintanilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL MERCADO DE VALORES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores.

La diputada Soraya Pérez Munguía:Muchas gracias, compañera diputada, en funciones de presidente. Hace muchos años tuve la oportunidad de presidir el Instituto Estatal de las Mujeres en mi tierra, en Tabasco, en donde a petición del entonces gobernador, me tocó crear desde cero el primer banco para mujeres.

La idea en su momento sonaba descabellada, no les voy a decir los años, pero ya tiene un montón de años, pero al final resultó ser un gran éxito e incluso después fue replicado a nivel nacional y hoy hay muchísimos esfuerzos similares en varias entidades federativas e incluso en el gobierno federal.

Porque sé el poder que tienen las herramientas económicas de primera mano es que hoy estoy aquí apoyando el trabajo de muchas otras compañeras diputadas que han subido a esta misma tribuna para abogar por una verdadera equidad de género y compartirles esta iniciativa que tiene que ver con la igualdad, pero sobre todo, con la inclusión económica que tanto necesita nuestro país, especialmente para alcanzar posiciones estratégicas para las mujeres en consejos de administración y en la alta dirección de las empresas nacionales.

Nuestro país ha logrado grandes avances en torno a la igualdad de género, según el informe sobre la brecha de género elaborado por el World Economic Forum, México ocupa el lugar 50 de 149 países. Hemos avanzado más de 30 escalones en solo un año. Sin embargo, cuando se trata de participación económica y oportunidades en la fuerza laboral caemos a los lugares 122 y 124 respectivamente. Estos son los últimos lugares en el ranking internacional, incluso por debajo de países como Angola, Guatemala y la República Democrática del Congo.

Está comprobado por distintos estudios realizados por la OCDE que el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo tiende a producir un crecimiento económico más acelerado y más sostenido.

Y hablando específicamente de mujeres en funciones directivas, diversos análisis han demostrado que la participación femenina en los consejos de administración trae un retorno al capital de 44 por ciento mayor que aquellas empresas que solamente están compuestas por varones. O utilidades mayores de 47 por ciento.

Estos indicadores se extrajeron con datos de las 300 compañías más grandes de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina.

La inclusión de las mujeres en la vida económica del país debe ser una de las tareas prioritarias en la agenda empresarial, pero sobre todo en nuestra agenda política y social.

Por eso me encuentro hoy en esta tribuna, porque sé que estoy representando el trabajo de muchas otras mujeres legisladoras que ya abrieron brecha en este tema, como la legisladora Cristina Díaz o Diva Gastélum o de organizaciones como el Colegio Nacional de Economistas, Dalian Empower Group, el Global Summit of Women, Women on Boards, y muchas otras organizaciones que también han alzado su voz.

Justamente, hoy en el Senado tuvimos un foro en donde pudimos escuchar a muchas de estas organizaciones.

Es momento de que las principales empresas de nuestro país cuenten con comités de diversidad para que, tal como lo establece esta iniciativa que presento, en un plazo de seis años se logre alcanzar la representación del 30 por ciento de mujeres en los consejos de administración de las empresas nacionales. Algo sumamente importante, especialmente porque en México solo 7.4 por ciento de dichos consejos cuentan con la participación de mujeres, son de los niveles más bajos de toda América Latina.

Y con las modificaciones que propongo a la Ley del Mercado de Valores en sus artículos 19, 24 y 26, podremos asegurar espacios en la toma de decisión para mujeres en el más alto nivel de las empresas que cotizan en la bolsa.

También se abriría paso a una nueva cultura de transparencia, razón por la que contemplé que fuera una obligación de ley que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano regulador en la materia, revele la integración por género de los consejos de administración, así como todos los mandos directivos de las empresas. Y no únicamente como parte de la circular única de emisoras, que ya fue emitida en 2017 y que en el último informe aún no da cuenta de esta obligación.

Compañeras y compañeros legisladores, es contradictorio que, a pesar de que las mujeres representemos más del 50 por ciento de la población, aún no existan las condiciones necesarias que nos permitan acceder a una vida igualitaria. Es hora de que también en la vida económica de nuestro país se abran estas oportunidades.

Hoy, después de años de lucha, somos muchas más las mujeres con la capacidad, experiencia y liderazgo necesario listas para participar en las decisiones corporativas y listas para hacer de México un país con más bienestar social, menos desigualdad y más crecimiento económico. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Rubén Terán Águila:Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, pregunto: ¿quién de ustedes se quiere reelegir? ¿Cuántas veces, compañeras y compañeros diputados, aspiran a reelegirse? Ante tanta reelección ponemos en riesgo a la república democrática de México. La anterior reforma del artículo 59 de nuestra Carta Magna conlleva a la culminación de las reformas del periodo neoliberal. Admitir tres veces de manera consecutiva la reelección de diputados, ocasiona en gran media una reducción de oportunidades para otras personas que al igual que ustedes pueden representar a su pueblo de manera digna.

La reelección legislativa puede conllevar a muchas tentaciones, abuso de poder, pero también poder económico, y por si esto fuera poco, la reelección legislativa tan abundante que tiene hoy estipulada esta Carta Magna, impide la renovación de las llamadas clases políticas.

Recordemos, compañeros, que ningún ciudadano se debe imponer y perpetuar en el poder, pero tampoco en el ejercicio de su representación. Creo de manera firme en la profesionalización legislativa, pero no creo en su exceso.

El propósito fundamental de esta iniciativa no es impedir la reelección, pero sí evitar a legisladores eternos y los hay en todos los partidos. Bien decía el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno.

Hoy, compañeros diputados, tenemos esa posibilidad de poder hacerlo y de manera actual en el artículo 3o. se establece que la democracia no solamente es la democracia concebida como una estructura política o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural.

Esta iniciativa es de vital relevancia, compañeras y compañeros. Esta iniciativa pretender reducir a un solo momento la forma en que nosotros podemos reelegirnos solo una vez, no tres veces como lo establece la actual Constitución.

Sin lugar a dudas aspiramos que muchos mexicanos lleguen a esta Cámara, que dignifiquen al parlamento mexicano, que traigan la talla de Altamirano, de Ramírez, El Nigromante; de Francisco Zarco, o bien, a parlamentarios como José Mujica, como Luis Manuel Rojas o como Heriberto Jara.

Nosotros tenemos que darles esa oportunidad y no hacernos eternos en esta Cámara de diputados. Una reelección, no más. No abusos en ningún sentido, compañeras y compañeros diputados.

Esta Cámara legislativa debe darle al pueblo de México una nueva Constitución cuyos principios sean el reflejo de los diputados que hoy estamos aquí, que a la manera de un Constituyente, hoy, en el siglo XXI, nosotros tenemos que darle un nuevo mecanismo y un nuevo rumbo a este país.

No pido de manera radical, a la manera de Ignacio Madero, la no reelección. Pido, compañeras y compañeros diputados, al tiempo del siglo XXI y de manera republicana la reelección responsable.

Esta Cámara legislativa, esta legislatura hará historia, no tengo dudas. Y esta propuesta que pongo a consideración, seguro estoy, marcará un parteaguas en el parlamento mexicano. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Terán Águila. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez:Con su venia, diputada presidenta. Las y los niños mexicanos deben ser un tema prioritario en la presente legislatura, y la garantía de crecimiento pleno es una obligación que como legisladores no debemos olvidar.

Por eso me gustan los días como hoy. Los días en donde en reiteradas ocasiones, aquí, en tribuna, se ha hablado de temas para niñas y niños.

Y bueno, con la gran apertura de información que contamos en la actualidad a través de los medios de comunicación, tenemos frente a nosotros un gran reto, ese reto es la sexualización infantil.

Lo anterior está generando una apertura a la sexualidad precoz para nuestras niñas, niños y adolescentes.

La sexualización infantil es un proceso donde el desarrollo de la sexualidad de los niños se ve acelerado y modelado prematuramente en estereotipos típicos de una edad adulta, y que son resultado de la publicidad y marketing inapropiados.

Como lo he comentado, y desafortunadamente el principal potencializador de riesgo para nuestros niños han sido los medios de comunicación, ya que a nuestras niñas y niños se les invita a realizar actividades de un adulto, como la vestimenta más atrevida, maquillaje, poca ropa, entre otras cosas.

Con lo anterior estamos contribuyendo a que la maravillosa etapa de inocencia desaparezca, presionando a nuestras niñas y nuestros niños a desertar sus ojos a un mundo adulto, especialmente en temas relacionados con su sexualidad.

Dentro de los trabajos legislativos que hemos realizado en esta materia, tuve la oportunidad de realizar el foro ¿Y tú sabes qué es la sexualización infantil? Este foro se realizó aquí en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero de este año donde las consecuencias facilitadas por doctoras, maestras y psicólogas especializadas en la materia de una niña o niño sexualizado nos exponen lo siguiente: la insatisfacción con su propio cuerpo.

Niñas de entre siete y 11 años se quieren cambiar algún aspecto de su cuerpo, idealización de un cuerpo esbelto. Burlas, trastorno depresivo mayor, trastornos alimenticios, del 7 por ciento de niñas de 10 años que ya se encuentran en un rango de anorexia.

Alteraciones sexualizadas, sexuales visualizados, en inicio precoz de la vida sexual, prácticas sexuales de riesgo, lo que aumenta las posibilidades de embarazo infantil y adolescente, y aun peor aumenta el caso de abuso sexual.

Permitir este tipo de conductas daña lo más preciado en nuestras niñas, niños y adolescentes, esto es sus emociones, en donde si llega un trastorno mayor de lo antes mencionado, se le puede llevar a una niña o a un niño hasta el suicidio.

Contar con una sociedad sexualizada será el detonante para aceptar vivir con violencia, desvalorizados y por qué no, estaríamos en la antesala de aceptar ser el primer país con las mamás más jóvenes de todo el mundo.

Cualquier daño físico, mental, psicológico y emocional que bloquee de manera temporal o permanente el desarrollo integral de nuestras niños, niños y adolescentes, debe ser sancionado, sin embargo, es más valioso y menos costoso generar prevenciones.

Por lo anterior expuesto, presento esta iniciativa reformar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar los mecanismos y las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo social.

Compañeras y compañeros diputados, les hago un llamado como legisladora, pero sobre todo, como madre de un niño de siete años para que podamos cambiar aquellos actos para los cuales no existe una reparación de daño.

Las niñas, los niños y los adolescentes de México merecen ser protegidos por las leyes mexicanas, y sobre todo, vivir plenamente cada una de las etapas de su vida. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Murillo Chávez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla:Con su venia, diputada presidente. Amablemente le solicito que el texto de la iniciativa que ahora presento sustituya al publicado en la Gaceta Parlamentaria, en virtud de haber realizado cambios al proyecto de decreto.

Con la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II; 72 y demás relativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En 1884 se realizó la Conferencia Internacional de Meridianos, con sede en la Ciudad de Washington, DC. El evento tuvo la finalidad de establecer un sistema de husos horarios coherente entre las 25 naciones asistentes. Se consideró propicio adoptar un sistema único de medición de tiempo basado en un solo meridiano para reemplazar los numerosos sistemas individuales existentes.

Cabe señalar que nuestro país adoptó la orientación de Conferencia Internacional de Meridianos a partir de 1931, y hasta 1989 se aplicó el concepto de horarios estacionales en diversas regiones del territorio nacional. Es a partir del decreto presidencial de 1996 cuando que se establece el sistema de horarios estacionales denominado horario de verano con alcance para todo el territorio nacional, con una duración de siete meses, del primer domingo de abril al último domingo de octubre.

Después de los primeros años de aplicado el horario de verano, el 29 de diciembre de 2001, fue promulgada la Ley de Sistemas de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el sistema normal de horarios que regirá en todo el territorio nacional, así como la forma en que dicho sistema normal de horarios podría ser modificado.

En nuestro país, el horario de verano fue concebido e implementado específicamente como una alternativa para el ahorro de energía, considerando además que por priorizar las actividades en las horas de mayor disponibilidad de luz solar se verían beneficiados la economía a través de los negocios, el comercio y la productividad, sin embargo, los resultados observados a la fecha en cada uno de los supuestos beneficios, resultan discutibles.

El ahorro de energía derivado de la aplicación del horario de verano en el territorio nacional fue sustentado principalmente en el ahorro diario derivado de una hora más de iluminación artificial y la disminución en el consumo de energía. La realidad es que para los usuarios del servicio eléctrico en el país tal ahorro de energía, si es que existe, no se ve reflejado en la facturación del servicio.

La situación es que después de un periodo de 23 años de aplicarse los husos horarios estacionales en el país, existe el consenso general de dejar de aplicar el horario de verano. Con el horario de verano se ahorra energía durante las noches, pero también se gasta durante las mañanas en las horas de oscuridad previas al amanecer y en la tarde, dado que en las regiones cálidas de México las personas regresan una hora de luz más temprano a sus hogares. El clima cálido hace necesario el uso del aire acondicionado, aumentando el consumo de la energía.

Por las mismas razones aquí citadas, la tendencia desaprobatoria en el mundo hacia el horario de verano va en aumento y el mejor ejemplo de ellos es Europa. Existen factores negativos sobre la salud, con consecuencias sobre la productividad y la seguridad de las personas. Se sufre somnolencia, cansancio, dificultad para realizar tareas mentales y físicas, cambios de ánimo, irritabilidad, falta de atención, memoria, concentración, trastornos digestivos y de otros órganos y sistemas.

Los periodos óptimos de sueño circadianos no sincronizan con los horarios de sueño reales, el cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso, la luz no produce el mismo efecto durante la mañana que durante la tarde, la luz por la mañana activa el ritmo, pero la luz durante la tarde lo demora.

Expuesto y fundamentado lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2017.

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2020.

Segundo. Las dependencias de los Ejecutivos federal y estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias tomarán las medidas necesarias, a efecto de difundir con la anticipación debida el presente decreto para el conocimiento de la población.

Solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates el texto de la presente iniciativa. Por la generosidad de su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ayala Bobadilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Energía, para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, presento una propuesta de modificación, tanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios como a la de Obras Públicas.

El objetivo de esta iniciativa es eliminar las deficiencias de estas leyes, que permiten la proliferación de redes de corrupción, que facilita a los funcionarios abusar de las excepciones y eludir su responsabilidad.

En México se ha abusado y distorsionado el servicio público para encubrir actos de corrupción de manera inaceptable e inmoral. Las lagunas e imprecisiones de las leyes han servido para eludir el mandato constitucional.

El artículo 104 de la Carta Magna, en su párrafo cuarto, establece con claridad cómo deben cuidarse los recursos públicos, para que los funcionarios los utilicen de manera honrada, eficaz y transparente.

El mandato constitucional señala que las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas.

Esa regla general tiene una excepción en el siguiente párrafo, donde se precisa que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado, así queda claro que el texto constitucional mandata realizar licitaciones y solamente como excepción permite otros procedimientos.

En consecuencia, tanto la Ley de Obras como la Ley de Adquisiciones permiten que estas se realicen no solo por licitación, sino también permite la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa, el problema radica en que desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación ha señalado el incumplimiento de este diseño constitucional y observado el desvío de recursos a través de empresas fantasmas o contratistas que realizan simulaciones, como es el caso mediáticamente conocido como la estafa maestra.

La anomalía consiste en que diversas entidades de la administración pública, por ejemplo, Sedesol o Sedatu evitaron la realización de licitación, firmando contratos con otras entidades, por ejemplo, algunas universidades públicas, pero al no existir suficientes controles y obligaciones se han presentado casos de corrupción que han ofendido gravemente al pueblo.

El hecho es que desde hace siete años el ente especializado en fiscalizar los recursos señaló e informó al Poder Legislativo y a la opinión pública de este esquema de opacidad y discrecionalidad, pero durante ese tiempo las lagunas legales se han mantenido, la omisión ha estado en manos de los legisladores y fue la anterior mayoría la que impidió realizar los cambios que la experiencia exigía, actuando como cómplices parlamentarios de los abusos. Ahora nos corresponde a nosotros lograr un cambio para que las malas prácticas y los abusos ya no se repitan.

Así, les propongo hacer nuestras las observaciones de la Auditoría Superior para establecer que, si en una dependencia se pretende contratar a otra, esto solo sea posible cumpliendo un conjunto de salvaguardas y requisitos, entre los que destaca que sean justamente los titulares quienes firmen los contratos respectivos, para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación, como es el caso de Rosario Robles.

Además, será indispensable verificar que la entidad contratada cuenta con la capacidad material y humana para cumplir el contrato, para cancelar las prácticas abusivas de subcontratar a terceros.

También será empatar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, en caso de incumplimiento.

Compañeras y compañeros, es el momento de recuperar lo propuesto, discutido durante años. Con la nueva composición del Congreso no deben mantenerse las mismas reglas del servicio público que han cobijado la corrupción.

Les propongo que esta iniciativa, que recupera los planteamientos progresistas de la legislatura pasada y que coincide con la minuta enviada por el Senado, sea analizada y enriquecida para votarle en este mismo periodo de sesiones.

Si en el pasado reciente no hubo condiciones para lograr un cambio, ahora no hay excusa ni justificación válida. Hoy hay que ir al fondo. Si la ley tiene deficiencias, entonces es urgente que nosotros cumplamos con nuestro trabajo para que esas prácticas no se repitan nunca más.

Nunca más un caso como el de Rosario Robles, basta de simulaciones y basta de corrupción. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Antonio Altamirano. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y deroga la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Carmen Patricia Palma Olvera:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, presento ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. y se deroga la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa pretende que el estado de Quintana Roo se incorpore al huso horario de la zona centro o de los 90 grados, también conocido como tiempo universal coordinado, UTC 6, por sus siglas en inglés, en el que se encuentran otros 25 estados de la República, con excepción de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El Sistema de Husos Horarios toma como referencia un punto común mediante el cual se contabilizan las 24 horas de un día, tanto en dirección este, como oeste. Dicho punto medio es lo que se denominó como meridiano de Greenwich o meridiano cero.

El horario del estado de Quintana Roo se encuentra adelantado en una hora con diferencia al centro del país. Esta medida, adoptada por el gobierno federal anterior, vulnera los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes y de todos los involucrados en el quehacer educativo, violando el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los menores se encuentran expuestos a toda clase de peligros al tener que acudir a sus centros educativos cuando todavía no amanece.

En 2018, en el estado de Quintana Roo se suscitaron ocho violaciones a niñas y niños que caminaban solos rumbo a la escuela cuando aún no amanecía. La realidad es que hoy en día la calidad de vida de los quintanarroenses se ve afectada, ya que inician actividades con una iluminación insuficiente, alternado su reloj biológico, forzando su metabolismo, poniéndolos en situación de vulnerabilidad al transitar por lugar que, por el solo hecho de encontrarse a oscuras, se tornan inseguros. Lo que incrementa la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia u otras eventualidades que pueden atentar contra su persona.

Toda alteración respecto a la medición del tiempo y su asignación en un horario diferente al natural genera consecuencias negativas, que impactan en la salud y en el aprovechamiento escolar. Asimismo, no existe investigación científica que demuestre que el ciudadano común se beneficie económicamente ante un cambio de horario.

La Asociación Americana de Psicología publicó diversos estudios, en los que señala que los cambios de fase de tiempo que se realizan para alinear mejor la actividad de vigilia con los periodos de luz diurna tienen efectos secundarios, tanto en trabajadores, como en la población infantil, aumentando hasta en 5.7 por ciento los accidentes laborales y disminuyendo el rendimiento escolar.

Quintana Roo es el principal pueblo turístico de México, los quintanarroenses nos sentimos orgullosos de que Cancún sea un distintivo y referente mundial en materia turística, de que nuestra gente dedicada al sector turismo se encuentra en un rango competitivo a nivel mundial, por lo que la modificación del uso horario ha sido un tema controversial, en virtud de que se han afirmado que modificar el horario coadyuve al crecimiento económico y a mejorar la captación turística mediante la extensión productiva de los días.

Sn embargo, esto representa una justificación insuficiente si comparamos las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo de 2014 a 2015, en las que se destaca que este criterio solo evidencia inconsistencias porque la captación anual de divisas que ingresaron al gobierno federal disminuyeron en 2.5.

Quintana Roo no solamente es Cancún y sus playas, es un estado con 10 municipios más que demandan atención. Es preocupante que con la aplicación del horario actual se registre mayor consumo de energía y mayores costos.

Concluyo destacando que Felipe Carrillo Puerto es el único de los 2 mil 458 municipios de México que ha resistido la imposición de un horario que no ha demostrado favorecer al ahorro de energía, que tampoco se refleja en el bolsillo del quintanarroense de a pie.

En este municipio la resistencia del pueblo maya sigue vigente a través de la voluntad popular. En Felipe Carrillo Puerto se respeta la hora del gallo, la hora rebelde, la hora natural, la hora de Dios. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Palma Olvera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Energía, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS

APOYO PARA LOS PRODUCTORES DE MAÍZ

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tres compañeros y compañera han solicitado a hacer uso de la palabra, antes de finalizar esta sesión. Esta Presidencia se las otorgará, desde su curul y por un minuto flexible –no en exceso, pero flexible–, con objeto de que desahoguen sus inquietudes.

Tiene el uso de la palabra –desde la curul he señalado– el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sonido por favor a la curul del diputado Hernández. Adelante, diputado.

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Amigas, amigos, legisladoras, legisladores. El campo siempre nos hermana a todos. Hoy, los productores de maíz en México no sienten el apoyo del gobierno federal. Quien no apoya al desarrollo del campo, no apoya al desarrollo de México.

El día de hoy en Sinaloa se han desarrollado manifestaciones de grave preocupación del abandono y de la falta de compromiso, sensibilidad y de falta de conocer la realidad por la que pasan los productores de maíz en Sinaloa y en todo el país. No es un tema local. El tema del maíz va más allá en el país de lo económico. Es un tema cultural en la mesa de los mexicanos.

Sin duda que la desaparición de programas, la disminución del presupuesto para el campo, la falta de conocimiento y sobre todo también la falta de cumplir con la palabra que en enero de este año en la presentación del programa de los precios de garantía se les prometió a todos los productores de maíz, en ningún momento se identificó una cantidad de hectáreas o de toneladas de producción por hectárea, y hoy les están generando, después de haberles prometido 5 mil 610 pesos que se les garantizaba de parte del gobierno federal por tonelada a los productores de maíz, hoy no...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo ya se ha agotado. Concluya por favor.

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (desde la curul): ... tienen certidumbre los productores de maíz. El tema en Sinaloa, para nosotros en la Confederación Nacional Campesina es comenzar con ellos en una lucha para que les cumpla el gobierno federal lo que les prometió el señor presidente en enero al presentar precios de garantía. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hernández Deras.

PETICIÓN DE QUE SE INCLUYAN VARIOS MUNICIPIOS DE COAHUILA EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera(desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. Allende, Coahuila sufrió la tragedia en el 2011 de 300 desaparecidos, conocida esta tragedia a nivel mundial. Allende, Coahuila hoy nuevamente es abandonado por el gobierno federal.

Hoy tenemos al alcalde de este municipio en huelga de hambre, ante una petición legítima de que se reconsidere incluir a este municipio y a Morelos y a Zaragoza y Villa Unión, dentro de la franja fronteriza y los incentivos que se generaron para estos municipios que están conurbados con la zona fronteriza, y ante una cerrazón nuevamente, Allende, Coahuila es abandonado por la federación.

Hacemos el llamado a este Congreso a que se solidarice con el municipio de Allende que hoy tiene a su alcalde en huelga de hambre. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Rivera.

PLANES DE ACCIÓN ANTE UNA POSIBLE EMERGENCIA POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz(desde la curul): Gracias, diputada presidenta, con su venia. Compañeros legisladores, me permito en este acto comentar que desde 1997 el volcán Popocatépetl ha presentado una gran actividad volcánica, desde expulsión de vapor de agua, hasta material incandescente.

El episodio que vivimos el 18 de marzo pasado nos hace hacer una reflexión, y creo que hemos dejado de prestar la debida atención a los planes de acción ante una posible emergencia por una erupción volcánica.

Y es nuestra obligación sumar fuerzas para velar por la seguridad de los casi más de 26 millones de personas que se encuentran a menos de 100 kilómetros de la cercanía al cráter, y es que se verían afectadas por un fenómeno de este tipo, y es por eso que uso esta tribuna para hacer un llamado a que sumemos esfuerzos para señalizar de forma óptica las rutas de escape, darles el adecuado mantenimiento y reconstrucción, así como diseñar un plan de comunicación eficiente.

Estas medidas nos ayudarán a actuar de una forma más ordenada y responsable ante cualquier contingencia. Debemos de recordar que prevenir es vivir. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputado Ambrocio Gachuz.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (a las 18:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 9 de abril, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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