INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del martes 9 de abril de 2019 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

3. De Decreto por el que declara el 14 de marzo de cada año como el Día de la Madre Soltera y Monoparental, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

5. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 17 Bis, 134 y 197 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 3o. y 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y  Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para opinión.

8. Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a instaurar medidas preventivas emergentes con transversalidad de embarazos de adolescentes, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas secretarías de estado, para implementar una estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a realizar una exposición, temporal o permanente, así como un catálogo y recorrido digital, de la colección de exvotos mexicanos, recuperada por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para su exhibición, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la SHCP, gire las instrucciones necesarias a la Administración General de Aduanas, para realizar labores conjuntas que den seguimiento y sanción en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en Tamaulipas, por el caso de importación de pollos contaminados provenientes de los EUA, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, gire las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes, para realizar un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la SHCP, asigne recursos presupuestales adicionales al Inegi para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, para mantener el nombre de la estación Allende, en virtud del punto de acuerdo aprobado sobre este tema por el Congreso de la Ciudad de México el pasado 14 de febrero, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del pleno esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el parágrafo quinto, del párrafo 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Para iniciar nuestra argumentación sobre la inclusión de las humanidades en los objetivos de estudio e investigación, propósitos legislativos, nombre y concepto de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, mencionaremos que en 2011, un filósofo mexicano Gabriel Vargas Lozano escribió el siguiente artículo: “La desaparición de las humanidades”.

“A fines de 2008, el gobierno inició una reforma de la educación media superior (RIEMS) que afecta a millones de estudiantes. Su puesta en marcha se sustentó en la publicación de acuerdos (el 442 y 444) publicados en el Diario Oficial de la Federación. Su objetivo principal: preparar a los jóvenes para “la globalización”. Mientras otros reformadores, como Gabino Barreda, Justo Sierra o José Vasconcelos, fundamentaron la necesidad de cambios en la educación a partir de un análisis profundo de las necesidades del país, el actual gobierno se ha limitado a seguir, con empeño digno de mejor causa, las indicaciones de la OCDE.

Sin embargo, cuando los profesores de humanidades indagaron sobre el contenido de la reforma, descubrieron con sorpresa que en el cuadro básico de asignaturas faltaba el área de las humanidades y que sus disciplinas se habían dispersado en otras áreas: la literatura en la de comunicación, al lado de inglés y computación; la historia en la de ciencias sociales, y la filosofía fue enviada a una terra ignota llamada “transversalidad”. ¿Cuáles fueron las razones de estas medidas tan radicales? Jamás lo han explicado. ¿Para qué y ante quién?, dirían. Ante esta situación, las asociaciones filosóficas del país iniciaron, en 2009, un fuerte movimiento de defensa de las humanidades que culminó en mayo de ese año con una rápida negociación, ante la urgencia de las circunstancias (influenza, crisis económica), de un acuerdo (el 488) en que las autoridades restablecían el área desaparecida y definían las materias filosóficas como básicas y obligatorias. ¿Qué había pasado? ¿Las autoridades, en un acto inusitado de contrición habían reconocido su error y procedían a subsanarlo? ¡Qué ejemplo de autocrítica tan impresionante! Pero además, el nuevo acuerdo fue sometido a aprobación unánime de las autoridades educativas del país y publicado en el Diario Oficial de la Federación con la firma del maestro Alonso Lujambio, titular de la SEP (23/06/09).

Parecía entonces que todo iba por buen camino; sin embargo, un año más tarde se organizó un coloquio nacional (véase el libro titulado Situación de la filosofía en la educación media superior, en www.ofmx.com.mx) para realizar un diagnóstico sobre la situación de la filosofía en la EMS y se concluyó que ni se había conformado el área de humanidades, ni se habían restablecido las materias filosóficas en forma integral. Lo que ocurrió fue que en algunos sistemas desparecieron, en otros se cambiaron sus nombres y contenidos y, en otros más, se mantuvieron de manera fortuita. ¿Cómo es posible que una clase de ética filosófica no sea obligatoria frente a la crisis de valores prevaleciente y el inmenso proceso de deshumanización en que nos encontramos? –he preguntado a las autoridades– y su respuesta ha sido siempre un desconcertante silencio. Así, la SEP no sólo cometió un agravio en contra de la sociedad al desaparecer las humanidades de la educación, sino también al incumplir sus propios acuerdos. ¿Cuáles son las causas de este empecinamiento? Hay una de fondo: la profundización del productivismo, mercantilismo y consumismo en todos los ámbitos de la vida, que no quiere dejar espacio alguno a lo que considera “improductivo”. Por otro lado, existe un traslado acrítico por parte de las autoridades, de las estrategias globales diseñadas por la OCDE.

Nuestros administradores no repiensan las directivas de acuerdo con “nuestros intereses”, sino de acuerdo con los intereses de los grandes países productores. Finalmente, de lo que se trata es de disolver las humanidades para que los jóvenes no obtengan una conciencia crítica del mundo en que viven, ofreciéndoles como premio su ilusorio ingreso a la sociedad postmoderna. El día 8 de agosto pasado algunos de los mejores miembros de la comunidad filosófica, científica y cultural publicaron una enérgica reivindicación de las humanidades en la ems. Lo más probable es que las autoridades no escuchen, o peor: que recurran a la simulación y el doble lenguaje. El problema es que lo que está en juego es una concepción de lo que debería ser nuestro país”.

2. Para nadie es desconocida la tendencia del desplazamiento de las humanidades no sólo a nivel mundial, producto del empoderamiento explosivo y expansivo de la mentalidad del mercado. En México ya leímos el caso en un análisis del profesor Vargas y la obediencia que un gobierno asumió con este propósito.

Ahora bien presentamos una entrevista de la filósofa Martha Nussbaum, estadounidense que fue acreedora del 32 Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. En esa entrevista expone las razones catastróficas que propiciaría la ausencia de las humanidades, la desaparición del pensamiento crítico.

- Las humanidades proporcionan tres ingredientes que cualquier sociedad decente necesita con urgencia: la capacidad socrática de examinarse a uno mismo y pensar críticamente, que no debe ser coartada ni por la autoridad, ni por las presiones. Especialmente en esta era de los medios de comunicación sound bites (breves declaraciones que suenan bien) esta habilidad es más necesaria que nunca si queremos tener una cultura pública verdaderamente deliberativa y reflexiva. Otro sería la capacidad de pensar sobre los problemas universales como ciudadano del mundo, bien informado sobre la historia, la naturaleza de las principales religiones del planeta, y sobre la variedad de culturas. Por último, una imaginación cultivada, es decir, la capacidad de ver cómo el mundo mira a través de los ojos de personas muy diferentes de uno mismo. ¿Cómo podemos votar sobre políticas que afectan a otros sin antes saber cómo es el mundo en el que viven? Por lo tanto, es una cosa terrible que los programas de humanidades estén siendo recortados. Son parte esencial de la educación para todos los ciudadanos. En Estados Unidos las damos a través de la asignatura “artes liberales”, donde todos los estudiantes tienen un tema principal que les prepara para una carrera concreta, pero también reciben cursos generales, incluyendo Humanidades, asignaturas que preparan para la ciudadanía y la vida.

Podemos provocar que personas con formación técnica carezcan de pensamiento crítico, y que puedan llegar a estar de acuerdo con la autoridad sin pensar en lo que están haciendo. Esas personas dejan de ver el mundo a través de los ojos de los demás, y de esa manera, se pueden consentir hechos terribles, sin cargos de conciencia. En este aspecto he realizado un estudio sobre el estado indio de Gujarat, un lugar en el que durante mucho tiempo se desarrolló una educación puramente técnica, sin pensamiento crítico. El estudio mostró claramente unas tendencias alarmantes: la gente estuvo de acuerdo con una matanza de musulmanes inocentes, solo porque las autoridades gubernamentales les animaron a la revuelta. ¡Hay que luchar para que el futuro no se parezca a eso!

- La gente concibe la filosofía como una asignatura ardua, ¿cree que filósofos como su compatriota Lou Marinoff con trabajos como ‘Más Platón, menos prozac’ han logrado hacerla más accesible?

- Bueno, creo que lo mejor para empezar con la filosofía son en realidad “los diálogos de Platón”. ¡Son tan intrigantes y tan divertidos de leer! Pero en cuanto a Marinoff, Lou hace un buen trabajo cuando trabaja directamente con la gente porque consigue que se involucren en el pensamiento crítico. Eso es más difícil de conseguir con un libro. La filosofía es una actividad interactiva socrática, necesita el intercambio directo. Una cosa que me gusta de Lou, es el énfasis que pone en el pensamiento crítico, en lugar de convertir al filósofo en un gurú de lo sublime, con pensamientos profundos. Esa concepción de la filosofía me parece subversiva... ¡Con todo lo bueno que la filosofía tiene que ofrecer!

- ¿Cuál es el sentido de la filosofía hoy en día y en el futuro?

- Se trata de fortalecer las capacidades críticas y ayudar a la gente a pensar sobre qué es la justicia. Pero creo que también necesitamos un cultivo de las emociones y la imaginación, y éstas son suministradas por la literatura y las artes.

- Uno de sus temas predilectos es “el choque de civilizaciones”. Si no es el extremismo religioso, ¿qué nos separa de otras civilizaciones?

- Creo que el verdadero choque de civilizaciones está en el interior de cada persona, en cómo la codicia y el narcisismo lidian con el respeto y el amor.

3. Dentro de las argumentaciones de la introducción del programa anual de trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se argumenta eficientemente que la ciencia, tecnología y la innovación son esenciales para explicar, controlar y transformar el mundo y que su importancia aumenta en la medida en que el mundo se adentra en la sociedad del conocimiento. Me serviré de esta introducción y de estas frases para cimentar la argumentación de la necesidad imperiosa de que el concepto de la Comisión CTI, integre a las humanidades.

En primera instancia, el proceso de las humanidades es parte de los instrumentos que llevaron al pensamiento a escalar hasta el pensamiento crítico, principalmente un sector de la filosofía y el pensamiento político. Y los focos de atención que las humanidades hacen e hicieron, fueron dirigidos precisamente hacia la ciencia, hacia la tecnología, principalmente hacia la tendencia en donde las tecnologías y los procesos científicos pusieron y ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie. No hay que decir mucho al respecto pero es popularmente sabido que parte de la ciencia ha abonado para crear conflictos en el campo de la salud, del ambiente, el tema genético, cierta medicina.

La doctora Clara Inés Pardo Martínez, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y directora ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología indica que “la investigación científica y tecnológica se enfrenta a dilemas éticos con implicaciones complejas y filosóficas en las diferentes áreas del conocimiento como en la ingeniería genética existe la posibilidad de manipular los códigos genéticos para crear seres humanos superiores, el desarrollo de tecnologías específicas para violar los derechos humanos, la competencia entre el hombre y la maquina a través de la robótica, aplicaciones científicas para la guerra, entre otros, evidenciando que los beneficios de la tecnología se combinan con sus riesgos y peligros donde en algunos casos se generan efectos secundarios o subproductos no deseados que pueden amenazar los procesos naturales y sociales.

Por tal motivo, el conocimiento científico debe promover el bienestar, el progreso, la construcción social y la resolución pacífica de los conflictos. Donde la Resolución 43 de la ONU fomenta una mayor concientización de la comunidad científica para utilizar la ciencia y la tecnología como un instrumento para lograr la paz, la seguridad, la cooperación internacional, el desarrollo social y económico, la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Por ello uno de los retos más importantes de la ciencia y la tecnología es lograr las competencias para evaluar las implicaciones de cada uno de los resultados y desarrollos tecnológicos que en muchas ocasiones son más rápidos y superan las capacidades de monitoreo y control institucional para prever sus implicaciones, se debe mantener un equilibrio ya que en muchos casos los avances científicos y tecnológicos ocurren sin consecuencias adversas y con múltiples beneficios, en otros casos estos mismos desarrollos tecnológicos generan una serie de efectos imprevistos y/o indeseables donde los tiempos entre desarrollo y despliegue son cortos para realizar una evaluación prudente y efectiva de la tecnología frente a sus consecuencias e impactos potenciales.

Además de los riesgos, la ciencia y la tecnología ofrecen múltiples beneficios que se han evidenciado en los últimos años al contar con mayor esperanza de vida, una población más saludable, se tiene menor intensidad laboral en la producción de bienes y se logra una mayor calidad de vida.

De esta manera se debe procurar que la ciencia y la tecnología busque soluciones acertadas para los problemas de la humanidad, mejorar la calidad de vida, presente y futura, crear y fortalecer sociedades pacíficas y sustentables, lo que significa que la investigación debe trabajar por el desarrollo de las sociedades de forma igualitaria donde es fundamental contar con lineamientos de política pública que promueva una ciencia y tecnología en pro de la humanidad, teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología permiten consolidar la prosperidad económica, transformar estructuras sociales, modos de comportamiento y actitudes en la generación de nuevo conocimiento y se mejoran los niveles de tolerancia a través de la educación.

Teniendo en cuenta estos elementos y poder potencializar los beneficios de la ciencia y la tecnología se debe asegurar un flujo libre de información a través de la libertad de prensa y la libertad de expresión; garantizar la práctica y disfrute de los derechos humanos; promover el desarrollo sustentable; favorecer el diálogo basado en la lógica que se fundamenta en la educación; fortalecer la igualdad en todos los aspectos y niveles, garantizar un rol principal a la ciencia y la tecnología como elemento clave de desarrollo y del bienestar social y sobre todo conservar y promover ese ingrediente crítico que ha hecho que gran parte de la ciencia se encamine a asegurar la sobrevivencia de la especie, de los ecosistemas, del medio ambiente, de la razón de ser de la ciencia, de sus horizontes. Este es el momento en que la ciencia se piensa en sí misma y hace filosofía al cuestionar su dirección, su orientación, su cuidado, sus valores y su sentido; sus articulaciones con otras disciplinas tanto de humanidades como de ciencias.

Otra argumentación viene precisamente del filósofo mexicano ya citado arriba Gabriel Vargas Lozano. Reproduzco una reseña del libro: “Filosofía para qué” del filósofo Eduardo Sarmiento.

“Este libro es resultado del inmenso trabajo intelectual que Gabriel Vargas Lozano ha desarrollado en torno a la filosofía que se hace en nuestro país y las acciones que, junto con otros filósofos, ha llevado a cabo desde el Observatorio Filosófico de México. En palabras de Jaime Labastida, Vargas Lozano ha desarrollado su tarea filosófica sobre dos temas: el marxismo, entendido como una disciplina crítica (antidogmática por consecuencia), en los terrenos social y filosófico; y el entorno de la filosofía en México y la filosofía de México. En su libro Esbozo histórico de la filosofía en México (Siglo XXI) y otros ensayos (México, Facultad de Filosofía y Letras-Nuevo León, 2005) profundiza en algunas de las inquietudes reflejadas en el libro aquí comentado, por ejemplo: el tema de la autenticidad y universalidad de la filosofía, la relación entre ideología y sociedad, la relación entre el filósofo y la sociedad. Por otro lado, en cuanto a las acciones que ha llevado a cabo para reivindicar el quehacer filosófico frente a la sociedad, su autor muestra un tema que nos atañe: la relación entre filosofía y sociedad. ¿Por qué la filosofía está prácticamente ausente del imaginario colectivo, aún cuando hay una larga tradición en nuestro país y existen numerosos espacios académicos destinados a su cultivo?, ¿por qué para el ciudadano común y políticos en general, e incluso muchos que cultivan otras áreas del conocimiento, la filosofía resulta ser una actividad ornamentaria, por no decir extraña, inútil e innecesaria?, más aún, ¿por qué razones los modelos educativos, por lo menos en México, reducen e incluso pretenden eliminar la enseñanza de las disciplinas que conforman el campo de las humanidades como la filosofía? Filosofía ¿para qué? es un llamado a pensar cuidadosamente en el significado de la filosofía, la función e importancia que puede y debe tener para la sociedad. No se trata de un estudio en abstracto, elaborado al margen de las condiciones materiales de nuestro tiempo, sino que es de lo más concreto que puede plantearse. Contrario a la imagen que Aristófanes trazó de los filósofos en Las nubes, donde ironiza que en nombre de la abstracción y amor por la verdad, los filósofos viven de espaldas a la sociedad, construyen un lenguaje elevado.

Siendo presidente de la Asociación Filosófica de México, Vargas Lozano organizó el XII Congreso Nacional de Filosofía en la Universidad de Guadalajara. El eje rector fue La filosofía frente a los desafíos del siglo XXI y con este espíritu las mesas plenarias fueron dedicadas al análisis de la filosofía frente a la sociedad, por ejemplo, “La filosofía frente a la ciencia y la sociedad” en la que participaron Ruy Pérez Tamayo, Marcelino Cejeijido, Jean Gayon y Juliana González. Un segundo momento, en que se manifiesta ese espíritu, es el conjunto de acciones que ha emprendido desde el Observatorio Filosófico de México. Frente a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que elimina la enseñanza de la filosofía y las humanidades en ese nivel educativo, ha luchado ya no sólo para defender a la filosofía, sino también para que sea impartida desde el nivel básico. Es decir: que la filosofía esté al alcance de la población. El testimonio de este esfuerzo también se refleja en las siguientes obras: José Alfredo Torres y Gabriel Vargas Lozano (2010), Educación por competencias ¿lo idóneo?, México, Torres Asociados; y Gabriel Vargas Lozano (comp.) (2011), La situación de la filosofía en la educación media superior, México, Torres Asociados. Se recomienda visitar la página http://www.ofmx.com.mx/ para conocer las causas y evolución de esa lucha y una serie de documentos y textos que la detallan.

Vargas Lozano invita, y de hecho lo hace, a llevar la filosofía a la sociedad. Su preocupación es recuperar el vínculo entre sociedad y filosofía. Porque nos recuerda que la filosofía, desde los tiempos de Platón y Aristóteles, hasta Locke, Stuart Mill, Comte, Kant, Hegel o Marx, sin olvidar a los nuestros como Bartolomé de las Casas, ha luchado contra el poder despótico, la ignorancia y la enajenación humanas. En forma explícita, rememora que los filósofos con su reflexión –y siempre impulsados por un espíritu crítico y apegado a los valores del humanismo– han contribuido de manera significativa, incluso crucial, en la construcción de naciones, pueblos, culturas, épocas y tradiciones.

Considero que el conjunto de ensayos que lo conforma revela no sólo el valor de la filosofía por sí misma –lo cual ya es mucho–, sino también la función crítica y desde luego práctica en nuestra vida cotidiana. En esta problemática se inserta la obra. El libro está dividido en dos partes. La primera se conforma por una serie de ensayos que gravitan en torno a la relación entre filosofía y sociedad desde una perspectiva filosófica, política y educativa. La segunda incluye cuatro comentarios que el autor elaboró para la presentación de algunos libros de los filósofos Francisco Piñón, Jaime Labastida, Luis Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez. Se incluyen para mostrar cómo la reflexión del filósofo, sin perder rigor, puede y debe estar vinculada con los problemas que atañen a la sociedad. Todo ello bajo el mismo espíritu: reivindicar el quehacer filosófico ante la sociedad.

A continuación ahondaré en algunos puntos propositivos de la primera parte del libro, los cuáles se concentran en el capítulo “Diez tesis sobre el papel de la filosofía en la educación y la sociedad”. La filosofía debe ser enseñada a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Para que ello sea posible se requiere voluntad por parte de las autoridades educativas y, más aún, una pedagogía especializada y dirigida de manera particular a cada uno de los sectores poblacionales. Además, la filosofía debe ser llevada a otros sectores, por ejemplo cárceles y hospitales. Ayudaría significativamente para sobrellevar sentimientos de angustia, tristeza, esperanza, solidaridad y muchos otros que impactan el espíritu humano cuando se hallan bajo escenarios tan complejos. Por lo demás, la idea es que la filosofía se cultive y practique en la plaza pública; que se construyan espacios destinados al diálogo y reflexión sobre temas de interés común (políticos, económicos, culturales, deportivos, etcétera) para que la ciudadanía, con una conciencia crítica y humanista que sólo la filosofía otorga, pueda influir en las decisiones importantes de la sociedad, es decir, que se democratice en un sentido amplio la vida pública.

El derecho a la filosofía, esta exigencia se halla presente en varias de las tesis. Al reflexionar sobre la educación, Vargas Lozano tiene en mente la importancia de la filosofía para la configuración de la persona humana. Rescata la idea de Bertrand Russell que “educar es enseñar al alumno a pensar por sí mismo, bajo la guía del maestro”. En este sentido, lo que propone es una especie de paideia para la formación integral de la persona. Una educación a partir de las condiciones de nuestro tiempo; o, como él mismo lo indica en palabras del historiador Alfredo López Austin, quien señala que los pueblos nahuas se referían a lo que debería ser la vida justa, buena o virtuosa con un término que sería el equivalente de paideia: Yec nemi liztli, una educación donde el espíritu crítico y autónomo posibiliten la dignificación de la vida humana.

En resumidas cuentas, ninguna persona debe ser excluida para recibir una educación enraizada en los valores de la cultura, la ética y el humanismo. La filosofía, como semillero de los más altos y dignos valores, debe ser inculcada en todos los niveles educativos del país. Por eso debe ser un derecho y no quedar a merced de voluntades particulares. Desde luego, en esto subyace otra exigencia: reforma educativa nacional. Dicha tesis está en sintonía con el libro La filosofía, una escuela de la libertad, en el que se plantean estrategias globales para reivindicar, fortalecer e impulsar los estudios de filosofía en diferentes ámbitos educativos y sociales. Cabe señalar que esa obra apareció por primera vez con el título La Philosophie, une Ecole de la Liberté. Enseignement de la philosophie et apprentissage du philosopher: état des lieux et regards pour l’avenir (París, UNESCO, 2007). Posteriormente, en 2011, fue traducido al español bajo la dirección de Moufida Goucha (jefe de la Sección Seguridad Humana, Democracia y Filosofía) y publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. La versión electrónica está disponible de manera gratuita en: www.cefilibe.org.

La filosofía tiene una función crítica y social. Vargas Lozano pone al descubierto las artesanías del filósofo, pues a lo largo de la historia este artesano ha propuesto nuevas formas y reformas en torno a la idea del Estado; ha contribuido notablemente en la argumentación jurídica de las naciones; ha impugnado incansablemente situaciones de injusticia e irracionalidad para sobreponerles un universo axiológico que dignifique la vida humana y principios como libertad e igualdad; ha creado utopías como las del Renacimiento o las de siglo XIX frente a la explotación y la ignorancia; ha criticado atinadamente las consecuencias de la racionalidad instrumental; desde la praxis y para la praxis, ha reflexionado sobre la consecuente interrelación entre filosofía y movimientos sociales. Esto posibilita la mejoría de la vida humana, revela la función crítica y propositiva de la filosofía. La filosofía debe salir de su torre de marfil.

La idea es que la filosofía no debe estar encerrada en las escuelas, facultades o institutos, reflexionando sólo sobre sí misma; sino que debe ser cultivada como un conjunto de problemas y respuestas siempre en relación con la realidad, que sea motivo de reflexión en todos los ámbitos. Ello no excluye en lo más mínimo que la filosofía sea —como pensaba Aristóteles— ciencia que se busca; ciencia universal que es objeto de sí misma; o que la filosofía pierda importancia por no abordar problemas de tipo universal. ¿No es el mismo Aristóteles quien reflexionó sobre los problemas políticos de su tiempo y, no menos coyuntural, las constituciones políticas a la vez que amplió el pensamiento especulativo con su metafísica e ideas ontológicas? Así como alma y cuerpo son elementos constitutivos del ser humano, el aspecto crítico y teorético lo son para la filosofía. Finalmente, de la tesis diez, “la filosofía debe contribuir a cambiar el mundo”, se puede deducir el potencial de la filosofía para influir en los movimientos sociales y culturales. De ahí que el filósofo debe ocuparse, junto con los científicos, de los grandes problemas que aquejan a la sociedad en que vive y a la humanidad; debe desarrollar una pedagogía adecuada para que el ciudadano común no sólo pueda concebir la importancia, significado y papel que juega en la evolución humana, sino también practicar la reflexión filosófica en su vida cotidiana. Filosofía ¿para qué? es una invitación a pensar en el valor y la importancia de la filosofía, nuestro modo de entenderla, cultivarla y enseñarla. Es, ante todo, una fundamentación racional y una defensa de la vida pública de la filosofía. Por tanto, es preciso llegar a la plenitud del significado de la filosofía, destacando sus verdades e impulsos axiológicos que sólo ella puede conferir. Pero no menos necesario es abrir canales y establecer estrategias para visibilizarla y que tenga presencia social. La libertad, la justicia, la dignidad y la solidaridad son hijas de la filosofía. El padre se llama Eros. Urge reconciliar a la filosofía con la sociedad, para lo cual este libro ofrece algunas directrices.

“Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el trabajo de pensar, y me parece que, sin ideas, no vamos a ninguna parte”.

José Saramago

(Sarmiento, Eduardo; Vargas Lozano, Gabriel (2012), Filosofía ¿para qué? desafíos de la filosofía en el siglo XXI,México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Itaca, 154 páginas. Signos Filosóficos (en línea) 2013, XV (enero-junio): Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2018] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=34326236009> ISSN 1665-1324

Con este argumento quiero manifestar la urdimbre profunda y extensa que ata a la ciencia con las humanidades. De hecho, la separación entre estas dos disciplinas ha propiciado buena parte de los malentendidos, los errores, los desatinos de ciertos emplazamientos científicos que han ya hecho daños irreversibles a la humanidad. Una demostración extremadamente obvia es poner a consideración los llamados avances armamentistas producto de esforzadas investigaciones científicas y el atraso en materia de ciencias de la salud en el cual ciertas comunidades de cuestionamiento han opinado que si se invirtiera en investigar ciertas enfermedades que diezman a la humanidad, éstas ya se hubieran inhibido.

No puede haber ciencia sin un órgano rector de humanidades; no puede haber más tecnología sin una dirección humanitaria; no pueden haber más innovaciones sin un horizonte humanitario. Ahora la dificultad estriba en organizar una comisión con este concepto para darle una utilidad y sentido legislativo.

Las humanidades deben cultivarse, de eso no cabe duda. De hecho la idea legislativa en sí, la división entre poderes, la idea de Estado, de organización social, de la misma Constitución Política de nuestro país, es un producto humanista, humanitario. La idea de Justicia es un tema clásico de los filósofos y humanistas. Aristóteles, Platón Sócrates, Hobbes, Kant son algunos de los filósofos que se ocuparon de pensar la justicia, además de la ciencia, el estado, las leyes. Además existe una preocupación legítima de la humanidad por someter a control y a sentido humanitario a la ciencia, sus tecnologías y sus innovaciones. Gran parte de la ficción moderna y contemporánea se crea a partir de una preocupación así. Desde Frankenstein hasta las últimas ficciones en donde los productos robóticos y computacionales se adueñan del destino humano, revelan ese temor natural a que la ciencia pierda el control.

4. El contraargumento que puede emerger es la duda sobre la necesidad o no de incorporar el término de humanidades a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación o la necesidad de que ese concepto, “humanidades”, quepa en la materia legislativa. ¿Cuáles serían las tareas u objetivos de esta incorporación? ¿Cómo afectaría positivamente los trabajos de la comisión?

Si revisamos con detenimiento y analizamos los primeros párrafos del plan de trabajo de esta comisión, nos encontramos con que suscribe que “Las sociedades actuales se caracterizan por la diversidad de conocimientos, los cuales, gracias a los avances científicos y tecnológicos se han convertido en un bien público de fácil acceso para todas las personas”. Cierto, pero un análisis somero arrojaría que las sociedades actuales también están inmersas en conflictos profundos y de alta tensión. Los mismos conocimientos, científicos y tecnológicos, han generado tanto situaciones y procesos benéficos como de riesgo, aunque de un riesgo supremo, un riesgo para la misma humanidad.

Demos ejemplo de esos riesgos: La altísima sofisticación de las armas son una conquista científica y tecnológica. Aún con las regulaciones, -regulación que ha sido producto de procesos de la presión de mujeres y hombres humanistas, de filósofos, investigadores, académicos, -estas armas pueden destruir todo aspecto civilizatorio en poco tiempo. Y son, esas armas de destrucción masiva, productos de la ciencia, de la tecnología y de las innovaciones. Ha sido la masa crítica, esencialmente formada en la visión que procura la educación formal e informal de las humanidades, la que ha señalado la necesidad de limitar ese poder destructivo.

Como dice Mario Bunge en el libro La ciencia. Su método y su filosofía, “entre nosotros apenas se considera interesante la riquísima problemática filosófica que suscita la ciencia: para algunos, dicha problemática es demasiado estrecha, para otros demasiado árida, y para la mayoría de los filósofos y de los científicos ella apenas existe: se cree vulgarmente, en efecto, que la ciencia carece de problemas filosóficos y que no es más que una máquina de buscar datos. Entre nosotros suele encontrarse más cómodo adoptar una postura especulativa y de desprecio por los hechos y por la razón que adoptar una actitud crítica fundada en los hechos y que haga pleno uso de los instrumentos de la razón”.

Ahora bien. ¿Cuál podría ser la temática de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación con el concepto añadido?

Eminentemente el poder legislativo es diálogo, se nutre de investigación social y económica y es en su parte nuclear política todas ellas disciplinas humanitarias.

Revisemos. Tomemos por ejemplo un texto académico que circula en la red, llamado Ética en el Poder Legislativo, de Efrén Chávez Hernández, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es muy interesante porque precisamente introduce una labor del área de humanidades, la ética, la filosofía. El autor plantea, en su resumen, un argumento ético en la labor legislativa, desarrollando tanto su concepción como su instrumentación, con el fin de lograr una implantación exitosa. Para esto, se reflexiona sobre la importancia del Poder Legislativo en el Estado contemporáneo, y las razones por las que se presenta como el principal órgano garante de la democracia.

Asimismo, se aborda el tema de la corrupción como elemento que ha provocado tanto la falta de confianza de los ciudadanos, como la falta de eficacia en su organización y funcionamiento. De aquí que la ética puede fungir como instrumento para la mejora de tal institución fundamental. De hecho, es irrebatible que el diálogo, de eminencia socrática, la política (aristotélica), la idea del parlamento, la idea del Estado mismo, el parlamento, las leyes, la economía, la geografía humana, una enorme parte de la economía, la sociología, la historia son procesos del pensamiento humanista. Toda adaptación legislativa, toda argumentación, toda toma de decisiones conlleva un trabajo del pensamiento crítico, toda una posición vital respecto de moralidades de grupos parlamentarios o de definiciones teóricas respecto a la ética.

Por ello la introducción en la Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación del concepto de humanidades es la introducción de una instancia reguladora, a modo del propio aparato legislativo dentro del Estado, que fungirá como una constante y preocupada observación ética. Abrir la oportunidad para que legislativamente la filosofía, la ética en particular, las humanidades en general, tengan presencia, que la tiene estructuralmente, en los quehaceres legislativos es un acierto cultural de trascendencia. El abrir una brecha legislativa a la ética repercutirá tarde que temprano en la permanencia activa de la ética en las instituciones y sobre todo en el gobierno. El fin último sería cerrar el circuito para que esa ética, impulsada desde el legislativo mismo percuta en una cultura ética pública.

Por cierto, hay que tener una puntual consideración. Tenemos dentro de nuestro capital de propuestas legislativas en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, una que va en paralelo con esta iniciativa aunque a título de Iniciativa de Ley que pretende incluir el principio orientador del apoyo a las humanidades. Favorecer el crecimiento económico, la protección a la salud, el medio ambiente y la diversidad biocultural, así como la prevención del cambio climático y la procuración de un desarrollo sustentable y respetar la función de las humanidades en los principios y objetivos de la investigación y desarrollo tecnológico. Entonces se percibe un caldo de cultivo propicio a las humanidades en México.

Asimismo, en las audiciones frente a la iniciativa del Ejecutivo federal, diversos ponentes han propuesto la inclusión de la enseñanza filosófica en las estructuras curriculares de la Secretaría de Educación Pública.

La propuesta es la siguiente

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Ley vigente

Artículo 39....

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I. a IV. ...

V. Ciencia, Tecnología e Innovación;

VI. a XLIII. ...

...

Propuesta de reforma

Artículo 39. ...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I. a IV. ...

V. Ciencia, Tecnología , Humanidades e Innovación

VI. a XLIII. ...

...

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el parágrafo quinto, del párrafo 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

V. Ciencia, Tecnología , Humanidades e Innovación

VI. a XLIII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica la fracción V del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, con base en el planteamiento del problema y los siguientes argumentos

Planteamiento del problema

La actividad energética del País, es de interés público y actividad principal del Estado. Para entrar al estudio que entraña la propuesta, es necesario, conceptualizar el servicio público, retomando lo definido por el doctor Jorge Fernández Ruiz, quien señala:

“Servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la Administración Pública, bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona.”

En atención al régimen jurídico histórico del servicio público de energía eléctrica, se denota que ha prevalecido el control del Estado a la generación, operación, distribución y cobro de la energía eléctrica, situación que ocurría con normalidad y existía una cooperación de los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno, por lo que los adeudos generados por Estados y Municipios en materia de suministro de energía eléctrica eran pagables.

En el gobierno federal anterior, se impuso la llamada reforma energética que realizó cambios sustanciales en la toma de decisiones, ejecución, operación e inversión, permitiendo abrir a capitales privados, tanto nacionales y extranjeros la infraestructura, redes, inmuebles y toma de decisiones en el sector.

Es de conocimiento público que lo aprobado por la LXII Legislatura y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2013, no ha impactado en beneficio de los mexicanos, mucho menos en pro de las entidades federativas y los municipios.

Al cambiar la naturaleza jurídica de la industria eléctrica, se generan problemas que dañan el erario público de los estados y municipios. Tan solo en 2018, se generó información en medios impresos y electrónicos en los que se comunicaba que la falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31 estados y mil 265 municipios afectaba a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en total, eran 14 mil 295.7 millones de pesos los que se acumulan de deuda, desde 2015.

“Conforme a una solicitud realizada por Excélsior, al cierre de noviembre de 2017, el pasivo de los estados ascendía a ocho mil 207.6 millones de pesos (57.4 por ciento del total), mientras que los municipios han dejado de pagar seis mil 88.2 millones de pesos (42.5 por ciento).

Chiapas encabezaba la lista de las entidades con retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. Esta entidad no ha pagado dos mil 421.7 millones de pesos a la CFE. De los municipios, el que encabeza la lista de deudores es Ixtapaluca, Estado de México, con 447.4 millones de pesos.

La solicitud de información también especifica que la empresa realiza gestiones de cobro de acuerdo con la normatividad vigente que contempla la suspensión del suministro de energía eléctrica, reuniones para establecer acuerdos y suscribir convenios para cubrir el pago pendiente.”

Ante la nueva forma de operación de la CFE, como una empresa con asociación público-privada y la aplicación de nuevas tarifas por instrucción de la Comisión Reguladora de Energía, el problema va en aumento y en muchos casos diversos municipios del país han sufrido apagones en los sistemas de agua potable o en los alumbrados de la vía pública.

Los estados y municipios aportan capital e ingresos a la Tesorería de la Federación, vivimos en una Federación que mantiene el orden social mediante la aplicación de la ley y de políticas públicas.

Es urgente que a través de la Comisión Reguladora de Energía se establezcan medios alternativos de solución a la deuda que tienen los estados y municipios por suministro de energía eléctrica.

La rectoría del estado en materia de energía eléctrica se mantiene a través de las instituciones públicas conformadas actualmente, como los son la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y derivado de la imposición, entraron las subsidiarias y filiales, que son personas físicas o morales que intervienen en el sector.

Hoy, las familias sufren el no poder pagar tarifas, no digamos altas, sino exageradas que no cumplen con la realidad social de cada familia y municipio que conforma la República.

Anteriormente se han presentado diversos exhortos en los que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura para enviarlo a la Comisión Reguladora de Energía en espera de la reclasificación de tarifas eléctricas en determinada entidad.

A su vez, otros han optado por señalar que sus estados o municipios aportan considerablemente a la generación de energía hidráulica; por lo que, deben ser considerados en condonaciones o descuentos en pagos de suministro básico.

Desde que se aprobó la reforma energética, las tarifas de uso residencial siempre van en aumento, sobretodo del año 2015 a la fecha. Constantemente existe en los hogares el cobro de la tarifa de servicio doméstico de alto consumo (DAC). Al cambiar el cobro de tarifas, ha cambiado la forma de consumo y se ha mermado el bolsillo de los ciudadanos de escasos recursos económicos, a continuación muestro la forma de cobro:

El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada:

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.

Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.

Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.

Tarifa 1D: 1,000 (un mil) kWh/mes.

Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes.

Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes.

Cuando el consumo mensual promedio del usuario sea superior al límite de alto consumo se le reclasifica a la tarifa doméstica de alto consumo, lo que hace que sea difícil pagar las facturas por concepto de luz a muchos mexicanos, sobretodo, las que viven en los lugares con climas extremos del país.

Señala la CFE, que el verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales son fijados por el suministrador que puede ser una empresa privada, lo que da como consecuencia, elevar los costos y ello lo sustentan con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin embargo, tanto en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, prevalece el interés público y la rectoría del Estado en el tema energético, por lo que deben buscarse mecanismos de solución de conflictos, para que ambas partes, Estado y Ciudadanos, comiencen de la mano en la nueva transformación del país.

Ello, aunado a las altas temperaturas de los últimos años, sobre todo por el efecto del calentamiento global y el cambio climático, donde podemos encontrar localidades de Sonora, como los son, Nogales, Naco, Agua Prieta, Cananea de clima caluroso y frío, por lo que usan climas artificiales, y Estados de la República como Baja California, Chihuahua, Michoacán, entre otros, con temperaturas que alcanzan los 50° centígrados, por ende, en las casas se utilizan con mayor frecuencia los calentadores, ventiladores o aires acondicionados, así que muchos usuarios entran en la tarifa DAC, para no sufrir los embates del calor.

Considero que no se ha generado una verdadera solución al conflicto, por la diversidad de complejidad en cada caso. Más aun, cuando los suministradores ven la pretensión de elevar sus ganancias y no de apoyar a la sociedad.

Derivado de lo anterior, resulta urgente y necesario, que la Comisión Reguladora de Energía trabaje coordinadamente con la Comisión Federal de Electricidad, para generar alternativas que permitan flexibilizar solamente en algunos casos, el cobro de la tarifa DAC, ofreciendo descuentos o estímulos que permitan que la población continúe pagando sus facturas por servicio de energía eléctrica.

Ejemplos de cobros de luz irregulares, exorbitantes, exagerados a miles de mexicanos se dan día a día; con aumentos de tarifa del 140 por ciento, que no pueden quedar de lado y olvidemos la angustia que sufren las familias, en los climas extremos, recordemos que el derecho al suministro de luz, es un derecho humano, es una necesidad básica y es un tema primordial del Estado Mexicano.

Hoy, debemos refrendar el pacto federal que fortalece la vida institucional en beneficio de la sociedad mexicana.

Fundamentos legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 27.

...En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica...

Artículo 28.

... El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley...

Ley de la Industria Eléctrica

Artículo 2. La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas.

En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente Ley. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

XLVI. Suministrador de Servicios Básicos: Permisionario que ofrece el Suministro Básico a los Usuarios de Suministro Básico y representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos que lo soliciten;

...

XLIX. Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado;

...

LII. Suministro Eléctrico: Conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los Usuarios Finales, regulado cuando corresponda por la CRE, y que comprende:

a) Representación de los Usuarios Finales en el Mercado Eléctrico Mayorista;

b) Adquisición de la energía eléctrica y Productos Asociados, así como la celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica, para satisfacer dicha demanda y consumo;

c) Enajenación de la energía eléctrica para su entrega en los Centros de Carga de los Usuarios Finales, y

d) Facturación, cobranza y atención a los Usuarios Finales;

LIII. Tarifas Reguladas: Las contraprestaciones establecidas por la CRE para los servicios de transmisión, distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, operación del CENACE y Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista;...

Artículo 12. La CRE está facultada para:

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y resolver sobre su modificación, revocación, cesión, prórroga o terminación;

(...)

LIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Artículo 6. La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7. Para cumplir con su objeto , la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda.

Argumentos

Actualmente la Comisión Federal de Electricidad, tiene dos formas de establecer el cobro de luz por alumbrado de vías públicas y uso de electricidad en los equipos de saneamiento, alcantarillado y uso de agua potable de los municipios de la República

La primera fórmula, es atender un porcentaje, derivado del número de luminarias en vías públicas y de equipos de agua potable, así como, del número de usuarios que facturan luz en cada municipio y establecer un porcentaje de pago; el otro esquema que ofrece la CFE y que en algunas localidades comienza a implementarse, es poner un medidor de luz en cada equipo de infraestructura pública que consume energía.

Lo cierto, es que la Comisión Federal de Electricidad ha dividido sus objetivos, para lo cual cuenta con diversas empresas con finalidades distintas; al tener un carácter público-privado, genera potenciales ganancias en todas las diferentes ramas de la empresa.

Con base en ello, desde el 2015 y después de la fallida reforma energética, las deudas por facturas de recibos de consumo de energía eléctrica de las familias y de los Estados y Municipios del País ha crecido exponencialmente, por lo que resulta necesario encontrar la fórmula que permita la eliminación, condonaciones, descuentos o encontrar diversas formas de pago de los pasivos.

Existen Municipios que operan con déficit, que son de comunidades y pueblos indígenas; muchos otros que cuentan con los ingresos suficientes, pero que al tener adeudos históricos no le permiten cubrir a corto plazo el monto final de la deuda.

Independientemente del esquema estatal o municipal, son parte de los Estados Unidos Mexicanos y como tal, son de interés público y prioritarios para la convivencia general.

Ante la nueva naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, estimo que no puede ser dicha Comisión, quien solamente establezca las bases, parámetros, convenios, contratos o cualquier forma de liquidación de pasivos que tienen los Estados y Municipios de México por uso de energía eléctrica.

La Comisión Reguladora de Energía, es el ente superior que debe instruir y coordinar con la Comisión Federal de Electricidad, sobre cómo proceder en cada caso específico, derivado de diversos factores, como, por ejemplo, el nivel de deuda, los factores sociales de la región, la aportación de la localidad a la generación de energía, entre otros.

Además, se suma la imposibilidad de pago de las familias de escasos recursos económicos que viven en zonas con climas extremos en la República, por lo que deben generarse soluciones de pago para mantener la estabilidad social y económica.

Por ello, se somete a consideración el agregar dos fracciones al artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica y recorrer las subsecuentes, para quedar como sigue:

Al promover el establecimiento de pagos adecuados a ambas partes, a la conciliación, a la defensa del gasto público, se estará apoyando también a la renovación de alumbrados públicos, así como de la actualización y renovación de infraestructura de saneamiento y distribución de agua potable en todo el país, lo que da como resultado, mejores servicios públicos para los mexicanos.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se estima justificada y motivada la emisión del siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica

Único. Se adicionan y modifican las fracciones V y VI, recorriéndose la actual V para pasar a ser VII, y la VI para pasar a ser VIII y, así sucesivamente, del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 12. La CRE está facultada para:

I. a IV....

V. Determinar junto con la Comisión Federal de Electricidad, los criterios, bases, contratos y convenios, para el cobro de la deuda a Estados y Municipios por suministro de servicio básico de energía; sin menoscabar al erario e interés público.

VI. Analizar la metodología que determina el cálculo de la tarifa de alto consumo de servicio doméstico y, en su caso, reajustar tarifas en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, para aplicar programas, descuentos, estímulos, conciliaciones y cambios de tarifa DAC a 1F, en beneficio de usuarios de escasos recursos, en los municipios con climas extremos en el país.

VII. a LV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tomado de

https://www.dineroenimagen.com/2018-01-22/95168 el 09 de marzo del 2019.

2 Tomado de

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/22/1215159 el 09 de marzo del 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

DECLARA EL 14 DE MARZO COMO EL DÍA DE LA MADRE SOLTERA Y MONOPARENTAL

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 14 de marzo como Día de la Madre Soltera y Monoparental, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I; 78, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que el honorable Congreso de la Unión, declara el 14 de marzo de cada año como el Día de la Madre Soltera y Monoparental, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El concepto básico de derecho, lo define el diccionario de la Real Academia Española como el conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.

Lo anterior, para conocer que el derecho es una ciencia que codifica las conductas y relaciones ciudadanas; por lo que, es históricamente importante detectar que las sociedades van cambiando económica, social y culturalmente; es así que, las necesidades de toda familia se tornan distintas respecto de una década a otra; por lo que el derecho se adecua a los cambios sociales.

En todo el mundo la maternidad es primordial, por lo que muchos países celebran el Día de las Madres y tiene sus orígenes en la Inglaterra del siglo XVII. En Estados Unidos de América (EUA) se estableció en 1914 que el 10 de mayo de cada año, fuese la fecha de conmemoración.

En nuestro país, la conmemoración del 10 de mayo surge como reacción conservadora en contra de los primeros movimientos feministas del siglo y fue hasta 1922 que se institucionalizó la celebración retomando la fecha de EUA, como una invitación a mantener los valores morales en la familia.

Dicha celebración fue adecuada para las familias nucleares de mediados del siglo XX, que impulsaba una idealización femenina, ligando estereotipos de mujer sumisa, abnegada, buena, callada, que repite patrones por costumbre, lo que actualmente no es vigente.

Además desde su inicio y hasta la actualidad, dicha fecha ha servido para incrementar las ventas de muchos sectores económicos, es decir, existe un mercantilismo de los sentimientos; lo que es positivo, pero no necesario en la muestra de afecto.

Es necesario concientizar sobre una maternidad actual, vinculado con fenómenos existentes en todas las regiones de México. Para ello, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en la familia en transición no hay una de las figuras tradicionales. Considera en primer lugar, los hogares encabezados por madres solteras o monoparentales; parejas sin hijos; parejas de adultos cuyos hijos ya no viven con ellos; co-residentes, en la que cohabitan familiares o grupos de amigos sin pareja; y unipersonales, con individuos que viven solos. Este grupo representa 42 por ciento del total de los hogares en México.

En cada entidad federativa van en aumento los hogares donde manda y sostiene el hogar la mujer, en su papel de jefa de familia. Si nos situamos dentro del esquema jurídico, la madre soltera es la que nunca ha contraído nupcias; es decir, puede tener pareja, incluso hijos y ser madre soltera.

Ahora bien, ser madre monoparental en México, generalmente no es por una decisión voluntaria de la mujer, sino un resultado de la falta de compromiso o muerte del hombre que deriva en circunstancias como lo son, la separación, el divorcio o la viudez.

La familia monoparental es aquella en la que un progenitor convive con y es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Aquí se habla de “hogar monoparental”, núcleo principal o primario. Un porcentaje de los núcleos monoparentales se incluyen dentro de una familia compleja en la que hay una pareja, frecuentemente la constituida por los abuelos de los niños o niñas. En este caso se habla de núcleo monoparental secundario o dependiente.

En México, los hogares donde la jefa de familia es mujer, aumentaron a 28.5 por ciento en 2017, mientras que en 2014 la proporción era de 27.2 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Conforme a datos del Inegi, alrededor de 30 por ciento de los hogares monoparentales están a cargo de una mujer, que no precisamente decidió ser jefa de familia por convicción, afirmó Andrea Kenya Sánchez Zepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Son diversos los factores que obligan a la mujer a tomar la responsabilidad de los hijos y de la casa, como son, la falla en la comunicación de las parejas, el no uso de métodos anticonceptivos, padres irresponsables, violencia física o psicológica del hombre, son las causas comunes por las que la mujer decide tomar las riendas.

Las circunstancias varían desde cuidar todos los conceptos de los hijos, techo, salud, educación, vestimenta, entretenimiento e incluso velar por sus padres que en muchos casos, también habitan en la casa; lo que dificulta acceder a un nivel adecuado de vida, derivado de la misoginia, el machismo que sufren en la vida diaria y en los lugares de trabajo, con condiciones desiguales en comparación con los hombres, tanto de prestaciones y salario, por lo que, muchas veces deben cubrir dos empleos para poder subsistir.

Asimismo, se enfrentan a la discriminación cotidiana del señalamiento conservador de hombres e incluso mujeres que las culpan por la situación que viven, lo que se intensifica en la celebración del Día de las Madres, porque está arraigado en la concepción de las familias verticales y nucleares, que la madre debe tener hijos y un esposo que cohabite y conviva.

Sonora y la Ciudad de México son las dos entidades del país con más jefas de familia, con 36.1 y 35.3 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) del Inegi; en tercero, cuarto y quinto lugar de estados con más mujeres como jefas de familia están Tlaxcala (32.3 por ciento), Morelos (31.2 por ciento) y Guerrero (30.3 por ciento). En el último lugar del listado está Nuevo León con 21.5 por ciento.

Debemos reconocer que las familias monoparentales se desarrollan plenamente, con atención y crianza adecuada, con un enlace afectivo con los hijos y con el apoyo familiar de abuelos, tíos y primos que nutren el cariño y atención necesaria. De cada diez hogares monoparentales en México; ocho están sostenidos por mujeres y dos por hombres, hemos señalado que la mayoría no lo hace por convicción libre y, las mujeres que llegan a decidirlo libremente, tienen alguna instrucción académica, además que ocupan espacios de trabajo importantes y conoce sus derechos.

Se propone como fecha, el 14 de marzo de cada año, porque en esa fecha del año 1859, nació la doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, primera médica en México, quien sufrió adversidades, machismo, misoginia y, ante los problemas para aspirar a ser una académica y servidora pública, tolerando el constante rechazo de la Escuela de Medicina y de la Escuela de San Ildefonso, para revalidar materias, tuvo que escribir al presidente Porfirio Díaz para solicitar ayuda para continuar sus estudios y realizar su examen profesional, quien cedió a su solicitud, y emitió un decreto para actualizar los Estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y pudieran estudiar y graduarse mujeres médicas, su labor fue incansable apoyando a las madres que eran cabeza de familia y que carecían de recursos.

“Después de titulada, Matilde Montoya trabajó en su consulta privada hasta una edad avanzada. Siempre tuvo dos consultorios, uno en Mixcoac, donde vivía, y otro en Santa María la Ribera. Atendía a todo tipo de pacientes, cobrándole a cada uno según sus posibilidades. Participó en asociaciones femeninas como el Ateneo Mexicano de Mujeres y Las Hijas de Anáhuac, pero no fue invitada a ninguna asociación o academia médica, aún exclusivas de los hombres. En 1923 asistió a la controvertida segunda Conferencia Panamericana de Mujeres, que se realizó en esta ciudad. Dos años después, junto con la doctora Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. A los 50 años de haberse graduado Matilde Montoya, en agosto de 1937, la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de Mujeres le ofrecieron un homenaje en la sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. La doctora Matilde Montoya murió cinco meses después, el 26 de enero de 1938, a los 79 años. Aunque nunca se casó, adoptó cuatro hijos, de los cuales le sobrevivieron un hijo en Puebla y una hija en Alemania, Esperanza, a quien envió a ese país para que se preparara como concertista, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue retenida en un campo de concentración y nunca se supo más de ella.”

Para recordar a una mujer de lucha incansable y, con ello, otorgar el valor que deben tener las familias, es necesario realizar una distinción especial, obteniendo un día de reconocimiento para declarar el Día de la Madre Soltera y Monoparental, porque estamos comprometidos a revalorizar las fechas históricas que dieron origen y sentido a la lucha por la igualdad de género y diferenciar las diferentes tipos de familias que existen en México; por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de la honorable soberanía, el siguiente

Decreto que declara el 14 de marzo de cada año como Día de la Madre Soltera y Monoparental

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión, declara el 14 de marzo de cada año como Día de la Madre Soltera y Monoparental.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tomado de

http://www.gaceta.unam.mx/20170518/en-mexico-familias-de-tres-grupos-y-11-tipos / el 27 de Marzo del 2019.

2 Tomado de

https://www.ecured.cu/Familia_Monoparental el 27 de marzo del 2019

3 Tomado de

https://www.forbes.com.mx/aumentan-los-hogares-con-jefas-de-familia-en- mexico-inegi/ el 27 de marzo del 2019.

4 Tomado de

https://expansion.mx/nacional/2017/06/28/sonora-y-ciudad-de-mexico-son- las-entidades-que-tienen-mas-jefas-de-familia el 27 de marzo del 2019.

5 Tomado de

http://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2015/cma153c.pdf el 03 de abril del 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

«Iniciativa que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en 1982, la comunidad internacional y la UNESCO definen a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que los trascienden.

En otras palabras, la cultura es todo el conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y al trabajo, así como el conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo.

México es un país reconocido mundialmente por su riqueza cultural, es por eso que la creación, promoción, conservación y recuperación de la cultura, juega un papel importante para el desarrollo económico y social de nuestro país.

La riqueza cultural de México es milenaria, pues desde las pinturas rupestres, pirámides, observatorios, esculturas, se erigieron iglesias, catedrales, museos y otros monumentos que perduran hasta nuestros días y que hoy siguen sirviendo de influencia para la constitución y construcción de las obras modernas de arquitectura e ingeniería.

Según la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, México cuenta con un total de 34 sitios, el sexto a nivel mundial, y el primero del continente, con más sitios declarados.

En literatura México no se queda atrás, pues las grandes obras de escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, y Rosario Castellanos, entre muchos y muchos otros escritores que no alcanzaremos a mencionar, brindaron un patrimonio cultural que ha venido a engrandecer el nombre de nuestro país.

No obstante, hoy en México se vive otra realidad. Según la Encuesta Nacional de Lectura de 2012, en México, sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes, y una librería por cada 200 mil, además, según la OCDE, México se ha encontrado varios años ya, entre los últimos lugares en los índices de lectura, con un promedio de 2.9 libros por año.

Por esa razón, es necesario coadyuvar en realizar esfuerzos importantes para ampliar el alcance de la profundidad de la acción pública para fortalecer este importante sector, y esto se logrará, primeramente, fortaleciendo el presupuesto en el rubro cultural.

Según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 2013 al actual, el presupuesto para el rubro de cultura ha ido disminuyendo. Incluso en el año 2019, el monto para el rubro de cultura llego a montos similares con el presupuesto del año 2009. (Ver cuadro 1.)

Cuadro 1. Presupuesto asignado al rubro cultural desde 2008 (Cifras en millones de pesos).

En 2019 la Secretaría de Cultura sufrió de una disminución en su gasto con respecto al ejercicio anterior relativo a 4 por ciento en términos reales. En 2018, se le asignó un presupuesto de 12 mil 916 millones de pesos, mientras que en 2019 se aprobaron recursos por 12 mil 894 millones de pesos. Esta disminución tendrá sin duda un impacto en la inversión en infraestructura del sector.

Además si analizamos la disminución del presupuesto por función “Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales”, el decremento es similar en el monto total, pero con mayores impactos en conceptos como “Educación de calidad” con una disminución de casi 20 por ciento real y “Preservación y desarrollo de las lenguas indígenas” con 14.4 por ciento real. (Ver cuadro 2.)

Cuadro 2. Presupuesto aprobado para el ramo administrativo cultura

Función: recreación, cultura y otras manifestaciones sociales (Cifras en millones de pesos).

El derecho a la cultura en México, se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde al tenor de la siguiente: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado tiene la obligación de promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

En la Declaración de México sobre Políticas Culturales, de 1982, se ratificó que una política cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las comunidades, y que es imprescindible establecer las condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminación de carácter político, ideológico, económico y social.

El Plan de Acción de Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrado en Estocolmo en 1998, recomienda mantener o incrementar inversiones a nivel nacional para el desarrollo cultural y destinar, cuando fuere conveniente, cierto porcentaje del presupuesto estatal a ese fin.

La Declaración de Margarita de 1997, celebrada en Venezuela, ratifica la decisión de impulsar políticas culturales, cuyo propósito se fundamente en el concepto que sitúa al hombre como sujeto y objeto de cultura.

La Declaración de Lima de 1991, ratifica la necesidad de promover el conocimiento de las políticas culturales y legislaciones culturales de los países de Iberoamérica, a través de políticas activas, fundamentada en sus culturas, aprovechando los distintos procesos de integración y las alianzas estratégicas multilaterales.

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001, reafirma que las políticas culturales garantizan la libre circulación de ideas, y obras, y otorgan condiciones para la producción y difusión de bienes y servicios culturales.

La Carta Cultural Iberoamericana de 2006, celebrada en Montevideo, reconoce la importancia de reforzar el papel de la cultura en la promoción y consolidación de los derechos humanos, y manifestó la necesidad de que el diseño y gestión de las políticas culturales se correspondan con la observancia, el pleno respeto y la vigencia de los derechos humanos.

La Declaración de Valparaíso de 2007, establece que los estados tienen la obligación de destinar de forma progresiva al fomento de la cultura un mínimo de 1 por ciento del presupuesto general de cada estado.

La Meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exige redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Pese a las extensivas declaraciones internacionales sobre la promoción de la política pública y presupuesto cultural, sólo 4 de cada 10 personas tienen como hábito el arte y la cultura, según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

De igual forma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que en 2017 que el PIB de Cultura representaba 2.8 por ciento del total nacional. Esta ausencia, se debe claramente a la poca atención que el gobierno federal de ha dado a la cultura desde hace ya varios años, y el más grande ejemplo de esto es que para el año 2019, el Ejecutivo Federal propuso tan sólo el .21% del total del PEF al Ramo Cultural, el porcentaje más bajo desde 2010.

El ramo cultura necesita de un blindaje legal para que se le asigne lo que se merece, como se estipula en tratados internacionales, que es 1 por ciento como mínimo.

En la Ley General de Educación en su artículo 25, se establece que “el monto anual que el estado, federación, entidades federativas y municipios, destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.”

Mi intención al presentar esta iniciativa, vela por las necesidades de nuestro país, y es primordialmente, por la gran importancia que tiene la cultura en México. Ésta, constituye un marco para nuestros pensamientos y comportamientos, es decir, a través de ésta se expresan las tradiciones, las identidades, se exalta el sentido de pertenencia, y lleva a los individuos a explorar su creatividad y a potenciar el dinamismo humano.

Cultura no sólo es el arte, las creencias y las costumbres, es también la educación y la promoción de valores como la justicia, equidad, el respeto, la transparencia, que, en su conjunto, logran alcanzar el bienestar máximo de la sociedad.

La cultura de la legalidad, es el valor que se le otorga al respeto de la ley en cada sociedad, así como la conciencia que tienen los individuos sobre ella. En otras palabras, es llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone para garantizar la convivencia social.

Según World Justice Project, México se encuentra en la posición 92 de 113 naciones relacionados a la justicia penal, civil y en ausencia de corrupción. Es decir, no existe cultura de la legalidad en México. Por esta razón es tan importante blindar el rubro cultural para poder lograr a llegar a un estado de derecho en nuestro país y alcanzar el estado de bienestar máximo. Es importante promocionar una cultura de la legalidad en niños, jóvenes y adultos, así como educarlos en la justicia criminal, la prevención de delitos y el estado de derecho.

Como secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y plenamente convencida de que dicha comisión está comprometida con la cultura en México, presento al tenor de la siguiente asamblea, la siguiente iniciativa de decreto

Decreto que reforma y el artículo 58, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. a III. ...

...

...

...

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas, a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, al ramo cultural; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y a la atención a grupos vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas ( rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7o., el segundo párrafo del artículo 23o., el artículo 51o. y el artículo 57o. de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Exposición de Motivos

La descentralización del gasto público significa una mejora en el fortalecimiento del federalismo, ya que permite un equilibrio en el procedimiento político y reduce la brecha entre el poder federal, estatal y municipal.1

Para nuestro país, la descentralización representa una contradicción, se otorgan más atribuciones a los estados, pero los recursos son insuficientes para poder dar cumplimientos a los nuevos retos con la eficacia necesaria.

La descentralización es el procedimiento de entrega de competencias del gobierno federal a los estados y municipios para la labor política, social, económica, ambiental y administrativa. El objetivo de la descentralización es alcanzar una redistribución integral y justa del poder y la administración entre las competencias de la federación y los gobiernos locales.2

Bajo estas razones, la descentralización es un paso amplio e integral para procurar a la sociedad las mejores formas de relación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

En el informe Directrices internacionales sobre descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales se hace manifiesto por la Organización de las Naciones Unidas, el compromiso de generar la descentralización, el fortalecimiento de las autoridades locales y el acceso universal a los servicios básicos que atribuyen a nuestra actualidad.3

En este informe se menciona que la descentralización efectiva y la autonomía local requieren una libertad financiera apropiada, es decir que dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo las funciones encomendadas por la federación.4

Nuestra Ley de Contabilidad Gubernamental abarca todas estas directrices, sin embargo, con tal responsabilidad, es importante mantener toda la información que publican, piden y reciben cada una de las dependencias, organismos y gobiernos resguardada y disponibles de diferentes maneras, ya sean por medio físicos, electrónicos y digitales, ya que esta es una manera también de tener descentralizada la información disponible y su consecución.

Es importante la diferenciación entre lo digital y lo electrónico, que, aunque se parecen, las diferencias en lo profundo son notorias, y con el avance de la tecnología estas diferencias se acentúan más. Mientras que, para lo electrónico se necesitan dispositivos y/o unidades externas para su resguardo, transportación y divulgación, como lo son las memorias Usb, discos o un software, lo archivos digitales se resguardan, transportan y divulgan por medio de plataformas que son parte de los sistemas de comunicación y estas no necesitan un medio de transportación ya que esta información es accesible desde cualquier dispositivo, solo con contraseña y usuario.

En años pasados, uno tenía que dirigirse a las dependencias centrales en Ciudad de México para hacer cualquier trámite importante que afectara su producción, sus cosechas, su salud, el medio ambiente o  vivienda y no importando de donde viniéramos, era necesario traer y llevar toda la documentación original de forma física, en viajes que podrían tardar días, corriendo el riesgo de pérdida de la información requerida, lo cual atenta no solo con la propiedad de cualquier mexicano, sino con la descentralización plasmada en nuestras leyes.

Estas formas de presentar y guardar archivos, informes o información, aseguran la comparación, transportabilidad y cotejo de estos documentos a cualquier hora del día o lugar del mundo y seguir cumpliendo con las directrices de armonía, eficacia, transparencia y descentralización.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7, el segundo párrafo del artículo 10, el último párrafo del artículo 23, el artículo 51 y el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 7. Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, dentro de los plazos que éste establezca .

El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales escritos, electrónicos y digitales de difusión locales, respectivamente, las normas que apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley.

Artículo 10. El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten necesarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y digitales, los cuales contendrán cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los temas que serán analizados.

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 23. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I a III. [...]

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos y digitales que apruebe el consejo.

Artículo 51. La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas plataformas digitales o páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía digital o electrónica no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.

Artículo 57. La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, establecerán, en su respectiva página de Internet o plataforma digital, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso de la Ciudad de México, de sus demarcaciones territoriales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Federalismo y descentralización fiscal en México; Dimensión económica, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM Revista digital arbitrada. Volumen 2, número 5, enero-abril 2011

http://rde.iiec.unam.mx/revistas/5/articulos/1/11.php

2 Ibídem.

3 Directrices internacionales sobre descentralización y acceso a los servicios básicos para todos; ONU; revisado abril de 2019;

https://unhabitat.org/books/92036/

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril 2019.— Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma los artículos 17 Bis, 134 y 197 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agropecuario en México es uno de los principales motores de nuestra economía, si bien en los últimos años se tiene una falsa percepción de su deterioro, este importante mercado utiliza distintas sustancias para generar mejores productos y hacer más eficaz su producción, a estas sustancias las conocemos como plaguicidas y fertilizantes.

Los plaguicidas y fertilizantes son sustancias químicas comunes utilizadas para la producción de alimentos a partir de 1950, han servido para controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, mantener los cultivos en tierras con baja calidad de nutrientes, y reducir o evitar las pérdidas en la producción de alimentos.1

Es una realidad que estos químicos han generado gran importancia económica, y debido a estos beneficios económicos es que se ha producido un uso desmedido de estos químicos. Lo que ha llevado a daños al ecosistema; por ejemplo, el deterioro de la flora y la fauna, de los ríos, suelos y océanos, así como la modificación de animales para consumo humano, los cuales pueden generar enfermedades mortales tanto para nosotros como para el ganado mexicano.

Además, el efecto más grave del uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es su impacto en la salud humana. Los daños a la salud se manifiestan por intoxicaciones diversas, envenenamiento y efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mal formaciones genéticas, y en casos extremos la muerte.

Desafortunadamente, la Ley General de Salud no está homologada para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaje de una manera armonizada, ya que si no se homologan podrían dejar de ser suficientes para garantizar la salud de la población, del campo y, por consiguiente, de la economía.

Por esas consideraciones, la presente iniciativa busca fomentar una actualización que permita poner al día la Ley General de Salud para que ello a su vez repercuta en otras leyes o en reglamentos secundarios, sin estas aclaraciones que pueden no sólo prevenir el daño a uno de nuestros principales mercados como lo es el agrícola, sino dañar la salud pública misma, si se deja sin actualizar este tipo de leyes.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos 17 Bis, fracciones II y VI, 134, fracción V, y 197, párrafo segundo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. [...]

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

III. a V.[...]

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud , con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal;

VII.[...]

Artículo 134. [...]

I. a IV.[...]

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VI. a XV. [...]

Artículo 197. Para los efectos de esta ley se entiende por proceso el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley.

La secretaría ejercerá las facultades relacionadas con el conjunto de actividades que en el ejercicio de su desempeño desarrollan los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Effects of pesticides on health and the environment”, en la revista cubana Hig Epidemiol, volume 52, número 3, La Habana septiembre-diciembre de 2014. Revisada el 10 de marzo de 2019;

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1561-30032014000300010

2 Efectos de fertilizantes químicos y sus consecuencias, Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental. Revisado el 10 de marzo de 2019;

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=6311

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

«Iniciativa que reforma los artículos 3 y 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En gran medida, el triunfo de las sociedades humanas ha sido determinado por la relación de adaptación con su entorno natural, relación que, entre otros aspectos, se basa en el desarrollo tecnológico alcanzado por las distintas tribus humanas.

A lo largo de la historia se reconocen diversas revoluciones tecnológicas que han sido decisivas para cambiar la relación del ser humano con su entorno. La agricultura es una de ellas, pues modificó radicalmente el modo de vida de las sociedades y, por ende, de su cultura.

La agricultura, cuyo origen se remonta a 10 mil años,1 surgió de manera independiente en varios lugares que ahora se reconocen como centros de origen de agrobiodiversidad o de domesticación.

Las primeras evidencias de actividad agrícola se presentan en la región andina de Sudamérica, en algunas partes de África y en México, y de estos lugares se dispersó al resto del planeta.2 La domesticación de plantas y animales mediante la selección de características valiosas de los organismos, transformó de manera notable a las sociedades humanas.

Desde sus orígenes, la agricultura es una de las principales actividades humanas que ha provocado cambios fuertes en el medio ambiente. En décadas recientes la agricultura se ha intensificado con un mayor uso de maquinaria, sistemas de irrigación, fertilizantes sintéticos, herbicidas y plaguicidas. Esto ha llevado a grandes cambios en la estructura, función, manejo y propósito de los agroecosistemas.

Los principales cambios asociados a la agricultura de alto insumo implican una reducción significativa en la biodiversidad vegetal, animal y microbiana, así como un incremento en los efectos de los agroecosistemas sobre ecosistemas vecinos debido a cambios en la calidad del agua y la presencia de plaguicidas, fertilizantes y otros residuos químicos.

El país es uno de los ocho principales centros de origen, domesticación y diversidad genética de más de 130 especies de plantas, de las cuales 25 tienen uso comercial en todo el mundo y son la base para la alimentación humana y animal en cientos de países.3

Entre las especies domesticadas en México, o en Mesoamérica en general, destacan: maíz, calabaza, frijol, papaya, guayaba, camote, yuca, jícama, amaranto, huauzontle, algodón, tabaco, cacahuate, cacao y tomate. Además, nuestra Nación es centro de diversificación secundaria de otros cultivos de importancia económica mundial como la papa, el girasol y la vainilla.4

Sólo del maíz hay 64 variedades de este cultivo en nuestro país de las 220 que hay en América Latina, En ningún otro país es tan grande la variedad de maíces como en México ; hay razas primitivas en otros países como Perú. Sin embargo, ahí estas son una especie de reliquia, mientras que en México continúan usándose en la cotidianidad.5

La homologación de las leyes es de suma importancia, ya que los convenios, acuerdos y contratos que nacen de ellas permiten su vigencia, asegurando con esto, la protección de los participantes en estos convenios y contratos.

Estos acuerdos y contratos gestan a su vez informes que sirven a las dependencias involucradas para saber si los esfuerzos invertidos en ciertos programas, partidas o áreas, funcionan eficazmente, debería ser una obligación actual, que los informes se han presentados en forma digital y electrónica, esto como un principio de transparencia y honestidad.

Por esas razones es importante mantener las leyes en armonía, actualizadas y homologadas, para que estas sigan vigentes, representando modernidad, y ofreciendo equidad y justicia. Para que los avanzases científicos y las nuevas tecnologías protejan a nuestra sociedad, mercados económicos y al campo mexicano y su rica historia.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 3 y 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Único. Se reforman las fracciones XIV, XIX y XXX del artículo 3 y fracción VIII del artículo 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XXIII. [...]

XIV. Permiso: Es el acto administrativo que le corresponde emitir a la Semarnat o a la Sader, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a esta Ley, necesario para la realización de la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial y la importación de OGM para realizar dichas actividades, en los casos y términos establecidos en esta ley y en las normas oficiales mexicanas que de ella deriven.

XXV. a XXVIII. [...]

XIX. Secretarías: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud, respecto de sus respectivos ámbitos de competencia establecidos en esta ley;

XXX. Sader: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XXXI. a XXXVI. [...]

[...]

Artículo 26. Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba la federación con los gobiernos de las entidades federativas para los propósitos a que se refiere el artículo anterior deberán ajustarse a las disposiciones aplicables y a las siguientes bases:

I. a VII. [...]

VIII. Se establecerá la obligación de presentar de manera digital, electrónica y física informes detallados, claros y comparables con otros años sobre el cumplimiento del objeto de los convenios y acuerdos de coordinación; y

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Armas, gérmenes y acero”, Jared Diamond. Revisado el 13 de marzo de 2019;

http://unpocodesabiduria21.blogspot.com/2013/07/armas-germenes-y- acero-1997-jared.html

2 “La domesticación y el origen de la agricultura”, Antonio Krapovickas, páginas 1-8; http://ibone.unne.edu.ar/objetos/up/documentos/bonplandia/ public/19_2/193_199.pdf

3 “Domesticación de plantas y origen de la agricultura en Mesoamérica”, en revista UNAM. Revisado el 14 de marzo de 2019;

https://www.revistaciencias.unam.mx/es/146-revistas/revista-ciencias-40/ 1196-domesticaci%C3%B3n-de-plantas-y-origen-de-la-agricultura-en- mesoam%C3%A9rica.html

4 Construyendo las regiones bioculturales prioritarias para la conservación in situ y el desarrollo sustentable. Marzo de 2019;

http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_6_seis_ 158-229_eckart_boege.pdf

5 Recopilación, generación, actualización y análisis de información acerca de la diversidad genética de maíces y sus parientes silvestres en México. Revisado el 14 de marzo de 2019;

https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/proyecto/ Anexo9_Analisis_Especialistas/Jesus_Sanchez_2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para opinión.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cecilia Conde explica en un documento publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que para entender el fenómeno del cambio climático global es necesario comprender qué es el clima, por lo que en las primeras líneas del texto México y el cambio climático global, explica que “el clima terrestre es producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y, muy importante, la vida en el planeta (plantas y animales en los bosques y selvas, en océanos y en la atmósfera)”.

Esta relación entre la naturaleza y el hombre ha sido objeto de debate por muchos años, más aun en las últimas décadas, cuando el cambio climático ha mostrado cifras por demás preocupantes que han provocado que las naciones busquen leyes que ayuden a regular las acciones del ser humano a fin de mitigar las consecuencias del fenómeno.

Con relación a las nuevas condiciones presentes en algunos lugares del planeta, como el país, la autora señala que cada día se presentan variaciones en las condiciones de temperatura y lluvia planetaria, y que éstas se denominan estado del tiempo.

Esta aclaración reviste importancia debido a que en los conflictos ambientales es necesario que los actores reconozcan la diferencia entre ambos con la finalidad de poder determinar cuál es el impacto de sus acciones en el clima y en el estado del tiempo, así como las consecuencias que podría traer el uso de cierta tecnología para intentar modificar el estado del tiempo.

Conde explica que si bien todos relacionamos el invierno con el frío y el verano con lluvias, es decir, se reconoce el clima de cada estación, últimamente se han sentido inviernos calurosos y lluvias en primavera, lo que ha generado preocupación mundial por los cambios climáticos.

El asunto cobra relevancia en conflictos como el uso de los cañones antigranizo en algunas regiones agrícolas de nuestro país debido a que, para algunas producciones como la del aguacate no se requiere de tanta lluvia como para otros cultivos.

Entre las prácticas de algunos productores existe el uso de cañones diseñados para disipar las nubes y, de esa forma, evitar que caigan lluvias de tal magnitud que afecten sus sembradíos. En contraparte, algunos productores con sembradíos cercanos a los que se usa dicha tecnología han protestado por la falta de lluvia y exigido a las autoridades locales e incluso federales que se regule el uso de dicha tecnología en la agricultura en el país.

El problema que da origen a la presente iniciativa es que no hay algún estudio que permita a las autoridades determinar si se debe prohibir o no el uso de la tecnología con el propósito de modificar el estado del tiempo en alguna región, incluso este ha sido un debate entre quienes defienden la práctica de los cañones contra quienes señalan que son dañinos para el clima y que por ende, contribuyen al fenómeno del cambio climático que tanto se desea mitigar.

Ante la falta de estudios académicos y de alguna autoridad gubernamental que tenga la capacidad para determinar si esta tecnología es perjudicial para el clima, se ha revisado la Ley General de Cambio Climático (LGCC) a fin de identificar si el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, creado a partir de la LGCC, puede ser esa instancia que apoye al gobierno a fijar una postura sobre el uso de tecnologías en la actividad de la agricultura.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.4

De acuerdo con el artículo 15 de la LGCC, el INECC tiene como objetivo

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;

II. Brindar apoyo técnico y científico a la secretaría para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente;

III. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

IV. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático;

V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos, contribuciones determinadas a nivel nacional y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo;

VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en esta ley, así como las metas y acciones contenidas en la estrategia nacional, el programa y los programas de las entidades federativas a que se refiere este ordenamiento; y

VII. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios.5

En la revisión del artículo 15 se observa que entre los objetivos del INECC no se considera la revisión del uso de tecnologías que pretendan modificar el clima en una región, razón por la cual aún no existen estudios emitidos por dicha institución que permitan reconocer el papel de esta tecnología en las acciones para mitigar el cambio climática.

Por tanto, el propósito de la presente iniciativa consiste en modificar la fracción I del artículo 15 de la LGCC para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere entre sus objetivos, la investigación sobre el uso de tecnologías para modificar el clima en ciertas regiones:

La modificación de los objetivos del INECC permitirá tanto a la institución como a las dependencias y los órganos gubernamentales sobre los que ha recaído diversos exhortos para solucionar el conflicto por el uso de cañones antigranizo, contar con el análisis necesario, realizado con expertos del mismo instituto que aporten una opinión técnica que apoye a la decisión política de las instancias gubernamentales.

Por lo expuesto se presenta ante esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción I del artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático

Único. Se reforma la fracción I del artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por objeto

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente , preservación y restauración del equilibrio ecológico , así como el impacto del uso de tecnologías para modificar el clima;

II. a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cecilia Conde, México y el cambio climático global, UNAM-Semarnat, México, 2011. Disponible en

<http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/ Mexico%20y%20el%20cambio%20climatico.pdf>, consultado en marzo de 2019.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ley General de Cambio Climático, artículo 13. Consultada en

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf> en marzo de 2019.

5 Ibídem, artículo 15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

REGULARIZACIÓN DE AUTOMÓVILES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a implantar un programa para regularizar automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte del país, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país, conforme a las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha registrado un incremento en el ingreso de vehículos de procedencia extranjera a territorio mexicano de manera irregular, principalmente provenientes de Estados Unidos. Este incremento se ha intensificado en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido a su cercanía con nuestro país vecino, dichas entidades que han tenido que vivir en mayor medida las consecuencias negativas que conlleva la existencia de carros que circulan de manera irregular.

Existen diversos motivos por los cuales estos automóviles entran a territorio mexicano, entre ellos encontramos que resulta más barato adquirirlos en Estados Unidos que en nuestro país, otra razón es que mexicanos que viven del otro lado de la frontera envían a México estos bienes muebles para ponerlos a trabajar o como parte de su patrimonio.

El problema radica en que la importación de estos automóviles se hace de manera irregular, es decir, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder ser importados de manera definitiva como lo marca la Ley, ingresan a nuestro territorio sin ser identificados y sin que se tenga control sobre ellos. Una de las razones por las cuales no se llega a hacer conforme lo señala la Ley, es que el procedimiento resulta incosteable para los bolsillos de la gran mayoría de personas, además, también el modelo y año del vehículo son características que imposibilitan su importación.

Al no cumplir con los requisitos, miles de mexicanos optan por ingresar autos a nuestro país sin cumplir con las formalidades necesarias, y esta falta de regularización de estos vehículos de procedencia extranjera ha originado graves problemas que requieren de una solución inmediata, ya que repercuten negativamente en la vida de la población mexicana.

Entre los efectos más preocupantes se encuentra el incremento de la inseguridad en las ciudades a las que llegan estos automóviles, pues al no contar con placas ni registro, es casi imposible que sean identificados y esta situación es aprovechada por criminales para cometer un gran número de delitos. Este problema no es cosa menor, ejemplo de ello es que el 85 por ciento de los delitos cometidos en Baja California se efectúa con estos carros irregulares de procedencia extranjera, pues de esta manera evitan que sean localizados y juzgados. Por su parte, en Tamaulipas 8 de cada 10 delitos son realizados por delincuentes que se transportaban a través de uno de estos carros también conocidos como “chocolate”.

Por otro lado, estos vehículos representan un problema para la recaudación fiscal, pues evaden los impuestos a los que toda persona es acreedora al hacer uso de un automóvil, y tampoco es posible que paguen multas en caso de incumplir con los reglamentos de tránsito, lo cual resulta totalmente injusto para el resto de mexicanos quienes cumplen con el pago de sus obligaciones fiscales.

Otro gran problema que es necesario atender en la regularización de estos carros es la contaminación al medio ambiente que provocan las emisiones de los mismos, ya que en su mayoría son automóviles viejos y contaminan de manera considerable sin que alguien les pueda sancionar.

Esta situación irregular no sólo afecta a terceras personas, sino también directamente a los dueños de dichas unidades de motor, pues con frecuencia son extorsionados por empresas falsas que prometen la regularización de sus unidades.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, desde 1978 hasta 2011 se han llevado a cabo 19 medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, esto refleja la existencia de un problema que no es reciente y debe ser atendido adecuadamente.

Es importante mencionar que existe un alto grado de corrupción en las aduanas mexicanas, pues es por ahí donde lograr entrar los automóviles de manera irregular. Las personas que desean ingresar un automóvil logran hacerlo con ayuda de autoridades que incumplen con su labor, por ello es necesario que se establezcan mecanismos que impidan la realización de estas conductas contrarias a la Ley, tanto por parte de autoridades, como de particulares.

La finalidad de este Punto de Acuerdo es dar solución una situación que no puede continuar, no se puede seguir arriesgando la tranquilidad y seguridad de miles de mexicanos, es necesario que se reconozca la existencia de automóviles irregulares en nuestro territorio y darle una pronta solución a las terribles consecuencias que derivan de ello.

La totalidad de estos automóviles de procedencia extranjera que ya se encuentran dentro de territorio mexicano deben ser identificados y regularizados, se busca acabar con las consecuencias negativas que trae consigo la importación de automóviles irregulares, más no promover la llegada de más carros que nos cumplen con las formalidades a nuestro territorio, por ello de igual manera se plantea que se tomen las medidas necesarias a fin de que los próximos automóviles de procedencia extranjera que ingresen a territorio mexicano, lo hagan de manera regular.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país

Primero: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa, accesible y económico, que permita la regularización de los automóviles de procedencia extranjera que se encuentran en la región fronteriza norte de nuestro país, así también a tomar las medidas necesarias a fin de que los próximos automóviles de procedencia extranjera que ingresen a territorio mexicano, lo hagan de manera regular con la finalidad de no afectar la seguridad de la ciudadanía y a la industria automotriz nacional.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría y Crédito Público a reforzar los mecanismos necesarios que impidan la entrada irregular de automóviles extranjeros, provenientes de Estados Unidos, a territorio mexicano a través de las aduanas.

Notas

1 Frontera.info, Autos chocolate involucrados en 85% de delitos, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en:

https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/11052017/ 1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html

2 Excélsior, Ocho de cada diez delitos son en carros “chocolate” en Tamaulipas, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125

3 Pág. 5 file:///C:/Users/Diana/Downloads/Vehiculos-usados-extranjeros-docto142.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a instaurar medidas preventivas urgentes con transversalidad de embarazos de adolescentes, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Por un largo periodo en México se instaló la marginación y segregación social como una consecuencia de las políticas públicas excluyentes, para la población con mayor vulnerabilidad económica y social en el país. El gran desafío del México contemporáneo, es recobrar los derechos humanos sustantivos que permitan la reconstitución del tejido social, que garanticen comunidades saludables y seguras para el segmento poblacional adolescente de la nación.

Los embarazos en los adolescentes en México son un fenómeno que demanda una atención emergente por parte del gobierno de México, de las autoridades de salud y de las diversas instancias institucionales encargadas de proveer información, difusión y prevención para la población categorizada entre los 15 y 19 años de edad.

Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en adolescentes en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.

Segunda. Las evaluaciones y los datos recientes revelan el exponencial crecimiento de los embarazos no deseados en los adolescentes; que son producto de la desinformación, de la pobreza, de los bajos niveles de educación y por la violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para una población bajo riesgos y amenazas latentes.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños de mujeres menores de 20 años de edad, lo que equivale a 17.4 por ciento del total en el país. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad.

En el grupo de 10 a 14 años, la tasa de fecundidad para el año 2015 era de 2.08, y para el grupo de 15 a 19 años era de 74.4 por cada 100 mil mujeres adolescentes. El Conapo advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos. En México, el derecho a la planificación familiar se elevó a rango constitucional desde 1974.

En el caso del Distrito 12 de Apatzingán que represento, en 2018 y hasta febrero de 2019 en la cabecera distrital, 827 adolescentes fueron madres por vez primera de edades que oscilaron entre los 15 y 19 años de edad. Este problema de salud pública se presenta en algunos de los municipios que integran la demarcación electoral como Buenavista, Aguililla y Coalcomán.

Sin obviar que México encabeza la lista de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden mil 252 partos de mujeres de este grupo de la población en el país.

Tercera. En efecto, en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, donde participaron alrededor de 10 instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Secretaría de Educación y el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados, las cifras se incrementaron. Hasta hoy, las acciones gubernativas para combatir con relativos resultados este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública, que se significa como el gran pendiente de las instituciones responsables de difundir, concientizar, prevenir y atender los embarazaos en los adolescentes en México.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos consecuentes y velamos por el bienestar del pueblo de México. Este asunto es un tema de estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de la nación por aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.

Conforme a lo anterior, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas implementadas para la prevención de los embarazos en los adolescentes. Así como el exhorto para que se establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, donde se incorpore una visión integral, amplia e incluyente del problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ESTRATEGIA PARA ATENDER A LOS INFANTES QUE VIVEN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas secretarías de Estado a implantar una estrategia integral para atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios del país, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que:

“ Artículo 1o. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

En la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación en los artículos 1o., 2o. y 4o.:

“ Articulo 1. El objeto de la misma (Ley) es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”.

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”

Y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los artículos 1o., 2o. y 6o.:

“ Artículo 1. Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Artículo 2. Son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”

Durante el periodo 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, se insertaron estos principios a través del Eje Rector 1, México en Paz:

“ Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción

• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

 • Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de personas o grupos.

• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.

 • Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.

 • Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Durante este periodo se tuvieron alcances relevantes, tales como:

• Paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos Locales,

• Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,

• Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, donde a la par de instalaron Observatorios de Participación en cada Entidad Federativa,

• Incorporación de la perspectiva de género a las Reglas de Operación de todos los programas,

• Certificación de las dependencias de la administración pública federal y del sector privado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y,

• Matrimonio Igualitario

Sin embargo, en México aún quedan retos por superar; uno de ellos es la situación de las mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos en condición de internamiento.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país existen 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran 3 mil 284 mujeres.

Un Centro Femenil Federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 Centros Mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando así, un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en el 2017. De los 92 Centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres.

Ahora bien, mayoritariamente las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, ésta podría caracterizarse como una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, pues no tienen con los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.

De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa, que impulsó el Banco Interamericano de Desarrollo en “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, se visibilizan los costos indirectos por mantener a un reo en prisión, pues no sólo requieren de ayuda económica para alimentos, medicamentos o productos de limpieza sino también para sostener su estancia el centro de reclusión.

Dentro de los centros penitenciarios son concebidos niñas y niños, ya que es un derecho de las reclusas recibir visitas íntimas, cuando las mujeres están por parir son enviadas para su atención médica, por lo que posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia.

Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el centro penitenciario, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplan con su condena, sin embargo también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario.

El 16 de julio de 2016 se expidió en nuestro país la Ley Nacional de Ejecución Penal en la cual se reconocen en el artículo 10, los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios, en la que se delimita que los menores podrán conservar la guardia y custodia de sus hijos hasta los tres años de edad.

Además se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.

Como ya se señaló anteriormente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo primero el goce de los derechos humanos otorgados por la misma y por tratados internacionales de los que formamos parte, y a su vez, prohíbe todo tipo de discriminación.

En otras palabras, las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de dichos derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

A su vez, en la misma Carta Magna, artículo 4 se establece que el Estado debe velar por el principio de interés superior de la niñez:

“ Artículo 4. (...) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Por otra parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada con el objetivo de “reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos por lo que implica garantizar el pleno ejercicio, protección, respeto y promoción de sus derechos humanos, bajo  los principios rectores y criterios que sean definidos en la política nacional del Estado.”

Por su parte, el estudio de “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez, señala que aunque en el artículo 13 de esta ley se describen los derechos de las niños, niñas y adolescentes, éstos son violentados, por lo que cabe hacer la siguiente referencia a lo encontrado:

a) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, no lo hacen en condiciones de dignidad, pues carecen de las mismas necesidades básicas que sus madres.

b) Derecho de prioridad. El marco legislativo mexicano establece que los niños son la prioridad para el diseño e implementación de las políticas públicas con el fin de proteger sus derechos. Las niñas y los niños que viven en las prisiones con sus madres, no son considerados en el ciclo de las políticas públicas.

c) Derecho a la identidad. No se sabe con exactitud si las niñas y niños nacidos en los centros penitenciarios, fueron registrados inmediatamente, y se desconoce si cuentan con un acta de nacimiento.

d) Derecho a vivir en familia. Los niños y las niñas no deben ser separados de sus familias de origen, a menos de que sea necesario. En el caso de los menores que nacen en las prisiones, la Ley establece que deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, cumplida esa edad, deben ser separados y entregados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades para que sean ubicados en el mejor de los casos, con su familia extensa o ampliada, y en el caso más sensible, sean entregados a una familia de acogida.

e) Derecho a la igualdad sustantiva. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, tienen derecho al mismo trato e igualdad de oportunidades que las niñas y los niños que viven fuera de las prisiones.

f) Del derecho a no ser discriminados. El artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia”, entonces las niñas y niños que nacieron en las prisiones, no deben discriminados por circunstancias de nacimiento, ni por este hecho se les debe de restringir o limitar sus derechos.

g) Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral. Si bien, todas las niñas y niños tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no lo tienen, y aunque distintas instituciones demuestran que el ambiente carcelario no es bueno para ellos, sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia, en este caso, las madres que cumplen condenas y, que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de ellas.

h) Derechos de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Todos los menores, tienen derecho a una vida libre de violencia, y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia que sufren las niñas y niños que viven en las prisiones con su madre, sí se tienen informes de la CNDH sobre la violencia que viven las mujeres en las prisiones, lo cual es de preocupación para el desarrollo de los menores.

i) Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. La precariedad de la atención médica ha quedado visibilizada en distintos estudios de la CNDH y del Inmujeres. Las niñas y los niños que viven en ambientes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad, a pesar de que en el artículo 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud”.

j) Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. De las 444 niñas y niños que viven en las cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía una discapacidad y si recibían la atención adecuada. De ser así, los niños y niñas con discapacidad deben ser incluidos y recibir un trato con igualdad de oportunidades al resto de los demás menores que se encuentran fuera de las prisiones.

k) Del derecho a la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, y al mismo tiempo el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” A pesar de ello, de todos los Centros de Reinserción, sólo el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, cuenta con un Centro de Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), otros no cuentan con dicha validación o no existen.

l) De los derechos al descanso y al esparcimiento. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de fomentar el descanso y esparcimiento de las niñas y los niños en actividades ya sean culturales, artísticas, deportivas, o de cualquier otro ámbito para su pleno desarrollo, independientemente del lugar donde vivan.

m) De los derechos de la libertad de convicciones ética, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Este derecho se encuentra señalado en el artículo 62, y tiene el fin de garantizarse en el marco del Estado Laico, a su vez, queda prohibida su discriminación.

n) De los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. Se debe de tomar en cuenta la opinión de las niñas y los niños, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 años o menos, no puede ser excusa para no considerar su voluntad.

o) Del derecho a la participación. Una vez más este derecho también involucra a que las opiniones de las niñas y niños sean tomadas en cuenta, y el artículo 71 establece que debe ser acorde a su edad, a su desarrollo evolutivo, a su desarrollo cognoscitivo y a su madurez.

p) Del derecho a la asociación y reunión. Es cierto que las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no tienen garantizado este derecho por las condiciones en las que se encuentran, empero, su permanencia en los primeros años de vida con su madre, parece ser lo correcto.

q) Derecho a la intimidad. El artículo 76 de la misma Ley, establece que “niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”. A las niñas y niños que viven en las prisiones también se les debe respetar este derecho.

r) Del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Para el caso de las niñas y los niños que viven en los reclusorios, no son ellos quienes cometieron un delito, pero sí sus madres, y en el mejor de los casos, están tratando de demostrar su inocencia, o bien, pagando una condena.

s) Niñas, niños y adolescentes migrantes. Las niñas y los niños que nacen en un reclusorio nacional, son considerados mexicanos, sin importar la nacionalidad de sus padres.

De acuerdo con el estudio publicado por Reinserta, AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche (17.14 por ciento), pañales (16 por ciento), servicio médico (14,85 por ciento), medicinas para niñas y niños (10.28 por ciento), alimentos (8.5 por ciento), fuentes de trabajo para las madres (6.85 por ciento), ropa (6.85 por ciento), centros para niños/guarderías (6.28 por ciento), visitas más seguidas y más largas (3.42 por ciento), juguetes (3.42 por ciento), espacios especiales para que duerman los menores (2.28 por ciento), talleres para las madres (1.71 por ciento), mejor trato de las custodias hacia los menores (1.14 por ciento) y apoyo legal (1.14 por ciento).

De ese mismo estudio, se cuestiona por el trabajo al interior de los Centros de Reinserción Social lo que el resultado arrojó que: “el 53 por ciento de las mujeres encuestadas comentó no tener un trabajo al interior de la prisión; el 25 por ciento dice que sí trabaja dentro del centro, aunque algunas consideran actividades informales como manualidades (es la mayor frecuencia) o servicios de faena como un trabajo, el 22 por ciento no contestó a esta pregunta.

De las que sí trabajan al interior del centro, el 52 por ciento no recibe ninguna remuneración económica; al 40 por ciento sí le pagan por trabajar (aunque esto no quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria); el 6 por ciento no respondió y el 2 por ciento no respondió.”

En cuanto a la distribución de los gastos: “El 56 por ciento de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les pagan por el trabajo que realizan, utilizan el  dinero para sus necesidades al interior del centro; 18 por ciento utilizan el dinero para la manutención de sus hijos e hijas y  el 13 por ciento para abastecer su negocio.

El 16 por ciento del total de las mujeres encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos, aunque el 62 por ciento no respondió a esta pregunta.”

Para atención y cuidados de los menores: “El 41 por ciento de las mujeres afirma alimentar a sus hijas e hijos con leche materna; el 32 por ciento no alimenta a sus hijas e hijos con leche materna y el 28 por ciento no respondió.

Respecto a la alimentación, 30 por ciento de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.

El tema de Salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicada, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.

Cuando las niñas o los niños se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento fuera del centro penitenciario; el 12 por ciento no recibe atención pediátrica; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera del centro penitenciario, esto en virtud porque hay algunas niñas y niños que salen temporalmente con algún familiar y algunas mujeres aprovechan para que los menores puedan acudir con un médico fuera del centro penitenciario, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.

Cuando las y los menores se enferman, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario; el 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; el 15 por ciento las tiene que conseguir por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las tiene que pagar y el 4  por ciento otra (...). El 66 por ciento de las mujeres considera que su hija o hijo tiene buena salud; el 17 por ciento no respondió; el 13 por ciento un estado de salud regular; 3 por ciento no sabe y el 1 por ciento mala salud.”

Si bien, el análisis presentado de los 11 Centros de Readaptación Social por Inmujeres no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias.

“Es por todas” y con la finalidad de que los infantes que habitan en los centros penitenciarios de nuestro país sean atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal que garanticen además los principios del interés superior de la infancia que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a implementar una estrategia que permita el acceso a los programas de bienestar a los hijos de las madres que habitan en los centros de reinserción social, garantizando lo estipulado por las leyes secundarias en la materia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar la atención y acceso a la salud de los menores que habitan en los centros de reinserción social de nuestro país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar una medida que permita que los menores que viven en condición de internamiento en los centros penitenciarios de nuestro país accedan a una educación de calidad, así como a facilitar la validación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Economía que permita impulsar medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento en los Centros de Readaptación Social Femenil de nuestro país puedan recibir capacitación en materia laboral que permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o. y artículo 4o., disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf

2 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, artículo 1o., artículo 2o. y artículo 4o., disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf

3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 1o., artículo 2o. y artículo 6o., disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf

4 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 110, disponible en

http://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/ pdf/Planes%20y%20programas/PND.pdf

5 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, página 617, disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf

6 Ibídem.

7 Reinserta, AC, Inmujeres, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, página 20, disponible en

https://reinserta.org/noticias/diagnostico-de-maternidad-en-centros- penitenciarios

8 Para mayor información, consúltese en

https://publications.iadb.org/es/publicacion/15473/las-mujeres-invisibles- los-costos-de-la-prision-y-los-efectos-indirectos-en-las

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, Op. Cit.

10 Carla Angélica Gómez Macfarland, Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México, Instituto Belisario Domínguez, agosto 2017, página 12, disponible en

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/ Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Ibídem, artículo 13.

12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 39, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

13 Ibídem, artículo 50.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, Op. Cit.

15 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 57, Op. Cit.

16 Ibídem, artículo 62.

17 Ibídem, artículo 71.

18 Ibídem, artículo 76.

19 Reinserta, AC, Inmujeres, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, página 122.

Nota: Los datos fueron pasados a porcentajes.

20 Ibídem, página 73.

21 Ibídem, página 74.

22 Ibídem, página 87.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN DE EXVOTOS MEXICANOS RECUPERADA POR EL GOBIERNO ITALIANO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a realizar tanto una exposición, temporal o permanente, como un catálogo y recorrido digitales de la colección de exvotos mexicanos recuperada por el gobierno italiano y devuelta el 6 de marzo de 2019 para su exhibición, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades para realizar una exposición, temporal o permanente, así como, un catálogo y recorrido digital de la colección de exvotos mexicanos recuperada por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para su exhibición en algunos de los museos más relevantes de nuestro país, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tráfico ilegal de obras y objetos históricos mexicanos siempre ha sido abundante ante el gran atractivo que esta clase de piezas tiene para los coleccionistas privados. La amplia variedad de momentos históricos emblemáticos, al igual que la diversidad artística y de diseño con las que cuentan los objetos artísticos nacionales, los sitúa como piezas que resaltan el prestigio de quienes las poseen.

Por desgracia para los interesados, las obras cuentan con protección del estado mexicano, por lo que, idealmente, poseer algunas de estas piezas traería consigo consecuencias graves para aquellos que sean partícipes del acto delictivo.

A pesar de ello, la frecuencia con la cual el arte nacional se encuentra amenazado ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en el caso del arte relacionado al periodo colonial y poscolonial de origen “sacro”. El crecimiento en el robo de esta clase de objetos se ha caracterizado por su crecimiento durante el presente siglo, donde ha tenido un aumento del 600% en estos 19 años. Igualmente, se promedia que cada semana 26 iglesias mexicanas sufren robos de óleos y esculturas de acorde a datos provistos por la Episcopado Mexicano. De 2001 a 2010 se estima que fueron ultrajadas cerca de 400 obras de arte sacro de la época virreinal, con un costo de entre 35,000 y 150,000 dólares. En este caso, las entidades más afectadas fueron Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Zacatecas y Jalisco, según información del Centro Católico Multimedial de México. En muchos casos, dichos objetos terminan exhibidos en el mercado negro, técnicamente irrastreables de primera mano y con periodos de recuperación (si llega a suceder) bastante extensos, como fue el caso de las esculturas recuperadas en una tienda de antigüedades en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México en el mes de diciembre de 2018, donde los objetos habían sido reportados como robados desde 2001.

Un escenario de esta clase muestra que los valores culturales tangibles e intangibles de los mexicanos, ante su naturaleza, se encuentran constantemente amenazados por esta clase de prácticas. En sus consecuencias, más allá de la pérdida monetaria, el valor histórico de las obras tiene un efecto negativo en la memoria colectiva de las comunidades nacionales. El despojo del valor intangible que acompaña a objetos de esta índole es incalculable. La privación de ellos para las masas es un atentado intelectual contra las riquezas históricas de nuestro país y contra los incentivos creativos e intelectuales que estos objetos juegan al inspirar a los mexicanos. Privar de obras de carácter histórico relevante al resto de la población o, como en algunos casos pasa, a los mexicanos en general, debido a intereses económicos, de estatus y privados, es algo deleznable.

Por lo tanto, el hecho de que sucedan casos como la recuperación de 596 exvotos confiscados y devueltos por el gobierno italiano el pasado 6 de marzo de 2019, es motivo de alegría y de celebración. El restablecimiento del patrimonio histórico nacional es un acto justo para el respeto a la identidad nacional y la basta historia artística que la acompaña.

Su reubicación y exposición en los recintos pertinentes debe de ser prioritario, aunque igual abre una oportunidad única para su presentación pública. Tomar provecho de la situación y promover una exposición temporal o permanente, en coordinación con las entidades religiosas propietarias de los objetos, y en recintos varios a lo largo del país, es una forma de realzar la valía cultural de los objetos y recalcar el compromiso que se tiene con México. Por otra parte, la realización de actos de esta clase de manera recurrente otorga rendimientos positivos para la población en general. La diversificación de su exposición y su muestra a la población en general es una manera de posicionar las obras y su relevancia en la vida cotidiana de la ciudadanía, la cual tiene el derecho de acceder a las producciones culturales mexicanas.

Con esto, el objetivo de difusión y apertura por parte de la presidencia actual denotará un compromiso con los ideales expuestos durante el proceso de elección. La apertura de espacios es, a su vez, la apertura de posibilidades de desarrollo humano y profesional, donde la oportunidad de acceso a dichas obras puede incentivar a múltiples ciudadanos a tener un mayor compromiso con la producción cultural de nuestro país. Ilustrar, con referentes, la capacidad creativa de nuestros conciudadanos, realza los valores nacionales e instituye en el imaginario social las corrientes artísticas que hemos producido a lo largo de nuestra historia.

Igualmente, se vuelve un atractivo turístico no sólo para nuestros ciudadanos, sino también para los visitantes extranjeros. Mientras una mayor cantidad de espacios dedicados a mostrar las propiedades nacionales en los distintos rubros de la actividad humana, mayor el valor social y los atractivos turísticos que los visitantes podrán disfrutar y recomendar para ser presenciados por potenciales visitantes a futuro. Debido a la relevancia del turismo para la economía nacional, realizar pequeñas acciones que, en conjunto, incentiven el atractivo de nuestro país como destino siempre será considerado de ayuda para mantener a la industria.

Explicitados los beneficios económicos y culturales de una exposición de esta clase, considerar la puesta de dichas obras a disposición del público es una gran manera de enlazar las promesas de campaña, con la generación de espacios culturales y la búsqueda de un impacto positivo para el bienestar de la población. Emplear esta especie de situaciones como oportunidades para hacer frente a las diversas problemáticas planteadas en el proyecto de nación de la presente administración, como la brecha de desigualdad económica y cultural, al igual que realzar la valía del respeto al estado de derecho, comienza a partir de la articulación de diversos grandes y pequeños actos que denoten el compromiso por parte de nosotros, sus representantes, para la generación de bienestar para nuestro país.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades para realizar un catálogo y recorrido digital general de los exvotos mexicanos recuperados por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para posibilitar su difusión y apreciación a lo largo de nuestro país ante la imposibilidad de toda la ciudanía de poder asistir a las principales urbes donde usualmente se exponen esta clase de obras.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar una exposición, temporal o permanente, de exvotos mexicanos recuperados por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para su exhibición en algunos de los museos más relevantes de nuestro país, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural nacional.

Notas

1 Agencia EFE. (2018). Crece el robo de arte sacro en México, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/crece-el-robo-de-arte-sacro- en-mexico/1286598

2 Ídem

3 Ídem

4 Milenio Digital. (2018). Tienda de antigüedades en Lomas de Chapultepec vendía arte sacro robado, de Milenio. Sitio web:

https://www.milenio.com/policia/tienda-antiguedades-lomas-chapultepec- vendia-arte-sacro-robado

5 Heraldo de México. (2019). Italia devuelve a México 596 exvotos que fueron robados, de Heraldo de México. Sitio web:

https://heraldodemexico.com.mx/artes/italia-devuelve-a-mexico-596- exvotos-que-fueron-robados/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SEGUIMIENTO Y SANCIÓN EN CASOS DE EXTRACCIÓN Y CONTRABANDO DE MERCANCÍAS CONFISCADAS EN RECINTOS ADUANEROS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y la SHCP a instruir a la Administración General de Aduanas para que realice labores conjuntas que den seguimiento y sancionen la extracción y el contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar labores conjuntas para el seguimiento y sanción en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia reciente del trabajo aduanero en México se ha visto manchada por casos de corrupción que han encontrado resonancia en medios nacionales e internacionales. En este año, los titulares expusieron las declaraciones del ahora Administrados General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, donde se reportaron 7 casos de corrupción al interior de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. En uno de los casos reportados de la aduana de Reynosa, se confiscaron cerca de 1,400 cargadores de “cuerno de chivo”. Estas acciones, más comunes de las que se reportan, son solo una pequeña muestra del tipo de situaciones con las cuales se enfrentará en el día a día la actual administración. Sus consecuencias, irreversibles en muchos casos, tienen impacto diverso en diferentes rubros de la vida social del país, especialmente en temas económicos y de seguridad. Este año, la OCDE publicó que se pierden cerca de 2,000 millones de dólares por país derivado de la corrupción en sus respectivas aduanas. Esto, sumado al peso que el tráfico de armas y otras herramientas útiles para el crimen organizado muestran que el tema debe de ser encarado de forma prioritaria por las autoridades correspondientes.

Lo preocupante, en este caso, pasa por el conjunto de posibles mercancías traficables y la impunidad que rodea a esta actividad, ya que los hechos muestran que no se cuenta con una estrategia eficiente para afrontar la problemática. Viéndolo en retrospectiva, existe una serie de crímenes que no han sido sancionados y que deben de ser efectivos en favor de los intereses de seguridad nacional y protección a la propiedad intelectual. El control estatal a la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe de ser considerado en sus momentos pasados, presentes y futuros, debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de un mercado y sociedad sanos.

Un flujo sin restricciones deriva en escenarios sumamente negativos para las expectativas de desarrollo nacionales y el crecimiento de los individuos que componen a nuestra sociedad. La continuidad únicamente vaticina una serie de relaciones complejas que apuntan a detonar en un escenario mucho más recrudecido en relación con la inseguridad que atraviesa actualmente el país. En una nación donde hasta enero de 2019 se mantuvo un promedio de 79.7 homicidios al día, el hecho de que muchas de las herramientas que se emplean para la realización de actos delictivos pasen por las aduanas y que en estas los mecanismos empleados y los actores involucrados son incapaces de detenerlas o, en el peor de los casos, colaboran para el tráfico de dichas mercancías, muestra que es necesario un ejercicio real de la ley e instituciones existentes para prevenir esta clase de situaciones.

En sintonía con la implementación del “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, el cual será presentado el día 18 de marzo de 2019, exhortar a un trabajo colaborativo que se dedique a dar un seguimiento retroactivo a los casos de corrupción registrados en el pasado en las aduanas, al igual que una implementación presente y futura de mecanismos de control, en conjunto con normatividades contemporáneas (siempre sujetas a mejoramiento), trabajo de investigación y la emisión de sus correspondientes sanciones, es el punto de partida que debe de orientar la labor de seguridad en relación con el comercio aduanero.

Sobre este escenario, considerar que la Fiscalía General de la República atraiga los casos pasados, presentes y futuros de manera prioritaria abona a una serie de políticas preventivas en contacto con el problema de la inseguridad y la corrupción. Consolidar una relación orgánica entre ambas instancias, donde exista una comunicación constante y una colaboración en trabajos de investigación, al igual que la facilidad en el acceso a los recintos e información relacionada con la forma de operar de las aduanas y las mercancías que en ellas circulan, son potenciales formas de encarar la problemática mediante la implementación de métodos y herramientas con las cuales ya se cuenta hoy en día, para posteriormente ser reemplazadas por formas más trabajadas y pulidas de acorde a un diagnóstico concreto acerca del cómo están operando el delito aduanero y cómo podemos prevenir que se siga cometiendo con la frecuencia que tiene hoy en día.

Consideramos que las aduanas cuentan con el potencial y algunas herramientas para hacer frente al problema, pero la implementación de diversos métodos y herramientas es insuficiente si no se dispone de voluntad política y moral para volver efectivas las normatividades para las que se emplean dichas herramientas.

Por ello, consideramos que la Fiscalía debe de contar con la disposición y los canales suficientes para afrontar la diversidad de delitos que pueden ser realizados al interior de las aduanas. En la administración pasada, la labor realizada por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, y Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia,  unidades de la ya extinta Procuraduría General de la República, son solo algunas de las instancias involucradas con esta clase de actividades delictivas y que demuestran la complejidad de la temática. Atraer dichas labores al interior de la Fiscalía y situarlas en una categoría propia para los delitos aduaneros permitirá concatenar a cada una de estas instancias sin atentar contra sus funciones más generales.

Todo esto en favor de mantener altos estándares en términos de la seguridad aduanera y la protección de la propiedad intelectual, que tendrá efectos positivos para el desarrollo y mejoría del bienestar en México, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar un reporte pormenorizado semestral sobre los delitos registrados en las aduanas y recintos fiscales donde se tipifiquen aspectos detallados como mercancías específicas, montos y actores involucrados.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias, dependencias y actores involucrados directamente con los delitos cometidos en las aduanas y recintos fiscales para realizar las investigaciones y aplicación de sanciones correspondientes en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros.

Notas

1 Frida Andrade. (2019). Detectan 7 casos de corrupción en aduanas, de Reforma. Sitio web:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1592566 &md5=0997fb8bb5397f05f2d3c178ce2a0540 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

2 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, de Excélsior. Sitio web:

https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas-de- mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739

3 Andrés Mendoza. (2019). Inseguridad, el mayor reto; crimen no da tregua, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inseguridad-el-mayor-reto- crimen-no-da-tregua/1299924

4 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación’, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-18-de-marzo-se-presentara-el- plan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031

5 Procuraduría General de la República. (2017). Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de Procuraduría General de la República. Sitio web:

https://www.gob.mx/pgr/articulos/subprocuraduria-especializada-en- investigacion-de-delitos-federales-130534

6 Arturo Ángel. (2018). PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver, de Animal Político. Sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2018/12/pgr-fiscalia-general-rezago/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

APLICAR SANCIONES POR EL CASO, EN TAMAULIPAS, DE IMPORTACIÓN DE POLLOS CONTAMINADOS PROVENIENTES DE LOS EUA

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en Tamaulipas por el caso de importación de pollos de EUA contaminados, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presencia de alimentos contaminados en las mesas de los mexicanos no es un tema nada nuevo como problema pendiente del estado mexicano. Desde la década pasada se han registrado diversos casos con cierta resonancia nacional e internacional, como el suscitado en 2011 con la propagación de la gripe aviar y la exportación de pollo mexicano, la intoxicación de 198 personas en Sonora en 2013, la intoxicación de 117 menores de edad en el estado de Jalisco en marzo de 2018 y el escándalo expuesto este 2019 de los 10,806 internos enfermados por el consumo de alimentos contaminados provistos por La Cosmopolitana, empresa responsable de la alimentación en penales federales desde 2006.

En tiempos más recientes, un caso similar se ha suscitado en Tamaulipas el pasado 6 de marzo de 2019, donde denuncias ciudadanas destaparon las alarmas de autoridades estatales al registrarse la presencia de pollo contaminado en diversos puntos de distribución de Matamoros, Reynosa, Valle Hermoso y San Fernando. Provenientes de los Estados Unidos, estos productos pudieron haber provocado daños a la salud irreversibles para la población, la cual se encuentra vulnerable y a merced de esta clase de productos si no garantizamos la existencia de los mecanismos pertinentes para su prevención. Ejemplos como este, cotidiano en su frecuencia y variado en los lugares donde se suscita, debe de ser tomado en serio por parte de autoridades municipales, estatales y federales.

Episodios así muestran que el problema en el uso y tratamiento de alimentos contaminados es una práctica que se presenta en diversos escenarios de manera reiterada. Su presencia en la vida cotidiana es irrefutable, por lo que considerar acciones claras y ejemplares contra esta clase de prácticas se torna necesario. En el caso de Tamaulipas, las autoridades correspondientes deben de tomar cartas en el asunto para así dejar en claro y de manera explícita que la actual administración está comprometida con la prevención de la circulación de alimentos contaminados en los mercados comerciales locales, estatales y federales.

Para esto, considerar la participación de las autoridades correspondientes, como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debe de ejercer las investigaciones y debidas sanciones, de la mano con la Fiscalía General de la República, respecto a la importación de productos contaminados y su comercialización, consciente o no, ante la realidad de las consecuencias de esta clase de actos.

Ejemplificar de manera eficaz el tratamiento a esta clase de delitos sienta un precedente respecto al problema, donde acciones de esta clase únicamente se realizan en favor de la protección del bienestar de los mexicanos y generan rendimientos en términos de la confianza derivada de la muestra de resultados palpables.

Igualmente, mantener un flujo impoluto de mercancías, especialmente alimentos, es una labor que no sólo involucra al consumo, sino a la salud de la ciudadanía. Los efectos no buscados de esta clase de delitos pueden implicar problemas sumamente peligrosos, como epidemias y enfermedades masificadas en la población, lo que implica costos para el erario estatal y federal, y un tema de gobernabilidad en situaciones de crisis. La proliferación de estas prácticas alude a la existencia de formas esquematizadas del ejercicio de este delito, por lo que asumir la relevancia de ejercer de manera inmediata medidas para prevenir la existencia de mercancías de esta clase en los mercados locales, estatales y federales, debe de ser algo prioritario y tratado por las múltiples dependencias involucradas. Por ello, la aplicación de las respectivas sanciones a partir del trabajo de investigación inmediato es indispensable para aspirar a cumplir con dichos objetivos.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, y a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas.

Notas

1 Daniel Sánchez Dórame. (2013). Salmonella provocó intoxicación a 198 personas tras comer sushi, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/18/924208

2 Héctor Escamilla. (2018). Se intoxican 117 niños por alimentos contaminados en guarderías de gobierno, de Publimetro. Sitio web:

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/13/ninos-117-alimentos- intoxicacion.html

3 Arturo Ángel. (2019). #ElCárteldelaComida: La Cosmopolitana tiene 34 sanciones por enfermar a 5 mil reos con alimentos contaminados, de Animal Político. Sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2019/02/la-cosmopolitana-sanciones-alimento-reos /

4 Sandra Tovar. (2019). Emiten alerta en Tamaulipas por pollo contaminado proveniente de EU, de El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/emiten-alerta-en-tamaulipas-por- pollo-contaminado-proveniente-de-eu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

RECUENTO DE LOS BIENES ALMACENADOS, DESINCORPORADOS O INCAUTADOS POR EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, PARA REALIZAR VENTAS O SUBASTAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas a instruir a las instancias locales correspondientes para que realicen un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas de bienes desincorporados los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda dependencia gubernamental cuenta con una serie de actividades las cuales se apegan a necesidades de operación, organización o, simplemente, a los tiempos en los cuales se encuentran inmersas. Esta diversidad, en muchos casos, implica costos referidos a la adquisición de bienes los cuales únicamente cuentan con propósitos específicos a tiempos y formas, es decir, son de un uso breve o único.

En el caso de las dependencias estatales, situaciones de esta clase son comunes, ya que se tienen que apegar al calendario festivo, las variaciones de los programas estatales implementados por las diferentes administraciones públicas o a la realización de eventos esporádicos o seriados, como foros, campañas informativas o eventos culturales. De ellos, una serie de bienes son obtenidos para su realización y, en muchos casos, son dejados en el olvido, donde se podría hablar de dos posibles escenarios en el futuro de dichos bienes: se relegan a bodegas propias o rentadas por parte de entidades gubernamentales, o “desaparecen” sin dejar mayor rastro que el registro de que fueron adquiridos. Ambas situaciones tienen como consecuencia una pérdida en términos económicos para el estado de Tamaulipas.

En el primer caso, el uso de espacios con un mayor potencial que el de ser meramente “garajes” públicos es un tema sumamente importante por considerar. La realización de eventos o la implementación de programas temporales han dejado en el olvido una parafernalia que podría encontrar una mejor utilidad en manos de la ciudadanía y los privados. Por otra parte, los costos espaciales y monetarios que implica el cuidado de bienes arrumbados es algo que la actual administración no debería de tolerar en favor de una lógica de austeridad pública.

En el segundo caso, la falta de atención sobre bienes de este tipo deriva en situaciones donde hurtos de diversas magnitudes se realizan de manera común. La falta de atención derivada de la ausencia de relevancia que se les otorga, hace difícil que los chequeos se realicen de manera constante más allá de un primer vistazo. Este escenario está especialmente ligado a bienes y objetos que carecen de alta atención mediática.

Un caso excepcional es el de bienes como vehículos o inmuebles. Mientras el resto de productos tiende a ser poco o nulamente considerado por parte de medios de comunicación públicos o privados, las subastas y ventas que se realizan acerca de esta clase de objetos es de gran escala. Tan sólo recordar la reciente subasta de vehículos realizada el fin de semana del 23 y 24 de febrero de 2019 por parte de la administración federal, y la cual generó cerca de 62 millones de pesos en ganancias, es un claro ejemplo de que esta clase de prácticas son consideradas a partir del tipo de bienes que se comercializan y no necesariamente por el ejercicio general de esta práctica.

A pesar de ello, tomar en cuenta la derrama generada por esta clase de actividades es el punto positivo que arroja. A nivel estatal, pensar en la subvención de programas sociales mediante el ejercicio de recursos obtenidos por subastas y ventas es una forma explícita de compromiso con una postura de hacer política austera y pertinente para las demandas contemporáneas.

Igualmente, el propósito de esto es una muestra del cómo se ha hecho el ejercicio de los recursos públicos en tiempos pasados. A nivel de transparencia, la manera en la cual se ha tratado el tema deja mucho que desear por parte de las autoridades mexicanas. Sin tomar en cuenta el impacto mediático que podría tener en medios nacionales e internacionales, la puesta en venta o subasta cualquier clase de productos arrumbados en bodegas es una forma de reducir costos. El portal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya expone una serie de productos a su venta o subasta de diferentes tipos, pero usualmente asociados a bienes confiscados. Esto, complementado con cualquier bien y con su depuración, tiene el potencial de otorgar buenos dividendos.

Su uso o reuso debe de ser considerado para aminorar las cargas de gasto estatales. Ya sea mediante el reciclaje, venta o subasta de dichos productos, encontrar una forma de obtener rendimientos y recuperar parte del gasto debe de ser prioridad en tiempos que solicitan prudencia en el gasto público e inversión en los diferentes sectores sociales que dependen de apoyos gubernamentales.

Sobre esto, exhortamos a que sin importar origen, monto o utilidad que tengan los diversos bienes almacenados en bodegas usadas por dependencias gubernamentales estatales que carezcan de un propósito a corto, mediano y largo plazo, sean puestos a la venta o subasta para así aminorar los gastos y recuperar la inversión realizada por parte de las administraciones previas y actuales, en favor de usar las ganancias obtenidas en programas sociales de diferente índole.

Así, se pretende sentar bases para mantener una política que sea estricta respecto al tema de los gastos innecesarios que se han mantenido por gobiernos pasados. Mantener una administración pública eficiente es el criterio central para así dar paso al desarrollo y bienestar de nuestra entidad.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal que se encuentren en situación de desuso, deshecho o dado de baja, y, en dado caso de no estar desincorporados, realizar los procesos necesarios para cambiar su estatus.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias e instituciones gubernamentales, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a María De Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para coordinarse para la implementación de un portal con acceso estatal y nacional a los diferentes bienes que ofrezca el estado de Tamaulipas en favor de la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias, instituciones gubernamentales y entes del gobierno estatal.

Notas

1 Ariadna Ortega. (2019) ¡Vendidos! 196 vehículos fifís de la presidencia en subasta de AMLO, de ADN Político. Sitio web:

https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/24/vendidos-196-vehiculos- fifis-de-la-presidencia-en-subasta-de-amlo

2 Redacción Nación321. (2019) ¡Se rayó! Esto es lo que ganó el Gobierno de AMLO en la primera subasta de autos, de Nación321. Sitio web:

https://www.nacion321.com/gobierno/se-rayo-esto-es-lo-que-gano-el- gobierno-de-amlo-en-la-primera-subasta-de-autos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE ASIGNEN RECURSOS AL INEGI PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal a asignar por la SHCP recursos presupuestarios adicionales al Inegi para levantar la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado, Raúl Gracia Guzmán, así como quienes suscriben, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales adicionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Exposición de Motivos

1. El 23 de enero de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunció la cancelación de proyectos estadísticos por falta de presupuesto. Lo anterior, se dio a conocer por medio del documento Inegi 2019, donde se detalla que las siguientes encuestas y censos con financiamiento externo no se realizarán:

• Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia

• Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares

• Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo

• Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales

• Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas

Las encuestas y los censos que se cancelaron y que no cuentan con financiamiento externo son

• Censo Agropecuario

• Encuesta Nacional Agropecuaria

• Encuesta nacional de gasto en los hogares

• Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas

• Encuesta Nacional de los Hogares

• Encuesta Nacional de Micronegocios

• Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol)

• Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

• Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Cobertura Regional

2. Dentro de las encuestas y censos que fueron cancelados por falta de financiamiento se encuentra la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Esta encuesta, se debe cumplir conforme lo mandata el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece lo siguiente

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad. (Ley, 2016.)

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad se complementa con censos nacionales de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario que también realiza el Inegi. Con la Enpol, se busca conocer las condiciones de todos los internos y sobre todo las condiciones del Sistema Penitenciario, la información que arroja se convierte en un marco de referencia que permite conocer el avance en la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

3. Respecto al objetivo general que persigue la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad el Inegi señala lo siguiente

El objetivo general de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad es, generar información estadística relevante con representatividad nacional, por entidad federativa y por centros penitenciarios de interés, sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de su libertad de 18 años y más.

Dicha información permitirá generar estimaciones sobre:

• Características sociodemográficas

• Antecedentes familiares y laborales

• Arresto

• Ministerio público

• Proceso judicial

• Centro penitenciario

• Vida carcelaria

• Expectativas de salida

• Antecedentes penales

• Experiencias de corrupción Inegi, 2017.

4. El 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Nacional de Ejecución Penal, este ordenamiento busca que el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se conviertan en la base de la reinserción social, el derecho a la educación, salud, el deporte y el trabajo deben ser fundamentales para garantizarla. Para realizar este propósito se deben conocer las condiciones de todos centros penitenciarios y del sistema penitenciario en su conjunto. Sin la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, no se podrán conocer ni evaluar los resultados ni los avances en la implementación de la Ley, lo anterior es un enorme retroceso en los avances que ya se tenían respecto a conocer las condiciones de vida de los internos. 

Consideraciones

Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, es indispensable para generar información estadística que sirve para conocer las condiciones del sistema penitenciario y las características de vida de las personas privadas de la libertad.

Si bien es cierto, todo el sistema de penitenciario tiene severos problemas que hacen muy complicado garantizar los derechos humanos de todos los internos, también es cierto que recabar las evidencias y conocer las condiciones de vida de los reos sólo se puede hacer mediante trabajo de campo y estadístico que proporciona la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, por ello no se debe postergar el realizar esta actividad.

Es necesario cumplir con lo que mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal, realizar la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), no es opcional y no debería de estar sujeta al presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se debe cumplir con la Ley, de no realizarse la Enpol, se retrasaría mucho tiempo la efectiva implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal pues no se podría evaluar con claridad en qué medida se cumple con lo mandatado en este ordenamiento y con ello saber y conocer su eficacia y vigencia, lo anterior es de vital importancia para las personas privadas de la libertad.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales adicionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales adicionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Notas

1 Ley Nacional de Ejecución Penal

2 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 Principales Resultados, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/ 2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf revisión hecha el 6 de febrero de 2019.

Fuentes consultadas:

Diagnóstico, ND. (2 de mayo de 2018). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017.

Obtenido de http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagNacional_Resumen.asp

Inegi, IN. (Julio de 2017). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 Principales Resultados

Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/ 2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

Ley, ND. (16 de junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf

Ciudad de México a 9 de abril de 2019.— Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

MANTENER EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN ALLENDE, EN VIRTUD DEL PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para mantener el nombre de la estación Allende, en virtud del punto de acuerdo aprobado sobre el tema por el Congreso de la Ciudad de México, el pasado 14 de febrero, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal Ricardo Villarreal García, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

Consciente de la relevancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro como medio de transporte primordial de la Ciudad de México, usado por millones de mexicanos al año, es importante resaltar la representatividad de los nombres de cada estación. Como lo menciona el punto de acuerdo propuesto por el diputado Valentín Maldonado Salgado, la mayoría de los iconos que las identifican invocan a algún símbolo significativo para la ciudad o para el país, mediante las imágenes resultó más fácil identificar las paradas sin necesidad de leer los nombres.

Hidalgo, Guerrero, Cuauhtémoc, Candelaria, Santa Anita, San Lázaro, La Merced, Zócalo, Tacuba, Tlatelolco y Garibaldi son algunas de las estaciones que menciona el punto de acuerdo original; sin embargo, entre ellos, es importante agregar a uno de los héroes nacionales más grandes: Allende.

Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga es uno de los más grandes héroes del proceso de independencia de México. Fue él, junto con los hermanos Ignacio y Juan Aldama, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y el cura Miguel Hidalgo, quien estuvo al origen de la insurgencia de 1810. Su importancia histórica y su legado nacional son base de la identidad en la que se basan los valores de nuestro país. Como muestra de su relevancia, el 8 de marzo de 2016, se trasladó la sede del Congreso de Guanajuato a San Miguel de Allende, para nombrarlo “Hijo Predilecto del estado de Guanajuato.”  

Consideraciones

Este año se conmemora el 250 aniversario del natalicio del Generalísimo Don Ignacio de Allende y Unzaga, quien nació el 21 de enero de 1769 en la Villa de San Miguel el Grande, nombrada San Miguel de Allende en su honor el 8 de marzo de 1826.

Allende recibió una educación de calidad con los ideales liberales europeos, combatió a los estadounidenses que pretendían invadir Texas y, más tarde, lo nombraron capitán, al mando de un regimiento de caballería en San Miguel, llamado Dragones de la Reina.

Cuando Francia invadió a España y sustituyó al rey Fernando VII por José Bonaparte, la Nueva España nombró como virrey a Francisco Javier de Lizana, quien reforzó el sentimiento de disgusto entre la población. Al poco tiempo, se desataron las conspiraciones, la primera en Valladolid. Aunque la descubrieron, ésta ya se había extendido a Querétaro y San Miguel el Grande.

Ignacio de Allende y Unzaga, cabeza y alma de la junta conspiradora, fue quien convenció al cura Miguel Hidalgo y Costilla de unirse al movimiento libertador en 1809. Al año siguiente, se reunían Allende, Juan Aldama, Hidalgo y algunos comerciantes en casa de los corregidores Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, para planear la insurrección que, en un principio se iniciaría hasta diciembre, durante la feria de San Juan de los Lagos.

El 13 de septiembre de 1810 se descubrió la conspiración de Querétaro. Los queretanos sintieron la urgencia de avisar a Allende, jefe de la junta secreta de San Miguel (mas no a Hidalgo, como muchos piensan), que se sabían sus planes.

Ignacio Pérez, alcalde de Querétaro, llegó a San Miguel el Grande buscando a Allende, pero, éste se encontraba en Dolores, reunido con Miguel Hidalgo y Juan Aldama; entonces, se dirigió hacia allá para alertarlos. Aunque no estaban listos militarmente ni tenían suficiente gente para la magnitud de la insurrección, sabían que la búsqueda de libertad no podía esperar más.

Ignacio Allende, con su experiencia militar, fue líder del ejército insurgente, el cual incorporó a más de ochenta mil campesinos, rancheros y artesanos. A pesar de no contar con suficientes armas y de estar poco organizados, tomó varias ciudades, entre ellas Valladolid, y triunfó en la batalla del Monte de las Cruces. Sin la fuerza, valentía y rectitud del Generalísimo Don Ignacio de Allende y Unzaga, la causa de la insurgencia y logros trascendentales con los que inició la lucha, quizás hubieran sido fútiles.

La importancia de Ignacio Allende en la historia de nuestro país es innegable. Por esa razón, no sólo le debemos respeto a su liderazgo y legado histórico, también estamos obligados a darle el debido reconocimiento a su valentía y coraje. La estación Allende del Metro de Ciudad de México es una de las más transitadas, llega al centro de la capital y rememora con el tránsito de millones de personas que, gracias a nuestro héroe, este país es libre y soberano.

La creación de la Constitución de Ciudad de México es, sin duda alguna, un acontecimiento histórico notable, al cual debe dársele un lugar en la vida diaria de los ciudadanos y la mejor manera de hacerlo es mediante la adición de la leyenda propuesta por el diputado Valentín Maldonado Salgado; sin embargo, existen múltiples estaciones del Metro cuyos nombres pueden modificarse y enriquecerían su valor simbólico sin restarle su protagonismo a un personaje histórico igualmente relevante.

En palabras de Allende, “sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos.” Los mexicanos hemos demostrado una gran capacidad de trascender en la historia y una profunda voluntad de poner el nombre de nuestro país en alto. Consecuentemente, el presente punto de acuerdo propone que la estación del Metro Allende no se modifique, por respeto al personaje histórico al cual alude.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo ante el pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.  Se exhorta al Comité de Administración y autoridades competentes del Sistema de Trasporte Colectivo Metro y del gobierno de Ciudad de México para que se mantenga el nombre de la estación Allende, en virtud del punto de acuerdo aprobado sobre este tema por el Congreso de  Ciudad de México el pasado 14 de febrero.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los nueve días de abril de 2019.— Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.