ASISTENCIA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de la asistencia.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 446 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 13:00 horas): Se abre la sesión.

INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019, COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto, historiadora purépecha, egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, hasta por cinco minutos.

La ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto: La lengua es nuestro territorio. Brota la lengua. Los abuelos resguardaron nuestra lengua. Decidieron no hablar más en purépecha. Pero la lengua no es solo palabra. Quedó atrapada entre los caminos que recorren la sierra, en el perfume y color de las flores, entre las hierbas del campo, y la hicieron medicina acompañada de palabras que curan; en la música que retrata quiénes somos, y en los sabores de nuestro alimento. En la profundidad del lago, ahí está nuestra lengua. Algunas fueron escondidas entre ceniza del fogón de nuestras abuelas. La lengua, sonido que vuela con la intensidad del viento, cae, nombra mi entorno y vuelve a brotar en mi pueblo.

Por más de cinco siglos fueron silenciadas nuestras lenguas. Por nuestros abuelos fue escondida. Hoy en día, tan solo en una quinceava parte de nuestro territorio es hablada la lengua purépecha, me refiero a lo que abarcaba nuestro territorio al momento de la Conquista. A partir de la entrada de Nuño de Guzmán en territorio purépecha en 1530 llegó la explotación, colonización y desplazamiento de nuestra lengua.

Hoy, los que somos descendientes de una cultura milenaria, estamos en una lucha diaria por el total y pleno reconocimiento de nuestros derechos, por la libre autodeterminación de nuestros pueblos originarios. Porque, aunque no parezca, nuestros pueblos siguen padeciendo discriminación, desplazamiento y despojo. Sigue el saqueo de lo más sagrado que tenemos, nuestros recursos naturales.

Las trasnacionales vienen como un cáncer a invadir nuestras tierras, a contaminar nuestros ríos y manantiales.

El monocultivo y sembradíos de aguacate, fresa, arándano en nuestra región nos están invadiendo, enfermando y matando por el uso desmedido de agroquímicos peligrosísimos.

Están dejando a nuestra gente con cáncer. Eso sin mencionar que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias tierras. ¿Acaso eso no es genocidio? ¿Eso no es despojo? Claro que lo es. Siguen los mismos engaños como hace 500 años, cuando los españoles nos traían espejitos a cambio de que les diéramos nuestro oro. Grandes empresas trasnacionales invaden nuestro territorio. ¿Quién ha permitido eso?

Prometen progreso, pero un progreso a corto plazo, porque cuando se van, lo único que dejan son tierras infértiles, enfermedades, contaminación y hasta muerte. Otra manera más de exterminio.

Los purépecha hemos sido un pueblo guerrero a lo largo de la historia, gente que pelea para defender la vida, como es la tierra, el agua los bosques. Cherán lo demostró, cuando un 14 de abril de 2011 se levantó todo el pueblo, mujeres, jóvenes, niños y comuneros a defender sus bosques.

Se enfrentaron a toda una mafia que no sabían ni quiénes eran. Pero a ocho años de aquel suceso, hoy Cherán vuelve a brotar vuelve a florecer. Porque en nuestros bosques está nuestro alimento, están los hongos, los quelites, nuestras plantas con las que nos curamos. En nuestros cultivos está el maíz, el chile, el frijol, la calabaza. De eso nos alimentamos. Hemos resistido a muchos cambios, a muchos gobiernos, a muchas situaciones.

Otra de las fuertes experiencias que he vivido es la discriminación y ver a compañeros negar que hablan la lengua por el mismo hecho. Estas experiencias de negación de lo nuestro me llevaron a reforzar cada vez más mis deseos de hacer que mis hijos tuviesen una identidad purépecha muy fuerte, tan fuerte como para que puedan defenderla en lugar de ocultarla, o peor aún, negarla.

El despojo cultural de conocimientos y saberes de nuestros pueblos también es brutal en el entendido de que para nosotros la lengua es nuestro territorio. Porque en el lenguaje está toda una forma de organización, vivimos a través de como concebimos la vida, a través de la lengua. Es la necesidad de vincular hogar, comunidad, y escuela para sumar fuerzas en beneficio del fortalecimiento, vigorización y revitalización de las antiguas lenguas originarias.

Consideramos que esa triada es clave en todo proceso de revitalización lingüística. Pero siempre con la convicción de que el primer terreno por recuperar y consolidar, cognitiva y afectivamente, es el de la intimidad del hogar, de manera de hacer de él un territorio autónomo y descolonizado, donde la fuerza interior de los abuelos, padres e hijos, su agencia y su sintonía y acción movilicen el entorno social y político imperante que hace que las lenguas indígenas se vean cada día en condición minorizada.

Creemos que solo en la medida en que los recordantes y hablantes logren despertar nuestra lengua en el hogar, podrá iniciarse la gesta heroica de devolución de la voz y del poder a los hablantes de lenguas originarias, movimiento al cual le tocará sumarse a la comunidad y también a la escuela. Si es que esta última adopta un enfoque de derechos y se ve a sí misma como una de las garantes de los derechos de los niños, jóvenes y adultos indígenas.

Pero, así como ellos echan mano del seso y recuperan herramientas de las que se apropiaron en su vida escolar y académica para compartir sus ideas y puntos de vista, al hacerlo, acuden también al cariño. Y así dan cuenta del proceso minucioso que han seguido en el cuidado de esas lenguas que reivindican como suyas y que, con cariño, quieren hoy que sus hijos hereden, críen y también amen.

Por eso hago un llamado a ustedes, a los que toman las decisiones en esta Cámara, que consideren este mensaje, nuestra lengua es nuestro territorio, en ella está el cómo nombramos a las cosas, cómo vivimos y pensamos. Los purépecha tenemos ciertos valores cimentados y son los pilares que nos sostienen como un pueblo. La honorabilidad, el respeto, la ayuda mutua, el ser humanitario y protector.

Porque es la fuerza de nuestro pueblo y de nadie más... Nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Gracias. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia y las palabras de la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto, historiadora purépecha, y la invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando ella lo desee. Continuamos.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Miércoles 10 de abril de 2019

Intervención desde la tribuna de Rubí Celia Huerta Norberto, en el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De las diputadas Julieta Kristal Vences Valencia Y Claudia Báez Ruiz

Solicitan el retiro de iniciativa y proposición.

Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Remite el Informe sobre el estado que guarda la educación en México 2018 y el Informe Anual de Gestión 2018.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para asegurar el cumplimiento, en la práctica de las normas nacionales e internacionales, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

De las Secretarías de Gobierno de los Estados de Coahuila y Guanajauto

Remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y erradicar la discriminación en todas sus expresiones en el territorio nacional.

Del Gobierno del Estado de Colima

Remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para instrumentar campañas informativas en el sistema educativo nacional, sobre actuación en caso de un desastre natural.

De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado del Estado de Jalisco

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

De la Secretaría de Finanzas y Administración; y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Puebla.

Remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Del Congreso del Estado de Quintana Roo

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se garantice en las normas legales aplicables, el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Tamaulipas

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento a las propuestas formuladas en el Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno.

Del Gobierno del Estado de Zacatecas

Remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Iniciativas del Congreso del Estado de Colima

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobiernos

Declaratoria de publicidad de dictámenes

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, “Desplazamiento Forzado Interno”, al Título Décimo Octavo y se adiciona un artículo 287 Bis al Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y 205 bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CRE y a la Cofece, a activar los procedimientos para la regulación de precios al público de venta de gasolinas ante la falta de condiciones de competencia en dicho mercado, suscrito por el diputado Mario Delgado Carrillo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de fomento al empleo para los jóvenes, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro nacional de deudores alimenticios morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y Morena.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, en materia de unidad familiar, suscrita por las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en materia de democratización de la representación trabajadora, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o., 12 y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40, 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por la diputada Lizbeth Mata Lozano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 4o. y 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 9o. de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por las diputadas Dolores Padierna Luna y Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por las diputadas María Teresa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Que adiciona el artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, del Código de Comercio y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 368 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Bea-triz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Julio César Ángeles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, suscrita por los diputados Jorge Arturo Espadas Galván y José Elías Lixa Abimerhi y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Julio César Ángeles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 84 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 55 de la Ley Minera, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 26 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 51 y adiciona un artículo 55 Bis a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Ana Paola López Birlain y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 1916 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 6o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona.

Que reforma el artículo 2-A a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 17 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Consejo Fiscal, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, suscrita por el diputado José del Carmen Gómez Quej y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 59 y 113 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Marcela Torres Peimbert y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2726 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Raúl Gracia Guzmán y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Ar- tículo 123 Constitucional, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 91, 94 y 95 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y deroga los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 70 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley Nacional que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

De decreto que declara el tercer jueves de noviembre como “Día Nacional de la Filosofía”, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10 y 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto que declara el día 7 de marzo de cada año como “Día Nacional del Huipil”, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 16 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley que crea la Universidad Nacional Náutica Mercante, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 27, 28 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 165 del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 33 y 35 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 35 del Código Civil Federal y 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga los artículos 14 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el DOF el 30 de enero de 2018, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de periodistas, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se declara el 20 de octubre de cada año como Día Nacional del Mezcal, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 123 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de la Salud, suscrita por el diputado Alfredo Femat Bañuelos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por diputadas integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y sin partido.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 46 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y adiciona un artículo 26 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Encuentro Social, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se declara el 21 de abril como el Día Nacional de la Educadora, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 64, 130 y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Minera, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 25 de la Ley General de Partidos Políticos y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 53 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado José de la Luz Sosa Salinas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 66 y 77 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona.

Que adiciona los artículos 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Claudia Pastor Badilla y Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 51 Bis y reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de cuenta pública, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de integración de alumnos con discapacidad a la educación regular, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 54 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 259 Bis del Código Penal Federal y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 14, 18 y 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Eudoxio Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de hostigamiento y acoso sexual, suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, en materia de plazos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de tipificar la violencia política en razón de género, a cargo de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el diputado Francisco Javier Luévano Núñez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Villafuerte Zavala.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 20 y 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Rubén Terán Aguila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 193 y 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se crea la “Presea General Emiliano Zapata Salazar” al mérito por la lucha social en México, suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón y Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se condena el homicidio del ciudadano Camilo Pérez Álvarez, líder natural de la región Triqui, acaecido el pasado 4 de abril, y se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a realizar una investigación exhaustiva, pronta y expedita para su esclarecimiento, suscrito por las diputadas Beatriz Dominga Pérez López y Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a definir una política integral y transparente que permita atender el flujo de migrantes centroamericanos en su tránsito por México y coadyuve con los gobiernos locales, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, a fijar los salarios mínimos profesionales de las personas trabajadoras del hogar en los términos de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo, Bienestar y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, a cesar las actividades propagandísticas violatorias al artículo 134 Constitucional, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que esta soberanía se congratula por el lanzamiento de la iniciativa para la sustentabilidad en el norte del Golfo de California, estrategia integral para salvaguardar a la vaquita marina, en beneficio social y económico de comunidades pesqueras, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a hacer pública la información referente a la situación que guardan las acciones promovidas relacionadas con las cuentas públicas de los años de 1998 a 2016, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Conapred, para que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones para promover los derechos de las personas adultas, con el objeto de prevenir la discriminación y exclusión social, a cargo del diputado Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a establecer el método de vigilancia y supervisión sobre los menores beneficiarios dentro del nuevo Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fortalecer su estrategia en materia de combate a la inseguridad pública, ante el incremento sostenido de la violencia a nivel nacional, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para realizar un cerco en las áreas de zonas de reserva donde se encuentran las cactáceas y sus similares, así como realizar acuerdos de colaboración con universidades agrarias con la finalidad de darles prioridad para su incorporación al Programa de Preservación de Plantas en Peligro de Extinción, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y de la SHCP, a transparentar los procesos de adjudicación, las empresas beneficiadas y los montos aprobados para la primera compra centralizada por medio de licitación abierta internacional de medicamentos e insumos para la salud, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Hacienda y Crédito Público, a realizar foros temáticos que permitan a la Cámara de Diputados fortalecer las capacidades de revisión del PND, para que éste cuente con perspectiva de género, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de abril de dos mil diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputadoPorfirio Muñoz Ledo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos treinta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta y un minutos del martes nueve de abril de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política avalado por la Mesa Directiva, en el sentido de que, en cada sesión ordinaria, previa autorización de la Presidencia, intervenga una persona hablante de lengua indígena; se concede el uso de la palabra a la ciudadana Alicia Gregorio Velasco, hablante de lengua Chinanteca, en el marco de la celebración del dos mil diecinueve, como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”. Una vez terminada su intervención la Presidencia, agradece su presencia y la invita a retirarse del Recinto cuando ella lo desee.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional, solicitando a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados a listar en el Orden del Día el dictamen que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal del Trabajo en materia de licencias para padres de familias con hijos con cáncer; y la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional, en relación a los médicos residentes del Hospital General.

En votación económica se dispensa la lectura del Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y no habiendo oradores registrados para su discusión, en votación económica, se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con la que comunica que se realizaron modificaciones de turno a las iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el artículo ciento ochenta y nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el tres de abril de dos mil diecinueve. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias, presentada por la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el dos de abril de dos mil diecinueve. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

b) De los diputados: Arturo Escobar y Vega, Rosa María Bayardo Cabrera y Olga Patricia Sosa Ruiz, por la que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Cámara de Senadores, con la que comunica que, en cumplimiento de la parte final del artículo sesenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos del consentimiento respectivo, informa que la semana comprendida del lunes quince al viernes diecinueve de abril del año en curso, suspenderá sus sesiones ordinarias por más de tres días. En votación económica se otorga el consentimiento. Comuníquese.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a fortalecer la política orientada a la integración social y productiva de repatriados. Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a conceder permisos de pesca comercial de camarón en embarcaciones menores, por medio de redes de arrastre, operando en aguas marinas de jurisdicción federal adyacentes al litoral del Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a reforzar la implementación de cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y subproductos derivados del camarón, para que, de forma preventiva se detecte la presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla (okavirus) u otras enfermedades exóticas que pudieran afectar a la producción de camarón nacional. Se turna a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud, así como a las entidades federativas, a hacer público un informe sobre el tipo de servicios de salud que ofrecen a los migrantes en tránsito, garantía del derecho a la salud de los migrantes en tránsito en nuestro país, y sobre todo a las dirigidas a población vulnerable. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a vigilar el cumplimiento de las políticas de protección de menores en situación migrante, con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

• Por el que exhorta a colocar Centros Tecnológicos en los Módulos de Repatriación en la frontera norte, a fin de que los connacionales deportados puedan obtener los diversos documentos de identificación personal e intensificar las acciones respecto de la entrega de actas de nacimiento. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a difundir de manera pública los avances de las investigaciones hasta conocer las causas que originaron la declaratoria de emergencia derivada de la mortandad de manatíes e informar de las acciones de prevención, reparación y las probables sanciones por el daño ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la operatividad y funcionamiento del Programa Paisano durante la próxima temporada vacacional de fin de año, con el fin de salvaguardar la seguridad y derechos de nuestros connacionales durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar la revisión, fortalecimiento, vigilancia y cumplimiento efectivo de los Programas de Protección para la Conservación de las siete especies de tortugas marinas enlistadas en peligro de extinción, con base en la NOM-059.SEMARNAT-2010. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de las especies de tortugas protegidas y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, informe sobre los contratos celebrados con Grupo IDESA para el almacenamiento y transporte de combustible partir del primero de diciembre de dos mil dieciocho. Se remite al promovente, para su conocimiento.

e) De la Fiscalía General de la República, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las caravanas provenientes de Honduras y El Salvador. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

f) De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.

h) Del Gobierno del Estado de Guerrero, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables a fin de atenderlos con normatividad y adecuación del espacio público y el privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad, así como ejercer recursos bajo lineamientos del fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a informar que esta entidad federativa puso en marcha la estrategia local de apoyo a repatriados “Guerrero Contigo”, con el fin de dar orientación, atención, apoyo y reincorporación a la vida económica de los connacionales en retorno. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas para que, proporcionen el estado del proceso penal que guardan las personas centroamericanas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que implementen acciones que permitan brindar una atención a las niñas, niños y adolescentes, por lo que hace a la asistencia social. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que promuevan campañas informativas sobre la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular, para poder circular por vías, puentes y carreteras federales. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.

i) Del Gobierno del Estado de Yucatán, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo para que no se vulneren los derechos humanos de personas migrantes en el sistema penitenciario mexicano. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las Entidades Federativas y sus municipios, a integrar en sus planes de desarrollo y presupuestos, las acciones y obras para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y el equipamiento urbano. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

j) De los Gobiernos de los Estados de:

• Aguascalientes, Campeche, y Sonora, con la que remiten tres contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat. Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Baja California, México, y Tamaulipas, con la que remiten tres contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que no se vulneren los derechos humanos de personas migrantes en el Sistema Penitenciario Mexicano. Se turnan a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

k) De la Cámara de Senadores, con la que remite las minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman los artículos ciento ocho y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción segunda bis al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

l) Del diputado Jorge Emilio González Martínez, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese y llámese al suplente.

El siguiente punto de del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María del Pilar Ortega Martínez. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Nayeli Arlen Fernández Cruz; Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Jacobo David Cheja Alfaro, de Movimiento Ciudadano; Luis Enrique Martínez Ventura; Olga Patricia Sosa Ruíz, de Encuentro Social; Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional; María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional; y Marco Antonio Medina Pérez, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro las diputadas y el diputado: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena; Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Claudia Pérez Rodríguez, de Morena. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cincuenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios en relación a la cirrosis, invitando a las diputadas y a los diputados; y a todo el personal de la Cámara a realizarse la prueba de detección de hepatitis C.

El siguiente punto de del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Deporte, por el que se reforma el artículo noventa y cuatro de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Ana Laura Bernal Camarena.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano; Ana Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo; María Rosete, de Encuentro Social; Margarita Flores Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Flores Suárez, del Partido Acción Nacional; y Edith Marisol Mercado Torres, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro la diputada y los diputados: Francisco Javier Saldívar Camacho, de Encuentro Social; David Bautista Rivera; y Claudia López Rayón, ambos de Morena. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo noventa y cuatro de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, por el que se adiciona la fracción décima quinta, del artículo quinto de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Eduardo Ron Ramos. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Lyndiana Elizabeth Burgarín Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; Frida Alejandra Esparza Márquez, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo; Jorge Eugenio Russo Salido, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

María del Carmen Cabrera Lagunas, de Encuentro Social; Juan José Canul Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional; y Ediltrudis Rodríguez Arellano, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro la diputada y los diputados: Miguel Alonso Riggs Baez, del Partido Acción Nacional; Marco Antonio Carbajal Miranda; y Carmen Mora García, ambos de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima quinta, del artículo quinto de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto de del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforma y adiciona el artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Víctimas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María del Pilar Ortega Martínez. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano; María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo; Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, de Encuentro Social; Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional; Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional; y Rubén Cayetano García, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, e intervienen en pro las diputadas: María Luisa Veloz Silva, de Morena; Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo; Lorena Villavicencio Ayala; y María del Rosario Merlín García, ambas de Morena. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos veinte votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Víctimas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes en comisiones ordinarias, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules. De enterado, comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas: Rosalba Valencia Cruz, de Morena, en relación al Día Nacional de la Adopción; y Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, haciendo un llamado al gobierno federal para atender el tema del campo.

La Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día de mañana miércoles diez de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo; me permito solicitarle sea retirada la iniciativa que adiciona el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de promover programas de capacitación para la inserción laboral a víctimas de violencia, presentada ante la Comisión Permanente, el 23 de enero de 2019 y turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Sin más por el momento agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, viernes 5 de abril de 2019.— Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo solicitando su intervención, para que, en términos del artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo “ por el que se exhorta al gobierno de Puebla y Carreteras de Cuota-Puebla a revisar el desproporcionado aumento del peaje en las autopistas Virreyes-Teziutlán y Amozoc-Perote”, presentado el 14 de febrero del presente año, a cargo de la que suscribe.

Reconociendo su ardua labor en beneficio de las y los mexicanos, le reitero mi más sincero agradecimiento por la atención prestada a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.— Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retirados. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Estimado diputado Muñoz Ledo:

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 38, fracciones XI y XIV, 44, fracciones XI, XII y XIII, y 63, fracciones I y II de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, me permito enviar al honorable Congreso de la Unión, el Informe sobre el Estado que guarda la Educación en México 2018, así como el Informe Anual de Gestión 2018. Esta entrega se realiza dentro del plazo legal que marca el artículo 63 de la Ley del INEE, que a la letra señala que el “Instituto deberá presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión” dichos informes.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/INEE_gestion2018-20190410.pdf

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/ INEE_directrices2015_2018-20190410.pdf

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/ INEE_eduOblig_2019-20190410.pdf

Cabe señalar que, desde su creación como organismo autónomo, el Instituto ha entregado puntualmente cada año estos informes al Congreso de la Unión, contribuyendo así a enriquecer el debate sobre las cuestiones fundamentales de la educación en nuestro país. Este acto de transparencia y rendición de cuentas está directamente ligado a un propósito de mejora continua, ya que la existencia de informes globales resulta imprescindible para la gobernanza de un sistema educativo, tan amplio y complejo, como el mexicano. Por ello, estos informes de evaluación son referentes obligados que nos permiten construir anualmente nuevas metas y objetivos a alcanzar, con la acción coordinada de las autoridades educativas, el magisterio, los padres de familia y la sociedad en general. Ésta es una de las aportaciones centrales del INEE a la política educativa del país.

No omito señalar que ambos informes fueron aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto en su sesión del pasado 28 de marzo, y una vez cumplido el compromiso de enviarlos ante la representación soberana de las honorables Cámaras de Senadores y de Diputados, estaremos en posibilidad de publicarlos y ponerlos en manos de la sociedad a través de la página de internet del Instituto.

La observancia de esta obligación representa un acto central en la rendición de cuentas del Instituto ante la sociedad mexicana, especialmente porque los informes señalados muestran el grado de cumplimiento del mandato constitucional del Estado mexicano, para garantizar la calidad en la educación obligatoria y alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Finalmente, en nombre de la Junta de Gobierno del Instituto, queremos agradecer todo el apoyo brindado por la honorable Cámara de Diputados, para el cumplimiento de nuestras obligaciones como órgano constitucional autónomo.

Agradezco la atención a la presente, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 abril de 2019.— Teresa Bracho González (rúbrica), consejera Presidenta de la Junta de Gobierno.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículo 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio STyFE/113/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, signado por la Doctora Haydee Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L. 64-II-7-447.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 2 de abril de 2019.— Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), drector general jurídico y de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención y respuesta a su oficio SG/DGJ y EL/PA/DIP/00080/2019, relativo a la aprobación de un punto de acuerdo por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se transcribe:

“...Único. La Cámara de Diputados exhorta con el debido respeto a su autonomía a las entidades Federativas para que implementen proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno, que propicien su reinserción al entorno productivo de la sociedad mexicana, mediante la generación de recursos para su subsistencia...”

Al respecto le informó que con base en lo establecido en el artículo 4, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) tiene, entre otras, las atribuciones para “llevar a cabo acciones que favorezcan la reinserción laboral de migrantes en retorno, mediante la promoción y aprovechamiento de sus competencias laborales”.

Por ello, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México (STyFE) impulsará acciones durante la presente administración dirigidas a lograr la reinserción al entorno productivo de los migrantes en retorno a través de los Programas Sociales “Fomento al Trabajo Digno” y “Seguro de Desempleo”.

El objetivo del programa social de “Fomento al Trabajo Digno” es otorgar en el corto plazo apoyo económico y capacitación para el trabajo, acceso a proyectos de ocupación temporal en acuerdos institucionales, recursos para su movilidad o asistencia técnica, equipamiento y asesoramiento para consolidar proyectos de autoempleo, a la población desempleada y/o subempleada que habita en la Ciudad de México, de 16 años y más, que enfrentan problemas para obtener empleo, facilitando con ello su acceso al trabajo digno.

Cabe señalar que con este programa se contribuye al logro del trabajo digno para grupos de población en situación de exclusión socio-laboral (personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas liberadas y preliberadas del Sistema de Justicia Penal, personas repatriadas, juventudes en riesgo, personas integrantes de las poblaciones callejeras, madres jefas de familia, madres solteras, personas con VIH, población migrante, población indígena, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados reconocidos, beneficiarios de protección complementaria o apátridas, etcétera), o segregados del sector formal de la economía, mediante acciones específicas de capacitación para el trabajo, ocupación temporal en proyectos institucionales o recursos para la realización de actividades por cuenta propia.

Este programa se instrumenta mediante tres estrategias o subprogramas: 1) Capacitación para el Trabajo (SCAPAT), 2) Fomento al Autoempleo (SFA) y 3) Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral, garantizando en todo momento la equidad de género, la diversidad y la inclusión laboral. Para un mejor entendimiento de cada uno de estos Subprogramas, se describen con mayor detalle a continuación:

1) Subprograma de Capacitación para el Trabajo este subprograma apoya a las personas desempleadas o subempleadas buscadoras de empleo, que requieren capacitarse para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias laborales que permitan facilitar su colocación o desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. Se implementa a través de las siguientes modalidades:

Capacitación Mixta (CM). Cursos de capacitación que se imparten a petición de empresas o personas empleadoras que requieren personal capacitado en una ocupación actividad o puesto específico y que están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo el proceso de capacitación. Son esencialmente prácticos y orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión de habilidades laborales de las personas buscadoras de empleo, favoreciendo así su colocación en un puesto de trabajo.

Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas (CMyPE). Cursos de capacitación práctica que se imparten en las empresas micros y pequeñas, con el fin de facilitar la inserción laboral de la población buscadora de empleo, con prioridad en los recién egresados de nivel técnico o profesional que requieran adquirir experiencia laboral.

Capacitación para el Autoempleo (CA). Curso de capacitación orientados a la adquisición, desarrollo o fortalecimiento de habilidades y competencias laborales de la población desempleada o subempleada que no ha logrado vincularse a un puesto de trabajo subordinado, desea desa-rrollar una actividad productiva por cuenta propia o bien necesita del adiestramiento para la definición de un perfil laboral, dando preferencia a los grupos sociales con mayor dificultad para acceder a un empleo o autoempleo

2) Subprograma de Fomento al Autoempleo (SFA), atiende a personas de 18 años en adelante que se encuentren en situación de desempleo o subempleo y que cuente con las competencias y experiencia laboral para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia incentivando la generación o consolidación de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta sustancial e indispensable para el proceso productivo de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), hasta por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por persona beneficiaria y hasta un monto máximo de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada IOCP.

Los bienes se adquieren priorizando la calidad de los mismos y se entreguen a quienes integren la IOCP, lo cual estará sujeto a seguimiento durante doce meses, contados a partir de la fecha de inicio de operaciones de la Iniciativa, para verificar el funcionamiento y la utilización de los bienes otorgado de acuerdo a lo establecido en la propuesta de IOCP para que al final del plazo se proceda a su entrega en propiedad a las personas beneficiarias.

Para las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas integrantes de poblaciones callejeras, indígenas, personas víctimas de trata, personas connacionales repatriadas, refugiadas liberadas y preliberadas del Sistema de Justicia Penal, población solicitante del reconocimiento de la condición de refugiada, refugiada reconocida y beneficiarias de protección complementaria que no cuenten con este requisito, bastará que demuestren sus conocimientos para el establecimiento y operación de la IOCP propuesta; en el caso de no contar con experiencia y conocimientos, dichas personas tendrán la opción de participar en el curso de capacitación de Scapat, preferentemente en la modalidad de Capacitación para el Autoempleo (CA), con lo cual se considerará cubierto dicho requisito. La especialidad de dicho curso deberá corresponder con el giro de la IOCP que se propone.

3) Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral.

Este subprograma tiene dos modalidades: Compensación a la Ocupación Temporal y Apoyos a la Movilidad Laboral Interestatal.

En la modalidad de Compensación a la Ocupación Temporal se podrá otorgar apoyo económico a personas desempleadas y subempleadas, principalmente mujeres, que dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus familiares en situación de dependencia (población infantil, adulta mayor o con alguna discapacidad), en el marco de la estrategia denominada “Economía del Cuidado”, para lo cual también se acordarán proyectos institucionales con dependencias públicas u organizaciones de la sociedad civil.

La modalidad de Apoyo a la Movilidad Laboral Interestatal está orientada a facilitar la contratación de población buscadora de empleo con empresas de los sectores industrial y de servicios de otras entidades del país, a través de información sobre ofertas de trabajo, asesoría y apoyo económico para su traslado al domicilio de la empresa contratante, ampliando con ello sus opciones de inserción social.

En lo referente al programa social “Seguro de Desempleo”.

La Ciudad de México es pionera en la aplicación del programa social “Seguro de Desempleo”, su implementación tiene 11 años de operación ininterrumpidos y sienta las bases para el establecimiento de un piso de protección social, se rige en la Ley de Protección y Fomento al Empleo y su aplicación corresponde únicamente la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

La población objetivo corresponde a las personas trabajadoras de 18 y hasta 67 años con 11 meses que residan y hayan laborado previamente al menos durante seis meses en la Ciudad de México, a partir de enero de 2017. La ejecución del Seguro de Desempleo obedece a un esquema de corresponsabilidad social entre gobernantes y gobernados mediante tres componentes fundamentales:

• Otorgamiento de un apoyo económicos;

• Canalización para la capacitación de las personas beneficiarias a fin de facilitar la obtención de un empleo formal; y

• Coadyuvar en la reincorporación laboral

Mediante este Programa se atiende y otorga protección social a la población en situación de vulnerabilidad y alta marginalidad, ello con motivo de la perdida involuntaria del empleo, como en los siguientes casos:

1. Personas migrantes connacionales, repatriadas o retornadas;

2. Huéspedes de la Ciudad de México que hayan perdido su empleo;

3. Personas en condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria;

4. Personas preliberadas y liberadas de Centros de Reclusión de la Ciudad de México;

5. Mujeres que han sido despedidas injustificadamente por motivos de embarazo;

6. Personas de comunidades étnicas o indígenas que sufran la pérdida de un empleo;

7. Personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo, que residan en la Ciudad de México.

8. Personas productoras y trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarias, residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su empleo a causa de un siniestro, caso fortuito o acontecimientos imprevistos;

9. Personas Trabajadoras que, por motivo de la reconstrucción de sus viviendas o centros laborales, derivados de los daños ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre de 2017, perdieron su empleo en la Ciudad de México.

A toda persona beneficiaria del programa de “Seguro de Desempleo”, se canaliza a los programas de empleo, capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades que proporciona la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Para mayor referencia sobre los apoyos y requisitos de los Programas Sociales que ofrece la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, así como la ubicación de los módulos de atención, se sugiere consultar las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2019 en el siguiente vinculo: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portaluploadse548c9db46689a94f321498f5e 15ec8b.pdf

En espera de que esta información sea de utilidad, quedamos a su disposición para ofrecer mayor información o, incluso, realizar una plática con los legisladores y/o grupos de población interesados en el acceso a los programas referidos.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019.— Doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez (rúbrica), secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente

Por este conducto me dirijo usted, en respuesta a su similar D.G.P.L. 64-II-5-530, mediante el cual remite el punto de acuerdo, donde exhorta a los gobiernos de las entidades y al gobierno de la Ciudad de México, para que den cumplimiento a la Recomendación General número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De lo anterior, me permito referir el artículo 2o. de la Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes, y que establece lo siguiente: “en el estado de Aguascalientes actualmente no existen asentados pueblos indígenas ni comunidades indígenas que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas y que sean conscientes de su identidad indígena, ello aún y cuando históricamente tales pueblos y comunidades existieron, puesto que los mismos fueron asimilados a la población, sin embargo se reconoce que esa población desciende de pueblos indígenas además de otros grupos sociológicos, por lo que se declara de interés general el respeto a todos los pueblos, a la cultura, la identidad, las tradiciones y las lenguas indígenas y el rescate de su riqueza”. Sin embargo, sirva el presente de acuse de recibo del punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle u cordial saludo.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, 4 de marzo de 2019. — Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz (rúbrica), secretario General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría de Gobierno de Coahuila.

Licenciada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En referencia a su atento oficio número DGPL 64-II-8-1152 dirigido al ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual comunica que en sesión celebrada el 21 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el siguiente acuerdo: Primero. Exhorta a prevenir la discriminación y generar un programa de concientización para combatirla, Segundo. Exhorta a que se impulsen los espacios culturales y educativos para dar respeto a la diversidad étnica de nuestro país y Tercero. Exhorta a prevenir y erradicar la discriminación en todas su expresiones del territorio nacional.

En relación a lo anterior, me permito informar a Usted que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Dirección General Para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el estado de Coahuila, adscrita a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, ha realizado diversas acciones para promover y asegurar la igualdad en el territorio de Coahuila, siendo las siguientes:

- La capacitación sobre temas de igualdad y no discriminación a las y los servidores públicos de la administración estatal.

- La sensibilización de la población general, con la impartición de jornadas de capacitación.

- La sensibilización de la juventud a través de jornadas de cine de inclusión y capacitación en los diversos centros educativos de la entidad en colaboración con la Secretaría de Educación. - La atención y Seguimiento de presuntos casos de discriminación en el Estado.

- La elaboración conjunta con otras dependencias de mecanismos y protocolos de atención a grupos vulnerables.

- Asimismo trabajar en conjunto con todos y cada uno de los grupos históricamente vulnerados, como lo son, las personas pertenecientes a grupos indígenas, con acciones afirmativas que permitan hacer efectivo el derecho sustantivo contenido en la norma.

Adjunto al presente encontrará oficio número DPIPDC-O/ 062/ 2019, que contiene las acciones anteriormente-señaladas.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de marzo de 2019.— Subsecretario de Gobierno y Atención Ciudadana, licenciado Alberto Aguirre Villarreal (rúbrica).»

«Secretaría de Gobierno de Coahuila.

Licenciado Alberto Aguirre Villarreal, subsecretario de Gobierno y Atención Ciudadana.— Presente.

Por este conducto, en atención al oficio SGB/ 098/ 2019 signado por usted y por instrucciones del licenciado Francisco Saracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, en mi calidad de titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el estado de Coahuila, me permito informarle que este organismo fue creado por el gobierno del estado y el principal objetivo que se tiene es diseñar, programar, planear, coordinar, ejecutar y verificar las acciones que lleve a cabo la administración pública estatal para promover y asegurar la igualdad en el territorio de Coahuila, así como vigilar y revertir las acciones tomadas por particulares que vayan en contra de los principios de igualdad y no discriminación, en ese sentido esta dependencia se ha enfocado en salvaguardar dichos principios mediante las siguientes acciones:

- La capacitación sobre temas de igualdad y non discriminación a las y los servidores públicos de la administración estatal.

- La sensibilización de la población general con la impartición de jornadas de capacitación.

- La sensibilización de la juventud a través de jornadas de cine de inclusión y capacitación en los diversos centros educativos de la entidad en colaboración con la Secretaría de Educación.

- La atención y seguimiento de presuntos casos de discriminación en el estado.

- La elaboración conjunta con otras dependencias de mecanismos y protocolos de atención a grupos vulnerables.

- Asimismo trabajar en conjunto con todos y cada uno de los grupos históricamente vulnerados, como lo son, las personas pertenecientes a grupos indígenas, con acciones afirmativas que permitan hacer efectivo el derecho sustantivo contenido en la norma.

En ese tenor, esta dirección reafirma su compromiso para lograr discriminación, reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Saltillo, Coahuila, a 26 de marzo de 2019.— Maestra en Derechos Humanos Yeverino Mayola (rúbrica), directora general para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.»

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«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 64-II-8-1152, por el cual se da a conocer la aprobación del acuerdo:

“ Primero. ...

Segundo. ...

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipales o promover políticas y medidas tendentes o prevenir y erradicar la discriminación en todas sus expresiones en el territorio nacional.”

En atención a lo anterior hocemos de su conocimiento:

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Ante esta situación tan preocupante, los estados han realizado varios mecanismos para evitar que esta conducta continúe, encauzando a sociedades justas y tolerantes, y evitando que dichas conductas menoscaben los derechos sustantivos de las personas.

El artículo primero constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, define como esta conducta toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

En este contexto, el estado de Guanajuato, coadyuvando con los principios constitucionales más altos, ha dirigido acciones para lograr una sociedad igualitaria, y ha encaminado trabajos de armonización legislativa de los ordenamientos normativos del estado, pues es un compromiso asumido con responsabilidad por el gobierno de Guanajuato y los ayuntamientos de la entidad, otorgar herramientas para incorporar la perspectiva de género y los principios de igualdad y no discriminación, así como las normas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, son factores que se involucran en la construcción de nuestro sistema jurídico local.

El 12 de marzo de 2013, se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 41, cuarta parte, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, cuyo objeto es establecer la responsabilidad del estado y los municipios para generar el marco normativo, institucional y de políticas públicas para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, impulsando el empoderamiento de las mujeres en las esferas familiar, política, civil, laboral, económica, social y cultural, de manera enunciativa y no limitativa, a fin de fortalecer y llevar a la población guanajuatense hacia una sociedad más solidaria y justa; fijar los mecanismos de coordinación entre el estado, los municipios y la sociedad civil para la integración y funcionamiento del Sistema para la Igualdad e impulsar la transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres de modo que se facilite el acceso a todos los recursos, en igualdad de condiciones y se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes para mujeres y hombres.

Asimismo, el 27 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 102, tercera parte, la Ley para prevenir, atender y erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato cuyo objeto es prevenir, atender y erradicar todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra de cualquier persona, a través del establecimiento de políticas públicas que permitan modificar las circunstancias que limiten el reconocimiento, respeto, promoción y garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Acorde con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025), el 6 de junio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 90, cuarta parte, el Protocolo para prevenir y atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual, en la administración pública del estado, por lo que a partir de la fecha citada, dicho documento adquirió carácter de obligatorio para el funcionariado y ha permitido un notable avance en los procesos de transformación social de las instituciones públicas.

Dicho instrumento desarrolla guías de actuación bajo el principio de credibilidad de la víctima y fomenta la creación de un comité especializado en cada dependencia de carácter eminentemente preventivo, cuyas funciones no rebasan las competencias y atribuciones de otras instancias, sino que brinda orientación sobre las diferentes alternativas de acción ante un suceso de violencia en los espacios laborales.

El Protocolo para prevenir y atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento en la Administración Pública del Estado de Guanajuato cuenta con los siguientes apartados:

• Principios de actuación;

• Marco jurídico nacional e internacional;

• Comité para la prevención y atención de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual;

• Prevención;

• Proceso de atención;

• Medidas y Sanciones;

• Seguimiento de la atención y

• Anexos.

Del mismo modo se cuentan con programas como:

• Programa de Atención y Reeducación para Hombres Generadores de Violencia hacia las Mujeres, ofrece alternativas de atención y reeducación para hombres generadores de violencia hacia las mujeres, que sean canalizados por alguna autoridad o institución que atienda, investigue, emita recomendaciones o juzgue el caso; promueve acciones de atención y reeducación en nuevas masculinidad es y vida libre de violencia de género para que hombres se sumen voluntariamente a los beneficios del programa; realiza acciones de prevención de la violencia de género y formación en nuevas masculinidades con mujeres, hombres, adolescentes y jóvenes a fin de modificar patrones culturales; e impulsa acciones para el seguimiento a procesos de atención y reeducación a hombres participantes en los grupos del programa.

• Programa Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres, se lleva mediante acciones de capacitación y certificación técnica y administrativa para el desarrollo de habilidades no estereotipadas, que brinden opciones de participación en el mercado laboral o de autoempleo; entrega apoyos económicos en especie a mujeres emprendedoras que inician o fortalecen una unidad económica productiva o de servicios para la generación de ingresos; brinda financiamientos para mujeres que inician o fortalecen el desarrollo de una unidad económica productiva o de servicios con posibilidades de incrementar sus ingresos económicos y otorga seguros de subsistencia a mujeres en situación de riesgo por alta vulnerabilidad o por violencia de género que les permita mejorar sus condiciones económicas de vida y el acceso a una vida libre de violencia.

Por lo anterior, la administración pública 2018-2024 ratifica su compromiso para seguir estableciendo acciones de concientización que permitan una sociedad justa, igualitaria e incluyente, otorgando así a los gobernados pleno acceso a sus derechos humanos.

Nota

1 Disponible en:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_20l7 &file=PO_90_4ta_Parte_20170605_1712_6.pdf

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de marzo de 2019.— Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica), secretario de Gobierno.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Gobierno de Colima.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención al oficio D.G.P.L. 64-II-5-530 del expediente número 236, dirigido al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, por medio del cual remite el acuerdo con el cual la Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México, para que den cumplimiento a la Recomendación General número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2016. Al respecto es importante señalar que coincidimos con los argumentos emitidos en la misma, ya que una ley de esas características regularía efectivamente los alcances de los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas en temas de relevancia pública, específicamente en lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, o implementación de medidas administrativas o legislativas, que de alguna manera puedan afectar sus intereses o para el caso de que se les consulte para hacerlos beneficiarios de algún programa o política pública, con lo que se garantizará de manera plena sus derechos fundamentales principalmente el de participación y consulta. Asimismo, se podrán proteger derechos íntimamente conectados como el de la propiedad colectiva, identidad cultural y medio ambiente.

En ese sentido, es relevante manifestar que el artículo 10, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima hace alusión a los derechos de los indígenas, al establecer que el estado y los municipios deben promover la igualdad de oportunidades de estos grupos sociales y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como para establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Además, con fecha 6 de agosto del 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en donde se reconoce el Consejo de Participación Social del Estado de Colima, como un órgano de participación, vinculación y consulta integrado por las organizaciones de los sectores social y privado, y de manera específica por representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, en los términos de la referida ley, son considerados en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas a que se refiere esa normativa, dotándolos de los medios adecuados para que manifiesten sus intereses, necesidades y demandas, las cuales se integraran al Plan Estatal de Desarrollo como eje rector de la presente administración pública estatal.

Sin embargo, y aunado a las acciones que en esta materia ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo estatal, consideramos que debe formar parte de la agenda legislativa de este poder, desarrollándose los análisis correspondientes para contar con una normatividad especifica en la materia, o en su caso, ser parte de la Ley de Planeación Democrática citada, y presentarse al Congreso del estado para su análisis, y posible aprobación.

Finalmente, y con fundamento en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 10 y 20 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, que otorgan la representación jurídica del gobernador del estado al consejero Jurídico en cualquier juicio o asunto en que éste intervenga o deba intervenir con tal carácter, se tiene a bien dar contestación al exhorto remitido a través del oficio DGPL 64-II-5-530 dirigido al ciudadano gobernador constitucional del estado de Colima.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, 8 de marzo de 2019.— Luis Alberto Vuelvas Preciado (rúbrica), consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Gobierno de Colima.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención al oficio D.G.P.L. 64-II-6-0429, del expediente número 879, dirigido al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima, mediante el cual se hace del conocimiento que en la sesión celebrada el 14 de febrero de 2019, se aprobó el dictamen de la Comisión de Educación, con el siguiente punto de acuerdo:

“Único. La Cámara de Diputados solicita el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de las entidades federativas, establezcan acciones de coordinación que vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país.”

Por lo cual, en función a dicho exhorto, le hago de su conocimiento que en el ámbito de su competencia, esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social presidida por el suscrito, en mi calidad de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Colima y el Programa de Apoyo al Empleo, sustentado en las Reglas de Operación 2019 mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de Febrero de 2019, se establece que el objetivo principal de la dependencia es intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva, lo cual se lleva a cabo mediante estrategias, tales como: proveer de información que facilite la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo; diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la articulación de los actores del mercado facilitando la colocación en un empleo u ocupación productiva a favor de grupos vulnerables.

En relación a lo anterior, indico a usted que, con la finalidad de favorecer la incorporación de personas con discapacidad y adultos mayores al mercado de trabajo, con fundamento en las Reglas antes mencionadas, promueve la Estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de Apoyo al Empleo.

La Estrategia Abriendo Espacios tiene por objetivo atender de manera personalizada a los Solicitantes de empleo canalizados, con discapacidad y adultos mayores para favorecer su inserción al mercado laboral, a través de los servicios de vinculación laboral y acciones de apoyos. Participa también brindando asesoramiento y apoyo a los Empleadores en la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores; así como en la elaboración de las descripciones de puestos que pueden ser adaptados para ser cubiertos con estas personas.

La estrategia opera a través de cuatro vertientes:

a) Intermediación laboral, a través de las modalidades bolsa de trabajo, ferias de empleo y mediante el Portal Abriendo Espacios www.abriendoespacios.gob.mx.

b) Identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional para las personas con discapacidad y adultos mayores. El SNE aplica instrumentos de evaluación especializados entre los que destaca el Sistema de Muestras de Trabajo Valpar, cuyos resultados permiten orientar a las personas hacia su mejor opción ocupacional y/o su derivación hacia acciones de capacitación o actualización de conocimientos.

c) Capacitación para el trabajo: a través del Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, se apoya a las personas que requieren capacitarse para que adquieran o fortalezcan sus competencias laborales con la finalidad de facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

d) Apoyo a iniciativas de ocupación por cuenta propia: a través del Subprograma Fomento al Autoempleo, se apoya con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, a las personas que desean impulsar una actividad productiva y tienen la experiencia y los conocim lentos para desarrollar una ocupación por cuenta propia.”

Por lo anteriormente expuesto, le informo que esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de Colima, toma nota del exhorto citado, y se compromete a seguir impulsando la Estrategia Abriendo Espacios, para promover la coordinación de acciones que vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en el estado de Colima.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario respecto de la presente.

Atentamente

Colima, Colima, a 20 de marzo de 2019— Licenciado Vicente Reyna Pérez (rúbrica), secretario del Trabajo y Previsión Social y Titular de la Oficina del SNE Colima.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría de Educación de Chiapas.

Diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimada diputada:

En atención a su oficio número D.G.P.L 64-II-6-0426, de fecha 14 de febrero del año en curso, expediente 373, mediante el cual comunican al doctor Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, el acuerdo para que se elaboren, estructuren y promocionen campañas informativas sobre los mecanismos de actuación ante la ocurrencia de desastres y capacitaciones básicas para brindar primeros auxilios.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que esta Secretaría a mi cargo, en coordinación con el PNUD, UNICEF y la Secretaría de Protección Civil estatal, impulsamos la actualización y desarrollo del Plan Escolar de Prevención y Resilencia, cuyo objetivo primordial es “potencializar la prevención de riesgos de desastre, reduciendo los existentes y aumentar la Resiliencia en las aulas escolares, buscando alcanzar un desarrollo sostenible”.

Dicho plan considera las siguientes estrategias:

1. Proceso de sensibilización de las figuras educativas de la Secretaría de Educación, mismo que se llevará a cabo mediante la impartición de cursos presenciales.

2. Selección y capacitación de maestros focales y capacitadores en cada escuela, para que éstos a su vez trabajen con las niñas, niños y adolescentes sobre diversos temas de gestión de riesgos, prevención de la salud y vulnerabilidades sociales de su comunidad.

3. Conformación de Comités de Prevención y Resiliencia Escolar, al cual se incorporaron a los niños de educación básica (3o., 4o., 5o. y 6o. grado de escuelas primarias y 2o. y 3o. grado de secundaria), asimismo se crearán gabinetes temáticos que presidirán los niños, niñas y adolescentes.

4. Elaboración del Plan Escolar de Prevención y Resiliencia en cada escuela.

5. Implementación de la estrategia “Lunes Preventivo”, el cual tendrá un calendario semanal de carácter estatal, con una introducción temática, mismo que se llevará a cabo los lunes en la ceremonia cívica con actividades y tareas para la semana según el tema que se marque en el calendario.

Para mayor abundamiento sobre el tema en comento, se anexa copia del documento denominado “Plan Escolar de Prevención y Resiliencia”.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mis consideraciones distinguidas.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Viernes 22 de marzo de 2019.— Maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa (rúbrica), scretaria de Educación.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el gusto de saludarle y en atención a su oficio D.G.P.L. 64-II-4-432, derivado del expediente 714, recibido el 21 de febrero del presente año, le informo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco se encuentra permanentemente implementando y fortaleciendo acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

Así resulta, pues a través de la Dirección General de Previsión Social se realizan las siguientes acciones concretas en materia de detección, prevención y erradicación del trabajo infantil:

-En el procedimiento de inspección que se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 540 a 550 de la Ley Federal del Trabajo, el inspector, al llegar a un centro de trabajo, verifica si se encuentran laborando personas mayores de 15 y menores de 18 años.

En caso que sí se encuentren menores en ese rango de edades, se solicita al patrón, representante legal y/o la persona con la que se entiende la inspección, exhiba la documentación (permiso) con la cual acredite que dichos menores puedan laborar en ese lugar, además de requerir la información que garantice que los mismos reciben las prestaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.

-En caso de no presentar la documentación referida en el punto anterior, se requiere al centro de trabajo para que por conducto del patrón, representante legal y/o apoderado, comparezca a las instalaciones de la Secretaría y presente la información con la cual acredite el cumplimiento de las normas laborales (permisos y prestaciones) respecto a los menores que se encontraron laborando, en términos del artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo.

-Adicionalmente en el procedimiento de inspección, si se encuentra un menor de 18 años y mayor de 15 años, se verifica que el mismo no esté llevando a cabo actividades peligrosas o insalubres de las estipuladas en el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo.

-De igual forma, si durante el desarrollo de la inspección se detecta laborando una persona menor de 15 años y no se encuentra dentro de un círculo familiar, se ordena el cese inmediato del infante en sus labores y se da vista al Ministerio Público a efecto de que se aplique la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, primer párrafo, con relación al diverso 995 Bis ambos de la Ley Federal del Trabajo.

-Por otro lado, se emiten permisos de trabajo a menores de 18 y mayores de 15 años, una vez cumpliendo con los requisitos que se necesitan para tal efecto, establecidos en el Título Quinto Bis denominado “Trabajo de los Menores”, artículos 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son:

- Contar con certificado y exámenes médicos periódicamente que acrediten aptitud para el trabajo;

- Asegurar que los menores no realizarán actividades consideradas como peligrosas e insalubres, establecidas en el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo.

- Que la jornada de trabajo no exceda de seis horas diarias, debiendo estas dividirse en dos periodos máximos de tres horas disfrutando de una hora por lo menos de reposo en los distintos periodos de la jornada.

- Se solicita una carta de autorización por parte del padre o tutor del menor para el ejercicio de las actividades laborales, siempre y cuando no interfieran con su educación, esparcimiento y recreación del mismo.

Por otra parte, a través de la Dirección General de Planeación e Innovación, se ha colaborado en la Red Interinstitucional para la Prevención, Detección y Atención de la Violencia contra NNA, en la reunión de trabajo que tuvo lugar el día 12 de marzo de 2019, convocada por la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, coadyuvando con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuraduría Social, Sistema DIF Jalisco, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

Red interinstitucional cuyo objetivo general es la promoción del fortalecimiento de la Agenda Transversal para la Atención, Detección y Prevención de Violencias en contra de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.

Particularmente, tiene como objetivos específicos: (a) integrar el inventario de programas, proyectos y acciones del gobierno del estado a favor de la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; y (b) ruta de atención a problemáticas relacionadas con niñas, niños y adolescentes.

Dentro las acciones de la Agenda Estatal para la Prevención, Detección y Atención de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes se han delineado las siguientes acciones:

- Formación del funcionariado público de los tres ámbitos de gobierno estatal y municipal, en el diseño de políticas públicas y derechos de las niñas, niños y adolescentes.

- Proyecto de restitución de derecho a la identidad de niñas y niños que radican en comunidades indígenas de la zona norte y sur del estado de Jalisco.

- Plataforma interinstitucional para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

- Diseño de sistema de información estatal para la recopilación de datos sobre todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes a fin de identificar problemáticas focalizadas.

- Programa de atención a niñas, niños y adolescentes en localidades con altos índices de violencia y de vulnerabilidad de derechos.

- Programa para fortalecer el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo por cualquier tipo de violencia.

- Atención transversal para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

- Ampliar la capacidad institucional para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

- Diagnósticos estatales a partir de las zonas identificadas de alto riesgo sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos, víctimas de trata, carencia de identidad, niños en situación de calle, en situación de discapacidad.

- Proyecto piloto integral para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes en las inmediaciones de la zona centro de Guadalajara desde la perspectiva de cuidados. (Analco, Central Vieja, La Perla, San Carlos Borromeo y otras colonias)

- Certificación o especialización de psicólogas y psicólogos en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

- Promover la intermunicipalidad para atender la problemática de niñas, niños y adolescentes, en particular la que requiere de asesoría legal o en su caso representación social.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier asunto relacionado con el presente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo del 2019.— Maestro Enrique Flores Domínguez (rúbrica), director general del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla.

María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio número DGPL 64-II-8-0072, de fecha 19 de septiembre de 2018, dirigido al entonces gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual informa el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que en lo conducente señala:

“Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos locales de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, que publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente, en apartado especial de sus portales de transparencia, la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, particularmente: a) El monto ejercido de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, así como los otorgados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los transferidos por particulares, bajo cualquier modalidad legal; b) El destino específico de las partidas correspondientes; c): El porcentaje de avance en los trabajos de reconstrucción, y d) El porcentaje de damnificados a los que no se les ha realizado un peritaje de daño estructural. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que por medio de los entes públicos competentes, concluyan la dictaminación de inmuebles en las zonas afectadas y otorguen a la brevedad los apoyos a fin de que se concluya la reconstrucción y las personas damnificadas sean restituidas en su vida plena”, al respecto:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, párrafo segundo, 3, 14, párrafo primero, 17, fracción II y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2, 4, 12, 14, fracción II, 26, 33 y 34 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 4, fracción I, y 8, fracciones XXX y LIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se precisa que el fenómeno natural perturbador sobre el cual se emitió declaratoria de desastre natural en el estado, fue el sismo magnitud 7.1 grados Richter ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en 112 municipios del estado, declaratoria que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de septiembre de ese mismo año; ahora bien, con relación al punto primero, incisos a) y b) del acuerdo que nos ocupa es importante señalar que respecto de los recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 5, fracciones XVI y XVIII, 11, 22, Sección V, De la autorización de recursos con cargo al Programa Fonden o al Fideicomiso Fonden” de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y numerales 24, 25 y el Anexo XVII, “Procedimiento para el ejercicio de recursos del Fideicomiso Fonden, por obras y acciones tendientes a la reconstrucción de la infraestructura que se derivan de la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en la República Mexicana”, de los lineamientos de operación específicos del Fonden, así como con la normativa aplicable a los recursos federales adicionales que haya autorizado el gobierno federal para tales efectos dependiendo de su fuente de financiamiento; el ejercicio y aplicación de estos recursos son competencia y responsabilidad de las dependencias y entidades federales de los sectores afectados; por otra parte en relación a los recursos transferidos por particulares, en el caso del estado de Puebla, estos fueron entregados directamente a los afectados, sin que el gobierno del estado participara en su asignación.

En cuanto a lo solicitado en los incisos e) y d), le informo que los avances de los trabajos de reconstrucción competencia del Estado, así como la atención brindada a los afectados por dicho fenómeno natural perturbador, pueden ser consultados en la liga: http://datos.puebla.gob.mx/pueblaactiva, sitio que es alimentado por las instancias responsables de la reconstrucción estatal de cada sector afectado.

Con relación al punto segundo del acuerdo que nos ocupa, le comento que el gobierno del estado autorizó los recursos presupuesta les correspondientes para la atención de los daños y afectaciones originadas por el sismo de 19 de septiembre de 2017, de conformidad con la determinación de daños que se convino con la federación en apego con lo establecido en la normativa del Fonden, correspondiéndole a las instancias ejecutoras de los sectores afectados ejercer de manera eficiente y eficaz estos recursos de acuerdo con la naturaleza de cada obra o acción, ejercicio que se llevó a cabo de acuerdo con los plazos y términos que cada una requirió y cuyo avance se puede consultar en el sitio de internet antes indicado.

De lo anterior se desprende que el gobierno del estado ha dado cabal cumplimiento a la atención de las obras y acciones de reconstrucción en el ámbito estatal derivadas de la ocurrencia del sismo de referencia, atención que se continuará brindando hasta su total conclusión.

Lo anterior, a fin de tener por atendido el exhorto que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigir al Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Puebla.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de febrero de 2019.— Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), secretario de Finanzas y Administración.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Puebla.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Muy distinguida Diputada:

En atención al punto de acuerdo del 14 de febrero del año en curso, mediante el cual la honorable Cámara de Diputados tuvo a bien exhortarme para que, junto con la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, revisemos lo concerniente a la reparación del daño de los familiares de José Andrés Larrañaga Canalizo, me permito informar lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 5o., 7o., 84 y 88 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las personas víctimas de delitos del fuero federal.

Sin embargo, considerando que la CEAV forma parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (artículo 79 de la Ley General de Víctimas), siempre está dispuesta a cumplir con su deber de coadyuvar en la atención de casos del fuero común como lo es el de José Andrés Larrañaga Canalizo.

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que el estado de Puebla no dispone de una comisión local de atención a víctimas, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, me presenté en las instalaciones de la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de tratar diversos temas (entre ellos el de José Andrés Larrañaga Canalizo), con la titular de dicha dirección, licenciada Miriam Itzel Chávez Gómez.

Para tal efecto, dicha licenciada y su servidor acordamos reunirnos el cinco de marzo del año en curso, en las oficinas que ocupa el Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Puebla. Sin embargo, dicha reunión no se llevó a cabo debido a contratiempos que se le presentaron a la licenciada Chávez Gómez.

Derivado de lo anterior, el ocho de marzo de dos mil diecinueve, vía telefónica, le pregunté a la licenciada Chávez Gómez, si la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, atiende a los familiares de José Andrés Larrañaga Canalizo. Ante esta solicitud, la licenciada Chávez Gómez se comprometió a revisar su base de datos, y proveerme la información a la brevedad.

Es así que, en esta fecha y por la misma vía, la licenciada Chávez Gómez me informó que la dirección a su cargo no tiene registro alguno de atención de las víctimas indirectas de José Andrés Larrañaga Canalizo.

Sin otro particular, con la más alta consideración y estima se despide de usted,

Puebla, Puebla, a 12 de marzo de 2019.— Maestro Pedro Emmanuel Ortega Espinosa (rúbrica), titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Puebla.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Congreso de Quintana Roo.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En sesión del periodo ordinario de sesiones, celebrada el día de hoy, se dio a conocer el contenido de su oficio número D.G.P.L. 64-II-3-438, mediante el cual remiten el Acuerdo por el que exhorta a los Congresos de las entidades federativas, para que realicen las reformas necesarias a los Códigos Civiles locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al cambio de nombre y adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil correspondiente, conforme a la identidad de género auto -percibida y sexo- genéricas de las personas, atendiendo al procedimiento idóneo propuesto por los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular, del amparo en revisión 1317/2017.comunican la designación de los diputados y diputadas de la Mesa Directiva que coordinará y presidirá los trabajos correspondientes al primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional.

Mismo que por instrucciones de la presidencia se turnó a la Comisión de Justicia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 27 de febrero de 2019.— Diputada Adriana del Rosario Chan Canul (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión Juventud y Diversidad Sexual, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Secretaría de Gobierno de Tamaulipas.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 64-II-2-410, de fecha 14 de febrero del año en curso, a través del cual hace del conocimiento del acuerdo aprobado por esa Cámara de Diputados, durante la sesión celebrado en esa propia fecha, mismo que a la letra dice:

“Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno, así como a sus respectivos Congresos, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, den cumplimiento a lo indicado en los puntos 10 y 11 del apartado de ‘propuestas’ del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado en mayo de 2016, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”

Anexando a dicho oficio, copia del dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas Respecto de la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a fin de resolver la problemática que ha causado el desplazamiento forzado interno de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México.

En ese contexto, al advertirse de los referidos documentos, que la petición realizada por ese honorable Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales, versa en el sentido de que se atienda lo relativo a los puntos 10 y 11 del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, pero enfocado en las afectaciones que este problema ha provocado dentro del territorio que comprenden las entidades federativas en los pueblos indígenas asentados en cada uno de estos.

En tal virtud, es menester informar a Usted, que dentro del territorio que comprende nuestra entidad federativa, de acuerdo a información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (oficio número 1315.7/0061/2019, de fecha 19 de febrero del año en curso), no se tiene documentada la existencia de pueblos, comunidades o asentamientos indígenas, hecho que nos lleva a la conclusión, de la inexistencia de casos de desplazamiento forzado interno, cometidos en agravio de estos grupos vulnerables, dentro de la entidad federativa.

No obstante, con la intención de coadyuvar esfuerzos con esa Cámara de Diputados, así como de atender uno de los principales compromisos de nuestra administración gubernamental, el de garantizar los derechos humanos de nuestra población y de las personas que se encuentren dentro del mismo por diversas circunstancias, solicitamos de la manera más atenta, nos sea remitida la información con la que cuente esa autoridad en relación al tema en mención, y de esa manera estar en condiciones de realizar las acciones pertinentes con el objeto de atender la solicitud de mérito.

Sin otro asunto particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 4 de marzo de 2019.— Gloria Elena Garza Jiménez (rúbrica), subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales.»

«Secretaría de Gobierno de Tamaulipas.

Licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno en Tamaulipas.

En atención a su solicitud mediante oficio número SGG/SLSG/0246/2019, donde solicita información relacionada con la existencia de asentamientos de comunidades o pueblos indígenas dentro de la entidad federativa, o bien, información documentada de personas pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, que estén de tránsito dentro del territorio estatal, informo a usted que el Inegi publica en su portal Institucional www.inegi.org.mx información de la población de habla indígena de la siguiente manera:

Población de 3 años y más por municipio, sexo, grupos quinquenales de edad según condición de habla indígena y condición de habla española Tamaulipas).

Población de 3 años y más que habla lengua indígena por lengua según condición de habla española y sexo (Tamaulipas).

Fuente: Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010, tabulado cuestionario básico.

Por otra parte, la Encuesta Intercensal 2015, por primera vez en nuestro país, agregó la pregunta de: si la persona se considera indígena, por lo que también incluimos la siguiente información:

Estimadores de la población de 3 años y más y distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de habla española por municipio y sexo.

Estimadores de la población y su distribución porcentual según autoadscripción indígena por municipio y grandes grupos de edades.

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según autoadscripción afrodescendientes por municipio, sexo y grandes grupos de edades.

Fuente; Inegi, tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

De igual manera esta información será entregada en un dispositivo USB.

Conviene señalar que en ambos proyectos estadísticos (censos y encuesta intercensal) permitieron contar y actualizar la información, composición y distribución de la población residente del territorio nacional.

Asimismo, le comunico que es a os a su disposición para brindar asesorías en el conocimiento, uso y manejo de la información estadística y geográfica con el ingeniero César Castillo Gómez, jefe de Promoción, el cual atenderá y apoyará al respecto, con dirección electrónica cesar.castillo@inegi.org.mx en el teléfono 834 1537313.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de febrero del 2019.— Ingeniero Marco Antonio Chapa Martínez (rúbrica), coordinador Estatal.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Gobierno de Zacatecas.

Diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio DGPL 64-II-6-0426, dirigido al señor gobernador del estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello Cristerna, en el cual comunica el acuerdo consistente en elaborar, estructurar y promocionar campañas informativas de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil relacionadas con temas de cómo actuar ante la ocurrencia de desastres naturales y capacitaciones básicas en primeros auxilios dirigidas a la comunidad escolar.

Al respecto, me es grato comunicarle que el gobierno del estado de Zacatecas, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, dentro de su programa anual de trabajo realiza campañas permanentes de difusión y capacitación dirigidas particularmente al sector educativo, como es el caso de los Programas de Emergencia Escolar y Ferias diferentes.

Además, por medio de spots de radio y trípticos se informa a la población de las conductas a seguir antes, durante y después de la presencia de fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 15 de marzo, 2019.— CMTE Juan Antonio Caldera Alanís (rúbrica), coordinador Estatal de Protección Civil.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Gbierno de Zacatecas.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Me refiero al oficio turnado al señor gobernador del estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello Cristerna, con número D.G.P.L. 64-II-6-0429, de fecha 14 de febrero del año en curso, donde se requiere se establezcan acciones de coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; al respecto, me es grato informarle que el 22 de febrero del año en curso fueron publicadas la Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante el cual el Servicio Nacional de Empleo cuenta con una Estrategia de Abriendo Espacios, cuyo objetivo es atender de manera personalizada a los solicitantes de empleo considerados como adultos mayores y canalizarlos para favorecer su inserción al mercado laboral bajo 4 vertientes que a continuación se mencionan:

1. Intermediación laboral, a través de las modalidades; bolsa de trabajo, ferias de empleo y mediante el portal de Abriendo Espacios www.abriendoespacios.gob.mx

2. Identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional para las personas adultas mayores.

3. Capacitación para el Trabajo, por medio del Subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.

4. Apoyo a iniciativas de ocupación por cuenta propia, a través del Subprograma Fomento al Autoempleo.

El compromiso es informar al titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que conozcan el Programa de Apoyo al Empleo y sus subprogramas, de manera inmediata.

Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de marzo de 2019.— Ingeniero Cliserio del Real Hernández (rúbrica), subsecretario del Servicio Nacional de Empleo de Zacatecas.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

INICIATIVAS DE CONGRESO ESTATAL

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Congreso de Colima.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto le informamos que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión pública ordinaria número 23, celebrada con fecha 28 de febrero del presente año, aprobó el decreto número 52, por el que se aprueba ejercer el derecho de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, con el objeto de plantear la reforma al artículo 111 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Sin otro particular por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 4 de abril de 2019.— Las secretarias de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado:diputada Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), secretaria;diputada María Guadalupe Berver Corona (rúbrica), secretaria.»

«Congreso de Colima.

El honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 33, fracción II, y 40 de la Constitución Política local, en nombre del pueblo expide el presente decreto, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 21 de febrero de 2019, la diputada María Guadalupe Berver Corona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la actual LIX Legislatura, presentó ante el honorable Congreso del estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone ejercer el derecho de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión de conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reformar el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0335/2019, del 21 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de antecedentes, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

3. Los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, previa convocatoria expedida por su presidente, se reunieron en sesión de trabajo a las 11:00 horas del lunes 25 de febrero de 2019, en la sala de juntas Gral. Francisco J. Múgica, del honorable Congreso del estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en los puntos anteriores de este apartado de antecedentes.

4. Es por ello que los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente

Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada María Guadalupe Berver Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la actual LIX Legislatura, por la que se propone ejercer el derecho de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión de conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reformar el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir al bienestar de los profesionistas que se desempeñan como trabajadores por cuenta propia, solicitando su adhesión al régimen de incorporación fiscal, por medio de la modificación del artículo 111 contenido en Título IV, Capítulo II, Sección II, de Ley del Impuesto sobre la Renta.

La informalidad laboral es uno de los mayores problemas que aquejan a la economía nacional, por lo regular, se considera trabajador informal a aquel que no cotiza en un sistema de seguridad social y, en consecuencia, los ingresos de éste y de su familia, se verían fuertemente reducidos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte.

Desde 2011, la seguridad social forma parte de los derechos humanos, por lo que se encuentra protegida por el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, amparan accidente o enfermedad derivada de los riesgos de trabajo; atención médica y pago de incapacidades por enfermedades o maternidad; invalidez; pensión por edad y por años cotizados; guarderías y prestaciones sociales.

Esto a diferencia de programas como el Seguro Popular, que si bien han logrado incrementar el número de habitantes con acceso a servicios de salud, no representa un servicio sustituto de la seguridad social.

Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de informalidad laboral para nuestra entidad federativa en el segundo trimestre de 2018 fue de 50.5 por ciento, sin embargo, esta problemática no es endémica de nuestro estado, la media nacional de informalidad se sitúa en 56.6 por ciento, mientras estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, presentan tasas de informalidad superiores al 70 por ciento.

Por ese motivo, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OTI) recomiendan la creación de mecanismos de incorporación a la seguridad social, en función de mejorar los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.

Además de los mencionados problemas sociales, la informalidad resulta en afecciones fiscales, ya que genera pérdidas respecto a la recaudación fiscal potencial de la hacienda pública federal, lo que a su vez deriva en posibles problemas para financiar planes y programas que impulsen el crecimiento económico de nuestro país.

Ahora bien, la visión tradicional de informalidad nos indica que este tipo de trabajadores quedan fuera del sector más productivo, por la insuficiencia del dinamismo o una regulación excesiva del mercado.

En este sentido, un esfuerzo reciente (modificando la regulación), se gestó en la anterior administración del gobierno federal con la creación del régimen de incorporación fiscal (RIF), el cual brinda incentivos a la formalidad mediante descuentos en la declaración del impuesto sobre la renta (ISR), mismos que van desde el 100 por ciento en el primer año, y disminuyen en 10 por ciento en cada ejercicio fiscal, hasta llegar al1 0 por ciento de descuento en el año diez, al término de este periodo pasarán a tributar en el régimen general.

Como medida adjunta para incrementar la captación de contribuyentes, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril del 2014, se otorgaron estímulos para promover la incorporación a la seguridad social de los integrantes del régimen de incorporación fiscal, otorgando subsidios en el pago de las cuotas, mismos que van desde el 50 por ciento en los años uno y dos, hasta el 10 por ciento en los años nueve y diez.

Por lo anterior el RIF es considerado una de las principales herramientas de la reforma fiscal de 2014 para combatir la informalidad y reducir la evasión de manera significativa. Hasta la fecha, el RIF ha incorporado a más de 5 millones de contribuyentes.

Sin embargo, los profesionistas por cuenta propia mejor conocidos como freelance han quedado al margen de los beneficios que significa pertenecer al RIF, el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que “los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección (referente al RIF), siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos”.

Dicho de otra forma, aquella persona que trabaje por cuenta propia y requiera de título profesional para realizar su labor, aunque tengan ingresos medianos, no puede tributar en el RIF, por lo que se ven obligados a declarar conforme a lo dispuesto en Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, de este modo, de acuerdo con el artículo 100, fracción II, se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos que no estén considerados en el Capítulo I (correspondiente de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado) de este Título (correspondiente a las personas físicas).

En nuestro estado, de conformidad con lo expuesto en el artículo 15 de la Ley de Profesiones del estado de Colima “las profesiones y ramas profesionales que requieren título para su ejercicio en el estado son aquellas derivadas de la conclusión de estudios de los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o cualquier otro nivelo grado académico provenientes de la educación universitaria, normal, tecnológica o de diversa naturaleza que exista al amparo del Sistema Educativo Nacional”, en dicho artículo también se despliega una lista de más de 300 profesiones.

El esquema de trabajo freelance se ha desarrollado en los últimos años, de acuerdo con la ENOE (2018) actualmente más de 12 millones de personas trabajan por cuenta propia, se estima que alrededor del 11 por ciento de los profesionistas del país trabajan bajo esta modalidad, en una encuesta realizada por OCC Mundial los freelancers señalan entre sus principales motivos para trabajar de esta forma, los siguientes: no ser subordinado de alguien más, poder trabajar desde cualquier lugar, tener mayor flexibilidad de horario y ganar más dinero que como empleado. De acuerdo a una encuesta realizada por PayPal México, los freelancers ganan en promedio 272 mil pesos anuales, sin embargo, 46 por ciento de ellos recibe menos de 100 mil pesos al año, lo que equivaldría a un máximo de 8 mil 300 pesos mensuales.

La realidad es que el trabajo por cuenta propia es una tendencia que irá en aumento, del segundo trimestre de 2017 al mismo periodo del 2018 se registró un incremento de 387 mil trabajadores, en este sentido, la revista Forbes señala que “el avance tecnológico está ocasionando que las empresas requieran cada vez de menos empleados para funcionar correctamente, por lo que los demandantes de empleo buscan nuevas metodologías para introducirse en el mundo laboral y desarrollar su profesión en lugar de abogar por los sistemas tradicionales, los cuales se están quedando cada vez más obsoletos”.

Eliminar las barreras a la entrada de los profesionistas que se desempeñan por cuenta propia, a los descuentos y subsidios del régimen de incorporación fiscal, sin duda significaría una mejora en el bienestar y en la productividad laboral.

II. Leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, esta comisión es competente para conocer de las iniciativa que se realicen con base en lo previsto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Esta comisión dictaminadora, una vez que ha realizado el análisis y estudio detallado de la iniciativa que nos ocupa, coinciden con la esencia de la propuesta, porque de aprobarse en el honorable Congreso de la Unión, se estaría favoreciendo a un importante sector de la población económicamente activo al permitir tributar conforme al régimen de incorporación fiscal y además generaría una mayor recaudación fiscal por parte de la autoridad federal en la materia.

En el mismo orden de ideas, es importante reflexionar sobre el motivo de la creación del nuevo régimen de incorporación fiscal, cuyo fin fue el de incentivar a la formalidad laboral y fiscal, que permite a los contribuyentes ciertos beneficios, como son no pagar el impuesto sobre la renta (ISR) durante el primer año y a partir del segundo año la reducción del mismo en un 10 por ciento cada año.

Lo anterior, es aunado a los beneficios que la administración federal pueda brindar a través de los distintos programas que se realicen para seguir incentivando a la actividad laboral formal.

Por otra parte, como ya lo señaló la iniciadora, es una realidad que cada día crece la cantidad de profesionistas que laboran por su cuenta y que por diversas circunstancias, entre ellas, no poder acceder a un régimen fiscal flexible y amigable como lo es el régimen de incorporación fiscal, prefieren quedar en la informalidad, lo que sin duda perjudica al sistema tributario mexicano por los impuestos que deja de percibir y en consecuencia, al crecimiento económico del país, esto, aunado al imposibilidad de los profesionistas de obtener otros beneficios que traen consigo la inscripción a dicho régimen.

Tercero. La comisión que dictamina considera importante dictaminar en sentido positivo la iniciativa, tanto por la propuesta que se contiene, como por el ejercicio del derecho de iniciar leyes de esta soberanía estatal ante el honorable Congreso de la Unión, de manera particular, por razón de la materia, ante la Cámara de Diputados.

El ejercicio de esta potestad de iniciar leyes ante el honorable Congreso de la Unión es una práctica parlamentaria de suma importancia, puesto que permite que la legislatura local pueda proponer cambios a la legislación federal partiendo de las necesidades que en el ámbito estatal se presenten y que por razón de competencias no pueda legislar para solventarlas, por ello, esta comisión dictaminadora propone la aprobación de la iniciativa de decreto que se analiza.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

Decreto número 52

Primero. Es de aprobarse y se aprueba ejercer el derecho de iniciativa previsto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el primer párrafo del artículo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que se requiera o no título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que se publique, circule y observe.

Segundo. Se instruye a la Secretaría de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado de Colima que se sirva remitir la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho de iniciar leyes, previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo, a 28 de febrero de 2019. — Diputado Guillermo Toscano Reyes (rúbrica), presidente;diputada Francis Anel Bueno Sánchez (rúbrica), secretaria; diputada Alma Lizeth Anaya Mejía (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO ENLOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Congreso de Colima.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto le informamos que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión pública ordinaria número 2, celebrada con fecha 4 de abril del presente año, aprobó el decreto número 65, por el que se aprueba ejercer el derecho de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, con el objeto de plantear la abrogación de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 4 de abril de 2019.— Diputada Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), secretaria; diputada María Guadalupe Berver Corona (rúbrica), secretaria.»

«Congreso de Colima.

El honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 6o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en nombre del pueblo, ha tenido a bien expedir el presente decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 4 (cuatro) de enero del año 1996 (mil novecientos noventa y seis), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se establecen horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos.

Las consideraciones establecidas el dicho decreto, señalan que:

a) La parte continental del territorio nacional se encuentra ubicada entre los meridianos 86° y 118° al oeste del Meridiano de Greenwich, por lo que le corresponden los husos horarios que tienen como referencia los meridianos 90°, 105° y 120°;

b) Mediante diversos decretos presidenciales se han establecido horarios diferentes en función de las necesidades de las regiones geográficas del país y que, en la actualidad, en la mayor parte del territorio nacional se aplica la hora del meridiano 90°; en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora la hora del meridiano 105°, y en Baja California, rige el sistema de horarios estacionales, correspondiendo la hora del meridiano 105° durante el verano y la del meridiano 120° para el resto del año;

c) El llamado “horario de verano” es una medida que se aplica durante el periodo de mayor insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el horario local al inicio de dicho periodo, y retrocederlo, también una hora, una vez transcurrido el periodo citado;

d) El horario de verano propiciará una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes;

e) Es compromiso del gobierno de la República apoyar las actividades productivas del país, abatir los costos de producción y proteger el ingreso familiar, y que un menor consumo de energía eléctrica coadyuvará a lograr tales objetivos;

f) Con el horario de verano, la sociedad en su conjunto realizará un mayor número de actividades a la luz del día, lo que puede redundar en mayores condiciones de seguridad pública, y

g) Los estudios realizados por diversos organismos especializados del gobierno federal y la experiencia en numerosos países que aplican los horarios estacionales, dan cuenta de los beneficios económicos y sociales que esta medida implica y, en tal virtud, diversos sectores sociales han solicitado se adopten medidas similares en nuestro país.

Así pues, el decreto en comento fue modificado y abrogado en diversas ocasiones como lo son: mediante decreto del 13 de agosto de 1997. (Poder Ejecutivo federal), decreto del 31 de julio de 1998. (Poder Ejecutivo federal), decreto del 29 de marzo de 1999. (Poder Ejecutivo federal), Decreto del 1 de febrero de 2001. (Poder Ejecutivo federal), decreto del 6 de enero de 2010 (Poder Ejecutivo federal), y decreto que expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de diciembre del 2001, y con la última reforma de fecha 31de enero de 2015.

En nuestro país el horario de verano comenzó a aplicarse de forma regular y continua para toda la nación, en el año 1996, inicialmente con el propósito de empatar la hora entre Estados Unidos y México.

El objetivo principal de la implementación del Horario de Verano fue ahorrar energía eléctrica haciendo un mejor uso de la luz natural, durante los meses de verano.

El Horario de Verano consiste adelantar una hora los relojes para modificar la hora de encendido de la luz.

Cabe destacar que México experimentó con un horario de verano de solamente cinco meses en 2001, del primer domingo de mayo hasta el último domingo de septiembre. Sin embargo, al año siguiente, en 2002, regresó al horario de verano de siete meses. Como el entonces Distrito Federal y varios estados sureños decidieron seguir con el horario de verano de sólo cinco meses para 2002, el Congreso mexicano dictaminó que esta es una decisión federal; y por lo tanto ningún estado podía cambiar su horario en forma individual. Esta decisión fue contraproducente en 2007, pues bajo la presión constante de diputados sureños, el Congreso mexicano se ha negado sistemáticamente a cambiar el Horario de Verano, no habiendo realizado cambio alguno en 2007 y prefiriendo establecer en 2010 dos horarios de verano en el mismo país (algo único en el mundo) con la confusión que ello genera.

Sin embargo la implementación del horario de verano en nuestra entidad federativa no resulta fructífero, pues más que benéfico resulta contraproducente para nuestros ciudadanos quienes se ven afectados al consumir más energía eléctrica, aquejando con ello considerablemente la economía del núcleo familiar, sumándose para ello el descontento y rechazo ante tal imposición, ya que año tras año tenemos que efectuar el cambio y por ende el inmediato uso y aplicación, lo que provoca trastornos biológicos, económicos, modificación del ritmo de vida y actividades sujetas a la combinación de horarios y tiempos de luz natural.

Recordando que las condiciones geográficas de nuestro país, ubicado a 19° latitud norte, la variación de luz solar entre los días de invierno y los de verano es de sólo dos horas y veinte minutos, por lo que al adelantar una hora nuestro reloj no es determinante para el ahorro del consumo energético, ya que muy temprano, por la mañana es necesario encender la luz artificial, vislumbrándose que más haya de ahorrar energía con la implementación del horario de verano, resulta más consumo en energía eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Legislatura estatal recoger esta iniciativa, hacerla nuestra y elevarla al Congreso de la Unión a efecto abrogar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno), por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 de enero de 2015.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

Decreto número 65

Único. Es de aprobarse y se aprueba ejercer el derecho de iniciativa previsto en la fracción III del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por medio del cual se propone abrogar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno), por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 de enero de 2015, para quedar como sigue:

Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. Se abroga.

Artículo 2. Se abroga.

Artículo 3. Se abroga.

Artículo 4. Se abroga.

Artículo 5. Se abroga.

Artículo 6. Se abroga.

Artículo 7. Se abroga.

Transitorios

Primero.Se abroga.

Segundo. Se abroga.

Tercero. Se abroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el 4 de abril de 2019.— Diputada Francis Anel Bueno Sánchez (rúbrica), presidenta;diputada María Guadalupe Berver Corona (rúbrica), secretaria; diputada Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Energía, para dictamen.

DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Dictamen de la Comisión de Economía, Comercio yCompetitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia...

INTERVENCIÓN DE DIPUTADA

INCONFORMIDAD ANTE LA DECISIÓN DE DEVOLVER ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS EXPRESIDENTES FOX Y CALDERÓN

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada. Micrófono, adelante.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Gracias. Nada más rápido, recordando la vida y los ideales de igualdad del general Emiliano Zapata, después de 100 años, solo quiero manifestar una inconformidad ante la decisión de devolverles elementos de seguridad pública a los expresidentes Fox y Calderón evidentemente con cargo al presupuesto federal.

Si ellos sufrieron un intento de allanamiento, yo celebro que vivan en carne propia lo que los ciudadanos sufren cada día a consecuencia de sus políticas equivocadas. Aquí mismo en esta legislatura participa una diputada a quien le mataron a una hija, y le asignaron seguridad por parte de la federación solamente por un mes. Después la dejaron, igual que a todos los ciudadanos, con su propia responsabilidad de seguridad. Es una inconformidad que quiero manifestar. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo tercero, Desplazamiento Forzado Interno, al Título Décimo Octavo, y se adiciona un artículo 287 Bis a Código Penal Federal.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo tercero, Desplazamiento Forzado Interno, al Título Décimo Octavo, y se adiciona un artículo 287 Bis a Código Penal Federal.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por 10 minutos, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, de nuestro Reglamento, el diputado Rubén Cayetano García.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Dolores Padierna, diputadas y diputados, ruego su atención. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, las personas desplazadas internamente son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

La movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, toda vez que representa uno de los grupos poblacionales más desprotegidos que enfrentan condiciones de vida que se traducen en pérdidas materiales y afectaciones psicológicas y sociales, pues genera la ruptura familiar, la desintegración de vínculos sociales y culturales con el término a relaciones de empleo sólidas limitan o dificultan el acceso al sistema educativo y crea el contexto para que las personas que huyen no puedan tener garantizados varios de sus derechos humanos, principalmente los derechos a la alimentación, la vivienda, la educación de niñas y niños, jóvenes y derechos a la salud. En otros términos, se rompe dramática y trágicamente el tejido social.

El desplazamiento interno ocurre de manera masiva o individual y/o repentina o gradual. El desplazamiento individual o gota a gota, tiende a ser un desplazamiento invisible, involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad de origen de manera aislada y discreta, como consecuencia de atentados hacia la integridad de su familia, o para escapar del riesgo que significa vivir en una determinada comunidad insegura o violenta, los episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa ocurre después de un ataque dirigido a los habitantes de una comunidad.

Aunque el desplazamiento puede darse por diferentes causas, hoy en día la violencia es la razón para que cada vez más personas tengan que abandonar sus hogares y se encuentren en una situación de extrema desprotección y vulnerabilidad.

A pesar de ello, en nuestro país, aún no existe una ley nacional que regule el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones de derechos humanos y que establezca los mecanismos de prevención de los desplazamientos.

Hasta el momento, los únicos estados de la República que han publicado leyes sobre la prevención y atención de desplazamiento forzado interno son: Chiapas y Guerrero, sin embargo, en ambas entidades no existe reglamentación que permita delinear políticas y programas de gobierno que beneficien a los desplazados, por lo que dichas leyes resultan inoperantes.

Cierto es que también en la Ley General de Víctimas, en nueve de sus artículos, se hace referencia al fenómeno de desplazamiento interno, reconociéndose el mismo como una violación de derechos humanos, no obstante, se estima que esta situación debe ser considerada como un hecho victimizante autónomo.

Toda vez que sus consecuencias son multidireccionales y se reflejan en un rompimiento obligado con la vida que se llevaba con el costo personal y familiar que ello implica, de ahí que resulte fundamental una protección especial a las víctimas de desplazamiento forzado interno, determinándose de manera clara y precisa cuáles son las atribuciones de cada ente de autoridad, sea federal, estatal o municipal, ya que para abatir este fenómeno se requiere la acción conjunta de los tres niveles de gobierno.

Para establecer un nuevo tipo penal, como ocurrirá después de la discusión que permita identificar claramente a las víctimas desplazadas forzadamente, se abrió una mesa de análisis en la cual tuvieron participación a través de sus respectivos representantes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, las víctimas desplazadas en Guerrero, y la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal.

Se concluyó no solo en la importancia de la creación de un nuevo tipo penal que identifique al desplazamiento forzado interno como una conducta delictiva y quiénes son las víctimas del mismo, sino también se estimó transcendental agravar la pena cuando el delito se cometa en contra de persona o grupo de personas de mayor vulnerabilidad como son: niña, niño o adolescente, quienes por su propia condición pueden estar doblemente expuestos a condiciones desfavorables.

Defensores de derechos humanos, quienes son los que más sufren el ataque global al hacer frente a los abusos de poder defendiendo a las minorías, oponiéndose a las barreras tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, y combatiendo condiciones laborales abusivas.

Periodistas, que por la propia actividad que realizan, al no gozar de buenas condiciones laborales, de medidas de protección y de protocolos de seguridad, son más propensos a ser amenazados y a sufrir algún tipo de violencia, ataque o agresión.

Es responsabilidad del gobierno mexicano prevenir el delito de desplazamiento forzado interno y asistir a las víctimas en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños y respetando sus derechos humanos, toda vez que el desplazamiento forzado debe ser entendido como una desprotección de facto del Estado por no haber previsto las medidas necesarias para evitar que la persona o grupo de personas sean víctimas de las diversas formas de violencia, y no haber establecido las condiciones y los medios para el retorno seguro de quien haya sido desplazado.

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Justicia de esta cámara de representantes populares, porque las diferencias ideológicas y políticas no fueron obstáculo para ponernos de acuerdo y legislar a favor de las víctimas del desplazamiento forzado. Las diferencias prevalecerán con todo derecho, pero aún sobre el derecho debe prevalecer la justicia.

De esta manera podemos mirar de frente a los desplazados para decirles que no son invisibles, que nos ocupan, que reconocemos su legítima exigencia y protesta ante los gobiernos, aun con el asedio de quienes los persiguen hasta los lugares, pueblos y comunidades a donde van a parar luego de la huida de sus lugares de origen o residencia.

Con esta acción legislativa mostramos nuestra solidaridad a los desplazados. Pero también demostramos al resto de la sociedad que nadie debe ser ajeno a su circunstancia de zozobra y dolor, lo que demanda atención plena a su estado de vulnerabilidad. Porque de otra manera, ni la sociedad ni el Estado podrán reestablecer lo que el deterioro de valores y conducta pública han provocado.

Me congratula que la Comisión de Justicia da visos de hacer las cosas bien y apuesto por mantener el ritmo de trabajo, para lograr el bien primordial de esta nueva etapa de México, que es la paz, producto de la justicia. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, compañero. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar sus posturas. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Muchas gracias, con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en nuestro país en estos últimos años más de 300 mil personas tuvieron que desplazarse de manera interna, debido principalmente a motivos de la violencia.

Como legisladores, compañeras, compañeros, tenemos la responsabilidad y la obligación de generar las condiciones propicias para la creación de políticas públicas de prevención y de atención que ofrezcan soluciones viables a los problemas, sobre todo, a la problemática social.

Hoy, la Comisión de Justicia de esta Cámara nos propone un dictamen a la iniciativa que adiciona al artículo 287 Bis y un capítulo III al título décimo octavo del Código Penal Federal, referente al desplazamiento forzado interno.

Estas modificaciones establecen que comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio activo, coactivo, realiza contra una persona o un grupo de personas, que ocasione que abandone su hogar, que abandone su lugar de residencia.

Además, se propone imponer pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a las personas que incurran en la conducta prevista en el párrafo anterior.

También se establece que se entenderá por desplazamiento forzado el movimiento de población que realice la autoridad, cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandamiento judicial.

En este tema, compañeras, compañeros diputados, es de suma y de mayor trascendencia para miles de familias mexicanas que han sido forzadas, que han sido obligadas a abandonar su hogar, a abandonar sus comunidades.

Estamos comprometidos con el impulso de un marco regulatorio para prevenir el delito de desplazamiento forzado interno y de asistir a las víctimas en su retorno de forma satisfactoria, respetando los daños y respetando sus derechos humanos.

Como consecuencia de los enfrentamientos prolongados entre las Fuerzas Armadas y de seguridad contra grupos de crimen organizado, se han sentado las bases para el surgimiento del fenómeno del desplazado interno, de ese desplazamiento forzado aquí en México.

En su mayoría las personas desplazadas son mujeres, madres de familia, que ante los frecuentes eventos de violencia se ven obligadas a huir dejando atrás sus vidas, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y, por supuesto, la integridad de sus familias, fundamentalmente de sus hijos, de sus hijas.

La ola de violencia de la que se huye lastima significativamente al tejido social, las víctimas tienen que soportar cambios de expectativas de vida de un día a otro, de la noche a la mañana. Y lo más grave: aprender a sobrevivir en condiciones que atentan contra su integridad.

Con frecuencia, los desplazados dejan sus comunidades para trasladarse a centros urbanos, fundamentalmente en la misma ciudad, en el estado o al interior de nuestro país. Es muy complicado para ellos poder salir del país, sobre todo por situaciones económicas. Por eso es que es importante poner y tener las bases para poder generar un mejor ánimo en las familias.

Al permanecer dentro del territorio nacional no cuentan con una categoría legal como desplazados, y por tanto, no tienen acceso al régimen de protección que otorga el derecho internacional.

Si bien la Ley General de Víctimas hace referencia en diversos artículos a desplazamientos internos, era necesario incorporar el elemento forzado a un tipo penal para quienes, contra su voluntad, es decir orillados por las circunstancias se han visto involucrados en esta situación y puedan ser reconocidos como víctimas y puedan tener una reparación integral.

Compañeras, compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Verde, generar las condiciones legislativas que den seguridad a nuestra población es una prioridad. Estamos comprometidos con el respeto pleno de los derechos humanos y con la generación de condiciones que permitan restablecer el tejido social en las comunidades más afectadas por la violencia en que vivimos.

Las y los diputados del Partido Verde acompañaremos con nuestro voto a favor a esta reforma, que busca atender de manera frontal un fenómeno social que desgraciadamente se presenta en México.

Coincidimos con la necesidad de crear un marco jurídico que sirva para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados, garantizando así los derechos y los derechos humanos.

Por eso, compañeras, compañeros, la reflexión es para que hagamos votos para que exactamente sea votada a favor. Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Claudia Reyes Montiel, del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Claudia Reyes Montiel:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea constituye, sin duda alguna, un primer gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en nuestro país, debido al incremento de los índices delictivos, y consecuentemente, de la violencia.

Este es, sin duda, un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, a pesar de que existe una preocupación real por este fenómeno, no existe una política eficaz destinada a la atención de quienes son orillados por la violencia que experimentan en su vida diaria.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nivel mundial, la cifra de personas víctimas del desplazamiento forzado era en 2015 de 65.3 millones, de los cuales 40.8 millones eran desplazados internos. Lo que representa una crisis humanitaria a la que la mayoría de los Estados no le ha dado la importancia ni la atención que merece.

En México no se cuenta con cifras oficiales, pero organizaciones civiles reportaron en 2016 más de 287 mil 356 personas en esta condición. De estas personas desplazadas, 80 por ciento son mujeres, doble y hasta triplemente victimizadas, debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

A pesar de que no existe un estudio gubernamental sobre el fenómeno, sí podemos señalar que la violencia generalizada, los conflictos sociales y políticos, la discriminación e intolerancia social, los megaproyectos de infraestructura, disputas entre tierras de recursos naturales, así como los desastres ambientales son las principales causas que originan los desplazamientos forzados.

Según lo señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los estados que más personas desplazadas registran son: Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Lo anterior, sin duda alguna se ve agravado por la situación de México, como un país de tránsito hacia Estados Unidos, fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses y que se ha manifestado en forma de caravanas de migrantes en busca de un permiso laboral para trabajar en el país vecino, y que en muchas ocasiones terminan quedándose en México, con las consecuencias humanitarias que esto significa.

La desintegración familiar, la pérdida patrimonial, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de una educación sistemática, la afectación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, la vivienda y la salud, así como la ruptura de lazos sociales con sus comunidades de origen y la pérdida de arraigo son algunas de las consecuencias que se tienen del desplazamiento forzado interno.

Es urgente, en congruencia, que el Estado mexicano atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de emitir a la brevedad una ley que atienda de manera integral el fenómeno que hoy nos ocupa.

En tanto, celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen que hoy nos ocupa, dado que se trata de una construcción colectiva de todos los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia. Este nuevo tipo penal establece que el delito de desplazamiento forzado interno puede ser cometido de manera individual o colectiva contra una persona o un grupo de personas con la consecuencia de que estas abandonen su hogar de residencia.

Es por todo lo anterior, que ampliamente comprometidos con los derechos humanos, el Grupo Parlamentario del PRD, expresa su voto a favor de este presente dictamen y empeña su mayor esfuerzo para la construcción de una ley que nos permita la atención integral de este gravísimo fenómeno. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar:Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Legisladoras y legisladores, a nombre de mi bancada, Movimiento Ciudadano, subo a esta máxima tribuna a presentar nuestra propuesta sobre un tema que ha sido un pendiente histórico para gran parte de la ciudadanía en nuestro país, me refiero al desplazamiento forzado interno.

Para entrar en materia, me permitiré definir el concepto que la Organización de las Naciones Unidas contempla, estableciendo que los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El desplazamiento interno, quiero remarcar, toma diversas formas, puede darse de manera individual o mejor conocido como gota a gota. Siendo este desplazamiento un desplazamiento invisible en el que los núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad.

Tenemos también la modalidad de desplazamiento masivo que involucra a 10 o más núcleos familiares por una misma causa, y que comúnmente se origina como resultado de algún ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad.

Consideramos que con esta propuesta de dictamen que presenta la Comisión de Justicia –de la cual participo– a la iniciativa presentada por el diputado Sebastián Aguilera, busca como fin inmediato se sancione esta práctica para quienes atenten contra la libertad y la paz de los mexicanos, pero también para que las legislaciones locales hagan lo propio y refuercen sus legislaciones en la materia.

Para la bancada de los diputados ciudadanos es una obligación trabajar para garantizar los derechos de la paz a todas las comunidades del país. Reconozco y felicito a los integrantes de la Comisión de Justicia por el gran trabajo que vienen realizando, en particular a la presidenta, la diputada María del Pilar Ortega. A mi compañero, el diputado Rubén Cayetano, quien impulsó fuertemente esta iniciativa. Y por supuesto, a quienes sin ellas no hubiera sido posible el consenso, mis compañeras diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Verónica Juárez, Ruth García Grande y Claudia Pérez, por su trabajo y sensibilidad para sacar adelante este dictamen.

Por lo que nos pronunciaremos con un voto a favor en esta iniciativa que busca evitar que persista esta práctica que ha afectado a niñas, niños, adolescentes, indígenas, estudiantes profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y en su mayoría mujeres, madres de familia, que ante hechos de violencia y de inseguridad se han visto obligados a huir para salvaguardar la vida propia de los suyos.

Consideramos pertinente que se establezcan las sanciones al Código Penal y sea esta una situación disuasiva de esta atroz vulnerabilidad que ha afectado a miles de mexicanos.

Finalizo diciendo que Movimiento Ciudadano ha levantado la voz en temas de desplazamiento interno ya en el pasado. Clemente Castañeda, nuestro líder nacional, en su momento propuso modificaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, la cual quedó congelada su propuesta.

Por igual se exhortó en ese momento al gobierno federal para coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre este fenómeno de desplazamiento forzado interno en México.

Por lo anteriormente expuesto quiero expresar que la bancada de Movimiento Ciudadano celebra que, en estos temas tan sensibles de la justicia mexicana, no haya colores partidistas, sino que hayamos sacado este dictamen en el consenso y en la unidad en favor de los mexicanos y de su paz y tranquilidad en sus hogares y sus comunidades. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo.

La diputada Ana Ruth García Grande:Muy buenas tardes, señores y señoras legisladoras de esta honorable LXIV legislatura, con su permiso, presidenta, voy a hacer uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para posicionarnos con respecto al dictamen que está en discusión, que ha sido trabajado muy especialmente por la Comisión de Justicia, la cual me honro en integrar, y aun cuando ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra al inicio de su alocución se sirvieron hacer un reconocimiento a la comisión, quiero hacer lo propio.

Quiero decir que, como en ninguna otra comisión, me siento altamente privilegiada de participar en los trabajos de la Comisión de Justicia porque se ha enfocado en darle seguimiento y resolución a todas las iniciativas que se han turnado, dentro de lo que se ha podido, pues dándole, digamos un respeto a los tiempos de los procedimientos, y en esta ocasión no es la excepción, donde un dictamen que resuelve sobre un tipo penal que no se había considerado antes, que es el desplazamiento forzado interno, un tipo penal que se construyó a la sazón del trabajo colegiado de todos los integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que, insisto, un reconocimiento a todos y cada uno de sus integrantes, quienes con una visión de largo aliento y más allá de sus diferencias partidarias, hemos puesto en el centro de esta determinación, de este diseño, de una tipicidad que exige nuestro México, la necesidad de todos aquellos desplazados que por circunstancias multifactoriales tienen que ser extraídos de su lugar donde vienen ellos haciendo su vida ordinaria por diversos temas, tanto como la delincuencia, la inseguridad, cuestiones religiosas, discriminación reiterada y sistemática que en nuestro México es una conducta lacerante, y desafortunadamente muy reproducida.

Como decimos en este caso, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Me parece que la iniciativa que tuvieron los integrantes de la Comisión de Justicia de atender este tema en particular, obedece a que todos en nuestros pueblos, en nuestras regiones hemos tenido un fenómeno de esta naturaleza, y desafortunadamente nos hemos encontrado con que solamente muchos que participan en el hacer político y en el hacer social, pues se han limitado a lamentarlo en las redes sociales, pero no han ido a la acción, y en este caso, esta acción afirmativa viene a apalear en mucho este ejercicio de desplazamiento forzado de nuestros hermanos mexicanos regionalizados de manera preponderante en el sur de nuestra República.

Ya nuestra disposición legal nos permite, como una atribución del Congreso de la Unión, en su fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, establecer delitos y faltas contra la Federación y penas, así como sanciones que les corresponda. Sanciones que desde nuestro punto de vista deben ser ejemplares, deben llamar a apalear no solo ese tipo de delitos, sino a inhibirlos porque el hecho es de que la realidad se impone en este incesante constructo normativo que nos llama a todos, donde la realidad viene y nutre el círculo virtuoso de la construcción de la democracia que nos exige a que día con día pensemos en nuestras nuevas modalidades de delito, que estén debidamente diseñadas en la ley para que no haya una continuidad de impunidad y corrupción máxima, cuando los grupos vulnerables que son objeto de ese desplazamiento forzado, son en su mayoría, como ya se dijo aquí, mujeres y niños, lo que aumenta su grado de vulnerabilidad.

Por eso, en el Partido del Trabajo consideramos que esta iniciativa debe transitar en ese ánimo que privó en la Comisión de Justicia, donde todos tenemos que hacer un ejercicio de unidad, ver por nuestros hermanos mexicanos que se encuentran en esta situación y ofrecerles esa garantía, que no solo haya un tipo penal, sino que se le dé difusión a toda aquella acción que tenga como teleología evitarlo en lo conducente.

Es de veras lamentable que hasta el día de hoy no se haya enfocado el esfuerzo en este fin que hoy día estamos discutiendo. Finalmente, quiero hacer ese llamado para que todos coincidamos en la necesidad de que ese dictamen sea aprobado, siga su curso legal, sea ley positivada y haya una certeza y una garantía para todos esos hermanos que desafortunadamente han sido desplazados de su lugar de residencia. Gracias por su atención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo:Buenas tardes presidenta. Buenas tardes secretarias. Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Muy buenas tardes.

Me permito emitir el cuestionamiento ante esta honorable asamblea con respecto a la iniciativa presentada por el diputado Sebastián Aguilera, de Encuentro Social, relativo a adicionar el artículo 287 Bis y un capítulo tercero al título Décimo Sexto del Código Penal Federal, para poder tipificar el fenómeno de desplazamiento forzado en nuestro país. Siendo esto un primer paso muy importante ante esta problemática que ya tiene más de dos décadas en México.

Esto se ha originado en el marco de inseguridad y violencia que vive nuestro país, en un clima de corrupción, debido a que se han generado enfrentamientos prolongados entre fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorciones y desalojos arbitrarios.

Violaciones todas ellas graves a los derechos humanos de muchos mexicanos, incluso, cometidas por autoridades municipales, estatales o federales que han sentado las bases para la ola de desplazamiento que el país ha vivido, como lo señalé, desde hace más de dos décadas.

Es por ello que, como diputado representante de un distrito de Tijuana, ciudad donde vemos presente este fenómeno día a día por la llegada a la frontera buscando asilo político, humanitario en los Estados Unidos, de cada vez un mayor número de víctimas de este tipo de desplazamiento forzado, y quienes se instalan esperando una cita para cruzar a Estados Unidos, en su mayoría, en el este de la ciudad proveniente principalmente de estados como Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, entre otros.

Hace aproximadamente dos meses acompañé a la diputada Irma Andazola, también de Tijuana, a conocer el caso de familias enteras que, huyendo de la violencia en el estado de Guerrero, se asentaron en una colonia popular de Tijuana. Solo escuchamos tragedias y tristeza por parte de toda esta gente.

En este contexto, el estado de Michoacán fue el estado que mayor expulsó población por motivos de violencia, al menos 10 mil personas fueron desplazadas dentro de este estado. Se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población, que no fue debidamente registrado por los medios de comunicación nacionales, pero sí por organizaciones civiles en Baja California.

El desplazamiento forzado interno puede tomar distintas formas, el individual, que tiende a ser un desplazamiento invisible, pero también el colectivo, cuando familias completas son desplazadas de sus comunidades por diversos motivos.

Sin embargo, como se ha mencionado, es urgente la creación de un ordenamiento jurídico de acuerdo a los estándares internacionales de protección a personas que internamente son desplazadas de sus comunidades y de acuerdo a lo que establecen organismos internacionales de derechos humanos y las propias organizaciones afines a las Naciones Unidas con respecto a este tema, e incluye la elaboración de un diagnóstico comprensivo sobre el desplazamiento forzado de familias en México, de acuerdo a lo que establece también la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dicha comisión arrojó los siguientes datos estadísticos: en 2016, el sector indígena fue el más afectado con los desplazamientos, en al menos siete eventos. En 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en diversas partes del país. De estos episodios de desplazamientos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia, y de estos, 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia temporal o permanentemente por razones de violencia.

Del 2009 al 2017, compañeros diputados, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse en el país por razones de violencia religiosa, política o territorial.

Por ello, consideramos muy importante el dictamen que hoy se vota en esta Cámara y a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, que estamos a favor obviamente, convocamos al resto de los legisladores y a mis compañeros de todos los grupos parlamentarios para que apoyen esta importante iniciativa, como un primer paso de un cambio jurídico normativo a nuestras leyes para evitar toda forma de desplazamiento forzado en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI.

La diputada Claudia Pastor Badilla:Buenas tardes, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Creo que no está en controversia el problema del desplazamiento interno como una situación que vulnera los derechos humanos de las personas y escuchando las cifras que han dado todos quienes me han antecedido en la voz, pues puedo sumar las que ha dado el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, del Consejo Noruego, puedo dar las cifras que ha dado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ese es cierto, que uno de los fenómenos que más provoca el desplazamiento es la violencia, y de ahí que la propuesta que nos hagan, sea enfocar una sanción a quienes lo provoquen, lo ocasionen o, incluso, lo aviven.

Sin embargo, el desplazamiento no únicamente obedece a la violencia, el desplazamiento también tiene que ver con conflictos religiosos, tiene que ver con conflictos por tenencia de la tierra, tiene que ver con conflictos y desastres naturales. Y aquí la ventana de oportunidad que se abre es, si podemos responder a un desplazamiento por este otro tipo de eventos sancionando, ¿a quién sancionamos por un huracán? ¿A quién sancionamos cuando una comunidad indígena, con un derecho a la autodeterminación decide que no puede aceptar a miembros de su comunidad con una religión distinta y los expulsa de su comunidad? ¿A quien sancionamos en esos casos? ¿Cómo hacemos la relación proporcional entre esos dos derechos?

Así que yo, más que aportar más cifras, porque estamos creo que todos en la misma lógica de atender a este fenómeno, es a la gran ventana de oportunidad que esta propuesta nos da.

Es cierto, nuestro país, solamente Chiapas y Guerrero han publicado leyes para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno. No obstante que la dinámica propia del desplazamiento implica que las personas, en muchas ocasiones, tengan que cambiar de entidad federativa.

Así que aplaudimos esta propuesta y la acompañamos. Sin embargo, no es posible quedarnos con esto, el Congreso de la Unión debe expedir una ley general en la materia y para eso debemos facultarlo y modificar el artículo 73 constitucional, para darle vigencia.

Hablamos de un problema a escala mundial, de acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas y pese a esa gravedad, en nuestro país el desplazamiento forzado solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas como una situación de vulnerabilidad.

Así es que en esta intervención yo me enfoco únicamente en la ventana de oportunidad que nos abre esta iniciativa, para considerar además de esto, como uno de los cimientos para perfeccionar nuestro marco jurídico, la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley general que regule el tema, con base en estándares internacionales y por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Hablamos de un problema que involucra la coordinación de la federación, los estados y los municipios. Que además de los tipos penales y sanciones establezca los mecanismos de prevención, protección y reparación a las víctimas, incluyendo la constitución del Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Además de establecer con claridad la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades.

También es indispensable elaborar un registro nacional de personas en esta condición, porque aquí surge la obligación del Estado de restituir a las víctimas los bienes y propiedades, o en su caso, las indemnizaciones, cuando estamos frente a consecuencias derivadas de otras causas distintas a la violencia y que, por lo tanto, están mucho más allá de simples sanciones penales.

Vamos, estamos con ustedes, acompañamos la propuesta. Aprobemos estas sanciones, pero avancemos en el marco integral de un problema tan grave como el desplazamiento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés:Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas, diputados, el dictamen que nos ocupa en este momento es de gran trascendencia y abre una ventana de oportunidades.

El desplazamiento forzado interno en nuestro país es desde hace muchos años una realidad. Es un fenómeno que afecta de manera grave a las personas que son víctimas de ello, ya que se modifican drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de un momento a otro sin hogar, sin sus propiedades, arrebatándoles de manera cruel su estabilidad, pues tienen que dejar todo para sobrevivir.

Desgraciadamente, las cifras demuestran un aumento considerable de personas desplazadas en nuestro país en los últimos años. Todo esto a causa de la creciente violencia en los diferentes estados de la República Mexicana.

En los últimos años, la principal causa de este fenómeno en México ha sido la amenazante delincuencia organizada. Ante tal problemática, este tema ha sido sujeto de un análisis profundo dentro de la Comisión de Justicia, así como de especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, comisionados de derechos humanos y público en general en la práctica de parlamento abierto.

Se escucharon todas las voces convocadas y todas fueron tomadas en cuenta. Muchas voces a favor y muchas en contra, pero siempre en favor de las víctimas de esta atroz práctica, poniendo en todo momento a la víctima como prioridad, ya que por lo regular se conoce a los sujetos activos del delito y muy poco a sus víctimas.

Este tipo de movilidad humana forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, representa uno de los grupos poblacionales más desprotegidos que enfrenta condiciones de vida que se reflejan en pérdidas materiales, afectaciones psicológicas y sociales, generando rupturas familiares, desintegración de vínculos sociales, culturales, terminación de empleos, afectación al sistema educativo. Todo ello sin poder otorgar la garantía de recuperar al menos una parte de sus condiciones de vida anteriores.

Si bien es cierto que la Ley General de Víctimas contempla nueve artículos que hacen referencia a este fenómeno, es necesaria una protección especial. Y, comenté anteriormente, implementar acciones de protección y reconocimiento de las víctimas.

Es un gran avance que en este dictamen se han reconocido como víctimas de este delito a aquellos grupos vulnerables, tales como niñas, niños, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas. Y que sean castigados con agravantes quienes les agravien con este ilícito.

En Acción Nacional no podemos permanecer pasivos ante estos lamentables hechos. Estamos convencidos de que se requieren acciones en defensa de las comunidades y es necesario que los culpables no queden impunes.

Los diputados del PAN creemos que es nuestra obligación apoyar a todos aquellos proyectos legislativos que permitan un combate eficiente al desplazamiento forzado de personas en nuestro país y que permitan la tranquilidad y estabilidad de las familias mexicanas, anteponiendo siempre la dignidad de todas las personas, independientemente de nuestra postura ideológica o partidista, siempre en favor del reconocimiento y protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos vamos a manifestar en favor de este proyecto legislativo. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Sebastián Aguilera Brenes, de Morena.

Mientras él llega a la tribuna, les mandamos un saludo a los ciudadanos del municipio de Chimalhuacán que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Delfino López Aparicio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

El diputado Sebastián Aguilera Brenes:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Sebastián Aguilera Brenes: “La tierra es de quien la trabaja”. Emiliano Zapata. Diputadas y diputados de esta honorable legislatura, tengan todos muy buenas tardes.

El día de hoy, para mí es un honor y un privilegio estar posicionando un tema tan delicado y difícil para nuestro país, un problema que por décadas fue ignorado por el gobierno. En esta sesión tendremos la gran oportunidad de alzar la voz como parlamento y lograr que, finalmente, el desplazamiento forzado interno sea tipificado como un delito.

No podemos seguir permaneciendo indiferentes ante esta problemática que no solo afecta el estado de Chihuahua, que es de donde yo soy originario, ubicándonos un poco dentro del contexto de esta iniciativa y por la cual nos motivó a presentarse.

Quiero platicarles que hace tiempo un colectivo que es protector de grupos vulnerables dentro de mi estado, me visitó en este Congreso pidiendo justicia. Justicia ante estos hechos que vulneran día a día a los derechos de los mexicanos, derivado de la falta de un tipo penal que sancione el desplazamiento forzado interno; es difícil señalar cifras exactas de poblaciones afectadas por este problema.

Existen estimaciones que señalan más de 329 mil 917 personas desplazadas en nuestro país, contabilizadas hasta el año de 2017. Este tipo de movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos.

La ONU señala que las personas que han sido desplazadas internamente se identifican como aquellas que han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, esto con la finalidad de evitar los efectos o consecuencias de un conflicto armado o de violencia generalizada. Este dictamen busca prevenir y sancionar este fenómeno que es consecuencia del temor fundado de ser víctima ante un clima generalizado de inseguridad.

La gente pierde sus hogares, sus trabajos, sus orígenes, su familia, sus pertenencias, y esto no es lo peor. Lo más deplorable es que a donde se desplazan los afectados sufren de hambre, de frío, ya que la mayoría de las ocasiones ellos van y se insertan en cerros o bien en algunas otras provincias, pero sin contar con la posibilidad de rehacer sus vidas, pues al momento de ser desplazados se van sin nada. Evidentemente las condiciones mínimas de paz, sus vidas, con el desplazamiento forzado interno, quedan realmente aniquiladas.

Esta reforma es una herramienta jurídica fundamental para que las autoridades puedan proteger a las poblaciones y enfrentar, perseguir y sancionar a aquellos que generen condiciones para forzar a las familias a cambiar sus lugares de residencia.

Manifiesto realmente y de manera enérgica el agradecimiento a la Comisión de Justicia, a su presidenta, la diputada María del Pilar Ortega Martínez; y cómo no agradecer al diputado Cayetano por su incansable esfuerzo para que se hiciera realidad esta iniciativa.

Hablo no en nombre de una persona ni de un grupo parlamentario. Hablo por todos los mexicanos que anhelamos un país diferente en donde los derechos y la igualdad siempre sean respetados.

Ante nosotros se presenta la gran oportunidad de saldar esta deuda histórica que tenemos con los más vulnerables de nuestro país, es por eso que los invito a que votemos a favor del derecho de los mexicanos a vivir en paz. Es cuanto, muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Pasamos a la discusión en lo general y lo particular, para lo cual tiene la palabra la diputada María Teresa López Pérez, de Morena.

La diputada María Teresa López Pérez:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María Teresa López Pérez: Diputadas y diputados. El 18 de octubre de 2017 varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán. Con armas de fuego dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de tierras, 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado obligó a estas víctimas a refugiarse en 11 campamentos, campamentos en los que no pudieron ejercer sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, asistencia humanitaria, educación para las niñas y los niños y seguridad personal.

El desplazamiento forzado de estas comunidades de Chiapas, impactó al menos a 440 menores de edad que permanecieron en condiciones inadecuadas, por no decir más, para su debida protección y seguridad.

Este es solo uno de los muchos casos de desplazamiento forzado interno que corren en nuestro país, no del año pasado para acá, sino de más de 20 años para acá, por lo menos en forma intensa y cruel.

Durante el 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento interno masivo en México, 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en el 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente, con la intención de salvaguardar su vida. En el 2016 el sector indígena fue el más afectado ya que sufrió, al menos, siete eventos de desplazamiento interno forzado.

Durante años, los gobernantes en turno tuvieron oídos sordos a los reclamos, necesidades y demandas de las y los desplazados. Durante años dieron la espalda a esa cruel realidad, así como a muchas otras violencias que desafortunadamente son cotidianas.

Frente a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de las políticas públicas para la prevención y atención integral de las víctimas de desplazamiento interno en México, la población afectada continúa. De ahí la importancia del dictamen que hoy discutimos.

Es el momento de reconocer la problemática y actuar desde los tres Poderes y niveles de gobierno. Llegó la hora de dar protección y certeza a las víctimas. Hoy, en la cuarta transformación estamos empeñados en hacer de México un espacio pacífico y de bienestar.

Establecer en la ley el delito de desplazamiento forzado interno, es un paso más hacia la plena defensa de los derechos humanos...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada María Teresa López Pérez: Es un paso más a la justicia y a la anhelada paz social. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta, porque al crear el tipo penal se establece el marco jurídico que permite identificar claramente la conducta delictiva y, en consecuencia, establecer también las sanciones correspondientes. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, de Partido Encuentro Social.

Mientras llega a la tribuna, saludamos a los alumnos del Instituto de Desarrollo e Innovación Profesional del estado de Querétaro, invitados por la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil:Bienvenidos. Con su venia. Diputadas y diputados, la discusión del presente dictamen no es un tema menor, no se trata en este caso de colores partidistas ni de ideologías políticas. Así que todos los grupos parlamentarios deberíamos estar a favor, es una asignatura pendiente de resolver.

Se trata de ir avanzando en un tema muy sensible; la violencia, la inseguridad, la impunidad son parte de la debilidad de nuestro Estado de derecho y lo ha sido por años.

Hoy hay una realidad que nos obliga a generar condiciones de ley para aminorar que un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no solo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física o su familia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, seis de cada 100 migrantes que se fueron a vivir a otra entidad federativa lo hicieron motivados por la inseguridad pública o la violencia. No es un dato que hay que perder de vista, es muy significativo y nos dice la gran problemática que nos negamos a ver.

Los desplazados forzados internos están entre las personas más vulnerables, este sector de la sociedad no cruza fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. Pero en muchas ocasiones el precio de cambiar la residencia es muy alto, hay que dejar toda una vida atrás, y créanme, que no por decisión propia.

Debemos detener este fenómeno, se trata de darle ya importancia a los derechos humanos de los desplazados forzados. El desplazamiento forzado interno solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas, como una de las situaciones de vulnerabilidad en las que pueden encontrar las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero no es suficiente para sancionar a quienes cometen actos encaminados a generar el desplazamiento forzado de personas.

Por ello, ante esta innegable realidad, resulta necesario tipificar el delito y diferenciar cuando se debe considerar un ilícito penal y cuando una violación de derechos humanos. La importancia del reconocimiento del desplazamiento forzado interno es esencial en la implementación de acciones para la protección de las víctimas y para determinar su calidad de víctima. Por ello, se considera indispensable la creación de un tipo penal que identifique el desplazamiento forzado como una conducta delictiva y quienes son las víctimas de este en ausencia de una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.

De esta manera, con el presente dictamen se propone adicionar un capítulo tercero denominado Desplazamiento Forzado Interno, al título décimo octavo que comprende el artículo 287 Bis y que dispone que: comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia.

Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a este dictamen. Tenemos que legislar por aquellas familias que han sido obligadas a desplazarse de su lugar de origen. Abonemos a la certeza y a restaurar paso a paso el Estado de derecho en nuestro país.

Vayamos avanzando y quitémonos esos estigmas de que, si lo proponen en el grupo mayoritario, entonces no apoyemos. Hoy se trata de mexicanas y mexicanos de carne y hueso, se los debemos a todos. Ante esta realidad urge legislar. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor del dictamen. Felicidades, es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Julieta Vences Valencia, de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Nada es más doloroso que arrancarse las raíces y salir huyendo para proteger la vida, la libertad, la dignidad o la familia.

Es innegable que la violencia, el crimen y la falta de condiciones de desarrollo hacen que la gente huya de sus lugares de origen, ya sea por enfrentamientos armados, desapariciones, secuestros, odio, intolerancia religiosa, reclutamientos forzados, o cualquier otra causa. Muchas mexicanas y mexicanos dejan sus hogares por circunstancias como estas.

El desplazamiento forzado es el destierro moderno, apartarse del suelo, de las personas, de las historias y de los recuerdos, para poder salvar su vida. Por tales razones es que es necesario tipificar el delito de desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal.

Nadie mediante la violencia física o psicológica tiene el derecho de amedrentar y de forzar a que las personas abandonen su lugar de residencia habitual. Por ello, es pertinente establecer el tipo penal, dejando en claro la conducta y su sanción.

Se propone en el dictamen a discusión que se imponga pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandone su lugar de residencia.

Es de señalar que la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niños, adolescente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, tan solo en 2016 hubo más de 21 mil personas desplazadas. La misma organización estima que durante el periodo de 2009 a enero de 2017 fueron poco más de 310 mil personas que huyeron a causa de la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

México no debe ser un lugar donde la gente huya, las personas no deben sentirse desterradas de su propio suelo, hogar y esperanzas. Entendemos que la tipificación penal es solo una parte de una estrategia integral a emprender por el Estado mexicano, que debe proteger los derechos de las personas desplazadas y generar soluciones duraderas para atender esta problemática.

Decía Séneca que en ninguna parte se siente más la pobreza que en el destierro. Por ello, no más desplazamiento forzado interno en México. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Lixa está solicitando la palabra. Micrófono para él, aunque estamos en votación.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Sí, es nada más una observación a la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Es una observación.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Es nada más, de conformidad con el artículo 93, en las facultades de la Presidencia, numeral 1, que se refiere a las correcciones que se puedan tener para tener más claridad en las leyes de procedimiento en la Mesa Directiva, he detectado en el artículo 287 Bis, por lo menos, que se hace referencia a días de multa. Sin embargo, lo correcto de acuerdo al Código es días–multa.

Únicamente para que lo observen en la corrección de rutina de la Mesa Directiva y se apegue a lo establecido por el propio Código y no exista duda. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene usted razón y así se hará.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular, por 429 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, que se denomina Desplazamiento Forzado Interno, al Título Decimoctavo y se adiciona un artículo 287 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por esta asamblea.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que ha se cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, consulte la Secretaría en votación económica, si se autoriza y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, de nuestro Reglamento, el diputado Humberto Pedrero Moreno, hasta por 10 minutos.

El diputado Humberto Pedrero Moreno:Honorable asamblea. A la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Las Mipyme representan los principales motores para el crecimiento económico de México, de acuerdo a los últimos datos del Inegi, este sector de la economía aporta más de la mitad del PIB y genera nueve de cada 10 empleos formales. Reconociendo la importancia de este sector se vuelve prioritario optimizar y eficientar los programas de apoyo a las Mipyme.

Con base en lo anterior, el presente dictamen propone optimizar las instancias y toda la burocracia de la Secretaría de Economía, incluyendo la transformación de subprogramas de apoyo.

Con el presente dictamen se elimina el instituto, pero de ninguna manera se elimina la facultad, acciones y programas de apoyo a los emprendedores de nuestro país. Al lograr esa transformación se quitarán los gastos operativos y burocráticos para tener más recursos para apoyar directamente a los emprendedores.

La iniciativa suprime las referencias al Inadem en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, ya que con las reformas del 2016 se incorporó al Inadem dentro del marco conceptual de la citada ley.

De esta manera, la iniciativa propone que el secretario técnico del Consejo Nacional Para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa sea designado por el titular de la Secretaría de Economía. Adicionalmente propone, por razón constitucional, sustituir la mención del Distrito Federal por la de Ciudad de México.

Es importante destacar que las facultades que se le dieron al Inadem en su creación desde 2013 estaban originalmente en la Secretaría de Economía. De esta manera, con el presente dictamen se estarían regresando las facultades a la Secretaría de Economía para que estos tengan ahorros en gastos legales y administrativos.

Estos cambios permitirán a la Secretaría de Economía ejercer en apoyos directos a los emprendedores los 806 millones de pesos que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, asignados al Inadem, y complementarlos con todos los otros programas que tienen como objetivo apoyar la capacitación, acompañamiento, asistencia técnica e incentivos, así como el acceso a financiamiento que en total suman 4 mil 447 millones de pesos.

Finalmente quisiera agradecer la apertura, disposición y todo el apoyo de la mesa directiva de esta comisión, en particular de su presidente, por estar dispuestos al diálogo y por apoyar la facultad del Ejecutivo federal para organizar a la propia administración pública federal de la manera más eficientemente posible.

Esta comisión, conforme a las consideraciones y a la votación que realizaron sus integrantes, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos, para presentar moción suspensiva.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Honorable asamblea. Este periodo de sesiones se ha caracterizado por un desarrollo accidentado. A la suspensión de sesiones, ahora se suma la imposición del grupo mayoritario en la conformación del orden del día de esta sesión.

Sin que haya habido un acuerdo en la Junta de Coordinación Política en su reunión del lunes 8 de abril, se incorporó a esta sesión la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor y la dispensa de trámites. Esto a pesar de que la Mesa Directiva tiene en su poder dictámenes aprobados en comisiones y que mantiene congelados por razones poco claras, y de que los grupos parlamentarios hemos acordado conformar las sesiones de esta semana con asuntos consensuados, votados por unanimidad en las comisiones y que representaban demandas emitidas por la sociedad.

Los temas de hoy revelan las prioridades de nuestro Congreso, temas de justicia a favor de las víctimas del turismo sexual, de los desplazados internos y de los derechos humanos de los adultos mayores en reclusión, y sin embargo se deja de lado otros dictámenes que tendrían la misma nobleza y el mismo consenso de los que hoy se discuten para apabullar a esta soberanía con sus prioridades.

Nuestro grupo parlamentario no se opone a discutir los temas que generen nuestras comisiones, no tenemos temas tabú ni obedecemos al reto de poderes fácticos, representamos a los ciudadanos y a las instituciones, y ser atropellados no solo revela la falta de autoridad y legitimidad de una mayoría mecánica, sino además incongruencia con los ideales que decía defender cuando era oposición.

No nos oponemos a la construcción de mayorías, pero sí a la imposición No nos oponemos a la discusión de los temas porque tenemos argumentos, pero sí a la dispensa de trámites a conveniencia de una fracción de este Congreso en el que todos contamos y todos participamos.

Proponemos que se posponga esta discusión porque carece del consenso de otros temas y porque no se acompañó de un acuerdo del órgano de gobierno que representa la pluralidad de esta Cámara, como lo es la Junta de Coordinación Política. Estas dispensas son un mal precedente para un parlamento que pretende ser abierto y que aspira a mantener los principios de exhaustividad y máxima publicidad. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha.

Vamos a pasar a la fijación de posturas, con intervenciones hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: La micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los de menor grado de desarrollo.

Estas empresas representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado. De ahí la relevancia que reviste el tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir estas de manera fundamental en el comportamiento global de la economía nacional.

Este presente dictamen que se somete a discusión viene a fortalecer la organización de la administración pública a través de las modificaciones propuestas de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por medio de la cual, desaparecen las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor.

Si bien se pretende la supresión del organismo para coordinar la política nacional de apoyo a los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas, es resaltar que en ningún momento se trata de terminar con los apoyos para el funcionamiento de este importante sector empresarial, por el contrario, lo que este dictamen busca es agilizar los procedimientos generando uno más apegado a la transparencia, pues los beneficios recibirán el apoyo para su creación y funcionamiento sin intermediarios, sin burocracia excesiva que poco abona para generar a los ciudadanos certeza del correcto manejo de los recursos públicos.

Esta reforma busca ayudar a los emprendedores, pues con ella se hace más eficaz la distribución del dinero con el objetivo de promover una mayor inversión y un crecimiento del sector empresarial.

Confiamos en que la aprobación de esta reforma venga a abonar en la política nacional, a través de sentar las bases para generar una mejor coordinación en la entrega de apoyos y estímulos de los emprendedores de las micros, pequeñas y medianas empresas

En nuestro partido contarán con el apoyo siempre que se busque combatir las prácticas burocráticas que lastiman el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Reyes Montiel:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Compañeros diputados. Como bien sabemos, en nuestro país es muy complicado emprender un negocio. El Inegi ha reportado que únicamente 3 de cada 100 negocios que abren sus puertas en enero llegan a diciembre.

El iniciar un negocio se dificulta aún más ahora que se ha decidido, desde el Poder Ejecutivo, desaparecer el Inadem. En la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se aprobó por mayoría de Morena una iniciativa que da la estocada final al Instituto Nacional del Emprendedor, el Inadem, pues se aprobaron las modificaciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que elimina toda mención a este instituto de la misma, bajo el argumento de que así se ayudará a acabar con la corrupción.

En enero del 2013, para sustituir el Fondo Pyme mediante un rediseño mayor, se creó el Inadem, el cual es un organismo público, desconcentrado, que surgió para apoyar a los emprendedores, crear fondos de inversión y fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente de alto impacto, que son aquellas que no solo buscan la rentabilidad económica, sino también generar cambios en la sociedad y contribuir en temas ambientales con recursos.

Otra de sus funciones es capacitar y orientar a los emprendedores mediante la impartición de cursos gratuitos, e impulsar el emprendurismo a través de la creación de diversos estímulos como el otorgamiento del premio nacional del emprendedor, entre otras importantes acciones.

Por todas estas actividades que realizaba el Inadem, se observaba como un buen proyecto, sin embargo, con el paso del tiempo fue decayendo, sobre todo por dos razones; la corrupción y la burocratización. En un informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 2018, se informó que el Inadem presentaba irregularidades.

Por su parte, la excesiva tramitología y el tiempo que llevaba la realización de algunos de sus procesos, generaba que muchos de los apoyos brindados tardaran meses en llegar a sus destinatarios.

Pese a estos problemas, podemos decir que no era necesaria la desaparición del instituto. De acuerdo con varios especialistas, antes que desaparecerlo era preferible hacer una reingeniería, revisión de sus programas y forma de operación, para mejorar el funcionamiento del instituto y que cumpliera con su misión tan importante de apoyar a los emprendedores.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Emprendedores de México ha dicho que es necesario para el país contar con un organismo que pueda ser el interlocutor entre el gobierno y los temas de emprendimiento.

Un organismo que se encargue de impulsar la innovación, la inversión, lo cual se logra con apoyos, no solo financieros, sino también la capacitación y el acompañamiento, entre otros aspectos.

Como ya dijimos, el Inadem cumplía más funciones que solo dar dinero. Es por eso que se vuelve inadmisible que el presidente haya propuesto su desaparición y en su lugar se vayan a otorgar microcréditos mediante el programa de Tandas para el Bienestar, que contará con un poco más de 3 mil millones de presupuesto, el cual sea dicho de paso, no está muy claro cómo operará.

El Inadem desde su creación ha apoyado a 4.4 millones de emprendedores con recursos, capacitación, información y otros apoyos. Con su desaparición, el gobierno deja en claro que tiene poco interés en impulsar el emprendimiento que genere nuevas empresas innovadoras, que generen un valor agregado en su entorno, y prefiere centrarse únicamente en repartir dinero.

Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD nos opondremos a darle la estocada final al Instituto Nacional de Emprendedores, a través de esta reforma que hoy discutimos, pues consideramos que con ello se dejará en desamparo al sector importante de la población, que había tenido en el Inadem a un importante aliado. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Los mexicanos somos un pueblo de gente creativa, trabajadora y con un apetito insaciable de salir adelante. La posibilidad de emprender, generar empleos, arreglar algún problema de nuestra sociedad o de tener independencia financiera mediante la creación de un proyecto personal es un anhelo que tenemos millones de mexicanos y buscaremos la manera de lograrlo día a día.

De acuerdo con datos del observatorio, Monitor Global de Emprendimiento, en la medición de México 2015, en dicho año se obtuvo la tasa más alta de emprendimiento desde que se inició la evaluación en el 2001. En ese sentido, en su reporte global 2018–2019 México fue considerado como el segundo mejor entorno para emprender en Latinoamérica.

Estos resultados no son casualidad, son consecuencia de una política pública decidida, que apoya e incentiva a los emprendedores y Mipymes del país.

En la creación y ejecución de esta política, el Inadem ha sido un actor esencial e indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestros empresarios. El Instituto ha sido el encargado de crear todo un ecosistema emprendedor en el país, en el cual coexisten y se estimulan emprendedores, Mipymes, incubadoras, fondos de inversión, entre muchos otros actores que componen a tan rico ecosistema.

Además de haber apoyado a más de 100 mil beneficiarios, el Inadem ha obtenido diversos reconocimientos, destacando entre ellos haberse ubicado en 2015 y 2017 como el programa con mejor desempeño de la administración pública federal y el haber sido el primer instituto de un país latinoamericano en ostentar la presidencia de Grupo Pymes y Emprendimiento de la OCDE en el periodo 2016–2018.

De igual forma, me gustaría destacar el método de selección y acompañamiento de proyectos del Instituto, sistema obtenido de la experiencia de los seis años en que ha estado en funciones el mismo.

Dentro de dicho método, entre otras cosas, se considera a la selección de proyectos de alto impacto, siendo este tipo de empresas las que generan mayor bienestar al crear mejores empleos, remunerados y con mayor permanencia en el tiempo.

De igual forma, está comprobado que estas empresas promueven un desarrollo a mayor velocidad en el lugar donde se establecen.

En este sentido, es importante que se identifique a los emprendedores y proyectos con mayor posibilidad de éxito, ya que debe recibir un mayor apoyo y acompañamiento, siendo estos los que tienen una mayor capacidad de dinamizar la economía del país, debido al círculo virtuoso que se crea en torno a ellos.

Los proyectos de alto impacto necesitan más que un crédito de 6 mil pesos. Necesitan acompañamiento, necesitan mentoría, necesitan, sin duda, una oportunidad de financiamiento del tamaño de su proyecto para lograr que sea exitoso.

Por otra parte, somos conscientes de que no todos los resultados han sido positivos y que existen ciertas irregularidades que deben ser revisadas y corregidas de inmediato. Por ello, apoyamos que se investigue y examine el actual del Inadem. Sin embargo, no podemos reinventarnos cada seis años y tirar por la borda todo lo positivo que se ha logrado.

El presente dictamen le retira facultades al Inadem, aun cuando no se ha presentado una propuesta clara y puntual sobre qué estrategia seguirá el gobierno federal para continuar detonando el emprendimiento de alto impacto y creación de Mypime en el país.

Lo anterior resulta realmente grave al generar incertidumbre en aquellos que forman parte de este ecosistema. En suma, a lo anterior es importante mencionar que los empresarios e inversionistas reaccionan ante datos duros y estrategias precisas que le dan certeza a sus proyectos y dinero, no ante discurso con poco respaldo.

Sin certidumbre no hay inversión y sin inversión no habrá el crecimiento del 4 por ciento del PIB al que se comprometió el presidente de la República y que todos anhelamos.

Es por lo anterior que hago un llamado al Ejecutivo federal para que usemos el respaldo político y social del que goza actualmente el mejorar lo que ya funciona en el país, y no eliminar todo lo creado por anteriores administraciones. Si así se decide, que se cambie el nombre del instituto, que se revise su funcionamiento, pero que se rescate todo lo provechoso obtenido a lo largo de la existencia del Inadem.

Apoyemos a los emprendedores y empresarios en México, solo de esa manera podremos tener un mayor bienestar para los mexicanos e impulsaremos la economía de nuestro país.

La inversión que haga el gobierno de la República en proyectos y empresas generará un círculo virtuoso en el que el retorno de la inversión será mucho mayor a través del pago de impuestos y la generación de empleos. Pero, sobre todo, a través de la mejora de la calidad de vida de los mexicanos. En razón de lo anterior expuesto...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: ...el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen en discusión. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias.

Saludamos a los alumnos de la Preparatoria Oficial 168, del municipio de Nezahualcóyotl. Bienvenidos.

Tiene la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María Teresa Marú Mejía:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada María Teresa Marú Mejía: Compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional del Emprendedor se creó en el sexenio anterior. Se concibió como un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito indiscutible fue desarrollar e instrumentar el proyecto de apoyo a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que la anterior administración federal decidió emprender, producto de sus legítimas atribuciones de organizarse administrativamente en la forma que mejor estimara para desarrollar su visión de país e implementar su programa de gobierno, particularmente sobre lo que tiene que ver con quienes generan la mayor cantidad de empleo en nuestro país.

Hoy, el cambio que estamos discutiendo tiene como propósito darle continuidad de forma muy afortunada a la ruta de trabajo que este Poder Legislativo acompañó, al aprobar las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la nueva administración pueda desarrollar efectivamente su programa de gobierno, pues de lo que en el fondo estamos hablando, con la reforma antes señalada, que desde luego tiene una envergadura mayor a la modificación que hoy discutimos, pero que se alinea al mismo cometido, es de modificar todo nuestro andamiaje legal ahí donde sea necesario, para que se adapte a la nueva realidad administrativa en el particular, pero de régimen en lo general que está desarrollando el gobierno actual.

Esto es así porque el motivo principal de esta modificación responde sin lugar a duda a la determinación de la actual Secretaría de Economía, de desaparecer al Inadem, para dar paso a un esquema de apoyo directo hacia la ciudadanía, lo cual, como todos hemos estado observando, es una de las directrices de esta nueva administración, cuyo fundamento es hacer más eficiente la administración pública.

Pero tenemos que ser reiterativos y contundentes, esta determinación no significa que dejemos de lado el apoyo a este importante sector de la economía, que como todos reconocemos es el principal generador de empleo en nuestro país y que sin duda puede constituirse como una de las posibles soluciones a la problemática de incremento en la informalidad; prueba de ello es que hoy contamos con las reglas de operación del fondo nacional para el emprendedor, para el presente ejercicio fiscal. No desapareció. Igualmente, hoy contamos con un nuevo programa microcréditos para el bienestar.

Por todo lo anterior, nos sumamos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la modificación propuesta para suprimir todas las referencias al Inadem, que se encuentran en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo origen data del año 2016. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, el diputado Eudoxio Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Eudoxio Morales Flores:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las micro, pequeñas y medianas empresas son consideradas como el principal motor de toda economía. Las pymes son las empresas que más empleos generan y es muy sencillo entender el por qué, ellas contribuyen de manera importante a la generación de empleos y del producto interno bruto en un 56 por ciento y el 72 por ciento del empleo en México.

En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan el 41.8 de empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 empresas y representan el 15.3 por ciento de la empleabilidad. Por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 empresas y generan el 15.9 del empleo.

Las pymes se concentran en actividades como el comercio, los servicios y la industria artesanal, al igual que en los trabajos independientes. Ante esta realidad se creó el Inadem que cumplió un ciclo importante en la vida económica de este país; como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Economía el 14 de enero de 2013, por decreto presidencial se creó como apoyo a los emprendedores de las micro y medianas empresas.

No obstante, su función se ha determinado que es necesaria su desaparición de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para reordenar la administración pública federal en esta cuarta transformación.

En virtud de que se buscará fortalecer y preservar la facultad del Ejecutivo federal para organizar la administración pública federal en aras de ser más eficiente y eficaz de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con el 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen que estamos discutiendo también tiene por objeto adecuar la denominación de la secretaría de Estado a la establecida en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeras y compañeros legisladores, las pequeñas y medianas empresas, pymes, tienen particular importancia para la economía nacional no solo por sus aportaciones a la producción, distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y al gran potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el crecimiento y desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza del país.

Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las pymes por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, así como al desarrollo regional y local.

Las pymes en México constituyen el 97 por ciento del total de las empresas generadoras del empleo del 79 por ciento de la población, y generan ingresos equivalentes al 23 por ciento del producto interno bruto nacional. Lo anterior es una clara señal de que debemos poner atención en este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía y desarrollo.

Las pymes cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las empresas más grandes y de este modo sufriendo la influencia de estas que suelen someterlas y minimizando sus posibilidades de desarrollo o estableciendo interdependencia.

A pesar de ser una fuente importante en la economía del país, las pymes no cuentan con mucho de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera integral, y existen en el país grandes problemas que les afecta en gran medida.

Por esta razón, en Encuentro Social estamos convencidos de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adoptará todas las medidas que sean necesarias para seguir impulsando las pymes en México. Por ello acompañaremos de manera positiva este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el día de hoy, hoy queda más claro que la nueva administración no le importan las instituciones.

Con el dictamen que se pretende votar el día de hoy, desaparecerá el Instituto Nacional del Emprendedor, un hecho que marcará el 2019, como lo ha marcado la cancelación de las estancias infantiles, y los refugios para mujeres y la cancelación de la aplicación del tamiz a los recién nacidos.

Hoy quedará en la historia de esta legislatura de que los diputados que apoyen este dictamen están en contra de los emprendedores de este país. Los diputados que apoyen este dictamen no tienen interés en impulsar la innovación, la competitividad y la proyección de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas en los mercados nacionales e internacionales.

Tampoco tienen interés en aumentar el desarrollo económico y el bienestar social como tanto lo dicen. Pero sobre todo no tienen interés en el desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial.

Al gobierno actual no le importa la cultura emprendedora, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, el Fondo Emprendedor tuvo una reducción del 84 por ciento en términos reales. Es ahí donde se ve la prioridad de un gobierno, y para este gobierno y para el grupo mayoritario de esta Cámara, no le importan los emprendedores.

Con la desaparición del Inadem ya no habrá un impulso para ellos, ni el fortalecimiento al desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas, ni a los organismos del sector social de la economía.

Tampoco se impulsará una cultura emprendedora a través de un ecosistema financiero ni de fomento, ni se desarrollarán capacidades y habilidades gerenciales, tampoco habrá acceso al financiamiento y al capital. No se promoverá la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos.

Queda claro que con esta decisión se afecta el emprendimiento, sobre todo, el emprendimiento de alto impacto que engloba a las empresas medianas en proceso de expansión o a las grandes empresas de reciente creación en proceso de consolidación.

Les doy unos datos: de 2013 a 2017, el Fondo Nacional del Emprendedor apoyó a más de 92 mil proyectos de emprendedores, y de pequeñas y medianas empresa, con más de 14 mil millones de pesos en beneficio de muchas familias mexicanas.

Además, en el mismo período se apoyaron 141 proyectos estratégicos por un monto de más de 2 mil millones de pesos, en beneficio de más de 26 mil empresas pequeñas.

Señoras y señores diputados, todas las instituciones son perfectibles, todas, absolutamente todas, pero en el caso del Inadem consideramos que no era necesaria su desaparición. Para mejorar las cosas no se requieren amputarlas.

El Inadem representa un medio de acceso más sencillo a capitales y una mejor tasa de interés para las pequeñas empresas. México está lleno de personas creativas e innovadoras, por lo que el Inadem representa para ellos el mayor promotor de la cultura emprendedora.

Permítanme darles otros datos. De 2014 a 2017 la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 785 mil mujeres con asesoría, capacitación, diagnósticos, vinculación a programas de apoyos públicos y privados que operaron en su beneficio.

El Programa de Incubación en Línea atendió a más de 191 mil mujeres emprendedoras. De ese total, más de 8 mil mujeres emprendedoras recibieron recursos del Fondo Nacional Emprendedor.

Con la decisión que se va a tomar aquí, estos recursos se van a perder para las mujeres mexicanas. Queda claro que las mujeres no son prioridad de este gobierno. Es indudable que el Inadem consolidó al medio emprendedor mexicano como el más fuerte de América Latina...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.

El diputado Fernando Galindo Favela: Concluyo. Su existencia dio confianza a inversionistas de todo el mundo que empezaron y vieron cómo el gobierno mexicano apoyaba a las mujeres y a los jóvenes emprendedores. Por ahorrarse unos pesos vamos a afectar a miles...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.

El diputado Fernando Galindo Favela: ... miles de familias mexicanas. No nos equivoquemos. Por todo esto que he comentado, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de este dictamen. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz:Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Compañeras y compañeros legisladores. Con este dictamen presenciamos una muestra más de legislar sin un diagnóstico claro, y parece más una intentona para debilitar las instituciones e ir en contra de los avances logrados para apoyar la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

Las modificaciones propuestas en este dictamen ponen en riesgo una economía construida sobre la base de las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país representan el 99 por ciento de las unidades económicas registradas, generan el 78 por ciento de los empleos y aportan el 42 por ciento del producto interno bruto.

Bajo el pretexto de eliminar intermediarios, sin objetividad alguna ni evaluación de las funciones y alcances logrados, le apuestan a generar clientelas con los programas de Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En estos se centra la principal preocupación que el Grupo Partido Acción Nacional tiene respecto a este dictamen, y no propiamente en la desaparición del Inadem.

Lo que nos preocupa a las y los diputados del Partido Acción Nacional es la visión de este gobierno que frena el desarrollo empresarial, el impulso al talento, al desarrollo tecnológico, así como a las cadenas de valor de micro, pequeñas y medianas empresas, y se olvida de los retos y oportunidades que supone el apoyo a un gran número de emprendedores en nuestro país.

Nos preocupa que muchas de estas empresas ya están trabajando con tecnología verde y contribuyendo con su esfuerzo a los compromisos del Estado mexicano en materia de transición energética. Nos preocupa también que se elimine el financiamiento para el empoderamiento económico de las mujeres, del cual el 50 por ciento de los créditos son dirigidos a mujeres emprendedoras.

Lo que se refleja con este dictamen es que al gobierno federal no le interesan las energías limpias, el apoyo a mujeres ni el grueso del sector empresarial.

Con el recorte presupuestal al Fondo Nacional del Emprendedor en un 80 por ciento, con respecto al año 2018, se reducen considerablemente los apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas y los apoyos a varios sectores agroalimentarios, de comercios y de servicios, desde el nivel municipal hasta el federal.

México requiere promover la cultura emprendedora y generar estímulos para todos aquellos que no provienen de familias de empresarios y que ante las medidas de despidos masivos en la administración pública federal, solo tienen la alternativa de iniciar un negocio con todas las garantías del gobierno, para obtener un crédito de la banca comercial, mejorar sus activos, capacitarse, consolidarse y expandirse.

Las mipymes requieren acceso a crédito y facilidades fiscales que les permitan rentabilidad. De lo contrario, su destino seguirá siendo el mismo, engrosar las estadísticas de mortandad empresarial, sin que exista por parte del gobierno federal plena voluntad de apoyar los principales factores que indiquen en su estabilidad y contribuyendo con ello a una rápida contracción de la economía de nuestro país.

Los subsidios y apoyos al crédito de las mipymes son parte de una política pública que ha tardado largas décadas en dar resultados positivos. Por ello, es relevante realizar una evaluación seria que permita avanzar sobre lo construido, avanzar con paso firme en políticas de Estado. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: ... votará en contra de este dictamen. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río:Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Compañeros y compañeras diputadas, este proyecto de decreto que va a modificar diversas disposiciones en materia de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, lo que pretende no es desa-parecer el apoyo. Lo que pretende es incrementar y mejorar la distribución de este apoyo.

Lo que se busca es, sí claro, contribuir al desarrollo económico nacional a través del fomento y de la creación de nuevas empresas, pero lo más nuevo, es que no vamos a permitir que los apoyos se sigan dando de un modo en que la intermediación impide que lleguen genuinamente a todos los mexicanos emprendedores, porque todos sabemos que estas pequeñas empresas conforman un muy valioso medio para generar empleos y con ello, por supuesto, provocar una mejor distribución de la riqueza y con ello un impulso grande al desarrollo económico. Pero lo principal aquí es que se elimine el grave problema de la intermediación que tanto daño le ha hecho a la justa y a la equitativa distribución del presupuesto.

Hay millones de mexicanos que no habían gozado del derecho de ser apoyados por el presupuesto que es de todos nosotros.

Con la iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta soberanía, lo que se busca justamente es eliminar esta obesidad burocrática, esta ineficacia, esta intermediación y lo que queremos hacer es mucho más ágil el reparto de estos apoyos. Vamos a desaparecer el gran potencial de trampas y de intermediaciones fantasmas que había en este instituto.

La propuesta es quitarle las referencias del Inadem a la Ley de Desarrollo de la Competitividad, que obligaba al presidente a conservar a ese Instituto Nacional del Emprendedor y que de facto le estaban quitando las facultades constitucionales de reglamentar, como quiera, la organización, de la Secretaría de Economía.

Y este es el punto de fondo y que no se confunda nadie. La cuarta transformación realmente lo que va a hacer es que los recursos se destinen a generar, a desarrollar, a fortalecer a las empresas.

Ahora hemos y vamos a quitar este formato tradicional de un reparto indirecto para hacer realidad el apoyo directo a todos los mexicanos que más lo necesitan. Hoy vamos a tener una Secretaría de Economía con la libertad de organizarse para cumplir mejor con este cometido, una Secretaría, absorber la función de apoyo a los pequeños y medianos empresarios tendrá la responsabilidad de ser más eficaz en la repartición de estos apoyos.

Esta es una reforma que nos va a ayudar a hacerlo, que va a desaparecer los formatos de distribución del dinero en que solo se beneficiaba a unos cuantos, a los mismos tal vez que hoy se quejan amargamente. Esta es una reforma que va a generar los más amplios consensos en la sociedad, porque todos queremos que el apoyo se reparta de una manera muy transparente. Esto es lo que nuestro presidente quiere. ¿Quién puede estar en contra de que se gaste menos en la ineficiente burocracia?

Ahora, lo que los ciudadanos exigen, sí, exigen eso, es una administración que gaste menos, una administración que sea más ágil, que sea más eficiente. De modo que yo los invito a que votemos realmente por lo que nuestros representados quieren.

Hay que aceptar que cuando algo ya no funciona, como esto, el disfraz neoliberal con el que anteriores gobiernos hicieron a la administración pública, hoy francamente ha quedado al desnudo.

Nos heredaron una administración que parece un elefante reumático, un elefante que, además de reumático, es brutalmente obeso. Ahora vamos a pasar a ser una administración genuinamente republicana, que cuide cada peso de lo que los ciudadanos pagan en impuestos y que, a su vez, esto sirva para impulsar la creación y el desarrollo.

No más instancias o mecanismos que generaban corrupción y desvío de recursos. Eso, eso ya se acabó. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluida la lista de oradores, ahora pasaremos a la discusión en lo general. Se han registrado oradores en contra y en pro. Vamos a tener intervenciones por cinco minutos. Y, en primer lugar, tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.

La diputada Soraya Pérez Munguía:Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros diputados, el grupo mayoritario... Bueno, la coalición del grupo mayoritario aprobó un dictamen que equivocadamente pondrá fin a una política pública que fomentó la competencia y la innovación en nuestro país.

Este dictamen tiene por objeto suprimir las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En esencia, busca borrar una institución que apoyó tan solo en el último año más de 37 mil proyectos de emprendedores. El nuevo gobierno está empeñado en desaparecer todos los programas que ya están probados, que han cumplido con su objetivo, que son semillero de nuevas empresas y que al final son los que les dan trabajo a nueve de cada diez mexicanos.

El dictamen señala que no es necesario mantener las facultades al instituto para promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Esto es lamentable, lamentable en un marco actual mundial de crecientes encadenamientos productivos que deben estar generando mayor valor agregado, y eso era parte de las funciones del Inadem.

En pocas palabras, se les está dando la espalda a los emprendedores de nuestro país, desaparecen legalmente las atribuciones de un importante organismo que se había convertido en el impulsor de una política bien definida para apoyar a los emprendedores.

Hablan que hay muchos intermediarios en el Inadem, pero lo cierto es que dos terceras partes del fondo del emprendedor...

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Dígame, diputada. ¿Con qué objeto?

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (desde la curul): Para solicitarle, a ver si la diputada me permite realizar una pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Diputada, acepta una pregunta?

La diputada Soraya Pérez Munguía: Sí, con mucho gusto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (desde la curul): Diputada, me gustaría conocer su opinión, de que actualmente haya una reducción importante al programa de mujeres emprendedoras.

La diputada Soraya Pérez Munguía: Bueno, no nada más al de mujeres emprendedoras. Hay una reducción del 50 por ciento a todo el fondo y de 80 por ciento al Instituto Nacional del Emprendedor, que, bueno, ahora no sé qué va, en dónde va a acabar este recurso, dado que ya viene la desaparición formal.

Pero lo más preocupante es que hablan en el mensaje que la prioridad son los emprendedores, cuando la prioridad se determina a partir de las prioridades en el presupuesto y cuando hay una reducción pues implica que no hay una prioridad de política pública hacia el emprendedurismo y eso creo que es lo que debe quedar más claro para la ciudadanía. Muchísimas gracias por su pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputada.

La diputada Soraya Pérez Munguía: Les mencionaba que hablan de que el problema del Inadem es los intermediarios; sin embargo, dos terceras partes del fondo del emprendedor hoy se entregan directamente a los microempresarios. También hablan de la falta de transparencia cuando el Coneval otorgó mención honorífica al fondo del emprendedor.

Hay un índice, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos, pues el fondo del emprendedor obtuvo el primer lugar del ranking. La OCDE recientemente señaló que México ocupa el segundo lugar en América Latina por su política al emprendedurismo, pero lo más lamentable es que los emprendedores que encontraron respuesta y orientación en esta institución pública y ahora verán truncados el proceso de crecimiento de sus negocios y en el peor de los casos enfrentarán al fracaso por la falta de continuidad de una política pública exitosa.

Recuerden que, al emprendedor, el Inadem no nada más estaba entregando recursos, sino hacía un acompañamiento durante el proyecto y recientemente un seguimiento una vez concluido el proyecto al que se le financiaba.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI queremos construir mejores condiciones para nuestros jóvenes empresarios y para todos aquellos que traten de emprender nuevos negocios viables y con sentido social.

No podemos aspirar a que nuestros emprendedores solo tengan oportunidades para ser aprendices de algún oficio. No podemos impulsar políticas que solo resultan dádivas que alimentarán las aspiraciones políticas de un populismo disfrazado de salvador.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos en contra de este dictamen, porque no han explicado cómo este nuevo modelo económico les va a traer beneficios a los mexicanos...

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. ¿Diputada Herrera, con qué objeto?

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Quisiera hacerle una pregunta a la diputada Soraya.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, ¿acepta una pregunta?

La diputada Soraya Pérez Munguía: Sí, con mucho gusto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Quisiera su opinión, diputada Soraya. ¿Usted cree que con 6 mil pesos una persona puede hacer un negocio?

La diputada Soraya Pérez Munguía: No nada más es el financiamiento. Indistintamente del monto es el acompañamiento técnico que brindaba el propio Instituto Nacional del Emprendedor.

Indiscutiblemente el fondo ya no nada más tenía diversidad de montos de financiamiento, sino incluso se había abierto a nuevos nichos de emprendedurismo incluido el de innovación y tecnología, diputada, que usted conoce muy bien por la comisión a la que pertenece, y son sectores que ahora también se van a ver desprotegidos.

Pero sin duda es insuficiente, los montos de financiamiento que están informando que van a dar ahora con las nuevas políticas, y lo que requerimos es una política muy concreta que apoye al emprendedurismo de manera integral, que desafortunadamente esos fueron los errores o los diagnósticos que se tenían.

Lo que se requiere es el apoyo al emprendedor de manera integral. Financiamiento, asesoría, acompañamiento, evaluaciones a través de consejos, y además el tema de la entrega de los recursos que se hacía a través del fideicomiso.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe.

La diputada Soraya Pérez Munguía: Solo quisiera concluir, si me permite, presidente, diciendo que esta decisión de desaparición del instituto se suma a otras muchas malas señales económicas que han estado sucediendo todos los días.

Apenas ayer el Info dijo que no era viable la refinería. Apenas ayer el secretario Espriú habló de que no encontró corrupción en el aeropuerto, y hoy el Fondo Monetario Internacional, por quinta vez, reduce la expectativa de crecimiento para nuestro país.

Sin duda las políticas públicas malas traen peores consecuencias y al final quienes lo vamos a sufrir somos todos los mexicanos. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Marco Antonio Reyes Colín.

El diputado Marco Antonio Reyes Colín:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. Con todo respeto a la compañera que me antecedió, yo no veo el México que esté dentro de los países de primer mundo. ¿Cuál crecimiento? No hemos tenido ningún crecimiento desde hace 80 años, compañera, con el respeto que usted me merece.

De verdad que es insuficiente lo que nos han dejado, pero para eso nos pusieron la mayor parte de los 30 millones de votantes, para resarcir todo ese daño que nos han hecho.

Con la aprobación del presente dictamen se dará un paso a una mejor estructura ejecutiva para impulsar al emprendedor mexicano, y se extinguirá una contradicción existente desde el año 2013 entre dos leyes. Es bien sabido que una de las atribuciones del Poder Ejecutivo es establecer la estructura orgánica que mejor considere para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus obligaciones.

En el caso de los apoyos a los emprendedores, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por darle un giro a la manera de cumplir dichas obligaciones.

El giro propuesto elimina a los intermediarios, en este caso al Inadem, y junto con él, elimina también muchos de los costos administrativos y operativos, así como buena parte de la corrupción que frenaba el desarrollo de los emprendedores.

No se dejen engañar, los recursos que están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar a los emprendedores mexicanos se van a usar, pero a partir de ahora se van a usar bien, y se van a usar bien por una sencilla razón: los recursos no volverán a perderse en el camino, sino que se otorgarán directamente a los beneficiarios finales por medio de micro créditos.

Por otro lado, como señalaba al inicio, al aprobar este dictamen también estaremos terminando con una contradicción jurídica existente desde el año 2013. Esta contradicción tiene que ver con la imposición de la existencia del Inadem al Ejecutivo federal.

Establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una imposición contradictoria porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye el derecho al Ejecutivo federal de estructurarse de la manera que considere más pertinente para el cumplimiento de sus atribuciones.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos en una etapa de transformación para México, en donde no consentiremos este tipo de irregularidades que dan paso al uso inadecuado de los recursos públicos.

La reforma propuesta es una exigencia jurídica y una exigencia social. Por ello, los compañeros legisladores y la coalición de Morena, votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Kehila Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Soraya Pérez Munguía(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ha pasado el turno, voy a continuar con el debate. Permítame la oradora. Desde su curul, por favor.

La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Nada más por alusiones personales. Y a mí me parece increíble cómo manejan el discurso político, pero la realidad está a la vista de todos y en todos los documentos oficiales de organismos autónomos, internacionales, etcétera. En todo el período anterior crecimos en promedio 3 por ciento, sí crecimos. Lo que esperamos en este año es 1.6 por ciento, y creo que Hacienda dijo, lo recapituló a 1.5 por ciento. Yo no veo ninguna señal para que alcancen el 4 por ciento que prometieron a la ciudadanía. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Por favor, continúe con su intervención...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Sí, ¿con qué objeto diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una precisión diputado, presidente, no hubo alusión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, le contesto. Tuve la petición, concedí la intervención. Lo hice desde la curul por una atención y una cortesía porque yo no me percate en el momento que estaba conduciendo durante la intervención de la petición.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Si me anota entonces para hechos, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, lo hare al final de la discusión, como se estila en estos casos. Tiene la palabra, diputada Kehila Ku Escalante, para hablar en contra.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante:Gracias, presidente. Con su venia, con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar, quisiera manifestar que los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que es de suma importancia respetar las decisiones del Poder Ejecutivo en su facultad de organizar su administración como lo considere más conveniente y que, además, está establecido en la Constitución en su artículo 89, en la fracción primera.

El dictamen que el día de hoy discutimos tiene como principal objetivo suprimir las referencias del Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de las Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De manera general, esta iniciativa pretende irle quitando facultades al Instituto Nacional del Emprendedor hasta que desaparezca, según lo ha manifestado la propia Secretaría de Economía.

Si bien se ha argumentado que la principal razón por la que se busca eliminar al Inadem es porque es una institución que trabajó sin trasparencia, y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque desde mi punto de vista, creo que este combate o esta lucha tendría que ser combatiendo la corrupción y corregir lo que se esté haciendo mal y no necesariamente hablar de la desaparición del instituto. Pues una buena parte el dinero se asignó bajo reglas de operación y benefició a muchos proyectos.

Cabe hacer mención que existen también datos como los proporcionados por el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales, el Indep, en relación al Fondo Nacional del Emprendedor, administrado por el Inadem, cuya calificación es de 95.1 en una categoría especifica que es la orientación de resultados a la ciudadanía durante el año 2018. Lo cual ubica a este fondo arriba del promedio de la evaluación de los programas públicos en ese aspecto.

El Inadem también creó infraestructura de 190 incubadoras, incubadoras de alto impacto, aceleradoras, convenios de trabajo con más de 32 sistemas universitarios, siendo este uno de los motores principales para el emprendimiento y el desarrollo de proyectos.

De igual manera y partiendo desde el punto de vista de emprendedores y consultores, la desaparición del Inadem afectará al ambiente del emprendimiento, generando un mayor impacto a las empresas medianas que se encuentran en proceso de desarrollo o las grandes, que recientemente fueron creadas y que aún están en proceso de consolidación.

Además, el simple hecho de otorgar créditos no estará generando empleos como se piensa. Ante el panorama que vive la actual sociedad, se debe impulsar la innovación y el emprendimiento, para que ello derive en más empresas que den trabajo a más mexicanos.

Por otro lado, e insistiendo en respetar las facultades del Ejecutivo, nos parece un poco apresurado querer eliminar las referencias del Inadem en una sola ley, cuando actualmente este se encuentra ubicado dentro de un marco jurídico que abarca más legislación, reglamentos y acuerdos internos de la propia administración, además de que aún cuenta con presupuesto asignado para este año por 659.4 millones de pesos, resaltando obviamente la reducción que se tuvo de más de 80 por ciento.

Por último, dentro de los antecedentes que se presentan en la iniciativa, se hace mención a que en el año 2015 el Inadem fue creado en lugar de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Esta propuesta propone ser la modificación en el artículo 3o. y el artículo 19, derogando al Instituto Nacional del Emprendedor, sin dejar claro cuál sería la propuesta de sustitución para el mismo.

No queda claro si la propuesta es que el Inadem vuelva a ser subsecretaría o si va a haber un ente que sustituya estas funciones.

En resumen, no estamos en contra de que la administración federal se organice como bien le parezca. Sin embargo, una modificación de tal importancia, como lo es la propuesta de eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor, no debe realizarse de esta manera.

No se puede desaparecer un organismo que todavía tiene normativas vigentes y que todavía tiene presupuesto asignado por este año. Resalto que los diputados de Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo en que por un lado se otorguen todo tipo de apoyos sociales, como lo son las becas, como son todos los programas que se han promovido durante esta administración. Pero, por otro lado, se quieran cancelar estas instancias que impulsan la productividad de los emprendedores y que son una verdadera herramienta para combatir la pobreza en nuestro país.

Por tal motivo, los diputados de Movimiento Ciudadano reiteramos nuestro voto en contra de este dictamen. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en pro.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchas gracias, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros diputados, ayer se dio un falso debate en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Yo lo señalé.

Un falso debate, lo dije y hoy debo reiterarlo, porque estoy viendo absolutamente lo mismo por parte de compañeras, compañeros de grupos parlamentarios que perdieron estrepitosamente las elecciones presidenciales, porque vienen aquí a pintar un panorama que no existe.

Si hay un gobierno en el que pueden confiar los emprendedores es el gobierno del licenciado López Obrador, como pueden confiar también las mujeres. Quienes tienen a sus hijos en estancias infantiles tienen ya un programa dirigido precisamente a ellas.

Y aquí se habla, porque es lo único que le queda a la oposición, inventarse el país, olvidándose de que las prebendas que añoran, las canonjías con las que sueñan y que gozaban antes, esas ya se acabaron, no caben en esta nueva etapa del país, no caben en la cuarta transformación.

Ese falso debate se insiste aquí, lo señalé ayer y hoy debo reiterarlo, para dejar claro por qué actúan así los grupos parlamentarios de oposición y advertirles, allá ellos, lo dije ayer y lo vuelvo a reiterar, que así siguen, si así siguen, pues así verán sus resultados, porque si algo está viendo la mayor parte del pueblo de México, es cómo se avanza en esta cuarta transformación.

No caben, entonces, las prebendas, canonjías del pasado, olvídense, no habrá forma de que regresen. Pero lo que sí cabe es que el dinero público sí se utilice para apoyar al pueblo.

Hoy hablamos de emprendedores, porque a lo mejor alguien puede decir que no leyó a tiempo, para eso cada grupo tiene sus representantes en distintas comisiones, quien no leyó a tiempo el dictamen.

Ahí se señala con claridad, se acaba la burocracia, la mala burocracia que fue corrupta y no lo digo yo. Échense un clavado a los informes de la Auditoría Superior de la Federación para darse cuenta de la cantidad impresionante de expedientes por recursos no comprobados.

Así que ya no habrá en esta etapa de la cuarta transformación ni funcionarios con grandes oficinas que se chupen el presupuesto público, ni tampoco empresarios o supuestos empresarios, porque según los datos de la Auditoría Superior de la Federación, ahí está, no tienen forma de haber comprobado en qué se utiliza el dinero público.

El diputado Fernando Galindo Favela(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. Diputado Galindo, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Si acepta una pregunta el orador.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, ¿acepta una pregunta?

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con gusto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Preguntarle, diputado, si sabe qué porcentaje del gasto operativo del Inadem, ¿cuánto se gasta en plaza y en servicios personales y en gastos de operación? ¿Cuánto corresponde al monto total de lo que se utiliza para apoyar a los emprendedores?

Porque le doy un dato, el Inadem tiene nada más 191 plazas, de los cuales 65 son mandos medios, bajos y superiores y 123 son operativos. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje del gasto de operación para ver si realmente va a ser un gran ahorro a cambio de dejar de apoyar a los emprendedores?

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Pues le agradezco mucho la pregunta, porque me permite insistir en lo que hemos planteado aquí una y otra vez. Esas minucias que representaban para quienes ostentaron el poder en el pasado y que no supieron hacer la tarea que les encargaba la nación, que era sacar adelante a este país. Y ahí están los datos.

A ver quién puede alzar la mano para decir que este país ha ido en la ruta correcta en los últimos años, las administraciones donde nos mal gobernaron el PRI y el PAN, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Por esas minucias.

A usted no le interesan. A esta administración de la cuarta transformación sí le interesa y nosotros en esta Cámara de Diputados vamos a apoyar sin reservas al presidente López Obrador, porque confiamos más en él y en esas políticas públicas que está impulsando. Así que esas minucias para usted, para nosotros son ahorros que se van a ir directamente a apoyar al pueblo.

Y habrá quien aquí venga a decir que no le gustan programas como el de las tandas, y está en su derecho. Pero a nosotros nos asiste no solamente el derecho, sino la fuerza política que nos dio el voto popular. Y por eso seguiremos impulsando la cuarta transformación de este país. Así le contesto su pregunta, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Lo que sí debe saber la gente, decía yo, es que se va a utilizar el dinero público precisamente para impulsar una serie de programas importantes.

Yo por eso les digo, compañeras y compañeros, que en esta Cámara de Diputados lo que sí tenemos es la obligación de promover el desarrollo económico, de promover la competitividad, pero mediante un sistema legislativo capaz de asignar democráticamente las oportunidades y fomentar el bienestar compartido.

Por eso el PT viene aquí a anunciar, en voz de un servidor, el voto a favor, convencido a favor de este dictamen para actualizar esta legislación en materia de desarrollo y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

Y asumimos, por supuesto, el compromiso de trabajar lo que está planteado en los transitorios. Porque el objetivo nuestro, compañeras, compañeros, es impulsar un nuevo modelo administrativo para que el gobierno de México pueda impulsar así, con todas sus palabras, subrayadamente, esta cuarta transformación.

Por eso se han hecho propuestas, como las modificaciones orgánicas al consejo nacional en la materia, que no abordaré más porque se hizo al principio en la presentación del dictamen.

Reitero a las emprendedoras que nos están escuchando, a los emprendedores: ahora sí podrán confiar en que el recurso público va ir para ayudarles a ustedes y no para que se quede en el bolsillo de falsos empresarios. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, invitados de la diputada María Chávez Pérez. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván:Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna, no a defender al instituto, que por cierto ya le habían dado la estocada en el Presupuesto de 2019 con 80 por ciento menos.

Vengo a defender la importancia de la cultura del emprendimiento, el fomento al desarrollo, el trabajo de este con 32 universidades y escuelas técnicas, para promover la cultura del emprendimiento, la innovación y la creación de empleos, la facilidad y apoyo para la incorporación a cadenas de proveedurías nacionales, a través de la capacitación, a través de la creación, desarrollo y fortalecimiento de sus negocios.

Vengo a defender la creatividad de nuestros jóvenes y de los mexicanos y mexicanas que quieran participar en estos programas. Vengo a defender a las más de 189 incubadoras, a las más de 67 incubadoras de alto impacto, a las aceleradoras, al programa de crédito joven de mujeres PyME, a la red de apoyo del emprendedor.

Quiero platicarles al menos un programa de éxito, el programa Lean Startups México, que es donde participa la Universidad Anáhuac, el Inadem, el Banco Interamericano de Desarrollo y también instituciones privadas, donde se fondea 30 por ciento el Inadem, 30 el BID y 40 por ciento instituciones privadas.

Este programa adoptó a México la metodología más usada y probada con éxito en Silicon Valley, el clúster más importante del emprendimiento en el mundo que evita el alto porcentaje de mortalidad de los emprendimientos. Este programa logró construir 19 empresas en siete meses en cuatro estados de la República: Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí e Hidalgo.

Esta metodología prueba directamente en el mercado las ideas y las construye sobre las experiencias con el cliente, por eso evita el desperdicio de recursos de tiempo y dinero. Logra que el emprendimiento tenga éxito. Emprendimiento de alto impacto que utiliza tecnología y que está enfocado en desarrollar en su entidad el agro, la inteligencia artificial y la robótica.

Recordarles, compañeros y compañeras legisladores, diputados, diputadas, los países que mayor impacto han tenido en el emprendimiento y en el desarrollo –me refiero a las mipymes– cuentan con una agencia especializada.

Debemos reflexionar muy bien nuestro voto. Si bien estamos de acuerdo en hacer los cambios necesarios al instituto, corregir lo que haga falta, el dictamen que se presenta no tiene una visión clara de cómo se va a continuar estimulando el emprendimiento y la innovación.

Nosotros, en Acción Nacional, estamos a favor del emprendimiento, de la innovación que México necesita para hacer frente al presente y futuro de la competitividad en el mundo. Estamos a favor de la generación de empleos dignos.

Nosotros entendemos muy bien, compañeros, qué es emprendimiento y qué significa apoyo. Ahora serán programas de apoyo dirigidos, y en el Inadem la iniciativa es abierta a cualquier proyecto y simulando la creatividad.

Debemos mantener la misión y la visión de crear emprendedores e innovación, y hoy lamentablemente con este dictamen estamos enterrando la creatividad de nuestros jóvenes, mujeres, mexicanos, mexicanas que han participado y quieren participar en estos programas.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen por ser lo que nuestro país, nuestro México querido, que a ustedes también les importa, en este momento no requiere este tipo de programas, requiere la estimulación a la creatividad, a la innovación y al emprendimiento al que tienen derecho. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, México no debe tener nunca más instituciones que malgasten los recursos del pueblo.

El Instituto Nacional del Emprendedor, mejor conocido como el Inadem, es un organismo que fue creado para fomentar y apoyar a los emprendedores, y eso se aplaude, que es el origen de este instituto.

Asimismo, el Inadem tenía como objetivo principal promover un entorno favorable para el desarrollo de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, el entorno que ha creado el instituto se ha visto rodeado de irregularidades que presumen actos de corrupción y daños al erario de la nación.

Por citar algunos ejemplos, de la Cuenta Pública 2014, se presume un daño al erario por 6 millones de pesos. De la Cuenta Pública 2016, se sospecha un perjuicio por 127 millones de pesos. En 2017 se presume un daño por 94 millones de pesos, habrá que esperar lo señalado en la Cuenta Pública 2018, para ver el desenlace de esta historia de corrupción.

Lo anterior ha sido evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, aunque hay que señalar que aún falta incluir todas las observaciones, ya que lo analizado son pequeñas muestras del registro obtenidos por la Federación.

Compañeras y compañeros, el Inadem es un símbolo de la corrupción, un símbolo de cómo se hacían las cosas antes de la llegada de esta cuarta transformación. Ahora este gobierno trabaja para asumir su responsabilidad ante la ciudadanía con los recursos ejercidos por el Inadem, trabaja para revisar y mejorar las políticas públicas para el fomento de las mipymes.

Para ello, se crearon ahorros a través de la reducción en costos burocráticos innecesarios, y reorientando los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y, sobre todo, mucha honradez.

Esta decisión tiene que ver con el regreso de las atribuciones de apoyo a los emprendedores, directamente de la Secretaría de Economía, generando una coordinación más sólida y más cercana para el beneficio...

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Permítame diputado, un momento. Permítame. Diputada Mier y Terán, ¿con qué objeto?

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle, por su conducto, al diputado si me aceptaría una pregunta, por favor.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, acepta una pregunta.

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Adelante, señor presidente.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Muchas gracias, señor diputado. Estoy escuchando con mucha atención lo que usted está diciendo y los principios de transparencia y de efectividad en el gasto que está usted enunciado. ¿Qué opinión le merece entonces a usted el que actualmente ya no se estén licitando y se estén adjudicando directamente la mayoría de los contratos que ha estado realizando el nuevo gobierno?

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Bueno, primeramente, con la información que estamos dando no le encuentro alguna relación. Pero sí quisiera expresar en respuesta de que esto que está sucediendo es precisamente por la mala administración del gobierno anterior.

Primera, el Inadem tiene un objetivo de ayudar a los emprendedores, la mala organización de estos trabajadores que eran sus compadres, que eran sus amigos, eran su familia, desgraciadamente hicieron las cosas muy mal, y por eso tenemos lo que tenemos del Inadem.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputado.

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Gracias, presidente. Por estas razones la extinción del Inadem es una medida necesaria, pero, sobre todo, honesta y responsable. Y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votarán a favor del presente.

Compañeras y compañeros, lo que es derecho no es chueco, y el Inadem está más torcido que nada. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tengo...

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con que objeto, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Para hechos. Tengo una pregunta para el diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver, ya termino su intervención. Si usted quiere registrarse para hechos, con mucho gusto lo registro. Permítame solo desahogar el trámite del último orador. Tengo registrado al diputado Azael Santiago Chepi, para hablar en pro, y luego al diputado Fernández Noroña para hechos, al igual que al diputado Riggs. Al término de esto consultaré si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Azael Santiago Chepi:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Azael Santiago Chepi: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional del Emprendedor nació en 2013 con la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, en materia de extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

Es hasta 2015 que se modifica la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y le confiere al Inadem las facultades que ya estaba ejerciendo con la anuencia de su Reglamento.

Estamos iniciando un nuevo gobierno que quiere mirar las cosas diferentes, con un proyecto de nación a consolidar. Para ello necesita organizar bien las instituciones a su cargo, volviéndolas más eficientes en el ejercicio de sus funciones y su gasto, y más eficaces en los servicios públicos que brinda.

El dictamen que hoy se presenta, acertadamente suprime las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, puesto que con los cambios realizados en la administración pública federal dicho organismo ya no resulta necesario para promover el desarrollo económico y productivo de las empresas.

Queremos dejar en claro que lo anterior no implica que dejará de haber una instancia especializada que apoye al emprendimiento de los mexicanos, sino que corresponderá a la Secretaría de Economía continuar con dicha labor y generar políticas nuevas que den mayor alcance a los emprendedores de este país. Mayor alcance a los emprendedores de este país, llevándolos a nuevos mercados y generando bienestar social.

Es importante manifestar que no hubo acceso a estos proyectos en las entidades federativas con altos índices de marginación y me refiero en especial al estado de Oaxaca, como seguramente a otras entidades, porque los procesos para acceder a estos fueron complicados, fuera de los contextos y realidades de las comunidades que no tienen acceso a internet, pues la forma de acceder a ellos fue principalmente a través de plataformas virtuales. Por ello consideramos viable se implemente una estrategia que permita a la Secretaría de Economía hacer llegar los apoyos de manera directa a los emprendedores.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, en congruencia con el legítimo derecho que se tiene para organizar las instituciones de la administración pública federal, para alcanzar los objetivos y metas que en materia económica se tiene previsto en el proyecto de nación 2018–2024, pero sobre todo, para cambiar la realidad de muchos emprendedores, de miles de mujeres, de jóvenes e indígenas que están esperando una verdadera política que nos ayude, sin barreras, sin condiciones, sin burocracias, a todos ellos se los debemos. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, para rectificación de hechos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Los últimos 30 años el PRI y el PAN han gobernado el país, los resultados están a la vista, destrozaron la planta productiva, el campo y la ciudad.

Estamos importando 90 por ciento de la gasolina, 60 por ciento del maíz, el país está bañado en sangre, una pesadilla, como ayer Bachelet lo comentó, como si fuéramos un país en guerra, bueno...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, permítame, diputado. Permítame, permítame, diputado. Diputadas, diputados, estamos concluyendo el debate de este dictamen. Pido respeto al orador. Continúe.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Los diputados son muy hipócritas y muy insolentes en la tribuna. Y yo escucho todas sus necedades y no los interrumpo. Y ellos no pueden escuchar argumentos porque como ya lo dije, brincan como chinicuiles en comal.

Pero lo que yo quiero plantear, de manera muy precisa es que el PRI y el PAN decidieron ser aprobados por el Fondo Monetario Internacional y reprobados por el pueblo de México.

Nosotros decidimos ser aprobados por el pueblo de México, a riesgo de ser reprobados por el Fondo Monetario Internacional. Nuestro compromiso es con el pueblo de México.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Miguel Riggs. Y registro la intervención del diputado Guadalupe Romo.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza(desde la curul): Gracias, presidente. Pues sí, yo nomás quisiera que todos aquellos diputados y diputadas que se suben aquí, a tribuna, a hablar de desvío de fondos en administraciones pasadas, pues que lo sustenten. Una y otra vez se suben y recalcan que desaparecen instituciones, que desaparecen programas muy exitosos por desvío de fondos. Pero no sabemos de una sola carpeta de investigación que estén llevando a cabo para perseguir exfuncionarios.

El día que ellos lo presenten, yo seré el primero en sumarme. Porque yo sí he llevado una vida honesta y transparente. Por eso es que no apruebo que se suban a hablar por hablar. De todos modos, desaparecer este instituto nada más por un supuesto y no redestinarlo...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): ...y no darle un puntual seguimiento de dónde debe ser este fondo aplicado, no solamente en tanda, pues yo también les organizo una tanda.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Guadalupe Romo.

El diputado Guadalupe Romo Romo(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para aclararle al señor Noroña que cada que abre la boca, cada que pide el sonido es para ofender a todos los diputados, en general. Porque más de alguno de ellos ya estuvo en otro partido.

¿Qué culpa tienen ahorita los diputados del PRI que no han estado en una legislatura antes? ¿Qué tienen que ver con esto? ¿Acaso tuvieron algo que ver con lo que sucedió antes? ¿Qué tengo que ver yo, que es la primera vez que estoy? De hecho, estoy luchando porque hoy nos vaya mejor. Estoy luchando por lo que el presidente quiere hacer realmente lo lleve a cabo y lo concrete al 100 por ciento.

Yo no soy su títere de este payaso, tampoco para que venga a insultarme. Jamás le he faltado al respeto, jamás. Simplemente me estoy defendiendo y yo soy quien pedí la voz por agresiones, no para que se la dé después a él. Es cuanto, señor presidente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusiones, diputado presidente, por alusiones.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Mire, diputado presidente, yo creo que es necesario primero que llame al orden a su fracción. Porque el diputado que me antecedió es, además de un cobarde, un insolente.

Dice que no me ha faltado al respeto y lo hace de manera absolutamente destemplada, sin dar un solo argumento. El tipo cree que estamos en la escuelita, de vámonos para afuera. No, no, en la tribuna, con argumentos, con hechos.

Ustedes han validado el baño de sangre que hay. Se suben a tribuna a sostener mentiras, datos falsos. La realidad demuestra que ustedes son repudiados por el pueblo, por los gobiernos corruptos y traidores a la patria. Ese es un hecho indiscutible. Eso no es ninguna falta de respeto, son argumentos que se acreditan con los hechos. –Relájate, relájate. Yo no te interrumpí cuando hablabas. Relájate.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No saben discutir. No han aprendido que en el debate se escuchan los argumentos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, concluya.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No han aprendido.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El compañero se puede tardar el tiempo que quiera y no le dicen tiempo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, le pido que concluya.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo para debatir. Los tengo en la mira, diputados y diputadas.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general.

Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Secretaria, consulte si alguien no ha emitido su voto.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe el cómputo.

La secretaria María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 268 en pro, 9 abstenciones y 143 en contra.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 268 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Doy cuenta a la asamblea. Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIV Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, diputado sin partido.

• Que el diputado Emmanuel Reyes Carmona cause baja como integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo.

• Que el diputado Emmanuel Reyes Carmona cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIV Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado sin partido.

• Que el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Sur.

• Que el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Educación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De enterado. Comuníquese.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y el artículo 205 Bis del Código Penal Federal.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y el artículo 205 Bis del Código Penal Federal.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Lixa? Sonido, por favor, a la curul del diputado.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. En lo que inicia la oradora, únicamente para solicitar se observe lo contenido en el Reglamento, en el artículo 104, fracción VIII, ya durante la presidencia del diputado Marco Adame se estableció atenerse que cuando solo se enlisten oradores en un sentido, se ponga a decisión del pleno si únicamente se desahogan esos tres.

A esta sesión se le metió otro dictamen. Tenemos todavía un dictamen después. Me parece que este va a ser el supuesto y sugiero que nos aboquemos a ese artículo para hacer más eficiente la sesión, toda vez que serán en un solo sentido las discusiones. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Cuando se desahoguen los oradores, después de tres, esta Presidencia hará la consulta si se considera suficientemente discutido. Si la asamblea determina que así es, ahí concluirá, si no, tendremos una ronda de tres oradores más. Gracias.

Adelante, diputada Rodríguez Mier y Terán.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Muchas gracias, presidenta, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, vengo esta tarde a presentar en nombre de la Comisión de Justicia este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.

Estoy segura de que este es un tema de la mayor trascendencia para la sociedad mexicana, principalmente por las víctimas a las que ataca, que son personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo. Es decir, estamos hablando de grupos vulnerables.

Por los bienes jurídicos tutelados, de la misma manera, para la norma penal, en este caso, el libre desarrollo de la personalidad que también involucra la libertad, la seguridad, la salud, así como la integridad personal y emocional de una persona, e incluso de su familia, lo cual nos exige acciones legislativas contundentes para buscar, inhibir la comisión del delito y, en su caso, imponer castigos ejemplares y que a su vez inhiban otros delitos que están íntimamente relacionados con este, como lo es el de la trata de personas.

En el marco de las reformas que estamos poniendo a su consideración, cabe tener presente la obligación dispuesta en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, a efecto de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los menores de edad contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido por supuesto, el abuso sexual mientras se encuentre la persona menor de edad bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que la tenga a su cargo.

Es importante reconocer que, no obstante los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo y en la implementación de políticas públicas en los últimos años, las cifras publicadas por diversas organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, nos muestran que dicho delito, el de turismo sexual, lejos de disminuir, se ha incrementado.

De acuerdo con estudios del Unicef, alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata con fines sexuales en todo el territorio nacional, identificando puntos críticos en lugares como Cancún o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la situación tiende a agravarse en comparación con otras entidades federativas.

Como se expresa en el dictamen que está a su amable consideración, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, que provoca enormes trastornos, sufrimientos y consecuencias irreversibles, físicas, emocionales, psicológicas, no solo para las víctimas, sino también para sus familias.

De acuerdo con un cálculo reciente de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzada, de un 40 por ciento niños y un 50 por ciento niñas.

Asimismo, conforme el informe mundial sobre explotación sexual, en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas, y de ellas, 80 por ciento son mujeres y niñas, la mayoría de estas en edades que van de los 13 a los 25 años de edad.

Lamentablemente, el turismo sexual ha aumentado en todo el mundo, pero destacadamente en América Latina. Es necesario dar este contexto para dimensionar el grave problema de turismo sexual e impulsar estas reformas legislativas e institucionales que son necesarias para enfrentarlo con toda la fuerza y capacidades del Estado.

Según la Organización Internacional para la Migraciones, en épocas de vacaciones, aproximadamente el 20 por ciento de los turistas buscan relaciones sexuales pagadas, y de este porcentaje el 3 por ciento son con niñas, niños o adolescentes. Con los razonamientos expresados, las reformas objeto del presente dictamen tienen los siguientes objetivos:

En primer término, el artículo 203, en su párrafo segundo, efectúa el aumento de la pena de prisión y de la sanción económica a quien cometa alguna de las conductas que integran el tipo delictivo de turismo sexual. La propuesta que traemos a su consideración es que la pena pasaría de 7 a 12 años, para quedar en una pena mínima de 15 y una máxima de 30 años. Y la multa también estaría pasando de mil a 30 mil días.

El incremento de la pena en los términos propuestos implica también, y esto es muy importante compañeras y compañeros, la homologación con la sanción dispuesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, con lo cual se evita una disparidad de penas que pudiera favorecer a los sujetos activos del delito, cerrando una posible brecha en la impunidad.

En el caso del 205 Bis, lo estamos reformando para dar la condición de imprescriptible a este tipo penal, y asimismo, para contemplar un agravante cuando el autor de esta conducta, de este ilícito, tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: ejerza la patria potestad, guarde custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta el cuarto grado, tutores o curadores, y algunas otras concepciones que tenemos también aquí previstas.

Debemos tener presente que la niñez de hoy, compañeras y compañeros, todos lo sabemos, se ha dicho aquí, es el futuro de nuestro país, y que la explotación sexual vulnera de manera particularmente grave sus derechos, por lo que debemos redoblar los esfuerzos para su erradicación con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad, por supuesto con amor, con el amor que debemos tenerle a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Es necesario, asimismo, que la niñez pase a ocupar el lugar central que le corresponde en las reformas legislativas y en las políticas públicas de este gobierno y de este país, por lo que nosotros votaremos y sometemos nuestra consideración por parte de la comisión a favor de este dictamen, lo cual celebramos.

Y solicitamos también de ustedes que tengan la solidaridad para hacer lo mismo y en el mismo tema de derechos de la niñez poner a la consideración el llamado que hacemos para que también las licencias en el tema de padres para niños que están enfrentando el cáncer, puedan ser de la misma manera aprobadas puesto que forman parte también de la protección integral de la infancia, que tenemos nosotros la obligación de cumplimentar. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Érika Mariana Rosas Uribe.

La diputada Érika Mariana Rosas Uribe:Con la venia de la Presidencia. México es un país lleno de diversidad, algo que no admite discusión es la gran variedad y belleza de los destinos turísticos que nuestro país posee, lo cual a la gran mayoría nos llena de orgullo ante el mundo.

Sin embargo, existe un lado oscuro en las visitas que los extranjeros nos realizan, que nos llenan de vergüenza e indignación y de lo que poco se habla, pues desafortunadamente México no solo resulta atractivo por sus paisajes y su gente, sino que ofrece un paraíso para quienes buscan lo que a nivel internacional se ha reconocido como turismo sexual.

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales y, en 20 por ciento de estos desplazamientos, el sexo es buscado por los turistas, de los cuales un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Es posiblemente la forma más cruel de explotación infantil, pero no existen datos completamente fiables sobre turismo sexual con menores.

Unicef calcula que son 1.8 millones de niños y niñas quienes lo sufren, en algunos países es fácil, barato, incluso, ropa y comida son intercambiados a cambio de sexo, aunque me parece que podemos coincidir en que este fenómeno puede producirse en cualquier lugar y contexto. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad son importantes factores que generan estos lamentables fenómenos.

Particularmente, considero que la dificultad para abordar este problema se debe, en parte, a que muchos estados lo ocultan, no hay estadísticas homogéneas. Al tratarse de una actividad ilegal no reconocida hace que se desconozca el verdadero alcance y naturaleza del fenómeno.

Igual, que no hay cifras exactas de los afectados, tampoco es sencillo conocer quiénes son los que abusan. Más allá del uso que los nacionales hacen de la prostitución infantil, los flujos suelen describir un patrón, el mismo que el propio turismo, de países ricos a países pobres.

Las complejas redes de trata de personas trascienden las fronteras estatales y nacionales. Por ejemplo, una investigación del FBI del año 2017 reveló que en la ciudad fronteriza de Tijuana hay quienes operan como proxenetas de menores de edad a solicitud de ciudadanos estadounidenses, quienes establecen comunicación previa con los interesados en tener relaciones sexuales con niños o niñas y los ofrecen como cualquier otro producto de mercado.

Alarmantemente, Tijuana no es único lugar donde se ha detectado el problema. De acuerdo con información presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes 100 niños mexicanos son obligados a prestar servicios sexuales en diversas ciudades, donde sobresalen Cancún, Guadalajara y Tapachula.

La sola idea de pensar que la motivación para visitar nuestro país es la de buscar sexo con menores de edad o con mujeres víctimas de trata de blancas nos llena de rabia, pero resulta más indignante que no se ejerzan las medidas necesarias para erradicar este problema de raíz.

Se calcula que más del 80 por ciento de las víctimas que son ofrecidas a turistas son mujeres que son engañadas o forzadas a prostituirse y de estas más del 50 por ciento son menores de edad.

La desigualdad de género, la pobreza, la migración contribuyen a que México sea visto como fuente de tránsito y destino de trata de personas, siendo el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo detrás del narcotráfico.

Aunado a esto, el turismo sexual no sería posible sin la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevaleciente impunidad por parte de las autoridades locales que ven el turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas.

Por estas razones, es urgente tomar cartas en el asunto, castigando de manera más severa este delito. Aumentar las penas es solo una de las muchas acciones que como legisladores estamos obligados a tomar para desalentar estas prácticas. Nuestras leyes deben buscar que el respeto a la dignidad de nuestras niñas, niños y mujeres sea nuestra carta de presentación.

Con el aumento de las acciones que se prevén en el dictamen que hoy se somete a votación, 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa, mandamos un mensaje claro de cero tolerancia hacia los explotadores y a los consumidores.

Por esta razón, votaré a favor de aumentar las penas de turismo sexual en nuestro Código Penal a quienes resulten responsables. Y celebro que se considere como agravante cuando el explotador sea quien, por su naturaleza únicamente, debería brindarle seguridad y protección a la víctima.

Estamos comprometidos en legislar por el bienestar de las niñas, niños y mujeres mexicanos y en que México únicamente sea reconocido a nivel internacional por la riqueza de su tierra y la calidad de sus nacionales. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosas Uribe. Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez:Gracias, con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea propone el incremento de las penalidades para los tipos penales relacionados con el turismo sexual en contra de menores de 18 años.

Y aun cuando en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que el populismo penal no es una respuesta a la gravedad de la problemática que observamos, no podemos obviar que esta no constituye una grave violación a los derechos de las niñas y de los niños.

Es en este sentido que afirmamos que es responsabilidad de esta Cámara cumplir con lo mandatado por el artículo 4o. constitucional, que señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena cada uno de sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Aunque es nuestra obligación como sociedad velar por el desarrollo integral de las niñas y niños, se siguen cometiendo actos violatorios de sus derechos y de su integridad.

Su calidad de sujetos en desarrollo los convierte en uno de los grupos sociales más vulnerables a los excesos y abusos del ejercicio del poder. Y como bien han señalado diversas organizaciones y académicos, la pobreza y vulnerabilidad son condiciones que pueden llevar a los niños a transitar por caminos inexpresables: la explotación laboral, la explotación sexual, las adicciones, entre muchas otras.

Una de las circunstancias más dolorosas que muestra la gravedad de las situaciones que pueden enfrentar los niños es la explotación sexual en cualquiera de sus expresiones.

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes asegura que el turismo sexual es una actividad que lastima profundamente los tejidos de la sociedad y que se define, como toda explotación sexual, tanto de niños como de adolescentes por parte de los visitantes que mayoría son originarios de países desarrollados o visitan su propio país con la complicidad, tanto directa e indirectamente de los diferentes servicios o sectores de ramas turísticas.

Los viajes se pueden realizar de forma individual o en grupo, donde están incluidos los servicios de relaciones sexuales con personas que sean menores de edad, una vez llegado al destino elegido.

Se considera turismo sexual también a las personas que, aunque no hayan contratado ningún servicio de este tipo, aceptan diferentes ofertas que realizan las redes de explotación sexual en el destino.

La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales y en 20 por ciento de estos el sexo es buscado por los turistas, de los cuales el 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Esto significa que más de 3 millones de personas que viajan buscan sexo con menores de edad.

En México, las cifras son alarmantes, y aunque estas cifras no se tienen claras por ser imprecisas, por ser actividades que se llevan al margen de la ley, se estima que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo después de Tailandia, en turismo sexual infantil. Además, es catalogado como fuente de tránsito y destino de trata de personas.

Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que cada año alrededor de 21 mil niñas y niños son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

Es importante nuevamente que, desde aquí, en concordancia con los demás Poderes, llevemos a cabo tareas sustantivas para prevenir y combatir este delito.

En el PRD estamos comprometidos y convencidos de que es importante que se investiguen y se castiguen los diferentes agentes, los cuales tienen una vinculación directa e indirecta con el turismo sexual y que de esta manera contribuyan al aumento de este dañino fenómeno ya que son una pieza principal del mismo.

En este sentido, expresamos que el voto en nuestro grupo parlamentario va a ser siempre a favor de las niñas y los niños de este país y también, por supuesto, a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza Márquez. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González:Con el permiso de la Presidencia. En principio quiero felicitar a la Comisión de Justicia, a su presidenta, la diputada Pilar y a la proponente Marina del Pilar, del Grupo Parlamentario de Morena, por este dictamen que nos presenta, de decreto, por el cual se reforman el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.

Para Movimiento Ciudadano, el asunto que hoy nos ocupa debe ser tratado con mayor seriedad y hacer todo lo necesario para presentar ante la justicia a toda aquella persona que practique y fomente el turismo sexual, ya que dicho delito amenaza la dignidad de hombres y mujeres menores de edad, al ejercer sobre estas violencia física, sexual y emotiva por el abuso de poder.

Lo más aberrante en este delito es que quien lo comete se autojustifica argumentando que, quien tiene la culpa de que esta práctica exista son los mismos menores de edad y que, por lo tanto, no son víctimas. El problema es universal, lo que conlleva a aceptar la gravedad del mismo y por lo tanto actuar en consecuencia.

Para dar un cuadro limitado de la gravedad y de la profundidad de este problema podemos mencionar algunas cifras al respecto. A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estima que más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años se han visto obligados a mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de otras formas de violencia y explotación sexual con contacto físico.

Y de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México se estima que hay 16 mil niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, la cual es la forma más extrema de violencia que los adultos pueden ejercer contra la infancia.

Como legisladores estamos obligados a comprender la amplitud y la profundidad de este fenómeno social por lo que consideramos que es acertado el dictamen que la comisión hoy nos presenta, por medio del cual se sanciona de manera más firme a quien comete el delito de turismo sexual y al cual se le da la calidad de imprescriptible.

Por ello se da un paso real al hecho de que el escenario donde se comete este delito no solo es en el ambiente doméstico, y que las secuelas pueden llegar a manifestarse de por vida al haberse herido la dignidad de las personas.

Para mi grupo parlamentario, ningún caso de turismo sexual puede ser encubierto y/o subestimado, para lo cual es necesario cambiar la mentalidad en una búsqueda decisiva de acciones legislativas en bien de la comunidad en general y particular de las víctimas de este delito.

El encubrimiento de los abusos favorece que se extienda este mal debilitando su prevención y fortalece su práctica. Las víctimas de este delito dejan en ellas heridas profundas e imborrables que se manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción.

Entre las personas explotadas por el turismo sexual están las más vulnerables y necesitadas de una protección y ayuda especial, ya que esta práctica ilegal se centra en menores de edad robándoles algo inapreciable, su niñez y su inocencia, convirtiéndola en una acción despreciable y equiparable a la esclavitud.

En las víctimas se concentran sentimientos de angustia, tristeza, vergüenza, confusión, miedo, culpa y desconfianza, lo cual puede derivar en intentos, continuación de suicidio.

Es lamentable que desde hace 15 años México se haya convertido en un paraíso para este delito principalmente en zonas turísticas. En 2018, Sipinna declaró que el turismo sexual infantil ha ido en incremento y que los paraísos son zonas turísticas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de México.

El incremento gradual de hechos relacionados con esta trata de personas con fines de explotación sexual ha sido muy complejo e involucran principalmente redes de complicidad donde los tres órdenes de gobierno tenemos que poner atención para aplicar políticas públicas.

No existen casi organizaciones que puedan atender la situación de estos niños y también tenemos que decir que también hacen falta refugios para este tipo de víctimas y personal institucional.

De nada va a servir si nosotros aprobamos aquí que se aumenten las penas sobre este delito si tenemos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por cada 100 carpetas de investigación que se abren donde los niños y niñas son víctimas, solo alcanza sentencia una de ellas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario consideramos que el dictamen que hoy votaremos es una respuesta concreta a la justificada rabia de la gente ante este delito, por lo cual Movimiento Ciudadano se suma a esta acción positiva por parte de la Comisión de Justicia. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.

Primero, quiero enfatizar que la Constitución General de la República establece, en su artículo 4, párrafo 9, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En el dictamen que seguramente aprobaremos, se reforma el artículo 203 del Código Penal Federal para incrementar la pena a quienes practican esta nefasta conducta en perjuicio de nuestros niños.

El texto actual del párrafo segundo establece una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días multa.

En el texto de la reforma propuesta, la pena privativa de libertad se incrementa de 15 a 30 años y de mil a 30 mil días de multa, como principio. El incremento de la pena es importante y su propósito es desalentar la comisión de la conducta, pero también sancionarla de manera enérgica cuando esta se cometa.

Al margen de la disposición constitucional citada, también damos cumplimiento al derecho convencional en virtud de que la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 19, la protección de los niños para que no reciban malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

También la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé medidas de protección para nuestros niños en esta materia, y por obvias razones, son solo medidas de protección, y en todo caso, de carácter administrativo, pero no pena privativa de libertad, como es el caso de las reformas del Código Penal Federal.

El comercio sexual es un problema grave en muchos países alrededor del mundo, debido a que, como lo menciona la Organización Internacional para las Migraciones, el 20 por ciento de los viajes turísticos internacionales tienen como propósito la actividad sexual, esto significa que 3 millones de personas viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad.

El Unicef calcula que, en el mundo, alrededor de un millón 800 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual turística. El Instituto Belisario Domínguez destaca que, en México, en el año 2016, el número de víctimas de trata de personas se estimó en 500 mil casos, de los cuales alrededor de 70 mil son menores de edad sujetos a explotación sexual, donde 45 de cada 100 casos son niñas indígenas.

Destacando que en este delito están involucrados más de 47 grupos de delincuencia organizada, de tal forma que en un contexto internacional México ha sido catalogado como el segundo país con mayor actividad de turismo sexual, colocándose como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.

Por las consideraciones antes expuestas y porque nuestros niños y niñas mexicanos merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto, en el Partido del Trabajo votaremos favorablemente por este dictamen. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura. Tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández:Con el permiso de la Presidencia. Honorable pleno, en el 2016 el Unicef señaló que en el mundo había alrededor de un millón 800 mil niñas y niños que eran víctimas de explotación sexual turística. En 2017 la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas indicó que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacional, el 20 por ciento de estos desplazamientos.

El sexo es buscado por los turistas, de los cuales, un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Este dato arroja aproximadamente más de 3 millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad. En este mismo año México fue considerado el segundo lugar mundial en turismo sexual, solo superado por Tailandia.

Al respecto, datos de la Comisión Unidos Contra la Trata señalan que México es catalogado como fuente de tránsito y destino de trata de personas, donde el turismo sexual infantil ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años.

El Unicef mencionó que cada mes 100 niños mexicanos son reclutados para prestar servicios sexuales en ciudades como Cancún, Guadalajara, Tijuana, Tapachula. Datos de 2018 proporcionados por el mismo organismo internacional indicaron que más de 70 mil niñas y niños son utilizados para turismo sexual. Mientras la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito mencionó que en México 21 mil infantes son captados cada año por redes de trata, donde el 45 por ciento son niñas indígenas.

En este sentido, Encuentro Social condena energéticamente la práctica aberrante del llamado turismo sexual, el cual es un delito de esclavitud moderna y fenómeno multifactorial que ha proliferado por la corrupción, la impunidad que por décadas nuestro país ha padecido.

Más terrible es cuando participan familiares cercanos a las niñas, niños, adolescente, quienes son los que promueven esta actividad ilícita con la complacencia de las autoridades.

Esto sin duda es una de las agravantes entorno a este delito, ya que la red de complicidad, tanto de lo que promueven el acto, como la opacidad de las autoridades, que ven el turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses, para acceder a menores de edad bajo la premisa de una estancia sexual.

Nuestro grupo parlamentario coincide y acompaña el presente dictamen que reforma los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal, porque para nosotros es fundamental proteger y garantizar las libertades y los derechos de las niñas, niños, adolescentes e indígenas, que padecen con más frecuencia la trata de personas en su modalidad de turismo sexual, así como sancionar severamente a quienes operen y faciliten esta actividad.

Por ello nos pronunciamos por un México sin cadenas, por un México sin pedofilia, por un México sin trata de personas, por un México sin turismo sexual, porque no permitiremos que el cuerpo y el alma de ningún ser humano sean agredidos y violentado. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reséndiz Hernández. Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar:Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, durante los últimos años la trata de personas con fines de explotación sexual se ha incrementado alarmantemente en nuestro país, hasta posicionarlo como uno de los que registra el mayor número de casos en el mundo.

A pesar de constituir uno de los ilícitos que más daños físicos y emocionales genera, el gobierno federal carece de datos actualizados y sus acciones para identificarlo, sancionarlo y prevenirlo. Está lejos de dar los resultados esperados.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicho delito está proliferado particularmente en entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México y Quintana Roo.

Este ilícito es ejercido con total impunidad y muchas veces al amparo del poder en espacios públicos, operando como supuestas casas de masaje y servicios de acompañamiento. Lamentablemente nuestras niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas, ya que estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia arroja que por lo menos 16 mil infantes son objeto de estas prácticas que trasgreden su dignidad humana y violan sus derechos humanos fundamentales.

Se tiene documentado que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos, de los cuales al menos 3 millones se hacen con tendencias pedófilas, es decir, buscando establecer relaciones íntimas con menores de edad, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Este contexto refleja escenarios de violencia, inseguridad y situaciones de alto riesgo, en estados con vocación turística, pero principalmente evidencia la operación de bandas delictivas que atentan y vulneran el interés superior de la niñez.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, por el cual se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal.

Estamos convencidos de que con estas modificaciones no solo se incrementarán las medidas de acceso a la justicia, sino que además se fortalecerán las acciones de protección y seguridad a las víctimas bajo los principios de oportunidad, progresividad y máxima publicidad.

Compañeras y compañeros legisladores, de aprobarse en sus términos se homologará el marco jurídico, ya que el Código Penal Federal establecerá las mismas sanciones que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual estipula cargos de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días como multa.

Con respaldo de su voto se prevendrán disparidades en las penas y suspenderán lagunas jurídicas que benefician a los delincuentes. Se desprotege a las víctimas de la importancia de incorporar estos preceptos en los supuestos del artículo 205 Bis. Con su entrada contaremos con mayores herramientas de coordinación e intercambio de información para el combate frontal del turismo sexual.

Debemos promover mejores acciones legislativas y políticas públicas para garantizar un marco jurídico que permita su sanción efectiva y erradicación, pero particularmente que asegure la protección y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel Saldívar. Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Lizbeth Mata Lozano:Gracias, presidenta. Diputadas y diputados de este Congreso, los delitos sexuales representan una de las manifestaciones más perversas de la violencia contra las personas. Supone múltiples tipos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Algunos de ellos, como el turismo sexual, constituyen formas de esclavitud en la actualidad que quebrantan gravemente los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Este tipo de delitos constituyen un negocio mundial a través del cual, redes delictivas nacionales y trasnacionales hacen grandes negocios que les representan altísimas ganancias ante la creciente demanda, la impunidad y la corrupción que contextualizan a estos delitos.

El turismo sexual infantil representa la explotación sexual de niñas y niños a cambio de un pago por parte de turistas nacionales o extranjeros a personas que promocionan lugares turísticos cuyo mayor atractivo no lo constituye un lugar en sí, sino la inclusión de niñas y niños para su explotación sexual en lugares accesibles para el ejercicio impune de este tipo de violencia sexual.

En los últimos años ha ido en aumento el turismo sexual en México, pues se estima que alrededor de 16 mil niñas y niños están atrapados en la prostitución y la mayoría se encuentra en los destinos turísticos del país.

En este sentido es que en México existe tipificado el delito de turismo sexual, mismo que en la legislación mexicana se le conoce como delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad.

Asimismo, tanto el Código Penal Federal como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, establecen penas para quienes cometan el delito de turismo sexual. Sin embargo, es necesario que la legislación se armonice, ya que el Código Penal Federal señala una pena menor a la que la Ley General establece.

Es así que quienes integramos la Comisión de Justicia emitimos este dictamen, que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal, para imponer una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días al autor del delito de turismo sexual.

De este modo se pretende que se le trate como un delito grave y no tan a la ligera, pues actualmente el del Código Penal contempla una penalidad muy baja para el tipo de daño que ocasiona a las niñas y niños y a la sociedad misma.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo en que este delito debe sancionarse de forma severa para que quienes lo cometan paguen las consecuencias del daño que ocasiona. Defendamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ayudemos a que los delitos en contra de todas y todos ellos sean sancionados adecuadamente.

Por lo anterior, consideramos que estas razones son más que suficientes para que se vote a favor el presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Mata Lozano. Tiene la palabra el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado David Orihuela Nava:Con su venia, diputada presidenta. Diputados y diputadas, quisiera iniciar este posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. No sin antes externarle un amplio reconocimiento a la diputada Marina del Pilar Ávila Almeda, quien es la que presenta el presente dictamen con proyecto de decreto.

Comentarles que en nuestro país son las niñas, niños, adolescentes, mujeres indígenas y migrantes los más vulnerables, propensos a ser convertidos en una mercancía cuyo fin es la explotación de diversas formas.

Anualmente miles de víctimas de trata son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones de esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores. Uno de ellos y en el que en este dictamen nos ocupa es el turismo sexual.

Entre 2017 y 2018 México fue ubicado como el segundo lugar a nivel mundial en materia de turismo sexual, de acuerdo a datos proporcionados por la ONU, solo por debajo de Tailandia.

De acuerdo con información presentada por la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, donde 20 por ciento de las personas buscan sexo. De la cifra anterior, el 3 por ciento tiene una tendencia pedófila, lo que significa que al menos 3 millones de turistas van por el mundo buscando sexo con niñas y niños.

Las cifras anteriores son focos rojos que no han sido atendidos de manera oportuna, permitiendo que los números continúen aumentando debido a la invisibilización, corrupción y a la incorrecta aplicación de las leyes actuales vigentes respecto al tema.

La maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, ha dado datos en los que señala que algunas de las causas de que niñas y niños sufran de trata de personas, explotación y turismo sexual, están relacionadas con el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, pero también tienen que ver con la inseguridad, ya que en muchos casos estas prácticas derivan de secuestros.

Por otro lado, la facilidad con la que en internet pueden cometerse ilícitos como el comercio ilegal, ha servido como plataforma potenciadora de este problema, pues en distintas webs y foros puede encontrarse información para contactar y ubicar los destinos y lugares en los que existe una oferta de turismo sexual, así como comprar a las víctimas.

El Unicef y el DIF y diversas organizaciones nos indican, a partir solamente de estimaciones, que alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes, víctimas de estas prácticas en todo el territorio nacional, destacando puntos rojos de incidencia como son el puerto de Acapulco o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la situación tiende a agravarse en comparación con el resto del país.

El contenido a la presente iniciativa pretende aumentar la pena establecida por el artículo 203 del Código Penal Federal, ya que en su exposición de motivos señala que se han incrementado gradualmente los ilícitos relacionados con la trata de personas y de la explotación sexual, siendo un negocio lucrativo para la delincuencia organizada.

En el texto vigente del artículo 203 del Código Penal Federal, los delitos en materia de trata de personas, perdón, señala la pena de 7 a 12 años y de 800 a 2 mil días de multa. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar a los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establece en su artículo 13, la conducta atípica de turismo sexual, fijando una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días multa, justo como se está planteando en esta propuesta de modificación, esto con la finalidad de evitar disparidad de penas entre un ordenamiento y otro.

Escapar del turismo sexual es complicado para sectores vulnerables como lo son los niños, niñas y comunidades pobres de nuestro país. Es ahí donde se concentran los mayores casos del ilícito, ya lo hemos visto con las cifras expuestas.

Este delito es un cáncer que crece de manera alarmante en nuestro país afectando de forma severa la vida de sus víctimas y la seguridad de nuestro México, a tal grado de que nuestro territorio es considerado como uno de los paraísos del mundo de turismo sexual.

Debemos comenzar a generar medidas que nos permitan avanzar a la solución de esta problemática y asegurar justicia a las víctimas de estos delitos. Endurecer las penas para los actores de estos, es un paso firme que coadyuvará a garantizar que ninguna persona sea explotada con fines de turismo sexual.

Es por ello que a nombre de la Comisión de Justicia hago el llamado a todos ustedes, compañeros y compañeras, a manifestarse con su voto a favor del presente dictamen en favor de los niños y niñas de México. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Orihuela Nava. Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, tiene la palabra para hablar, en contra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas. Mi compañero Luis Enrique da un dato verdaderamente demoledor que yo no conocía. Que México es el segundo país de turismo sexual infantil en el mundo. Es verdaderamente brutal, inhumano, terrible, incalificable.

¿Se va a resolver con una ley y con endurecimiento de pruebas este tema? No. Es un paso necesario absolutamente, pero yo aquí en esta tribuna he sostenido que cinco de cada 10 niños comen una vez al día en este país; 50 por ciento de los niños y niñas mexicanas comen una vez al día; y si son indígenas, ocho de cada 10, el 80 por ciento.

Están sujetos a trabajar, están sujetos al abuso, están sujetos a la explotación y el paso a la explotación sexual es simplemente evidente.

Si no cambiamos la estructura económica de nuestra patria seguiremos condenando a nuestros niños y a nuestras niñas a que sean carne del turismo sexual. Eso es monstruoso, cuando las niñas y los niños deberían estar en la escuela jugando, desayunando, comiendo y almorzando, comiendo tres veces al día.

El gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, el 19 de noviembre de 1910, en el diario Regeneración, decía: “Mañana vamos a tomar las armas, mexicanas y mexicanos, y vamos a triunfar, vamos a derrocar al tirano, pero no nos conformemos con cambiar a Porfirio Díaz con otra persona, porque si no cambiamos el sistema económico, no cambiaremos nada en esencia”.

Esta revolución sin violencia tiene que plantearse una profunda transformación del sistema económico. Yo estoy convencido de que desde México debemos construir otro camino para la humanidad, que erradique estas lacras de las que estamos hablando, de que son inaceptables, inhumanamente inaceptables.

Acabo de estar en un Congreso Nacional de Filosofía–Pierre Sané, de Senegal, que presidió Amnistía Internacional, decía que la pobreza es una violación brutal a derechos humanos. Aquí tenemos la muestra de que es así. Efectivamente es una violación a derechos humanos inaceptable, negarle a la gente que coma tres veces al día, que tenga un techo, que tenga acceso a educación, a vivienda, a cultura. Y por eso me indigna tanto cuando la oposición se sube aquí a tribuna a decirnos cosas, cuando durante 30 años han impuesto las políticas económicas que han generado que México sea el segundo lugar en turismo sexual del mundo, carajo. Eso es inaceptable, inaceptable.

Y por eso no tolero tampoco sus majaderías, no se las voy a aguantar ni una sola, se las voy a responder y no voy a caer en sus provocaciones trotskistas.

No, los majaderos son ustedes que vienen a decir, aquí hay cosas que no hicieron desde el gobierno, que hicieron que este país sea el segundo lugar de turismo sexual infantil del mundo, que hicieron que sea el segundo lugar con periodistas asesinados del mundo. Los majaderos y los insolentes y traidores al pueblo son ustedes que le dieron la espalda al pueblo de México, y que olvidaron que era el origen de la Revolución Mexicana. Ustedes son los majaderos, ustedes son los insolentes, ustedes son los desmemoriados, ustedes son los desvergonzados.

Se necesita cara dura para venir a esta tribuna a sostener lo que sostienen. No son una oposición seria, no lo son, ojalá lo sean. Aspiro seriamente a que lo sean. Termino.

Vengo a aquí a exigirles respeto a la oposición, debatan con seriedad, den argumentos, den datos, den cifras, dejen de insultar, además desde el anonimato de sus tribunas dejen de insultar, desde el anonimato de sus tribunas.

Por supuesto, son un vendepatrias, son unos traidores al pueblo, es lo que son. Por eso fueron arrasados el 1o. de julio y por eso van a volver a ser arrasados en 2021, y en cuanto proceso electoral se presente.

Y vine a hablar aquí a favor del dictamen. Pedí la palabra en contra como una práctica parlamentaria porque no podía intervenir y no les iba a dejar inmunes sus majaderías. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Lixa?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para una moción, presidenta, toda vez que el orador se ha referido a que su intervención fue a favor. En primera, solicitar que sea contabilizada como tal, y en segunda, creo que es importante que la Presidencia llame al orden a todos los diputados para no mentir en el registro y hacer una chicana con el Reglamento.

Se viene a pedir respeto y se anuncia de forma deliberada una violación, con el único objetivo de engañar el procedimiento a la Mesa Directiva, es inadmisible y tiene que ser reconvenido. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Queda registrada su moción, diputado Lixa. Y tiene el uso de la palabra para hablar en pro...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, ¿con qué objeto diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con el objeto de la alusión del diputado que me antecedió. Yo no engaño ni engañé, simplemente...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No da pie, diputado Fernández Noroña, es una moción que presentó el diputado Lixa. Queda registrado en el Diario de los Debates...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No hay ningún engaño. Aceptó las majaderías en mi contra...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Y procedemos a continuar con la lista de oradores.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): ...sola palabra, con una falta de respeto inaudita. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero:Con el permiso de la Presidencia. El turismo sexual en México es una de las formas más extremas de violencia que los adultos ejercer contra la infancia. El turismo sexual constituye una grave violación a los derechos de la niñez, es una vergüenza nacional y un agravio contra las víctimas y contra la sociedad en su conjunto.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la explotación sexual comercial infantil es una violación a los derechos humanos y una forma de explotación económica, la cual ocurre cuando una persona o grupo de personas enganchan o utilizan a niñas, niños o adolescentes, en actividades sexuales con el objetivo de satisfacer sus intereses o los de terceras personas a cambio de cualquier remuneración, sea económica o de otro tipo.

Por su parte el Departamento de Estado norteamericano menciona que México es un país fuente, tránsito y destino para la explotación sexual infantil. Gran cantidad de niñas son traídas con engaños desde Guatemala, Honduras, El Salvador, y son vendidas a bares, mantenidas en situación de esclavitud y obligadas a prostituirse con el pretexto de cubrir sus gastos de alojamiento y alimentación.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, solo por debajo de los fraudes y la extorción.

Por su parte, el capítulo México de ECPAT, que es la Organización Internacional para poner fin a la Prostitución, Pornografía y Tráfico de Niños con Fines Sexuales, con presencia en más de 70 países, señala que México es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual. Destacan ciudades tristemente como Tijuana, Cancún, Acapulco, y es conocido en el argot como el Van Gogh de América Latina.

La mayoría de los turistas sexuales proceden principalmente de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania. Además, es de mencionar que no tienen un perfil determinado, ya que pueden ser desde pederastas hasta clientes ocasionales.

Compañeros, creo que estamos todos en la inteligencia de que como legisladores tenemos la atribución legal para emitir leyes, no obstante, nuestra presencia aquí también reclama el cumplimiento de nuestra obligación ética de proteger en el ámbito de nuestra competencia a nuestras niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, debemos realizar acciones que castiguen a todo aquel que promueva, publicite, invite, facilite o gestione el turismo sexual infantil. Acciones que desincentiven y eviten que se ponga un menor a disposición de un sexoturista. Este turismo sexual es un cáncer social que desgraciadamente se asume como parte del entorno y por ello se ignora flagrantemente su práctica.

En ese contexto, la familiarización de los riesgos tiene relación con una extendida justificación, que asume que una niña, un niño o un adolescente que acompaña al sexoturista, lo hace porque así lo ha decidido el propio menor. Esto es falso, ese argumento es parte de un estereotipo perverso y muchas veces machista, frecuentemente utilizado por los pederastas. Es falso, es una justificación retrógrada que busca el dominio de unas personas sobre otras, que son muy vulnerables.

Queremos que se escuche claro y fuerte: Las y los menores de edad no entran en contacto con sexoturistas por decisión propia, sino porque son víctimas del delito de trata de personas.

Por ello el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Queremos enviar un mensaje muy claro a los tratantes y a los turistas sexuales: Ese delito atroz, en contra de la niñez mexicana, se acabó, lo vamos a perseguir, no habrá impunidad y vamos a castigarlos con toda la fuerza de la ley. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, el turismo sexual es una de las peores formas de abuso y esclavitud moderna en todo el mundo.

Por este motivo, Encuentro Social se pronuncia a favor de armonizar nuestro marco normativo para incrementar la pena a quien cometa el delito de turismo sexual, el cual más allá de las cifras, que son deprimentes, este delito altera la estabilidad social, la tranquilidad y, sobre todo, la libertad de las personas y más aún, cuando las personas son niños, niñas, adolescentes e indígenas y en su mayoría mujeres, los cuales como grupos vulnerables son violentados, esclavizados y obligados a tener relaciones sexuales bajo amenazas e intimidación.

En este sentido, es un tema prioritario para nuestra sociedad, los cuales han sumado esfuerzos. Un ejemplo de ello se dio en la entrada, en el 2012, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Sin embargo, se omitió armonizar el Código Penal Federal en el delito de turismo sexual, delito que lesiona el libre desarrollo de la personalidad de los seres más importantes para cualquier sociedad en el mundo, que son los niños.

Por tal motivo, esta modificación del Código Penal Federal es de relevancia y que pone en sintonía las penas y sanciones económicas del delito de turismo sexual en el Código y Ley General mencionados, para que el autor de este delito se imponga a una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa y se aumentarán al doble la pena y la sanción económica cuando el autor del delito sea una persona con algún parentesco o que sea su familiar.

Con esta reforma se elimina la sanción que está en el Código Penal Federal actualmente, la cual es menor a la establecida en la Ley General y creaba duplicidad de las normas en estos ordenamientos, que en su momento podrían beneficiar al autor del delito.

Por esta razón, Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, en aras a consolidar las garantías de los menores y de grupos vulnerables que padecen del delito de turismo sexual.

Porque Encuentro Social, por su parte, tiene la convicción y compromiso de velar por el interés superior de los niños y los grupos vulnerables. Sabemos que no podemos permanecer pasivos ante esta situación y que valen la pena todos los esfuerzos que se lleven a cabo para la prevención, erradicación y castigo justo para aquellos que vulneran la dignidad de las personas, su libertad y su integridad física y emocional.

Porque un México en donde el turismo sexual sea una práctica totalmente erradicada, es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Torres Díaz. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado... Permítame un momento. Diputado Lixa, ¿con qué objeto?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta, con mucho respeto. Nuevamente insistir en el cumplimiento del artículo 104, fracción VIII. Yo sé que la simulación de registrar a una persona en el sentido contrario puede ser una chicanada parlamentaria. Sin embargo, en las hojas de registro que nos entregan a los grupos parlamentarios, quien se subió a simular estaba registrado en pro, no en contra, eso fue un cambio de último momento. Es evidente, con pruebas, que estaba registrado en pro.

Han transcurrido ya tres oradores en pro, uno que estaba inscrito, que se movió pero que fue una violación y una burla confesa al Reglamento, y creo que esta asamblea no debe permitirlo, hay que sentar un precedente. Engañar al pleno no debe ser premiado de ninguna manera. Solicito que se aplique el Reglamento, que sea el pleno quien decida si la discusión terminó o continúa. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Efectivamente, diputado Lixa, el Reglamento se aplicará y el Reglamento le otorga a esta Presidencia la responsabilidad de la conducción de la sesión.

Y esta Presidencia llama para hablar, en pro, al diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena. Una vez que haya concluido el diputado Guzmán Valdez, procederé a consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Adelante, diputado Guzmán Valdez.

El diputado Édgar Guzmán Valdez:Con el permiso de la Presidencia. “Que ninguna palabra ni una mirada obscena manchen la casa donde haya un niño”. Juvenal.

Compañeras y compañeros diputados, el turismo sexual infantil es un delito aberrante que nos lacera como sociedad, un delito que atenta contra la dignidad humana, la integridad física y psicoemocional de las víctimas. Un delito que constituye, junto con las demás modalidades de trata de personas una nueva forma de esclavitud, la cual tiene como importantes desencadenantes la pobreza y la desigualdad.

Este delito es alarmante, ya que, de acuerdo con el fondo internacional de emergencia de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial, donde los puntos rojos han sido las ciudades de Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han sacado a la luz diversos casos de cómo se compran los servicios sexuales de niñas, niños y adolescentes.

Una de las formas más comunes es a través de internet y las redes sociales, donde los propios familiares ofertan a menores de edad para brindar servicios sexuales, e incluso los servicios forman parte de paquetes turísticos.

El turismo sexual infantil involucra una serie de complicidades que van desde la participación hasta el silencio. Complicidades que se gestan en la corrupción y muchas veces en el amparo de las autoridades. De ahí la tolerancia e impunidad.

En razón de lo anterior, el Unicef ha realizado diversas recomendaciones para eficientar la lucha contra el turismo sexual, entre las que destacan adoptar medidas que permiten reforzar la aplicación de las leyes existentes, o efectuar las modificaciones necesarias para hacer efectiva la persecución de los agresores en materia de turismo sexual.

Así como verificar que en todos los casos se prescriban acciones para los agresores, explotadores, enganchadores y todos aquellos que obtengan beneficios derivados de la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes.

En virtud de cumplir con las recomendaciones internacionales de Unicef, así como respetar la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, es necesario adecuar nuestra legislación interna para que todos aquellos delincuentes que obligan a nuestros niños y adolescentes al turismo sexual sean llevados ante la justicia y reciban una sentencia con estricto apego al marco internacional.

No podemos permitir que sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario que desde este Poder Legislativo actualicemos la norma jurídica para erradicar el abuso y el maltrato infantil.

De ahí que celebramos la propuesta que aquí discutimos, una propuesta que, al homologar los temas entre los dos ordenamientos que sancionan el delito de turismo sexual, le cierre la puerta a la impunidad, al evitar lagunas jurídicas e interpretaciones disímbolas. Esto es, empatar lo previsto en la Ley de Trata con el del Código Penal Federal, para que haya una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa en ambos ordenamientos legales.

El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor el presente dictamen. Hacerlo es votar a favor de la niñez mexicana, es votar a favor de erradicar esa detestable cultura que cosifica a los seres humanos. Las niñas, niños y adolescentes no son juguetes sexuales, son personas sujetas de derechos e investidas de dignidad humana. El Estado debe garantizar su protección. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros diputados, una vez que haya concluido esta votación vendrá inmediatamente después una votación nominal a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Cordialmente se les invita a todas y a todos a permanecer en el salón para que puedan, inmediatamente después, votar este acuerdo. Es votación nominal.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 388 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 388 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputada Álvarez, por favor, ¿con qué objeto, diputada, por favor?

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Pueden contar mi voto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tome nota la Secretaría, si es tan amable. Con el voto de la diputada Ivonne Álvarez serán 389 votos a favor del dictamen.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

SE MODIFICAN LAS FECHAS DE LAS ETAPAS DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS OIC DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIV Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las fechas de las etapas de las convocatorias para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 numeral 1 y 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que el 12 de marzo de 2019, se aprobaron los acuerdos para las convocatorias relativas a la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria y el 15 de marzo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación.

II. Que en las convocatorias se señalan las fechas para el debido proceso en cada una de las etapas que las conforman.

a) Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares que se indican de los Órganos Internos de Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación;

b) Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la convocatoria para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República;

c) Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la convocatoria para la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y;

d) Convocatoria de la Cámara de Diputados, para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

III. Que, en los acuerdos aprobados, se establece que lo no previsto será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

IV. Que para la Cámara de Diputados es importante dar la mayor difusión y permitir la participación ciudadana y recibir propuestas de la sociedad, en un proceso abierto, público, amplio e inclusivo.

V. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de permitir en tiempo y forma el desarrollo de cada una de etapas de las convocatorias, la Junta de Coordinación Política considera necesario modificar las fechas de las comparecencias.

En virtud de lo anterior se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se acuerda la adición de una etapa 3 Bis y modificación de las fechas de las etapas 4 y 5 de las convocatorias para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación quedando de la siguiente manera:

Segundo.Con el propósito de que las y los aspirantes conozcan plenamente el formato de las entrevistas, y desahogar las comparecencias de las y los candidatos que cumplieron con los requisitos, a efecto garantizar su derecho de audiencia y conocer su interés y razones respecto a su probable designación en el cargo, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación establecerán su método y formato, conforme a un acuerdo que se aprobará y publicará oportunamente en la página de internet y en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorios

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2019.—- Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguien más falta de votar? Ciérrese el sistema votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 376... Diputado, ¿nombre?

El diputado David Orihuela Nava (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: David Orihuela, a favor.

Presidente, son 377 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Creo que hay algún inconforme.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: ¿Su nombre, por favor? Diputada María Rosete.

La diputada María Rosete Sánchez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: A favor. Diputado.

El diputado Juan José Canul Pérez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Diputado José Canul, a favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Hay más?

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Diputada González Márquez.

La diputada Karen Michel González Márquez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: ¿Diputada María Alemán?

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: ¿Diputado Daniel Martínez Terrazas?

El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Señor presidente, 382 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese. Por 382 votos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, para fundamentar el dictamen.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:Con su permiso, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, vengo a esta tribuna para fundamentar a nombre de la Comisión de Justicia el dictamen sobre la iniciativa con proyecto que adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El sistema penal acusatorio, instituido en nuestro país desde 2008, reviste un cambio fundamental en la forma en que nuestro Estado evoluciona hacia la constitución de un estado democrático de derecho, el sistema penal acusatorio se convirtió quizás en la primera pieza de ese cambio que ha dado nuestro Estado, nuestro país para consolidarse como tal.

Una de las características del sistema penal acusatorio es el garantismo, que por una parte centra su atención en visibilizar y proteger a la víctima del delito, pero por la otra protege también los derechos humanos del imputado...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañeros. Compañera, un momento. Noto una falta casi general de atención a la compañera, aunque no sean adultos mayores, por favor, o si lo son, con más razón.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidente. Continúo. Es el último dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia y, bueno, les señalaba que una de estas piezas fundamentales tiene que ver con el equilibrio procesal entre víctima e imputado.

De hecho, la construcción de esta Ley de Ejecución Penal se genera como el último eslabón del Sistema Penal Acusatorio y constituye también la última etapa del procedimiento. Se decidió por el legislador, que esta ley protegiera los derechos, tanto de imputados que están en prisión preventiva como quienes ya están purgando una pena en prisión.

De tal manera, siendo este básicamente uno de los objetivos del juez de ejecución penal, que es velar por estos derechos humanos, se centra una gran atención en la ley, en casos como el de mujeres en prisión; el de los hijos de mujeres en prisión que acompañan a sus madres; el caso también de personas con discapacidad, pero también el de los adultos mayores. A estas personas nos referimos en el presente dictamen.

La población de adultos mayores, considerados como aquellas personas mayores de 60 años de edad en la ley respectiva, en nuestro país asciende a 13 millones de acuerdo con el Consejo Nacional de Población.

Se trata de una población que paulatinamente por la dinámica propia de los cambios demográficos de la sociedad actual crecerá cada vez con mayor velocidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de personas adultas mayores pasó de 6.2 en 1990, a 10.5 por ciento en 2017, lo cual significa que prácticamente se duplicó en 30 años, creando una tendencia generacional, que sin duda significará uno de los cambios sociales de mayor trascendencia en este siglo y en consecuencia impondrá nuevos retos y desafíos para las políticas públicas implementadas en materia de salud pública y de atención social que se requieren por las características propias de su edad.

Particularmente existe un sector de esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, me refiero a las personas mayores internas en centros penitenciarios. El análisis de condición especial de estas personas más allá de ser un problema de corte social se trata de un asunto de derechos.

En una aproximación general, el reconocimiento de los derechos de las personas en reclusión ha sido una materia explorada en el derecho internacional de los derechos humanos. Cito como ejemplo la sentencia 124, de 1993, de la Corte Interamericana, que sostuvo lo siguiente: la dignidad humana, como ya se estableció, es fundamento de la organización social, tiene su desarrollo en el derecho a la igualdad. Toda persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades dentro de la relación individual–sociedad.

Sin embargo, en razón de esta misma igualdad, se impone un trato compensatorio a aquellos grupos que se encuentran en una situación de particular debilidad manifiesta, en cuanto a que estos no pueden acceder fácilmente a los medios materiales que les permitan hacer efectiva su dignidad en el marco de igualdad.

Existe un derecho de las personas a vivir dignamente. Este es inherente, es decir, a ser parte de su esencia. Y como tal, es un elemento perfeccionante que no puede ser renunciado.

El artículo 5o. de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece la obligación en relación con las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios anuales, ha señalado las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores, principalmente en relación con la garantía de acceso a los derechos a la salud y a la alimentación, así como ciertas condiciones que propician una mayor vulnerabilidad y desventaja respecto a otros internos que no tienen esta característica de vulnerabilidad.

En su pronunciamiento sobre la supervisión penitenciaria de 2016, la propia CNDH consideró de manera específica la vulnerabilidad de estas personas adultas mayores y estableció la necesidad de que los centros penitenciarios tengan registros de esta población y de sus necesidades. De que se cuente con accesibilidad a instalaciones, atención médica, equipos médicos de apoyo, talleres de acuerdo a sus necesidades, dietas adecuadas, acceso a instalaciones deportivas, instalaciones de visita íntima y familiar, así como acciones para evitar que sean discriminados, pues actualmente no existe información fehaciente que permita conocer la cantidad de personas mayores en reclusión, ni sus condiciones generales en cuanto al acceso a la salud y a la alimentación, entre otros.

Por estas razones, la Comisión de Justicia coincide con quien promovió esta iniciativa, en la necesidad de realizar una adición en el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar lo siguiente: que cada centro penitenciario cuente con un registro de las personas de más de 60 años, que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyo y ubicación.

Que con esta información las autoridades penitenciarias puedan implementar políticas públicas que garanticen a estas personas el pleno respeto a sus derechos. Que el Poder Ejecutivo federal, así como los respectivos de las entidades federativas, contarán con 180 días para realizar las adecuaciones conducentes a través de su normatividad reglamentaria.

Con estas disposiciones se podrá contar con información oficial que permita conocer el estado real de las personas mayores internas en centros penitenciarios y con ello se podrán tomar mejores acciones y acceso a una vida más digna para estas personas.

Es importante señalar y recordar que quienes hoy están purgando una pena privativa de libertad han perdido un derecho, ese derecho que está restringido por la imposición de la pena, pero no el resto de sus derechos. En consecuencia, el Estado mexicano debe garantizar los mismos.

Es por ello que ponemos hoy a consideración de esta asamblea esta importante adición a la Ley de Ejecución Penal. Y aprovecho también para felicitar a todos y todas quienes integran la Comisión de Justicia, porque hemos podido llevar a cabo la discusión y el análisis técnico de una serie de instrumentos legislativos que seguro serán justamente para enriquecer y mejorar nuestro sistema de justicia. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Tiene la palabra el diputado Humberto Pedrero Moreno, que aparece como del Verde y como de Morena. Que es su nombre, además.

El diputado Humberto Pedrero Moreno:Gracias, presidente. México se ha comprometido en numerosos tratados internacionales al legislar en favor de los grupos vulnerables. Prueba de ello fue la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, que entre sus fines destacan proteger el desarrollo armónico de las facultades y aptitudes de las personas de la tercera edad, garantizando a su vez el respeto a la dignidad, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, a la familia, a la participación en la vida cultural y el deporte.

La Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, realizada por el Inegi, identificó con el 37 por ciento a la discriminación como el principal problema que enfrentan las personas mayores a 60 años y, en segundo término, con 31 por ciento el abandono y el maltrato.

Estas situaciones de vulnerabilidad demandan una atención inmediata, las circunstancias se complican aún más cuando se trata de adultos mayores que se encuentran recluidos por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad.

Una encuesta sobre personas mayores en reclusión penitenciaria que realizó en el 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontró que hay una población total de 6 mil 334 ancianos en los 32 estados del país, víctimas de condiciones infrahumanas, quienes enfrentan violaciones a sus derechos humanos, negligencias y abandono institucional.

Las graves condiciones que padecen los adultos mayores en las cárceles del país confirman las carencias en las que se encuentran los ancianos presos en materia de salud, alimentación y estancia digna de acuerdo a su edad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca la disminución en los últimos años el porcentaje de personas que se encuentran entre 60 y 66 años y el incremento exponencial de los que tienen más de 66 años. Además, esta población representa el 4.1 por ciento de los reclusos del país.

En general, por lo avanzado de su edad y por los años pendientes para terminar su condena, es altamente probable que no logren pasar mucho tiempo en libertad en lo que les queda de vida, por lo que es obligación del Estado garantizarles las condiciones necesarias para llevar una vida digna durante su condena.

Debemos recordar que el derecho a la protección de la salud se extiende a absolutamente todos los mexicanos y que centros penitenciarios deben regirse en estricto apego al derecho de los derechos humanos de los reclusos, cuyo objetivo debe ser una buena preparación para que puedan reintegrarse a la sociedad como personas productivas, garantizándoles en todos los casos las condiciones necesarias para pagar la deuda social de la manera más humanamente posible.

Además, de acuerdo a los datos del Inegi, de 2010 a 2017, el número de centros penitenciarios se ha disminuido en 12 por ciento, mientras que el número de reclusos se ha disminuido únicamente en 1.5 por ciento, esto representa un reto adicional para las condiciones de vida de los reclusos por la sobrepoblación que se vive en estos lugares.

Establecer como obligación que todas las cárceles del país lleven un registro de adultos mayores que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, permitirá a las autoridades implementar políticas públicas que garanticen el pleno respeto de sus derechos.

Las condiciones de desventaja por las necesidades de atención que demandan estos adultos mayores requieren que sean atendidas de manera urgente para que tengan las mismas condiciones y garantías que el resto de las personas en reclusión.

Por esta razón votaremos en favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene el uso de la palabra, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea el día de hoy atiende un grave problema del sistema penitenciario nacional.

Debemos estar conscientes de las graves condiciones que las personas privadas de su libertad tienen que afrontar debido a los autogobiernos en las cárceles, la corrupción de las autoridades penitenciarias, así como el hacinamiento y la falta de circunstancias que les garanticen una vida digna mientras pagan su deuda con la sociedad.

Las dificultades sistémicas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano no son nuevas y desgraciadamente quienes más sufren estas deficiencias son aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores.

Estos problemas van desde su ubicación en los espacios carcelarios que les permiten una estancia digna, ya que no responden a sus necesidades físicas, falta de equipo de apoyo como sillas de ruedas, andaderas, bastones hasta la falta de medicamentos y el abandono de sus familiares, y no digamos ya de la atención médica o nutrición acordes a su edad en caso de requerirlo.

Según el órgano desconcentrado de readaptación social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta junio de 2017 se encontraban privadas de su libertad 209 mil 782 personas, de las cuales 5 mil 846 son adultos mayores y 234 son mujeres y 612 hombres. De ellas, el 59.03 por ciento tenía entre 60 y 65 años, y el 40.97 por ciento más de 66 años de edad.

No obstante las múltiples y constantes recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno federal poco ha hecho para resolver la problemática de los centros de readaptación social y mucho menos para la atención de aquellas personas adultas mayores que tienen requerimientos especiales. Las mujeres en esta condición particularmente sufren de abandono y violaciones consuetudinarias a sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

A pesar de que esta situación ha sido multievidenciada por la Comisión Nacional solicitando no solo la atención a sus necesidades de alojamiento, de tal manera que sus requerimientos conforme a su edad y vulnerabilidad les permita una integración en igualdad de condiciones que las otras reclusas para cumplir con la finalidad de su internamiento, es decir, la reinserción social.

Señala la CNDH, que entre las principales dificultades que tienen que afrontar los adultos mayores en privación de libertad, se puede señalar que el 44 por ciento de los presos mayores se encuentran clasificados inadecuadamente en pisos superiores de los centros o en la parte alta de las literas.

El 29 por ciento carece de rampas para movilizarse, el 11 por ciento carece de programas de reinserción social, de un 7 por ciento no hay registros y un 8 por ciento no tienen dietas adecuadas y al uno por ciento le faltan aparatos ortopédicos para moverse o prótesis.

Asimismo, con base en las cifras obtenidas las personas con más de 70 años y una pena de más de 10 años estarían obteniendo su libertad alrededor de los 80 años de edad, por encima del promedio de esperanza de vida planteada por el Inegi, en 2016 que fue de 75 años, lo que les impediría alcanzar la reinserción social como fin de la pena si no se observan los criterios necesarios para ello, estableciendo una nueva violación a sus derechos humanos, revictimizándolos sin posibilidad de resarcimiento alguno debido a las altas probabilidades de un deceso en encarcelamiento.

Todo lo anterior se presenta cotidianamente en los centros de reinserción social, federales, estatales y municipales, no obstante que nuestro marco jurídico profundamente garantista pretende avalar al máximo el ejercicio de los derechos humanos.

Es por ello que celebramos la adición de un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal en el que establece que todos los centros penitenciarios posean un registro en el que se asienten los datos de las personas mayores de 60 años, entre los cuales deben encontrarse sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, de tal manera que la autoridad penitenciaria pueda realizar las acciones correspondientes para que todas las personas puedan gozar dentro de su internamiento de los derechos humanos que le son inherentes.

En consecuencia y plenamente obligados en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, expresamos que el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante:Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, según cifras del Inegi, en México hay más de 12.5 millones de adultos mayores de 60 años, de los cuales aproximadamente 188 mil están privados de su libertad en centros penitenciarios. Un gran porcentaje de ellos cuenta con problemas de salud debido a la misma naturaleza humana.

Es necesario precisar que, independientemente de que estén recluidos, sus derechos humanos siguen vigentes, lo cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

En general, la Constitución, los tratados internacionales y demás normas aplicables para las personas de 60 años o más, mencionan que deben prevalecer ciertos derechos humanos.

Cito algunos de ellos:

1. La integridad, dignidad y de preferencia, lo cual implica que el Estado debe brindarles protección a los adultos mayores, así como darles oportunidades de tener una vida de calidad, aun cuando se encuentren en prisión.

2. A la certeza jurídica, que se basa en que las autoridades den un trato digno y apropiado en los procesos jurisdiccionales en los que se involucren, así como recibir asesorías jurídicas gratuitas.

3. A la salud y a la alimentación. Las personas mayores tienen derecho a recibir lo satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y recibir también capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.

4. Accesibilidad universal. Los centros penitenciarios deben contar con la infraestructura para que mujeres y hombres de 60 años o más, tengan libertad de moverse dentro de la misma.

Lamentablemente en México aún no se cuenta con políticas públicas para este sector poblacional. Por ello, esta iniciativa puede ser un importante parteaguas en la creación de normas, instrumentos, instituciones y demás que coadyuven en el cuidado de los adultos mayores que se encuentran recluidos.

Y por ello mismo me congratulo que esta iniciativa se enfoque en ese sector tan desprotegido. Aprovecho felicitar por ello a la diputada Hortencia Garay por esta iniciativa, y a la Comisión de Justicia, por su dictamen.

En ese sentido, siempre nos hemos manifestado a favor de las iniciativas que tengan como un objetivo real el beneficio de una población tan importante como lo son nuestros adultos mayores.

Por tal motivo, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez:(Habla en su lengua originaria). Señor presidente, con su permiso. Hombres y mujeres. Diputados y diputadas. Muchas gracias.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho ordenamiento prevé en distintos artículos el derecho de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario a recibir atención médica preventiva y del tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo las necesidades propias de su edad, tal y como se establece en la fracción II del artículo 9.

En el artículo 27 se establece la obligación para la autoridad penitenciaria de contar con datos de las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, en la fracción II establece: el expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de la libertad, mismo que se integrará por lo menos con ficha de identificación, historia clínica completa, notas médicas subsecuentes, estudios de laboratorio, gabinete y complementarios y documentos de consentimiento informado.

En el artículo 34 se disponen también aspectos referentes a la atención médica, como se puede acreditar en distintos artículos de la Ley del Congreso de la Unión. Al momento de aprobar la norma jurídica materia del presente dictamen, consideró que derivado del derecho convencional y de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 20, apartado A, toda persona privada de su libertad cuenta con una serie de derechos, los cuales no pueden ser conculcados y una vez que la sentencia también cuenta con derechos que deben ser respetados como lo es el derecho a la salud.

El artículo 35 Bis, que se propone adicionar, establece que los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años, que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a afecto de que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos en condiciones de igualdad, con respeto al resto de la población en internamiento.

Si bien es cierto, como ya lo señalé, existen obligaciones como las que se prevén en la fracción II del artículo 27, respecto de contar una historia clínica completa de cada persona que está recluida. Nos parece que la propuesta del dictamen en el artículo 35 Bis que se adiciona, es acorde en el establecimiento y garantía de los derechos de las personas adultas mayores.

La Constitución y la doctrina en materia penal señalan que el propósito de la pena es sancionar una conducta ilícita, pero se busca que quien trasgredió la ley pueda reintegrarse a la sociedad de manera plena.

Por ello debemos procurar los medios que garanticen que las personas adultas mayores gocen en reclusión de un trato distinto, en atención de su edad y características de eventual vulnerabilidad.

Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. (Habla en lengua originaria). Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Partido Encuentro Social.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina:Con su venia, presidente. Los adultos mayores son considerados como grupos vulnerables, pues por su condición de edad se encuentran en situación de riesgo, que les impide incorporarse plenamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, existen 13 millones de personas de 60 años o más, cifra que ha venido en aumento.

En los últimos años tanto las organizaciones civiles como los gobiernos, así como la comunidad internacional, han planteado la problemática respecto a la falta de condiciones que permitan dignificar el proceso de envejecimiento de los adultos mayores.

Prueba de lo anterior, el primero de noviembre de 2017 entró en vigor la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene por objeto el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de personas mayores. Esto es con la finalidad de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Asimismo, obliga a los Estados que forman parte a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento del objeto de dicha convención.

Si bien es cierto que la mayoría de los adultos mayores se encuentran en una condición de vulnerabilidad, lo cierto es que esta situación aumenta en aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, adultos mayores que se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo una pena.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el año 2017 existían más de 5 mil personas que se encuentran en esta situación. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios, ha señalado la falta de atención hacia los adultos mayores, específicamente en el acceso al derecho a la salud, el derecho a una alimentación, los cuales son inherentes al ser humano tan solo por pertenecer a la especie humana, derechos fundamentales que no se les debe coartar para no estar en situación de desventaja y vulnerabilidad frente a otras personas.

Por ello, la CNDH ha emitido ciertas recomendaciones tendientes a dignificar la vida de las personas mayores y eliminar la brecha de desigualdad que existe frente a las otras personas en algún centro de readaptación social, pues el hecho de que compurguen una pena solo restringe sus derechos políticos y civiles, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 35 y 38 del pacto federal.

Sin embargo, de acuerdo con el Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, elaborado por el órgano autónomo y publicado en el año de 2017, establece la recomendación de crear en los centros de reclusión un registro de personas de más de 60 años, en el que se incluyan condiciones de salud, necesidades específicas, de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

La propuesta que la Comisión de Justicia pone el día de hoy a consideración es precisamente una adición al artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que los centros penitenciarios cuenten con un registro confiable y óptimo de personas de más de 60 años. Con ello no solo se da cumplimiento a las observaciones realizadas por la CNDH, sino que también nos hace cumplir con nuestro deber de cuidado que tiene el Estado con las personas en reclusión, especialmente con los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad.

En Encuentro Social estamos comprometidos con respetar los derechos fundamentales de los adultos mayores, que por la comisión de un ilícito se encuentran en reclusión sin que ello tenga que ser motivo para recibir un trato denigrante. Más bien, deben ser tratados con dignidad, independientemente de su conducta, tal como lo establece el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada Hortencia Garay, del PRI.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, en principio quiero agradecer sinceramente a la Comisión de Justicia, por la sensibilidad de votar en lo positivo a esta iniciativa que presenté y que es en beneficio de los adultos mayores.

En un lapso de 20 años, la población adulta mayor de país prácticamente se duplicó. Este cambio poblacional trae consigo retos que deben abordarse para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas adultas mayores que enfrentan la pérdida y privación de derechos, además de las nuevas necesidades que genera el estado de salud.

Para el Estado, un foco de atención deben ser las personas adultas mayores que se encuentran en centros penitenciarios. Espacios de por sí saturados en los que este segmento está más expuesto a la discriminación, a la violencia y carencias de servicios básicos como alimentación adecuada y salud.

La población de más de 60 años en los centros penitenciarios va en aumento. Las proyecciones a mediano y largo plazo hacen urgente conocer con mayor detalle y dar seguimiento a la salud y condiciones de vida de los reclusos en edad avanzada.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido sobre las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios del país, principalmente en rubros como la atención a su salud, acceso a una alimentación adecuada acorde a su edad, accesibilidad en las instalaciones, entre otros.

Esta reforma, además de reconocer los derechos de las personas privadas de su libertad y la obligación del Estado de garantizar su seguridad y una vida digna al interior de estos centros, es un instrumento que permitirá controlar la salud de los reclusos, de tal forma que se prevengan enfermedades que deterioran la condición y generarán más erogaciones al Estado.

Las personas que cumplen una pena en este proceso de reinserción social por el paso del tiempo y la reclusión envejecen, se deterioran y tienen necesidades distintas. Y corresponde al Estado reconocer esas diferencias para cumplir con las condiciones para una vida digna para las personas privadas de la libertad.

Compañeras y compañeros diputados, con esta reforma dotaremos de las herramientas para que el Estado sepa a detalle información que requiere para implementar políticas públicas al interior de los centros penitenciarios.

Con esta reforma se podrán atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí la relevancia del presente dictamen, que busca adicionar un artículo, el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Es urgente hacer más humanitarios los centros de reclusión, solo de esta forma se podrá garantizar una efectiva reinserción social.

Compañeras y compañeros, les pido su voto a favor. Los adultos mayores, estén en donde estén, merecen una vida digna. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra Janet Melanie Murillo Chávez, de Acción Nacional.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hablar de derechos humanos es hablar de justicia y de respeto; es la base para alcanzar una sociedad armonizada y con mayor calidad de vida entre los individuos. Gracias a esta adquisición de derechos podemos desarrollarnos de manera plena y con dignidad.

Como se ha mencionado, los derechos humanos son universales, incluso para aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. Actualmente en nuestro país se ha incrementado de manera significativa el número de reclusos en los centros penitenciarios, gran parte de ellos siendo adultos mayores, de los cuales actualmente no sabemos en dónde están localizados, ni si las condiciones en las que se encuentran ellos son dignas.

En México, a lo largo de los años se ha fomentado el respeto y la consideración a los adultos mayores, situación que no debe ser distinta en los centros de reclusión. Por ello, el Partido Acción Nacional en virtud de motivar que aquellas personas privadas de su libertad, en etapa de vejez, cuenten con la garantía de ejercer sus derechos, considera importante que los centros penitenciarios, en ellos, se cuente con un registro que contenga padecimiento, situación médica y condiciones generales de las personas adultas mayores recluidas en los mismos. Pero algo muy importante también a destacar es que se pueda llevar un control de su alimentación y atención médica geriátrica.

Este registro, como lo señala la dictaminadora y en lo que coincidimos, es que posibilitará la aplicación de políticas públicas que faciliten y apoyen al adulto mayor en reclusión dignificando su estancia y erradicando posibles abusos por parte del sistema penitenciario.

Hablamos de un sistema penitenciario omiso a las problemáticas de estas personas, a falta de disposición expresa para generar un ambiente de respeto a los derechos humanos de los adultos mayores. Como legisladores, debemos garantizar que los derechos humanos sean respetados no solo en la persecución y combate al crimen, sino también en los procesos judiciales y en la administración de justicia.

Los centros penitenciarios no están exentos de cometer actos de injusticia en el desarrollo de sus funciones, por el contrario, debido a su naturaleza es más complicado el apego a nuestros derechos humanos.

Si logramos en la ejecución de la sanción penal un trato más humano y dignificante a quienes cumplen su sentencia, podremos estar dando un paso más hacia la reinserción social del sentenciado a efecto de que eventualmente se reintegre a la sociedad dignamente y por tanto pueda no volver a delinquir.

Hoy damos un paso hacia adelante en esta tarea y vemos además con gran optimismo que esta reforma, entre otras que vendrán, traerá la posibilidad de lograr una convivencia digna en los centros penitenciarios.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen con la esperanza de velar siempre por el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores en reclusión. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra el diputado Armando Contreras Castillo, de Morena.

El diputado Armando Contreras Castillo:Con su venia, compañero diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En este día de la Comisión de Justicia con los dictámenes que se discuten y de la justicia agraria por el centenario del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata, también quiero decir que la población penitenciaria es un sector abandonado en nuestro país.

La falta de condiciones de vida digna en los penales representa uno de los mayores retos en materia de derechos humanos. En el 2017 había 5 mil 846 adultos mayores de 60 años en las cárceles mexicanas; 234 mujeres, 5 mil 612 hombres. Para ellos su edad es una seria desventaja y los vuelve más vulnerables debido a que los penales no toman en cuenta su condición.

Es importante enfatizar que los adultos mayores que cumplen alguna condena, suelen ser discriminados y segregados en nuestro país. Si ya de por sí el principal problema que enfrentan los adultos mayores es la discriminación y en segundo término el abandono y el maltrato, se agudiza su estado al estar privados de su libertad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observan significativas deficiencias en los penales con respecto a la atención de los adultos mayores, sobre todo en los rubros de estancia digna e integridad personal. Esto quiere decir que carecen de infraestructura adecuada para poder atender sus necesidades de ubicación y desplazamiento, programas de atención a la salud acorde a su edad, situación física y psicológica, así como equipos de apoyo para poder moverse con independencia.

Lo anterior produce que las problemáticas propias de su edad como las condiciones de salud, la carencia de movilidad y otras discapacidades, dificulten su supervivencia en prisión.

Esta falta de atención se traduce en una disminución en la esperanza de vida, puesto que se ve afectada su salud física y psicológica. Sin un registro sobre sus necesidades es difícil que el Estado pueda impulsar políticas públicas efectivas que permitan solucionar la diversidad de sus problemas.

De ahí que la propuesta a discusión pretende la construcción de un registro cuyos datos contribuyan a instrumentar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de las y los adultos mayores en las prisiones, registro que incluirá información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, lo cual permitirá que las autoridades penitenciarias realicen acciones para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Es fundamental ofrecer las condiciones necesarias que permitan la reinserción social y el acceso a una vida digna para todas las personas privadas de la libertad.

El Grupo Parlamentario de Morena está convencido de que propuestas, como la que aquí discutimos, contribuyen a la recolección de datos e información necesaria para el ejercicio de un buen gobierno, un gobierno capaz de dar respuesta a sus ciudadanos y generar políticas públicas basadas en evidencias.

Consideramos pertinente atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que es necesario garantizar una vida digna a todos los reclusos de nuestro país, pero, sobre todo, a las personas adultas mayores.

La bancada de Morena votará a favor del presente dictamen. Con nuestro voto reiteraremos nuestro compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Contreras Castillo. Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, tiene la palabra para hablar en pro, hasta por cinco minutos, la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Elizabeth Díaz García:Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas. Raúl González.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, en México existen distintas prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que, en general, la población que vive en las prisiones es considerada por muchas organizaciones como una de las capas sociales más abandonadas en nuestro país. Además, destaca que la población carcelaria de adultos mayores, pese a su condición de abandono, es prácticamente invisible.

Por lo anterior, consideramos que la propuesta que hoy nos presenta la Comisión de Justicia, de la cual soy integrante, es necesaria.

Según datos del organismo de derechos humanos, a junio de 2017, en el sistema penitenciario del país, se encontraban presas 200 mil 782 personas por delitos del fuero federal y del fuero común, de las cuales 5 mil 846 eran personas adultas mayores.

De acuerdo con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, los centros penitenciarios deben contar de forma permanente con un número suficiente de especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos, y al menos un médico calificado. Sin embargo, la mayoría de estos centros no cuenta con lo básico para lograr una autentica readaptación social.

Tal como lo señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el informe especial sobre personas mayores en los centros penitenciarios, existen deficiencias en la atención de los adultos mayores, primordialmente en los rubros de salud, alimentación, equipos de apoyo y estancia digna. La información que brinda este informe es con base en las quejas de los reclusos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se desconoce de manera puntual en qué condiciones se encuentran los adultos mayores, debido a la falta de registro en lo que respecta a las necesidades de salud, educación, alimentación, capacitación, entre otras.

En tal virtud, conscientes de la necesidad de promover una vida digna para las personas adultas mayores que se encuentran en reclusión, el Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Díaz García. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz:Con su venia, diputada presidenta. “Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida, y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será”. Miguel de Unamuno.

Honorable asamblea, hago uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen de la Comisión de Justicia, que adiciona este artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero también para establecer una posición que no nos puede ser ajena a nadie, quienes de una forma u otra tenemos un origen, tenemos un abrevadero de conocimiento, de grandes ejemplos y, sobre todo, de una gran vocación por la reivindicación de lo más importante que tiene una sociedad, que es la dignidad humana.

Hoy estamos discutiendo sobre una reforma que sin duda sentará las bases, no solamente para generar esas condiciones idóneas de las que las y los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado respecto a la actualización y a la configuración de un registro de nuestros adultos mayores que están privados de su libertad.

En este país ha quedado claro que no existe una verdadera cultura en materia penitenciaria y más dramático aún, que no existen las condiciones óptimas para que la reinserción social sea una realidad.

Hoy hemos citado todos los diagnósticos, las sugerencias y recomendaciones de los organismos internacionales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero no hemos señalado la necesidad de transitar hacia un modelo de oportunidades para nuestros adultos mayores que les permita vivir los últimos años de su vida con dignidad.

Afortunadamente, en este gobierno del cambio, por convicción y por decisión, hemos tomado la determinación de jugárnosla con ese sector vulnerable, porque es evidente que si hay falta de empleos, falta de oportunidades y discriminación hacia ese gran sector de seres humanos, por supuesto que tienen que buscar alternativas, como lo haríamos los jóvenes, como lo haría cualquier padre de familia que quiere sacar adelante a su familia.

Y hay estadísticas de que muchos de nuestros adultos tienen que recurrir también a prácticas no deseables, para poder seguir manteniendo a su familia con la frente en alto, proporcionarles una vida más o menos decorosa.

Y lo que no es permisible es que aun y cuando hay, como en cualquier Estado de derecho, una sanción por violentar la ley, ni siquiera tengamos la capacidad de tratárseles como se les merece.

En Encuentro Social seguimos impulsando los valores, vamos a seguir reivindicando el papel fundamental de la familia y vamos a tomar las causas y las banderas, que invito a todas y todos los legisladores a que las hagamos nuestras.

Todos tenemos un abuelo, todos tenemos a alguien que nos ha guiado a lo largo de la vida, quiera Dios que no nos toque que viva las penumbras que hoy muchos de aquellos que buscaron una oportunidad tienen que vivir en los centros penitenciarios. Los adultos mayores valen mucho, por eso hagámoslo nosotros. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Negrón Ruiz. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén Cayetano García:Con su venia, diputada presidenta Dulce María Sauri Riancho. Compañeras y compañeros diputados, con esta intervención concluye, a menos que este pleno disponga otra cosa, la discusión y aprobación de dictámenes emanados de la Comisión de Justicia. Enhorabuena a todos los integrantes por el trabajo que reflejamos entre todas y todos.

Dicho lo anterior, pregunto: ¿en qué condiciones viven las y los adultos mayores en los centros penitenciarios? ¿Cuál es su alimentación? ¿Cómo está su salud y su movilidad? ¿Qué acciones se han implementado para garantizar sus derechos humanos?

Las preguntas anteriores hoy desafortunadamente no tienen respuesta. No la tienen porque las autoridades de los centros penitenciarios no han instrumentado acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores en reclusión.

Entre las y los reclusos, los adultos mayores son quienes se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que deriva de su edad y de su estado de reclusión, lo que agudiza aún más el abandono, el maltrato, la invisibilidad, la exclusión y la precariedad.

Por lo anterior, la propuesta que hoy estamos discutiendo resulta necesaria, sin importar el estado jurídico de las personas adultas mayores, el reconocimiento de sus problemáticas y necesidades deben ser atendidas.

En este Poder Legislativo, desde el ámbito de nuestra competencia, tenemos la obligación de garantizar la protección de sus derechos humanos.

En tal virtud, una primera acción es contar con un registro de las personas de más de 60 años en los centros penitenciarios, el cual permitirá conocer el tamaño de la problemática y trazar acciones focalizadas que permitan resolverlas, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en reclusión.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia, a favor del bienestar de quienes más lo necesitan.

Ellas y ellos ya están pagando su deuda con la sociedad. Nos corresponde a nosotros saldar la deuda que tenemos con las personas adultas mayores que conforman una comunidad dentro de los centros de reclusión.

Podrán tener suspendidos sus derechos políticos, no así sus derechos humanos. Por lo mismo, por la vigencia de sus derechos humanos Morena va a favor. Es cuanto, muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, señores diputados. ¿Se encuentra algún diputado o diputada que falte de emitir su voto, si son tan amables, por favor? Tienen medio minuto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora diputada, se emitieron 318 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 318 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal en Materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en los Centros Penitenciarios. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan.

INTERVENCIONES DE DIPUTADOS

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Han solicitado hacer uso de la palabra tres compañeras y compañero diputado. Se les concederá desde su curul y por un minuto. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez(desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero hacer un pronunciamiento en favor de la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de México –de mi alma máter.

Como egresado de la universidad pública y como ciudadano, considero que la autonomía de la UAEM debe prevalecer por encima de intereses de grupos opositores y de preferencias políticas.

La autonomía de las universidades públicas ha permitido que se conviertan en espacios de libertad de pensamientos, de innovación. Sus funciones esenciales se adaptan a nuevas circunstancias de la sociedad en constante transformación y evolución garantizando la independencia en su organización interna y su gobierno, además que representan una protección especial concedida por la Constitución del Estado de México.

Con el debido respeto, solicito se reconsidere esta esencia de la universidad. Hoy más que nunca debemos continuar abonando al engrandecimiento de la cuna intelectual de los universitarios mexiquenses. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Roa Sánchez.

EXHORTO EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE TOMA DE NOTA POR PARTE DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ISSSTE

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, por un minuto, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares(desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Exhorto respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que garantice el derecho constitucional de petición previsto en el numeral 8o. y dé respuesta al escrito entregado el 7 de diciembre del año 2018 suscrito por empleados del ISSSTE, referente a la solicitud de toma de nota por parte del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE.

En esta nueva etapa en la historia de nuestro país, es urgente garantizar plenamente la libertad de asociación sindical de las y los trabajadores al tenor de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por el Estado mexicano.

El 26 de marzo pasado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota al nuevo Sindicato Petróleos de México. Continuemos, pues, con el reconocimiento de nuevas asociaciones sindicales democráticas que proponen defender auténticamente a las y los trabajadores. Justicia laboral y libre asociación sindical. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares.

CONDENA EL ASESINATO DEL LÍDER TRIQUI CAMILO PÉREZ ÁLVAREZ Y EXIGE SU ESCLARECIMIENTO

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, desde su curul y por un minuto, la diputada Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Virginia Merino García(desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Para condenar enérgicamente el homicidio del ciudadano Camilo Pérez Álvarez, de 53 años de edad, líder natural de la región triqui, quien fue emboscado y acribillado el pasado 4 de abril del presente año, y se exhorta al fiscal general del estado de Oaxaca, doctor Rubén Vasconcelos Méndez, para que en el ámbito de su competencia realice una investigación exhaustiva, pronta y expedita para el esclarecimiento de este asesinato. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Merino García.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (a las 19:17 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 11 de abril, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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